19/06/2020

Chaco: murió por coronavirus el jefe de Terapia Intensiva del Hospital Perrando

Otra víctima de la precarización: “Su caída será la nuestra” gritaban sus compañeros.

El doctor Miguel Duré con tan solo 53 años de edad, luchaba por su vida desde hace 23 días y se convirtió en la madrugada de este viernes en la víctima número 81 por coronavirus en el Chaco. Su fallecimiento fue confirmado mediante la red social Facebook por la Gremial Médica.


Por la mañana, el personal de la salud despedía sus restos, “Su caída será la nuestra” gritaban sus colegas entre un interminable aplauso.


La muerte del doctor Duré es el reflejo de la precarización en las políticas públicas que el gobierno ha llevado adelante hace años. No puede ser que en el hospital Perrando cabecera en la provincia se estén entubando pacientes con Covid-19 con barbijos de tela vegetal donados por la población como reconocen los médicos residentes.


El Ministerio de Salud Pública de Chaco informó que hasta este jueves se reportaron 1.407 pacientes con diagnóstico positivo de Covid-19. Además, el gobernador Capitanich declaró en conferencia que “debido a los hisopados que se van a realizar en estos días se esperan unos 700 nuevos casos”. Más de la mitad de los casos pertenecen a trabajadores del sistema de salud.



Hace años que el sistema de salud en la provincia se encuentra en una crisis, bajos salarios, trabajadores en negro con ingresos precarios, falta de insumos, camas y habitaciones acondicionadas. Pacientes internados en los pasillos, en habitaciones superpoblada sin aire acondicionado, equipamientos necesarios para cada servicio. Está situación se ve agravada por la pandemia en curso y es aún más grave la precariedad en el interior provincial. Esto ha sido reconocido hasta por el mismo gobierno; la diputada justicialista Andrea Charole reconoció ante los medios que “en el Impenetrable chaqueño contamos con 8 camas para 50 mil habitantes”. No hay ambulancias, testeos, elementos de seguridad e higiene para el personal de salud que cuentan con salarios por debajo de la línea de pobreza y en muchos casos cobran con una beca o programa de beneficios que no superan los 15 mil pesos. Este es el caso de los médicos residentes que están a cargo del 80% de las atenciones en los hospitales o centros de salud. La diputada reconoció que las funcionarias contagiadas de coronavirus estuvieron en contacto con varios funcionarios y habitantes de las zonas del Impenetrable que estuvieron recorriendo. No se sabe hasta dónde llega la cadena de contagios debido a que no existen los testeos y ya hay pacientes en terapia en grave estado.


Cincuenta mil habitantes que dependen de un hospital de cabecera que es el Hospital del Bicentenario de Castelli donde el personal de salud hace más de tres meses permanece en un estado de asamblea permanente en reclamo de pase a planta ya que hace más de diez años trabajan por salarios de miserias, reclamando elementos de seguridad e higiene, medicamentos, camas; allí donde las comunidades originarias son reprimidas porque están en la ruta reclamando alimentos y agua dado en abandono a algo tan necesario ante está pandemia. “Si no hay una intervención urgente esta situación se va a volver una catástrofe”, reconoce la diputada oficialista.


Judicializan y persiguen a los médicos


Y esto no se trata de responsabilizar a los médicos como se refirió el ministro de la Salud de la Nación, Ginés González García, en Radio Nacional Resistencia, “el hospital Perrando tiene dos focos importantes de infectados, el libreto que tienen es bueno, pero no lo cumplen” y continúo “mucha omnipotencia en los colegas de Resistencia que no se cuidan y tienen desconocimiento de las cosas mínimas”. La responsabilidad es el vaciamiento que viene de arrastre. Frente a los reclamos de los médicos, los directivos de los hospitales por indicación del gobierno persiguen, judicializan y atacan las protestas por los reclamos, mientras continúan con la precarización. Esto se evidenció cuando labraron actas e interrumpieron el paso con la policía al personal de salud, mientras recorrían la ciudad con una multitudinaria marcha denunciando la precarización. Como es el caso de la médica residente de terapia intensiva, Corina Acosta, quien fue denunciada por la directora del hospital Perrando de la provincia del Chaco, Nancy Trejo, cuando expuso en su cuenta de Facebook las condiciones en las que trabajan y enfrentan la pandemia de coronavirus el personal de salud del hospital, seguida de un reclamo por aumentos de salarios. Acosta, junto a su colega Facundo Ávalos, había utilizado su cuenta en Facebook manifestando: “somos médicos en el campo de batalla, en la primera línea de fuego, protegiéndonos como podemos, los equipos de protección personal que vestimos nos los compramos nosotros, supuestamente no había recursos, los N95 escasos te tienen que durar un mes. Estamos expuestos las 24 horas/7 días”, señalando que “para cubrir las guardias de Terapia Intensiva, quedamos dos residentes y tres plantas, estamos agotados, frustrados, decepcionados” y agregó que necesitan “aumentos de sueldo, salario digno, aporte jubilatorio, ART, más equipos de protección personal… pedimos lo que nos corresponde”. “Nos prometieron un bono al equipo de salud, ni eso, qué vergüenza”, y continuó “somos médicos, somos seres humanos, la mitad de nuestros colegas están infectados, un colega médico de planta en estado crítico por Covid-19, enfermeros y kinesiólogos intensivistas infectados. Ya quedamos pocos”.



La directora del hospital denunció a la trabajadora intimándola a que “en el plazo de 24 horas proceda a rectificar o ratificar todas y cada una de las falaces afirmaciones efectuadas en su red social Facebook sobre falta de insumos”. “Le hago saber que los comentarios irresponsables y sin fundamento efectuados en su red social pueden constituir un delito penal tipificado el artículo 211 del Código Penal”, y continúa la denuncia, “en consecuencia, la presente se efectúa bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y judiciales, aclarando que la incontestación o silencio por vuestra parte será interpretada como ratificación”. Estas son las respuestas que reciben los reclamos de las y los trabajadores de la salud que a diario sufren las consecuencias del vaciamiento del sistema de salud.


Para que no tengamos que lamentar más muertes en la salud pública, como la del doctor Duré que le dedicó 25 años a la salud, con varios virus atendidos en el historial de su profesión, debemos organizarnos y luchar por un programa de intervención urgente para sobrellevar la emergencia en la provincia: Pase a planta de todos los trabajadores de la salud. Salario igual a la canasta familiar. Elementos de bioseguridad necesarios. Camas de terapias. Respiradores. Titularización de los médicos recibidos. Ambulancias. Medicamentos. Preparar la infraestructura necesaria para evitar el colapso. Una centralización de la salud a nivel nacional para orientar los recursos a las zonas más afectadas.


Si lo importante es la vida, impedir la propagación de virus y mejoran el sistema de salud y a sus trabajadores, es vital el no pago de la deuda externa, un impuesto a las grandes fortunas y destinar esos fondos para enfrentar la crisis planteada.



 

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19/06/2020

La Plata: con los fondos de IOMA, Kicillof rescata a un monopolio de la salud privada

El gobernador de la provincia anunció la semana pasada una asistencia de 450 millones mensuales para las clínicas privadas de la provincia que planteen una crisis económica por la caída de ingresos por facturación y el aumento en los costos de los insumos a causa de la pandemia. Los fondos saldrían de la caja de IOMA, la obra social de los empleados públicos bonaerenses.


Los argumentos del gobernador para el otorgamiento de préstamos “en 12 cuotas sin interés” son que “las clínicas privadas empezaron a extinguirse y quebrar por la falta de concurrencia y la caída de las prestaciones”, y no podemos darnos “el lujo de que en plena pandemia se empiecen a caer los sanatorios”.


La única precisión sobre la repartija de este monto mensual millonario es que 390 millones corresponderán a los establecimientos privados, y 20 millones entre las cámaras patronales del sector Fecliba y Acliba. Sumado a esto, recibirán un “apoyo” de 45 millones en concepto de aumentos del 7% en las prácticas a los afiliados. De esta forma, Kicillof evita decir a quién va el dinero.


Este rescate ocurre cuando no hay ningún tipo de plan de rescate a los hospitales públicos provinciales, cuyos enfermeros, médicos y trabajadores vienen reclamando aumento de salario y presupuesto para la provisión de elementos de protección, equipamiento e infraestructura. Este ajuste es otro estímulo a los negocios de las privadas, 0 acaso ¿quién pagaría por salud si el Estado le garantizara atención gratuita?


El monopolio tiene nombre y apellido


El caso Raúl Tassi en La Plata es un ejemplo de los verdaderos monopolios que dominan la salud privada. Le pertenecen el Instituto Médico Platense, el Instituto del Diagnóstico, la Clínica del Niño, el Centro Médico Diagnóstico​ de City Bell, el Centro Médico de Berisso, la Clínica Eco-Ver, y tiene participación en el Hospital Italiano y el Español. La mayoría es de grandes dimensiones.


El meteórico ascenso de Tassi se explica por sus vasos comunicantes con el kirchnerismo. En 2013 fue beneficiado por la directora regional del PAMI, Araceli Mastellone, quien le aseguró el 70% de las cápitas de la obra social aún sin tener cantidad de camas suficientes. A su vez Hernán Bracco, exadministrador municipal con el intendente Pablo Bruera y arrestado por estafas reiteradas, administración fraudulenta y asociación ilícita, acusó a Tassi por una multimillonaria estafa contra IOMA en base al cobro de implantes de prótesis que nunca existieron. A través del Club Gimnasia y Esgrima La Plata tejió vínculos con Carlos Castagneto, también salpicado por denuncias de corruptela en IOMA y hoy funcionario de la Afip.


Este empresario tuvo su despegue en 2003 cuando adquirió la Clínica del Niño junto a Néstor Porras, actual presidente de Fecliba (Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires) que nuclea la mayor parte de los centros de salud de La Plata y alrededores desde 1993, con la descentralización menemista del sistema de salud. Eso demuestra que las instituciones privadas no son “un eje fundamental de complemento del hospital público” (Nestor Porras) sino el producto del vaciamiento del sistema público, y los negociados con los fondos de IOMA en concepto de prestaciones y facturaciones “subsidiadas” para cubrir la demanda sanitaria que no podían los hospitales públicos.


Acliba (Asociaciones de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Buenos Aires) la otra asociación partícipe del convenio con IOMA, nuclea a los principales establecimientos privados de alta complejidad de la región, que en su mayoría pertenecen a Tassi. Los convenios con IOMA son un canal de financiamiento de negocios multimillonarios de los capitalistas de la salud privada en torno a las prótesis, implantes traumatológicos, farmacología, internación domiciliaria o atención de ramas especializadas


En 2010, se suma a los convenios del IOMA la Cámara de Proveedores de Prótesis e Insumos Médicos de Alta Complejidad (Caprimac), de la que Tassi es fundador y presidió entre los años 2008 y 2011, y la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado (Femape) que hasta ser apartadas en 2011 se quedaban con el 2% de la facturación total de IOMA por la compra de insumos. El empresario se habría beneficiado extraordinariamente de esta posición, dado que además sería dueño de dos empresas proveedoras de estos insumos, Química Espacio y Química Mar.


Con la gestión de la gobernadora Vidal, IOMA mantuvo sus convenios con las cámaras patronales y hasta estallaron denuncias por sobreprecios en las prótesis de hasta 500%. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICI)​ denunció el mecanismo de coimas y sobreprecios en IOMA a fines de 2018 y​ calculó​ ​en un 20% el presupuesto de la obra social malgastado en sobornos y pagos ilegales. En setiembre de 2019 acusaron a dos médicos que​​ pertenecían al staff del Instituto Médico Platense (de Raúl Tassi) por estafas a ​obras sociales por montos siderales.


El saqueo lo pagan con la vida de las y los trabajadores


La contracara del manoteo multimillonario de la caja de IOMA, a la que aportan dos millones de trabajadores bonaerenses con un descuento del 4,8% del salario, se paga con la salud y la vida de los propios afiliados.


En los últimos años han fallecido afiliados que eran pacientes con enfermedades graves por demoras en la autorización de la cobertura de medicamentos o prácticas médicas. Son los casos de Gabriela Ciuffarella, docente de Lomas de Zamora, que necesitaba tratar un cáncer de médula ósea, el de Natalia Scarpini, docente en Mar del Plata también con cáncer, o Claudio Aristegui que esperaba medicación para cáncer de piel. Hoy tenemos el caso de Jazmin Ruiz de General Madariaga, que padece una enfermedad potencialmente mortal pero IOMA no da respuestas, mientras le deben 45 envases de pastillas.


Lejos de ser casos aislados, diferentes campañas de las seccionales de Suteba dirigidas por la Lista Multicolor y de la agrupación Tribuna Docente han puesto de relieve la continuidad del vaciamiento y saqueo de IOMA bajo todos los gobiernos, constatando el abandono de decenas de compañeros que quedaron sin las prestaciones médicas elementales, desde de medicamentos y atención médica hasta internaciones o intervenciones quirúrgicas. La contracara de estos reclamos es la complicidad de las burocracias sindicales de Suteba y UPCN, que forman parte del directorio, y junto a ATE han salido a apoyar el subsidio millonario a este monopolio privado y capitalistas de la salud.


No a la entrega de IOMA, por un directorio bajo control de los afiliados directos


Cuando en la ciudad el sistema está por colapsar por la falta de camas y equipamiento, el gobierno rescata con un subsidio multimillonario a un monopolio sin siquiera tener un balance económico ni conocer el número de camas que dispone, ocultado bajo secreto comercial. Esta orientación sobre los fondos del IOMA es hilo común entre todos los gobiernos que han utilizado la caja para pagar deuda externa, con faltantes millonarios prestados al Tesoro Nacional que hasta hoy no han sido justificados.


Desde el Partido Obrero planteamos la anulación urgente del nuevo convenio y la inmediata apertura de los libros de las clínicas privadas. Que se ponga fin al vaciamiento de IOMA, con un directorio bajo control de los trabajadores y afiliados directos, para que se abran los libros contables de la obra social bajo su control. Reclamamos la cobertura de todas las prestaciones y medicamentos, y el cobro en tiempo y forma de las prácticas y servicios de los acompañantes terapéuticos y prestadores de la obra social. El gobierno provincial debe dejar de absorber los fondos del superávit de la obra social para otros destinos y debe reponer el dinero que haga falta para cubrir todas las prestaciones. Investigación y juicio a todos los responsables del desfalco de IOMA.



 

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19/06/2020

Con 320 casos de Covid-19, Pilar camina a un colapso del sistema de salud

El distrito de Pilar se encuentra en el tercer lugar con más casos de Covid-19 confirmados de la zona norte bonaerense, superando los 320 positivos; ya se ha sufrido la pérdida de nueve vecinos.


El desarrollo de la pandemia en el partido amenaza con un pronto colapso del sistema de salud.


La semana pasada, el gobierno bonaerense entregó al municipio un total de 10 respiradores, con lo cual los mismos llegan a solo 60 respiradores disponibles para todo el distrito. Desde la Municipalidad aseguran que los hospitales están preparados para manejar la cantidad de infectados, que cuentan con los insumos necesarios y que se toman las medidas de precaución necesarias, pero las múltiples denuncias de los trabajadores de salud y de los pacientes desmienten esas aseveraciones.


Son de público conocimiento los reclamos realizados por los trabajadores del hospital central del partido, el Juan C. Sanguinetti, por falta de insumos y condiciones para luchar contra este virus; desde un principio no contaban con barbijos, guantes, ni alcohol en gel. En videos difundidos por redes sociales, mostraron que los insumos enviados por la municipalidad eran de muy baja calidad, con la lavandina totalmente diluida en agua y sin olor, o alcohol en gel que era más gel que otra cosa. Dolores Fonzi tomo el reclamo y lo hizo viral, a partir de lo cual tuvieron una mínima respuesta.


También vecinos que contrajeron el virus testimoniaron que el Sanguinetti no cuentan con las condiciones necesarias para atenderlos: tienen hay frazadas para los pacientes, y a aquellos que no necesitan de respirador u oxígeno los mandan a sus hogares para que sigan con el tratamiento en aislación (algo que no sucede con los pacientes que contraen el virus y cuentan con una buena obra social o prepaga, teniendo atención en el Hospital Austral con todos los servicios).


A su turno, una vecina del distrito dio a conocer a través de Facebook que en el nuevo hospital neonatal, Nuestra Señora del Pilar, doctores, enfermeras y pacientes estaban contagiados; y que la directora del lugar, Ivana Sheller, no tomó ningún tipo de medida para evitar que se siga propagando el virus. Esto se difundió rápidamente entre los vecinos en las redes y al otro día, desde los medios locales, salió una nota donde se relataba que el municipio había activado el protocolo por positivos Covid-19 en la nueva maternidad -llegando tarde nuevamente.


Por su parte, el hospital materno infantil Meister, que ahora es utilizado para derivar casos positivos, se encuentra en un deplorable estado: las paredes están llenas de humedad, los techos se caen, los baños están sucios. Allí mandan a mujeres que parieron recientemente y se contagiaron, junto con sus hijos recién nacidos.


El municipio es responsable de todas estas irregularidades. Queremos que los trabajadores cuenten con los insumos necesarios, tanto para su cuidado como para el cuidado de los pacientes.


Desde el Partido Obrero Pilar en el Frente de Izquierda-Unidad exigimos al gobierno de la provincia y el municipio la realización de testeos masivos en todos los nosocomios del distrito. Que se entreguen de forma urgente elementos preventivos contra el Covid-19 (barbijos, máscaras, guantes, camisolines, cofias, alcohol etílico y en gel, desinfectantes), así como frazadas para la atención a todos los pacientes.


Es necesaria la contratación de personal y pase a planta permanente, el fin del trabajo precarizado y un salario mínimo igual a la canasta básica para los trabajadores del área; así como la triplicación de su presupuesto. Planteamos que se conformen comisiones de salud e higiene en el Sanguinetti y todos los nosocomios, integradas por sus trabajadores.


Defendemos la centralización del sistema de salud, bajo el control de los trabajadores, y su financiamiento a través de un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

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19/06/2020

Contagios, incumplimiento de protocolo, rebajas salariales y amenazas en la empresa Mantovana

El pasado 26 de mayo un trabajador de la empresa de servicios de limpieza y mantenimiento Mantovana manifestó síntomas gripales y pidió permiso para ir a su casa. Desde entonces, no fue más a trabajar. Sus compañeros preocupados y ante la negativa de la empresa a brindar información llamaron por teléfono a la esposa quien les confirmó que el compañero dio positivo respecto del Covid-19. Además, preocupados por su propia salud y ante el ocultamiento de la empresa no solo a los trabajadores sino también en los lugares donde prestan el servicio decidieron ellos mismos dar aviso y alertar en sus respectivos puestos. Desde el primer momento la patronal se desentendió de la situación de sus trabajadores. Estos exigieron a la empresa que active el protocolo y les hagan el test e hisopado. Lejos de hacerlo , la supervisora irresponsablemente los envió a otros puestos a cubrir el servicio arriesgando la vida de muchas personas en lo que se denomina cadena de contagios. Una vez confirmado el caso de Covid-19 los trabajadores insistieron con la advertencia en estos lugares donde fueron derivados. Les exigieron a sus empleadores que se hagan cargo del test e hisopado obteniendo por parte del jefe de supervisores a modo de respuesta que llamen al 114 y esperen la visita de los médicos o “vayan al hospital y exageren los síntomas”. En el hospital no los atendieron porque necesitan-les dijeron- una orden de la empresa. La obra social OSPE también abandonó a los trabajadores ya que tardaron en autorizar el test e hisopado y tampoco están cubriendo los gastos de internación para cumplir el aislamiento. Les han dicho que cumplan el aislamiento en sus casas, pero los trabajadores se han negado por no poner en riesgo a sus respectivas familias. Uno de ellos llamó a la Defensoría del Pueblo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , le realizaron el hisopado y le consiguieron hospedaje en un hotel para cumplir con el aislamiento.


Los casos de Covid-19 suman unos 17 casos constatados por los mismos trabajadores, pero pueden ser mucho más teniendo en cuenta que la patronal oculta el hecho. Tampoco rige la licencia por Covid-19 y desde que los trabajadores comenzaron a transitar por este calvario la empresa se ha desligado por completo de la salud de sus empleados. Para sumar a la indignación, adeuda sueldos, rebaja salarios y amenaza con despidos si no se presentan a trabajar con el argumento de no dar aviso por la ausencia cuando estos se encontraban en un cuadro de enfermedad por coronavirus y cumpliendo con la entrega de los certificados médicos. Uno de estos trabajadores se encuentra con insuficiencia pulmonar y el médico se niega a darle el alta( una exigencia de la patronal) hasta que no se realice el tercer hisopado como corresponde al protocolo. Este hombre desesperado por no perder su fuente laboral espera que la obra social autorice la orden para un nuevo test, pero ésta retrasa su solicitud .


Mantovana presidida por Franco Castelli presenta antecedentes y un prontuario que es necesario subrayar. Desde que obtuvo su certificado de proveedor público en 1998, logró al menos 40 contratos del Estado. En 2011, Mantovana fue investigada por presuntos desvíos de fondos en la AFIP a través de los sobrecostos en las contrataciones no comparables con los sueldos bajísimos de sus trabajadores. La empresa logró contratos millonarios durante el Kirchnerismo. En 2018 ganó escandalosamente una licitación por $57 millones de pesos para hacer obras de ingeniería eléctrica en el INTI siendo que la empresa es de servicios de mantenimiento y limpieza y no cumplía con los requisitos para la adjudicación. En 2014 obtuvo la licitación para el mantenimiento y limpieza del Metro bus, adjudicación que sigue manteniendo bajo el nombre de Solutions Group.


Esta vinculación directa con el Estado es el botón de muestra de tanta impunidad y además de que las rebajas salariales fueron homologadas por el Ministerio de Trabajo, lo cual también explica el silencio por parte de los medios masivos de comunicación haciendo caso omiso de las denuncias que les han hecho llegar los trabajadores.


Además los trabajadores también denuncian que la empresa nunca aportó los elementos de prevención como barbijos y sanitizantes.


Nos solidarizamos con los trabajadores y responsabilizamos a la empresa MANTOVANA de una acción criminal por incurrir con el incumplimiento del protocolo de Covid-19, por poner en riesgo la salud y la vida de las personas, por amenazas de despidos y aprietes a sus empleados, por abandonarlos a su suerte desligándose de la situación de los trabajadores. También responsabilizamos al gobierno por las rebajas salariales, por los despidos y la falta de atención médica y a la Obra Social por abandonar a sus afiliados. Que ningún trabajador quede en la calle, por el cobro íntegro de los sueldos adeudados, por sueldos acordes a la canasta familiar, y por medidas de sanidad en los puestos laborales. El Estado y la patronal Mantovana son responsables

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19/06/2020

Una nueva muerte por aborto clandestino, ahora en La Matanza

En el día de ayer se confirmó la muerte de una mujer en La Matanza como producto de un aborto clandestino. Es el segundo fallecimiento que se conoce en el país por esta causa desde que comenzó la cuarentena.


Según trascendió, la mujer ingresó en mayo al Hospital Materno Infantil Teresa Germani, ubicado en Gregorio de Laferrere, cursando un aborto inseguro, por fuera del sistema de salud. Fue intervenida y luego derivada a terapia intensiva en el Hospital Simplemente Evita, en donde falleció de un paro cardíaco.


Días atrás, el 3J (aniversario de Ni Una Menos) movilizamos al Municipio junto con la Mesa por el Derecho al Aborto Legal, exigiendo al Estado en todos sus niveles la urgente aprobación del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito presentado por la Campaña. También demandamos la aplicación efectiva de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los hospitales de todo el país. En toda Argentina nos movilizamos ese día reclamando terminar con la clandestinidad y la producción de mifepristona y misoprostol.


En el municipio, estas demandas se enfrentan a diversos obstáculos, el primero el político: estamos en presencia de un gobierno que tiene al pastor Gabriel Ciulla de Aciera -el reagrupamiento evangélico más reaccionario del país- como funcionario, desde que fuera designado en 2018 por la actual vicegobernadora, en una clara provocación contra la lucha de las mujeres.  El incumplimiento de la ILE es regular en el municipio. Los profesionales de la salud lo combaten tal como lo han relatado en el comunicado que dio a conocer la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, donde señalan que se “lucha desde hace años para poder garantizar Interrupciones Legales de Embarazo (ILEs). El contexto es sumamente adverso ya que no se cuenta con medicación, ni reconocimiento institucional, a la vez que sufrimos hostigamiento y persecución por garantizar derechos”, aun habiendo un Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a interrumpir el Embarazo y el Acceso a Métodos Anticonceptivos, aprobado en enero de 2020.


Como señaló la diputada nacional del PO-FIT (y dirigente gremial de La Matanza) Romina Del Pla, en relación con los dichos recientes de Alberto Fernández, “aquellos que insisten en que aprobar el aborto legal no es urgente son cómplices de ésta situación”. No se puede dilatar más una situación que se lleva la vida de las mujeres. Esta dilación beneficia solamente a las iglesias y a los negociados alrededor del aborto clandestino, y refuerza la opresión sobre los cuerpos de las personas gestantes.


De forma independiente del Estado aliado a la Iglesia y a los negocios de la clandestinidad que se llevan nuestras vidas, debemos organizarnos para conquistar nuestras demandas: Ni una menos por abortos clandestinos. Aborto Legal Ya, con el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Aplicación efectiva de la ILE. Separación de las iglesias del Estado. El Estado es responsable.

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19/06/2020

Bahía Blanca: cuatro casos de Covid-19 en el Hipermercado de la Cooperativa Obrera

Una de las principales sucursales de la Cooperativa Obrera, el hipermercado de la calle Aguado, se está convirtiendo en un foco importante de nuevos casos de Covid-19. Todo comenzó esta semana, cuando un trabajador del sector carnes fue testeado luego de presentar síntomas compatibles con el virus. Al confirmarse como caso positivo, se realizaron nuevos hisopados a sus contactos estrechos en el lugar de trabajo, arrojando al momento de escribirse estas líneas un total de cuatro casos Covid-19 positivos. La sucursal se encuentra cerrada y bajo tareas de desinfección.


Ante el primer caso, la empresa salió rápidamente a instalar en los medios su versión oficial. El gerente de la empresa, Héctor Jacquet, afirmó que el empleado de la carnicería “trabajaba a trastienda, no en mostrador, por lo que no debería haber tenido contacto con ningún cliente” (La Nueva, 17/6). Esto generó especial malestar entre los propios trabajadores de la Cooperativa, dado la falsedad de los dichos del gerente, ya que todos los empleados de ese sector están afectados a la atención al público.


Por otra parte, los trabajadores señalan que el ingreso y permanencia de clientes en la sucursal se incrementó drásticamente en el último mes, pasando de 70/80 al límite de 180 personas. Esta decisión de la empresa generó numerosos reclamos por parte de los trabajadores y de los clientes, ya que potencia el riesgo de contagio al interior del establecimiento.


La principal demanda de los trabajadores en este momento es la aplicación de testeos masivos, como condición para reintegrarse a sus puestos una vez que reabra la sucursal. No obstante, hasta el momento solo se están realizando hisopados a los contactos estrechos, que es lo que indica el protocolo acordado por la empresa y la conducción del sindicato de Empleados de Comercio (AEC), siendo ese tipo de testeo el único que cubre el Estado municipal.


Mientras tanto, la conducción del gremio no se ha manifestado públicamente ni se ha puesto en contacto con los trabajadores para discutir un plan de acción ante esta escalada de casos positivos. Los mismos empleados afirman que se vienen enterando a través de los medios de las novedades que van surgiendo día tras día.


Los trabajadores de los supermercados, una de los rubros declarados “esenciales” desde el principio de la cuarentena obligatoria, son quizás los más expuestos al contagio del coronavirus, tal vez solo por detrás de los trabajadores de la salud. Una cuarentena en franca relajación, como producto de un Estado que cede a las presiones patronales de todas las ramas de la economía, está arrojando números cada vez más preocupantes, cuya explicación no puede agotarse en los “runners” o en una reunión social por fuera de lo que indica el protocolo. En un régimen social basado en la permanente explotación de la fuerza laboral, son los supermercados, los hospitales, los geriátricos y los grandes núcleos fabriles donde se multiplican de forma más preocupante los casos positivos. El Estado, en todos sus niveles, actúa como garante de estas condiciones, al sostener un sistema de salud históricamente desfinanciado, con salarios de miseria para sus trabajadores, y al dejar al arbitrio de las empresas la elaboración y aplicación de los protocolos de bioseguridad.


Ante un cuadro cada vez más complejo, los trabajadores debemos tomar el efectivo control de la cuarentena en defensa de nuestras vidas. En este sentido, la experiencia del Sindicato del Neumático (Sutna), recuperado de manos de la burocracia, constituye una referencia obligada. Este gremio elaboró un protocolo específico a partir de la experiencia concreta de sus trabajadores.


Es tarea urgente para la clase obrera en general, y para los trabajadores de la Cooperativa Obrera en particular,  intervenir organizadamente, poniendo en pie comisiones de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo, compuestas por representantes electos por los propios trabajadores, que garanticen la efectiva aplicación de medidas tales como la realización inmediata de testeos masivos, que preserven su salud y sus vidas por sobre los intereses del capital.




 

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19/06/2020

Covid-19 en la maternidad de Pilar

El día viernes 12 una de las mamás que se encontraba en una habitación de la maternidad “Nuestra Señora Del Pilar” del Hospital de Pilar comenzó a sentir síntomas de Covid-19. Frente a este hecho, la apartaron del lugar; una enfermera entró a la habitación y retiró todas sus pertenencias, sin acotar nada al respecto ante la mirada y las preguntas de otras cuatro mamás que compartían la habitación con la mujer que llevaron. Recién el día sábado procedieron a realizar un hisopado a todas las internadas y al personal de salud.


El día domingo, una enfermera se acercó al área de internación, les acercó el desayuno y les informó que quedaron aisladas, y que una de ellas había dado positivo al testeo, no así la mamá que fue trasladada. La habitación se encontraba sucia, al igual que el baño, en un estado de abandono.


Finalmente, todas fueron trasladadas a continuar el aislamiento por 10 días al exhospital materno en Derqui, “Meisner”, que estaba en desuso pero que hacía unos días,desde la municipalidad de Pilar, habían hecho una campaña mostrando la fachada nueva del mismo. A partir de esto, descubrimos que esta nueva fachada era solo eso, una lavada de cara, porque dentro del hospital las condiciones seguían siendo las mismas de siempre. Pésimas. Problemas de humedad, con baños rotos y sucios, sin luz, con escasez de agua y sin agua caliente.



Hasta el día de hoy continúan llegando mamás para ser internadas ahí, mientras desinfectan el nuevo hospital materno neonatal.


El intendente de Pilar jamás se hizo presente en el lugar de los hechos. Estas madres y el personal de salud están frente a una terrible desidia estatal, golpeados por un lado por el virus y por otro por este sistema que nada bueno tiene para ofrecerles.


Exigimos que se les de contención psicológica a estas mamás, que se encuentran aisladas, muchas de ellas alejadas de sus prematuros hijos, internados en el sector de neo. Queremos que puedan permanecer en un lugar en condiciones dignas.


Desidia de años


El vaciamiento del sistema de salud data de hace años. Desde hace décadas se le promete a los pilarenses un hospital único. Muchos gobiernos asumieron con esta promesa como bandera de su campaña política y continuamos con la descentralización del hospital, que además se encuentra colapsado, con falta de insumos y con el personal de salud sin la protección necesaria para hacer frente a esta pandemia.


Tanto en el hospital como en las salitas barriales no se están garantizando los anticonceptivos ni el misoprostol. Ante este contexto consideramos que la clase obrera, que es la más golpeada, debe organizarse y reclamar por un hospital único y de calidad para los y las trabajadoras pilarenses.


▪︎Exigimos testeos masivos ya para todas las internadas y personal de salud. ▪︎Hospital único y de calidad para Pilar ▪︎Centralización del sistema de salud bajo el control de los trabajadores.



 

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19/06/2020

Misiones: trabajadores de la línea 137 denuncian violencia institucional

Ayer, profesionales que se desempeñan en la línea 137 de Misiones, encargada de la asistencia en situaciones de emergencia a víctimas de violencia de género, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, a cargo de Mirian Duarte, presentaron una nota al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez -y una denuncia ante el Inadi- debido a la violencia institucional y las condiciones degradantes de trabajo que vienen soportando hace años, agravadas en los últimos meses con la designación de la coordinadora Yanina López.


Entre los actos de violencia denunciados por lxs trabajadorxs se detallan persecución laboral, maltrato verbal, órdenes arbitrarias y descalificaciones permanentes en las intervenciones y las evaluaciones de riesgo que realizan ante las denuncias recibidas. Esto último reviste una gravedad extrema porque importa una política deliberada de menospreciar el riesgo en que se encuentran las víctimas que acuden a la línea en busca de ayuda, lo que puede costarles la vida. Vemos entonces que mientras el Estado constantemente señala que frente a situaciones de violencia hay que hacer la denuncia, resulta que éstas son descalificadas por la línea que tiene por principal función la de asistencia a las víctimas que se encuentran en emergencia, obstaculizándose, de ésta manera, la pronta atención de las mismas.


Otro aspecto de la denuncia realizada es el apartamiento de los lineamientos básicos del programa, que se traduce en que no se tienen en cuenta los tiempos y procesos personales de las víctimas y su derecho a decidir, con lo cual toda persona que ante la desesperación acude a este organismo se ve sometida a un proceso de revictimización. Lxs profesionales dependientes que se oponen a éstos lineamientos son también violentados en sus derechos.


Ante la gravedad de la situación lxs trabajadorxs han solicitado una reunión con la subsecretaria, pero la nota donde se realiza el pedido formal ni siquiera fue recibida. La única respuesta fue la desafectación de dos profesionales que fueron trasladadas a desempeñar tareas en otras dependencias, a modo de advertencia de que están dispuestos a cumplir con sus amenazas. Esta política no es excepcional ni privativa del gobierno de la renovación, como lo demuestra el reciente paro de las trabajadoras de la línea 144 de CABA.


La Línea 137 desembarcó en la provincia hace poco más de siete años a través de un convenio firmado por Eva Giberti, directora del programa “Las Víctimas contra las Violencias”, con el gobierno de la provincia. En ése entonces se acordó que la línea iba a funcionar bajo la égida del Ministerio de Gobierno con lo cual, desde un principio, se planteó la asistencia a las víctimas de violencia de género como una cuestión de seguridad. Con los años el proceso de policialización del área se agravó porque se procedió a introducir a elementos de la policía para que desempeñen funciones en el organismo, lo cual viene siendo resistido por lxs trabajadorxs de la línea, porque, además, la presencia policial es utilizada como una herramienta para intimidar y amedrentarlxs. El planteo represivo como respuesta al flagelo de la violencia es algo que fue rechazado desde el principio por el movimiento de mujeres. Hace tiempo sabemos que más policías en los barrios no es una solución para las mujeres ni para la población en general, sino todo lo contrario.


En los que respecta a la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, Mirian Duarte, hay que señalar que se trata de alguien que en su momento tuvo la chapa de activista por los derechos de las mujeres y que al asumir el cargo que detenta lo presentó como una “conquista de todas para cambiar las cosas desde adentro”. Lejos de que ocurriera algo semejante, no solo es una de las caras visibles de las políticas de la renovación contra las misioneras sino que, desde su lugar de funcionaria, se encarga de violentar en forma sistemática a las y los trabajadores que se desempeñan en las dependencias a su cargo.


Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero exigimos el inmediato cese de la violencia y el respeto de los derechos laborales de lxs trabajadorxs, hacemos responsable al gobierno y sus funcionarias por la integridad psicológica de esxs profesionales. Que se retiren a los policías puestos para amenazarlxs y vuelvan a trabajar en la línea las trabajadoras desafectadas. Llamamos a debatir una salida ante el flagelo de la violencia y la precarización de la asistencia a las víctimas: necesitamos un Concejo Autónomo de las Mujeres que luche por una re orientación de las políticas demagógicas del Estado en material de género.





 

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19/06/2020

Tigre: continúa el encierro del barrio San Jorge mientras se propaga el virus

El municipio de Tigre informa que hasta el 18 de junio, de un total de 264 hisopados, 128 dieron resultado positivo de Covid-19 en el barrio San Jorge ubicado en la localidad de Don Torcuato. El porcentaje de contagios llega al 50% de la población testeada, lo que significa una tasa de contagio muy alta.


Las autoridades provinciales informaron que se pasará a la fase denominada “vigilancia activa focalizada” luego de una semana de “aislamiento focalizado”. El uso de estos eufemismos se utilizan para ocultar la realidad de San Jorge: el municipio de Tigre y la provincia de Buenos Aires no realizan los testeos necesarios, el barrio continúa cerrado y con el virus propagándose entre los vecinos y vecinas.


Los habitantes del barrio continúan denunciando que no se testea en la cantidad necesaria, lo cual se confirma con los datos oficiales que difunde el municipio, ya que de un total de 1.700 personas que viven en el barrio testearon a 264, lo que representa un 15% de la población. También reclaman por los elementos de seguridad e higiene que brillan por su ausencia y alertan sobre la falta de agua en el barrio, un servicio básico para lograr la higiene necesaria para disminuir los riesgos de propagación del virus.


San Jorge no es una excepción en el distrito. Las más de 50 villas y asentamientos del territorio están en una pésima situación de vivienda e infraestructura, sin contar con los servicios básicos como agua, luz, gas y cloacas, en un fuerte contraste con la situación de los barrios cerrados y countries como Nordelta y otros, que ocupan más del 50% del municipio.


La salida para el problema de la pandemia y la grave situación social es darle respuestas a los reclamos de las vecinas y vecinos sobre la situación de vivienda, infraestructura, trabajo, salud y educación contra la orientación represiva de encierro y abandono a los barrios que impulsan el gobernador Kicillof y el intendente Zamora.


Reclamamos un subsidio al trabajador desocupado de $30.000, además de la apertura y aumento de los planes sociales. Provisión integral y preventiva de kits sanitarios, como así también de alimentos en cantidad necesaria. Se requiere de un verdadero operativo sanitario, que dote de insumos, recursos y personal, a los centros de salud y hospitales de la zona. Plan de obras públicas y vivienda que solucione los problemas históricos de los habitantes del barrio.




 

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19/06/2020

CABA - Villa 31: celadoras de micros escolares permanecen en el Ministerio de Educación en defensa de 68 puestos de trabajo

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, les mandó la infantería.

En este momento un grupo de trabajadoras celadoras de micros escolares permanece dentro de las oficinas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (ubicado en la Villa 31) en defensa de 68 puestos de trabajo. Otro grupo las acompaña desde afuera y planean permanecer hasta que los funcionarios del área cumplan con su palabra de resolverles la situación. “Solo venimos a reclamar para no quedar en la calle en medio de una pandemia y el gobierno nos manda una cantidad impresionantes de policías con escudos y palos” denunció Fátima, que es celadora hace más de 10 años.

 

Son todas trabajadoras del mismo barrio que estaban contratadas de manera precaria por la empresa La Delfina hasta el 31 de mayo, fecha en que también finalizaba el contrato que el Ministerio de Educación no le renovó a la empresa. Ni unos ni otros se hicieron cargo de las 68 trabajadoras y quedaron en la calle.

 

 

 

Hace semanas se desenvuelven negociaciones donde las propias trabajadoras realizaron propuestas para realizar tareas de apoyo a la atención de la pandemia, como el reparto de las viandas que entregan las escuelas. Sin embargo, los funcionarios negaron cualquier alternativa. Cabe destacar que una vez más desde los propios gobiernos convierten en letra muerta la ley que prohíbe los despidos.

 

Todo el apoyo a las compañeras celadoras. Fuera la infantería. Continuidad de los puestos de trabajo dentro del ámbito del ministerio.

 

 

 

 

 

 

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19/06/2020

Coronavirus: los testeos que necesitamos para el personal de salud

Existen dos tipos de testeos para diagnosticar infección por coronavirus: “directos” y “serológicos”. La positividad de los “directos” indica que se encuentra el virus en la muestra analizada, que en este caso son secreciones respiratorias obtenidas por hisopado. Al comienzo de la pandemia se utilizaron a nivel mundial las PCR, que son de altísimo costo; luego se desarrollaron otros estudios “directos” equivalentes a las PCR pero más económicos, con resultados rápidos y menores requerimientos tecnológicos, permitiendo extender su uso a la mayoría de los laboratorios y hospitales. Distintos grupos capitalistas, asociados en mayor o menor medida a los institutos científicos estatales de sus respectivos países, iniciaron una carrera acelerada para patentar “kits” y competir en el mercado. En Argentina el primero fue desarrollado en el Instituto Milstein con el Laboratorio Cassara, seguido recientemente por las universidades nacionales de Quilmes y San Martín, asociadas a las empresas Productos Bio-Lógicos y Chemtest.


Falsos negativos, aislamientos y testeo de “contactos estrechos”


Los test “directos” son altamente “sensibles”, es decir, capaces de detectar una muy pequeña cantidad de ARN viral en la muestra. Pero incluso tomando adecuadamente el hisopado puede ocurrir que la persona infectada no libere en sus secreciones respiratorias las partículas virales necesarias para registrarlas con el test. Es lo que se denomina “falso negativo”. Esta situación ocurre principalmente en las personas asintomáticas, pero también en una persona recientemente infectada, en particular durante los primeros 5-6 días de incubación viral.


Un planteo ajustado para exigir testeos debe tener en cuenta el período de incubación para reducir la posibilidad de “falsos negativos”, que pueden ser utilizados por las patronales para interrumpir la cuarentena antes de los 14 días. Es prioritario defender la cuarentena independientemente del resultado y continuar con el testeo de todos los “contactos estrechos” del personal que ingresa en cuarentena, para seguir la ruta del virus. Los tests dirigidos de este modo están ampliamente fundamentados por estudios epidemiológicos y matemáticos. Los testeos al alta se incorporan a este planteo.


¿Para qué sirven los testeos “serológicos”?


Los test “serológicos” (o indirectos), a diferencia de los “directos”, no detectan al virus sino que miden los anticuerpos en una muestra de sangre. Los seres humanos necesitamos varios días desde que ocurre la infección para que nuestro organismo genere anticuerpos. En el coronavirus se estima como mínimo una semana. Además los anticuerpos siguen presentes superada la infección aguda, pero se desconoce en el coronavirus por cuánto tiempo. A la fecha no se considera que la presencia de anticuerpos tampoco brinde una protección para casos graves y reinfecciones. En Argentina el instituto Leloir ya patentó un test serológico nacional. Si bien los test “serológicos” utilizan dos tipos de anticuerpos (IgM e IgG) que nos permiten diferenciar en ocasiones una infección reciente de una pasada y cumplen una valiosa función de relevamiento epidemiológico, no está clara su utilidad clínica ni su rol en la prevención de los contagios.


Sin embargo el Ministerio de Salud porteño, con el anuncio rimbombante de las gremiales Asociación de Médicos Municipales y Sutecba (municipal), comenzó un testeo “serológico” -en principio exclusivo para áreas críticas, ahora parcialmente extensivo a otras áreas del hospital- sin claridad en su obligatoriedad ni reiteración semanal.


Tal como se observa en el cuadro de la foto, solamente al personal con resultado positivo le realizan PCR. El criterio de pre-selección para realizar PCR según el resultado del serológico es un filtro-estafa, genera confusión y una peligrosa “sensación de seguridad”. En casos de IgM positiva y PCR negativa, lo asumen como “falso positivo” de IgM o “falso negativo” de PCR, reincorporando al trabajo a la persona en ambos casos. Una situación que ya ocurrió con compañeres que nos acercaron la denuncia con mucha preocupación por la arbitrariedad patronal.



Fuente: Ministerio de Salud CABA


 


¿Cuántos testeos necesitamos en los hospitales y centros de salud?


El planteo de testeos semanales al personal de los centros de salud y pacientes internados, estableciendo un riguroso protocolo para los familiares y visitas, se integra a los reclamos de respeto de licencias para el personal de riesgo, conformación de “cohortes” que afecten a todo el personal en los lugares de trabajo, cuarentena inmediata e ininterrumpida en caso de “contacto estrecho”, Equipos de Protección Personal (EPP) acordes al nivel de exposición laboral.


La resistencia a testear al personal de salud es una decisión deliberada para ocultar los casos asintomáticos. Porque aumentar los testeos del personal de salud arrojaría muchos resultados positivos con las consiguientes cuarentenas y, en caso de no tener conformadas las “cohortes”, concluiría con el cierre de salas y servicios.


Es reconocido por las autoridades que no se realizan mayor cantidad de testeos, como en Alemania o Corea del Sur, por razones económicas y no epidemiológicas. La cuestión de los testeos (como, cuándo y cuántos) está atravesada por intereses de clase: la mayoría de los “kits” utilizados en Argentina, al momento, son importados; el gobierno y las patronales los retacen por una cuestión de costos. Sin embargo, existe la posibilidad de lanzar una producción nacional a gran escala, que el gobierno no financia como demanda la pandemia porque direcciona el presupuesto y los recursos nacionales al pago de la deuda y los subsidios al capital.


Planteamos en Prensa Obrera un programa de conjunto para detener los contagios en los hospitales que no se reduce a los testeos. Les trabajadores de la salud sufrimos nuevas víctimas fatales de coronavirus. El enfermero Julio Gutiérrez del Hospital Durand con asma, se suma a la fatídica lista de María Ester Ledesma del Hospital Gandulfo y Silvio Cufré de Brandsen, enfermeres con diabetes e hipertensión a quienes les negaron las licencias correspondientes. Es decir, muertes evitables, condenadas por desidia patronal.


Desde Tribuna de Salud impulsamos una campaña por poner en pie comisiones de seguridad e higiene en cada hospital y centro de salud bajo control de les trabajadores, independientes de las patronales y el Estado, para verificar el otorgamiento de las licencias al personal de riesgo y EPP, el cumplimiento de las “cohortes” y cuarentenas, así como también reclamar todos los testeos que desarrollamos en este artículo.


¡Basta de contagios y muertes de compañeres! ¡Justicia por Julio, Silvio y Maria Ester! ¡Que viva la lucha de les trabajadores de la salud!


Planteamos


-Licencias inmediatas para todo el personal de riesgo que aún no fueron otorgadas. EPP completos. Conformación de “cohortes” para evitar contagios cruzados y cierres de servicios ante casos positivos. Reorganización de los hospitales y pabellones con absoluta independencia de sectores Covid y no Covid, que incluya a todo el personal. Protocolo riguroso para el régimen de visitas.


-Testeos semanales “directos” a todo el personal y pacientes de los hospitales y centros de salud. Reporte público inmediato de todos los contagios en el equipo de salud, publicados en el boletín epidemiológico. Cuarentena inmediata ininterrumpida y testeos de todos los “contactos estrechos” de Covid  para seguir la ruta del virus ante la eventualidad de más casos positivos. Testeo antes del alta definitivo.


-Conformación de comisiones de seguridad e higiene, elegidas democráticamente por les trabajadores, independientes de las patronales y el Estado.


-Terminar con el pluriempleo. Bono de $20 mil mensuales durante el tiempo que dure la pandemia. Indexación automática mensual de los salarios según la inflación. Vigencia de las paritarias, con asambleas de base y paritarios electos con mandato. Salario para concurrentes y plus por guardias residentes, inmediata incorporación a la planta permanente para todes les egresades 2020. Pase a la carrera profesional para el personal de enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica. Pase a planta permanente para todes les contratades y fin de las empresas tercerizadas en el personal de limpieza, seguridad, mantenimiento, cocina y lavandería. Jerarquización salarial del personal en emergencias y terapia intensiva. Abolición del impuesto al salario.


-Centralización de todo el sistema de salud mediante un comité especial de emergencia compuesto por especialistas del Ministerio de Salud y representantes de les trabajadores. Producción pública de medicamentos, testeos e insumos, desconociendo la ley de patentes durante la pandemia. Triplicación del presupuesto de salud sobre la base del no pago de la deuda y la eliminación de los negociados de privatización de la salud y un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas.



 

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19/06/2020

Neuquén: ante las dilaciones del gobierno y la burocracia, vamos con todo por nuestros reclamos

Caravana y acto frente a Casa de Gobierno de la oposición combativa

Luego de la extraordinaria movilización del Plenario Sindical Combativo del martes 16 y del anuncio de la oposición Multicolor en Aten de una caravana el jueves por la tarde, al mediodía del miércoles 17 la conducción del TEP (Celeste) de Aten anunció “iniciar un ayuno hasta que el gobernador responda a nuestros reclamos ya conocidos” en las puertas de la Casa de Gobierno. Ayuno que terminó levantándolo pocas horas después cuando el gobierno le concediera una reunión con la ministra Cristina Storioni para el jueves. El secretario general del sindicato declaró que “buscábamos que se generara un ámbito de discusión, nos acaban de informar que la ministra nos recibe mañana, suspendemos el ayuno”. De repente se trastocó el “hasta que el gobernador responda a nuestro reclamos” en un “nos recibe la ministra”.


Los reclamos “ya conocidos” incluyen varios puntos del pliego de Aten, no solo una reunión con la ministra, donde de movida el propio TEP se encargó de aclarar que está excluido expresamente la cuestión salarial.  El ayuno “duro” no llegó a durar lo que tarda el canto de un gallo.


La reunión con la ministra fue virtual y arrojó como resultado… ¡una nueva reunión! para la semana que viene en el marco del Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE). Lo cual implica que aunque la semana entrante en el CPE se vote un mecanismo para cubrir las vacantes de cargos docentes, ninguna se podrá efectivizar antes que termine junio, y con ello se consolida el robo de esos salarios ya presupuestados durante cuatro meses (de marzo a junio) y el aguinaldo correspondiente.


Toda la energía puesta por el TEP en estos últimos 90 días para difamar a la oposición Multicolor e incluso reclamar a la policía que proceda contra nuestras movilizaciones, se disipa como la niebla cuando deben plantarse ante la patronal.


El MPN tira lastre. Vamos por lo nuestro


En el caso que se diera el inicio de un mecanismo para cubrir las vacantes de 500 cargos y más de 3000 horas cátedra, sería una conquista de la lucha. Por supuesto, no hay que ser muy avispado para comprender que si el gobierno cedió en algo, ha sido por la lucha tenaz presencial que durante tres meses hemos librado con las y los trabajadores de la educación, con la participación infatigable de los que debían cubrir esas vacantes y están hasta el día de hoy desocupadas/os,  y el de aquellas/os a quienes por diversos motivos administrativos aún no se les reconoce su título, o carecen de número de empleado o han tomado horas o cargos pero no pudieron tomar posesión por la cuarentena. Tribuna Docente jugó un papel central en la organización y convocatorias que se hicieron. Una larga lucha que se reforzó con una enorme caravana de vehículos que recorrió el Issn (Instituto de Seguridad Social de Neuquén), pasó por el acampe de Expreso (camioneros en conflicto) y regresó a Casa de Gobierno donde se realizó un acto.



Una lucha unificada y ejemplar de la docencia ocupada y desocupada, que además movilizó junto a las organizaciones piqueteras varias veces, en apoyo a los mineros y esta semana con el Plenario Sindical Combativo y la Multisectorial.


Las reuniones del Cuerpo Colegiado del CPE no pueden seguir siendo secretas para la base, y menos para los interesados directos por acceder a esos cargos y horas cátedra. Hay una oportunidad para volver a movilizar la semana entrante. Tribuna Docente impulsa desde ya esa perspectiva y prepara una jornada de lucha.


Cobertura de vacantes retroactivas al 15 de marzo o indemnización a la desocupación forzada por la patronal de $ 30.000 mensuales. Pago de los gastos por acciones en la virtualidad (facturas de internet, wifi, uso de datos, folletería, etc.) como monto de emergencia desde el 15 de marzo, de $ 10.000 a cada docente.


Triplicación de la cantidad de la ayuda alimentaria a los estudiantes y de las becas. Pago de las actualizaciones por IPC adeudadas desde el 1º de abril. No al desdoblamiento del aguinaldo.


Que el Estado pague en efectivo toda la deuda de cargas sociales con el Issn. Inmediato retome de las obras escolares de todo tipo: construcción, refacción, instalaciones, etc. La actividad de la construcción está liberada hace mucho tiempo de la cuarentena.


Pago a las/os jubiladas/os de los $ 1.200 por Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente).



 

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19/06/2020

La pandemia que sufre la docencia de los jardines maternales

Por Mica JBJ

Desde 2006, con la sanción de la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206) se reconoce al nivel inicial como una unidad pedagógica que comprende a les niñes de 45 días a cinco años: los jardines maternales abarcan la franja etaria de 45 días a dos años y los jardines de infantes la de tres a cinco años. Desde 2014 (Ley 27.045) las salas de cuatro y cinco años son obligatorias, y la normativa establece la responsabilidad de los Estados nacional y provinciales en universalizar la oferta para tres años y de ampliar la de jardines maternales (Steinberg y Giacometti, 2019).


La obligatoriedad de las salas de cuatro y cinco años marca una diferencia en la oferta educativa de las primeras infancias. Mientras que el 90% de las escuelas de nivel inicial ofrecen salas de cuatro y/o cinco años, solo el 50% cuenta con una sala de tres y el 15% con jardín maternal. A esto, se le suman las disparidades a nivel provincial: en lo que refiere a la sala de tres en CABA y Provincia de Buenos Aires, la cobertura es del 65% y 59% respectivamente, mientras en otras jurisdicciones el acceso a este nivel no supera el 10%; en el caso del nivel de 45 días a dos años, solo C+ABA, Mendoza, la provincia de Buenos Aires y Chubut logran superar el umbral del 10% (ídem).


La oferta de educación inicial es mayormente privada, en especial el jardín maternal. Los pocos jardines maternales de carácter estatal se encuentran acechados por el cierre por desfinanciamiento. Es el caso del jardín maternal del Ramos Mejía, que viene peleando por su continuidad desde el año pasado. Con el acceso mayormente privado, solo quienes tienen los recursos económicos pueden externalizar la crianza, el cuidado y la educación de sus hijes.


Desde el 20 de marzo, con el cierre de los establecimientos educativos por la cuarentena y la falta de pago de las cuotas, peligran los empleos de miles de docentes y recortan el salario. Se suma la flexibilización laboral que significa la continuidad pedagógica a través de las pantallas, pero sin que se les garanticen dispositivos ni acceso a internet. Esto atenta además contra el derecho a la educación de esas primeras infancias, en la que las propuestas lúdicas realizadas por las docentes son fundamentales a la hora de sostener el vínculo y la enseñanza


Sobre esta situación entrevistamos a Belén, estudiante terciaria de la Ciudad de Buenos Aires y trabajadora de la educación en un jardín maternal. Nos contó que ya “en abril las familias comenzaron a especular en torno al tiempo que duraría la cuarentena y a analizar dar de baja las matrículas de les niñes. Nosotras formamos parte del jardín de una empresa, que paga un porcentaje de la cuota, por lo que se caen las inscripciones y también se recibe menos subsidio”. Comenta, además, que los sueldos se pagaron recurriendo al programa ATP “la dirección y la ‘comisión de padres’ ya avisaron que al momento de abrir, dado las bajas que se están recibiendo, va a ser difícil justificar los puestos de trabajo”.


“Al principio nosotras planificábamos, mandábamos las propuestas a la directora y ella le enviaba las actividades a las familias. Luego la directora se desligó y empezamos a manejarnos con la cuenta de Facebook de cada sala. Esto lleva a que no se cumpla un horario laboral determinado, ya que además de las clases hay que interactuar con los padres por las actividades, lo que hace que estemos contestando mensajes a las 21:00”, describe Belén.


Las instituciones educativas constituyen un espacio de enseñanza y de aprendizaje para la primera infancia. Se trabajan contenidos importantes, como la Educación Sexual Integral, que puede abordarse desde distintas áreas de de manera transversal, favoreciendo el conocimiento y cuidado del propio cuerpo y el de les demás, y la valoración de las emociones y expresiones. Gracias a ello pueden identificase muchas veces casos de abusos sexuales contra niñes, pero ahora en cuarentena se multiplican los ya numerosos obstáculos para tener respuestas de la Justicia y acceder a las medidas de protección que se despliegan con el protocolo de accionar ante Abuso Sexual Infantil (ASI). El Estado nacional y los provinciales continúan sin dar una respuesta por esto.


Por todas estas cuestiones, impulsemos reuniones abiertas en nuestros lugares de trabajo para formular nuestros reclamos y buscar una salida colectiva, con un plan de lucha por la educación de las primeras infancias, por nuestros sueldos, por la construcción de jardines estatales, por la implementación de la ESI y por la jerarquización de la docencia inicial y maternal.




 

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19/06/2020

En la Provincia de Buenos Aires y en todo el país: preparemos un 28J de lucha

Sin cupo laboral travesti-trans, continúa el cuadro de violencias contra el colectivo LGBT+

El 28 de Junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo, cumpliéndose 51 años de la histórica revuelta de Stonewall, una insurrección de la población Lgbt+ que duró varios días, a raíz de la resistencia a una redada policial en Stonewall Inn, en Nueva York.


Hoy, a más de medio siglo, la fecha en Argentina se ha transformado en una jornada de lucha contra los travesticidios, a raíz del sufrido por Diana Sacayán, activista e impulsora del cupo laboral travesti-trans. Los transfemicidios y travesticidios proliferan en el país como consecuencia de una cadena de violencias que sufre la población transgénero, travesti y transexual, entre ellas la falta de acceso a trabajo genuino y al sistema de salud y educativo.


La profundización de la pobreza y la miseria, el avance de la precarización laboral y el desfinanciamiento de los programas de salud orientados a las diversidades sexuales y de género, han generado que hoy día la pandemia afecte doblemente a la población Lgbt+. Esto se expresa a través de los más de 30 casos de crímenes de odio sucedidos en el 2020, que avanzan de la mano de los femicidios, y por el faltante de hormonas en los hospitales y salitas, que afecta particularmente a las personas trans y no binaries.



En este marco, las organizaciones ligadas al Estado Nacional, como son la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación Travestis Transexuales Argentinas (Atta), se han dedicado a promocionar las políticas insuficientes del Ministerio de Mujer, Género y Diversidades, que no ha llevado adelante ni una sola medida de protección ni asistencia hacia las poblaciones Lgbt+, en su mayoría habitantes de los barrios carenciados del país.


En la Provincia de Buenos Aires, la gobernación destina los fondos provinciales a la militarización de los más de 1.700 barrios populares, llegando a cercar algunos de ellos en la zona del Conurbano bonaerense. El gobierno de Axel Kicillof no ha implementado el cupo laboral travesti-trans, que fue reglamentado tardíamente por María Eugenia Vidal en el 2019. En esa misma línea se encuentran los municipios. Queda claro que no hay ninguna “voluntad política” de terminar con el flagelo del trabajo no registrado, la precarización y el hecho de que el 85% de la población travesti-trans ve como única opción de subsistencia la prostitución.


La organización de los reclamos de la población Lgbt+ en la Provincia de Buenos Aires toma una especial relevancia si tenemos en cuenta casos como los de Higui, criminalizada por defenderse de una violación en manada en San Miguel; Laly Heredia Escobar, asesinada en Camino de Cintura (La Matanza) a balazos; La Chicho Chirinos, asesinada en La Plata a puñaladas en la vía pública; Pablo Borsato, asesinado en Colón, entre otros.


Por esto, desde la Agrupación Lgbt+ 1969 de Provincia de Buenos Aires seguimos organizades, con una fuerte campaña hacia el 28J: impulsamos un petitorio en toda la provincia en apoyo a la ley de Inclusión Laboral Trans presentada por la banca de Romina del Pla (PO-FIT) en el Congreso Nacional, y una charla este sábado 20 de junio a las 13 hs con María Tango, referente nacional del Polo Obrero, Meli, compañera de la 1969 de Córdoba, Pilu Vitt y Agustín Ramal, militantes de la UJS y referentes de la 1969 Provincia de Buenos Aires.


Invitamos a toda la población Lgbt+ de la provincia a organizarse por todos nuestros reclamos, de manera independiente del Estado violento y opresor y de todos los gobiernos.


Firmá el petitorio por la inclusión laboral trans:



 

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La banca de la concejala Cintia Frencia fue la única que en soledad presentó e insistió a viva voz con el procedimiento de expulsión que implica la conformación de una comisión investigadora.
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Miles de personas se concentraron en la UNLPam a 11 años del primer Ni Una Menos.
Alzó la voz en el recinto para exigir la expulsión y apeló a la movilización popular hasta que caigan todos los responsables, materiales, ideológicos y políticos del crimen de Agostina.
19/06/2020

La violencia de género en la Universidad de Córdoba

Un informe revela la situación que padecen las mujeres en la institución.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) publicó un informe sobre violencia de género que da cuenta de los tipos de violencia más frecuentes en el ambiente universitario, entre quiénes ocurren y dónde, a partir de cifras y estadísticas. El estudio reveló que el 90% de las denuncian son de compañeras, y que de ese universo casi el 50 % corresponden a estudiantes que sufrieron situaciones de violencia, ejercida por docentes y otros estudiantes.


El informe fue el resultado de una sistematización de consultas y denuncias vinculadas a violencia de género realizadas en 2019 por integrantes de la comunidad universitaria en el “Plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencia de género en la UNC”.


Dentro de las denuncias podemos encontrar diferentes tipos de violencia, siendo la psicológica la que predomina con un 36%, seguida de la verbal con un 25% y el acoso sexual registra un 18%. También se notificaron denuncias por abuso sexual, discriminación por identidad de género y violencia física.


Mientras se pone en manifiesto esta situación, en contraposición vemos un total encubrimiento al actual docente y consejero del ala Kirchnerista, Diego Tatian, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, quien fue denunciado en 2019 a través del plan anteriormente mencionado.


Además, los violentos siguen recorriendo los pasillos de las facultades, como por el ejemplo el docente de la cátedra de psicoanálisis Campbell, a quien la gestión le permitió continuar dictando clases, y hasta dar clases de posgrado.


En este marco, el presupuesto de la universidad sigue siendo irrisorio para atender las demandas de compañeras y docentes. No hay profesionales en planta para llevar a cabo ningún tipo de intervención en los casos de violencia de género.


Dado que el protocolo actual contra la violencia de género en la UNC está orientado por autoridades que no pueden parar la violencia de género ejercida hacia nosotras, se torna urgente la necesidad de seguir luchando por una secretaria de género electa y con cargos revocables, orientada por las agrupaciones de mujeres, trabajadoras y estudiantes que intervienen en la universidad para dar una respuesta real a esta situación.


En ese sentido es necesario, aumentar el presupuesto universitario de inmediato, con una designación no menor al 5% para combatir la violencia de género. La violencia de género no está en cuarentena, nuestra lucha tampoco.





 

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19/06/2020

Comisión de mujeres de la exAnsabo lanza producción de sanitizantes

Los trabajadores papeleros de Ansabo, ubicada en Quilmes, llevan 11 meses de lucha ocupando la fábrica y enfrentando un cierre fraudulento donde los dueños dejaron deudas de todo tipo. P.OR.Y.SO (Papeleros organizados y solidarios) se llama la cooperativa que vienen impulsando hace meses con un proyecto de expropiación, exigiendo asistencia del municipio, provincia y nación para poder volver a reabrir, y las respuestas aun no aparecieron.


Mientras Alberto Fernández y Axel Kicillof refuerzan su orientación de subsidio a los capitalistas, no existe “ayuda” de ningún tipo a las cooperativas y a los trabajadores en lucha.


Frente a la pandemia y la cuarentena los papeleros junto a la comisión de mujeres ofrecieron poner las instalaciones a disposición del municipio de Quilmes como centro de asistencia, pero desde la intendencia de Mayra Mendoza tampoco recibieron respuestas.


Hace una semana la comisión de mujeres decidió reconvertir una parte de la fábrica para producir elementos sanitizantes a base de alcohol etílico y así poder colaborar con la comunidad en la difícil situación del distrito, lo presentaron el miércoles pasado en una conferencia de prensa mediante las redes sociales, donde difundieron que una parte de la producción fue donada a los vecinos de Villa Azul y otra parte será vendida a precios populares para poder absorber los costos y continuar elaborando. También vienen realizando, los fines de semana, una olla popular y, los lunes, un merendero para el barrio.



Como ya lo han hecho varias empresas recuperadas -como metalúrgica Gotan, del parque industrial de Burzaco, fabrica ocupada frente al cierre e intento de vaciamiento donde los trabajadores elaboraron un dispenser de sanitizante para lugares de alto tránsito- los trabajadores ponen su inventiva al servicio de las necesidades obreras y populares, y la iniciativa obrera contrasta con la parálisis de la burocracia sindical papelera que ha librado a su suerte a los trabajadores de Ansabo como a los de Kimberly Clark durante los duros conflictos que han llevado adelante estos trabajadores.





 

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Santa Cruz: otro caso de hostigamiento policial

Como ocurriese en oportunidad del asesinato de Gustavo Gerez a manos de la policía de la Comisaría 1ra de Caleta Olivia, nuevamente volvieron los hostigamientos y el espionaje a quienes denuncian los crímenes del aparato represivo.


Pareciera que la policía de Santa Cruz ha adoptado el método de hostigamiento, espionaje y acoso a través de las redes sociales a los vecinos que se animan a denunciar sus abusos.


El joven Mauro Mansilla, en una publicación de Facebook, exige el esclarecimiento de la muerte de Matías “Kush” Bordón, ocurrida hace una semana en una situación muy confusa, cuando efectivos de la Seccional 4ta lo interceptaron y aducen que se cayó de una altura de 5 metros mientras escapaba de unos sujetos que lo perseguían a la madrugada en el Barrio Mar del Plata.


Mauro, en su posteo, menciona también el asesinato de Gustavo Gerez en 2016 dentro de la seccional 1ra. A raíz de esto comenzó a recibir solicitudes de amistad de perfiles falsos y amenazas por mensajería interna. Como si esto fuera poco, estos perfiles robaron fotos de su muro y las pegaban en grupos de clasificados con difamaciones del tipo que si no había justicia él “comenzaría abusar de menores”.



Este método de hostigamiento también se aplicó con los amigos y familiares de Gustavo Gerez, asesinado en la Comisaría 1ra de Caleta Olivia. En esa ocasión “El Cabezón” fue levantado de la calle y torturado y literalmente molido a golpes a manos de los efectivos de la seccional. Luego esos policías “filtraron” fotografías del cuerpo malogrado de Gustavo, donde podía evidenciarse hasta las marcas de los borcegos policiales, pruebas de la tortura que sufriera. Un método para quebrar a sus familiares, amigos y a los militantes contra la represión.


Estos aprietes y hostigamientos son los mismos utilizados días atrás con nuestra compañera Gabriela Ance, dirigente del Plenario de Trabajadoras-PO Santa Cruz, luego de una manifestación en repudio a la violencia ejercida hacia un joven en la Comisaría 6ta de Rio Gallegos.


Desde el comienzo de la cuarentena hemos denunciando los abusos de las fuerzas de seguridad de una punta a la otra del país. Los “trolls con uniforme” no van amedrentar a una juventud a la cual el Estado no les garantiza ningún futuro.


Desde el Partido Obrero de Caleta Olivia nos solidarizamos con Mauro y hacemos responsable al ministro de Seguridad Lisandro de la Torre y a la gobernadora Alicia Kirchner por su integridad física, social y emocional.


Exigimos el fin de estas prácticas de ciberacoso. Pleno esclarecimiento de la muerte de Kush y Justicia por Gustavo Gerez. Basta de abuso policial.




 



 

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19/06/2020

“Me ganó al partido la cuestión de organizarme para luchar como artista, como trabajador de la cultura”

Ramiro Pérez, del Coro Estable del Teatro Colón y de Músicos Organizados, fue entrevistado para el ciclo de Instagram Live de Prensa Obrera.

El jueves 18 se realizó la cuarta entrevista del ciclo de Prensa Obrera por Instagram Live. Fue el turno de los artistas, en esta ocasión músicxs. La cantautora Ana Clara Moltoni entrevistó a Ramiro Pérez, cantante lírico e integrante del Coro Estable del Teatro Colón, ambos integrantes de Músicos Organizados.

A lo largo de la entrevista afloraron las pasiones e inquietudes de Ramiro, “Pupi” para todos, que reflejaron lo que viven los artistas antes y en plena pandemia.

Tras un breve relato de los comienzos de su vocación musical en el Colegio Nacional de Adrogué  bajo la dirección del maestro Ricardo Barrera, “un musicazo”, “Pupi” describió la situación del Teatro Colón.

 

 

 

Ponderó la dimensión y particularidades que lo hacen único en el mundo. Su gran escenario puede albergar, para grandes producciones como Nabucodonosor, un coro numeroso de 130 integrantes, que transmite “una potencia impresionante” , que en pocos lugares del mundo se puede apreciar.

Expuso que uno de los aspectos distintivos del Teatro Colón era ser un establecimiento con producción propia. Los espectáculos montados tenían la gran impronta de una producción de vestuarios, escenografía, sastrería, todo lo que viste una función de gala lírica. Master Plan mediante se cerraron talleres y se readecuó para pasar a la “compra” o alquiler de estos elementos. Este proceso de destrucción vino acompañado con la posibilidad de alquilar la “sala” para otras actividades privadas, disminuyendo las actividades líricas y de música clásica para dar paso a diversas producciones, cumpleaños, día del peluquero o cualquier cuestión que dejara un rédito económico. La Ley de Autarquía legalizó la privatización de hecho del teatro degradando su función cultural.

https://prensaobrera.com/cultura/cantantes-liricos-de-argentina-denuncian-su-dificil-situacion

 

Ante la pregunta de Ana sobre la resistencia de esta ofensiva privatista, Pupi relató  el ataque brutal que recibieron los trabajadores y particularmente  la Junta Interna de ATE que encabezó la lucha. Mencionó a compañeros como José Piazza y Willy Tejada que se destacaron en ese proceso. El hecho que el  gran contrabajista Pastor Mora fuera judicializado con un embargo millonario, pero que finalmente tuviera que ser  incorporado, aunque en condición de “contratado”, es una expresión de que la lucha por condiciones laborales y contra la privatización del teatro sigue. A fines del año pasado la temporada culminó con un  concierto en las escalinatas del Teatro donde participaron los elencos artísticos estables por aumentos salariales. La pandemia postergó lo que hubiera sido un inicio de temporada en lucha.

Ante preguntas de participantes por Facebook e Instagram, Ramiro se refirió a las condiciones de distintos establecimientos internacionales  similares al Teatro Colón, donde se dan situaciones similares de privatización y degradación laboral, destacando la lucha del Teatro de la  Zarzuela en Madrid que logró la continuidad laboral ante la amenaza de su fusión con una entidad privada.

Ana ponderó los derechos que Ramiro, como músico de planta permanente, tiene en estas épocas de cuarentena, pero se refirió también a la situación de miles y miles de músicos, artistas y trabajadores de la cultura precarizados, que viven al día, que están en una situación desesperante.

En un verdadero intercambio y acuerdo de ideas ambos no solo denunciaron esta situación sino que explicaron el camino de organización y lucha  que se está gestando con la confluencia de asambleas de músicos, actores, actrices, fotógrafos y audiovisuales que conformaron la Asamblea Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura. El plan de lucha contempla la realización de una acción el 24 de junio en Plaza de Mayo y todo el país.

Ana quiso averiguar los inicios políticos de “Pupi”: “¿Cómo llegaste a ser parte de una organización y dedicar parte de tu vida a la actividad militante?”.

Ramiro rememora debates en una familia de luchadores y militantes. Asimismo, una participación en Artistas por el FIT. Recuerda que un día aparecieron en la puerta del Teatro unos “rojos ateos entregando sus panfletos y prensa”. Ahí -dice- “empezamos a discutir y lo que tenía el Partido Obrero para darme como herramienta  era lo que los artistas necesitábamos, me ganó la cuestión de organizarme para luchar como artista, como trabajador de la cultura”.

La respuesta de Ramiro frente a la pregunta de qué hay que hacer fue concreta: “hay que afiliarse al Sindicato de Músicos que está vaciado, para recuperarlo con Músicos Organizados, la lista Naranja que es oposición a la dirección burocrática del Sadem (Sindicato Argentino de Músicos)”.

El final fue a toda orquesta, con Ana y Ramiro denunciando la política gubernamental de beneficio del empresariado con subsidios y beneficios impositivos mientras avala el pago diferido del aguinaldo, rebajas salariales y suspensiones. Criticaron la voluntad del gobierno de llegar a un acuerdo con los bonistas y el FMI para pagar la deuda externa, mientras descarga la crisis en los trabajadores, en lugar de imponer un impuesto a las grandes ganancias de empresarios. En nuestro caso debería ser dirigido a las OTT (empresas que transmiten contenidos a través de internet, como Netflix y Spotify).

Aunque Ramiro y Ana esta vez no nos deleitaron con interpretaciones musicales, seguramente tendremos oportunidad de escuchar y ver su arte prontamente, como artistas y luchadores,  su voz  y arte también se hará escuchar en cualquier escenario de lucha.

https://prensaobrera.com/cultura/video-la-internacional-sin-cuarentena/

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19/06/2020

Tigre: despiden a delegados del Centro Médico Talar por reclamar elementos de protección

Mientras suma casi 40 trabajadores contagiados de Covid-19.

El Centro Médico Talar, ubicado en el distrito bonaerense de Tigre, fue noticia  en los medios por la enorme cantidad de trabajadores contagiados de Covid-19, con cerca de 40 casos entre camilleros, administrativos, enfermeros y médicos.


Desde que comenzó la pandemia, los trabajadores vienen denunciando que la patronal no ha brindado los materiales de seguridad y protección, como barbijos N 95, mamelucos anti Covid-19, escafandras y guantes. De esta manera, los obliga a procurárselos ellos mismos.También denunciaron que se incumple con los derechos laborales y el pago de sueldo en tiempo y forma. A partir de estos reclamos, votaron a cuatro delegadas como representación gremial. La organización de los trabajadores permitió que luego de múltiples denuncias y concentraciones en la puerta del centro médico llegaran algunos materiales de cuidado y que la ART reconozca al personal infectado.


Pero para intentar quebrar este proceso de organización, la patronal despidió a tres delegadas y en las próximas horas se espera lo mismo con la otra compañera. La desidia es indignante, ya que una de ellas sigue internada con coronavirus. Este accionar representa un salto en la ofensiva contra los trabajadores.


El Centro Médico Talar pertenece al grupo Basa, que tiene más de 18 clínicas y sanatorios, y contratos millonarios con obra sociales y ARTs. Este grupo empresario acumula ya numerosas denuncias por no privilegiar la salud de los pacientes. Es un exponente de la ausencia total de administración del Estado sobre la salud privada, que sufren las y los trabajadores sometidos a condiciones laborales precarias, sin los equipos de protección personal adecuados, sin que se respeten las licencias correspondientes, con jornadas laborales extenuantes y una alta tasa de contagio intrahospitalario.


El vaciamiento del Centro de Salud Norte y el Sanatorio Pelliza en Vicente López, dejando a 500 trabajadores en la calle es otra muestra. Mientras, el gobierno de Kicillof mete la mano en el IOMA para subsidiar a las clínicas y sanatorios privados de la provincia con 400 millones de pesos por mes. El sindicato de Sanidad que nuclea a quienes trabajan en la salud privada deja pasar todos estos ataques, sin convocar a ninguna instancia de deliberación ni acción de lucha.


Reclamamos la inmediata reincorporación de las despedidas y su reconocimiento como delegadas electas por las y los trabajadores, además del cese de la persecución gremial y que se permitan las afiliaciones sindicales. Exigimos a los dueños del Centro Médico Talar y al gobierno municipal y provincial que se realicen hisopados a toda la planta de trabajadores, al igual que a sus familiares y contactos directos.


También reclamamos que se garantice la entrega de elementos necesarios para la prevención (barbijos, guantes de látex, mascarillas, cofias, escafras, camisolines y desinfectantes), el inmediato pago de los sueldos adeudados, un ingreso mínimo igual a la canasta básica y el cumplimiento del escalonamiento salarial y actualizaciones paritarias. Por la puesta en pie una comisión de seguridad e higiene conformada por los trabajadores, que controle todas las medidas sanitarias a tomar.


Quienes ponen en juego su salud para cuidar la del resto no pueden ser quienes paguen los platos rotos por el manejo criminal de las patronales.



 

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19/06/2020

CABA: proyecto de ley para eliminar subsidios a los colegios Fasta

La iniciativa de Gabriel Solano, del PO-FIT, prevé una comisión de seguimiento sobre la implementación de la educación sexual en escuelas confesionales.

Días atrás se dieron a conocer graves denuncias en redes sociales realizadas por ex estudiantes de las escuelas de la red de colegios de la ultramontana Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), quienes sostienen haber sufrido violencia física y/o simbólica en las escuelas, y denuncian prácticas, doctrinas y mensajes de odio contra las personas LGBTI+.


Por su parte, el Inadi también presentó una denuncia por el contenido de un folleto editado en la propia editorial del grupo, el cual tiene contenidos misóginos y mensajes de odio. El grupo, por su parte, se ampara en el artículo 5º de la Ley de Educación Sexual Integral, que fuera una concesión clave del kirchnerismo a las iglesias, y permite adaptar el dictado de la misma al “ideario institucional”.


En este contexto, el diputado Gabriel Solano, del Partido Obrero-Frente de Izquierda, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley de eliminación de los subsidios a las escuelas de esa red ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Fue acompañado de un pedido de informe para que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta responda al respecto de los subsidios estatales millonarios al grupo y la exención de cargas impositivas.


El grupo Fasta está asociado con los altos jerarcas de la última dictadura militar, con sectores como los de Pando y con la cuestionada Fundación Conin de Abel Albino. A esta organización extremadamente conservadora, retrógrada y oscurantista, el Estado nacional, los provinciales y el porteño le otorgan subsidios millonarios. Informes oficiales recogidos en un artículo de Página12 del 16 de junio dan cuenta de que en 2018 estos sumaron 445 millones de pesos, de los cuales 51 millones corresponden a lo entregado por el gobierno de Larreta. Mientras en la Ciudad seguimos exigiendo la implementación de la ESI y el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, el Estado subsidia grupos antiderechos y defensores declarados de la opresión de la mujer y del desprecio a lss personas lgbti+.


El proyecto presentado por Solano plantea también la confirmación de una comisión independiente de docentes, estudiantes y sindicatos docentes a fin de realizar un seguimiento de la implementación de la ESI en las escuelas confesionales. Sucede que estas representan un elevado porcentaje de las escuelas de gestión privada de la ciudad (que son más de la mitad del total de todos los colegios); pese a ello y a las subvenciones estatales, nunca se mostró un solo informe a propósito de la implementación de la ESI.


Todo el universo de denuncias y las redes relacionales que mantiene el grupo Fasta son una demostración de la imperiosa necesidad y la vigencia del reclamo de la separación de la Iglesia del Estado y de la urgente modificación del artículo 5 de la Ley de ESI.


El Partido Obrero, el Plenario de Trabajadoras y Tribuna Docente sostenemos un compromiso inquebrantable con esta perspectiva.

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19/06/2020

Córdoba: trabajadores de la Maternidad Provincial protestan ante la inseguridad

Denuncian aumento de robos y falta de elementos de protección en sus tareas.

Tribuna de Salud, Directivo UTS (Córdoba)

Los trabajadores de la Maternidad Provincial nos concentramos el día 18 en la puerta de la institución y luego marchamos por la calle Agustín Garzón hasta la esquina de Concordia para exigirle al Estado que se garantice nuestra seguridad y la de los pacientes.


El conjunto de trabajadores de la salud viene padeciendo una inseguridad laboral por la falta de elementos de protección y la “inseguridad” de no llegar a fin de mes por salarios de pobreza. A esto hay que agregarle la inseguridad de los robos, mientras el gobierno provincial no da ningún tipo de respuesta.


La inseguridad en la zona de nuestro hospital se vio acrecentada desde noviembre del año pasado. Esto tiene en el negocio de la droga uno de sus motivos. Se sabe que el narcotráfico crece al contar con  la complicidad y participación del poder político y de las fuerzas de seguridad. Es decir, la inseguridad viene desde arriba, y el gobierno es responsable.


Lo que les trabajadores necesitamos y exigimos es iluminación de los callejones, programas de contención para la juventud, trabajo genuino y que se desmantele el narcomenudeo (regenteado en gran medida por agentes policiales) que hoy mantiene a nuestra juventud bajo el flagelo de la droga.


Si bien la dirección de la Maternidad ha venido realizando gestiones al respecto creemos que no son suficientes. El Estado debe garantizar las medidas de seguridad necesarias a pacientes y trabajadores en hospitales ubicados en zonas rojas como la Maternidad Provincial y el Hospital Misericordia.



 

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Córdoba: Schiaretti y los intendentes también quieren pagar el aguinaldo en cuotas

El gobierno nacional ha presentado un esquema de pago defolteado del sueldo anual complementario (Sac o medio aguinaldo); la medida afecta a todas y todos los trabajadores que cobren un salario bruto de más de $80.000.- casi el 40% de los y las trabajadoras estatales, desdoblándolo incluso hasta en 4 cuotas (La Voz, 17/6).


Esta medida no es otra cosa que una venia a los gobiernos provinciales y los privados para aplicar un ajuste en este sentido y avanzar sobre el salario de la clase trabajadora. Con las cuotas y la pérdida de los salarios estatales contra la inflación (11% en estos primeros 4 meses), prácticamente el medio aguinaldo ya desapareció. Además al “cuotificarlo” irá a compensar los aumentos que las patronales, estatal o privada, no está dispuesta a reconocer incluso cuando hubo acuerdos salariales que así lo establecían, es decir, se aprovecha la cuarentena para avanzar sobre una conquista histórica de los trabajadores: el aguinaldo.


Córdoba no es la excepción y, a la espera de una señal del gobierno nacional, evalúa aplicar la fórmula del ajuste (La Voz, 18/6) haciendo efectivos $33.000 y el excedente del mismo en hasta cuatro cuotas no inferiores a los $1.000; esta fórmula sería bajada linealmente a los gobiernos municipales. El Programa para la Emergencia Financiera Provincial donde está incluida la provincia de Córdoba no es la garantía de pago en tiempo y forma a los estatales. Los fondos de la “ayuda” del gobierno nacional no tienen como destino los salarios de los trabajadores, teniendo en cuenta que el propio Alberto Fernández ya dejó planteado que los aguinaldos son la variable de ajuste. Schiaretti, con una agenda antiobrera implacable, amenaza entre el pago en bonos (que la propia Unicameral ya habilitó) y el desdoblamiento del sueldo anual complementario.


La parálisis de las centrales sindicales o el sometimiento cómplice


A sabiendas de las intenciones de aplicar un brutal ajuste a las y los trabajadores para desviar fondos para el pago de las deudas (nacional y provincial), hoy la Uepc, gremio que nuclea a los docentes cordobeses y uno de los que comprende a una de las mayores masas de trabajadores estatales de la provincia, convocó a una concentración raquítica, con 24 horas de anticipación, claramente con una intención de vaciamiento en la lucha por salarios, el reclamo contra la reforma jubilatoria y el ajuste en aguinaldos, sin olvidar la vuelta a las aulas con un protocolo que no ha sido discutido en las escuelas (que desde el Ministerio de Educación lo están haciendo circular de manera extraoficial) y es a todas luces impracticable.


Mientras la concentración de Uepc ocurría, miles y miles de trabajadores municipales se movilizaban nuevamente por las calles céntricas de Córdoba contra el ajuste de Schiaretti y Llaryora.


El grueso ajuste sigue su curso pero también las luchas obreras. La CGT en lugar de desarrollarlas va de nuevo a una caravana contra la reforma jubilatoria, convocada entre gallos y medianoche, que partirá desde las afueras de la ciudad hacia la casa de gobierno, expresando claramente que desean la menor convocatoria posible, desalentando la participación de las masas, llamando a una “caravana elitista” de docentes y estatales motorizados.


La salida está en la organización de la clase obrera


Tras la gran movilización llevada a cabo por el Plenario del Sindicalismo Combativo el pasado 16 de junio, se prepara para el próximo 22 de junio una jornada nacional de lucha de las organizaciones de jubilados que en Córdoba volverá a movilizarse frente a la Caja de Jubilaciones retiros y pensiones para rechazar el robo de Schiaretti. Queda claro que el canal de lucha en el cual tiene protagonismo la intervención de la clase trabajadora es la garantía para superar el inmovilismo y la entrega de las centrales obreras. Asambleas en cada lugar de trabajo y plan de lucha para enfrentar el pago en cuotas y el intento de licuar el aguinaldo. Pago en tiempo y forma.



 

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19/06/2020

Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires paran el 22 contra el pago en cuotas del aguinaldo

Medida de fuerza virtual ante el ajuste de Rodríguez Larreta.

Secretaria gremial Ademys

A raíz de un fuerte rechazo al pago en cuotas del aguinaldo para estatales y docentes, dispuesto por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta –siguiendo el decreto nacional que otras provincias imitaron-, un paro “virtual” para el próximo lunes 22 va tomando forma en toda la ciudad. Ademys se ha sumado a la medida con un llamamiento a toda la docencia y sindicatos para organizar en una asamblea común del sector las acciones contra este ajuste y contra la Ley de Emergencia votada en CABA que posibilita el congelamiento del salario.


En una medida injustificable, el gobierno nacional y sus pares en las provincias y municipios han comunicado el pago en cuotas del aguinaldo, esperado para el mes de julio, desatando la furia en las escuelas.


El  borrador del decreto presidencial que presentan los medios, cita el cuadro de la crisis internacional y nacional  para explicar este ajustazo. Esto significa una extorsión: hacer cargo a los docentes y estatales de pagar con su salario la crisis capitalista que indudablemente se ha visto agravada por la pandemia. Lo mismo se aprestan a hacer con los trabajadores del sector privado. Estamos ante un ataque general a los salarios.


Y es que el cuadro de ataque a los sueldos viene de todas partes. La inflación creciente viene limando el poder adquisitivo (se estima un 45.5% anual en el mejor de las casos). El “acuerdo” salarial de corto plazo al mes de julio está bajo sospecha -no se sabe si se va a depositar la última cuota- y la Ley de Emergencia de Rodríguez Larreta plantea objetivamente el congelamiento de salarios.


¿Cuál es el impacto en los bolsillos docentes?


El anuncio nacional –aún no se conoce la letra de la resolución de CABA, aunque está confirmada por funcionarios del gobierno– alcanzaría a los que cobran de sueldo bruto entre 50 mil y 80 mil pesos entre julio y agosto y a los de 80 mil y 90 mil entre agosto y septiembre. No estarían alcanzados por esta medida ni los trabajadores de salud, ni de la policía o Desarrollo Social.


La medida del gobierno de Rodríguez Larreta es peor incluso que a nivel nacional y algunas provincias. Para ser gráficos con el zarpazo, aproximadamente el cuadro sería el siguiente:



Maestra de Grado Jornada Completa sin antigüedad, sueldo bruto de $73.060. Cobrará en mano un sueldo de $65.600 y el SAC (aguinaldo) en cuotas, una mitad el 15/7 y la otra el 15/8.


Maestra de Grado Jornada Completa, con antigüedad de 10 años y sueldo bruto de $76.838. Cobrará en mano un sueldo de $65.600 y el SAC en cuotas, una mitad el 15/7 y la otra el 15/8.


2 cargos de Maestra de Grado Jornada Simple, con un salario bruto de $73.466. Cobrará en mano $65.600 y el SAC en cuotas, una mitad el 15/7 y la otra el 15/8.


2 cargos de Maestra de Grado Jornada Simple, máxima antigüedad, con un salario bruto de $98.428. Cobrará en mano $91.322 y el SAC en dos cuotas: una mitad el 15/8 y la otra el 15/9.


Organizar la defensa del salario


Esta avanzada contra el salario contrasta con los enormes recursos económicos que se están comprometiendo para el pago de la deuda externa. Las jubiladas/os fueron las primeras víctimas, al cambiar el gobierno el cálculo de la movilidad por decreto. Los desocupados y trabajadores precarizados están sin ingresos o con un IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) limitado y, ahora, vienen por los salarios de los estatales.


La impostura de la CGT-UDA, que ha firmado las suspensiones con rebajas salariales, de llamar a un “apagón” para el 22, no engaña a nadie. Aunque refleja las presiones y reclamos desde las escuelas. Lo mismo con sindicatos menores, que le firman todo a Larreta.


El reclamo de UTE, sumándose a este apagón virtual en Capital, mientras en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional la Ctera no hace nada, también refleja por un lado las presiones de la docencia, pero por otro el pacto que mantienen como central –CTA y Ctera- con el gobierno de Alberto Fernández. Reclamamos que los sindicatos sean independientes del Estado. Corresponde entonces que UTE llame a un paro y abra paso, junto a la Ctera, a una acción nacional.


En este marco, la iniciativa de Ademys para el 22, que también los Sutebas multicolores están impulsando como parte del sindicalismo combativo e independiente, tiene el objetivo de apoyar el justo reclamo con acciones concretas: paro virtual, llamamiento a los sindicatos a una acción unitaria y una asamblea común de toda la Capital para ver cómo enfrentamos este ajuste en medio de una crisis económica y social y el impacto del crecimiento de la pandemia en Capital y en la región del Area Metropolitana.


Reunamos a los cuerpos de delegados por escuela y hagamos de esta acción del 22 el comienzo de un plan de acción con otros sectores de trabajadores, para defender el trabajo, el salario, y la salud.


 

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Con lo justo, se impuso Marcelo Culotta, en medio de un club acechado por los privatistas.
Sectores oficialistas lanzan una campaña contra los estudiantes que reclaman presupuesto para la educación.
19/06/2020

Córdoba: brote de contagios de Covid-19 en Traslasierra

Los gobiernos provincial y municipal son responsables.

Hay al menos 18 casos de Covid-19 en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba. El brote se produjo por responsabilidad de quienes gobiernan porque no se realizaron los controles correspondientes. La ciudad de Villa Dolores, epicentro de los contagios, vuelve a fase 1, mientras se espera por el resultado de los 300 hisopados realizados. El brote tuvo ramificaciones en la ciudad de La Falda, lugar en donde residen personas contagiadas que habían ido a trabajar al Valle.


Luego de más de 90 días de cuarentena y entrando en una fase de flexibilidad por ser una zona blanca, el pasado martes los pueblos que integran el valle recibieron la noticia de que un efectivo de la policía de Córdoba contrajo coronavirus. El efectivo realizaba actividades dentro del valle, más específicamente en Las Tapias, aledaño a Villa Dolores.


Los medios de comunicación, la dependencia policial y los gobiernos locales se encargaron de hacer saber que el policía no había realizado actividades fuera del valle por lo que esto encendió la alarma a los habitantes de la zona. Porque en el lugar donde se presenta el contagio es la referencia de gran parte de Traslasierra para tramites y compras. Días atrás se había habilitado la libre circulación y las reuniones familiares en todo el corredor departamental de Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.


Luego de que se realizaron las conexiones y los recorridos que el efectivo policial había desarrollado, llegaron a la conclusión que el foco de contagio se podría haber desarrollado en el Banco Nación de Villa Dolores que estaba en mantenimiento por operarios llegados días antes desde la provincia de Buenos Aires.


Luego de los correspondientes hisopados, los tres operarios, la madre y dos vecinos dieron positivo, con lo cual al día de la fecha ya se detectaron siete casos y se está a la espera de los hisopados que se realizaron el día miércoles en la ciudad de Villa Dolores.


Crónica de un contagio evitable


Desde que comenzó el aislamiento obligatorio fueron recurrentes las manifestaciones de la población por la falta de insumos y controles al ingreso al valle por la ruta de las altas cumbres, principal acceso de todas las personas que vienen de la ciudad de Córdoba, como así también ingreso de mercaderías y recursos.


Cabe recordar que hace aproximadamente un mes el personal médico del dispensario de Las Rabonas se vio forzado a renunciar, y entre una larga serie de causas, también se encontraba la ya mencionada falta de recursos e insumos médicos.


Otro de los factores que fueron expuestos desde el principio, incluso por el personal médico, fue el traslado y permanente circulación del personal policial a lo largo del valle, la recurrencia de prestar servicios en zonas rojas de la provincia y la excesiva “flexibilidad” entre el personal policial.


Todos estos hechos, más el recorte en salud, evidenciado en la precariedad en que viven los profesionales, con contratos de tres meses que muchas veces no son renovados, han sido objeto de denuncia por parte de la mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Traslasierra.


La precariedad del sistema de salud del valle, que cuenta solo con ocho respiradores para más de 90 mil habitantes y las pocas ambulancias disponibles son un hecho reprochable antes y durante la pandemia.


En una zona de altísima precariedad e informalidad laboral, donde muy pocos han accedido al IFE, que claramente no alcanza, y donde el pueblo trabajador se ve obligado a salir a hacer changas para llegar a fin de mes, era solo una ilusión creer que nos encontrábamos exentos del virus.


Para garantizar la salud de la población es necesario que se respondan a los reclamos de las y los trabajadores de la salud, y se garanticen los recursos para el aislamiento social: con hambre no hay cuarentena.





 

En esta nota

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19/06/2020

Coronavirus, dengue y violencia institucional en el neuropsiquiátrico Esteves de Temperley

Hay 5 casos de Covid-19 confirmados y 21 en estudio. Los profesionales ya habían denunciado falta de insumos y de personal.

La semana pasada se confirmaron cinco casos de Covid-19 positivos en el hospital neuropsiquiátrico José Esteves de Temperley (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires). Se trata de dos pacientes y tres enfermeras. Además, hay 21 casos en estudio.


La situación general del sector de Salud -donde se denuncia constantemente la falta de insumos, personal e infraestructura para abordar la crisis sanitaria que implica el crecimiento de la curva de contagios, y por consiguiente la gran exposición- se hace aún más grave en los hospitales psiquiátricos, por sus particularidades. En el caso del Esteves, hay alrededor de 600 mujeres internadas y la mayoría son de edad avanzada (46% arriba de los 60 años) y con comorbilidad -un combo muy peligroso.


Una bomba de tiempo


A fines de mayo, el Órgano de Revisión Nacional de la Salud Mental dispuso que en todos los hospitales monovalentes debía realizarse el testeo PCR, tanto al personal como a su población. Es que los hospitales neuropsiquiátricos son bombas de tiempo -parecidos a las cárceles- donde los contagios masivos son cuestión de días si no se toman las medidas necesarias. No solo por la concentración de gente, sino porque el personal que trabaja en esos hospitales también trabaja en otros nosocomios.


Las dos directoras del Esteves, María Rosa Roere y María Isabel Hartfiel en notas a medios locales y nacionales se dedicaron a relativizar la importancia del testeo masivo (Inforegión, 1/6) y a alabar al gobierno provincial de Axel Kiciloff y al municipal de Martín Insaurralde (Página 12, 25/5), asegurando que todo estaba bajo control pocos días antes de los casos positivos.


Pero mientras tanto, las y los trabajadores del hospital exigían la finalización de una obra para habilitar una sala de aislamiento preventivo, que evitaría la difusión de la enfermedad al reducir la circulación de los posibles contagiados (Auno, 2/6). También mejores insumos de bioseguridad, ya que el equipo de trabajo no es el que corresponde. Una enfermera denunció que “lo que tenemos es un camisolín de friselina, una máscara de plástico que no cubre bien y en un primer momento nos daban un solo barbijo para seis horas de trabajo, siendo que solo sirven durante dos horas, no tienen nada controlado” (Inforegión, 11/6).  Finalmente, denunciaban la falta de personal: para atender a las más de 600 pacientes. Este hospital funciona con cuatro médicos clínicos y un promedio de una enfermera cada 30 mujeres.


Por otro lado, en ese mismo pedido se remarcó que las licencias para el personal de salud son un derecho, y no se están respetando. Fue lo que ocurrió con María Esther Ledesma, del Gandulfo (también en Lomas de Zamora) quien solicitó seis veces la licencia antes de enfermar y morir por el coronavirus. Si faltaba algo para completar el cuadro, también se denunciaron casos de dengue positivos, lo que muestra la decisión de ni siquiera disponer recursos para evitar que una población tan vulnerable como las mujeres internadas en el Esteves y las y los profesionales que trabajan allí, estén expuestos incluso a enfermedades totalmente prevenibles.


Todo esto se planteó antes de que aparecieran los contagios. Si las autoridades y el gobierno de Insaurralde hubieran tomado en cuenta los pedidos de las y los trabajadores, quizás se hubieran podido evitar los contagios.



Mujeres, locas y pobres


La situación de vulnerabilidad de las internas del Esteves no es una novedad de la pandemia. El nivel brutal de violencia institucional que se ejerce contra ellas viene de mucho mas atrás. Por ejemplo, en 2016 varias denunciaron abusos sexuales y físicos por parte de un hombre de la limpieza, Abel Bordón, el cual hasta el año pasado seguía cumpliendo “funciones administrativas” en el hospital, aun cuando estaba imputado por abuso sexual con acceso carnal, según consta en la causa abierta en la UFI 9 de Lomas de Zamora. Las autoridades del hospital nunca dieron explicación alguna de esto (Infobae, 4/9).


Asimismo, la denuncia de las internas habilitó una investigación de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) cuyos resultados fueron lapidarios: violencia física y sexual, sobremedicación y uso de psicofármacos como castigo, vejaciones de todo tipo, mala alimentación, aislamiento forzoso durante días enteros, hacinamiento, esterilizaciones y abortos forzados, y podemos seguir enumerando. El informe de violencia institucional de la CPM de ese año determinó que la tasa de mortalidad en el sistema de salud mental bonaerense es incluso mayor que la de las cárceles. En el caso del Esteves, murieron 28 mujeres en 2018 (Infobae, 4/9/19).


En todo neuropsiquiátrico hay situaciones de arrasamiento de la personalidad y condiciones de vida denigrantes y violentas. Basta recordar que hace poco un interno del Hospital Borda murió tras ser atacado por una jauría. Sin embargo, en el ámbito del hospital mental femenino se entrecruza la violencia institucional que implica el encierro como forma de tratamiento para “curar” la enfermedad mental, con la violencia de género y la violencia económica. La mayoría de estas mujeres llevan años de institucionalización, han sido abandonadas por sus familias y son mujeres pobres. Muchas de ellas, antes de terminar encerradas, pasaron por todo de tipo de violencias y abusos en sus hogares o en otras instituciones. Casi todas fueron internadas por algún familiar y luego, como no tenían adónde ir, se quedaron allí. Así como en el caso de las mujeres que delinquen y son privadas de su libertad, las “locas” son mujeres que se han alejado del estereotipo de mujer “normal” del régimen capitalista, y el encierro en el manicomio, lejos de buscar “curar”, es una forma de castigo.


Más allá de que la “desmanicomialización” fue planteada para inicios de este año en la ley de Salud Mental de 2010, y ningún gobierno hizo nada para garantizarla, los gobiernos municipal y provincial sí deberían haber tomado medidas para no agravar con la pandemia las condiciones de vida de estas mujeres en contexto de encierro en el Esteves. Sin embargo, en 90 días no ha habido mejora alguna en ese sentido.


Mas que nunca necesitamos ampliar la deliberación entre los y las profesionales de la salud de todos los ámbitos para exigir al gobierno la centralización del sistema de salud. Necesitamos la disposición de recursos económicos, que en lugar de ir a pagar la deuda deberían dirigirse a garantizar el acceso a la salud de calidad a toda la población, incluida aquella que vive en contexto de encierro.



 

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19/06/2020

SOS Universidad: el recorte presupuestario pone en peligro nuestras facultades

Defenderlas es algo que está en nuestras manos

 


Decir que la falta de presupuesto hace peligrar la existencia de la Universidad y la Educación Superior en la Argentina no es una exageración. El congelamiento de la partida, a partir de la extensión “automática” del Presupuesto 2019 por parte del gobierno de Alberto Fernández, deja raquíticos recursos para que funcionen todas y cada una de las facultades y casas de estudio del país. Esto profundiza el ajuste que durante años llevó adelante el macrismo y la gestión de Bullrich- Finocchiaro y los anteriores gobiernos. La necesidad de salir a defender la Universidad está más presente que nunca.



Volvieron peores


Un dato simple ya puede indicar muchas cuestiones: El último Presupuesto Nacional (y, por ende, la última partida educativa) fue votado en Diciembre del 2018, cuando el dólar oficial se encontraba alrededor de los 36 pesos. Desde aquel momento a Mayo del 2020 hay acumulados, según el Índice de Precios al Consumidor, más de 65% de inflación. Es decir, hay una liquidación sustancial de lo que el Estado otorga a los niveles educativos.


Dentro de ese rubro, el 70% de la parte destinada a “Educación” en el Presupuesto va a las 57 Universidades Nacionales, que recibieron para su funcionamiento partidas mensuales de alrededor de 849 millones de pesos en 2019 y sólo 3 millones más en cada mes del 2020. Esto equivale a un aumento irrisorio, formal  y casi inexistente del 0,33%. El peligro que esto genera para la Universidad está a la vista.


No obstante, este ajuste es aún más grande si se pone la lupa sobre el escrito. La pandemia ha traído consigo a la Universidad la llamada “Educación a Distancia”, lo cual encarece los costos de una cursada normal, en términos de inversión en infraestructura digital de las instituciones, les docentes y les estudiantes; horas extras de quienes dan clase, entre otras cosas. La virtualización hubiera implicado una inversión mayor al Presupuesto (que, ya dijimos, no existe como tal) pero la asfixia presupuestaria hace que lo paguen los docentes con más precarización y franja horaria laboral y les estudiantes con la deserción.


Pero, además de esto, pueden observarse otras consecuencias concretas de esta falta de recursos. Tanto en la UBA como en la Unlp, las comisiones de presupuesto de los Consejos fueron suspendidas hasta nuevo aviso; el gobierno no solamente congeló sino que a muches estudiantes no les paga la Beca Progresar, algo que sucede con muchas de las becas de las Universidades (por ejemplo la Sarmiento en la UBA, la “beca de emergencia” en la UNLP o la escasa distribución de partidas en la Universidad nacional de Salta); fue anulada la cláusula gatillo para les docentes universitarios (reducción del 5%), les docentes quedaron fuera del pago de los bonos para trabajadorxs estatales y sin paritaria de este año; y así podríamos seguir.


Por su parte, vale remarcar que las organizaciones que responden al actual gobierno nacional no abren la boca frente a este atropello. La Mella-Patria Grande, La Cámpora, Cepa y demás hacen silencio de radio frente a este presupuesto de miseria priorizando sus lazos, ya no de cooptación, sino de integración plena al gobierno nacional. Mientras Alberto Fernández deja las universidades como último orejón del tarro, paga la deuda en plena pandemia y crisis total, suspende la movilidad jubilatoria, paga el aguinaldo en cuotas y demás, deciden mandarse a mudar y decir ridiculeces en Twitter. El “Patria sí, colonia no” se quedó en la puerta de las facultades y no entra al “Zoom” de las clases virtuales.


Es claro que el gobierno nacional utiliza la no votación del Presupuesto para ajustar a gusto y piacere sus gastos, ya que la prioridad hoy la tiene el rescate a los capitalistas y el pago de la deuda externa. El autoproclamado “gobierno de científicos” ha hecho un milagro que la ciencia seguro podrá explicar, pero deberá investigar bastante: empeorar la política universitaria del macrismo y profundizar los ataques a la misma. Volvieron peores.



La Franja y el macrismo borran con el codo


Sí sorprendió que el bloque parlamentario de Cambiemos (con Emiliano Yacobitti a la cabeza) haya mostrado su “preocupación” por esta situación, Mientras esto ocurría  la FUA de la mano de la Franja Morada, salió en la red social Twitter a declararse contra el “Ajuste Presupuestario”, para lo que recibió el apoyo, en un acto que roza el ridículo, del ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro.


Esto resulta un acto de hipocresía por varias cuestiones. En primer lugar, todes fueron parte de la administración macrista (de hecho el presidente de la FUA es concejal en Tandil de Juntos por el Cambio) que vapuleó a Universidad. Empezó buscando el presupuesto del 0% y el recorte nominal de 65 millones (algo con lo que tuvo que retroceder por la rebelión de mayo del 2016).  No obstante, los ataques presupuestarios continuaron. Sólo para tomar un par de ejemplos. El presupuesto 2019 trajo consigo un recorte de más de 15 puntos en la partida de Ciencia y Técnica (y Macri destinó 16 veces más a pagar intereses de deuda) mientras que el Presupuesto 2020 de Hernán Lacunza (nunca votado) pasaba la partida de 144 mil millones de pesos a 195 mil, es decir, un aumento del 35,4% frente a una inflación de un 53,8%, dejando un saldo de más de 18% de caída en términos reales. Y todos estos datos no incluyen la subejecución presupuestaria, moneda corriente del gobierno de Macri y la Franja, que se fue de la Rosada con una denuncia de deuda de 5 mil millones de pesos con las Universidades Nacionales.


La asfixia presupuestaria fue sólo una parte de la política antieducativa del macrismo. La otra cara de la moneda fue el deterioro de las carreras de grado, que avanzó con el Sistema de Reconocimiento Académico y la Resolución 1254, que  impuso un recorte a las actividades reservadas de los títulos universitarios. Vale aclarar que uno de los principales autores de esta resolución en el gobierno de Cambiemos, Jaime Perczyk (ex presidente del CIN), hoy es Secretario de Políticas Universitarias de Trotta y Alberto Fernández. El ataque a la universidad es política de Estado, gobierne quien gobierne.


No obstante, no es solo el pasado lo que mancha a Cambiemos. La UCR co-gobierna las 57 Universidades Nacionales con el peronismo, sin hacer mucho más que un pataleo en las redes. La Franja Morada, a su vez, no convocó a una asamblea ni de la FUA, ni de la Fuba (que conduce junto al Albertismo) ni otorgó ningún canal de organización ni frente a la falta de presupuesto ni ante los problemas de la virtualidad. En el Congreso nacional, la UCR votó sin chistar ni pedir recursos la “educación a distancia”. La única diputada que llevó al Parlamento una reivindicación estudiantil fue Romina del Plá (PO-FIT-U), que propuso el proyecto de aumento de la Beca Progresar a 10.000 pesos, no tratado en el congreso por la negación de macristas y kirchneristas. Ni la Franja ni Cambiemos puede borrar con el codo lo que firmó con la mano tanto tiempo.



¿Cómo defendemos la universidad?


El ataque presupuestario tiene un objetivo, con el gobierno pasado y el actual: el pasaje de recursos para el capital financiero y el pago de la deuda. Hoy, el presupuesto (no solo educativo) que rige la vida económica de la Argentina está monitoreado por el FMI y al servicio de los bonistas.


Este cuadro abre un interrogante: ¿Cómo enfrentamos esta política?. Las autoridades universitarias de todo tipo y color acompañan desde hace años el ajuste a la cartera universitaria.  Las agrupaciones estudiantiles vinculadas a Cambiemos responden a este régimen y fueron parte del gobierno de Macri que destruyó la universidad. Cualquier discurso en defensa de lo público es para la tribuna. Las organizaciones que responden al gobierno, por su parte, ni siquiera tienen un discurso, y prefieren no decir nada para ayudar a hacer pasar este ajuste.


Este panorama deja una conclusión en puerta. La defensa de la universidad está en manos de estudiantes, docentes y no docentes que debemos salir a pelear sin ninguna atadura al gobierno de turno o a los diferentes colores políticos del régimen universitario. Para esto no empezamos de cero. En 2018 dimos una gran pelea en defensa del presupuesto y del salario de nuestres docentes, que fue concluida por la burocracia sindical kirchnerista y sus aliades estudiantiles. Son esas reservas de lucha que tenemos que poner nuevamente en pie las que se requieren para defender nuestros lugares de estudio.


Desde la UJS, entendemos que es fundamental abrir un cuadro de deliberación organización y lucha lugar por lugar. Esto implica, a nuestro entender, desarrollar un programa en todos los lugares, mediante asambleas y reuniones abiertas, que ponga arriba de la mesa la necesidad de un aumento de emergencia y la triplicación del presupuesto universitario y educativo; la necesidad de aumentar la Beca Progresar a 10.000 pesos; la lucha por la paritaria y la cláusula gatillo de nuestres docentes; la pelea por las condiciones de cursada, tanto en el marco presencial como el virtual.


Esta lucha tendrá que realizarse con independencia política de los gobiernos de turno y de las autoridades, impulsores y cómplices de este ajuste brutal. La defensa de la universidad está en nuestras manos.

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19/06/2020

Neuquén: todas las luchas presentes en la charla virtual con Gabriel Solano

El miércoles 17 por noche se llevó a cabo por medio virtual, una gran charla que reunió a un centenar de compañeros y compañeras de toda la provincia, que intercambiaron con Gabriel Solano sobre la situación política nacional, la crisis económica mundial, la luchas de los trabajadores y la necesidad de construir una alternativa política de la clase obrera. El debate se enmarcó en la campaña que se desarrolla con la salida del manifiesto político del Partido Obrero.


De la actividad participaron mineros de Andacollo, docentes desocupados que están luchando junto a Tribuna Docente por la cobertura de horas y cargos, militantes de Polo Obrero, trabajadoras de la Clínica Cutral Co, empleados de comercio, periodistas, estudiantes terciarios y universitarios, y militantes del Partido Obrero de Neuquén capital, Plottier, Cutral Co, Zapala, Chos Malal, Andacollo, San Martín de los Andes. Fue muy destacada la presencia de las trabajadoras de limpieza de Villa La Angostura, que se organizan por sus derechos contra un régimen de tercerización laboral.


El informe político de Gabriel Solano caracterizó el pase de la recesión económica mundial a una depresión, surcada por la destrucción masiva de puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones de vida de las masas. Destacó el valor del manifiesto político lanzado por nuestro partido puesto que permite realizar un juicio histórico de la clase capitalista, ya que si algo ha expuesto la pandemia es la responsabilidad de todos los gobiernos en la crisis. Se analizaron también los principales debates de la vida nacional, como es el caso Vicentin, el acuerdo para el pago de la deuda, y resaltó la campaña del impuesto a las grandes fortunas del Frente de Izquierda


Luego intervinieron compañeros y compañeras comentando cada conflicto. Las compañeras de Villa La Angostura desde el hospital señalaron el cuadro de precarización laboral y su lucha por el pase a planta, lo mismo sucedió con las compañeras de Clínica Cutral Co. Cada intervención reflejó la inserción de nuestro partido en cada lucha de la provincia.


Cesar Parra, dirigente del Polo Obrero, destacó el valor de la jornada nacional realizada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, que ofició como un gran reagrupamiento de las luchas. Contrastó la campaña por el impuesto a las grandes rentas y fortunas con la orientación que han tomado las direcciones de los sindicatos estatales y privados que acompañaron el reclamo del gobierno neuquino por el llamado “barril criollo”, sumándose al lobby para que el Estado financie a las petroleras.


Patricia Jure, legisladora del Frente de Izquierda, destacó la importancia de impulsar el apoyo de toda la clase obrera  al proyecto de gravar con un impuesto a los capitalistas, con una gran campaña de firmas. También subrayó la necesidad de erigir una alternativa política para el triunfo de todas las luchas, y para ello el desarrollo y crecimiento del Partido Obrero y sus agrupaciones a lo largo y ancho de toda la provincia, sumando más militantes y cientos de aportes a la Campaña Financiera.


Las conclusiones del debate giraron entre el apoyo a fondo de cada lucha de los trabajadores y la necesidad de concentrar los esfuerzos en la lucha para que la crisis la paguen los capitalistas.




 

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19/06/2020

Femicidio de Verónica Tottis: buscan apartar a la fiscal, pero las pruebas contra Saluzzo son contundentes

Un rastreo satelital revela que el marido, familiar del vicegobernador de Córdoba, se encontraba en el lugar del crimen.

Julio Saluzzo (45) es el único detenido por el crimen de Verónica Tottis (44), su esposa. Cuando hallaron el cuerpo de la mujer, hace dos semanas, estaba calcinado dentro de una camioneta 4×4 incendiada a la orilla de la ruta, entre Villa del Rosario y Río Segundo (provincia de Córdoba). Los estrechos vínculos de la familia de Verónica con las altas esferas del poder y el gobierno de Córdoba componen todo el escenario. Su marido, Julio Saluzzo, es primo hermano de Manuel Calvo, el vicegobernador de la provincia y presidente de la Legislatura de Córdoba. Además, Saluzzo es contratista del Estado provincial y es un conocido apadrinador del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. En medio de las muertes ocurridas a comienzos de este año en la práctica de la doma y las denuncias sobre maltrato animal, la Legislatura Unicameral, que preside Calvo, destinó un presupuesto suculento para financiar el cuestionado festival.


La fiscal a cargo de la investigación, Patricia Baulies, indicó que había pruebas contundentes para presumir que se trató de un femicidio pergeñado por el marido de la víctima. Los abogados defensores la recusan por “animosidad”. Cuando Baulies ordenó la detención de Saluzzo remarcó que, además de las pruebas materiales y testimoniales, contaba con pruebas objetivas (científicas y técnicas) que incriminan al viudo. Se trata del rastreo satelital del teléfono celular, que revela que el imputado se encontraba en el lugar del crimen a la hora que éste se ejecutó. Sin embargo, Saluzzo declaró haber estado en otra localidad al momento de los hechos. Mientras que el intercambio previo de mensajes y llamadas con Verónica, también lo involucra (La Voz del Interior, 9/6).


Por lo tanto, existen evidencias concretas en las que se apoyó Patricia Baulies para imputar a Julio Saluzzo por femicidio. No obstante la defensa, lejos de explicar acerca de las rotundas contradicciones de su cliente, señala que la fiscal actuó mal porque reveló el “móvil del crimen”, que serían los celos (La Voz del Interior, 16/6). Así se corre el eje de la causa, con la pretensión de sacar del medio a quien puso nombre y apellido al presunto victimario. ¿Acaso se trata de un artilugio para garantizar la impunidad?


Los antecedentes de la (in)justicia burguesa, cuando los acusados tienen vínculos con el poder, nos habilitan para dudar de cada paso que se da. La reminiscencia del crimen de Nora Dalmasso es innegable. Y los lazos de Saluzzo no son menores; su devoción por los espectáculos basados en el sometimiento, tampoco. Se trata de negociados -y orientaciones-, donde el Estado provincial comulga históricamente con sus arcas.


Casi de manual, pero…


El día que la justicia ordenó la detención de Saluzzo, Patricia Baulies manifestó ante la prensa que “no había denuncias previas porque estaban en un círculo de violencia”. “No significa que no haya habido violencia, de hecho por eso va la calificación (femicidio)”, subrayó la letrada. Acerca de las causas, “son problemas de pareja, lo ‘normal’ en estos casos de femicidio: celos, persecuciones”.


Baulies se encargó de remarcar que se trató “netamente” de un problema de pareja de larga data, “un problema de violencia de él hacia ella”. Y aunque aclaró que la investigación aún continúa, sostuvo que “esto no tiene que ver ni con el poder, ni con el dinero”, “es un caso más de violencia de género”.


En el mismo sentido, precisó que “cuando en Derecho hablamos de femicidio, hablamos de una relación asimétrica de poder, donde un hombre ejerce una dominación y una subordinación”.


No obstante, la “perspectiva de género” con la que los gobiernos nacional y provincial pretenden subsanar a la justicia, hoy pone en jaque a la misma fiscal, que sin correrse de la línea está a punto de ser removida, sin que el Ministerio de la Mujer de la provincia emita consideración alguna. Dicho de otra forma, la Ley Micaela no resuelve el problema de fondo: los intereses de clase que tienen las instituciones del régimen.


Por eso, desde el Plenario de Trabajadoras impulsamos la creación de un Consejo Autónomo de la Mujer, con presupuesto e independencia política. De la misma manera, los jueces y fiscales deben ser elegidos y revocados directamente por las mujeres. El movimiento de mujeres en las calles es el único que puede garantizar justicia y #NiUnaMenos.


 

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19/06/2020

Casinos de la provincia de Buenos Aires: nuevos ataques contra los trabajadores

Seguimos reclamando la compensación salarial

Como señalábamos hace 20 días  los trabajadores de los casinos de la provincia de Buenos Aires continuamos sin respuestas a nuestros reclamos. A tres meses del cierre de las salas de juego nuestros ingresos han sido amputados en el mejor de los casos en un 50%. Hay compañeros y compañeras, único sostén de hogar, que con ingresos de 15 mil pesos, están teniendo serias dificultades para alimentar a sus familias. Muchos han sumado changas y labores precarias para sobrevivir, como aquellos devenidos en repartidores. De esta forma no hay cuarentena posible. Este señalamiento en modo alguno debe interpretarse como una defensa de la vuelta al trabajo, muy a pesar de la patronal del Instituto Provincial de Loterías y Casinos y los empresarios del juego privado que han avanzado en el diseño de protocolos y ajustan a sus propios trabajadores. No hay garantías sanitarias para la reapertura de la actividad en el cuadro de la pandemia que ofrece día a día récords de contagios, y tampoco condiciones económicas para satisfacer nuestras necesidades. El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López, deben firmar ya el decreto de compensación salarial.


Como contraparte de lo destacado, Kicillof y la presidencia del Ioma usan los aportes salariales de los afiliados para rescatar con $400 millones mensuales a las clínicas y sanatorios privados que lo requieran, sin exigir siquiera que muestren públicamente sus números contables, para analizar su aparente necesidad real de auxilio, con un financiamiento trucho a devolver en 12 cuotas, a tasa cero y con el homologado encarecimiento de prestaciones y servicios. ¡Un verdadero fraude a los afiliados! Una verdadera centralización del deteriorado sistema de salud que médicos, enfermeros y personal sanitario denuncian hace años, debería ir en sentido contrario: estatización provincial de clínicas, sanatorios y laboratorios bajo control de sus trabajadores y afiliados. El Ioma no es un banco, abajo el vaciamiento de nuestra obra social.


Golpe a golpe…y otro golpe


El gobierno nacional de Alberto Fernández, el de CABA de Rodríguez Larreta y el bonaerense de Kicillof cierran filas y acaban de anunciar pública y formalmente las “instrucciones” para cuotificar el pago del aguinaldo, conquista histórica obrera. Se verán afectados aquellos compañeros estatales y docentes que hayan tenido un salario en el semestre superior a los 80 mil pesos brutos (algo así como 63 mil de bolsillo). No hay ninguna razón para hacerlo y es una vulneración de un derecho conquistado e institucionalizado. Debemos rechazar de plano el pago del medio aguinaldo en cuotas. Estos gobiernos  marcan de este modo una orientación no sólo para otros gobernadores e intendentes, sino también para las patronales que aprovechan cada maniobra para ser rescatados por el estado, que como si fuera poco lo hace con la plata de los jubilados de la Anses. Son estas las condiciones que imponen los acreedores y especuladores de la deuda ilegal y fraudulenta a los gobiernos. Cláusulas a las cuales estos ceden descargando el ajuste sobre los trabajadores y sectores populares para obtener fondos para pagarla.


Con una inflación creciente, salarios congelados (sólo nos dieron 4 mil pesos a cuenta de las paritarias que nunca se habilitaron), una canasta alimentaria que se hincha sin interrupción y una canasta familiar real que ronda los $65.000 pesos, no hay otro camino que asumir la lucha como propia y en unidad, dado el pacto social suscripto por la CGT y la pasividad de la CTAs. Las conducciones sindicales de AMS y la Aecn integradas al estado, han repudiado el pago en cuotas del aguinaldo, pero se están ocupando de “construir la relación política” con el gobierno provincial, sin convocar al conjunto de los trabajadores para deliberar y diseñar un plan de lucha. El método para avanzar en un plan de acciones y defender nuestros derechos es el que han levantado los delegados de base, los compañeros independientes, las bases y las agrupaciones opositoras, que con sus diferencias han crecido en organización. Es necesario que se sigan sumando más compañeros, también los de maestranza y administración, que honestamente quieran luchar de manera independiente del gobierno. Este agrupamiento no puede ni debe esperar nada de la burocracia sindical que hace años está integrada al patrón. Pero nunca debe dejar de denunciar su rol de contención del gobierno que toma medidas contrarias a nuestros intereses de clase trabajadora. Tampoco debe permitir el lavado de cara de quienes fueron parte de las conducciones que posibilitaron la precarización, la caída de ingresos, la desmejora de las condiciones de trabajo, el enorme avance de los privados y el vaciamiento de los casinos estatales y que de la noche a la mañana pegaron el portazo por no poder hacerse con mayores prebendas y protagonismo. Por último no debemos claudicar en exigirle a nuestro patrón que respete los derechos de los trabajadores. Es el estado provincial, con Kicillof a la cabeza, el que debe satisfacer nuestros justos reclamos.


La crisis, agravada con la pandemia, no puede ser pagada por los trabajadores. Debemos rechazar el pago de la deuda y apoyar el único proyecto de impuesto a las grandes fortunas, patrimonios y ganancias que hasta ahora entró al Congreso Nacional. Que la crisis la paguen los capitalistas.


Recomposición salarial ya remunerativa, bonificable y retroactiva. Apertura de la discusión salarial


Pago del aguinaldo en una única vez y a tiempo. No a la cuotificación.


Pase a planta permanente de todos les compañeros.


Derogación de las resoluciones de cierre de la exgobernadora Vidal de las salas de Mar de Ajó y Necochea.


Apertura de los libros contables de los Casinos y empresas concesionarias de “tragamonedas” y servicios, bajo control de los trabajadores


Que el gobierno garantice el cobro integral de los ingresos mientras las salas de juego permanezcan cerradas con indexación por inflación.


Defensa inclaudicable del salario, el aguinaldo, el Ips, la Anses y el Ioma.


Convenio colectivo de trabajo


Solidaridad con los trabajadores de las empresas privadas del juego. Respeto por sus derechos.


Solidaridad con todas las luchas obreras y populares.


Impuesto a los pulpos del juego y las grandes riquezas


No al pago de la deuda externa del FMI y los bonistas


Que la crisis la paguen los capitalistas



 

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19/06/2020

La Plata: trabajadores de Mostaza denuncian que les adeudan salarios desde hace meses

Los trabajadores de los Fast Food tenemos que ponernos de pie por nuestros reclamos.

A través de un comunicado público, los trabajadores de uno de los locales que la cadena de fast food Mostaza tiene en La Plata difundieron fuertes denuncias sobre los incumplimientos salariales por parte de la patronal. Esta situación se suma a los atropellos que vienen llevando adelante las distintas cadenas en todo el país.


El comunicado saca a la luz una situación de ataques y recortes salariales previos a la pandemia, pero que se tornan más graves en este marco. La patronal adeuda la mitad de los salarios de mayo, parte del salario de abril, el ítem por presentismo y premios de meses anteriores. Además, se encuentran atrasados los pagos de los aportes jubilatorios.


No es un caso aislado en la ciudad de La Plata. Las empresas han aprovechado la cuarentena para profundizar los ataques contra los trabajadores, avanzando con la flexibilización laboral y los recortes salariales. Incluso se han aprovechado del subsidio que otorga el Estado por el programa ATP para el pago de salarios, aplicando descuentos que llegan a dejar los recibos de sueldo en saldo negativo, es decir ¡en deuda con la empresa! Eso obliga a que tengan que trabajar aun quienes están con licencias por ser parte del grupo de riesgo del virus.


Frente a esta situación desesperante el sindicato de Pasteleros solo se ha limitado a realizar algunas audiencias y reuniones con la patronal, pero sin obtener respuestas concretas a los reclamos. Es necesario abrir un proceso de debate entre los trabajadores de cada sucursal para organizar un movimiento de lucha en defensa de nuestros derechos, ante la ofensiva que las empresas desarrollan en complicidad con el Estado y el sindicato.


Exigimos el pago del 100% de los salarios adeudados, y que las empresas se hagan cargo íntegramente de nuestro sueldo en lugar de seguir vaciando la caja de jubilados. Reclamamos el cumplimiento de las licencias para aquellos que conforman el grupo de riesgo, y licencias pagas para aquellos que convivan con personas en esa situación.


Con esta perspectiva, llamamos a los trabajadores de fast food a sumarse a la agrupación Combo de Lucha, y a dejar su denuncia en el relevamiento que reproducimos a continuación.



 

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Policía bonaerense acribilla a un joven en Berazategui

Las atribuciones especiales a las fuerzas de seguridad de Berni y Kicillof.

Este martes pasado, en la ciudad de Berazategui, la Policía Bonaerense mató a balazos, en pleno centro, a un joven de 22 años, Diego Arzamendia, al intentar huir por ser identificado como cómplice de Augusto Iturralde (23 años); éste último ejecutado también, el domingo 14 de junio por la noche, en Plátanos, al menos con nueve disparos, por un policía de la Ciudad de Buenos Aires, en una supuesta situación de robo donde ambos jóvenes se trasladaban en moto y donde Diego lograra huir.

 

Tanto Augusto como Diego eran de Villa Mitre: un barrio humilde y uno de los sectores más vulnerables, golpeados por la pandemia, azotado por la desocupación y el flagelo de la droga. Este ensañamiento con los jóvenes de las barriadas empobrecidas se puede ver claramente en el video subido a las redes, cuando una gran cantidad de efectivos rodean a Diego, de quien no se sabe a ciencia cierta si portaba un arma blanca o un destornillador, para luego efectuarle al menos cinco disparos con total alevosía, en una situación que la policía tenía, por demás, controlada.

 

(El video contiene imágenes sensibles)

 

 

 

Aduciendo legítima defensa y justificando los asesinatos, las fuerzas represivas cuentan con las atribuciones especiales que el gobernador Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni otorgaran a las fuerzas de seguridad; que tienen además la venia del intendente Juan José Mussi, integrante del Frente de Todos, con ellos.

 

Este caso de gatillo fácil no es un hecho aislado en Berazategui, donde ya se registraron aproximadamente tres casos más de este accionar. Como el asesinato del pasado 24 de mayo, de Alan Maidana, por la Policía Federal, donde familiares, amigos, agrupaciones sociales y políticas marcharan en reclamo de Justicia. Como es evidente no son casos aislados sino que es una política de Estado, que se vale de la cuarentena para desplegar las fuerzas represivas y militarizar los barrios y amedrentar así a la población.

 

Exigiendo justicia por todas las víctimas de gatillo fácil. Se deben investigar a fondo estos hechos y determinar las responsabilidades penales de los intervinientes. Fuera la policía asesina y el despliegue represivo de nuestros barrios. Pongamos la cuarentena bajo control de los trabajadores y vecinos.

 

 

 

 

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19/06/2020

Ciudad de Córdoba: avanza la “provincialización” del sistema educativo municipal

Detrás de la pasividad anticipada para personal de escuelas, una política de desguace y ataque al convenio.

Desde que Martín Miguel Llaryora se consagró como intendente electo de la Ciudad de Córdoba, la Lista Fucsia del Suoem (integrante de la Coordinadora Sindical Clasista) alertó sobre la posibilidad de la “provincialización” del convenio, caracterizando que esta consistiría en la progresiva equiparación con el régimen laboral de la provincia, cuyos docentes cobran un salario inicial de $36.000 contra los $54.000 del municipal.


La primera medida de Llaryora fue requerir la ordenanza de emergencia con superpoderes, para reordenar las partidas presupuestarias y establecer reestructuraciones de áreas y funciones. A partir de allí, comenzó una saga de ajuste que no ha concluido.


Los municipales recibieron, con la sanción de la ordenanza 13.033, un recorte en una hora de la duración de la  jornada laboral, que significó  la reducción del 15% del salario. En aquellos agentes cuya duración es menor a 7 horas, la medida se implementó con el pase de ítems a sumas no remunerativas –como es el caso de la bonificación por título y el refrigerio (5% del salario en blanco). Antes habían sufrido el recorte de horas extras y prolongaciones de jornada, dejando en claro que el objetivo es atacar el salario de conjunto.



Qué pasa en el sistema educativo municipal


En educación, el ajuste adquirió una fisonomía particular, ya que para achicar las erogaciones de la repartición eliminaron las guardias (adicionales de policía) de escuelas y jardines maternales, no efectivizaron los actos públicos de docentes de ramos especiales (procediendo con esta medida al despido de hecho de más de 40 agentes de planta transitoria) y recortaron los pagos a las empresas de limpieza, quienes trasladaron la medida automáticamente sobre los empleados.


En los últimos días se conoció la resolución 290-2020, que amplía la oferta de pasividad anticipada a docentes que se encuentren en tareas pasivas permanentes y les faltan 10 años para la edad jubilatoria. La resolución señala que “las vacantes que se produzcan por el egreso de los docentes con tareas pasivas permanentes (…) serán suspendidas del presupuesto general” -es decir, que no serán cubiertas. Están en condiciones de adherir unos 180 docentes que integran un listado, que pasarían a percibir de bolsillo entre un 50 y un 60% de sus salarios netos.


La pasividad anticipada implicará la disminución de personal que en las escuelas realiza tareas administrativas, organizacionales, comunitarias y pedagógicas de importancia para el funcionamiento institucional, aunque no estén frente al aula. Son las secretarias, bibliotecarias, coordinadoras de cooperadoras escolares, integrantes de redes comunitarias que otorgan una impronta valiosa a las escuelas municipales en su nexo barrial.


Apoyamos a quienes opten por esta posibilidad porque la medida es voluntaria. Al mismo tiempo, señalamos que detrás de una medida que pretende vestirse de “reconocimiento moral” (sic) se encubre una acción más destinada al vaciamiento de la repartición, ya que la carta para adhesión ha llegado también a docentes que están en actividad.


Por si fuera poco, de boca de funcionarios de la cartera educativa municipal se ha “deslizado” el planteo de avanzar en la categorización de las escuelas, lo que abriría el panorama a una fragmentación mayor del sistema en lugar de proceder a la unificación de jardines maternales y escuelas. La docencia es una profesión que entraña un enorme desgaste físico y psíquico, máxime cuando se desarrolla en contextos de alta vulnerabilidad social, cual es el caso de las escuelas municipales de Córdoba. La acumulación de experiencia en el ejercicio profesional permite que los docentes “maduros” sean transmisores de un saber experto a generaciones nóveles. Plantear medidas de retiro y de fragmentación en el contexto del ajuste que se está desarrollando tiene el tufo de una maniobra, que prepara las condiciones para profundizar el desguace del sistema educativo municipal. Daremos la lucha para desbaratarla.

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19/06/2020

Estados Unidos: los portuarios van a un paro activo para confluir con la rebelión

Se extenderá por toda la costa oeste este viernes, sumándose a un ascenso de luchas obreras

Este viernes 19 de junio, día en que se celebra el fin de la esclavitud en los Estados Unidos, los 29 puertos marítimos de la costa oeste irán al paro. Tras la cita de la International Longshore and Warehouse Union (ILWU), los trabajadores portuarios nucleados en ella abandonarán sus tareas en simultáneo. Los radicados en los locales 10, 34, 75 y 91 del Estado de California convocan a movilizar desde el puerto de Oakland con destino a la plaza Oscar Grant. A su vez, llaman entonces al conjunto de los trabajadores y organizaciones sindicales, no sólo estadounidenses, sino internacionales, a plegarse a esta enorme acción de lucha.


La naturaleza misma de esta jornada combina lecciones históricas, desafíos y perspectivas futuras. La abolición de la esclavitud en el Estado de Texas el 19 de junio de 1865 implicó el eslabón final de emancipación para millones de afroamericanos esclavos. Sin embargo, lo que la rebelión estadounidense ha puesto de relieve tras el asesinato de George Floyd, que se replicó rápidamente con Rayshard Brooks, es que la opresión racial que hoy sufren afroamericanos y afrodescendientes explotados está montada sobre las relaciones sociales de un capitalismo decadente, que atraviesa en los días que corren una de las peores crisis de su historia. En consecuencia, la manifestación portará entre sus principales reivindicaciones el fin del racismo sistémico, del terror y los abusos policiales, así como también el detenimiento de la privatización del ya susodicho puerto de Oakland.



Este cese de actividades que tendrá lugar el viernes se suma entonces a la jornada del pasado martes 9, donde la División Costera de la ILWU, la International Longshoremen’s Association, la International Brotherhood of Teamsters (local 808) (camioneros) y el Farm Labor Organizing Committee (peones rurales) confluyeron en un abandono de tareas y vigilia silenciosa por George Floyd, en el día de su funeral. La misma constó de un detenimiento de la actividad productiva de 8 minutos y 46 segundos, el tiempo durante el que el afroamericano asesinado suplicó por su vida ante la indiferencia del policía asesino Derek Chauvin.


Sin embargo, el asesinato de George Floyd fue el detonante de un enorme proceso de huelgas y conflictos obreros que venían aflorando progresivamente en Estados Unidos, al calor del desarrollo de la crisis y del manejo por parte de Trump de la pandemia buscando por todas las vías posibles no detener la producción. Durante el 2019, al menos 25 paros laborales y huelgas tuvieron lugar en el país, de los cuales participaron alrededor de medio millón de trabajadores. En el presente año, cabe recordar las huelgas de los trabajadores de la salud, de Amazon, General Electric, las plantas de Fiat Chrysler de Michigan y Ohio, o por qué no también los ceses de tareas de los transportistas de Birmingham, los constructores de barcos de Bath Iron Works, y decenas de trabajadores avícolas de Perdue en Kathleen, Georgia.


El recrudecimiento de la violencia policial ha echado más leña al fuego, por lo que los conflictos se han multiplicado exponencialmente en las últimas semanas. Mientras la recesión y sus tendencias a la depresión mundial se exacerban, y hasta la propia Reserva Federal alerta que la desocupación puede trepar en 2020 hasta un 9% —equiparable a las cifras que sembró la crisis de 2008-2009, todas las contradicciones que operan en el trasfondo de la rebelión se acentúan. Las patronales preparan un verdadero plan de guerra signado por los despidos, las suspensiones y reducciones productivas que prometen ser resistidas por enormes capas de la clase obrera.


Grandes cantidades de trabajadores de la salud se han adherido a las movilizaciones por justicia para George Floyd, bajo el lema #WhiteCoatsForBlackLives, asistiendo incluso a los manifestantes reprimidos por las fuerzas policiales. Pero detrás de esta muestra de fraternidad de clase, se ubican el desabastecimiento de EPP y los más de un millón y medio de despidos y suspensiones en el área de la salud, aún cuando las cadenas hospitalarias privadas han recibido rescates millonarios. A la vez, en Philadelphia las aguas se agitaron por las movilizaciones de trabajadores públicos, principalmente de la docencia escolar y de saneamiento. Por parte de los maestros, una movilización hacia el distrito escolar levantó entre sus principales consignas la frase “no puedo respirar”, el grito de auxilio de George Floyd antes de perder la vida. Sin embargo, aquí puede trazarse una analogía: también reclamaron, por ejemplo, por la enorme acumulación de asbesto en polvo en las escuelas de las zonas más precarias de la ciudad, a razón de 10 veces más que los límites ‘saludables’. Denunciaron como parte de estos mismos hechos el fuerte recorte presupuestario en educación, que es su punto de partida fundamental y se traduce también en un ataque a los salarios. Los trabajadores de saneamiento colocaron esta demanda en la primera línea: el alcalde demócrata Jim Kenney intentó reducir el presupuesto del Departamento de Calles en US$ 18.5 millones, lo que se traduce en el faltante de EPP y la ausencia de un plus por el riesgo al que están expuestos los trabajadores de uno de los gremios más peligrosos e insalubres del país.


Por otro lado, han tenido un lugar destacado los trabajadores de la industria de procesamiento de la carne, que se han movilizado en Utah reclamando el cierre de la planta de JBS en Hyrum tras cientos de casos de Covid-19, o que se han ausentado masivamente al retorno de tareas como en el caso de Smithfield Foods en Dakota. Esto se produce con la complicidad criminal de la burocracia del sindicato de alimentación United Food and Commercial Workers (UFCW), que no ha opuesto ninguna acción concreta al retorno forzoso por parte de las patronales incluso a riesgo de la vida de enormes cantidades de trabajadores. No obstante, fue el propio sindicato que tuvo que informar que alrededor del 80% de la masa laboral del rubro no se presentó a trabajar por su propia cuenta la semana del asesinato de George Floyd, a pesar del encorsetamiento de la misma burocracia.


Sumar a todo el movimiento obrero a la rebelión en curso


La burocracia sindical se está ganando un descrédito generalizado en el transcurso de los conflictos. Su rol de contención frente a los mismos no ha logrado constituir un obstáculo para el movimiento, que acabó sorteandola y coordinando acciones de manera independiente, sacando conclusiones clarificadoras respecto a este papel cómplice. Es el caso,  de los trabajadores del almacén Seward, que denuncian abiertamente al nombrado UFCW, local 663. Recientemente, casi toda su planta laboral realizó un cese de actividades por 9 minutos (los 9 minutos que tardó en perder la vida George Floyd), exigiendo además el desmantelamiento de la policía de Minneapolis y la renuncia del presidente del sindicato de policías. Para este cometido, solicitaron el apoyo al gremio, que desde el comienzo se resistió con mil argumentos posibles al paro y a cualquier acción de lucha. De esto surgió rápidamente la conclusión de que a su vez, es el mismo sindicato que permanece pasivo mientras los trabajadores afroamericanos del almacén perciben salarios menores y desempeñan tareas más precarias.


Este hecho retrata todo un clima de época: los trabajadores estadounidenses comienzan a presionar, y en muchos casos, la burocracia debe ceder. Es el caso del Consejo Laboral del Condado de King, Seattle, que tuvo que firmar la expulsión del sindicato de policías, dos años después de hacer campaña para ratificar la oficialización del mismo. O la Amalgamated Transit Union (ATU) (colectiveros), forzada a respaldar a los conductores de buses que se niegan a ser conductores ‘de arresto’, obligados por la policía a trasladar manifestantes detenidos; incluso a respaldar a aquellos que se niegan directamente a trasladar policías.


La tarea estratégica que los trabajadores estadounidenses deben plantearse por delante, entonces, es barrer a esta burocracia cómplice de las organizaciones obreras y sindicales. Aún cuando los niveles de sindicalización son de los más bajos en la historia del país norteamericano, los hechos demuestran que, por ejemplo, los trabajadores esenciales que están sindicalizados son mayormente quienes reciben tests de Covid-19 y otros elementos necesarios. Siguiendo el ejemplo de sindicatos combativos e independientes como la ILWU de la costa oeste, la clase obrera estadounidense debe recuperar el control de sus organizaciones gremiales para coordinar y unificar las acciones de lucha. Esta jornada de paro y movilizaciones de los portuarios se inscribe en el curso de la rebelión popular que atraviesa Estados Unidos. Ahora más que nunca: Fuera Trump, por la independencia política de los trabajadores y por un verdadero programa de salida a esta crisis, que parta del conjunto de sus reivindicaciones y allane el camino a un gobierno de su propia clase.




 

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19/06/2020

Mendoza: crecen los trabajadores contagiados por la flexibilización de la cuarentena

Mientras, el gobernador Suárez persigue judicialmente a los contagiados.

En los últimos días el Gobierno había asegurado que las condiciones para levantar la cuarentena obligatoria estaban dadas para pasar a la siguiente etapa de distanciamiento social, que reclamaban las patronales del comercio, gastronomía, entre muchas otras más.


El resultado de la misma ha sido un gran brote en los últimos días que salto a la luz con el trabajador de una bodega de Maipú, al cual el Gobierno pretende achacarle el ascenso de la suba de contagios en todo el territorio provincial. La persecución de Rodolfo Suárez a este trabajador, conocido como el caso 98, no alcanza para ocultar los crecientes casos que involucran a varias trabajadoras gastronómicas, empleados municipales, camioneros, empleados de supermercados, hasta todo el tercer piso del Poder Judicial fue cerrado, entre otros más que van saliendo a la luz con el pasar de las horas.


Ante esta evidente suba de la curva de contagios los funcionarios provinciales salieron a anunciar una vuelta atrás en las habilitaciones para circular y reunirse, prohibiendo las juntadas entre amigos en domicilios particulares, no así en lugares públicos como bares, cafés y restoranes, dejando en claro que la orientación del gobierno es poder garantizar el lucro capitalista por encima de la salud de los trabajadores de la provincia. Para muestra un botón, en la primera semana de funcionamiento de la gastronomía, las multas por no respetar el distanciamiento social fueron tantas que tuvo que salir el intendente Ulpiano Suárez a dar explicaciones, demostrando la exposición a la que se somete a cientos de jóvenes que trabajan de mozos, cocineros, bacheros, etc.


A esta situación también hay que sumarle la responsabilidad del conjunto de los intendentes que también levantaron la cuarentena en sus departamentos, e hicieron retomar al conjunto de sus trabajadores, incluyendo a la población de riesgo, exponiendo así a los agentes municipales. En el caso de Ciudad no solo expuso municipales, sino empleados de comercio como se vio en Feria Persa, y el desborde total de gente en un espacio totalmente reducido el último fin de semana.


Ante la creciente curva de contagios es imperiosa la intervención de la clase trabajadora organizándose en cada uno de los lugares de trabajo, para constituir comités de higiene y seguridad compuesta en su totalidad por representantes electos por los trabajadores para definir las medidas urgentes como la suspensión de toda actividad no esencial, la garantía de todos los elementos de seguridad en cada repartición de trabajo, garantizar el distanciamiento social dentro de los establecimientos, y un régimen de rotaciones que establezca 14 días por 14 días, garantizando de este modo un aislamiento preventivo, garantizando el cobro del 100% del salario, así como garantizar también el reclamo de las organizaciones piqueteras de un seguro al parado mínimo de 30 mil pesos, y la asistencia alimentaria en toda la provincia para poder garantizar la cuarentena.



 

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18/06/2020

El gobierno da la venia para la virtual liquidación del aguinaldo

Observatorio de los trabajadores – Noveno informe

Compilación de informes y notas de la redacción y de la Coordinadora Sindical Clasista

En cuotas, es totalmente absorbido por la desvalorización de los salarios frente a la inflación. Se agrava el cuadro de contagios del coronavirus en los lugares de trabajo ante la desidia oficial y patronal


Esta última semana, el gobierno nacional ha vuelto a colocarse como un orientador de la ofensiva general de los capitalistas sobre los trabajadores con el anuncio de que una porción grande de empleados, tanto de la administración central, como de los organismos descentralizados y de las empresas estatales, va a cobrar el medio aguinaldo de junio en hasta cinco cuotas mensuales, es decir que prácticamente licuará su carácter de sueldo extraordinario o complementario, ya debilitado como tal cuando fuera dividido en las dos cuotas actuales.


La licuación es virtualmente completa porque el pago en cuotas se monta sobre la postergación sin plazo de la paritaria para los trabajadores públicos, lo que viene provocando una caída abrupta en el valor real de los salarios, que se va a profundizar mucho más en los próximos meses. Así, solo con la pérdida sufrida por los sueldos públicos congelados, contra la inflación de los primeros cuatro meses de este año (11%), el Estado ya compensó el monto de las cuotas del medio aguinaldo que suponen, si son cinco, un 10% del salario cada una.


Es decir que el medio aguinaldo desapareció y los salarios seguirán en caída libre por imperio de la política de la administración nac&pop. Y, claro está, la postergación del pago por varios meses, sin ninguna actualización, hará reducir el monto del diluído medio aguinaldo por efecto de la inflación.


El gobierno nacional actúa como orientador de toda la clase capitalista porque las medidas de congelamiento salarial, antes, y ahora la licuación del aguinaldo, son una venia para los gobiernos provinciales y municipales para avanzar en el mismo camino. Y, claro, también para el conjunto de los patrones privados que ven allí el soporte oficial para proseguir en el ataque a los ingresos de los tabajadores.


Estrictamente, Alberto Fernández salió a validar las decisiones ya tomadas por varias de las administraciones provinciales como las de Mendoza, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, pero también habilitó que este ataque se generalice en todo el país –ya se sumó la provincia de Buenos Aires- y dio pie a planteos más radicales como el del gobierno jujeño de Gerardo Morales, que amenazó directamente con el no pago del medio aguinaldo.


El mapa se ve mejor con el celular horizontal



Muchas patronales ya han anticipado el pago del aguinaldo en cuotas y ahora seguramente se van a sumar muchas más, de la misma manera que se han congelado la inmensa mayoría de las paritarias correspondientes a este año -con el aval de prácticamente toda la burocracia sindical-, montándose así en la pandemia para intentar llevar los salarios a niveles de miseria.


El coronavirus sigue a marcha acelerada


El avance de los casos positivos de coronavirus ya no solo en el AMBA (aunque es, sin duda, el ámbito más crítico) sino en casi todas las provincias del país, era un escenario esperable cuando desde el gobierno nacional, los provinciales y los municipales, se bajó la bandera para reiniciar las actividades de prácticamente todos los sectores productivos y de servicios, con la excepción de una parte de la administración pública, la educación y alguna franja de comercios y servicios. 


Esta vuelta a las fábricas y demás lugares de trabajo multiplica los ámbitos de contagio, agravado esto por la resistencia de muchas patronales de poner en práctica los protocolos necesarios para evitar o minimizar la trasmisión de la enfermedad, entre ellos la de disponer de transporte de la empresa para el traslado de los empleados.


En la semana -y apenas días después de haber recomenzado su actividad- se confirmaron tres casos positivos en Volkswagen y siete en Toyota, dos de las grandes fábricas icónicas que fueron colocadas como ejemplo de responsabilidad empresaria por el gobernador Axel Kicillof y Alberto Fernández. Y visitadas por ellos al bajarse la bandera de largada del reinicio de tareas para –dijeron- analizar con ambas empresas los protocolos de seguridad sanitaria que se aplicarían para evitar contagios.


Y no son casos aislados. Se suman por decenas los contagiados en muchos lugares de trabajo. Entre otros, en los últimos días fueron confirmados 16 casos positivos de Covid-19 entre los trabajadores del parque industrial de Almirante Brown (en el Gran Buenos Aires), donde se ubican centenares de empresas.


En el hipermercado de Coto ubicado en Quilmes (GBA) el viernes pasado ya había comprobados más de 20 casos positivos entre el personal que saltaron a la luz por las protestas de los trabajadores ya que la patronal intentó ocultarlos por todos los medios, a riesgo de seguir contagiando a empleados y clientes. Otro tanto sucedió esta semana en la misma localidad de Quilmes en la Refinería Sudamericana: seis casos de coronavirus confirmados, que podrían ser bastante más, según denuncian los trabajadores, ya que la patronal trata de ocultarlos y no aplica ninguna medida de aislamiento para los trabajadores del círculo cercano de los afectados.


En el sector de Salud se siguen multiplicando los casos por la desidia de empresarios y gobiernos que no entregan elementos de seguridad y no aplican los protocolos en el control de los casos. Un ejemplo: la Clínica Nuestra Señora de la Merced, de Martín Coronado, también en el GBA, que debió ser evacuada esta semana por la gran cantidad de casos positivos comprobados.


En una nueva muestra del desinterés por la salud de los trabajadores que tienen las autoridades oficiales, los enfermeros del Hospital Durand, donde falleció esta semana Julio Gutierrez, trabajador del servicio de Pediatría, que estaba entre la población de riesgo por su asma y al cual le negaban la liciencia, indican que existe una fuerte presión desde la dirección de Enfermería para que no se pidan las licencias, una directiva que parte desde la dirección del hospital y de la politica más general del gobierno de Rodriguez Larreta.


Las respuestas de los trabajadores son las que logran torcer las maniobras patronales y conseguir que se apliquen mayores medidas de prevención. Nuevamente se destaca esta semana la acción de clase del sindicato del Neumático (Sutna) que paró las fábricas del gremio el pasado viernes y la de Bridgestone el lunes último para hacer cumplir el protocolo de seguridad sanitaria que preparó la dirección del sindicato, con el asesoramiento de especialistas.


La pelea por el salario y el trabajo


La ofensiva de las patronales (y de los gobiernos) se intensifica con la salida -para ellas- de la caurentena. Cierres, suspensiones con grandes descuentos, congelamiento de sueldos por falta de paritarias, postergaciones en el pago de salarios y descuentos arbitrarios, forman parte del cuadro que deben enfrentar los trabajadores estatales y privados en todo el país.


Contra esta ofensiva y en reclamo de aumentos de salarios, se levantaron en estos días los 500 trabajadores de Algodonera Argentina, del grupo Vicentin, ubicada en Reconquista (Santa Fe); los choferes de la empresa Coniferal, que opera en Córdoba -por el pago de una diferencia de la paritaria 2019-; los de la ciudad de Villa María, también en Córdoba, que están en huelga general porque la patronal debe los salarios de abril y mayo. Y los 1500 estibadores de Terminal Puerto Rosario (TPR), de la cual Vicentin es propietaria junto a Ultramar, decretaron un paro por tiempo indeterminado el 10 de junio y realizan un piquete en los portones porque la patronal pretende aplicar rebajas salariales.


Por su parte, los y las trabajadoras de La Reginense (Villa Rergina, Río Negro) consiguieron el pago de una parte de la deuda que tiene con ellos y ellas el gobierno provincial y lograron la conquista del módulo alimenticio. Estos logros fueron alcanzados gracias a la organización y la lucha independiente de los y las trabajadoras de La Reginense.


Los empleados de la gigantesca Teleperformance y Aegis (Tucumán), que vienen sufriendo sistemáticos ataques de la patronal, decidieron movilizarse el viernes 12 a la Secretaria de Trabajo por sus reclamos. Pero además, muy importante, durante el conflicto, que lleva más de una semana, los empleados eligieron sus propios delegados y delegadas que la empresa no quiere reconocer.


En terreno de los trabajadores estatales, hoy se realizaron sendas e importantes movilizaciones de municipales y docentes, junto a otros sectores de empleados públicos, en las ciudades de Córdoba y Mendoza para enfrentar la ofensiva de los gobiernos provinciales y municipales donde desaparece la “grieta” a la hora de lanzar una ofensiva contra los trabajadores. Desde hace varias semanas, los trabajadores de la salud de Chubut llevan adelante movilizaciones, paros y retención de servicios para reclamar por los meses de deuda salarial acumulada.


Por su parte, los docentes de las seccionales del Suteba dirigidas por la Lista Multicolor sesionaron y votaron un paro para el 12 de junio por todas las reivindicaciones y en clara oposición a la parálisis de la dirección del sindicato.


En el sector Salud, los camilleros del Hospital Heller, de Neuquén Capital, llevaron adelante esta semana una retención de servicios por el retraso en el pago de los salarios de parte de su empresa contratista, Plaxo y los Prestadorxs de Salud de personas con discapacidad se movilizarán el 24 de junio para llevar sus reclamos a la Superintendencia de Servicios de Salud (CABA). También en el sector Salud, los trabajadores del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (Irep) de la Ciudad de Buenos Aires, se sumaron la semana pasada a la jornada nacional de lucha de los compañeros de la actividad.


En las luchas que se multiplican en distintos puntos del país, aparece un elemento distintivo de la etapa y es que las mismas se llevan a cabo encabezadas por direcciones sindicales clasistas o por fuera y, en la mayoría de los casos, en oposición a las burocracias de sus respectivos sindicatos. Entre las de esta semana tenemos, además de las docentes Multicolores y el Sutna, a las luchas de los choferes cordobeses que no solo se desprenden de la loza burocrática sino que, en la capital provincial, 100 choferes realizaron días atrás una movilización a la puerta del sindicato para cuestionar a la dirección burocrática que los abandonó totalmente en su lucha.


En este proceso también están los compañeros de Algodonera; los de La Reginense; los de Teleperformance y Aegis, con sus delegados elegidos al margen de la burocracia; las movilizaciones de estatales y docentes de Córdoba y Mendoza y las de los trabajadores de la Salud, que se organizan para pelear por sus reclamos con procesos de autoconvocatorias y con representaciones de base.


Así se abre esta nueva etapa de profundización de la crisis. Con una ofensiva de toda la clase capitalista y sus gobiernos, que quieren que la misma recaiga sobre las espaldas de los trabajadores y la clase obrera que muesta, todavía de manera aislada aunque aguerrida, que no está dispuesta a dejar pasar pasivamente este ajuste con el que pretenden llevarla a condiciones de vida de miseria.




 


En el sector Salud


Julio Gutierrez, enfermero del servicio de pediatría del Hospital Durand, quien falleció esta semana afectado por el coronavirus, tenía 52 años y asma, y estaba ubicado dentro de la población de riesgo ante la pandemia. Sin embargo, hacía solo 20 días le habían otorgado la licencia desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó durante dos meses en plena cuarentena y en un servicio donde había pacientes positivos de Covid-19. A su vez, en estos momentos su esposa también pelea por su vida. Los enfermeros indican que existe una fuerte presión desde las direcciones de Enfermería para que no se pidan las licencias, una directiva que parte desde la dirección del hospital.



Según trascendió a través de la prensa, el gobierno de Córdoba se haría cargo del pago a los 3.000 agentes que habían sido discriminados, del bono estímulo de $5000 durante cuatro meses, para el personal de la Salud. Este bono recién comienza a pagarse pese a corresponder al mes de abril. A pesar de que el DNU les incluía expresamente, el gobernador Juan Schiaretti no presentó los listados de residentes hospitalarios de la provincia, cuando el sistema de salud cordobés se sostiene fundamentalmente por este sector precarizado y ultra explotado -que trabaja hasta 36 horas por una beca de 35.000 pesos.



El viernes 12 de junio, a 83 dias de empezada la cuarentena y declarada la emergencia sanitaria, comenzaron a cobrar el bono incentivo los trabajadores de la salud. El 23 de marzo fue anunciado un bono de 30.000 pesos, que a los pocos días pasó a ser de 20.000 en cuatro cuotas a cobrarse en mayo, junio, julio y agosto. Finalmente, se cobraron unos míseros 5.000 pesos, que equivalen a 60 pesos por día por haber trabajado en emergencia.



Prestadorxs de Salud de personas con discapacidad se movilizarán para llevar sus reclamos a la Superintendencia de Servicios de Salud (CABA), el 24 de junio. La medida fue resuelta el sábado 13, en una asamblea online de Prestadorxs Precarizadoxs, en la cual participaron compañeras y compañeros del sector de todo el país. En el informe inicial se detalló como el ajuste se descarga sobre la clase trabajadora y sobre quienes trabajan con personas con discapacidad en particular. Y cómo reafirma ese ajuste desde la Superintendencia de Servicios de Salud con resoluciones que permiten a obras sociales y prepagas retrasar los pagos de prestaciones, paralizar el aumento de las prestaciones y reclamar un sinnúmero de requisitos para poder habilitar las prestaciones, entre otras cuestiones.



Los camilleros del Hospital Heller, de Neuquén Capital, llevaron adelante en la segunda semana de junio una retención de servicios por el retraso en el pago de los salarios de parte de su empresa contratista, Plaxo, quien ante la contundencia de la medida se vio obligada a depositarlos. Como el resto de los trabajadores tercerizados en el sistema de salud, estos camilleros son situados como trabajadores de segunda, encuadrados en la categoría de maestranza del convenio colectivo de Comercio -una figura que nada tiene que ver con la actividad que desarrollan. 



Desde hace varias semanas, los trabajadores de la salud de Chubut llevan adelante movilizaciones, paros y retención de servicios para reclamar por los meses de deuda salarial acumulada. Esta situación fue avalada por la Legislatura, que sancionó por unanimidad una ley de “Emergencia sanitaria”. Las acciones se siguen desarrollando en Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel y le han generado al gobierno una crisis política que casi desemboca en la renuncia de todos los directivos de las áreas programáticas, los directores de hospitales y del mismo ministro de Salud, Fabián Puratich. Presionado por las medidas, el gobierno provincial depositó el miércoles 10 de junio los salarios de abril del personal de salud. Mayo sigue sin aparecer, y se teme por el cobro de junio y el aguinaldo.



La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) reclamo nuevamente al gobernador Axel Kicillof la reapertura de paritarias salariales. Recordaron que el acuerdo era retomar la discusión en junio, pero que hasta el momento no fueron convocados. Asimismo, reclama el gremio, quedan pendientes de resolución, entre otras cuestiones, centenares de expedientes de concursos e interinizaciones de becarios, la efectivización de cargos para todos los residentes que acaban de finalizar su último año y la modificación del reglamento que los rige con los acuerdos alcanzados.


 


Con dos meses de demora, finalmente se liquidó la primera cuota del bono estímulo a les trabajadores de la salud. Sin embargo, en la provincia de Córdoba se han excluido a residentes de los hospitales públicos como así también a los sectores tercerizados como limpieza y cocina en algunos hospitales. La exclusión es brutal, porque recae sobre los sectores más precarizados y de menor ingreso de la salud pública. A pesar de haber sido incorporados expresamente en el decreto presidencial, el gobierno de Schiaretti excluyó a más de 950 residentes que son los pilares de atención en los principales hospitales provinciales. Se les niega el bono a trabajadores que soportan jornadas de hasta 36 horas de atención en la primera línea de exposición al virus, por un salario de $35 mil.



Recién después de 78 días de la publicación del decreto nacional que lo establece, algunos trabajadores de la salud de Mendoza (y de la mayor parte del país) cobraron el 12 de junio la primera cuota de $5.000 de la “asignación estímulo” por ser la primera línea de batalla contra el Coronavirus, que corresponde al mes de abril, cuando ya estamos en junio. Pero, además, se ha discriminado: no han cobrado el bono las y los prestadores de los hospitales, que han estado fuertemente expuestos al Covid-19 y tampoco los trabajadores de los centros de salud, quienes reciben a los pacientes con síntomas, ni quienes trabajan en la ex Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y los Órganos Administrativos Locales (Oales)-cuando son quienes, por ejemplo, acompañan a los niños a los hospitales.



 


El 10 de junio, trabajadores del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (Irep) de la Ciudad de Buenos Aires se sumaron a la jornada nacional de lucha de los trabajadores de la salud. Con carteles con las distintas reivindicaciones del Irep, y de los trabajadores de la salud en general, el reclamo se hizo sentir en las puertas del Instituto y varios de sus servicios. Uno de los reclamos del Irep fue la entrega de elementos de protección personal (EPP) completos, en cantidad y calidad. Esto porque se entregan solamente insumos básicos (barbijo, camisolín, guantes) y de baja calidad. 



 


La primera semana de junio se llevó a cabo un allanamiento en la Clínica Nuestra Señora de la Merced (Martín Coronado, Buenos Aires). La policía federal intervino junto al Same debido a contagios que se produjeron dentro del centro de salud. La Clínica Nuestra Señora de la Merced de Martín Coronado es conocida en todo el barrio por su enorme carencia en la atención y las constantes denuncias de mala praxis. 



 


En el sector estatal


El gobierno nacional informó que realizará el pago del aguinaldo de los estatales nacionales, tanto de la administración central, como de los organismos descentralizados y de las empresas estatales, en hasta cinco cuotas para salarios a partir de $80.000 brutos, unos $63.000 de bolsillo, es decir por debajo del costo de la Canasta Familiar que mide la Junta Interna del Indec de $67.731,60 de bolsillo. Este anuncio tiene lugar luego del congelamiento de la paritaria del pasado 29 de mayo y constituye un aval a las administraciones provinciales y municipales que ya emprendieron ese rumbo, como MendozaNeuquén y el gobierno de Rodríguez Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez, es una precedente que podrá ser usado contra los judiciales, docentes, trabajadores de la salud y contra todo el movimiento obrero.



 


Estatales


Miles de municipales coparon las calles de Córdoba el 18 de junio en respuesta a la política de ajuste del intendente Martín Llaryora, que incluye un recorte salarial, el congelamiento de la paritaria y la precarización de las condiciones laborales, entre otros puntos. La movilización partió desde la sede del sindicato y contó con la masiva participación de las diferentes reparticiones, lo que da cuenta de que hay una comprensión de conjunto de los desafíos de la lucha en curso. Durante horas, la movilización recorrió las calles céntricas y la columna mostró una predisposición a la lucha. Sin embargo, la manifestación no pudo llegar al palacio 6 de Julio, fuertemente vallado por Policía e Infantería.



 


El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, ha comenzado un operativo para tratar de imponer el pago del aguinaldo en cuotas. Aunque no existe anuncio oficial, ha encargado la tarea a los operadores de sus filas, que hicieron circular “rumores”. Entre ellos, se afirma que el desdoblamiento sería para la “planta política del Estado”, lo cual constituye una maniobra porque cientos de trabajadores precarizados están bajo esa figura, principalmente en municipios y comisiones de fomento. En realidad, el desdoblamiento en el pago del medio aguinaldo alcanzaría a los más de 66.000 estatales.



 


El gobierno de Mendoza confirmó que el pago del aguinaldo comenzará a efectuarse recién desde el mes de septiembre y en forma escalonada, de acuerdo al monto de los ingresos percibidos. En septiembre cobrarán quienes perciban menos de $40 mil pesos de bolsillo; en octubre, los de sueldos de hasta $60 mil, en noviembre los de hasta $80 mil y en diciembre quienes perciban más de $100 mil pesos y funcionarios. Esta medida significa un salto en calidad del ataque a los trabajadores, luego de los antecedentes de reducciones salariales a empleados de la Agencia Tributaria Mendoza, de las barreras fitosanitarias (Iscamen) y del Instituto de Juegos y Casinos.



 


El gobernador jujeño Gerardo Morales puso en duda el pago del aguinaldo. Cuando fue consultado en una entrevista televisiva, dijo que no cuenta con los recursos para afrontarlo. Esas declaraciones, realizadas con mucha soltura, muestran la disposición a seguir llevando adelante un ajuste contra los estatales. Los empleados públicos jujeños ya sufren un desdoblamiento del pago de salarios, e incluso se ha extendido el cronograma de pago. Morales también suspendió el pago a proveedores y pretende dejar sin pagar los juicios que enfrenta el Estado provincial.



 


Una nueva marcha de centenares de trabajadores el viernes 13 de junio ganó las calles de la Ciudad de Córdoba, en rechazo a la disposición de la administración municipal que les retira las chapas de inspectores a más de 450 empleados, quitándoles a su vez el adicional del 30% por tareas de inspectoría. La marcha finalizó en el Colegio de Abogados y así se hizo explícito el repudio a la integración de decenas de abogados monotributistas, que bajo el programa de “Promotores de Convivencia” fueron habilitados para realizar multas en la municipalidad, en una maniobra que golpea sobre el cuerpo de inspectores.



 


La municipalidad de Centenario (Neuquén) informó que se encuentran avanzadas las negociaciones para la firma de un convenio entre el Estado municipal y el Ejército, por el cual este último realizará tareas de limpieza en desagües, canales de riego y actividades relacionados al sector de servicios públicos. Con esta medida, el municipio dirigido por Javier Bertoldi del PJ neuquino, busca tercerizar en el ejército tareas que son propias de los municipales y una reconciliación con las fuerzas represivas del Estado.



 


En otro capítulo de su avanzada contra las y los municipales de la Ciudad de Córdoba, el intendente Martín Miguel Llaryora se despachó con nuevos anuncios de congelamiento salarial, la eliminación de horas extras y la reducción de personal en las dependencias municipales. Las medidas no solo implican profundizar el ataque a las condiciones laborales, sino que afectan de manera directa a servicios esenciales que, en plena pandemia, resultan claves para la asistencia a la población.



 


La semana que comenzó el 15 de junio va a estar cruzada por medidas de lucha importantes en Mendoza, luego del anuncio de gobernador Rodolfo Suarez de pagar el aguinaldo en cuotas. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) llamó a hacer asambleas de base y plenarios departamentales, donde se han estado discutiendo las próximas medidas a tomar. Entre estas se encuentra la participación de la jornada de lucha del sindicalismo combativo del martes 16, en conjunto con los prestadores y contratados de la salud, que votaron movilizarse a Casa de gobierno el martes 16 a las 11 hs. Y un caravanazo para el día 18 con el Frente de Unidad Estatal, del cual el Sute forma parte.



 


En el sector privado


Petroleros


Los trabajadores petroleros agrupados en la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustible (Fasipgybio), cumplen un paro por tiempo indeterminado en los yacimientos, desde las cero horas del viernes 12 de junio. La Federación agrupa a las seccionales de Mendoza, Salta, Tierra del Fuego, Jujuy, Bahía Blanca y La Pampa. Fuera de ella se encuentran los grandes sindicatos petroleros de Neuquén y Río Negro, el de Chubut y el del norte de Santa Cruz. El paro por tiempo indeterminado lanzado por la Federación reclama que se cumpla la cláusula de actualización salarial pautada en la paritaria de 2019, la apertura de la paritaria 2020 y el retorno de los trabajadores suspendidos a sus puestos de trabajo. 



 


Textiles


Más de 500 obreras y obreros de la Planta Textil Algodonera Avellaneda (Reconquista, Santa Fe), del grupo Vicentin, el 16 de junio ganaron las calles de Reconquista -cabecera del departamento de General Obligado al norte de Santa Fe- donde está radicada la empresa, marchando desde la planta hasta el lejano centro de la ciudad, con un recorrido más largo para pasar por todos los puntos de referencia de Reconquista. El viernes 12 de junio lanzaron un paro en las actividades –el primero desde 2011-, permanecen con piquetes y asambleas en las afueras de la empresa y rechazaron la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad de Trabajo. El sindicato abandonó esta lucha que ha sido tomada en sus manos por los delegados de sector. Reclaman principalmente salarios dignos: un trabajador con 31 años de antigüedad cobra $100 la hora de trabajo más 10 pesos por antigüedad.



 


Textiles


Trabajadores de Nortextil Confecor, denunciaron que les recortaron los salarios y trabajan bajo amenaza de despido. La empresa, de 35 años en el mercado, está ubicada en Valentín Alsina, (Buenos Aires). Desde el comienzo de la pandemia los trabajadores vienen denunciando que la empresa les recortó los salarios de los meses que pasaron sin que hubiera mucho lugar para reclamos ni información sobre los pasos a seguir. Otro tema, no menor, es que dejaron de pagarles en forma quincenal para pagarles mensualmente sin previo aviso.


 


Transporte


El paro de choferes de la empresa Coniferal, que opera en Córdoba, se levantó ayer 15 de junio, luego de que la conducción de la UTA acordara con la patronal una promesa de pago de lo adeudado que se realizaría en el día de hoy. La medida de fuerza –de tres días y medio- remarcó la predisposición a la lucha de la base, en el contexto de crisis en el transporte que tendrá nuevos capítulos. El paro se realizó ante el no depósito de $4.000, en incumplimiento de lo establecido en la paritaria del año pasado. Cabe destacar que los fondos para el pago ya habían sido girados, y que, por lo tanto, la empresa realizó una nueva retención indebida de sueldos. El paro fue arrancado por la base, que se autoconvocó en el gremio con banderas que decían “traidores entregadores, den la cara o váyanse, basta de traidores”. 



 


Transporte


La ciudad de Villa María (Córdoba) se encuentra sin servicio público de transporte desde hace meses. La responsabilidad es de las empresas y del gobierno. Las empresas están incumpliendo un acuerdo firmado por ellas mismas, por el cual aceptaban pagar el 100% del mes de marzo y el 75% del sueldo de abril y mayo. Sin embargo, no pagan y esperan por más subsidios nacionales. El gobierno, el Concejo Deliberante y los organismos de control están permitiendo la extorsión de las patronales, que tienen a trabajadorxs y usuarixs de rehenes. El pasado viernes 12 de junio, el colectivo de trabajadorxs del transporte realizó una movilización por las calles de la ciudad. 



 


Transporte


Alrededor de un centenar de trabajadores autoconvocados copó las puertas del sindicato de la UTA en la ciudad de Córdoba el 12 de junio, en reclamo de que la conducción del gremio dé cuenta de lo que viene acordando con el gobierno y las empresas, en momentos en que se les está adeudando los meses de abril y mayo y un no remunerativo de los dos meses de $4.000 por mes. La jornada de hoy se da en el cuadro de deliberación que recorre la UTA en el que llueven las críticas a una conducción a la que le colgaron banderas con consignas tales como: “den la cara o váyanse”. La bronca de los trabajadores crece a medida que los empresarios incumplen, y el gremio no desenvuelve a un plan de lucha para garantizar lo adeudado y defender el convenio colectivo de trabajo.



 


Transporte


La empresa Castelar Bus, que se dedica al traslado de pasajeros en combis desde el barrio Castelar en Morón (Buenos Aires), no paga los sueldos desde el 19 de marzo pasado, lo cual deja a unos 25 trabajadores y sus familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Este hecho, sumado a la venta de las 10 camionetas que opera Castelar Bus, muestran que estamos ante un claro vaciamiento que anticipa un posible cierre, a pesar de que la empresa en sus comunicados oficiales busca desmentir esta denuncia. Aducen que están abocados a “regularizar el servicio a la brevedad”, pero no dicen una sola palabra de por qué no le pagan a sus trabajadores de planta y a los que contrataban con vehículos propios, teóricamente suspendidos en el marco del aislamiento por el Covid-19.



 


Transporte


Un servicio mínimo de transporte recorre la ciudad cordobesa de Río Cuarto, con el sacrificio de trabajadores a quienes les adeudan meses de salarios y para colmo la directiva del gremio aceptó una rebaja salarial del 25 por ciento. Los trabajadores se ven obligados a un esfuerzo extra para poder ir a trabajar, teniendo que elegir entre esperar un tiempo prolongado por las pocas unidades que circulan o caminar kilómetros. Los choferes realizaron una movilización por las calles de la ciudad para reclamar el pago de los salarios atrasado. Mientras tanto, el intendente Juan Manuel Llamosas posa de imparcial pero le deja pasar a la empresa todas y cada una de sus faltas, que la colocan por fuera de la ley y de los contratos de concesión. 



 


Parque industrial


Fueron confirmados 16 casos positivos de Covid-19 entre los trabajadores del parque industrial de Almirante Brown (Buenos Aires), donde se ubican centenares de empresas. En San Cayetano se registraron 13 casos, Guidi 2 y en Ball 1. Se les suman a ellos decenas de casos sospechosos. Las patronales se niegan a licenciar a los trabajadores para no frenar la producción, fomentando la expansión del virus y poniendo en peligro la salud de los trabajadores, sus familias y de toda la comunidad. A 9 trabajadores de Ball se les realizarán hisopados. En San Cayetano, el estado público de los contagios obligó a la empresa a anunciar que desde el lunes 15 de junio mantendrán una guardia mínima, hasta el día 28. La autopartista Guidi ocultó la información del primer caso contagiado y sacó un comunicado acusando a los trabajadores de haber filtrado la información.



 


Metalúrgicos


En la segunda semana de junio Exiros, del grupo Techint de Paola Rocca, ha avanzado en el despido del 20% de los trabajadores. Exiros es la empresa de compras y contrataciones del grupo Techint, dedicada al abastecimiento de todas sus unidades de negocios: principalmente para Tenaris, en Campana, pero también para la planta industrial General Savio, que Ternium opera en suelo de Ramallo; para la petrolera Tecpetrol y para la constructora Techint Ingeniería y Construcción. 



 


Metalúrgicos


En la metalúrgica JMA (Plátanos, Buenos Aires), cuyos trabajadores ya habían hecho una huelga a fines de 2019 ante despidos y el atraso del pago del aguinaldo, desde hace meses que no se pagan los sueldos completos; en los últimos dos solo cobraron lo correspondiente al ATP, es decir un 50% del salario.



 


Hoteleros


El jueves 11 de junio, la empresa anunció el cierre del Howard Johnson de Ramallo, despidiendo a sus 22 trabajadores directos, pero que son muchos más si se le suman contratados y precarizados. Se trata de una cadena internacional de hoteles (con 800 en todo el mundo), que se ha convertido en la Argentina en la principal del rubro, con más de 35. El cierre del de Ramallo, acordado con el intendente Gustavo Perie, afecta al turismo ya golpeado por la pandemia, y va tener sus consecuencias para muchos trabajadores de la ciudad.



 


Portuarios


Los trabajadores del puerto de San Nicolás enfrentan despidos a cuentagotas. Son casi 20 trabajadores en las últimas semanas y a partir del cambio de autoridades -se prevé para estos días- una nueva ofensiva contra las condiciones de trabajo. Este sector cuenta con centenares de trabajadores y es un botín de disputa de la ciudad; es manejado por el intendente local, Manuel Passaglia, que permite todo tipo de atropello sobre las condiciones laborales, con trabajadores fuera de convenio y precarizados.



 


Portuarios


Los estibadores de Terminal Puerto Rosario (TPR), de la que Vicentin es propietario junto a Ultramar, decretaron el paro por tiempo indeterminado el 10 de junio y realizan un piquete en los portones desde el 11 a la mañana. Denuncian que la patronal amenaza con suspender trabajadores si el sindicato (Supa) no acepta una rebaja salarial, en relación a lo acordado en la paritaria del sector. La extorsión afecta a 1.500 trabajadores: “Fueron corriendo el arco continuamente. Ayer teníamos un principio de acuerdo y media hora después me llamaron para decir que, si no aceptábamos suspensiones rotativas, era imposible seguir pagando sueldos”, dijo a los medios el secretario general del Supa Rosario, César Ayba.



 


Gastronómicos


Unos 300 gastronómicos se movilizaron el 10 de junio desde la sede del sindicato UTHGRA hasta la Casa de Gobierno en la capital de la provincia de Córdoba. Reclamaron el pago de salarios, denunciando que el gobierno incumple con el pago del ATP prometido. Exigieron respuestas también a las autoridades provinciales. Con pancartas que pedían por “Pan y Trabajo” se nutrió la movilización para reclamar el cumplimiento del subsidio del 50% de los salarios, tras tres meses en los que además vienen de sufrir el recorte del 25% del salario conforme al acuerdo UIA- CGT. La situación se agrava por el pago irregular y/o en cuotas del 25% a cargo del empleador, lo que deja a los trabajadores sin ningún ingreso para poder afrontar los gastos de sus familias.



 


Repartidores


Un trabajador de Glovo fue atropellado por un camión el 16 de junio y llegan así a cinco los trabajadores repartidores muertos durante la cuarentena. El compañero de nacionalidad uruguaya, de 40 años, había tratado esquivar un colectivo que había frenado y en esa maniobra terminó bajo las ruedas de un camión. Desde ATR (Agrupación de Trabajadorxs de Reparto) rechazan de cuajo aceptar que estas muertes sean producto de una fatalidad o accidente vial. Denuncian la responsabilidad del Estado y las empresas que no han atendido ninguno de sus reclamos 



 


Repartidores


Una captura de pantalla dejó al descubierto la política discriminatoria de Rappi Argentina. Sin razón alguna, la empresa solo activa nuevas cuentas de usuarios argentinos durante la cuarentena, discriminando a todo repartidor extranjero por más que cumpla con la documentación necesaria para el registro en la aplicación. “Por el momento no estamos activando venezolanos”, fue la respuesta que obtuvo de Rappi un joven que consultó por qué estaba inhabilitado a pesar de haber finalizado el curso.



 


Docentes


El colegio Tierra de Crecimiento, ubicado en la localidad de Villa Ballester del partido bonaerense de San Martín, informó a la docencia que, debido a la demora del pago del subsidio de la Anses por el programa ATP y considerando el atraso en el pago de las cuotas por parte de las familias, solo depositarían el 30% del salario. Esta institución, establecida hace 24 años en la provincia de Buenos Aires, comunicó a los trabajadores por medio de un mensaje de WhatsApp de esta situación, e informó que “cuando se paguen los ATP depositarían el resto”. El colegio privado alega no poder pagar los salarios, pero el Estado no realiza ningún tipo de investigación para verificar si esto es así, antes de habilitar el subsidio.



 


Automotriz


El jueves 11 de junio se informó de cinco nuevos casos positivos de Covid-19 en Toyota (Zárate, Buenos Aires), lo que lleva a un total de siete con uno reciente y el confirmado, apenas un día después de la visita del presidente Alberto Fernández a la automotriz japonesa. El 18 de mayo, Toyota reinició sus actividades sorteando las débiles restricciones del decreto de cuarentena y como empresa exceptuada. Se elaboró un protocolo, del cual se decía que era de lo mejor en la industria zonal. La presentación con bombos y platillos de este protocolo, y la parafernalia montada en las porterías de ingreso, no pudo ocultar que estos procedimientos, al igual que en el resto de la industria, solo se han elaborado para poder iniciar la producción, con la consecuente exposición sobre los trabajadores.



 


Automotriz


Se confirmaron tres casos positivos de coronavirus entre los trabajadores de Volkswagen en la fábrica ubicada en la localidad de Pacheco, del distrito bonaerense de Tigre. Dos ellos son del sector de producción y uno de limpieza, contratado por la empresa Integración Servicios Nuevos (ISN). La fábrica estuvo cerrada por 60 días desde el inicio de la cuarentena, reabriendo la producción el pasado 19 de mayo. En el acto de reapertura participaron el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Tigre, Julio Zamora, con el objetivo de “supervisar” los protocolos de seguridad e higiene de la empresa.



 


Maestranza


Los trabajadores de Serza, la empresa tercerizada de limpieza del Aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires), han cobrado este mes entre $1.600 y $3.500, incluso aquellos que han sido convocados a trabajar durante el mes de mayo en el marco de la pandemia. La patronal está violando todas las leyes laborales existentes, con la complicidad de Aeropuertos Argentina 2000, de los entes estatales encargados de controlar las licitaciones y del Ministerio de Trabajo.



 


Comercio


En la sede del hipermercado Coto, ubicado en el distrito de Quilmes, luego de la clausura el pasado 9 de junio, frente a la denuncia y acciones de lucha por parte de los trabajadores, al día 12 habría ya más de 20 casos de contagio de Covid-19. Las denuncias comenzaron la semana pasada, pero la patronal se negó a tomar las medidas sanitarias correspondientes, manteniendo abierto el hipermercado y convocando a todo el personal, incluso a quienes habían tenido contacto estrecho con los casos confirmados, provocando así la expansión del virus a otros trabajadores y poniendo en riesgo la salud de miles de vecinos que realizan sus compras en el lugar.



 


Comercio


Entre las nuevas denuncias sobre atropellos de las empresas de fast food que han circulado en estos días se encuentran las de los empleados de la cadena KFC, que denuncian enormes descuentos salariales. Los trabajadores manifiestan que la empresa no solo le ha quitado los $16.875 equivalentes a un salario mínimo y depositados por Anses -a través del programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP)-, sino que, en algunos casos, los descuentos casi duplican ese monto, superando los $30.000. Esta práctica de descuentos, ya aplicada en otras cadenas de fast food, lleva a la situación de que algunos recibos de sueldos quedan con saldo negativo, con lo que lxs trabajadores le “deben” a las empresas. Van desde los $5.000 -en los casos donde el local si abrió y estuvieron yendo a trabajar- hasta los 25 o 30 mil pesos, si están en licencias.



 


Azucareros


Se produjeron explosiones en instalaciones del ingenio Aguilares, en el sur de Tucumán, durante la mañana del último jueves 11 de junio que dejaron como resultado a dos obreros heridos. No hay claridad respecto de lo que realmente ocurrió, pero lo que sí se conoce es que los obreros fueron trasladados a un hospital de la zona, con quemaduras y golpes. La zafra tucumana comenzó a las apuradas en varios ingenios y con varias denuncias. Así fue el caso del Concepción, donde los trabajadores revelaron que las condiciones sanitarias, en el contexto de cuarentena, no se cumplían. Como se ve, esto es la regla y no la excepción.



 


Empaque


Los y las trabajadoras de La Reginense (Villa Rergina, Río Negro) informaron que en sus cuentas estaba depositado un monto que cubría parte de la deuda que tiene con ellos y ellas el gobierno provincial, que mantiene intervenida la fábrica desde principios de año, superior a lo pactado a sus espaldas por parte de la burocracia sindical. Si bien las promesas, del propio gobierno, de la actual conducción sindical y del interventor, eran garantizar los sueldos, esto no se cumplió por parte de la patronal que tomó los servicios del empaque, ni por parte del gobierno provincial. Así, la conquista del módulo alimenticio y de este depósito fue gracias a la organización y lucha independiente de los y las trabajadoras de La Reginense.



Refinería


Con seis casos de coronavirus confirmados al interior de la fábrica, los trabajadores de la refinería Sudamericana, ubicada en Camino General Belgrano en la localidad bonaerense de Quilmes, manifiestan su preocupación ante la desidia de la patronal, y reclaman medidas de prevención. Se trata de un nuevo caso de multiplicación del Covid-19 en los puestos laborales, producto de que las patronales no dan ningún tipo de insumo a los trabajadores para que no se contagien de la pandemia que nos acecha. A los seis infectados los aislaron, pero a los trabajadores les dicen que es una gripe normal, que no pasa nada. Asimismo, denunciaron que recién después de dos meses y medio de cuarentena nacional les brindaron barbijos.



Televisión


Luego de demorar el pago de los salarios de abril y mayo y en medio de amenazas de no abonarlos por el parate que produjo el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Grupo Clarín consiguió el aval del sindicato de televisión y del gobierno para pagar el 75% de los haberes en su productora audivisual. Se trata de unos 300 empleados que cumplen tareas en Polka, que genera contenidos para sus principales medios y para exportar. La empresa, además, recibió el ATP del Gobierno Nacional para pagar otra parte de ese 75% del salario de los empleados,


 


Call centers


Los empleados de la gigantesca Teleperformance y Aegis (Tucumán) vienen sufriendo sistemáticos ataques de la patronal. La cuarentena no fue un límite para que Teleperformance decidiera despedir y recortar salarios. Es por eso que decidieron movilizarse el viernes 12 de junio a la Secretaria de Trabajo, según explicaron los delegados y trabajadores de call centers de la provincia. Durante el conflicto, que lleva más de una semana, los empleados que mantenían la medida eligieron sus propios delegados y delegadas que la empresa no reconoció. Una de ellas, Alejandra comentó a Prensa Obrera que “estamos reclamando el pago íntegro de los sueldos, la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente de los contratados”. 



 


Pasteleros


El sindicato de Pasteleros denunció que hay decenas de trabajadores no registrados en alfajores Vimar (La Reja, Buenos Aires) y contagiados de Covid19, algunos sin cobertura de salud porque, con el argumento de que están en negro, la obra social del gremio no los atiende. Además, el pasado martes 2 de junio, la patronal llevó a 10 trabajadores a una escribanía para despedirlos y hacerles firmar un compromiso de no avanzar en acciones legales. Ocho de esos despedidos no estaban registrados. El miércoles 10 de junio se detectaron en la planta 4 posibles casos de Covid19. En el sindicato indicaron que uno de ellos ya dio positivo y está siendo tratado en la clínica gremial, pero los otros 3 potenciales positivos por contacto estrecho son trabajadores sin registrar, por lo que no cuentan con cobertura de salud de ningún tipo.


 


Pasteleros


Luego de enterarse que el dueño del restaurante "Lo de Carlitos" ubicado en el barrio porteño de Caballito, quiso rematar el local, empleados de la franquicia de la famosa cadena de panqueques de Villa Gesell, decidieron ocupar su lugar de trabajo en reclamo del pago de salarios que les adeudan de abril y mayo.


 


Cultura


La diputada provincial del PO-FITU, Patricia Jure, presentó en Neuquén un proyecto de ley que expresa las necesidades y los grandes reclamos de les trabajadores de la cultura, en un momento en que la cuarentena ha mostrado como nunca la extrema precarización en la que trabajan las y los artistas de todas las disciplinas en la provincia. La iniciativa estipula la creación de un registro provincial de trabajadores y trabajadoras de la cultura. A su vez, el proyecto crea un comité de trabajadores de la cultura, electo por sus propios inscriptos, para poder controlar las medidas, dirigir y supervisar los fondos y destinos establecidos en esta ley.



Tecnología


Tras haber despedido a cientos de empleados y reducido un 30% los salarios de quienes continuaron afectados a la compañía, Despegar.com le comunicó a casi 250 empleados que estaban suspendidos. La noticia les llegó a través de una videoconferencia. De acuerdo a un estimativo realizado por los propios trabajadores, 40 trabajadores fueron suspendidos en Córdoba y cerca de 200 en Buenos Aires.


 


Alimentación


Se confirmaron nuevos casos positivos de Covid-19 en la planta de Mondelez, ubicada en Pacheco, del distrito de Tigre. El número de contagiados pasó de 3 a 12 trabajadores en pocos días: Mondelez nunca dejó de producir durante la cuarentena ya que está considerada actividad esencial cuando, en verdad, produce alimentos no esenciales como golosinas, galletitas y snacks. La patronal, con el aval de la dirección del sindicato de la alimentación (Stia) obliga a ingresar a la fábrica a los trabajadores. Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Tigre autorizan el funcionamiento de la fábrica y el nivel de contagios entre los trabajadores sigue creciendo.



Aeronáuticos


Trescientos trabajadores de Latam de Aeroparque votaron en asamblea virtual la realización de una concentración en el Ministerio de Trabajo (sede Alem) en defensa de los puestos de trabajo. La decisión de Latam de abandonar los vuelos de cabotaje despidiendo a 1.700 trabajadores es el último capítulo de una crisis anterior al coronavirus. Ya el año pasado sus acciones cayeron al máximo histórico perdiendo un 50% de su cotización original al momento de fusionarse la chilena Lan con TAM de Brasil. Las denuncias de los propios accionistas sobre la bancarrota inminente se concentran en los negociados particulares de la familia Cueto, histórica controlante de la compañía, junto al presidente Piñera. Son los mismos accionistas que no se privaron de cobrar casi 60 millones de dólares en utilidades hace pocos días en medio de la crisis.



Neumático


El 18 de junio se realizó un contundente paro en la fábrica Bridgestone (Lomas de Zamora, Llavallol), convocado por el Sutna. Luego del exitoso paro general realizado el viernes 12, la patronal de Bridgestone continuó incumpliendo las normas más elementales de seguridad frente a la pandemia. Saludamos esta acción convocada por el Sutna, que contrasta con la connivencia de la burocracia sindical con las patronales frente al riesgo que corren los trabajadores de todo el país. Llamamos a darle la más amplia difusión al paro y redoblar el apoyo a los compañeros del Neumático, que se encuentran a la vanguardia de la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores.



 

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18/06/2020

Teletrabajo: ¿progreso tecnológico o súper explotación laboral?

Reproducimos artículo publicado originalmente en Perfil.


La cuestión del teletrabajo o trabajo remoto que permiten las nuevas tecnologías, hace rato que ocupa un lugar en la agenda de los trabajadores en el mundo y también en nuestro país, aunque la pandemia y la cuarentena lo han puesto al rojo vivo.


La situación ha forzado a centenares de miles de trabajadores a desempeñarse de este modo, millones si contamos la docencia. Y se ha hecho de la peor manera: sin el resguardo de los más elementales derechos para los trabajadores. Con retraso, el tema llega en estos días al Congreso, donde hay al menos quince proyectos, entre ellos uno del Frente de Izquierda y varios de distintas ramas sindicales.


En semejante retraso tienen fuerte responsabilidad las organizaciones sindicales y, desde luego, las fuerzas políticas que dominan el parlamento. Al punto que en 2005 llegó al Senado un proyecto elaborado a partir del trabajo de los sectores combativos del gremio telefónico (Foetra) llamado “ley del teleoperador”. Tuvo media sanción en 2011, sufrió el clásico “cajoneo” como resultado de la presión de los grupos económicos involucrados especialmente en los call center, tomó estado parlamentario nuevamente en 2014, para retornar definitivamente a la nada.


Hoy, el trabajo remoto y las tecnologías que lo sustentan tiene el poder de transformar las relaciones laborales con tanto o más alcance que la robotización, como vértice de un progreso tecnológico que debería proveer un salto en el dominio humano de la naturaleza. Con él, un salto en la condición de vida de la humanidad, independizándola del trabajo como forma de alienación e incluso contribuyendo a la plena ocupación mediante la reducción de la jornada laboral y con ella contribuir a la realización colectiva e integral del trabajador y su familia.



No es lo que ocurre. En manos de la fabulosa concentración del capital en que se desenvuelve el mercado laboral, las corporaciones capitalistas lideran un proceso en el que el sistema blande la tecnología como un arma de superexplotación, de atomización del colectivo de trabajadores y de retroceso por detrás de la legislación y los convenios colectivos que costaron siglos de luchas y sangre de los trabajadores. O sea en función de la flexibilización laboral. Y no ha faltado quien diga, con dramática razón, que la reforma laboral en la Argentina está en marcha con la cuarentena.


Una reciente encuesta de la agencia Adecco constató que el 42% de los entrevistados afirma que su jornada laboral se ha extendido con el homework. Que una mayoría de oficinistas pasó a esta modalidad en el comienzo de la cuarentena y que la mayoría no cuenta con el espacio adecuado y al estar en la casa con la familia se vuelve “difícil” la tarea.


Los trabajadores no estamos contra el progreso técnico. Ya hace dos siglos que los obreros aprendieron que su enemigo no es la máquina, sino quien domina el medio de producción y la usa para reducir plantilla, rebajar salarios e incrementar la explotación del trabajo. No como fenómeno individual, sino sistémico. El ludismo en el siglo XIX en Gran Bretaña atacaba las máquinas porque veía que ellas hundían las condiciones de vida de los obreros. Pero, rápida y dolorosamente, comprendieron la necesidad de organizarse sindical y políticamente en forma independiente, para luchar por sus derechos.


Fue cuestión de tiempo y de lucha separar la máquina de su empleo por parte del capital. Hoy, esa realidad se plantea como un nuevo desafío histórico que puede (y debe en nuestra opinión) poner en discusión las bases mismas de un sistema que condena a la desocupación y potencialmente al hambre a miles de millones de personas en el mundo. La OIT ha proyectado que se podrían duplicar los 1200 millones de desocupados actuales.


Pues bien. Al mismo tiempo que luchamos por los protocolos de salud y los testeos en las fábricas, por la organización y protección laboral de los repartidores (otra “epidemia” laboral de la cuarentena), tenemos que luchar por las condiciones de trabajo de los trabajadores remotos o teletrabajadores.


Es esencial arrancar una legislación, incluirlos en los convenios colectivos con vigencia plena de todas las conquistas del convenio para ellos y con derechos plenos en la organización sindical. La modalidad tiene que ser irrestrictamente optativa fuera de esta excepcionalidad y debe resguardarse la estabilidad laboral de quien no acepte porque no pueda o no quiera. La jornada laboral debe ser acotada, continua, con derecho a la desconexión y con descansos. El empleador debe proveer los elementos, la conectividad y sus costos y mantenimiento, los costos del espacio físico, el cuidado de niños que deba tercerizarse. Las ART asumir sus responsabilidades en horario de trabajo.


La virtualidad educativa forma parte de otro debate porque las mejores escuelas científicas en la materia indican el carácter insustituible de la presencialidad. No obstante, en la excepción que ha planteado la pandemia, los derechos de educadores y educandos deben ser protegidos con más razón aún, porque uno de cada tres niños no tiene conectividad. Estas son algunas de las condiciones que ya están a debate y que plantean una lucha de la clase trabajadora en su conjunto, del total de sus organizaciones y también en la arena parlamentaria para enfrentar este desafío.




 

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18/06/2020

Escándalo en el Hipódromo de Palermo: trabajadores encerrados hace 90 días

Los peones de caballos no pueden salir desde hace tres meses, ya que no hay protocolos de seguridad e higiene. La patronal los mantiene rehenes.

Alrededor de doscientos trabajadores rurales, peones de caballo, están obligados por la patronal del Hipódromo situado en el barrio porteño a vivir allí dentro desde hace alrededor de 90 días. Lo hacen en condiciones de hacinamiento extremo, algunos con colchones y otros ni siquiera tienen. Duermen encimados y no los dejan salir a comprar comida, con la extorsión de que si salen no entran de nuevo –es decir, se quedan sin trabajo.


Los trabajadores reclaman poder salir y ver a su familia. Según sus declaraciones, la mayoría son provincianos y no pueden hacer la cuarentena en el Hipódromo, ya que no hay comodidades ni hay materiales sanitarios. Apuntan a que no hay inversión en un buen protocolo de seguridad para que ellos puedan salir y entrar todos los días.




Si bien las condiciones de precarización laboral de este sector son la norma, con la pandemia se agravaron exponencialmente. Con salarios de $20.000, ahora se les prohíbe el derecho básico de la circulación ante las deficiencias de la propia patronal del Hipódromo. Lo único que les interesa son las ganancias a costa de los caballos, mientras sobreexplotan a los trabajadores rurales y los mantienen presos al interior del predio.


Hasta el momento, la  Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) no ha aparecido. Los trabajadores están manifestándose en la puerta del Hipódromo (del lado de adentro) para que se les aseguren las condiciones mínimas de higiene y seguridad y puedan retornar a sus hogares, con la garantía de volver a ingresar a trabajar al otro día.




 

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Justicia para Facundo, asesinado por la Gendarmería en Bajo Flores

Basta de militarización y gatillo fácil en los barrios.

En el día de hoy tuvimos la noticia de que nuevamente la Gendarmería se había cobrado la vida de un pibe en nuestro barrio, Bajo Flores.


Se trata de un nuevo caso de gatillo fácil. Facundo Escalso, de menos de 20 años, fue asesinado a sangre fría por parte de la Gendarmería, que le disparó varios tiros a la espalda en un operativo inexplicable. Permaneció herido en la calle un largo tiempo, hasta que muy tardíamente fue asistido por una ambulancia, y minutos después nos enteramos que había fallecido.

 



“Se estuvo esperando más de una hora a la ambulancia SAME, sin permitir que la madre y los vecinos le realicen primeros auxilios, ya que estaba vivo. Al llegar la ambulancia y llevárselo, no dejaron que la madre los acompañe, agrediéndola físicamente”, describe un testimonio recogido por Nueva Ciudad (18/6).


El abuso por parte de la gendarmería en las villas de Bajo Flores es moneda corriente. Un enorme despliegue de gendarmes armados recorre las calles de la 1-11-14 a diario, como modo de regulación de la vida interna en los barrios populares, donde el hambre es moneda corriente.


Este nuevo caso de gatillo fácil pone de manifiesto el verdadero rol social de la militarización de las barriadas. Mientras matan a los pibes del barrio por la espalda, las cocinas de paco y la trata de personas se siguen desarrollando con total complicidad de las fuerzas “de seguridad”.



En un contexto social donde la juventud de los villas no tiene garantizadas condiciones mínimas para su desarrollo como educación, vivienda y comida, la respuesta por parte de los distintos gobiernos siempre ha sido la misma: la militarización de las zonas vulnerables para amedrentar a una población totalmente violentada por el Estado, que no da respuesta alguna a ninguna de sus demandas.


No queremos a la Gendarmería en nuestros barrios.


La ministra de seguridad Sabina Frederic es responsable.


Exigimos el fin de la militarización y justicia por Facundo. Ni un pibe menos. El Estado es responsable.



 

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18/06/2020

Bariloche: contundentes denuncias de los trabajadores del transporte público

Los delegados y choferes de la empresa Mi Bus Amancay S.R.L. dieron a conocer un comunicado donde denuncian las maniobras ilegales que está llevando adelante la patronal. El panorama descripto es sumamente crítico, general y de arrastre tras décadas de una patronal viviendo de la teta del Estado, todo un clásico. Las novedades llaman a rever el sistema de Transporte Urbano Público (TUP) en Bariloche, pero la situación se generaliza.


La crítica situacion de los trabajadores del transporte en el país tiene sus expresiones en la provincia y plantea salidas de fondo al problema. Los trabajadores de la 18 de mayo en General Roca evidencian situaciones similares luego de décadas de subsidios y tarifazos. Lo mismo ocurre con la empresa Koko, del grupo Vía Bariloche, que ha despedido y reducido salarios en medio de la cuarentena, mientras los subsidios del Estado siguen llegando.


Mi bus, pura precarización


En el comunicado los trabajadores cuentan las pésimas condiciones laborales que atraviesan, las cuales se han tornado habituales en la empresa, como ser el pago de salarios fuera de término, desdoblados y/o parciales, remuneraciones desactualizadas, liquidaciones erróneas, despidos injustificados, la falta de descanso, condiciones no aptas de trabajos, maltratos, falta de protocolos y elementos de protección personal en contexto de la pandemia, entre otros.


Por otra parte, los delegados y choferes de Mi Bus denuncian las irresponsabilidades que vienen ocurriendo desde el Estado -y que venimos señalando quienes oponemos la defensa de un trasnporte público verdadero y no privado- en cuanto a los organismos de gobiernos municipales, provinciales y nacionales.


En el mismo se expresa que tanto el Concejo Deliberante como el municipio de Bariloche y el gobierno provincial carecen de políticas relacionadas con la prestación del servicio, la falta de controles e inspección de las unidades y los servicios, y la falta de análisis y políticas con visión de futuro. A su vez expresan que el Ministerio de Trabajo, con sede en Bariloche, impide el ingreso de los delegados a las audiencias de mediación y toma decisiones arbitrarias en connivencia con el municipio y el sindicato.


Como si todo esto fuera poco, los trabajadores denuncian la falta de compromiso de la UTA (sindicato) Bariloche con los afiliados, que no se realizan asambleas de forma periódica y que no intervienen en los padecimientos que atraviesan los choferes y empleados de Mi Bus. El comunicado de los choferes de la Mi Bus es contundente: “No estamos de acuerdo con esta conducción gremial y sindical sentimos que no estamos representados y expresamos nuestra disconformidad con la actual conducción”.


El comunicado, en fin, denuncia los lazos de las patronales y los sucesivos gobiernos, que utilizan al Estado en beneficio propio y contra los trabajadores y los y las vecinas de a pie.


Por un transporte público bajo control obrero y ciudadano


La crisis que atraviesa el transporte urbano de pasajeros, agravada por la situación que se vive a nivel nacional por la llegada del Covid-19, exige medidas de fondo. La empresa de la firma Amancay viene siendo beneficiada con subsidios millonarios y con tarifazos descomunales. Lo cierto es que nadie sabe cuáles son las ganancias reales de la empresa, estás y las anteriores. En la última audiencia pública especialistas demostraron, teniendo en cuenta los costos de mantenimientos, como la empresa Mi Bus se lleva ganancias millonarias. Motivo por el cual, se hace necesario que la empresa abra los libros para que la sociedad barilochense pueda discutir abiertamente la lógica del transporte en la localidad, y oponer una salida propia.


En medio del conflicto la jefa de Gabinete del municipio, Marcela Abdala, de Juntos Somos Rio Negro afirmo que los trabajadores del TUP de Bariloche están “incumpliendo con la paz social que se había acordado con la UTA a nivel nacional”, pero no realizó ninguna mención por la falta del pago de los salarios a los trabajadores.


Abdala sostuvo que la única solución la pueden dar, a nivel nacional, los subsidios, que ya se anunciaron llegarán a mediados de junio, que rondan los 10 millones de pesos por parte de nación, más los 14 que le cedería a la empresa la provincia.


Por otro lado, el empresario Pedro Ponte, de MI BUS, fue más a fondo, apuntando a los y las estudiantes como el principal causante del “desequilibrio económico”.


Ante este cuadro de crisis solo hay una salida: que los trabajadores del transporte y usuarios opongamos una salida propia.


En primer lugar, ante las versiones de que la empresa se estaría preparando para irse, exigimos la continuidad de los puestos de trabajo de todos los trabajadores bajo su convenio actual, y el pago inmediato del faltante de los salarios. Frente a los intentos de Mi Bus y el gobierno de hacer pagar la crisis del transporte a sus trabajadores y usuarios impulsemos la apertura de los libros contables de Mi Bus por una comisión independiente que dé lugar a un proceso de expropiación de los bienes sin pago y estatización que termine con el negociado de la empresa, para un servicio público del transporte en Bariloche de los trabajadores y ciudadanos de a pie.





 

18/06/2020

Estados Unidos: la Corte Suprema falla que no se puede despedir por identidad de género

Bajo el impacto de la rebelión popular, una conquista del movimiento de lucha LGBT+

A menos de un mes del asesinato de George Floyd que inició una rebelión popular en Estados Unidos y movilizaciones en Europa y todo el mundo en apoyo, la población norteamericana Lgbt+ logró avanzar en un derecho por el que ha peleado largamente. La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la prohibición de despedir a una persona por su orientación sexual o por ser trans, travesti o transgénero, basándose en el título VII del Acta de Derechos civiles de 1964 que estipula que es ilegal despedir a una persona por su sexo. El juez Neil Gorsuch dijo “es imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin discriminar a ese individuo por su sexo” ( New York Times 15/6/2020), cambiando entonces la realidad de miles de trabajadores que, hasta antes de este día, podían ser despedidxs en más de la mitad de los estados por formar parte de la población LGBT+. La decisión del tribunal llamó particularmente la atención ya que está mayormente conformado por jueces conservadores, incluso el mismo Gorush, quien escribió el fallo, fue designado personalmente por el reaccionario Donald Trump. Unos días más tarde la corte dio otro fallo progresivo, en este caso a favor de los inmmigrantes. Trump viene en retroceso y se ve que la Suprema Corte esta dando pasos para distanciarse de él frente a la opinión pública.


Esta decisión no surge de la nada, sino que se da después de fallos individuales que obligaron a la Suprema Corte a posicionarse. Gerald Bostok, denunció al condado de Clayton, Georgia, que lo despidieron de un programa gubernamental después de unirse a una liga de Softball gay. Como también, el caso de Donald Zarda, instructor de paracaidismo, despedido por decirle a una clienta que era gay. Vemos que estos despidos se daban tanto en el ámbito estatal como privado, y que, al igual que en nuestro país, si bien lxs ciudadanxs de EEUU tenían derecho a casarse con personas de su mismo género desde 2015, esto no es garantía de derechos básicos en otros ámbitos.


Un paso adelante, tres pasos atrás


En un país con el sistema de salud completamente privatizado, en el cual lxs trabajadorxs se endeudan de por vida para  pagar el plan médico. y  está pasando por el mayor índice de desempleo en casi un siglo. La semana pasada, en el cuarto aniversario de la masacre del club gay Pulse, el Departamento de Salud y Servicios Humanos determinó que el gobierno nacional dejará de considerar a la identidad de género como un motivo de discriminación por parte de los proveedores de salud, hospitales y médicxs. Es decir, todos los servicios de salud que reciben fondos federales podrán negarse a proporcionar o cubrir la atención médica relacionada con la transición de género, desde tratamientos hormonales a quirúrgicos.


Una reforma de 2016 establecía la inclusión de personas basándose en su identidad de género autopercibida, y por lo tanto instaba a los proveedores de salud a cubrir el tratamiento de personas trans, dar marcha atrás a este punto no solo implica una traba más al ya difícil acceso a la salud para las personas trans, sino que es un retroceso  a una concepción binarista y meramente biologicista del sexo, ya que toma como motivo de discriminación solamente el sexo y no la identidad autopercibida.


Esto forma parte de un plan del gobierno de Trump para achicar la definición legal de discriminación por sexo y así dejar por fuera a las personas trans no solo de la salud, sino también de refugios, educación y empleo. Varies activistas, comentan que esto implicaría que se le pueda negar a una persona el test de Covid-19 por el mero hecho de ser trans y la agrupación por los derechos LGBT+ “Human Rights Campaign” planea demandar al gobierno de Trump por este motivo.  Esta modificación, además, elimina la protección ante la discriminación para personas que hayan interrumpido un embarazo, avanzando así también sobre los derechos de las personas que hayan decidido acceder a un aborto, incluso en los estados donde es legal.


El acceso a la salud y al trabajo para el pueblo trabajador y puntualmente a la población LGBT+ no puede quedar en manos de puramente de legislaciones o fallos legales, sino que se deben dar en base a un cambio social que eleve la conciencia de las masas y vea estos derechos como parte de los derechos básicos de todxs lxs trabajadores. Como bien sabemos por nuestra experiencia en Argentina, el hecho de tener una ley que defienda nuestros derechos no es una garantía de que efectivamente se cumpla. Lo vemos con la ley de identidad de género que debería, entre otras cosas, garantizar el acceso a los tratamientos hormonales de personas travesti-trans pero hoy en día ese derecho se encuentra completamente vulnerado ya que hace meses se complica el acceso en hospitales públicos y obras sociales. En lo laboral el panorama no es muy distinto, pese a la aprobación de la ley de cupo laboral trans en 2015 en la provincia de Bs As esta sigue sin aplicarse efectivamente, y Según un informe de ATTTA y Fundación Huésped de 2014 (el último disponible), sólo el 18% de las personas travestis y trans tienen acceso a trabajos formales, llevándolas a recurrir a los trabajos más precarizados para poder subsistir, principalmente la prostitución. Es por esto que desde el Partido Obrero y la Agrupación Lgbti 1969 hemos presentado, por tercera vez, el proyecto de ley de Inclusión Laboral Travesti-Trans en el Congreso, a través de nuestra diputada del FIT Romina Del Plá, no como la solución a todas las problemáticas sino como un paso adelante en nuestros derechos y un eje para organizar la lucha del movimiento LGBT+.


Tomando el ejemplo de lucha del movimiento Black Lives Matter, y retomando la lucha histórica de la revuelta de Stonewall precisamente en su mes de aniversario, el activismo LGBT+ se enfrenta a nuevos desafíos: Llevar adelante una lucha por sus reclamos  y  dar marcha atrás a las ideas Trans odiantes que el actual gobierno intenta imponer. Privando del acceso a la salud a una población ya vulnerada y con una expectativa de vida de 35 años. Esta lucha no es  solo para cambiar a Trump por otro gobierno burgués, sino para cambiar de fondo las bases sociales,  y económicas que perpetúa el capitalismo, tarea que solo podrá ser llevada adelante por la clase trabajadora.


Desde la Agrupación LGBTI+ 1969, llamamos a denunciar a este régimen social que persigue y oprime a las personas por su identidad de género y orientación sexual  y a organizarnos independientemente del estado y los gobiernos para conseguir la victoria de todas nuestras reivindicaciones.



 

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18/06/2020

Queman las islas del Delta del Río Paraná: la catástrofe ambiental que amparan los gobiernos

Panorámica aérea de los incendios sobre la costa este del río Paraná.

El mismo día en que los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe y Nación firmaron un acuerdo para prohibir por 180 días los incendios de pastizales en las islas del Paraná, que limitan entre las ciudades de Rosario y Victoria, se detectaron allí 40 nuevos focos ígneos.

El hecho es un resumen de lo que viene sucediendo: gobiernos postrados ante la explotación sojero-ganadera, perdiendo tiempo en reuniones y presentaciones legales anodinas, mientras que millones de pobladores -ya afectados por una pandemia que ataca especialmente a las vías respiratorias- tienen que respirar desde hace un mes debajo de una nube tóxica que complica aún más su salud.

En los últimos 30 días se incendió un territorio equivalente a una Rosario y media: 250 kilómetros cuadrados (25 mil hectáreas), que comprenden desde la zona de San Lorenzo hasta Villa Constitución. Y en lo que va del año, se contabilizaron más de 3.000 focos de incendio.

Los negociados del “modelo” agroexportador: destrucción de la naturaleza y de la vida humana

La quema de pastizales de manera indiscriminada no es un tema nuevo en las islas entrerrianas., pero no es común en esta época del año. Generalmente se hacen en primavera, cuando los pastizales están secos para que nazca el nuevo alimento para el ganado. Este año se adelantaron para “aprovechar” la bajante histórica del río Paraná, que despejó más terrenos para la explotación sojero-ganadera.

¿Cómo es el circuito? Para favorecer la explotación sojera del suelo y debido al mayor rendimiento que tienen los pastos de las islas para el engorde del ganado, los explotadores sojeros, ganaderos y frigoríficos, desplazan el ganado del continente a los terrenos isleños, por lo que la explotación ganadera ha aumentado de manera sustancial en las islas durante los últimos años. En consecuencia, la cantidad de ganado que pasta se extiende sobre nuevas tierras.

Frente a la necesidad de despejar espacio para estos fines es que se están quemando pastizales de un terreno ecológicamente vital, como son los humedales del Delta del Río Paraná.  El destino final del ganado es el mercado de exportación.

Impacto ambiental

Estos focos de incendio tienen un gran impacto negativo en el  ambiente. El humo es muy perjudicial para la salud, ya que colabora con todas las enfermedades respiratorias. Los expertos indican no salir y no hacer actividad física al aire libre, ya que las mediciones acerca de la calidad del aire han dado cifras alarmantes, pasando en los últimos días de “dañino para la salud” al borde de  “muy dañino”. Los beneficios de la fase de distanciamiento social no se estarían sintiendo tanto como el mal olor y el aire irrespirable.

Las quemas afectan fuertemente a la fertilidad del suelo y contaminan la ribera del río y todo el curso de agua del Paraná, en tanto que la elevación de estos gases tóxicos provoca cambios climáticos. Como señalamos más arriba, no solo se están quemando pastizales secos; también estas zonas que comprenden bosques de timbós, sauces, alisos, ceibos, laureles y espinillos, lo que representa la depredación total de uno de los ecosistemas más importantes que se encuentran a la vera del Paraná.

Naturalmente esto afecta también a la vida animal, ya que las diversas especies deben escapar de su hábitat en medio de los problemas ya existentes por la bajante histórica del Paraná, que hizo que el pastizal ya estuviera seco en esta época del año.

De la defensa de los negociados son todos responsables

El gobierno de Rosario, encabezado por el Franja Morada Pablo Javkin, así como el gobierno provincial de Omar Perotti (PJ), han adoptado una estrategia común en estos tiempos de “entendimiento”: pasarle la pelota al gobierno de Entre Ríos, encabezado por el contaminador peronista Gustavo Bordet. El Ministerio de Ambiente de Juan Cabandié estuvo prescindente todo el tiempo que pudo, hasta que el humo empezó a llegar a Buenos Aires y se vio obligado a decir algo. La mesa de diálogo entre todos ellos no ha representado ningún avance concreto, mientras los brigadistas empiezan a sufrir accidentes apagando focos ígneos incontrolados.

La estrategia común a todos ellos es elevar demandas al poder judicial, apostando a los lentos tiempos de la Justicia, para que cuando intervenga ya no queden humedales para proteger. Son defensores acérrimos de los intereses ganaderiles -una herencia bicentenaria. La elección de un largo camino judicial no solo es una vía muerta sino más bien una impostura, porque buena parte de estos terrenos son propiedad fiscal de Entre Ríos, es decir, propiedad del Estado, que podría y debería rescindir de forma unilateral e inmediata concesiones así de gravosas para el conjunto de la población.

El gobierno de Rosario dio a conocer los nombres de algunos de los dueños de estas tierras que están siendo incendiadas, que son sojeros y empresarios ganaderos importantes, algunos dueños de mataderos de la provincia de Santa Fe. El escándalo se produjo en torno al intendente del municipio de Victoria, Domingo Maiocco, propietario él mismo de terrenos en zonas incendiadas. Pero no se quedan cortos otros funcionarios, como la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que se sabe tiene terrenos en las islas  y está acuarentenada políticamente desde que asumió. Otros terrenos pertenecen a la Universidad Nacional de la Plata y a la Universidad Nacional de  Rosario, que han denunciado que los productores se han apropiado de parte de esos terrenos cedidos. La estrecha relación política entre Javkin y el rector de esta última, Franco Bartolacci, no ha derivado, como vemos, en una acción mancomunada para defender la parte de los terrenos de las islas que están bajo jurisdicción propia.

La maniobra de echar culpas a localidades vecinos no es “campanilismo” estrecho. Busca esconder responsabilidades compartidas, ya que ambas provincias usufructúan los terrenos isleños para diferentes tipos de actividades turísticas, náuticas y económicas. Más allá de eso, es un patrimonio natural de la humanidad, que debe ser preservado de conjunto. En el caso del intendente de San Lorenzo, la impostura de la denuncia judicial es mayúscula, ya que allí y a todo lo largo del cordón industrial se concentran los casos de contaminación ambiental derivados de la depredación natural permitida a las aceiteras, que descargan aceite sobre el Paraná; a las papeleras como Celulosa, que contaminan el aire en Capitán Bermúdez al punto de ser una de las ciudades con más casos de cáncer del país; y un largo y penoso etcétera.

La realidad es que todos estos gobiernos defienden este modelo de explotación de la tierra y los recursos naturales; no sucede solo en el litoral con la ganadería, sino también con la explotación de la soja y otros granos. La defensa del ambiente es incompatible con la explotación ganadera en las islas. El tema se suma a la necesidad de reconvertir todo el modelo agroexportador en beneficio de las mayorías que viven y trabajan en Santa Fe.

Necesitamos poner en pie comisiones obreras de seguridad e higiene, con poder de veto sobre la producción cuando la misma represente un riesgo para la vida y la salud de las personas que trabajan y viven alrededor del complejo agroexportador. Esta fiscalización obrera y de las organizaciones militantes ocupadas en la defensa ambiental es la única medida efectiva que garantiza la preservación de los recursos naturales.

Nos pronunciamos por la creación de un Parque Nacional en las islas del Delta del Paraná, que funcionen como una reserva ecológica con fines de cuidado del ambiente y del ocio para la población sin restricciones, en oposición al usufructo privatizado que rige hoy en día y que ha loteado ese espacio en beneficio de ganaderos y matarifes, clubes náuticos y casa de fin de semana de la burguesía.

Luchemos de manera independiente por terminar con este régimen de destrucción de la naturaleza.

 

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18/06/2020

Córdoba: Schiaretti recula ante les trabajadores residentes de salud

Se haría cargo de 3.000 agentes que habían sido excluidos del bono.

Según trascendidos de prensa, el gobierno de Córdoba se haría cargo de 3.000 agentes que fueron discriminados en el cobro del bono estímulo para el personal de la salud, que comenzó a pagarse hace una semana a pesar de haber sido anunciando por el gobierno nacional a principios de abril.


Ese bono, de $5.000 por mes durante cuatro meses, es apenas un aliciente para los magros salarios del sector que cerró una paritaria a la baja y en cuotas, y que además cobraría el aguinaldo también en cuotas. A pesar de que el DNU les incluía expresamente, el gobernador Juan Schiaretti no presentó los listados de residentes hospitalarios de la provincia, cuando el sistema de salud cordobés se sostiene fundamentalmente por este sector precarizado y ultra explotado -que trabaja hasta 36 horas por una beca de $35.000


El colectivo de residentes no se quedó callado ni con los brazos cruzados. Inmediatamente luego de conocer que estaban siendo dejados de lado, presentaron notas a las direcciones hospitalarias para exigir respuestas ante este hecho discriminatorio, más cuando les residentes de la salud privada sí habrían cobrado. Exigieron el pago inmediato del bono, además del pase a planta con todos los derechos laborales de les que ya terminaron sus residencias y fueron obligados  a extenderlas.


Desde Tribuna de Salud apoyamos decididamente el reclamo de les trabajadores residentes, y junto a la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura, que ejerce Soledad Díaz García, presentamos un proyecto para que se ponga fecha al cobro de todo el personal de salud, incluyendo limpieza, lavandería, cocina y administrativos, que también han sido discriminados.



Además del escándalo político que se generó por esta discriminación a quienes están en la primera línea de la pelea contra el Covid-19 prestando servicio en los hospitales -por lo que debió recular-, el gobierno también los envió a hisopar a los barrios.


Incluso, se intentó hacerles firmar una declaración jurada donde figura expresamente que no pueden prestar servicio en ninguna otra entidad de salud mientras mantengan su residencia, algo insostenible porque ningún trabajador puede subsistir con un salario de $35.000. Vale recordar que a quienes culminaban este año se los ha obligado a continuar su residencia con las mismas condiciones de precariedad.


Les residentes fueron protagonistas y uno de los sectores más movilizados en aquella multitudinaria caravana del pasado 25 de mayo, una movilización que mostró la fuerza de les trabajadores de la salud. Es necesario continuar esa perspectiva.


Para garantizar el pago del bono se debe desarrollar la organización de un colectivo que ha dado muestras de su fuerza. Necesitamos  avanzar en una asamblea general de residentes, preparada por asambleas hospitalarias que elaboren un empadronamiento de les trabajadores de la salud que hayan quedado por fuera del pago, para avanzar en un plan de lucha para que todes y cada uno de les trabajadores hospitalarios reciban el bono estímulo, se les provea de los elementos de protección personal, se garanticen los testeos y un aumento salarial de emergencia.




 

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18/06/2020

Tucumán: las patronales del limón no consideran esenciales a sus trabajadores

A diferencia de la mayoría de las actividades, la producción de limón fue declarada “esencial” desde un primer momento y nunca se vio afectado por la pandemia. Muy por el contrario, producto del coronavirus se incrementó la demanda (por su alto componente de vitamina c) y tuvo picos de precios históricos, además de que la calidad de la fruta es una de las mejores de los últimos años.


Los protocolos frente al Covid-19 fueron delineados rápidamente en marzo tomando ejemplos de otros países. Los empresarios definieron su alcance y sumaron al gobierno y sindicatos para la foto. La participación de los trabajadores en esta tarea fue relegada, lo que expone la nula existencia de comisiones de seguridad e higiene que verifiquen el cumplimiento de los protocolos. Al margen que las exigencias propuestas solo pueden ser cumplidas por los grandes empaques y productores, dejando decenas de empaques pequeños y miles de cosecheros sin protección adecuada ante la pandemia. Aclaramos que es una actividad que requiere comisiones de seguridad permanentes por la exposición de trabajadores a maquinaria pesada, traslados en ruta, uso de agroquímicos, entre otras tareas de riesgo. En el mes de abril un cosechero falleció aplastado por un colectivo en una finca y otro resultó con quebraduras.


La industria citrícola emplea en Tucumán alrededor de 45 mil trabajadores, en su gran mayoría temporarios (cuatro meses) entre los servicios de cosecha, empaque e industria. Más de la mitad de ellos se encuentran precarizados gracias a la fraudulenta figura del “contratista” y en su gran mayoría reciben salarios muy por debajo de la línea de pobreza.


La producción de limones se exporta en un 17% a la Unión Europea, Rusia, India, China, entre otros destinos, como fruta fresca y un 75% en sus derivados de jugos, aceites, pulpa y cáscaras con destino a EE.UU principalmente, el resto se vuelca en el mercado interno.


Sin embargo, las patronales del sector (nacionales y multinacionales) utilizaron la excusa de la pandemia para congelar la paritaria (vencida en abril) de los trabajadores de la alimentación con la completa pasividad de la burocracia del Stia. En el caso de cosecheros y empacadores, nucleados en Uatre, el aumento recibido en marzo ni siquiera compensó la inflación anual superior al 50% y la pérdida del 34% de 2019. Mientras la devaluación sostenida del peso que lleva adelante el Banco Central genera una baja en el costo de la mano de obra, los precios dolarizados de la fruta se cuadruplican. Para tener una idea, el último balance trimestral presentado por San Miguel SA (enero a marzo 2020) arrojó un incremento del 157% respecto a 2019, con un resultado operativo cercano a los $1.000 millones. El año pasado la facturación citrícola cerró en 850 millones de dólares.


El gobierno de Manzur demostró una vez más que es el vocero de los empresarios citrícolas, y en general de todos los empresarios de la provincia, cuando en mayo lideró una comitiva junto a empresarios para garantizar el acceso a créditos con tasas subsidiadas, del mismo modo que desde hace años otorga millonarias exenciones impositivas y hace la vista gorda ante la contaminación ambiental.


De todo esto se desprende la urgente necesidad de orientar la fuerza de los trabajadores en función de sus propios intereses. Desde la Coordinadora Sindical Clasista consideramos esencial la tarea estratégica de luchar por un programa basado en el control de la producción y la gestión obrera de la industria. Al mismo tiempo y de manera transicional, organizarnos para conquistar cada una de nuestras reivindicaciones inmediatas:


Por el pase a planta permanente de todos los trabajadores.


Basta de trabajo en negro y precarizado.


Apertura de paritarias ya.


Bono extraordinario para todos los trabajadores hasta tanto se acuerde la paritaria.


Por un interzafra de $15.000 sin restricciones.


Por un básico para todos los trabajadores de la industria que cubra la canasta familiar, hoy en 45.000 pesos, ningún trabajador puede ganar menos de este monto.




 

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18/06/2020

Australia: se pone de pie un movimiento de lucha contra la opresión a la población originaria

Decenas de miles marchan en todo el país al calor del movimiento #Blacklivesmatter

La rebelión del pueblo estadounidense está teniendo un profundo impacto entre los trabajadores y la juventud australiana. Decenas de miles se vienen movilizando en las principales ciudades a lo largo del país, desde Sidney, Melbourne y Canberra hasta Perth en la costa oeste y Darwin en el norte. El factor local que converge con el movimiento global #blacklivesmatter es la sistemática e histórica violencia y segregación que sufre la población originaria australiana.


Una reciente investigación de Change the record, una asociación de defensa de los derechos de los pueblos nativos, señala que desde el año 1991 fallecieron 449 originarios en las cárceles australianas, la mayoría por problemas evitables de haber sido sido tratados médicamente, con lo que se trata de un abandono a conciencia de esa población. A pesar de que los pueblos originarios constituyen el 2,5% de los habitantes, representan más de un cuarto de la población privada de su libertad (CNN, 6/6). A esto se suman todo tipo de atropellos policiales que se reproducen a diario y la continuidad de una política segregacionista: el contraste entre la situación socioeconómica entre la población originaria y el resto de los australianos es abismal, la expectativa de vida es 9 años menor y la tasa de mortalidad infantil sensiblemente mayor.


La historia política del país está marcada por un fuerte segregacionismo, en primer lugar, contra la población nativa (cuyo genocidio fue el punto de partida del Estado australiano), la cual adquirió derechos ciudadanos recién en 1962, siguiendo por el predominio de un criterio supremacista blanco que se expresaba en la prohibición de la inmigración de países no europeos, política finalizada en el año 1967, llegando a esta actualidad de discriminación contra las minorías. Bajo el gobierno del conservador partido liberal, en el poder desde 2013, Australia se ha caracterizado por tener una de las políticas más agresivas contra la inmigración ilegal, colocando a sus fuerzas armadas a controlar las fronteras marítimas y manteniendo cautivos durante años a los migrantes sin papeles (llegó a tener durante años un centro de detención en el lejano atolón de Nauru, que fue cerrado en 2009 ante las múltiples denuncias de abusos sexuales y agresiones físicas). Los hechos de violencia policial también se registran contra migrantes de países africanos o asiáticos, quienes realizan los trabajos más precarios y peor pagos. Las políticas represivas no se restringen a los liberales sino que abarcan a todos los partidos de Estado, incluyendo el laborismo.


Existe un hilo conductor entre esta política de opresión y la dinámica del capitalismo local. Las comunidades originarias poseen el 30% de la tierra del país, principalmente zonas desérticas, pero que con las nuevas y depredadoras técnicas de extracción de minerales se han transformado en objetivo de apropiación por parte de los monopolios mineros, como BHP o Río Tinto, que tienen un fuerte peso en la economía. La minería representa el 35% del total de las exportaciones del país. Recientemente, una disposición en el Territorio Australiano del Norte habilita a BHP a realizar actividad minera en zonas protegidas por ser sitios culturales originarios (Daily Maverick, 11/6). La economía australiana enfrenta en este momento su primera recesión en 29 años.


El surgimiento de este proceso de movilización de masas contra la violencia policial augura un porvenir bienaventurado para la lucha de clases en el país, toda vez que decenas de miles se movilizaron a pesar de la pandemia de covid-19, desoyendo las declaraciones extorsivas en ese sentido realizadas por funcionarios del gobierno del primer ministro Scott Morrison. La profundización de esta lucha es clave, ya que apunta contra uno de los nervios sensibles de un gobierno en toda la línea reaccionario, aliado de Trump y Netanyahu. La lucha contra la opresión hacia las minorías esta indisolublemente ligada a la lucha contra el régimen capitalista que le da sustento y por lo tanto debe extenderse hacia una organización e intervención independiente por parte de los trabajadores.

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18/06/2020

Mondelez: aumentan los contagios de Covid-19 en la planta de Pacheco

Se confirmaron nuevos casos positivos de Covid-19 en la planta de Mondelez, ubicada en Pacheco, del distrito de Tigre. El número de contagiados aumento un 300%, pasando de 3 a 12 trabajadores en pocos días: 10 trabajadores pertenecen al turno noche y 2 al turno tarde.


Mondelez nunca dejó de producir durante la cuarentena ya que está considerada actividad esencial cuando, en verdad, produce alimentos no esenciales como golosinas, galletitas y snacks.


La patronal, con el aval de la dirección del sindicato de la alimentación (Stia) obliga a ingresar a la fábrica a los trabajadores exponiendo su salud y la de sus familias. Mientras las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Tigre autorizan el funcionamiento de la fábrica, el nivel de contagios entre los trabajadores sigue creciendo.


Se ha conformado un comité de crisis -integrado por la patronal, la dirección del Stia y la comisión interna- dentro de la planta, que no da ningún tipo de solución a esta situación, sino que se utiliza por parte de la patronal para continuar con la producción, en medio del aumento de la propagación de la pandemia en el lugar de trabajo.


El camino para disminuir el contagio entre los trabajadores de Mondelez es dar continuidad al paro de actividades en todos los turnos, como se votó en asamblea hace algunos días, reclamando testeos masivos y el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene que la empresa sigue violando. Y en defensa de la normativa laboral vigente, ya que las licencias de los enfermos crónicos y las madres de menores no se respetan.


Está a la orden del día que se vote en asamblea un comité obrero para resguardar la integridad física y económica de los trabajadores de Mondelez reclamando el pago total de los salarios y elaborando un protocolo de medidas de seguridad e higiene muy estrictas.





 

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18/06/2020

El Mac-Pts perdió la brújula

Ojo Obrero Fotografía

El lugar de referencia que ha conquistado el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) se demuestra también por el cambio en la postura de algunos agrupamientos de izquierda, que mantuvieron hasta no hace mucho una posición hostil u oscilante, como el Mac-Pts.


Luego de casi dos años el Mac-Pts ha solicitado formalmente su ingreso al PSC. Los textos, que seguramente serán publicados al concluir el debate, expresan un giro en la caracterización del Mac-Pts: mientras rechazó ser parte de la convocatoria de Lanús, que dio nacimiento al PSC, por considerar que su programa y declaración fundacional contenía una definición ambigua sobre el tipo de dirección por la cual luchamos pasó a reconocer el carácter antiburocrático del PSC, la justeza de su programa y el papel que ha desempeñado en este tiempo.


Este reconocimiento, que fue puesto por escrito por pedido de la mesa del PSC, es una condición elemental para considerar su integración. De otro modo estaríamos aceptando una unidad sin principios sólidos.


Llamativamente, al mismo tiempo que reclama ser parte del PSC, el Mac-Pts lanza otra iniciativa, en sentido contrario: su Conferencia de Delegados de la Militancia de Trabajadores/as del PTS, realizada recientemente resolvió “llamar a plenarios regionales… para que cientos y miles en todo el país puedan participar y allí discutir de política y votar medidas de apoyo a las luchas y de coordinación”. Y proponen “a los compañeros del Plenario Sindical Combativo, a quienes les solicitamos ingresar… que los hagamos en común”.


El Mac-Pts pretende entrar al PSC para proponer su disolución; que los sindicatos y comisiones internas se confundan con una masa amorfa de militantes, para “empezar” a discutir un programa y coordinar la solidaridad con las luchas, como si no fuera precisamente eso lo que caracteriza al PSC: un programa de independencia política y una acción sistemática para orientar a los trabajadores hacia la ruptura con la burguesía y sus agentes políticos y sindicales.


La incoherencia –o, peor aún, la maniobra- no podría ser mayor.




 

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18/06/2020

Merlo: un municipio en crisis

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo

En 90 días de cuarentena, Merlo lleva ya 508 casos de coronavirus reportados, con una curva de contagios que no deja de crecer. Solo entre el 16 y el 17 de junio se informaron 32 casos más (La Nación, 17/6). Peor aún, al viernes 12, de acuerdo a información oficial, en Merlo había 399 casos; en solo cinco días los indicadores se dispararon de forma exorbitante.


Desde Prensa Obrera advertimos tempranamente esta situación, y pusimos el foco en la necesidad de extremar las condiciones de aislamiento de la población (al tiempo que se autorizaba a Massalin, Fucile y las agencias de Quiniela a funcionar) pero también garantizar las condiciones sanitarias, el reparto de elementos de higiene en la población y la centralización del sistema de salud. El intendente Gustavo Menéndez dice que tiene cientos de camas disponibles, ocultando que se trata de cuchetas en galpones cedidos por los clubs. Un informe publicado en las últimas horas da cuenta de que para julio la disponibilidad de camas con respiradores podría llegar a una situación crítica en toda la provincia (Infocielo, 15/6).


¿Dónde se concentran los casos en el distrito de Merlo? La mayoría de ellos se da en los barrios más aislados: en Las Torres, por ejemplo, los vecinos denuncian que hay más de 9 familias aisladas, con casos confirmados, y que en ningún caso han recibido ayuda por parte de la municipalidad sino que ha sido el mismo barrio el que se organizó para alcanzarles alimentos y artículos de primera necesidad. Lo que llega de Nación y provincia es exiguo, y no hay una entrega de forma masiva.


Otro de los grupos en los cuales se concentran los casos son los adultos mayores: varios de los fallecidos corresponden a casos de ancianos que se contagiaron del virus en la Clínica Noguera, un centro privado donde se derivan los pacientes de Pami y que es famoso por sus condiciones de deterioro, falta de higiene y sobreexplotación al personal. Pero no hace falta estar internado para estar expuesto al virus: las filas interminables para los bancos y farmacias alrededor de las fechas de cobro aglutinan a cientos de personas cada mes.


Otro de los puntos de contagio se relaciona con los lugares de trabajo. Se habilita a las grandes empresas sin que haya ningún tipo de control sobre el cumplimiento de los protocolos de salud: el caso paradigmático es del supermercado Vea de Merlo Centro, donde tres cajeras se contagiaron y la empresa continuó con sus puertas abiertas ante la vista gorda de la burocracia y los inspectores municipales, poniendo en riesgo tanto a trabajadores como a los miles de clientes que realizaron compras allí: la sed de ganancias de la patronal termina contagiando a la población de Merlo que va a realizar sus compras. En la Clínica Provincial, según fuentes, habría más de 19 trabajadores de la salud contagiados después de ser expuestos al virus sin los elementos de protección necesarios.


Ante esta situación, es necesaria la intervención de los trabajadores, organizando comités de trabajadores que exijan la asistencia en los barrios y aseguren el cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo.



 

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18/06/2020

1.715 trabajadores en la calle: inmediata expropiación de Latam

Agrupación La Pista

Trescientos trabajadores de Latam de Aeroparque votaron en asamblea virtual la realización de una concentración en el Ministerio de Trabajo (sede Alem) en defensa de los puestos de trabajo. La decisión de Latam de abandonar los vuelos de cabotaje despidiendo a 1.700 trabajadores es el último capítulo de una crisis anterior al coronavirus. Ya el año pasado sus acciones cayeron al máximo histórico perdiendo un 50% de su cotización original al momento de fusionarse la chilena Lan con TAM de Brasil. Las denuncias de los propios accionistas sobre la bancarrota inminente se concentran en los negociados particulares de la familia Cueto, histórica controlante de la compañía, junto al presidente Piñera. Son los mismos accionistas que no se privaron de cobrar casi 60 millones de dólares en utilidades hace pocos días en medio de la crisis.


El intento de expandir la linea chilena hasta hacerla dominante en América Latina multiplicó su endeudamiento por cuatro llegando a U$S 11.000 millones, mientras que sus utilidades descendían a la mitad. Para crecer se valió de sobornos en todos los países donde operaba al estilo de Odebrecht, que concluyeron con multas en EE.UU. por 240 millones de dólares, que representan casi dos años de rentabilidad neta. En nuestro país por coimas comprobadas para dejar ingresar a Latam en cabotaje hoy se encuentran procesados Ricardo Jaime y el dirigente de los técnicos Cirielli.


La pandemia le vino como anillo al dedo a esta empresa que hoy vale el 25% de su cotización original. Los ataques sistemáticos  a los trabajadores no son de ahora sino su modus operandi. Latam es la lobbista de las normas LAR en Sudamérica, que flexibilizaron la actividad aérea  disminuyendo drásticamente los parámetros de seguridad.


La masacre que se viene produciendo en nombre de la salud de la compañía deja en la calle a más de 6.000 trabajadores en todo el grupo.


Con la complicidad de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) se permitió a Latam llevarse a Chile aviones de matrícula argentina. Todo esto era un final anunciado que encuentra a los sindicatos paralizados cuando no cómplices directos de una destrucción que hay que impedir.


Llamamos a los trabajadores de Latam a multiplicar las reuniones de manera virtual o presencial para repudiar el accionar de la patronal y exigir un plan de lucha a todos los gremios actuantes y votar el reclamo para que se expropie la linea sin pago alguno, incautando todos sus bienes y cuentas bancarias. Que se abran los libros de la empresa a una comisión electa democráticamente entre los trabajadores para conocer realmente el destino de las ganancias de estos 15 años. Que las operaciones de cabotaje se mantengan dentro de nuestra linea de bandera, conservando los puestos de trabajo los salarios y la antigüedad de sus trabajadores.


Convocamos a todos los trabajadores de Latam a movilizarse este viernes 19 a las 11 h al Ministerio de Trabajo, sede Alem.




 

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18/06/2020

Miles de municipales coparon las calles de Córdoba

Contra el ajuste del intendente Llaryora

Miles de municipales coparon las calles de Córdoba en respuesta a la política de ajuste del intendente Martín Llaryora, que incluye un recorte salarial, el congelamiento de la paritaria y la precarización de las condiciones laborales, entre otros puntos. La movilización partió desde la sede del sindicato y contó con la masiva participación de las diferentes reparticiones, lo que da cuenta de que hay una comprensión de conjunto de los desafíos de la lucha en curso.


Durante horas, la movilización recorrió las calles céntricas y la columna mostró una predisposición a la lucha. Sin embargo, la manifestación no pudo llegar al palacio 6 de Julio, fuertemente vallado por Policía e Infantería.


Mientras tanto, el intendente ha recrudecido su orientación ajustadora para continuar beneficiando a los empresarios que desde hace años vienen haciendo caja con los fondos públicos.


Mientras ataca a los municipales y hace declamaciones sobre una austeridad del gasto público, el gobierno destina grandes fondos a publicitar su gestión e incrementar la planta política.




Llaryora ataca al conjunto de trabajadores. Los recientes blancos fueron las y los  inspectores, trabajadores de las áreas operativas, lo que da cuenta que el intendente retoma el viejo objetivo de vaciar áreas para proceder a privatizar.


El PJ en la intendencia va fondo en su objetivo ajustador, por eso está detrás de las imputaciones de trabajadores en la justicia y continúa con su orientación reaccionaria presentando a las y los trabajadores como criminales.


Los intendentes que precedieron a la gestión del PJ fracasaron en el punto y la movilización de hoy da cuenta que hay reservas de lucha suficientes como para derrotar el curso ajustador y dar lugar a que se respondan todos los reclamos pendientes.


En ese sentido, es necesaria la convocatoria a una reunión general de delegados para establecer un plan de lucha del conjunto de las reparticiones, para golpear juntos y al mismo tiempo,  defendiendo el salario y los puestos de trabajo.



 

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18/06/2020

Escándalo en Pte. Perón: agentes del municipio roban mercadería de un comedor popular

En los últimos días se dio a conocer una denuncia, acompañada de videos, que da cuenta de cómo inspectores municipales secuestran ilegalmente alimentos destinados a un comedor popular ubicado en el partido vecino de Almirante Brown,


La política de desabastecer de alimentos a la población por parte del Estado municipal de Pte. Perón parece haber llegado a un punto límite y hasta ridículo, al conocerse la denuncia de la titular de un comedor escolar de Almirante Brown, en la que se detalla cómo inspectores municipales peronenses detuvieron a un fletero que trasladaba mercadería y se quedaron con la misma a cambio de no quitarle la camioneta, a la cual le faltaban papeles necesarios para la circulación. Un hecho de corrupción flagrante y miserable.


Ante tamaño escándalo, que creció rápidamente en las redes y en los medios locales, la intendenta del municipio, Blanca Cantero, tuvo que salir a desmarcarse y a informar que se habían tomado las “medidas administrativas” correspondientes con dichos agentes. Una forma elegante de decir que no se ha echado a nadie por esta grave situación.


El robo de mercadería se inserta en medio de una cuarentena que afecta y profundiza la situación de hambre de miles de familias del distrito. Ante este cuadro, el gobierno municipal lejos de dar respuestas a los reclamos de las organizaciones sociales que piden asistencia para sus comedores las ignora y no brinda ningún tipo de solución.


Los responsables de lo sucedido deben responder ante este grave atropello y se deben tomar las medidas necesarias y dar respuestas a los reclamos de la población trabajadora y desocupada del distrito, que pasa por una dura situación de hambre. Alimentos e insumos de higiene ya para los barrios carenciados.




 

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18/06/2020

Un primer triunfo para les terciaries bonaerenses

El ciclo 2020 no contará como vencimiento de cursadas ni de finales.

Conducción del Centro de Estudiantes del ISFD n° 9 de La Plata

La nueva Circular 02/2020 de la Dirección de Educación Superior (DES) es una conquista de todes les estudiantes terciaries de la provincia de Buenos Aires. Se comunica por ella que el ciclo 2020 no contará como vencimiento de cursadas ni de finales, lo que venía siendo una petición muy sentida que veníamos reclamando y exigiendo a las autoridades. Desde la UJS y como miembros del Consejo Provincial de Educación Superior (CPES) llevamos en cada oportunidad esta demanda. Hoy esto se materializa como un gran triunfo.


En la circular también se establece que en agosto se deben tomar mesas virtuales de finales, otra demanda de les estudiantes. En la mayoría de los institutos superiores de formación docente (ISFD) no se han tomado las respectivas mesas que correspondían al turno de mayo. Ante esto, hay que organizarnos para que en estos finales no se vulneren nuestros derechos como estudiantes. Hay exigir que si estas mesas son mediante soportes virtuales como videollamadas, puedan asistir como testigos miembros del Consejo Académico Estudiantil de ese instituto, del centro de estudiantes, de agrupaciones estudiantiles o de quien nosotres elijamos. Que si se va a evaluar un trabajo escrito final se den las pautas y correcciones en tiempo y forma para poder presentarlo. Y también que se conformen tribunales evaluativos en los casos que se produzcan conflictos.


Podemos decir que hubo un avance para les estudiantes terciares, pero todavía hay una gran cantidad de derechos que debemos conquistar como lo es el Servicio Alimentario Escolar (SAE), conseguir las notebook y las becas económicas para poder cursar, continuar con la pelea para que no eliminen las materias por promoción. La organización en los centros de estudiantes -mediante asambleas, en cuerpos de delegades- es fundamental para lograr nuevas conquistas. En este sentido el plenario online de terciaries bonaerenses que se llevará a cabo el día 20 de junio es un primer paso para discutir y para coordinar estas luchas que aún tenemos por delante. Vayamos por más conquistas.



 

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18/06/2020

La militarización del transporte no va a frenar la escalada de contagios

El crecimiento es el resultado de la flexibilización de la actividad económica.

El crecimiento de los contagios y el récord de fallecidos en la jornada del pasado miércoles prendió la alerta roja y el gobierno archivó las declaraciones de confianza en la capacidad del sistema de salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) para hacer frente a la pandemia de coronavirus.


El presidente Fernández puso el foco en el transporte, al que considera el principal difusor de contagios. En efecto, hay una escalada de casos entre los propios trabajadores del sector, consecuencia, en parte, de la negligencia y desprecio por la salud de los trabajadores de las gerencias de los ferrocarriles y el subte, sus contratadas y las empresas del transporte automotor.


Recientemente, las muertes por Covid-19 de dos tercerizados del ferrocarril San Martín, de un trabajador de Vías y Obras del Mitre y de un chofer de colectivos de la línea 520 de la zona sur del conurbano desmintieron dramáticamente al ministro Mario Meoni que había negado la existencia de casos en el transporte.



La afluencia de pasajeros viene en ascenso desde hace semanas y responde a un hecho indiscutible: la apertura de la actividad económica al compás de la flexibilización de la cuarentena por la fuerte presión de los grupos capitalistas a la cual los gobiernos, tanto nacional como Kicillof y Larreta, cedieron. A esto hay que agregar la situación de quienes no tienen trabajo, o trabajan en negro o changuean y por lo tanto buscan el sustento diario que el Estado no garantiza. Fernández se la “agarra” con los “runners” para eximir de responsabilidad a las patronales que desde el comienzo han sido activas militantes de la anticuarentena.


Sin embargo, la decisión de Fernández consiste en hacer caducar todas las autorizaciones de circulación, con excepción de los trabajadores esenciales, a partir de la cero hora del viernes 19 del corriente y saturar de policías y gendarmes las cabeceras y estaciones principales de trenes para controlar la restricción de circulación.


Esta solución “manu militari” del presidente tiene el mismo sesgo que la militarización de las barriadas y tendrá el mismo resultado respecto de preservar a la población de la expansión del contagio: el fracaso. Las estaciones de tren, subte y paradas de colectivo se van a convertir en el terreno donde aquellos trabajadores de actividades no esenciales, pero liberadas, que no admitan perder el día de trabajo y hasta el empleo, peleen por viajar, con escenas de violencia (sobre todo policial) incluidas.


El aumento de contagios y muertos por el Covid puso de manifiesto otro tema: la precariedad del sistema de salud que el gobierno no resolvió en estos 90 días. Nunca se brindó información oficial del número real de camas de terapia intensiva y del equipamiento disponible, tanto en el sector público como privado, a pesar del requerimiento periodístico permanente. Un informe sobre la situación en CABA revela que el gobierno porteño no sabe dónde está el 80% de los casos positivos en la ciudad (unos 10.000) que se atienden en el sistema privado de salud, es decir, no tiene control sobre los posibles trasmisores del virus. Por otro lado, los propios epidemiólogos repiten en los medios la necesidad de aumentar los testeos, se desconoce el verdadero alcance y eficacia del plan Detectar y la prensa ironiza que, en los pagos de Kicillof, los “testeos” barriales de los intendentes oficialistas se circunscriben a consultar al vecino si se siente afiebrado.


En este contexto de nula inversión en salud y ausencia de una centralización estatal de los recursos, el fantasma de una empinada curva de contagios a la chilena asoma inquietante.


Fernández no se atreve a tomar la determinación de volver a la cuarentena estricta porque implicaría un choque con el interés de los capitalistas que también han impuesto, con la colaboración de la burocracia sindical de la CGT, la impunidad de las suspensiones y los despidos masivos, así como la rebaja de salarios, homologada por el Ministerio de Trabajo y prorrogada por un decreto del mismo Fernández.


Lo que está claro es que el camino para frenar los contagios no está en el control de los medios de transporte como tema central sino en suspender la actividad económica realmente no esencial por 15 días, garantizar que los trabajadores que no tienen un ingreso fijo tengan acceso a una asistencia mensual de $ 30.000 que les permita tolerar la cuarentena; centralizar el sistema de salud para, entre otras cosas, tener el control de la evolución de los contagiados y manejar la epidemia en función de garantizar la salud de la población.


Como hemos manifestado en la calle “Sin salario, salud, trabajo y alimentos no hay cuarentena”.



 

18/06/2020

Los ferroviarios necesitamos acciones gremiales para defender nuestra salud

Un nuevo foco de Covid-19 en una cuadrilla del ferrocarril Roca.

Con fecha 16 de junio, una nota a Trenes Argentinos firmada en soledad por un delegado de la Unión Ferroviaria viene a corroborar todas nuestras denuncias sobre las acciones irresponsables y temerarias de las gerencias de la empresa frente a la pandemia de Covid-19, y la parálisis de la conducción gremial frente al aumento de los contagios entre los ferroviarios.


La nota del delegado de base de la cuadrilla de desmalezado de Temperley, en la línea Roca, denuncia falta de testeos y de licenciamiento frente al primer caso de coronavirus en una dotación de 10 compañeros. La negligencia de la gerencia durante 15 días trajo como consecuencia cinco compañeros infectados y tres en observación.


El escrito también exige la desinfección de los vestuarios y baños comunes con la cuadrilla de vías y obras. El reclamo de respuesta en 24 horas, que agrega la nota, traduce el hartazgo con la negligencia patronal.


Esto sucede después de las denuncias de una conducta similar de la contratada Murata que arrojó como saldo dos trabajadores fallecidos en el ferrocarril San Martín y varias decenas de licenciados, entre personal tercerizado y de planta.


No son casualidades. Cuando el ministro Mario Meoni declaró a los medios que no había casos entre empleados del transporte pretendió desconocer el impacto de la pandemia entre los trabajadores que las gerencias se esfuerzan en ocultar. Por eso, no hay informes oficiales y sólo se conocen aquellos casos que reportan los propios trabajadores.


Casos reportados


El pasado sábado 13 una compañera de boletería de Lomas de Zamora tuvo resultado positivo de un examen de Covid-19. Al día siguiente, dos trabajadores más de la boletería fueron licenciados preventivamente.


Con este último caso, nuestros registros suman un total de 24 contagios en la línea Roca. En Plaza Constitución, 8 casos positivos. En Escalada: 5 casos. En Temperley, 7 casos. Y un caso en Lomas de Zamora, Claypole, Glew y La Plata. No es una cifra certera porque, como decimos, los registros oficiales del servicio médico de Trenes Argentinos no se conocen. Tomamos en cuenta tanto los compañeros de planta como los tercerizados, porque el virus no discrimina.


Necesitamos un protocolo obrero en el ferrocarril


Los sindicatos ferroviarios acompañan esta gestión desde sus inicios, como lo hicieron integradas al directorio macrista de Trenes Argentinos durante cuatro largos años. No sacan los pies del plato para defender a los trabajadores. Por eso, el delegado de desmalezado debe hacer este reclamo en solitario.


Exigimos que la Unión Ferroviaria, la comisión de reclamos y la seccional Escalada del gremio convoquen asambleas, con las precauciones sanitarias necesarias, que resuelvan medidas gremiales por el licenciamiento y testeos a los compañeros de Temperley, así como en cada nuevo foco de contagio.


Es urgente que se conformen comisiones de higiene electas por los ferroviarios para verificar si se cumplen las medidas sanitarias necesarias en cada sector y para definir qué compañeros deben ser licenciados ante la confirmación de un caso.


Los trabajadores debemos elaborar junto a especialistas los protocolos que tengan como prioridad nuestra salud y tomar medidas gremiales ante el incumplimiento patronal, como viene de hacerlo el Sutna (neumático) con un paro de 24 horas frente al rechazo patronal del protocolo obrero.


La prevención frente al aumento de los contagios de compañeros de planta y tercerizados para que no se multipliquen los casos de Covid-19, así como los problemas de malas liquidaciones, el ajuste del salario por la inflación pasada y el impuesto al trabajo deben ser puestos a debate en asambleas para que se haga sentir la voz de los trabajadores.





 

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18/06/2020

José C. Paz: toma de terrenos y represión en el basural de San Atilio

Cierre definitivo del basural. Plan de viviendas populares bajo control de los vecinos y trabajadores.

Polo Obrero José C. Paz

En la mañana del martes 16 se produjo una feroz represión policial contra vecinos del barrio Rincón de la Virgen de José C. Paz. La policía reprimió salvajemente, a pesar de que en el lugar se encontraran embarazas, niños y hasta personas discapacitadas, como fue registrado en fotografías y videos. Al momento de escribir esta nota, los efectivos continúan apostados en el lugar intimidando al barrio.


Desde Prensa Obrera venimos reflejando esta situación. Los vecinos denuncian que en el lugar funciona un verdadero basural clandestino a cielo abierto, donde por las noches el municipio quema basura produciendo un verdadero desastre sanitario que afecta no solo a los vecinos del barrio San Atilio sino a los distritos colindantes, alcanzados por el humo. A raíz de esta problemática vienen organizándose asambleas entre los vecinos y se han movilizado reclamando a la Municipalidad que el lugar se clausure definitivamente. Recientemente realizaron un corte en la Avenida Lamas y un bloqueo en la entrada al predio que logró impedir la salida de los camiones municipales con la leyenda “José C. Paz limpio”, que son los que tiran la basura en el lugar.


Es un retrato del estado de crisis habitacional y hacinamiento en que se encuentran las familias, en medio de la cuarentena por el coronavirus. Muchas alquilan casas precarias en los márgenes de basural, sin agua potable ni servicios esenciales. Los terrenos son regenteados muchas veces por punteros, con el aval del intendente Mario Ishii. Esta situación empuja aun más a los vecinos necesitados a avanzar sobre los terrenos del basural.


Mientras la Municipalidad no asiste a las barriadas del distrito con las cuestiones más elementales para que las familias puedan enfrentar el aislamiento en condiciones, como alimentos, agua potable y kits de higiene, destina recursos para poner en pie un enorme operativo represivo contra los vecinos.


Llamamos a los vecinos de José C. Paz, y al activismo ambiental de la zona a redoblar la organización por el cierre del basural, y para articular este caso con otros similares que sufren el miso padecimiento, como sucede con el basural en el campo La Juanita en Malvinas Argentinas.


Para las familias de las barriadas exigimos un refuerzo alimentario, la entrega de kits sanitarios, el cobro del IFE para todos los que lo necesiten y un seguro al desocupado de 30.000 pesos, además de la duplicación de los programas sociales y AUH.


Denunciamos al municipio como responsable de toda esta situación y por la represión. El basural de San Atilio debe cerrarse inmediatamente y el predio debe ser saneado, y en su lugar deben construirse viviendas populares y espacios verdes como parte de un plan de obras, bajo el control de los vecinos y trabajadores. Esa sería una solución para los vecinos que han tomado los terrenos producto de la desesperación y la necesidad y también poner fin a la contaminación en el lugar que afecta la salud pública.



 

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18/06/2020

Teletrabajo: el FIT presenta un proyecto de ley para defender a los trabajadores

Una iniciativa contra los atropellos patronales en el "trabajo a distancia".

Romina Del Plá, diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentó junto a Nicolás Del Caño un proyecto de ley para proteger los derechos y condiciones de los trabajadores que se desempeñan bajo la modalidad del teletrabajo, tanto en el sector público como privado.


El proyecto establece que la prestación laboral por teletrabajo será voluntaria para el trabajador/a y que gozará de los mismos derechos laborales y salariales que aquellos que ejercen su trabajo bajo modalidad presencial. Fija como obligación del empleador garantizar la capacitación necesaria, de forma remunerada y en horario laboral, además de todas las herramientas de trabajo que requiera realizar la actividad a distancia, los costos de conexión y los gastos de servicios como luz, gas, etc. Entre otras medidas de protección laboral y garantías sindicales, se plantea el derecho a las asambleas en horario laboral, la desconexión para evitar la sobrecarga de tareas, y se prohíbe el trabajo a destajo y el monotributo por considerarlo un fraude laboral, al igual que la polifunción o las presiones de los jefes para cortar y extender la jornada laboral. El proyecto plantea también la defensa de la salud y todas las garantías para la cobertura de las ART.


La banca del Partido Obrero batallará con este proyecto en el debate que está teniendo lugar en la Comisión de Trabajo del Congreso Nacional, para defender como premisa fundamental de cualquier regulación sobre esta modalidad de “trabajo a distancia” la más plena protección de los y las trabajadores –en un terreno donde lo que prima son los atropellos patronales y la vulneración de los derechos laborales.


Al respecto, Del Plá afirmó que “este proyecto de ley busca proteger al trabajador ante la modalidad de trabajo a distancia, tan extendida en cuarentena, donde se están produciendo todo tipo de atropellos y mecanismos de súperexplotación laboral por parte de las patronales que en muchos casos se valen de ella para imponer una reforma laboral de hecho. El salto masivo en la modalidad de ‘home office’, forzado por la pandemia, trajo además nuevos problemas y peores condiciones de trabajo, con exigencias de productividad sin límite. De tal modo que nos encontramos ante la violación sistemática de los convenios de actividad y las disposiciones vigentes por parte de la mayoría de las empresas, bajo la complicidad de las centrales sindicales y del gobierno nacional”.


Un problema esencial que enfrentamos ahora es el intento de aprovechar la emergencia de la pandemia para introducir el trabajo “a destajo”, es decir, por producción: de la mano del “trabajo a distancia” se pretende introducir una mayor precarización laboral, “ahorrar” mano de obra y romper los lazos de organización sindical. Por eso es necesario que se saque una legislación protectora del trabajo asalariado en esta “nueva” modalidad, una tarea que debieran encarar tanto en el terreno legislativo cómo de la lucha cotidiana todas las centrales obreras y sindicatos.


Son puntos fundamentales que proponemos como piso para una Ley Marco de Teletrabajo, que deberá ser discutida en las paritarias de cada gremio, convenio o lugar de trabajo.


Ponemos este proyecto del Frente de Izquierda a consideración de todos los trabajadores y trabajadoras de los gremios que se encuentran realizando teletrabajo, y los convocamos a impulsar una amplia discusión entre todos los compañeros y compañeras.





 

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Frente a los ataques Milei y Macri a la educación, y contra el silencio cómplice de UTE y el peronismo.
Una pantomima que busca blanquear las coimas capitalistas y el tráfico de influencias.

Ciberpatrullaje: detienen a un joven del Chaco por un tuit

Personal de División Investigaciones de Charata (Chaco) rastreó y mantuvo demorado a un joven de 26 años por una publicación en sus redes sociales.


El joven de la localidad Las Breñas había tuiteado: “gente, que les parece si abrimos una caja de ahorros para juntar plata entre todos los chaqueños y contratar un sicario que lo suicide a Capitanich???”. Mediante el ciberpatrullaje instalado en la provincia, se tomó conocimiento de que circulaba el mensaje en la red social Twitter y, caratulando que el joven estaría incitando a cometer delito contra el gobernador Jorge Capitanich, se hizo captura de dicha publicación y se iniciaron actuaciones de oficio. Se dio intervención a la Fiscal de Investigación Penal de turno Virginia Loto, quien dispuso individualizar esta persona, y tras ello se produjo la detención del joven, que fue demorado mientras investigaban también sus antecedentes.


Se trata de una nueva muestra de la orientación represiva y antidemocrática del gobierno de Chaco, provincia en la que la violencia policial constituye una política de Estado. Y de un nuevo episodio de una línea de ciberpatrullaje que baja desde el gobierno nacional, que ha implementado esta práctica para las cuatro fuerzas federales.


Exigimos que se acabe de una vez el espionaje y la persecución en la provincia.



 

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Palantir, la empresa del magnate Peter Thiel, podría colaborar con el gobierno en una política de ajuste, espionaje y represión contra los trabajadores.
Crecen las sospechas sobre una desaparición forzada seguida de encubrimiento estatal.
El subsecretario de Estado norteamericano ya visitó el establecimiento, mientras que el dueño de Palantir planea hacerlo.
Se reunirá con Peter Thiel, fundador de Palantir, una empresa de espionaje usada para perseguir migrantes y para las guerras imperialistas.
Luchemos por agua segura, alimentos, atención médica y la reposición de los bienes perdidos.
18/06/2020

Hospital Fiorito: presentación de un nuevo test en medio del vaciamiento

El pasado martes 16 de junio, con la presencia del intendente  de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan y directivos de los centros de salud de la ciudad, se presentó en el Hospital Fiorito un nuevo test de diagnóstico rápido. Sucede que los trabajadores del nosocomio vienen denunciando, desde el mes de marzo, la falta de personal, condiciones precarias de labor y salario, la precarización de tercerizados, residentes y monotributistas y el incumplimiento de los convenios. También el contagio en áreas como guardia, gastroenterología y maternidad. Ya se contabilizan ocho integrantes de la planta del centro de salud infectados.


El mismo hospital, donde se presentó este nuevo testeo, pocas semanas atrás publicitaba por los medios y redes sociales una campaña de búsqueda de aportes financieros, por parte de su cooperadora, para la adquisición de productos básicos de atención primaria. Sucede que el intendente “Nac & Pop” Ferraresi congeló el presupuesto 2020 en el área salud, así como también redujo la coparticipación provincial. Los fondos del gobierno de Kicillof al Fiorito son absolutamente escasos, más aun en medio de la pandemia. Ajuste por aquí, ajuste por allá.


Recortes que tienen como fin el pago de la deuda a los bonistas y el FMI. Millones de dólares destinados a la fuga de capitales, destrozando la salud pública. Otra vez quieren que la crisis la paguen los trabajadores, esta vez poniendo en riesgo las condiciones mínimas de salud.


Ante esta catastrófica situación, por parte del Ejecutivo local se decretó una “ayuda” de un millón de pesos para el Fiorito y el Perón. Fondos que son manejados y controlados por los mismos que realizaron el ajuste en el pasado. Motivo por el cual, sus trabajadores no confían de la buena administración e los mismos.


Como parte del reclamo, en la mañana del miércoles 10 de junio se realizó una concentración y aplausos en la puerta del Fiorito, en el marco de la jornada de lucha nacional de los trabajadores de la salud.


Desde el Partido Obrero de Avellaneda en el Frente de Izquierda-Unidad exigimos al gobierno de la provincia y el municipio la realización de testeos masivos en el Fiorito, y todos los nosocomios de la ciudad.


Entrega de elementos preventivos contra el Covid-19 (barbijos, máscaras, guantes, camisolines, cofias, alcohol etílico y en gel, desinfectantes). Y para la atención a todos los pacientes.


Contratación de personal y pase a planta permanente. No al trabajo precarizado. Salario mínimo igual a la canasta básica.


Triplicación del presupuesto. Unificación del sistema de salud.


Conformación de comisiones de salud e higiene en el Fiorito y todos los nosocomios, integradas por sus trabajadores.


Por un impuesto a las grandes fortunas. No al pago de la deuda. Destinemos los millones en la salud, el trabajo y salario. Que la crisis la paguen los capitalistas.





 

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18/06/2020

Ana Clara Moltoni entrevista a Ramiro Pérez en Instagram Live

Hoy desde las 19.30h, por las cuentas @prensaobrera y @musicxsorganizadxs

Esta tarde, Ana Clara Moltoni, cantante y parte de la agrupación Musicxs Organizadxs, entrevistará a Ramiro Pérez, cantante del Coro Estable del Teatro Colon.


Ramiro Pérez es cantante lírico del Coro Estable del Teatro Colon y forma parte de Musicxs Organizadxs. En la entrevista hablaran del reclamo de los músicos y la lucha de la agrupación. A su vez, Ramiro Pérez contará su experiencia en el Teatro Colón, la organización junto con sus compañeros y compañeras, las actividades que llevan adelante todos los días y las anécdotas de la vida y el trabajo cotidiano en el teatro.



La entrevista será en vivo, por la cuenta de IG de @prensaobrera, a las 19.30h. Todxs lxs participantes podrán dejar sus comentarios y preguntas.



 

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Reproducimos a continuación la declaración de Músicxs Organizadxs.
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Vamos por reuniones sectoriales y asambleas que lleven adelante un plan de lucha por nuestros reclamos históricos.
18/06/2020

Ministerio de Educación porteño: más flexibilización en medio de la pandemia

Construyamos una alternativa frente a la complicidad de las conducciones sindicales.

Tribuna Municipal Educación

La situación de las y los trabajadores del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por una mayor flexibilización de las condiciones de trabajo y un retroceso salarial. Si bien es un panorama de larga data, ha sido agravado por la pandemia.


Para no quedar atrás con la ofensiva patronal contra los trabajadores, Horacio Rodríguez Larreta pegó un salto en la política precarizadora mediante la Ley de Emergencia Económica. El congelamiento salarial, el congelamiento de la planta, la posibilidad de rescindir contratos de locación y las refuncionalizaciones se tradujeron entre los trabajadores del ministerio en aprietes, exposición, sobrecarga laboral y desarreglos de distinto tipo. El pago diferido, que habían tenido que bajar por el rechazo generalizado, vuelve ahora en el aguinaldo.


En determinadas áreas del ministerio -en particular aquellas en donde abundan las contrataciones de locación de servicios o de planta transitoria- las refuncionalizaciones están a la orden del día. Estas pueden ser para la actividad presencial, como es el caso de la entrega de bolsones en las escuelas, o bien para tareas remotas o a distancia, como sucede en el programa “Acompañando a las familias”. Mientras que en el primer caso las tareas se dan con una exposición importante, precarios elementos de protección personal y sin protocolos de actuación definidos; en el segundo se deben asumir parte de los gastos de las herramientas de trabajo (telefonía, internet, luz), en un “call center” doméstico y ad hoc.


El hilo común de estas refuncionalizaciones es una mayor precarización y flexibilidad en las condiciones de trabajo. En muchos casos se impusieron por la vía de aprietes, conminando a tomar estas tareas bajo la amenaza de pasar al programa de “servidores públicos” -que plantea una flexibilización masiva y discrecional, llevando a trabajadores sin protección ni capacitación adecuada a tareas de riesgo, o bien procediendo a una intimidación a gran escala. Es por esto que Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda-Unida, presentó un proyecto para derogar ese programa.


En otras reparticiones el teletrabajo llevó a la disolución en los hechos de la jornada laboral, ya sea por la indiferenciación del tiempo de trabajo y de descanso, o por la ampliación de la carga horaria. Para quienes cumplen tareas presenciales en el edificio de la villa 31, se presentan de forma acentuada todas las problemáticas que habían sido disparadas previamente en una mudanza innecesaria e improvisada. La rápida propagación del Covid-19 en la zona muestra que tener un ministerio allí era la última de las prioridades para los vecinos. La mudanza sólo sirvió para que Larreta y su ministra Soledad Acuña pudieran simular una urbanización que nunca existió, y que la pandemia vino a revelar como una gran estafa.


Los últimos aumentos salariales para los municipales se remontan a febrero para quienes se encuadran en la Ley 471, y a marzo para la planta transitoria docente. En el caso de los que están bajo la 478, no cobraron los Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (Urses).  Estos aumentos se dieron en muchos casos sobre salarios de miseria que acumulan sucesivas pérdidas frente a la inflación, como los de auxiliares de portería, que tienen un sueldo de bolsillo inicial que ronda los 30 mil pesos y no llegan a 40 con más de 15 años de antigüedad. Pese a la disparidad de convenios existentes en el ministerio, el congelamiento salarial se ejecuta sin discriminación. Para los otros puntos, la disparidad ha venido reduciéndose hacia abajo, ampliando la jornada laboral de la planta transitoria (por ejemplo, tomando la hora cátedra como reloj). La inestabilidad de los contratos de locación y de la planta transitoria es hoy mayor que nunca.


El pago diferido del aguinaldo es el remate de toda una política anti-salarial. Es necesaria una poderosa organización de lucha para voltearlo. Lejos de esto, la lista Celeste y Blanca del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (Sutecba) viene de firmar el congelamiento salarial hasta agosto, apoyó el programa de servidores públicos y dejó pasar la Ley de Emergencia Económica. La junta de ATE Educación no pasa de lo testimonial. La responsabilidad de estas conducciones sindicales en el cuadro de situación es inseparable de su sujeción al gobierno nacional, que también congeló los salarios y dio la señal de largada para que Larreta y otros gobernadores arremetan contra los aguinaldos.


Es necesario levantar un programa que se oponga a la avanzada precarizadora y el retroceso salarial. Pago integral del aguinaldo con el sueldo de junio; pase a planta permanente de los contratos de locación y de la planta transitoria docente bajo el convenio más favorable; derogación del programa de servidores públicos; distribución y financiamiento de las herramientas para el trabajo remoto; respeto de la jornada laboral; insumos completos y de calidad para las tareas presenciales acompañados de protocolos estrictos con previsión de testeos y aislamientos; inmediata reapertura de paritarias, actualización salarial mensual de acuerdo a la inflación y plus de 20 mil pesos para quienes cubren tareas de atención a la pandemia. Por un impuesto a las grandes rentas y fortunas, basta de subsidios a las iglesias, triplicación de ingresos brutos a los bancos, duplicación del ABL a la especulación inmobiliaria.

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18/06/2020

“Shoppers”: otro sector superexplotado por las apps de reparto

Encargados de hacer las compras en los locales, están sometidos a la exposición al coronavirus, precarizados y con ingresos que bajan hasta los $120 por turnos de 4 y hasta 8 horas.

Shopper. Integrante de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR).

Como se viene desarrollando en Prensa Obrera, la situación de precariedad de los trabajadores de las plataformas de reparto se ha agravado, en un contexto en que con la pandemia de coronavirus se refuerza la crisis capitalista y el intento de descargarla sobre los trabajadores. Entre estos se encuentran no solo los repartidores sino también los llamados “shoppers”, que trabajan directamente para las patronales de apps (PedidosYa, Rappi), haciendo las compras en supermercados y farmacias para que luego los repartidores la entreguen a domicilio.


Los shoppers también fueron declarados trabajadores esenciales desde el primer día del confinamiento obligatorio, y también, como todos los trabajadores de apps, tienen un abanico de reclamos y derechos que no son garantizados.


PedidosYa


En el caso de Pedidos Ya existen dos formas de relación laboral.


La mayoría de los shoppers son monotributistas. Al igual que los repartidores, no cuentan con ingresos fijos, ART, cobertura médica, aportes, licencias, vacaciones, aguinaldo o aumentos salariales, y además deben hacerse cargo del pago de la cuota del monotributo.


El trabajo se realiza de lunes a sábados, con turnos de 4 u 8 horas, y los ingresos de estos shoppers son por pedido, percibiendo $60 por cada uno y $5 más a partir del producto 11 (pero esto es solo tiene en cuenta productos diferentes y no unidades del mismo producto). En consecuencia, las retribuciones varían, ya que según el barrio y la cadena de supermercado varía la demanda. Muchas veces solo hay dos o tres pedidos en el turno, de 4 o incluso de 8 horas, con lo que apenas se gana por el mismo $120 o $180 -sin contar que a ese número se le deben restar los viáticos hasta el lugar de trabajo, que suman utilizando un solo medio de transporte un mínimo de $36. Esas horas perdidas por la falta de demanda no son remuneradas: son trabajo gratuito.


Los pocos trabajadores en blanco de la app, que reciben un pago fijo están vinculados a Comercio. En este sector también han surgido graves problemas, como el reciente caso positivo de coronavirus de un shopper en blanco, que no llevó a ninguna medida sanitaria por parte de la empresa ni del Sindicato de Empleados de Comercio para el resto de sus compañeros, ni para los empleados de los supermercados y farmacias que este trabajador recorría durante su jornada laboral.



Rappi


Los shoppers de Rappi, por su parte, se encuentran en blanco pero tercerizados por distintas empresas. Adecco es una de las mayores tercerizadoras de shoppers, pero no es la única; muchas de las otras empresas solo ofrecen contratos temporales.


Estas empresas pagan un sueldo de solo $24.500 y un bono de $5.000, lo cual no solo es insuficiente sino que depende de un algoritmo establecido por la patronal. Ya que dicho bono, según la patronal, es un “premio a los méritos realizados y no es obligatorio”. El algoritmo depende principalmente del tiempo desde que el shopper recibe el pedido hasta que lo entrega al repartidor, dependiendo por ende del largo de la fila en caja y el tiempo que demore el cobro en caja. Por ende, el pago de los ya míseros $5.000 se ve sujeto al sistema de cobro y cantidad de cajeros contratados por los supermercados, además de que los protocolos de higiene necesarios para afrontar la pandemia hacen necesariamente más lento el trabajo.



Sin respuestas


Junto a los reclamos frente a esta situación de precariedad, aparece el de la implementación de un protocolo común para todos los shoppers y repartidores, habida cuenta de los elevados niveles de contagio en supermercados. No alcanza con poner a los contagiados en cuarentena: es necesario que haya testeos, cuarentena obligatoria y un compensatorio económico -para afrontar el confinamiento sin hambre- para todos los trabajadores de apps, tanto shoppers (en planta, monotributistas o tercerizados) como para los riders que hayan estado en locales o en contacto con usuarios o compañeros con coronavirus.


El gobierno hace oídos sordos a los reclamos de los trabajadores de reparto, que ya pararon tres veces en dos meses, y han mantenido varias audiencias en los ministerios, sin tener ningún cambio real en la vida laboral. Mientras tanto el sindicato de Comercio que debiera estar garantizando las condiciones de trabajo de todos los shoppers tampoco da respuestas ni se pone a la cabeza de la lucha.


Por todo esto y más, es necesaria la unión y organizacion entre lxs precarizados por las empresas de reparto; para que la patronal no siga acumulando ganancia a costa de la salud y la superexplotación de los trabajadores.


Este 22 tendrá lugar una nueva asamblea nacional de trabajadores de reparto, a la que llamamos a sumarse a todxs lxs shoppers para luchar por todos nuestros derechos: por un ingreso igual a la canasta familiar asegurado, para que nuestro salario no dependan del azar y arbitrariedades colocadas por la patronal; por un reconocimiento de la relación de dependencia por parte de las apps, que signifique garantías de cobertura médica, ART, licencias médicas y todos los derechos negados para los trabajadores de reparto.



 

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La app dio $10.000 a cada asistente a un encuentro convocado por el legislador bonaerense Nahuel Sotelo.
18/06/2020

Otro “endulzante”, el gobierno rescata la deuda en pesos con bonos en dólares

La “sustentabilidad” es para las ganancias de Pimco y BlackRock.

Cuando parece que se acerca el final de la novela de la renegociación de la deuda externa en manos de los bonistas, el gobierno de Alberto Fernández recurre ahora para rescatar la deuda en pesos al canje… ¡por bonos en dólares!


El Ministerio de Economía anunció que emitirá tres bonos por 1.500 millones de dólares en total, con el objetivo de ofrecer una vía de salida a los bonistas extranjeros que compraron títulos en moneda local aprovechando las jugosas tasas de interés durante el gobierno de Macri para después pasar la ganancia a dólares –el llamado “carry trade”. El anuncio fue hecho en la semana en que debían cancelarse vencimientos por más de 200.000 millones de pesos, la mitad de ellos en manos del fondo Pimco, para evitar la presión devaluatoria que generarían los acreedores si apostaran a cobrar.


El gobierno venía renovando con relativo éxito los vencimientos en pesos a fuerza de ofrecer –después del recule con el Bono Dual en febrero– un canje muy ventajoso, que consiste en tomar los títulos que vencen a su valor nominal (en lugar del desplomado valor de mercado) y ofrecer una tasa de interés promedio que ronda el 35% anual. Los bonistas que no aceptan el refinanciamiento cobran al contado, lo que explica buena parte de la sideral emisión monetaria que alcanza los 250.000 millones de pesos por mes.


Ahora, en el marco de los intentos por frenar la corrida al dólar, la cartera de Martín Guzmán ofrece una opción más atractiva para los especuladores prometiendo la emisión de bonos en moneda estadounidense, lo que preserva el rendimiento de los títulos de deuda contra futuras devaluaciones. En momentos en que se vacían las reservas internacionales del Banco Central, las patronales exportadoras presionan por un tipo de cambio “más competitivo” y los operadores financieros aceleran la fuga de divisas, este mecanismo blinda la ganancia de los bonistas. Al fin de cuentas, la depreciación de la moneda nacional la sufren únicamente los trabajadores con el encarecimiento del costo de vida.


Esta operación de canje que comenzará en agosto, hecha a medida de un gigante como Pimco, hay que entenderla como parte de los “endulzantes” de la renegociación de la deuda externa. Si este es el rumbo que se adopta ante los próximos vencimientos en pesos (ya que incluso los canjes son con plazos menores a un año) y para los títulos en moneda extranjera que fueron reperfilados para el año que viene (que suman unos 8.400 millones de dólares), se pone de manifiesto un asunto central: el país “saldrá” de la crisis de deuda más endeudado que antes.


El rescate a los acreedores se ejecuta a costa de un mayor ajuste contra el pueblo y conduce a una mayor hipoteca del futuro del país. La única “sustentabilidad” que garantiza el gobierno es la de las ganancias de los Pimco y BlackRock.




 

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18/06/2020

Larreta quiere legalizar la precarización en las apps de reparto

El proyecto presentado es una vía libre para la continuación de la precarización laboral.

Agrupación de Trabajadores de Reparto - ATR

El jueves 25 a las 11 horas se tratara sobre tablas en la Legislatura porteña la modificación del Código de Tránsito y el Régimen de la Faltas, con medidas que afectan a la actividad de reparto, por parte del bloque oficialista de la Ciudad.


Este proyecto no es más que una regulación vial y una avanzada en la línea de abusos realizados por las empresas de apps de reparto. El vergonzoso proyecto de Larreta consiste en perseguir al repartidor y sancionarlo, mientras las empresas tienen vía libre para llenarse los bolsillos con un régimen laboral carente de derechos básicos como un ingreso mensual, licencias, aportes o ART.


Los repartidores, considerados esenciales desde el inicio de la pandemia, no somos héroes ni colaboradores, somos trabajadores en relación de dependencia no reconocida por las empresas. Este proyecto interviene y sanciona a los repartidores, pero sostiene el problema central que nos afecta: la precarización laboral encubierta tras el monotributo.


El gobierno de Larreta, con esta ley, propone crear un organismo encargado de sancionar al repartidor cuando deberían tener en cuenta que las empresas son las que tendrían que ser obligadas a garantizar condiciones laborales y de vida mínimas de los trabajadores de reparto.


Esta modificación plantea que somos los repartidores los que debemos seguir pagando las herramientas de trabajo, ya que las empresas solo deben “facilitarlas”. De esta manera, se continúa con el incumplimiento del fallo del juez Gallardo, dictado en 2019, que obliga a las empresas a garantizar estos elementos. Aunque sí se cumplió con las sanciones a los trabajadores mediante multas e incautaciones de vehículos, que este proyecto viene a formalizar.


También, el proyecto apunta a que para poder trabajar en CABA se debe tener domicilio en el distrito, lo que deja fuera a cientos de repartidores que a diario vienen a capital por ser una zona con mayor demanda y menores riesgos. Esto plantea la posibilidad de cientos de despidos y también que los repartidores deban trabajar en zonas liberadas y peligrosas o de baja demanda, afectando directamente su ingreso.


Estamos ante un proyecto al servicio de las patronales que plantean un contrato de prestación de servicios (monotributo) cuando la realidad es que esto es un encubrimiento de la evidente relación laboral.


Entendemos que para terminar con las muertes de los trabajadores de reparto es necesario regular de fondo la actividad. Es urgente declarar la actividad de reparto como insalubre, que se regule un ingreso acorde a la canasta familiar, un límite en la jornada laboral dado el desgaste físico y psicológico al que estamos expuestos a diario, regular límites de kilómetros y peso. Terminar con los múltiples sistemas de ranking que solo llevan a los trabajadores de reparto a competir entre sí, dejando la vida por $60 por pedido.


Denunciamos la complicidad y los intereses compartidos del gobierno de la ciudad con las empresas. Tambien señalamos la impostura del kirchnerismo, y el Frente de Todos, que critica el proyecto pero que desde el Ministerio de Trabajo nacional no han tomado ninguna medida para evitarlo. Incluso han dejado sin respuesta los reclamos que los repartidores hemos llevado adelante con los últimos paros y caravanas hacia el ministerio.


Llamamos a hacer crecer la organización y el plan de lucha. Si este proyecto avanza en CABA es un golpe al conjunto de los repartidores del país y del mundo.


Vayamos por una gran movilización de todxs lxs trabajadorxs de reparto el 25 a las 10 horas en las inmediaciones de Legislatura porteña.





 

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18/06/2020

Santa Cruz: el barrio ARA San Juan desnuda la crisis energética

Reclaman solución urgente de la provisión de gas.

A una semana del comienzo del invierno, los vecinos del Barrio ARA San Juan, de Caleta Olivia (Santa Cruz), acampan frente a la Municipalidad en reclamo de la red de gas. A estas horas dos jóvenes se han subido a la antena para “visibilizar” su reclamo. La única respuesta que tuvieron es la promesa de tener un camión de leña para el próximo fin de semana.


Esta situación retrata a un régimen político que hace más de 30 años ha privilegiado los intereses de las multinacionales del petróleo y el enriquecimiento personal de varios funcionarios en detrimento de los servicios básico de la población.


Pero si miramos un poquito más atrás, el kirchnerismo, que gobierna esta provincia, prorrogó las concesiones de las áreas petroleras a Pan American Energy, a OXY (ahora Sinopec) y le perdonó 2.500 millones de dólares de pasivo ambiental a Repsol durante el proceso de reprivatización. Hoy en día, mientras miles de santacruceños no tienen gas, las operadoras siguen venteando (quemando) el gas que no pueden (y no quieren) inyectar a los gasoductos.


Pan American Energy no paga ni un solo peso del gas que consume en su usina, que le permite dotar de energía a todo su yacimiento. No se trata de un par de garrafas: recientemente en FM 21 de Caleta Olivia el Ingeniero Lehmann afirmó que “Caleta Olivia consume 20 megavatios por día de energía eléctrica, y todo el yacimiento de PAE 200 megavatios; imagínense la cantidad de gas que consumen gratis de nuestro subsuelo sin dejar un peso a Santa Cruz”.


Las fotos de la infamia


Hace un par de semanas, el intendente de Rio Gallegos, Grasso, se fotografiaba sonriendo llevando un camión de leña desde Los Antiguos a la capital provincial.


El año pasado Costa y Zeidán hacían campaña en zona norte con sus referentes Carambia y Mariano Nieto repartiendo en un camión carbón de Rio Turbio en los barrios de Las Heras y Caleta Olivia.


Mientras tantos los diputados nacionales de la UCR-Cambiemos por Santa Cruz, Carambia, Reyes y Ricci se ausentaron, primero, y votaron en contra, después, en las dos sesiones donde se pretendió retrotraer los tarifazos de Macri, a partir de la dolarización del gas y los combustibles; sumado a la quita de los subsidios a la Patagonia que siguen haciendo estragos en miles de hogares.


$16.322, 82 es el monto que le llego en la factura de gas a un vecino de Gobernador Gregores por el consumo del tercerr período de 2019. Es una cifra impagable para cualquier familia trabajadora. Estos montos se repiten en Los Antiguos y Perito Moreno, porque el gasoducto licitado en 2008 por De Vido nunca se construyó.


El actual Intendente de Caleta Olivia, Cotillo, fue vicegobernador desde 2011 a 2015 y presidente de Distrigas de 2015 a 2019, no puede desconocer las necesidades de los vecinos de su pueblo, ni su responsabilidad en la falta de respuestas concretas. El reclamo del ARA San Juan desnuda un régimen político.


Desde el Partido Obrero nos solidarizamos incondicionalmente con el reclamo de los vecinos del Barrio ARA San Juan y exigimos al gobierno provincial la solución urgente a la red de gas que necesitan sus familias.




 



 

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18/06/2020

Sin salud pública y salud mental no hay cuarentena

Psicoanalista. Profesional de la Salud Mental

Días atrás, el Conicet a través de su Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes) publicó en su página el resultado del informe Tiara, una investigación epidemiológica sobre el impacto psicosocial de la cuarentena durante su primera fase.


El relevamiento se realizó entre el 30 de marzo y el 12 de abril (durante el primer período de la cuarentena) y según el propio informe ya fue remitido al Ministerio de Salud de la Nación. Los datos publicados son verdaderamente preocupantes y todo haría suponer que, tratándose que el estudio se realizó en las primeras semanas del inicio de la cuarentena, algunos indicadores se habrían agravado al día de hoy.


Datos, no opinión


Sobre una muestra de más 30 mil casos en las 24 jurisdicciones, el 55 por ciento de la población encuestada reportaba una reducción de ingresos en su hogar, con predominancia en el género femenino y la juventud (siendo las mujeres el 55 por ciento).


En este cuadro, la investigación del Conicet también revela el padecimiento psíquico y malestar psicosocial diferenciado por clase, edad y género: puede leerse que “si bien el nivel de malestar psicológico en la población es alto, la diferencia por grupos es aún más determinante: el 52 por ciento de las mujeres se encuentran afectadas, mientras que solo el 29 por ciento de los hombres mostraron indicadores de malestar psicológico. En tanto, el 59 por ciento de la población con vulnerabilidad social se encuentra afectado, el 47 por ciento de quienes cuentan con obra social o prepaga reflejó malestar psicológico. A su vez, 62 por ciento de los jóvenes proporcionan respuestas compatibles con malestar psicológico, mientras que el 43 por ciento de las personas con 30 a 59 años se encuentran afectados”.


Silvina Arrossi, investigadora independiente del Conicet en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y una de las líderes de la investigación, destaca que “la epidemia y el impacto psicosocial atraviesa desigualdades de género preexistentes, que probablemente se potencien en esta situación” para agregar “de igual manera es posible pensar que la caracterización laboral más precaria ligada a los jóvenes puede influir en el malestar psicológico de esa población”.


Las conclusiones de los investigadores del Conicet dejan en evidencia que los sectores sociales con mayor impacto psicosocial por la cuarentena y la pandemia terminan siendo los jóvenes precarizados y desocupados, especialmente las mujeres.


A su vez, Diario Popular (7/6) hace mención también a una serie de indicadores epidemiológicos preocupantes en el mismo campo. A través de un artículo sobre una investigación realizada por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), prácticamente en el mismo período relevado por el Conicet, revela que “8 de cada 10 argentinos se automedican y el 50 por ciento de la población toma los medicamentos de forma incorrecta y abusiva”. El titular del sindicato, Marcelo Peretta destaca que “es contundente la certeza de que ha crecido la automedicación en medio de la pandemia. Un problema fue la aparición de las recetas digitales, un sistema que debería monitorearse. Lo que observamos es mayor ansiedad en las personas, la inestabilidad emocional, la depresión, el insomnio y los dolores articulares o musculares”. Asimismo, según el artículo “el informe de SAFyB puso de manifiesto que, en etapa de aislamiento, el consumo de pricofármacos creció un 30%, los analgésicos y los antiinflamatorios subieron un 30%, y los productos para adelgazar despegaron un 11%.” (Diario Popular, 7/6).


Una Dirección Nacional de Salud Mental pintada al óleo


Desde el inicio de la cuarentena venimos advirtiendo en Prensa Obrera la necesidad de implementar dispositivos públicos psicosociales y comunitarios en las zonas de mayor vulnerabilidad social frente a los inevitables efectos en la vida psicosocial de las clases más explotadas por la precarización laboral, los bajos salarios, la desocupación y el hacinamiento. A partir del episodio sobre “la angustia” social surgido en una conferencia de prensa encabezada por el presidente Alberto Fernández, a más de dos meses de iniciada la cuarentena, también destacamos la falta de políticas de Estado en el campo de la Salud Mental y la inexistencia de cualquier relevamiento epidemiológico alguno.



El grado de desinterés por parte del gobierno nacional sobre las inevitables consecuencias de la cuarentena y la pandemia en la salud mental de la población ya es obsceno. La falta de profesionales de dicho campo en el grupo de asesores científicos de Alberto Fernández es una prueba de ello. A más de tres meses de iniciado el aislamiento obligatorio, no ha habido informes epidemiológicos ni lanzamiento alguno de medidas de emergencia y asistencia (especialmente en el área primaria y territorial) por parte de ningún organismo sanitario, empezando por la propia Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación.


El verso de la “no estigmatización” del trastorno: una negación (y maniobra) de Estado


Frente a la ausencia en la escena nacional de funcionarios de la Dirección Nacional de Salud Mental (cuyo director, Hugo Barrionuevo, es un sanitarista del “riñón” de Ginés González García), la interna de camarillas al interior del propio Estado también dice presente. El área “camporista” ha tomado la posta a través de la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires. Días atrás, funcionarios de dichos organismos junto a la reconocida sanitarista en salud pública y salud mental, Alicia Stolkiner, realizaron vía zoom la charla “¿Se viene una pandemia de padecimiento mentales?” donde en nombre de “no estigmatizar con clasificaciones y trastornos en salud mental” la situación nacional bajo pandemia y cuarentena y contra las “epidemiologías médicas hegemónicas”, se lavan las manos olímpicamente sobre la falta de políticas y datos en el área.


Ocurre que los únicos datos hasta ahora publicados sobre el malestar psicosocial y la salud mental de la población por el impacto de la cuarentena y la pandemia son los del Observatorio de Psicología Social Aplicada (Facultad de Psicología UBA), el SAFyB y el Cedes del Conicet. De hecho, la propia Stolkiner (que también integra un equipo de asesores en salud mental del Ministerio de Salud de la Nación) sostuvo en la charla virtual la necesidad de “políticas y acciones de Estado que nos hagan sentir que estamos en red”, cosa que desde el inicio de la cuarentena y frente al agravamiento de la pandemia, hasta hoy, brillan por su ausencia, al igual que informes ministeriales.


Sin salud pública y salud mental no hay cuarentena


Como venimos planteando desde Prensa Obrera, nada más funcional a la derecha “anticuarentena” que el negacionismo y la falta de políticas y relevamientos en el campo de la salud mental en el malestar psicosocial, especialmente en los sectores más afectados que, como destaca la investigación del Conicet, es la juventud trabajadora precarizada y desocupada y las mujeres.



El “progresismo sanitarista” oficial pretende tapar el sol con la mano: mientras despotrica contra los “medios hegemónicos” el uso tendencioso de datos en el campo de la salud mental para atacar la cuarentena (lo cual es relativamente cierto), oculta la falta de datos oficiales, políticas y abordajes por parte del Estado en nombre de la “no estigmatización”. Ocurre que en un cuadro de derrumbe de la salud pública como el actual, una reorganización de los distintos efectores y dispositivos en salud mental en todos sus niveles, implicaría afectar grandes intereses capitalistas: esto es, la centralización del sistema de salud bajo gestión pública y estatal, la nacionalización de los laboratorios farmacéuticos y bioquímicos, un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y la suspensión del pago de la deuda externa.


En las últimas semanas, el movimiento de desocupados -con el Polo Obrero a la cabeza- viene ganando las calles, con distanciamiento social y medidas preventivas, bajo la consigna “con hambre no hay cuarentena”. El Plenario Sindical Combativo, días atrás, siguió ese rumbo con el lema “Sin Salario, no hay Cuarentena”. Podemos agregar en la radiografía planteada, también, que “sin salud pública y salud mental, tampoco hay cuarentena”.



 

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18/06/2020

La jornada de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo en Salta

Con los obreros despedidos de mina Lindero y los remiseros en lucha.

En Salta, la jornada de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo arrancó frente a la Secretaría de Trabajo, donde se realizaba una audiencia conciliatoria por los obreros despedidos por la empresa Edvsa, terciarizada de Mansfield Minerals, dedicada a la extracción de oro a través del proyecto Lindero. El secretario de Trabajo se negó a recibir a los verdaderos representantes de los trabajadores, y se reunió solamente con la Uocra y las empresas. Tampoco dejaron participar a la representante legal de los compañeros.


Luego de hacer un aguante a los despedidos, la movilización convocada por el Partido Obrero, el Polo Obrero, MTR 12 de Abril, MAR, MST y CUBa MTR, con los trabajadores de Lindero a la cabeza, se dirigió hacia la Legislatura provincial, donde se realizó un acto cuyo eje central fue la consigna de unidad de obreros desocupados y ocupados para triunfar en la lucha por la defensa de los puestos de trabajo, por el salario igual a la canasta familiar, por un subsidio de $40.000 a los desocupados, la independencia del gobierno y la burocracia sindical, y reclamo por el no pago de la deuda externa.


Desde Prensa Obrera entrevistamos a Ramiro Frías, referente de los despedidos de Lindero y a José Sarapura, referente del sindicato de los remiseros Ucairra.


Ramiro Frías señaló que “venimos de Trabajo, donde se realizó la audiencia de conciliación entre Mansfield, Edvsa y la Uocra. No me dejaron participar como referente de la lucha por la reincorporación a los más de 250 despedidos hace 90 días. Es una vergüenza, porque la Uocra tendría que haberse acercado a nosotros y haber convocado a los despedidos para que ingresemos a la conciliación. Hace siete días que estamos encadenados y en huelga de hambre, reclamando en las puertas de Mansfield, y la Uocra no se acerca a colaborar en nada. El sindicato está del lado de la patronal, no del lado de los trabajadores. Vamos a continuar el reclamo en Mansfield hasta que nos reincorpore”.


José Sarapura se refirió a la lucha de los trabajadores de remises, que en el acto realizado en la Legislatura reclamaron libertad inmediata a los detenidos por la policía hace seis días, cuando se concentraron para exigir que el Estado garantice las licencias a los trabajadores de remises, que se encuentran monopolizadas por las empresas, con el sostén del gobernador Gustavo Sáenz.


El dirigente de Ucairra sostuvo que “estamos acá porque nos reprimieron, detuvieron a nuestros compañeros y dirigentes. Tenemos un compañero internado por los golpes provocados por la policía, por luchar por una causa justa. Queremos que las remiserías dejen de robar y lucrar con las licencias que son del estado. Son cincuenta y tres empresarios que las concentran, mientras que somos más de 1.700 remiseros explotados por esos empresarios. Queremos la libertad a los detenidos, porque no estamos en dictadura, estamos en democracia, y tenemos derecho a poder hacer nuestros reclamos. Vamos a seguir luchando hasta lograr la libertad de nuestros compañeros, la anulación de todas las causas, y hasta obtener las licencias para poder trabajar”.




 

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18/06/2020

Neuquén: las impotentes medidas de Gutiérrez ante el pico de contagios en la capital

El gobernador responsabiliza y regimenta a la población, sin anunciar vueltas atrás en la apertura de las actividades económicas.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, junto al intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, lanzaron una batería de anuncios que fueron presentadas como “las 10 medidas para frenar el avance del Covid-19 en la capital neuquina”. Ocurre que en los últimos días el aumento de los casos ha sido exponencial, ascendiendo a 260 casos confirmados, 7 fallecidos y 141 casos activos.


Asimismo, el aumento de casos llegó a lugares de trabajo como en el mayorista Makro, Coto, una sucursal importante del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y el Tribunal de faltas.


Frente a este escenario, los mandatarios provinciales y municipales realizaron una conferencia en la que anunciaron las 10 medidas, las que no hacen más que recargar la responsabilidad en la población, generando mayor control de regimentación social, sin apuntar al fondo de la solución. Las medidas anunciadas son: controles en los accesos y egresos de la ciudad, limitar las tareas recreativas, campaña de difusión, controles en los puentes de Neuquén y Río Negro, vigilancias en bares y confiterías sobre el cumplimento de los protocolos. Y sobre las diez medidas, dos de ellas se basan en testeos en barrios populares y trabajadores de salud, pero no se brindó mayor definición sobre su aplicabilidad -es decir, si los testeos se resumirán en la toma de temperaturas o si serán efectivamente testeos. Vale decir que la provincia no informa en su totalidad la cantidad de exámenes de Covid-19 que realiza.



Dicho esto, el gobierno no anunció ninguna vuelta atrás en las actividades productivas y económicas que están levantadas desde la primera quincena del mes de mayo. La circulación de la población responde a esta liberalización de la economía, realizada para cumplir con las exigencias de las patronales que operan en la provincia. Hace un mes y medio, el día 6 de mayo, el gobierno lanzó su “Plan Secuencial de Apertura de Actividades Económicas”, consistente en el regreso de las actividades económicas a la provincia.


Además, el levantamiento de la cuarentena no fue acompañado de una medida clave para miles de trabajadores que es la referida al transporte público. Es que las empresas no pusieron más unidades y se expuso a la población que trabaja a un contacto estrecho en las unidades.


Era previsible la aparición de casos en los trabajadores mercantiles, quienes durante la pandemia trabajaron largas jornadas sin contar con los elementos de bioseguridad necesarios.


El pico de los contagios es una consecuencia directa del levantamiento prematuro de la cuarentena, que no estuvo acompañada con la detección y testeos en lugares de trabajo como salud, transporte y comercio, preparación del sistema sanitario y más unidades en el transporte público. En el caso de los trabajadores y trabajadoras de salud la situación es grave, fuertemente expuestos a los contagios por no contar con elementos de seguridad y protección personal. Recientemente, una trabajadora del sanatorio Huincul denunció la falta de protocolos en la seguridad de las internaciones y la protección del personal de un caso derivado del policlínico Ados (clínica de Neuquén donde se produjeron más de una docena de casos y dos fallecidos).


Ante las impotentes medidas de Gutiérrez y el aumento de la regimentación en marcha, insistimos en una cuarentena con las garantías sociales para transcurrirla, con salario y trabajo, plan de testeos y centralización del sistema salud, acompañado de un aumento del presupuesto.



 


 

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18/06/2020

Jornada del PSC: el significado de la acción divisionista de Ancla-Mst

La jornada nacional del 16 confirmó la potencialidad del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) como un canal alternativo al dique de contención de las burocracias sindicales.


Que varios sectores tradicionalmente remisos a participar de las convocatorias del sindicalismo combativo y prácticamente todas las luchas actuales se hayan sumado o adherido así lo demuestra.


Esta nueva realidad clarifica algunos debates sobre la supuesta falta de flexibilidad “táctica” del PSC, reafirmando que es posible confluir con amplias franjas en un campo de independencia política, no de adaptación. También reavivan discusiones al interior del propio PSC sobre los criterios de funcionamiento, que remiten a la propia naturaleza de su construcción.


En su balance de la jornada del 16 el Ancla-Mst cuestiona que no hayamos realizado la marcha a Plaza de Mayo, votada en la asamblea virtual. Según el Ancla-Mst esa marcha “ya instalada… fue levantada 48 horas antes de su realización”. Y enfatiza: “insólitamente la CSC del Partido Obrero e Izquierda Socialista se retiraron del acuerdo que teníamos”. Aquí se omite decir que la resolución adoptada por el plenario virtual expresaba explícitamente que la mesa del PSC evaluaría la forma final de la acción en CABA, considerando que la evolución de la curva de contagios en el Amba ya empezaba a acelerarse.


De manera que si alguien vulneró algo fue el Ancla-Mst ya que, sin haber un acuerdo sobre las características de la jornada del 16 en Buenos Aires, como reconoce el propio artículo, realizó igualmente una concentración frente a la UIA, pocas horas antes. La “perla negra” de la jornada (para usar una expresión del Mst) fue esa convocatoria del Ancla-Mst, objetivamente divisionista, que además se preparó en sigilo, ya que en ninguna de las reuniones previas fue anunciada. La independencia de cada organización está fuera de discusión, pero en este caso se encontraba condicionada por el carácter unitario de la jornada que, supuestamente, todos defendíamos.


El Ancla-Mst dice que “los motivos esgrimidos para abortar la marcha central fueron tan equivocados como ridículos”. Y puntualiza: “desde inexistentes impedimentos sanitarios… hasta un supuesto impacto negativo entre los trabajadores y la opinión pública”. Según el Ancla-Mst “todos argumentos que se desmoronan ante las centenares de movilizaciones callejeras… en todo el país”.


Pero lo que evaluamos para no avanzar con el formato de marcha que antes propusimos fueron no solo las estadísticas de los contagios (muy alarmantes) sino sobre todo la opinión de los sindicatos que consultamos; otro “detalle” que el Mst omite. Realizamos numerosas consultas en diversos frentes y concluimos que el riesgo que implicaba realizar una marcha podía incluso opacar la jornada en el resto del país.


Las movilizaciones que tienen lugar, sin relación con el grado de apertura de la cuarentena, son motorizadas por urgencias reivindicativas -como falta de cobro, cierres, despidos o incumplimiento de los protocolos sanitarios- que la mayoría de las organizaciones que integramos el PSC acompaña. Una de esas luchas, de las más destacadas, la protagoniza el Sutna que acaba de realizar un paro nacional en defensa de las medidas de bioseguridad y encabezó las delegaciones sindicales en Obelisco.


La jornada nacional del 16 trató de dar una expresión centralizada a todos esos conflictos pero en el marco de un programa y una estrategia, sintetizados en el documento de convocatoria a la asamblea virtual del 27. Su enorme mérito fue ese y no si en CABA se movilizaba 1.000 o 150 como terminó ocurriendo.


Las “presiones que en diferentes gremios ejercen el gobierno y corrientes afines” son enormes, pero afirmar -como hace el Ancla-Mst- que “cedimos a ellas” representa una difamación y corre el eje del problema fundamental. La CSC-PO se esfuerza por llevar las propuestas del PSC a la base de los gremios en los que actuamos. Con ese propósito promovemos, como método, los mandatos de asambleas o de los organismos colectivos de los sindicatos. Este es un criterio fundamental que parte de definir al PSC como un frente único de organizaciones sindicales combativas y no un acuerdo de las tendencias sindicales de la izquierda, de aparatos o de individuos insensibles al pulso de nuestra clase.



 

18/06/2020

Bolivia en emergencia nacional por el coronavirus

Para enfrentar la pandemia y la crisis hay que sacarse de encima al golpismo.

Una decena de personas falleció por Covid-19  en La Paz y Cochabamba, en la puerta del hospital, después de haber recorrido otros nosocomios donde no pudieron ser atendidos por estar colapsados. A esto se suma denuncias de decenas muriendo en sus casas, porque no hay hospital que los reciba.


Las situaciones más serias están en el Departamento de Beni y la zona oriental de Santa Cruz. Allí se concentran casi el 80% de los 19 mil infectados, según datos oficiales. Las sociedades médicas consideran que son muchos más, no contabilizados porque no se pueden diagnosticar. En el último mes los casos se han triplicado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de la OEA) ha expresado su “alarma por propagación del Covid-19 en el pueblo Yuqui, en Cochabamba (centro), donde se reportan 16 personas contagiadas, 5,3% de una población de 300 personas, lo que podría representar grave riesgo para la supervivencia este pueblo indígena”, que habita zona selvática.


La causa de este pico no es un incremento de la agresividad del virus, sino el completo colapso del sistema sanitario.


En Trinidad (capital del Beni) se registran 1.000 casos y 70 muertos. Cifras impactantes para una urbe de 130.000 habitantes, donde los servicios médicos estaban rebasados y solo un tercio de las viviendas tiene saneamiento básico.


El gobernador, Amapo, advirtió: “Los hospitales están repletos y no solo eso, hay poco personal médico y gran escasez de equipamiento y medicamentos”.


El Servicio de Salud de Beni informo -hacia fines de mayo- que más de la mitad de los 150 médicos de servicios públicos habían resultado contagiados y cuatro de ellos fallecido. Con un crecimiento de enfermos del 300%. Lo cual está llevando a la llegada de médicos y enfermeros voluntarios del resto de Bolivia para impedir una catástrofe abismal. Y se realizan colectas nacionales de medicamentos.


El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina de Terapia Intensiva, Adrián Ávila, declaro: “Esto es ya una catástrofe –y no refiriéndose solo al Beni- principalmente porque no se han resuelto los problemas de falta de capacidad de unidades de terapia intensiva que se requieren”.


A mediados de mayo, el Gobierno compró 170 respiradores españoles, que estuvieron envueltos en un escándalo de sobreprecios y corrupción y que las sociedades médicas descartaron por inútiles para terapia intensiva.


Añez también anunció en abril la compra de 500 unidades de terapia intensiva,   pero ninguno de estos equipos llego, tornando inútiles a pequeños hospitales de emergencia habilitados en Santa Cruz y Beni.



Prometieron también fortalecer el sistema nacional de diagnóstico, para realizar más de 3000 pruebas diarias desde fines de abril. Pero las autoridades reconocieron (8/6) que había apenas 6 laboratorios dedicados al COVID-19, con capacidad total inferior a 1000 análisis diarios.


El mayor de esos laboratorios, el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) de Santa Cruz, se declaró   en colapso, por la baja médica de 40% de su personal contagiado por COVID-19 y la falta de equipos y reactivos para acelerar las pruebas. Yelin Roca, jefa de ese laboratorio mostro ante cámaras de TV, centenares de contenedores, apilados en el suelo, que almacenaban más de 2000 muestras de sospechosos de COVID-19 que el Cenetrop no había podido procesar en solo un fin de semana. Solo tres ciudades —La Paz, Cochabamba y Santa Cruz— tienen laboratorios en pleno funcionamiento para diagnosticar COVID-19. Los otros existentes están paralizados por falta de reactivos.


Ávila señaló que Bolivia tenía 490 camas de terapia intensiva cuando comenzó a sufrir el ataque del coronavirus. Pese a varios anuncios gubernamentales de compras masivas y urgentes de equipamiento, hasta principios de junio solo se logro habilitar… ¡30 camas más!


El especialista calcula que solo para atender requerimientos actuales habría necesidad de 700 camas de cuidados intensivos, todas con respiradores mecánicos: el sistema está en colapso, sin que aún se haya llegado a la cúspide de contagios.


El drama de esta pandemia no termina aquí. Los muertos no tienen lugar para cremación o entierro. Hay lugares donde hay que anotarse en ‘lista de espera’. Los cajones han subido entre 50 y 100% su valor, muchos deudos se han visto obligados a usar cajas de cartón o envolverlos en plásticos. En mitad de esta crisis fatal, especuladores hacen sus ganancias.


Por lo que se ve el gobierno golpista de Añez no ha hecho nada para prevenir el desembarco de la pandemia en Bolivia. Solo robar: han sido obligados a renunciar media docena de ministros por fuertes y probadas acusaciones de negociados (vamos por el tercer ministro de salud). La presidenta Añez, cabeza de este inoperante y antipopular gobierno golpista que juega con la vida y salud de su pueblo salió a resaltar su preocupación por la gravedad de la pandemia, planteando… postergar las elecciones nacionales que el Tribunal Electoral convoco para el 6 de septiembre. Por temer el contagio del virus. No quiere promulgar la ley votada por las cámaras parlamentarias. Quiere perpetuarse.


Más grave aún que el corona virus, es la descarga de la crisis capitalista sobre el pueblo trabajador. El gobierno dicto una cuarentena pero no previó medios para que el pueblo explotado pudiera resistirla en sus domicilios. Frente al hambre fueron creciendo e imponiéndose las movilizaciones populares para que se ‘flexibilizara’ y por reclamos paliativos. Añez decreto la “cuarentena dinámica” permitiendo las salidas a la calle en busca de pan y trabajo. Pero esto fue una ilusión para desocupados y changuistas. La crisis golpea fuerte. No hay ventas. Las patronales despiden masivamente. Hay cierre pandémico de fuentes de trabajo.


El pueblo boliviano de gran tradición de lucha a través de la acción directa, está recorriendo este camino. En Potosí, ante la falta de instalación de un –prometido- laboratorio, un Comité Cívico (parte de esos organismos que habilitaron el golpe de Añez) convocó a cortes de ruta y movilizaciones para arrancarlo. Gran cantidad de intendentes han iniciado huelgas de hambre. Se van multiplicando las movilizaciones por mejores condiciones sanitarias y contra la miseria que descarga el gobierno golpista y las patronales sobre los trabajadores.


La Central Obrera (COB) -que habilitó el golpe militar contra Evo Morales, integrando incluso su staff de funcionarios- resolvió “declararse en estado de emergencia y pie de lucha”; advirtiendo que “el gobierno transitorio hunde el país en la crisis económica y social con el despido de trabajadores del sector público y privado, la corrupción, desfalco en las entidades públicas y la “irresponsable” gestión para en encarar la pandemia del coronavirus”.


Convocó una “reunión urgente a sus confederaciones, federaciones, centrales obreras departamentales y regionales para elaborar la agenda nacional”. Pero todo indica que pretende elaborar una “agenda nacional” en consonancia con sectores patronales, y no que parta de las reivindicaciones obreras y de masas frente a la crisis social (reincorporación de los despedidos, etc.), sanitaria (nacionalización de todo el sistema de salud bajo control de sus trabajadores, etc.) y ante la crisis económica (nacionalización de la banca, de la minería, etc.).


Se plantea la necesidad de reclamar un paro nacional con los tradicionales y combativos piquetes y cortes de ruta y una marcha nacional hacia La Paz para imponer que se vaya Añez y el gobierno golpista. Para la militancia de izquierda se le abre una nueva oportunidad para intervenir audazmente en este proceso dinámico de crisis capitalista y tendencias a la movilización de masas. Crear un agrupamiento político independiente de los trabajadores que con la perspectiva  estratégica de luchar por un gobierno obrero y campesino intervenga en el proceso en curso.



 

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18/06/2020

Los reclamos sin respuestas de los jubilados municipales de Luján

Los trabajadores municipales de Luján padecen, como los del resto de los distritos bonaerenses, la miseria salarial y condiciones laborales de precarización. Tienen pendiente todavía el blanqueo de un 24,6% acordado para el segundo semestre del 2019 y que debía haber sido incorporado al básico en enero de 2020. Los recolectores de residuos, que han sido desplazados de sus tareas, cobran sueldos básicos que promedian los 20.000 pesos. Pero el cuadro es más grave si nos adentramos en la situación de los municipales jubilados.


En una reciente entrevista a Radio Más Vida, el jubilado municipal José María Bricci Repetto brindó un detallado informe de los reclamos pendientes que no tienen respuestas por parte de la gestión del intendente Leonardo Boto, del Frente de Todos. Bricci describió que no reciben aumentos de las jubilaciones desde hace casi un año. Esto porque los aumentos en negro que perciben los trabajadores municipales en actividad no son incorporadas para los jubilados, que deben aguardar hasta que las mismas sean blanqueadas. También denunció que las sumas en negro a los municipales en actividad desfinancian a las cajas del IPS (Instituto de Previsión Social) y de IOMA (la obra social de los empleados públicos de la provincia), ya que no cuentan a la hora de aportar.


Pero además planteó que, incluso una vez que se incorpora al salario básico esas sumas no remunerativas de los trabajadores municipales activos, el empleador (municipio) debe enviar un expediente al IPS, que tiene a su vez hasta 60 días para resolverlo y recién luego se incorpora el aumento correspondiente a los jubilados al mes subsiguiente. De esta manera se diluye enormemente el aumento de los magros ingresos, en medio de una galopante inflación.


Por otro lado, el municipio de Luján no adhirió al bono de 4.000 pesos a cuenta de futuras paritarias que decretó hace unos meses el gobierno nacional para los trabajadores estatales y de la actividad privada, por lo que los trabajadores y jubilados municipales no lo recibieron. Para colmo, el intendente Boto había anunciado en marzo una compensación de 3.000 pesos para los jubilados municipales hasta tanto se resolviera la paritaria, pero estos denunciaron que solo fue otorgado por única vez y no alcanzó a los pensionados.


Para colmo de males, en octubre de 2019 los jubilados municipales sufrieron una poda del 3% en sus haberes, debido “a un error en la liquidación del ítem de la antigüedad por parte del IPS” (El Civismo, 8/10/2019), lo que motivó un reclamo al municipio, pero todavía esperan la restitución de lo quitado.


Para terminar con los atropellos de los diversos gobiernos es fundamental la organización de los trabajadores y jubilados municipales para emprender un plan de acción. Es una orientación que escapa a la política de las direcciones de los sindicatos STM, ATE y SEM. Debemos unir firmemente las reivindicaciones de ambos sectores.


Apoyamos los reclamos de los jubilados municipales y exigimos un salario igual a la canasta familiar para todos los municipales de Luján, y que todos los aumentos sean en blanco e indexados de acuerdo al índice del costo de vida, y el blanqueo de toda suma en negro; la devolución inmediata de las sumas descontadas compulsivamente o adeudadas en meses o años anteriores; que los haberes jubilatorios sean del 82% del salario en actividad. Por comités de trabajadores y jubilados municipales para garantizar estás reivindicaciones.




 

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18/06/2020

Frigorífico Penta: nueva acción de los trabajadores en el Puente Pueyrredón

Denuncian que la empresa no se presenta a las negociaciones, mientras continua el lock out.

Los trabajadores del frigorífico Penta han vuelto a manifestarse ante el acceso al Puente Pueyrredón debido a que las negociaciones con la patronal se encuentran estancadas y ante un Ministerio de Trabajo que no actúa frente al cierre de la planta.


El conflicto ya suma varios meses y tiene como protagonistas a 240 trabajadores y sus familias que se han quedado sin sustento económico debido a la decisión de la patronal del Penta, a cargo del empresario kirchnerista Bruzzese, de cerrar la planta como represalia a la organización independiente de los trabajadores.


El lock out patronal se viene extendiendo durante los meses de cuarentena en franca violación a casi todas las medidas dictadas por el gobierno nacional, sin que este haga nada para evitarlo. Se trata de una actividad esencial para la población, cuando miles de familias padecen de necesidades alimentarias en la región.




Bruzzese ha desconocido las conciliaciones obligatorias e incluso ha montado una guardia en la planta con elementos reclutados entre barrabravas y patotas, con el propósito de agredir a los trabajadores que mantienen varias actividades en las puertas.


Ante la intransigencia patronal, los trabajadores han pasado a exigir la expropiación del frigorífico y su puesta en funcionamiento con la garantía de la permanencia de todos los puertos de trabajo. Sin embargo, las autoridades del gobierno aún no se han manifestado sobre esto, dilatando y agravando la situación que padece el colectivo obrero.


La continuidad del conflicto y la disposición a la lucha de los trabajadores demanda que el gremio de la carne retome la senda del paro de 24 horas realizado en oportunidad de la represión de la Policía Bonaerense en los portones del Penta hace meses. El sindicato debe discutir nuevas acciones y un plan de lucha integral en todo el gremio por la defensa de los puestos de trabajo, el pago de los salarios, la defensa incondicional de la libertad de organización y las condiciones laborales de los trabajadores de la carne. Y apoyamos el planteo de expropiación de los trabajadores ante la conducta criminal de la patronal.



 




 

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18/06/2020

Jubilaciones por decreto, brutal atropello a los derechos de las personas mayores

Defensor de la Tercera Edad

En el día de hoy mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 542/2020, el gobierno nacional consolida el atropello de los derechos de jubiladas y jubilados de todo el país, al prolongar la continuación de la suspensión de la movilidad jubilatoria. De acá a fin de año los aumentos serán decididos por el poder ejecutivo de acuerdo a la conveniencia del momento.


Según palabras del decreto “se estima razonable y necesario posponer la toma de decisiones respecto de la movilidad de las prestaciones del régimen previsional general” y se invoca “la realidad impuesta por la pandemia de Covid-19”. Sin embargo es preciso recordar que la suspensión de la movilidad es previa a la pandemia. Era la emergencia económica provocada por la crisis la que justificaba el saqueo de las jubilaciones, ahora es el Covid-19 y mañana será la crisis que el Covid-19 deje tras su paso. Las preguntas, entonces, son ¿cuándo estimarán “razonable y necesario” quienes gobiernan el país, respetar la ley, los derechos de la ciudadanía y la justicia social? ¿Cuántas crisis más hay que esperar para que millones de personas cobren lo que aportaron a lo largo de sus vidas? ¿Cómo se supera una crisis económica si el Estado mismo decide mantener en la pobreza a una parte importante de la población?  En la medida en que estas preguntas continúen sin respuesta seguiremos adelante con todas las acciones que estén a nuestro alcance por luchar por los derechos de las personas mayores.




 

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18/06/2020

El bandazo como método político

Y la capitulación ante al nacionalismo como tendencia de fondo.

En apenas un mes el grupo de Altamira-Ramal ha dado un nuevo bandazo político y ha ratificado que la tendencia que lo atraviesa es la de capitular ante el kirchnerismo.


Desde mediados de abril, el grupo viene agitando que se ha puesto en marcha un operativo golpista orquestado por el capital financiero y por la oposición derechista del país. Así lo planteó Jorge Altamira en su artículo “Tufillos golpistas” del 16 de abril, y en otro del 4 de mayo titulado “Frente al default”. En este último, Altamira afirma que “los fondos (por los fondos de inversión) han mostrado toda la intención de derribar, por lo menos, al ministro Guzmán, y barajar y dar de nuevo con el sucesor”.


Es evidente que esta caracterización representa un embellecimiento del kirchnerismo, pues en lo esencial el gobierno de Alberto y Cristina Fernández ha seguido la línea impuesta por el imperialismo y el capital financiero. Recordemos que Fernández comenzó su primera gira presidencial en Israel y que la continuó en Europa reuniéndose con algunos de los principales popes del imperialismo. Página 12, el nuevo boletín oficial, dedicó tapas y editoriales a tratar de explicar que existe un “nuevo FMI” bajo la dirección de Kristalina Georgieva, para justificar el alineamiento del gobierno con el organismo imperialista.


Es importante recordar que cuando Alberto Fernández anunció el plan de reestructuración de la deuda no solo contó con el acompañamiento del FMI, también contó con el apoyo de Rodríguez Larreta, quien se hizo presente en la propia conferencia de prensa. Es decir, mientras el gobierno “nacional y popular”tejía una nueva entrega nacional, que cuenta con el apoyo y acompañamiento del FMI y de la oposición de derecha, el grupo de Altamira agitaba ¡hay tufillo golpista, ojo con el golpe de Estado!


Como era de preverse, la caracterización quedó en el ridículo pocas semanas después, cuando se operó un sistemático recule de parte del gobierno de los Fernández a las exigencias de los fondos buitre. No solo eso: a Guzmán no lo hizo renunciar nadie y ¡quien terminó por renunciar fue el negociador del fondo de inversión BlackRock!


El bandazo


Luego de que BlackRock no lograra hacer renunciar a Guzmán, quien tomó la posta en la tarea fue… ¡el grupo de Altamira!, que tituló en su periódico “Guzmán debe renunciar” por capitulador. Es decir, primero fue caracterizado como el hombre susceptible a ser removido forzosamente por el imperialismo, por su “posición firme” como negociador, y luego pasó a ser caracterizado como el principal responsable de la entrega nacional.


Es claro que la línea del pedido de renuncia de Guzmán representa un planteo de rescate al gobierno de Alberto y Cristina Fernández, además de un absurdo mayúsculo. Es un rescate porque Guzmán no actúa por cuenta propia, es un subordinado de los Fernández. No se puede cargar las tintas sobre Guzmán y dejar de lado a sus jefes políticos. Pero el planteo es un absurdo no solo desde el punto de vista de su contenido (la capitulación frente a Alberto y Cristina Fernández), sino también desde el punto de vista de la forma, porque la renuncia sería una decisión personal de Guzmán o de Fernández, no sería el resultado de un plan de acción de los trabajadores y el pueblo argentino.


Por otro lado, recientemente el propio Alberto Fernández deslizó que el amague de default que hizo Kicillof en febrero con el fondo Fidelity no era el camino que seguiría su gobierno. Sabemos que finalmente el gobernador bonaerense se allanó a todas las pretensiones de los acreedores de la provincia, y que incluso lo hizo bajo la presión del gobierno nacional. Siguiendo la actual lógica del grupo de Altamira. ¿no hubiera correspondido pedir la renuncia de Kicillof? Al mismo tiempo, son públicas las críticas que el ministro Guzmán hace de la gestión de Axel Kicillof, como ministro de economía de CFK, por el acuerdo oportunamente cerrado con el Club de París. Entonces, otra vez, ¿por qué pedir la renuncia de Guzmán y no la de Kicillof? De conjunto, la única coherencia que se vislumbra es la del rescate a las figuras kirchneristas.


Más concesiones al kirchnerismo


Otra caracterización antojadiza del grupo de Altamira es afirmar que “no es evidente que quieran cobrar” los acreedores. En realidad, lo evidente es justamente lo contrario: los acreedores quieren cobrar a como dé lugar. Esto no es incompatible, sino absolutamente compatible, con la aplicación de un ajuste brutal y hasta un retroceso de barbarie para garantizar ese pago. Como también es compatible que ese ajuste lo lleve adelante no otro gobierno u otro ministro de economía, sino este gobierno y estos ministros, tal como ya lo están ejecutando bajo la excusa de la cuarentena.


Pero claro, como antes de decir que “no es evidente que quieran cobrar”, se había afirmado como ¡conclusión! de todo un desarrollo que “los acreedores no tienen otra salida que el default y litigar más adelante en los foros internacionales”, se tiene que inventar que no quieren cobrar. Altamira se coloca en el terreno “nac&pop” del mismísimo Alberto Fernández, quien afirmó en Villa La Angostura que acortar los años de gracia fue su propuesta, porque pagar cuanto antes sería una muestra de soberanía nacional.


Pero como ya no es un derrape, sino los tumbos del vuelco total, los rupturistas afirman que “los acreedores podrían imponer las condiciones que quieren, no por eso van a cobrar un mango. Para eso deberían instalar en Argentina un gobierno dispuesto a quebrar la cuarentena, meter el ajuste hasta el hueso y enfrentar con éxito una rebelión popular”.


En cuatro renglones dos barbaridades “nac&pop”. La imposición de condiciones es para cobrar, no para no cobrar. Pero más nefasto aún es decir que no será con este gobierno, sino con otro, que se quiebre la cuarentena (¡¿qué es lo que estamos viviendo entonces?!) y se meta el ajuste hasta el hueso. Acaso ¿no es evidente para todo el mundo que bajo este gobierno se está imponiendo en los hechos una brutal reforma antilaboral, rebaja de salarios, despidos, robo a los jubilados y ajuste mediante el presupuesto 2019?


Queda por analizar la cuestión del gobierno y la rebelión popular. Es claro que la rebelión popular aún no ha comenzado, pero también es claro que el gobierno del Frente de Todos, por su política de cooptación de las organizaciones obreras y populares y por su demagogia nacionalista, es el que reúne las mejores condiciones para impedir y, a su turno, desviar una rebelión popular. De ahí la ponderación que el imperialismo hace del nuevo gobierno peronista, luego de que América Latina se encuentró atravesada por sucesivas rebeliones populares en 2019.


En la lucha por el progreso y triunfo de una rebelión popular, la independencia política de la vanguardia obrera y la organización y desarrollo del partido revolucionario son aspectos decisivos. El método del bandazo, el desvarío, la adaptación y embellecimiento del nacionalismo, no aportan ni aportarán un gramo a ese desafío histórico.



 



 

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“El problema se concentra en quién paga la crisis. Para nosotros y para los capitalistas”

Prensa Obrera entrevistó a Eduardo Chiquito Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero.

El ciclo de entrevistas de Prensa Obrera a través de Instagram Live, continuó este martes 16 con Eduardo Belliboni, Chiquito, dirigente nacional del Polo Obrero. La entrevista estuvo a cargo de G.L. , economista y dirigente nacional del Partido Obrero.

La entrevista, que coincidió con la jornada de nacional de lucha del Plenario Sindical Combativo, arrancó repasando los reclamos actuales del movimiento obrero. Chiquito Belliboni caracterizó que se trató de una jornada excepcional: “400 dirigentes sindicales del Plenario del Sindicalismo Combativo, que expresan la parte del movimiento obrero más consciente del cuadro que estamos atravesando, encabezaron una jornada en todo el país, que fue muy importante en el interior –entre otras cosas por las posibilidades de movilización- y que planteó que la pandemia que no sea la excusa de las patronales para golpearnos en los convenios, en los salarios, en las jubilaciones.”

 

 

 

Consultado por G.L. , por el sentido y el impacto social que ha tenido consigna “Con hambre no hay cuarentena” que levanta el Polo Obrero, Chiquito dijo que “golpea en dos aspectos: en la idea de que el Gobierno no estaba cumpliendo con las medidas esenciales de atención a la población más postergada pero defiende a la cuarentena a la vez, porque los que nos vamos a contagiar somos los trabajadores que vamos a los lugares con más concentración de personas.” En ese sentido, Chiquito explicó que “No nos sumamos al coro de los revienta cuarentena para que la gente viaje hacinada en trenes sin importar el riesgo para la salud. Los gremios que movilizaron hoy se han especializado en hacer protocolos para proteger la salud de los trabajadores esenciales. Defendemos la cuarentena como medida sanitaria pero para que sea posible para los trabajadores más pobres, que son muchísimos, el crecimiento de la pobreza es impresionante: el 70% de los menores de 12 años en Argentina son pobres se calcula hoy, es necesario que lleguen los alimentos y los elementos de higiene.”

A propósito de una anécdota de un cruce en una entrevista con el provocador Eduardo Feinman, Chiquito recordó el acampe piquetero de 2019 y el cuadro que antecedió a la asunción del gobierno de Alberto Fernández: “El otro día del incidente con Feinman el día del acampe, me llamó para una nota el movilero de América. Antes de salir al aire escucho que Feinman dice que yo y Silvia de Barrios de Pie cobrábamos $ 300.000 por mes y me indigné, toda mi vida fui un laburante, era una mentira tremenda, una difamación. El tipo me saluda, me pregunta cómo me va y el digo ´mal´ y que la próxima vez que lo veía le iba a dar un sopapo. Se pudrió todo. Ahí se terminó la paciencia. Estábamos peleando en el acampe contra todo el mundo: el gobierno de Macri, el triunvirato que se hacían los tontos, la burocracia que miraba para otro lado, Alberto Fernández que decía que no había que movilizarse… acariciaba el sueño de ser presidente y que las masas no se movilizaran. La idea de a qué venía. Ya venían del ´Hay 2019´ para contener a la clase obrera para el futuro gobierno cuya tarea era rescatar el pago de la deuda y poner al país y necesidades populares por detrás de ello.”

Sobre la situación económica y social y la pandemia, Belliboni dijo: “La pandemia condiciona todo pero la crisis es previa. A Fernández le reclaman un plan económico. El plan económico es este: el ajuste. Todo el mundo se agarra de la pandemia, pero la parálisis económica y el ajuste es previo. El ajuste a las jubilaciones que hace Alberto Fernández lo hace previo a la pandemia. La idea de congelar el presupuesto nacional en realidad se discutió en 2019. Los ajustes y la renegociación de la deuda reflejan más que nada la política de fondo del Gobierno: en el medio de la pandemia que deja a la población sin ingresos la negociación de la deuda es una prioridad y no los intereses populares. ”

Frente a la pregunta de una de las participantes que se hizo en vivo a Belliboni sobre la posibilidad de una crisis en la relación entre las organizaciones cooptadas y el Gobierno ante la crisis social y la no respuesta del Estado, Belliboni dijo: “no, pero sí entre las masas explotadas y el Gobierno. Sí, se puede abrir una crisis. Ya se abrió. Pero la cooptación es una política de los dirigentes. Y no es solo una cooptación. No es solo que un tipo se vendió. Es una comprensión de que Fernández es la salida para la clase obrera. Luego no lo pueden explicar.”

Belliboni también mencionó los debates con estas organizaciones sobre el trabajo precarizado que instaló definitivamente Kirchner y su concepción de la llamada “economía popular”.  Finalmente sostuvo que “yo no confío que estas organizaciones se vayan a radicalizar. Sí que las masas, que están en algunos casos contenidas por este sector, van a romper más tarde o temprano por el cuadro de miseria generalizada. Hoy no ocurre pero no es por contención como dice Grabois, sino por el cuadro general de conciencia del riesgo de la pandemia y lo que significa, sino la 9 de Julio estaría acampada por decenas de miles de personas.”

También le preguntaron por la lucha por justicia por Mariano Ferreyra. Belliboni dijo que este año se cumplen 10 años del crimen de Mariano, “ese crimen contra la clase obrera”, y recordó cómo fue para él “descubrir a la juventud del Partido Obrero.”: “Yo no los conocía, como todo viejo, eran los pibes, no los conocía personalmente. En lo personal fue descubrir una juventud en el Partido Obrero que era extraordinaria. Nada que ver con militar por deporte. La juventud del Partido Obrero: que luchaba, que estudiaba, que le gustaba el cine. Me di cuenta que hay mucho que aprender de los pibes.” Belliboni también recordó a Elsa Rodriguez: “Para los que no creemos, Elsa es una diosa”, dijo y también a su hija Vanesa que hizo de Elsa su causa y que contra la idea de todos los médicos que decían que no sobrevivía, decía que su vieja iba a salir. “Se lo reconoció la neurocirujana”, se acordó Chiquito: “una heroína que luchó por la vida de su madre al mismo nivel que los médicos.”

Al promediar la entrevista, G.L. le pasó a preguntar a Chiquito por su historia militante más antigua y su incorporación al Polo Obrero y Chiquito contó la anécdota: “vino Hugo Lorenzatto, que vive en Entre Ríos ahora, y me dijo ´ ¿me das una mano?´ Y fuimos a Fiorito. Nos sentamos en un asentamiento. Y se fue. Me dejo solo. Me hice cargo del Polo Obrero de Lomas de Zamora. Eran años muy difíciles. Mucha represión, muchos desalojos de tierras. Sería el 2002, 2003.”

Antes de eso fuiste ferroviario, fuiste colectivero, le consultaba G.L.

“Lo primero fue ser repartidor de cigarrillos. A los 13 años. Después metalúrgico, colectivero, remisero, ferroviario. Algunos interesantes, divertidos. La militancia de la huelga ferroviaria contra las privatizaciones de las empresas del Estado de Menem. Yo estaba en el taller de Escalada. Ahí trabajé y milité muchos años.” Y contó, con gran emoción, aquella huelga ferroviaria: “Constituimos la coordinadora ferroviaria que rechazaba la privatización y tenía un montón de reivindicaciones. Ganamos esa asamblea. Desplazamos a la Verde. Fue una huelga extraordinaria. La gente que viajaba hacinada en los colectivos porque no había trenes por la huelga, aportaba al fondo de huelga. En cada pueblo que íbamos en el Tren de la lucha nos esperaban movilizados para darnos su apoyo. Terminó en una derrota por la entrega de la burocracia sindical que entregó la lucha al altar de los negocios capitalistas.”

Finalmente, llegó el Argentinazo. “Cuando me dicen 2001 y Argentinazo lo veo al Colo [Rath] arengando. Recuerdo la resistencia que organizamos contra los asesinos. Específicamente contra los milicos que estaban asesinando gente. En Av de Mayo y Maipú estábamos con la columna del partido y queríamos marchar a la Plaza. Ese día no hubo sorteo, nos dejaron encabezar ´vayan ustedes´. Llegamos muy cerca. En una aparecen estos asesinos. Yo era de la brigada que los iba frenando.”

También recordaron la Masacre de Avellaneda, del 26 de Junio del 2002. “Un acontecimiento impresionante que no llego a madurar más. La clase obrera dominada por la burocracia sindical. La centroizquierda cumpliendo un papel nefasto. A 18 años del asesinato de Kosteki y Santillan por parte de Duhalde, los que ahora quieren venir, en ese momento no se movilizaban. Al otro día del asesinato movilizamos, un frío atroz, ovacionados, era una conmoción nacional, entramos a Plaza de Mayo. Le costó la presidencia a Duhalde, que eligió a Kirchner. Duhalde es el padre del kirchnerismo.”

Hacia el cierre hablaron de qué viene y qué depara la lucha de clases en Argentina y si es correcto hablar de la apertura de una nueva etapa.

“Sin profundizar mucho, el crack económico siempre genera nuevos estadios de la clase obrera y de su organización. Todos estos acontecimientos terminan en una batería de ataques. El problema es quién paga la crisis. Para nosotros y para los capitalistas. En eso se concentra el problema. Si la clase obrera con más hambre, sacrificios, enfermedades, ataques a la naturaleza o los capitalistas. En todo el mundo se plantea organizar a la clase obrera por sus intereses para llevarla a la comprensión de la necesidad de superar este régimen social. Aquí las luchas que se darán inevitablemente, planteen las conclusiones políticas para que la presión de la que habla Trotsky no se disipe sino se concentre en la salida política.”

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18/06/2020

Jujuy retrocede a la fase 1 de la cuarentena en medio de una profunda crisis

Tras la confirmación de dos nuevos casos de Covid-19 en la provincia de Jujuy, el gobierno de Gerardo Morales junto con el COE (comité operativo de emergencia) decidieron retrotraer la cuarentena a la fase 1 durante una semana.


El contagio proviene de un efectivo policial y su hermana. Dicho efectivo estuvo operando en La Quiaca, localidad que también volvió a la fase 1.


La medida afecta a las localidades de San Salvador de Jujuy, Perico, Yala y Palpalá. Sin embargo departamentos como El Carmen, Monterrico, San Antonio y San Pedro decidieron “blindarse” suspendiendo el ingreso de personas ajenas a dichas localidades como medida preventiva.


Como un gran acto de hipocresía, Morales responsabiliza a las personas por no haberse cuidado o por no usar barbijo y anuncia un reforzamiento en los controles policiales. Vamos a estar “palo y palo contra el bicho” pero ,como en diferentes partes del país, los gobernadores usan al aparato policial para reprimir a la población en nombre de hacer cumplir la cuarentena. Es así que el 4 de junio una vendedora ambulante era detenida y demorada sin ninguna justificación por la policía de Jujuy. Otros ejemplos son la brutalidad en la represión a las comunidades Qom o la escalada de denuncias por agravios policiales en la vecina provincia de Salta.


Una ves más, se ve cómo los gobiernos usan al aparato represor para descargar sobre las espaldas de los trabajadores una brutal crisis social y económica agudizada por la pandemia.


Morales, que se jactaba de tener controlada la situación, está ante una nueva crisis producto de su improvisación. No olvidemos que la ineficacia de los testeos en el ingreso a la provincia provocó la aparición de casos positivos por contagio estrecho en Orán, provincia de Salta.


Otra de las incertidumbres por las cuales atraviesa la provincia era por la vuelta a clases de forma presencial. El Ministerio de Educación de Jujuy adhirió a el programa de Apoyo Escolar “Estamos más cerca” el cual consta de cuatro fases, donde la primera apunta a escuelas con albergue en el interior y la ultima establece la vuelta a clases en instituciones de zona urbana, de vulnerabilidad media y baja, desde el 13 de julio con la modalidad de un 1 día cada grado.


Esta medida despertó el repudio de los docentes autoconvocados los cuales se manifestaron el 16 de junio en las puertas de la legislatura a la espera de poder reunirse con diputados de la Comisión de Educación, para denunciar los reclamos pendientes y que no están dadas las condiciones mínimas para la vuelta a clases.


En un cuadro donde a nivel nacional el gobierno no ha podido garantizar las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan mantener la cuarentena y muchos quedaron fuera del misero IFE, la vuelta a fase 1 significará, por una parte, mayores atropellos por parte de la policía de Morales hacia las poblaciones que viven el día a día para poder conseguir el sustento para sus familias, y por otra, un mayor empobrecimiento de la población.


Mientras el pacto de la CGT-UIA-Gobierno busca perpetuar las reducciones salariales en nombre de una caída en la producción el Partido Obrero les propone a todos los trabajadores formales e informales, ocupados y desocupados, impulsar la lucha por un impuesto progresivo a las grandes fortunas para invertirlo en puestos de trabajo, en salud, vivienda y la conformación de un seguro al parado de $30.000.




 

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Salta: brutal episodio policial contra mujeres manteras

Fuerte repudio causo la detención de dos hermanas manteras en el centro de Salta. Las mujeres intentaron poner las mantas en el centro para vender medias y barbijos y la policía las detuvo violentamente. Incluso una de ellas fue víctima de una peligrosa maniobra, con una llave de ahorcamiento fue levantada mientras arrancaba el móvil policial.


La indignación de la gente que observo el operativo quedo plasmado en las imágenes de un noticiero provincial. Gritaban; “suéltenlas, déjenlas trabajar- vayan a buscar a los chorros en los barrios- no les peguen a las mujeres.”


La policía niega la represión, dicen que las mujeres se resistieron a la autoridad y que tiraban “manotazos” a los policías. ¿Como no se van a resistir?, si no estaban cometiendo ningún delito. Además de ser detenidas pierden la mercadería que venden, porque la práctica común es que no se hacen actas de lo confiscado y cuando sí las hacen les ponen multas impagables.



 


Los manteros son en su mayoría mujeres desocupadas que con la venta callejera logran armarse de un ingreso mínimo para el sustento de sus familias. Con la cuarentena, sus ingresos se redujeron a cero, ya que no se podía vender, ni en el centro ni en los barrios. Los distintos agrupamientos de vendedores ambulantes, manteros y carreros denuncian que ni la municipalidad, ni la provincia les brindaron siquiera un bolsón de alimentos, condenándolos prácticamente a pasar hambre.


La cámara de comercio tiene la vieja práctica que en vísperas de alguna fecha comercial importante, como ahora el día del padre, pide que limpien de vendedores el centro, con la excusa de que es venta ilegal y desleal, ya que ellos pagan alquileres por sus locales, impuestos y también salarios a sus empleados. Sin embargo fue su presidente, Betsel, quien anunció antes que Sáenz que se levantaba la cuarentena y abrieron todos los comercios. A sus empleados les pagan con el aporte de la Anses y aun así les descuentan parte del salario.




Hoy anunciaron que la municipalidad de Salta, la Policía y la Cámara de Comercio acordaron que los vendedores no pueden ingresar al centro y que, a futuro, se creará una playa habilitada para vendedores fuera del centro y que además investigarán a las organizaciones de vendedores. Los que gobiernan la ciudad y la provincia, responsables de la desocupación en masa y el trabajo informal, no crean una salida ni siquiera miserable, van por la represión y la prohibición.


Repudiamos la represión y la violencia que ejerce el Estado a las mujeres trabajadoras. Exigimos que se permita la venta en las calles y un subsidio de $40.000 para todos los trabajadores informales y desocupados, no solo por la cuarentena, sino porque son la masa de desocupados que en esta provincia no tienen dónde buscar trabajo.


¡Fuera Pulleiro, el ministro de seguridad negacionista de la dictadura militar! ¡Basta de represión a las mujeres trabajadoras!


 





 

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18/06/2020

El protocolo de Larreta para retomar las clases en CABA

Secretaria gremial Ademys

Durante los últimos días se ha filtrado a través de los medios la información sobre un protocolo que estaría armando el gobierno de la Ciudad para el regreso de las clases escolares, mientras se registra el crecimiento de casos de Covid- 19 positivo en toda el área del Amba. La flexibilización de la cuarentena tiene que ver con las presiones de empresas y capitalistas, exponiendo a los trabajadores al contagio, sin que se hayan orientado recursos para combatir el virus de frente. Docentes y familias rechazan estas presiones contra la educación, las/os niñas/os y las trabajadoras y trabajadores.


Tempranamente, antes de la aplicación de la cuarentena, la docencia expuso en forma de denuncia al gobierno las condiciones de estudio y trabajo en las escuelas porteñas. Sin jabón ni agua era imposible combatir un virus que, aún en los primeros días de marzo, no se conocía bien cómo evitar su propagación.


El tema se reedita una vez más. El supuesto protocolo de CABA sería con reducción de matrícula, con propuesta mixta virtual y presencial, sin especificar los recursos que van a destinar para acondicionar aulas ni mobiliario, ni personal a cargo, con recomendaciones imposibles de cumplir sin medidas de higiene y seguridad -como comer en el aula, no viajar en transporte público y tomando temperatura a cargo de docentes al ingreso escolar- sin tener en cuenta lo fundamental: no se han destinado recursos económicos, aumento de presupuestos para combatir en serio la pandemia: testeos masivos, aumento de profesionales de la salud, servicios en las villas, subsidios económicos para asistencia alimentaria.


El supuesto protocolo, aún no formalizado, da cuenta de una enorme irresponsabilidad y que, de formalizarse, debe ser rechazado por toda la docencia y los sindicatos.


Para respetar esta “nueva normalidad” en materia educativa, no se han refaccionado las escuelas y tenemos una infraestructura escolar en ruinas. Actualmente no hay materiales de prevención de higiene en cantidad, ni siquiera cuando se reparte la comida en las escuelas, por lo que ya tenemos auxiliares y docentes contagiados, ni se ha contratado personal especializado en la manipulación de alimentos para las entregas quincenales de canastas, de por sí insuficientes.


Un gobierno que no ha destinado presupuesto para entregar masivamente computadoras y conectividad gratuita para llevar adelante el acompañamiento pedagógico, ahora estaría armando un protocolo sin garantías ni aval de la docencia.


Señalado este estado de situación es importante reflexionar respecto a una cuestión central: el retorno al ámbito laboral presencial por parte de varios rubros, que han sido flexibilizados y que sus trabajadores están yendo a cumplir horarios laborales casi “normales”, ejerce una presión por reabrir las clases presenciales, no con una preocupación en los aprendizajes, sino como una suerte de espacio de cuidado. Esto fue mostrado oportunamente por los docentes franceses, que denunciaron a Macron por convertir a la escuela en una “guardería nacional”. Y, dicho sea de paso, en más de 70 escuelas tuvieron que volver atrás con la apertura debido a los contagios masivos.


¿De qué hablamos cuando nos referimos a condiciones de bioseguridad?


Veamos en concreto qué debería tener en cuenta un protocolo básico de bioseguridad, controlado por los trabajadores.


Para el regreso de docentes a las escuelas, primero debe darse una situación prolongada durante varios días que indiquen que la tasa de duplicación de casos supere los 30 días, tal como establecen los profesionales, sino cualquier protocolo puede ser un enorme riesgo de consecuencias impredecibles.  Esto solo para que el personal docente pueda ser convocado para llevar a cabo instancias de trabajo administrativo, pedagógico o de capacitación. No con presencia de alumnos/as. Con presencia plena de alumnos/as las “clases normales” la recomendación de los especialistas es que solo se proceda cuando no haya circulación del virus o la población ya esté vacunada.


Cualquier protocolo serio pone en primer lugar: mamparas, pantallas o cortinas adecuadas para separar entre sí a los trabajadores que en nuestro caso sería con espacio suficiente entre estudiantes; provisión de elementos y tiempo para lavado de manos con agua y jabón en forma frecuente; provisión de alcohol en gel para manos; ventilación de lugar de trabajo; desinfección de superficies (pisos, escritorios, mesas, mostradores);  así como de objetos de manipulación común, como picaportes, puertas; desinfección para personal de trabajo; garantizando el distanciamiento social y toma de temperatura corporal al ingreso a sede, testeos a cargo de personal de salud para abordar rápidamente a quien se encuentre con síntomas para que no tome contacto con otras y disponer de la asistencia inmediata con las licencias correspondientes y el acompañamiento adecuado.


Ante un eventual retorno a las escuelas del personal docente, ya sea con clases presenciales o sin alumnos/as, se debe constituir  formalmente en el ámbito de una reunión de personal y con designación que quede asentada en actas una comisión de higiene y bioseguridad por escuela, con potestad de elevar informes a la supervisión escolar y dirección de área, y suspender la presencialidad en las escuelas ante faltas graves en las condiciones mínimas.


En relación a todo el personal de riesgo, debe ser ampliada a enfermedades que como la hipertensión no están contempladas, y para quienes tienen niños/as a cargo y a quienes conviven con personas en grupo de riesgo a la justificación de ausencia al lugar de trabajo.


Ni en la ciudad, ni el Amba e incluso en provincias del país hay condiciones materiales para un regreso “normal”. Lo sabe el ministro Trotta, que sigue el libreto del gobierno nacional, que también es responsable de no destinar recursos para centralizar el sistema de salud en un comando único, avanzar con un impuesto a grandes fortunas y capitalistas para crear un fondo de acción para atender a las emergencias derivadas de la pandemia y, ni hablar, de seguir pagando la deuda externa con concesiones cada vez más extremas al capital financiero y el FMI.


Las presiones del gobierno de CABA para que igual concurran los docentes a las escuelas siempre fueron motivo de denuncia de los sindicatos y cuerpos de delegados. Podemos decir, en particular de la docencia agrupada en las seccionales independientes de la dirección celeste de Ctera, ya que esta central en general justifica todo lo que baja del gobierno, incluso del propio Larreta.


Estas condiciones de exigencia son las cuestiones que debemos poner en consideración frente al “protocolo” temerario del gobierno, para defender la salud, el trabajo y la educación pública de las garras de Larreta y de todos los gobiernos capitalistas.




 

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18/06/2020 | 1598

La jornada del sindicalismo combativo irrumpió en todo el país

Foto: Juan Diez, Ojo Obrero Fotografía

De Salta a Tierra del Fuego, el Plenario del Sindicalismo Combativo planteó la agenda de la clase obrera y del conjunto de las luchas en curso en medio del plan de guerra del gobierno y las patronales contra los trabajadores, rubricado con el “Pacto Social” en tiempos de pandemia que es el acuerdo UIA-CGT-gobierno. 


Bajo la consigna “Sin salario, sin trabajo, sin salud y sin alimentos no hay cuarentena”, sindicatos, comisiones internas, seccionales, delegados antiburocráticos y organizaciones piqueteras combativas de todo el país plantearon una salida independiente de las patronales, los gobiernos nacional y provinciales y de la burocracia sindical de la CGT y de la CTA, cuya integración al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ha sido fundamental para hacer pasar centenares de miles de despidos, suspensiones, rebajas del salario en casi un 30 por ciento y la profundización del hambre, especialmente por la negativa a otorgar un seguro al desocupado y por vaciar de alimentos los comedores populares.


Fue una acción de trabajadores ocupados y desocupados, marca de nacimiento del PSC, conformado por sectores sindicales y organizaciones piqueteras no integradas al gobierno de los Fernández, como el Polo Obrero y el Frente Piquetero, que integra con otras organizaciones combativas de desocupados.


En el Amba, el escenario fue la realización de un acto-conferencia de prensa en el Obelisco, en la cual se describieron todas y cada una de las acciones realizadas en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Misiones, Chaco, Santa Fe (Rosario), Entre Ríos, Catamarca, Chubut, además de ciudades y localidades como La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás , en la provincia de Buenos Aires. La movilización del Polo Obrero fue protagonista en todas las acciones en todos estos puntos del país. 


La jornada estuvo presidida por un acto central con distanciamiento, en pleno centro porteño, donde los principales referentes del Plenario del Sindicalismo Combativo tomaron la palabra y denunciaron el pacto antiobrero de la Unión Industrial Argentina, el gobierno y la CGT, en medio de la crisis de la pandemia por coronavirus y el agravamiento de las condiciones vida y trabajo de los trabajadores en todo el país. Tomaron la palabra Alejandro Crespo, secretario general del Sutna (neumático) y miembro de la Coordinadora Sindical Clasista (CSC), quien abrió el acto; el Frente de Lucha Piquetero, que integran el Polo Obrero y otras organizaciones, a través de la compañera Maribel, del MTR; Guillermo Pacagnini, secretario general de la Cicop; Rubén Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, que hizo el cierre de la actividad. También dirigieron su mensaje Noelia, trabajadora de La Nirva, en conflicto, y Claudio Dellecarbonara, de la directiva de la AGTSyP e integrante del MAC, que adhirió a la iniciativa del PSC.


Destacada representación obrera


Además de los sindicatos ya mencionados, fueron convocantes o parte de la jornada las CTA-A de Mendoza y Santa cruz, dirigidas por la CSC-PO, la AGD-UBA, Ademys-Caba, Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados de Mendoza, el Sindicato Ceramista de Neuquén, el sindicato cordobés de la salud, UTS; los Suteba multicolores de La Matanza, Escobar, Ensenada, Tigre, Marcos Paz y General Madariaga, Amsafe-Rosario, Adosac-Santa Cruz; minorías de Agmer-Entre Ríos, Aten-Neuquén, Sute-Mendoza; los municipales de Jesús María; comisiones internas combativas del Inti y de ATE-Educación La Plata; la gráfica Morvillo; la textil Textilana; ATE-Agroindustria-La Plata, delegados de la Alimentación de La Virginia y las luchas de los mineros despedidos de Río Turbio; de los repartidores de las App de varias provincias del país; de los autoconvocados del Hospital Central, que exigen el pase a planta permanente; de los municipales de Perito Moreno (Santa Cruz); los trabajadores de la empresa Expreso Patagónico (camioneros) y de las trabajadoras de la Clínica Cutral-Co, que reclaman la reapertura; y muy destacable, del Hospital y de la Multicolor docente de Madryn, en lucha por el pago de los salarios adeudados, entre muchos otros conflictos.


Despliegue de una corriente basada en el frente único de clase


“El sindicalismo clasista realizará una jornada de lucha en todos los puntos del país”, tituló el día previo el portal sindical “Infogremiales”, una noticia que contrastaba con la connivencia de las informaciones del conjunto de las direcciones sindicales que pueblan las páginas de ese medio. Efectivamente y paradójicamente, en medio de la pandemia y las restricciones para una movilización masiva, la acción del 16 del PSC fue la más extendida nacionalmente y con una participación mayor de nuevos sectores en lucha. El sindicalismo combativo se abre paso como un polo aglutinador de los sectores en lucha y del activismo que, día a día, choca con el paredón de las burocracias sindicales de todos los signos. El programa de independencia política de los gobiernos, de la burocracia sindical y de las patronales, su organización en base a los sindicatos, seccionales, comisiones internas y cuerpos de delegados ganados por los sectores clasistas y antiburocráticos, y el método del frente único (contracara del faccionalismo estéril) son los pivotes sobre los que se asienta el progreso del PSC.

 




 

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18/06/2020 | 1598

Empezó la Campaña Financiera

Sumar aportes para la lucha y la organización

Comenzaron a ingresar los primeros aportes de Campaña Financiera, de la mano de la planificación que está realizando toda la militancia en todo el país. Esta planificación integra a decenas de trabajadores de diversos gremios, de la juventud y del movimiento de mujeres.


Después de la enorme jornada de lucha del sindicalismo combativo del 16, que demostró la organización y la disposición de lucha del conjunto de los trabajadores a buscar una salida a la enorme carestía que se viene desarrollando en la cuarentena, el debate está empezando a dar sus frutos.


No solo porque empezaron a ingresar los primeros aportes, sino porque la planificación que se está realizando denota la audacia necesaria para sortear todos los problemas que se nos plantean en este momento, en el sostenimiento de las luchas y la acción política de nuestra organización. En Córdoba, por ejemplo, la planificación incluye una gran proporción de los trabajadores municipales que han salido a la lucha, de los trabajadores de la salud, de los de Luz y Fuerza y del transporte. En Neuquén, el debate comenzó con los trabajadores de la salud, los petroleros y mineros, y los docentes de Aten. Son cientos los trabajadores que queremos sumar a dar su aporte a la campaña y para ello se han planificado visitas presenciales y citas virtuales.


En la Ciudad de Buenos Aires, la planificación la Campaña Financiera ya se discute en los sectores de salud que se movilizaron en la última semana y fueron parte de la jornada del 16, entre los trabajadores del subte y aeronáuticos. Entre los docentes de todos los niveles y estatales ya hay algunos compromisos y citas virtuales que auguran una excelente recepción general.


También en el Gran Buenos Aires se empezó a discutir la campaña entre los trabajadores del Neumático, en medio de la lucha entre los paros y asambleas que están desarrollando, y los gráficos, que tienen una importante planificación para abordar al activismo de varias fábricas.


Jornada del 9 de Julio


En casi la totalidad del país, salvo en el área metropolitana de la Ciudad y Gran Buenos Aires (Amba), ya se están organizando actividades para el feriado del 9 de Julio. Locros, empanadeadas y choriceadas para sumar a la Campaña Financiera. Los barrios y los locales que están funcionando en las provincias realizarán ese día una jornada nacional que servirá para la recolección de fondos, sumando a las relaciones del Polo Obrero y de diferentes sectores obreros. Ese mismo día planificaremos, en el resto del país, citas virtuales y debates puntuales, ya que debido a las restricciones de la cuarentena no se podrán hacer actividades.


Los debates y planes que se están desarrollando exponen grandes posibilidades en esta campaña y la gran conciencia en un activismo que lucha y busca organizarse. ¡Sumate compañero!

 

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18/06/2020 | 1598

Impuesto a las grandes fortunas: nuevos pronunciamientos

Mientras crecen todas las necesidades sociales en el marco de la pandemia y la miseria en los barrios se multiplica, sin respuestas del gobierno (en tres meses, sólo el pago de una cuota del IFE de 10.000 pesos), el proyecto del oficialismo de impuesto a las grandes rentas y fortunas sigue sin aparecer. El gobierno ha puesto todas las fichas a la renegociación de la deuda externa, incompatible con una medida que afecte a la clase capitalista. 


En contraposición con esta parálisis, la campaña del Partido Obrero en los sindicatos, lugares de trabajo y estudio en apoyo al proyecto presentado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores continúa. El proyecto presentado con la firma de Romina del Plá plantea un impuesto extraordinario y progresivo a las grandes rentas, fortunas, a la banca y a todo el gran capital. Tiene el objetivo de recaudar 15.000 millones de dólares para volcarlos a las necesidades urgentes de la población trabajadora. 


Entre los sindicatos docentes, junto al cuerpo de delegados del Suteba Matanza y la asamblea de Ademys, se pronunció, por ejemplo, la comisión directiva de Aten Zapala (Neuquén). Entre los docentes de todo el país se sumaron cientos de pronunciamientos.


En Neuquén, además de una importante campaña entre los docentes, se han pronunciado ceramistas, petroleros, mineros, trabajadores de la Clínica Cutral Có y otros sectores en lucha. 


La UJS también está impulsando masivamente el pronunciamiento entre los estudiantes. En Psicología, por ejemplo, se sumaron más de 30 nuevas firmas en apoyo al proyecto. Lo mismo entre les terciaries, donde se recogen importantes apoyos. 


En Salta, además de la campaña nacional, tiene una fuerte repercusión el proyecto de Claudio del Plá. El kirchnerismo en la provincia está integrado totalmente al proyecto de Sáenz, y no dice una palabra sobre el tema. El proyecto de Claudio del Plá apunta, entre otros, a los propietarios de más de 5.000 hectáreas o de patrimonios mayores a 100 millones de pesos. Se trata de las aproximadamente 150 familias de la oligarquía salteña, que han manejado la provincia a través de los sucesivos gobiernos, que además las beneficiaron con otorgamientos de tierras públicas y todo tipo de concesiones. 


En el Chaco, el proyecto de Aurelio Díaz aporta una vía de salida para la crisis dramática que está viviendo la provincia. Mientras, se disparan los casos de Covid 19, la tasa de contagios en el personal de salud es récord, porque no hay ni siquiera para insumos básicos. El hambre avanza en los barrios y las organizaciones populares denuncian que se retacea la entrega de mercadería para los comedores populares. Sin embargo, en una situación donde el impuesto a las grandes fortunas debería ser materia obligada de tratamiento legislativo, tanto el PJ como la UCR se niegan a tratarlo en la Cámara de Diputados. 


En todo el país, la necesidad de un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas está en el orden del día. Impulsemos la campaña por el proyecto del FIT.




 

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18/06/2020 | 1598

Estados Unidos - China: entre la guerra fría y la guerra caliente

La tensión entre Estados Unidos y China va en aumento. La presencia de tres portaviones de Estados Unidos en el Pacífico ha provocado alarma en China. Se trata del mayor despliegue militar estadounidense en la región desde 2017, cuando el entonces recién asumido presidente Donald Trump encabezó el enfrentamiento de su país con Corea del Norte por el programa de armas nucleares, diseñado por el régimen de Pyongyang. 


Cada uno de los portaviones que motivan el actual conflicto es una mole de 100 mil toneladas, con capacidad para transportar más de 60 aviones. Como una forma de respuesta para demostrar su poderío, las autoridades de Pekín advirtieron que China podría realizar maniobras de simulacro y aseguraron que la fuerza militar cuenta con armas de destrucción de portaviones, como los misiles balísticos antibuque DF-21D y DF-26.


Esto coincide con la reactivación de otro foco de tensiones entre China e India en la frontera en los altos del Himalaya. El enfrentamiento que tuvo como saldo veinte militares indios muertos, sería el primer incidente fronterizo con muertos entre las dos potencias en más de cuatro décadas. La cantidad de víctimas se estima muy superior, incluidos del lado chino. Esto viene de la mano de un reforzamiento del despliegue militar de ambos bandos. El enfrentamiento surge en el marco de una antigua disputa por el territorio fronterizo en Cachemira, una zona conflictiva que, a su turno, ya viene siendo blanco de conflictos y guerras entre India y Paquistán, el tercero en discordia. Pero más allá de ello, no se nos puede escapar que como telón de fondo está la escalada de tensiones entre Pekín y Washington, pues el régimen indio viene oficiando como una de los principales aliados de Estados Unidos en el continente asiático. Como contrapartida, Paquistán, su rival histórico en la región, se ha recostado sobre China. Lo cierto es que Paquistán ha permitido que se abra paso por su territorio la “ruta de la seda”, el mega-emprendimiento por el cual China pretende tener una vía de circulación de sus productos hacia Asia y Europa. 


La presencia de la flota norteamericana está relacionada también con el control del mar de China Meridional, donde hay zonas cuya soberanía Pekín se disputa con otros países. El gobierno chino reclama como propio casi la totalidad del Mar de China Meridional y ha construido en la disputada zona desde ciudades a pistas aéreas o instalaciones turísticas o de potencial uso militar. 


Consecuentemente con ello, la Casa Blanca viene agitando las aguas contra el expansionismo chino. En la misma onda, Washington ha empezado a insinuar la posibilidad de reconocer a Taiwán como nación independiente -considerado por Pekín como una provocación-, dando marcha atrás con los acuerdos establecidos que reconocían a la isla como parte de China Continental.


Las fricciones entre Estados Unidos y China se han exacerbado notablemente en medio de la pandemia del coronavirus. Durante los últimos meses, Trump no ha ahorrado acusaciones contra el régimen chino, a quien responsabiliza por el ocultamiento del brote y de su posterior propagación por el planeta. 


Lo que está en juego


Esta nueva escalada bélica tiene mucho que ver con su frente interno, donde Trump se encuentra cada vez más acorralado, en medio de la rebelión desatada como consecuencia del asesinato de George Floyd. No es la primera vez que el magnate saca de la galera alguna iniciativa en el plano internacional y de exhibir un logro y liderazgo en la política exterior que compense el aislamiento progresivo que viene sufriendo. De todos modos, hasta ahora el balance en la materia no le ha sido muy favorable, como se ve en el empantanamiento en Medio Oriente, Afganistán y su fallido acercamiento con el régimen norcoreano. 


No se nos puede escapar que la demagogia nacionalista y la ofensiva militar son funcionales a la tentativa por avanzar en un orden represivo y policial, y de mayor regimentación política interna que hoy viene siendo desafiada en las protestas que se replican en todo el país. Todo indicaría que hoy esta tentativa no pasa de una expresión de deseos condenada al fracaso. 


Tampoco podemos perder de vista que la escalada obedece a un objetivo estratégico que es someter a China y al ex espacio soviético, y preservar su liderazgo y supremacía que hoy está en declinación. El capitalismo americano viene atravesando una decadencia como potencia, como se observa en el retroceso en el lugar que ocupa en la industria y el comercio mundial. Esto se ha potenciado aún más con la bancarrota capitalista, que marcha a una depresión global agravada por la pandemia. La guerra comercial no sólo busca revertir un desequilibrio en el intercambio comercial sino cortar de cuajo la producción y competencia china en la industria de punta. 


Las crecientes represalias que sostiene sobre la empresa china Huawei, una de las tecnológicas lideres, se explica por ese motivo. Las medidas que el gobierno de Donald Trump impuso el año pasado a dicha compañía fueron reforzadas en mayo con una nueva limitación que, según algunos analistas, puede poner en peligro el futuro de la empresa. 


El departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que exigirá que los fabricantes extranjeros de chips y semiconductores que usen software o tecnología estadounidense para fabricar productos que venden luego a Huawei deban solicitar antes una licencia para hacerlo. Para sortear las medidas anteriores aprobadas por Washington, la empresa china estaba recurriendo a compañías no estadounidenses para obtener los componentes que Washington le negaba. “Debemos cambiar nuestras reglas, explotadas por Huawei y HiSilicon -su filial de semiconductores- para impedir que la tecnología americana sirva a actividades malignas, contrarias a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y su política exterior”, dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, William Ross, al justificar la nueva restricción. Esto pone de relieve, a su vez, la distancia que aún separa a China de las principales potencias. El atraso en materia de chips y semiconductores, según algunos analistas, sería de diez años, lo cual da cuenta de su dependencia tecnológica del gigante asiático. 


La ofensiva va más lejos. La aspiración última del imperialismo mundial, en primer lugar estadounidense, es superar el impasse capitalista que ha pasado a tener dimensiones sin precedentes, por medio de la colonización del gigante asiático y el ex espacio soviético, completando el proceso de restauración capitalista hoy inconcluso, lo cual implica confinarla un status semicolonial. Esto sólo se puede imponer por la fuerza.


China 


China está lejos de estar inmune a este escenario. Antes de estallar el coronavirus, venía sufriendo una brusca desaceleración, lo cual se ha agravado con la pandemia. Estamos frente a un desempleo creciente en medio de una amenaza de quiebras que el régimen chino no está en condiciones de evitar. El Estado chino no cuenta con los recursos como los que apeló en el pasado. El endeudamiento público y privado hoy representa casi tres veces el PBI y esa inyección de recursos no ha sido suficiente para devolver a la economía a su dinamismo. Este panorama amenaza echar leña al fuego al descontento que ya viene abriéndose paso a través de un crecimiento de la conflictividad laboral.


Esto ha acentuado las contradicciones de la burocracia dirigente china, que oscila entre medidas favorables a una mayor apertura económica, por un lado, y recurrir al intervencionismo estatal para pilotear un descalabro económico y evitar que la situación social se desmadre, por el otro. 


El conflicto desatado en Hong Kong es un indicador de este proceso, pues pone al rojo vivo que cada vez se hace más incompatible el principio de “un país, dos sistemas”. La Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo máximo del régimen chino, viene de aprobar una ley de seguridad que refuerza a las atribuciones represivas del Estado en ese territorio semi-autónomo. La medida está dirigida, en primer lugar, contra los movimientos de protesta que vienen desafiando la autoridad a Pekín y ha dado lugar a movilizaciones multitudinarias, que rechazan la ofensiva regresiva y reclaman mayor autonomía política, y en rechazo del gobierno local de Carrie Lam, considerada como una simple extensión del gobierno chino. 


La preocupación de Pekín no son sólo las protestas en Hong Kong, sino su impacto en el continente, en momentos en que la pandemia y sus consecuencias económicas agudizan el disconformismo popular. Estados Unidos ha aprovechado para meter su cola y no se ha privado de utilizar como una arma más en la guerra comercial en curso la resolución de quitarle a Hong Kong el estatus de “nación más favorecida” (que, entre otros ítems, otorga beneficios arancelarios), apostando a golpear a la burocracia y los capitalistas chinos, que usan a la isla como intermediaria de negocios. Es un arma de doble filo, que podría lesionar intereses norteamericanos que operan en el lugar (ver nota “Hong Kong en la mira”, prensaobrera.com, 31 de mayo).


Hombres de confianza y de consulta del establishment ya han empezado a advertir que la “guerra fría” que viene abriéndose paso entre Estados Unidos y China podría transformarse en” guerra caliente”, un eufemismo para hablar de un conflicto bélico (ver “La economía mundial que se viene”, PO N° 1.597, 11 de junio). No olvidemos que depresiones anteriores condujeron a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también a crisis y levantamientos revolucionarios. La guerra no es un accidente, al igual que la revolución, son dos manifestaciones extremas del estallido de las contradicciones irreprimibles e insuperables del orden social vigente.

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