Hernán Scorofitz

La repercusión mediática que trajo aparejado el reciente incidente de Felipe Pettinato (hijo del músico y conductor Roberto Pettinato), cuyo departamento donde vivía fue devastado por un incendio que le costó la vida a su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo, ha instalado nuevamente el debate sobre la efectividad de la “nueva” Ley Nacional de Salud Mental, que ya cuenta con más de una década de aprobación y casi nueve años de reglamentación.

El caso de gatillo fácil policial que tuvo como víctima al cantante Santiago “Chano” Charpentier ha vuelto a poner en el tapete las modalidades de intervención y regulación de dispositivos y efectores sanitarios (y fuerzas de seguridad) en situaciones vinculadas a episodios de “descompensaciones psiquiátricas” (brotes psicóticos, cuadros de excitación psicomotriz, etcétera) en que el sujeto que padece las mismas se expone a un riesgo (a veces de vida) o pone en riesgo la integridad (o la vida) de terceros, generalmente de su entorno u ocasionales. Ocurre que más de una década después de aprobada la Ley Nacional de Salud Mental la misma es “letra muerta”, o hasta en algunos casos utilizada para avanzar en el ajuste en salud mental (reducción de camas de internación en hospitales monovalentes).

El proceso que terminó en el suicidio del jugador Santiago “Morro” García, desvinculado desde hace meses del plantel de Primera división de Godoy Cruz –club en el cual era uno de sus jugadores más destacados- por una dirigencia que, además, le bloqueaba la salida para seguir su carrera en el Uruguay, donde vivía su hija a la que no veía desde hacía casi un año por la pandemia, pone en evidencia la trágica mercantilización de la vida del jugador profesional de fútbol y sus efectos subjetivos

Su muerte cayó como una bomba en el mundo del fútbol y trajo aparejado un debate sobre las condiciones de vida y la propia salud mental de los jugadores (a quienes generalmente se los concibe con “la vida resuelta”).

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