Manuel Taba

Desde el momento en que el magnate Elon Musk compró Twitter anticipó una cosa: la red social del pajarito iría a una reducción drástica de la plantilla laboral. Dicho y hecho, una de sus primeras medidas al frente de la empresa fue el despido de la mitad de los trabajadores, en lo que fue la antesala de su intento por imponer condiciones laborales de superexplotación que llevaron a la renuncia de otros tantos. Frente a ello, más de 100 afectados presentaron una demanda judicial colectiva en un Tribunal Federal de California que ahora Musk intenta desestimar.

La Municipalidad de Avellaneda tapó un mural histórico del Partido Obrero en el distrito, que reclamaba justicia por Mariano Ferreyra. Tal cual...

Las acciones de Amazon y de Meta, nombre que lleva hace algunos meses el grupo dueño de Facebook, Whatsapp e Instagram, se...

El Inadi publicó recientemente un manual para comunicadores y periodistas que viajen al mundial de fútbol de Qatar a cubrir el acontecimiento deportivo. Tiene por cometido “evitar” expresiones racistas, misóginas y/o sexistas y evitar instigaciones a la violencia en el fútbol. El escrito es, cuanto menos, una tomada de pelo. Al fin de cuentas, el gobierno es el principal responsable de promover todo lo anterior.

El fundador de Tesla, el magnate Elon Musk, está cerca de concretar su anunciada compra de Twitter. El 28 de octubre es la fecha en la que se tendría que concretar el traspaso, y ya hizo pública su decisión de despedir al 75% de los trabajadores de la red social. Detrás de la intención de achicar la planta laboral y “reducir los costos operativos”, como dejó saber, esto se trataría también de un intento de eliminar los filtros a los contenidos que se publiquen y un principio de persecución ideológica.

El diputado por Patria Grande en el Frente de Todos, Itai Hagman, llegó a mentir en su cuenta de Twitter para defender el ajuste que supone el Presupuesto 2023 sobre el rubro educativo. Aseguró que el recorte en términos reales “no existiría”, ya que de no cumplirse la meta de inflación oficial del 60% para agosto 2023 – algo descontado por todas las proyecciones- se votaría una actualización en las erogaciones por una cláusula incluida en el proyecto. El de Hagman es parte de un intento desesperado por negar un ajuste que está a la vista. Nos quiere hacer creer que es una garantía que las partidas de Educación sean definidas por un nuevo proyecto de Massa, supervisado por el Fondo y requiriendo los votos de la derecha.