La pandemia del coronavirus ha dejado expuesta, como nunca antes, a la clase dirigente de nuestro país. La clase capitalista, que por medio de sucesivos gobiernos “democráticos” y dictaduras sanguinarias ha controlado siempre los principales hilos del país, ha quedado en el banquillo de los acusados por ser la responsable de una Argentina en ruinas.
La cuarentena expuso lo que se trata de ocultar y que viene muy de atrás. En nuestro país, millones de personas viven en villas miseria sin agua y sin servicios; millones padecen la falta de viviendas; el 40% de los trabajadores se encuentra en la informalidad y no cuenta con estabilidad laboral; el sistema sanitario se encuentra devastado, y más del 50% de la niñez se encuentra en condición de pobreza.
Asimismo, se ciernen sobre nuestro país algunas de las peores pesadillas que azotan a los pueblos del mundo: la desocupación masiva y las reducciones salariales y jubilatorias, que echan leña al ascenso de la carestía y a la generalización de la miseria social y del hambre; el desfinanciamiento del sistema sanitario, que en el marco de la pandemia plantea su colapso con su amenaza de muertes; el recrudecimiento criminal de la represión estatal, que apunta al control y la regimentación social.
Son estos mismos flagelos los que, en el mundo, empiezan a despertar las rebeliones de los pueblos. Es así como se desarrolla, nada más y nada menos que en el centro del imperialismo mundial, una extraordinaria rebelión popular que no se circunscribe al repudio de un crimen racial ejecutado por el aparato policial, sino que plantea la impugnación de todo un régimen político, económico y social.
La rebelión en Estados Unidos, del mismo modo que antes lo hicieron las rebeliones de Chile, Ecuador o Puerto Rico, marca el camino que debe seguir el pueblo argentino y todos los pueblos del mundo. Como nunca, los trabajadores de un lado, y los capitalistas y sus gobiernos, del otro, deberán enfrentarse para dirimir quién paga los costos de la crisis.
El hundimiento nacional
El desembarco de la pandemia en América Latina encontró a la Argentina inmersa en una profunda crisis: en recesión, con alta inflación, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, sin acceso al crédito y sin reservas en su Banco Central. La deuda soberana, que ha crecido en forma ininterrumpida gobierno tras gobierno, equivale hoy al ciento por ciento del PBI, constituyéndose en una loza insoportable para el pueblo argentino.
La estrategia del gobierno de los Fernández, a pesar de su retórica “nacional y popular” y “antineoliberal”, tiene su piedra basal en el acuerdo con los denominados “fondos buitre”. El nuevo gobierno ha subordinado toda su orientación al cumplimiento de “las obligaciones” con los tenedores de la fraudulenta deuda pública argentina. Para eso, mantuvo intacto el presupuesto del gobierno macrista de 2019, con el objetivo de poder operar un ajuste a través del manejo discrecional de todas las partidas presupuestarias, y confiscó a los jubilados una y otra vez.
El plan de reestructuración de la deuda es la vía por la cual el gobierno marcha a una capitulación lisa y llana ante los acreedores de la deuda pública. Sucumbe, por un lado, a las presiones de los BlackRock y los Templeton, del Fondo Monetario Internacional y, más de conjunto, de los Estados imperialistas, como se apreció en la primera gira del Presidente por Europa y en las valoraciones del mismísimo Trump. Por el otro, al lobby de la propia burguesía nacional, que presiona por ser ella misma tenedora de gran parte de los bonos soberanos y porque quiere asegurarse, a su vez, su propio acceso al mercado de créditos internacional. De conjunto, se pone en evidencia el carácter antinacional de los banqueros y los grandes capitales industriales y agrarios, que especulan con la deuda pública, fugan sistemáticamente divisas del país o retienen las exportaciones de granos en espera de nuevas devaluaciones del peso.
El sometimiento del país al capital financiero está en la base de la virtual quiebra del Banco Central, que ha colocado sus recursos al servicio del pago de la deuda externa, remata divisas para contener la cotización del dólar y ha procedido a una emisión desenfrenada de pesos para pagar deuda local. La perspectiva hiperinflacionaria que plantea esa emisión solo ha sido contenida, por el momento, por un pavoroso cuadro recesivo. Pero más temprano que tarde el gobierno deberá resolver la disyuntiva: agravar la recesión, con altas tasas de interés como hizo el macrismo, o entrar en una hiperinflación.
Por su parte, el derrumbe del consumo popular repercute en una caída de la recaudación fiscal, agravando el quebranto del Estado nacional y de los Estados provinciales. En tanto engranajes fundamentales de las actuales relaciones de producción, las bancarrotas de los Estados ponen de manifiesto la crisis de todo el régimen social capitalista.
El condicionante internacional
Todo el plan económico de Alberto Fernández, que en la campaña electoral intentó sintetizar mediante el eslogan “prender la economía”, se ha derrumbado como un castillo de naipes. Argentina ya no encuentra en Brasil, uno de sus principales socios comerciales, un destino para sus productos industriales, y se derrumba una nueva tentativa de “integración latinoamericana” (Mercosur) sobre bases capitalistas. El objetivo de recaudar divisas sobre la base de incrementar las exportaciones del país se ha hecho añicos con el agravamiento de la crisis mundial y la agudización de la guerra comercial internacional.
La pandemia del coronavirus penetró en un capitalismo anémico. El parate económico forzado por las cuarentenas agravó el preexistente derrumbe del consumo popular. Los “inversionistas” huyeron a los refugios de valor, se derrumbaron las acciones de las principales empresas del mundo y se rompieron las cadenas de pago. Comenzó, de esta manera, una ola de quiebras y despidos masivos.
La pandemia del Covid-19 empujó de un solo saque a la economía mundial no ya a una recesión sino directamente a una depresión. En solo tres meses el índice de desocupación en los Estados Unidos ya equivale al que se alcanzó cuatro años después del crack del ’29. Se propaga la ola de despidos en Europa en las empresas aéreas, en las automotrices y en otras numerosas ramas industriales y comerciales. También en América Latina, donde hace tiempo los índices de desocupación superan los dos dígitos, se multiplican los despidos en masa. En nuestro país, se estima que los despidos rondarán, en 2020, entre los 500 y los 800 mil.
Las olas de quiebras recrudecieron la guerra comercial, plantea, en perspectiva, el problema de grandes conflictos bélicos. Las empresas europeas son acechadas por compras hostiles de capitales norteamericanos y chinos. Las nacionalizaciones de empresas quebradas que impulsa la Unión Europea, en aras del rescate al capital, han dejado expuestas las tendencias disgregadoras que operan en su interior. En la actual crisis cada Estado europeo atiende su propio juego, tendiendo a preservar los intereses de sus propias burguesías nacionales.
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Los billonarios paquetes de rescate a los distintos monopolios capitalistas que han lanzado EE.UU. y la Unión Europea, que contrastan con los escasos recursos destinados a paliar la crisis sanitaria y social, se revelarán inútiles para evitar la quiebra de numerosísimas empresas. De fondo, la actual crisis capitalista viene a concluir lo que no terminó de procesarse en la crisis de 2008: una limpieza generalizada de capitales sobrantes.
Con la caída de la demanda de las materias primas y el consecuente desplome de los precios internacionales, se agudizó la crisis de las economías latinoamericanas. El derrumbe del precio del petróleo no solo golpeó a las economías de México, Brasil, Ecuador y Venezuela, también sepultó la tentativa de Fernández de transformar a la Argentina en un país exportador de petróleo. El derrumbe del precio del cobre golpeó a Chile y a Perú, y llevó a sus gobiernos a acudir al “rescate” del FMI.
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La supervivencia sobre la base de la casi exclusiva venta de materias primas –a la que los sucesivos gobiernos de derecha, de centroizquierda o nacionalistas han postrado a los países latinoamericanos– ha sido el ariete mediante el cual se ha profundizado el sometimiento de las naciones del subcontinente al imperialismo mundial.
El rechazo a las cuarentenas, de parte de los derechistas Bolsonaro en Brasil y Piñera en Chile, del mismo modo que el “nacional y popular” López Obrador en México, mostró un vez más el carácter criminal de los primeros y el falso progresismo del segundo. De un lado y del otro, actuaron en defensa de los negocios capitalistas en detrimento de la salud popular, empujando a América Latina a ser el nuevo epicentro de la pandemia.
De conjunto, las burguesías latinoamericanas y sus gobiernos se muestran incapaces para trazar y liderar una salida positiva para las masas trabajadoras. Por el contrario, se revelan como los principales responsables de la catástrofe en ciernes.
El régimen político
Para pilotear el quebranto nacional, el gobierno de los Fernández ha optado por erigir un régimen de arbitraje personal y de intervencionismo estatal. Se valió, para eso, de los superpoderes que dócilmente le otorgó el Congreso, con la anuencia de parte de la oposición.
Este “modelo nacional y popular”, que hoy encarna en el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, pretende repetir la experiencia de Néstor Kirchner surgida en 2003, que emergió como respuesta a la bancarrota de 2001. Pero aquella experiencia, con sus 12 años de gobierno, condujo al país a un nuevo desmadre económico, con su consecuente crecimiento de la pobreza. Pavimentó, de esa forma, el triunfo de la derecha macrista. A su turno, la receta “neoliberal” de Macri –que se ejecutó gracias a la colaboración estratégica que el peronismo le brindó en el Congreso, en las provincias y al frente de los sindicatos– terminó de estrellar a la Argentina y de sumergirla en la miseria.
El gobierno de Alberto Fernández, alineado a los preceptos de los “fondos buitre”, del FMI y de las potencias imperialistas, emerge como un “nacionalismo” farsesco. El ala derechista y proimperialista que integra la coalición oficial, con Sergio Massa y Felipe Solá a la cabeza, le ha impreso una orientación definida. El gobierno se ha mantenido dentro del Grupo Lima, que opera como un ministerio del gobierno yanqui para los asuntos latinoamericanos, pergeñando operaciones golpistas y apuntalando a los gobiernos que enfrentan las rebeliones de sus pueblos.
La retórica “nacional y popular” de Cristina Fernández y de La Cámpora no le ha impreso ni un gramo de antiimperialismo al nuevo gobierno. Solo ha servido para avanzar en una cooptación de numerosas organizaciones sindicales, sociales, feministas e, incluso, de cierta ‘izquierda’.
La orientación capitalista del intervencionismo del gobierno quedó en evidencia con la intervención y expropiación de Vicentin. La misma apunta a que el Estado se haga cargo de un pasivo de 1.400 millones de dólares y de la indemnización de los “expropiados”. Se trata de un rescate al capital a costa de los fondos públicos.
La oposición derechista de Juntos por el Cambio y cía., que ante el alineamiento del gobierno al capital financiero se quedó sin libreto económico alternativo, se limita a criticar las formas “no republicanas” del gobierno. Intenta ocultar sus propias responsabilidades por el hundimiento nacional y su propio atropello a los “códigos republicanos”, como se demostró con las escuchas ilegales de la AFI bajo el macrismo a referentes de la oposición, a organizaciones de trabajadores y de la izquierda.
Sin embargo, el espionaje interno y la acción represiva del Estado han sido una constante de todos los gobiernos democráticos. Así lo confirma, en la actualidad, el espionaje a los obreros de Andacollo; el brutal crimen del obrero rural Luis Espinoza en Tucumán; las violaciones, torturas y golpes a los Qom en un Chaco plagado de represiones; y las golpizas a trabajadores y jóvenes por parte de la bonaerense de Berni y Kicillof y más recientemente en Salta. Ha quedado demostrado que los despliegues de fuerzas de represión apuntan a un disciplinamiento social ante la catástrofe que nos sobrevuela.
La crisis sanitaria y social
El desembarco del coronavirus en la Argentina echó una renovada luz sobre una realidad estremecedora: nuestro país se encuentra devastado.
Así se evidenció con el comienzo de la cuarentena, cuando quedó al descubierto que el 40 por ciento de la fuerza laboral argentina trabaja en la informalidad o se encuentra desocupada. Con el parate económico, este sector de la clase trabajadora se vio desamparado y sumergido en la más honda de las pobrezas. La afirmación de Fernández, que “descubre” esta Argentina por el Covid-19, oculta que la precarización de la fuerza de trabajo es un proceso de décadas, que tiene como responsables a los gobiernos alternados de las fuerzas políticas capitalistas.
Con el progresivo levantamiento de la cuarentena, que el gobierno de los Fernández instrumentó por presión de las patronales, se multiplicaron los contagios en las villas y asentamientos populares, y se puso de manifiesto la precariedad de las condiciones de vida de amplísimos sectores de la clase trabajadora.
Quedó de manifiesto, también, el cuadro calamitoso del sistema sanitario argentino, golpeado por décadas de vaciamiento y privatización. Los bajos salarios y el pluriempleo, la falta de equipos de protección y la insuficiente dotación de personal, han redundado en una altísima tasa de trabajadores de la salud contagiados en nuestro país. Los testeos son retaceados por su costo, no los hay masivos y sistemáticos en establecimientos de salud, geriátricos, supermercados, villas y en los colectivos afectados en la industria y otras actividades.
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En el curso de la crisis, rápidamente se reveló el contenido de clase del intervencionismo estatal del gobierno de Alberto Fernández.
Los míseros fondos destinados a paliar la situación de los sectores populares más golpeados (IFE), al igual que los fondos destinados a financiar a las patronales en crisis (ATP), han provenido de la caja de la Anses. Por su parte, los jubilados han sido confiscados en dos oportunidades con irrisorios aumentos que violan la ley de movilidad y que se encuentran por detrás del aumento de la inflación. Se destruyó, asimismo, el régimen previsional cordobés y se pretende avanzar en la misma dirección en numerosas provincias.
Los subsidios que el gobierno le otorgó a los Techint, a los Clarín y a Coca Cola, o el “barril criollo” que le garantizó a los monopolios petroleros, se ejecutaron sin que antes se abran los libros de contabilidad de esos pulpos y luego de que algunos de ellos incumplan el decreto de prohibición de despidos.
En un país donde la inflación anual asciende al 50%, el gobierno pactó, junto a industriales y burócratas sindicales, la reducción del 25% de los ingresos de los trabajadores suspendidos, habilitó las reducciones salariales en las “empresas de bandera”, como Aerolíneas e YPF, y congeló las paritarias de los trabajadores estatales.
Se evidencia, de conjunto, el alineamiento del gobierno con violentas reformas (anti) laboral y (anti) jubilatoria, largamente reclamadas por las patronales argentinas, que avanzan y se imponen en los hechos.
Abajo el pacto CGT-UIA-Gobierno
Si la reestructuración de la deuda con los buitres representa la piedra basal de la política de Alberto Fernández, el “pacto social” que el gobierno teje con la UIA y la CGT representa la viga maestra de su estrategia política.
La estrategia oficial apunta a maniatar y a amordazar al movimiento obrero, para lograr sostener en el tiempo el descomunal retroceso que están sufriendo las conquistas históricas de los trabajadores. Pretende, de esa manera, apuntalar la decaída tasa de beneficio empresarial y reactivar un nuevo ciclo de explotación capitalista.
Para colaborar con ese objetivo, las distintas burocracias sindicales se encuentran brindando un servicio al capital en lugar de servir a los trabajadores. Y del mismo modo lo hacen las organizaciones sociales cooptadas por el Estado. Lejos de operar como un factor de impulso de la lucha de los trabajadores operan como un factor de freno y de contención, y pactan la entrega de los salarios, los puestos de trabajo y los derechos adquiridos por la clase obrera. El Movimiento Evita dice haber llegado a una coincidencia estratégica con Grobocopatel que explota centenares de miles de hectáreas con sus campos y pooles de siembra explotando a los obreros rurales, uno de los tres sectores peor pagos y con más trabajo en negro junto a las empleadas domésticas y los trabajadores de la construcción. Todos los cuales constituyen el subsuelo de una clase obrera cada vez más empobrecida.
Pero, pese a eso, se empiezan a destacar grandes luchas que marcan un rumbo para todo el movimiento obrero argentino.
Los obreros del neumático, con su Sindicato a la cabeza, dan un ejemplo de cómo se defienden los salarios y la seguridad e higiene en el trabajo. La docencia combativa, con sus seccionales recuperadas, se colocó a la vanguardia de la lucha por la suspensión de las clases en defensa del derecho a la cuarentena y por los derechos de docentes y estudiantes. Los mineros de Andacollo, con la ocupación de la mina y los cortes de ruta, mostraron como pelear por la continuidad laboral. Los jóvenes repartidores de las APP se ponen al frente de la lucha contra la precarización laboral. Los trabajadores de la salud, en la “primera en línea” de la lucha contra el virus, también pasan a ocupar la “primera línea” en la defensa de los salarios y las condiciones de trabajo.
Por su parte, las organizaciones piqueteras se encuentran al frente de la pelea por el trabajo, contra el hambre y contra la mayor pauperización de las masas empobrecidas; y enfrentan el verdugueo policial en los barrios y los guetos que el Estado monta en las villas infectadas de coronavirus. Al igual que hace 20 años atrás, en la anterior gran crisis de nuestro país, el movimiento piquetero ocupa un lugar de vanguardia en la lucha contra un régimen de miseria, hambre y explotación.
El Partido Obrero, en oposición al colaboracionismo de las burocracias sindical y “piquetera”, apoya todas las luchas que desenvuelven los trabajadores de todo el país y se juega a fondo por sus victorias. Luchamos por el frente único de la clase obrera, entre los trabajadores de los distintos gremios y entre ocupados y desocupados, y en esa perspectiva inscribimos la pelea por un congreso de trabajadores, que impulse una lucha unificada a escala nacional y que elabore un plan económico y político alternativo de la clase obrera.
Como nunca, está planteada la necesidad de recuperar los sindicatos de manos de la burocracia sindical, agente del Estado y las patronales en el movimiento obrero, para ponerlos al servicio de la lucha por todos los reclamos de la clase obrera y para pelear por una salida de los trabajadores.
El movimiento de lucha femenino y las disidencias, protagonista de las grandes gestas de los últimos años por el derecho al aborto legal y contra los femicidios, nuevamente se encuentra conmovido por el recrudecimiento de los crímenes contra las mujeres. El gobierno de los Fernández, que con su demagogia logró cooptar a sectores activos y de lucha del movimiento de la mujer, volvió a archivar el proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. La Justicia, en Chubut, vuelve a conmover al país justificando otro caso de violación en manada de parte de los “hijos del poder”. Se vuelve a develar la permanente transacción del gobierno con el clero reaccionario y el carácter misógino de la Justicia y del conjunto del Estado capitalista.
El Partido Obrero destaca la ligazón indisoluble entre los reclamos más sentidos de las mujeres y la agenda del movimiento obrero. La clandestinidad del aborto, la violencia contra las mujeres y la precarización laboral, que sufre especialmente la mujer trabajadora, se agravan enormemente bajo el peso de la crisis pandémica. La lucha por la emancipación de la mujer es inseparable de la lucha por terminar con el sometimiento del trabajo por el capital.
En oposición al sometimiento del gobierno y de las burocracias sindicales y “piqueteras” al Vaticano, luchamos por la separación de la Iglesia del Estado y por la intervención activa de la clase obrera y sus organizaciones en las luchas del movimiento de mujeres. Solo así, mediante una pelea mancomunada de las mujeres y los hombres de la clase trabajadora, se podrán concretar verdaderos avances en la lucha por erradicar la ideología machista y patriarcal que se reproduce al interior de nuestra clase.
Por una salida de la clase trabajadora
La gravedad inusitada de las crisis sanitarias, económicas, sociales y políticas, confirma la precariedad de los planteos programáticos levantados por las fuerzas capitalistas, por un lado, y el realismo del programa históricamente levantado por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, por el otro.
Pues solo una salida radical, impuesta por una acción histórica independiente de la clase obrera, puede abrir paso a una salida positiva para las masas.
Poner fin a la pobreza y la pauperización social plantea establecer una efectiva prohibición de despidos y suspensiones, garantizar un seguro al parado, ocupar toda fábrica que cierre o despida, proceder al reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y el establecimiento de salarios y jubilaciones mínimas igual al costo de la canasta familiar y actualizadas por inflación.
Enfrentar el colapso sanitario plantea la triplicación inmediata de los presupuestos de salud y una verdadera unificación y centralización del sistema, que reúna la totalidad de los recursos del sistema público, privado, de las obras sociales y universidades, bajo control de trabajadores y profesionales. Y la constitución de comités de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo con poder de paralización de tareas.
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La nacionalización sin pago de todos los recursos energéticos y estratégicos, bajo el control de sus trabajadores, es el paso elemental para poner fin a los tarifazos, a los altos precios de los combustibles y para apuntalar un proceso de reindustrialización del país.
Una salida de los trabajadores plantea la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda externa, el establecimiento de impuestos extraordinarios a las grandes rentas y fortunas, la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior y el control obrero general. Solo así se puede disponer de los recursos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria y la crisis social.
Poner en marcha esta salida plantea desmantelar y poner fin a los aparatos represivos del Estado, que se encuentran envalentonados por el poder que le otorgan todos los gobiernos, con el objetivo de mantener a raya la lucha de los pueblos.
En definitiva, lo que está planteado es desenvolver a fondo la lucha para que la crisis la paguen los capitalistas e instaurar gobiernos de trabajadores en Argentina, en América Latina y en todo el mundo.
La crisis histórica en la que se encuentra la humanidad le ha otorgado una renovada actualidad a una vieja caracterización: el mundo atraviesa una época de “guerras y revoluciones”. La vieja disyuntiva planteada, socialismo o barbarie, es la disyuntiva del presente.
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