23/06/2020

Importante huelga de los trabajadores de la salud en Nigeria

Por el salario y medidas de protección ante el Covid-19

Desde el lunes 15 pasado, y durante siete días, trabajadores de la salud nigerianos nucleados en la Asociación Nacional de Doctores Residentes (NARD por sus iniciales en inglés), que representa al 40% del personal del sector, fueron a la huelga en más de treinta hospitales públicos. Exigen el abastecimiento de equipos de protección personal (EPP), el pago de sueldos atrasados, un plus salarial para aquellos que atienden pacientes con Covid-19, un seguro de vida y el aumento de los testeos (actualmente son de 2.000 por cada dos millones de habitantes). En lo que va de la pandemia, 800 trabajadores de la salud han contraído el virus.


La medida fue levantada ante la promesa del gobierno de instrumentar un seguro de vida y reforzar presupuestariamente con 25 millones de dólares a los hospitales. Pero podría retomarse en dos semanas si no hay avances concretos. En tal caso, la huelga alcanzaría también la atención de pacientes con Covid-19, que en esta ocasión se siguió llevando a cabo.


El sector salud ya venía desarrollando medidas de lucha y se encuentra muy activo. Las enfermeras se movilizaron este 23 en Akure, capital del estado de Ondo State, ante 15 casos de Covid-19 entre trabajadores del sector en la última semana y para denunciar la falta de medidas de protección.


Nigeria, el país más poblado de África, es también el país con más contagios en el continente. Hay más de 20.000 casos y 520 muertos. Pero todo indica que estas cifras distan mucho de la realidad, dado que hay unas 1.000 muertes que todavía no fueron explicadas y que podrían estar relacionadas con el Covid-19.


Mientras el gobierno se lava las manos, los casos en Kano, una de las ciudades más pobladas del continente, no paran de aumentar. Y la curva de contagios en todo el país es ascendente. Así y todo, desde comienzos de junio, los bancos y las iglesias reabrieron sus puertas. A su vez, en abril trascendieron denuncias de infracción de la cuarentena por parte de pulpos petroleros como Chevron. La enfermedad podría dispararse dramáticamente en caso de que ingrese a los campamentos de refugiados del norte del país, donde más de un millón y medio de personas viven hacinadas y en condiciones infrahumanas.


El gobierno de Muhammadu Buhari, del Congreso de Todos los Progresistas, ha aprovechado la pandemia para reforzar la militarización del país, lo que ha redundado en todo tipo de abusos y crímenes contra la población. Decenas de médicos denuncian que fueron detenidos cuando volvían de los hospitales… por romper el confinamiento. Mientras tanto, los pulpos petroleros infringen la cuarentena impunemente.


La militarización responde también a la guerra que el Estado lleva adelante contra grupos insurgentes como los Vengadores del Delta o Boko Haram, la milicia islamista que domina una parte del norte del país.


La huelga de los trabajadores de la salud expresa un principio de intervención del movimiento obrero frente a la crisis del Covid-19 en un país clave del continente africano.



 

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23/06/2020

Chaco: nuevamente las y los trabajadores movilizados contra la precarización en la salud

El lunes 22, el personal de la salud del programa “Expertos” se manifestó frente al Hospital Perrando, en Resistencia (Chaco), con un reclamo que viene de arrastre: el pase a planta permanente.


Son alrededor de 1.750 trabajadores, algunos con más de 18 años de antigüedad que, al igual que los médicos residentes, reclaman el pase a planta permanente, derechos laborales y recomposición salarial. Las y los trabajadores del programa cobran unos $13.500 mensuales y trabajan en varias localidades de la provincia, entre ellas Resistencia, Fontana, Barranqueras, donde se encuentra el mayor número de personas contagiadas entre los pacientes como así también entre el personal de salud. Trabajan seis horas por día, 30 horas semanales, más las guardias, por un salario de indigencia y sin derechos laborales.


Las respuestas del Ejecutivo provincial han sido atacar las protestas con la policía, denunciar a las y los trabajadores que reclaman con sumarios y hacer promesas que no cumplen. “El gobierno nos dice que debemos esperar […] Yo le quiero preguntar al gobernador o a la ministra si ellos pueden vivir con 13.500 pesos mensuales […] ni siquiera contamos con una obra social”, exclamó una trabajadora.


Son trabajadores sin ningún tipo de beneficios que están cumpliendo funciones en medio de esta pandemia, en varios sectores o servicios, tanto en los quirófanos, farmacias, mantenimiento, guardia, terapia intensiva, en hospitales y centros de salud.


La demanda es clara y más que necesaria: que el gobernador Capitanich cumpla con el decreto 3456/19 de pase a planta, por el que hace años vienen reclamando. “El gobernador prometió una recomposición salarial y hasta el momento no recibimos nada, ni siquiera el bono de salud […] quedamos afuera de cualquier tipo de beneficios y la situación ya no se aguanta más”, declaró un trabajador a los medios.


La precarización se llevó la vida del doctor Duré y ha quedado expuesta con las denuncias y reclamos ante la situación salarial y laboral en la que se encuentran miles de trabajadores que llevan adelante la mayor cantidad de atenciones en hospitales y centros de salud de la provincia.


Para no lamentar más muertes por la precarización laboral debemos organizar un plan de lucha, votado en asambleas de trabajadores, que recorra toda la provincia y que ponga de manifiesto las necesidades del sector.


Vamos por una Tribuna de Salud que se organice y luche por un programa de intervención urgente para sobrellevar la emergencia en la provincia: pase a planta de todos los trabajadores de la salud; salario igual a la canasta familiar; elementos de bioseguridad necesarios; camas de terapia intensiva y respiradores; titularización de los médicos recibidos; preparar la infraestructura y reacondicionamientos necesarios para evitar el colapso. Por una centralización de la salud a nivel nacional para orientar los recursos a las zonas más afectadas.


Si lo importante es la vida, impedir la propagación de virus y mejorar el sistema de salud y a sus trabajadores es vital. El no pago de la deuda externa y un impuesto a las grandes fortunas se vuelven urgentes para destinar esos fondos a enfrentar la crisis planteada.





 

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23/06/2020

El error forma parte del proceso de aprendizaje

¿A qué se deben los ataques a las docentes que cometieron “errores” en sus exposiciones televisadas?

maestro de primaria, Programa Maestro+Maestro, miembro de la comisión directiva de Ademys

Un Homo sapiens contra un dinosaurio, ganaba el dinosaurio. Cinco Homo sapiens contra un dinosaurio, se los comía el dinosaurio. Con 20, también. Si esos 20 se organizaban, lo mataban”.


Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño


“No está bueno que la Historia mire siempre hacia atrás, como que deberíamos conmemorar cosas del futuro, tipo hacia adelante”.


Gabriela Michetti, exvicepresidenta de la Nación


“El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso”.


Esteban Bullrich, exministro de Educación nacional


Casi siempre que algunos medios de comunicación, como Clarín y La Nación, expresan su línea editorial conservadora y reaccionaria en notas que se ocupan de la educación, es para contribuir a empujar una reforma del sistema educativo y flexibilizar el trabajo docente.


En estos días se “viralizaron” extractos de videos de maestras que, en plena exposición de temas de enseñanza de contenido escolar, habrían cometido errores (matemáticos u ortográficos). Según reseña Infobae, quien arrojó la primera piedra habría sido el economista Manuel Adorni, a través de un “irónico” (agresivo) tuit. Dicho sea de paso, este mismo economista, en una nota de opinión en el diario Ámbito Financiero aseguró que en 2001 la gente salió a la calle “en defensa de la propiedad privada” (1/5), entre otras aberraciones. Está claro que le pagan justamente para eso: para decir barbaridades, sin el menor rigor.


Muy rápidamente, Clarín y La Nación tomaron el tema para darle una nota de color a su permanente campaña de hostigamiento a la docencia, en este caso con el ángulo de la falta de formación y el desastre educativo producto de que los docentes no saben enseñar porque ni siquiera conocen el contenido con el que trabajan. Enseguida se anotó al pelotón la inefable Guillermina Tiramonti, exfuncionaria del gobierno de María Eugenia Vidal como coordinadora del Consejo de Formación Continua de la Provincia de Buenos Aires.


De qué se tratan los supuestos errores


Las maestras que han sido expuestas de la peor manera por estos medios llevaron adelante una exposición de contenidos de enseñanza escolar con todas las dificultades que tiene la llamada virtualización: hablarle a una cámara y no a alumnos presentes, entre otros problemas. Esos “errores” superficiales, producto del apuro y seguramente de los nervios de la situación, no se hubiesen producido o habrían durado un escasísimo tiempo hasta que ellas mismas se percataran y los corrigieran con los propios estudiantes presentes, de haberse producido en un aula. Cabe destacar que, de hecho, las maestras se corrigieron, pero esa parte fue recortada adrede por los “denunciadores”. Particularmente, en el caso del error en la ortografía de una palabra, la corrección fue acompañada de una reflexión (pensar en el sustantivo “hierba” para estar seguro de cómo escribir el adjetivo “herbívoro”).


La operación que está detrás de este ataque tiene que ver con dar cuenta de que hay una crisis en el sistema educativo y que los responsables son los docentes, nunca el Estado. Todas las reformas educativas de las últimas décadas tienen en común un proceso de degradación de los contenidos de enseñanza, que en el caso de la EGB de la Ley Federal de Educación menemista fue muy claro. En 2018, la Legislatura porteña, con mayoría del PRO, aprobó la ley de creación de la UniCABA que pretende vaciar y destruir los 29 institutos de formación docentes de la ciudad en pos de una pretendida excelencia académica, fuertemente cuestionada por toda la comunidad educativa como lo contrario: una política de vaciamiento de la formación docente que abre la puerta a la privatización y al cierre de profesorados por existir una oferta “desmedida”, según los promotores de esta ley.


Conviene tener presente que la exposición de un tema de enseñanza de contenido escolar a través de un video no es una clase propiamente dicha. La pretensión de emular una situación de clase “normal pero a distancia” y por televisión responde más a una puesta en escena por parte del gobierno nacional que a una necesidad objetiva de la sociedad y, sobre todo, de las niñas y niños a quienes está dirigido.


Sin embargo, el conjunto de la docencia se encuentra a lo largo de todos estos meses haciendo un gran esfuerzo, junto a estudiantes y familias, por mantener un acompañamiento pedagógico en una situación extraordinaria, al que las autoridades educativas vienen corriendo de atrás y reaccionando sobre los hechos consumados, desde la propia suspensión de clases el 16 de marzo, sin ningún tipo de preparación ni anticipación que diera lugar a la posibilidad de establecer acuerdos y planear la continuidad sin la presencialidad. Ante la improvisación gubernamental, corresponde valorar todos los aportes de la docencia y la dedicación de estudiantes y familias.


Revisión y reflexión, enseñanza y aprendizaje


La revisión de las actividades realizadas y la reflexión sobre lo aprendido, son los ejes del proceso de enseñanza y aprendizaje.


Seguramente, a los “opinadores” lo que menos les interese sea lo que debiera suceder en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto es, la organización del aula como un equipo de trabajo que de forma colaborativa resuelven los problemas que se van presentando y proponiendo. El hacer en el aula, como pensar la ortografía o resolver cálculos o algoritmos matemáticos, requiere la revisión de las actividades realizadas. Promover el volver mirar el resultado y el proceso que cada uno llevó a cabo, la contrastación entre los distintos resultados dentro del grupo, escuchar e intercambiar sobre las distintas maneras de encarar una situación problemática o la escritura de un texto o una palabra cuya ortografía nos genera dudas, son partes constitutivas en el trabajo de generar en el aula un espacio de reflexión, crítica, revisión y, finalmente, aprendizaje.


Alguien puede conocer una regla ortográfica o una fórmula de resolución de cálculo a través del uso de un algoritmo matemático y aun así cometer un error superficial. Esto es absolutamente posible y se subsana, justamente, en la interacción con otros (con otros pares docentes, entre docentes y estudiantes, entre los propios estudiantes), en la revisión y en la propia reflexión sobre lo que se está aprendiendo. En ausencia de todo este dispositivo, lo que nos queda es cómo se vio en la pantalla un programa de televisión “educativo”, recortando intencionadamente unos pocos segundos.


La exposición pública del “error” de manera denigrante y descalificadora es un golpe a la docencia, pero también a las niñas, niños y adolescentes que también se sienten expuestos a tomar la palabra en los encuentros virtuales, o subir a las plataformas sus propias producciones o lo que pudieron ir resolviendo en sus casas de las actividades enviadas por sus docentes. Si el error forma parte del proceso de enseñar y aprender, esta cruzada contra las maestras se vuelve un ataque contra las posibilidades, ya de por sí limitadas en las condiciones actuales, de producir y compartir conocimientos.


Qué hay detrás de estos ataques a las maestras


Una mirada vulgar, que cualquiera señalaría como arcaica, sostiene la condición aséptica del conocimiento en el docente, y a éste como un transmisor de saberes con pretensión de absolutos y acabados. Paradójicamente, y sin solución de continuidad, la desautorización de la docencia por parte de sectores interesados en el derrumbe educativo, preconizan la llegada de la virtualidad “para quedarse”, como la panacea de la educación del mañana, en contraposición a lo obsoleto de la “enseñanza tradicional”.


Se trata de expresiones locales de grandes capitales que vienen apostando a la educación, por un lado, a través de la imposición de reformas educativas que adapten las condiciones de la educación a los requerimientos del mercado laboral, cada vez más precario y que precisa una mano de obra con escasa formación específica contribuyendo a la “adaptabilidad” a la flexibilización del trabajo y a la realización de tareas rutinarias que requieren una baja calificación y formación.


Por otro lado, los ataques a la educación pública refuerzan la idea de la necesidad de expandir la oferta educativa, más allá del Estado, y que las escuelas de “gestión privada” puedan competir libremente con las de “gestión estatal” y, por lo tanto, sean subsidiadas por el Estado. Finalmente, es ya indisimulable la intención de los llamados “dueños de internet” (Google, Microsoft, Facebook, Apple) de introducir sus productos como base para el sostenimiento de las propuestas educativas cotidianas, más allá de la pandemia. Estas grandes empresas tecnológicas incrementaron su cotización conjunta en unos 750.000 millones de dólares desde la última semana de marzo a fines de abril (Página 12, 10/5). No sólo estas grandes empresas, también Zoom, Edmodo, Jistsi y otras se anotan para colocar y cotizar sus productos.


Los intereses sociales que hay detrás del ataque a las maestras de la TV Pública son los mismos que imponen reformas educativas precarias para convertir la educación en un negocio.




 

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23/06/2020

Una pata de la CGT acordó aguinaldo en cuotas

Se trata de Carlos Acuña, líder del sindicato obreros y empleados de estaciones de servicio, y miembro de la cúpula de la CGT. Si bien no existe comunicación oficial del gremio, el acuerdo fue explicitado por la parte empresaria a los medios, asegurando que el “entendimiento” consiste en que cada patronal “acordará” con sus trabajadores el pago del aguinaldo en 2 o 3 cuotas. La información que se replica en medios nacionales no fue negada por el gremio.


Si bien este es un caso testigo en el sector privado para avanzar en la cuotificación del aguinaldo, el golpe de vanguardia contra el salario anual complementario (SAC) fue dado por el presidente Alberto Fernández afectando a 200 mil trabajadores estatales nacionales, con los apoyos y réplicas de Larreta y Kicillof (y seguramente el resto de los gobernadores e intendentes), que sumarán otras decenas de miles de afectados.


La UIA viene por la tupacamarización del aguinaldo


La medida del gobierno recientemente oficializada, dio lugar para un fuerte lobby patronal por lograr un decreto que permita la fragmentación del pago de aguinaldo hasta en 6 cuotas y por el reclamo de un nuevo subsidio como el que recibieron para pagar salarios en los últimos meses, argumentando que el 75% de las patronales no puede afrontar el pago de aguinaldos o apenas hacerlo parcialmente. Las patronales se apoyan en la Ley Pyme creada durante el menemismo, que permite el pago en tres cuotas donde los convenios lo habilitan, como antecedente para avanzar en un nuevo ataque contra los trabajadores.


Por su parte Héctor Daer, otra de las patas de la CGT, afirmó que “fragmentar el SAC no es parte de ninguna deliberación ni definición de la CGT” (BAE), sin embargo dio lugar a discusión en cada empresa y mandó a que las patronales hablen con el gobierno en busca de alternativas para cumplir con el pago (El Cronista), léase nuevos subsidios. El aval de Acuña contra el aguinaldo en el sindicato que dirige muestra que esta vez la CGT no quiere ponerse al frente de otra entregada antiobrera como la de las suspensiones con rebaja salarial del 25% que firmó junto a la UIA, dejando que cada sindicato haga lo propio.


Por la defensa del salario y el aguinaldo


Los trabajadores, con luchas y movilizaciones, vienen enfrentando en un cuadro complejo para el movimiento obrero, los ataques a los salarios y los puestos de trabajo. El reciente paro virtual de docentes de CABA contra el pago de aguinaldo en cuotas, al que se sumaron los Sutebas combativos contra la misma medida de Kicillof, así como la movilización de los municipales de CórdobaAlgodonera Avellaneda (Vicentin); el paro del Sutna y de Firestone en defensa de la salud y el parazo en el puerto de Buenos Aires durante 48 horas en el marco de la paritaria, ponen de manifiesto las tendencias a luchar que recorren el movimiento obrero de distintos puntos del país.


La ofensiva patronal que intenta aplicar una reforma laboral de hecho y ahora apunta contra el aguinaldo con el aval del gobierno, debe ser enfrentada con la organización y lucha independiente del Estado. Ese es el camino que mostraron las acciones del Plenario del Sindicalismo Combativo en todo el país el último 16 de Junio en la jornada nacional de lucha, para que la crisis la paguen los capitalistas.



 

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23/06/2020

Chaco: abajo la jubilación forzada a los docentes

Por Leo Grab

Mientras el gobernador, Milton Capitanich, se pasea por la provincia, haciendo reuniones, sin responder ni dar respuesta a ningún sector, viene generando una política de ajuste atroz; para el sector docente no hubo ningún aumento, ni siquiera cumplió con el compromiso asumido de sostener y pagar la cláusula gatillo para este año, no hay designaciones de docentes, la obra social InSSSeP (Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos) no está atendiendo y ningún sindicato dice algo a respecto.


Ahora, tienen en la gatera legislativa un proyecto de ley sobre Jubilación Especial Obligatoria para “los agentes docentes que cuenten con sesenta años (60) cumplidos al 31 de diciembre y que hayan aportado entre 15 y diecinueve años de aportes".


Con esto, el Estado chaqueño propone seguir profundizando el ajuste, porque si hace veintiséis años nos quitaron el régimen de retiro docente y, pese a los reclamos permanentes, no lo han restituido jamás, otorgar jubilaciones que alteran el normal uso y ejercicio del derecho previsional rompe el equilibrio del régimen especial docente. No está diagramado para “beneficiarnos” a los trabajadores de la educación. Si tomamos el retiro aplicado para la fuerza seguridad ley 800 H artículo 112, un docente con 16 a 20 años  de aporte cobraría un 60% y de 21 a 24 años el 70% de lo que percibe el trabajador activo, y no el 82% móvil. Por otra parte, el proyecto menciona la ley 1596-H para el ingreso de períodos faltantes; esta ley en su artículo N° 4 dice que el trabajador que no complete los años de servicios requeridos aportará el once por ciento (11%), por lo tanto un docente al que lo jubilen de oficio y tenga de aportes menos de 20 años percibirá el 49% del total que percibía como activo.



Por otra parte, nuestra caja previsional ya viene siendo desfinanciada; por ejemplo,  dictaron la ley 7820/16 (de liberación del tope jubilatorio para que el InSSSeP pague suculentas jubilaciones privilegiadas a la fecha de más de $ 350.000 (por supuesto no para los afiliados rasos…). Quieren sumar nuevos pasivos, superando los activos y desfinanciando más nuestra caja, preparando el camino a la armonización a la caja nacional y perdiendo nuestro régimen jubilatorio.


Este proyecto de ley plantea un fuerte ajuste, disfrazado por una pandemia, donde el Estado dice que busca proteger a la tercera edad pero, más que protegerla, sigue estafándola. Los trabajadores no podemos permitir estos atropellos.


Sin embargo, el lunes pasado, los portales anunciaban que Capitanich iba a retirar los proyectos presentados, un total de 53, para, supuestamente, “descomprimir la actividad legislativa” (Hdpnoticias.com.ar, 15/6). Empero, eso no retira las intenciones del gobierno de llevar adelante una reforma previsional, sino que parece otro acto demagógico del gobernador. Por lo tanto, llamamos a lxs docentes a mantener un estado de alerta para frenar las jubilaciones anticipadas.



 

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23/06/2020

Supermercados: aumentan sus ventas, congelan salarios de trabajadores

Naranja Comercio - Córdoba

Mientras las y los trabajadores de comercio sufrimos la sobreexplotación en materia de cargas horarias y presencia, en locales donde no se desinfecta de manera inmediata, diferentes indicadores dan cuenta de que el consumo en los supermercados se incrementó. El dato desmiente cualquier pretensión patronal de excusarse en la pandemia para no mejorar el ingreso del conjunto de trabajadores.


Se sabe: la pandemia ha dejado grandes capitalistas ganadores, y en ese lote se ubican las cadenas de supermercados. En ese sentido, un nuevo estudio de la consultora Nielsen, publicado por Comercio y Justicia (17/6), indica que hubo un aumento interanual de las ventas de un orden del 5 %; la suba fue impulsada por una mayor venta de productos frescos y de almacén.


En tanto que otro estudio de la “consultora Scentia que mide el consumo en cadenas de supermercados y autoservicios de cercanía en todo el país, informó un acumulado anual positivo de 3,4% al mes de mayo” (ídem).


Como se observa, las empresas, a pesar del contexto, están registrando un aumento del consumo de los productos que venden, sin que por ello se mejore la situación de sus trabajadores. Todo lo contrario. Por ejemplo, en Córdoba tuvimos que pagar de nuestro bolsillo el transporte, durante las semanas en que hubo paro de colectivos frente a las deudas salariales en ese sector.


¿Y el gremio? Los afiliados a la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (Agec) de Córdoba todavía no vimos siquiera a ningún delegado de la burocracia sindical comunicarse con las y los trabajadores para atender nuestros reclamos, que son muchos.


La profusa publicidad con el nombre de Pablo Chacon (titular de la gremial), da cuenta acabadamente de una conducción que se vale del lugar en el sindicato para beneficiarse material y políticamente a costa de las y los trabajadores. En ese sentido, la conducción garantiza el pacto de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que implementaron el convenio antiobrero de la UIA-CGT-Gobierno, de reducción y congelamiento de salarios al 75% y beneficiando a la patronal con la reducción del 40% de sus aportes.


La crisis la tienen que pagar los capitalistas


Las y los trabajadores debemos dejar de ser tratados como piezas prescindibles de empresas tan beneficiadas como los supermercadistas, que se preocupan poco y nada de la salud y seguridad de los trabajadores y sus empleados. Tan es así que, aunque los números siempre terminan dando a su favor, hasta hace poco amenazaban con pagar en cuotas el medio aguinaldo -un gran intento por desmenuzar y hacer desaparecer un derecho adquirido por años de lucha de la clase obrera.


Los trabajadores debemos organizarnos en asambleas en cada sucursal y puestos de trabajo para evitar este atropello. Desde la Naranja de Comercio de Córdoba exigimos la reapertura de paritarias inmediata, un bono de insalubridad de $20.000 por ser trabajadores esenciales, test masivos en todos los locales, pago completo y a tiempo del medio aguinaldo, reducción de la jornada laboral a 6 horas, protocolo de pandemia aprobada en asambleas de base y que se garantice la entrega de los elementos de protección personal a todos los trabajadores. Que la crisis la paguen los capitalistas.




 

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Alzó la voz en el recinto para exigir la expulsión y apeló a la movilización popular hasta que caigan todos los responsables, materiales, ideológicos y políticos del crimen de Agostina.
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Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
23/06/2020

Martes, 19:30h, entrevista con el periodista Diego Genoud

Continúa el ciclo de entrevistas de Prensa Obrera en vivo por Instagram.

Este martes 23, Prensa Obrera entrevistará al periodista Diego Genoud. La nota continúa el ciclo de entrevistas en vivo a través de la cuenta de Instagram de Prensa Obrera y por el cual ya pasaron Sergio Maldonado y Dolores Fonzi, entre otros.

 

Diego Genoud es periodista. Trabajó en diferentes medios gráficos, radiales y televisivos. Actualmente analiza y escribe sobre la situación política, económica y social en los medios digitales LetraP y El Canciller.

 

En esta oportunidad, G.L. conversará con Genoud sobre el conflicto en torno a Vicentin, los retrocesos del gobierno ante “los miserables” y la relación con el “círculo rojo”; el presente político de la oposición y las “grietas” en el Frente de Todos. También hablarán sobre la negociación de la deuda y la forma en que la está llevando el gobierno, así como las supuestas alternativas “buen default-mal arreglo”; la evidencia del ajuste en la eliminación de la movilidad jubilatoria y el aguinaldo en cuotas y el nuevo golpe inflacionario que se viene; la “reforma laboral de hecho” y los “ganadores y perdedores” de la cuarentena extendida, entre otros temas.

 

 

La entrevista será a partir de las 19.30 y se podrá seguir en vivo y dejar comentarios, preguntas y opiniones a través de la cuenta de @PrensaObrera por Instagram y Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

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23/06/2020

Preparan un aumento del 15% en el precio de productos básicos

Mientras recortan los salarios.

Los productos básicos y más consumidos durante el aislamiento social aumentarían para el próximos mes un 15%, e incluso más en algunos casos. Los empresarios de la industria alimenticia presentan esta semana los nuevos listados de precios ante el vencimiento de los programas Precios Máximos y Precios Cuidados, sobre los que no hay noticias acerca de su continuidad. Productos como harina, aceite, azúcar, pan y yerba son los más afectados por las subas, a los que se suman otros productos esenciales como jabón y alcohol.


El director de la consultora Focus citó a los medios un estudio que estima que alrededor del 70% de los hogares argentinos viven con menos de 38.500 pesos al mes durante la cuarentena, un nivel de ingresos muy por debajo de los 44.000 pesos que ronda la Canasta Básica Total. “Se estima una pobreza adicional del 20%, que rondará en total en 50%, ya que están afectados los monotributistas, autónomos, comerciantes, trabajadores informales y prestadores de servicios independientes. Es una situación preocupante”, declaró.


Estos números son ciertamente alarmantes. Este aumento se daría en medio de recortes salariales del 25% pactado entre la burocracia sindical, el gobierno y las cámara patronal, y miles de despidos entre trabajadores formales e informales. Sería condenar a millones de trabajadores al hambre y la miseria, cuando la mayoría de las más de 6.500.000 de personas que fueron aceptadas para el IFE solo cobraron una cuota de 10.000 pesos en casi 100 días de cuarentena, mientras que los trabajadores desocupados que perciben salario social complementario fueron excluidos de ese subsidio y se mantiene congelado el ingreso en $8.500. Esta suba del precio de productos básicos sería un nuevo atentado a la posibilidad de desarrollar una cuarentena.


Es necesario enfrentar los despidos y los recortes salariales, y luchar por la apertura de paritarias para imponer que los salarios se actualicen de acuerdo a la inflación. Necesitamos un subsidio al parado de $30.000 para poder garantizar que los trabajadores nos quedemos en casa y la apertura de los libros de las empresas para terminar con la especulación patronal y los formadores de precios. Para enfrentar el crecimiento del hambre y la miseria y combatir la pandemia, es urgente la aprobación del proyecto de ley que crea un impuesto a las grandes rentas y fortunas, ya que permitiría recaudar 15.000 millones de dólares, afectando a los grandes capitalistas para que no sean los trabajadores los que paguemos los costos de la cuarentena.





 

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23/06/2020

Crecen los contagios exponencialmente en el Hospital Moyano y en el Borda

Los neuropsiquiátricos de CABA en peligro.

Los contagios en el Hospital Moyano han ido en franco aumento, tanto en el personal como en las pacientes internas. Varios son ya los servicios declarados en alerta amarilla y con el personal aislado. El número de contagios en la empresa tercerizada de maestranza es alarmante, aproximadamente 17 empleados, que se encuentran en aislamiento y no han sido reemplazados. Otro tanto sucede en aquellos servicios con enfermeros cumpliendo el aislamiento, y otros a la espera de los resultados de los test. Lo que es todavía más preocupante son los casos de Covid-19 en el servicio de gerontología, con el riesgo que conlleva que esto se propague en ese sector de mayor vulnerabilidad. Después que las autoridades negaran la necesidad de la provisión de los equipos de protección personal (EPP), aduciendo que no se atendía Covid-19, han destinado un servicio a la atención exclusiva para los casos declarados mientras no requieran atención más compleja, como oxigenoterapia, ya que no se cuenta con oxígeno central -solo hay tubos de oxígeno, uno por servicio o excepcionalmente dos- ni tampoco hay camilleros en todos los turnos para realizar el recambio y traslado de los mismos de ser necesario.


Se supo en las últimas horas que el director de hospital se encontraba internado en un sanatorio privado por dar positivo, por lo que todo el personal de la dirección se encontraría afectado y aislado. En este cuadro de situación, y ante la gravedad de la situación, han comenzado a realizarse los primeros testeos rápidos, y a entregar algunos elementos del equipo de protección en forma muy racionada. Los equipos llegan tarde, son incompletos, no se entregan los camisolines hidrorepelentes, quedando el equipo completo solo para el servicio en alerta rojo (atención de casos declarados). Pero mientras no se realicen testeos a todas las internas del neuropsiquiatrico ¿cómo evitar la propagación del virus si no se comienzan a activar los protocolos en todos los servicios, si no se hace entrega a todo el personal del equipo de protección completo? No existe un verdadero aislamiento en aquellos servicios que atienden casos sospechosos cuando ingresan pacientes, o por presentar fiebre o algún contacto con posibles casos de Covid-19. En la mayoría de los servicios las pacientes están hacinadas y comparten habitaciones entre 7 y 8 internas.


En el Hospital Borda la situación ha sobrepasado todo limite y se encuentra en pleno brote de los contagios, que llegan a enfermeros de diferentes turnos, supervisores, turnos completos, muchísimos pacientes, por lo que se encuentran trabajando con un 20% del personal: entre los que están de licencia y los contagiados. Los que quedan realizan jornadas de 48 horas, no son aislados, y no hay ingreso de personal.


Seguir actuando después de los hechos es una muestra del abandono del Gobierno de la Ciudad hacia la salud mental y hacia los trabajadores de la salud en general. Así lo muestran el altísimo porcentaje de enfermeros, médicos y demás profesionales contagiados y fallecidos por habérseles negado la licencia por ser personal de riesgo, como Julio Gutiérrez del Hospital Durand, primer enfermero fallecido en CABA, y los equipos de protección completos a todos.



Se vuelve urgente el otorgamiento de las licencias para todo el personal de riesgo que aún no fueron asignadas; conformación de cohortes para evitar cierres de servicios ante casos positivos; reorganización de los hospitales y pabellones con absoluto distanciamiento e independencia entre sectores Covid y no Covid, que incluya a todo el personal; EPP para todo el personal; cuarentena inmediata de todos los contactos estrechos de Covid-19 y testeos correspondientes; reporte público inmediato de todos los contagios en el equipo de salud, publicados en el boletín epidemiológico; reorganización del personal especializado en cuidados intensivos y las camas de terapia bajo un comando único estatal para decidir internaciones, derivaciones y aislamientos en función de las necesidades epidemiológicas; conformación de comisiones de seguridad e higiene, elegidas democráticamente por todes les trabajadores, independientes de las patronales y el Estado.


Terminemos con el pluriempleo. Bono de $20 mil mensuales durante el tiempo que dure la pandemia. Indexación automática mensual de los salarios según la inflación. Vigencia de las paritarias, con asambleas de base y paritarios electos con mandato.


Pase a la carrera profesional para el personal de enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica. Pase a planta permanente para todes les contratades y fin de las empresas tercerizadas en el personal de limpieza, seguridad, mantenimiento, cocina y lavandería. Jerarquización salarial del personal en emergencias y terapia intensiva.


Por la centralización de todo el sistema de salud mediante un comité especial de emergencia compuesto por especialistas del Ministerio de Salud y representantes de les trabajadores.


Producción pública de medicamentos, testeos e insumos, desconociendo la ley de patentes durante la pandemia. Triplicación del presupuesto de salud sobre la base del no pago de la deuda y la eliminación de los negociados de privatización de la salud.





 

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23/06/2020

28J: el aniversario de Stonewall en medio de la crisis capitalista mundial agudizada

A todo el activismo independiente y al conjunto del FIT-U

Agrupación LGBTI 1969

En este nuevo aniversario (51 años) de Stonewall, que se da en un escenario de crisis capitalista mundial y donde los países emergentes están siendo los más afectados frente a la pandemia que estamos atravesando, la miseria se profundizó en el conjunto de la clase trabajadora y particularmente en la población Lgbt+, uno de los sectores más afectados por la falta de políticas de protección y asistencia por parte del Estado.


Como revindicamos todos los años, la Revuelta de Stonewall en 1969 fue un levantamiento antirrepresivo que marcó un antes y un después para el movimiento Lgbt, ya que se caracterizó por tener un carácter de acción directa contra el Estado y las fuerzas represivas en las calles. Es por esto, que todos los 28 de junio se conmemora dicho acontecimiento y se hacen grandes movilizaciones del movimiento Lgbt+ en distintas partes del mundo.


En el año 1969, también se siguieron gestando grandes luchas al calor de una situación prerrevolucionaria a nivel internacional, con grandes alzamientos en distintas partes del mundo, como en Argentina lo fue el Cordobazo y en Estados Unidos la agitación antiimperialista contra la guerra de Vietnam.



Pero este aniversario tiene una particularidad y hasta quizás sea el más amargo de todos, porque no solo condenaron a Marian Gómez a un año en suspenso desde el 28 de junio del año pasado, sino que se han incrementado los ataques y crímenes de odio a toda la población Lgbt+ en este contexto de cuarentena y de crisis sanitaria.


El movimiento de mujeres y el movimiento Lgbt+ vienen luchando en conjunto y enfrentando sistemáticamente las ofensivas de sectores clericales y reaccionarios en América Latina y en el mundo, como ya se ha visto en Brasil contra Jair Bolsonaro y en Estados Unidos contra el gobierno de Trump. En Argentina, contra los gobiernos que continúan sus alianzas con el clero y las Iglesias, utilizando el lobby parlamentario para devaluar todo tipo de reclamo que moleste a los sectores reaccionarios –como ocurrió con el reclamo por el aborto legal seguro y gratuito– permitiendo la injerencia de las Iglesias sobre el Estado a través de diputadxs y legisladorxs. A la hora de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, es donde se expresa, más que nunca, la necesaria separación de las Iglesias del Estado.



Las consecuencias de una campaña electoral oportunista


El año 2019 estuvo atravesado por las elecciones presidenciales y muchas movilizaciones dieron de qué hablar. Una de ellas, fue la movilización del 28 de junio del año pasado, donde el movimiento Lgbt+ continuaba depositando una confianza en un futuro gobierno de Alberto Fernández, y se clarificó en el “festejo” de la Marcha del Orgullo de fin de año con su victoria.


Sin embargo, a pesar de la vuelta del ala más peronista-kirchnerista al gobierno, las condiciones de vida de la clase obrera han empeorado con respecto al año pasado.


Aunque el gobierno macrista fue el responsable de firmar un acuerdo de hambruna con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández ha aceptado todo compromiso de pago de deuda y apuntó hacia una reestructuración con eufemismos a la hora de aclarar las particularidades del pago de la misma, ya que una reestructuración, implica que suban los intereses.


La reestructuración tuvo el visto bueno de gran parte de referentes del movimiento de mujeres y Lgbt+ junto a otras figuras públicas, que firmaron un comunicado alabando dicha acción y abandonando todo tipo de lucha en las calles junto a la organización independiente del Estado que se venía gestando al calor de la Ola Verde durante el gobierno macrista.


Si bien Cambiemos utilizó el debate del aborto legal como una estrategia para poder pasar la reforma laboral, el gobierno de Alberto Fernández ha declarado que el aborto legal no es una prioridad en este contexto, a pesar de las promesas de su campaña electoral respecto a la legalización. Esto refleja, no solo las alianzas con las Iglesias, sino también un gobierno que no toma como prioridad los reclamos urgentes de estos movimientos, ya que el aborto legal seguro y gratuito, es una necesidad urgente para las personas con capacidad de gestar de toda la clase obrera. Si no les mata el coronavirus, mueren en un aborto clandestino o en un crimen de odio.


Sin ir más lejos, también se suma el riesgo de los recortes en los tratamientos hormonales -comandado por el FMI-, que comenzó a fines del macrismo y se profundizó durante la pandemia, dejando sin posibilidad a las personas de comenzar sus tratamientos hormonales, o de poder continuarlos, con lo riesgoso que eso es para sus vidas.


La lucha por trabajo genuino más vigente que nunca


Ante el incremento de los travesticidios y transfemicidios y la situación de emergencia en la que se encuentra la población travesti-trans, junto a Romina Del Plá en la banca del FIT, hemos presentado un nuevo proyecto de ley de Inclusión Laboral Trans actualizado al contexto de pandemia. Este proyecto, que fue cajoneado sistemáticamente por gobiernos peronistas y kirchneristas, clarifica la necesidad de una inclusión real de la población travesti-trans, no solo en el ámbito laboral, sino también en la salud, en lo educativo y en el acceso a un plan de viviendas, contemplando a la salud como una cuestión integral.


Les compañeres travesti-trans son sistemáticamente violentades y criminalizades en situación de prostitución, y muchas veces, hasta por las mismas fuerzas de seguridad.


En este contexto de cuarentena obligatoria, les compañeres sufren doblemente la persecución policial con la excusa de “violar la cuarentena”, cuando es la única fuente de ingresos que tienen, mientras que el Estado y los gobiernos no hacen más que brindar un IFE, al que la mayoría de la población desocupada no tuvo acceso y crean ministerios para hacer demagogia a la vez que devalúan nuestros reclamos.


Por un 28J de lucha


Desde la Agrupación Lgbt 1969, que debe su nombre a los acontecimientos de Stonewall, llamamos a tomar de espejo la independencia política y la acción directa contra el Estado represivo que adquirió esos días el levantamiento.


Ante el vaciamiento de los espacios de organización dirigidos por organizaciones asociadas al gobierno nacional, llamamos al conjunto del FIT-U, a todas las organizaciones y al activismo independiente, a movilizar el día lunes 29 con distanciamiento social en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad por todos nuestros reclamos, para que este día, se convierta en una fecha de lucha que alce las reivindicaciones de todo el movimiento Lgbt+.


Seguimos reclamando por trabajo genuino para la población travesti-trans, de la mano de la aplicación efectiva de la ESI laica y científica en todas las escuelas, junto a una transformación social de raíz, que nos permita la elección autónoma de nuestras identidades sin ningún tipo de discriminación, exclusión ni violencia.



 

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Córdoba: a 18 años de la masacre de Avellaneda habrá marcha y acto

El próximo 26 de junio, al cumplirse un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, en Córdoba se desarrollará un corte de puente, marcha y acto para decir en las calles: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán presentes, juicio y castigo a los responsables. La actividad tendrá inicio a las 16 horas con el corte del expuente Centenario, que las organizaciones le pusieron el nombre de los dos compañeros caídos por la represión estatal de hace 18 años.


Luego del corte, se marchará hacia Colón y General Paz en donde se leerá un documento común. Un primer texto de convocatoria a la actividad ya delineó las bases de lo que será una denuncia a la impunidad con la que contaron los responsables políticos del asesinato de nuestros compañeros de lucha. En ese sentido, la convocatoria impulsada por organizaciones de lucha, fijó entre las consignas principales la exigencia de cárcel a Felipe Solá, contra la represión, el ajuste y la deuda.


La convocatoria de este 26 de Junio se da en momentos en que se está descargando un ajuste brutal sobre el pueblo trabajador para favorecer a los mismos intereses políticos y sociales que los compañeros Maxi y Darío denunciaron hace 18 años.


No es casualidad que en el gobierno nacional se encuentran máximos responsables de la masacre de Avellaneda como el ahora canciller Felipe Solá, que en el 2002 era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vale señalar que Aníbal Fernández siempre gozó de la impunidad del poder, por eso también esta impune de la responsabilidad que le cabe por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra


Todos estos compañeros marcaron una perspectiva de lucha y organización. Por eso viven en la continuidad de la lucha contra el régimen hambre y represión al servicio del FMI. 18 años después la lucha continúa, Maxi y Darío presentes, ahora y siempre.


Entre las primeras organizaciones convocantes a la acción de lucha se encuentran el Frente Popular Darío Santillán, Mplt (Movimiento Pueblo, Lucha y Trabajo), Izquierda Latinoamericana Socialista, Agrupación Montoneros Córdoba, Venceremos, Polo Obrero, Partido Obrero, OLNyS Fogoneros-MTR Votamos Luchar, Pañuelos en Rebeldía, Prml, Frente Arde Rojo (FAR) en Marabunta, Correpi.

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23/06/2020

El “banderazo” viene de adentro del gobierno

El sábado 20 se produjo el llamado “banderazo”, que no fue un homenaje a la enseña nacional ni a su creador el día que se cumplía el segundo centenario de su muerte. Fue propiciado y organizado fundamentalmente por las organizaciones capitalistas del campo agrupadas en la llamada Mesa de Enlace, incluida la Federación Agraria Argentina, para rechazar el intento de expropiación de Vicentin que había anunciado Alberto Fernández -cabe recordar que fue siempre planteada por el presidente como un salvataje, solo apuntaba a una parte de los negocios del grupo e implicaba un pago a los vaciadores al mejor estilo de la “estatización” de YPF.


El banderazo fue convocado para un día después de que el propio presidente aceptara la variante planteada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de una intervención acordada ante la justicia con el objetivo de rescatar la empresa, llevada a la quiebra por el grupo Padoán-Vicentin.


La movida del 20 apunta a que la salida, aun no resuelta por la justicia, deje la injerencia estatal limitada a establecer los recursos para el rescate de la empresa sin que esto implique un avance sobre los derechos capitalistas de propiedad, ni en Vicentin ni en ninguna otra empresa que deba ser rescatada en un cuadro donde las quiebras afloraran por decenas. No por nada se presentó la jornada como el levantamiento ciudadano en defensa de la propiedad privada.


Todo esto revela desde ya que la suerte de Vicentin no está aún resuelta y que puede todavía correr mucha agua bajo el puente.


Lo cierto es que el gobierno dio marcha atrás, en los hechos, a la intervención (el proyecto de ley no llegó al Congreso, ni se lo conoce) y Alberto Fernández se acopló al plan Perotti.


¿Qué llevó a Alberto Fernández a abandonar el planteo de la expropiación?


Según algunos medios, que hicieron del rechazo al DNU presidencial y al proyecto de ley nonato para que el Estado se quedara con Vicentin una causa propia, como es el caso de Clarín, La Nación e Infobae, Alberto Fernández habría sido derrotado por la magnitud del rechazo a la “126” (así bautizaron el proyecto oficial) que las organizaciones del campo supieron organizar, o sea que habría sufrido la misma suerte que el gobierno de CFK con la 125 en 2008 cuando fracasó en el Senado en la aprobación de la resolución que aumentaba las retenciones a la actividad agropecuaria. Habría que recordar que Fernández, Alberto, en ese entonces estuvo entre los que la rechazaron.


Presentar al banderazo como “histórico” (La Nación), cuando su adhesión fue raquítica, sobre todos en las ciudades, para emparentarlo con las movilizaciones multitudinarias contra la 125 tiene el evidente propósito de que quede claro que la burguesía está dispuesta a marcarle la cancha al gobierno. No sería la primera vez: el impuesto a las grandes fortunas junta polvo en los cajones del congreso; la “idea” de Fernanda Vallejos de sumar al Estado como socio de las empresas a las cuales les da asistencia no llegó siquiera a cobrar forma, y la “soberanía alimentaria” que justificaba la expropiación de Vicentin quedó pérdida mucho antes del plan Perotti. Tampoco es necesario recurrir a grandes movidas populares para ello, basta con retener los dólares de la soja para forzar una devaluación, fugar capitales, etc., sin olvidar que son el vehículo de las presiones de los fondos de inversión para que el gobierno mejore (o sea empeore para la Argentina) la oferta de arreglo de la deuda. La clase capitalista tiene una larga práctica en estos menesteres.


La oposición patronal de derecha (Cambiemos) pretende colgarse del rechazo a la expropiación de Vicentin para darle una representación política, cree encontrar una brecha para recuperar un protagonismo perdido. Pero la representación de los intereses del “banderazo” está dentro de la propia coalición gobernante.


Recalculando


A partir del momento en que Alberto presentó el plan de expropiación (para “rescatar a la empresa”) rodeado del futuro interventor y de la senadora camporista por Mendoza, Fernández Sagasti, el operativo para desarmar la iniciativa expropiadora, incluso en su versión más light, se puso en marcha desde las mismas filas del oficialismo.


A la cabeza estuvo abiertamente el gobernador santafesino, pero contó con el apoyo de Schiaretti, Sergio Massa y, según algunos medios, hasta del propio ministro de Agricultura, que junto a Martín Guzmán reconocieron desconocer previamente la iniciativa. Hay que destacar que la defensa acérrima de la expropiación quedó en sectores marginales del oficialismo. La posibilidad de que el proyecto fracasara en el Congreso porque el oficialismo no juntaba a su propia tropa cada vez era mayor.


La decisión de acatar con tanta rapidez la resolución de un desconocido juez del norte de Santa Fe solo se entiende porque para el propio Fernández esta es un salvavidas para evitar recular y enterrar él mismo su anuncio (estallando así una crisis abierta  por el propio gobierno y para más en el medio de la negociación de la deuda). La burguesía no lo hubiera tolerado porque necesita que el gobierno llegue con rapidez, a cualquier precio, a un acuerdo con los bonistas que le abra el mercado de capitales para volver a endeudarse.


La idea de que Alberto se apresuró a lanzar la expropiación acicateado por CFK, que quería impedir que Vicentin pasara a un grupo guiado por Manzano, cobra fuerza; el carácter de una conducción bicéfala del gobierno ha vuelto a ser puesta de manifiesto y revela que el gobierno se maneja con una cuota de fuerte improvisación y sometido a las presiones que trasmiten los propios integrantes de la coalición oficial.


Las “banderazos” opositores y oficialistas tienen también otro sentido. La quiebra del Grupo Vicentin sacó a luz un manejo cuasi mafioso de la principal actividad económica del país (la agropecuaria) y no solo eso sino también el manejo del sistema bancario y sobre todo del Banco Nación. Créditos discrecionales, contrabando, fuga de divisas, especulación para establecer el valor de la moneda (devaluación), acaparamiento de productos y por supuesto una alta cuota de superexplotación y abusos sobre los trabajadores, es lo que sucede con la riqueza que se produce en el país y a la cual los gobiernos nos llaman a defender aun a costa de la propia miseria del pueblo argentino. Todo esto abonado por el control de los puertos y por el sector más vital del comercio exterior del país.


La política del Partido Obrero y el Frente de Izquierda


¡Qué oportunidad para meter la mano, destapar la olla y proceder en consecuencia! ¿No corresponde ir en una investigación a fondo, abrir los libros y echar luz sobre el negocio de la actividad agroexportadora?, ¿no se impone como salida establecer un monopolio estatal sobre el comercio exterior y el mercado de divisas, dejar sin efecto la privatización de los puertos, para saber qué entra, qué sale, en qué condiciones y a qué precios? Hacer público este negociado es fundamental para desarrollar una salida para el país de acuerdo a los intereses generales. Los gobiernos que se han venido sucediendo, incluso de diferentes signos políticos, abonaron el robo de las riquezas. En esto no ha habido grieta.


En ese sentido se orienta la política del FIT: expropiación sin pago de todos los activos del Grupo, abrir los libros de Vicentin, investigar todo el manejo, lo que va a dejar al descubierto una larga fila de fraudes, poner todas esas medidas bajo el control de los trabajadores. Esto está plasmado en el proyecto que presentaron los diputados del Frente de Izquierda Romina Del Plá y Nicolás del Caño. Los trabajadores tienen que intervenir con un planteo propio, los “banderazos” opositores u oficialistas no los representan y significan un hundimiento aun mayor de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo.




 

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22/06/2020

Juventud: el drama de la precarización y la desocupación

Cómo enfrentarlo.

Como nunca antes en los últimos años, la pandemia del Covid-19 ha colocado sobre la mesa la brutalidad que se descarga sobre la enorme mayoría de la juventud, en nuestro país y en el mundo: el desempleo y la precarización laboral.


Si bien estamos ante un fenómeno para nada novedoso, merece toda nuestra atención porque se desarrolla, incesantemente, a escala planetaria, y en nuestro país alcanza índices explosivos. Organizarnos para enfrentarlo y darle una salida política es elemental, más aun en el contexto de depresión y crisis mundial que se desenvuelve.


La precarización y desocupación en números


Un artículo publicado por Página/12 en septiembre del año pasado (“la falta de trabajo para jóvenes, un problema globalizado”) basado en varios estudios nacionales e internacionales, arroja cifras escalofriantes: en el mundo, según dicho articulo, el año pasado los jóvenes desocupados ascendían a los 64 millones, mientras que otros 145 millones más trabajan pero son pobres por lo bajo de sus ingresos mensuales. Ambos datos son de la organización internacional del Trabajo (OIT). En el caso argentino, los informes de la OIT, basados en la “encuesta permanente de hogares” arrojan que esta problemática se extiende hace mas de 30 años en el país. Focaliza las mayores tasas en 2001, y explica nuevamente su incremento en el 2017, donde tres de cada cinco jóvenes trabajaban de forma precarizada y tan solo uno de cada diez tenía un empleo formal.


Pero no se trata de cargar tintas solo contra gobiernos neoliberales, como sugiere Página/12. Informes desarrollados en el 2004 dan cuenta de que en aquel entonces la proporción de jóvenes desocupados alcanzaba el 40% del total, una cifra temeraria si tenemos en cuenta que en aquel momento los jóvenes constituían solo el 20% de la población activa. Volviendo a la actualidad, un informe del 2019 del Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (Cepe), dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), donde el actual ministro de Educación, Nicolás Trotta ejercía el cargo de rector, coloca cifras pavorosas: en total el 64% de jóvenes trabaja de forma precarizada.


Uberizacion o capitalismo de plataforma


Estas formas de trabajo-explotación contra la juventud se convirtieron en los últimos años en moneda corriente. La falta de empleos hace estragos; del total de desocupados jóvenes actuales tan solo un 10% no busca empleo (mayoría de madres que crían a sus hijos) y la inmensa mayoría hace más de un año que busca y no encuentra. Esto es un caldo de cultivo para que los capitalistas desarrollen a fondo su sed de ganancias más jugosas a costa de la superexplotación juvenil. Así aparecen las “apps” de trabajo y los “fast food”. En el caso de las apps tienen su expresión acabada en los repartidores que “prestan servicios” a Rappi, Pedidos ya, Glovers, quienes tienen que pedalear o repartir en moto extensas jornadas para poder llevarse mil pesos a su bolsillo al final del día. Los peligros a los que son sometidos para entregar en tiempo y forma los productos, junto a las nulas medidas de seguridad e higiene (recrudecidas en la pandemia) han abierto un intenso despertar político de miles y miles de jóvenes en el país y en varios otros, convirtiéndose en un fenómeno mundial de lucha de la juventud contra la precarización laboral. Son las condiciones propias de un régimen capitalista, sumergido en una severa crisis, que no ofrece ninguna perspectiva para la juventud. En el ultimo tiempo más de 35 millones de jóvenes perdieron sus empleos.



Organicémonos (también) desde nuestros lugares de estudio


Ante esta situación, colaborar desde las herramientas sindicales con las que cuenta la juventud, como los centros de estudiantes, es una necesidad. Ocurre que muchísimos estudiantes a la vez son jóvenes trabajadores precarizados o desocupados. Es el caso de la Uuniversidad Nacional de General Sarmiento (Ungs) con una amplia composición obrera, donde el 40% de los estudiantes trabajan bajo la precarización. Por ello, que los centros de estudiantes iniciaran una campaña política por la organización de la juventud precarizada sería un enorme paso adelante. Además de los dramas que representa la virtualidad, la precarización es la otra cara de una misma moneda que empuja a la deserción estudiantil. Sumar a los centros a las luchas de los precarizados y participar activamente en ellas es clave. Como así también brindar asesoramientos legales donde los jóvenes puedan exponer los abusos patronales que sufren y colaborar en la organización efectiva en sus lugares de trabajo. Las Federaciones Universitarias y los centros ligados al Estado, ya sea al gobierno (Jup, Mella, Cepa) o a la oposición de derecha (Franja Morada) hacen la vista gorda frente a esta situación. Están en el mismo campo político que las distintas burocracias sindicales y, con más o menos matices, que el conjunto de la burguesía para garantizar un pacto social contra los trabajadores de acuerdo a las exigencias del FMI, de los bonistas y de la propia burguesía nacional.


Con la UJS, desde la secretaria Obrero-estudiantil de la Fuba bajo nuestra dirección, impulsaremos una fuerte campaña hacia el conjunto de la juventud precarizada en esta dirección, y la replicaremos al interior de cada lugar de estudio en el que intervenimos.


La pelea contra la precarización laboral y por trabajo genuino para la juventud, bajo convenio y con salarios igual al costo de vida, solo pueden ser conquistados con la organización independiente y combativa de la juventud trabajadora, ligada a recuperar sus representaciones sindicales hoy en manos de la burocracia.



 

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22/06/2020

El fallido comienzo de la campaña electoral de Trump

Trump

Contrariando cualquier tipo de indicación sanitaria acerca de la posibilidad cierta de que tengan lugar contagios de Covid-19, Donald Trump comenzó oficialmente su campaña por la reelección, el sábado 20, con un acto en un estadio cerrado en Tulsa, Oklahoma. El acto fue un verdadero tropezón, logrando una convocatoria de solo 6 mil personas que se empequeñecían aún más en un recinto con capacidad para 20 mil, en lo que constituyó toda una metáfora acerca del cuadro político por el que comienzan a transcurrir las elecciones en Estados Unidos.

En su discurso, particularmente desvariado, Trump reivindicó su política ante la pandemia de Covid-19, a pesar de su negacionismo y de que EE.UU. esta al tope en cantidad de decesos e indicó que él, como presidente, siempre iba a defender a los policías cuando todo el país está sacudido por la rebelión antipolicial. No faltaron en el acto banderas alusivas a la esclavista Confederación sureña.

Buena parte de la responsabilidad acerca del vacío en la convocatoria la tuvieron jóvenes usuarios de redes sociales, en particular fans del k-pop y también seguidores de la tik toker “abuela de Tik Tok”, que impulsaron como campaña reservar lugares en el acto para luego no ir; una expresión más de radicalidad política que asoma entre la juventud norteamericana. El contraste entre la presencia prevista por los organizadores de la campaña del magnate (100 mil personas) y la realidad fue abismal.

 

 

 

Sin embargo, las causas de la baja movilización no se agotan allí. A diferencia de lo ocurrido en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2016, los planteos de Trump no están suscitando una movilización política de la que fuera su base social. Al desbande sanitario fruto de la cuasi inexistencia de un sistema público de salud y de la decisión de continuar con la actividad económica prácticamente sin límites se le suma un cuadro político y social crítico. El plan político oficial, teóricamente centrado en “proteger el empleo estadounidense”, ha llevado a la mayor tasa de desocupación desde que iniciara la crisis mundial en 2008 y que llega al 25% si consideramos el subempleo. El eje autoritario de su política se encuentra completamente cuestionado por la masividad de la movilización popular, que estalló tras el asesinato de George Floyd, que no pudo ser derrotada por la represión y que por el contrario ha llevado al propio Trump a improvisar una pose reformista sobre el accionar policial.

https://prensaobrera.com/internacionales/trump-el-nuevo-abanderado-de-las-reformas-policiales/

El vacío en la convocatoria, finalmente, se debe al progresivo aislamiento de Trump en relación al establishment político e incluso al interior del propio partido republicano. Semejante traspié debería ser imposible para la fuerza política que dirige el Estado yanqui, la mayor maquinaria de espionaje e inteligencia del mundo. Este aislamiento se viene procesando a través de otros hechos, como la negativa del Pentágono a volcar las fuerzas armadas a la represión interna e incluso ante reiterados fallos contrarios a Trump por parte de la Corte Suprema, como la prohibición de realizar despidos por orientación sexual o la limitación para expulsar inmigrantes que hubieran llegado al país siendo menores de edad traídos por sus padres, lo que ocurrió incluso con votos de jueces designados por el presidente. Una reciente encuesta difundida por Fox News (una cadena oficialista) indica una ventaja del candidato demócrata Joe Biden por sobre Trump de 12 puntos (Financial Times, 22/6).

 

La crisis que se vislumbra en la perspectiva reeleccionista, de quien hace solo cuatro años expresaba una tentativa de revertir la crisis económica mediante una política abiertamente chauvinista y autoritaria, debe ser advertida por la clase obrera y la juventud como una expresión del impasse por el que atraviesa el imperialismo estadounidense y el capital en general para proceder a poner en pie una alternativa política propia.

https://prensaobrera.com/internacionales/rebelion-en-ee-uu-el-pueblo-de-seattle-expulsa-a-la-policia-y-crea-una-zona-autonoma/

 

 

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22/06/2020

Latam, el gran extorsionador

No al preventivo de crisis: expropiación sin pago ya.

Latam se ha transformado en la vanguardia de la ofensiva capitalista sobre los trabajadores.


Desde antes de implantada la cuarentena anunció que decidía, unilateralmente, rebajar un 50% los salarios ante el escenario probable que planteaba la pandemia.


Fue el inicio de una verdadera campaña sobre los trabajadores para obligarlos a firmar, de manera individual, la aceptación de semejante ataque a los ingresos con el método de las “reuniones” online donde se avisaba que si era necesario violar las leyes, lo harían.


Los viernes es el día de los comunicados catastrofistas, como para arruinar los fines de semana, matizados con las informaciones de aceptación de descuento salarial “voluntario” en toda la región latinoamericana, que sin embargo no sirvieron para frenar los mas de 4.000 despidos. Finalmente el acogimiento a la ley de quiebras en EE.UU.


La campaña fracasó a pesar de la inmovilidad completa de los sindicatos aeronáuticos que dejaron pasar los días sin organizar siquiera una reunión virtual. Los trabajadores por amplísima mayoría rechazaron firmar, resistiendo los aprietes de la patronal a través de llamadas telefónicas a cada trabajador. Finalmente el “portazo” de anunciar el cierre de la filial argentina lo que dejaría en la calle a 1.716 compañeros. ¿Otra bomba de humo?


Las condiciones de Latam


En un texto de 61 paginas presentado al Ministerio de Trabajo se conocieron las “condiciones” de Latam para permanecer en el país. Para “fundamentar” su pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis Latam responsabiliza a los trabajadores por no aceptar la polifunción, la flexibilización de turnos y horarios, la reducción de los tiempos de descanso, el incremento de la carga de trabajo, atendiendo a un mismo tiempo varios vuelos, chequeando tickets y cobrando pasajes.


Para cada sector (tripulaciones, técnicos, check in, cargas, etc.) la patronal desarrolla un ataque a fondo a las condiciones de trabajo. Además elimina derechos vacacionales, francos compensatorios, rotaciones. Establece la categoría de “aspirante” a la manera del “empleo joven” sin derechos por un año.


Por supuesto que Latam no se compromete a conservar los puestos de trabajo ni a respetar el pago íntegro de salarios, pero quiere mantener las rutas internacionales que controla en el país.


Maniobras y vaciamiento


El objetivo del preventivo de crisis es producir un retroceso histórico en las condiciones de trabajo y ahorrarse la doble indemnización para los despidos masivos. Mientras tanto efectiviza la fuga de aviones argentinos con la “vista gorda” de la Asociación Nacional de Aviación Civil.


Su plan B sería “vender” Lan Argentina al fondo de inversión norteamericano con sede en Chile, Indigo Partners, que posee 400 aviones nuevos, es propietario de Jet Smart y tiene aceitadas relaciones con el gobierno de Piñera, exdueño de Latam.


Jet Smart es la hiper low cost, que se quedó con la filial de Norwegian en Argentina con el solo objetivo de apropiarse de sus frecuencias y operaciones en Aeroparque, lo que hoy está bloqueado por la paralización de los vuelos.


La colonización de los espacios aéreos de la región tiene también como jugador de peso a Delta que ya controla el 20% de Latam, siendo su principal accionista.



Las tareas del activismo


Si Latam no alcanzó aún sus objetivos es porque la sorda resistencia de los trabajadores se lo viene impidiendo.


Aunque formalmente antipatronal, la burocracia del frente gremial es tan funcional a Latam como los gremios de empresa de técnicos y pilotos que dejaron pasar la rebaja salarial y se jugaron a fondo para quebrar la voluntad de lucha expresada en la asamblea de 300 compañeros que votaron, por unanimidad, movilizarse el viernes 19 al Ministerio de Trabajo.


Esta importantísima iniciativa de los delegados combativos de APA no debió levantarse a último momento como sucedió y menos para convalidar el planteo burocrático de “no entorpecer las negociaciones”. Es necesario denunciar los aprietes que sufrieron por parte de la burocracia de APA, ya que son los principales responsables de mantener a los aeronáuticos paralizados.


Hay que retomar este tipo de iniciativas. Ya lo están haciendo los compañeros de Austra, con una movilización prevista para mañana martes. No hay que subordinar las decisiones de las asambleas a los intentos frenadores de las burocracias aeronáuticas. Llevemos hasta el final los mandatos de lucha.



 

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Urge convocar asambleas resolutivas y un plan de lucha como en el Garrahan.
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22/06/2020

Córdoba: jornada nacional de lucha por la defensa de las jubilaciones

En Córdoba, las organizaciones de jubilados se concentraron frente a la Caja de Jubilaciones.

Como continuidad del plan de lucha dispuesto el 29 de mayo, aniversario del Cordobazo, las organizaciones de jubilados y activos nos convocamos nuevamente el 22 de junio frente a la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones para denunciar el robo de Juan Schiaretti a las jubilaciones de los cordobeses. Previo a la concentración, presentamos ante las conducciones de los gremios aportantes a la Caja una Carta abierta para exigir a las centrales obreras que sean parte del plan de lucha establecido por los jubilados y que convoquen un paro provincial. La legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda se hizo presente y tomó la palabra para respaldar las resoluciones de la convocatoria. Fuimos parte, así, de la jornada Nacional de lucha contra la anulación de la movilidad jubilatoria que lleva a que la inmensa mayoría de los jubilados cobren la mínima de 16.842 pesos. En Rosario y Córdoba, la actividad se desarrolló de manera presencial y en Buenos Aires a través de facebook.


En la actividad se denunció no solo el ataque que Schiaretti descargó sobre las y los jubilados con la aprobación exprés de la ley destruyendo la Caja y régimen provincial sino también el ajuste que viene descargando sobre los activos. Peligra el pago completo y en tiempo del aguinaldo para los trabajadores de la provincia, que aún no tiene fecha de cobro, y el intendente Martín Llaryora recortó el salario de los municipales, entre una seguidilla de ataques al convenio de los trabajadores del municipio de la capital cordobesa, por lo que se suceden movilizaciones de miles cada semana. El ajuste sobre activos y pasivos es una política que el gobierno provincial desarrolla con el mismo lineamiento que Alberto Fernández: la descarga de la crisis sobre las espaldas de la clase obrera para cumplir con los compromisos del FMI y el pago de la deuda fraudulenta y corrupta.



En Córdoba, mientras el secretario de la CGT, José Pihen, legislador provincial del PJ y secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, se jubilará con un haber de privilegio de más de 250 mil pesos, las jubilaciones del resto de las y los trabajadores caerán drásticamente. Las conducciones de los gremios estatales aportantes a la Caja denuncian el golpe artero del gobierno pero habilitaron el proceso de vaciamiento de la Caja con la rebaja de los aportes personales, la aceptación de la precarización laboral, etc. Las caravanas de cuerpos orgánicos de la CGT o los “tijeretazos” de la Upec no son más que la expresión de conducciones ligadas a las políticas del gobierno, que intentan exculparse de su pasividad y entrega. Por el contrario, las intervenciones de los presentes señalaron esa responsabilidad y votaron un plan para continuar la lucha, convocando una movilización de activos y pasivos el próximo miércoles 15 de julio hacia la Casa de gobierno.




 

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22/06/2020

Avanza la organización en el Instituto Superior de Formación Docente N°113

Primeras victorias, nuevos desafíos

A casi cien días de comenzado el aislamiento obligatorio en la provincia de Buenos Aires, las complicaciones para sostener la cursada en el marco de la pandemia se incrementan. San Martín es uno de los distritos más golpeados.


Desde el Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 113 nos hemos puesto a la cabeza de la organización estudiantil en pos de defender nuestra cursada. Desde el principio hemos lanzado campañas con ese norte, haciendo petitorios, encuestas y relevamientos para poder identificar los principales problemas estudiantiles, poniendo de manifiesto los límites que tiene el Consejo Académico Institucional (CAI), políticamente alineado con el Municipio, que es uno de los responsables -junto al gobierno provincial y nacional- del ajuste sobre la educación.


Después de varios intentos, el jueves 18 logramos por primera vez participar de una reunión del CAI, ya que se venían dando a puertas cerradas. Allí mencionamos por un lado la resolución 2/2020 de la Dirección provincial de Educación Superior (DES), la cual comunica que el ciclo 2020 no contará como vencimiento de las cursadas, siendo una gran conquista para todes les estudiantes.


Por otro lado, hicimos referencia a la resolución de la DES sobre las mesas de finales pendientes, las cuales serán evaluadas en agosto. Dicha resolución es consecuencia de una lucha sistemática de la UJS y del movimiento de estudiantes independientes, para que les compañeres que así lo decidan puedan dar finales o recibirse y que el presente contexto de pandemia no les limite. Sin embargo, hay que organizarnos para que en estos finales no se vulneren nuestros derechos como estudiantes. Hay que exigir que, si las mesas son mediante soportes virtuales, estas puedan contar, en caso que el alumno que debe rendir lo solicite, con la presencia de integrantes del centro de estudiantes u otre estudiante elegido por él.


Además, si se va a evaluar un trabajo escrito final, se deben dar las pautas y correcciones en tiempo y forma para poder presentarlo. También se deben conformar tribunales evaluativos en los casos que se produzcan conflictos.


A pesar de los avances logrados, se presentan nuevos desafíos con respecto a las materias promocionales. Según la misma resolución 2/2020 que ya mencionamos más arriba, se quitará la promoción de las materias. Frente a nuestro señalamiento crítico de este punto en la reunión del CAI, la sorprendente respuesta de las autoridades fue que “nos estaban sacando un beneficio, pero nos daban otro como los finales”. Por eso desde la presidencia del Centro de Estudiantes, junto a les estudiantes independientes, vamos hacia un enorme plan de lucha para que no quiten la promocionalidad.


Sigamos organizándonos


Para que todo esto se pueda dar, es necesario seguir profundizando espacios de debate para que les estudiantes podamos participar y plantear todas nuestras problemáticas. Por eso desde el centro no sólo impulsamos reuniones virtuales y asambleas, sino que venimos exigiendo que las reuniones del CAI sean abiertas, ya que este organismo hoy en día sigue deliberando a puertas cerradas y sin la máxima representación estudiantil, con la excusa de que hay temas del CAI que son “confidenciales”.


Finalmente, si bien las primeras victorias, producto de la organización independiente son fundamentales para nuestra cursada, debemos seguir dando una enorme pelea para que no se quiten las promocionales, impulsar en conjunto el petitorio para que se garantice el Servicio Alimentario Escolar (SAE) para todes les estudiantes que lo necesiten, continuar exigiendo la reapertura y el aumento a $10.000 de la Beca Progresar, y conseguir las Netbook para distribuirlas entre les estudiantes que no dispongan de algún medio tecnológico para la cursada.



 

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Rosario: la policía detiene y tortura a jóvenes por jugar a la pelota

Un informe presentado por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos de Rosario reveló el martirio que vivió todo el barrio Casiano Casas cuando una veintena de móviles policiales desplegó una obscena y violenta persecución contra lxs vecinxs, porque un grupo de jóvenes y niñxs estaba jugando a la pelota en la canchita (de Casiano Casas y Larrechea). Hubo heridos y detenciones.


Cuatro personas fueron detenidas y trasladadas a la seccional 10, incluyendo un menor de edad. Una vez allí sufrieron en carne propia la prepotencia y la impunidad de la policía de Santa Fe. Maltratos, golpizas, apremios y actos de tortura, que derivaron en que un joven quedara con fracturas de nariz y costillas. Se los aisló totalmente, sin dar intervención al servicio público de defensa penal ni permitirles contratar un abogado particular. Quedaron incomunicados y a merced de una policía conocida por sus abusos de poder.


Uno de los abogados de las organizaciones que difundió el mencionado informe sostuvo que “en ese raid represivo capturaron solo a uno de los pibes que estaba jugando al fútbol, que fue el que se llevó la peor parte. También aprehendieron al primo de este chico, que solo se había acercado para ofrecerle el DNI y el barbijo, y a la madre que salió a interiorizarse con lo sucedido. Por último, el cuarto detenido es alguien que solo estaba mirando”.


La juventud de los barrios y villas más empobrecidas de Rosario, además de sufrir el desempleo, la precarización laboral y la pobreza, sufre los abusos de la policía de Santa Fe, que bajo la excusa de “hacer cumplir de cuarentena” han comenzado una avanzada en los barrios. Muestra así el poder que han cosechado fruto de sus estrechos lazos con las bandas delictivas que operan y hacen estragos en la región.


Desde el Partido Obrero repudiamos este y todos los atropellos de los que son víctima la juventud y les trabajadores en manos de las policía. Reclamamos el juicio y castigo a los responsables. Basta de militarización y represión.




 

22/06/2020

Córdoba: un caso de trata y revictimización

Está involucrado un funcionario judicial. Familiares denuncian irregularidades e inacción del Estado, y habrá concentración en Tribunales para exigir justicia.

En un estado de desesperación, familiares y amigxs de “Nora”, una joven de 20 años, denuncian trata de persona y exigen respuestas. La justicia, lejos de proteger a la víctima, la dejó a merced del acusado, un alto funcionario del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Es por eso que, junto a la Asamblea #NiUnaMenos de Córdoba, convocan a una concentración para impedir la revictimización de la mujer y exigir que la investigación avance.


“Nora” ha estado con tratamientos por adicción a la cocaína desde 2018 de forma voluntaria. A pesar de los altibajos, podía verse en ella un espíritu de superación; un ejemplo es haber participado como actriz, en ese período, de un festival internacional de teatro en Ecuador. En 2019, comenzó a vincularse con el ya señalado individuo, un hombre mucho mayor que ella (50), quien se acercó con invitaciones a consumir: le enviaba fotos de cocaína por chat e insistía constantemente para que se encuentren; incluso fue a buscarla a su casa a pesar de que “Nora” se negaba.


Al poco tiempo, ella se fue aislando en un departamento que el hombre tenía, volviendo muy esporádicamente a su casa familiar por ropa y comida. Sin celular propio, solo se comunicaba a través del móvil del susodicho. Abandonó los proyectos de terminar el secundario y el tratamiento por adicciones. También dejó el trabajo de delivery que tenía, por lo que pasó a depender económicamente del individuo, que además le habilitaba crack, lo que empeoró su adicción.


El cuerpo y la psiquis de la mujer se fueron deteriorando. Adelgazó de forma preocupante. Ha llegado a la casa de su familia con lastimaduras, quemaduras de cigarrillos en la espalda, rengueando y sucia. Allí reveló que este individuo la llevaba a fiestas para que tenga relaciones sexuales con amigos de él y luego la pasaba a buscar. También ha contado que lo acompañó a visitar “narcos”, aclarando que no sabía si iban “a comprar o a vender”.


El relato de la familia coincide con la definición de Trata encuadrada en la Argentina bajo la Ley 26364, en lo referido a la captación mediante la situación de vulnerabilidad, determinada en este caso por la adicción de “Nora” a la cocaína. La situación es más grave si se confirma la explotación sexual de la víctima, algo que en la mayoría de los casos tiene conexión.


Revictimización y protección del victimario


Después de peregrinaciones por oficinas de la justicia y organismos de salud pública, finalmente la familia consiguió que la Fiscalía Federal N° 2, frente a la denuncia por trata de persona, emitiera la orden de allanamiento al departamento donde estaba “Nora”. A partir de ello, el 5 de junio, comenzaron a detectar las irregularidades.


A “Nora” no la revisó ningún médico forense para dar cuenta del estado de su cuerpo. Fue trasladada al Hospital Neuropsiquiátrico para que profesionales del Ministerio de la Mujer hagan una evaluación de riesgo. La entrevista fue breve y al escuchar que se trataba de una “relación romántica” la dejaron ir, no sin antes habilitarle un teléfono para que retomara contacto con el entorno del denunciado. Asimismo, luego del allanamiento, se desconoce el paradero del DNI de “Nora”. En este sentido, la situación reúne mayor gravedad, ya que al sustraerse la identidad de la mujer, el flagelo y el riesgo de que desaparezca son mayores.


No obstante, gracias a la presión de sus familiares y amigxs, “Nora” fue llevada al Instituto Provincial para el Alcoholismo y la Drogadicción (Ipad), donde la internaron.


A quien sí se encargaron de proteger es al acusado, ya que no le secuestraron el teléfono celular como evidencia y, a pesar de encontrar gran cantidad de cocaína y sustancias para fraccionarla, quedó en libertad. Así, este individuo se encargó de amenazar violentamente a la familia, por mensajes de audio, durante toda una noche, culpándolos por el allanamiento e indicando que iría a la casa “con gente” y entraría “por la fuerza”. Sin embargo, la justicia no ha tomado cartas sobre el asunto.



La vida de “Nora” está en peligro


Ante la posibilidad de que “Nora” salga del Ipad y vuelva a relacionarse con su victimario, o desaparezca, la familia ha intentado conseguir una orden de restricción, pero es demorada por la burocracia y la mala información que le brinda la fiscalía. El desamparo es total, porque no se ha respetado ningún protocolo de intervención que proteja la integridad física y psíquica de la víctima. Aunque la mujer manifieste haber actuado con consentimiento, esto no puede anular la investigación, más teniendo en cuenta su evidente vulnerabilidad por las drogas.


Como ya lo venimos señalando, la trata de personas no podría ser posible sin la complicidad y/o participación de gobiernos, funcionarios y policías, que hacen la vista gorda frente a los burdeles y prostíbulos, o la movilidad de miles de personas secuestradas entre diferentes países. Por esto el Plenario de Trabajadoras, junto con la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba, se suma a la concentración en Tribunales Federales, prevista para este martes 23 de junio a las 11 horas, para exigir la protección de “Nora” y su familia; que la investigación avance contemplando todos los medios de prueba: fotos, teléfonos, testigos, etc.


La trata de personas es un enorme negocio ilegal, que funciona a nivel mundial, afectando principalmente a las regiones más pobres. Según la ONU, se estima que este negocio mueve 32 billones de dólares al año. Dos terceras partes de las víctimas detectadas son mujeres y el 79 % fue para explotación sexual. En Córdoba, Yamila Cuello, víctima de la trata, está desaparecida hace más de 10 años. El movimiento de mujeres exige su aparición, así como justicia para Nora, desmantelamiento de las redes de trata y Ni Una Menos, el Estado es responsable.


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22/06/2020

Con el programa Potenciar Trabajo, se precarizan aun más las tareas de cuidado

Días atrás, el gobierno nacional volvió a anunciar el lanzamiento del programa “Potenciar Trabajo”, que pretende unificar los dos planes sociales vigentes y otorgarles tareas a sus beneficiarios en el sector de la construcción, la producción de alimentos, textil, reciclado y economía del cuidado.


El monto de los planes sociales al día de hoy es de $8.500; mediante la inclusión de sus beneficiarios al citado programa, pasarían a percibir un salario mínimo vital y móvil ($16.875). Es decir que, en un contexto de inflación galopante y crisis económica y sanitaria, los sectores más vulnerables de la sociedad continuarán percibiendo ingresos de miseria, sin aportes a la seguridad social, sin acceso a una obra social y trabajando en condiciones por fuera de los Convenios Colectivos de Trabajo de las distintas ramas, de manera totalmente precaria. Algo que además va a implicar que los salarios de las actividades involucradas se deprecien, ya que las patronales preferirán, con la intermediación y el subsidio del Estado, contratar estos trabajadores precarizados, sin gastos.


Dentro de las tareas a desarrollar a través de este programa se encuentran las de cuidado, englobando actividades como el cuidado y asistencia de niños, enfermos, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad; las tareas domésticas y el apoyo escolar.


Estas labores se encuentran reguladas en diferentes convenios y normativas. Por ejemplo, las domésticas y de asistencia y cuidado de personas por la ley 26.844, que fuera sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y establece, al día de hoy, un salario mínimo por 48 horas de trabajo semanales de $17.150. Se trata de una norma que se encuentra por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, y mantiene en condiciones de precariedad a una tarea que es realizada en su gran mayoría por mujeres de los sectores más vulnerables de la población. De incluir este tipo de tareas en el programa, se abriría la puerta a que se retroceda aún más en materia de derechos, ya que se llevarían a cabo en la total informalidad y por salarios más miserables que los estipulados legalmente.


Otra puerta que abre es en relación a la asistencia de personas enfermas o con algún tipo de discapacidad. Podría intentar incluirse el servicio de enfermería o diversas tareas del sector salud que hoy pelean por su reconocimiento como profesionales y por convenios que regulen su actividad. Lo mismo sucede con el apoyo escolar, que en gran medida es actualmente realizada por docentes que deben salir a realizar “horas extras”, porque su salario no alcanza a cubrir la canasta básica.


Mientras que las tareas de cuidado dentro del hogar son históricamente invisibilizadas y no remuneradas, la “solución” que proponen tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de la Mujer es la de sobreexplotar a mujeres que se encuentran en condiciones aún más vulnerables, y que deberán cumplir con estas tareas por sumas miserables y en negro.


En contraposición al plan precarizador del gobierno, es preciso que se reconozcan las tareas de cuidado a través de salas de cuidado de calidad para personas mayores y jardines materno-paternales en los lugares de trabajo y estudios, con trabajadoras con salarios iguales a la canasta familiar, jornadas de trabajo legales y bajo condiciones laborales de convenio.


La salida para poner fin a esta explotación y permitir la emancipación de las mujeres es colectiva, y requiere de una reorganización económica y social atada a las necesidades de las explotadas y explotados.




 

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22/06/2020

El capítulo decisivo de un nuevo pacto buitre

La renegociación de la deuda externa ingresó al capítulo definitorio. Con el vencimiento por 566 millones de dólares del bono Discount, el 30 de junio, se abre un período de gracia de un mes antes de que puedan acelerarse las presentaciones judiciales para resolver el asunto en los tribunales de Nueva York. El gobierno de Alberto Fernández fue arrinconado por los BlackRock, en función de hipotecar el futuro del país.


A diferencia del vencimiento incumplido de fines de abril, el bono que vence ahora carece de las denominadas “cláusulas antibuitre” -que básicamente obligan a contar con una porción importante de los tenedores del bono para recurrir a los tribunales. Este dato importa porque en esta etapa es justamente la imposición de cláusulas legales favorables a los bonistas lo que se coloca en el centro de la negociación, toda vez que la oferta de Martín Guzmán ya arrimó de manera sustancial los montos de capital e intereses que reclaman los comités de acreedores.


En este punto, los fondos reclaman que los bonos que se emitan para la reestructuración de la deuda tengan cláusulas “más estrictas”. Toman como modelo los emitidos por el gobierno de Néstor Kirchner en 2005 (como el Discount en cuestión), los cuales exigen que para poder concretar una renegociación en el futuro el 75% de los acreedores debe aceptar ingresar al canje -a diferencia de lo que sucede con los títulos emitidos bajo el gobierno de Macri, que bajan ese piso hasta un 50%.


Esta paradoja para cualquier kirchnerista sirve a su vez para ilustrar un aspecto más esencial, que no se reduce solo a evidenciar el carácter colonial de la salida nac&pop al default de 2001 -y la farsa del relato del “desendeudamiento”. Se pone de manifiesto que una parte sustancial de la deuda que se renegocia ahora proviene a su vez de rescates anteriores. Lo mismo vale para los títulos emitidos por el macrismo para pagar el acuerdo con los fondos buitre. El hecho de que cada pacto buitre conduzca a un nuevo quebranto nacional retrata cómo la deuda usuraria y fraudulenta opera como mecanismo de sometimiento del país al capital financiero internacional y al imperialismo.


Este aspecto queda más claro con la predisposición de Fernández y Guzmán a aceptar la incorporación de “endulzantes” a la oferta de canje, que hipotecan el futuro de la economía nacional. Trascendió que la propuesta de un cupón atado a las exportaciones no se reduciría a las agropecuarias sino que abarcaría a todas las ventas al exterior. Por otro lado, el cupón PBI que plantea BlackRock establece que las estadísticas sean elaboradas por el FMI, es decir que el organismo tutelaría de manera permanente las cuentas nacionales -como establece el famoso artículo IV de su estatuto. Otra opción sería la incorporación de un cupón asociado a la baja del riesgo país, lo que lisa y llanamente significa que se gatillaría un pago cuando el JP Morgan considere que Argentina puede tomar nuevos créditos para saldar sus viejas deudas. Sumado a todo esto, los fondos pujan porque se amplíe la lista de activos argentinos sujetos a embargo.


Otro punto importante por el cual presionan los bonistas es que el período de gracia se reduzca a dos años, en lugar de tres. Un artículo de Clarín (21/6) lo cuantifica, asegurando que los fondos buscan que Alberto Fernández deba afrontar el pago de 3.800 millones de dólares antes de dejar la Casa Rosada, como garantía de que el ajuste necesario para el repago será llevado adelante durante su gestión.


Recapitulando, tenemos que el acuerdo que se está tejiendo hipoteca cualquier variable de crecimiento económico con la obligación compensar por ello a los especuladores de Wall Street. Para ello descargarán un feroz ajuste contra el pueblo, capitaneado por el Fondo Monetario Internacional. Los detalles de este plan de ajuste se discutirán en la negociación de un nuevo programa con el organismo, que todavía ni empezó. El robo de la movilidad a los jubilados y el vaciamiento de la caja de la Anses es solo un adelanto de lo que se viene, no un “esfuerzo” momentáneo para darle una salida a la quiebra nacional. Mientras tanto, para colmo, el FMI sigue cobrando: en mayo se le pagaron 316 millones de dólares en concepto de intereses por el préstamo stand by que tomó el macrismo.


Como se ve, la presentación simplista que hace Albero Fernández afirmando que el problema es “dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir” es un encubrimiento. Argentina está en quiebra por el rescate de los fraudes usurarios, que a fin de cuentas dejan al país más hundido en una deuda eterna. Lo prueba el propio gobierno, que mientras cacarea sobre la “sustentabilidad” aumentó en mayo casi 1.600 millones de dólares de la deuda pública, tanto en moneda local como extranjera, después de haber pagado más de 4.600 millones de dólares entre amortización e intereses de deuda durante el mismo mes. El anuncio de que emitirá, a partir de agosto, bonos en dólares para que el gigante Pimco pueda realizar su ganancia en divisas -tras apostar a la bicicleta financiera del carry trade con las exorbitantes tasas de interés del macrismo-, es otra ilustración de lo mismo.


La negociación que el discípulo de Stiglitz anunciaba como un ejemplo de sustentabilidad y una lección contra los fondos buitre, entra en su fase final con el gobierno argentino contra las cuerdas. Lo demuestra la impotencia para frenar las operaciones contra el peso. A pesar de todos los cerrojos que fueron sumando al cepo sobre el dólar, las reservas internacionales brutas del Banco Central han caído cerca de 1.000 millones en mayo. Quienes asumieron prometiendo poner al país de pie están de rodillas ante el capital imperialista, mientras se agudiza la crisis social y sanitaria.


Los trabajadores tenemos que prepararnos para enfrentar la ofensiva que se viene. El único “crecimiento” que traerá mejoras en la vida de las familias trabajadoras es el que partirá de la investigación de estos fraudes contra el país y el repudio de la deuda usuraria. La soberanía nacional para encarar un desarrollo independiente será obra de un gobierno de trabajadores.




 

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22/06/2020

El debate sobre los dichos transodiantes de J.K. Rowling, creadora de “Harry Potter”

Agrupación LGBT 1969

Nuevas expresiones de J.K. Rowling, escritora de la famosa saga Harry Potter, a propósito del colectivo trans causaron en estos días un fuerte rechazo público de muches de sus lectores y artistas relacionados con la saga. La autora, una de las más leídas en el mundo, expresó por varios medios que el género de una persona solo puede estar determinado por su sexo biológico, una postura por la cual se la ha asociado al llamado activismo “Terf” (Feminismo Radical Trans Excluyente).


En Twitter, lo hizo burlándose de una columna publicada en la plataforma Devex en la que se hablaba de “gente que menstrúa”, manifestando estar “segura de que había una palabra para describir a esas personas. Alguien ayúdeme. ¿Wumben? Wimpund? Woomud?” -un juego de palabras dando a entender que es el término “mujeres” (women) el que debería emplearse como sinónimo de “personas que menstrúan”. A su turno, Rowling publicó un extenso artículo en su página web, en el que hace hincapié en su desacuerdo con la nueva asignación de sexo de personas trans, argumentando que ella financia organizaciones con un énfasis particular en las mujeres y los niños víctimas de violencia y abuso familiar y que ello podría “afectar sus causas sociales”. En el escrito –así como en momentos previos de su carrera- manifiesta estar “a favor” del colectivo LGBT, para luego sostener que “cuando se abren las puertas de baños y vestuarios a cualquier hombre que cree o siente que es una mujer y, como dije, los certificados de confirmación de género ahora se pueden otorgar sin necesidad de cirugía u hormonas, entonces estás abriendo la puerta a todos y cada uno de los hombres que desean entrar. Esa es la simple verdad”. Todo un ataque hacia el colectivo travesti-trans.


Estas expresiones se producen luego de que, en diciembre de 2019, Rowling saliese en defensa de la investigadora fiscal Maya Forstater, quien había sido despedida de su trabajo por tuitear contra la propuesta del gobierno británico de reforma de la Ley de Reconocimiento de Género, sosteniendo que “las mujeres trans son hombres con vestidos”.


Entre las celebridades que se manifestaron en contra de las declaraciones de la escritora se encuentra el actor que interpretó a Harry Potter en sus adaptaciones fílmicas, Daniel Radcliffe, señalando que “si estos libros te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad, y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si encontraste algo en estas historias que resonó contigo y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre tú y el libro que lees, y eso es sagrado”. En el mismo sentido se expresaron Emma Watson, que interpreta en las películas a Hermione Granger y numerosos agrupamientos de seguidores de la saga.


La reacción, a su turno, fue criticada en numerosos artículos dirigidos -como se ha vuelto costumbre en estos casos- contra “la dictadura de la corrección política”. Estos comentaristas de derecha se manifiestan nuevamente contra quienes salen en defensa de las diversidades y esconden bajo un manto liberal ideales retrógrado.


Lo cierto es que las justas expresiones de actores, actrices y seguidores son el resultado de décadas de luchas del colectivo LGBT+, y en particular del travesti-trans, que en sus expresiones más radicales e influyentes (como fue la rebelión de Stonewall) fueron contra el Estado, sus leyes y sus fuerzas represivas.


Considerando esa historia, vale lamentar que en el extenso debate haya primado, por parte de los críticos de Rowling, un llamado general a la “tolerancia”, sin mayores referencias a la dura situación que continúa viviendo –y enfrentando- la población travesti-trans, de discriminación y de condena (en una enorme proporción) hacia una vida de marginalidad y de limitadas expectativas de vida. La presión y el impacto de los movimientos de lucha, tanto del colectivo LGBT+ como de las mujeres, ha llevado a ciertas medidas por parte de los capitalistas de la industria cultural, en las que buscan mostrarse como “inclusivos”, sin que ello afecte a las estructuras de profunda desigualdad que operan en esa industria.


Paradojas


Entre lectores y lectoras se plantearon: ¿Harry Potter pierde su magia? ¿J.K. Rowling es ahora una mala escritora y la saga no debe leerse más?


En relación con ese intercambio, las citadas palabras de Radcliffe apuntan en buena dirección. Es que, si hay algo que caracteriza la famosa saga del mundo mágico, es el valor central de la resistencia contra la opresión, y en conexión con ello, contra toda forma de discriminación y de violencia del poder. Más allá de las consideraciones sobre la naturaleza y el alcance de esa resistencia, en el análisis de por qué ha impactado la saga no puede olvidarse la realidad que viven sus millones de lectores, en su mayoría jóvenes: un mundo burgués, de explotación y opresiones, que reclama resistencia.


La paradoja de esta situación es que Rowling da expresión en sus declaraciones a una ideología opresora, tras haber creado una saga que inspira fuertes críticas contra esa ideología. Y que ha traído y trae, para tantos de sus lectores, todo un mensaje: aquel que sostuviera Albus Dumbledore, el emblemático mago y director de escuela de la saga, al decir que “seremos fuertes a medida que estemos unidos, débiles a medida que estemos divididos”.




 

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22/06/2020

El municipio de Escobar se lava las manos ante el avance de la pandemia

El distrito, en el podio de los municipios más afectados de la región sanitaria V

Hasta hoy, nuestro distrito cuenta con 376 casos confirmados de coronavirus y 19 muertes. Estos números llevan al municipio dirigido por Ariel Sujarchuk al podio de los municipios más afectados de la región sanitaria V.


Aún con estos números y ante el avance del pico de contagios, el intendente avanzó otra vez en su tesis de la “administración controlada y conciencia social” para contrarrestar la virulencia del virus.


Las fábricas en el distrito


En conferencia de prensa, Sujarchuk se refirió al cierre por algunos días de la autopartista Yazaki tras la confirmación de un caso positivo, presentándolo como una acción polémica. Si bien el intendente se arroga una lucha implacable para que se respeten los protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo, lo cierto es que el grueso de la industria “no esencial” en Escobar ha funcionado a partir de permisos municipales especiales y  sin medidas correspondientes para paliar el avance del virus entre los trabajadores. El acuerdo firmado entre el municipio y la fábrica de pintura Alba da cuenta de ello. El “riesgo mediático” del que habla Sujarchuk, es el taparrabos de una política que defiende las ganancias patronales a expensa de la salud obrera.


“El momento mas crítico llegó…”


Recientemente, en un video junto a autoridades de la secretaría de Salud local y el Hospital Erill, el intendente se despachó con el parte sobre el virus en el distrito. A los casos confirmados, Sujarchuk agregaba que la curva de contagios se empinó y llamaba a la ciudadanía a extremar cuidados para enfrentar la pandemia.


Ahora bien, las exhortaciones de Sujarchuk a la “conciencia ciudadana” caen en saco roto cuando se considera la precarización de las condiciones de vida de los explotados. La cuarentena que lleva más de 3 meses ha significado para la familia trabajadora en nuestro distrito la desaparición de sus ingresos cuando la economía local es mayoritariamente en negro. Es así que, por ejemplo, los más de 700 feriantes del Trueque de Savio –cuyo ingreso depende de la venta- han visto desaparecer sus ingresos. Ante esto y con el conocimiento que el insuficiente Bono IFE no alcanzó a gran parte de los feriantes, el municipio ha respondido a través de la UGC (Unidad de Gestión Comunitaria) del barrio con la entrega de apenas 30 bolsones de mercadería para un total de 700 personas.


En tanto, los trabajadores del Hospital Erill siguen denunciando el desfinanciamiento presupuestario para responder a la pandemia, la sobrecarga laboral y precarización así como el crecimiento de contagios entre el personal. El crecimiento de los casos de contagios se agudiza por la falta de personal e insumos. Ante la denuncia de los trabajadores a la administración del gobernador Axel Kicillof, el Ejecutivo local “respondió” con un subsidio extraordinario para el hospital. Esto no solo resulta insuficiente en términos concretos sino que también pinta la demagogia de Sujarchuk: mientras intenta mostrar su preocupación por la salud pública, avanza en apertura de “industrias esenciales”, no reparte alimentos suficientes a quienes lo precisan para cumplir la cuarentena o, a pesar del anuncio grandilocuente, no lleva adelante testeos masivos para tener un mapeo y seguimiento del virus. Una real impostura.


Desarrollemos una intervención en defensa de nuestra salud


Un planteo que defienda la salud de la población debería partir de garantizar la cuarentena. La entrega de bolsones de mercadería para las organizaciones de trabajadores y vecinos junto a bonos mensuales de 30 mil pesos es algo urgente. Tener un mapeo de la ubicación del virus en nuestro distrito mediante el testeo masivo es primordial para el combate del virus, así como la unificación del sistema privado y público de salud.


El resguardo del patrimonio de los capitalistas –como se ve en el cajoneo del proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas que tanto batió el oficialismo- y el pago de la deuda externa impiden un real combate contra la pandemia. En nuestro distrito, las grandes fortunas –como Costantini o Pérez Companc- y los mega emprendimientos inmobiliarios como Puertos del Lago, contrastan con la miseria, el hambre, la desesperación y el hacinamiento que llevan a Escobar a ser de los municipios más castigados. Ante esta situación, si no se lleva adelante una intervención de los trabajadores y vecinos para garantizar nuestra salud, solo vamos a depender del rezo del que habló el intendente durante una conferencia de prensa, cuando la realidad material es de miseria estructural y prefigura el desastre.




 

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22/06/2020

Chile: catástrofe sanitaria y catástrofe capitalista

Opongámosle al "acuerdo nacional" la salida de los trabajadores

Fuerza 18 de Octubre

La revelación de los verdaderos números del Covid-19 no solo ha producido la salida de Jaime Mañalich del ministerio de salud, por sobre todo ha puesto en completa evidencia el manejo catastrófico de la crisis sanitaria por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Un nuevo informe emitido el sábado 20 por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) reveló que los fallecidos por Covid-19 superarían los 7 mil, si se contemplan aquellos que se produjeron sin que los enfermos cuenten con un análisis PCR positivo antes de su deceso. Una semana atrás, el día previo a la salida del ex ministro de Salud, el gobierno anunciaba que los fallecidos por Covid-19 apenas superaban los 3 mil. La explosión de los contagios de las últimas semanas, que hoy ya superan los 230 mil, y la sensible alza de víctimas fatales, es la consecuencia directa del plan de retorno de los trabajadores estatales a sus puestos laborales y la reapertura de comercios y shoppings, que el gobierno impulsó desde mediados de abril en nombre de la ‘nueva normalidad’ y el ‘retorno seguro’.


El gobierno y el Congreso acompañaron la tardía declaración de una cuarentena en regla con un inusitado reforzamiento de la represión estatal. Las penas de hasta 5 años de prisión para quienes violen la cuarentena y el plan de monitoreo digital mediante el GPS de cada celular, que Piñera anunció y que la Cámara de Diputados aprobó, habla del temor del régimen a un nuevo levantamiento popular. Fue, de hecho, el objetivo de declarar el “Estado de catástrofe” en marzo, en el momento del desembarco de la pandemia en nuestro país. Es que el gobierno, más que al Covid-19, le teme a la rebelión popular. Y lo sucedido hace un par de semanas atrás en la periferia de Santiago, cuando se produjeron intensas jornadas de lucha contra la hambruna y se empezaron a organizar las ollas comunes, es un indicio de que las brasas de la rebelión siguen encendidas.



 


El derrumbe económico y la crisis social


Cuando los números de la catástrofe sanitaria mantenían en vilo a todo Chile, el Banco Central se encargaba de hacer públicos sus propios números de la crisis económica y de la crisis social. El BCCh dejó en claro que las proyecciones del Banco Mundial, cuando estimó que para el 2020 el PIB chileno se contraería un 4,3%, se habían quedado cortas. El jueves, el BCCh anunció que la caída rondaría entre un 5,5% y un 7,5% y que Chile asistiría a su peor derrumbe de los últimos 35 años. Incluso, estipuló que este podría llegar a los dos dígitos en caso de que se extiendieran en el tiempo las medidas de aislamiento. Además de ello, el informe económico del Banco Central dejó en claro que recién para el 2022 la economía podría volver a los niveles previos a octubre de 2019.


Como respuesta a todo este derrumbe, el BCCh comunicó un plan económico para tratar de pilotear la crisis en curso. En primer lugar, anunció la disponibilidad de otros 16 mil millones de dólares para la banca privada a tasas del 0,5%, que se le suman a los 24 mil millones ya utilizados en los meses previos, con el objetivo de facilitar líneas crediticias baratas para industrias y comercios. Esta línea crediticia ha acicateado el crecimiento de una gigantesca deuda corporativa, que ya equivale a más del 130% de PIB. En segundo lugar, el BCCh anunció su pretensión de avanzar en una reforma de su propia carta orgánica y en una reforma constitucional, con el objetivo de quedar habilitado para comprar en el mercado secundario los títulos de la deuda fiscal. Es decir, el Banco Central saldría al rescate de un fisco que se encuentra con sus arcas exhaustas, como consecuencia de toda su política de rescate del gran capital y de la caída de los ingresos de divisas fruto del derrumbe del mercado mundial. De esta manera, terminó por caerse definitivamente el planteo de que la Línea de Crédito Flexible otorgado por el FMI a Chile a principios de mayo, por el orden de los 24 mil millones de dólares, no sería para afrontar el gasto público y que, por ende, no tendría como contrapartida condicionalidades de parte del organismo al país. Más temprano que tarde, el Fondo reclamará contar con su propia oficina en el Banco Central chileno.


El informe elaborado por el BCCh reflejó también una realidad estremecedora para la clase trabajadora. El desempleo se ha disparado y sólo en Santiago llega al 17%. Sin embargo, entre las cifras no se contabiliza ni el empleo informal ni la suspensión de contratos, que ascienden a los 625 mil trabajadores a nivel nacional. El propio informe reconoce que la mitad de los trabajadores suspendidos no podrán volver a sus puestos de trabajo por incapacidad de las empresas de mantener la contratación. Y el cuadro de desocupación en masa se mantendría de manera sostenida hasta el anhelado (dudoso) “repunte del 2022”.



 


El significado del nuevo “acuerdo nacional”


En el marco de la agudización de la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social, el único salvavidas del gobierno es el nuevo “acuerdo nacional” que viene de firmar con la mayoría de los bloques del Congreso. El acuerdo busca viabilizar una serie de medidas de asistencia social ultra limitadas y, por sobre todo, un paquete de rescate a los principales grupos empresariales del país. La principal medida asistencial se limita a elevar el monto de la IFE hasta los $100 mil por persona, lo que representaría para una familia de cuatro integrantes un ingreso de $400 mil. Esto, a pesar de que la canasta de pobreza ronda los $500 mil. De los 12 mil millones de dólares que incluye el paquete del “acuerdo nacional”, dos tercios irían destinados al rescate de grupos capitalistas que, mientras absorben los subsidios y rescates estatales, avanzan con los despidos de sus trabajadores, como es el caso de Latam.


Al igual que en noviembre pasado con el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, toda la oposición, con el Frente Amplio incluido, suscribió el pacto. Aunque Revolución Democrática, (integrante del FA) y el Partido Comunista no firmaron el acuerdo, no dejan de ser parte del entuerto. Pues los líderes de ambos fuerzas saludaron “los alcances” del mismo. Es evidente que la maniobra del PC repite la realizada en noviembre pasado. A la colaboración estratégica el PC la ejecuta por la vía de la CUT (central obrera), manteniéndola en la parálisis en momentos donde la desocupación y la miseria están planteando el problema de una hambruna generalizada. A tres meses de iniciada la crisis sanitaria, la CUT sólo ha convocado a un acto cultural por Facebook que pretende enaltecer la precarización de las y los trabajadores de la salud.


De conjunto, queda en claro que el nuevo “acuerdo nacional” no representa simplemente un plan de rescate a los capitalistas, sino que, por sobre todo, significa la reafirmación de una línea principista de parte de los partidos del régimen, desde la derecha hasta la ‘izquierda’: mantener un compromiso férreo de oposición a una nueva irrupción de la rebelión popular.



 


Un planteo de los trabajadores


La lucha contra la catástrofe en curso plantea el levantamiento de un programa propio de la clase trabajadora. Hace falta avanzar con la duplicación del presupuesto sanitario y en la centralización de todo el sistema de salud, incluyendo el sector público y privado, y ponerlo bajo la dirección de comités de crisis compuestos y electos por los propios trabajadores y profesionales de la salud. Es necesario defender el derecho a cuarentena defendiendo un ingreso mínimo para todos los desocupados, garantizado por el Estado, de $550 mil. Hay que prohibir los despidos y las suspensiones, actualizar los salarios y poner en pie comités de trabajadores en todos los lugares de trabajo, con poder de paralización de las tareas no esenciales o de las tareas que no respeten los protocolos de seguridad e higiene. Es necesario establecer un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, cesar con el pago de la deuda, romper el acuerdo con el FMI y proceder a la nacionalización de todo el sistema bancario y los recursos estratégicos, para disponer de los recursos del país y así atender la emergencia sanitaria y social.


En definitiva, de lo que se trata es que la crisis la paguen los capitalistas y abrir paso a una salida de los trabajadores. El impulso de esta lucha plantea sacar a la CUT de la parálisis colaboracionista, mediante un congreso de delegados de base de todos los sindicatos que impulse un plan de acción y le oponga al nuevo “acuerdo nacional” la continuidad de la lucha por echar a Piñera y por una asamblea constituyente libre y soberana.





 

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22/06/2020

La campaña contra la persecución a la docencia que dicta ESI hace recular al Ministerio de Educación porteño

El ataque contra un profesor de la escuela Rodolfo Walsh, que fue denunciado en 2018 por impartir contenidos referidos a la identidad de género, desató una bronca generalizada de la comunidad educativa. Se inició una fenomenal campaña para reclamar el cese de la persecución logrando que en menos de una semana las autoridades de la Dirección de Educación Media de la Ciudad de Buenos Aires se vieran obligadas a convocar al profesor injustamente denunciado y a comprometerse a dejar sin efecto el expediente que “sugiere” separarlo de su cargo.


El impulso de una campaña para instalar el tema en las escuelas, medios de comunicación y redes sociales fue decisivo, ya que logró canalizar la furia de lxs docentes que están comprometidos con la ESI y que no piensan dar marcha atrás con este reclamo de los y las estudiantes.


Juntxs, docentes y estudiantes, vienen atravesando un largo camino en torno a la lucha por la implementación de la ESI. En ese camino, el 2018 fue un año bisagra, marcado por el debate en torno a la legalización del aborto y la irrupción de la Ola Verde. Este movimiento tuvo su contracara en la avanzada de las Iglesias y la campaña “Con mis hijos no te metas”, que arremetieron contra la enseñanza de contenidos curriculares que tienen su sustento en las leyes ESI (2006) y de Identidad de Género (2012). Fue dentro del marco de esa ofensiva oscurantista que las autoridades educativas le dieron curso administrativo a la denuncia contra el profesor de la escuela de educación media Rodolfo Walsh, sosteniéndola luego por prácticamente dos años.


Estos sectores clericales se amparan para ello en la propia Ley de Educación Sexual Integral (26.150), que en su artículo 5 establece la adaptación de los contenidos según el ideario institucional de cada establecimiento educativo. Es ese artículo el que devela el compromiso al que llegaron Estado y las Iglesias cuando fue sancionada la ley, permitiendo la avanzada de los grupos reaccionarios y los límites que existen para una real implementación de la Educación Sexual Integral.


Contra esta ofensiva, la docencia organizada acertadamente impulsó la campaña por el cierre inmediato de expedientes y en defensa de la ESI. Esta iniciativa en pocos días creció exponencialmente en difusión y adhesiones, y arrancó al Ministerio de Educación el compromiso de cerrar el expediente contra el profesor. Incluso en el aislamiento social, podemos comprobar que es la capacidad de organizarse la única vía posible para torcer el avance sobre nuestros derechos y poner en valor a sindicatos como Ademys, que no solo acompañan a lxs docentes afectadxs. Además, comprenden que dando visibilidad a la problemática, la solidaridad de toda la docencia logra canalizarse en acciones concretas, a la vez que se propicia la discusión pública de temas que nos interpelan colectivamente.


El resultado parcial de esta lucha sienta un precedente valioso que reafirma a la educación sexual integral como derecho de lxs estudiantes, obligación de lxs docentes y, muy especialmente, que son las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad las que deben arbitrar todos los medios para garantizar este derecho.


En un contexto donde juventud, mujeres y disidencias son objeto de las desigualdades y violencias más excluyentes, lo sucedido instala al colectivo docente en la necesidad de profundizar en las escuelas, las redes y las calles el reclamo por la real implementación, además de continuar alertas hasta que el cierre del expediente se consume fehacientemente.




 

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22/06/2020

La fuerza internacional de los trabajadores de reparto

Se prepara un nuevo paro global para el 1º de julio.

Mes a mes, día tras día, les repartidores nos hemos convertido en una pieza fundamental de la economía y de la sociedad, a nivel mundial. La situación global de cuarentena y aislamiento obligatorio echó claridad sobre la hiper-explotación y la precarización sobre las que se basan nuestro trabajo. Salvando diferencias entre países, las modalidades de empleo son muy similares, por lo que rápidamente la unidad internacional entre colectivos organizados de repartidores sirvió y mucho para canalizar nuestros reclamos más urgentes.

 

Por eso es que durante los últimos dos meses se llevaron adelante dos jornadas de paro activo organizadas de manera internacional, con repercusiones que llegaron hasta Hong Kong, Milán (Italia), Madrid (España), entre otros. Los riders del mundo venimos consolidando una unidad sin fronteras, que el pasado viernes convocó virtualmente a representantes de ocho países para coordinar nuevas medidas de lucha: Brasil, Ecuador, México, Costa Rica, Chile, Venezuela, Guatemala y Argentina.

 

 

Impulsados por la bronca brasileña frente al gobierno fascista de Jair Bolsonaro, que militariza las favelas y descarga la crisis sobre la población con menos recursos, parte de ella volcada al trabajo de reparto, se convocó a un nuevo paro internacional para el día 1 de julio. En cada país y en cada ciudad a la que lleguemos, impulsaremos campañas de adhesión, discusión en nuestros lugares de trabajo y una gran convocatoria ese día para salir nuevamente a las calles a exigir lo que merecemos. Dicha convocatoria saldrá incluso traducida a tres idiomas, para recorrer el mundo y fortalecer la unidad internacional entre los trabajadores.

 

En Argentina, ejemplo de precarización laboral, se impulsa -con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza- un proyecto de regulación sobre las apps sumamente discriminatorio, expulsivo y ultraprecarizador. En consonancia, han estado asomando intentos de regulaciones precarizadoras de la actividad de bloques oficialistas peronistas e, incluso, por parte de aquellos sindicatos que deberían hacerle frente a estas condiciones laborales de hiperexplotación, como APP y Asimm. La coordinadora internacional de repartidores se pronunció en fuerte repudio al proyecto presentado la semana pasada en la Legislatura porteña; por eso también convocamos a todos los riders de CABA y GBA a movilizarnos el 25 de julio en repudio a este ataque a nuestras condiciones de laburo.

 

La llamada “modalidad de trabajo del futuro” busca en todo el mundo extender las jornadas laborales a costa de la salud física y mental de les trabajadores de reparto. Quienes venimos realizando tareas esenciales para la sociedad desde el minuto cero de la cuarentena sabemos muy bien qué está en juego y por eso nos declaramos en estado de alerta y movilización. Llamamos a la organización y unidad, y este lunes 22 tiene lugar una nueva asamblea nacional en la que se discuten y moldean nuevas medidas de acción. No daremos un paso atrás, sino que seguiremos avanzando en nuestros reclamos, por mejores condiciones de trabajo y una organización genuina de todas y todos los repartidores.

 

 

 

 

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Disparos y atentados contra Héctor “Chinche” Medina, ex detenido-desaparecido y testigo

El ataque contra el ex militante del PRT-ERP tiene lugar cuando se lleva la causa Klotzman, por múltiples crímenes contra integrantes de esa organización.

Esta semana Héctor “Chinche” Medina, ex militante del PRT-ERP, detenido durante la dictadura, fue víctima de numerosos ataques intimidatorios, en momentos en que se lleva adelante un juicio de lesa humanidad que involucra a su hermano desaparecido y lo tiene como querellante y testigo.


Días atrás, Medina fue víctima de cuatro disparos, de los que logró refugiarse y salir ileso. Y en el día de ayer, violentaron con una barreta la entrada de su casa y le chocaron el auto.


Medina fue preso político durante 7 años y tiene más de 10 familiares desaparecidos. Las agresiones contra él y su familia se dan en el marco de la causa Klotzman, en la cual se juzgan crímenes de los genocidas de la dictadura contra militantes del PRT-ERP: 27 homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita, así como el robo de una menor de diez años y supresión de identidad de la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral (secuestrados y conducido al centro clandestino de detención conocido como Quinta Operacional de Fisherton, quienes desde entonces permanecen desaparecidos). Se trata de la nieta 103, recuperada en abril de 2011. 



El juicio se tramita en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario y está previsto que sean juzgados Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López (un quinto imputado, Luis Paulino Coronel, falleció el año pasado). El primero retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de la ciudad de Rosario; los demás ex agentes de la Policía Federal Argentina, delegación Rosario, quienes van a afrontar su primer juicio por delitos de lesa humanidad. Los imputados se encuentran acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años y asociación ilícita, según informa el Ministerio Público Fiscal.


Organizaciones y referentes de Derechos Humanos se han pronunciado contra estos ataques, así como referentes de organizaciones políticas -entre ellos del Partido Obrero, como la diputada nacional Romina Del Pla, el legislador porteño Gabriel Solano, el dirigente nacional Néstor Pitrola y la dirigente de Santa Fe Carla Deiana. El reclamo de que “no queremos otro Julio López”, en relación al compañero y testigo que fuera desaparecido por segunda vez en democracia, está a la orden del día.


Urge el esclarecimiento de los hechos y castigo a los culpables.

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Por crímenes cometidos en el circuito Camps bajo la última dictadura militar.
Conocido como el "Doctor K", y promotor de juicios a los militantes de los '70.
Absolvieron a los represores. Redoblemos la movilización popular hasta conseguir justicia.
En el marco del juicio por los crímenes de lesa humanidad. Juan Carlos era militante de Política Obrera (hoy Partido Obrero) y trabajaba en la fábrica Alpargatas.
Será el 6 de marzo ante el TOF 1 de La Plata, en el marco del juicio por dos CCD del Circuito Camps.
El Tribunal Oral Federal 6 absolvió a tres represores. La lucha contra la impunidad no ha cesado.
22/06/2020

La justicia demora el inicio del juicio por la violación y asesinato de Cielo López

La teleaudiencia realizada el jueves 19 negó la participación a familiares y concluyó sin fijar fecha.

Plenario de Trabajadoras Plottier.

Días atrás, el viernes 19, tuvo lugar una teleaudiencia en el marco de la causa por el crimen contra la joven Cielo López -quien fuera violada y asesinada en 2019-, que vuelve a mostrar la política de dilación del juicio por parte del poder judicial de Neuquén.


Cielo López, de 18 años, fue violada, asesinada de un golpe en la cabeza y luego descuartizada el 13 de septiembre de 2019. Unos pescadores encontraron parte de su cuerpo en el río Limay, a la altura de China Muerta. Las muestras de semen, el análisis de las comunicaciones de celular y los rastros de sangre de la joven en la casa de Alfredo Escobar, lo implican a este directamente. Escobar se encuentra en prisión preventiva, acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente agravado.


La causa fue elevada a juicio por jurados y tenía fecha de realización del 4 al 8 de mayo del corriente año. Pero, en el contexto de pandemia y de las medidas tomadas al respecto, el juicio fue postergado sin fecha. Luego de ello tuvo lugar la teleaudiencia del viernes 19, donde no solo no se fijó fecha de inicio sino que se impidió la participación de la hermana y familiares de Cielo y de las organizaciones que luchan por justicia -que hubiera sido clave para reclamar que se arranque de una vez.


Pese a tener los 40 testigos en condiciones para declarar, la justicia continúa con la dilación de juicio, ahora con el argumento de la falta de un protocolo -cuando ya han pasado más de 90 días de iniciada la pandemia.


La demora y la falta de fecha de juicio representan otro ataque del Estado al movimiento de mujeres que reclama justicia por Cielo. Este mismo Estado es el principal responsable de la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres.



Por ello, luchamos por el aumento del presupuesto para los programas asistenciales, casas refugio y subsidios para las mujeres violentadas. Está a la vista que los ministerios y secretarías de la Mujer, así como otros inventos estatales, no ponen en marcha más que demagogia criminal cuando se trata de nuestras vidas. Los organismos para la protección de las mujeres violentadas no pueden estar en manos de los gobiernos responsables de la violencia y el ajuste, porque su orientación social y política es antagónica a la de las mujeres trabajadoras.


La justicia por Cielo, como así la lucha contra la violencia y los femicidios, necesita de un movimiento de mujeres que se organice en forma independiente y con organismos propios. Es precisa la constitución de Consejos Autónomos de las Mujeres, electos por las mujeres mismas desde los 13 años, con mandatos revocables y un programa resuelto por las luchadoras. Que luche por la separación de la Iglesia del Estado, por el aborto legal, por la asistencia integral a las mujeres violentadas, por el desmantelamiento de las redes de explotación sexual y trata de personas.


Exigimos justicia por Cielo López; basta de dilaciones. Ni una menos; el Estado es responsable.

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La banca de la concejala Cintia Frencia fue la única que en soledad presentó e insistió a viva voz con el procedimiento de expulsión que implica la conformación de una comisión investigadora.
La marcha en la capital superó las 20.000 personas. Masivas actividades en toda la provincia.
Por el fuera Milei, la huelga, asamblea y comités comunes del FIT-U.
Miles de personas se concentraron en la UNLPam a 11 años del primer Ni Una Menos.
Alzó la voz en el recinto para exigir la expulsión y apeló a la movilización popular hasta que caigan todos los responsables, materiales, ideológicos y políticos del crimen de Agostina.
Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
22/06/2020

Paritaria del sindicato de la carne: el salario sigue perdiendo

Tanto la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que lidera el histórico burócrata “Beto” Fantini, como la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines (Fesitcara), firmaron con las cámaras empresarias del sector un aumento salarial del 17% por tres meses (mayo, junio y julio), sumado a un monto no remunerativo por única vez de $2.200 correspondiente a mayo. Para los meses siguientes se señala, de manera extremadamente vaga, que las partes se sentarían “nuevamente a negociar” (Agrositio, 22/5/20)


Entre ambas federaciones agrupan a la mayoría de los trabajadores de la actividad, siendo la de Fantini la que tiene más afiliados en todo el país: 50.000.


El año pasado el acuerdo paritario se cerró en marzo. Constó de un aumento de un 28% en tres cuotas (la última en diciembre) con una cláusula de revisión en noviembre, por la cual luego se acordó un 17% más hasta marzo 2020. El total de esa paritaria, entonces, fue de un 45%, cuando la inflación interanual (marzo 2019-marzo 2020) fue de 48,4%. Con ello, los trabajadores de la carne perdieron 3,4% de poder adquisitivo.


En marzo no se discutió la paritaria 2020, en abril tampoco. El acuerdo salarial que se firmó ahora contempla una recomposición en negro de $2.200 que corresponde a la inflación de abril. Según Ámbito Financiero, la proyección anual de inflación ronda el 38,7%. Descontando el 11% de inflación real que ya tuvimos hasta mayo, restan 27,7% para los meses que quedan en el año. Con el 17% que acaba de cerrar la burocracia de la federación de la carne, y de no haber nuevas subas, el salario de los trabajadores quedaría nuevamente por debajo de la inflación, ahora en un 10%. O incluso más, si la proyección inflacionaria citada se viese superada: el informe recientemente presentado por el jefe de Gabinete al Senado prevé que podría alcanzar hasta el 53,8% para 2020 (Ámbito, 18/6); mientras que el próximo vencimiento de acuerdos de precios podría disparar más aún los aumentos.


El segundo problema radica en que numerosos establecimientos tienen obreros con salarios básicos que parten de montos muy bajos, que no superan los $20.000. Sin atacar estos salarios mínimos de miseria, cualquier porcentaje de aumento sobre estos montos sirve para poco y nada.


Por otro lado, el rubro de la industria de la carne se caracteriza por una alta rotación y falta de estabilidad laboral, como consecuencia de la complicidad de las federaciones de la carne con las patronales. Los “trabajadores del cuchillo” tienen una capacidad que es muy requerida; sin embargo, los frigoríficos tienen la práctica (avalada por el Estado, la justicia y los sindicatos) de deshacerse de trabajadores con antigüedad para no pagar categoría y escalas. Son, luego, recibidos por otras empresas que no reconocen su antigüedad y calificación. Además, es una labor en ocasiones irregular, obligando a los trabajadores a someterse a infernales ritmos de producción (cuando hay faena) para asegurarse de mayores ingresos y sobrevivir en los momentos que baja la demanda.


¿Quién votó por un aumento salarial del 17%?


Para el acuerdo firmado no hubo ninguna deliberación colectiva. Los trabajadores son convidados de piedra. Es precisa la intervención de los trabajadores para frenar la pérdida de poder adquisitivo. Las federaciones deben convocar a asambleas.


Son los trabajadores de Penta y de Cabaña Argentina los que nos muestran un camino distinto al de la burocracia sindical, resolviendo en asambleas los planes de acción en defensa de sus puestos de trabajo. Los cierres de fábrica y la inestabilidad laboral, por supuesto, dificultan una organización sistemática de los trabajadores en cada establecimiento para pelear por mejores salarios y condiciones de trabajo. Por eso, es preciso barrer con las patotas sindicales de los Fantini y compañía, para poner en pie una alternativa sindical clasista y antiburocrática.

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22/06/2020

El proyecto de Leonardo Grosso de agrotóxicos no impide el envenenamiento

¡Con 1.500 metros no alcanza!

Ingeniero Agrónomo

En esta última semana, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso (Frente de Todos), presentó una iniciativa para regular las aplicaciones de agroquímicos estableciendo una distancia de prohibición de aplicaciones de 1500 metros de zonas urbanas, viviendas permanentes, escuelas rurales, asentamientos humanos, plantas apícolas, producción e industrialización de productos animales; ríos, arroyos, lagunas, cursos, espejos, embalses, diques y pozos de agua. Asimismo también plantea la prohibición de aplicaciones aéreas, pasados dos años de su sanción, así como la aplicación, manipulación y almacenamiento de agroquímicos en áreas urbanas.


El proyecto tiene como antecedente uno presentado en 2019 por Solanas en el Senado Nacional, (Expte 1057-S-2019) que perdió estado parlamentario.


¿Por qué no alcanza con 1500 metros?


Si bien no existe abundante bibliografía sobre la deriva (desplazamiento de la aspersión fuera del blanco) de estos productos o sea el fenómeno del movimiento de plaguicidas en el aire, si existen numerosos estudios concentrado en el momento de la aplicación o sea la deriva primaria. Pero al estudiar los movimientos de plaguicidas en el aire a partir de considerar efectos climáticos (humedad relativa y la temperatura ambiente) y fisicoquímicos en tiempos posteriores a las aplicaciones, se llega a la conclusión o evidencia que las aplicaciones con plaguicidas son incontrolables, haciendo imposible la prevención de las contaminaciones sobre el ambiente y las poblaciones expuestas luego de las aspersiones. (No hay fumigación controlable. Generación de derivas de plaguicidas. Ing. Qco. Marcos Tomasoni. Red Universitaria de Ambiente y Salud /Red de Médicos de pueblos Fumigados. Noviembre 2013.)



Existen tres tipos de deriva, la primaria, aquella que se produce al momento de la pulverización; la deriva secundaria, la que se genera en las horas siguientes a la aplicación; y la deriva terciaria, la que puede producirse semanas, meses o años después de la aplicación.


Según datos de la bibliografía extranjera (Law, SE. 1983) en aplicaciones post-emergentes, solo el 25% del volumen total asperjado llega a las plantas. Esto está indicando que ¾ partes de la dosis total calculada se pierde por deriva. La Profesora Dra. (Msc.) Ing. Agr. Susana Hang (Fac. de Agronomía, UNC) en 2010, dice: “en el caso particular de los herbicidas está demostrado que la eficiencia de uso es inferior al 20%, vale decir que buena parte del producto no cumple la función específica aun cuando la aplicación se realice adecuadamente”, el resto de ese 20%, puede volatilizar (entre el 0-90%), ser absorbido por el suelo (1-10%), lixiviar (1-5%), o ser arrastrado por erosión (0-5%).


En función de los antecedentes existente, analizando las 3 derivas, la definición de una distancia mínima de las pulverizaciones a los centros poblados debe llevarnos a considerar distancias superiores a los 4800 metros, que es la distancia máxima que puede recorrer la gota más pequeña de una aplicación y a partir de la cual se puede tener cierto reaseguro que los efectos se expresarán mínimamente.


Otro aspecto que tiene mucha influencia sobre la aplicación o pulverización de agroquímicos es que estos siempre están acompañados de sustancias extremadamente tóxicas como son los coadyuvantes y surfactantes (reducen tensión superficial de la gota) utilizados para mejorar la eficiencia del producto.


Por lo tanto, está demostrado que 1500 metros no es una distancia segura para evitar la agresión a la salud en las poblaciones de localidades cercanas, donde se detectan con mucha mayor frecuencia enfermedades severas como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimientos de hijos con malformaciones congénitas. Como muy bien se explica en los fundamentos del propio proyecto de Grosso.


La utilización de plaguicidas no deja de aumentar año a año, las estadísticas marcan una utilización de 340 millones de litros de venenos en un área habitada por algo más de 12 millones de personas.


Otros cuestionamientos pasan por la prohibición de aplicaciones aéreas recién a los dos años de sancionada la Ley. Por qué esperar ese tiempo con el método más contaminante por lejos? Además falta un artículo sobre el tratamiento de los envases con la lógica prohibición de su re utilización y la obligatoriedad de su lavado y posterior perforado.


La necesidad de que se re-clasifiquen los agrotóxicos considerando sus efectos agudos, de mediano y largo plazo en ensayos de laboratorio y en estudio en  humanos es una cuestión perentoria.


No puede continuarse con el sistema actual en donde las cámaras de productoras de estos plaguicidas y los productores conjuntamente con una oficina de Agroindustría dictaminan la peligrosidad o no de cada producto, lo que en la actual clasificación hace que el glifosato este considerado como Clase III (poco) peligroso cuando debería prohibírselo.



 

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22/06/2020

Suspenden servicio en el tren Sarmiento ante sospechas de coronavirus

Asoma el riesgo de un colapso del transporte público, ante la expansión de la enfermedad.

Esta mañana amaneció sin servicios el ferrocarril Sarmiento, debido que dos trabajadores presentan síntomas compatibles con coronavirus y uno de ellos tuvo contacto estrecho con un caso positivo, lo que llevó a la aplicación del protocolo de aislamiento para 37 guardatrenes.


La resolución de resguardo del personal, que dispone que los guardas despachen desde cabina de conducción, llevaría al aislamiento también de un turno de conductores.


El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, señaló que en total son seis los casos confirmados en el Sarmiento.


En este ferrocarril, para reemplazar personal de riesgo, la jefatura de Trenes Argentinos estuvo capacitando por tandas a banderilleros para la función de guardas y luego los alternaba un mes sobre las formaciones y un mes de vuelta a la barrera, para evitar reconocerles la nueva categoría. Ahora no tendrá más remedio que subir a todo ese personal de manera permanente.


La necesidad de capacitar más guardatrenes y cubrir vacantes se da también en otros ferrocarriles. Pero la actual expansión del Covid-19 entre los ferroviarios puede hacer todos los recaudos inútiles y llevar a un colapso del servicio de todos los ramales en poco tiempo. Marinucci declaró que “con 23 mil trabajadores hasta el día 63 no tuvimos un solo infectado. Hoy estamos por encima de los 80 infectados (…) El Sarmiento era la única línea que no tenía ningún caso y hoy tiene 6 confirmados”.


Las vías de contagio son múltiples, porque el virus ya se registra en todos los rincones del área metropolitana de Buenos Aires, a partir de la apertura casi irrestricta de actividades que impusieron las cámaras empresarias con la colaboración de la burocracia sindical de la CGT, tras sucesivas resoluciones de los gobiernos nacional, de CABA y de la Provincia de Buenos Aires.


Desde el inicio de la cuarentena, el limitadísimo alcance del Ingreso Familiar de Emergencia, en lugar de un verdadero seguro de 30 mil pesos al desocupado y/o cuentapropista, sumado a la catarata de despidos tanto entre trabajadores en blanco e informales, conspiraban con la posibilidad de un cumplimiento estricto del aislamiento preventivo.


El riesgo de un colapso del transporte público por la expansión del virus asoma como una amenaza para el traslado del personal esencial -en primer lugar los trabajadores de la salud, pero también los afectados a la producción de alimentos, entre otros.


Por eso es necesario suspender la actividad económica realmente no esencial por 15 días; garantizar que los trabajadores que no tienen un ingreso fijo tengan acceso a una asistencia mensual de 30.000 pesos; y centralizar el sistema de salud bajo control de los trabajadores para, entre otras cosas, tener el control de la evolución de los contagiados y, fundamentalmente, por las necesidades de salud de la población por encima del interés capitalista.



 

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21/06/2020

Trabajadores de Coto con coronavirus, tirados desde hace dos días en una sala de espera

El escándalo de contagios en la sucursal de Coto de Lanús (Provincia de Buenos Aires) dio lugar a dos hechos que se han viralizado en las redes sociales, que ponen de manifiesto la situación que atraviesan los trabajadores en general, y en particular los de Comercio.


Por un lado, las denuncias de trabajadores de la sucursal, que han sido derivados al Hotel de la Provincias que depende del Sindicato de Comercio, y llevan al momento de escribir esta nota dos días en la sala de espera sin que les designen camas, durmiendo en el piso o en las sillas como se ve en el video, sin que les garanticen la alimentación, ni la atención médica elemental.


Información actualizada: Coto Lanús: 22 contagiados y sigue abierto


La ART “Prevención”  y la obra social Osecac a la que están afiliados, se pasan la bola, sin brindar la atención que requieren estos trabajadores contagiados de Covid-19. Lejos está el gobierno de tener un control de esta situación.



Por otra parte, se viralizó un video en el que aparece Eduardo Búfalo, mano derecha de Alfredo Coto, amenazando para evitar que se clausure la sucursal. Finalmente logró su cometido hasta el momento, ya que el municipio solo clausuró el sector carnicería y producción, dejando el mercado abierto. Siendo Día del Padre, el intendente Néstor Grindetti no quiso evidentemente priorizar la salud de trabajadores y vecinos por sobre las ventas jugosas del hipermercado.



La expansión del virus en las últimas semanas tiene como principales responsables a los gobiernos nacional, provincial y municipales, que han dado vía libre para la reapertura de miles de fábricas y lugares de trabajo, sin garantizar las condiciones sanitarias ni tomar las medidas necesarias frente al surgimiento de focos de contagio. Tampoco han preparado el sistema de salud para afrontar el alza de la pandemia, como se puede ver en el trato que reciben los trabajadores de Coto en el Hotel de las Provincias.


Se habla de al menos 10 contagios en Coto Lanús, pero con el encubrimiento de la empresa y sin ninguna comunicación oficial del municipio, hay que suponer muchos más. Por ello se precisan medidas gremiales inmediatas, por el licenciamiento de todo el personal de Coto Lanús, y el testeo a todos ellos; y por el pago íntegro a todos los trabajadores, incluidos quienes son factor de riesgo (que hasta el momento sufren descuentos del 25 al 30%,) y por el pago del bono en efectivo. Que se conformen comisiones de higiene en cada sector, para colocar como prioridad la salud de los trabajadores, y elaboren un protocolo obrero que garantice la distancia social en el lugar de trabajo, y las medidas sanitarias.



 

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21/06/2020

Gran plenario de la Agrupación 1969, hacia un 28J de lucha

, Agrupación 1969 Provincia de Buenos Aires.

El 20 de junio se realizó un gran plenario de la Agrupación 1969 (PO + Independientes), con la participación de compañeres de Córdoba, Misiones, Santa Cruz y Provincia de Buenos Aires.


La pandemia puso sobre la mesa y profundizó las problemáticas que afectan a la población LGBT+: la falta de trabajo genuino y de políticas de asistencia, el recorte de los programas de salud como los tratamientos de hormonización, el no reconocimiento de la identidad autopercibida en las instituciones educativas, y la violencia que sufrimos por expresar nuestras identidades de género y sexualidades. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no ha llevado ninguna medida de protección al colectivo LGBT+. Mientras nuestras realidades empeoran más y más con el alargamiento del aislamiento social obligatorio, los gobiernos destinan el ahorro nacional al pago de la deuda usuaria y saquean los recursos en favor de grandes grupos económicos como son Techint y McDonalds. A pesar de esto, las organizaciones LGBT+ que hoy día se encuentran en el campo oficialista, como son la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y la Asociación Travestis Transexuales Argentinas (Atta), no han dicho ni una sola palabra sobre estas cuestiones, dedicándose a saludar las políticas del gobierno de Alberto Fernandez.


Esto fue colocado por más de un centenar de activistas, militantes, estudiantes, trabajadores y desocupades, que discutimos sobre la situación que están atravesando las diversidades sexuales y de género a lo largo y ancho del país. En la charla abierta participaron como oradores María Tango, referente nacional del Polo Obrero; Meli, compañera de la 1969 de Córdoba; Pilu Vitt y Agustín Ramal, militantes de la UJS y referentes de la 1969 Provincia de Buenos Aires.


Las conclusiones arrojadas se ven reflejadas en las propias campañas votadas por les compañeres: recogiendo la experiencia de la 1969 de Córdoba, que impulsó una feroz lucha por el cupo laboral travesti-trans en la provincia, llevaremos adelante una campaña de pronunciamientos con un petitorio online exigiendo el inmediato tratamiento de la Ley de Inclusión Laboral Travesti-Trans presentado por la banca de Romina del Pla en el Congreso Nacional. Asimismo, vamos a un empadronamiento en los barrios populares del país para todes les compañeres travesti-trans.


Votamos también realizar junto al Polo Obrero un empadronamiento por la cuestión de la vivienda, un derecho básico que el Estado no garantiza para la mayoría de les trabajadores y en particular a la población LGBT+, que no percibe siquiera un ingreso registrado para poder alquilar en condiciones dignas.


Finalmente, se colocó la necesidad de exigir la real aplicación y financiamiento de la Ley de Identidad de Género para garantizar el reconocimiento a la identidad autopercibida, y la inmediata regularización de todos los tratamientos hormonales, ligada a la cuestión de pelear por una ESI laica, científica y que contemple a las diversidades sexuales y de género en todos los niveles educativos.


Las vivencias contadas y las experiencias de las luchas que ha dado la Agrupación 1969 y el Partido Obrero en todo el país ponen de relieve la necesidad de organizarnos de manera independiente al Estado y los gobiernos que profundizan sus lazos con las Iglesias oscurantistas, misóginas y LGBTodiantes, y utilizan violencias de todo tipo contra les trabajadores, las mujeres y la población LGBT+ como una herramienta de disciplinamiento y control social para hacer pasar el ajuste.


En este contexto de profundización de la pobreza, y a una semana de cumplirse un nuevo aniversario de la histórica revuelta de Stonewall el próximo 28J, poner de pie la 1969 como un polo de agrupamiento independiente para las diversidades sexuales y de género se vuelve una tarea de primer orden para pelear en defensa de nuestras condiciones de vida.

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21/06/2020

Ciudad de Córdoba: los desafíos de la movilización municipal

La organización de los trabajadores enfrenta el ajuste del intendente.

La masiva marcha del jueves 18 –con más de 6.000 trabajadores en la calle- significó un salto en la respuesta de los municipales de la Ciudad de Córdoba frente al ajuste del Ejecutivo Municipal, obligando a este a aceptar una mesa de negociación con el gremio. La conducción del sindicato ha declarado “que sigue apostando al diálogo”, sin que pueda verse una actitud similar de la intendencia de Martín Miguel Llaryora, que lejos de frenar sus ataques ha procedido a la quita de 250 nuevas chapas que -sumadas a las bajas anteriores- deja prácticamente sin posibilidades de labrar actas de infracciones a casi 600 inspectores.


La recaudación municipal está en marcha con prescindencia de los trabajadores de planta, apoyándose en la digitalización de las plataformas impositivas, el accionar de los abogados monotributistas contratados y la habilitación por ordenanza del cobro de fotomultas, que permitiría reemplazar a inspectores. Muestra de la intención de prescindir de personal y cambiar unilateralmente sus condiciones de trabajo es el aviso de que no renovarían la contratación de cerca de 300 trabajadores de planta transitoria (art. 8 y 9), muchos de los cuales trabajan hace años en el municipio.


Según el estatuto, el pase a planta de contratados no debería superar los dos años. Sin embargo esta situación de precariedad laboral ha sido prolongada en el tiempo, por falta de voluntad política para efectivizarlos. Otro tanto ocurre con la ausencia de concursos para mandos medios –que renuevan interinatos durante años- de una enorme cantidad de municipales, que facilitó la revocatoria de 186 interinatos, con el argumento de que constituyen una situación transitoria cuya designación es potestad del Ejecutivo y no de un derecho que pueda ser reclamado. El objetivo es claro: mantener y profundizar la precarización laboral de los trabajadores, aprovechando el marco legal ofrecido por la ordenanza 12.991, que dispuso la emergencia económica en el municipio, y la 13.033 que reestructura funciones.


Crece la organización de los trabajadores


El ataque se desarrolla sin pausa, pero también está en marcha la organización creciente de los trabajadores, que han pasado a desarrollar acciones directas por repartición y a su coordinación efectiva, garantizando la masividad de las manifestaciones.


En educación, las docentes y equipos directivos han desarrollado acciones localizadas en sus escuelas y jardines maternales durante la entrega de módulos alimentarios a las familias, repudiando en las redes la gestión municipal. Se organizan virtualmente y  convocan a una ronda en defensa de la educación municipal que culminará en una masiva clase pública que denunciará todo el atropello de esta gestión. Esta actividad será el próximo jueves 25 en la Plaza de la Intendencia.


Entre los municipales se abre camino la conclusión de que Llaryora viene por todos los derechos adquiridos a base de lucha: salario, condiciones de trabajo, estabilidad, aguinaldo. La orientación general es liquidar el convenio y establecer las bases para regimentar a los municipales de planta, tal como se pretende hacer con el conjunto de la clase obrera cordobesa. Esta confiscación no tiene otro objetivo que garantizar los recursos para el rescate de los acreedores de la deuda provincial y municipal, sin tocar un peso a los grandes empresarios.


Para derrotar esta política, las asambleas en cada repartición tienen que profundizar la masividad de las manifestaciones y exigir la derogación de las ordenanzas 12.991 y 13.033. La conducción sindical no puede dialogar sobre la base de un ajuste que ataca nuestro estatuto: su mandato es la defensa a fondo de las y los municipales.


Para ello debe apoyarse en sus bases movilizadas y reclamar a la CGT un pronunciamiento categórico. No necesitamos una CGT para apoyar al secretario general José Pihen, que se jubila con privilegios, sino para sostener la lucha por los derechos de la clase trabajadora de conjunto.


Desde nuestra agrupación Fucsia, alentaremos en esa dirección la lucha municipal hasta su triunfo.

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21/06/2020

Córdoba: despiden al médico Medardo Ávila Vázquez en un claro atropello patronal

Tribuna Ambiental

Medardo Ávila Vázquez, activista de la lucha ambiental, creador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados fue despedido de la Clínica Caraffa por comprar un medicamento para un niño con leucemia que lo necesitaba de manera urgente. Entre los motivos del despido uno de los dueños manifestó que “no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de caridad”. Hacía 18 años que el compañero se desempeñaba en la mencionada institución privada, como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría, en negro.


Si el despido de un trabajador en momentos de pandemia es despreciable o aberrante, el motivo de este despido lo es más aún. Medardo Ávila Vázquez atendía a un niño con leucemia, oriundo de Villa María (Rio Seco), una de las zonas muy castigadas por las fumigaciones con veneno. En una carta, el médico señaló: “El panorama se empezaba a esclarecer ya que es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos, incluso en revisiones de medicina basada en la evidencia”.


El compromiso con su profesión y la falta de insumos llevó a Medardo a tener que comprar, pagando de su bolsillo, el medicamento Deltisona B gotas, que tiene un costo de $470, disponible en cualquier farmacia. En la conmovedora carta mencionada el medico manifestó: “Están supuestamente prohibidos los despidos, pero si Techint lo hace con 1.400 operarios, porque Clínica Caraffa no lo va a hacer conmigo, parece ser la realidad”.


Medardo Ávila realizó números aportes, como el uso de la estadística para explicar el incremento de casos y la relación estrecha entre factores ambientales y estado de salud.


Por eso, el despido del médico, también coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), causó la indignación del pueblo trabajador, así como en particular del conjunto del movimiento ambiental de la provincia. Se están realizando múltiples pedidos en repudio al atropello patronal.


Sucede que no se trata de un médico más del plantel de salud: Medardo fue el primer médico de los pueblos fumigados que denunció ante la justicia las fumigaciones con agrotóxicos. Se animó inclusive a ser querellante y ganarle a los sojeros fumigadores en Córdoba y que se estableciera que fumigar venenos en una zona de protección es delito.


Las asambleas, colectivos y organizaciones de los Pueblos Fumigados de la Argentina y de Latinoamérica han sacado un petitorio de repudio al despido con el que exigen la “restitución del Dr. y el espacio de cuidados y atención para las víctimas de los agrotóxicos”. La legisladora del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Soledad Díaz García repudio el despido y desde Tribuna Ambiental nos sumamos al repudio de este atropello de la patronal.




En la citada carta pública Medardo saca a la luz una realidad que busca ser encubierta por el gobierno provincial. “Siempre reclamamos por nuestro sueldo retrasado y los insumos y medidas de protección adecuadas, seguramente les molestaba de sobremanera que era público mi rechazo a la Declaración Jurada individual de que no tenemos Covid […] y que si hay contagios es culpa del médico y deslinda de responsabilidad a las empresas y ministerios. Y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico”, contundente.


Repudiamos el atropello contra su persona con claro tinte aleccionador y hacia el conjunto de trabajadores de la salud que día a día luchan por una sociedad más sana y justa. Basta de despidos y precarización, centralización del sistema de salud, justicia para los pueblos fumigados.





 

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21/06/2020

“La favorita de Francisco”, una sátira sobre explotación y alienación al interior del engranaje capitalista

La primera novela de Andrés Nani, un obrero que escribe al calor de su experiencia.

Hace algunas semanas vio luz la primera novela de un joven obrero, Andrés Nani, que desde hace unos años se dedica en sus tiempos libres a la escritura. La favorita de Francisco, editada por la mítica Milena caserola –de una gran trayectoria de más de 15 años en el rubro, contestataria, autogestiva e independiente de los grandes monopolios del mundo del libro- nos sumerge, bajo el recurso de la sátira, en un mundo crudo donde cientos de hombres son empujados por la fuerza de la inercia día a día, y muchas veces contra sus propias voluntades, a mover las piezas del engranaje capitalista para que un grupo minúsculo de tiranos se lleven las fortunas, y a ellos, los obreros, no les queden más que las fuerzas para levantarse una y otra vez.


Las entrañas de la fosa


El conjunto de relatos que dan como resultado la historia tienen como escenario una inmensa fábrica automotriz. Los protagonistas son un grupo pequeño de obreros, que por distintas circunstancias (problemas físicos, adicciones, “inutilidad”) fueron confinados a realizar trabajos en condiciones pseudohumanas en la “fosa” de la fábrica: un lugar lúgubre, lleno de humedad donde nunca entra el sol, y constantemente falta el aire. El protagonista principal es un joven trabajador apodado “el Pipa”. Es el primero en ser desterrado y confinado a la fosa, y aunque aún no se lo comunicaron, la empresa tiene su despido en carpeta. El Pipa tiene un agudo problema con la adicción a la cocaína, y aunque es un buen muchacho, su adicción, en combinación con el temor a ser despedido, lo convertirán en el líder de una banda que maneja y administra el consumo dentro de la fábrica. El plan del Pipa es acogido por sus otros compañeros de la fosa, porque al igual que él, se encuentran al borde del despido, y ven en la venta de cocaína la posibilidad de salvarse.



La idea disparatada del Pipa con el correr de los días gana fuerza en toda la fábrica, y avanza en un absoluto descontrol. La inmensa mayoría de los obreros no se resiste al producto que ofrece la banda de la fosa, por calidad, precio y la facilidad de conseguirlo. La “organización” crece a tan gran escala que se podría decir que opera como una fábrica, con sus jefes, encargados y corredores. Bajo este telón se desarrollan las tramas del Pipa y sus compañeros de la fosa, cada uno de ellos con historias personales significativas. “La favorita de Francisco” es el pseudónimo del “producto” que venden.


Alienación, explotación, adicciones


La historia, bajo la forma de la sátira y el realismo, es una denuncia aguda e implacable de la brutalidad y el despotismo de los capitalistas contra los trabajadores. La alienación que producen en estos últimos las jornadas extenuantes de trabajo, los turnos rotativos, las horas extra, las malas condiciones de seguridad e higiene, la amenaza de despidos constantes, los aprietes para que acepten retiros voluntarios… en fin, la explotación de un régimen sobre sus espaldas, es el detonante de adicciones, enfermedades físicas y psiquiátricas, y también de lumpenaje.


Un elemento muy agudo es la complicidad de la burocracia sindical con la venta de droga. Después de todo, con el consumo durante la jornada laboral la productividad de la fábrica aumenta. y eso pone contentos a los empresarios y por ende a los burócratas. Otro tramo significativo en la historia es la trampa que representan los despidos encubiertos bajo el eufemismo de “retiros voluntarios”, ilustrada en la vida de un trabajador que creyendo que se salvaba acepto el retiro, abrió su emprendimiento y al poco tiempo quedó quebrado, endeudado y desocupado. Si bien no constituyen el eje de la historia, en sus capítulos aparecen fragmentos de importantes conflictos obreros que tuvieron lugar en zona norte.


El opio y su desintoxación


Desde una óptica militante, podría apuntarse la falta en La favorita de Francisco de un planteo de organización independiente y clasista como salida al drama del colectivo obrero. Pero precisamente la falta de esta alternativa, de esta construcción combativa al interior de la fábrica -con el consiguiente control absoluto por parte de la burocracia- puede ser vista como uno de los factores por los cuales un grupo de obreros desamparados y al borde del despido deciden emprender un camino sin ninguna perspectiva y dañino para el conjunto.


El título de la novela sugiere toda una definición política. Si para Marx “la religión es el opio de los pueblos”, La favorita de Francisco es una representación aguda de ese postulado. Adicción y religión se combinan en una misma oración y constituyen un factor nocivo para la clase obrera.


No queda otra, no hay atajos ni salidas individuales: para terminar con la barbarie del régimen capitalista, que oprime y castiga a la clase obrera, la clase obrera se debe organizar para recuperar los sindicatos y ponerlos en sus propias manos, y, finalmente, para echar al carajo a la clase social que nos oprime hasta en los sueños, destruir los engranajes que nos aplastan y sobre sus cimientos echar las raíces para un mundo donde los trabajadores podamos desarrollarnos plenamente. Un mundo socialista, el único realmente capaz de ser maravilloso.



 

En esta nota

21/06/2020

24 horas de paro en el Puerto de Buenos Aires

Una lucha a fondo por la defensa de la paritaria.

Agrupación Clasista Naranja Portuaria

El conflicto por las negociaciones paritarias de los trabajadores portuarios se ha agravado como resultado de las maniobras patronales para hacer pasar un acuerdo de ajuste en el Puerto de Buenos Aires: dos de las 3 operadoras portuarias restringen el acceso de los estibadores a las terminales remplazándolos por personal ajeno al puerto y apelando a una fuerte militarización del lugar de trabajo. En estos momentos se despliega un importante operativo represivo de la Prefectura Naval, que se suma a las provocaciones del gobierno y las patronales contra los trabajadores.


El Puerto de Buenos Aires, principal puerto del país, en estos momentos se encuentra totalmente paralizado.


La base del conflicto son las negociaciones paritarias inconclusas (periodo 2019/20) y la paritaria entrante, desde el mes de junio. Las empresas vienen de prorrogar por 2 años las concesiones portuarias y de recibir una bonificación de las tasas de uso del puerto, que las beneficia. Además de cobrar sus tarifas en dólares. Sin embargo, rechazan cumplir con el aumento de la cláusula de revisión, retroactiva a marzo; el bono por trabajo durante la cuarentena; la equiparación salarial de los tercerizados y un nuevo acuerdo paritario que defienda a los trabajadores ante la inflación.



Las medidas de las patronales han generalizado el rechazo de los trabajadores portuarios y extendido la solidaridad entre los distintos gremios. Trabajadores de los distintos gremios discuten sumarse a las medidas adoptadas por los estibadores y a asambleas comunes, y no se descarta una acción colectiva de todos los sindicatos.


El lunes está prevista una audiencia con el Ministerio de Trabajo y las patronales para discutir el conflicto que ha puesto a la paritaria en crisis. El conflicto del puerto pertenece a todos los trabajadores portuarios: unamos todas las fuerzas para que no pase el ajuste y lograr colocar nuestros reclamos postergados durante años.




 

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21/06/2020

Derrotemos el convenio de Exactas-UBA con Shell

Se votaría el lunes 22. Concebido para “mejorar la comprensión de la geología de los sistemas no convencionales de las formaciones Los Molles, Vaca Muerta y Agrio”, deja a criterio del pulpo petrolero el destino último de las investigaciones.

Izq: Teófilo Lacroze, presidente de Shell Argentina. Der: Facultad de Ciencias Exactas - UBA.

Este lunes 22 se buscará aprobar, en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, un convenio con la petrolera británica Shell, un pulpo que explota Vaca Muerta con métodos contaminantes como el fracking.


Hoy en día, Shell opera los bloques de Sierras Blancas, Cruz de Lorena, Coiron Amargo Sur Oeste y Bajada de Añelo. En abril de 2014, también adquirió un porcentaje de dos bloques operados por Total SA: La Escalonada y Rincón La Ceniza.


El convenio consiste en una “asistencia técnica” de la facultad a la empresa, que formaría parte de las investigaciones de la carrera de doctorado en Geología. Esto consiste en el análisis de regiones para “mejorar la comprensión de la geología de los sistemas no convencionales de las formaciones Los Molles, Vaca Muerta y Agrio”. El texto declara la intención de Shell de pagar 30.000 dólares por esta “asistencia”, que no serán administrados por la facultad sino por la fundación FundaCEN -un viejo artilugio legal para habilitarle la utilización de esos recursos.


A su vez, este convenio se basa en un proyecto de investigación de tesis doctorales del Conicet. ¿Cómo impactaría esta financiación privada en la orientación que tomen estas investigaciones? Frente a esto, es lógica la consecuencia directa de un conflicto de intereses en juego. Sabemos que Shell representa los modos de producción capitalistas aplicados a la industria hidrocarburífera, que son causantes de la depredación ambiental. Por lo tanto, este financiamiento condicionaría las investigaciones científicas. Además, Exactas se compromete a “suministrar el lugar físico y la utilización del equipamiento existente”. Es decir, la facultad invertiría presupuesto público y sus recursos al servicio del desarrollo de Shell. Para colmo, esto se da en un cuadro donde ni el país ni la universidad poseen Presupuesto 2020, sino que siguen funcionando con el presupuesto ajustador votado por el macrismo en diciembre de 2018.


La gota que rebalsa el vaso es la cláusula 19 del convenio, donde se establece que “las Partes acuerdan que Conicet y FCEN-UBA podrán disponer de toda información científica que se genere en el marco de la presente asistencia técnica, que no incluya ‘Información Confidencial’ aportada por Shell u otras empresas (…) En caso de que el Conicet, la FCEN-UBA o cualquiera de los integrantes del Proyecto efectúen publicaciones de sus trabajos, deberán remitir a la casilla de correo del Representante Técnico con una anticipación de 30 días hábiles una copia de la publicación planeada a Shell a los fines de que estas corroboren que tal publicación o escrito no contiene Información Confidencial”. Es decir que la facultad se compromete a que, ante la investigación que se realice, sea la propia empresa la que decida “lo que conviene” o lo que no publicar en revistas científicas, dándole un poder de veto a Shell. ¿Qué pasaría si en la investigación se detecta el potencial daño ambiental de la “estrategia” de Shell? ¿Los investigadores no podrán publicarlo?


Esto no es un hecho aislado. Eso nos muestran los convenios que supo tener Exactas con Pan American Energy, Chevron, Papel Prensa, y si lo extendemos a la UBA, los tejidos con Monsanto, Benetton y tantas otras. La intención de convertir la producción científica en una “herramienta” de las empresas para su desarrollo trae consigo la mercantilización de la ciencia. Ya conocemos los “temas estratégicos” de investigación, donde si una rama de investigación le “sirve al mercado” será privilegiada. La norma establecida por las autoridades es poner la ciencia orientada a cubrir las necesidades capitalistas y no las necesidades populares.


En Exactas, una facultad donde el decano y 14 de sus 16 consejeros directivos son del bloque oficialista, es interesante analizar el rol de la actual conducción del centro de estudiantes, Identidad – La Cámpora. Frente a un proyecto tan obsceno no les quedó otra que rechazarlo; un dato no menor que, ante un estudiantado que se viene organizando en defensa del ambiente, tomen una posición conveniente para evitar un repudio masivo. Sin embargo, nadie puede tapar el sol con la mano: este convenio va en sintonía con la orientación en materia hidrocarburífera del gobierno nacional que tanto defienden. Alberto Fernández ha declarado reiteradas veces que el desarrollo de Vaca Muerta era lo que iba a “reactivar la economía”, y la entrega del “barril criollo” a las petroleras va en ese sentido.


Desde En Acción (UJS + independientes) rechazamos este proyecto. Exactas y la UBA no deben poner sus servicios a disposición de los pulpos petroleros, lo que significaría un  reforzamiento del plan económico del gobierno de desarrollar Vaca Muerta, cuyo único fin es el pago de la deuda externa al FMI y a los bonistas. Llamamos a les estudiantes y toda la comunidad académica a repudiar este convenio y sumarse a la campaña de fotos con la consigna #FueraContaminantesDeExactas etiquetando a @enaccion.exactas



 

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21/06/2020

Neuquén: a 24 años de las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul

Se mantiene la vigencia de un método.

El 20 de junio se cumplieron 24 años de la primera pueblada que protagonizaron las comunas de Cutral Co y Plaza Huincul con el método del corte de ruta y la asamblea popular.


Las privatizaciones de Menem-Cavallo de YPF y Gas del Estado dejaban un saldo de más de 5 mil desocupados y un fuerte golpe a las economías regionales vinculadas, casi en su totalidad, al rubro de la industria petrolera y el gas.


La carestía de vida y la desocupación fue el caldo de cultivo para el surgimiento de la Coordinadora de Desocupados en 1995, con núcleo central en Neuquén, pero con expresiones en Centenario, Senillosa, Plottier y Cutral Co – Plaza Huincul. Su programa sostenía un seguro al parado de $500 (500 dólares para la época) como consigna transicional y un pronunciamiento contra las rebajas salariales, como aspectos centrales. Fueron estas coordinadoras, sus asambleas y sus conquistas parte de la génesis del posterior estallido popular en junio del 96 en “La Torre” sobre ruta nacional 22.


Felipe Sapag, que había asumido un nuevo mandato unos meses antes, en una votación plebiscitaria, descargó toda su ira macartista con los piquetes, a quienes tildó de “lúmpenes y vagos”. Aunque cuando la Gendarmería fue derrotada no tuvo más remedio que tirar lastre haciendo concesiones en varios puntos de los reclamados por esos piquetes.


El método del corte de ruta con un fogón popularizó la figura del piquetero en un movimiento de lucha que referencia nacional. En la segunda pueblada en 1997, prefirieron optar por el nombre de fogoneros. No podía ser de otra forma, los piqueteros de Cutral Co y Plaza Huincul derrotaron al aparato represivo del Estado, golpearon al poder judicial y echaron luz sobre la agonía de un régimen social que solo puede ofrecer pobreza y miseria.


El pueblo unido jamás será vencido


La unidad y la solidaridad del pueblo de la Comarca Petrolera fueron naturales. Unidad necesaria para sostener la estructura del piquete y detener el embate de 300 gendarmes para desarticular el corte. Casi 30 mil personas se nuclearon en el piquete central de ruta 22 en jornadas históricas de lucha y organización sin precedentes, soportando temperaturas bajo cero. Sucede que la miseria era insostenible: una revista local reflejaba que “Muchos de los piqueteros no tenían una opción mejor en sus viviendas, no tenían gas y en los piquetes algo de calor había; en muchas casas no había comida y en los piquetes siempre había algo; ignorados en su pesar y un protagonismo social adquirido; no tener nada para hacer y tener una responsabilidad; no tener posibilidades de decidir y tener. Todo un cambio repentino y que en cierta manera prolongaba o sostenía el corte, la pueblada” (La Madre del Borrego N5).


Las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul fueron la antesala y el preludio de insurrecciones populares en diferentes puntos del país, pero que encontraron un canal común en las jornadas del Argentinazo de diciembre del 2001 con la huida del represor De la Rúa.


Así como después de 24 años, el proceso de desindustrialización, las suspensiones de obreros petroleros y una fuerte crisis social siguen vigentes, también lo están los métodos piqueteros.


En este nuevo aniversario de las puebladas saludamos la enorme lucha de las trabajadoras de Clínica Cutral Co que hace 5 meses luchan por sus salarios y sus puestos de trabajo, a los obreros ceramistas de Stefani que defiende las fuentes laborales, a los docentes que luchas por la cobertura de horas y cargos y al naciente Polo Obrero de la comarca que está dando sus primeros pasos.





 

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21/06/2020

Mendoza: un trabajador de Jumbo contagiado en Luján de Cuyo

Uno de los nuevos casos de Covid-19 anunciado en los listados del gobierno mendocino corresponde a un trabajador de un supermercado Jumbo de Carrodila (Luján de Cuyo), que en este momento se encuentra internado en el Hospital Español de Godoy Cruz.


El trabajador no tiene contacto con transportistas y por el momento se desconoce el nexo epidemiológico.


Este nuevo caso se debe al levantamiento de la cuarentena en la provincia, que ha producido un crecimiento considerable de la curva de infectados en los últimos días. Aunque el gobierno decidió retroceder en sus fases a la circulación en base al número de documento, no han sido retraídas las medidas de liberación de actividades económicas. El interés capitalista por sobre la salud.


Ante este nuevo caso en Luján de Cuyo y el contundente crecimiento de los contagios, llamamos al conjunto de los trabajadores a organizarse por comités de higiene y seguridad en los lugares de trabajo, por turno y por sector. Por un sistema de salud unificado, que centralice la totalidad de los recursos sanitarios; como así también la garantía de todos los elementos de seguridad en cada repartición de trabajo y garantizar el distanciamiento social dentro de los establecimientos. Que la crisis sanitaria y económica no sea pagada por los trabajadores.




 

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José C. Paz: vecinos de San Atilio resuelven plan de acción por vivienda y el cierre del basural

En una asamblea realizada el viernes 19, se pronunciaron por el cierre del basural y contra las políticas de hambre.

Polo Obrero José C. Paz

El viernes 19 por la tarde, alrededor de  100 vecinos y vecinas del Barrio San Atilio (del distrito bonaerense de José C. Paz) se reunieron en asamblea, en la que resolvieron una serie de medidas para reclamar por el cierre del basural y el saneamiento de los terrenos, por un espacio verde y por un plan de viviendas populares.


El Polo Obrero fue invitado a participar de la asamblea. Allí nuestras compañeras Sandra y Marcela explicaron a quienes se habían acercado qué es el Polo Obrero, cómo nos organizamos y cuáles son los métodos de nuestro agrupamiento para conquistar las reivindicaciones. Algo que ejemplificaron con la movilización al municipio en diciembre del año pasado, que conquistó distintas reivindicaciones para los comedores y merenderos organizados en el Polo Obrero y para vecinos que llevaron sus reclamos en un petitorio. Y, a su vez, con el método asambleario que se estaba desarrollando, y del cual nos invitaban a participar.


Unamos los reclamos


Una segunda intervención de nuestra organización se posicionó sobre el debate (a través de las redes) con el agrupamiento Vecinos Unidos, quienes vienen luchando hace años por el cierre del basural en el distrito y con quienes nos hemos encontrado en las distintas instancias de lucha.


Este agrupamiento atiende la cuestión ambiental como cuestión principal, si bien reconocen el problema habitacional del distrito. Sin embargo, en un comunicado público se posicionaron contra la toma que realizan hace más de una semana las y los vecinos del barrio, argumentando que la misma respondería a algún puntero político inescrupuloso que lucra con venta de terrenos (práctica común de los punteros, no solo de los del intendente Mario Ishii) y traería la inseguridad al barrio.


Desde Vecinos Unidos plantean la recuperación de los terrenos como espacio verde y señalan la necesidad de crear un corredor aeróbico, con espacio de recreación o canchas de fútbol o voley; y una planta de agua potable que abastezca al municipio. Queremos transmitirles a “Vecinos Unidos” que las familias de San Atilio que mantienen la toma son familias trabajadoras. Los verdaderos chorros están sentados en las oficinas del municipio, lucrando con el basural a cielo abierto, con el hambre y la miseria a las que son sometidos las y los paceños.


En segundo lugar señalamos que, como se ve, es un problema multidimensional. Acompañamos el reclamo, y movilizamos en su ocasión, por el cierre definitivo del basural ilegal y clandestino que montó la Municipalidad, afectando el ambiente y perjudicando la salud de los vecinos. Y creemos que hay que encontrar una solución para las familias de menos recursos que no pueden acceder a una vivienda. Con un saneamiento en regla y una planificación que involucre a expertos ambientales, urbanistas, trabajadores y vecinos estamos seguros que podemos encontrar una solución que atienda todos los reclamos y pueda generar, además de un espacio verde y vivienda, una fuente de trabajo para los desocupados del distrito (que según datos del Indec, en diciembre del año pasado rondaba el 15%, agregando un 40% de índice de pobreza y un 10% de indigencia).


Llamamos al agrupamiento “Vecinos Unidos” y a todos los vecinos de José C. Paz a avanzar en este sentido: seguir reclamando activamente el cierre del basural y el saneamiento del predio y encontrar una solución para todos los afectados.


Plan de acción


En este sentido, la asamblea resolvió un plan de acción. Con una campaña fotográfica que visibilice el conflicto con consignas como “No al basural, saneamiento de los terrenos, por un espacio verde y la creación de un espacio de recreación, por un plan de viviendas populares bajo gestión de las y los vecinos”. A su vez, se resolvió la elaboración de un petitorio con cada una de las reivindicaciones para presentar en el municipio. Invitamos a sumar cada uno de los reclamos pendientes.


Ante la situación de pobreza extrema y miseria en medio de la pandemia, se está realizando un empadronamiento de las y los vecinos para presentar el reclamo por entrega inmediata de alimentos y kits sanitarios, ante Desarrollo Social, porque con hambre no hay cuarentena.


Unamos los reclamos y golpeemos con un solo puño al gobierno municipal de Ishii, que hambrea, contamina e intoxica a las y los paceños desde hace más de 20 años.



 

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21/06/2020

Mendoza: solo los trabajadores de salud enfrentan la pandemia

Este sábado 20 se desarrolló la segunda gran caravana de profesionales.

Por segundo sábado consecutivo, los profesionales y el conjunto de los trabajadores de la salud de Mendoza protagonizaron ayer una gigantesca caravana de automóviles. Durante horas de la tarde, fueron miles recorriendo las calles céntricas, pasando por Legislatura y Casa de Gobierno. A la medida, autoconvocada, se sumaron la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea).


Los trabajadores reiteraron su rechazo a la precarización de la salud y su reclamo de seguridad y de elementos para garantizarla, frente al brote de Covid-19 de los últimos días. Han impuesto en los hospitales esquemas de rotación sencillos (14 días trabajan y 14 descansan), y tienen muy presentes cuáles son las necesidades básicas para enfrentar la curva ascendente de contagio, por eso su lucha va en ascenso.


También cobró fuerza la defensa de los aguinaldos, que el gobierno pretende pagar en cuotas, comenzando desde septiembre a diciembre de acuerdo al monto que se cobre. Y el reclamo de pase a planta de los precarizados y prestadores.



Esta fue la tercera medida de lucha que distintos trabajadores del Estado impulsaron durante la semana. El martes 16, en el marco de la convocatoria del Plenario del Sindicalismo Combativo, una concentración de Sitea, delegaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Sute), ATSA (Sanidad), las agrupaciones de la Coordinadora Sindical Clasista y el Polo Obrero colmó la explanada de Casa de Gobierno. Y el jueves 18, el Sute protagonizó una importante caravana, que terminó con un acto de los docentes frente a ese mismo edificio. Una agitada semana, que el gobernador Rodolfo Suárez no pudo evitar pese la intimidación policial y amenazas represivas.




Control popular para enfrentar la pandemia


Es claro que los trabajadores y profesionales de salud son los más activos en los reclamos sindicales. No podría ser de otra forma, pues en las últimas semanas existe una escalada de contagios en barrios, supermercados, bodegas que habla de una presencia del virus en sectores socialmente humildes, bien alejados de quienes estuvieron viajando al viejo continente. Todo indica que se trataría de circulación comunitaria, algo que afirman algunos profesionales médicos, pero niegan las autoridades del Ministerio de Salud.


El gobierno de Rodolfo Suárez ha desperdiciado el tiempo que dio la temprana cuarentena: así lo revelen los reclamos de los trabajadores y profesionales. Ha sido incapaz de establecer una centralización del sistema sanitario y los testeos solo son empleados para quienes tiene claros síntomas compatibles con el Covid-19.


La defensa del lucro capitalista, en particular de los mercaderes de la salud privada, es incompatible con la protección de la población, los trabajadores y profesionales de la salud.


Es necesaria la conformación de comités de trabajadores y profesionales, para que organicen y decidan las medidas en cada hospital y en todo el sistema de salud.



 

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21/06/2020

CABA: el gobierno de Larreta trata de ladrones a trabajadores de la salud

De barbijos con sobreprecios a requisas a trabajadores.

Tribuna Municipal

En los últimos días se remitió en varios hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, a través de sus autoridades, una comunicación firmada por la “Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes” que plantea que a partir del 19 de junio “el Personal que presta servicios de Seguridad Privada en los efectores de salud procederá al control de todos los vehículos o personas que ingresen o egresen de los Hospitales, mediante la revisión de los baúles y bolsos”. En las comunicaciones se transmitió también que la medida se debía al incremento de los hurtos, ya sea de elementos de protección personal (EPP) u otro tipo de insumos. En el Hospital Pirovano, Santa Lucía, el Irep o el Zubizarreta, por mencionar algunos efectores donde se comunicó esta medida, la respuesta fue una combinación de sorpresa y hartazgo.


El ladrón cree que todos son de su condición


Las y los trabajadores de la salud ya cargan con bastantes carencias como para que, para colmo, se las quieran adjudicar a su propia responsabilidad. En lo que refiere a los EPP, los reclamos -ya sea por cantidad insuficiente o por mala calidad- se remontan hasta finales de marzo y principio de abril. Más de dos meses después, el reclamo persiste y el problema dista de estar resuelto. Más bien, en algunos hospitales, incluso a pesar de recursos de amparos favorables, la falta o defecto de los EPP cobra ribetes dramáticos, mientras la pandemia marcha hacia su pico y los efectores están amenazados por el colapso. El problema abarca también a los centros de salud que no atienden específicamente casos de Covid-19, pero que sin embargo padecen contagios por una gran exposición al virus y su circulación.


La responsabilidad de esta situación en los centros de salud municipales le cabe al gobierno de Larreta, que no reforzó adecuadamente el sistema de salud en la cuarentena -como se muestra en cuestiones básicas como la provisión de EPP- y viene actuando en favor de su desmantelamiento en momentos donde se dispara la curva de contagios. Pero antes de asumir esta situación, el gobierno busca dar a los trabajadores de la salud la idea de que si faltan EPP o insumos elementales es porque ellos se los robaron. El problema no es solamente esta persecución sino quien la ejecuta. Hablamos del gobierno que compró barbijos con sobreprecios y, para colmo, vencidos. El ladrón cree que todos son de su condición.


Una exposición enorme para el personal de seguridad


Las requisas al personal de salud no son solo un atropello para enfermeros, médicos, profesionales, administrativos y personal de limpieza de los hospitales y centros de salud. Son también una enorme exposición para el personal de seguridad que debería realizarlas. Implicarían un contacto permanente con todas las pertenencias del personal y de los usuarios del sistema público de salud, o sea, con una población de enorme exposición al virus. Estas requisas se realizarían con personal que es tercerizado, tiene jornadas de 12 horas de trabajo, magros elementos de protección y un sueldo que no alcanza ni una canasta básica, motivo por el cual suele haber un segundo empleo. Como se ve, la medida no persigue ningún interés sanitario y es inviable además de persecutoria.


Abajo las requisas


No es la primera vez que se quiere responsabilizar a los propios trabajadores de la salud de los perjuicios que viven en los hospitales y centros de salud. En abril, ante la primera ola de contagios en los hospitales, el gobierno de Larreta perseguía a trabajadores del Hospital Moyano con la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad por denunciar la falta de EPP. No se quedó atrás para ese entonces el propio Ginés González García que se refería a los contagios como horizontales y pedía a los profesionales ser menos omnipotentes. Pero que el libreto de ocasión no sea nuevo no quita, sin embargo, la necesidad de rechazarlo. Desde Tribuna Municipal llamamos a rechazar abiertamente cualquier tipo de requisa a trabajadores de la salud y a reforzar la pelea por todos los reclamos.





 

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21/06/2020

Mendoza: primer round contra el ataque al salario y el aguinaldo

Las jornadas del 16 y 18, con importante presencia de trabajadores de la educación, muestran que es posible vencer el ajuste de Rodolfo Suárez.

La segunda semana de junio ha estado marcada, en Mendoza, por la reacción de los trabajadores y de algunas direcciones sindicales al ataque que significa para el bolsillo el pago del aguinaldo desde septiembre y en cuotas.


En las acciones en este sentido, han empezado a tener protagonismo los trabajadores y trabajadoras de la educación .


La jornada del 16


Luego de una semana de asambleas por escuela y un debate de posiciones tanto en los plenarios departamentales como al interior de la conducción del gremio, el martes 16 trabajadores de la educación nos movilizamos con el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), el Polo Obrero Municipales, artistas y luchadores autoconvocados de la salud (quienes vienen de ganar 2.100 pases a planta, a pesar de los aprietes de la patronal y la burocracia sindical). Se realizó un acto importante frente a Casa de Gobierno, como parte de la iniciativa nacional de lucha del sindicalismo combativo que fue impulsada en la provincia por la Coordinadora Sindical Clasista, y a la que también adhirió ATSA Mendoza (sanidad).


La participación de docentes y celadores en la provincia corrió por cuenta de la seccional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Sute) de Las Heras, que previamente venía de una acción de lucha y visibilización en su departamento, y de la seccional Luján. Pero también fue discutida la jornada en los plenarios departamentales de Guaymallén, Ciudad y la Zona Este, desde donde distintos delegados se movilizaron a pesar de que no fueron acompañados por la dirección de sus seccionales. También se sumaron a la jornada los compañeros de la Agrupación 9 de abril, que comparten la directiva del gremio con nuestra agrupación Tribuna Docente -aunque con una posición ambigua, ya que solo se limitaron a asistir a Casa de Gobierno, pero no llevaron la discusión ni a las bases del gremio ni al interior del secretariado provincial.



El hecho que solo Tribuna Docente haya estado a la cabeza de impulsar una acción de lucha independiente el día 16 abre un enorme debate al interior del Sute y de su activismo, sobre la dirección que va a tomar el gremio de los educadores en el medio de una dura lucha contra el gobierno de Rodolfo Suárez -el mandatario, confiado por el paraguas que le sostiene el gobierno nacional para pagar la deuda, sigue mirando para otro lado frente al contundente reclamo de que llame a paritarias. Un debate que, ante todo, debe tener en cuenta que la jornada tuvo una significación por partida doble, ya que no solo fue una acción de lucha contra los planes del gobierno, sino que también fue una enorme movilización nacional de trabajadores de la educación que están dando la batalla contra la clásica entrega de Ctera al Ejecutivo nacional. La conducción de la confederación nacional docente no solo está integrada al gobierno de Alberto Fernández, sino que es cómplice del ajuste de Suárez pese a posar de opositora en la provincia.


La jornada del 18


El jueves 18 hubo un apagón virtual (paro) contundente, por parte de la docencia mendocina en todos los niveles, mostrando el enorme descontento que crece en todas las escuelas e institutos de nivel superior. Esto fue acompañado por la mañana por una caravana por las calles mendocinas que había convocado el Frente de Unidad Estatal, y que finalizó con un nuevo acto en Casa de Gobierno que fue realizado en soledad por el Sute -ya que los otros gremios del frente, excusándose en las restricciones de cuarentena que había anunciado el gobernador el día anterior, se bajaron antes de subirse.


No es la primera vez que este “frente de unidad estatal” se desvanece antes de arrancar, ya que es imposible establecer una unidad con las burocracias sindicales que tienen cuantiosos vínculos, ya sea con el gobierno provincial como con el gobierno nacional. Lo único que han hecho en unidad fue firmar una paritaria en la medida del ex gobernador Alfredo Cornejo en diciembre del 2018 y un par de movilizaciones aisladas, más para descomprimir el descontento de la base que para marcar una perspectiva de lucha a las y los del trabajadores del Estado.


Podemos ganar


Este primer round en la lucha por el aguinaldo y el salario se llevó adelante pese al desmedido operativo policial contra ambas acciones. Lejos de amedrentar a quienes nos movilizábamos, los operativos demostraron un temor y una actitud defensiva del gobierno provincial a las expresiones de lucha. En la memoria de Suárez y sus funcionarios todavía está fresco el recuerdo de las jornadas de diciembre, cuando vieron cómo el pueblo movilizado podía derrotar los planes del oficialismo, la oposición cómplice y enormes y poderosas empresas como son las megamineras.


Para lograr que este gobierno pague el aguinaldo y llame a paritarias, que sería en los hechos una verdadera política para cuidar la salud y la educación pública de la provincia, tenemos que ser conscientes de que no es un problema de que “se sienten a dialogar”. Lo que estamos enfrentando es una política de todo el régimen, que ha establecido que la prioridad número uno de Mendoza y Argentina es pagar la deuda externa, y para hacerlo no duda en meter mano a los bolsillos ya muy golpeados de las trabajadoras y trabajadores, empezando por los que dependen del Estado.


Resulta fundamental el estado de asamblea y movilización permanente, multiplicando las acciones por escuela, por zona, departamentales y centrales. Necesitamos despertar la confianza de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza de que podemos ganarle a este gobierno prepotente, pero débil.


Esta es una batalla imposible si no es en unidad con todas y todos los trabajadores de la industria y los servicios. Para ello hay que abrir todas las instancias de deliberación y coordinación desde las bases y avanzar en organización y en la convocatoria de un plenario de delegados de base de todos los sindicatos, de ocupados y desocupados, que discuta y resuelva un plan de lucha para imponer los intereses del pueblo trabajador.

21/06/2020

La UNLu San Fernando: un territorio amenazado por la especulación inmobiliaria y el lucro capitalista

Se realizó el panel-debate “Territorios Amenazados: el PUEF-UNLu y los humedales del Río Luján”

, Docentes de la UNLu

El jueves 18 de junio se realizó el panel-debate “Territorios Amenazados: el PUEF-UNLu y los humedales del Río Luján”, organizado por la lista Naranja y Roja del sindicato docente Adunlu. Este panel estuvo integrado por un destacado elenco de especialistas y activistas en problemáticas socio-ambientales-educativas: Patricio Pintos (UNLP), Sofía Astelarra (UBA-Conicet-UTN), Alejandra Valverde (UNLu-Conicet) y Natalia Fiori (UNLu). La actividad estuvo coordinada por Patricio Grande (secretario adjunto de Adunlu), fue transmitida en vivo y contó con una enorme y activa participación de integrantes de la UNLu, militantes y organizaciones socio-ambientales de diversas partes del país.


A casi un mes de la usurpación realizada en plena cuarentena por el gobierno municipal de San Fernando (en connivencia con el Estado Nacional) la lucha de estudiantes, graduados, docentes y no-docentes por la defensa del predio costero de la UNLu (Universidad Nacional de Lujan) se encuentra más firme que nunca y va recogiendo sus primeros frutos. Así, este panel-debate se inscribió como parte de esa enorme lucha colectiva por la defensa de estos terrenos costeros que tienen una extensión de 9.75 hectáreas y son conocidos popularmente como “Siberia”.



Cabe subrayar que por su ubicación estratégica este predio de la UNLu se configura desde hace varias décadas como un muy preciado botín para los especuladores y desarrolladores inmobiliarios, quienes hacen grandes negociados a través de la utilización y privatización de bienes comunes. Es decir que en el foco del conflicto por estas tierras, que son parte integral del humedal correspondiente a la cuenca del Río Luján, coloca en uno de los extremos a la especulación inmobiliaria y, del otro, el cuidado de los humedales costeros.


El panel tuvo, al menos, dos grandes interrogantes articuladores y problematizadores: ¿por qué es central pensar este conflicto en clave de especulación financiera e inmobiliaria? Y ¿qué implica la intervención sobre los humedales y los bienes comunes?


Las intervenciones


En primer lugar, Natalia Fiori realizó una detallada descripción en sobre el conflicto en relación al terreno de la UNLu en San Fernando y expuso con detalle los diversos usos que desde la universidad se le vienen dando a este lugar. Además, destacó el valor pedagógico que tiene ese espacio y la necesidad que siga siendo un lugar de producción de conocimientos, extensión y enseñanza. Entre sus conclusiones señaló: “la garantía que esos terrenos sigan perteneciendo a la UNLu es que van a estar protegidos por su comunidad y, en ese sentido, es necesario que se dé un ámbito de discusión democrática en función de cuál debe ser su finalidad; si deben estar al servicio de tender puentes sociales con las comunidades de la zona o van estar al servicio de intereses privados”.


Luego, hizo uso de la palabra Sofía Astelerra quien centró su exposición en explicar el significado de la ecología política de los humedales, detalló algunos conflictos eco-territoriales en humedales y puso en valor los modos de vida local y la importancia de la participación socio-comunitaria en humedales: “en el área metropolitana norte han sido las comunidades locales las que han defendido el acceso público y gratuito a las costas, revalorizando la cultura, la historia y de los espacios de esparcimiento social. De manera opuesta, se encuentra el avance de las urbanizaciones cerradas”.


A continuación, Patricia Pintos expuso acerca de los conflictos entre valoración económica y valoración socio-eco-territorial de los humedales urbanos y las intersecciones entre régimen urbano, extractivismo inmobiliario y bienes comunes. Sus conclusiones fueron muy claras: “lo que está en pugna en estos territorios dominados por humedales son diferentes lenguajes de valoración, entre un lenguaje modernizador y otro lenguaje que reivindica la naturaleza y las formas de vidas pretéritas en esos territorios”.


Por último, Alejandra Valverde realizó un racconto de los procesos de negociación por espacios propios en la UNLu (el caso de la autopista ruta 5 y los fondos megamineros), también expuso sobre la cogestión en el caso de la Reserva Forestal Quinta Cigordia (Luján) y la UNLu y, finalmente, trazó una perspectiva sobre lucha ambiental por la defensa de los humedales en la cuenca: “no se trata de un conflicto de la universidad con el Estado, sino que estamos hablando de un bien público que es necesario gestionarlo con todos los actores involucrados en el uso de estos bienes. Es un conflicto de toda la cuenca que involucra a muchos espacios y personas”.


Algunas primeras conclusiones


La actividad, a través del debate, aportó una valiosa cantidad de insumos o herramientas analíticas para el desarrollo de la lucha colectiva en curso por la defensa de los terrenos costeros de la UNLu.


El panel logró visibilizar con claridad los dos proyectos centrales en pugna en “Siberia”: uno es de orden socio-comunitario y por la defensa de la vida; el otro, en cambio, es privado y en pos de la ganancia y el lucro capitalista.


Además, posibilitó la realización de una instancia donde emergieron valiosas interacciones entre distintas experiencias de organización y de lucha por la defensa de los territorios y los bienes comunes en la cuenca del Río Luján.


Sin dudas, a un mes de su inicio, esta lucha de todos y todas por la defensa de “Siberia” se encuentra más firme que nunca. Una lucha que, tal como se puedo observar en este panel, cada día va incorporando a nuevos actores/actrices y organizaciones.


Sigamos adelante y fortaleciendo esta gran lucha colectiva.





 

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21/06/2020

Universidad de Córdoba: estudiantes denunciaron deserción y falta de presupuesto

El pasado jueves 18 de junio se desarrolló una concentración en defensa de la educación pública impulsada por las asambleas de artes y arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La actividad convocó a decenas de estudiantes de distintas facultades y fue un importante pronunciamiento por el incremento de becas, contra la deserción estudiantil, en rechazo del pacto del Rectorado con el Vaticano y por aumento de presupuesto.


La iniciativa comenzó con una feria de apuntes y una semaforeada con carteles que concentraban los reclamos más sentidos del movimiento estudiantil, que se agravaron como consecuencia del confinamiento. La actividad culminó con una asamblea en Patio Olmos en la que se debatieron las distintas problemáticas que enfrentamos les estudiantes y la comunidad educativa.


En el desarrollo de las intervenciones se fueron caracterizando las enormes consecuencias que acarrea la profundización de la crisis para la universidad. En primer lugar, se estableció una denuncia respecto al incremento de la deserción producto de la cursada remota improvisada y precaria, impuesta de manera unilateral por las autoridades. Esta precarización en la cursada se impuso sin garantizar el acceso a la conectividad, sin resolver el colapso de las plataformas y avanzando en una precarización laboral mayor de les docentes.


También se deliberó respecto a la situación que atraviesa la juventud producto del impacto de la crisis que golpea de lleno a este sector que sufre las consecuencias de la precarización laboral y el avance de los despidos. En ese sentido, se hizo hincapié en la necesidad de establecer una fuerte lucha por el acceso irrestricto a las becas y el incremento de los montos que hoy son irrisorios.


Además se expresó el rechazo al pacto del Rectorado con el Vaticano entre las distintas posiciones que se fueron desenvolviendo. Se repudió la injerencia del clero en la universidad que repercute de lleno en nuestra formación y el otorgamiento de recursos materiales y humanos a la Universidad del Papa, en un marco donde el desembarco de la pandemia puso de mayor relieve las dificultades que enfrenta la UNC como consecuencia del ahogo presupuestario.


Una a una las intervenciones delinearon un programa político en defensa de la educación pública cuyo eje vertebrador es el aumento inmediato de presupuesto en contraposición al congelamiento presupuestario producto del rescate a los capitalistas y el pago de la deuda externa.


Frente a la parálisis de los centros de estudiantes y la FUC (federación universitaria), quiénes responden a un régimen de ataque a la educación superior, es necesario reforzar la organización independiente de las autoridades y los gobiernos ajustadores. La defensa de la universidad está más vigente que nunca. Esta actividad fue el puntapié para retomar la acción de lucha en unidad con les trabajadores. El próximo martes vamos a una asamblea inter claustro para definir los pasos a seguir.


Vamos por el inmediato aumento de presupuesto. Ingreso irrestricto e incremento del monto a 10.000 pesos de la beca Progresar. Que se garanticen el acceso a la conectividad al conjunto del estudiantado y la regularidad sin condicionamientos para que la virtualidad no deje a nadie afuera. Condiciones sanitarias para el retorno a las clases presenciales. Basta de ajuste, plata para educción, no al pago de la deuda externa.





 

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21/06/2020

Según la Oficina de Violencia Doméstica, el 93% de las denunciantes está en riesgo

Los datos del organismo contradicen la línea del Ministerio de Mujeres, que viene negando el agravamiento de la situación.

Fuente: Oficina de Violencia Doméstica.

En los últimos días se publicaron estadísticas del primer trimestre de 2020 de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema de Justicia y atiende de manera personalizada en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos contradicen al Ministerio de Mujeres y Géneros, que sistemáticamente viene negando el agravamiento de la situación de las mujeres bajo la pandemia, relativizando los números de femicidios y sugiriendo que las llamadas al 144 y otras líneas de atención denunciaban principalmente violencia psicológica.


Los números de la OVD son tajantes y, aunque aún no fue publicado el informe estadístico -que permitiría analizar los datos comparativamente con años anteriores-, sirven para graficar un estado de situación. La información publicada en la sección noticias de la página de la OVD da cuenta de que en el período que va del 1 de enero al 31 de marzo las presentaciones (3.856) fueron realizadas principalmente por mujeres (75%) jóvenes y adultas contra parejas y ex parejas, mientras que el 19% de las denunciantes recibió amenazas de muerte de sus parejas.


De las presentaciones realizadas una parte son “consultas informativas”, es decir, de mujeres que solicitan conocer cómo denunciar y cómo funciona la OVD -el paso previo a realizar una presentación. Al margen de estas consultas, los equipos interdisciplinarios que atendieron las situaciones en el primer trimestre de 2020 reconocen 2.737 mujeres víctimas de violencia.


Las mujeres jóvenes y adultas fueron el grupo de mujeres más afectadas (71%). Sin embargo, resulta alarmante que el 23% de las afectadas sean niñas y adolescentes, lo que habla de un marcado nivel de violencia al interior de los hogares, en el marco de la agudización de la crisis y la descomposición social. Y revela que la violencia contra las mujeres, que opera como un elemento disciplinador sobre el conjunto de los explotados, comienza cada vez más temprano.


En cuanto al vínculo con los denunciados, el 59% denunció a su pareja o ex pareja -y como señalamos más arriba, el 19% de ellas recibió amenazas de muerte de aquella-. De hecho, un dato nunca mencionado por las funcionarias nacionales es el riesgo evaluado para las mujeres denunciantes, que según los datos de la OVD principalmente son “moderados” (52%) y “altos” (41%) -categorías que juntas llegan al 93% de las denuncias. Es decir que los equipos interdisciplinarios, que son los capacitados para realizar esta evaluación con independencia de la autopercepción de quien denuncia, consideran que la inmensa mayoría de las denuncias de mujeres está en riesgo.


Por último, las violencias más detectadas fueron de tipo psicológica, simbólica y física, este último tipo fue mencionado por más de la mitad de las mujeres. Es decir que si bien el tipo de violencia más mencionado es la psicológica, que llega al 98% de los casos, esto quiere decir ni más ni menos que casi todas las mujeres que denuncian la padecen. Por lo tanto, el planteo de la ministra Elizabeth Gomez Alcorta, centrándose en este tipo de violencia como el principal entre las llamadas a las líneas de atención, oculta que la mitad de las mujeres padecen además violencia física, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata, en el mejor de los casos, de una manipulación irresponsable de los datos, que omite los riesgos reales de las mujeres en nuestro país y que oculta la generalización de las situaciones de maltrato y violencia.



 

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21/06/2020

Mendoza: las empresas de fracking comienzan con los despidos encubiertos

La empresa petrolera El Trebol, propiedad del grupo Vila-Manzano y un grupo Suizo, que se dedica a la práctica del fracking (modalidad de explotación petrolera) en el departamento de Malargüe, está ofreciendo retiros voluntarios a sus empleados, esto a pesar de la aplicación del precio del “barril criollo” por parte del gobierno nacional, justamente para garantizar los ingresos de las empresas del sector y evitar despidos.


Esto afectaría los puestos de trabajo de más de 75 empleados que trabajan directamente en la empresa e involucraría a otro importante grupo que trabaja indirectamente para la misma. Esta medida fue anticipada por un intento de despidos, que quedó anulada por la prohibición de despidos, pero que no ha frenado la presión de la patronal para que los trabajadores acepten los retiros.


Desde el Sindicato del Petroleo y Gas Privado salieron a remarcar que es una medida extorsiva de la empresa El Trebol que busca utilizarlos para meter presión a YPF para que la misma ceda en la compra de petróleo a las contratistas. Así mismo, reafirmaron que han hablado con los trabajadores para que no se acepten los retiros, remarcando que mantienen el estado de alerta y movilización en reclamo de la restitución de los puestos de trabajo de todos los obreros que aún están en sus viviendas cobrando el 60% del salario.


La postura del gobierno y el fracaso de la práctica contaminadora


Consultado por esta situación el subsecretario de Energía y Minería, Emiliano Guiñazu, sigue insistiendo en rescatar a estos sectores reclamándole a YPF para que revea su postura de no comprar crudo a terceros. Algo que desde YPF respondieron con que tienen los depósitos llenos.


Con respecto a los despidos desde el gobierno provincial pidieron al conjunto de las empresas del sector que no adelanten decisiones con la coyuntura actual, ya que buscan hacer esfuerzos para que sobrevivan todo el mundo, más allá que El Trebol pueda tomar sus propias decisiones.


Esta puesto sobre relieve el agotamiento de una práctica que fuera anunciada con bombos y platillos, en su entonces por Cornejo, habilitando la actividad con un decreto repudiado por todas las asambleas ambientalistas. Aunque el fracking fue presentado como el “envión industrial y el futuro productivo de la provincia”, ya en su momento había recibido su primer rescate siendo exceptuada del pago de regalías en 2019.


Hoy la caída del consumo producido por la cuarentena y por la caída del valor internacional del crudo ha llevado que grandes empresas petroleras dedicadas a esta práctica, que es altamente costosa, además de contaminante, se han declarado en quiebra o hayan avanzado en el abandono de la tarea, algo que seguramente se replicará en nuestra provincia y el país. Lo cual demuestra que esta actividad no es ninguna garantía de la defensa de los puestos de trabajo ni de salida productiva de la provincia. Reclamamos la defensa integra de los empleos de los trabajadores. La pelea por erradicar a los pulpos de la depredación ambiental y la superexplotación laboral plantea la nacionalización de los recursos energéticos para ponerlos bajo gestión de comités obreros, de técnicos y de las comunidades.





 

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21/06/2020

Salta: continúa el acampe de los despedidos de Mina Lindero

Repartieron una carta dirigida al pueblo de Salta, donde denuncian que el gobernador Gustavo Sáenz "gobierna para las mineras".

Los trabajadores despedidos de Mina Lindero por la empresa tercerizada de Mansfield Minerals, Edvsa, continúan acampando en las puertas de las oficinas de la minera en la ciudad de Salta. A su turno, el martes 23 de junio encabezarán una concentración en las puertas de la Cámara de la Minería de Salta, que tiene como vicepresidente al gerente de relaciones institucionales de Mansfield, Facundo Huidobro.


Luego de participar en la jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo, los trabajadores despedidos dirigieron a los trabajadores y al pueblo salteño una carta -que reproducimos al final de esta nota- para explicar su situación y hacer un llamado a colaborar con el fondo de lucha. La carta es repartida a los transeúntes y a los automovilistas que pasan por los cortes de media calzada.


Y este viernes 19, decidieron volver a los cortes totales e intermitentes luego de una reunión donde participó el presidente de la comisión de Minería de Diputados, Andrés Suriani, de estrechos vínculos con el gerente de la minera Mansfield, y en la que no obtuvieron ninguna respuesta concreta. Los acompañó a la reunión el diputado provincial del Partido Obrero, Claudio Del Plá, luego de entregarles un aporte de la bancada del PO a su fondo de lucha.


Carta al pueblo de Salta


Un grupo de 250 compañeros fuimos despedidos de la empresa EDVSA, que hacía trabajos para la empresa minera canadiense Mansfield, en Mina Lindero. A su vez EDVSA tercerizaba trabajó con otras empresas que también despidieron compañeros.


Nuestro trabajo en la Puna Salteña, a veces con 20 grados bajo cero, nunca fue pagado como corresponde, ya que no declaraban el trabajo de los días domingo por ejemplo para no pagarnos lo que corresponde. Ellos aducen que regía para nosotros un convenio firmado con la UOCRA en Neuquén, donde esta empresa dejó a 800 trabajadores en la calle. Un verdadero fraude laboral.


Nuestro régimen laboral era de 21 días en la Puna y siete de franco. Nunca nos pagaban los días de franco.  Además nos hacían dormir hasta siete compañeros en un container y muchas veces no contábamos con agua caliente para higienizarnos.


Todo el fraude laboral que aquí denunciamos nunca fue cuestionado por la empresa Mansfield, tampoco por el gobierno provincial y su secretaría de trabajo y mucho menos por el sindicato de la Uocra.


El pasado martes 16 de junio no nos dejaron ingresar a una audiencia de conciliación donde participó la Uocra como “representación” obrera. Pero este sindicato nunca nos representó, nunca se presentó en nuestro lugar de trabajo para ver en que condiciones estábamos y no nos defiende en este conflicto. Sin embargo aunque muchos de nosotros no estamos afiliados nos descontaron siempre un aporte “solidario” para este sindicato.


Hace más de una semana que estamos acampando frente a las oficinas de Mansfield Minerals que debe hacerse cargo de nosotros ya que como empresa contratante de la tercerizada EDVSA, es legalmente responsable solidaria. Los trabajos que nosotros hacíamos se siguen haciendo, ahora con otra tercerizada.


Mansfield no afronta ninguna crisis, al contrario, está en pleno desarrollo la instalación de la infraestructura que le permitirá extraer oro, y por supuesto llevárselo para engrosar sus enormes ganancias sin dejar nada en la provincia. El oro, a pesar de la crisis de alcance mundial, es uno de los pocos productos que no ha perdido su valor, por eso este negocio esta en auge. Su gerente de relaciones institucionales, Facundo Huidobro, quien minimizó nuestros despidos, es además el vive presidente de la Cámara de Minería de Salta.


El gobernador Gustavo Sáenz conoce absolutamente toda la situación. Sin embargo no ha tomado ninguna medida al respecto, no solo porque él mismo precariza trabajadores como en la salud pública por ejemplo, sino porque claramente gobierna para las mineras, como lo hizo en su momento Romero y como lo hizo Urtubey también. Su secretario de Trabajo no movió un dedo, ni siquiera para que seamos parte de la audiencia de conciliación, en la cual tampoco dejó participar a nuestra abogada. El gobierno debe exigir a la empresa minera que nos reincorpore de manera inmediata.


Llamamos a las y los trabajadores y a todo el pueblo de Salta a que acompañe nuestra lucha, que se acerquen al acampe en Avenida Reyes Católicos al 1200, que colaboren con nuestro fondo de lucha o con elementos (alimentos y agua, principalmente) para que no nos derroten con nuestro hambre y el de nuestras familias.


Nuestra lucha y nuestro triunfo pueden ser un factor importante para que los trabajadores de Salta salgan a defender sus derechos frente a los atropellos que están sufriendo.


Trabajadores despedidos de Edvesa-Mansfield

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21/06/2020

Neuquén, en camino al colapso sanitario del sistema público

La pandemia está en alza, pero los recursos se destinan a los empresarios.

Bajo la presión de las patronales, en la provincia de Neuquén el 90% de la actividad económica está liberada. Recientemente se habilitó también el sector Gastronomía y durante la visita presidencial a Villa La Angostura se prometió la apertura de los centros de esquí y hasta los shoppings.


Al calor de la mayor actividad, de la falta de medidas de bioseguridad en los lugares de trabajo, los casos de contagios se han disparado. Cuando se escribía esta nota, la provincia había sumado 34 nuevos casos en las últimas 48 horas, 294 casos positivos y 167 casos activos.


Los lugares que debieron cerrar total o parcialmente por detección de casos no son solo clínicas y supermercados, sino también dependencias oficiales de la provincia y municipales.


La línea del gobierno sigue siendo culpar a la población. Y, ante el aumento alarmante de casos, la única medida que se anuncia es extremar los controles policiales, que hasta mayo habían puesto “a disposición judicial a 3.158 personas y secuestraron 736 vehículos”.



A sus casas


Cuando se inició la cuarentena, hace tres meses, con bombos y platillos se exhibieron gimnasios y grandes espacios acondicionados para los casos de contagios que no requieran asistencia respiratoria. Pero recién ahora se anuncia que los contagiados serían aislados en los mismos. En el mientras tanto, fueron enviados a sus domicilios, lo cual terminó contagiando al resto de sus familia y otros contactos estrechos -lo que explica la escalada de contagios.


De cualquier manera, el gobernador Omar Gutiérrez aclaró que se usarán solo para “aquellos casos en los que no sea posible garantizar el aislamiento de esos pacientes en sus domicilios”.


Pero lo más grave es que se han detectado casos respecto a los cuales no se puede determinar la fuente de contagio, lo cual indica que hay circulación comunitaria del virus.


La provincia cuenta con 30 hospitales, solo seis son de mediana y alta complejidad. Y el sector público cuenta con solo 26 camas de Unidad de Terapia Intensiva (con respirador), que tienen una ocupación actual por otras patologías del 50%. Con trece casos graves de Covid-19, el sector público estaría colapsado. El gobierno está jugando con fuego, y en vez de garantizar más capacidad de camas UTI pone más policías en la calle.


Cuatro clínicas privadas de la capital aportan el 80% de las camas UTI. Es decir, un pico de casos graves pone la situación en manos del negocio de la salud.


Como en otros aspectos, el Estado ha encarado la pandemia con el criterio de privilegiar el negocio empresario por un lado, y por el otro de ahorrar fondos del Tesoro, que son destinados al pago de la creciente deuda provincial.


Un ejemplo esclarecedor es la lucha de los y las trabajadoras de Clínica Cutral Co contra su vaciamiento por parte del dueño y ministro provincial de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez. Mientras el gobierno libera el camino para que los popes de la salud privada hagan de la pandemia un negocio, rechaza la reactivación e incorporación al sistema público de salud de una clínica ociosa y equipada, que podría ser puesta para atender la pandemia en el rebrote en curso.


Tercer informe oficial: 60 páginas bochornosas.


En el informe oficial del mes de mayo, el gobierno reconoce que uno una de las carteras claves ante la pandemia, la de Desarrollo Social, “ha ejecutado una inversión global de $204.312.329, que corresponden a los programas habituales del Ministerio”. Es decir que no se reforzó ninguna partida, pese a que bajo esa excusa los diversos bloques de la Legislatura (con excepción del Frente de Izquierda) votaron la ley Nº 3.230, que dio carta blanca al Poder Ejecutivo para disponer de fondos y endeudarse hasta 140 millones de dólares.


La política de miseria social y ajuste, sin embargo, es presentada por el Poder Ejecutivo como un logro. Dice que en tres meses se han distribuido en toda la provincia a través de los Distritos Escolares “19.920 módulos alimentarios” (¡6.680 módulos por mes!). Esto para un sistema educativo que tiene una matrícula superior a los 246.000 estudiantes, y con un 28,6 % de ellos bajo la línea de pobreza y un 4,4 % bajo la de indigencia, según la propia Dirección de Estadísticas y Censos. Es decir, que se necesitan mensualmente 70.356 módulos para asistir a los pobres, y 10.824 para los indigentes. A su vez, los módulos son miserables: no cubren las calorías necesarias de niñas/os o jóvenes y alcanzan a lo sumo para una semana.



Empresarios privilegiados por la ayuda estatal


Donde no se amarretean fondos estatales es en la ayuda crediticia a baja tasas. Según el informe oficial, el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep) otorgó “535 créditos por $ 44 millones”, en tanto el Banco Provincia “asistió a 1.147 empresas por casi 2.000 millones de pesos”. Cuando se analiza el detalle de esos préstamos con una tasa supersubsidiada, nos encontramos que 1.200 millones fueron para capital de trabajo y se asistió para pagar salarios a casi 700 empresas por 616 millones de pesos: un promedio de $800.000 por empresa -es decir, no estamos hablando de pequeños comerciantes.


A pesar del hecho evidente que hay circulación comunitaria del virus, el gobierno se niega a retroceder de fase, porque eso implica que muchas actividades deben volver a la cuarentena, y la presión empresaria perdería parte de esos embolsos.


Y cuando el detalle analiza en que zona de la provincia se concentran esos créditos, sobresale por lejos el sector de empresas ligadas al turismo, ya que se llevaron casi el 50% del total en cinco localidades que lo tienen como actividad central: Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes, Aluminé y Villa Pehuenia.


Vemos aquí que la estrategia del gobierno provincial, que llegó a tener más de 10 días sin nuevos casos, es el financiamiento y la flexibilización de la cuarentena para servicios no esenciales, producto de la presión patronal.


Los resultados de esta política son alarmantes.


La necesidad de unificar y centralizar el sistema de salud bajo un Comité de Profesionales y técnicos y trabajadores del sector, brindar los Equipos de Protección Personal (EPP) necesarios en hospitales, un seguro al parado de $30 mil, el pago de salarios actualizados y los testeos masivos y distribución de kits sanitarios es más fuerte que nunca.


 

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21/06/2020

Moratoria impositiva: otro beneficio para las patronales

Dos varas muy distintas para empresarios y trabajadores.

El gobierno acaba de anunciar otra amplia moratoria para deudas acumuladas hasta el 31 de mayo, tanto impositivas como a la seguridad social, que comenzaría a pagarse en noviembre. Se trata de un reclamo sobre el que venían insistiendo las cámaras patronales.


La deuda acumulada asciende, según estimaciones oficiales, a 300.000 millones de pesos. A la cotización del dólar oficial equivalen a la friolera de 4.600 millones de dólares. Importa señalar que una porción importante de esa deuda corresponde al IVA y a recursos de seguridad social, o sea, que no son recursos propios sino de terceros. En el caso del IVA sale del bolsillo de los consumidores y en el caso de la seguridad social, parcialmente, del aporte de los trabajadores a los cuales se les retiene un porcentaje de sus sueldos. Las patronales se hacen de esos fondos y deberían depositarles al fisco. En lugar de eso, vienen reteniendo el dinero.


Quiere decir que junto con el subsidio directo que se ha dado a las patronales -en el que el Estado tomó a su cargo el pago de la mitad del monto de los sueldos- tenemos un subido indirecto, pues las empresas, de hecho, se viene financiando con plata que debían haber ingreso a las arcas fiscales. No se debe pasar por alto que dicha suma supera holgadamente los pronósticos más optimistas de lo que recaudaría el impuesto a la riqueza que, por otra parte, el gobierno viene demorando su tratamiento para no interferir la negociación de la deuda con los bonistas.


Otra vara muy distinta es la que se viene utilizando para la población más necesitada, con trabajadores informales y precarios, que se han quedado sin ingresos y a los cuales se les otorga el IFE por una suma miserable de 10.000 pesos y cuyo pago viene, encima, siendo demorado. O a los trabajadores a los cuales se le viene estableciendo un recorte de los salarios a los que ahora se ha agrega el aguinaldo en cuotas, que se ha hecho extensivo a los empleados estatales. Y también se constata en los recursos que se retacean y que faltan para la ayuda alimentaria y de los requerimientos en materia de salud para hacer frente a la actual emergencia provocada por la propagación del coronavirus.


La Anses es la principal perjudicada por esta situación, pues el dinero para financiar los subsidios sale de ese organismo pero, a su turno, no le entran los recursos que le corresponden legalmente. Tengamos presente que el decreto por el cual se paga el 75% de los salarios, en los casos de suspensión, dispone que los sueldos que se abonan sean no remunerativos y por lo tanto exime a las patronales del pago de las cargas sociales. Estamos frente a un desfinanciamiento criminal que lleva al despojo y quiebra de la Anses y por lo tanto pone en peligro el cobro de las jubilaciones presentes y futuras.


Es necesario advertir que el beneficio de la moratoria no tiene restricciones: no sólo atiende a la Pymes sino que incluye a las grandes empresas, que tienen, sin embargo, espaldas económicas y financieras suficientes para afrontar la actual coyuntura. El Estado tuvo que retroceder ante el bochorno que significa subsidiar los sueldos a grandes empresas y hasta líderes como Techint o Aluar, pero eso no ha sido un impedimento para incluirlas en la nueva normativa.


Las empresas recién pagan en noviembre. Con la actual inflación, y más aun con la que se proyecta, eso implica una enorme licuación de la deuda, por encima de los intereses que carga la Afip para actualizar las obligaciones fiscales. Se establece un descuento del 15% para quienes paguen al contado, pero lo más importante es que se plantea un plan de pago a 10 años, que hace que la deuda quede reducida a una mínima expresión. Ni hablar del hecho de que esa deuda luego termina siendo incluida en otra moratoria haciendo más irrisoria todavía las sumas que se terminan pagando. Ya se habla, por lo pronto, de que habrá que pensar en una extensión de la moratoria para los meses próximos, en la medida que continúe la pandemia.


Tenemos aquí también una vara muy distinta a la que se le aplica a los trabajadores, cuyos sueldos permanecen congelados, se desconocen cláusulas de ajuste ya pactadas, hay rebajas salariales y se veda el funcionamiento y la convocatoria a paritarias. Los capitalistas terminan ganando con la inflación. El trabajador es el gran perdedor.


Lo expuesto realza el programa que venimos sosteniendo en defensa del salario y las jubilaciones, el derecho al trabajo, la salud y la vida de la población. En oposición a la política de rescate del capital planteamos un impuesto progresivo a las grandes fortunas, como parte de una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales que debe ser liderado por la clase obrera. En este marco cobra especial relevancia la campaña por el proyecto que ha presentado sobre este tema el Partido Obrero y el FIT en el Congreso y que viene conquistando una adhesión creciente en las filas de los trabajadores.





 

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José C. Paz: Ishii entrega alimentos vencidos a comedores populares y escuelas

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En los últimos días, como fruto de la movilización que realizamos con el Polo Obrero en diciembre del año pasado, han llegado a los comedores populares los alimentos que destina el municipio de José C. Paz, comandado -desde hace más de 20 años- por Mario Alberto Ishii.


¿Lo increíble? La mercadería mandada en algunos casos está vencida y con hongos, como es el caso de los potes de dulce de leche. En otros, como los de cartón de puré de tomate, están rotos como si hubiesen sido comido por ratas.


Junto a esto, familiares del jardín 918 del barrio 9 de julio denunciaron que también han recibido estos alimentos vencidos para distribuir a las familias.


Pero la situación no termina ahí: medios locales han realizado distintas denuncias de acopio de alimentos en sus casas, por parte de los punteros de Ishii.


Como hemos detallado en otros artículos, la cuarentena en José C. Paz se cumple a cuentagotas. Sucede que en el municipio solamente el 20% de la población tiene red de agua corriente; y solo el 30% red de cloacas. Según datos del Indec de diciembre, más del 40% de la población paceña se encuentra bajo la línea de pobreza; un 10% bajo la línea de indigencia y hay una desocupación de más del 20%. Así no hay cuarentena que aguante: las y los vecinos se ven obligados a salir a trabajar para poder alimentar a sus familias. Y para colmo, si el mismísimo estado municipal entrega alimentos podridos, la situación es insostenible.



Hacemos responsable al intendente Mario Ishii de posibles casos de intoxicación. Repudiamos los métodos punteriles. Juegan con la necesidad de comer de las y los vecinos paceños y les faltan el respeto a quienes son golpeados no solo por el coronavirus sino también por la miseria y el hambre.


Reclamamos la entrega de alimentos de calidad y el aumento de la cantidad entregada, ya que los comedores y merenderos organizados con el Polo Obrero se ven abarrotados de personas que buscan un plato de comida.


Es una cuestión fundamental, porque la única salida es oponerle a la negligencia del gobierno municipal, como al provincial y nacional, la organización independiente de los y las vecinas en cada barrio, para luchar por las reivindicaciones más elementales como obras públicas, hidráulicas y sanitarias y entrega de kits sanitarios. Nuestra salud y vidas están en juego.


¡Con hambre no hay cuarentena!

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21/06/2020

Mendoza: la Corte y el Ministerio Público Fiscal no protegen a los judiciales ni a los profesionales

El pasado jueves 18 un empleado judicial que trabaja en el tercer piso del Palacio de Justicia comunicó a sus superiores que su pareja estuvo en contacto con el “paciente 98” de Maipú, de Covid-19, ante esto la Corte y el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron adelante medidas preventivas ridículas y limitadas, como ser cerrar sólo el piso donde trabaja el empleado para desinfección y declarar el viernes, a partir de las 10:30h, la inhabilidad de la jornada sólo en el edificio central para proceder a la desinfección del mismo, pero una vez que verificaran que casi el 90% del personal no asistió a sus puestos de trabajo.


Si fueron rápidos para ordenar a los secretarios/as de cada tribunal del Palacio que confeccionaran listas informando qué empleados judiciales adhirieron o no a la medida gremial –un tradicional método de persecución y amedrentamiento patronal- que consistió finalmente en un “paro sanitario” comunicado a la madrugada y limitado sólo al Palacio de Justicia. Los diarios informan que finalmente el empleado judicial dio negativo en el test realizado en el hospital del Carmen.


Por testeos masivos y la defensa de la feria judicial


Quienes desenvuelven la actividad judicial, sean empleados o litigantes, saben que en una sola mañana se recorren distintas dependencias, pisos, oficinas y que los expedientes también son trasladados convirtiéndose todos en potenciales transportadores del virus, que en las últimas semanas cobró una dispersión comunitaria récord afectando a los trabajadores a los cuales Suarez pretende responsabilizar y demonizar.


Las medidas preventivas sanitarias para la apertura de los tribunales fueron cuestionadas por los propios empleados, gremios y legisladores. Las corporaciones y firmas de abogados, que en un primer momento presionaron políticamente para la apertura total, ahora volvieron para levantar la feria judicial de julio, teniendo como principal vocero al diputado Mario Vadillo de Protectora quien afirma con animosidad y poniendo al pueblo contra los empleados judiciales que llevamos 90 días sin justicia. Durante la cuarentena hubo trabajo presencial en las áreas esenciales bajo la modalidad de feria judicial.


Seguimos trabajando sin paritarias y sin aguinaldo. La conducción gremial de Ordoñez y compañía no juega ningún rol activo en el reclamo por las condiciones del teletrabajo, las presiones de los superiores, por verdaderas medidas de protección y ante la recarga de trabajo atento que las suspensiones de plazos se levantaron.


Es necesario que los judiciales tomen el ejemplo de los autoconvocados de la salud que superando a las burocracias sindicales y las patronales, mediante la acción directa, lograron el pase a planta, el pago de salarios adeudados y la rotación de 14 por 14 días para protegerse reclamos que siguen en pie para su total cumplimiento y efectividad.





 

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20/06/2020

Conflicto y represión en el Puerto de Buenos Aires

Agrupación Clasista Naranja Portuaria

En estos momentos trabajadores portuarios del Puerto de Buenos Aires se ven impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo debido a la medida arbitraria de las empresas operadoras del puerto que bloquean el acceso de los estibadores que rechazan la propuesta de acuerdo paritario negociado a espaldas a los trabajadores.


La empresa Terminales Río de la Plata ha impedido el ingreso de los trabajadores convocados para el día de hoy y ha ingresado personal externo para suplir las tareas de los estibadores. Misma actitud llevó adelante la empresa APM, apelando incluso a la represión de la Prefectura Naval para expulsar a los trabajadores de la terminal, lo que suma la responsabilidad del gobierno en estas acciones.



En estos momentos los trabajadores permanecen en los portones del puerto y deliberan sobre las acciones a adoptar frente a tamaña violación patronal del contrato de trabajo. Las empresas se valen de estos métodos para hacer pasar un acuerdo paritario que los trabajadores han rechazado.





 

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20/06/2020

Coto Lanús con 10 casos de coronavirus

La negativa al licenciamiento del personal pone en riesgo la salud de todos los trabajadores, sus familias y los vecinos.

Coto nuevamente oculta el contagio de varios de sus empleados, en este caso en la sucursal de Lanús, para poder continuar con la venta, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y de vecinos que asisten al mercado, priorizando la facturación que no tuvo corte desde que arrancó la cuarentena.


El primer caso detectado hace dos semanas al menos fue ocultado a los trabajadores del mercado con el argumento de que ese empleado contagiado estaba de vacaciones. La negativa a licenciar inmediatamente a los contactos estrechos generó que hoy haya alrededor de 10 trabajadores contagiados, aunque como no hay comunicación oficial de la empresa pueden ser más. El municipio tampoco tiene comunicado alguno, ni ha intervenido en el tema, lo que no extraña ya que el intendente macrista Néstor Grindetti está a la cabeza junto a otros intendentes, como la camporista Mayra Mendoza, de sostener el funcionamiento de mercados y fábricas aunque crezcan los contagios. Coto Lanús se niega ahora a licenciar a todo el personal de producción, carnicería y del mercado, a pesar que la curva de contagios entre los trabajadores del mercado está en ascenso, y seguramente seguirá creciendo mientras se conozcan los resultados de nuevos hisopados.


La responsabilidad de este foco de Covid-19 en Coto Lanús es repartida entre la patronal y los gobiernos en sus diferentes niveles. Coto por su parte nunca garantizó el traslado del personal en combis o remises para evitar el traslado en transporte público. La misma empresa, que dispone de una flota de remises en jornadas de paro general amenazando con despedir a los trabajadores que adhieran al paro, no pone un solo remis para evitar la exposición al contagio en el transporte público. Por otra parte, los trabajadores realizan sus tareas sin poder respetar la distancia social, comparten vestuarios, baños y el comedor. La empresa mantiene el mismo esquema de horarios de ingreso y salida generando aglomeraciones del personal que favorece el contagio.


Los gobiernos de Fernández y Kicillof, que se dedican a culpabilizar a quienes salen a caminar y a correr, son los responsables de levantar la cuarentena de centenares de fábricas, mercados y comercios, lo que explica el crecimiento de los contagios en estas semanas. Y obviamente, junto a Grindetti, no tienen ningún control por las faltas sanitarias permanentes de las empresas. Como viene sucediendo en varios lugares de trabajo, fábricas y mercados, las denuncias de trabajadores y vecinos ponen de manifiesto lo que las patronales y el gobierno ocultan, que es la expansión del virus. Así fue como en Coto Quilmes una acción de lucha de los trabajadores forzó a la clausura por un día y licenciamiento de todo el personal tras la confirmación de 20 casos.



Los atropellos de Coto son conocidos, y en la pandemia no han desaparecido, sino lo contrario. Los empleados que presentan factores de riesgo o tienen menores a cargo son castigados por una rebaja salarial de entre el 25% y 30%, presionando a que asistan al trabajo si quieren recibir el 100% del salario a costa de su salud y la de sus familias. Por otra parte, el pago del bono de $5.000 por el carácter esencial de la tarea no lo paga en efectivo sino con un voucher para comprar solo en Coto, al viejo estilo de los patrones de estancia.


Los trabajadores de comercio están en primera línea de contagio, y son en el país y en todo el mundo, uno de los sectores más golpeados con los contagios. Es necesario que el Secla, sindicato de comercio de Lanús, impulse medidas gremiales en defensa de la salud de todos los trabajadores de Coto Lanús y los otros mercados; por el licenciamiento inmediato de todos los trabajadores de Coto Lanús, y por el testeo a todos ellos. El aislamiento de los trabajadores que conviven con familiares que presenten factor de riesgo debe ser en hoteles o lugares acondicionados.


Que se formen comisiones de higiene electa por los trabajadores que definan quienes son los contactos estrechos de casos confirmados que deben ser licenciados, esto no puede quedar en manos de la patronal. Que estas comisiones elaboren un protocolo obrero y tengan poder de veto para garantizar el distanciamiento social en los espacios de trabajo, la conformación de turnos escalonados para evitar aglomeraciones, todas las medidas de higiene necesarias. Por el pago del bono en efectivo; ningún descuento a los trabajadores licenciados por tener factor de riesgo.




 

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20/06/2020

Vimar: un infierno laboral en medio de la pandemia

Privación ilegítima de la libertad, contagios, despidos.

En la localidad de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, se encuentra la fábrica Toray-Vimar S.A. que se dedica a la producción de alfajores. Los trabajadores de dicha empresa denuncian desde hace tiempo que vienen siendo víctimas de terribles atropellos a sus derechos por parte de la patronal. Reportan que hay unos 50 trabajadores sin registrar, de unos 100 en total de la planta. Que los obligan a trabajar “en turnos de 12 horas con sueldos de 15.000 pesos” (Desalambrar, 18/6), siendo que con el convenio colectivo de trabajo correspondiente (pasteleros), debería ser de 42.000 pesos y trabajando solo 9 horas. Además, en plena pandemia, los operarios denuncian que se trabaja sin los protocolos de cuidados ante el Covid-19 y que incluso hay operarias embarazadas que siguen concurriendo a trabajar, siendo que son grupo de riesgo.


El episodio más grave ocurrió el 28 de mayo pasado, cuando en una inspección conjunta del sindicato de Pasteleros y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, varios trabajadores fueron encerrados en un depósito para ocultarlos de su condición en negro. Todo el suceso fue un escándalo. El sindicato se había presentado en la puerta del establecimiento en el cambio de turno de las 6 de la mañana, como la patronal les impidió el ingreso, iba abordando a los trabajadores que entraban y salían de los turnos noche y mañana respectivamente. Como el gremio permaneció varias horas allí, los directivos de la compañía apelaron a sacar a los trabajadores encerrados en las cajas de los camiones de la empresa y sus propios autos para que nadie los vea. Para colmo, como los empleados encerrados se sacaban fotos allí y las difundieron, la empresa les arrebató sus celulares, por lo que quedaron incomunicados. Una verdadera privación ilegítima de la libertad.


 



Como condimento extra, se conocieron al menos cuatro casos de coronavirus en la fábrica. En las inspecciones del municipio de los días 1° y 5 de junio, cuando surgió el primer contagio, solo apelaron a cerrar uno de los turnos de la planta. Luego, en la inspección municipal del día 12 junio tuvieron que cerrar temporalmente el establecimiento al sumarse más casos. Aunque, según informaciones de vecinos de la zona, dicen que la patronal está haciendo asistir a algunos trabajadores de manera clandestina a la fábrica.


Aprovechando la clausura preventiva, la empresa está buscando curarse en salud a través de los despidos de varios trabajadores, obligándolos a ir a una escribanía en la localidad vecina de Merlo, a firmar una rescisión del contrato y cobrar una mísera indemnización.


Aquí hay que remarcar el rol cómplice del Ministerio de Trabajo provincial que tolera toda la impunidad con la que se maneja la empresa Vimar. Lo mismo en cuanto al municipio de Moreno, que en palabras del director de Fiscalización, Germán Segado, al Semanario Actualidad “la empresa fue cumpliendo con los protocolos y se procedió a la desinfección correspondiente”, mientras los casos de Covid-19 iban aumentando en la fábrica.


Por todo lo expuesto, para superar esta incertidumbre es fundamental la organización de los trabajadores de Toray-Vimar. Reclamando:


– Asegurar el cese real de las actividades de la planta el tiempo que sea necesario, su desinfección, el aislamiento de los operarios y sus familias, con la cobertura sanitaria correspondiente. – Ningún despido y blanqueo inmediato de los trabajadores precarizados. – Garantía salarial del 100% del convenio pastelero para la totalidad de los operarios de la fábrica. – Cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad e higiene, cuando se retome la producción. – Por comités de trabajadores para llevar adelante estás reivindicaciones.




 

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20/06/2020

Vicentin, la medida del coraje nacional y popular

Para expropiar a los jubilados sí, para expropiar a Vicentin, no.

“Me hizo un guiño a la derecha… después veremos si dobla a la izquierda”, dijo el presidente de Coninagro, de la Mesa de Enlace, tras su diálogo con el presidente Alberto Fernández. Pues bien, puso el guiño y dobló efectivamente a la derecha como conductor disciplinado… al capital agrario.


La noticia que ganó la plana fue la resolución del ignoto juez local de Avellaneda-Reconquista, Fabián Lorenzini, relegando a los interventores del presidente al papel de veedores y confirmando en el directorio a toda la familia Vicentin-Padoán-Nardelli, los autores intelectuales y materiales de la bancarrota de la empresa en default.


Como es clásico en tantas localidades del interior argentino, tanto bonaerense como del resto de las provincias, un grupo del porte de Vicentin pone el intendente, el juez, el jefe de policía y normalmente hasta los directivos del club de fútbol si lo hay. ¿Alguien puede concebir que un juez de Avellaneda, provincia de Santa Fe, pueda frenar al presidente que sacó hace seis meses el 48% de los votos y al que las encuestas lo dan por encima de esa aprobación pública?


En realidad, la resolución del juez se ha dado en simultáneo con la aceptación de Alberto Fernández del llamado “plan Perotti”, en referencia al gobernador de Santa Fe, cuya letra chica aún se desconoce. Por lo tanto, la resolución judicial es una coartada institucional para un retroceso en chancletas del presidente de los superpoderes. No obstante, la crisis está lejos de cerrarse, porque Perotti ha declarado en las últimas horas que solicitará al juez que, en la transición de la salida definitiva, se reponga el manejo de la empresa a una intervención del Estado. No sabemos si el juez cederá o va todo a un borroso proceso de apelaciones a la justicia. Los nacionales y populares han mostrado coraje para expropiar la movilidad a los jubilados, pero no a Vicentin.


Se trata de un episodio que vuelve a reproducir en pocas semanas y hasta días, lo ocurrido con el globo de Fernanda Vallejos por el cual el Estado capitalizaría la asistencia brindada a las empresas en la cuarentena y el meneado impuesto a la riqueza que nunca vio la luz desde hace más de un mes. La expropiación de Vicentin se ha transformado en el tercer blooper nacional y popular que tal vez nunca vea la luz. De todas estas bravatas puede que un día llegue el proyecto de un impuesto a los ricos light que no llegaría ni a los talones siquiera a la evasión impositiva de los meses de cuarentena y que se devorará un vencimiento de deuda cualquiera.


Lo que sí sabemos de este operativo retroceso es que se daría a luz una especie de experimento de empresa mixta en el marco de la convocatoria de acreedores que reconocería las deudas en su totalidad, donde se menciona todo el tiempo a los productores agrarios, pero los bancos privados del exterior tienen la friolera de u$s500 millones, además del Nación y el resto de los bancos estatales y a la AFIP. Se respetaría el paquete de los 109 accionistas, todos de la familia Vicentin, y entrarían como socios el Estado nacional y el provincial con algún tipo de participación de ciertas cooperativas agrarias como ACA con 100 millones de pesos de esa enorme y múltiple deuda del grupo.


También sabemos que estuvieron fuera de la intervención vastos activos del grupo bajo otras denominaciones societarias y sociedades como la de Renova con el pulpo minero contaminante Glencore, uno de los mayores del mundo. También quedó afuera la bodega Family Group Wine y la Algodonera de Avellaneda, que produce la marca Estrella, que está funcionando a pleno y que es cabeza de cinco plantas en distintos países del mundo.


El capital agrario y sectores asociados que hacen un acto y movilizaciones hoy, 20 de junio, en el cruce de las rutas 11 y 36 en las cercanías de Reconquista y 68 localidades de todo el país, marca la cancha y comienza a festejar lo que sería una “126”, tras aquella histórica derrota nacional y popular en 2008. Varios capítulos más se conocerán de esta historia, pero al igual que en aquella oportunidad, la derrota maduró desde adentro de la coalición de gobierno. Los “Cobos” actuales son varios. Primero Perotti que despegó y empezó a conspirar contra lo anunciado; luego siguió el silencio hostil de Sergio Massa, cuyos antiguos aliados como Roberto Lavagna salieron rápidamente en contra; siguió el despegue de Graciela Caamaño y Cía; siguió la CGT, que apoyó pero sin mencionar la palabra expropiación; y remataron los cuatro diputados cordobeses del gobernador Juan Schiaretti que se reunieron con la Sociedad Rural de esa provincia para torpedear la iniciativa, lo cual puso a ésta al borde de una nueva 125, pero esta vez en Diputados.


Importa señalar algo central. El proyecto oficial que no vio la luz, nunca fue una nacionalización, ni siquiera dentro de los límites clásicos de las nacionalizaciones onerosas del capitalismo de Estado. Como lo señalamos a una hora del anuncio, fue una intervención del Estado para “rescatar” a un grupo y sus acreedores, mediante un fideicomiso a cargo de YPF Agro de incierto derrotero. Nosotros titulamos de entrada “¿Otra YPF?”. Y, efectivamente, podríamos estar ante un operativo para asociar al Estado nacional y al provincial a la quiebra, mediante una sociedad anónima de bolsa, brindando garantías a los bancos y acreedores que hoy no puede dar el grupo en default. 


En cualquier caso, mucha agua pasará debajo del puente porque se trata de un quebrado al rescate de otro. Es probable que la operación, todavía algebraica, aborte. Pero, ¿y los trabajadores? Justamente, tanto la Federación Aceitera como la CTA, con el bien regado director del Banco Nación, Claudio Lozano se lanzaron a apoyar el accionar del gobierno y han quedado desairados, lo mismo que sectores de izquierda que dijeron “bien, pero insuficiente”.


De los trabajadores, su continuidad laboral, sus salarios y sus convenios, ni palabra de parte de los dos grandes bandos en pugna. De “soberanía alimentaria” ya nadie habla cuando el presidente no ha podido instalar un triste interventor, devenido en veedor, que a su vez es un operador del capital agrario desde toda la vida. La operación Fernández Sagasti, la senadora cristinista, murió en los diez minutos del anuncio. El fideicomiso de una empresa en quiebra jamás habría servido para soberanía alimentaria alguna, ni para empresa testigo, ni para control de exportaciones y precios de los granos, ni para sortear la falta de dólares de la economía argentina. Pero ya no queda ni el relato.


La voz de la clase obrera la están brindando los obreros textiles de Algodonera Avellaneda en una de las luchas obreras, políticamente, más heroicas de la etapa, contra la andanada de dos bloques de la burguesía que operan y se entrecruzan, con todos los medios del país de un lado y de otro, y la Justicia actuando entrelazada con ellos. Con el intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos, a la cabeza de la movilización de “vecinos” embanderados de celeste y blanco, para marcar la presencia de la patria sojera y cerealera.


Traicionados por la burocracia de la Asociación Obrera Textil y el Setia (empleados textiles), los obreros de la Algodonera Avellaneda, de 400 trabajadores, han mantenido una huelga general con piquete y movilizaciones para garantizarla, reclamando por aumento de sus salarios de $23.000, casi la mitad de la línea de pobreza, en esta gran industria que además jamás dejó de producir porque se quedó con gran parte del mercado.


Desde el Partido Obrero asociamos nuestro planteo de estatización sin indemnización y bajo gestión de los trabajadores, expropiando sin pago los activos de todo el grupo y todas sus empresas propias y subsidiarias, a esta gran lucha de los obreros textiles que muestra que solo apoyada en la clase obrera hay una salida para los trabajadores de Vicentin y del país.




 

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20/06/2020

Conflicto en el Puerto de Buenos Aires

Una paritaria en crisis, a espaldas de los trabajadores.

El Puerto de Buenos Aires vive momentos de tensión debido a las negociaciones paritarias. En estos momentos, trabajadores estibadores se encuentran trabajando a reglamento en repudio a las negociaciones realizadas a espaldas del colectivo obrero, que suponen un ajuste en los salarios del conjunto de los portuarios. La empresa operadora TRP (Terminales Río de la Plata) le ha impedido el ingreso a los estibadores, supliéndolos en sus tareas con personal fuera de convenio, lo que alimenta aún más el conflicto.


Las negociaciones de las patronales, el gobierno y la Fempinra –federación que nuclea a la casi totalidad de sindicatos portuarios, salvo el Supa (estibadores)- debían tratar sobre la cláusula de revisión no abierta en marzo y la paritaria 2020/21 que comienza en junio. Las mismas concluyeron en un acuerdo de aumento del 10% en junio (no retroactivo a marzo cuando correspondía la revisión) y la incorporación discriminada de los $4.000 de “incentivo solidario” al básico (a efectivos si y a tercerizados por fuera). El reclamo del bono por la actividad durante cuarentena fue suprimido de un plumazo y la situación de los tercerizados, quienes cobran la mitad del salario que los efectivos, abandonada desde el vamos. La burocracia no se privó de presentar esto como una “paritaria anual del 40%”, cuando ni siquiera alcanza el 22% anualizado, ya que los aumentos fueron en cómodas cuotas y la paritaria rige de junio a mayo. En el mismo periodo la inflación ascendió a un 37% y la devaluación fue de un 50,13% -las empresas pagan en pesos pero cobran tarifas en dólares. El bono que ahora rechazan pagar se lo han cobrado mes a mes de los bolsillos obreros.


La otra gran entregada es la de la paritaria 2020/21 para la cual prevén un aumento del 10% en julio (no en junio como debe ser) y otra cláusulas de revisión fraudulenta recién para octubre.


El acuerdo es tan ruinoso que fue repudiado por la mayoría de la base obrera, la que, además, no fue consultada en ninguna instancia de las negociaciones. Siendo así que aún no aparece la firma del acuerdo y que gremios como el Supa se vieran obligados a negarse a firmar, bajo la presión de las bases.


Todas para las patronales


El puerto viene de una crisis de largo aliento debido al vencimiento de las concesiones portuarias y al proceso de licitación frustrado, lo que lleva a que las reivindicaciones de los trabajadores sean postergadas sistemáticamente por la burocracia, quienes apelan a la defensa de los puestos de trabajo como condiciones excluyente de todo debate.


La crisis de las licitaciones fue postergada por la prórroga de dos años ofrecida por el gobierno a las operadoras, sin pedir nada a cambio, siquiera la tan mentada estabilidad laboral. La burocracia asistió a todo este proceso encolumnada detrás de una u otra variante patronal.


El gobierno ha ido más lejos y en los últimos días ha resuelto un esquema de bonificación de las Tasas Generales de Uso del Puerto, lo que redunda en un nuevo beneficio económico a las navieras y operadoras. Mientras que los trabajadores no han recibido ni u bono por la tarea que desarrollan durante la pandemia.


La bronca de los portuarios


El descontento es mayúsculo e impacta con más fuerza entre los trabajadores tercerizados, que implican el sector más afectado por estas negociaciones ruinosas.


El lanzamiento de la Agrupación Clasista Naranja Portuaria ha servido para expresar una voz independiente, de los trabajadores, en toda esta crisis, impulsando la unión de los portuarios de distintos gremios saboteada por las rencillas entre las direcciones sindicales y la política patronal.


Entre los principales puntos reclaman una cláusula de revisión del 20% retroactiva a marzo; un bono de $20.000 por trabajo esencial en cuarentena; la equiparación salarial de tercerizados y efectivos, camino a la planta permanente y una paritaria 2020/21 que incorpora aumento y cláusula gatillo contra la inflación.


Las empresas pretenden seguir embolsando millones de dólares, aun a cuesta de la salud de los trabajadores, imponiendo condiciones cada vez más flexibles y gravosas. Por eso se extiende la deliberación y organización de los trabajadores Nos solidarizamos con la lucha de los portuarios por una salida independiente a la crisis que manifiesta el Puerto de Buenos Aires y por todos sus reclamos. Adelante compañeros.





 

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20/06/2020

Kicillof, Berni y la crisis política en la provincia de Buenos Aires

Los choques con el albertismo.

Después de compararse con San Martín, Belgrano y Güemes, el “patriota” Sergio Berni volvió a la carga contra la ministra Sabina Frederic, a quien acusa de no colaborar con la política de “seguridad” de la provincia de Buenos Aires. Para algunos medios de prensa Berni estaría quemando las naves frente a las presiones del gobierno nacional por desplazarlo del gabinete provincial, pero en realidad actúa como avanzada de Cristina Kirchner contra las pretensiones bonapartistas de Alberto Fernández y a la vez despliega un juego propio en el gobierno y gabinete de Kicillof.


Sin inversión en infraestructura, servicios y salud, y con la prioridad puesta en el pago de la deuda, el gobernador se la pasa anunciando programas y obras para el futuro “pos pandémico” mientras reduce brutalmente la frecuencia de entrega de bolsones de alimentos. Kicillof necesita de Berni y su maldita policía para enfrentar los reclamos populares cuando crecen el hambre y los contagios en las barriadas. Que el ministro de Seguridad se presente como un “camarada” más de la Bonaerense y reivindique el gatillo fácil es mucho más que una pose derechista, abre el paraguas ante una posible profundización de la crisis social y política que podría poner contra las cuerdas al propio gobernador.


Berni levanta la puntería cuartelera cuando la provincia de Buenos Aires pasó en un mes de 100 a 1.100 contagios diarios de Covid-19, y cuando el porcentaje de ocupación de camas de terapia en el Gran Buenos llega al 60%. Según el funcionario de Salud Enio García los testeos en las barriadas del Conurbano van acercándose a un 20% de positividad, lo que representa un verdadero polvorín. La vicegobernadora Verónica Magario advirtió que el virus está circulando en toda la provincia, y lo dice porque su patria chica -La Matanza- encabeza la grilla de contagios. Los ataques para responsabilizar a Larreta pretenden ocultar que el 85% de las industrias de la provincia de Buenos Aires están funcionando, ya que el gobierno provincial cedió a la presión de los capitalistas y los pedidos de los propios intendentes.


Distintas encuestas hablan de una caída de la imagen del gobernador al calor del derrumbe del relato de la “cuarentena exitosa” y de la agudización del hambre, la miseria y la desocupación en la provincia. En plena catástrofe sanitaria y social, la alianza entre Kicillof y Berni se sostiene cada vez más en el aparato represivo de la Bonaerense. Esta dupla está chocando fuertemente con los intendentes “albertistas”. El jefe comunal de Hurlingham, Juan Zavaleta, le exigió a Berni que “se ubique”, después de que proclamara provocativamente la jefatura política de Cristina Kirchner. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, directamente replicó anunciando el envío de más gendarmes al la zona sur del Conurbano tras una reunión con la ministra Frederic. Los intendentes del PJ no le perdonan a Berni haberse quedado con el control de las policías locales, que fungían como fuerza de choque y caja negra en los municipios.


En la base de esta crisis política en desarrollo está la insolvencia cada vez más aguda de los municipios, que asisten a una caída récord de la recaudación, y la pretensión de Alberto Fernández de avanzar en una relación directa con los intendentes para disputar el control del aparato del PJ bonaerense, en base al giro de fondos nacionales a las comunas. Este choque no se cierra con las partidas por 3.000 millones de pesos extra que el gobernador prometió entregar a los municipios, porque esa suma que no alcanza siquiera para pagar los sueldos… cuando se acerca el cobro del aguinaldo. Con las cuentas en rojo y en default técnico, Kicillof tiene poco margen para seducir a los intendentes del PJ. De hecho, se encuentra negociando con Juntos por el Cambio la autorización para contraer nueva deuda externa por 500 millones de dólares y 20.000 millones de pesos. El pago del aguinaldo en cuotas, el congelamiento de las paritarias estatales y docentes, el ataque al Instituto de Previsión Social (IPS) y el vaciamiento de IOMA para subsidiar al capital privado, son un ajuste que actúa como garantía para cerrar un acuerdo de repago de la deuda con los bonistas.


En medio de estas tormentas políticas el gobierno provincial replicó el pago en cuotas del aguinaldo que afectará a una franja amplia de trabajadores del Estado, como docentes, médicos y judiciales bonaerenses, que incluye con sueldos de bolsillo 62.000 pesos, que están por debajo de la canasta familiar. El llamado a la reflexión que hicieron a Kicillof las burocracias sindicales kirchneristas y cegetistas es puro palabrerío, pero refleja también el temor a una respuesta de los trabajadores. Las ínfulas de Berni tienen el límite de la nueva etapa que se va abriendo para el movimiento obrero, al calor de la entrega de la burocracia y las fisuras en el peronismo gobernante.


Impulsemos la intervención de los trabajadores organizando el reclamo de delegados y activistas por el pago íntegro del aguinaldo, la convocatoria a paritarias, el seguro al desocupado y la formación de comités de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, junto a todos los reclamos obreros y populares. Es la tarea del clasismo, para poner en pie a los sindicatos.




 

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20/06/2020

CABA: importante plenario de trabajadores de la salud impulsa un plan de lucha

En el día viernes, más de 70 trabajadores de la salud nos hicimos presentes en un gran plenario impulsado por las agrupaciones Tribuna Municipal y Tribuna de Salud, en donde nos unimos residentes, concurrentes, enfermeres, profesionales y personal de todos los escalafones. Hubo representación de 30 efectores, 22 hospitales municipales, del sector privado y hospitales nacionales radicados en la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). También estuvo presente el legislador del FIT-PO Gabriel Solano.


En las intervenciones se destacó la enorme preocupación por el aumento de casos Covid +, que golpea a la población y al personal de salud particularmente. Tuvimos que lamentar al primer trabajador enfermero fallecido en la CABA, Julio Gutiérrez, a quien el Gobierno de la Ciudad le negó la licencia por presentar factores de riesgo y lo obligó a atender pacientes con Covid 19 positivo. Se suma a la lista de las víctimas de la precarización laboral y la desidia por parte del Estado. Votamos impulsar la medida organizada por sus compañeres y familiares, y el día martes hacernos presentes en el abrazo al Hospital Durand. También acompañar esta medida con fotos y videos en los efectores, para que resuene el pedido de justicia y el reclamo por medidas de bioseguridad  y condiciones laborales. La propuesta de impulsar un relevamiento de trabajadores a los cuales se les esté negando la licencia por factores de riesgo, puede contribuir para organizar un reclamo muy sentido.


Los reclamos acerca de falta de protocolos, sectores de cohortización [agrupamiento de aquellos pacientes que tienen una misma enfermedad en salas comunes] y circulación tanto del personal como de pacientes expone la falta de organización y planificación hospitalaria por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien viene de huir del hospital Durand frente a los reclamos de los trabajadores. Quien dice que los efectores están preparados, no pisó nunca un hospital, y los trabajadores lo hicieron sentir.


Las denuncias que volcaron los trabajadores del  hospital Moyano y del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) en el plenario expuso la falta de protocolos, elementos de protección personal, y la imposición del uso de material descartable más tiempo de lo debido, como en la guardia del Garrahan, que obligan a residentes a laburar con el mismo camisolín  una semana entera. Muchas  veces los trabajadores deben recurrir a la justicia para exigir la entrega de elementos de protección.


La enorme cantidad de enfermeres presentes habla de la importancia de la lucha por el pase a la carrera profesional del sector, para terminar con el pluriempleo y la exposición que sufren. La campaña de juntada de firmas (change) impulsada por la Naranja de Enfermería ya lleva 6 mil adhesiones, y votamos reforzarla con videos, fotos y un pedido de reunión a la comisión de salud para que se trate en la Legislatura.


Las intervenciones de residentes y concurrentes demostraron cómo la organización sistemática de la Asamblea de CABA la ha convertido en una entidad sindical que es sinónimo de lucha. El relevamiento desarrollado por la Asamblea, de gran alcance público, resume todas las aristas plasmadas en nuestros reclamos, y se presenta como una herramienta a replicar en los efectores, como ya hizo el Hospital Argerich. Esta iniciativa sirve tanto para dar a conocer los números que esconde el Ministerio y los directivos, como para organizar a los distintos sectores de los hospitales en actividades y reclamos comunes.


Desde Tribuna Municipal y Tribuna de Salud impulsamos también un afiche y comunicado para poder exponer todas las iniciativas y reclamos. Votamos poner la banca de Gabriel Solano al servicio de las denuncias y luchas de les trabajadores de salud, como la semana pasada que hicimos una importante reunión en el Hospital Fernández. Muches compañeres presentes venimos desarrollando reuniones y participando en asambleas importantes, y creemos que actividades como estas tienen la tarea de sumar a más compañeres, llamar a reuniones y asambleas por efectores que pongan en pie organizaciones de trabajadores sin distinción de escalafón ni profesión, para reclamar por todos nuestros derechos.



 

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20/06/2020

Neuquén: violentan a las propias trabajadoras de la línea 148 para mujeres en situación de violencia

La línea 148 es una línea telefónica gratuita para asistir a las mujeres en situación de violencia, que funciona bajo la dirección del Ministerio de Ciudadanía y cuenta con un equipo de 40 profesionales en toda la provincia de Neuquén. Sus trabajadoras iniciaron una campaña de reclamo a través de las redes sociales “para decir basta al avasallamiento de nuestros derechos como trabajadoras”. “Asistimos en derechos, asesoramos en derechos, y los nuestros se vulneran cada día”, denuncian.


Desde el inicio de la cuarentena cuentan con un solo teléfono, sin protocolo sanitario ante el Covid-19. La demanda de atención se incrementó en un 48% (mayoritariamente bajo Código A: Alarmante por peligro inminente de vida), pero ni sus condiciones laborales ni las del dispositivo mejoraron. Denunciaron que trabajan con sus propios elementos personales y precarizadas, ya que desde hace cuatro años figuran como parte de la “planta política” porque no se les otorga el pase a planta permanente.


Se podría considerar que estas trabajadoras son la primera línea de otra pandemia que azota al país, que es la violencia hacia las mujeres, cuya expresión son los 120 femicidios en lo que va del 2020 en Argentina. Las denominadas “políticas públicas” de que los gobiernos se jactan de promocionar en la provincia, las sostienen las precarizadas.


El Ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, se despacha con propagandas difundiendo la línea 148, encubriendo toda esta situación. El funcionario que tiene larga experiencia en explotación laboral, ya que es el mismo que dejó a la deriva sin sueldos ni aguinaldos a las 23 familias de los trabajadores Clínica Cutral Co.


La misma precarización se vive en toda el área. Un informe firmado por la Directora Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias, Yasmina Merhej, confirma que las plazas de las pocas casas refugio ya están desbordadas, porque crece la demanda y por la cuarentena han tenido que extender los escasos siete días de alojamiento establecidos por ley, ya que para colmo los tiempos judiciales se han extendido aun más para la destitución de un agresor del hogar. También confirmó que existen seis duplas de profesionales interdisciplinares para toda la provincia y ocho operadoras, y que las guardias son cubiertas por profesionales dependientes de otros dispositivos, recargando sus tareas. El informe sin embargo no rinde cuentas de la cantidad de trabajadoras en Línea 148 ni las condiciones del dispositivo.


En el interior de la provincia solo hay dos refugios para mujeres, en Las Lajas y en Cutral Co, ambos dependientes de los municipios. El que administra la provincia en Neuquén capital carece de edificio propio desde hace 16 años, y solo tiene lugar para 30 camas. Se habían anunciado nuevas aperturas en Zapala, Chos Malal, Plottier y San Martín de los Andes pero no hay avances, a pesar de la movilización de las compañeras organizadas. Tampoco hay subsidio económico para las mujeres en situación de violencia.


El gobierno provincial de Omar Gutiérrez tampoco reglamentó la Resolución 1057, impulsada por la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Patricia Jure, que establece la creación de casas de refugio de emergencia en cuarentena con equipos interdisciplinarios en planta permanente y asistencia legal gratuita, entre otras, para atender a la creciente cantidad de denuncias por violencia.


Para atender las urgencias que plantea la cuarentena es necesario atender las demandas de las compañeras de la Línea 148 y de las mujeres y disidencias ante la creciente violencia. El Estado es el responsable.



 

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20/06/2020

Telecom-Chaco: otro trabajador telefónico muerto por un accidente laboral

Franco Lombardo, segunda víctima de la precarización durante la pandemia.

Agrupación Naranja Telefónica

El viernes 19 falleció en un accidente laboral Franco Eduardo Lombardo, de 31 años, compañero telefónico tercerizado “al servicio” de Telecom en Resistencia, Chaco. Según el portal de diario Norte (19/6), Lombardo sufrió un traumatismo de cráneo fatal al caer sobre él un poste telefónico sobre el que estaba trabajando en tareas de reparación.


No es el primer trabajador muerto en el periodo de pandemia. El 26 de marzo, el compañero Saucedo, también tercerizado por Telecom, falleció en la localidad de Goya, provincia de Corrientes, mientras cumplía tareas de colocación de postes, una actividad claramente no esencial. Como venimos denunciando desde la Agrupación Naranja Telefónica, las patronales actúan con total desprecio por la seguridad laboral y las condiciones de seguridad e higiene que reclama el Covid-19.


Los sindicatos y federaciones de las telecomunicaciones deben luchar contra el tercerismo para acabar con la desidia patronal y del Estado, la precarización y por las condiciones de seguridad y convenio de la actividad.


Acompañamos a los amigos, compañeros y en particular a la familia de Lombardo en este terrible momento. Y volvemos a reclamar por el fin del tercerismo y la precarización laboral en las empresas como Telecom o Telefónica.





 

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20/06/2020

Disparan contra el aguinaldo

Gobiernos, empresarios y burocracias avanzan sobre una conquista histórica.

El gobierno de Alberto Fernández dispuso el pago en cuotas del aguinaldo de los trabajadores estatales nacionales. De esta forma, solo cobrará en un pago aquel trabajador que deba cobrar de bolsillo no más de 32.000 pesos, luego de los descuentos. Para los que superen este monto, el pago puede llegar a completarse hasta en cinco cuotas.


Los pasos del gobierno nacional fueron emulados por Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también decretó el cercenamiento del aguinaldo y su pago en cuotas a partir de los $40.000. En la Capital Federal, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta también resolvió el pago en cuotas del aguinaldo para estatales y docentes. Algunos gobiernos provinciales, como el de Jujuy, pusieron directamente en duda el pago del sueldo anual complementario.


El pago en hasta cinco cuotas es la definitiva disolución del aguinaldo, máxime en el cuadro de una inflación que se espera no menor al 50 por ciento anual. Profundiza un ataque histórico al salario de parte de este gobierno que ya congeló las paritarias y redujo en términos nominales el salario en un 30 por ciento. En los tres meses de pandemia, además, las patronales despidieron a mansalva (algunas estimaciones hablan de 150.000 cesantías solo en el sector registrado).


El argumento para proceder al desdoblamiento del aguinaldo es la caída en la recaudación impositiva, producto de la crisis económica, ahora agravada por la pandemia. Aunque los ingresos tributarios aumentaron un 12,4 por ciento en relación a mayo del año pasado, “si se aplica la inflación acumulada en ese período -del 47% en 12 meses-, en realidad los ingresos fiscales se desplomaron 22,3% en términos reales” (Clarín, 16/6). El dato de que uno de los mayores agujeros es la drástica reducción de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (gravamen directo del consumo) que cayó en términos reales en un 28,3 por ciento en comparación con el mismo mes del 2019, es una confirmación de que la crisis la están pagando esencialmente los trabajadores y los sectores populares. En todas las provincias, la recaudación cayó también en un 15 por ciento promedio.


Mientras intentan descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores, el gobierno nacional y las administraciones provinciales proceden al salvataje de los capitalistas. Alberto Fernández paga la deuda externa, negocia con los bonistas y rescata a los capitalistas locales con subsidios de todo tipo, también a costillas de los trabajadores, por la vía del vaciamiento de los fondos del Anses. Kicillof vacía la obra social estatal Ioma, y con sus fondos subsidiará con 400 millones de pesos todos los meses a las clínicas privadas bonaerenses.


En el sector privado, también


Tras el anuncio de la cuotificación del aguinaldo para los trabajadores del sector público, algunas patronales del sector privado han advertido que seguirán el mismo camino. En tanto, Alberto Fernández señaló que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que subsidia una parte de los sueldos del sector privado, “en principio” no se extiende al aguinaldo.


La CAME y la UIA, según Ambito Financiero (10/6), le pidieron al gobierno -en una reunión con los ministros Claudio Moroni, Matías Kulfas- auxilio para el pago de aguinaldos, en el marco de las negociaciones sobre cómo continuará el programa ATP en el caso de aquellas empresas que han retomado la actividad. Tras este reclamo parasitario al Estado, se van preparando las condiciones de un desdoblamiento del pago en caso de no ser correspondidos.


Los gobiernos y la la clase capitalista avanzan en la liquidación de una conquista histórica de la lucha de la clase trabajadora como lo es el sueldo anual complementario, que el peronismo se adjudica como propia, a partir de la firma del decreto 33.302/45 del 20 de diciembre de ese año, del entonces gobierno de facto de Edelmiro Farrell.


La respuesta de los trabajadores


Entre los trabajadores públicos, docentes y estatales, la avanzada contra el aguinaldo produjo un repudio masivo. Gremios, seccionales y comisiones internas antiburocráticas se han sumado a la jornada de paro virtual anunciada por Ademys y otros gremios para el 22 de junio en la Capital Federal. Serán parte de esa acción también los Sutebas multicolores de la provincia de Buenos Aires.


En contraste con estas medidas de lucha, la burocracia sindical muestra su pasividad, cuando no su complicidad. Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, minimizó el problema: “los trabajadores tienen que cobrar el aguinaldo, no hay ningún debate” (Infogremiales, 1/6). Pero el “debate” la burocracia lo tiene por debajo de la mesa. Según el mismo portal, “una importante cámara empresaria le acercó su borrador a uno de los sindicatos más populosos del país para resolver la situación. En él se proponía fraccionar el aguinaldo en 6 cuotas consecutivas”. Uno de esos empresarios afirma: “a nosotros el sindicato nos dijo que no suena ilógico” (ídem).


De parte de las burocracias de las CTAs, el golpe ya está decretado, y no han movido un pelo. La CTA-T, cuyo secretario general es Hugo Yasky, no ha emitido opinión alguna. Tampoco Ctera, su principal federación sindical. UTE no pudo zafar de sumarse al paro virtual del 22, pero nada señaló respecto de la inacción de Ctera y del Suteba. La CTA-A de Hugo “Cachorro” Godoy y ATE tampoco han tomado ninguna iniciativa. Godoy, secretario general de ATE, tan sólo sinceró su asombro porque esperaba que desdoblamiento del aguinaldo fuera en menos cuotas.


En defensa del salario, del aguinaldo y las jubilaciones, por un seguro universal de $40.000 para todos los desocupados, por el ajuste por inflación de los ingresos de los trabajadores, en resguardo de la salud trabajadora, por el no pago de la deuda externa y el impuesto a las grandes fortunas que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso, la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero se pone al servicio de la organización de un plan de lucha de todo el movimiento obrero, para que la crisis la paguen los capitalistas.




 

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20/06/2020

Reino Unido, entre marchas y contramarchas

El fin de semana pasado, grupos de extrema derecha -como Britain First- se movilizaron en Londres en respuesta a las masivas manifestaciones de repudio al racismo de los días previos, que incluyeron el derribo de estatuas de exponentes históricos del período colonialista. La movilización derechista, nutrida por barrabravas (“hooligans”), congregó cerca de 5 mil personas, muy por debajo de los decenas de miles que marcharon la semana previa para denunciar el “racismo institucional” en el país. Además, se produjeron choques callejeros entre los fachos y contramanifestantes de Stand Up To Racismo. Black Lives Matter, en tanto, había levantado su principal protesta para evitar esos enfrentamientos.


El primer ministro Boris Johnson condenó los incidentes protagonizados por los grupos de extrema derecha, que arrojaron botellas contra la policía en las inmediaciones del monumento a Churchill. Habló de “gamberrismo racista”. Pero estos grupos han sido cebados por su propia política: Johnson aludió a minorías que practican la violencia, por referencia al activismo que puso la mira en los símbolos colonialistas. Además, es el promotor del discurso chauvinista de recuperar la grandeza del Reino Unido, y selló un acuerdo político con Nigel Farage, del ultraderechista Partido del Brexit (ex Ukip), en las últimas elecciones.


Johnson ha anunciado la creación de una comisión para investigar el racismo institucional (en la educación, la justicia, etc.), pero dijo que esa comisión investigaría también los problemas de los “niños blancos hijos de la clase trabajadora”. De esta manera, aparece tratando de oponer a unos y otros, estimulando el racismo y la división de los oprimidos desde arriba.


El racismo es una realidad innegable en el Reino Unido. La población negra es el 3% de la población en Inglaterra y Gales, pero el 12% de los presos. Sufre nueve veces más las detenciones a manos de la policía. Y se concentra en los sectores más precarizados del movimiento obrero, incluyendo los trabajadores de la salud, donde las minorías expresan al 20% del personal. Por esto, también, padece más el Covid-19, que está haciendo estragos en el país (ya hay más de 40 mil muertos). Las protestas de estas semanas, que fueron motorizadas por la rebelión norteamericana, son protagonizadas por la juventud precarizada.


El Partido Laborista y las centrales sindicales no han acompañado las protestas. O directamente le han salido al cruce. Keir Starmer, el nuevo dirigente del partido, quien desplazó a Jeremy Corbyn en la última elección, consideró “completamente equivocado” la demolición de estatuas racistas. Sadiq Kahn, el alcalde de Londres, se expresó en un sentido similar.


Un escenario de crisis


El vigoroso reclamo antirracista tiene lugar en medio de una agudización de la crisis económica, que ha venido a potenciar el coronavirus. El Banco de Inglaterra estima que la contracción económica de este año puede llegar al 14% del PBI. El país podría sufrir la peor recesión de todos los tiempos. El desempleo se mantiene relativamente bajo, pero el Estado se ha hecho cargo del pago del 80% de los sueldos en las empresas afectadas por la pandemia. Frente a la crisis, el Banco de Inglaterra está apelando a la emisión masiva de dinero (más de 200 mil millones de libras) para auxiliar al Tesoro y está por colocar la tasa de interés en niveles negativos por primera vez en su historia. La deuda pública ha superado el 100% del PBI.


Las negociaciones por el Brexit se encuentran empantanadas. A fin de año vence el plazo para evitar una salida desordenada de la Unión Europea (el país ya se encuentra fuera de las instituciones comunitarias). Johnson ha rechazado pedir cualquier tipo de prórroga y exige definiciones para el mes próximo. Las partes negocian un acuerdo de libre comercio, que si no llega a buen puerto dará paso a que las relaciones se rijan por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).


En paralelo a las tensiones con la UE, el Reino Unido estudia un mayor acercamiento a los Estados Unidos, que acentuaría la subordinación al imperialismo yanqui. El debate de una ley de agricultura en el parlamento, que podría favorecer la importación de productos norteamericanos, ha despertado el resquemor del sector agrícola, que plantea que no podría competir. A su vez, advierte sobre el efecto negativo para las exportaciones al continente de una reintroducción de aranceles, en caso de que no haya acuerdo con la UE. Para el sector automotriz y financiero, la “salida desordenada” también presenta amenazas. El único consuelo que le cabe al Reino Unido es que la Unión Europea también se vería afectada por un divorcio de estas características.


El Brexit, asimismo, plantea la posibilidad de una separación de Escocia y una reactivación del conflicto en Irlanda del Norte.


Toda esta situación plantea un escenario general de decadencia del Reino Unido y un cuadro muy complicado para el gobierno de Johnson.


En la situación actual, está planteado que los sindicatos se sumen al proceso de movilizaciones antirracistas e incorporen las reivindicaciones del movimiento obrero frente a la pandemia y la crisis capitalista. En oposición a la Unión Europea imperialista y el callejón sin salida de la autarquía que propone Johnson, se plantea la lucha por la unidad socialista del Reino Unido, en el marco de la unidad socialista de Europa.




 



 

Salta: quieren negar el IFE cuando siguen las muertes por hambre

Mientras miles de argentinos esperan todavía el segundo cobro del Ingreso Familiar de Emergencia y la confirmación de un tercer pago, la directora ejecutiva de Anses, María Fernanda Raverta, declaró en una entrevista para Crónica que en las provincias que no registren nuevos contagios de Covid-19 no se pagaría la segunda cuota, con el argumento de que allí la economía vuelve a funcionar. Entre ellas se encontraría entonces Salta.


Es absurdo el argumento de Raverta para no pagar estos escasos de 10.000 pesos, que ya dejó a fuera a millones y es una gota en el océano para quienes se quedaron sin ingresos, cuando el propio Indec informa que una familia requiere de $43.080 al es para no ser pobre, y $17.875 para no ser indigente. Salta en particular tiene los mayores índices de pobreza, ya que en el segundo semestre de 2019 el Indec informó que el conglomerado urbano de la ciudad de Salta tenía al 45,5% de las personas debajo la línea de pobreza -diez puntos arriba de la media nacional y del NOA-, la mitad de la población económicamente activa en la informalidad. En ramas importantes como el turismo, una de las más promovidas por el gobierno, la informalidad es casi total.


¿Raverta no sabe que en el interior salteño los niños de las comunidades originarias mueren de hambre?  ¿No sabe de los 250 despedidos de mina Lindero, de los más de 700 de las obras del ferrocarril Belgrano, de los cierres de comercios que dejaron otro tendal de despidos? Trabajadoras afectadas por la cuarentena como las manteras, a quienes les correspondería cobrar el IFE, vienen de ser reprimidas por la policía salteña por reclamar respuestas a su crítica situación. Por lo tanto, si bien en Salta no aumentaron los casos de contagios por nexo epidemiológico, la “nueva normalidad” es una de mayor miseria social y hambre.


Exigimos al Anses que se respete el pago del bono del IFE a todas las provincias, así como su continuidad y aumento a $40.000, y la apertura de reinscripciones para todos los que quedaron afuera.


El gobierno busca ajustar a los trabajadores para asegurar el pago al FMI, los trabajadores y desocupados debemos intervenir. Es el camino que marca el sindicalismo combativo y el Polo Obrero. Más que nunca, que la crisis la paguen los capitalistas.



 



 

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20/06/2020

Así se vivió la jornada de lucha del 16 de junio en Mendoza

Se abre una perspectiva para los luchadores.

La jornada de lucha del sindicalismo combativo, del pasado 16 de junio, tuvo una gran repercusión en el país y Mendoza no estuvo fuera de ella. Cientos de luchadores se concentraron en un acto en la explanada de Casa de Gobierno para exigir que no seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis.


El gobernador Rodolfo Suárez (UCR-Cambiemos) ha anunciado que pagará los aguinaldos de los estatales a partir de septiembre, y acto seguido desembolsó 380 millones de pesos para pagar deuda. La denuncia de esta contraposición ha sido el hilo conductor de quienes intervinieron e impulsaron la jornada. Esto resultó un impulso a la acción que se venía preparando desde antes.


Un reagrupamiento necesario


En la concentración del 16 confluyeron los sectores que ya venían, cada uno por su lado, generando acciones de lucha contra el gobierno en exigencia de sus reclamos. No es un dato menor, ya que el acto se transformó en una verdadera tribuna de las y los luchadores mendocinos.


La convocatoria en primera instancia la lanzó el Sitea (estatales autoconvocados), que viene reagrupando a los sectores antiburocráticos. Así se hicieron presentes los municipales de Guaymallén, del Casino de Mendoza y de la ATM (Administración Tributaria Mendoza), todos sectores fuertemente atacados por el gobierno durante la cuarentena.


La seccional de Las Heras del Sute (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación) resolvió en su plenario de delegados la participación en la jornada, no sólo por la recomposición salarial y el aguinaldo, sino ante la superexplotación que generan las clases virtuales donde no hay horarios fijos y deben poner dinero de sus bolsillos para garantizar la conectividad. Estos reclamos ya habían motivado una acción propia unos días atrás.


La Asamblea de Prestadores del Hospital Central también votó participar. Llevaron sus banderas contra la precarización en el Estado, las mismas que vienen levantando hace meses en los hospitales y con las que lograron que Suárez deba reconocer que es inadmisible tener a 2.100 trabajadores de la salud en esas condiciones y anunciara públicamente el pase a la planta interina.


También participaron los incansables compañeros y compañeras del Polo Obrero que vienen de jornadas de lucha todas las semanas, expresando una gran disposición a pelear para recomponer sus condiciones de vida, peleando codo a codo con los trabajadores ocupados.


Esto es sólo el comienzo


Va quedando cada vez más clara la voluntad de pelear de las y los trabajadores y la tenacidad con la que se va forjando un reagrupamiento de los luchadores. Suárez también toma nota y por eso el acto fue custodiado muy de cerca por la policía provincial que intentó dispersar la medida con amenazas de imputaciones y multas.


Desde la Coordinadora Sindical Clasista (CSC) pondremos todos los esfuerzos en consolidar este proceso de organización que vuelve a poner a los trabajadores mendocinos en la escena pública. No podemos seguir siendo los trabajadores quienes paguemos la crisis con despidos, recortes salariales y ahora también con contagios de Covid, porque la economía se reactiva cuidando las billeteras de los empresarios pero no la salud de los trabajadores. Desde la CSC impulsamos desde todas nuestras posiciones un plenario de base de todos los estatales que discuta un plan de lucha unificado por la conquista de las reivindicaciones del movimiento obrero.


A seguir este camino.



 

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20/06/2020

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A casi 9 meses de dejar de cobrar sus salarios, lxs trabajadores de la alimenticia Productos La Nirva, acompañados por el Suteba Matanza y organizaciones solidarias, entre las que se encuentra el Partido Obrero de La Matanza, se manifestaron este viernes 19 de junio en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo de San Justo, para reclamar por los salarios adeudados y exigir una solución a la problemática que vienen sufriendo desde que Matías Pérez Paradiso se hizo de la empresa en 2017.


Allí  hicieron entrega de una carta con los reclamos. En la misma describen la dramática situación en la que se encuentran por no cobrar los salarios y que se agrava con la cuarentena, a raíz de la pandemia. El planteo central de lxs trabajadores es que los dejen producir, es decir trabajar.


También denuncian en la carta la estafa por parte de la empresa de entregarles cheques sin fondo. Dichos cheques eran para cobrar luego de 60 y 90 días a partir de haberlos recibido, pero al momento de ir a cobrarlos, estos no tenían fondos y la patronal les había otorgado las vacaciones. El golpe no fue solamente económico sino también emocional, ya que todos dependían de ese dinero.



Los trabajadores se mantienen en “asamblea permanente”, luego de que en la audiencia del 2 de junio el Ministerio de Trabajo diera por “caídos” los acuerdos firmados por la patronal, al haber sido estos incumplidos.


Pero esos incumplimientos que se acumulan al igual que la deuda salarial no tuvieron ninguna sanción por parte del organismo. Si bien podría multar a la patronal, los funcionarios mismos aducen que no serviría de nada, ya que saben que la patronal no pagaría las multas. Por otra parte, no recurren a la justicia porque una investigación demostraría quién es el dueño, que viene de quebrar más de una empresa.


El Estado, que debería garantizar que la patronal cumpla con sus obligaciones de los más de 60 trabajadores (en su mayoría mujeres); con el pago de los salarios, como así con los aportes de las cargas sociales, etc., dice no poder. Sin embargo, sí amedrenta a los trabajadores a través de sus instituciones, enviándole la policía, órdenes de “inspección”  y toman denuncias penales contra ellos, cuando lo único que están haciendo es defender sus puestos de trabajo.



Lxs trabajadores de La Nirva han demostrado tener una enorme fortaleza para luchar y defender sus derechos, y enfrentarse así a una patronal perversa que, amparada bajo el ala del Estado, se cubre de cumplir con sus obligaciones.


Así también vienen luchando los trabajadores de Penta, Kimberly Clark, la Ex Ansabo y tantos otros. Estos trabajadores defienden sus puestos de trabajo porque las patronales han llevado en forma deliberada a los cierres de fábricas. Luchan contra un Estado que en sus diferentes organismos y representantes políticos van al salvataje de los capitalistas, como lo vemos con Vicentin.


El rol de la dirección del sindicato pastelero es completamente funcional a la política de la patronal. En un cuadro de despidos en todo el gremio, se impone la necesidad de un paro de todos los trabajadores del sector en defensa de los salarios y los puestos de trabajo de lxs trabajadores de La Nirva.


Para que la crisis no la paguen los trabajadores, debemos organizarnos con un programa independiente de los gobiernos y de las burocracias sindicales. En esa línea se inscribe la acción del Plenario del Sindicalismo Combativo el pasado  16 de junio a lo largo y a lo ancho de país.


¡Fuerza Compañerxs de La Nirva!



 

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20/06/2020

Córdoba: la lucha de los municipales abre un nuevo escenario para el movimiento obrero

Es necesario un paro provincial de la CGT y el conjunto de los sindicatos.

La gran movilización de trabajadores municipales del 18 de junio, que reunió más de 6.000 personas y fue las más grande desde el inicio del aislamiento social obligatorio, abrió un nuevo cuadro para el movimiento obrero de Córdoba, que que lo coloca como un factor político protagónico en medio de una crisis fenomenal.


Desde hace varias semanas la provincia es escenario de numerosas movilizaciones, que han tenido entre sus protagonistas a los trabajadores del transporte urbano, al personal sanitario, a las y los trabajadores estatales activos y pasivos contra la reforma jubilatoria.


El alto grado de combatividad que se vio en la marcha municipal ya se había manifestado días anteriores en las acciones de diversas dependencias municipales, que incluso llevó a algunos sectores de las áreas operativas a enfrentamientos parciales con la policía. Se fue gestando desde la base una radicalizada disposición a la lucha.


El nivel de organización que expresaron las áreas operativas solo fue superado por la impactante columna de Educación. Con cabecera propia, barredoras y banderas que reflejaban las principales consignas del sector, este sector reflejó un profundo proceso de organización previo que fue madurando en asambleas y reuniones impuestas desde la base.


La jornada de lucha del 18 superó la dispersión que suponían las acciones por sectores ante los ataques focalizados del intendente Martín Llaryora y mostró la enorme potencialidad que tiene el movimiento municipal cuando emprende una acción conjunta. Para imponer una derrota definitiva al ajuste en curso se requiere un direccionamiento y desarrollo común de las dependencias municipales, que deben coordinar su acción mediante una asamblea general para definir un plan de lucha progresivo y unificado. Esto entra en fricción con el rumbo marcado por la conducción, que ante los sucesivos y persistentes ataque de Llaryora sostiene que “la paz social se construye entre todos”, en palabras de Beatriz Biolatto, titular del Suoem (Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales).


La virulencia del ataque de Llaryora y el gobernador Juan Schiaretti contra el movimiento obrero viene siendo resistida aguerridamente por las y los municipales y diferentes sectores del activismo sindical. La combatividad del sector municipal radica en el hecho de que el intendente pejotista aplicó en medio de la cuarentena un recorte de la jornada laboral que significa la reducción del 15% de nuestros ingresos; eliminó horas extra y extensión de jornadas, amplió el régimen de pasividad anticipada, pasó el refrigerio y otros ítems en negro, eliminó más de 500 chapas a los inspectores municipales, y ahora anuncia el pago del aguinaldo en cuotas. Con la venia del gobierno provincial, Llaryora marca el rumbo para todo el arco patronal y los gobiernos municipales, para cubrir el déficit de la caja aplicando un congelamiento salarial y una reforma laboral en los hechos.


La reacción obrera contra las medidas de Llayora y Schiaretti ha condicionado a la burocracia sindical, que de la absoluta parálisis pasó a una sucesión de acciones aisladas, improvisadas y sin norte. Es en este terreno que se inscribe la caravana realizada por la CGT el 19 de junio -un día después de la enorme marcha municipal-, o el “tijeretazo” de la UEPC realizado apenas una hora antes de la convocatoria de las y los municipales. Ambas medidas, resueltas por arriba y sin perspectiva de continuidad, fueron cuidadosamente colocadas de espaldas a la principal lucha en curso. La burocracia de la CGT se juega a contener la creciente reacción obrera aislando las luchas, honrando el pacto que mantiene con los gobiernos municipal y provincial para dejar pasar el más grande robo jubilaciones cordobesas.


El feroz ataque a las y los municipales es la punta de lanza para proceder sobre el conjunto de los estatales en la provincia. Al igual que el recorte jubilatorio, constituye una vía de saqueo a las y los trabajadores para solventar la bancarrota estatal y sostener beneficios empresariales. La respuesta debe ser de conjunto y unificada. Es necesaria la convocatoria inmediata a un paro activo provincial de la CGT y el conjunto de las centrales sindicales, que rechace la reforma previsional, apoye activamente la lucha municipal, y refuerce el reclamo del conjunto de la clase obrera cordobesa.



 



 

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20/06/2020

La cachetada de Boudou y el gobierno a millones de jubilados

Pensión vitalicia de $350 mil y haberes previsionales de $17 mil.

La resolución emitida por el gobierno, a través del Procurador del Tesoro, Carlos Zanini, para habilitar que el exvicepresidente Amado Boudou pueda cobrar su “pensión vitalicia” de unos $350 mil mensuales (y una retroactividad que estaría por encima de los $20 millones), a la que se hizo acreedor por el solo hecho de haber estado en ese cargo durante un mandato de cuatro años, es una cachetada en la cara de los millones y millones de jubilados que el gobierno mantiene cobrando apenas $17.000 mensuales, luego de haber aportado a las cajas durante 30 o 40 años.


Este afrenta sin pudor por parte del gobierno que venía a atender “primero a los que menos tienen” volvió a colocar sobre la mesa -y con crudeza- el tema de las llamadas jubilaciones de privilegio, de las que gozan, entre otros, los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como las altas jerarquías de la iglesia, como los obispos y los arzobispos.


Colocados en el terreno de la defensa general de esas prebendas, los críticos políticos y mediáticos de que se le “devuelva” la pensión a Boudou, cuestionan la decisión oficial simplemente porque el exvicepresidente está con una condena encima por desfalco al Estado. Pero abogan por el sostenimiento del régimen diferenciado para todos los demás.



Estos privilegios de los cuales no goza, claro está, ningún trabajador, tienen como única justificación el pago de un retiro con la mayor opulencia para quienes se encargan de sostener un sistema general de privilegios para toda la clase capitalista. El régimen de este tipo de jubilaciones está precedido por salarios de los “privilegiados” que oscilan hoy entre los 300 mil y los 700 mil pesos mensuales y que se trasladan al retiro porque, como jubilación o pensión, reciben entre el 82 y el 100 por ciento del sueldo en actividad.


Durante su vida en el cargo, los jueces de la Corte (al igual que los obispos y arzobispos) suman otros beneficios como estar exceptuados de pagar el Impuesto a las Ganancias, que alcanza a una abultada cantidad de trabajadores de ingresos medios y medio altos. Y, al retirarse, para la jubilación de ninguno de los privilegiados rige el máximo que tienen los empleados en relación de dependencia que, cualquiera sea su salario, no cobran más que ese tope establecido, que hoy está un poco por encima de los 100 mil pesos.


Para los trabajadores y trabajadoras, la jubilación es un salario diferido que se nutre de los aportes que se realizan durante su vida activa y que tiene como objetivo cubrir sus necesidades luego que dejen de trabajar. Lejos están de esto las jubilaciones de, por ejemplo, los presidentes y vices, que reciben sus suculentas “pensiones” con apenas cuatro años “de aportes” o las de los jueces o las de los obispos y arzobispos (a los que mantiene el Estado con suculentos salarios), que tienen ventajas similares.



Para que nada se escape la escala de mayores privilegios, en el caso de los presidentes y vices, la ley establece que sus jubilaciones serán equivalentes al 100 y al 75 por ciento, respectivamente, de los salarios de un juez de la Corte, que habitualmente están por encima de los haberes del Ejecutivo. Esa es la razón por la cual Boudou ve crecer aún más el monto de lo que ya hubiera sido una abultada jubilación.


Y los haberes previsionales de este sector no han recibido recortes o depreciaciones, como sucediera con el resto de las jubilaciones y pensiones ordinarias. Esto porque sus salarios (y, correlativamente, sus jubilaciones y pensiones) se aumentan por fuera (y por encima) de los sueldos y los haberes previsionales de los trabajadores.


Los jueces, por ejemplo, se “concedieron” aumentos de sueldo por un total del 69% en el año 2019, casi el doble de la media que recibieron los trabajadores que revistan en blanco. Y el presidente, según el último dato conocido -del 2019- tiene un salario básico que supera los $300 mil.


Alrededor de este tema de los privilegios, el gobierno nacional armó un escenario mediático en marzo pasado con el proyecto de ley para “liquidar” las jubilaciones de ese tipo para jueces y altos funcionarios del poder Judicial y del personal diplomático.


El proyecto, finalmente aprobado poco antes del inicio de la cuarentena, lejos está de “liquidar” ningún privilegio jubilatorio, solo establece algunas modificaciones al sistema, la principal de las cuales es que aumenta el aporte personal de los alcanzados por la nueva ley del 11% al 18%, pero mantiene los haberes previsionales similares a los salarios y con la misma movilidad que estos.



Es que el sostenimiento de las jubilaciones y los sueldos de privilegio para los máximos responsables de la estructura del Estado capitalista, es la manera de mantener disponible y bien pago a un personal político que la administre en función de sus intereses de clase y aplique los ajustes y golpes sobre los trabajadores que les resulten necesarios.


En el derrotero que siguen los regímenes jubilatorios esto se muestra con meridiana claridad. Mientras se mantienen casi inalterables esos sistemas para ese personal político, la burguesía ha lanzado una ofensiva para directamente liquidar el régimen jubilatorio ordinario logrado por luchas incansables de los trabajadores a lo largo de más de 100 años y reemplazarlo por una mísera pensión a la vejez.


El ministro de Trabajo nac&pop, Claudio Moroni, reconoció en marzo pasado que, en lugar de mejorar las jubilaciones, desde el Ejecutivo impulsarán “sistemas adicionales” y “cajas compensatorias”. Una confirmación de que el objetivo es convertir a la jubilación en un ingreso asistencial.


Las jubilaciones ordinarias que, mayoritariamente, ya están muy lejos de cubrir el costo de la canasta básica, parten de salarios deprimidos que, para una franja creciente de trabajadores, tampoco alcanzan al mínimo necesario de subsistencia. Y van por más.


No es solo Boudou, hay que liquidar todos los regímenes de privilegio. Y reponer todos los derechos despojados a trabajadores y jubilados. Hay por delante una pelea por la subsistencia, contra la miseria, por salarios mínimos que cubran el costo de la canasta familiar, que las jubilaciones mínimas alcancen al 82% del sueldo en actividad.



 

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20/06/2020

Salta: terminemos con la concesión de la recolección de residuos a Agrotécnica Fueguina

Por un sistema de recolección del municipio, bajo control de vecinos y técnicos.

La empresa Agrotécnica Fueguina realiza la recolección de residuos en la ciudad de Salta desde el año 1999. Pasó por todos los colores del gobierno municipal, desde Enrique Tanoni, pasando por Miguel Ángel Isa, Gustavo Sáenz y ahora Bettina Romero, siempre beneficiada a pesar de las sistemáticas denuncias por incumplimientos de contrato.


Como resultado, hoy tenemos la contaminación de más de veinte barrios de la zona sudeste de la capital salteña de manera directa, y de otras zonas de la provincia a través de la contaminación de las napas de aguas que llegan a los cauces de ríos.


El de Fueguina es el mayor contrato del municipio de Salta, con un costo que alcanza a un tercio del presupuesto total. Desde agosto de 2019 el monto del mismo llegó a la suma mensual supera los 91 millones de pesos. Por otra parte, según el convenio de actualización firmado, Salta tiene que pagar a la empresa, 50 millones de pesos “en concepto de diferencia por actualizaciones, correspondientes al los período que va desde el 12 de agosto de 2019 al 30 de noviembre de ese mismo año”. Son las sumas de dinero que se les niega a los vecinos para mejorar sus condiciones de vida a través de obras públicas.


Por la contaminación provocada en el vertedero San Javier, los vecinos de barriadas afectadas presentaron junto a la banca de concejales del Partido Obrero un recurso de amparo contra la empresa, el entonces intendente Isa y la complicidad del gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey.


A partir de esta presentación, en las distintas audiencias convocadas por el juez de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, los testimonios de los vecinos pusieron en evidencia la problemática que sufren a diario por la contaminación del vertedero. Entre ellos se cuentan la voladura de plásticos a los barrios más cercanos por falta de un cercado perimetral más alto que el montículo de basura, los olores nauseabundos que se siente porque no existe un cercado forestal y no hay  cubertura diaria de la basura, lo que trae como resultado problemas dérmicos, alopesia y respiratorios, a lo que se suman las constantes plagas de ratas, mosquitos y moscas.


También existe un informe del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) que constata la presencia de metales pesados en el Río Arenales a la altura del vertedero, como consecuencia del escurrimiento de los líquidos lixiviados a las napas de aguas, por la falta de tratamiento de los residuos altamente contaminantes como pilas y baterías. En estas audiencias tanto la provincia como el municipio, responsables de ejercer el rol de control, defendieron a la empresa como si fueran los mismos propietarios.


A pesar de todas estas irregularidades graves, la empresa nunca fue multada. El informe que presentó el Concejo Deliberante después de la ultima visita de los concejales al predio, realizada el día 11 de junio, no se pronuncia por el mal estado de la trinchera n°1 que fue clausurada en el 1999 y debió ponerse nuevamente en funcionamiento por falta de inversión de la empresa para acondicionar de la 4° trinchera.


El próximo 30 de setiembre vence el contrato y la prórroga, por lo tanto debe llamarse a licitación. Hasta ahora no se menciona ninguna otra empresa que no sea Agrotécnica Fueguina. Por eso los vecinos de zona sudeste exigimos el inmediato cese de la contaminación de la tierra, el aire y el agua (napas subterráneas, Río Arenales, Río Ancho, Dique Cabra Corral) como consecuencia de la mala disposición final de la basura de la ciudad. Reclamamos la puesta en funcionamiento de la trinchera n°4 y su impermeabilización a cargo de la empresa, para ser utilizada en la disposición de la basura, cobertura con tierra y compactación diaria de la misma. También planteamos la separación de los residuos secos de los húmedos y una planificación de la misma para alcanzar al 100% de los barrios, tal como lo exige la normativa vigente (ordenanza 15415).


A su vez, sostenemos la importancia de que se imparta educación ambiental para la separación domiciliaria e institucional a cargo de la empresa; la separación y acopio diferenciado de pilas y baterías, así como del resto de desechos químicos, electrónicos, biológicos, y de todos aquellos que por su toxicidad y nocividad para la salud humana y el medio ambiente debieran ser tratados conforme lo estipulan las normas de tratamiento de residuos peligrosos.


Exigimos también la planificación de un nuevo lugar para la disposición final de residuos, que se encuentre a una distancia suficiente de la ciudad para que no afecte la salud y la calidad de vida de los vecinos, una compensación pecuniaria sobre el patrimonio de la empresa, de Isa y Sáenz, por ser los directos responsables de la contaminación en perjuicio de la salud y calidad de vida de los vecinos, para ser utilizado en el saneamiento de las tierras que hoy ocupa el vertedero, del Río Arenales y la zona circundante al relleno sanitario, bajo control de los vecinos.


Que la nueva etapa de la recolección y disposición final se haga de manera directa por el municipio con control de los vecinos, las organizaciones defensoras del medio ambiente, y los profesionales de la Universidad Nacional de Salta. Para ello debe expropiarse sin pago todos los elementos que están hoy en manos de la empresa, y sus trabajadores continuar en sus puestos de trabajo respetándose el convenio colectivo correspondiente.




 

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20/06/2020

5 años sin Diana Colman en Guernica

El Estado sigue siendo responsable.

Se cumplieron cinco años de la desaparición de Diana Colman, en la localidad bonaerense de Guernica. El 19 de junio de 2015 -días después de la primera movilización multitudinario Ni Una Menos- Diana salió de su casa por la mañana para realizar unas compras, avisando que al mediodía volvía. Hasta el día de hoy no hay noticias de ella.

 

La causa judicial estuvo plagada de irregularidades. Pasó por las manos de tres fiscales y llegó a la fecha de hoy caratulada como “averiguación de paradero”, en un total abandono. No solo no la buscaron durante estos cinco años, sino que dejaron totalmente desamparados tanto a su hijo Gustavo como a su madre Isabel, quiénes a lo largo de todos estos años atravesaron situaciones difíciles ningún tipo de ayuda, ni económica ni psicológica. Isabel debió hacerse cargo íntegramente de todas las necesidades de su nieto, pese a haber padecido varios problemas de salud y la amputación de una de sus piernas.

 

A lo largo de este tiempo, las organizaciones de mujeres y sociales salimos a reclamar la aparición con vida de Diana. Incluso hemos sufrido varias amenazas y amedrentamientos por parte del gobierno municipal, a cargo de Aníbal Regueiro en ese momento, como así también por parte de la policía.

 

Hace pocos meses en el Concejo Deliberante de Presidente Perón se votó la adhesión a la Ley Micaela, en lo que no es más que una pantalla, porque por más formación en género de los funcionarios lo cierto es que en Guernica no contamos con ningún tipo de política pública que contenga a las mujeres cuando son violentadas, ni mucho menos que pueda contener a las familias ante casos de violencia, femicidios y desapariciones.

 

Hoy transitamos una pandemia que nos obliga a permanecer en nuestras casas y no poder salir a las calles a reclamar por la aparición con vida de Diana y de otras tantas mujeres desaparecidas, pero más que nunca exigimos: ¡Aparición con vida de Diana Colman!

 

Desmantelamiento de las redes de trata. Ni Una Menos. El Estado es responsable.

 

 

 

 

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20/06/2020

Misiones: a las diversidades sexuales nos sobran los motivos para alzar la voz

Este mes, se cumplen 51 años de la revuelta sucedida en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, donde el movimiento Lgbti se alzó del hartazgo por las violentas redadas policiales. Cinco décadas después, las cosas no cambiaron mucho, en Argentina, a pesar de las conquistas arrancadas continúan los ataques y crímenes de odio, muchas veces blanqueado por el mismo Estado en alianza con la Iglesia católica y demás cultos evangélicos, se criminaliza nuestras identidades con violencia policial diaria aún con el recientemente derogado Protocolo de detención de Bullrich para personas Lgbt, que dio como resultado el caso de la condena a prisión en suspenso para Marian Gómez, la cual irónicamente fue sentenciada el Día del Orgullo del año pasado.


La presente pandemia de coronavirus puso de manifiesto que las mujeres trans y travestis están en un peligro aún mayor que antes: todos los días tienen que decidir si morirse de hambre o contagiarse de coronavirus. Mientras tanto, el Estado que tanto se embandera con los derechos que les arrancamos, se encarga de cajonear o votar en contra de proyectos de ley esenciales para cambiar la calidad de vida de la comunidad, como ser el impuesto a las grandes rentas y fortunas del FIT-U (que serviría para hacerse con el dinero necesario para enfrentar la pandemia), así como también de dejar a fuera a muchxs del magro cobro del IFE. En esta situación, las compañeras travestis y trans se ven empujadas a la prostitución para tener algunos ingresos para sobrevivir; siendo dejadas de lado por la burocracia sindical de Ammar-CTA que, en lugar de exigir un subsidio de emergencia, realizó un instructivo para ejercer la prostitución durante una pandemia y festejó del ReNaTEP, que “reconocía” a las trabajadoras sexuales callejeras. Las violencias propias de las esquinas, sumada a la violencia del narcotráfico y la persecución policial, hacen ver lo necesario que es la inmediata aprobación y aplicación de la Inclusión Laboral Travesti-Trans, proyecto que fue presentado esta semana nuevamente por el Partido Obrero a través de nuestra diputada Romina Del Plá.


En nuestra provincia, el gobierno renovador ha lanzado su primera política pública para las personas trans (como lo indican lxs activistas dependientes): un programa para que la comunidad travesti trans, la cual vive una crisis de acceso a la vivienda enorme, termine la escuela a través de ¡teleeducación!. Los diputados provinciales de la renovación, la UCR y el PAyS están en la pavada total, en vez de tratar temas urgentes que afecten positivamente las vidas de las mujeres y diversidades, y de los trabajadores en general en el medio de la pandemia, estuvieron en medio de la pandemia tratando temas de suma necesidad y urgencia como “La importancia de la fiesta provincial de la rapadura”. Mientras los refugios para víctimas de violencia de género se caen a pedazos, o cierran o son dirigidos por personal penitenciario, como el dependiente de Myriam Duarte.


La represión y los crímenes de odio, el pan de cada día


El Frente Renovador de la Concordia nada está haciendo en dirección a derogar el código de faltas y contravenciones de la época de la dictadura, que criminaliza con duras penas a las personas en situación de prostitución. Las travestis y trans son encerradas en los calabozos incorrectos porque no se les respeta la identidad ni en ese momento, exponiéndolas a situaciones aún más peligrosas.


Mientras tanto, a nivel nacional, tenemos el caso de Javi, un chico gay que fue brutalmente reprimido por la policía de Alicia Kirchner en la provincia de Santa Cruz y el caso de Robert Monje, un activista gay que fue asesinado de decenas de puñaladas en su propia casa en Santa Fe. Estos ejemplos son el día a día de la comunidad Lgbti, que muere en las manos de un Estado que fortalece el estigma al conceder a las Iglesias dar la ESI bajo sus ideales clericales y dejar la alimentación popular en manos de las Iglesias en detrimento de las partidas de alimentos dirigidas a los comedores.


El vaciamiento de la salud


Cada vez que puede, el kichnerismo hace demagogia con nuestras identidades, pero la verdad es que sigue al pie de la letra las recetas impulsadas por el FMI, que finalizaron en el vaciamiento de la Ley de Identidad de Género y la faltante generalizada de hormonas, que sí empezó durante el gobierno anterior pero se agravó durante la gestión actual. Este ajuste en salud tiene consecuencias gravísimas en la salud de las personas TTNB, pero también tiene una arista clara en la provincia de Misiones, siendo el Hospital Madariaga el foco de contagios, los cuales el gobierno renovador hace una campaña incansable por tapar en orientación para seguir flexibilizando la llamada “cuarentena binaria”, a favor de la ganancias de los empresarios. El resultado es trágico: triplicamos la media nacional de personal sanitario con Covid-19 (misionescuatro, 7/6) a su vez que Alarcón, el ministro de Salud antiderechos se ocupó de responsabilizar a lxs trabajadores de salud por los contagios intrahospitalarios.


Nos sobran los motivos para irrumpir en el espacio público, por eso, desde la Agrupación Lgbti–Misiones, llamamos a movilizarse a la Plaza 9 de Julio con distanciamiento social en la provincia, a las diversidades sexuales y de género así como también al resto de la clase obrera tras la gravedad de la situación. Contra la demagogia nos organizamos independientemente del Estado por el cupo laboral travesti-trans, por el aborto legal, por la ESI científica y laica, por un subsidio de emergencia de $30.000, por el impuesto a las grandes fortunas del FIT-U y contra el pago de la deuda, el vaciamiento en salud, la faltante de hormonas y la represión policial.



 

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20/06/2020

CABA: el homenaje a Belgrano y el rol de la legislatura

Video y texto de la intervención de Gabriel Solano, legislador porteño del FIT-PO

Transcribimos a continuación la intervención de nuestro compañero, el legislador Gabriel Solano, en la Legislatura porteña, el pasado jueves 18, en ocasión del tratamiento de proyectos de homenaje a Manuel Belgrano por cumplirse este 20 de junio doscientos años de su muerte.


Con relación a este punto, primero, me voy a referir a los proyectos que se van a votar ahora. Voy adelantar que mi votación va a ser así: voy a votar a favor del proyecto que establece los 200 años, este de 2020, pero me voy a abstener en relación al que plantea nominar al recinto de la Legislatura con el nombre “Manuel Belgrano”.


Soy de la idea de que por un tema de respeto histórico, nunca conviene contar la historia al estilo Billiken, no es conveniente. Quiero decir que el estilo Billiken es agarrar a un prócer, quitarlo de su contexto histórico, sacralizarlo, reseñar una, dos o tres virtudes, y omitir realmente lo que estaba en debate en cada momento, las opciones que se manejaban y los intereses sociales que estaban en juego y el papel personal que esta persona que se va a debatir -en este caso Manuel Belgrano- jugó en la historia argentina. Y no cabe ninguna duda que Belgrano ocupa, dentro de la historia argentina, un lugar bastante peculiar, quizá lo digan algunos oradores que vienen después, pero parece como esos próceres que ‘cerraron la grieta’. Y los voy a criticar por ese motivo, no los voy a apoyar.



Porque, ¿por qué cerraron la grieta? Hemos visto, por ejemplo, lo que es la historiografía clásica argentina, por ejemplo el mitrismo, un fanático de Belgrano, y de las principales biografías que se conoce una es la de Mitre. Y, sin embargo, la historiografía revisionista, que se identificó con Rosas, históricamente con el peronismo, también. La expresidenta, actualmente vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que es su prócer favorito. Bueno, yo no opinaría en esos términos porque no es bueno… ¿cuál es el color favorito?, ¿cuál es el club? En ese sentido, él no es mi prócer favorito. Porque Belgrano, de alguna manera, en su historia política, que no fue tan larga, personalizó y encarnó lo que fue el proceso de Mayo en sus avances y sus retrocesos. Esto es importante que lo veamos. Jugó un papel importante en 1810; estaba, si se quiere, inscripto en la izquierda del movimiento revolucionario, pero luego cambió esa posición. Y quienes conocen realmente la historia argentina, saben perfectamente que después del viaje que él hizo a Europa, en el cual viajó nada menos que con Rivadavia, ya vuelto a lo que iba a ser luego Argentina, jugó un papel central, que naturalmente debe ser debatido y corresponde que así lo sea, porque en el momento del Congreso de 1816, él, siendo el general a cargo del Ejército del Norte, jugó un papel importante en la represión interna al movimiento del Litoral y al movimiento federal. E incluso fue el que ordenó -este es un tema que el propio Belgrano lo dijo claramente- el fusilamiento del caudillo de Santiago del Estero, Juan Francisco Borges. Y como parte del fusilamiento y la represión que Belgrano hizo al norte del Litoral, enfrentó claramente a Artigas. Si ustedes van a ver la situación histórica del momento, van a comprobar, y esto es hoy algo que casi se reconoce en general, que en el mismo momento que se declara la independencia en el Congreso de Tucumán en 1816 se hace un pacto secreto con Brasil para entregar la Banda Oriental a lo que iba a ser el imperio esclavista de Brasil manejado por Portugal. Esto fue lo que pasó.


Belgrano tuvo sus momentos ‘progresistas’, indudablemente, como tuvo estos otros momentos, que todos tenemos que cuestionar. Y encarnó, por eso decía, un momento de auge en este proceso revolucionario, incluso antes de 1810, fueron los momentos de la resistencia a las invasiones inglesas, tan importantes, de 1806, 1807, la formación de una milicia en Buenos Aires, que impactó luego en el primer gobierno patrio de 1810, pero luego Belgrano jugó otro papel. Creo que se tiene discutir de una manera muy clara, porque, insisto, no podemos hacer de personalidades históricas relevantes un cuento, como si esto fuera, digamos, un acto escolar en un jardín infantes de un barrio. Estamos en una Legislatura y corresponde que las cosas se discutan políticamente. Ese viaje a Europa que realiza es importante, porque viaja con Rivadavia, quien va a ser después, no muchos años después, cinco o seis años después de su muerte, quien tome la gran primera deuda del Estado argentino. Esa gran deuda con una banca inglesa, que va a ser una estafa fenomenal, que se va a devolver casi ochenta y cinco o noventa años después, con un costo financiero escandaloso para la Argentina, que es interesante verlo porque ahora estamos discutiendo, ya mucho tiempo después, una nueva deuda, y vemos cómo estos fondos de inversión, ya no será la Baring Brothers, sino los BlackRock y compañía, tienen a la Argentina agarrada del cogote para sacarle hasta el último mango; entonces, obviamente, este tema sigue vigente. Es que con Belgrano se personaliza una clase social y una clase dirigente que logró una independencia del país, en términos políticos, pero que estuvo muy lejos de poder desarrollar a Argentina como Estado avanzado. Y las expresiones más importantes de la época, como fueron Paraguay y, lo que va a ser Uruguay después, como la Banda Oriental, obviamente Belgrano, como lo dije antes, ocupó un lugar de choque, y vean toda la actitud del Ejército del Norte y las posiciones de Belgrano en 1816 y 1817, y cómo la represión brutal que se desata en Buenos Aires, por ejemplo, se encarcela y se lo obliga a exiliarse a Dorrego y lo mismo ocurre con el hermano de Mariano Moreno, lo mismo ocurre con French.


Entonces, son situaciones históricas importantes, ¿y por qué voy a votar de esta manera, en que voy a votar a favor uno y me abstengo en el otro? Porque recinto de la Legislatura hay una solo y como hay un solo recinto de la Legislatura, no privilegiaría, en este caso, a Manuel Belgrano para denominarlo de esta manera, buscaríamos a otro tipo de próceres, si se quiere. Ustedes dicen, bueno, si se quiere hacer una comparación histórica, cuando el Directorio le pide a Belgrano que use al Ejército del Norte para reprimir a la Banda Oriental y a la Liga Federal, Belgrano acepta, y San Martín, no. San Martín, que tiene su ejército, decide no utilizar su ejército para la represión interna. Entonces, la historia argentina tiene sus matices y debe ser discutida realmente, e insisto, no me gusta transformar esto en un acto escolar, por eso es mi posición al respecto.


Dicho esto, me parece que cuando estamos discutiendo otras cosas, y acá se decía y es verdad, todo el mundo en los actos escolares te dicen “se acuerdan cuando Belgrano le dio el reloj a su médico porque se murió pobre y no tenía con qué pagarle al médico y le dio su reloj”, es un hecho que, si uno ve la política argentina, es un hecho absolutamente imposible; lógico, yo a esto lo voy a reivindicar. Imagínense a Belgrano, aquí, vendiendo barbijos truchos o comprados con sobreprecios. Lógico, ahí ese gesto de la pobreza franciscana, con la cual murió Belgrano, comparado con delitos que utilizan el presupuesto público para traficar barbijos vencidos, su figura se eleva de una manera impresionante. Y está bien que así sea, y por eso estamos hablando de Belgrano hoy, es una figura política relevante. Entonces, este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta y si sobresalen tanto es porque contrastan con la corruptela general de la política argentina. Son hechos que obviamente tenemos que ver.


Ahora, yo esto lo digo por Belgrano, pero a mi parece, y acá voy al segundo punto, que ya me tengo que alejar del tema que estamos discutiendo, que está muy bien que una Legislatura discuta a Belgrano y que haya diferentes posiciones, yo dije cómo voy a votar y, seguramente, otros votarán de otra manera y pueda haber un debate historiográfico interesante, histórico interesante, político interesante, pero, sin embargo, me parece que hay temas que tendrían que haberse discutido. Yo insisto, porque nosotros estamos haciendo un homenaje a Belgrano, bueno, perfecto, ¿y por qué no le hacemos un homenaje a Julio Gutiérrez? ¿Quién es Julio Gutiérrez? Es un enfermero del Durand, que acaba de morir por haber contraído Covid-19 y que, siendo asmático, no se le daba la licencia para que deje de ir a laburar. Julio Gutiérrez estuvo dos meses yendo a trabajar, atendiendo él, en persona, a pacientes con Covid. Falleció. Su mujer ahora también está peleando por su vida, su propia mujer, cuando hubiese correspondido que se le dé una licencia, ¿no era correcto que esta Legislatura le haga un homenaje a Julio Gutiérrez? Se lo quiero hacer yo. Julio Gutiérrez participaba de toda manifestación para que Enfermería pase a la carrera profesional, estaba comprometido con esa causa. El tema no está en debate. Bueno, en esta sesión, no; en la de ayer, tampoco; la de antes de ayer, tampoco, y la de mañana, tampoco. ¿Cuándo? Si no es ayer, ni antes de ayer, ni mañana, ¿cuándo? Nunca. Entonces, este tipo de cuestiones la tenemos que marcar, indudablemente porque son temas importantes, hay puntos fundamentales de la agenda social de la Ciudad que no se están discutiendo y que nosotros lo venimos a manifestar. Es nuestra obligación, y en este caso, cuando hablo de un enfermero del Hospital Durand tan importante es porque ocurre todo el tiempo. Yo he estado en muchísimos hospitales en las últimas semanas. ¿Quieren que les cuente lo que me dijeron los trabajadores del Hospital Fernández? ¿Quieren que les diga lo que pasa en el Ramos Mejía? O capaz que lo saben. ¿O lo que está pasando en el Moyano? Como estos temas no están, me parece que el debate de Belgrano no debe ser utilizado para ocultar lo que es un vaciamiento de la agenda fundamental de la Legislatura.


Termino con lo siguiente, estoy obligado a decirlo. Yo voté a favor de la tabla que habla de Maxi y Darío. No podría no votar a favor. Estuve presente el 26 de junio (2002) en las manifestaciones que se hicieron y que fueron reprimidas brutalmente por el gobierno de Duhalde. Y estuve el 27 en la marcha que se hizo, y que cuando terminó esa marcha del 27 se descubrió que era toda una patraña, que no es que los piqueteros se habían matado entre sí, sino que había sido la policía, y aparecieron las fotografías, recordarán, del fotógrafo del diario “Clarín”. Por lo tanto, tengo una relación con los familiares de Maxi y Darío, los conozco personalmente, y voté a favor. Pero a mí no me gusta, del mismo modo que lo dije para Belgrano, que el tiempo permita la impunidad. Y digo esto porque hay un funcionario del gobierno nacional muy importante, que ocupaba un lugar muy importante en ese momento, empezando por Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y fue una masacre en Avellaneda. Hoy Felipe Solá es canciller del gobierno. Y quiero sumar también a Aníbal Fernández, que hoy ocupa un cargo de interventor en Yacimientos Carboníferos Fiscales en Santa Cruz y era secretario de la presidencia de Duhalde. Los responsables políticos de ese brutal crimen, que fue una verdadera conspiración, que nosotros la denunciamos con pelos y señales de cómo se fue armando, no han sido juzgados. Entonces, yo, el mismo modo que aplico para Belgrano, lo aplico para Maxi y Darío. Cada uno tendrá su método al respecto, pero hay que ser rigurosos. Mi votación a favor no compromete de ninguna manera a los luchadores reales, sino que los familiares de Maxi y Darío piensan igual, porque los he escuchado hablar de esa manera y creo que son temas fundamentales que deben decirse con todas las letras.


Nada más.



 

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20/06/2020

Córdoba: en el Hospital de Niños enfrentan traslados compulsivos y persecutorios del gobierno

Licenciada en enfermería, delegada de ATE-CTA regional Córdoba Capital.

En el día de hoy trabajadores del Hospital de Niños convocamos una asamblea en total repudio al accionar de la dirección del hospital que pidió el traslado de un compañero. La asamblea fue convocada en apoyo al trabajador ya que entendemos este traslado como compulsivo, arbitrario y regimentador hacia quienes denunciamos las falencias del gobierno.


Hace aproximadamente un mes y medio salimos por los medios de comunicación denunciando la violencia institucional, la falta de testeos, la precarización laboral, la falta de recursos humanos, el retaceo de elementos de protección personal, la calidad de los insumos que se estaban brindando. Derechos de seguridad laboral que tenemos que tener las y los trabajadores. La respuesta del gobierno fue hacer aparecer algunos elementos de protección personal, tratarnos de mentirosos en los medios y notificar por medio de ciudadano digital al compañero que denunció dicha situación en los medios.


El compañero fue el único trasladado “por estrictas razones de servicio” de un día para el otro y sin testeo, de un hospital afectado a Covid-19, según la división del gobierno provincial, hacia el hospital Pediátrico, donde se han registrado casos positivos y aún así tampoco le realizan el testeo.



Se agrava la situación sabiendo que una de las problemáticas más sentidas del hospital es la falta de personal, y eso que todavía no entramos en el período crítico de enfermedades respiratorias ni estamos en el pico de la pandemia.


Mientras este hecho persecutorio ocurre, el gobierno de provincia de Córdoba adhiere a la ley Silvio propuesta por el gobierno nacional, que se supone protege los derechos de las y los trabajadores en tanto higiene y seguridad laboral, resguardo de los puestos de trabajos y las condiciones laborales. Una impostura, ya que estos son todos derechos por los que luchamos cotidianamente y que ningún gobierno garantiza: continuamos con salarios de miseria, nos recortan las jubilaciones y hasta quieren pagarnos el aguinaldo en cuotas.


En la asamblea definimos rechazar el traslado presentando una nota a la dirección del hospital, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo y llevar adelante todas las medidas a necesarias a fin no dejar pasar este atropello que no es más que un intento de callarnos. Referentes sindicales de ATE, UTS y la CTA junto a Tribuna de Salud participaron de la asamblea. La legisladora del Frente de Izquierda Soledad Díaz García acompañó nuestro reclamo y puso la banca a disposición de las resoluciones de la asamblea.




 

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20/06/2020

Intentan censurar a Vanina Biasi en la Comisión de Mujer por cuestionar al Congreso y denunciar a las Iglesias

Las diputadas del kirchnerismo y su hostilidad hacia los reclamos de las mujeres trabajadoras.

El jueves 18 tuvo lugar la tercera reunión informativa (es decir, no resolutiva) que las Comisiones de Mujer y Legislación Penal del Congreso han planeado a lo largo del mes para simular un funcionamiento. La modalidad es la participación de expositoras que opinan sobre distintos proyectos que no se sabe cuándo tendrían efectivamente tratamiento, y que no responden a las urgencias que las mujeres estamos viviendo en esta cuarentena. En divorcio entre la agenda parlamentaria y las necesidades de las mujeres es total.


Luego de cuatro largas exposiciones de abogadas invitadas por distintas diputadas, tocó el turno de nuestra compañera Vanina Biasi, destacada dirigente del movimiento de mujeres, que fue convocada por Romina Del Plá para exponer sobre aquello de lo que nadie habla en estas comisiones: la situación que viven las mujeres trabajadoras, y las medidas que promovemos tomar ante la emergencia en esta materia.


Impotencia política y mordaza


Ante la aguda denuncia de Vanina, las diputadas oficialistas Mónica Macha, Carolina Gaillard y Mara Brawer se fueron turnando para interrumpirla bochornosamente ¡en más de cuatro oportunidades! con descalificaciones (Mara Brawer llegó a decirle maleducada). Nada de eso sucedió con ninguna otra invitada. Este método patoteril de amedrentamiento no solo expresó la intención de regimentar el debate sino sobre todo la bajeza y la impotencia política de quienes no toleran, ni tienen argumentos, para refutar las críticas al gobierno que permite que mujeres sean asesinadas, violentadas, sometidas a todo tipo de atropellos y al oscurantismo clerical, sin hacer absolutamente nada al respecto.


Lo que les dolió a las diputadas oficialistas es que Vanina desarrollara una crítica de fondo respecto al funcionamiento del Congreso en general y de la Comisión de Mujeres en particular. “Hay una urgencia en el país que no se nota en el Congreso de la Nación. No se da respuesta. El Congreso debería estar pensando en qué hacer para que, en la situación de excepcionalidad que vivimos, las mujeres no la pasen tan mal como la están pasando”, señaló desde el inicio de su intervención.


Explicó además que en lugar de reformas de fondo del Código Penal (el anacrónico tema en debate) lo que debía abordarse son medidas de emergencia “para que las mujeres que ya eran pobres antes de esta cuarentena no terminen muriéndose de hambre, para que aquellas que han estado teniendo que abortar por embarazos no deseados en la clandestinidad -porque el Estado argentino sigue no reconociendo sus derechos- puedan hacerlo como corresponde”. Y reclamó el tratamiento del proyecto presentado por Romina Del Plá para proteger a las mujeres que sufren múltiples violencias en esta cuarentena.


Aborto legal, Iglesias y la farsa parlamentaria: los temas que quisieron callar


No es casual que la primera interrupción llegara cuando Vanina denunciaba el cajoneo del aborto legal “porque el presidente tiene otras preocupaciones”. Cuando llevaba poco más de 10 minutos de intervención (luego de una expositora que se explayó más de media hora), la camporista Carolina Gaillard quiso quitarle la palabra, planteando que solo hablara de “los proyectos que están a la vista”. Fue secundada por Mara Brawer, que se indignó por la crítica al funcionamiento del Congreso. Gaillard y Brawer deberían explicar por qué integran una fuerza política que conscientemente impide que se legisle sobre el aborto y se niegan a otorgar un derecho tan elemental para las mujeres. Sin ir más lejos, ¡la política y el gobierno que defienden son responsables de que en el día de hoy tengamos una nueva mujer muerta por aborto clandestino en La Matanza!



Otro punto álgido y que motivó un nuevo intento de censura fue la denuncia de Vanina sobre el poder de la alianza que existe entre el Estado y la Iglesia Católica, reforzada en la cuarentena. “Nosotras nos levantamos en el 2018 para reclamar por el aborto legal, pero lo único que hemos visto durante todo este período es un intento por lavarle la cara a instituciones que denodadamente hicieron todo lo que pudieron para que hoy sigamos sin aborto legal”, sostuvo, y denunció que Alberto Fernández ya le dio tres reuniones a Aciera, “lo más recalcitrante y reaccionario” del evangelismo.



Quienes toleran la injerencia de estas instituciones en los distintos ámbitos de nuestras vidas, para aplastar nuestros derechos, atacaron a Vanina por ¡“faltar el respeto”! ¿A quién? ¡Somos las mujeres y las disidencias a quienes se nos niega el respeto a nuestros derechos de la mano de la opresión clerical!



El método de la intimidación continuó, pero Vanina no se cayó. Reclamó contra el financiamiento oneroso que recibe la Iglesia Católica en nuestro país, y que ese dinero podría destinarse (al igual que el que podría venir de un impuesto a las rentas y fortunas) a financiar las medidas urgentes. “Los subsidios que recibe la Iglesia no fueron afectados para atender hoy la emergencia que estamos viviendo. Este Congreso no ha querido tratar el proyecto del Frente de Izquierda, que deroga los decretos de Videla de subsidio a la curia”.



Vanina denunció también que las trabajadoras de casas particulares “están viviendo situaciones muy extremas y el Estado no está interviniendo. Las cambian compulsivamente de categorías, se les deja de pagar el sueldo. Es el gremio más grande del país, donde la enorme mayoría son mujeres”.  Y fue categórica al señalar que ni el Congreso ni el Ministerio toman iniciativa alguna frente a esto.


Sordxs y Ciegxs: la realidad de las trabajadoras no es tolerada por este Congreso


Mientras arrecian el hambre, la violencia y los femicidios, las comisiones del Congreso que refieren a la temática, y las diputadas del Frente de Todos que las presiden, no sólo excluyen el tratamiento de medidas que den respuesta, sino que pretenden reprimir y amordazar a quienes llevan denuncian esta situación. Un bochorno grave que retrata la hostilidad de clase de las diputadas que se pretenden “sororas”, pero son incapaces de empatizar con la dramática situación de millones de mujeres en nuestro país.


La hostilidad contra nuestra compañera Vanina Biasi (una actitud que fue duramente criticada por Romina Del Plá en su intervención posterior) es una hostilidad de clase. De las Macha, Gaillard y Brawer nos separa una frontera infranqueable.


Es necesario reforzar la organización independiente de las mujeres para superar a las defensoras de este régimen de opresión.





 



 

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20/06/2020

Aguinaldo en cuotas, la lucha debe ser ahora

Plenario provincial de delegados nacionales de ATE Córdoba.

Se realizó un nuevo Plenario de Delegados Nacionales de ATE para definir medidas que rechacen el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece el pago del aguinaldo de los estatales en 5 cuotas.


Las resoluciones fueron un posicionamiento de rechazo al DNU, hacer asambleas por sector la semana entrante para volver a un plenario de delegados el 29 en donde se evalué alguna medida de lucha para el mes de julio.


En el debate se pudo ver un descontento con el gobierno al que se le acabó “el tiempo de gracia”, a la vez que se denunció al “dormido” Consejo Directivo Nacional y a su “tibia” emitida en la última reunión. Muchas de las intervenciones giraron en torno a propuestas de iniciativas para enfrentar el decreto.


Con el pago del aguinaldo en cuotas el gobierno nacional da una señal a las provincias, municipios y privados de cuál es el camino a seguir, que es nuevamente descargar el peso de la crisis sobre las espaldas de les trabajadores.


La ley establece que el Salario Anual Complementario (SAC) debe pagarse en la última semana del mes de junio; un decreto no puede ponerse por encima de una ley, mucho menos podemos esperar las y los trabajadores estatales hasta julio para salir a las calles cuando ya estén los hechos consumados. El ataque es ahora, la respuesta debe ser ahora como lo demuestran les municipales de Córdoba y Jesús María que con la movilización lograron dar marcha atrás despidos y recortes salariales respectivamente, o les trabajadores de la salud con sus inmensas caravanas. Los estatales tenemos enormes reservas de lucha y no estamos dispuestos a pagar los platos rotos.


Esta medida no es una contradicción del gobierno, sino que es una orientación y parte de un ataque general al salario, como lo expresan la suspensión de las paritarias y el recorte a las jubilaciones. Con estas medidas, se busca hacer caja para pagar la deuda externa. Mientras en el país crecen el hambre y la desocupación, con 41 mil y 90 mil despedidos en abril y mayo respectivamente (cifras en blanco), el gobierno pone como prioridad el pago de la deuda. Estamos a mediados de junio y aún se gobierna sin un presupuesto, es decir, se ata el país a los intereses de los usureros.


Desde La Naranja entendemos que no hay nada consumado, que hay que enfrentar el decreto ahora con una movilización y como el ataque es de conjunto, llamar a una asamblea general de ATE para establecer un plan de acción de conjunto los estatales nacionales, provinciales y municipales. Vamos por una intervención independiente de los gobiernos para tirar por tierra el decreto y por la reapertura de paritarias en defensa de nuestros salarios, por el fin de la precarización laboral y el pase a planta, 82% móvil para los jubilados, impuesto a las grandes fortunas ya y no al pago de la deuda externa, fuera el FMI.

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20/06/2020

Malvinas Argentinas: clausuran sucursal de Carrefour por caso positivo de Covid-19

Siguen aumentando los casos de trabajadores de infectados en el gremio de comercio.

Por Lean Cas

El jueves fue confirmado como positivo de Covid-19 un trabajador del local de Carrefour ubicado en el shopping Terrazas de Mayo, en el distrito bonaerense de Malvinas Argentinas. Frente a este hecho, se produjo una evacuación y posterior desinfección del establecimiento, que estuvo cerrado tan solo cuatro horas y sin que fueran aislados ni siquiera quienes tuvieron contacto estrecho con la persona infectada.


Ante la reapertura del supermercado los trabajadores reaccionaron y realizaron una protesta, en la que denunciaron el intento de la patronal de ocultar el caso y las irregularidades de las autoridades municipales. El reclamo dio resultados, porque más tarde el local fue clausurado por un operativo de la Municipalidad.


Este caso se enmarca en cuadro general de desidia patronal, ya que las medidas de seguridad sanitaria adoptadas son mínimas y los contagios de trabajadores van en aumento, superando ampliamente los 100 casos. Existe el oscuro antecedente de lo sucedido en Italia, donde del 30% de los empleados del sector están infectados.




Durante la pandemia, Carrefour y otras cadenas de supermercados han aumentado sus ganancias de manera exponencial, dado que nunca dejaron de funcionar por ser considerados un rubro esencial. Esto no se refleja en las medidas practicadas para garantizar los elementos de seguridad sanitaria recomendados por la OMS, ni en el bolsillo de los empleados.


Contra estos atropellos, la agrupación Naranja de Comercio reclama que se realicen testeos masivos del personal en contacto con el público y la puesta en pie de comisiones electas en asamblea para garantizar la implementación de protocolos frente al Covid-19, además del pago de un bono de $20.000 para todos los trabajadores de comercio y jornadas de seis horas por insalubridad en supermercados. Abajo el pacto antisalarial que firmó Armando Cavalieri con las patronales en el marco del pacto UIA-CGT-Gobierno. Que la crisis la paguen los capitalistas.




 

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20/06/2020

A 200 años de la muerte de Manuel Belgrano

Sus comienzos revolucionarios y su viraje conservador y represivo.

Autor, junto a Christian Rath, del libro "La revolución clausurada"

La figura de Manuel Belgrano a 200 años de su muerte recibe elogios de las variantes más diversas de la historiografía y la política de nuestro país. Encumbrado por Mitre en su “Historia de Belgrano y de la Independencia argentina” a mediados del siglo XIX como el primer prócer de la historiografía liberal, su figura es ensalzada desde las corrientes más diversas. El revisionismo y más recientemente los historiadores más cercanos al kirchnerismo, como Pacho O´Donell, se desviven en elogios. La propia Cristina Kirchner lo ha adoptado como su prócer preferido. Los homenajes en su honor superan todas las grietas y unifican las corrientes políticas más diversas. En un país en decadencia, con cerca del 50% de pobreza y con una corruptela que, esa sí, supera todas las grietas, la figura del prócer austero parece merecer un genuino reconocimiento.


Pero, ¿quién fue realmente Belgrano?, ¿cómo interpretar su conducta en los años decisivos de la primera década después de la Revolución de Mayo?


El primer viaje a Europa, la influencia de la Revolución Francesa y la Revolución de Mayo


La historia personal de Belgrano está marcada decisivamente por dos viajes a Europa. Nacido en 1770, hijo de una familia adinerada (su padre era un próspero comerciante de la Buenos Aires colonial) viajó a Europa por primera vez, a España, entre 1786 y 1793 para formarse como abogado. Allí recibió la influencia de la Revolución Francesa de 1789 y de las ideas liberales que predominaban en los círculos intelectuales. Se interesó en la economía política y estudió especialmente a los fisiócratas de su época.


Al volver a Buenos Aires, fue designado por el monarca español secretario del Consulado de Comercio de Buenos aires, cargo que ocupó casi hasta la Revolución de Mayo. Desde esa posición defendió una postura favorable a un desarrollo integral fomentando la agricultura y la industria, activamente a través del Telégrafo Mercantil, el primer periódico de la región, y polemizando con los demás miembros del cuerpo, comerciantes que defendían el monopolio español.


Fue el único miembro que se negó a acatar a las autoridades inglesas durante la primera invasión de 1806 y se exilió en la Banda Oriental. Para la segunda invasión se había incorporado al Regimiento de Patricios, comandado por Saavedra. En mayo de 1810 fue nombrado vocal de la Primera Junta junto a su primo segundo Juan José Castelli con quien compartía una orientación más cercana a Moreno aunque Castelli tenía una postura más radical.


Como parte de la iniciativa morenista, ambos, sin ser militares formados, pasaron a liderar las dos expediciones que la Primera Junta envió al Alto Perú (Castelli) y al Paraguay (Belgrano), con el objetivo de impulsar el movimiento revolucionario en el interior del virreinato. Aunque Belgrano fue derrotado militarmente logró desenvolver la propaganda revolucionaria de modo que poco después de su partida, Paraguay se independizó de España aunque se mantuvo alejado del gobierno de Buenos Aires.


Tucumán y Salta, Belgrano en su mejor momento


Después de volver de la expedición al Paraguay y tras la depuración del grupo morenista en abril de 1811, Belgrano al igual que Castelli, fue objeto de un juicio por su desempeño en la campaña que no llegó a ninguna conclusión en su contra. Con la formación del primer Triunvirato, Belgrano fue nuevamente elevado a una posición destacada, le dieron el mando del Ejército del Norte, que venía retrocediendo después de la derrota de Huaqui, perseguido por los realistas. A su mando protagonizó sus mejores momentos como líder revolucionario. Comandó el éxodo jujeño y aunque le habían ordenado retroceder hasta Córdoba, desacató y se mantuvo en Tucumán, donde el 24 de setiembre de 1812 obtuvo su primer triunfo militar seguido al poco tiempo por el triunfo en la batalla de Salta, a comienzos de 1813. La campaña continuó en el Alto Perú, donde Belgrano y sus tropas lograron ocupar gran parte del territorio (Chuquisaca, Potosí y Cochabamba), pero la falta de audacia para levantar a los pueblos contra los españoles llevó a que la campaña se resolviera en el campo de batalla donde los españoles lograron derrotarlo en Vilcapugio y Ayohuma y a la pérdida de todo el Alto Perú. El que había intentado levantarlos había sido Castelli en la primera campaña, razón por la cual había sido saboteado por los militares conservadores y luego enjuiciado y castigado por sus “excesos”.


El segundo viaje a Europa. El viraje conservador


Entre 1814 y 1815, Belgrano viajó a Europa por segunda vez en su vida enviado por el Directorio (Posadas y luego Alvear) para negociar con los gobiernos europeos. Viajó con Rivadavia y Sarratea con paso previo por Río de Janeiro donde se entrevistó con Lord Strangford, el embajador inglés, y con Manuel García, enviado por el directorio a la corte portuguesa radicada en Brasil y que tendrá un protagonismo destacado en las turbias negociaciones con la corte lusitana.


Este segundo viaje a Europa tuvo efectos decisivos en la orientación política y en la conducta de Belgrano. Si en el primero adhirió a los principios de la Revolución Francesa, en el segundo volvió convencido que había que buscar aplacar todo ímpetu revolucionario y que debía prevalecer el orden y el acomodamiento a las potencias europeas.


Mientras tanto en las Provincias Unidas se había producido una nueva oleada revolucionaria, liderada por Artigas desde la Banda Oriental pero que fue ganando para su causa a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones e incluso Córdoba que participaron del primer congreso de los Pueblos Libres en 1815, con un programa republicano, federal y que en el caso de la Banda Oriental había llevado a un reparto de tierras que afectó bastante a terratenientes porteños que manejaban sus tierras desde Buenos Aires (entre ellos al abuelo de Bartolomé Mitre y cuñados y parientes del propio Belgrano). El director Alvear se vio obligado a renunciar por una rebelión en la propia Buenos Aires pero la camarilla directorial se rearmó y logró volver a controlar el gobierno y convocar al Congreso que se reunió en Tucumán en marzo de 1816.


Belgrano fue el encargado de dar un informe político al Congreso el 6 de julio, en el que volcó sus conclusiones del viaje a Europa. El resultado fue un manifiesto del Congreso el 1° de agosto donde se decretaba “Fin a la Revolución, principio al orden”. El significado de esta orientación era muy preciso y se trató en las sesiones secretas del Congreso que aprobaron el acuerdo que el Directorio había consumado con la monarquía portuguesa de Río de Janeiro gestionado por Manuel García para promover y facilitar el ingreso de tropas portuguesas en la Banda Oriental para acabar con el artiguismo y con la causa federal. Belgrano fue partícipe de esta conspiración y luego actuó en consecuencia.


Belgrano en la represión a los federales


Belgrano no se limitó a dar el informe político sino que se involucró directamente en la represión a los federales desde fines de 1816 y mediados de 1817. Intentó barrer con la resistencia a la política directorial de pasividad frente a la invasión portuguesa, y de ataque desde el otro flanco a las fuerzas de la Liga de los Pueblos Libres y sus simpatizantes, tanto en Buenos Aires como en el resto del país. Como señalamos en “La Revolución clausurada”, junto a Cristian Rath, “la plana mayor del antiguo morenismo bonaerense fue deportada: Domingo French, Manuel Moreno, Manuel Dorrego. Por orden de Belgrano, el federal salteño, José Antonio Moldes, fue remitido a Chile donde fue encarcelado. Los líderes federales de Córdoba, Eduardo Pérez Bulnes y de Santiago del Estero, Juan Francisco Borges, también fueron detenidos, y el último terminó fusilado por orden de Belgrano. Se trató de uno de los primeros asesinatos políticos en el campo patriota, lo que significaba un salto cualitativo en el intento de imponer el orden por la fuerza. Los verdugos recibieron una condecoración con la inscripción “Honor a los restauradores del orden”, así quedó plasmado lo que el Congreso entendía con “poner fin a la revolución”[i].


A comienzos de 1819, San Martín, que había sido convocado por el director Pueyrredón para traer sus tropas para atacar a los federales no solo se negó sino junto con O´Higgins, el director de Chile, propuso un armisticio bajo garantía de Chile y mandó tres cartas para encarar la mediación dirigidas a Pueyrredón, Artigas y López, el caudillo federal santafesino. Pueyrredón se negó pero las cartas a López y Artigas nunca llegaron a destino. Es que San Martín las había enviado a través de Belgrano, que se negó a entregarlas calificándolos de “hombres salvajes”[ii]. San Martín estaba motivado ante los rumores de que España preparaba una nueva expedición en Cádiz que finalmente se insurreccionó y no llegó a partir.


Al año siguiente el Directorio colapsó y al poco tiempo moría Belgrano por una enfermedad.


Un balance necesario


Los elogios masivos que se le prodigaron a Belgrano en estos días por todo el arco político burgués de nuestro país confirman el ocultamiento que la historiografía oficial, tanto la de origen mitrista como las revisionistas “oficiales” o las que más modernas y aggiornadas hacen de las verdaderas condiciones en que se gestó el nacimiento de la “gloriosa nación” argentina. La trayectoria de Belgrano es en ese sentido muy emblemática. En sus comienzos compartía sus ideas con Moreno, Castelli y otros integrantes del grupo más radicalizado de la Revolución de Mayo. A partir de 1814 no solo participó del viraje conservador, dictatorial y represivo sino que fue uno de sus mentores y ejecutores. No por nada Mitre lo coloca en un pedestal como el modelo a seguir. Como le escribió Mitre a Vicente Fidel López, contemporáneo y también uno de los precursores de la historiografía argentina: “Los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las mismas figuras y la mismas repulsiones por los bárbaros desorganizadores como Artigas a quien hemos enterrado históricamente”[iii] .


Los trabajadores y la militancia democrática y clasista tienen derecho a conocer por sí mismos cuál es el origen histórico ya desde hace más de 200 años de esta clase que hundió al país y lo mantuvo en un estatus semicolonial desde entonces.


[i] La Revolución Clausurada, Christian Rath y Andrés Roldan, Editorial Biblos, segunda edición, pág. 164


[ii] Ídem, pág 235


[iii] Ídem, pág. 254




 

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20/06/2020

Catamarca: comienza el juicio contra el intendente Aybar por abuso sexual

Este martes 23, comienza el juicio oral contra el intendente abusador Enrique Aybar, reelecto por segunda vez en la localidad de Puerta de Corral Quemado, Departamento Belén, por el Frente Cambiemos.


Después de 7 años se fijó la convocatoria a la primera audiencia del juicio por la denuncia de abuso sexual a una niña de 15 años en el año 2013. Recordamos que esta es una de cinco denuncias de abuso que recopila Aybar, los ultrajes sucedieron cuando ejercía la docencia y luego cuando llegó al poder como intendente de su pueblo. Esto muestra que el intendente por Cambiemos se ha valido de todas sus condiciones de poder para realizar los abusos y terminar completamente impune.



Impunidad y complicidad


A pesar de la gravedad de las denuncias y el alcance nacional que provocó las fechorías del intendente, no impidió que pudiera candidatearse nuevamente y ser reelecto. Esto no pudo suceder sin el apoyo de los partidos del régimen, por un lado, los partidos a los que pertenece y lo contienen, por el otro, al silencio del gran arco del PJ. Pero estos no solo son cómplices, también lo es la justicia que le permitieron gambetear el juicio durante tantos años garantizándole la completa impunidad. En este sentido denunciamos que el completo responsable es el Estado, con todas sus instituciones a disposición del abusador, en complicidad y garante de impunidad.


Más que nunca organizades y en las calles


El comienzo del juicio significa un gran avance en la lucha que desarrollamos en las calles con las víctimas y el movimiento de mujeres en la provincia. Por lo tanto nos sobran motivos para seguir organizadas y en las calles hasta conquistar justicia para todas las víctimas y cárcel común al abusador.


Este martes 23 a las 8.30 h con el movimiento de mujeres de Catamarca nos manifestaremos frente de la Cámara 3 exigiendo cárcel común para el intendente Aybar. Basta de impunidad. El Estado es responsable.


 


 

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19/06/2020

Revelación asombrosa en CABA: 78% de enfermos de Covid-19 fuera de radar

La lucha contra la pandemia.

“Hay casi 10 mil casos positivos del sistema de salud privado porteño que el Gobierno no sabe dónde están. Las estadísticas oficiales se hacen sobre una minoría de pacientes atendidos en el sistema público. Sobre el resto no hay un registro cierto de dónde quedan aislados y qué sucede en el transcurso de la enfermedad. Tampoco se conoce cuántos casos son graves, moderados o leves” (Clarín, 18/6)


Efectivamente, en la Ciudad de un total de 12.596 enfermos actuales de Covid-19 –descartados los fallecidos y los curados- 2.687 estaban siendo atendidos por el sistema de salud estatal, sea en aislamiento (1.927), internados en salas comunes (613) y en terapia intensiva (147)


Esto significa que hay 9.909 enfermos –78% del total- que, están siendo atendidos por el sistema de salud de obras sociales y prepagas, que están obligadas a informar cuando atienden Covid–19. Pero “tres meses y medio después de comenzada la pandemia en el país, no se conoce a ciencia a cierta el derrotero de esos pacientes. Es decir, no se sabe oficialmente cuántas de las personas están internadas y cuántos son pacientes ambulatorios, y en qué condiciones cumplen el aislamiento y con qué controles. Según señalaron a Clarín desde el Ministerio de Salud de la Nación, esa información debe ser relevada a esa cartera desde cada jurisdicción, y los datos originados en las clínicas porteñas no están llegando” (ídem).



Se imponen las privadas


Esta noticia asombrosa e inédita hasta ahora, habla a las claras del talón de Aquiles de la autoridad sanitaria para enfrentar la pandemia: no existe un comando unificado de los recursos y las acciones de salud. Y la razón es clarísima, cuando en el inicio de la cuarentena el ministro Ginés González García insinuó la posibilidad de unificar los sistemas en un plan único, retrocedió inmediatamente ante la primera mueca de disgusto de los empresarios de la medicina privada, que agitaron el fantasma de la “estatización”. Ginés se lamentó hace poco: “tendría que haber insistido más en la organización, no solo entre lo público y lo privado, también con las organizaciones populares” (La Nación, 13/6). Como si se tratara de decisiones personales y no de una política sanitaria subordinada a los intereses del negocio de la medicina privada. En medio de la pandemia el Ministro encontró tiempo para reunirse con los parásitos de las prepagas y los jerarcas sindicales de las obras sociales, para prometerles reducir el Plan Médico Obligatorio, que fija las prestaciones mínimas obligadas, a fin de reducir “sus elevados costos”.


En un período crítico del desarrollo de la pandemia, estamos en manos irresponsables. Cómo se puede conducir una campaña como esta sin un seguimiento del 78% de los pacientes en CABA. Esta es la explicación también del “eslabón perdido” en más de dos meses de cuarentena: ¿cuántas camas de terapia intensiva disponibles hay en el ámbito privado? Cifra escamoteada sistemáticamente para dosificar el manejo del sector más rentable de la facturación, las áreas críticas. La gobernación de la Provincia de Buenos Aires no se queda atrás, Kicillof estableció un acuerdo con las privadas para “ayudarlas” con un adelanto de 400 millones y un sobreprecio para el uso de sus camas de internación; y lo llamó “integración del sistema de salud público y privado” (Ámbito, 10/6).


¿Detectar?


Pero hay otra noticia tan sorprendente como esa : “el Ministerio de Salud porteño cuenta con un equipo de atención que le puede hacer el seguimiento a los contactos estrechos de 500 casos nuevos por día. No más. Por eso anunciaron que van a triplicar el personal, que pasará de 20 a 69 personas para llevar adelante las entrevistas epidemiológicas y de 30 a 92 para el seguimiento de los contactos estrechos”(ídem). ¿Y este es el operativo Detectar del que se enorgullecen? Rodrigo Quiroga del Conicet de Córdoba que pronosticó la saturación del sistema de salud para fines de julio, planteó que 2.500 a 3.000 rastreadores debían salir a detectar casos para bajar la velocidad de contagios. Suena lógico.


Está claro que el bloqueo principal para mitigar el avance del Covid–19 está en la subordinación de oficialistas y opositores a los intereses empresariales bajo cuyo mandato se abrió el comercio y la industria en un 80%. No hay garantía. Un ajuste de la cuarentena para evitar una catástrofe sanitaria requiere de otra política: comando único estatal de los sistemas de salud bajo control de los trabajadores. Detección masiva y aislamiento de infectados. Impuestos gravosos al gran capital y suspensión del pago de la deuda externa, para financiar a desocupados, a villas y barrios pobres y al pequeño comercio para aguantar el confinamiento dignamente.




 

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