26/06/2020

Trabajadores de fast food reclamemos un verdadero protocolo ante los contagios

Lxs que trabajamos en fast food, sin ninguna duda, estamos totalmente expuestos a contraer coronavirus. Mientras que laburamos en contacto con decenas hasta centenares de personas todos los días, las empresas no nos otorgan los elementos ni acondicionan las tiendas de la manera necesaria para no poner en riesgo nuestra salud.


Consecuencia de esta realidad, encontramos casos confirmados en Mc Donalds, Starbucks, KFC, Burguer King, etc. Ya son decenas los compañerxs que contrajeron la enfermedad y muchos de ellxs, conviven con pacientes de riesgo.


Lamentablemente ante los casos confirmados en una tienda, lxs trabajadores ya saben que las consecuencias van a ir más allá de un caso aislado, ya que el protocolo que las patronales utilizan, es irrisorio y no garantiza más que las ganancias de las patronales y la continuidad de los contagios.


Este protocolo, permite a las empresas seguir manteniendo los locales abiertos ante casos de covid. Esté, ante un caso confirmado, solo aísla a un grupo de compañerxs que estuvieron en contacto con el mismo durante las 48hs previas a que el testeo diera positivo. Esto no solo deja fuera del aislamiento a muchos trabajadores que tuvieron contacto estrecho, sino que no garantiza testeos ni siquiera, a los compañerxs que se aísla.


Por otro lado, cuando un trabajador tiene contacto estrecho con alguien positivo, solo se aísla a este último, y aunque convivan juntos, si no presenta síntomas, ni la obra social ni el Estado, le realizan un testeo.


Aunque este protocolo, que el Estado aprueba, este diseñado para que las patronales sigan facturando, ni siquiera estas lo respetan, ya que muchas veces, lxs que laburan en las tiendas, no son informados ante un caso positivo, lo que produce que al día siguiente vayan a trabajar igual e incluso, en algunos casos, la empresa decida no desinfectar la tienda.


Los resultados de este protocolo ya están a la vista, no solo genera incertidumbre e inseguridad en lxs trabajadores de fast food, sino que en muchos locales, donde hubo un caso, a las siguientes semanas otros empleadxs dieron positivo de Covid-19.


Rechazamos este protocolo basura que deja expuestos a lxs trabajadores y a sus familias a contagios, es necesario que se cierren las tiendas para su correcta desinfección, que se aísle y se garantice testeos a todxs.


Es necesaria la conformación de comisiones de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo, que sea electo por lxs trabajadores y que garantice que se cumplan los protocolos y se entreguen todos los elementos correspondientes.


También exigimos que las empresas nos den elementos de higiene de calidad y que se otorguen licencias pagas a aquellxs que conviven con personas que integran el grupo de riesgo y que se respeten para quienes ya les corresponden.


Basta de jugar con la salud de lxs trabajadores! Sumate a Combo de Lucha y deja de tu denuncia en el relevamiento.



 



 

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26/06/2020

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades al servicio de las patronales

El 24/6 por la tarde, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad firmó juntamente con el Ministerio de Trabajo una nueva resolución ministerial (Resolución 3-2020) referida a la reglamentación de una “Licencia por cuidados” para los trabajadores en el presente periodo de cuarentena.


La Resolución 207, que luego fuera prorrogada por el Ministerio de Trabajo a través de la Resolución 296 y que ahora sería modificada por esta nueva resolución, establece que podrán dispensarse de trabajar –habla de inasistencia justificada– aquellas personas progenitoras o persona adulta responsable a cargo que estén al cuidado de niñas, niños o adolescentes mientras dura la suspensión de clases establecida por la Resolución 108 del Ministerio de Educación.


Esta licencia –o dispensa como denomina la norma– incluye a trabajadoras y trabajadores, tanto de actividades presenciales como las que laboran en teletrabajo. Desde el comienzo las patronales que operan bajo la modalidad de teletrabajo se negaron sistemáticamente a otorgar la licencia y el Estado a controlarlos. Para el caso de las trabajadoras y trabajadores docentes esta situación se expuso con mayor evidencia.


Pero las patronales también se negaron a otorgarla en las actividades exceptuadas de la Aspo (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) bajo el argumento de la esencialidad y lo indispensable de la tarea que se realiza. Las primeras medidas cautelares a favor del otorgamiento de la licencia se dieron en casos donde las trabajadoras que soportan la mayor carga en las tareas de cuidado eran compelidas a ir a trabajar en el marco de las tareas exceptuadas bajo amenaza de despedirlas por abandono del trabajo. Las más vulneradas, las trabajadoras de la salud y de comercio, sobre todo de las grandes cadenas supermercadistas. Por eso, las primeras medidas judiciales de reconocimiento de este derecho se dieron contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Walmart y Carrefour.


Ahora bien, el 24/6 ambos ministerios suscribieron una resolución que modifica en forma regresiva y completamente perjudicial este derecho. Pues plantea la resolución que la licencia podrá solo ser ejercida por aquellas personas que estén a cargo de niñes de hasta 6 años. Además, habla solo de persona a cargo, excluyendo la mención de progenitoras y progenitores, cuando la Resolución 207 expresamente los incluía. Esto vulnera claramente el derecho a la maternidad y a la paternidad.


Para el caso de los menores de 6 a 12 años, ya no se encontraría vigente la posibilidad de solicitar la licencia, sino que, en este caso, solo tienen derecho las trabajadoras y trabajadores a solicitar la adecuación de su jornada laboral, obliga a trabajar modificando arbitrariamente las condiciones de trabajo a los fines de poder ejercer el cuidado de les niñes. En un hogar, donde ambas personas progenitoras están a cargo, ninguno tendría derecho a la licencia ni dispensa alguna. Su “derecho” se ve reducido a pedir el cambio de horario de jornada, es decir, trabajar a contraturno para poder ejercer las tareas de cuidado.


En el caso de los menores mayores a 12 años, directamente se elimina del derecho a la dispensa, ni tampoco rige la posibilidad de la adecuación horaria.


La norma es muy poco clara respecto de quiénes están alcanzados, y esto no puede excusarse como un error de técnica jurídica. La vaguedad que presenta solo genera incertidumbre de cómo será su aplicación, dando margen amplio a las patronales en este punto. Se dice que es para regular las licencias en el marco del teletrabajo, si es así, y la Resolución 207 solo quedara reservada a trabajadores esenciales, la norma en cuestión generaría una desigualdad, pues en todos los casos se están cumpliendo tareas, y las tareas en teletrabajo no dejan de ser tan extenuantes como las presenciales. La profundización de la flexibilidad recorre a todas y todos los trabajadores.


El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad endulza la resolución en sus considerandos con frases inclusivas, pero lo cierto es que avanza en el medio de la emergencia en el recorte brutal de derechos a las mujeres, personas gestantes y todas aquellas personas que han decidido la conformación de una familia y tienen menores a cargo. La nota publicada en Página 12 el 25/6 presenta a esta resolución como un avance en materia de derechos laborales, nada más lejano a ello.



La norma establece dos artículos planteando el tema de la corresponsabilidad parental. Un saludo a la bandera en estas condiciones. Tampoco era necesario mencionarlo, pues la Resolución 207 no excluía a ninguna de las personas progenitoras -hablaba de progenitora, progenitor o persona adulta a cargo–; y porque además en nuestro país ya rige desde hace muchos años el Convenio OIT 156 sobre igualdad de derechos de trabajadoras y trabajadores en el ejercicio de las responsabilidades familiares.


Finalmente, la norma en el artículo 5 regula el teletrabajo excediéndose del objeto mismo de la resolución que es la de regular el sistema de licencias, mencionando que en el teletrabajo debe respetarse la jornada legal y/o convencional. Habría que recordarles a ambos Ministerios que desde el año 1929 se encuentra vigente la Ley 11544 sobre jornada laboral.


El único ajuste para el Estado y las patronales se descarga sobre la clase obrera, esta medida regresiva en el marco de la legislación de emergencia se suma a las rebajas salariales pactadas con la CGT, la cuotificación del aguinaldo y otras del mismo calibre.


El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no ha tomado ni una sola medida a favor de las mujeres y otras identidades que realmente represente un avance en el conjunto de reivindicaciones de este movimiento. Esta última resolución responde a una exigencia única de las patronales. Debemos pelear para que se respeten y garanticen las licencias por cuidado de niñes, adolescentes, personas discapacitadas y adultas mayores en forma plena.



 

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26/06/2020

La Plata-Berisso: la patronal de la Línea 202 obliga a trabajar a posibles infectados de Covid-19

Ya hay 23 colectiveros contagiados.

El martes 23 fue suspendida por múltiples contagios de Covid-19 la actividad de la Línea 202, de la empresa Unión S.A., que cubre recorridos de colectivos entre Berisso y La Plata. Hoy los casos confirmados suman 23. La empresa había comunicado que los recorridos los cubriría la Línea 214 (de la misma empresa) de forma parcial hasta que se tuvieran los resultados de los hisopados, pero Osmar Corbelli -dueño de la empresa y de casi todas líneas de colectivos de la región- puso a los mismos choferes que debían estar aislados preventivamente a conducir las unidades de la 214.


La patronal no garantiza tampoco todos los hisopados correspondientes ni, desinfectó las instalaciones y playones de la Línea 202 que fueron utilizados por las unidades de la 214, según denunciaron los trabajadores. Para colmo, Corbelli presentó una denuncia penal contra los choferes por una reunión que realizaron acusando que allí se habrían propagado las infecciones. Los trabajadores confirman que los contagios existían previamente y eran ocultados por la empresa, que no respetó ningún tipo de protocolo. Los colectivos de la región viajan llenos en hora pico, con la única protección de un nylon atado con sogas.


Este desmanejo patronal cuenta con la vista gorda de los intendentes de Berisso y La Plata, el peronista Fabián Cagliardi y Julio Garro de Cambiemos, respectivamente. Estos gobiernos municipales subsidian a las empresas sin ningún tipo de control sobre el servicio que brindan, el cual expone la salud de miles de trabajadores berissenses y platenses. La superexplotación laboral que impone a los choferes el monopolista Corbelli -dueño Unión Platense y Expreso La Plata- se agrava al ritmo del un aumento de contagios en la región, que en las últimas horas ha superado los 800. La burocracia de la UTA está borrada a pesar de la gravedad de la situación. Siempre ha sido la mano derecha del patrón Corbelli, como demostró cuando se desarrolló el conflicto por los despidos de la Línea Este.


Denunciamos este atropello contra la salud de la población trabajadora y la responsabilidad de los intendentes Cagliardi y Garro por su complicidad con la desidia patronal de Corbelli, y la nefasta inacción de la burocracia UTA. Rechazamos la judicialización a los choferes contagiados. Es necesario que los trabajadores nos pongamos de pie por la defensa de nuestros puestos de trabajo y nuestra salud, con asambleas en todas las líneas de colectivos para discutir la formación y control de protocolos sanitarios y laborales, el licenciamiento con goce de sueldo de casos sospechosos y grupos de riesgo, y un plan de lucha para imponer estos reclamos a la patronal.




 

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26/06/2020

EE.UU.: “El rol que la comunidad LGBT+ está tomando en esta rebelión es muy importante”

Testimonios de la rebelión popular, entrevistamos a Jennicet Eva Gutiérrez de Familia: Trans Queer Liberation Movement

Agrupación LGBTI 1969

Entrevistamos para Prensa Obrera a Jennicet Eva Gutiérrez, militante de Familia: Trans Queer Liberation Movement, una organización que milita por los derechos de las personas trans migrantes de Estados Unidos.


-Con el asesinato de George Floyd se puso sobre la mesa mundialmente el ensañamiento particular hacia la comunidad afrodescendiente de la policía ¿que sucede con la comunidad trans afrodecendiente y migrante?¿que salida le ven a esta situación?


-Primeramente, me gustaría decir que es devastante que a George Floyd le hayan quitado su vida brutalmente. La policía de Estados Unidos siempre ha sido injusta con la comunidad afrodescendiente. La comunidad trans migrante y afrodescendiente seguimos sufriendo violencia e injusticias. El 27 de mayo de este año, la policía de Tallahassee en el estado de Florida asesinó a un chico trans afrodescendiente de nombre Tony McDade. La noticia de su muerte no ha sido amplificada por los medios de comunicación. La gente se entero sobre su asesinato por miembrxs de su misma comunidad LGBT demandando justicia y que se honre su vida. La violencia que enfrenta nuestra comunidad no se limita al Estado policial. Desafortunadamente dos mujeres trans fueron brutalmente asesinadas en la segunda semana de junio, Dominique Fells y Riah Milton. Yo creo que tenemos la responsabilidad de asegurarnos que sus vidas no sean olvidadas cuando salimos a las calles a protestar y que al mismo tiempo elevemos casos que no son mencionados más ampliamente.


Nuestras compañeras trans inmigrantes siguen siendo detenidas en los centros de detención a través de todo el país. La pandemia global de Covid-19 ha paralizado al país. Las personas trans migrantes que tienen casos pendientes sobre su proceso de asilo político están en pausa. El departamento de inmigración del cual el gobierno federal está a cargo no tiene prisa ni interés en procesar sus casos. Muchas compañeras siguen detenidas exponiéndose a una probabilidad alta de contagiarse del virus. Existe mucho miedo ya que mucha gente no sabe que es lo que va ha pasar con sus casos. Muchas chicas por falta de documentación legal para trabajar o por la alta discriminación que existe, hacen trabajo sexual. Ellas también han sido impactadas severamente. Muchas no tienen seguro médicos para poder ir a un hospital en caso de que posiblemente puedan tener síntomas del Covid-19. En la ciudad de Nueva York una reconocida activista trans migrante mexicana, Lorena Borjas, falleció del coronavirus. Su muerte impactó profundamente a la comunidad. Pero muchas de ellas que fueron inspiradas por su trabajo y activismo, están tomando posiciones de liderazgo y dando apoyo a las personas que más lo necesitan.


Pienso que unas de las salidas de esta situación de ola de violencia policial y racismo sistémico es involucrarnos con organizaciones como a la que yo pertenezco, Familia: Trans Queer Liberation Movement, y que sigamos apoyando y amplificando el movimiento y la proclamación de que Las Vidas Negras Importan. Debemos modelar compañerismo  con las demandas que la comunidad afrodescendiente está exigiendo al Estado. Por ejemplo, la demanda de cortarle el presupuesto a la policía. Apoyar a el liderazgo de mujeres trans afrodescendiente y trans migrante.


-¿Cómo está viviendo la comunidad trans la situación frente al covid 19?¿el sistema de salud está contemplando sus necesidades?


-La comunidad está siendo fuertemente impactada por el Covid-19. Muchas de nuestras compañeras son indocumentadas lo cual pone una barrera para poder recibir servicios médicos. La administración actual está haciendo todo lo posible por eliminar protecciones específicamente a la comunidad transgenro.  Quieren que el binario de género permanezca y limitar la definición del género en base a los genitales de las personas. En las escuelas están quitando protecciones que anteriormente se habían ganado. Es una situación desafortunada y son ataques abiertamente a nuestra humanidad y dignidad. Afortunadamente, existe un activismo que está creciendo más fuerte y visible para retar y eliminar esos ataques injustos.


Desafortunadamente el sistema de salud no está contemplando las necesidades. El caso de Lorena Borjas que mencione anteriormente reveló por medio de personas que la conocían que ella no quería ir al hospital. Esto es importante por que ella vivió en la ciudad de nueva york donde supuestamente hay avances y es muy liberal. Mi entendimiento de ella no querer ir al hospital era que temía ser maltratada por su identidad de género. Cuando su salud deterioró fuertemente, fue entonces cuando ella fue a un hospital. Lamentablemente perdió su vida y su nombre se unió a las miles de personas que han fallecido por el coronavirus. El periódico The New York Times publicó los nombres de casi cien mil personas, y uno de los nombres era el de Lorena Borjas.


-Recientemente la Corte Suprema de EEUU falló a favor de la prohibición de despedir a una persona por su orientación sexual o por ser transgénero ¿cual es actualmente la situacion laboral de la comunida LGBT+ y particularmente la comunidad trans?


-Desafortunadamente, es muy complicado poder verificar con estadísticas certezas el numero de personas transgenero que están trabajando. Lo que si sabemos es que la población transgenro específicamente la mujer trans afrodescendiente y de color son diez veces mas propensas a enfrentar discriminación de trabajo. El ingreso anual de muchas de nuestras compañeras es de diez mil dólares, lo cual no es suficiente para sobrevivir. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer dos trabajadoras, una de ellas es maestra de primaria y la otra es una mesera. Las dos no viven sus vidas abiertamente como mujeres transgenero. No es porque se avergüenzan de ser ellas mismas. La razón por la cual ellas no dicen es por miedo a ser despedidas de su trabajo lo cual puede abrir la puerta a la discriminación y violencia.


Esperemos que, con la decisión de la Corte Suprema, nuestras compañeras que son afortunadas de tener un trabajo tengan un poco de tranquilidad. Yo pienso que al final el verdadero cambio está en nuestras comunidades. Tenemos que seguir organizando a nuestras comunidades. Ahí es donde está el poder. Ahí es donde está la fuerza. Ahí es donde está el cambio.


-Estamos en vísperas de un aniversario de la rebelión de Stonewall mientras se está viviendo una rebelión general en Estados Unidos ¿qué rol está tomando la comunidad LGBT+ en esta rebelión?


-El rol que la comunidad LGBT+ está tomando en esta rebelión es muy importante. La ola de violencia que nuestras compañeras trans afrodescendientes vive ha movilizado a mucha gente y a la misma vez ha retado a nuestro movimiento a alzar su voz y decir que ya no podemos ignorar los asesinatos. Los desfiles del orgullo fueron cancelados por precauciones y seguridad sobre el coronavirus. Muchos grupos por hacerle honor a la rebelión de Stonewall lo cual fue una rebeldía en contra del abuso policial, se han unido a la lucha y apoyan el movimiento afrodescendiente. El domingo 14 de junio en la ciudad de Brooklyn, más de quince mil personas se reunieron en un canto de protesta afuera del museo de esa ciudad para demandar un alto a los asesinatos de nuestras compañeras negras y gritan con mucha pasión que las vidas negras trans importan. Una de las voces de fuerte liderazgo fue la de Raquel Willis una mujer trans negra. En varias ciudades también se está demostrando apoyo y han salido a protestar y demandar justicia. En San Francisco y Nueva York el último fin de semana del mes del orgullo, se espera una demostración masiva en apoyo con la comunidad LGBTQ+ afrodescendiente.


Vale la pena recalcar que esperemos que este momento de protesta siga en los siguientes años. Esperemos que el desfile de orgullo siga siendo un momento de orgullo y de protesta. Tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros antepasades, Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, entre otres participantes los últimos años sesenta y hacerles sentir orgulloses después de que, por varios años, el desfile de orgullo fue cooptado por corporativos que siguen beneficiándose, pero a la misma vez dejan a muchas personas de nuestra comunidad en la pobreza.


-Para cerrar, algunos plantean que la salida a la situación actual es esperar a las elecciones en noviembre ¿que piensan al respecto?


-Yo en lo personal, no pienso que nuestra solución está en un presidente o en una administración demócrata o republicana. Yo pienso que los dos partidos tienen un enfoque fuerte de mantener el capitalismo. El capitalismo bajo estos partidos políticos en Estados Unidos ha creado mucha desigualdad. Ha generado mucha violencia y discriminación. A la misma vez, entiendo que la gente quiere reemplazar a la administración actual. Creo que el proceso electoral es una forma de reducir daño, pero no es la solución – ni mucho menos el camino a la liberación. Creo que todas las estrategias son válidas y debemos de debilitar al enemigo. Uno de mis temores es que, si el actual presidente es reemplazado, mucha gente va ha pensar que todas las desigualdades pueden ser solucionadas. Recuerdo que, en una protesta de orgullo en el 2016, había una persona blanca cisgenro con un letrero que decía, “si hubiese ganado Hillary Clinton estaría en el ‘brunch’.” Este mensaje es muy peligroso porque se ha demostrado que no importa que partido este en el poder– la violencia y discriminación sigue. Las prisiones siguen llenas de millones de personas negras y de color. Los encierros de nuestra comunidad indocumentada LGBTQ+ siguen. La falta de desempleo sigue. La falta de acceso  a un seguro médico y al cuidado de salud sigue. Las muertes en prisiones y en centros de detención siguen. Nunca debemos olvidar los casos de Victoria Arellano, Roxsana Hernández, Johana Medina, y Layleen Polanco. Mujeres trans inmigrantes y, Layleen, afrodescendiente que fallecieron a manos del estado.


Yo creo en el poder de organizar. Yo creo que la solución está en nuestras comunidades. La liberación queda en nuestras manos.



 

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26/06/2020

La Plata: avanza la organización de los trabajadores de la salud

Importante charla sobre cómo frenar los contagios en hospitales

El miércoles 24 se realizó una importante charla debate virtual con trabajadores de la Salud del Hospital San Martín, San Roque de Gonnet y Rossi de La Plata, entre otros.


La charla estuvo a cargo de Matías de Iullis, médico neuropediatra  ex residente del Hospital de Niños de La Plata quien desarrolló los principales planteos de Tribuna de Salud para enfrentar la pandemia mientras en la Provincia de Buenos Aires el 10% de los infectados de Covid-19 son trabajadores de la Salud.


En primer lugar se colocó la importancia de la centralización del sistema de salud, para evitar el colapso del sistema público.


Los trabajadores son forzados al pluriempleo por la miseria salarial, la falta de medidas de prevención como hisopados para el personal, el funcionamiento de cohortes en los hospitales, el otorgamiento de licencias a los trabajadores en grupo de riesgo, la entrega de equipos de protección personal de calidad y en cantidad han dado como resultado el alto índice de contagios entre trabajadores de la salud y las muertes evitables de trabajadores por coronavirus.



Por otro lado se señaló el límite de los comités de crisis, que son saludados por los sindicatos, pues los protocolos siguen sin actualizarse y los casos de contagios se multiplican sin que se tomen medidas de fondo  que lo impidan, simplemente porque se limitan a administrar la escasez de recursos mientras el gobernador Kicillof acaba de anunciar que con fondos del IOMA se van a subsidiar a las clínicas privadas.


Las intervenciones fueron enriqueciendo el informe inicial con datos de la realidad local.


Enfermeras del hospital Gonnet realizaron denuncias sobre la provisión de equipos de protección denuncian no solo la escasez de barbijos y máscaras faciales, sino que tampoco son los apropiados, camadas enteras de camisolines rotos, falta de recursos de todo tipo, desde la falta de barbijos hasta la infraestructura donde por un mismo pasillo se va al área neonatal y Covid-19.


El relato de cómo frente a estas situaciones de enorme sobrecarga y estrés laboral por falta de protocolos unificados se carga de bronca cuando cuentan la desidia de las autoridades que dicen que está todo bien y  todo controlado mientras ocultan información.


También cuentan que los sindicatos como ATE hacen de voceros de la gestión y mientras se reúnen en los comités de crisis durante horas, sus voces no son escuchadas. Siguen sin respuestas de fondo.


Advierten que las cohortes no se realizan o se realizan a medias con idas y vueltas porque no hay personal suficiente y mucho menos personal con preparación. Fue desaprovechado el tiempo de la cuarentena para prepararse mejor.


En el  Instituto de Hemoterapia comentaron que mientras el gobierno se llena la boca festejando el avance científico contra el virus por el tratamiento con plasma, no cuentan con el personal para poder desarrollar las tareas a la altura de las circunstancias sin comprometer las demás tareas. No se llevan adelante correctamente todos los seguimientos por falta de recursos y como si eso fuera poco la enorme mayoría se encuentra precarizada.


Otra compañera comentó que ATE anunció como un triunfo el pago del sueldo a los becarios que ingresaron a trabajar en hospitales en marzo como refuerzo de la pandemia, y un compañero del San Martín que con el festejado bono de $5000 incluido su salario es de 35000 en total.


También se denunció la situación de los trabajadores de limpieza, altamente expuestos, porque su tarea no es considera a la hora del reparto de los equipo de protección en parte porque e la mayoría de los hospitales son servicios tercerizados que no les dan dan ninguna protección.


Otro compañero de una clínica privada comentó que los residentes ingresan con un salario de $32000 y una trabajadora de la sede del ministerio de salud contó que sino vana trabajar son amenazados con el descuento del presentismo y que fueron excluidos de cobrar el bono de $5000 que anunció el gobierno.


Estos relatos y denuncias dan cuenta que donde los trabajadores se organizan las condiciones de trabajo son mejores y ponen a la orden del día la lucha por la constitución de comités de trabajadores en seguridad e higiene independientes, que tengan en sus manos las decisiones sobre la asignación de los recursos a fin de poder evitar los contagios y que se efectivice las medidas que son necesarias y que verifiquen el cumplimiento de las demandas que solo se pueden conseguir luchando tarea en la que Tribuna de Salud se encuentra empeñada en lograr.


Para reforzar estas campañas en 15 días realizaremos un nuevo plenario regional.



 

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26/06/2020

En Argentina se desmontaron casi 10.000 hectáreas de bosques en el primer mes y medio de cuarentena

La pandemia de coronavirus frenó muchas cosas, pero no la deforestación en Argentina. Según el último relevamiento de la ONG Greenpeace, “durante la cuarentena ya se desmontó el equivalente a media ciudad de Buenos Aires”. Según el monitoreo satelital que realiza esta organización, entre el 15 de marzo y el 30 de abril se desmontaron 9.361 hectáreas, lo que implica la pérdida de 200 hectáreas de bosques por día.


Esta depredación se suma a la pérdida de grandes áreas de bosques durante 2019, que ascendió a 80.938 hectáreas en las cuatro provincias con más desmontes del país (Santiago del Estero 25.513ha, Formosa 23.521ha, Salta 14.664ha y Chaco 17.240ha). Estos cuatro distritos habían perdido 112.766 hectáreas en 2018 y 172.639 en 2017, y totalizan una pérdida de 2,8 millones hectáreas de bosques nativos en los últimos doce años. Hay que destacar que desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007 se desmontaron casi 1 millón de hectáreas de bosques protegidos.


El sistema nacional de monitoreo de bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, muestra en su página web como últimos datos de deforestación los de la campaña 2016-2017 para el Parque Chaqueño, es decir que ni siquiera mantiene la cifras actualizadas. No informa haber interrumpido ningún proceso de deforestación; el sistema de alerta temprana no funciona. Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga con la deforestación para beneficio de un puñado de terratenientes. Las consecuencias de esto son fáciles de predecir: el cambio climático que se genera modifica los regímenes de precipitaciones, los hace más intensos con sus lógicas secuelas de inundaciones y desmoronamientos.


El avance de la frontera agropecuaria para proyectos ganaderos y/o de cultivos de soja son la principal causa, y por lo general los mismos propietarios de esas tierras son los ejecutores. Los gobiernos provinciales (conocen perfectamente a los tenedores de tierras) son cómplices de esta situación, conjuntamente con el organismo nacional responsable del manejo de la Ley de Bosques Nativos y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de estos terratenientes. Un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la normativa nacional de bosques (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 27.704 hectáreas (Santiago del Estero 18.679ha, Chaco 7.683ha, Salta 1.326ha, Formosa 16ha). Chaco y Santiago del Estero son las provincias con más pérdida de bosques nativos en los últimos cuatro años. El manejo de los bosques nativos, o sea el aval a los procesos de deforestación que allí ocurren, son directa responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Debe preservarse toda la biodiversidad existente y resguardar a sus históricos habitantes que por cientos de años han convivido con y de él bosque.


Es un fenómeno que se evidencia a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), a través del FRA2020 emitió un informe sobre la evaluación de los recursos forestales mundiales 2020, de donde surge que como continente África tuvo la mayor tasa anual de pérdida neta de bosques en el período 2010-2020 con 3,9 millones de hectáreas, seguida por América del Sur con 2,6 millones de hectáreas. La tasa anual mundial es de 10 millones de hectáreas en el decenio 2010-2020. Si bien la tasa de pérdida neta de bosques en América del Sur se redujo a aproximadamente la mitad durante el período 2010-2020 en comparación con los diez años anteriores, el área forestal en la región sigue disminuyendo.


El área total de bosques en el mundo es de 4.060 millones de hectáreas, que corresponde al 31% de la superficie total de la tierra. Las plantaciones forestales abarcan alrededor de 131 millones de hectáreas, lo que representa el 3% de la superficie forestal mundial. La proporción más alta de plantación forestal se encuentra en América del Sur, donde este tipo de bosque representa el 99% de la superficie total de bosque plantado y el 2% de la superficie forestal total. La FAO ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 al año.





 

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26/06/2020

Por una conferencia latinoamericana para la clase trabajadora y los sectores oprimidos

Texto del Grupo de Acción Revolucionaria de México

Comisión de Enlace Internacional

A las Compañeras y Compañeros del Partido Obrero A las y los Compañeros del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad de Argentina A las organizaciones revolucionarias de América Latina

Por una conferencia latinoamericana para la clase trabajadora y los sectores oprimidos

El 2019 fue un año de rebeliones populares producto de la polarización social y la profunda recesión que ha marcado al capitalismo en el último lustro. América Latina ha sido un epicentro clave con las rebeliones populares que alcanzaron su máxima expresión en Chile, Ecuador, Colombia. A esto se sumó el creciente rechazo a los gobiernos ultraderechistas y neoliberales como en Argentina y Brasil, así como la amplia condena al golpe reaccionario en Bolivia que, respaldado por el imperialismo yankee e impulsado internamente por la burguesía blanca agroexportadora, generó una férrea resistencia indígena-popular de grandes magnitudes.

En el Caribe, Haití tuvo las importantes manifestaciones contra la precariedad de la vida. En Centroamérica, Costa Rica vivó huelgas por un ajuste fiscal. En Sudamérica, Perú tuvo grandes fracturas dentro de la élite gobernante, reflejadas en la disolución del Congreso, en el marco de la creciente presión social.

Este convulso contexto ha generado serios cuestionamientos a los gobiernos burgueses y al desarrollo capitalista por parte de la clase trabajadora y de los sectores populares empobrecidos. Este contexto previo con el que cerró el 2019 e inició el 2020, ha cambiado en su forma pero no en esencia, debido a la combinación de la pandemia mundial con la poderosísima crisis capitalista.

Las tendencias depresivas del capitalismo mundial debido a la caída tendencial de la tasa de ganancia, ya se venía vislumbrando desde antes de los primeros casos de la pandemia mundial del SARS-CoV2 que genera la enfermedad del Covid-19. La pandemia llega para acentuar este capitalismo decadente y llevar a la mayoría de las economías a una auténtica crisis capitalista que trastoca todas las relaciones sociales del capital; en todas sus dimensiones y componentes.

En el marco del nuevo cuadro creado en América Latina en 2019, el lanzamiento de una nueva Conferencia Latinoamericana, representa una afirmación dialéctica de toda una orientación política que, ante este nuevo escenario en Latinoamérica, pugna por la necesidad de una salida socialista y revolucionaria.

La oportunidad de la Conferencia está dictada por los grandes levantamientos populares y conmociones políticas y sociales que vienen estremeciendo el continente, a la par de la quiebra mundial de los capitalistas, quienes piden ser rescatados por encima de las millones de vidas empobrecidas por décadas de endeudamiento, precariedad y despojo, que precisamente han dejado los capitalistas por todas partes.

Desde el Grupo de Acción Revolucionaria, consideramos que la emergencia sanitaria derivada de la propagación del SARS CoV2, está muy lejos de plantear la caducidad de la Conferencia Latinoamericana. Al contrario, otorga a ésta una mayor y renovada necesidad, pues las medidas impuestas por los distintos gobiernos para atajar la propagación del virus a modo de cuarentenas, han agravado la crisis capitalista en la región, esperando tremendas caídas de las economías mayores que las presentadas en la crisis de los años treinta. Esto sin duda agudizará todas las contradicciones sociales que dieron paso a los levantamientos y a las rebeliones populares.

Nosotras y nosotros consideramos que la Conferencia Latinoamericana debe apuntar a que la izquierda revolucionaria intervenga en la situación continental, luchando porque la clase obrera emerja como un factor independiente en la crisis; y se desarrolle como alternativa de poder, conduciendo una alianza de las luchas del conjunto de explotados y oprimidos.

Consideramos que la conciliación de intereses de clases apunta a entrampar las mejores experiencias de lucha presentes y del pasado, que nos ha traído hasta esta condición, a la cola y dirección de la burguesía. Por ello planteamos la lucha por una salida anticapitalista y socialista con base a un proceso de transformación bajo la dirección de las y los trabajadores.

Por ello resulta fundamental la independencia política de los trabajadores y nuestra diferenciación política del nacionalismo burgués y también de las acciones golpistas promovidas por Washington en toda América Latina.

Pensamos a esta Conferencia Latinoamericana no sólo como un elemento que permita reagrupar partidos o núcleos revolucionarios, sino como una acción que empuje, dé dirección y conquiste a sectores combativos del movimiento de masas, de la clase obrera que permita que la Conferencia Latinoamericana tenga un peso y una perspectiva superior, que le permita irrumpir en el escenario de la lucha de clases en América Latina.

Desde esta óptica, como Grupo de Acción Revolucionaria, saludamos la futura realización de esta Conferencia Latinoamericana y desde ya nos sumamos a las organizaciones interesadas en participar de ella; pretendemos contribuir con nuestra experiencia en México, a los debates para hacer de dicho espacio un Foro de dirección para el conjunto de los actores que luchan en América Latina, será un propósito específico en la construcción de una orientación política para la lucha de las y los trabajadores.

Combativamente Comisión de Enlace Internacional Grupo de Acción Revolucionaria

 

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26/06/2020

UNLP: nueva asamblea de Arquitectura vota un plan de lucha hacia las mesas de finales

Contra los aplazos y filtros, y en apoyo a los reclamos docentes.

El miércoles 24 de junio se realizó la segunda asamblea del año en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, en la que participaron más de 80 estudiantes y docentes que profundizaron el debate sobre los problemas que atravesamos con la virtualización de las cursadas y mesas de examen final.


Luego de conquistar mesas virtuales abiertas para todxs y la postergación de la regularización de condicionales a raíz de la primera asamblea, lxs estudiantes dieron un nuevo paso en su organización a pesar del ninguneo de la conducción del centro, Franja Morada, que estuvo ausente y sigue sin convocar espacio alguno de deliberación cuando van cuatro meses de cursadas virtuales. Fue nuevamente desde En Perspectiva (UJS + independientes) y un grupo de estudiantes afectadxs que nos pusimos a la cabeza de esta nueva convocatoria.


En la asamblea se denunció que las autoridades implementaron la virtualidad de forma forzosa, improvisada e inconsulta. Se hizo hincapié en la necesidad de que las mesas virtuales próximas sean sin aplazos (que figure ausente si no aprueba) para que lxs estudiantes no pierdan una chance de rendir ante una metodología de evaluación sin experiencia, así como en la urgencia de una ayuda económica y de la provisión de dispositivos tecnológicos necesarios para acceder a la virtualidad hacia la mesa de finales.


También se denunció que el Consejo Directivo Extraordinario, cerrado a estudiantes y docentes, estaba armado a medida del decanato -con la complicidad de lxs consejerxs de Franja Morada-, no resolvió nada después de leerse durante cinco horas informes de secretarías, y se bloqueó el tratamiento de los proyectos presentados por el consejero por la minoría del Dale! (En Perspectiva + Agite + independientes).


La presencia y la intervención de estudiantes de primer año fue importante para poner de relieve el cúmulo de estrés y desorientación que atraviesan muchxs compañerxs, y que ha generado una profunda deserción en el año inicial. En torno a eso se propuso el desdoblamiento de las materias cuatrimestrales para la vuelta a la presencialidad. También se puso de manifiesto la necesidad de regularizar de manera inmediata a lxs estudiantes condicionales sin necesidad de rendir, ya que las autoridades pretenden dejarlxs en en una situación indefinida hasta garantizar mesas presenciales (¿2021?).


La participación en la asamblea y el apoyo que expresaron lxs docentes, que se vienen organizando y reclamando contra los atropellos a sus condiciones y derechos laborales, marca un camino de unidad que debemos seguir para reforzar la lucha común.


Otras cuestiones pertinentes también tuvieron lugar, como la propuesta de reimpulsar la Comisión de Género Interclaustro, que desde hace dos años ponía en pie el CEAU con la conducción del Dale! como espacio de organización ante el grave aumento de los femicidios y los casos de violencia de género durante el aislamiento social. Se pronunció en apoyo a la campaña nacional por el aumento de la beca Progresar a 10.000 pesos y su inmediata adjudicación sin restricciones, y por la necesidad de que la FAU se ponga al servicio de la lucha contra la pandemia.


La asamblea resolvió un plan de acción por estos reclamos, que comenzará con un mailazo a las autoridades éste viernes 26 a partir de las 17:00 y continuará con una campaña de fotos para sumar adhesiones. También se votó convocar a una nueva asamblea estudiantil-docente para el miércoles 15 de julio -después de la mesa de finales y la nueva sesión del Consejo Directivo- para balancear resultados y discutir cómo seguir.


Desde En Perspectiva llamamos a les estudiantes y docentes de Arquitectura y la UNLP a sumarse a este camino de organización y unidad para defender nuestros derechos. Las clases virtuales deben ser una herramienta para la continuidad de la formación educativa en el contexto de pandemia y aislamiento social, no un medio para imponer una política de ajuste contra estudiantes y docentes.




 

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26/06/2020

Anuncios del gobierno: parece fase 1… pero no es

A pesar del pico de contagios, los empresarios condicionan la cuarentena.

El anuncio que acaban de difundir el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, donde se establece mayores restricciones a la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), trae implícita una trampa: el regreso a la fase 1 de la cuarentena sería para el conjunto de la población menos para las patronales excluidas, las que durante estos 100 días han ganado un importante terreno.

 

Las medidas anunciadas se centran en mayores restricciones a la circulación y al uso del transporte público en el Amba (solo para esenciales). Las actividades esenciales que regirán son unas 24, aunque su definición ambigua es la excusa para la continuidad de muchas actividades que carecen de esencialidad: continuarán varias industrias, gran parte de las empresas situadas en parques industriales de la provincia, las que cuenten con procesos de producción continuos y las que destinen su producción a la exportación, entre otras. Y continuará el subsidio ATP para las patronales. Para los comerciantes y pequeños propietarios solo se ofrecen créditos a tasa cero –en la Ciudad volverán a cerrar unos 70 mil y son otros miles en la Provincia. El IFE se cobraría una tercera vez, aunque solo se ha anunciado para la zona del Amba donde muchos aún no recibieron el segundo pago. Tambien continuará el tan criticado Detectar como medio para identificar nuevos casos, sobre la base de encuestas a los ciudadanos.

 

Esta nueva (vieja) fase regirá a partir del próximo 1 de julio hasta el 17, del mismo mes, donde se volverá a evaluar la situación. El anuncio, además de engañoso, resulta tardío: hace al menos dos semanas que el gobierno nacional viene reconociendo la necesidad de restablecer íntegramente la cuarentena debido al crecimiento exponencial de los casos de contagios. Se trata de un valioso tiempo en el cual los indicadores de la circulación y propagación del virus no dejaron de crecer.

 

 

 

 

 

Al día de hoy la ocupación de camas de cuidados intensivos (UTI) del Amba escaló al 54,1% (50% CABA y 56,2 PBA). Estos números confirman los pronósticos más caóticos sobre la saturación del sistema sanitario en la zona que registra un 90% de los casos de Covid-19 de todo el país y el 97% de los nuevos contagios, seguida por la provincia de Chaco para la cual no se resolvió ninguna medida. La estimación de un investigador del Conicet de que la última cama de UTI sería ocupada dentro de un mes, vistos los acontecimientos, quizás haya sido optimista. Es que la curva de contagios viene trepando a un ritmo acelerado. En el día de ayer se registraron 2.606 nuevos casos -1.482 de PBA y 942 de CABA- que suman a los más de 50.000 casos nacionales, con una Tasa de Incidencia (casos informados cada 100 mil habitantes) que se dispara en la zonas de mayor hacinamiento como CABA y PBA.

 

 

El transporte, los comercios y la industria

 

Fernández, Kicillof y Larreta han dedicado todos sus esfuerzos a poner el eje de la discusión en la circulación en el transporte público e incluso en los "runners", los que tambien vuelven a fase 1. Incluso se ha barajado la hipótesis de suspender el transporte interurbano, llegando al actual acuerdo de mayores restricciones. El argumento sería que la disparada de casos en la Provincia impactaría en una mayor propagación en la Ciudad, donde gran parte de la actividad económica ha sido restablecida. Sin embargo, en estas últimas semanas solo un 13% de los usuarios (147 mil) se trasladan desde el Conurbano a la Ciudad, y un 3% hace el viaje inverso, siendo que el 65% (710 mil) se mueve entre los distintos distritos del Gran Buenos Aires (Clarín 25/6).

 

El crecimiento de la circulación en el Gran Buenos Aires está directamente asociado a la reactivación de miles de industrias y actividades exceptuadas de la cuarentena. A las actividades consideradas esenciales el gobierno nacional fue sumando todas aquellas empresas que tramitaran su reapertura sobre la base de presentar sus protocolos sanitarios, cuyo cumplimiento nadie supervisa.

 

Se trata de un cheque en blanco para las patronales, que justifican su actividad como esencial o como parte imprescindible de una de estas, o incluso solo elaboran sendos protocolos que nunca verán la luz del día. Es así que la propagación del virus encuentra su lugar predilecto en los lugares de trabajo, dando lugar a las situaciones que estamos viendo con casi 500 contagios en los supermercados; 90 contagios en el ferrocarril, que ya cuentan los seis muertos; 22 contagios en Coto Lanús</a>; 16 casos en la metalúrgica San Cayetano, en Burzaco; 7 casos en Toyota de Zárate; 3 positivos en Volkswagen, en Tigre –la cual había reabierto hace alrededor de un mes-; contagios en Bridgestone, en Llavallol, que dieron lugar a un paro de los trabajadores y la lista sigue. Los residentes y concurrentes de CABA denuncian que los centros de salud no tienen los insumos suficientes, análoga situación se vive en la provincia de Buenos Aires aunque Kicillof se ponga a enumerar aviones y barcos. En ambos es alta la tasa de contagios.

 

Cuando Kicillof hizo hincapié en que “hay que cerrar todo” no se refería a la actividad industrial cuyo funcionamiento no está justificado, ni a los casos esenciales donde se han vulnerado todos los cuidados.

 

El colapso sanitario

 

Todas las cifras mencionadas, respecto al “reacondicionamiento” y la “ampliación” del sistema sanitario solo son de utilidad si se las compara con su capacidad de responder a la crisis en curso. Fernández dejó en claro que la única forma de evitar un colapso sanitario era volver al punto del cual no tenía que haberse corrido el país. Toda la inversión en camas de UTI exhibida por ambos gobiernos quedó puesta en jaque por la escalada de contagios de los últimos 20 días.

 

El sistema sanitario del Amba está saturado porque no han hecho nada para detener la propagación del virus en las barriadas obreras, donde más recrudecen las necesidades y se multiplica el hacinamiento, lo que hace trastabillar a un sistema de salud no apto para una demanda en tiempos normales, ni mucho menos de pandemia. Alberto Fernández felicitó el trabajo de Larreta en los barrios carenciados de la Ciudad donde los contagios y las muertes ocuparon los titulares de los periódicos nacionales durante semanas.

 

Al hablar de la Tasa de Incidencia en la Argentina no pudo omitir mencionar lo que todos saben: que se testea poco. Tratando de opacar esto con el hecho de que los contagios superan la incidencia de la realización de más testeos, por lo que debiera tratarse de causas independientes, cuando en verdad se trata de ambas cosas.

 

El regreso a fase 1 en el Amba es un reconocimiento de que la liberalización progresiva impulsada por las patronales nos lleva a un colapso que el propio régimen no puede sostener, de ahí este viraje de última hora, aunque preservando los intereses de los grandes capitalistas. Es evidente que sobre estas bases no se pueden garantizar la salud y la vida de la población trabajadora. Necesitamos que los recursos nacionales sean reorientados al combate de la pandemia, con un sistema centralizado de salud en manos de los trabajadores y especialistas, para lo que es necesario dejar de financiar a las grandes patronales y al capital financiero y redirigir los recursos a preservar la vida de los trabajadores. En esa dirección se inscribe también el proyecto del frente de Izquierda de un impuesto a las grandes fortunas.

 

 

 

 

 

 

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26/06/2020

Trata y prostitución: masiva charla con Vanina Biasi y Blanca Rizo, de Madres Víctimas de Trata

Más de 550 participantes de todo el país.

El miércoles 24 la UJS y el Plenario de Trabajadoras realizaron una charla debate con Vanina Biasi, dirigente nacional del Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero, y Blanca Rizo, cofundadora de la organización “Madres Víctimas de Trata”.


La actividad contó con más de 550 participantes (450 en la plataforma Zoom y el resto a través del Facebook del Plenario de Trabajadoras): una enorme actividad para debatir sobre la trata y la prostitución, una de las grandes problemáticas que atraviesa al movimiento de mujeres y diversidades sexuales y de género de nuestro país.


Blanca arrancó su intervención exponiendo un mapa conceptual al que ella denomina “Máquina prostituyente”, y que fue completando mientras reconstruía su lucha contra la trata. Explicó los distintos operadores prostituyentes y el engranaje que hay detrás, brindando un aporte muy valioso, derivado de su experiencia militante, para comprender la estructura del segundo negocio más rentable a nivel mundial. La oradora se refirió a la responsabilidad de las distintas instituciones del Estado. Al mismo tiempo, analizó el rol de los medios de comunicación como actores que cosifican, desinforman y desarrollan una “cultura prostituyente” que naturaliza el consumo y ejercicio de la prostitución. Algo muy destacado en la intervención de Blanca fue su consideración sobre qué significa naturalizar que un hombre pague por sexo: “el sexo es un acto de libertad, se paga para ejercer diferentes tipos de violencia”.



Siguiendo con los engranajes de la “máquina prostituyente”, Blanca enumeró los distintos métodos de cooptación de mujeres y niñas para la trata: “a través de un secuestro, el engaño laboral para llevar a otro país u otra provincia, el engaño por internet y la falsa identidad, enamoramiento y ofrecimientos a niñas entre los 13 y 16 años”.  También desarrolló los distintos mecanismos por los que se ejerce el negocio de la prostitución, y fue muy resonante su definición de los prostíbulos como cárceles o verdaderos centros clandestinos, donde las mujeres son violadas hasta 60 veces en un mismo día.


Por último, Blanca se refirió al debate con el regulacionismo (que plantea la “regulación” de la actividad), señalando que en la Argentina existen solo un 2% de mujeres que ejercen la prostitución sin vínculo directo con proxenetas. Sin embargo, es ese 2% que el lobby regulacionista, asociado al proxenetismo, esgrime a su favor, para seguir perpetuando todo tipo de flagelo y ocultar la estructura descripta. “No es una cuestión subjetiva, estamos hablando del segundo delito a escala mundial, que tiene a más de 45 millones de víctimas privadas de su libertad. La reglamentación de la prostitución en Alemania, por ejemplo, ha sido una puerta abierta para los proxenetas, aumentando así cuatro veces la trata en ese país”, señaló.


A su turno, Vanina Biasi arrancó su intervención entrelazando esta realidad con los Estados capitalistas en todo el mundo. En ese sentido, señaló que “el capitalismo es un sistema caduco” que “como no puede ofrecer el desarrollo de las actividades productivas, se refugia en el negocio de la pornografía y la prostitución, que destrozan la humanidad de millones de personas y que ofrecen un nivel de ganancia capitalista que otros sectores no ofrecen”. Vanina explicó como la maquinaria prostituyente que Blanca expuso se perfeccionó con el tiempo, convirtiéndose hoy en una fuente de ingresos capitalistas para un puñado de proxenetas que no tiene precedentes.


La dirigente del Plenario de Trabajadoras también abordó el rol de la Justicia y el cuerpo de leyes relacionadas con la trata. “Como pasa con todo el cuerpo legal”, expresó, “hay una distorsión de la ley y la realidad. Es el Estado que se resiste y al mismo tiempo legaliza el desenvolvimiento del negocio de la prostitución en Argentina”.


Por último, Vanina se refirió a la polémica con las posiciones -regulacionistas- de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). Afirmó que dicha organización “es un recurso temporario para justificar la acción del Estado y su condición de proxeneta ligado al beneficio capitalista. La extensión de la prostitución moldea a una sociedad: vos podrás ‘querer’, pero si la sociedad se moldea bajo el entendimiento de que se puede disponer del cuerpo de una mujer o niñe a su gusto, ello funcional a un modelo que lo único que hace es disciplinar a la sociedad, para poder ser más efectivo en la explotación capitalista y tener menos obstáculos. En el campo del abolicionismo hay una expectativa en el Estado capitalista; en el regulacionismo, un embellecimiento del mismo”.


Este gran encuentro nos deja como conclusión el enorme interés que despierta esta problemática en todo el país, por estar relacionada directamente con la opresión del capital y sus Estados sobre las mujeres, jóvenes y diversidades sexuales y de género. Por tratarse de una realidad cotidiana que enfrentan en los barrios organizaciones como el Polo Obrero, el Plenario de Trabajadoras y Madres Víctimas de Trata. Se ve con claridad la necesidad de desarrollar la lucha por el desmantelamiento de las redes de trata, en este contexto de agravamiento de la crisis capitalista y la consecuente miseria social.

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26/06/2020

El espionaje ilegal, la “grieta” en la oposición y las conspiraciones contra los trabajadores

Las últimas escuchas telefónicas reveladas en la causa que investiga el espionaje ilegal protagonizado por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri evidencian un aspecto político fundamental. Se trata de conversaciones entre la entonces Coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, y el “Turco” Sáez, una de las cabezas del grupo de espías llamado Súper Mario Bros, que muestran la recolección de información sobre las convocatorias a la movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que votó el Congreso. Entre tanto tironeo sobre el tema, este hecho pone de manifiesto lo sustancial: que el aparato conspirativo del Estado apunta especialmente contra los trabajadores y los luchadores populares.


Como relata un columnista de Página 12 (26/6), entre los informes clandestinos que llegaban al secretario privado de Macri, Darío Nieto, este grupo de espías ilegales de la AFI trazó un cuadro de las organizaciones que movilizarían desde la provincia de Buenos Aires para protestar contra el robo a los jubilados, y las escuchas testimonian que el capo de inteligencia, Gustavo Arribas, se reunió con el propio presidente para recomendarle que esperara hasta que pasara el verano para insistir con el tratamiento de la reforma previsional.



Sale a la luz de esta manera que la brutal represión contra la enorme movilización que rodeó el Congreso fue preparada con antelación, de la misma manera que luego fueron armadas (con ciberpatrullaje inclusive) las causas contra los militantes César Arakaki, Dimas Ponce y Daniel Ruiz. Los kirchneristas que se horrorizan por estas revelaciones no osan reclamar la absolución de los enjuiciados Arakaki y Ruiz, y menos todavía al recientemente extraditado Sebastián Romero, aun cuando queda al desnudo que la persecución judicial no es otra cosa que la continuación del salvaje operativo represivo y el espionaje ilegal. El mismo sentido perseguían las operaciones hechas para recabar datos sobre el MST y el PTS, o incluso sobre nuestro dirigente Néstor Pitrola, a las que se suman el seguimiento sobre centenares de periodistas.


El cerco sobre el macrismo


Por estas escuchas fue allanado el domicilio de Nieto, que hasta hoy sigue siendo el secretario privado de Macri. Es evidente que el cerco judicial se cierra cada vez más sobre el expresidente, toda vez que entre las víctimas de espionaje figuran “sus compañeros” Diego Santilli -entonces jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta-, Emilio Monzó –entonces presidente de la Cámara de Diputados- y Nicolás Massot -entonces jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja. Esto apunta a profundizar la “grieta” que separa a Macri de los principales referentes de la oposición con peso político, como el jefe de Gobierno porteño. Si bien desde el entorno de Larreta buscaron desmarcar al exmandatario de este entramado, es clara la tendencia a tensar más la relación entre ambos. Finalmente, tampoco estamos ante una novedad, si recordamos aquel destape sobre los aportes truchos a la campaña electoral de María Eugenia Vidal, con la que Marcos Peña disparó a la exgobernadora cuando empezaba a cobrar vuelo el lobby por un “Plan V” ante el hundimiento del macrismo.


Similar objeto persiguió la declaración ante la Comisión Bicameral del sucesor de Jaime Stiusso, Diego Dalmau Pereyra, quien fuera jefe de Contrainteligencia. Este exmilitar se desligó de responsabilidades por los informes del grupo Súper Mario Bros (que él habría creado) para apuntar que los espían respondían de manera directa a Arribas y a Alan Ruiz -el único detenido hasta el momento- y que estos actuaban en coordinación con Patricia Bullrich. A cambio de estos dardos contra el núcleo Macri-Bullrich-Arribas, Dalmau gozó de una ventaja que la que careció Nieto: recibió un aviso antes de que allanaran su domicilio en Escobar, que le permitió ausentarse con su teléfono antes que llegara el operativo. Los servicios, como se ve, siguen funcionando.


Economía concentrada


Hay otros aspectos de esta trama de espionaje que también aportan a conclusiones políticas importantes. Una de ellas es la relación entre las operaciones de los servicios con el narcotráfico y las barras bravas, de donde se proveen de personal para ejecutar amedrentamientos o para implicar a rivales en causas judiciales. Difícilmente pueda haber mayor muestra de los contactos de la cúpula del aparato judicial y represivo con el crimen organizado. El Estado no es solo garante del delito, sino también el gerente.


Más trascendente aún es que la investigación judicial vuelve a poner de relieve lo que emergiera ya con la causa de los cuadernos de Centeno, esa suerte de Lava Jato argentino. El espionaje realizado por la AFI sobre empresarios y exfuncionarios del gobierno de los Kirchner detenidos en Ezeiza por causas de corrupción incluía una clasificación en semáforo según lo jugoso de los negocios que podían arrebatarles. En la lista figuran obviamente Electroingeniería -con los contratos más importantes del país para la construcción de las represas en Santa Cruz- y el grupo Índalo. Al igual que sucedió con Odebrecht, sale a la superficie que los juzgados y tribunales son un medio más en el que se zanja la “competencia” capitalista, en especial cuando se trata de la patria contratista que lucra en base a contratos millonarios con el Estado. La mano del imperialismo es, por lo demás, la que inclina la balanza. Esto desmiente una vez más la pretendida independencia del Poder Judicial, que ahora asiste a una pulseada en torno a dónde se tramita el expediente de esta causa, si en la “corpo” judicial de Comodoro Py o si se mantiene en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena –a quien defienden ahora los K, a pesar de haber sido quien habilitó el espionaje a Julio De Vido y sus compañeros de celda en el penal de Ezeiza.


Una política de Estado


Por último, la revelación de que estarían imbricados en esta red unos 300 agentes de contrainteligencia es un botón de muestra más de la magnitud del aparato conspirativo del Estado, descendiente directo de la Side de la dictadura. Alberto Fernández puede intentar desarmar a las redes de espías involucrados con el macrismo, e incluso valerse de ello para cercar políticamente al eje Macri-Bullrich que aspira a liderar una oposición más cerrada al gobierno, pero ello es justamente una utilización en provecho propio del aparato de servicios, no un desmantelamiento del entramado de conspiraciones. El episodio de la “garantista” ministra de Seguridad, Sabina Frederic, defendiendo el ciberpatrullaje para “detectar el humor social”, confirma que el gobierno se vale de los mismos métodos para prevenirse de las luchas populares. Si la Gendarmería sigue asesinando pibes en las barriadas, evidenciando la continuidad de su esencia represiva contra la población a pesar del cambio de gobierno, lo mismo cabe esperar de los servicios, probablemente el recoveco más oscuro del Estado burgués.


Si el gobierno tiene éxito en sellar un acuerdo (ruinoso) con los bonistas para el rescate de la deuda externa, pasará a tomar nota de las “reformas estructurales” que exige el FMI para suscribir un nuevo programa. Un Estado cuyas cuentas están bajo supervisión del Fondo es incapaz de abandonar la conspiración contra las masas trabajadoras. El desmantelamiento de los servicios y la apertura de todos los archivos de inteligencia contra el pueblo, junto con la elección popular y revocable de jueces y fiscales, son tareas que solo podrá llevar adelante un gobierno de trabajadores.




 

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26/06/2020

Puerto Deseado: pesqueros en lucha por el salario

Partido Obrero Puerto Deseado.

Hace ya tres días que en la ciudad de Puerto Deseado (Santa Cruz) se viene desarrollando un nuevo episodio de lucha por parte de las y los trabajadores de las plantas pesqueras sindicato de la Industria de la Alimentación. Con cortes y acampes en los cuatro accesos que tiene el parque industrial, reclaman por una inmediata recomposición salarial, que vienen exigiendo desde hace ya cuatro meses sin respuesta alguna.


Las empresas argumentan que la situación de crisis de producción y exportación, en el marco de la pandemia, imposibilita una mejora salarial para lxs trabajadorxs del sector. Lo cierto es que, como manifestó un delegado de una de las empresas, los operarios pesqueros son los peor pagos dentro de la cadena productiva: uno con 10 años de antigüedad y 45 horas semanales de trabajo ronda los 35 mil pesos de sueldo mensual (Mar y Pesca, 23 de junio). Un monto especialmente escaso cuando se lo contrasta con el costo de la canasta familiar en Santa Cruz.


El Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Martha Yáñez, inició el trámite de imputación a los sindicalistas del gremio de la Alimentación de Puerto Deseado por el delito de “violación de medidas de propagación epidemiológica” (La Opinión Austral, 24 de junio). Se trata de una excusa para atacar la movilización, ya que dentro de las plantas tampoco se cumple con las medidas de distanciamiento social, sometiendo al riesgo de contagios a los operarios. A su turno, el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la medida de fuerza, con lo cual comienzan los apercibimientos a quienes están en plan de lucha, aun cuando la medida fue anunciada con anterioridad por parte del gremio.


El portal Mar y Pesca informó en su edición de hoy que los trabajadores de la empresa Vieira habrían llegado un acuerdo con la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), por un bono no remunerativo de $9.400.


La medida gremial sigue en pie, exigiendo una suma de 15 mil pesos y sentarse a negociar salarios el primero de septiembre.


Un conflicto más y van…


Ya hace unos meses  los trabajadores de la pesquera Veraz habían realizado una medida de fuerza por haber recibido fuertes descuentos en el pago de una quincena. Otro de los conflictos latentes es la deuda que la empresa Viera aún tiene con los trabajadores “eventuales” -es decir, tercerizados y precarizados del mismo. Lo que se exige es que se de baja la figura de los eventuales y se los pase a planta, y también que se les reconozca la deuda que la empresa mantiene para con ellos.


Aprietes


Por otro lado, desde las empresas comenzaron a circular telegramas que instan a volver al trabajo asegurando que el paro ya se ha levantado, cosa que no es real. El gremio no acató la conciliación obligatoria y decidió continuar con el reclamo.


Estos ataques por parte de la Justicia y del Ministerio de Trabajo muestran a las claras las intenciones del Estado de querer amedrentar a lxs trabajadorxs que sostienen la lucha, para que abandonen las medidas de fuerza y retornen a su labor. Su objetivo es el de descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Y, de no ser así, responsabilizarlos de las perdidas y usar eso para echarlos.


Ante la presión de las empresas que envían telegramas, y de los posibles despidos por ser declarada ilegal la medida,  la asamblea de delegados decidió sostener el paro por tiempo indeterminado, reclamando: 15 mil pesos no remunerativos al 1 de septiembre, el pase al básico de esos 15 mil pesos; pase de trabajadores eventuales a contratos de temporada y recategorización de todo el sector.

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26/06/2020

Universidad de Córdoba: continúa la organización estudiantil por presupuesto, contra la deserción

Este jueves 25 decenas de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) nos convocamos, en las calles céntricas de la ciudad, en defensa de la educación pública. La actividad se desarrolló por segundo jueves consecutivo y constó de un intercambio de apuntes y de una visibilización con carteles de nuestros planteos más acuciantes.


De la iniciativa se hicieron eco varios medios locales que fueron a cubrir la jornada, y generó un gran interés entre los peatones y automovilistas que transitaban por el lugar. El principal reclamo fue el inmediato aumento del presupuesto, que todavía continúa siendo el de 2019 y ya ha sido pulverizado por la inflación -lo que implica un mayor desfinanciamiento de la universidad y enormes consecuencias para la comunidad educativa.


También se estableció la exigencia de la apertura de becas y el aumento de sus montos, que son actualmente irrisorios. Ante la cursada remota impuesta por las autoridades, que está generando una mayor deserción estudiantil, exigimos que se garanticen condiciones de conectividad para el conjunto del estudiantado y el buen  funcionamiento de las plataformas virtuales. También se plantean regularidades sin restricciones, para que nadie se quede afuera.


A este pliego de reivindicaciones se le sumó el rechazo al pacto del rectorado con la Universidad de Sentido del Vaticano, y el repudio a la resolución inconsulta de adquirir, para la toma de exámenes virtuales, una licencia de Respondus (un sistema proveniente de EE.UU. que filma a los estudiantes mientras hacen los exámenes, violando la intimidad personal, y que cuesta alrededor de 2 millones de pesos).


Frente a la parálisis de los centros de estudiantes y de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), la actividad fue un enorme pronunciamiento por la defensa de la educación pública. Desde la UJS-Partido Obrero nos sumamos activamente a la iniciativa y llamamos a reforzar la organización independiente de las autoridades y los gobiernos ajustadores en unidad con la clase obrera para defender la educación pública, y laica. Plata para educación no para el FMI.

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26/06/2020

En San Martín-Mendoza, el primer contagiado de Covid-19 es un trabajador tercerizado del hospital

La empresa de limpieza Mediterránea expone a sus trabajadores

El pasado miércoles se conoció el primer contagio autóctono de toda la zona este de la provincia. Es el caso de un joven trabajador de la empresa que terceriza la limpieza dentro del Hospital Perrupato, de San Martín. El mismo contrajo Covid 19 por estar en contacto con otros pacientes internados dentro del hospital.


Esta situación pone de relieve la exposición a la que se somete a los trabajadores dentro del mismo nosocomio y las nulas medidas de seguridad para con el personal. La empresa Mediterránea, que tiene la concesión de la limpieza en todos los hospitales de la provincia, no entrega los elementos de seguridad. Al comienzo de la pandemia, se negaba a dar barbijos a sus empleados porque supuestamente esto sugestionaba a los pacientes de los diferentes hospitales. Pero luego de que se volviera obligatorio el uso del mismo, tampoco brindó ni estos ni equipos de protección personal (EPP) a ninguno de sus empleados, llegando al colmo que descuentan los días no trabajados por enfermedad.


Además, Mediterránea tiene en situación precaria a los trabajadores, quienes cobran en promedio $15 mil pesos mensuales por más de 9hs de trabajo, con semanas laborales que no contabilizan fines de semana, con turnos rotativos y con pagos de salarios sin fecha cierta.


Semejante avasallamiento por parte de la empresa a las condiciones laborales y salariales de trabajadores expuestos en primera línea a los contagios, demuestra su responsabilidad en el contagio de este trabajador. A la vez, expone al personal de otras áreas, ya que todos firman ingresos en el mismo cuarto o lo usan de desayunador en conjunto.


Mediterránea es la consecuencia de una política consciente del gobierno de bajar los costos salariales mediante la precarización. Política que existió durante los gobiernos peronistas y radicales de los últimos 30 años, pero que el exgobernador Alfredo Cornejo profundizó, al reemplazar personal de limpieza, administrativos, cocineros, camilleros, etc., del régimen 15 por precarizados, que además de cobrar la mitad o menos que uno de planta, tampoco cuentan con capacitaciones, como la recolección de residuos patógenos. La consecuencia final es el contagio de este joven trabajador de limpieza.


Se hace imperante testeos masivos dentro del hospital a todo el personal para descartar contagios, así como un programa que contemple ponerle un fin a esta sobreexplotación y exposición de trabajadores a situaciones que ponen en riesgo su propia vida. Reclamamos el pase a planta de todos los trabajadores tercerizados y/o con contratos, el fin de la terciarización y negociados privados; que se garantice el presupuesto necesario para salarios dignos, y elementos de trabajo y seguridad en cada repartición, así como una reorganización de los hospitales bajo control de sus trabajadores, de modo de garantizar la salud de quienes prestan tareas y del conjunto de los pacientes. 


 




 

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26/06/2020

La lucha por la ampliación de licencias para el cuidado

Nuevas resoluciones del Ministerio de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad en medio del debate por el teletrabajo.

A casi 100 de días de cuarentena, con suspensión de clases en todo el país, con una avanzada laboral de magnitud contra las trabajadoras y los trabajadores, el Ministerio de Trabajo y el de Mujeres, Géneros y Diversidad acaban de tomar una resolución conjunta (que aún no salió publicada en el boletín oficial) sobre las licencias de cuidado.


La resolución, que llega de forma tardía, avivará la lucha en los gremios. Mientras que la pandemia ha obligado a miles de trabajadores a realizar sus labores desde sus casas, la denominada regulación del teletrabajo, que avanza en el Congreso Nacional (ayer obtuvo media sanción en Diputados), ha dejado expuesta una notable flexibilización laboral. Los voceros de la UIA, Pymes, cámaras de comercio, presionan para que no exista ni siquiera un piso mínimo de derechos, para avanzar en un desconocimiento completo de los convenios colectivos de trabajo.


Mientras el propio gobierno nacional avanza con el pago en cuotas del aguinaldo, que viola expresamente la Ley de Contrato de Trabajo y prorroga el pago con rebajas salariales pactado con la CGT, la organización del movimiento obrero de forma independiente del gobierno y las burocracias sindicales es fundamental para enfrentar esta ofensiva anti-laboral.



Las tareas de cuidado, un reclamo que debemos arrancar al Estado


La nueva norma no surgió de los reclamos y reuniones paritarias con los sindicatos, que ya venían reclamando ampliar lo establecido en la resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo del mes de marzo. Tampoco es para actividades como la docencia, que deberán tomar esta referencia para pelear en sus propios trabajos.


La base de los seis artículos nuevos (resolución 3/2020-APN-MT del 24 de junio), especifica en su artículo 1 una restricción para solicitar licencia para no cumplir tareas remotas o presenciales para trabajadoras y trabajadores que tengan niños/as hasta 6 años. Y en el artículo 2 para adecuar horarios para los que tengan a cargo niños/as de hasta 12 años. Tal licencia sería para un solo progenitor.


Se trata de una restricción, ya que especificar estas franjas etarias justamente limita, al tiempo que deja afuera al resto de niñxs, y no considera adultos mayores a cargo y personas consideradas de riesgo, muchas veces a cargo de trabajadoras.


Vale aclarar que en este contexto las patronales van a obligar, mediante la extorsión de rebajar el salario, a que no se tomen las licencias ninguno de los progenitores, y en la resolución no figura penalidad alguna para la patronal y/o gobierno que obstruya el pedido de licencia.


La redistribución de tareas, artículo 4, “alienta” explícitamente a velar para que los varones tomen a su cargo tareas de cuidado. Claro que queremos que eso ocurra, pero ese “aliento”, por parte del Estado que no garantiza jardines, escuelas infantiles y salas maternales en los lugares de trabajo y estudio, resulta un acto de hipocresía. Y una nueva confesión de que no piensa destinar recursos para socializar las tareas de cuidado, y que el único norte que tiene es el de cubrir esa necesidad creciente con la precarización de, principalmente, mujeres. Pagando al FMI y desistiendo de tocar las grandes fortunas, no tienen margen para planificar la socialización adecuada, de las tareas de cuidado tanto de niñes como de adultxs.



Los reclamos de las trabajadoras


Las demandas de las trabajadoras -por ejemplo en los gremios docentes, cuya composición es 80% femenina- son cotidianas. Mientras desarrollan sus actividades de forma remota tienen a cargo varios niñxs que también deben realizar sus actividades escolares, en espacios reducidos, incrementando el agobio laboral de una jornada desdibujada y con tareas de cuidado de otras personas, como adultos mayores hoy en el grupo de riesgo por el Covid-19.


Este intento de avanzar en las licencias de cuidado recoge por un lado una presión explosiva en los lugares de trabajo y, como ya dijimos, el propio debate que se está llevando de forma exprés en el Congreso Nacional. El proyecto votado ayer en Diputados, sobre la base del dictamen del Frente de Todos, en su artículo 6, referido a cuidados, solo indica readecuación de la jornada de trabajo, horarios e interrupción de dicha jornada, sin referir a licencias pagas y a garantías de lugares de cuidado. En contraposición a ello, el proyecto que había presentado el Frente de Izquierda plantea las licencias pagas y la garantía para trabajadoras de jardines del Estado o el pago equivalente para atender las tareas de cuidado, a cargo exclusivamente de las patronales.


Las trabajadoras debemos extender nuestro reclamo a todos los gremios.


En lo referido al teletrabajo, que sean voluntarias las tareas asumidas de forma remota; no pueden partir de una imposición, cuando en estas circunstancias cambian las condiciones laborales. A su vez, los recursos para sostener ese trabajo -computadoras, conectividad, silla especial, alquiler de espacio físico, entre otros- deben correr por cuenta de las patronales. De no ser así, se impone el reclamo de un plus salarial para solventar dichos gastos.


Es menester que se amplíen y reconozcan todas las licencias establecidas en los convenios colectivos de trabajo, y que se constituyan mesas mixtas con sindicatos -por medio de delegados votados en asamblea- para establecer modalidades de trabajo.


Mientras dure la pandemia, las licencias extraordinarias para justificar ausencia de lugar de trabajo no pueden ser con rebaja salarial, sino con percepción integra de haberes.


Las licencias para no realizar tareas mientras se esté a cargo de niñxs debe ser extendida al menos hasta los 12 años; que se cubran con suplencias pagas las licencias otorgadas; y haya un uso voluntario de plataformas para el desarrollo de tareas como la educativa.


Sobre la base de estos reclamos, hagamos una campaña en todos los lugares de trabajo para arrancar estas licencias y derechos elementales. Liguemos estas demandas inmediatas a una salida de los trabajadores. Frente al agravamiento de la crisis, hay que dejar de pagar la deuda externa y avanzar en un impuesto progresivo a las grandes fortunas, para destinar un fondo de emergencia que atienda las urgencias de la pandemia. Que la crisis la paguen los capitalistas.

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26/06/2020

De Baradel a los Gordos, toda la burocracia en la entrega de las paritarias y los puestos de trabajo

Observatorio de los trabajadores – Décimo informe

Compilación de informes y notas de la redacción y de la Coordinadora Sindical Clasista

Con esta edición llegamos a las 10 semanas consecutivas de publicación del Observatorio de los Trabajadores, iniciado bajo la cuarentena para denunciar los atropellos de los gobiernos y las patronales de todo el país y la respuesta de los trabajadores que ha ido poniendo un límite a esta ofensiva antiobrera. La cobertura ha sido amplia. Durante estas 10 semanas hemos volcado más de 700 notas sobre esos ataques y las múltiples movilizaciones y luchas obreras aguerridas en medio de los límites que impuso e impone la pandemia y en un marco de total abandono por parte de las burocracias sindicales de todos los pelajes.

 

La semana

 

Adelantado el fin de la cuarentena para un amplio sector industrial y de servicios, se inició una nueva etapa de la ofensiva de los capitalistas sobre los trabajadores que seguramente se va a profundizar cuando se dé la señal de largada de la “recomposición de la economía” pospandemia. Ante la reapertura de las actividades, muchas patronales han avanzado en la andanada de despidos -pese a la insustancial disposición oficial que los prohibe- y otras han decidido o van al cierre temporal o definitivo.

 

Esto alcanza no solo a una amplia gama de miles de comercios minoristas que, luego de más de tres meses de inactividad, enfrentan una caída en las ventas por la drástica reducción en los ingresos de los trabajadores y los demás sectores populares, sino también de empresas de varios sectores que están cerrando las plantas arrastradas por la crisis o escudándose en ella para avanzar en un ajuste antiobrero, de recortes salariales y de liquidación de conquistas históricas de los trabajadores, como es el caso de la aérea LATAM.

 

El mapa se ve mejor con el celular horizontal

 

 

 

 

En este cuadro de extrema gravedad, la burocracia sindical de todos los colores se ha alineado totalmente con el campo de las patronales y los gobiernos de todo el país, sin importar el sello político que tengan. Deja que pasen, sin resistencia, tanto los despidos como los cierres (entre otras, La Nirva, Penta, Lindera, Ansabo, Clínica Cutral Co, LATAM e incluso la fusión de Aerolíneas y Austral, que podría dejar un tendal de despidos y un retroceso en las conquistas, como denuncian los trabajadores).

 

En un caso tan grave como el de la aérea chilena LATAM que, en caso de no retomar las rutas nacionales, dejaría en la calle a 1750 trabajadores, la directiva del sindicato de los pilotos  (APLA) y la del personal de tierra (APA), en lugar de plantear la defensa de los puestos de trabajo, la nacionalización de todos los bienes de la compañía y que la operatoria pase a manos de Aerolíneas-Austral con la incorporación de todos los trabajadores de LATAM, se limitan a “reclamar” que a los trabajadores que la aerolínea plantea despedir, se les pague la indemnización doble, como establece la ley.

 

La burocracia no solo ha sido cómplice activa en la rebaja de salarios aún en sectores que siguieron “juntándola en pala” durante la cuarentena, sino que ahora se justifica en la crisis, al igual que las patronales, para postergar la pelea por la recomposición de los salarios y la apertura de paritarias o las utiliza, sin consultar a ningún trabajador, para la entrega de los salarios y los convenios.

 

En la mayoría de los gremios, las direcciones han archivado cualquier reclamo y no se plantean desempolvarlos. Esto vale tanto para los “gordos”, como para la Corriente Federal del bancario Palazzo y los de las CTAs.

 

En el extremo está Cavallieri, que, en lugar de reclamar por salarios, levanta la bandera patronal de la necesidad de una reforma laboral que liquide conquistas históricas de los trabajadores. Otra variante es el de la Alimentación, donde la mayoría de las plantas no dejaron de producirdurante la cuarentena y los trabajadores han mostrado voluntad de lucha. La burocracia de Daer lanzó un inocuo paro de dos horas por turno por salarios, para levantarlo de inmediato cuando el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación y así posterga hasta fines de julio cualquier eventual medida, cuando la paritaria venció en abril pasado y los ingresos medios son de miseria.

 

Un paso adelante

 

En algunos sectores, las burocracias marcan por adelantado el camino de la entrega, como en el caso del sindicato de recolectores de la ciudad de Córdoba -cuya directiva está con prisión domiciliaria y a punto de ir a juicio por diversos delitos- que entregó una parte del salario (25%) para que pase a no remunerativo (no cuenta para aguinaldo e indemnización) e incorporó la alternativa para la intendencia de que los trabajadores deban cumplir tareas que antes no realizaban.Esto en medio de una enorme movilización de los municipales en rechazo al ajuste del intendente Martín Llaryora.O la del sindicato de trabajadores de Maestranza, que firmó una reducción salarial directa del 35 por ciento.

 

A esto se le suma el silencio de las burocracias estatales y docentes que han aceptado pasivamente la decisión oficial de postergar sin fecha cualquier aumento salarial. Baradel, Yasky y Godoy en el mismo tren que Upcn.

 

Esto cuando la inflación se comió una parte importante de los salarios el año pasado, con las paritarias a la baja y cuando la inflación de los primeros cuatro meses de este año ya superó el 11 por ciento. Es decir, los salarios, aunque se cobre el 100%, están siendo rápidamente licuados. El medio aguinaldo en cuotas es parte de este mecanismo de reducción salarial.

 

Ante esto se levantan los obreros del Puerto de Buenos Aires, los de Algodonera Avellaneda del Grupo Vicentin (en ambos casos, más allá de la traición de las burocracias y el apriete de los gobiernos que lograron hacer levantar las medidas),los sindicatos docentes antiburocráticos comoAdemys, los Suteba multicolores, la AGD-UBA, seccionales combativas de ATE, el clasista sindicato del Neumático.

 

Esta semana también se ha producido un salto importante en la respuesta de uno de los sectores de trabajadores que está siendo golpeado masivamente por los contagios debido a la grave desidia patronal y a la complicidad de las autoridades, el de los trabajadores de los supermercados. Los empleados de Carrefour y de otros súper se han puesto de pie y han comenzado a enfrentar la brutal e impune política patronal que ya llevó al contagio a más de 400 empleados del sector

 

 

La desidia en Salud

 

Lostrabajadores de la Salud siguen dando batallasen distintos puntos del país por sus reivindicaciones que, en muchos casos, aún incluyen ¡a más de 90 días de comenzada la cuarentena! la provisión de elementos de seguridad sanitaria, el respeto a los protocolos de licencia para el personal que está en situación de riesgo y el de manejo de los pacientes afectados por el Covid-19.

 

Esta semana, camilleros y técnicos instrumentadores quirúrgicos del servicio de quirófano del Hospital Udaondo (CABA) realizaron esta semana un paro con estos reclamos y los del Hospital Durand(CABA) llevaron a cabo un acto en la puertaen homenaje a su compañero fallecido por coronavirus por desidia de las autoridades, y en protesta por las condiciones de inseguridad para la salud y la vidaen las cuales trabajan. En Mendoza, el sábado último, por segunda semana consecutiva, los trabajadores de la Salud llevaron a cabootra gigantesca caravana de automóviles y en la capital de Córdoba, trabajadores del Hospital de Niños convocaron esta semana a una asamblea general en rechazo al traslado de un compañero que denunció ante los medios las deplorables condiciones en las cuales trabajan.

 

Los trabajadores de la Maternidad Provincial de la ciudad de Córdoba realizaron una importante movilización para protestarporel aumento de los robos en los alrededores del centro de salud, pero también por la falta de elementos de protección en sus tareas y el miércoles 24 se realizó una jornada nacional de lucha votada en la última asamblea de prestadorxs precarizadxs de la Salud,en reclamo, entre otros puntos,del pago de todas las prestaciones adeudadas, aumento por inflación del Nomenclador y el pago de la totalidad de las prestaciones aprobadas durante el aislamiento obligatorio.

 

 

 

Capitanich también lo hizo

 

En el Chaco, una de las provincias más golpeadas por el coronavirus y por años de desfinanciamiento del sistema de salud, donde la mitad de los contagiados es trabajador de la actividad, la semana pasada falleció, afectado por coronavirus, el jefe de Terapía Intensiva del Hospital Perrando, de Resistencia, que es cabecera en la provincia. Frente a este cuadro, los profesionales y trabajadores se movilizan y reclaman y el gobierno de Jorge Capitanich los reprime y persigue judicialmente.

 

Pero los reclamos persisten. El lunes 22, el personal de la salud del programa “Expertos” se manifestó frente al mismo Hospital Perrando. Son unos 1.750 trabajadores, algunos con más de 18 años de antigüedad que, al igual que los médicos residentes, reclaman el pase a planta permanente, derechos laborales y recomposición salarial.

 

A punto de explotar

 

Un cuadro especialmente grave y denunciado por los trabajadores es el de los hospitales neurosiquiátricos.

 

Entre otros, en el Hospital Moyano (CABA) los contagios han ido en franco aumento, tanto entre el personal como en las pacientes internas y ya se cuentan por decenas los que están en aislamiento (y que no han sido reemplazados) y esta semana se confirmaron cinco casos de Covid-19 positivos en el hospital neuropsiquiátrico José Esteves de Temperley (Lomas de Zamora, Buenos Aires), y hay más de 20 en estudio. Allí hay alrededor de 600 mujeres internadas y la mayoría son de edad avanzada (46% arriba de los 60 años) y con comorbilidad -un combo que lo convierte en un enorme foco potencial de contagios.

 

Otros frentes

 

En la semana también salieron a la lucha trabajadores del sector estatal del interior como los municipales de Tandil que realizaron un contundente paro por salarios y condiciones laborales; los municipales de Jesús María y los compañeros de Educación de La Plata, que pelean por la reincorporación de los despedidos que aún no han sido repuestos en sus cargos. Esta semana paran por 48 horas los docentes de Santa Fe por aumento salarial y la AGD-UBA realizará un paro de 24 horas el próximo 3 de julio.

 

Los burócratas de los respectivos sindicatos están en su propia cuarentena. Las respuestas corren por cuenta de los propios trabajadores. Estas respuestas de lucha abren una perspectiva para defender las condiciones de vida de la clase obrera. Es vital la lucha por la organización y la independencia política de los trabajadores.

 

 

 

En el sector Salud

 

 

 

Los y las trabajadoras de Clínica Cutral Co (Neuquén), acompañados por el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras, se movilizaron al Concejo Deliberante de Plaza Huincul, conquistando que el mismo adhiera a la Resolución 1.058 de la Legislatura Provincial. Mediante dicha norma, presentada por la diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Patricia Jure, se insta al Ejecutivo provincial al pago de salarios y aguinaldos adeudados, la continuidad de los puestos de trabajo y la reapertura de la Clínica.

 

 

 

 

Durante la mañana de hoy 24 de junio, prestadorxs precarizadxs de la salud nos hicimos presentes, con las medidas de seguridad correspondientes, en las puertas de la sede cordobesa de la Superintendencia de Servicios de Salud (CABA), para presentar nuestros reclamos centrales. La iniciativa se enmarcó en la jornada nacional de lucha votada en la última asamblea de prestadorxs precarizadxs, para exigir el pago de todas las prestaciones adeudadas de 2019 y 2020, un aumento inmediato por inflación del Nomenclador (que rige los montos por las tareas) y el pago de la totalidad de las prestaciones aprobadas durante el aislamiento obligatorio, incluyendo el acompañamiento terapéutico (no contemplado en el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas en Discapacidad)

 

 

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El lunes 22 y el martes 23 de junio los trabajadores camilleros y los técnicos instrumentadores quirúrgicos del servicio de quirófano del hospital Udaondo (CABA) realizaron un paro exigiendo mejorar la calidad de los Elementos de Protección Personal y aumento en la provisión de los mismos, principalmente. A su vez exigen que se expongan los datos de los pacientes, se le realicen los triages de ingreso pertinente ante las urgencias y que a todos los pacientes que ingresen se les haga el test de proteína. Esto, a raíz de que el viernes han hecho una intervención quirúrgica a un paciente con Covid-19 sin saberlo.

 

 

 

 

 

 

En el mediodía de hoy, 23 de junio, trabajadores de la salud de CABA realizamos un abrazo al hospital Durand para homenajear a nuestro compañero Julio Gutiérrez, enfermero del Servicio de Pediatría del Hospital Durand, fallecido hace más de una semana. Se realizó una actividad con radio abierta, abrazo y suelta de globos en las puertas del mismo. Participamos varios enfermeros de diferentes servicios y trabajadores del hospital, como también  enfermeros de otros hospitales de la CABA, sindicatos, organizaciones de la salud y familiares.Enfermería es el sector más afectado por la pandemia y la negligencia estatal. Son los más expuestos pero los que perciben un peor salario.

 

 

 

 

 

 

El lunes 22 de junio, el personal de la salud del programa “Expertos” se manifestó frente al Hospital Perrando, en Resistencia (Chaco), con un reclamo que viene de arrastre: el pase a planta permanente.Son alrededor de 1.750 trabajadores, algunos con más de 18 años de antigüedad que, al igual que los médicos residentes, reclaman el pase a planta permanente, derechos laborales y recomposición salarial. Las y los trabajadores del programa cobran unos $13.500 mensuales y trabajan en varias localidades de la provincia, entre ellas Resistencia, Fontana, Barranqueras, donde se encuentra el mayor número de personas contagiadas entre los pacientes como así también entre el personal de salud. Trabajan seis horas por día, 30 horas semanales, más las guardias, por un salario de indigencia y sin derechos laborales.

 

 

 

 

Los contagios en el Hospital Moyano (CABA) han ido en franco aumento, tanto en el personal como en las pacientes internas. Varios son ya los servicios declarados en alerta amarilla y con el personal aislado. El número de contagios en la empresa tercerizada de maestranza es alarmante, aproximadamente 17 empleados, que se encuentran en aislamiento y no han sido reemplazados. Otro tanto sucede en aquellos servicios con enfermeros cumpliendo el aislamiento, y otros a la espera de los resultados de los test. Lo que es todavía más preocupante son los casos de Covid-19 en el servicio de gerontología, con el riesgo que conlleva que esto se propague en ese sector de mayor vulnerabilidad.

 

 

 

 

Medardo Ávila Vázquez, activista de la lucha ambiental, creador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados fue despedido de la privada Clínica Caraffa (ciudad de Córdoba) por comprar un medicamento para un niño con leucemia que lo necesitaba de manera urgente. Para justidicar el despido uno de los dueños manifestó que “no somos una clínica de caridad”. Hacía 18 años que el compañero se desempeñaba en la clínica, como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría, en negro. Ávila Vázquez atendía al niño, oriundo de Villa María (Rio Seco), una de las zonas muy castigadas por las fumigaciones con veneno. El médico señaló: “Es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos, incluso en revisiones de medicina basada en la evidencia”.

 

 

 

 

Por segundo sábado consecutivo, los profesionales y el conjunto de los trabajadores de la salud de Mendoza protagonizaron el 20 de junio una gigantesca caravana de automóviles. Durante horas de la tarde, fueron miles recorriendo las calles céntricas, pasando por Legislatura y Casa de Gobierno. A la medida, autoconvocada, se sumaron la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea). Los trabajadores reiteraron su rechazo a la precarización de la salud y su reclamo de seguridad y de elementos para garantizarla, frente al brote de Covid-19 de los últimos días.

 

 

 

 

En los últimos días se remitió en varios hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, una comunicación firmada por la “Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes” que plantea que a partir del 19 de junio “el Personal que presta servicios de Seguridad Privada en los efectores de salud procederá al control de todos los vehículos o personas que ingresen o egresen de los Hospitales, mediante la revisión de los baúles y bolsos”. En las comunicaciones se transmitió también que la medida se debía al incremento de los hurtos, ya sea de elementos de protección personal (EPP) u otro tipo de insumos. En el Hospital Pirovano, Santa Lucía, el Irep o el Zubizarreta, entre otros, la respuesta fue una combinación de sorpresa y hartazgo. Esto es para esconder que en algunos hospitales, incluso a pesar de recursos de amparos favorables, la falta o defecto de los EPP cobra ribetes dramáticos.

 

 

 

 

El doctor Miguel Duré con tan solo 53 años de edad, se convirtió en la víctima número 81 por coronavirus en el Chaco. Su fallecimiento fue confirmado mediante la red social Facebook por la Gremial Médica. Por la mañana, el personal de la salud despedía sus restos, “Su caída será la nuestra” gritaban sus colegas entre un interminable aplauso. La muerte del doctor Duré es el reflejo de la precarización en las políticas públicas que el gobierno chaqueño ha llevado adelante hace años. No puede ser que en el hospital Perrando cabecera en la provincia se estén entubando pacientes con Covid-19 con barbijos de tela vegetal donados por la población como reconocen los médicos residentes.

 

 

 

 

El día viernes 12 de junio una de las mamás que se encontraba en una habitación de la maternidad “Nuestra Señora Del Pilar” del Hospital de Pilar (Buenos Aires) comenzó a sentir síntomas de Covid-19. Frente a este hecho, la apartaron del lugar; una enfermera entró a la habitación y retiró todas sus pertenencias, sin responder las preguntas de otras cuatro mamás que compartían la habitación. Recién el sábado procedieron a realizar un hisopado a todas las internadas y al personal de salud. El día domingo, una enfermera se acercó al área de internación y les informó que quedaron aisladas, y que una de ellas había dado positivo al testeo, no así la mamá que fue trasladada. La habitación se encontraba sucia, al igual que el baño, en un estado de abandono.

 

 

 

 

El Centro Médico Talar, ubicado en el distrito bonaerense de Tigre, fue noticia  en los medios por la enorme cantidad de trabajadores contagiados de Covid-19, con cerca de 40 casos entre camilleros, administrativos, enfermeros y médicos. Los trabajadores se organizaron, eligieron delegados que los representen y la empresa los desconoció y acaba de despedir a tres de ellos y creen que haría lo mismo con la cuarta delegada. Los trabajadores vienen denunciando que la patronal no brinda los materiales de seguridad y protección, como barbijos N 95, mamelucos anti Covid-19, escafandras y guantes y los obliga a procurárselos ellos mismos.También denunciaron que incumple con los derechos laborales y el pago de sueldo en tiempo y forma.

 

 

 

 

En la segunda semana de junio se confirmaron cinco casos de Covid-19 positivos en el hospital neuropsiquiátrico José Esteves de Temperley (Lomas de Zamora, Buenos Aires). Se trata de dos pacientes y tres enfermeras. Además, hay 21 casos en estudio.La situación general del sector de Salud -donde se denuncia constantemente la falta de insumos, personal e infraestructura para abordar la crisis sanitaria que implica el crecimiento de la curva de contagios, y por consiguiente la gran exposición- se hace aún más grave en los hospitales psiquiátricos, por sus particularidades. En el caso del Esteves, hay alrededor de 600 mujeres internadas y la mayoría son de edad avanzada (46% arriba de los 60 años) y con comorbilidad -un combo muy peligroso.

 

 

 

 

Trabajadores del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba convocaron a una asamblea en repudio a la dirección del hospital que pidió el traslado de un compañero ya que este es compulsivo, arbitrario y regimentador hacia quienes denuncian las falencias del gobierno. Hace aproximadamente un mes y medio denunciaron la violencia institucional, la falta de testeos, la precarización laboral, la falta de recursos humanos, el retaceo de elementos de protección personal, la calidad de los insumos que se estaban brindando. La respuesta del gobierno fue hacer aparecer algunos elementos de protección personal, tratar a los trabajadores de mentirosos en los medios y notificar al compañero que denunció dicha situación en los medios.

 

 

 

 

Trabajadores de la Maternidad Provincial de la ciudad de Córdoba protestan ante la inseguridad. Denuncian aumento de robos y falta de elementos de protección en sus tareas. Se concentraron el día 18 en la puerta de la institución y luego marcharon por la calle Agustín Garzón hasta la esquina de Concordia para exigirle al Estado que se garantice su seguridad y la de los pacientes. El conjunto de trabajadores de la salud viene padeciendo una inseguridad laboral por la falta de elementos de protección y la “inseguridad” de no llegar a fin de mes por salarios de pobreza. A esto hay que agregarle la inseguridad de los robos, mientras el gobierno provincial no da ningún tipo de respuesta.

 

 

 

 

En el sector Estatal

 

La línea 148 es una línea telefónica gratuita para asistir a las mujeres en situación de violencia, que funciona bajo la dirección del Ministerio de Ciudadanía y cuenta con un equipo de 40 profesionales en toda la provincia de Neuquén. Sus trabajadoras iniciaron una campaña de reclamo a través de las redes sociales “para decir basta al avasallamiento de nuestros derechos como trabajadoras”. “Asistimos en derechos, asesoramos en derechos, y los nuestros se vulneran cada día”, denuncian.

 

 

 

 

El 18 de junio, profesionales que se desempeñan en la línea 137 de Misiones, encargada de la asistencia en situaciones de emergencia a víctimas de violencia de género, dependiente de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, a cargo de Mirian Duarte, presentaron una nota al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez -y una denuncia ante el Inadi- debido a la violencia institucional y las condiciones degradantes de trabajo que vienen soportando hace años, agravadas en los últimos meses con la designación de la coordinadora Yanina López. Denuncian persecución laboral, maltrato verbal, órdenes arbitrarias y descalificaciones permanentes en las intervenciones y las evaluaciones de riesgo que realizan ante las denuncias recibidas.

 

 

 

 

Mientras el gobernador, Milton Capitanich, se pasea por la provincia, haciendo reuniones, sin responder ni dar respuesta a ningún sector, viene generando una política de ajuste atroz; para el sector docente no hubo ningún aumento, ni siquiera cumplió con el compromiso asumido de sostener y pagar la cláusula gatillo para este año, no hay designaciones de docentes, la obra social InSSSeP (Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos) no está atendiendo y ningún sindicato dice algo a respecto. Ahora, tienen en la gatera legislativa un proyecto de ley sobre Jubilación Especial Obligatoria para “los agentes docentes que cuenten con sesenta años (60) cumplidos al 31 de diciembre y que hayan aportado entre 15 y diecinueve años de aportes".

 

 

 

 

La jornada de lucha del sindicalismo combativo del 16 de junio en Mendoza abre una perspectiva para los luchadores de la provincia. Cientos de luchadores se concentraron en un acto en la explanada de Casa de Gobierno para exigir que no seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis. El gobernador Rodolfo Suárez (UCR-Cambiemos) anunció que pagará los aguinaldos de los estatales a partir de septiembre, y acto seguido desembolsó $380 millones para pagar deuda. La denuncia de esta contraposición fue el hilo conductor de quienes intervinieron e impulsaron la jornada. Esto resultó un impulso a la acción que se venía preparando desde antes.

 

 

 

 

A la espera de una señal del gobierno nacional, la administración cordobesa de Juan Schiaretti evalúa aplicar la fórmula del ajuste haciendo efectivos $33.000 del aguinaldo y el excedente del mismo en hasta cuatro cuotas no inferiores a los $1.000; esta fórmula sería bajada linealmente a los gobiernos municipales.

 

 

 

 

Les trabajadores municipales de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, realizaron una nueva acción de lucha en rechazo al ajuste que viene imponiendo el intendente Llamosas. Mediante carteles y cantos se hizo sentir un reclamo que entre los puntos más sentidos figuran el rechazo al recorte salarial del 5%, el pago del aguinaldo en cuotas, la reforma jubilatoria, el incumplimiento de la carrera administrativa, entre otros puntos que dan cuenta de un reclamo de conjunto que crece. La convocatoria se realizó en la sede del sindicato cuyas puertas permanecieron cerradas, pasadas las 14 horas del día de ayer.

 

 

 

 

Luis Picat, intendente de la localidad cordobesa de Jesús María, efectuó despidos de trabajadores municipales contratados, a través de una supuesta no continuación de sus contratos. Se trata de despidos que dejan sin sustento a la familia trabajadora en estos tiempos de pandemia por coronavirus, e incumplen el decreto presidencial de prohibición de despidos (como viene sucediendo en numerosos sectores, con la venia del Ministerio de Trabajo). A su vez, se procede con ellos de manera totalmente arbitraria, atentando contra el Estatuto del Personal Municipal (EPM) que dispone iniciar el correspondiente sumario administrativo.

 

 

 

 

En las últimas horas, trabajadores municipales de José C. Paz (Buenos Aires),el municipio encabezado por el intendente del Frente de Todos, Mario Ishii, denunciaron a medios locales que los obligan a ir a trabajar pese a confirmarse un caso positivo de Covid-19 de una empleada del área de jefatura de gabinete. Pese a haber tenido contacto estrecho con la empleada contagiada, al resto de las y los trabajadores municipales no se le realizó hisopado alguno. Por el contrario, reciben amenazas para que no divulguen la noticia y son obligados a seguir trabajando en estas condiciones.

 

 

 

 

La masiva marcha del jueves 18, un salto en la respuesta de los municipales de la Ciudad de Córdoba frente al ajuste del Ejecutivo Municipal, obligó a éste a aceptar una mesa de negociación con el gremio. La conducción del sindicato ha declarado “que sigue apostando al diálogo”, sin que pueda verse una actitud similar de la intendencia de Martín Miguel Llaryora, que lejos de frenar sus ataques ha procedido a la quita de 250 nuevas chapas que -sumadas a las bajas anteriores- deja prácticamente sin posibilidades de labrar actas de infracciones a casi 600 inspectores.

 

 

 

 

La gran movilización de trabajadores municipales del 18 de junio, que reunió más de 6.000 trabajadores y fue las más grande desde el inicio del aislamiento social obligatorio, abrió un nuevo cuadro para el movimiento obrero de Córdoba, que lo coloca como un factor político protagónico en medio de una crisis fenomenal. Desde hace varias semanas la provincia es escenario de numerosas movilizaciones, que han tenido entre sus protagonistas a los trabajadores del transporte urbano, al personal sanitario, a las y los trabajadores estatales activos y pasivos contra la reforma jubilatoria.

 

 

 

 

El Gobierno de Mendoza había asegurado que las condiciones para levantar la cuarentena obligatoria estaban dadas para pasar a la siguiente etapa de distanciamiento social, que reclamaban las patronales. El resultado de la misma ha sido un gran brote en los últimos días que saltó a la luz con el trabajador de una bodega de Maipú, al cual el Gobierno pretende achacarle la suba de contagios en todo el territorio provincial. La persecución a este trabajador trata de ocultar los crecientes casos de varias trabajadoras gastronómicas, empleados municipales, camioneros, empleados de supermercados y hasta a todo el tercer piso del Poder Judicial que fue cerrado, entre otros más que van saliendo a la luz con el pasar de las horas.

 

 

 

 

En el sector Docente

 

Luego de convocar a plenarios de delegados y otras instancias deliberativas, con votación electrónica de por medio, las seccionales de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) opositoras a la conducción provincial burocrática que encabeza Sonia Alesso resolvimos impulsar de manera coordinada un “apagón virtual” y paro de actividades. Las seccionales de Rosario, General López y Belgrano pararán 48 horas, los días 25 y 26 de junio, mientras que la del departamento Caseros comenzó la medida el día 23, por 96 horas. En el caso de Amsafe Rosario, se trata de la segunda medida de fuerza de estas características, luego de un primer paro virtual el 14 de mayo.Pasada ya más de la mitad del 2020, Santa Fe y Chubut son las únicas provincias que no contaron con una actualización salarial para este año.

 

 

 

 

Desde la página oficial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, este martes 23 informaron a sus afiliados que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia “admitió” el pedido de inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma Previsional 10694, que fuera presentado por los gremios nucleados en la CGT Regional Córdoba, aclarando que pasa a una instancia de “estudio” en ese tribunal. Esta línea de la burocracia sindical, de depositar en manos de la justicia la satisfacción de los reclamos, ha demostrado en varias oportunidades que los lleva a un callejón sin salida. Para enfrentar la reforma jubilatoria, el camino está en la lucha y la intervención de los trabajadores, algo que la burocracia se esmera en evitar.

 

 

 

 

Un comentario del intendente Martín Llaryora (Córdoba), colocado en una nota de La Voz del Interior (22/6), despertó el repudio masivo de los y las docentes municipales. Resulta que, asombrado por el altísimo nivel de protesta en las escuelas y jardines municipales -siendo una de las reparticiones menos afectadas por el recorte salarial de su gobierno-, señaló “¡Estamos todos locos! Nos costaría más barato mandar a todos los chicos a la Academia Argüello!” (reconocida institución privada). Esta comparación constituye un exabrupto que asimila la educación a un gasto y equipara la situación de las escuelas, cualesquiera sean sus gestiones, y las trayectorias de los estudiantes, cualesquiera sean sus trayectorias y entornos de procedencia.

 

 

 

 

Se han realizado, en varias ciudades rionegrinas, numerosas acciones de lucha de la docencia. La iniciativa parte de las seccionales opositoras y agrupaciones docentes con gran apoyo y participación de la docencia. Se han realizado caravanas y entrega de notas exigiendo el pleno funcionamiento de la obra social y la derogación de las resoluciones antilaborales que imponen el teletrabajo y la flexibilización laboral. El gobierno rionegrino ha aprovechado la cuarentena para profundizar el ajuste, congelando salarios, limitando la designación de cargos, no garantizando la educación en cuarentena, deslindando su responsabilidad y transfiriendo su sostenimiento a la docencia y comunidades educativas que se encuentran empobrecidas y con limitados recursos.

 

 

 

 

Mendoza: primer round contra el ataque al salario y el aguinaldo. Las jornadas del 16 y 18, con importante presencia de trabajadores de la educación, muestran que es posible vencer el ajuste de Rodolfo Suárez. La segunda semana de junio ha estado marcada, por la reacción de los trabajadores y de algunas direcciones sindicales al ataque que significa para el bolsillo el pago del aguinaldo desde septiembre y en cuotas.

 

 

 

 

Luego de la extraordinaria movilización del Plenario Sindical Combativo del martes 16 y del anuncio de la oposición Multicolor en Aten de una caravana el jueves por la tarde, al mediodía del miércoles 17 la conducción del TEP (Celeste) de Aten anunció “iniciar un ayuno hasta que el gobernador responda a nuestros reclamos ya conocidos”, que terminó levantándo pocas horas después cuando el gobierno le concediera una reunión con la ministra Cristina Storioni para el jueves. El secretario general del sindicato declaró que “buscábamos que se generara un ámbito de discusión, nos acaban de informar que la ministra nos recibe mañana, suspendemos el ayuno”. De repente se trastocó el “hasta que el gobernador responda a nuestro reclamos” en un “nos recibe la ministra”.

 

 

 

 

 

 

En el sector Privado

 

Comercio

 

En el marco de la avanzada de contagios en CABA circuló la noticia hoy, 24 de junio, acerca de cuatro nuevos trabajadores de Comercio afectados con el coronavirus en los supermercados Coto de la Ciudad. Uno de ellos, trabajador del sector lácteos en la sucursal Boedo situada en avenida Boedo 777, otro del Coto del barrio de Abasto, uno en Mataderos y el último en la sucursal de Barracas. Los trabajadores del gremio de Comercio denuncian sistemáticamente que las patronales no aplican los protocolos para prevenir contagios al tiempo que los exponen a mayores sobrecargas laborales.

 

 

 

 

 

 

Comercio

 

El hipermercado Coto está metido en un escándalo producto de la enorme cantidad de contagios entre sus trabajadores, principalmente de la sucursal de Lanús (Buenos Aires). A partir de las denuncias que se replicaron por el abandono y maltrato de los trabajadores contagiados por parte de la ART y de la obra social del sindicato de Comercio (Osecac), y luego del video donde aparece Eduardo Búfalo, mano derecha de Alfredo Coto amenazando contra la clausura, la empresa fue tendencia en Twitter. La clausura de la sucursal no llegó, pero los casos van en aumento. El salto de 10 a 22 trabajadores contagiados en tan solo cuatro días es un dato parcial, porque la demora en hisopar a los 400 trabajadores de la sucursal oculta la realidad.

 

 

 

 

Comercio

 

Una de las principales sucursales de la Cooperativa Obrera, el hipermercado de la calle Aguado (Bahía Blanca, Buenos Aires), se está convirtiendo en un foco importante de nuevos casos de Covid-19. Todo comenzó esta semana, cuando un trabajador del sector carnes fue testeado luego de presentar síntomas compatibles con el virus. Al confirmarse como caso positivo, se realizaron nuevos hisopados a sus contactos estrechos en el lugar de trabajo, arrojando al 19 de junio un total de cuatro casos Covid-19 positivos. La sucursal se encuentra cerrada y bajo tareas de desinfección. La empresa salió rápidamente a instalar en los medios que el empleado de la carnicería “trabajaba a trastienda, no en mostrador, por lo que no debería haber tenido contacto con ningún cliente” lo cual es falso.

 

 

 

 

Comercio

 

En los supermercados Carrefour del conurbano bonaerense, Rosario, Neuquén, Mendoza y otras localidades, bajo distintas modalidades, los trabajadores reclamaron este martes 23 el bono de 5.000 pesos. Lo conquistaron con el inicio del ‘boom’ de ventas ocasionado por la pandemia, pero la patronal se escuda en que este mes tiene que pagar el aguinaldo para suspender el pago ¡correspondiente a mayo! Y, para colmo, anuncia que posterga 10 días el pago del aguinaldo. Todos los trabajadores de los supermercados saben que la facturación ha dado un salto que supera el 15% del volumen de ventas. A su vez, se han acelerado los precios de productos de primera necesidad, y el lunes 8 muchos productos fueron remarcados hasta en un 15%. Mientras facturan más, pretenden pagar menos.

 

 

 

 

Comercio

 

Al mismo tiempo que cajeras de Vea (Merlo, Buenos Aires) presentaron los síntomas de coronavirus, un empleado de seguridad se sintió mal y se dirigió al Hospital de Merlo. Allí reconocieron que tenía los síntomas y se activó el protocolo para determinar si tiene Covid-19 realizándole el hisopado y designándolo como “caso sospechoso”. Habitualmente los resultados demoran de 4 a 5 días pero dada la demanda, este se demoró 11 días. El trabajador presentó los certificados médicos del hospital y se aísló. A pesar de esto, la gerencia de Vea inició toda una campaña de difamación contra el empleado. Lo tildaron de mentiroso y de querer aprovecharse de la pandemia para “quedarse en su casa”. Algo totalmente absurdo ya que por su condición de trabajo, esos días no se los pagarían. El trabajador pertenece a la empresa de seguridad Cooperativa Cazadores, la cual es conocida por incumplir el CCT.

 

 

 

 

Comercio

 

Mendoza: un trabajador de Jumbo contagiado en Luján de Cuyo. Uno de los nuevos casos de Covid-19 anunciado en los listados del gobierno mendocino corresponde a un trabajador de un supermercado Jumbo de Carrodila (Luján de Cuyo), que en este momento se encuentra internado en el Hospital Español de Godoy Cruz. El trabajador no tiene contacto con transportistas y por el momento se desconoce el nexo epidemiológico.Este nuevo caso se debe al levantamiento de la cuarentena en la provincia, que ha producido un crecimiento considerable de la curva de infectados en los últimos días.

 

 

 

 

Comercio

 

El 18 de junio fue confirmado como positivo de Covid-19 un trabajador del local de Carrefour ubicado en el shopping Terrazas de Mayo, en el distrito bonaerense de Malvinas Argentinas. Frente a este hecho, se produjo una evacuación y posterior desinfección del establecimiento, que estuvo cerrado tan solo cuatro horas y sin que fueran aislados ni siquiera quienes tuvieron contacto estrecho con la persona infectada. Ante la reapertura del supermercado los trabajadores reaccionaron y realizaron una protesta, en la que denunciaron el intento de la patronal de ocultar el caso y las irregularidades de las autoridades municipales. El reclamo dio resultados, porque más tarde el local fue clausurado por un operativo de la Municipalidad.

 

 

 

 

Neumático

 

En la mañana del martes 23 de julio, los obreros de las plantas industriales IBF y Avanzada, ubicadas en la ciudad de Córdoba, fueron a la lucha de la mano del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna). En ese sentido, se desarrolló una jornada de reclamos por el retraso en el pago de la primera quincena de junio. Esto se suma a los ataques al salario que la patronal viene practicando desde marzo con una reducción de los premios, entre otros incumplimientos  de acuerdos conquistados por el gremio.

 

 

 

 

Aeronáuticos

 

El 23 de junio, día en el que se conmemora la fundación de Austral, más de un centenar de trabajadores de la empresa, con sus vehículos, participaron de la caravana hasta el Aeroparque de CABA, convocada contra la fusión flexibilizadora que pretende imponer el gobierno. Los trabajadores de Austral pueden ser los principales afectados, ya que siempre mantuvieron sus básicos de convenio, a diferencia de lo que ocurre en Aerolíneas donde existen infinidad de rubros como rodaje de motores, trabajo de línea (por realizar tareas a la intemperie), trabajo en pista, cambios de turno, presentismo, etc. En el marco de la cuarentena, la existencia de estos rubros está provocando una rebaja salarial del 30 al 40 por ciento.

 

 

 

 

Aeronáuticos

 

En un texto de 61 paginas presentado al Ministerio de Trabajo se conocieron las “condiciones” de Latam Argentina para permanecer en el país. Para “fundamentar” su pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis, Latam responsabiliza a los trabajadores por no aceptar la polifunción, la flexibilización de turnos y horarios, la reducción de los tiempos de descanso, el incremento de la carga de trabajo, atendiendo a un mismo tiempo varios vuelos, chequeando tickets y cobrando pasajes. Para cada sector (tripulaciones, técnicos, check in, cargas, etc.) la patronal desarrolla un ataque a fondo a las condiciones de trabajo. Pero no se compromete a mantener las fuentes de trabajo ni el nivel salarial.

 

 

 

 

Transporte

 

La línea de colectivos que une La Plata con Berisso debió suspender los viajes hasta tanto los trabajadores de la empresa sean hisopados, luego de que se detectaran 12 contagios, se hayan tenido que aislar primero a 18 trabajadores, a raiz, supuestamente, de un trabajador que volvió de su licencia y ahí se produjo el comienzo de la cadena infecciosa.Sin embargo, los contagios se produjeron en la empresa. Un pico de contagios que podría alcanzar de forma instantánea a treinta trabajadores está ligado a una falta total de protecciones y protocolos de cuidado de los trabajadores. Los colectivos repletos en horas pico y los protectores caseros de nylon y cordones que “cubren” a los choferes son la muestra de ello.

 

 

 

 

Transporte

 

Contundentes denuncias de los trabajadores del transporte público de Bariloche. Los delegados y choferes de la empresa Mi Bus Amancay S.R.L. dieron a conocer un comunicado donde denuncian las maniobras ilegales que está llevando adelante la patronal. El panorama descripto es sumamente crítico, general y de arrastre tras décadas de una patronal viviendo de la teta del Estado, todo un clásico. Las novedades llaman a rever el sistema de Transporte Urbano Público (TUP) en Bariloche, pero la situación se generaliza.

 

 

 

 

Ferroviarios

 

Un nuevo caso de Covid-19 fue confirmado entre los trabajadores de la línea del Ferrocarril San Martín (CABA). Se trata de un trabajador que, al igual que decenas de trabajadores, asistía en la terminal Retiro a cumplir horas de curso de capacitación ferroviaria. El dictado de estos cursos, donde se reunía en un aula a más de 15 personas sin distanciamiento, es obra de la burocracia de la Unión Ferroviaria que, para congraciarse con la patronal, hacían cumplir horario a los trabajadores con la asistencia a cursos claramente no esenciales. La situación sanitaria en los trenes es escandalosa. Hay 26 casos de coronavirus en el ramal San Martin, y 88 sumando todos los ramales del Área Metropolitana, con cuatro compañeros fallecidos.

 

 

 

 

Ferroviarios

 

El servicio del ferrocarril Sarmiento (CABA) fue detenido el 22 de junio, debido que dos trabajadores presentaron síntomas compatibles con coronavirus y uno de de ellos tuvo contacto estrecho con un caso positivo, lo que llevó a la aplicación del protocolo de aislamiento para 37 guardatrenes. La resolución de resguardo del personal, que dispone que los guardas despachen desde cabina de conducción, llevaría al aislamiento también de un turno de conductores. El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, señaló que en total son seis los casos confirmados en el Sarmiento.

 

 

 

 

Pasteleros

 

El domingo 21 de junio se llevó adelante la segunda reunión de la agrupación Combo de Lucha, la cual nuclea a lxs trabajadorxs de las fast foods. El sector ha venido sufriendo incontables ataques por parte de la patronal, uno de los más sentidos es el tema de los descuentos salariales. Aludiendo a una supuesta “deuda” que lxs trabajadorxs tendrían para con la empresa a partir del pago del ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), depositado por la Anses, la empresa aplica descuentos generando que los recibos de sueldo queden con saldos negativos. Las empresas de fast food son multinacionales que se han enriquecido a partir de la sobreexplotación y precarización laboral de sus trabajadores, que en su mayoría representan al sector de la juventud.

 

 

 

 

Pasteleros

 

El lunes 22 se realizó una importante concentración de trabajadores de locales de comidas rápidas frente al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, para reclamar contra los sucesivos ataques de las patronales. Los trabajadores movilizados presentaron una nota donde detallan las problemáticas que sufren, y hasta el momento la única respuesta que obtuvieron es el compromiso de una audiencia con funcionarios del Ministerio. En las últimas semanas habían salido a la luz denuncias de trabajadores de la cadena KFC que aseguran que la empresa los presiona para que “devuelvan” lo que cobraron por el subsidio que entrega el Anses.

 

 

 

 

Pasteleros

 

Trabajadores de uno de los locales que la cadena de fast food Mostaza tiene en La Plata (Buenos Aires) difundieron fuertes denuncias sobre los incumplimientos salariales por parte de la patronal. Esta situación se suma a los atropellos que vienen llevando adelante las distintas cadenas en todo el país. El comunicado saca a la luz una situación de ataques y recortes salariales previos a la pandemia, pero que se tornan más graves en este marco. La patronal adeuda la mitad de los salarios de mayo, parte del salario de abril, el ítem por presentismo y premios de meses anteriores. Además, se encuentran atrasados los pagos de los aportes jubilatorios.

 

 

 

 

Ceramistas

 

Verbano, la única fábrica que produce vajilla de porcelana en el país, ubicada en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, podría cerrar sus puertas definitivamente. Como parte de una larga política de vaciamiento, actualmente sus operarios están cobrando el 50% de sus salarios -proveniente del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)- más un plus mínimo pagado por la empresa, que lo realizan según los pedidos que levanten en la fábrica, lo que va de $7.000 y $10.000 adicionales. No tienen seguro de vida ni mutual. La fábrica está funcionando con el personal de administración comercial y el de limpieza por el protocolo, pero a este le han comunicaron que no se le pagará. Según los dichos de los empresarios y jefes de Verbano, tienen material para una semana de trabajo.

 

 

 

 

Papeleros

 

Los trabajadores de Ansabo, ubicada en Quilmes, Buenos Aires, llevan 11 meses de lucha ocupando la fábrica y enfrentando un cierre fraudulento. P.OR.Y.SO (Papeleros organizados y solidarios) se llama la cooperativa que vienen impulsando hace meses con un proyecto de expropiación, exigiendo asistencia del municipio, provincia y nación para poder volver a reabrir, y las respuestas aun no aparecieron.Frente a la pandemia y la cuarentena los papeleros junto a la comisión de mujeres ofrecieron poner las instalaciones a disposición del municipio de Quilmes como centro de asistencia, pero desde la intendencia de Mayra Mendoza tampoco recibieron respuestas.

 

 

 

 

Mineros

 

Los trabajadores despedidos de la empresa Edvesa, tercerizada de la minera Mansfield, se movilizaron en la mañana de este martes 23 de junio, desde el acampe en las puertas de la minera canadiense hacia la Cámara de Minería de Salta. El vicepresidente de dicha cámara es nada menos que Facundo Huidobro, gerente de relaciones institucionales de Mansfield. Como era de esperar, en el lugar no había ningún representante de esta cámara patronal, a la cual se le solicitó que reciba a los trabajadores para que expongan su situación laboral y ratifiquen el reclamo de que la minera se haga cargo de ellos y los incorpore.

 

 

 

 

Mineros

 

Los trabajadores despedidos de Mina Lindero por la empresa tercerizada de Mansfield Minerals, Edvsa, continúan acampando en las puertas de las oficinas de la minera en la ciudad de Salta. A su turno, el martes 23 de junio encabezarán una concentración en las puertas de la Cámara de la Minería de Salta, que tiene como vicepresidente al gerente de relaciones institucionales de Mansfield, Facundo Huidobro.Luego de participar en la jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo, los trabajadores despedidos dirigieron a los trabajadores y al pueblo salteño una carta -que reproducimos al final de esta nota- para explicar su situación y hacer un llamado a colaborar con el fondo de lucha. La carta es repartida a los transeúntes y a los automovilistas que pasan por los cortes de media calzada.

 

 

 

 

Alimentación

 

En el marco del conflicto salarial en la industria de la alimentación, el Ministerio de Trabajo dictó el jueves 18 de junio una conciliación obligatoria por 15 días. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (Ftia) había anunciado un paro nacional de dos horas por turno para ese día, una medida que se encuentra muy por detrás de la bronca y disposición a la lucha que recorre el gremio. De todos modos, no llegó a concretarse por la rapidez con que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación y el sindicato, una vez más sin consulta a los trabajadores, la aceptó. Obviamente, la medida tuvo por finalidad descomprimir el malestar que existe por abajo, y se resolvió a sabiendas de que tendría este resultado transitorio: otros quince días de gracia a las patronales.

 

 

 

 

Alimentación

 

Con cinco casos de coronavirus, la fabricante de golosinas Felfort (CABA) continúa “protocolizando” la producción en pos de sus ganancias y poniendo en riesgo la vida de los trabajadores -con aval de los gobiernos porteño y nacional. Los trabajadores recurren por propia iniciativa a sus obras sociales para realizarse el hisopado, ya que la patronal se niega a realizárselos. Mediante diversos reclamos y la intervención de la comisión interna, obtevieron que se otorgue la licencia a gran parte de los trabajadores. Denunciaron ante el sindicato la situación, y reclaman a los gobiernos porteño y nacional que tomen cartas en el asunto para cerrar la fábrica para evitar así la propagación del virus. Desde el inicio de la cuarentena remarcan la no esencialidad de la producción de golosinas.

 

 

 

 

Alimentación

 

Los trabajadores de la fábrica Toray-Vimar (La Reja, partido bonaerense de Moreno) denuncian desde hace tiempo que vienen siendo víctimas de terribles atropellos a sus derechos por parte de la patronal. Reportan que hay unos 50 trabajadores sin registrar, de unos 100 en total de la planta y que los obligan a trabajar en turnos de 12 horas con sueldos de $15.000, cuando por el convenio colectivo (pasteleros), debería ser de $42.000 y trabajando solo 9 horas. Además, denuncian que, en plena pandemia, se trabaja sin los protocolos de cuidados y que incluso hay operarias embarazadas que siguen concurriendo a trabajar, aunque son grupo de riesgo.

 

 

 

 

Alimentación

 

A casi 9 meses de dejar de cobrar sus salarios, lxs trabajadores de la alimenticia Productos La Nirva (Lomas del Mirador, Buenos Aires), acompañados por el Suteba Matanza y organizaciones solidarias, entre las que se encuentra el Partido Obrero de La Matanza, se manifestaron este viernes 19 de junio en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo de San Justo, para reclamar por los salarios adeudados y exigir una solución a la problemática que vienen sufriendo desde que Matías Pérez Paradiso se hizo de la empresa en 2017.

 

 

 

 

Azucareros

 

Un siniestro en el Ingenio Concepción (Tucumán), que dejó a tres obreros heridos con quemaduras de diferentes grados, se produjo el martes 23. Según señalan los trabajadores, las victimas operaban sobre cañerías por donde pasa jugo caliente y una junta cedió. Los accidentes en este ingenio son una constante. Desde que se hizo cargo Emilio Luque, un conocido explotador que el año pasado dejó un tendal de despidos e indemnizaciones sin pagar en los supermercados que tenía, las tercerizadas fueron ganando terreno. El avance de empresas truchas que pagan fuera de convenio y exigen más dentro del ingenio es cada vez peor.

 

 

 

 

Juegos de Azar

 

A tres meses del cierre de las salas de juego los ingresos de los trabajadores de los casinos de la provincia de Buenos Aires continúan amputados en el mejor de los casos en un 50%. Hay compañeros y compañeras, único sostén de hogar, que reciben apenas $15 mil. Muchos han sumado changas y labores precarias para sobrevivir. De esta forma no hay cuarentena posible. Esta no es una defensa de la vuelta al trabajo, como quiere la patronal del Instituto Provincial de Loterías y Casinos y los empresarios del juego privado, que han avanzado en el diseño de protocolos y ajustan a sus propios trabajadores. No hay garantías sanitarias para la reapertura de la actividad en el cuadro de la pandemia que ofrece día a día récords de contagios.

 

 

 

 

Trabajadoras de Casas Particulares

 

Como en todo el país, en Mendoza avanza la precarización y la desocupación de las trabajadoras de casas particulares, una actividad laboral de por sí desventajosa para millones de mujeres de nuestro país. En medio de la pandemia se ven obligadas a salir a trabajar a destajo, por $150 la hora, sin medidas de protección ante el Covid-19, sin una actualización paritaria que permita tener una referencia al negociar las condiciones laborales. Luego de haber participado el 16 de junio en la jornada del sindicalismo combativo, llamaron a poner en pie la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha. De manera colectiva es la única forma de frenar las vulneraciones y abusos patronales, con la desidia y complicidad de los gobiernos.

 

 

 

 

Telefónicos

 

El viernes 19 de junio falleció en un accidente laboral Franco Eduardo Lombardo, de 31 años, compañero telefónico tercerizado “al servicio” de Telecom en Resistencia, Chaco. Según el portal de diario Norte (19/6), Lombardo sufrió un traumatismo de cráneo fatal al caer sobre él un poste telefónico sobre el que estaba trabajando en tareas de reparación. No es el primer trabajador del gremio muerto en el periodo de pandemia. El 26 de marzo, el compañero Saucedo, también tercerizado por Telecom, falleció en Goya, provincia de Corrientes, mientras cumplía tareas de colocación de postes, una actividad claramente no esencial.

 

 

 

 

Limpieza

 

El pasado 26 de mayo un trabajador de la empresa de servicios de limpieza y mantenimiento Mantovana (CABA) manifestó síntomas gripales y pidió permiso para ir a su casa. Desde entonces, no fue más a trabajar. Sus compañeros preocupados y ante la negativa de la empresa a brindar información llamaron por teléfono a la esposa quien les confirmó que el compañero dio positivo respecto del Covid-19. Desde el primer momento la patronal se desentendió de la situación de sus trabajadores. Estos exigieron a la empresa que active el protocolo y les hagan el test e hisopado. Lejos de hacerlo , la supervisora irresponsablemente los envió a otros puestos a cubrir el servicio arriesgando la vida de muchas personas en lo que se denomina cadena de contagios.

 

 

 

 

Cultura

 

Como parte del plan de lucha votado por la asamblea de Músicxs Organizadxs se destaca la realización de una radio online, que ya va por su quinta edición y busca colocarse como un lugar de diálogo entre músicxs de diferentes estilos. Ante la difícil situación de viven lxs artistas, agravada por la cuarentena, Músicxs Organizadxs se ha colocado como una usina de iniciativas, que son votadas en asambleas y que escrupulosamente llevamos a la práctica. El empadronamiento que largamos muy tempranamente y que orilla las 5.000 personas, fue seguido por festivales online, tuitazos y concentraciones con distanciamiento social, como la que este 24 de junio a las 12 horas nos vuelve a a encontrar en Plaza de Mayo junto con otras organizaciones, con réplicas en diferentes partes del país.

 

 

 

 

Teletrabajo

 

A la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que se realizó el lunes 22 concurrieron representantes de cámaras patronales para opinar sobre los proyectos de ley sobre el teletrabajo. Dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), quieren una ley que no quite “incentivos” a las patronales, y se oponen a que entre en vigencia antes de 180 días después que se acabe la pandemia. En el ínterin las patronales harían lo que quieran. Esteban Mancuso, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), amenazó indirectamente con el lock out y el despido de trabajadores si las normas que se votan no son del agrado de la patronal.

 

 

 

 

Empaque

 

Río Negro-Neuquén: la burocracia del empaque de la fruta abandona a los y las trabajadoras. Marco Bielma, actual secretario general de Soefrnyn (Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén) estuvo en los últimos días en Villa Regina.Dijo que su visita fue para buscar una solución al conflicto de los y las trabajadoras del empaque de La Reginense, aun hoy en lucha, en realidad Bielma opera, e intenta contener y desviar la organización del sector en lucha independiente que afloró en localidades de ambas provincias.

 

 

 

 

Estaciones de servicio

 

Una pata de la CGT acordó aguinaldo en cuotas. Se trata de Carlos Acuña, líder del Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Si bien no existe comunicación oficial del gremio, el acuerdo fue explicitado por la parte empresaria a los medios, asegurando que el “entendimiento” consiste en que cada patronal “acordará” con sus trabajadores el pago del aguinaldo en 2 o 3 cuotas. La información no fue negada por el gremio.

 

 

 

 

Repartidores

 

Frente al gobierno fascista de Jair Bolsonaro, que descarga la crisis sobre la población con menos recursos, parte de ella volcada al trabajo de reparto, se convocó a un nuevo paro internacional de los trabajadores de la actividad para el día 1 de julio. En Argentina, ejemplo de precarización laboral, se impulsa -con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza- un proyecto de regulación sobre las apps  discriminatorio, expulsivo y ultraprecarizador. Otros proyectos surgieron de bloques peronistas e, incluso, de sindicatos que deberían hacerle frente a las condiciones de hiperexplotación, como APP y Asimm. La coordinadora internacional de repartidores repudia el proyecto presentado en la Legislatura porteña y también convoca a todos los riders de CABA y GBA a movilizarse el 25 de julio en repudio a este ataque a las condiciones de trabajo.

 

 

 

 

Carne

 

Tanto la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que lidera el histórico burócrata “Beto” Fantini, como la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines (Fesitcara), firmaron con las cámaras empresarias del sector un aumento salarial del 17% por tres meses (mayo, junio y julio), sumado a un monto no remunerativo por única vez de $2.200 correspondiente a mayo. Para los meses siguientes se señala, de manera extremadamente vaga, que las partes se sentarían “nuevamente a negociar”.

 

 

 

 

Portuarios

 

Paro de 24 horas en el Puerto de Buenos Aires. El conflicto por las negociaciones paritarias de los trabajadores portuarios se ha agravado como resultado de las maniobras patronales para hacer pasar un acuerdo de ajuste en el Puerto de Buenos Aires: dos de las 3 operadoras portuarias restringen el acceso de los estibadores a las terminales remplazándolos por personal ajeno al puerto y apelando a una fuerte militarización del lugar de trabajo.

 

 

 

 

Petroleros

 

La empresa petrolera El Trebol, propiedad del grupo Vila-Manzano y un grupo Suizo, que se dedica a la práctica del fracking (modalidad de explotación petrolera) en el departamento de Malargüe (Mendoza), está ofreciendo retiros voluntarios a sus empleados, esto a pesar de la aplicación del precio del “barril criollo” por parte del gobierno nacional, justamente para garantizar los ingresos de las empresas del sector y evitar despidos. Esto afectaría los puestos de trabajo de más de 75 empleados que trabajan directamente en la empresa e involucraría a otro importante grupo que trabaja indirectamente para la misma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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26/06/2020

Tandil: se volvieron a movilizar los trabajadores de la ceramista Loimar

Por su reincorporación y el pago de sueldos adeudados

Este viernes 26 de junio, en medio de un clima repleto de conflictos obreros en nuestra ciudad, los trabajadores ceramistas de Loimar concentraron en el cruce entre Avenida España y Rodríguez. De allí se dirigieron por la calle, hacia el Municipio, donde desplegaron sus banderas e hicieron sentir el reclamo con bombos y palmas.


Los trabajadores reclaman su reincorporación a la fábrica y el pago de los haberes adeudados. El conflicto comenzó en octubre pasado. La patronal mantiene cerrada la fábrica, en un verdadero lock out. Como parte de las medidas de lucha, los trabajadores desarrollaron un acampe en el mes de marzo, días antes de la cuarentena.


El municipio y el Estado provincial no han dado hasta aquí ninguna respuesta a los trabajadores.


Sebastián, delegado de la fábrica, charló con Prensa y Obrera y nos comentó que “marchamos para seguir visibilizando el conflicto, que sigue vigente. Las respuestas todavía no llegan; sólo hay rumores. Nos dicen que el Ministerio, tanto de provincia como de Nación, está trabajando, pero a nosotros no nos llegó ninguna noticia concreta. Queremos que el intendente se comunique con el gobernador o con algún ministro para encontrarle una solución viable a nuestra situación y no nos obligue a tomar medidas más fuertes”.


Desde el Partido Obrero, continuamos acompañando la movilización y apoyando el reclamo de los trabajadores, que deben cobrar lo que se les adeuda y volver a trabajar en buenas condiciones laborales y con salarios dignos.


Pago de los salarios adeudados. Reincorporación de todos los operarios. Apertura de los libros contables de la empresa.


Vamos por la victoria de todas las luchas obreras. Que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores.



 

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26/06/2020

Viva la lucha de los municipales de Capital

El 30/6 sumate al ruidazo en apoyo a su lucha

Equipo del PO Ciudad

Los trabajadores municipales de la Ciudad de Mendoza llevan más de tres semanas impulsando un plan de lucha por mejoras salariales y laborales, incluso enfrentando la represión del gobierno.


Desde la vendimia departamental, vienen reclamando por aumento salarial. Este proceso se está dando por fuera de la anquilosada conducción de Dugar Chappel (actual concejal radical) del Soem (sindicato de municipales). 


Las constantes movilizaciones, retenciones de servicios, paros y sentadas en la explanada del municipio son un hecho novedoso en un municipio donde siempre gobernó el radicalismo que pocas veces vivió un levantamiento de sus empleados.


Los salarios municipales apenas superan un plan social. La categoría A con contrataciones temporarias cobra un sueldo de $15.000 y la categoría B que es la planta permanente arranca con sueldos de $20.000, en una provincia donde la canasta familiar a mayo de 2020 estaba en $39.000. 


Pero a esto debemos añadir las condiciones humillantes de trabajo por la extrema precarización e inestabilidad laboral; las deudas por préstamos contraídos con el mismo sindicato que los entrega paritaria tras paritaria; la constante y divisionista pelea por las horas extras para aumentar ingresos; o la diferencia salarial con quienes trabajan para la tercerizada de limpieza. A esto se sumó la falta de elementos de protección en el inicio de la pandemia, ya que los municipales no dejaron de recolectar la basura, organizar el tránsito o limpiar las calles, etc. y aún resta que cobre el personal sanitario el miserable bono covid de $5.000 en dos cuotas.  


En los barrios del oeste donde viven las familias de los trabajadores municipales de las categorías más castigadas, las obras y servicios públicos (La Favorita, Olivares, Flores, Santa Rita, San Martin) no existen, incluso el zanjón que los unifica se está convirtiendo en un basural a cielo abierto por la desidia de la intendencia. La falta de agua es una constante. Las salitas fueron desmanteladas en sus servicios por la readecuación ante el covid19. La limpieza, obra pública y servicios se concentran en las zonas céntricas o de mayor ingreso económico. 


La carga tributaria es asfixiante en los que menos espalda tienen. El cierre de locales y la desocupación crecen, y las ferias que antes de la pandemia eran una changa ahora se vieron afectadas. 


Todo esto, más los constantes anuncios amenazantes del intendente Ulpiano Suárez de no cobrar el bono covid o el aguinaldo en tiempo y forma, fueron un cúmulo de vulneraciones que hicieron explotar la bronca y acción de los munis. 


El intendente trata de desacreditar la lucha de los municipales atribuyéndole un móvil político  -un internismo de pejotistas vs. radicales dirigido por burocracias sindicales que responden a ambos bandos- de ésta manera argumenta su rechazo a la apertura de paritarias. 

Ulpiano Suárez continúa la gestión municipal con la misma desidia, criminalización de la protesta y obsesivo control de los espacios públicos que su antecesor Rodolfo Suárez, ahora gobernador provincial. Niega también los reclamos urgentes del Polo Obrero por comida, asistencia de kits de higiene, limpieza sistemática de los barrios del oeste y baterías de ollas para los comedores.


Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con la lucha municipal y convocamos a todos los vecin@s de la Ciudad de Mendoza a solidarizarse con su reclamo participando de un ruidazo el próximo 30/6 a las 18hs desde las casas, que se sienta fuerte en los barrios de los obreros municipales éste apoyo. 

 




 

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26/06/2020

Hospital Posadas: despiden enfermero en plena pandemia

Como sanción por haber dado cuenta en un reportaje del estado crítico del sistema de salud.

En el día de ayer, Mariano Gastón Roldán, enfermero del hospital Posadas, denunció públicamente el estado de quebranto en el que se encuentran los servicios de salud en todo el país. En represalia la dirección del hospital apeló a la precaria contratación como monotributista para dejar a un trabajador de salud en la calle en el momento en que más se lo necesita.


La crisis sanitaria hoy


Desde un lugar protagónico, Roldán informó la situación crítica del sistema de salud en la actualidad. La falta de presupuesto, que se va en subsidios patronales y pagos de deuda, se traduce directamente en equipamiento insuficiente o precario y en una saturación de las capacidades de atención.


El sector de la clase obrera que debe enfrentar de primera mano este vaciamiento es el perteneciente al gremio de la salud. En este sentido, desde el comienzo de la propagación del virus Covid-19, la Argentina ha ocupado un elevado lugar en la lista con mayores trabajadores de la salud contagiados por la enfermedad. En su entrevista, Roldán comparte el impacto psicológico sobre el personal de enfermería de esta cruda realidad, que sin dudas atraviesa al conjunto de las plantas hospitalarias del país.



Es notable que el hospital Posadas, que intentó ser presentado a la opinión pública como un caso modelo de equipamiento y preparación para enfrentar la pandemia, sea más bien un claro ejemplo de la situación de emergencia de la salud.


Un sistema enfermo de precarización


El despido de Roldán en plena pandemia es un acontecimiento que no debe pasar desapercibido. No solo para los trabajadores del hospital Posadas, ni para los trabajadores de salud, sino para el conjunto de la clase obrera. La dirección del hospital Posadas comenzó su gestión envuelta en el relato de la clausura de un período ominoso de direcciones macristas en las que se prepararon despidos y vaciamientos. Evitaron mencionar en ese relato que esos despidos fueron efectuados gracias a un esquema precarizador que ha sido impulsado por todos los gobiernos en las últimas décadas: sectores completos tercerizados, profesionales contratados como monotributistas sin la menor estabilidad laboral, modificaciones en las jornadas que llevan al personal al borde de la superexplotación. Todo un paquete antiobrero que ha avanzado a través de los gobiernos de distinto pelaje y nos dejan hoy con plantas que tienen a un 80% de sus laburantes precarizado.


Hoy, la máscara se cae y quienes ayer denunciaban al macrismo se paran en la misma vereda a través de despidos con los que quieren intimidar y disciplinar al conjunto de trabajadoras y trabajadores, a los que obligan a desempeñarse en condiciones insalubres.


La necesidad de los trabajadores y los pacientes


Para hacer frente a la crisis sanitaria y a la exposición que sufren las trabajadoras y los trabajadores urge la constitución inmediata de comités de higiene y seguridad que dicten los protocolos necesarios para operar sin riesgos y se encarguen de observar su correcta implementación. Es el caso del protocolo de seguridad elaborado por el Sutna (sindicato nacional del neumático) y defendido con un paro sólido cuando la patronal se negó a acatarlo. Los trabajadores debemos tomar en nuestras manos la defensa de nuestras vidas y condiciones laborales.


Exigimos la reincorporación inmediata del enfermero Mariano Roldán y el cese de la precarización laboral,  el pase a planta de todos los contratados y monotributistas.


De fondo, la tarea planteada es el ordenamiento de la sociedad sobre bases que nos permitan afrontar las necesidades preexistentes exacerbadas por la pandemia. En esa dirección, hay iniciativas inmediatas que deben ser discutidas e impulsadas en cada lugar de trabajo:  la centralización del sistema de salud, y la puesta en marcha inmediata del proyecto de ley del Frente de Izquierda por un impuesto a las grandes rentas y fortunas, junto con el cese del pago de una deuda externa usuraria.




 

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100 días sin agua potable ni alimentos: cuatro días de corte de ruta de las comunidades Qom de Pampa del Indio

Frente a una situación desesperante, el gobierno chaqueño responde con policía y promesas que no se cumplen.

Desde este martes 23 de junio, las comunidades originarias de Pampa del Indio (Chaco) mantienen un corte y acampe en la Ruta Provincial nº 3, sobre los accesos principales a la localidad, en reclamo de provisiones esenciales para sobrellevar la cuarentena, como son el agua potable y los alimentos.


Se trata de 50 familias que integran una "comisión de originarios en emergencia" y piden, además del agua y las provisiones para merenderos y comedores, frazadas y colchones y provisiones. Ni en los 100 días desde que comenzó el aislamiento, ni en los cuatro que llevan de corte, han recibido respuestas concretas por parte del gobierno provincial de Jorge Capitanich. “Ya van más de tres meses de aislamiento y como comunidad nos sentimos discriminados por los gobernantes", señalan participantes de la medida.


La situación es desesperante, y frente al reclamo, el Ejecutivo responde con la policía y con promesas que no se concretan. Debido a las movilizaciones y cortes de ruta, el subsecretario del Ministerio Desarrollo Social, Diego Luna, había convocado la semana pasada a los delegados de la Comisión de Emergencia Indígena, integrada por 45 representantes de los distintos asentamientos que están en Pampa del Indio. "El subsecretario pidió un relevamiento de datos, que la Comisión presentó, y aun así no cumplieron", apuntan desde el corte.


Los miembros de las comunidades responden con contundencia a las amenazas de causas judiciales y medidas represivas contra la medida, en una provincia donde es moneda corriente la brutalidad policial. “No importa que el Estado nos haga causa federal o que nos denuncie, porque las necesidades no se pueden esconder. Meternos presos por pedir comida es un exterminio al pueblo Qom”, señala uno de los manifestantes.


Y señalan que "pedimos al Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh) por intermedio del presidente y los vocales que vengan y se interioricen con las comunidades, porque no están haciendo nada”.


El abandono de las comunidades originarias no es nuevo, pero esta realidad se agrava con la crisis actual provocada por la pandemia.


Desde el Partido Obrero exigimos que el gobierno de respuestas inmediatas a la demanda de agua potable y módulos alimentarios. Denunciamos el silencio cómplice del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), apañando el abandono del gobierno a las comunidades originarias. Que se proporcionen los elementos necesarios para que las organizaciones puedan poner en pie comedores y merenderos para paliar la compleja situación que atraviesan.




 

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26/06/2020

Municipalidad de Córdoba: la organización docente frena el ajuste en educación

Se posterga el tratamiento del proyecto del oficialismo para reformar la ordenanza del sistema educativo municipal.

Concejala electa por el Partido Obrero-Frente de Izquierda.

El oficialismo de la Ciudad de Córdoba postergó el ingreso al Concejo Deliberante de un proyecto que modifica la ordenanza 10.010, rectora de la repartición educación.


La iniciativa ajustadora fue bloqueada por la base docente, que había desplegado a lo largo de la semana una intensa agitación en las comunidades educativas; el intendente Martín Llaryora debió recular en el tratamiento en comisión, para abrir una mesa de diálogo con el gremio. El anunció se dio horas antes, en la reunión de delegados de educación que tuvo lugar en la tarde del jueves 25.


La organización de las y los docentes golpeó sobre la interna del bloque oficialista del PJ. No estaba garantizado el voto del secretario gremial de la seguridad, Gustavo Pedroca y de la dirigente del movimiento Evita, Soledad Ferraro. En el impasse abierto, mientras el Ejecutivo le propone al sindicato que presente una contrapropuesta, negocia con los concejales cuánto cuesta el voto para proceder a la reforma.


El proyecto oficial tiene la intención de recortar el cobro de “bonificación por ubicación” que corresponde a todos los agentes del sistema y que alcanza un 20% del básico. Procede a dividir a los agentes según el lugar de trabajo, para que solo la perciban quienes se desempeñan en zonas desfavorables. De este modo, intenta desconocer lo que constituye una conquista gremial para instalar una bonificación diferencial similar a la que aplica la provincia, categorizando por zonas, sin atender a la realidad de las escuelas municipales y su problemática.


Otro aspecto de la modificación en curso es la que atañe al “estado docente” de trabajadores que cumplen tareas pasivas, discriminando en función de la antigüedad. La perderían quienes no tengan 20 años frente al aula, aun cuando esta pasividad sea consecuencia del deterioro que la misma docencia ha impuesto sobre su condición física y psíquica.


La iniciativa se inscribe en una ofensiva que parte del propio intendente, quien en un comentario de pasillo señaló que “¡Estamos todos locos! Nos costaría más barato mandar a todos los chicos a la Academia Argüello” (un colegio privado de la zona). A ese exabrupto se sumó la difusión de cifras que tergiversan los números reales del sistema educativo, sobredimensionándolo y atacando a los agentes en tareas pasivas como “ñoquis” que no trabajan y a la educación como un “gasto” municipal.


Bajo el eufemismo de una “reingeniería de recursos”, el PJ busca “armonizar” el sistema educativo municipal con el provincial, abriendo el intersticio para proceder a la provincialización del sistema, desconociendo derechos adquiridos y homogeneizando un sistema que se ha distinguido por el carácter personalizado de la educación que ofrece. La provincialización significa la precarización del salario y el deterioro de las condiciones de trabajo de les docentes.


La solidaridad que el conflicto ha despertado en el conjunto de trabajadores ocupados y desocupados, inundando las redes sociales con muestras de adhesión de las familias a los docentes, muestra a las claras que el ajuste no pasará si la docencia, de conjunto, se levanta.


Las escuelas y los jardines no se deben “comer el amague” que significa entrar en una mesa de negociación con el Ejecutivo, teniendo en cuenta que se acerca el receso invernal y junto a ella la posibilidad del agravamiento de la pandemia -ambos factores que, combinados, pueden asestar un golpe de gracia al sistema.




 

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26/06/2020

Vuelve a fase 1 la Ciudad Termal del Chaco: la responsabilidad de los gobiernos en los contagios

Eric

Más temprano que tarde, la pandemia iba a llegar a la localidad chaqueña de Saénz Peña, más si consideramos que las inobservancias de los controles se venían dando de hecho, con la vista gorda del gobierno local y provincial.


Ante los casos de Covid-19 en la “ciudad termal”, como es conocida por sus termas, desde este lunes 22 la misma ha pasado de casi estar en fase 5 a la fase inicial del distanciamiento social obligatorio, con solo la apertura de servicios esenciales. Así lo comunicó el intendente de la UCR-Cambiemos, Gerardo Cipolini, el pasado sábado 20.


Son varios los factores a tener en cuenta en la llegada del Covid a la ciudad. Pero los más importantes, y que se dan desde hace años, son: a) la alta dependencia de todos los servicios, incluidos los de salud, con la ciudad de Resistencia, capital de la provincia, b) la fragilidad del sistema sanitario, c) el alto índice de pobreza, desempleo, subempleo inestable, con el 50% de la población dependiente de un salario del estado, y otros porcentajes subordinados a becas, planes, contratos basura con tintes clientelistas y de arreglos políticos. A ello se suma el hecho de que el gobierno local no tomó los recaudos pertinentes para evitar al máximo un brote de coronavirus en esta región.


El servicio de salud pública de la ciudad es fuertemente auxiliado por la capital en varios aspectos. Entre otros aspectos, adolecemos del servicio de diálisis y coronario de calidad; los servicios de imágenes son pobres y no contamos con médicos especialistas en oncología. Ante cualquier reclamo administrativo o salarial, la respuesta es que “Dios está en todos lados, pero atiende en Resistencia”. Para los enfermos dependientes de diálisis periódica, el Estado se provee con servicios privados, donde seguramente se darán jugosos negociados con pérdidas para las obras sociales y erario público y ganancias para algunos médicos devenidos empresarios en poco tiempo. Este es solo un ejemplo. A su vez, la situación se agrava si se tiene en cuenta que el nosocomio de Sáenz Peña atiende, o debería hacerlo, a miles de pacientes que llegan de la ciudad, de otras localidades, e incluso de otras provincias que limitan con el Chaco.


El sistema sanitario local se cae a pedazos, es caótico. A pesar de que el gobierno de Jorge Capitanich inauguró un edificio para el nuevo Hospital 4 de Junio, todas las semanas los trabajadores de la sanidad denuncian faltantes de medicamentos, vacunas, insumos y ambulancias; recientemente reclamaban a gritos mayor protección e insumos para la lucha contra el Covid-19. Denuncian que “se torna muy difícil la prevención y atención mínima ante tantos faltantes”.


A esto se suman los reclamos salariales interminables, considerando que el Chaco cuenta con médicxs, enfermerxs y técnicxs calificadxs, pero con salarios que apenas alcanzan algunos a la mitad de la canasta básica alimentaria y otros rascan la tercera parte; con mucamxs y choferxs, capacitados también, con sueldos de pobreza, pero que todos juntos se desviven por apuntalar un sistema sanitario público que hace agua por el lado que se mire. Lxs médixs residentes reclamaban nada más y nada menos que el pago de las becas. Lxs trabajadorxs expertos reclaman a Capitanich la promesa del pase a planta, incumplida hasta el momento y sin visos de sentarse a dialogar. Las burocracias sindicales, afiliadas a la CGT y las CTA, se sentaron del lado del gobierno a la espera de las migajas del “Coqui”, siendo fuertemente criticados los representantes por las redes sociales. Inclusive la CTA regional Sáenz Peña, co-comandada por el dirigente nacional Raúl Castells, brilla por su ausencia.



La ciudad termal no escapa a la construcción social capitalista de los gobiernos intermitentes pejotistas y radicales. Las provincias del norte, incluida el Chaco, son inevitablemente olvidadas por todos los gobiernos nacionales una vez que toman el mando después de las elecciones. En este laberinto de pobreza social, un 50% de los sáenzpeñenses sobreviven. Para nombrar solo un aspecto, el acueducto del norte se viene construyendo desde hace años, habiendo pasado por las promesas y presupuestos sobrevaluados del radical Ángel Rozas, los anuncios espaciales de Menem con un Chaco sin agua potable, los negociados de Jorge Capitanich, Peppo y Macri con varias inauguraciones de un sistema que todavía no funciona y más promesas incumplidas. Sin agua potable, no hay cuarentena posible.


Por último, debemos subrayar la ineficacia del gobierno local en coordinar la lucha contra la pandemia y las actividades para controlar el ingreso del coronavirus, con anuncios falsos de controles de ingresos a la ciudad, cuando solamente se controlaban los accesos al sector norte de la ruta nacional 16 y se dejaba a su suerte al 30% de los vecinos del sector sur. Se recalcaba por diferentes medios la prohibición de la circulación y la concentración de personas, pero de hecho esto no sucedía casi desde un comienzo -el propio gobernador salió a informar el alto nivel de circulación detectado por los movimientos de los celulares en la ciudad termal. Sáenz Peña se ubicó en el primer lugar con mayor incumplimiento de aislamiento social (Diario Norte, 10/4) con un 85% de movilidad ciudadana.


Pero incluso con esos controles operando, la necesidad de adquirir un sustento que los gobiernos no garantizan lleva a los vecinos a no acatar la recomendación de no circular. Como hemos venido denunciando, con hambre no hay cuarentena posible.


Por las redes sociales se denunciaban los ingresos clandestinos a la ciudad, la pasividad en los controles, las flexibilizaciones ilegales, los escapes de ciudadanos hacia la ciudad caliente de Resistencia, pero que llegaban a oídos sordos de un gobierno permisivo. Cipolini cede de hecho, bajo la presión de los empresarios de la ciudad y región.


Todo esto y más concluyó con un brote importante de Covid en el sistema sanitario público provincial y en la UME Uncaus, con 11 contagios confirmados en menos de una semana, con más de 70 sospechados, varios terapistas contagiados y aislados, un muerto bajo sospecha de haber contraído el coronavirus. Y se espera informe. Las autoridades locales aún no cuentan con la data de cómo se dieron los contagios, el nexo epidemiológico de los primeros confirmados. Lo que está confirmado es su ineficacia.



Desde el Partido Obrero Sáenz Peña proponemos organizarnos y luchar por un programa de intervención urgente para sobrellevar la emergencia en la provincia. Por el pase a planta de todos los trabajadores precarizados de la salud; salario igual a la canasta familiar; elementos de bioseguridad necesarios; camas de terapia y respiradores; titularización de los médicos recibidos; ambulancias, medicamentos y vacunas. Es urgente preparar mejor la infraestructura necesaria para evitar el colapso. Planteamos una verdadera federalización del sistema sanitario público para orientar los recursos a las zonas más afectadas y pobres.


Que se termine, de una vez por todas, el acueducto del norte.


Que se reabran las paritarias del sector público. Que el trabajador no pague esta nueva crisis.


Si lo importante es la vida, para impedir la propagación del virus y mejorar el sistema de salud y el salario de sus trabajadores, es vital la suspensión del pago de la deuda externa ilegítima, un impuesto a las grandes fortunas y destinar esos fondos a enfrentar la crisis planteada.

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“No puedo respirar”: la policía de Tucumán asesinó nuevamente

Un nuevo caso que se suma a la desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza, hace unas pocas semanas.

El día miércoles al mediodía, Wálter Ceferino Nadal de 43 años murió en un operativo policial en el que participaron seis agentes de la fuerza. Al igual que George Floyd en Estados Unidos, Nadal gritaba “no puedo respirar” mientras uno de los policías sostenía la rodilla sobre su nuca al mismo tiempo que le decía “no seas cagón”.


Los informes policiales aseguran que Nadal falleció de un infarto mientras era llevado a la comisaría 1° (a metros de Casa de Gobierno) por sospechas de un robo, del cual no hay ninguna denuncia ni información. Según los agentes, mientras era trasladado Nadal advirtió que se sentía mal, y cuando cambiaban su rumbo hacia el Hospital Padilla, falleció. Sin embargo, trascendió en las últimas horas que la autopsia determinó que el hombre murió de asfixia.


El mes pasado, Luis Armando Espinoza, un trabajador rural de 31 años, fue desaparecido y asesinado por la policía en el paraje de El Melcho. La responsabilidad y amparo de esta fuerza corrompida de punta a punta asciende hasta Manzur y el ministro de Seguridad, Claudio Maley, quien salió a declarar que en el caso de Nadal estaría justificado el asesinato porque tendría antecedentes.




La policía provincial tiene un largo prontuario de abusos, atropellos y casos de gatillo fácil. Es la policía que asesinó a Facundo Ferreira de 12 años, a Ismael Lucena, a Miguel Reyes Pérez, que encubrió el crimen de Paulina Lebbos y la que, durante la cuarentena, se encargó de hostigar y reprimir en los barrios. Las únicas acciones que desde el gobierno toman cuando trascienden estos casos, es trasladar a los implicados y nombrar nuevos comisarios mientras mantienen una estructura atravesada por la corrupción.


Desde el Partido Obrero en el FIT-U nos solidarizamos con la familia de Nadal y nos ponemos a disposición para llevar adelante las acciones de lucha para exigir justicia por él y cárcel a los responsables. ¡Fuera Maley! Desmantelamiento del aparato represivo. El Estado es responsable.




 

26/06/2020

Por un plan de lucha nacional de la docencia pre y universitaria

Mercantilización, ajuste y precarización

La nota publicada por la agencia gubernamental Télam no tiene desperdicio: bajo el título “Las universidades nacionales diseñan incorporar la educación virtual en la pospandemia” (24/6), recoge los testimonios de las camarillas profesorales que gobiernan las universidades nacionales, quienes -al unísono- proclaman que el sistema de educación superior virtual “llegó para quedarse” y ya pergeñan “nuevas modalidades de cursada que se experimentaron durante el aislamiento ante la imposibilidad de las clases presenciales”. O sea: vienen por todo.


Relato de rectores


La delegada académica de la Facultad de Ingeniería de la UN Patagonia San Juan Bosco,  Susana Lauriente, expresó que “la virtualidad llegó para quedarse y adaptamos los reglamentos. El sistema de videoconferencia se usaba antes de la pandemia y se amplió para defender las tesis finales o en el área de extensión”. El rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, destacó que “las nuevas herramientas, el asesoramiento de la Comisión Asesora de Educación a Distancia de la UNS y el compromiso del personal hicieron posible la creación de alrededor de mil aulas virtuales para darle continuidad a los estudios” y que con esto la universidad “logró ampliar las fronteras geográficas de la institución y su rol como elemento democratizador de la educación superior”. En la Universidad Nacional de Río Negro se adaptaron “los contenidos de las carreras al campus virtual y para ello, los docentes recibieron capacitación y se mejoraron las herramientas y recursos tecnológicos para garantizar los estándares de calidad de la educación superior.”


Y para no saturar, en la Universidad Nacional de Córdoba se trabaja en la “prioridad de la modalidad virtual y mudar la presencialidad como opción para consultas y profundizaciones temáticas”. La lista sigue con otros tantos relatos futuristas por parte de rectores o secretarios académicos.


El lado oscuro y precario de las universidades


Ni una palabra sobre las consecuencias del “experimento”. Es decir: la sobrecarga y el estrés laboral, la precarización de las condiciones de la docencia pre y universitaria, la persistencia del trabajo gratuito, las condiciones de lxs trabajadorxs a cargo de hijxs o adultos mayores, la falta de equipamiento y conectividad por parte de docentes y estudiantes, la altísima deserción de estudiantes por esos motivos y por situaciones ambientales, entre tantos otros agravios producto de la profunda desigualdad social que agrava la pandemia.


Ni una palabra tampoco sobre el hecho de que el experimento se hizo con un presupuesto congelado y devaluado desde 2019, con el recorte salarial por la no aplicación de la cláusula gatillo de marzo, sin horizonte de paritarias salariales y con la amenaza del pago en cuotas del aguinaldo.


¿Cómo podrían decir algo sobre todo esto si son los responsables de este cuadro de crisis de la universidad pública, los que convalidan y aplican el presupuesto de ajuste en cada una de las universidades o quienes validaron el acta de condiciones de trabajo del Ministerio de Educación que firmaron las burocracias sindicales?


Y omiten el negocio estratégico en el que están empeñados y que amenaza el carácter público de las universidades: los convenios con las corporaciones multinacionales de entornos digitales –cuyas licitaciones se guardan bajo siete llaves- y que serían las que garantizan la conversión forzada y digital de las universidades públicas. Cisco en la UBA, Google en La Plata, Microsoft en la UTN y siguen las grandes firmas.


Por un paro nacional


El futuro que diseñan y promocionan es una vuelta al más rancio pasado menemista de la Ley de Educación Superior, ¡que desde 1995 apoyaron todos los gobiernos de la democracia! Creciente mercantilización de la educación, mayor precarización laboral, salarial y presupuestaria, expulsión masiva de estudiantes.


Frente a ese futuro-pasado, la Agrupación Nacional Naranja llama a multiplicar las asambleas en todo el país, desde el entendimiento de que allí donde se convocan la bronca se convierte en protesta colectiva. Necesitamos dar inicio a un plan de lucha que arranque con un  paro de 24hs –en ese sentido se pronunciaron las asambleas de UBA, Luján y Tucumán- por aumento de presupuesto, paritarias libres para recomponer la pérdida salarial y por el pago íntegro del aguinaldo.


Tenemos que denunciar el acta de condiciones de trabajo que no garantiza derecho alguno. Con su firma, a espaldas del movimiento docente, las direcciones burocráticas de Fedun/Aduba, Conadu/Feduba, Ctera, Fagdut, han extendido un aval a este futuro regresivo que el Ministerio y los rectores pretenden imponer.


Por la defensa del programa que resolvieron las asambleas de base de la Conadu Histórica: derecho a las licencias y dispensas, plena vigencia de la libertad de cátedra, derecho a la optatividad de las modalidades de trabajo y evaluación en el cuadro de excepcionalidad que estamos atravesando, reconocimiento de los gastos (equipo, conectividad) que costeamos lxs trabajadorxs.




 

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26/06/2020

Córdoba: las mujeres son las más precarizadas en el sistema de salud

Organicémonos por un programa para las trabajadoras del sector.

Un reciente estudio elaborado por el Observatorio de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc) relevó la profunda desigualdad laboral entre hombres y mujeres en el sistema sanitario. Mientras la provincia cuenta con un 69,6% de personal femenino en el sector salud, estas perciben ingresos hasta un 41% más bajos. Asimismo, el informe destacó que seis de cada diez son el principal sostén del hogar.


La brecha salarial radica en varios factores. Por un lado, la inmensa mayoría de las trabajadoras mujeres se concentra en profesiones fuertemente feminizadas, que son a su vez las más precarizadas. Es así que, mientras el valor promedio de la hora en salud ronda los $284, para las fonoaudiólogas este valor cae a $227, según indica el informe de Fepuc. Hablamos de un sector que concentra el 98% de profesionales mujeres, donde la mayoría se desempeña como trabajadoras monotributistas precarizadas por diferentes obras sociales, e incluso por el propio Estado.


Una situación similar se visualiza en áreas como bioquímicas, que ha tenido históricamente una matrícula que oscila entre el 70% y el 80%. O entre las  nutricionistas, que con una matrícula 90% femenina, cuenta con un valor promedio de la hora de trabajo de los más bajos en el ámbito de la salud: entre los $210 y $250.


El caso de enfermería es un caso testigo de precarización laboral entre profesiones feminizadas. Si bien las paritarias fijan un salario indiscriminado para todo el sector, se trata de los salarios más bajos en salud. Un profesional del sector, con 10 años de antigüedad, gana unos 40 mil pesos, lo que empuja a miles de trabajadores/as al pluriempleo. Sin mencionar las cientos de contratadas que a duras penas llegan a los $30.000, muy por debajo de la línea de la pobreza. Entre las profesionales de enfermería, el 83% por ciento son mujeres y el 73% por ciento es principal sostén de familia.


El informe es contundente. La salud no se escapa a la norma general; los trabajos más precarios son reservados para las mujeres, mientras que la feminización de las profesiones en salud es utilizada como vara para la reducción salarial.


Sin embargo, otro elemento de peso es la cantidad de horas trabajadas y la dedicación profesional. Uno de los datos más relevantes es que entre los profesionales hombres, la dedicación es hasta un 20% superior -que, combinado con el acceso a cargos de jefaturas o direcciones de áreas, elevan el promedio. Esto introduce un elemento central a la hora de pensar en la desigualdad salarial.


El trabajo no reconocido que pesa mayoritariamente sobre las mujeres o identidades feminizadas de crianza de hijes, atención y cuidado de adultos mayores y labores domésticos es un factor decisivo que incide en la carrera laboral de las profesionales. Estamos ante la cara cruda de la doble opresión, que mantiene esclavizadas a las mujeres con una doble jornada laboral que no es reconocida.


La situación se agrava ante el desconocimiento flagrante de derechos adquiridos en todo el sistema sanitario, empezando por la órbita pública. Si bien el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) dice que “en los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas y guarderías para niños”, este artículo (que data de 1974) nunca fue reglamentado. No existen entonces en los centros de salud, jardines materno-paternales que permitan a las trabajadoras continuar con su desempeño laboral; tampoco existe una compensación específica por este ítem. En el caso de los horarios de lactancia en los establecimientos, garantizado por el art. 179 de la misma ley, es directamente inaccesible, ya que no se cuentan con espacios adecuados en instituciones más que abarrotadas.


Demás está decir que las miles de profesionales que se desempeñan como monotributistas están absolutamente exentas de garantías mínimas, como la estabilidad laboral durante su embarazo, la asistencia social y médica adecuada, el goce de la licencia por maternidad, o la asignación familiar. Una vez más estamos hablando del sector con una inmensa mayoría de trabajadoras mujeres, en muchos casos jefas de hogar. Esta desprotección, alimentada por una política deliberada del gobierno provincial -que tiene al 30% del personal hospitalario contratado o como monotributista-, termina convirtiendo al embarazo en causante de despido, o a la maternidad en una barrera a la hora de acceder a puestos estables y jerarquizados.


Las consecuencias de esta situación no quedan restringidas a las trabajadoras de la salud, sino que afectan de manera directa la asistencia sanitaria de las mujeres y disidencias en general. No es menor el hecho de que las especialidades médicas que centran su atención en la salud femenina y de la diversidad sexual, sean las más postergadas en términos presupuestarios, incluso sometiendo a las profesionales de dichas áreas a recurrentes casos de discriminación y violencia laboral, otra forma de violencia de género.



Por un programa para las trabajadoras de la salud


En el cuadro de pandemia que golpea sobre las y los trabajadores de la salud, se vuelve más necesario que nunca fortalecer un programa de las mujeres trabajadoras en salud, extensivo a las disidencias sexuales por demás estigmatizadas en el sector, que parta de la lucha contra la precarización laboral, uno de los principales flagelos de las profesionales. Es necesario elaborar y defender un programa integral de protección a la maternidad que plantee los jardines materno-paternales en los lugares de trabajo o el resarcimiento monetario por los gastos en que se incurriera, la extensión de la licencia por maternidad y paternidad, centros de lactancia adecuados y accesibles, jornadas laborales adecuadas y una serie de medidas que garanticen la igualdad en el desarrollo de la carrera profesional.


Asimismo, es necesario desenvolver una lucha a fondo por erradicar cualquier tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres y disidencias en salud, poniendo en pie protocolos y mecanismos elaborados y discutidos por todas las trabajadoras.


En esta línea, impulsaremos una serie de iniciativas en los hospitales para favorecer la organización de las profesionales y trabajadoras del sector.

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26/06/2020

“Vamos a denunciar la situación social que viven hoy las masas populares, como lo hicimos hace 18 años”

A 18 años de la masacre de Avellaneda entrevistamos a Eduardo Chiquito Belliboni, del Polo Obrero.

A 18 años, por subir al Puente Pueyrredón para denunciar con decenas de compañeros, manteniendo las distancias y el cuidado de los compañeros que están con la separación que corresponde, colocando el reclamo de la cárcel a los asesinos de Maxy y Darío, que hoy forman parte, muchos de ellos, del gobierno de Fernández y de Cristina Fernández.


Por levantar también la bandera de los reclamos del trabajo genuino, de la necesidad de la atención sanitaria y alimentaria para la población de riesgo, que es la mayoría de la población trabajadora hoy en la Argentina. Y tomando en cuenta la situación social y económica que estamos atravesando,


Vamos a leer un documento donde denunciamos el pago de la deuda externa, el sometimiento al capital financiero internacional, aún bajo la pandemia que está condicionando la cuarentena y que obliga a miles de trabajadores a salir a las calles.




Denunciamos que esta política del gobierno, en vez de apoyar la cuarentena, en vez de apoyarse en las reivindicaciones y necesidades populares, sigue pagando una deuda fraudulenta y somete a la población a una situación social que la lleva, que la obliga, a salir todos los días a buscar el mango.


Reclamamos entonces, como hace 18 años, trabajo genuino, justicia para los compañeros asesinados, un subsidio para los trabajadores de $30.000 y vamos a subir al Puente Pueyrredón a leer ese documento y a denunciar la situación social que viven hoy las masas populares, como lo hicimos hace 18 años.






 

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En el marco de una jornada nacional convocada por el Frente de Lucha Piquetero.
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Miércoles 25/6 a las 15.30 hs Charla Debate contra la persecución, luego vigilia, y jueves 26/6 a las 10 horas acto, ambos en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Y las cámaras valientes como la de Pablo Grillo y Pepe Mateos.
26/06/2020

Privatización o combate de la pandemia: ¿por qué planteamos la centralización del sistema de Salud?

Video realizado por trabajadores de salud del Partido Obrero junto al legislador de CABA Gabriel Solano.

La pandemia en el país ha ingresado en semanas muy complejas principalmente porque estamos en una fase donde se agudizan y crecen día a día los contagios arrojando las cifras más altas hasta el momento. Desde nuestra perspectiva, ni el gobierno nacional ni los de la Provincia de Buenos Aires y la CABA han desarrollado políticas de fondo para mejorar el sistema de salud y dotarlo de la cantidad necesaria de camas y respiradores en las Unidades de Terapia Intensiva. No existe una planificación centralizada que ponga a disposición del conjunto de la población  las instalaciones del sub-sector de la salud privada y las obras sociales. Como consecuencia, la tasa de personal de salud contagiado es muy alta y la deficiencia en la provisión de EPP de calidad y en cantidad y la falta de personal imposibilita una organización de los trabajadores en cohortes que  puedan ir alternando los días de trabajo para evitar contagios estrechos.


Ante este panorama, desde el Partido Obrero venimos realizando una gran campaña con el eje principal enfocado en la necesidad de la centralización del sistema de Salud bajo control de sus trabajadores. Con este material audiovisual nos proponemos ingresar en una explicación de nuestro planteo. Partimos de la premisa que el sub sistema de salud privado y las obras sociales quintuplican las camas de UTI en comparación al sub sistema público. Desde la perspectiva de que la salud privada crece a través de parasitar a la salud pública. Los lobbies empresariales presionan para que el estado disminuya las prestaciones y el presupuesto destinado a salud año a año, y de esta manera se amplíe el campo del negocio sanitario. A su vez las condiciones laborales arrojan una alta tasa de personal de salud contagiado, principalmente en el sector privado. Esto demuestra cómo el lucro capitalista que persiguen los empresarios de la salud pone en juego no solo la atención de los pacientes sino que sobre todo la vida de sus trabajadores.



A su vez, la descentralización del presupuesto de salud afecta de una manera muy aguda y diferente a las provincias y municipios; por ejemplo el presupuesto de salud de la provincia de Chaco es 40% inferior x habitante que en la provincia de Buenos Aires.  Mientras tanto los ingresos de OSDE y Swiss Medical superaron ampliamente el presupuesto del ministerio de salud. A esto se le suman los laboratorios que funcionan como monopolios estableciendo precios de venta y patentes. Al mismo tiempo, la iglesia y la burocracia sindical también son parte del negocio con incontables clínicas y sanatorios en todo el país.


La victima de esto no son solo los usuarios sino también los trabajadores, ya que según el ingreso es la calidad de la atención. La privatización creciente llevó a que los trabajadores terminen costeando, cada vez en mayor medida, los servicios sanitarios que antes eran garantizados por el estado o las obras sociales. Con el contexto de la pandemia el hospital público esta sobrecargado y cerca del colapso, mientras las clínicas no se sabe en que situación están.


Los trabajadores del sub sistema de salud pública son los que pagan esta crisis en manera directa, con salarios de miseria que los empuja al pluriempleo y de esta manera degradando las condiciones de vida y la atención que se brinda. Como contrapartida, se benefician directamente los capitalistas de la salud que se amoldan a la inversión mínima en el rubro guiándose por el presupuesto de miseria que destinan los gobiernos al sistema público, ya que otra gran parte es destinado al pago de la deuda externa.


Para terminar con esta anarquía existente, incluso en contexto de pandemia, planteamos unificar el sistema sanitario con la totalidad de los recursos existentes de los tres subsistemas (público, privado y de obras sociales). Esto plantea un programa concreto:


–  Centralización de todo el sistema de salud incluso los laboratorios.


– Jornada de 6 hs para todos los trabajadores.


– Pase de Enfermería a la carrera Profesional.


– Terminar con la precarización laboral y que todos los trabajadores contratados pasen a los convenios colectivos de las ramas.


– Triplicación del presupuesto. Para esto hay que cesar el pago de la deuda externa e imponer un impuesto a las grandes fortunas de los grupos capitalistas.


Este programa conlleva una gran transformación social, requiere terminar con el lucro capitalista, terminar con el secreto comercial industrial de los grupos de laboratorios y terminar con la precarización laboral que es otra de las fuentes de ganancias de los capitalistas. Sólo los trabajadores, como clase social, pueden llevar adelante este programa y por eso es una parte fundamental del programa del Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

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26/06/2020

Bayer pagará 10.900 millones de dólares para resolver las demandas por el glifosato en EE.UU.

Monsanto comenzó a vender el Roundup en 1974, y aunque la fórmula no está más protegida por una patente desde el  año 2000, el herbicida sigue estando ampliamente disponible. Más del 40% del fraccionamiento actual proviene de China.


Bayer, que pagó 63.000 millones de dólares en 2018 por la compra de Monsanto, ha dicho repetidamente que el Roundup es seguro e importante para los productores agrícolas que lo utilizan con una combinación de las semillas transgénicas producidas por la compañía. Pero en estos días anunció querer terminar con los juicios y la perniciosa campaña de propaganda en su contra, comprometiéndose a desembolsar casi 11.000 millones.


Los dolores de Cabeza que le significaron a Bayer la compra de Monsanto no terminan. No evaluaron correctamente los problemas que ya se empezaban a vislumbrarse al momento de su compra, lo cual le significó a la compañía alemana que con la cartera comercial también compraron las demandas de productores de EE.UU. sobre los efectos cancerígenos producidos por el glifosato. Esta fue la razón principal del desplazamiento del anterior presidente Werner Wenning, quien había sido el impulsor principal de esa adquisición y es por ello que el directorio de la empresa reprobó su comportamiento y solicitó su salida desde abril. Cabe aclarar que las acciones de Bayer han caído alrededor de un cuarto en valor desde agosto de 2018 y se enfrentan a miles de demandas en todo el mundo.


Para empezar a terminar


El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer se comprometió a indemnizar a gran parte de los miles de demandantes en EE.UU. que se han visto perjudicados por el herbicida glifosato, sospechoso de ser cancerígeno, con más de 10.900 millones de dólares. El acuerdo resolvería aproximadamente el 75% de las más de 125.000 reclamaciones presentadas y por presentar contra el gigante alemán, de las cuales solo una parte había alcanzado el circuito judicial. De los 10.900 millones de dólares que Bayer se compromete a pagar, una partida de 1.250 millones estaría reservada a litigios que pudieran surgir en el futuro, estimados en aproximadamente 30.000 casos.



Bayer y la justicia yanqui


En un Tribunal de Apelación el gobierno de EE.UU. apoyó a la empresa, afirmando que los reclamos de advertencia de la ley estatal en el litigio de Roundup entran en conflicto con la ley federal de los EE.UU., que no requiere incluir advertencia de cáncer y deben ser descartados. Un juez federal de California ha considerado que la evidencia científica no respalda el requisito de la Proporción 65 de ese Estado de incluir una advertencia de cáncer para los herbicidas a base de glifosato.


No obstante, varios tribunales han considerado probada la correlación entre el uso de glifosato y los casos de cáncer, es así que Bayer perdió sus tres primeros juicios en Estados Unidos sobre el glifosato (Johnson, Hardeman y Pilliod). Anunció que los apelará y que no están incluidos en este acuerdo.


Pero lo grave es que todavía no ha podido ser demostrado ante ningún tribunal que el glifosato pueda causar daño a la salud humana desde que empezó a ser comercializado en los años 1970 y la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) lo considera seguro y sostiene que no constituye un riesgo para la salud pública.


La empresa precisó que a pesar de la indemnización de casi 11.000 millones de dólares, estos acuerdos “no contienen ningún reconocimiento de responsabilidad o falta”. Sin embargo, es evidente que se llega a la propuesta de acuerdo como resultado de la previsión de una catarata de sentencias en contra que harían más costosas aún las denuncias.


Vale recordar que la Iarc (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) concluyó que el glifosato, principio activo del herbicida Roundup, es cancerígeno para animales, probable cancerígeno para humanos y genotóxico.


En los anuncios del acuerdo para evitar nuevos juicios contra el Roundup, la compañía Bayer también oficializó otros para terminar con juicios contra el Dicamba y daños producidos por la deriva –pagará unos $ 400 millones de dólares- y por contaminación de aguas de otro producto tóxico de Monsanto, el PCB, por unos $ 820 millones de dólares.


Y en Argentina


Los efectos dañinos del glifosato sobre la salud humana (cáncer, problemas endocrinológicos, malformaciones) y sobre el ambiente están recontra probados. ¿Por qué la industria de los juicios no acciona contra Monsanto? por la sencilla razón de la clasificación toxicológica producida por Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). En Argentina el glifosato es comercializado con banda verde, es decir, la de menor peligrosidad. Se comercializan 379 variantes de glifosatos registradas, siendo 215 Banda Verde (“Producto que normalmente no ofrece peligro”) y 164 Banda Azul (“Ligeramente peligroso”).



Ante consultas realizadas ellos señalan: “Senasa ha cumplido y ha hecho cumplir todas las normativas establecidas para el registro del glifosato en la Argentina con requisitos que son los mismos que los que están establecidos internacionalmente”. A buen entendedor pocas palabras, ello quiere decir que dichos requisitos se le han solicitado a la propia empresa que lo comercializa. Concretamente hemos puesto el zorro a cuidar el gallinero. ¿Cambiará la calificación el Senasa ahora que “internacionalmente” la empresa paga masivas indemnizaciones por daños?


Esta calificación contribuye a bloquear que en Argentina (lo mismo que ocurre en el resto de América Latina) prosperen estos juicios, pues a Bayer lo ampara la propia legislación.


Como conclusión, en los EE.UU. Bayer deberá incluir en su costo empresarial la indemnización por los daños producidos. La indemnización es un mecanismo de compensación tardío e incompleto, porque por un lado hay daños que no tienen remedio alguno, porque tienen que ver con un deterioro irreversible de la salud y el medio natural y, por otro lado, no se han evaluado integralmente los daños ambientales y sanitarios de la utilización del pesticida desde 1974. En la Argentina, la calificación del Estado impide siquiera esta compensación limitada, aunque las denuncias por los daños sanitarios de los agrotóxicos son moneda corriente. La lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos que afectan a la salud y el ambiente es una causa popular.




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Quilmes: Fernando Leguizamón, una nueva víctima de gatillo fácil

La lista no cesa, no frena, no se acota. Es la lista de víctimas de gatillo fácil que sacude los barrios más vulnerables del conurbano bonaerense. Esta vez lamentamos hablar de Fernando Matías Leguizamón, un vecino de Quilmes de 31 años y padre de cinco hijos, quien perdió la vida en la madrugada del 22 de junio en manos de los policías bonaerenses Rodrigo Valdez y Natalia Zuleta.


Fernando y su compañera volvían a su domicilio del barrio La Cañada, cuando fueron interceptados por un grupo de personas, quienes inmediatamente acusaron a la pareja de ser partícipes del robo de un vehículo. Acto seguido el policía Valdez, quien se encontraba de civil y jamás se identificó como tal, disparó dos veces con su arma reglamentaria hiriendo de gravedad a Fernando, quien aún en el piso recibía golpes y patadas y finalmente murió en el hospital de Quilmes.


Lo cierto es que sumado a la pandemia, el brote de represión, violación de derechos humanos y muerte a sangre fría en manos de las fuerzas represivas, se transforma en uno de los peligros más latentes en los sectores precarizados. Solo en la zona sur del conurbano, dan cuenta de esto los casos del quilmeño Alan Maidana, Diego Arzamendia de Berazategui y Lucas Barrios de Dock Sud.


La doctrina Chocobar, llevada ahora adelante por el gobierno “nacional y popular” de Axel Kicillof y Sergio Berni, que utiliza la cuarentena para militarizar los barrios y regimentar a las clases populares, no es la salida a la crisis sanitaria y social que sufren los trabajadores.


Exigimos prisión preventiva para los policías asesinos y justicia por este y todos los casos de gatillo fácil.  Fuera la policía de los barrios. Pongamos la cuarentena bajo control de los trabajadores y vecinos.  Justicia por Fernando Leguizamón.

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A 18 años del asesinato de Kosteki y Santillán: acto en el Puente Pueyrredón

Importante documento de familiares, organizaciones piqueteras, sindicales, de derechos humanos y partidos de izquierda

Galería de fotos: Daniel Peluffo Ojo Obrero Fotografía

Como sucede todos los años desde aquel 26 de junio del 2002 donde una brutal represión terminara con la vida de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en este 18 aniversario, aun atravesados por la pandemia de coronavirus, volvemos a movilizar al Puente Pueyrredón, a realizar un acto de lucha.


La convocatoria parte de un acuerdo entre los familiares, un núcleo de las organizaciones que convocaron a jornada de lucha hace 18 años y han mantenido la lucha por juicio y castigo y decenas de organizaciones piqueteras, sindicales, de derechos humanos y partidos de izquierda.


Reproducimos el texto acordado para leer en el acto, que tiene importantes definiciones, en especial frente a la política de cooptación sobre los movimientos de desocupados que tiene en sus filas a varios destacados responsables políticos de la Masacre de Avellaneda:


 



2002 – 26 de Junio – 2020


18 años de Impunidad en la Masacre de Avellaneda


18 años de lucha por Justicia para Darío Santillán y Maximiliano Kosteki


Los Asesinos de Ayer No Pueden Ser Los Salvadores De Hoy


¡Con ellos no!


 



No es la pandemia, es la impunidad. 18 años de injusticias


Juicio y castigo a los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda: Eduardo Duhalde -Felipe Solá- Aníbal Fernández- Juan José Alvarez – Alfredo Atanasoff – Luis Genoud – Jorge Matzkin – Oscar Rodríguez


¡Darío y Maxi viven en la lucha del pueblo!



A dieciocho años de los asesinatos de Darío y Maxi seguimos exigiendo juicio y castigo para los responsables políticos e intelectuales de la Masacre de Avellaneda.


El 26 de junio del 2002 el gobierno de Eduardo Duhalde intentó quebrar a sangre y fuego al movimiento piquetero que enfrentaba el hambre y la desocupación. Buscaba desatar una ofensiva contra el movimiento popular, disciplinar a les trabajadores y el pueblo para continuar cargando sobre sus espaldas los costos de la crisis capitalista y recomponer una gobernabilidad que había sido quebrada en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y que aún continuaba endeble.


La feroz represión fue decidida desde la cúpula del poder político de aquel momento, con el respaldo de los grupos económicos y de poder y bajo la supervisión imperialista yanqui, como parte de su estrategia regional para los “conflictos de baja intensidad”. Involucró a las policías Federal y Bonaerense, a la Gendarmería, a Prefectura y a los servicios de Inteligencia.


No sólo costó las vidas de Darío y Maxi: ese día hubo más de cuarenta compañeros y compañeras heridas con balas de plomo y centenares de personas detenidas en las comisarías aledañas, en las cuales una gran cantidad de compañeros y compañeras fueron torturados y golpeados.


A partir del día siguiente, miles ganamos las calles para reclamar juicio y castigo a los responsables. Quedó al desnudo que se trató de una programada acción estatal de represión y la responsabilidad política del gobierno de Duhalde. Como consecuencia de ello, la crisis de su gobierno fue tal que tuvo que convocar a elecciones y dejar el gobierno al año siguiente.


La versión oficial de los hechos, difundida a través de los medios de comunicación hegemónicos, era que las muertes de nuestros compañeros eran producto de un enfrentamiento interno y que las organizaciones piqueteras éramos responsables de ello. Entre quienes emitían esta mentira a través de conferencias de prensa televisivas, estaban Aníbal Fernández, Secretario General de la Presidencia y Juan José Alvarez, Secretario de Seguridad de la Nación. También Felipe Solá se encargó de distribuir esta versión. Cuenta Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, que ese mismo día mientras miraba por la tele la represión prácticamente en directo al mediodía, llamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires para preguntarle sobre lo que estaba sucediendo en Avellaneda. Solá la atendió y le respondió: “Quédese tranquila Norita, es una pelea entre pobres”. Este testimonio Norita lo declaró en la Causa Federal que se tramita en los Tribunales de Comodoro Py. Gracias al arriesgado compromiso de les trabajadores de prensa, sobre todo las fotografías de Pepe Mateos y Ruso Kowaleswky, revelaron la verdad de lo sucedido aquel mediodía en el interior de la estación de trenes de Avellaneda.



Logramos las condenas ejemplares del comisario Alfredo Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío y Maxi, pero lo cierto es que los responsables políticos de aquella represión criminal siguen impunes.


A pesar de todas las evidencias que aportaron familiares y compañeres de Darío y Maxi las causas judiciales que deben investigar las responsabilidades políticas de la masacre permanecen en un estado de letargo judicial. La causa federal, instruida para acusar a los funcionarios nacionales está cajoneada en el juzgado de Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py. Pasaron cuatro fiscales que dejaron retrasar la investigación.  Sin embargo, desde hace algunos años, logramos reabrir la causa federal, pero continúa sin avances. La causa provincial, determinada para el gobernador de la provincia y los miembros del ejecutivo, a cargo de la Jueza Marisa Salvo, titular del juzgado de garantías n.º 5 de Lomas de Zamora permanece inmóvil, casi como cuando Mabel Ruiz, mamá de Maxi, la iniciara. Y más aún, con un dictado de archivo.


Todos los avances en la causa han sido, pura y exclusivamente esfuerzo de les familiares y compañeres de Darío y Maxi, y sus organizaciones, y cientos de colectivas, agrupaciones y organizaciones piqueteras culturales, gremiales, de derechos humanes, políticas, y de les compañeres abogades.


Durante estos dieciocho años de impunidad pasaron distintos gobiernos. Ninguno investigó las responsabilidades políticas e intelectuales de la masacre del Puente Pueyrredón. Ni el de Néstor Kirchner quien prometió investigar hasta las últimas  consecuencias, ni el de Cristina Fernández de Kirchner, ni el de Mauricio Macri (partidario confeso de la represión estatal), y hasta el momento, tampoco el de Alberto Fernández. Todos estos gobiernos sostuvieron vínculos políticos con los responsables intelectuales y políticos de la masacre, y en varios casos compartieron candidaturas electorales o les dieron cargos en ministerios y otros ámbitos del estado.


La política de encubrimiento de los sucesivos gobiernos también lo fue en los siguientes asesinatos de luchadores en ocasión de movilizaciones como Mariano Ferreyra y el docente Carlos Fuentealba.  En los tres casos Aníbal Fernández tenía un cargo determinante en el 2003 Secretario de la presidencia, en el 2007 Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en el 2010 Ministro del Interior.



Denunciamos el nombramiento de Aníbal Fernández como interventor de Yacimientos Carboníferos Fiscales, en la mina de Río Turbio. Este verborrágico personaje se jactaba de contar con información de la SIDE que espiaba a las organizaciones piqueteras. Fue una pieza clave en difundir la versión oficial de la represión en el puente y la estación Avellaneda. Tampoco nunca fue citado a ninguna clase de declaración ni siquiera informativa por parte de la justicia federal.


Repudiamos la designación de Felipe Solá como Ministro de Relaciones Exteriores. Hizo lo posible para que su cipayismo se notara al apoyar las medidas del gobierno de los EEUU contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Mantuvo silencio ante el Golpe de Estado contra la hermana República Plurinacional de Bolivia, y no movió ni un solo dedo para repatriar a Facundo Molares, periodista argentino, que al día de hoy la dictadura boliviana lo mantiene preso y en una situación de delicado estado de salud.


Con estas acciones Solá y el Gobierno de Fernández mostraron la subordinación colonial al imperialismo, de su política exterior.


Felipe Solá es autor confeso en su responsabilidad política como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el momento de la Masacre de Pueyrredón, cuando como conocedor de causa expreso ante el Senado respecto de la represión de este 24 de octubre contra quienes manifestaban cuestionando la Ley de Presupuesto 2019: “Hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que bueno son policías que están en la calle y le pegan a cualquiera. ¡No es cierto! Se los digo después de haber sido seis años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden. Sabe cómo es el protocolo. Firma un protocolo, se lo digo por experiencia antes de salir” (…) “No disociemos la actuación policial de la decisión política porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando”. Esta vez Solá dijo la verdad. Tan clara como el agua clara. Sin embargo nunca fue citado ante la justicia.


Repudiamos también que el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof hayan recibido a Eduardo Duhalde y elogiaran su gobierno que se caracterizó por  la megadevaluación que marcó la salida de la convertibilidad, lo que generó condiciones favorables para las exportadoras, lo que luego empalmaría con un récord histórico de los precios internacionales de las materias primas. Esos ingresos extraordinarios, de todas maneras, no sirvieron para industrializar al país sino para financiar la fuga de capitales y el pago de la deuda, que solo durante el 2002 (año en que Duhalde fue presidente) rondó los 21.500 millones de dólares, nada menos que el 22% del PBI. El boom exportador de los años siguientes no mejoró la situación “productiva” del trabajo, ya que un tercio de la fuerza laboral fue sumida en la precariedad, y ese marco se produjo la multitudinaria movilización en la que fueron asesinados Kosteki y Santillán.



Los halagos del Presidente Alberto Fernández a quien es el máximo responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán y la reivindicación de su rol de “bombero” – un bombero que quiso apagar el fuego con sangre del pueblo-  mostraron que Alberto Fernández, desde antes de asumir, abría el paraguas ante la situación inflamable en que ocuparía la Casa Rosada, con una crisis social rampante y un movimiento obrero con reservas de lucha.


Durante estos dieciocho años todos los gobiernos buscaron que abandonáramos las calles. Nunca lo hicimos. No cedimos ante el chantaje ni ante la represión. Seguimos luchando y movilizando contra la represión, el hambre, los ajustes y las políticas antipopulares.


Por todo esto, exigimos castigo:


A Eduardo Duhalde, el principal responsable de la represión.


A Aníbal Fernández, ex secretario general de la presidencia.


A Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad Interior de la Nación,


A Alfredo Atanasoff, ex Jefe de Gabinete de Duhalde


Al ex ministro de Justicia de la Nación, Jorge Vanossi.


A Luis Genoud, ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hoy miembro de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense.


Y al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, actual Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación.


Todos ellos siguen participando en los partidos del poder y siendo candidatos en las elecciones. ¡Son nuestros candidatos a la cárcel!



***


A 18 años de aquella masacre que costara la vida a nuestros compañeros, el pueblo sigue luchando contra los responsables de la pobreza estructural que sufrimos les trabajadores natives, migrantes y originiaries de nuestro país.


La expansión pandémica del covid 19 agravó aún más la crisis capitalista y puso al desnudo las consecuencias de la continuidad de políticas antipopulares, del vaciamiento del sistema de salud pública y los niveles de pobreza, indigencia y precarización de la vida.


La pandemia es diferente para los ricos y ricas, elles pueden quedarse en su casa calentitos y con la heladera llena, mientras las familias pobres, trabajadoras y de barrios humildes, tienen que salir a buscar su sustento diario porque de otra manera no tienen para comer.  Los comedores y las ollas populares estallan de vecines que buscan sus viandas en las barriadas populares de todo el país.


Desde que empezó la pandemia muchos empresarios vieron una oportunidad para atacar a las y los trabajadores. En este tiempo más de 4,8 millones de trabajadores fueron afectados por despidos, suspensiones o rebajas salariales. Así actuó el empresario peronista de la carne Bruzzese que lleva meses de lock out. Apoyamos la lucha de los trabajadores de Penta que vienen movilizándose contra esta patronal, que llegó a usar patotas con armas de fuego en su contra. Recientemente la empresa Latam anunció que se retirará del país y despedirá a 1700 trabajadores y trabajadoras. No a los despidos en Latam.


En el momento de mayor contagio desde que inició el distanciamiento social miles siguen yendo a trabajar exponiéndose al contagio en el transporte público y también en sus lugares de trabajo. Las y los pibes repartidores de aplicaciones como Rappi o Glovo se ven obligades a pedalear muchos kilómetros por día para llevar el pan a su casa. Casos como el de Franco Almada que murió atropellado en Bernal demuestran la brutalidad de este tipo de trabajo precario que los empresarios quieren extender. En distintos lugares como el ferrocarril Roca, Coca Cola o en el aeropuerto, después de sufrir muchos contagios entre sus compañeres pusieron en pie comisiones de higiene y seguridad.


Frente a la brutalidad de las empresas, apoyamos la lucha de les trabajadores de la papelera Ansabo que muestran otra salida posible a esta crisi: que cada empresa que cierre sea ocupada y puesta a producir por sus trabajadores y trabajadoras.


Frente a esta crisis, la respuesta del gobierno se encaminará al fracaso en la medida en que cede a ante las presiones patronales y el pago de la deuda externa. El IFE no alcanza, los alimentos que destinan a los comedores populares son insuficientes, lo mismo que los módulos de mercadería para nuestras familias. Mientras le niegan el IFE a millones de personas el Estado le paga los sueldos a los CEOs de empresas como Clarín, Techint, entre otras. Subsidian con el ATP los sueldos de empresas multinacionales como Mc Donalds mientras miles de pequeñes comerciantes tiene que bajar persianas.


Los grandes capitalistas y la derecha opositora empujan por abandonar la cuarentena para no perder ganancias, presionan e imponen despidos, suspensiones y recortes de salarios: nuevamente buscan que la crisis la pague el pueblo trabajador, ante lo cual el gobierno solo ha mostrado pasividad. El resultado inmediato es más pobreza y el crecimiento más acentuado de la curva de contagios, derramando el virus sobre las barriadas más humildes.


Frente a esta realidad es urgente que se cobre un impuesto a las grandes fortunas. Si se aplica un impuesto extraordinario del 3% a la riqueza de los grandes multimillonarios terratenientes y a la banca privada se puede garantizar un ingreso de cuarentena de $30000 para les trabajadores precarizades durante dos meses. Atacar la ganancia capitalista se vuelve imprescindible para que el costo de la crisis sanitaria y social no recaiga sobre les trabajadores.


Es urgente fortalecer la integración del sistema de salud para que pueda en forma coordinada dar respuesta a la demanda de salud, y coordinar las prestaciones de los trabajadores de la salud para evitar la superexplotación, que genera -ante la multiplicidad de servicios en distintos establecimientos- un cruce potencial de la infección. Homenajeamos a les trabajadores, compañeres que perdieron la vida poniendo el cuerpo en la primera línea de lucha contra el hambre y la pandemia.


Argentina carga con una deuda pública que supera el 90% de su PBI, con un enorme déficit fiscal y con un Banco Central que carece de reservas, la orientación del gobierno encabezado por Alberto Fernández, fue la de subordinar toda su política al progreso de la renegociación de la deuda con los acreedores internacionales y con el FMI. La contrapartida de toda esta orientación fue una ofensiva en regla contra jubilados, trabajadores y desocupados. A través de un decreto, el gobierno operó una escandalosa confiscación de los haberes jubilatorios, en el orden de u$s 15 mil millones anuales. A su vez, anunció el fin de las “cláusulas gatillo” de actualización de los salarios según el costo de vida, que diversos gremios conquistaron con combativas huelgas en los años precedentes para preservar el poder adquisitivo de sus ingresos.


No a la deuda externa. La deuda es con el pueblo trabajador, no con el FMI ni los fondos buitres.


No con la megamineria. Utilizan nuestro hambre y el recorte de nuestros derechos básicos, juegan con el presupuesto estatal y el salario de nuestres docentes y de les empleados estatales, para traer la discusión de la rentabilidad de la megamineria y el endeudamiento. No en nuestro nombre, no a costa de nuestro futuro. Nuestros pueblos cercanos a Vaca Muerta ya sufren las consecuencias del fracking, así como en Andalgalá y San Juan las del extractivismo. De la mano de los proyectos megamineros dejaron a los pueblos desahuciados y con sus economías regionales destruidas. Por eso nos seguimos organizando para decirle ¡No a la Megaminería! ¡No al Extractivismo salvaje y asesino! ¡El agua es vida y no se negocia!


Frente a la pobreza y miseria cada vez más graves, las luchas obreras y populares y la organización y solidaridad construidas desde abajo, nos marcan el único camino posible para que la crisis no la sigamos pagando la clase trabajadora y el pueblo. Eso expresan la persistencia de las luchas piqueteras en todo el país; las luchas de les trabajadores frente a los despidos, suspensiones y recortes salariales, contra la precarización del trabajo y de la vida, construyendo comisiones de mujeres, sosteniendo ollas y comedores populares frente al hambre, enfrentando los vaciamientos y cierres de fábricas, como en Ansabo, Penta, Vicentín, entre otras.


***


Desde el inicio de la cuarentena y el distanciamiento social, el gobierno nacional –en acuerdo con gobiernos provinciales y municipales- saturaron las calles de las ciudades y barriadas con miles de policías, gendarmes y prefectos para amedrentar a la población en general y a les jóvenes pobres y trabajadores en particular. En pocos días detuvieron y accionaron legalmente contra miles de personas, en una escalada que hoy cuenta a decenas de miles de detenidos. Un despliegue de fuerzas represivas que incluyó rumores de implantación de estado de sitio (ensayado en algunos municipios) y el avance de discursos e intervenciones de tinte fascistoide como los discursos y bravuconadas del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni.


La profundización de la crisis económica y el agravamiento acelerado de la pobreza y la miseria, tienen como respuesta el recrudecimiento de la represión. El secuestro, desaparición y asesinato de Luis Armando Espinoza a manos de la policía tucumana. El salvaje ataque a una familia Qom y el abuso sexual de las mujeres de parte de efectivos de policía de la provincia del Chaco, uno de las últimas expresiones de la continua represión al pueblo Qom, cuya responsabilidad política cabe al gobernador Jorge Capitanich. En San Luis, departamento de Santa Rosa, Florencia Magalí Morales aparecía ahorcada luego de ser detenida por personal policial, en una celda de la comisaría N°25 de esa provincia. Y en los últimos días los fusilamientos de Augusto Iturralde y Diego Arzamendia en Berazategui, y el de Facundo Escalso en CABA. Estos asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad estatales se suman a las ya conocidas desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuche, junto al extenso listado de les luchadores populares caídos en democracia. Exigimos justicia para todas las familias que vienen sufriendo y enfrentando desde el comienzo de la democracia el gatillo fácil y las políticas de represión estatal. Nos referenciamos en Luciano Arruga, y en él en todes y cada une de les pibes caídos por el fuego policial y que se niegan a ser mano de obra de la corrupción policial.


Exigimos la liberación de Sebastián Romero, detenido en Uruguay. El compañero, militante del PSTU, perseguido por el poder el poder judicial y político desde fines del 2017, por orden del gobierno de Mauricio Macri, por luchar y defenderse de la represión en la gigantesca movilización popular del 18 de diciembre de 2017, frente al Congreso de la Nación, donde se trataba la ley de reforma previsional. Exigimos la Absolución de Cesar Arakaki, militante de PO y Daniel Ruiz, militante del PSTU, llevados a juicio por los hechos del 18 de diciembre de 2017.


Repudiamos la masacre de Curuguaty como crimen de estado producida el 15 de junio 2012, que desencadenó en el Golpe de estado en Paraguay, y exigimos justicia. A pocos días de cumplirse 11 años del Golpe de estado en Honduras gritamos bien fuerte: ¡ni golpes de estado, ni golpes a las mujeres! Y ante la concreción del Golpe de estado en Bolivia producido el 10 de noviembre 2019, exigimos justicia por los masacrados en Sacaba y Senkata; junto a su familia exigimos Memoria, verdad y justicia por Sebastián Moro, periodista argentino muerto/asesinado en el marco del golpe de estado boliviano, como así también la repatriación urgente de Facundo Molares, foto reportero argentino preso político en las cárceles del gobierno de facto de Bolivia


Basta de gatillo fácil.


Basta de represión y criminalización de la protesta popular.


Basta de presas y presos políticos


***


Más de cincuenta femicidios se cometieron en lo que va de la cuarentena, una mujer asesinada cada 26 hs, lo que evidencia que miles de mujeres se encuentran viviendo con violentos, abusadores y femicidas, esto no puede quedar ajeno a nuestros reclamos y luchas cotidianas. Seguimos exigiendo justicia por Anahí Benítez y denunciamos las irregularidades en el juicio y la complicidad entre el poder judicial y la policía que ocultan los hechos, arman causas, encubren responsabilidades y dejan intactas e impunes las redes que operan para la desaparición sistemática de las pibas.


En este contexto, la crisis social y económica golpea con más saña a las mujeres, trans, travestis y lesbianas, hoy en la primera línea contra el hambre, la violencia y las desigualdades de este sistema patriarcal y capitalista, como en aquel 26 de junio de 2002.


Tenemos el orgullo de pertenecer al movimiento de mujeres, lesbianas y trans que protagonizó los primeros Paros Internacionales de Mujeres, ante el escandaloso aumento de femicidios.


Esas mujeres que se siguen organizando y luchando por una vida digna todos los días, frente a los despidos y cierres de fábricas, en las organizaciones piqueteras, organizando comisiones de mujeres en lucha, y también han salido a las calles desde 2015 exigiendo #NiUnaMenos, reclamando que el Estado es responsable por la impunidad y la violencia que sufrimos las mujeres en las casas y en los barrios.


Seguimos exigiendo una respuesta para frenar el asesinato y el secuestro de mujeres en todo el país, y luchando para que el Estado tenga políticas públicas que garanticen la igualdad para las mujeres, lesbianas y trans.


Toda la potencia de la marea feminista se expresa en un movimiento que se fortalece articulándose con las luchas antirracistas, clasistas, anticoloniales y contra la heteronorma. Cada vez más nuestros sueños y nuestras luchas son feministas, disidentes y plurinacionales.


Vamos por todos los derechos que nos faltan, contra todas las opresiones de género. Sin las mujeres, trans, lesbianas, bisexuales, toda lucha va por la mitad. Vamos por más feminismo, vamos por más unidad, hasta derrotar todas las formas de opresión contra las mujeres y el conjunto de lxs oprimidxs.


¡Basta de violencia machista!


¡Basta de femicidios!


¡Ni una muerta, ni una mutilada más por aborto clandestino!


Exigimos la aparición con vida de todas las mujeres secuestradas en las redes de trata, y Justicia por todas víctimas de la violencia machista.


¡El Estado es responsable! ¡Ni una menos!


¡Niñas, no madres!


¡Separación de la iglesia y el Estado!


***


Reivindicamos, a través de Darío y Maxi, a todes les mártires de las luchas obreras y populares.


A les 30 mil compañeres detenides desaparecides por la última dictadura cívico militar y a les asesinades por la represión durante la democracia


Reivindicamos a les caídes en las luchas obreras y populares:


A Víctor Choque, Teresa Rodríguez; Francisco Escobar y Mauro Ojeda asesinados en el puente Corrientes en 1999; Carlos Santillán y Oscar Barrios y Aníbal Verón en Salta en 2000 y 2001. A las víctimas de los crímenes de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, a Javier Barrionuevo y a Carlos Fuentealba. A Rosemary Churapuña, Emilio Canaviri Álvarez y Bernardo Salgueiro, asesinades en la represión del Indoamericano. A Roberto López y Sixto Gómez y Mario López, de la comunidad Qom de Formosa. A Florentín Díaz, asesinado en Castelli, Chaco. A Cristian Ferreyra y Miguel Galván, asesinados por los sicarios del agronegocio en Santiago del Estero. A Mono, Jere, Patón y César Oviedo en Rosario


A pocos meses de los 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra, no solo homenajeamos su lucha sino que marcamos su vigencia contra la tercerización laboral y la explotación de les trabajadores.


Seguimos exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por las prefectura y gendarmería en la represión contra las comunidades mapuches.


Alzamos nuestra voz por la desaparición de Julio López y por el esclarecimiento de los crímenes de Luciano Arruga y Silvia Suppo. Por todos les asesinades por gatillo fácil.


Nos solidarizamos con todas las luchas de nuestros pueblos hermanes de Nuestra América, seguimos exigiendo Justicia por Berta Cáceres, lideresa del COPINH en Honduras asesinada en marzo de 2016. Exigimos justicia por las 56 niñas incineradas en Guatemala en 2018. Y castigo a los asesinos de Marielle Franco en Brasil. ¡El Estado es responsable!


Elles formaron parte de una generación de luchadores y luchadoras. La que enfrentó al menemismo y a la Alianza, la del 19 y 20 de diciembre, la que combate todos los días el hambre, la miseria, la explotación y la opresión. Son nuestra bandera para seguir construyendo el poder del pueblo.


***


Volvemos al puente con el mismo reclamo de trabajo genuino; basta de precarización laboral; basta de hambre y represión.


No al pago de la deuda externa y al acuerdo con el FMI, que profundiza la miseria y la dependencia económica y social.


Expropiación sin pago de Vicentín


Por una Argentina sin explotadores ni les explotados.


Castigo a todos los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda.


Basta de criminalización de la protesta social, basta de represión.


Basta de violencia contra las mujeres, lesbianas y trans. Ni Una Menos. El Estado es responsable.


¡Cupo laboral trans ya!


Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Que sea ley.


Por tierra y vivienda digna para todes.


Fuera el imperialismo de América Latina. No a las bases militares en Argentina y Nuestra América.


Unidad de todos les luchadores y luchadoras contra la explotación y la opresión.


¡LOS ASESINOS DE AYER NO PUEDEN SER LOS SALVADORES DE HOY!


DARÍO SANTILLÁN Y MAXIMILIANO KOSTEKI, ¡PRESENTES!


Alberto Santillán (Padre de Darío)


Leonardo, Javier y Noelia Santillán (Hermanes de Darío)


Mara Kosteki (hermana de Maximiliano)


FPDS (Frente Popular Darío Santillán)


MTD Anibal Verón (Movimiento de Trabajadores Desocupados)


Polo Obrero


Movimiento de los Pueblos -FPDS CN (Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional) MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social)


Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento 8 de Abril)


FOL (Frente de Organizaciones en Lucha)


MTR 12 de Abril


MTR VOTAMOS LUCHAR


CUBa MTR MIDO


MTL Rebelde en el ESA


MST TERESA VIVE


Movimiento Argentina Rebelde


Movimiento Resistencia Popular


APDH La Matanza (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)


Encuentro Militante Cachito Fukman


H.I.J.O.S. zona oeste


Hijos La Plata


CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional)


CADeP


Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil


Red Internacional por la Libertad de todos los Presos Políticos del mundo y Justicia por Nuestros Mártires


Paula Mercedes Alvarado Mamaní (Abogada de Mara Kosteki y familia Santillán)


ATE Gran Bs As SUR, CTA -A Lomas de Zamora/ ATE Alte Brown-Pte Peron/ CTA Alte Brown-Pte Perón y Agrup Pcial Víctor Choque de ATE


ATE INCAA


AGRUPACIÓN PROVINCIAL VICTOR CHOQUE DE ATE


ATE Desde Abajo


Lista Blanca Negra y Violeta ATE Desarrollo Social – SENNAF


Movimiento de Agrupaciones Clasistas (Mac)


Corriente Sindical 18 de Diciembre


Coordinadora Sindical Clasista


Campaña Nacional Contra las Violencias hacía las Mujeres y Disidencias.


ESPACIO DE MUJERES Y DIVERSIDADES ” LAS MARIPOSAS” del MTR 12 de Abril


Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía


Plenario de Trabajadoras


Monika Ertl- mujeres en lucha


Agrupación Las Rojas


Colectiva Tatagua


Partido Obrero


Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)


MST EN EL FIT-UNIDAD


Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda UNIDAD


Nuevo Mas


PRML Partido Revolucionario Marxista Leninista


Poder Popular- Corriente de Izquierda


MARABUNTA-Corriente Social y Política


Venceremos Partido de Trabajadorxs


Abriendo Caminos


ASL (Acción Socialista Libertaria)


PCT en el ESA


Emancipación Sur


OLP Resistir y Luchar


Juventud del PTS


UJS


Agrupación Juvenil Ya Basta …


JUVENTUD SOCIALISTA DEL MST


JUV ” RAFAEL NAHUEL”


Frente Juvenil Hagamos Lo Imposible


 

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26/06/2020

“Con nosotros, el movimiento piquetero sigue vivo y vigente”

A 18 años de la masacre de Avellaneda entrevistamos a Cristina Mena, del MTR 12 de Abril.

¿Cuál es la vigencia de la lucha de Maxi y Darío?


Mientras exista el mundo divido en clases, desigual y alienante, opresores y oprimido, en este caso, dos luchadores del movimiento de desocupadxs, la lucha por nuestros derechos no perderá vigencia. Como parte de esa clase oprimida continuamos organizándonos con las herramientas aprendidas en largas jornadas de resistencia: cortes de rutas, piquetes, con asambleas democráticas de toma de decisiones y en unidad de acción junto a organizaciones hermanas.


2002 fue el año siguiente al Argentinazo. El movimiento obrero sufría uno de los mayores ataques del gobierno y la patronal, siempre acompañado de direcciones burocrática y entreguistas de conquistas histórica. La flexibilización laboral, trabajo en negro, desocupación masiva, cierre de grandes empresas, muchas de ellas recuperadas por lxs trabajadorxs, como Zanón, Bruckman, por decir algunas.


El 26 de Junio del 2002 una gran masa de desocupadxs ocupamos las rutas y todos los accesos. El epicentro fue el Puente Pueyrredón, que terminó con los asesinatos de Darío y Maxi. El 30 de septiembre del 2002 nacían las Asambleas Nacionales de Trabajadores y Desocupados (ANT) y en esa su primera asamblea, a pocos meses de la masacre del puente, votamos el primer gran plan de lucha.


¿Qué puntos de encuentro encontrar entre la situación en aquellas jornadas y la actualidad?


Hoy la situación de la clase está aún más compleja. La flexibilización al trabajo avanza y resiente la salud pública, la educación pública, las 8 horas de trabajo, salarios, estabilidad laboral, vivienda, todo lo que hace que una sociedad funcione.


El Estado de Bienestar del final de la segunda guerra cumplió su ciclo para el capital. Estamos frente a un nuevo paradigma de distribución de las riquezas y por ende un cambio brutal en las relaciones de clase.


Más allá de los gobiernos, burgueses todos y defensores de sus intereses, nosotros también deberemos revolucionar nuestros métodos de resistencia. Creemos en la unidad, no solo por logros llamados económicos sino también por la lucha por el poder político, ideológico y económico. Derrotar para siempre a este sistema capitalista, imperialista y patriarcal. Pasaron siete ANT, y en estos años logramos conquistas económicas parciales.


¿En qué situación crees que se encuentra actualmente el movimiento piquetero?


Divisiones de todo tipo. El enorme Bloque Piquetero Nacional, gestor de tantos planes de lucha, se disolvió. Como la unidad sigue siendo parte importante en la política de construcción del MTR 12 de Abril hoy integramos el Frente de Lucha Piquetero y logramos un paso muy importante en ese sentido. Fuimos ejemplo de organización y lucha al macrismo. Cuando los llamados Cayetanos a la cabeza y tantas organizaciones se refugiaban en escusas de métodos, nosotros le hicimos un enorme acampe en diciembre del 2018 en la 9 de Julio. Y plantamos bandera a todos quienes ya no podían disimular en que vereda se situaban. Hoy son los funcionarios que nos explican “no tenemos presupuesto a sus demandas, no podemos comprar alimentos”. Mientras que el pueblo resiste al hambre y al Covid-19 y les decimos que si hay hambre no hay cuarentena.


Con nosotros, el movimiento piquetero sigue vivo y vigente. Muy fortalecidos además en el paso importantísimo de ser parte del Plenario del Sindicalismo Combativo representando a lxs desocupadxs con nuestro programa reivindicativo. Ese hito se plasmó en el Plenario de Pilar


¿Qué opinas del proceso de integración de distintas organizaciones piqueteras al gobierno de Alberto Fernández?


El Estado burgués y sus poderes, sus reglas y su justicia están para defender sus intereses de clase. Puede tomar la apariencia de nacional y popular, puede decir que es menos salvaje. Pero me enseñaron que ese antagonismo de clase solo se resuelve destruyendo ese poder, al Estado burgués. El querer integrarlo, por la razón que sea, es para mí una gran contradicción.


La cooptación es un método de los poderosos para debilitar a su oponente. Sin un objetivo claro de dónde querés llegar en política seguramente terminaras fagocitado por el monstruo. Una vez adentro, integrado, dejaste de pertenecer a tu clase para adoptar y aplicar los métodos del enemigo.


¿Se puede luchar contra la impunidad de los responsables políticos de la masacre dentro del gobierno?


Por lo dicho antes ¿la justicia burguesa ajusticiando a sus pares? ¿Justicia burguesas para crímenes, abusos, robos? La justicia que pedimos es la cárcel y castigo a todos los responsables de la masacre, porque representa la solidaridad de clase, que tenemos memoria, que no olvidamos ni perdonamos. Que sepan que el pueblo los condenó y la historia no los absolverá.


Con un dicho campero. Entre bueyes no hay cornadas. Manejan la justicia, dictan sus leyes, hacen sus trampas. El capitalismo tiene la justicia que defiende sus intereses de clase. A nuestrxs compañerxs los defendemos no traicionando intereses de nuestra clase y organizándonos para destruir de raíz a ese Estado y su justicia. Otro dicho. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y para el pueblo no hay nada peor.


¿Qué tareas consideras que tiene el movimiento piquetero por delante?


Somos como siempre, lxs que sabemos y conocemos el territorio y sus realidades. Volvieron la ollas populares y con ellas la solidaridad. Ver a tantxs peques tender sus manitas para recibir la leche y lo que se pueda acompañar redobla nuestro compromiso para la organización de un gran frente de unidad entre ocupados y desocupados. Debemos enfrentar no solo la cuarentena y al Covid-19 sino también a la gran caída del empleo y todas sus consecuencias. Necesitamos un programa que tenga como meta enfrentar y destruir este sistema.


Tengo esperanza en este incipiente PSC que está organizando a lxs trabajadores que descreen de sus conducciones burocráticas y traidoras y también van comprendiendo que lxs desocupadxs somos uno de los sectores más dinámicos de la clase. Nuestros métodos, el piquete y el corte, tomado de las luchas del Siglo XX, hoy son universales. Además en esta recomposición del mundo del trabajo, lxs desocupadxs ya dejamos de ser el ejército de reserva. Como digo, somos parte de la clase que nos vio nacer. La lucha entre el capital y el trabajo. El Socialismo como meta.


Que este reportaje sea en memoria de Antonio Bitto, fundador del MTR 12 de Abril, del Bloque Piquetero Nacional. Presente en la primera línea el 26 de Junio del 2002. Compañero y militante de tantas luchas. Mi compañero durante 50 años.






 

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En el marco de una jornada nacional convocada por el Frente de Lucha Piquetero.
El Frente de Lucha Piquetero concentra desde las 10 hs en Plaza Alsina.
Miércoles 25/6 a las 15.30 hs Charla Debate contra la persecución, luego vigilia, y jueves 26/6 a las 10 horas acto, ambos en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Y las cámaras valientes como la de Pablo Grillo y Pepe Mateos.
26/06/2020

Un ataque de las patronales de comercio a la Anses

Reducción de aportes patronales acordado con el gobierno nacional.

La Naranja de Comercio - Córdoba

La Cámara de Comercio de Córdoba dio a conocer que por Resolución General N° 4.734 de la Afip se establece un nuevo beneficio para las patronales por el cual se reduce un 95% el pago de contribuciones patronales o una postergación de hasta dos meses de las mismas. Se trata de un claro ataque que el Ministerio de Hacienda hace a la caja de jubilaciones nacional (Anses) en favor de las patronales. Esta medida se suma a los continuos decretos presidenciales que están haciendo una reforma previsional de hecho.


Esto es el resultado del lobby político que los dueños de comercio hicieron a los actuales ocupantes de la Casa Rosada, ya que las ventas durante todos los meses de la pandemia superaron a las de Navidad, tiempos de prosperidad para las patronales beneficiadas como las de Alfredo Coto, Carrefour Argentina o los Jalil en Córdoba.


Por eso, este beneficio para las patronales en el caso de las cadenas de supermercados no tiene forma de justificarse, puesto que son empresas que no se han visto afectadas por la crisis sanitaria y económica en curso.


Envalentonados por el beneficio recibido es de esperar que las patronales vayan por más, en momentos en que de conjunto los capitalistas están planteando en los hechos una reforma laboral. Quienes debieran ocuparse de luchar para evitar esto, con Cavallieri, Muerza y Chacon a la cabeza, están más preocupados por escudarse para que no se ventilen sus fechorías y no van a levantar cabeza para poder seguir arreglando con el gobierno y con las patronales.


Basta de ataque a las jubilaciones


Ante la creciente cantidad de contagios, sobre todo en los supermercados del Amba, los trabajadores de comercio debemos rechazar de plano resoluciones que solo benefician al bolsillo de la patronal y dejan de lado a las y los trabajadores, que estamos en la primera línea.


Tenemos que impulsar las asambleas de base en todos los puestos de trabajo, para garantizar nuestra salud, defender el salario, y las jubilaciones. En ese sentido, un movimiento de las y los jubilados cordobeses se ha puesto en marcha. La unidad de activos y pasivos es clave para que se termine con la política de desfinanciar jubilaciones, para luchar por el 82 % móvil y un salario mínimo igual a la canasta familiar. Que la crisis la paguen los capitalistas.




 

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26/06/2020

“El Estado viene encubriendo en su propio seno a los responsables políticos del asesinato de nuestros compañeros”

A 18 años de la masacre de Avellaneda entrevistamos a Orlando Agüero, del Frente Popular Darío Santillán.

A 18 años de la masacre del Puente Pueyrredón ¿cuál es la vigencia de la lucha de Darío y Maxi?


La vigencia es la destrucción sistemática del aparato productivo en la Argentina, el capricho de las clases dominantes locales y transnacionales que hacen permanecer en nuestro país un modelo productivo que es solamente para pocos. Sigue vigente la lucha contra el hambre, contra la desocupación y la pobreza: esa pobreza estructural que mantiene a la misma franja social que es cada vez más grande, de argentinos, argentinas e inmigrantes, en un estado de pobreza del cual no se puede salir. La pobreza extrema, la falta de trabajo, la desocupación. No nos olvidemos que actualmente estamos en un estado de emergencia alimentaria lo cual resignifica esa lucha, porque en el 26 de junio del 2002 también salíamos por la mercadería que asistía a nuestros comedores. O sea que le hambre es una constante de los sectores populares que luchamos.


¿Qué puntos de contacto encontras entre la situación de aquel momento y la actual?


Uno de los puntos por los cuales se marchaba ese día era la solidaridad con los compañeros que habían sido despedidos de fábricas y que asumieron la responsabilidad y el compromiso de tomar esas fábricas y ponerlas en funcionamiento. Hoy luchamos codo a codo, por ejemplo, con trabajadores despedidos del frigorífico Penta, que hace poco han echado a 240 trabajadores y siguen resistiendo esos despidos, siguen luchando y hoy, ante la situación de Vicentin, están trabajando seriamente para que el frigorífico Penta sea otra de las empresas que se las pueda intervenir y que exista realmente una gestión obrera por parte de los trabajadores, que son quienes conocen la matriz productiva de la fábrica, con el faenamiento de la carne. La lucha de los trabajadores contra las patronales ha sido una constante y es una bandera que se sigue manteniendo tan vigentes en el 2002 como en el 2020.


El movimiento de los trabadores y las trabajadoras es uno. En ese andarivel evidentemente hay una solidaridad permanente, porque el trabajador es trabajador ocupado hasta que la patronal decide despedirlo. Ahí la solidaridad de todos los movimientos, de todos los barrios, se hace carne y se hace una sola cosa. La clase trabajadora es una sola, más allá de estar trabajando o estar desocupada. Hay solidaridad y lo vemos permanentemente cada vez que hay una lucha de los trabajadores que han sido despedidos.


¿En qué lugar crees que se encuentra actualmente el movimiento piquetero?


Hoy el movimiento piquetero, como tal, sigue trabajando en relación a lo que es la lucha por la desocupación, cosa que todavía no se ha logrado resolver. Ha tenido algunos cambios en estos años. Hay un conjunto muy grande de organizaciones que otrora han sido de desocupados y que se han convertido en esto que hoy conocemos como movimientos de la economía popular. Pero el movimiento piquetero sigue siendo uno solo, más allá de todas las divisiones que hace el Estado para su intervención. Creo que hoy están dadas todas las condiciones en relación a esta pandemia que hizo cambiar muchas lógicas, de no volver nunca más a la normalidad pasada, sino que tenemos la responsabilidad de cara al futuro cercano de construir una nueva realidad, una nueva anormalidad, como decimos algunos, para poder construir sobre esos pilares una nueva sociedad.


¿De qué se trata esta división a la que te referís?


Me refiero a un montón de organizaciones que han optado por ser parte de la gestión del actual gobierno. Nosotros ahí, por ejemplo, no estuvimos de acuerdo. No solo por la cuestión de que el Estado logre dividir a los movimientos, cosa que ya es grave, pero sobre todo porque el Estado viene encubriendo desde hace 18 años, en su propio seno, a los verdaderos responsables políticos del asesinato de nuestros compañeros. En el caso de este gobierno es muy claro: Felipe Solá como ministro de Relaciones Exteriores, siendo uno de los principales responsables políticos de la masacre de Avellaneda, siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, en donde quedó absolutamente comprobado que las balas asesinas partieron de las armas del comisario Franchiotti y el exCabo Acosta, que eran miembros de la Policía Bonaerense, una policía que políticamente responde al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Felipe Solá nunca se presentó a declarar ante ningún estrado judicial, por eso nos parece que no corresponde que los compañeros de Darío Santillán y de Maximiliano Kosteki, que están en nuestras organizaciones y en organizaciones hermanas, estén avalando a un asesino del pueblo que tenga un lugar tan encumbrado dentro de los que es la política del gobierno nacional.


También es el caso de Aníbal Fernández, actualmente interventor en Yacimiento Carbonifero de Rio Turbio. También las apariciones de Eduardo Duhalde, tanto alrededor del gobierno nacional como del de la provincia de Buenos Aires. Las apariciones y declaraciones de Chiche Duhalde que si bien no es quien tomó la decisión política pero es la persona que intenta blanquear permanentemente la figura del asesino principal, que fue Eduardo Duhalde como presidente de la República Argentina en ese momento. Un presidente que no fue elegido por las masas sino que ha tenido ese nivel de poder por el acuerdo de las cúpulas dominantes del país. Por eso creo que es importante esto que señalaba de que el Estado y el gobierno está permanentemente intentando dividir las fuerzas del pueblo en función de que no se genere nada nuevo, sino que se siga replicando y reciclando a los verdaderos responsables, no solo de estos crímenes, sino de los verdaderos responsables de la debacle de la economía Argentina, de los recursos y bienes naturales y del pueblo trabajador ante las patronales transnacionales.


¿Qué tareas consideras que tiene el movimiento piquetero por delante?


Nosotros lo que si pensamos es que la tarea básica es seguir luchando. Creemos que hay que construir una resistencia muy importante a lo que se viene, que es una solidificación del avance del pensamiento y las acciones de la derecha liberal-fascista en la región y en el mundo, y debemos prepararnos parta luchar, para seguir esa resistencia y para seguir acumulando poder para el pueblo, para derrotar justamente en los terrenos que haga falta al avance de los sectores que permanentemente se han enquistado en la conducción del Estado, el gobierno y la economía del país. Creemos que este es el momento que hay que aprovechar a través de la lucha para dar vuelta esa situación.


Vamos a seguir llevando adelante los juicios en los tribunales federales y en los tribunales provinciales para que no solamente haya justicia social o popular, condenas sociales a los responsables políticos, sino que vamos a llevar hasta las últimas instancias la lucha en los estrados judiciales de la justicia burguesa. Vamos a llevar todos los testigos y pruebas que hagan falta para que en algún momento este mismo sistema opresor meta en cana a sus propios responsables políticos del asesinato de nuestros compañeros. No vamos a dejar de luchar hasta que Duhalde, Sola, Fernández, Oscar Rodríguez, Luis Genoud y todos los responsables que hayan tenido en sus manos la decisión de mandatar a la policía, a las otras fuerzas y la Side, para que coordine ese operativo criminal, terminen tras las rejas.






 

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26/06/2020

“Si vos estás poniendo en tu gobierno a los principales responsables de la masacre de Avellaneda, los estás avalando”

A 18 años de la masacre de Avellaneda entrevistamos a Alberto Santillán, padre de Darío Santillán.

¿Cuál crees que es la actualidad de la lucha contra los responsables de la masacre de Avellaneda?


La situación sigue siendo igual, nada más que a 18 años la injusticia sigue estando, esperando que la justica haga algo. Porque si pensaban que nos conformábamos únicamente con la condena de Franchotti y Acosta están muy equivocados. Todavía estamos esperando que la justicia actúe y vaya por los políticos, que nosotros lo venimos señalando hace 18 años. Son políticos que se reciclan, los que llevaron adelante la masacre de Avellaneda, siempre estuvieron en todos los gobiernos: en el de Néstor y en el de Cristina y en el de Alberto Fernández. Vos fíjate que siguen estando, como limpiando sus caras de asesinos, Felipe Solá como Canciller; Aníbal Fernández como interventor del Yacimiento de Río Turbio y Duhalde como principal fuente de consulta ante cualquier actitud que tome el gobierno. Entonces sabemos ahí que seguimos luchando, no nos vamos a correr, evidentemente cuando no hay voluntad de la política para llegar a donde tiene que llegar sabemos que la justicia tampoco lo va a hacer. Eso no quiere decir que dejemos de batallar.


Hace 18 años que mataron a Darío y a Maxy y extraño muchísimo a mi hijo, muchísimo, y sin embargo los principales responsables siguen fogoneandose amparados por cada gobierno de turno, incluso este nuevo gobierno que se dice nacional y popular. Las primeras palabras de Alberto Fernández antes de abrazarlo a Duhalde fue decirle que fue el bombero que salvó del incendio a la patria. En realidad él lo que hizo no fue apagar ningún incendio, sino lo que hizo fue apagar la llama, el corazón, de mi hijo Darío y el de Maxy. O sea que estamos completamente diferenciados con respecto a todo esto y a 18 años hay una parte importante de la sociedad que también está buscando justicia y que los que llevaron adelante la masacre de avellaneda paguen y podamos meter algún responsable político preso.


¿Están vigentes la lucha y las ideas de Darío y Maxi?


Si vos escuchas lo que decía Darío y lo trasladas a la actualidad la situación es igual o es peor, o sea que el reclamo sigue siendo el mismo. Hace 18 años lo mataron a Darío y hay chicos que están naciendo, abren los ojos, y saben que el padre no tiene trabajo, saben que ellos tampoco van a tener trabajo, saben que están aislados de todos los beneficios. Ojalá fuera como pensaba Darío, eso del deseo de la revolución, que en ese momento no se veía. Pero si, yo apuesto a una juventud, a la juventud que tenía Darío, que es la que está luchando para cambiar todo esto. No nos equivoquemos, cuando la sociedad prejuzga a la juventud también hay una juventud que quiere cambiar todo esto. Yo apuesto a la juventud. Hay una juventud que tiene los mismos principios y las mismas cosas revolucionarias que pretenden cambiar todo esto, y alguna vez tendremos una justicia popular, porque si esperamos de la justicia real estamos muy lejos, es muy difícil. La justicia tiene que llegar de la mano del poder popular.




¿Este gobierno tomó alguna medida para terminar con la impunidad de la masacre de Avellaneda?


Yo mandé una carta a través de una persona a Alberto Fernández para que me reciba. Pensé que en su momento estaba interesado, pero entonces ¿cómo me puedo entrevistar con un tipo que tiene en sus filas a Solá, a Aníbal Fernández, a Duhalde, los principales responsables de la masacre de Avellaneda? No puedo hablar nada con él. Si él no los hubiera tenido en sus filas no tengo problema para decirle tal cosa, incluso para apoyarlo, pero evidentemente está muy lejos de lo que yo pienso este gobierno, que nació como nacional y popular. Me parece que fue una gran defraudación.


¿Qué efecto producen estas integraciones que mencionas del gobierno de Fernández?


Justamente. Si vos estas poniendo en tu gobierno a los principales responsables de la masacre de Avellaneda, los estas avalando, estas mintiendo en su imagen. Entonces, ¿qué tengo que ver yo con un tipo como Alberto Fernández? No tengo nada que ver. Como en su momento también creí un poco en Néstor Kirchner, cuando apareció en la Casa Rosa, me abrazó y me dijo “vamos a investigar hasta las últimas consecuencias”. No me importa el político que esté. Cualquier político que este mezclado o tenga que ver con la masacre de Avellaneda yo voy a ir por la cabeza de ellos. Sin embargo, fue una gran mentira. No quiero falsas promesas, prefiero quedarme parado en la vereda de lucha y no correrme de eso. Con estos gobiernos no tengo nada que ver, ni con los gobiernos anteriores. Cuando no hay voluntad política no hay voluntad de la justicia, para llegar a aclarar lo que pasó en Avellaneda. Una gran parte de la sociedad insiste y quiere justicia, porque sabe que sin una orden del gobierno nacional, como en su momento era Duhalde, como el gobernador provincial era Felipe Solá, sin embargo pasaron largos 18 años y laburamos más que los fiscales y que los jueces para presentar las testimoniales, presentando pruebas y sin embargo la justicia no los alcanza.


¿Consideras que hay un hilo de impunidad durante todos estos años?


La clase política que protege una mano con la otra. Lo que nosotros hemos conseguido en estos largo años de lucha, como la condena a Franchiotti y Acosta por cadena perpetua; pudimos conseguir que se reabra la causa federal; pudimos conseguir que se cambie el nombre de la Estación Avellaneda y se ponga el nombre de Darío y Maxy, lo hemos conseguido en la calle, en la lucha, en base a poner pulmón, pulmón y pulmón. Y si piensan que nosotros nos vamos a poner en la no exigencia de condenar a los responsables políticos están muy equivocados, vamos a seguir insistiendo en la lucha. Yo veo como en estos 18 años todos los responsables políticos se siguen codeando con los gobernadores y con los presidentes de turno. Entonces, yo recuerdo los sueños de mi hijo, su compromiso con la vida, su compromiso con los compañeros, y hasta el último instante es absolutamente autentico lo que decía, por eso el loco se quedó, sabía que lo iban a matar. Y yo lo entiendo, es un ejemplo de vida, es un ejemplo de compromiso, por eso se lo mantiene tan alto. Pero no únicamente nosotros como familiares, sino que tambien tenemos mucha militancia que nos acompaña y también una parte de la sociedad en la búsqueda incesante de justicia. El día que pongamos a uno de estos políticos presos creo que esto va a cambiar un poquito.


¿Cuál es el camino a seguir en esta lucha?


Los sueños en búsqueda de justicia sabemos que es difícil, pero tambien te puedo decir que los sueños que tenía Darío eran los sueños que tenían los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos, los sueños de Darío fueron los de otros compañeros asesinados, siguen prolongados en una juventud que quiere hacer un cambio. Por eso, si haces un poco de memoria y escuchas las palabras de Darío son actuales, como para hoy. Darío tambien ha germinado en un montón de otros jóvenes, repartidos por toda la Argentina.


Nosotros sabemos muy bien como lo mataron a Darío, pero también sabemos muy bien como vivía Darío y lo que dejó. Muchos compañeros han caídos y muchos compañeros siguen su lucha, levantan sus banderas. Entonces no nos correremos hasta que no tengamos una verdadera justicia. Yo amo a mi hijo, extraño a mi hijo. Por eso cuando a veces uno se siente mal están los militantes ahí para que uno no se caiga, porque la lucha es una sola. No es únicamente la lucha por Darío y Maxy sino por muchos casos que todavía siguen impunes.






 

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26/06/2020

La presidenta del Instituto de Asuntos Indígenas acusada de propagar el Covid-19 en Chaco

Se trata de Magdalena Odarda. Hay un muerto y el gobierno hace silencio de radio.

Trascendió en las últimas horas que Magdalena Odarda, actual presidenta del Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), nombrada por el propio gobierno del Frente de Todos a días de asumir, acaba de ser denunciada ante la justicia del Chaco por legisladores provinciales de la Ucr por violar el articulo 202 del Código Penal. Las acusaciones sobre la responsabilidad de Odarda en la propagación del coronavirus en su visita al Chaco ya había sido denunciada públicamente. Odarda es, además, líder del partido provincial de Río Negro Río.


La visita de Magdalena Odarda a la provincia del Chaco fue entre el 5 y el 8 de junio, cuando en realidad debía estar en cuarentena. Por esos días varios de sus colaboradores estaban internados en Buenos Aires por Covid-19 positivos. Durante la visita la presidenta del Inai, luego de haber roto el aislamiento obligatorio, se dio el lujo de viajar incluso dentro de la propia provincia hacia Gran Resistencia y El Sauzalito, donde en días aparecieron varios casos más. La recorrida fue junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, tres ministras, el titular de la Cámara de Diputados y una secretaria del Estado chaqueño. Luego de su llegada nuevamente a Buenos Aires, y al sentir síntomas (era sospechosa por contacto estrecho con positivos), la hisoparon y dio positivo.


La cadena de consecuencias del manejo absolutamente impune de la funcionaria nacional se comenzaron a ver el día 13 de junio en la provincia, cuando la ministra de Justicia y Seguridad, Gloria Zalazar, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, y todos los pilotos de la aeronave que hizo el traslado dieron positivo. Ahora, pasados varios días las denuncias contra Odarda cobran aun más fuerza, producto de la muerte de un subcomisario llamado René Eugenio Pogonza, quien falleció el día 23 de junio, y que tuvo contacto con Odarda el día 6 en El Sauzalito.


El avance de la denuncia contra Odarda esta por verse, sobre todo si vemos el accionar de los funcionarios del actual gobierno nacional, pero también el pasado político de la propia presidenta del Inai. Es decir, a la impunidad de varios funcionarios nacionales que aparecen sin la protección que le exigen a la sociedad, o el hecho mismo de haber roto el aislamiento, hay que agregarle que Odarda fue senadora por el partido de Lilita Carrió, la Coalición Cívica, en alianza con Cambiemos, y que supo montar relaciones que pueden garantizarle impunidad, más aun, estando hoy en la vereda del oficialismo.


Odarda debe ser relevada como presidenta de dicha institución nacional, y a la vez dar las respuestas necesarias ante la justicia por su desidioso accionar. No a la impunidad.




 

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Salta: el empresario Levin se negó a declarar en la causa por el secuestro de 16 trabajadores de La Veloz del Norte

Empezó la nueva causa por crímenes de lesa humanidad denominada “La Veloz del Norte residual”, la segunda contra el exdueño de la empresa Marcos Levin y los expolicías Víctor Hugo Bocos, Víctor Hugo Almirón y Enrique Víctor Cardozo; y que suma a José Antonio Grueso, jefe de personal en la empresa. Todos están imputados por el secuestro y tortura de 16 trabajadores de La Veloz del Norte durante la dictadura.


La primera audiencia remota vía Skype estaba prevista para el 17 de junio con la indagatoria a Bocos, pero se suspendió porque el imputado alegó razones de salud y no contar con internet en su domicilio. Levin escuchó la imputación ante el juez federal Julio Bavio y pidió no declarar, al igual que hicieron Almirón y Cardozo. Falta aún la citación a Grueso.


En el primer juicio llevado adelante en 2016 fueron condenados Levin, Bocos y Almirón a doce años de prisión y Cardozo a ocho, en la causa por el secuestro y tormentos al chofer y exdelegado de la UTA en la Veloz del Norte, Víctor Cobos, ocurrido en 1977. Los condenados siguieron en libertad hasta que la condena quedara firme, pero ese día nunca llegó. Lo que sí llegó fue la anulación de la condena, el 3 de octubre de 2017, cuando la Cámara Federal de Casación Penal consideró que los delitos no constituían crímenes de lesa humanidad.


El testimonio de Víctor Cobos fue contundente. El entonces comisario de la Comisaría 4ta de la ciudad de Salta, Almirón y los policías Bocos y Cardozo trabajaban en simultaneo en la fuerza y en la empresa bajo las órdenes de Levin, dueño de La Veloz del Norte hasta hace poco años. Cobos acusó al empresario de comandar grupos de tareas y usar vehículos y el espacio físico de la empresa para detener a los trabajadores.


La causa de Levin siguió el mismo derrotero que la de Carlos Pedro Blaquier, quien fue beneficiado por “falta de mérito” en 2015 en la causa por la denominada “Noche del Apagón” en que desaparecieron 20 trabajadores del ingenio Ledesma. Meses antes de al anulación de la condena a Levin, el empresario de había reunido con el entonces presidente Macri, además de con el actual senador provincial Duran Cornejo, como captó en aquella ocasión la foto publicada por La Gaceta.



La impunidad de los genocidas y empresarios cómplices cuenta ahora con el respaldo de la apelación de Alberto Fernández a la reconciliación con los milicos, a quienes desplegó por las barriadas del país con el pretexto de llevar asistencia social. Los juicios y las condenas a los genocidas fueron siempre una conquista de los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que luchan incansablemente, apoyadas en la movilización popular. Son ellos también quienes obligaron a rechazar los pedidos de prisión domicialiaria que hicieron los represores aprovechando la pandemia.


Apoyamos a los familiares que impulsan esta nueva causa. En esta primera citación Levin, Bocos, Almirón, Cardozo y Grueso serán informados de las pruebas obtenidas en el juicio de Víctor Cobos. Si la causa progresa, serán procesados y se podrá elevar a juicio.




 

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25/06/2020

Apoyos de compañeros del SUTNA Merlo a la campaña por el impuesto a las grandes rentas y fortunas

¡Sumá tu firma!

Numerosos compañeros del Sutna Seccional Oeste y de Pirelli se han pronunciado ya por el impuesto a las grandes rentas y fortunas que propone el Frente de Izuqierda y los Trabajadores. Como destacan los compañeros Sebastián Tolosa y Sergio Ramirez, el gobierno no ha presentado su proyecto de impuesto a las fortunas y el proyecto del Frente de Izquierda tiene el objetivo de recaudar 15.000 millones de dólares que no vayan al pago de la deuda externa sino a la atención sanitaria y a las necesidades de los trabajadores en el maerco de la pandemia.


Como destacan los compañeros, el FIT ha propuesto un seguro al desocupado de 30.000 pesos para terminar con el hambre en los barrios, que avanza producto de la crisis que ha profundizado el coronavirus, con su secuela de suspensiones, despidos y rebajas salariales.



Los primeros firmantes de la seccional oeste del SUTNA son: Sebastián Tolosa, com. ejecutiva SUTNA Merlo, Leandro Rojas, com. Directiva, SUTNA nacional, Juan Anchaba, com. Ejecutiva SUTNA Merlo, Sergio Ramirez, delegado Seccional Merlo, Dani Abregú, delegado Seccional Merlo, Sebastian Rojas, delegado Seccional Merlo, Walter Fernandez, delegado Seccional Merlo, Darío Lopez, obrero de Pirelli, activista, Perez Mónica, empleada Seccional Sutna Merlo, Gabriela Batista, empleada Seccional Sutna Merlo


Para darle fuerza a la campaña, te llamamos a sumar tu firma en apoyo al proyecto.



25/06/2020

Neuquén: caso de Covid-19 en tercerizada de Halliburton

¡Que se cumpla el protocolo de seguridad!

Agrupación Obreros del Petróleo

A comienzos de semana se supo que un trabajador de una empresa tercerizada que trabaja para Halliburton dio positivo de Covid-19. El compañero tiene contacto diario con numerosos trabajadores de Halliburton. Sin embargo, a solo unos pocos se les realizó el hisopado y fueron aislados. Urgentemente hacen falta tests para todos los compañeros que hayan mantenido contacto con el compañero infectado.


Pero este primer caso positivo de Covid-19 pone de relieve otra enorme cantidad de irregularidades que están poniendo en peligro la salud y la vida de los trabajadores y de sus familias. En el protocolo establecido por la empresa para ser habilitada a volver a trabajar figuraba que, en cada viaje, las combis debían tener la mitad de los asientos sin ocupar. Esa normativa se incumple. También se incumple la normativa que establece un máximo de trabajadores por cada cocina y que los departamentos de la base de Añelo solo puedan estar ocupados, cada uno de ellos, hasta la mitad de su capacidad. Por el contrario, los departamentos están hasta el tope de obreros.


Halliburton es una de las pocas empresas de fractura, si no la única, que está trabajando, haciendo servicios para las operadoras Chevron y Shell. En los pozos, Halliburton también viola el protocolo. Toda la “seguridad” se circunscribe a un tapabocas por trabajador, y las operadoras hacen la vista gorda. A pesar de la violación sistemática de los protocolos de seguridad e higiene, la dirección del Sindicato se mantiene muda. Se trata de un silencio e inacción criminal.


Es necesario impulsar la elección de un comité de seguridad e higiene, electo por los propios trabajadores, con poder de paralización de maniobras. No podemos aceptar que lo único que importe sea la facturación de las empresas. La prioridad es defender la salud y las vidas de los trabajadores y sus familias.



 

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25/06/2020

Tandil: contundente paro de los trabajadores municipales

Por salario y condiciones laborales.

Este jueves 25 de junio -luego de una movilización de los recolectores de residuos, que logró llegar a un acuerdo con la patronal estatal- los trabajadores municipales del resto de las áreas decidieron ir al paro por sus propios reclamos, con piquetes en sus respectivos lugares de trabajo. La medida es acompañada por el sindicato, que se puso a la cabeza del conflicto.


Es importante resaltar que el conflicto en cuestión se da en un cuadro de movilización obrera, tanto a nivel nacional como local. El mismo día en que los municipales decidieron salir a luchar, en la ciudad hubo paro de choferes de las líneas de transporte público por el pago de salarios adeudados, se movilizaron algunas organizaciones sociales, los trabajadores del hipódromo movilizaron al municipio porque peligran sus puestos de trabajo. Así mismo, mañana movilizan los trabajadores de Loimar, cuya lucha también venimos siguiendo y acompañando.


Desde Prensa Obrera, nos acercamos a charlar con los trabajadores y entrevistamos a los delegados de las distintas áreas y al secretario de Prensa del Sindicato Municipal, que nos comentó que “el conflicto se originó a raíz de una presentación que hicieron los compañeros delegados del área de servicios reclamando por cuestiones que estaban pendientes  desde hace un bien tiempo. A partir del arreglo al que llegó Recolección, que pertenece a la misma área, los delegados tomaron la decisión de movilizar al municipio y pedir una reunión con el ejecutivo. Como no se llegó a ningún acuerdo, desde el sindicato se tomó la posición de llamar a una medida de fuerza que comenzó el día de ayer. Ahora estamos a la espera de una nueva reunión con la intendencia para que nos den una solución”.


Uno de los delegados nos comentó que “lo que reclamamos, por un lado, es que el ejecutivo haya arreglado con un sector de los municipales y no con todos los trabajadores. Por otro lado, el acuerdo al que se llegó es mucho mayor, en términos de dinero, a los que cobramos nosotros. Pedimos, entonces, que los sueldos sean igualados hacia arriba, teniendo en cuenta, por supuesto, las características específicas de cada área”. Desde el sindicato, por fuera del reclamo obrero en cuestión, se elevó hace ya unos días un pedido de aumento del salario básico de un 20% o del 30% si dicho aumento se efectúa en cuotas.


El delegado de Talleres desmintió, en primer lugar, los dichos del Municipio, que los acusó de no dejar trabajar a sus compañeros recolectores. En cuanto a sus reclamos, aseguró que “si bien, Gomería -sector en el que él mismo trabaja-, Herrería, Mecánica, Talleres, Chapistas y Electricidad pertenecen a Recolección, nosotros somos excluidos del acuerdo y las medidas de fuerza que llevan adelante los recolectores”.


De parte de Espacios Verdes, el delegado comentó que “lo que nosotros reclamamos es que nuestros sueldos sean equiparados con los de Recolección. Yo hace 27 años que soy municipal, categoría 12, y cobro 40 mil pesos mensuales, un número muy por debajo de lo que cobra un recolector de categoría 1”.


Consultado sobre el caso de los trabajadores contratados y subcontratados, que hoy en día trabajan 4 horas diarias y cobran $9.000 (sin ART, sin ser considerados municipales, sin la seguridad de que el puesto de trabajo sea estable), el secretario de Prensa sindical mencionó que “los compañeros no forman parte de este reclamo particular, pero sí tienen sus propios reclamos, relacionados con la precarización a la que los somete el Municipio por medio de contratos basura, extendidos en el tiempo. Ese también es un reclamo que está llevando adelante el sindicato, por la contratación en planta permanente y con las condiciones laborales que les corresponde”.


Del área de Desarrollo Social, el delegado nos informó que “el intendente arregla con Recolección por el impacto que tiene dejar la basura en la calle en el ánimo popular. Nosotros no tenemos nada en contra de los compañeros recolectores, cuyo acuerdo ya veremos si es beneficioso o no. Lo que vemos es que algo hay que hacer para que se sienta nuestra disconformidad con nuestras condiciones laborales y salarios. Acá, por ejemplo, hay 500 trabajadores en negro, algunos hace más de 15 años; mano de obra precarizada, con una relación de dependencia encubierta. Mientras tanto, la planta permanente está llena de funcionarios políticos. Si bien no somos gente que quiera generar conflictos -ningún trabajador lo quiere-, la situación lo amerita. Quienes generan estos conflictos, siempre, son los políticos de turno. Ya hemos intentado muchas veces por la vía del diálogo, pero, al no darnos respuesta, nos fuerzan a ir al paro. Nuestro reclamo es por el aumento del salario básico a un monto que le permita a los compañeros vivir dignamente. El salario actual está muy por debajo de la canasta básica familiar”.


Desde el partido Obrero, apoyamos el reclamo de los trabajadores municipales, así como también sus medidas de fuerza. Entendemos que es necesario unificar las diferentes luchas en curso, por lo que cobra total relevancia y se pone más vigente que nunca la necesidad de una asamblea con todos los trabajadores municipales, que discuta un reclamo de conjunto, con las reivindicaciones de todos los sectores, y la continuidad del plan de lucha para imponerlo. Acompañaremos a los trabajadores en las medidas que sigan realizando y nos ponemos a su servicio para lo que necesiten.


¡Vamos por la victoria de todas las luchas obreras!


¡Que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores!




 

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25/06/2020

CABA: auxiliares de portería, entre el vaciamiento y la privatización

Tribuna Municipal Educación

El sector de auxiliares de portería viene sufriendo desde hace años una política de vaciamiento y precarización. Falta personal, ya que no hay nuevas designaciones en reemplazo de las bajas o licencias, quedando sin ocuparse cargos de la planta orgánica funcional (POF) de las escuelas, y sobrecargando las tareas de los trabajadores en ejercicio. Faltan también auxiliares caseros en las casas habitación que tienen las escuelas porteñas y, como las vacantes no se cubren, se cierran casas. Es claro que hay una política deliberada de vaciamiento por parte del Ministerio de Educación y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que se traduce en más precarización para el personal de portería.


El vaciamiento de los cargos de la POF tiene una motivación de fondo a la que vienen aproximándose los sucesivos gobiernos porteños. Se busca la privatización de la limpieza en las escuelas, como ya ocurrió en el nuevo Ministerio ocasionando todo tipo de problemas. La modalidad de contratación precarizada mediante cuadrillas tercerizadas o monotributo son moneda corriente. La incorporación de personal ha sido en el último tiempo sólo por esta vía y es la realidad que se extiende en los 21 distritos escolares de la Capital. Como se ve, el vaciamiento es la contracara no sólo de la precarización sino también de la privatización.


Desde la agrupación Tribuna Municipal denunciamos al gobierno de Larreta y a la ministra Soledad Acuña por esta política de ajuste sobre los trabajadores auxiliares de portería y los hacemos también responsables de los contagios a los que los exponen. En plena pandemia, no hay kits de limpieza e higiene, así como faltan elementos de bioseguridad para el personal, que actualmente está trabajando de manera presencial en las escuelas, repartiendo los bolsones de comida para las familias que concurren a buscar alimentos. Sin protección, con faltante de personal y sobrecarga laboral, los auxiliares cumplen sus tareas con una sensible exposición al virus.


Los salarios completan un cuadro de extrema precarización. Los trabajadores realizan una tarea esencial y sumamente importante, todavía más en la pandemia, y tienen los salarios más bajos de la planta municipal. En promedio, los auxiliares de portería ganan poco más de 30 mil pesos, cuando la canasta básica se ubica en los 45 mil. Para quienes, por antigüedad u otros motivos, alcancen los míseros 50 mil pesos de salario bruto, cobrarán el aguinaldo de manera diferida. Definitivamente, salarios de miseria que han sido avalados por la lista Celeste y Blanca de Sutecba, que firma paritarias a la baja, deja avanzar la tercerización y la precarización y, ahora, vocifera contra el pago en cuotas del aguinaldo pero se mantiene en la más completa inacción. ATE, en este punto, no juega ningún papel diferente.


Es preciso realizar un balance de esta situación y rápidamente organizar un rumbo independiente de los gobiernos para terminar con este atropello. Desde Tribuna Municipal convocamos a dar una pelea por los principales reclamos:


– Aumento del personal de planta, que se asignen todos los cargos vacantes y se cubran las licencias. – Basta de tercerización. Pase a planta permanente de todo el personal precarizado. – Inmediata reapertura de paritarias, actualización mensual por inflación y plus de 20 mil pesos por realizar tareas presenciales en plena pandemia. – Exigimos a la DGPDyND (Dirección General de Personal Docente y No Docente) que se den Urses (unidades retributivas por servicios extraordinarios) de manera inmediata a todos los trabajadores auxiliares de portería de las escuelas y a todos los no docentes administrativos de los distritos, las delegaciones administrativas y las escuelas secundarias para poder equiparar sus haberes con la canasta básica. – Cobro íntegro del aguinaldo con el sueldo de junio sin excepciones. – Kits de limpieza e higiene para todas las escuelas. Elementos de protección personal de calidad y en cantidad necesaria. – Basta de aprietes y traslados compulsivos.



 

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25/06/2020

Miles de rechazos a las solicitudes de las Becas Progresar

Respondieron con tres meses de demora, hacia el final del cuatrimestre virtual.

Ujs Terciarios

Les inscriptes a las becas económicas del Plan Progresar han recibido la resolución de su solicitud, tres meses después de abierta la inscripción y cuando está por terminar el cuatrimestre “virtual”, con miles de rechazos.


Este filtro es muy grave, ya que el aislamiento social obligatorio afectó de lleno a la juventud que sufre la precarización laboral, los recortes salariales y los despidos. Muches estudiantes también han quedado fuera del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia por múltiples arbitrariedades, como tener un domicilio familiar en el DNI o vivir con un familiar que también lo haya solicitado, y quienes sí lo cobraron recibieron solo 10.000 pesos cuando van casi cien días de cuarentena y de profundización de la crisis.


Los requisitos fijados para las Becas Progresar prácticamente excluyen a quienes trabajan, que muchas veces hace que el porcentaje de materias aprobadas sea menor a lo que exigen según los años que llevan estudiando. Lo mismo sucede con las Becas para Estudios Superiores de la Ciudad de Buenos Aires cuyo acceso es, incluso, más limitado, ya que tiene como requisito excluyente haber tenido un promedio final del nivel secundario mayor a 7 y que la inscripción a ésta sea inmediatamente luego de haber finalizado la secundaria.


Es en este sentido que desde el Frente de Izquierda Unidad, a través de la banca de Romina Del Pla en el Congreso Nacional y de Gabriel Solano en la Legislatura porteña, se presentó un proyecto de ley por el acceso irrestricto a las becas y su aumento a $10.000, que sirva para aminorar la deserción masiva en los lugares de estudio. Organicemos la lucha por su aprobación. Que todos los centros de estudiantes se pronuncien al respecto; llamamos a realizar una asamblea resolutiva de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios para elaborar un plan de lucha que defienda nuestras condiciones de cursada. ¡Que nadie se quede afuera!




 

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25/06/2020

AGD UBA va al paro en defensa del salario y los derechos docentes

El próximo 3 de julio

secretaria general AGD UBA

En su 2° asamblea virtual y con 143 participantes, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) resolvió el comienzo de un plan de lucha con un paro de 24 hs el 3/7 contra el avance flexibilizador y precarizador que imponen las autoridades universitarias con la virtualización forzosa y contra el pago del aguinaldo en cuotas dispuesto por el gobierno nacional. También se aprobó participar en una caravana en la semana del 29/6 en defensa del aguinaldo junto a Ademys y a otros gremios de Caba.  La asamblea, que  sesionó a horas de haberse publicado en el Boletín Oficial el decreto que establece el pago en cuotas de los aguinaldos de trabajadores nacionales que superen en bruto los $ 40mil, resolvió convocar a sumarse al paro a los distintos gremios afectados.


La resolución de parar viene madurando desde la primera asamblea, el 26/5, donde se resolvió lanzar una campaña por la constitución de un comité paritario en la UBA, integrado por representaciones de los trabajadores y de estudiantes. Una necesidad frente al intento de imponer una virtualización forzosa que lleva a  avances en la flexibilidad y precarización de la docencia dejando a miles de estudiantes fuera del sistema.  En la UBA, además, se reproducen situaciones de docentes que aún no tienen salario o designación o a quienes se las renuevan mensualmente.


En la asamblea de mayo, ratificando que la crisis no la tenemos que pagar los trabajadores,  ya habíamos aprobado un pliego de defensa de nuestros derechos conveniados que, tras considerar la situación excepcional por la que atravesamos por el avance de la pandemia, establece un conjunto de pautas defendiendo la no obligatoriedad del trabajo remoto para los docentes y estableciendo el respeto a los derechos de estudiantes. Entre sus exigencias, además, están el derecho a las licencias y dispensas otorgadas por DNU y por el Ministerio de Trabajo para los grupos de riesgo y cuidadores de niños y ancianos; la exigencia de respeto a la carga horaria y al horario de trabajo de acuerdo al cargo por el que se está designado; la responsabilidad de las autoridades de los costos que demande al docente la atención remota y el derecho a la desconexión y descanso de acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo de trabajo. De conjunto, este pliego fue integrado -al igual que los aportes de otros sindicatos de la federación- al que presentó Conadu Histórica  en la reunión paritaria nacional convocada por la Secretaría de Políticas Universitarias (Ministerio de Educación).


Una nueva traición


Siendo similar la situación en la mayoría de las universidades nacionales, el conjunto de las federaciones acordó una propuesta unitaria para presentar a las autoridades ministeriales. El pliego integraba el conjunto de los puntos presentados anteriormente por Conadu Histórica. Sin embargo, y a horas de enviado el  mail con la propuesta avalada por todas las federaciones, Fedun en primer lugar, luego Conadu y por último Fagdut, Ctera y UDA, retiraron su firma. Quedaron así con las manos libres para acordar y firmar la propuesta del gobierno que desconoce el derecho a las licencias y dispensas, a la optatividad del trabajo remoto, al recargo de trabajo que el mismo demanda, a la libertad de cátedra, al pago del costo de insumos y herramientas virtuales que demanda  la tarea al docente  y que, además, deja en manos de un consejo asesor –con representación mayoritaria de autoridades del Ministerio y rectores- la resolución de las condiciones de una eventual vuelta a la presencialidad. Sólo la Conadu Histórica rechazó firmar, manteniendo el pliego presentado.


En un momento en que el conjunto de la burguesía intenta avanzar en la reforma laboral, montada en la pandemia y a través del teletrabajo, todas las federaciones, salvo la Conadu H, pusieron el gancho en un acta paritaria que certifica el avance flexibilizador y precarizador sobre la docencia universitaria. Una nueva traición que se suma a la entrega de la mayor huelga universitaria en más de 20 años y a la aceptación del desconocimiento de la cláusula gatillo. Una muestra más de lo indispensable de tener organizaciones obreras independientes que no entreguen derechos de trabajadores y  le hagan el trabajo a patronales ni rectores. ¿Cuánto tardarán en  entregar ahora el aguinaldo?


Para que la crisis no la paguemos los trabajadores


Como parte de los debates que llevaron a la asamblea a ratificar por unanimidad el pliego de AGD UBA y de Conadu Histórica en defensa de los derechos de la docencia universitaria y preuniversitaria frente a una  virtualización forzosa – y la consiguiente denuncia y rechazo al acta firmada por las burocracias sindicales- la asamblea también fijó posición frente a los grandes temas que hoy se discuten en el país y que son determinantes para la situación de la clase obrera. Ubicándonos como parte de los jubilados que luchan contra el ajuste se ratificó la defensa del  82% móvil, la denuncia de la prórroga de la suspensión de la movilidad jubilatoria y la urgencia de un aumento inmediato para todos los jubilados.


La asamblea, que a sus comienzos había votado por unanimidad la presidencia honoraria para todos los trabajadores de salud fallecidos, muchos de ellos luchadores en defensa de sus derechos, también ratificó que la crisis no la tenemos que pagar los trabajadores, por eso el planteo de no pago de la deuda, su investigación y el apoyo al proyecto de ley que grava progresivamente a las grandes rentas y fortunas presentado por el Frente de Izquierda Unidad -único proyecto presentado en el recinto parlamentario que aborda la problemática, y cuyo articulado plantea utilizar esos fondos para defender las condiciones de vida de los trabajadores frente a las consecuencias de la crisis y la pandemia.


Asimismo, respecto al vaciamiento de la  empresa Vicentin, la asamblea resolvió por mayoría de los votos y luego de un amplio intercambio, apoyar la expropiación sin pago ni indemnización a los vaciadores, por un Vicentin bajo control y gestión de los trabajadores y por la apertura e investigación de los libros contables y financieros de todo el grupo. Soberanía alimentaria contra el modelo del agronegocio.


A organizar ahora un gran paro el 3


La tarea ahora es impulsar esta primera medida de lucha. Por eso AGD llevará la propuesta  al plenario de secretarios generales del 26/6 para que de conjunto se sume nuestra federación. Pero también serán claves los próximos días  para desarrollar una intensa campaña convocando a todos los trabajadores que defiendan la integridad del aguinaldo para que se sumen al paro. Desde AGD UBA convocaremos a los distintos sindicatos, seccionales, cuerpos de delegados y juntas internas que estén afectadas por esta resolución gubernamental para lograr un gran paro el 3, en defensa del aguinaldo, para que la crisis no la paguemos los trabajadores.




 

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25/06/2020

El preventivo de crisis de Latam: como patrones de estancia

Despidos, extorsiones y flexibilización extrema.

Con una presentación de 60 páginas realizada días atrás, Latam pidió un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para avanzar en el cierre de la filial de cabotaje –1.715 puestos de trabajo-, manteniendo sus vuelos internacionales, donde ocupa 200 compañeros.


El escrito detalla las condiciones de la empresa para seguir operando, con fuertes ataques sobre todos los sectores.


Condiciones low cost


Al personal de aeropuertos le exige turnos flexibles, según necesidad; un régimen de “ingresante” sin derechos por un año y el trabajo “part time” de 4 a 5 horas y “a demanda”.


A su turno, se introduce la polifunción, trabajando en la misma jornada tanto en check-in como en embarque de pasajeros. Además deberán realizar tareas de cobranza (pasajes, tasas, sobrepesos) lo que haría desaparecer el sector de cajas. El trabajador deberá hacerse cargo de fallos de caja sobre pagos con tarjeta (casi todos). Y se reducen los tiempos de descanso de 60 a 30 minutos .


También se impondría un régimen a través de aplicaciones que controlan minuto a minuto la tarea que desarrolla el trabajador -un “capanga” electrónico. En escalas, se introduce el horario cortado.


La multifunción alcanza a los técnicos. En despacho deberán manejarse a distancia sin acceso al avión para controlar carga, peso y balanceo. Los francos compensatorios, que hoy son uno cada tres días, pasarían a ser uno cada diez. Cuando se encuentren trabajando fuera de su base, se considerarían como no trabajados los días de descanso fuera del hogar.


Los cursos imprescindibles para mantener las licencias activas se reducen de dos semanas a tres días, y se harán cursos por internet.


Los turnos, hoy de seis jornadas por cuatro francos, pasan a 3×2. Dos rotaciones semanales, que no permiten organizar la vida familiar, alteran el ritmo circadiano, generan problemas de salud y afectan la seguridad de los vuelos.


Los tripulantes pierden días de descanso y se aumentan las guardias de dos a cuatro. Las reprogramaciones obligatorias pasan de una a tres. Se puede estirar el tiempo de servicio hasta un 20%.


Para todos se terminan las vacaciones anuales y serán partidas en dos.



 


Crisis, extorsiones y pasividad sindical


Con el pedido de PPC, Latam quiere pagar solo el 50% de las indemnizaciones, acelerando la presión para que se acepten los retiros voluntarios ofrecidos con el 100% de las mismas. Pero sucede que no habiendo quiebra, ni convocatoria, Latam debería pagar el 200% según el DNU vigente hasta fin de año.


Latam dice que la intransigencia de los sindicatos, al no aceptar la rebaja salarial, es el detonante de su retiro del país. Si existiera tal intransigencia, hace rato que estaríamos en un plan de lucha.


La patronal afirma que a diferencia de todos los demás países en donde actúa, aquí los trabajadores no aceptan perder derechos para que la empresa sea “sustentable y sostenible”. Lo que no explica es cómo, allí donde impuso sus condiciones, Latam igualmente despidió a 5.000 trabajadores de su Holding.


Tampoco explica por qué, habiendo logrado en todos lados la flexibilidad, la precarización laboral y bajos salarios, terminó presentando un recurso de bancarrota en los tribunales de Nueva York. Es obvio que los trabajadores no son responsables de esta crisis.


Tampoco lo es el coronavirus. Latam viene dando pérdidas hace años y sus deudas se calculan en al menos 9.000 millones de dólares. Arrecian las críticas de sus propios accionistas sobre los manejos fraudulentos y reaparecen los escándalos por coimas en cada lugar donde opera. El propio presidente chileno Sebastián Piñera está implicado en el vaciamiento de Latam. El Covid-19 no ha hecho mas que acelerar el derrumbe.


Latam ya se llevó dos aviones con el visto bueno de la Administración Nacional de Aviación Civil y, cual patrón de estancia baja salarios, suspende y dicta condiciones de trabajo con la certeza de que el gobierno no le pondrá límites. Cómo lo haría, si el camporista Pablo Ceriani impulsa un desguace y similar ajuste en Aerolíneas. Mariano Recalde, ex presidente de esta línea, acaba de advertir a los sindicatos aeronáuticos que “hay que pensar un nuevo contrato social”. ¿Será el contrato que tienen los peones del Hipódromo recluidos durante 90 días, el de las empleadas domésticas obligadas a permanecer en el hogar de sus patrones para no contagiarlos o el del trabajo esclavo de la ex primera dama?.


Es imprescindible romper la pasividad en que tiene sumidos a los trabajadores la burocracia de todos los sindicatos aeronáuticos. Hoy solo piden doble indemnizacion y bloquean y amenazan las iniciativas que surgen de asambleas masivas. Pero no podrán detener una lucha imprescindible, que unirá a todos los aeronáuticos. La importante movilización de los técnicos de Austral, que contó con la presencia de sus compañeros de Aerolíneas, es el camino a seguir.


El servicio de navegación aérea es imprescindible para el desarrollo del país. La ganancia empresaria lo destruye.


Frente a la ofensiva patronal, planteamos: ningún despido, ni rebaja salarial, ni modificación de convenios. Preservación de todos los puestos y condiciones de trabajo. No al vaciamiento; los aviones argentinos no se tocan. Que se quite a Latam la concesión de rutas nacionales e internacionales y que estas sean operadas por Aerolíneas, integrando a todos los trabajadores del grupo. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.


 

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25/06/2020

Plebiscito estudiantil para expresar el rechazo de la entrega de Exactas a Shell

Un escandaloso convenio con la petrolera multinacional Shell se votó en una sesión virtual del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el día martes 23/6. Este convenio representa la entrega de recursos humanos y materiales de la facultad -por lo tanto financiados con presupuesto público- a una empresa de capital Holando-Británico, que viene a nuestro país a saquear los recursos naturales y a dejar enormes pasivos ambientales en la región de Vaca Muerta.


Esto no es nuevo, la facultad en particular y la UBA en general, tienen una larga historia de convenios con empresas privadas y de un presupuesto de recursos propios cada vez más abultado. Esta es la orientación de quienes gobiernan todas las unidades académicas de la UBA; buscar sistemáticamente suplir la falta de recursos del Estado por medio de este tipo de acuerdos.


La votación


Durante la sesión, se pretendió reducir los argumentos de quienes nos oponemos al convenio a una actividad de protesta exclusivamente y colocar el debate como una falsa dicotomía entre ciencia pura y aplicada. Para justificar su voto, las autoridades de la facultad, y la mayoría de graduades, argumentaron que el convenio tiene fines estrictamente académicos, y que no tiene que ver con las actividades extractivistas de Shell, por ende su desarrollo no supone ningún peligro para el ambiente. No podemos pecar de ingenues, ya que incluso en la última intervención el Vicedecano de la facultad explicó que “cuando se buscan este tipo de acuerdos, ambas partes buscan obtener un beneficio” ¿cuál sería entonces el beneficio que busca la petrolera, sino es el de favorecer su negocio con la explotación de la región? ¿o acaso vamos a creer que en un acto de altruismo Shell decide financiar investigaciones en una zona que desea explotar?


Con respecto al polémico artículo del convenio que le da poder de veto a la empresa sobre publicaciones de la investigación surgida a partir de este convenio, negaron que se trate de una censura porque “si las empresas no emiten opinión al respecto, después de 30 días se publica lo que se quiera publicar” ¿podemos tragarnos que Shell no va a vetar una investigación que perjudique su actividad de alguna forma? Incluso llegaron a justificar esta cláusula, porque de esta manera les investigadores tendrían datos que de otra forma no podrían conseguir.


Detrás de supuestos argumentos académicos se esconde la orientación del convenio, que es el de poner a la universidad pública al servicio de los negocios de Shell en Vaca Muerta, Los Molles y Agrio. Shell ya explota estas regiones, con métodos contaminantes como el fracking, una práctica que está prohibida en numerosos países alrededor del mundo. Y todo esto por la mísera suma (para una empresa como Shell) de 30 mil dólares. Ante este cuestionamiento, el Vicedecano mencionó que este importe, es el requerido para los viajes de campo de les investigadores. Por lo tanto el resto de los gastos corren por cuenta de la facultad o del CONICET y sus magros presupuesto ¡no podemos permitir semejante transferencia de recursos! El voto a favor del mismo fue perpetrado por la lista única de profesores ADU y la mayoría de graduados Sumatoria (K). El bloque oficialista de la facultad se completa con Identidad-La Cámpora, la actual conducción del centro de estudiantes quienes votaron en contra.


¿Cómo se explica este voto? La juventud está en pie de lucha por la defensa del ambiente, en todo el mundo, uno de los movimientos más importantes del último tiempo, que incluso cuestiona los métodos capitalistas de producción. Este movimiento también se refleja en la facultad: la Comisión de Ambiente del Cecen es una de las más activas, y con mayor participación de estudiantes no agrupades. Esta Comisión se pronunció en múltiples oportunidades en contra de los convenios con empresas contaminantes. Desde su creación, les compañeres de EnAcción nos encargamos de llevar esta polémica y la discusión sobre el presupuesto de recursos propios, reunión tras reunión e interpelando a les estudiantes a debatir y posicionarse al respecto. De todas maneras, votar en contra del proyecto, es una posición incómoda para Identidad. En su intervención, hicieron una crítica lavada al mismo, que no fue clara, y se abstuvieron de criticar a las autoridades a pesar de los argumentos nefastos que se esgrimieron en la sesión. La ligazón de les consejeres que votaron a favor y les de Identidad con el gobierno nacional, que lleva adelante una política de extractivismo y beneficios a las mineras y a las petroleras, para obtener recursos para el pago de la deuda externa, es clara.


Masiva campaña en rechazo al convenio


Desde el momento en que se conoció que este convenio iba a ser votado, empezó a crecer el repudio de muchos sectores de la comunidad educativa, desde estudiantes del CBC, hasta docentes y graduades. En este sentido, la campaña que llevamos a cabo desde EnAcción (UJS-PO) y El Transformador (graduades del Partido Obrero) fue contundente, llegando a juntar 500 firmas en 3 días, con compañeres independientes difundiendo y militando este petitorio, con campañas de fotos, tuitazos, y con más de 250 espectadores de la sesión en vivo.


Tan grande fue el rechazo, que incluso superó las barreras de Exactas, con numerosos centros de estudiantes, y personalidades públicas pronunciandose al respecto. Aún así, a pesar esta demostración de repudio, tan sólo 11 consejeres decidieron por sobre la mayoría de la facultad. Una primera conclusión de esta experiencia es la necesidad de la democratización de la Universidad.


¡Que 11 no decidan por toda la facultad!


El Consejo Superior debe reafirmar o rechazar el proyecto votado por el Consejo Directivo de Exactas. No podemos permitir que se imponga la orientación privatista de las autoridades de Exactas y de la UBA. Necesitamos que se escuche la voz de todas las personas que forman parte de nuestra facultad. Es por eso que ante el avance de las autoridades con este convenio, lanzamos una campaña por un plebiscito, con el objetivo de obtener un masivo pronunciamiento de toda la comunidad de Exactas, para llevar al consejo superior y derrotar este acuerdo.


Este pronunciamiento sería un mensaje contundente en contra de la mercantilización de la ciencia. Por otra parte, esta campaña tiene que ser la punta de lanza para impulsar en todas las facultades de la UBA la lucha para terminar con los convenios con empresas contaminantes, para obtener más presupuesto y más en profundidad, para conquistar la democratización de nuestra universidad.


¡Defendamos una universidad pública y una ciencia a disposición de las necesidades populares y no de empresas como Shell!



 

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25/06/2020

Universidad de General Sarmiento: de dónde venimos y cómo afrontamos el segundo semestre

El rectorado y el centro abrazan el pago de la deuda a los buitres, se callan frente a la asfixia presupuestaria.

Secretario académico del centro de estudiantes

Llegando a finales de junio estamos concluyendo el primer semestre del año en un contexto de pandemia y confinamiento que se estiró durante toda la cursada. ¿Qué implicó esta situación para la comunidad educativa de la Universidad Nacional General Sarmiento (Ungs)?


Desde el Yunque UJS-PO planteamos, desde el vamos, que debían garantizarse los medios para que la virtualidad no profundice la deserción y, por otro lado, no precarice las tareas docentes. De lo contrario, sería una virtualidad forzosa que profundizaría las desigualdades sociales hacia adentro. No nos equivocamos: el alto número que quedó afuera de la cursada tiene como base el 10% (censo Ungs) de les estudiantes que no tiene acceso a internet, aunque crece considerablemente, incluso, entre quienes sí tienen. La universidad no se dio una sola política para garantizar la cursada. Las tablets de las que disponemos en la biblioteca juntaron polvo durante cuatro meses. Los gastos adicionales para acceder a dispositivos (por ejemplo internet) que permitieran participar de la cursada fueron abordados íntegramente por estudiantes y docentes. Esto generó que aquellos que lograron costearlos cursaran y el resto no. Sálvese quien pueda y como pueda.


El pasaje a la nueva modalidad, como si nada hubiera sucedido, hizo cuesta arriba el semestre: horas y horas de videollamadas, materias practicas donde les profes no disponen de elementos básicos como un pizarrón para explicar un ejercicio, problemas con la conectividad, entre otras cuestiones. Además de estos problemas cotidianos enfrentamos un contexto más que hostil de crisis donde la composición altamente trabajadora de nuestra universidad se vio golpeada por los despidos, la precarización laboral (40% de les estudiantes que trabajan en el caso de la Ungs) y los recortes de salarios. Muches nos vimos comprometides a tareas domésticas adicionales por el cuidado de familiares frente a la suspensión de clases y otras actividades.


Aun habiéndose cursado ya casi todas las asignaturas muchas no saben su destino. La gestión aún no definió los métodos de evaluación ni tampoco si se van a poder promocionar materias a distancia. Es que primero dijeron virtualidad hasta el final, luego 6 semanas de clases presenciales hasta recular para tirarle la pelota a los institutos y coordinaciones de carreras para que tomen una decisión. La incertidumbre reina entre docentes y estudiantes frente a las idas y vueltas de la gestión que, pasado el primer semestre, sigue sin ofrecer un plan integral para la comunidad educativa.


El Ceungs del PJ: entre la inmovilidad y la farsa


Frente a este cuadro desde el Yunque expusimos un pliego de reclamos para darle una salida positiva a la virtualidad y para que no quede nadie afuera. Nuestro planteo principal fue y es que ningún estudiante pierda la regularidad durante lo que dure la cuarentena; dejar libres a estudiantes por no poder cursar sería criminal por parte del rectorado. Que se brinden las herramientas necesarias para que todes podamos acceder a clase, tanto para estudiantes y docentes. Sobre les docentes planteamos que la universidad debe hacerse cargo de las horas extras necesarias para adaptar los contenidos. Nos pronunciamos contra el pago del aguinaldo en cuotas, exigimos su pago íntegro, como corresponde, y, fundamentalmente, que sus salarios se indexen a la inflación y al costo de vida real. Rechazamos que se utilice la cuarentena para precarizar la labor docente convirtiéndolos en “telemarketer”. Que se respeten sus derechos laborales plenamente. Estos puntos que mencionamos, desde ya elementales, fueron desoídos completamente por la conducción del Centro de Estudiantes (Ceungs). El Puente y el Funyp no organizaron un solo reclamo. Su adaptación al gobierno y al rectorado, tal como se esperaba, fue total. Su mayor logro fue un censo, que llegó tarde, donde les estudiantes rechazaron la modalidad virtual pero nada hicieron con ello. Frente al cuestionamiento de la izquierda y un sector estudiantil decidieron disfrazar su inacción con campañas de marketing armando tutorías ad honorem o charlas con la Celeste de Suteba, sin organizar ni solucionar un solo problema real de les estudiantes. Impulsaron una “beca” bochornosa, costeada con plata del municipio, de $250 por única vez, restringida a 40 estudiantes cuando en total somos 20.000. Desde nuestra secretaría académica del centro impulsamos la campaña por una reunión del Centro (#PoneleFecha) que se masificó en pocas horas, y conquistó que el Ceungs se reúna luego de varios meses. El pliego de reivindicaciones y una campaña para conquistarlas fueron bloqueadas por la conducción del centro. Los pocos puntos que se votaron a favor no fueron desarrollados por el Ceungs, perpetuando la parálisis. De la reunión no dejaron participar a ningún estudiante por fuera de la comisión directiva. No quieren un centro participativo, organizado y fuerte, sino todo lo contrario.



¿Qué hacer?


Frente a este cuadro debemos sacar conclusiones y preparar la pelea para el próximo semestre, que, lejos de traer buenas noticias, todo indica que la cosa irá peor. Tanto el Ceungs, como el rectorado, como el sindicato docente se encuentran alineados por arriba con el gobierno nacional. Han dado el visto bueno a la negociación vergonzante que Guzmán y Alberto Fernández mantienen con los fondos buitre y que se prevé una clara victoria de ellos sobre los intereses de nuestro país. Colocar la inmensa mayoría de los recursos del país al pago a los usureros, sumado a un nuevo acuerdo con el FMI, trae bajo el brazo un ajuste de proporciones mayores sobre los trabajadores, la universidad pública, la salud, etc.


La impotencia del rectorado para dar soluciones a la comunidad educativa, que hizo esfuerzos extraordinarios para no perder el semestre, nace de un presupuesto vigente votado en diciembre del 2018, cuando el dólar estaba a $36. Ese presupuesto hoy se encuentra pulverizado por la topadora inflacionaria de un 65%. Esto lleva a que la universidad tenga un ajuste presupuestario peor que el que llevó a cabo López Murphy por aquellas épocas del 2001.


Defender la universidad pública y la Ungs en particular, parte de organizarnos de manera independiente del Estado por todos nuestros reclamos puntuales. Estos solo pueden ser satisfechos conquistando un presupuesto universitario acorde a las necesidades reales y a la inflación. Por otro lado, es elemental que nos demos la tarea de organizar a la juventud precarizada. Son cientos les estudiantes que laburan en las “apps de trabajo” o fast food, o en empleos precarios. Organizarnos por nuestros derechos laborales también es una manera de atacar la deserción universitaria. Laburando 10 horas por día, cobrando salarios bajísimos, y expuestos al Covid-19 no podemos cursar.


Desde el Yunque impulsamos la organización estudiantil con esta perspectiva. Por eso, además de las reivindicaciones puntuales del estudiantado, ponemos arriba de la mesa la pelea por el proyecto de ley presentado por el Frente de Izquierda para la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas que permitiría atender a fondo el sistema sanitario; y darle un impulso económico a las universidades y con ello a las necesidades que brotan en cada una de ellas. Y al mismo tiempo, llamamos a debatir y rechazar el pago a los fondos buitre, y el repudio completo a la deuda externa y a la sumisión nacional frente al FMI.



 

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25/06/2020

Córdoba: 40% de desocupación en la construcción

Según un informe de la Cámara de Industriales, el 66% de las empresas del sector de la construcción estima que la producción será la mitad de lo estimado y uno de cada cinco debió suspender personal en los últimos dos meses. Por su parte desde la Uocra Córdoba, plantean que estiman que la desocupación en la construcción llega al 40%. Esto alcanzaría a 6.500 trabajadores del sector que se quedaron sin empleo en lo que va del año.


De acuerdo con las cifras difundidas ayer por Informe del Mercado de Trabajo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de actividad cayó de 48 a 46,9% entre el primer trimestre de 2019 y enero-marzo de este año.  De acuerdo al citado estudio, antes de que se decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio para controlar la propagación de la pandemia de coronavirus en el país, en el Gran Córdoba había 79 mil desocupados. La pandemia vino a profundizar una crisis previa.


El titular de la Uocra Córdoba expreso en medios locales “Pensamos que con la apertura del sector privado iba a haber mayor movimiento. Pero las obras más grandes son con 30 trabajadores, cuando antes tenían casi 100” y reclamó una mayor apertura sumando su voz al reclamo que desarrollan los empresarios desde la cámara de la construcción. No rozó siquiera en sus declaraciones algún reclamo a la patronal y menos de la posibilidad de un plan de lucha en defensa del salario y los puestos de trabajo.


La provincia ha tomado grandes créditos para obra pública que benefician fundamentalmente al sector agrario pero no ha desarrollado un plan de obra pública que de soluciones al gran problema habitacional que hay en la provincia.


Para reactivar la construcción y recuperar empleos en el sector de la construcción es necesario desarrollar un plan de obras públicas de construcción de viviendas populares. Esto se contrapone directamente a las políticas del gobierno provincial, que beneficia a los especuladores inmobiliarios en contra de los intereses del conjunto de los trabajadores que no pueden acceder a una vivienda propia.


Desde el Polo Obrero y el Frente de Izquierda hemos dado una lucha política en la legislatura con proyectos para la construcción de viviendas populares, y también la hemos dado en las calles defendiendo las ocupaciones de terrenos y desarrollando ocupaciones de terrenos como en Cabildo. En ese caso impusimos una derrota al gobierno que tuvo que reconocer la justeza del reclamo y conceder los terrenos a las familias y urbanizarlos.


Para poder desarrollar un plan de obras públicas que dé soluciones laborales y habitacionales  al conjunto de la población trabajadora, es necesario dejar de destinar los recursos públicos al pago de una deuda fraudulenta, como también es necesario un impuesto a las grandes fortunas para obtener fondos para poner en marcha este plan pos cuarentena.



 

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25/06/2020

La Legislatura de La Rioja aprueba una iniciativa antiderechos

Plenario de Trabajadoras La Rioja

El jueves 18 de junio sesionó la Legislatura riojana y aprobó por unanimidad el programa “Mis primeros mil días”, dentro de un paquete de medidas sanitarias. Elio Díaz Moreno, diputado provincial del PJ y autor del mencionado programa, manifestó a los medios que “en su momento Alberto Fernández, en su gira por Europa, le presentó al Papa Francisco este mismo ‘sentir de ley’, que presentará en el Congreso de la Nación, y fue visto con gran beneplácito”.


Es lo que anunció el presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y la salud de la mujer embarazada y de sus hijos/as en los primeros años de vida. En ese entonces caracterizamos que el programa era una concesión a la Iglesia ante la supuesta presentación de la ley de aborto legal -que finalmente nunca llegó. El programa abre la posibilidad para presionar a la mujer que ya tomó la decisión de interrumpir el embarazo a desistir de ello.


La aprobación en La Rioja es la punta de lanza de la Iglesia y los “celestes” para apurar su presentación a nivel nacional, y para bloquear el reclamo por la legalización del aborto. Una suerte de precedente de una nueva ofensiva antiderechos, en un provincia con fuertes vínculos entre el gobierno y la Iglesia, que tiene una enorme injerencia en el sistema de salud pública con hospitales enteros objetores de conciencia.


Aquellas organizaciones que se reivindican de la marea verde pero ocupan cargos a nivel provincial y en los municipios no abrieron la boca ante la aprobación de este programa. Un “sapo” más , luego de callarse ante los “lapsus” del gobernador Ricardo Quintela, quien  declaró ante los medios que los detenidos por violencia de género son personas que “tuvieron conflictos conyugal, matrimonial”, e incluso dejó traslucir sus vínculos con las redes de trata y la prostitución cuando era intendente de la capital riojana.


Quintela además nombró a Juan Carlos Vergara, un conocido militante contra el aborto legal, como ministro de Salud. Vergara manifestó en el marco de la adhesión de la provincia al nuevo protocolo ILE que “va a ser dificultosa la aplicación, pero tendremos que buscar aquellos médicos que no tengan objeción de conciencia y piensen distinto de la mayoría, porque la realidad es que la mayoría estará en contra y lo sé porque conozco a todos los ginecólogos de La Rioja, salvo muy pocas excepciones”.


Repudiamos esta política contraria a los derechos de las mujer y las personas gestantes del gobierno de Quintela. Exigimos la aprobación del proyecto de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la separación de las iglesias del Estado y la implementación de la educación sexual laica y científica.




 

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25/06/2020

Cabandié reincide en el aval al fracking, el glifosato y la precarización de los recolectores de residuos

Sobre los dichos del ministro en la conferencia "Ambiente, Pobreza y Desarrollo" brindada en la UNLa.

El ministro Juan Cabandié reiteró, en el marco de la conferencia “Ambiente, Pobreza y Desarrollo” brindada en la UNLa con autoridades de esa casa de estudios, declaraciones en favor del fracking, la megaminería, el agronegocio, la deforestación y el saneamiento ambiental.


El gobierno de Alberto Fernández tiene una clara política de continuidad con el cauce depredatorio y entreguista de los recursos naturales del país a los grandes pulpos. Las actividades que tomó como centrales para la recolección de dólares para el repago de la deuda al FMI y a los bonistas (megaminería, Vaca Muerta y el monocultivo de soja) le han significado un completo fracaso.


Respecto a Vaca Muerta, Cabandié sostuvo que “no digo que haya que cerrarla pero sí tengo la obligación de alertar sobre el fracking”. Sin embargo, no se le conoce al ministro ningún planteo en el gabinete nacional que refrende esa alerta, mientras continúa la política nacional de favorecer a los pulpos petroleros que allí operan, como el barril criollo.


Con el tema agronegocio, sus declaraciones no tiene desperdicio: “la soja permite el ingreso de divisas, pero utiliza glifosato que daña la salud. Y esta no es una discusión campo versus ciudad, sino que es algo que lo determina la ciencia. Entonces decir que el glifosato trae problemas de salud es ir en contra de ciertos intereses y eso me valió que varios portales hablaran mal de mí y hasta me amenazaran de muerte”. Todo esto lo dice cuando no solo no limita el uso indiscriminado de agrotóxicos, sino que habilita su producción en el país. “Hablar de glifosato es ir contra ciertos intereses. En poco tiempo Europa va a dejar de comprarnos carne porque el ganado está en zonas donde se fumiga con glifosato, y lo mismo ocurre con el trigo y la soja”. Esos son los intereses que defiende su gobierno, los de grandes capitalistas y no la salud de la población.


La deforestación, otro asunto que le compete directamente a su cartera, sigue su curso. Nada dijo del tema, a pesar de las denuncias de que entre el 15 de marzo y el 15 de abril, en el marco de la cuarentena, se desmontaron 6.565 hectáreas. Tampoco se hizo cargo del reclamo para que se giren los fondos presupuestarios le corresponden a cada provincia para proteger los bosques, ni de las recategorizaciones que impulsan los gobernadores para favorecer el agronegocio ampliando terriblemente la frontera agropecuaria.


Cabandié habló sobre la importancia de la encíclica papal Laudato Sí de 2015, que según él “marcó un antes y un después, porque fue más allá del ámbito eclesiástico y sirvió de preámbulo para el Acuerdo de París firmado a fines de ese año, donde los países expresaron la necesidad de modificar prácticas productivas”. Puro bla-bla, porque ni siquiera llegó a entrar en vigencia ese acuerdo.


Al ser consultado sobre la gestión de residuos, dijo que “el tratamiento de los residuos no ha sido una política nacional, porque depende de cada municipio. Pero tenemos que coordinar actores porque los residuos son fuente de recursos y empleo. Hay que poner este tema en debate, especialmente para las personas más humildes que viven cerca de los 5.000 basurales a cielo abierto que tenemos en el país”. Es toda una confesión, porque reivindica la inexistencia de una política de Estado para el saneamiento urbano, y que la tarea sea llevada adelante mediante trabajo precario por parte de los cartoneros. Reincide así en la perfidia de adjudicarle a la desocupación y la pobreza el carácter de una política ambiental.


La crisis ambiental no necesita ministros que declamen sus buenas intenciones, necesita acciones concretas y urgentes. Sólo la acción y organización independiente podrá parar la depredación capitalista del ambiente.




 

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25/06/2020

Continúan los contagios en los institutos de menores

Los gobiernos de Nación y CABA aún no fijaron un protocolo de prevención para les niñes y trabajadores que se encuentran en los mismos.

50 nuevos casos positivos de Covid-19 en hogares de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, se registraron entre el viernes 12 y el viernes 19, acorde a un informe de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación recogido por Infobae (23/6).


Según la misma fuente, la cifra de casos desde que se detectó el primero en abril totaliza 80, de los cuales 41 corresponden a niños y 39 a trabajadores de las instituciones.


El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que toman todas las medidas necesarias. Pero la realidad es que desde el Ministerio de Salud aún no se ha elaborado un protocolo articulado entre los gobiernos de Ciudad y Nación -tanto de previsión, para evitar que el virus ingrese en los hogares y centros de detención, como de acción frente a los casos positivos. La coordinadora de la Comisión de la Defensoría de la Nación señaló que no hay un protocolo específico para las instituciones de alojamiento de menores; por el contrario, se restringieron los testeos y hay demoras en la entrega de los resultados.


Ya hemos denunciado en Prensa Obrera las condiciones a las que son sometidos cientos de jóvenes y trabajadores dentro de los hogares y centros de detención que dependen del Estado. No se llevó adelante una política de asistencia sanitaria preventiva, que hubiera consistido en la repartición de kits de higiene necesarios, la desinfección continua, el testeo masivo y un aislamiento adecuado y en condiciones, siendo que son lugares cerrados y no cuentan con cuartos suficientes. Hace más de un mes que los trabajadores denunciaron no tener insumos necesarios como barbijos y guantes, y siguen padeciendo tener que ir a trabajar en esas mismas condiciones. La misma situación que se vive en los hospitales y salitas.



Los trabajadores de la Dirección General de Niñez y Adolescencia fueron expuestos a tener que seguir realizando distintas tareas sin protocolos ante casos positivos y sin ningún tipo de capacitación, lo que ha puesto en riesgo la salud tanto de les niñes como de les trabajadores. También afecta a aquellas personas que están en grupo de riesgo, ya que no se les otorgan la licencias correspondientes. El caso de Víctor, trabajador de Desarrollo Humano que falleció por Covid-19 a comienzos de junio, es un claro ejemplo de las condiciones que enfrentan centenares de trabajadores municipales, que cotidianamente desarrollan sus tareas en los barrios más vulnerables. En la mayoría de los casos les trabajadores se encuentran precarizados, sin ART ni obra social, lo que los coloca en un cuadro de mayor vulnerabilidad.


El panorama para las próximas semanas es aún más alarmante: llegando a fines de junio, los contagios superan los 2.000 por día en el país (cerca de la mitad en CABA) y ya se está viviendo el colapso del sistema público de salud. Ante esta situación no existe la menor intención de los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta de centralizar el sistema de salud, incorporando las camas y recursos de los hospitales privados.


Exigimos una articulación entre los gobiernos de Ciudad y Nación para elaborar de manera inmediata un protocolo de acción para los hogares de menores y los centros de detención. Que garantice testeos masivos a les niñes y trabajadores y a todos los contactos estrechos de las personas infectadas; la sistemática desinfección de los espacios comunes; personal de salud permanente en todos los hogares y centros, y provisión de elementos de higiene; pase a planta a todos los precarizados y cumplimento de las licencias por grupo de riesgo.


 

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25/06/2020

Hurlingham, primero en el crecimiento semanal de casos de Covid-19

Se necesitan medidas urgentes para preservar la salud de los vecinos.

 


Tal como habíamos advertido en un artículo de Prensa Obrera, el crecimiento de los casos de Covid-19 en Hurlingham ha dado un fuerte salto en los últimos días. Las múltiples flexibilizaciones que llevó adelante el intendente Juan Zabaleta tuvieron como resultado final el primer puesto del municipio en el aumento de casos positivos semanales (73%) y el cuarto en la mayor cantidad de positividad en los testeos durante el mismo período (38%). Tomando como base la medición que realiza el distrito, al 24 de junio la suma de casos escala a los 303, lo cual evidencia que solamente en el transcurrir de este mes se han detectado el 79% de los positivos totales. Las políticas municipales, lejos de dar soluciones, agudizan los problemas.



¿Cuán fiable es la medición del municipio?


El panorama se vuelve aún más alarmante si tenemos en consideración que el registro otorgado diariamente por las autoridades del distrito no coincide con el provisto por la Provincia de Buenos Aires.


Solo por dar un ejemplo, en el día 24 de junio la brecha es del 11%: 303 casos según el municipio, contra los 339 que muestra la gobernación. El oficialismo no solo no ha explicado esta diferencia, si no que ha llegado al absurdo de declarar en programas televisivos cifras que correspondían a los registros provinciales, contradiciendo sus propios informes. La solución a este desajuste, según proponen desde algunos medios locales, se explica debido a que todo paciente con domicilio en Hurlingham que acuda directamente a sanatorios que se encuentren fuera del partido queda ajeno a la contabilidad del mismo.


Tomando ese criterio, la medición de la Provincia resulta más rigurosa, ya que muchos vecinos pueden hospitalizarse en otros municipios pero haber contraído el virus en Hurlingham. Dejar de lado estos casos implica desconocerlos para las políticas de aislamiento y, por ende, ignorar que aquellas personas son agentes de contagio. Es necesario que desde el oficialismo se clarifique la razón de la brecha y que se lleve el recuento verídico de los casos, teniendo en cuenta aquellos que se diagnostiquen por fuera del sistema de salud distrital.



El Hospital Modular a media máquina


El escenario del municipio no es menos complicado en cuanto a sus instituciones sanitarias. La apertura del Hospital Modular trajo consigo un largo retraso y falta de equipamiento. La demostración cabal de este problema se encuentra en los propios anuncios que las autoridades municipales realizaron durante su construcción.


El 24 de marzo, Zabaleta anunciaba que tendría 80 camas en total (28 de terapia intensiva y 52 de internación crítica). El 4 de mayo, contradecía sus dichos anteriores y hablaba de 24 camas de terapia intensiva -es decir, cuatro menos. A su vez, aseguraba que cada cama de estas últimas contaría con un respirador y que el Hospital estaría equipado y listo para su funcionamiento en tan sólo una semana. Sin embargo, recién el 24 de junio fue su inauguración, casi un mes y medio más tarde, y con solo 12 respiradores –uno cada dos camas de terapia intensiva. A horas de su apertura, ya se han hospitalizado seis personas con Covid-19, evidenciando lo costoso que significó el retraso y, a su vez, el problema que puede generar la escasez de suministros.


Según funcionarios, la falta de respiradores se debe a la interna peronista entre el ala de Alberto Fernández –a la cual pertenece el intendente- y el kirchnerismo “duro”. No es una hipótesis descabellada, si tomamos en consideración el cruce en redes que tuvieron esta última semana Zabaleta y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Las declaraciones cruzadas entre ambos reflejan una puja interna que en el caso del Hospital Modular tiene en el medio a los vecinos del distrito, que pagan la disputa del PJ con la incompleta provisión del equipamiento médico.


Un plan contra el Covid-19 por y para los trabajadores del municipio


Los trabajadores vienen siendo los perjudicados por las políticas del distrito. Las flexibilizaciones de Zabaleta provocaron que miles de personas tuvieran que ir a sus trabajos arriesgando la salud de ellos y sus allegados. Esto se agrava en los barrios carenciados del municipio, donde las casas suelen estar aglomeradas y varias familias suelen vivir pegadas en cada edificación. Los desocupados siguen sin recibir ningún tipo de asistencia, lo que representa un “sálvese quien pueda” implícito, debido a la imposibilidad que tienen de realizar changas para sobrellevar el día a día.


Por eso, para poder llevar adelante la cuarentena, el Estado debe garantizar un seguro al parado por $30.000 y poner en producción solo aquellas industrias que sean esenciales, garantizando en cada lugar las indicaciones sanitarias. A su vez, para que estas sean garantizadas en cada establecimiento que abra, llamamos a la creación de comisiones obreras de seguridad e higiene, con derecho a veto de producción. Apliquemos un plan integral de los trabajadores contra la pandemia.


 

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25/06/2020

Chubut: apoyemos la Iniciativa Popular contra la megaminería

La ofensiva minera es una garantía al repago de la deuda externa.

El lunes 22 se lanzó en toda la provincia, impulsada por la Unión de Asamblea de Comunidades de Chubut (UACCh), una Iniciativa Popular para avanzar en la legislación contra la megaminería contaminante. Actualmente se encuentra vigente la ley 5001, aprobada luego de la enorme lucha del pueblo de Esquel, pero esta no impide la posibilidad de “zonificar” la meseta chubutense o utilizar metodologías no contempladas en la 5001, todo lo cual es intentado cada año por el lobby minero y los distintos gobiernos. Solo la movilización popular le puso un freno a esta ofensiva minera. La última Iniciativa Popular fue bloqueada escandalosamente en 2014 por los intereses de las mineras, que directamente dictaban por mensajes de texto las intervenciones de los legisladores como mostró la tristemente famosa foto tomada a Gustavo Muñiz, del FpV.


La orientación prominera del gobierno nacional es parte de las garantías que se ofrecen en la renegociación de la deuda externa con el FMI y los bonistas como BlackRock -que cuenta con acciones en empresas mineras. Por eso el presidente designó a un lobista del pulpo canadiense Barrick Gold como secretario de Minería, Alberto Hensel, con cuyos funcionarios viajó Martín Cerdá (ministro de Hidrocarburos y Mineria de Chubut) en marzo a la feria de las megaempresas mineras en Canadá. En las provincias donde se implementa ese modelo megaminero, como San Juan, Catamarca y Santa Cruz, las regalías son bajísimas, la contratación de mano de obra es escasa, la contaminación de grandes cantidades de agua es permanente, generando crisis hídricas crónicas. La inviabilidad se hace evidente.


Por otro lado, un gobierno como el de Mariano Arcioni, cruzado por denuncias de corrupción y negociados contra el pueblo chubutense, no ofrece ninguna garantía de control de ningún tipo sobre la actividad. La entrega de los recursos mineros sería una nueva entrega a favor de los acreedores de la fraudulenta deuda que solo traería destrucción ambiental.


Arcioni ha presentado un nuevo proyecto de reestructuración de la deuda, tras dos fracasos. Hoy existe un consenso entre el oficialismo de Arcioni y la oposición de FDT-PJ y Juntos por el Cambio para renegociar, pero eso no evita los conflictos con legisladores y crisis políticas internas. Lo novedoso del proyecto oficial sobre la deuda es que entre los recursos que funcionarán como garantía del cobro de los acreedores, además de las regalías petroleras que ya están hipotecadas, están la coparticipación federal y los “recursos de libre disponibilidad”, es decir cualquier recurso y bien común no implicado en el presupuesto provincial. Es por esto que el gobierno y todo el arco político patronal buscarán forzar el debate por la “diversificación de la matriz productiva en Chubut”, que no quiere decir otra cosa que el desembarco de la megaminería contaminante y el fracking en la industria petrolera -que también buscará “diversificar” su cartera de inversiones.


La tentativa de reestructuración de la deuda y el salto en el saqueo colonial de los bienes comunes de Chubut son cuestiones que están profundamente ligadas, forman parte de una ofensiva que ya no es un mero “ajuste fiscal” sino una reestructuración capitalista de la economía provincial, complementada por una salida “a la Santa Cruz” con congelamiento de los salarios estatales por varios años. Ahora más que nunca es necesario plantear el no pago de la deuda y su investigación.


Llamamos a que la Iniciativa Popular sea tomada por el conjunto de la población chubutense. La clase obrera organizada debe jugar un rol fundamental para enfrentar esta ofensiva prominera. En diciembre se concretó el primer paro provincial convocado por la CTA con ese objetivo. La consigna “No es No” es abrazada por la gran mayoría de la población, pero la extorsión a partir del ataque a las condiciones de vida de la población trabajadora busca hacer mella y solo se puede dar respuesta desde la intervención de la propia clase obrera y sus organizaciones.


Llamamos a debatir esta iniciativa en todo el movimiento obrero, para que forme parte de las asambleas que voten los planes de lucha contra el ajuste. Frente a la parálisis de las conducciones sindicales, planteamos la necesidad de realizar un congreso provincial de delegados/as de base de todos los sindicatos y organizaciones de jubilados/as junto a las organizaciones ambientales para discutir un plan de lucha unificado y votar un programa de salida a la crisis, que debe partir del no pago a la deuda y la puesta en marcha de un plan de desarrollo provincial bajo el control de las y los trabajadores, el único plan verdaderamente sustentable.


Impulsemos la Iniciativa Popular para luego imponerla en la Legislatura mediante la movilización popular, como viene haciendo la población chubutense y como lo logró el movimiento mendocino en diciembre. ¡No es no!




 

25/06/2020

Córdoba: intendente de Río Ceballos quiere privatizar la recaudación municipal

El intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi, pretende privatizar la caja de recaudación del municipio. Para tal fin, el Concejo Deliberante se apresta a tratar el próximo 1 de julio, en una audiencia pública amañada, el proyecto por el cual en primera lectura se haría entrega de la recaudación a una empresa privada, que se quedaría con un el 1% de todo lo cobrado. Una medida sin antecedentes contra el conjunto del pueblo trabajador que el Partido Obrero está llamando a rechazar.


Con este proyecto se desnaturaliza el destino del tributo ya que un porcentaje terminará en manos privadas. A la vez que representa un cheque en blanco para Eduardo Baldassi que puede arreglar cambios y modificaciones en el contrato por simple acuerdo de partes. El Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas quedarían totalmente pintado. A todas luces es una medida contra el pueblo.


El manejo privado de los fondos públicos se pretende presentar como una modernización para el pago de los gravámenes municipales. Sin embargo, es un enorme negocio privado. En un simple cálculo tomando la recaudación del 2019 este porcentaje que se llevaría la empresa estaría en el orden de los 3 millones de pesos. Pero como el contrato no solo plantea que la empresa cobre sino también que pague por orden del municipio, esta cifra se podría duplicar.


Es claro que si el municipio paga 6 millones de pesos al año por cobranzas se van a resentir los ya deteriorados servicios que presta el municipio a las y los vecinos. Pero esto no es todo porque en el contrato presentado queda abierta la posibilidad de modificaciones del mismo a simple acuerdo de partes. Lo que significa que lo que hoy se suscribe mañana podría cambiar sin pasar por el Concejo Deliberante. Lo mismo dice para las actualizaciones e incluso no están especificados los costos para una cantidad de cargos que el contrato dice se cotizarán oportunamente por separado.


Además, el municipio podría solicitar a la empresa que pague en nombre del municipio aunque en la cuenta donde se deposite lo recaudado no tenga saldo a favor. En este punto, la llamada modernización del cobro de impuestos se trasforma en un negocio financiero de préstamos que pone como garantía los ingresos futuros de la recaudación municipal y acá tenemos el nudo de la cuestión: el gobierno pretende hipotecar la caja municipal para obtener financiación, por supuesto, abriéndole a la empresa pingues ganancias.


Otro aspecto no menor es el peligro sobre la seguridad de la información de los contribuyentes: la privatización de las funciones tributarias pone en jaque el secreto fiscal, las bases de información de datos, la fiscalización y determinación de los tributos y la identificación de los contribuyentes que pasará a manos privadas.


Por qué el apuro


Impugnamos la realización de la audiencia pública el día 1 de julio. Una audiencia pública supone un espacio democrático donde la participación ciudadana es fundamental. El Estado debe garantizar la mayor participación de los vecinos, máxime cuando lo que se trata de un proyecto que entregaría la recaudación de los dineros públicos a un privado.


Esta participación resulta imposible en el cuadro de pandemia actual, donde todas las autoridades recomiendan no realizar reuniones públicas numerosas y a esto debemos sumarle la falta de trasporte público en nuestra ciudad. Estos aspectos restringen seriamente la participación plena de los ciudadanos y le quita a la audiencia pública su principal objetivo anulando su legitimidad.


Desde el Partido Obrero de Rio Ceballos rechazamos la privatización de la caja municipal y denunciamos que se pretende armar un millonario negocio con el dinero público y en definitiva que esto terminará impactando en la prestación de los servicios por parte del municipio e incluso en la quiebra de la caja municipal.


Llamamos a la población a pronunciarse de manera masiva en contra de este proyecto.





 

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25/06/2020

Hoy, entrevista a residentes y concurrentes de Salud de la Asamblea CABA

En vivo, a las 19.30 h, por el Instagram de Prensa Obrera.

Este jueves 25 de junio Prensa Obrera, en el marco de su ciclo de entrevistas por Instagram, dialogará con Mariana Serafini, trabajadora social y residente del Hospital Argerich, e Iñaki Sanguinetti, concurrente en salud mental del Hospital Álvarez.

 

Ambos son integrantes de la Asamblea de residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, organizada al calor de la lucha contra la ley de precarización laboral contra el sector, que votó el año pasado la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y que masivas jornadas de paro y movilización lograron que se derogue.

 

 

La entrevista, a cargo de Agustina Larsen, estudiante de Medicina y dirigente estudiantil, recorrerá la situación de los trabajadores de la salud ante la pandemia de coronavirus y la realidad de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Será a partir de las 19.30 y se podrá seguir en vivo y dejar comentarios, preguntas y opiniones a través de la cuenta de @PrensaObrera por Instagram y Facebook.

 

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25/06/2020

Casi 80 millones de refugiados y desplazados en el mundo

El número de refugiados y de desplazados internos alcanzó la cifra récord de 80 millones de personas en el mundo a fines de 2019, de acuerdo al último informe de la agencia de Naciones Unidas que monitorea el tema (Acnur).


El salto, que incluye casi diez millones de personas adicionales respecto al informe anterior, tiene a la guerra imperialista en Siria como uno de sus principales motivos. Pero también ha influido la guerra en Yemen, donde los gobiernos más reaccionarios de Medio Oriente, como Arabia Saudita y los Emiratos, pertrechados militarmente por Estados Unidos, combaten a las milicias hutíes, a la vez que se enfrentan entre sí.


Además de estos dos grandes conflictos, el informe de Acnur alude a los nuevos desplazamientos en la República Democrática del Congo y en la región africana del Sahel, en la que las potencias europeas han desplegado miles de soldados para resguardar sus intereses, bajo el pretexto del combate del terrorismo islamista. Y también se menciona el desplazamiento de millones de venezolanos, al calor de la crisis en el país caribeño. Pero habría que señalar también aquí, las oleadas de centroamericanos que intentan llegar a los Estados Unidos.



La crisis de refugiados, que supera en números a la de la segunda guerra mundial, tiene también entre sus expresiones la guerra en Afganistán y la persecución de la minoría musulmana de los rohingya por parte del gobierno de Myanmar, en el sudeste asiático, que ha llevado a la formación de campamentos de cientos de miles de personas en la vecina Bangladesh.


Una de las características más importantes de la presente crisis, según el informe, es que los desplazamientos no son un fenómeno pasajero sino que tienden a extenderse en el tiempo. Casi el 80% de los afectados “se encuentra en situaciones de desplazamiento prolongado y duradero”.


Analizado en perspectiva, “el desplazamiento forzado casi se ha duplicado desde 2010 (41 millones entonces frente a 79,5 millones ahora)”.



La naturaleza del imperialismo


La crisis de los refugiados ha tenido como expresión más conocida a nivel internacional el desplazamiento de millones de personas hacia el continente europeo, particularmente en 2015 y 2016. Las imágenes de los viajeros hacinados en precarias embarcaciones o muertos en las costas conmovieron al mundo. El Mediterráneo se transformó en un cementerio y varios países europeos se dedicaron a la erección de vallas y muros, al tiempo que impulsaban un discurso xenófobo. Pero ningún muro logró contener el aluvión migratorio. La Unión Europea (UE) discutió entonces un plan de cupos para “socializar” la crisis, que fracasó por las disputas entre sus miembros.


Finalmente, se arribó a un acuerdo con Turquía para que contenga el flujo de refugiados a cambio de dinero y la promesa de acelerar las negociaciones para su ingreso a la UE. Este país se transformó así en un “Estado tapón”, con 3.6 millones de refugiados, en su mayoría procedentes de Siria. Cada tanto, los roces entre el gobierno de Erdogan y los gobiernos europeos ponen este acuerdo en un cono de sombras.


Al igual que con Turquía, las potencias europeas han intentado transformar en un muro de contención a Libia, a la que llegan millones de personas de países africanos en conflicto y que es ella misma fuente de expulsiones, debido a la desintegración nacional que siguió a la invasión imperialista que derrocó a Muamar Gadafi, en 2011.


En el continente americano, Trump arribó a un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador que transformó a México en un “estado tapón” frente a las caravanas migratorias que parten de una Centroamérica desolada. Para los que logran sortear esa situación, el presidente yanqui tiene reservados centros de detención y hasta no hace mucho tiempo separaba a los padres de sus hijos, con el propósito de disuadir nuevos viajantes.


El imperialismo, principal responsable de los conflictos que están en la base de la estampida de refugiados, reacciona de este modo a una crisis que golpea sobre sus propias fronteras.


El futuro


Habrá que ver el impacto que la pandemia de coronavirus tiene sobre la crisis de los refugiados. Por lo pronto, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que decenas de millones de trabajadores migrantes que han perdido sus puestos de trabajo se enfrentan a una perspectiva de desempleo y pobreza en sus países de origen.


La crisis de refugiados es una de las mayores expresiones de la barbarie capitalista. Es necesario defender el derecho a asilo de los desplazados. A la xenofobia y el racismo de los gobiernos hay que oponerles la unión de los trabajadores y migrantes contra el capital. Abajo la guerra imperialista y los centros de detención.

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25/06/2020

Córdoba: Llaryora negoció con el sindicato de recolectores la entrega del convenio

El secretario general del Surrbac (sindicato de recolectores de residuos) y de la CGT Rodríguez Peña, Mauricio Saillén, junto a Pascual Catrambone, mano derecha y coconductor del sindicato, irán a juicio oral para ser juzgados por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y usura entre otros (La Voz, 21/6).


Sumado al revés de la intervención del sindicato por parte de Alberto Fernández, se sucede el casi inminente destino de condena y prisión para ambos. Esto golpea a toda la estructura sindical compuesta por los hijos del propio Saillén, quienes podrían estar inhabilitados para ocupar los cargos del Surrbac. El golpe político que habilitará la justicia nacional y el propio gobierno de Juan Schiaretti es proporcional al intento de reviente del convenio de los recolectores que pretende llevar adelante el intendente de la capital cordobesa, Martín Llaryora.


Ataques del PJ en todos los frentes


El ajuste que vino a desarrollar el intendente peronista Llaryora en la ciudad capital de Córdoba, lejos de excluir al Surrbac, lo tiene como presa de negociados y desguace. A la embestida sobre el convenio de los trabajadores municipales, se suma la negociación que se estableció desde el municipio con la cúpula del sindicato de recolectores para “modificar” el convenio, en el marco de la paritaria que vencía a principios de junio. Semanas atrás, antes de iniciar la paritaria, el intendente Llaryora ya había cerrado un acuerdo salarial donde se pasaron a “no remunerativas” cuatro cláusulas de los haberes de los recolectores.


Juan Saillén, hijo menor del secretario general del Surrbac, quien está al frente de la negociación y es ahora la cara visible del sindicato, calificó de “ventajoso” al acuerdo. Lo cierto es que entregó el convenio de los recolectores con el argumento de conservar los puestos de trabajo, a pesar de que el gobierno a quien él responde haya prohibido por decreto los despidos. Así, se procedió a un arreglo en el que se “contempla un cambio en el convenio colectivo con un pago del 25% del sueldo como no remunerativo, lo que impacta, entre otras cosas, en el pago de aportes que las empresas tienen que hacer al Municipio. Pero, además, el sindicato comprometió a sus empleados a empezar a hacer tareas que antes no realizaban” (Perfil, 23/6).


El mismo Juan Saillén apareció el miércoles en un spot oficial de la gestión Llaryora acompañando al secretario de Gestión Ambiental, Jorge Folloni, mientras un grupo de operarios barría la plaza San Martín (La Voz, 21/6). La unidad de Saillén con el principal enemigo que tienen los recolectores no es un hecho aislado en el sindicalismo cordobés. A pesar del ataque del conjunto de los gobiernos peronistas cordobeses a los trabajadores estatales, privados y jubilados esto no ha sido motivo para que la CGT Chacabuco (oficialista) retire sus tres legisladores de Hacemos por Córdoba, ni tampoco para que el kirchnerismo rompa con Schiaretti o Llaryora.


El hecho de que no hayan sido las bases de los recolectores de basura las que resolvieran sobre sus derechos conquistados, muestra a las claras la descomposición de las organizaciones gremiales, orientadas por mantener negocios en defensa de sus propia supervivencia. Mientras entregan los convenios, algo buscado por todos los gobiernos y que ahora quiere consumar Llaryora, los recolectores son convidados de piedra.


Por su lado, los trabajadores municipales cordobeses vienen de protagonizar una multitudinaria marcha y no cesan las acciones en las distintas reparticiones en respuesta al ataque sistemático y profundo de Llaryora sobre su convenio, salario, puestos de trabajo y los servicios que actualmente presta el municipio. El gremio municipal, Suoem, y el Surrbac  no solo comparten el mismo ataque del mismo patrón, además codirigen la CGT Rodríguez Peña. Esto sin contar la movilización que desarrollaron hasta el Palacio Municipal los trabajadores del transporte urbano de UTA, por el cobro de un salario que aún se les adeuda. El convenio de UTA Córdoba también es blanco de ataque por parte del intendente que está a la cabeza de su modificación.


La movilización de estos poderosos sindicatos y un plan de lucha común le pondrían un coto definitivo al ajustazo que se viene desarrollando sobre el conjunto de los trabajadores de la órbita municipal. Los recolectores y barrenderos del Surrbac deben tomar nota de todos los triunfos que se consiguieron luchando. Es por este mismo camino que van a defender sus conquistas.




 

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A 18 años del asesinato de Kosteki y Santillán marchamos al Puente Pueyrredón

Concentramos a las 11 horas en la Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Estación Avellaneda).

Como sucede todos los años desde aquel 26 de junio del 2002 donde una brutal represión terminara con la vida de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en este 18 aniversario, aun atravesados por la pandemia de coronavirus, no bajamos las banderas de justicia por nuestros caídas y volvemos a movilizar al Puente Pueyrredón, como ha sido una tradición de todos estos años.

 

Con los recaudos sanitarios correspondientes y el distanciamiento social necesario las organizaciones piqueteras y políticas que aquel 26 de junio participaron de la jornada que terminó en una balacera de la Policía Bonaerense vuelven a convocar a movilizar al puente bajo la consigna del reclamo de juicio y castigo a los responsables de la masacre de Avellaneda, remarcando la responsabilidad de Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández y Felipe Solá.

 

Tanto Felipe Solá como Aníbal Fernández han sido integrados a cargos importantes del Estado –ministro de Relaciones Exteriores, el primero, e interventor de Yacimientos Carboniferos Río Turbio, el segundo- por decisión el actual presidente Alberto Fernández. Mientras que Duhalde goza de un vínculo privilegiado estrecho con el actual mandatario, quien lo ha recibido en varias oportunidades.

 

Esta jornada también vuelva a colocar la actualidad y vigencia de la lucha de Kosteki y Santillán ante un crecimiento exponencial de la pobreza, más de 300 mil despidos en el último trimestre, que van a engrosar las filas de los desocupados, y frente a las negociaciones del gobierno con el FMI para someter toda la economía y los recursos nacionales al pago de los acreedores internacionales.

 

También tiene lugar ante la cercanía del aniversario de los 10 años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, que junto a Darío y Maxy constituyen un símbolo de la juventud revolucionaria que lucha contra las política de ajuste de las patronales, el Estado y su régimen social de conjunto.

 

Este 26 de junio volvemos a exigir justicia. Todos los responsables ¡la tienen que pagar!

 

 

 

 

 

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En el marco de una jornada nacional convocada por el Frente de Lucha Piquetero.
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Miércoles 25/6 a las 15.30 hs Charla Debate contra la persecución, luego vigilia, y jueves 26/6 a las 10 horas acto, ambos en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Las organizaciones de desocupados movilizan contra el hambre y por aumento en los programas sociales.
Ensuciar, reprimir y criminalizar a los trabajadores que luchan es una política de Estado de los gobiernos capitalistas.
25/06/2020

Alerta por casos de coronavirus en la villa El Garrote de Tigre

En el día de ayer se diagnosticaron cuatro casos de infección de Covid-19 en el Barrio Almirante Brown de Tigre (Provincia de Buenos Aires), mas conocido como Villa El Garrote.


En El Garrote viven unos 2.500 habitantes en 800 hogares, y solo alrededor del 60% tienen agua corriente dentro de su casa, dificultando ya desde el vamos la higiene necesaria para prevenir el coronavirus. Mas allá del agua potable, toda la estructura del barrio es altamente precaria y la mayoría de sus habitantes viven del trabajo informal, por lo que necesitan salir a buscar el sustento en tareas en las cuales no existe cuidado ni prevención. A ello se suman los problemas sanitarios endémicos en el barrio: todos denuncian sufrir por la presencia de basurales, olores fuertes y desbordes cloacales.


Si bien se informa que todos los casos están aislados y hospitalizados, la situación de miseria y hacinamiento que se agrava lo transforma, al igual que en otros barrios precarios como San Jorge, en un foco de contagios en medio de una crisis de salud en el distrito -con el conflicto del Centro Médico Talar como emergente de la desidia y el afán de lucro de las empresas de medicina privada.


Ante el aumento de casos seguimos reclamando un verdadero operativo sanitario, que dote de insumos, recursos y personal a los centros de salud y hospitales de la zona; la provisión integral y preventiva de kits sanitarios, como así también de alimentos en cantidad necesaria; un subsidio al trabajador desocupado de $30.000; la apertura y aumento de los planes sociales y un plan de obras públicas y vivienda que solucione los problemas históricos de los habitantes del barrio.




 

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25/06/2020

McDonald´s: crecen los contagios, aumenta la precarización

Nuevos casos de coronavirus en el McDonald´s de San Juan 2826

A principio de este mes, ya habíamos denunciado que en varios locales de la empresa McDonald’s habían aparecido casos positivos de Covid, por los pésimos elementos de higiene que los empleados recibían para trabajar. Ante estas situaciones, la patronal decidió solo aislar a unxs pocxs empleadxs y continuar abriendo las tiendas, sin realizar testeos masivos.


Las consecuencias de este protocolo basura que utilizan las empresas, aprobado por el Estado, ya están a la vista.


Desde el local ubicado en la calle San Juan 2826, se han comunicado con nosotrxs para comentarnos qué acciones tomó la empresa a partir del primer caso positivo. Lxs compañerxs denuncian que solo se aisló a un pequeño grupo de empleadxs que estuvieron en contacto con el caso positivo en las últimas 48 horas, y que el resto tuvo que seguir yendo a trabajar como si nada, aunque hubieran estado en contacto estrecho con él.


Los resultados de estos atropellos de la patronal, que ponen en riesgo la salud de lxs trabajadores solo para seguir facturando, comenzaron a aparecer en los siguientes días cuando los casos positivos llegaron a cuatro. Pero ni siquiera esta situación, hoy en día, le da razones a la empresa para cerrar el local.


Lxs trabajadores continúan denunciando, que aunque el protocolo está diseñado para que los locales sigan funcionando a espaldas de la salud de lxs trabajadores, ni siquiera las patronales lo cumplen. Lxs mismos compañerxs de la tienda tuvieron que limpiar el local como lo hacen normalmente, luego de que hayan aparecido más casos, cuando el protocolo exige que sea realizado por una empresa ajena a McDonald´s. Arcos Dorados justifica esta atrocidad diciendo que los elementos que utilizan en sus locales sirven para la desinfección ante un caso de Covid-19 positivo y que el empleado enfermo hace días que no trabajaba.


Lxs compañerxs cansadxs de tener que realizar tareas de reparto, que los exponen más al virus y a otros accidentes en la vía pública, y de tener que enterarse de estas situaciones de boca en boca, ya que la empresa no les informa, decidieron impulsar el camino de la organización y difusión de las denuncias.


Desde "Combo de lucha" apoyamos los reclamos de lxs trabajadores de McDonald’s y exigimos que se cierre y desinfecte la tienda, aislamiento y testeos para todxs lxs compañerxs.


Basta de poner en riesgo la salud de lxs trabajadores y sus familias! Hacemos responsable al Sindicato Pasteleros por dejar pasar día tras días todos los atropellos que sufren lxs que trabajan en fast-food.


Suma tu denuncia en el relevamiento y organicémonos por nuestros derechos. 



 




 

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25/06/2020

Tandil: nueva movilización de los trabajadores de Loimar por la reincorporación

Los trabajadores de la empresa ceramista Loimar, con planta en la localidad bonaerense de Tandil, continúan en lucha por su reincorporación a la fábrica y el pago de los haberes adeudados.


Luego de la movilización realizada el mes pasado, este viernes 26 se concentran a las 9:30 h en Avenida España y calle Rodríguez, para movilizarse con este reclamo nuevamente hacia la municipalidad de Tandil.


El conflicto se inició en el mes de octubre. Se trata de ochenta familias que se han quedado sin sustento, debido a los despidos y suspensiones efectuados por la patronal a fines del año pasado.


No asoma desde entonces una verdadera solución. La patronal no se presentó a la primera audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo provincial y después no dio ninguna expresión públicamente en este sentido, manteniendo la fábrica cerrada en un verdadero lockout.


El Ministerio de Producción bonaerense no da respuesta a los reclamos obreros, pese a que en el mes de marzo, días antes de la cuarentena, el ministro estuvo en la ciudad manifestando que se ocuparía de la situación.


El Partido Obrero de Tandil apoya decididamente la demanda de los trabajadores, buscando darle una orientación al conflicto para lograr la reincorporación de los trabajadores a la fábrica y que esta siga produciendo y se le abonen los haberes adeudados.


Mentras el municipio y el Estado provincial parecen no hacerse cargo de la situación en forma inmediata, pese a las movilizaciones anteriores y al acampe que se realizó en el municipio antes de la cuarentena, los trabajadores proseguirán con sus reclamos hasta encontrar una solución  definitiva.

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25/06/2020

Sindicato de obreros de maestranza firma convenio basura que recorta 35% los sueldos

En un acto de entreguismo indisimulable, la conducción del Sindicato de Obreros de Maestranza firmó un convenio a medida de las patronales de limpieza.


El nefasto acuerdo establece el pago de $20.101, equivalentes al 75% del básico del personal suspendido que trabajaba 8 horas, pero dice explícitamente que ese personal de limpieza suspendido puede ser convocado a trabajar… ¡sin que se le levante la suspensión! Todo por la módica cifra de $300 pesos por día sobre el monto pagado de la suspensión -si fueron a trabajar menos de 16 días al mes.


Pero en verdad el ajuste es mucho mayor. Si se tienen en cuenta los distintos ítems que se cobraban antes de la cuarentena -como antigüedad, presentismo, trabajo en equipo, entre otros- el sueldo total rondaba los $31.000. Siendo que ahora cobran $20.101, están recibiendo el 65% del salario pre-pandemia, es decir que el recorte del sueldo es del 35%.


Como si esto fuera poco de los $20.101, $16.875 pueden ser aportados por la Anses, si la empresa lo solicita. Es decir que las patronales solo pagarían un 15%, mientras que el otro 85% es pagado a costa del vaciamiento del organismo -del dinero que todos los meses aportamos para las jubilaciones.


De lo que sí se ocupa el sindicato en el acuerdo es que continúen los aportes sindicales y el aporte solidario que ellos administran, mostrando que lo único que les interesa es que continúe entrando dinero a su caja.



Denuncias


De todo el país están llegando denuncias de que este convenio ni siquiera se cumple, con la anuencia del sindicato. En algunos lugares la patronal pasó de un día para el otro a compañeras y compañeros a un régimen de 4 horas, recortando un 50% los salarios. En otros, retrasan los pagos y ya anunciaron que van a pagar el mísero aguinaldo en tres cuotas.


Llueven denuncias en relación a la no entrega de ropa de trabajo, o incluso de lugares donde la compra se descuenta del sueldo de las compañeras.


En relación al coronavirus, las patronales obligan a las y los trabajadores a concurrir a sus lugares de trabajo cuando llaman para decir que tienen fiebre. Cuando alguna o alguno tiene síntomas y no va a trabajar, no permiten que sus compañeras y compañeros se aíslen, obligándolas a concurrir a los lugares de trabajo, atentando contra la salud de las y los trabajadoras y trabajadores de la empresa y de la población en general.


Este régimen laboral solo puede imponerse porque las patronales, junto al sindicato hacen que impere el miedo, persiguiendo a las y los que levantan la voz. Pero comienza a surgir la organización para cambiar la realidad del gremio.


Desde el Partido Obrero planteamos el pago del 100% del salario previo a la pandemia, para todas y todos los y las suspendidas y suspendidos; que se levanten las suspensiones a todos los compañeros que se encuentran realizando tareas y se les pague el salario habitual y normal con los aportes a la seguridad social; la inmediata convocatoria a paritarias y un aumento inmediato del 50% del salario para comenzar a recuperar lo perdido en años anteriores por la inflación.


Es precisa la conformación de comités de higiene y seguridad electos por los trabajadores, para garantizar las condiciones de trabajo. Basta de tercerización y división entre los trabajadores. Pase a planta permanente y al convenio colectivo de los lugares donde desarrollan su actividad.

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25/06/2020

¿Puede existir educación desde esta TV?

A raíz de errores cometidos por docentes durante las “clases” públicas a través del canal oficial, que forman parte de los diversos medios para que “la educación siga”, se ha abierto una polémica, donde los promotores de lo ocurrido se alarman críticamente de lo que es el producto de su política en educación, para denigrar a la docencia.


Desde el ministro de Educación, Nicolás Trotta, hasta los medios de ambos lados de la supuesta grieta, y los gobiernos provinciales, incluyen a los programas “educativos” de la TV pública entre los instrumentos que garantizan la “continuidad del proceso educativo”, conscientes de que la conectividad deja afuera a gran parte del estudiantado e, incluso, de la propia docencia.


Los errores de las/os docentes durante la emisión de uno de esos programas forma parte de las pruebas de que allí no existen las premisas básicas de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, los privatistas de la educación se mofan de su propia criatura, no de la que defendemos con uñas y dientes las y los docentes.


Queda expuesta la precarización de la formación docente, lo cual también es un resultado de la política educativa de los que ahora se ponen en el papel de maestro Ciruela.


Dicho esto, hay que entrar en la esencia de lo ocurrido.


¿Es reivindicable el error del docente?


Parto de una respuesta negativa.  El error puede jugar, no como método sino como circunstancia, un papel pedagógico. Pero, excepto que haya sido planificado por el docente y así indicado previamente, cuando se menciona que el error también enseña, se trata del error del estudiante, no del docente.


El docente no puede inducir el error, y menos reiteradamente como ha ocurrido en estos programas de TV. El rigor científico de lo que se enseña es una condición para que la calidad educativa sea tal. Obvio que la calidad educativa, a pesar de que la cacarean, no es del interés de los gobiernos ni de los capitalistas de la educación. La calidad educativa la defendemos las/os docentes, pero para eso es necesario no cometer errores durante la clase.


Obvio que ningún docente es infalible, pero el error del docente produce deseducación, confusión, todo lo contrario a la calidad educativa. No se lo puede justificar a la ligera.


Sin embargo los errores docentes, sea en algoritmos, en la escritura, en las formas de redacción, en temas de los más diversos, son muy frecuentes.


Claro que no es responsabilidad del docente, sino de las políticas de primarización de contenidos y la precarización y mercantilización de las condiciones de estudio en los Institutos de Formación Docente.


No es bajo las actuales condiciones que se generan las bases para reducir al máximo los errores docentes, al contrario, se los potencia.


Como en tantos otros aspectos de la vida, el capital genera barbarie y luego la utiliza como fundamento para sus planteos de… más barbarie. Por eso la justificación del error docente como algo superficial, pasajero, no es un ángulo correcto.


El ángulo del oficialismo gubernamental y la Ctera


La responsable de la emisión del programa de la TV Pública defendió los errores diciendo: “con un buen abordaje del error también se construye conocimiento”, en función de defender el concepto central y nombre del ciclo: “seguimos educando”.


No, con tutoriales, plataformas web, portales, programas de TV o en la virtualidad, la educación entendida como el proceso de enseñanza-aprendizaje no sigue. Con errores docentes o sin ellos, no sigue.


No fue casualidad, que desde el día uno de la cuarentena el ministro Trotta en conferencia de prensa anunciara la puesta al aire en la TV Pública de dos programas de dos horas cada uno con contenido pedagógico para todos los niveles (de inicial a secundaria), “donde tendrán todas las herramientas pedagógicas para seguir enseñando y seguir aprendiendo, que haya continuidad”. La aclaración del ministro acerca de que “la escuela es irremplazable” es para la tribuna.


Y en esa misma conferencia de prensa anunció que ya estaban conversando con Ctera sobre esta metodología del vínculo de trabajo de las/os docentes durante la suspensión de la presencialidad.


La “paritaria” que se firmó hace un par de semanas, como se ve, es fruto de un largo proceso de “conversación” de la burocracia sindical con la patronal. Claro, a espaldas siempre de las y los docentes.


No es casualidad entonces que esa “paritaria” desde el punto uno reconozca como “trabajo docente” a la virtualidad, habilitando así el teletrabajo como otra “forma de trabajo” docente. Es trabajo del docente, pero de ninguna manera trabajo docente, lo cual implicaría que hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. La presencialidad es irremplazable para que esto ocurra.


Como no podía ser de otra manera, la burocracia de CTERA ha convalidado toda la línea gubernamental.


En el texto de la paritaria se coloca como “marco referencial normativo” nada menos que al Convenio Nº 177 de la OIT, una oda al teletrabajo como “forma de relación laboral”, a la que define como “trabajador a domicilio… para prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quien proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello…”, con lo cual el resto del texto de la “paritaria” es papel mojado, porque el marco normativo es… ¡la OIT!


En resumen el teletrabajo para la docencia ha sido acordado por la Ctera y el gobierno de tal manera que haya que seguir las “especificaciones del empleador” (adiós a cualquier libertad de cátedra o de opinión conceptual de los conocimientos), pero sin la obligación del empleador de proporcionar las condiciones de desarrollo de las tareas.


Los privatizadores de la educación, los precarizadores laborales y los que vacían los contenidos científicos de festejo.


Así, no habrá mejor, sino peor educación y docentes cada vez con más errores.



 

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25/06/2020

Por el femicidio de Cecilia Basaldua lanzan una campaña en redes pidiendo justicia

A dos meses del hallazgo del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldua, familiares y amigos piden justicia e invitan a todes a participar de una campaña virtual con fotos por la verdad y esclarecimiento del caso. En ese sentido la hermana de la víctima pidió apoyo por Facebook.


Cecilia, oriunda de la provincia de Buenos Aires, estuvo desaparecida durante 20 días en la localidad de Capilla del Monte, Córdoba. Vale señalar que no se activaron los protocolos correspondientes para su búsqueda. Por el caso hay un detenido


Se trata de un claro caso de complicidad policial ya que muchos puntos claves no se han investigado y hay una clara reticencia por parte de la fiscalía en brindar información a la familia, lo que lleva a pensar a la abogada que se trata de un encubrimiento.


El pasado jueves, la abogada de la familia, Daniela Pavón planteó a diferentes medios su “disconformidad” con la investigación al asegurar que “no hay avances que conduzcan al esclarecimiento” y calificó como “irregular” la investigación judicial, al observar que la única casa allanada fue la del detenido y no las demás a los alrededores.



Pavón exigió que el cadáver continúe en la Morgue Judicial de Córdoba a los efectos de realizar una serie de nuevas pericias, como la ampliación de autopsia y el estudio de ADN de pelos encontrados en el cuerpo de Cecilia para ser cotejado con el imputado Bustos, único detenido por los delitos, el cual residía en una vivienda cercana a la zona donde fue encontrado el cuerpo.


Pero también se exige la investigación de Mario Mainardi, en cuya casa Cecilia se alojaba y una de las últimas personas que la vio con vida, principal sospechoso para la abogada y para Daniel Basaldua, padre de la víctima.




Ni una menos


Mientras los casos de femicidios han ido en aumento el presupuesto provincial del área de la mujer viene en caída. Esta orientación por parte del gobierno nos deja más indefensas. La consiga, el Estado es responsable, está a la orden del día


Exigimos el esclarecimiento de los hechos, y el avance de la causa contemplando todas las pruebas. Difundamos todes, por todas las redes, el pedido de Justicia para Cecilia, Ni una menos, vivas y libres nos queremos.




 

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25/06/2020

Paternal, otra vez sin luz

Edesur no invierte y empuja a romper la cuarentena cortando el servicio.

Por Mica Lp

Cientos de vecinos del barrio porteño de La Paternal nos encontramos sin suministro eléctrico desde la tarde de este martes.


La situación lamentablemente no es novedosa, ya que es habitual que la empresa Edesur realice cortes de servicios sin aviso y por tiempos prolongados en la zona, pero en el cuadro de una cuarentena obligatoria reviste un carácter de gravedad.


Con una pandemia en curso y con la imposibilidad de salir, un gran caudal de trabajadores hemos sido alcanzados por el teletrabajo. Es por esto que el suministro eléctrico reviste una necesidad fundamental, siendo que la falta de él impide la tarea y en muchos casos significa un aprovechamiento de las patronales para llevar adelante recortes salariales. Además, la cuarentena obligatoria también bloquea la posibilidad de trasladarnos a la casa de algún familiar o amigo hasta que la empresa de energía decida devolver el servicio.


Como las bombas de agua de los edificios de la zona son eléctricas, muchos nos encontramos también sin suministro de agua, en una situación donde la necesidad de higienizarse es fundamental para prevenir todo tipo de contagios.


En muchos hogares, como medida de protección, se intenta salir lo menos posible, haciendo grandes compras una vez por semana o cada 15 días; pero sin luz toda esa mercadería se echa a perder. Con falta de ingresos, con falta de presupuesto por parte del gobierno para alcanzar a los trabajadores despedidos, esa mercadería vale mucho más y nadie se hace cargo: ni la empresa ni los diferentes gobiernos, que deberían encargarse de regular el servicio energético.


Edesur no se hace cargo de las fallas del servicio que presta, no invierte en arreglos y en mejorar la calidad del servicio, pero sí cobra onerosas facturas a los usuarios, incluso cuando en varios días del mes no hemos tenido servicio. El Estado porteño y el de de la Provincia de Buenos Aires, por su parte, le han perdonado tanto a Edesur como a Edenor cifras millonarias correspondientes a multas por brindar mal suministro eléctrico, bajo promesa de inversiones para mejorar el servicio. Estas brillan por su ausencia, pero lo que sí se llevó adelante es un aumento descargado sobre las espaldas de los usuarios.


En lo inmediato, exigimos la devolución del suministro y el resarcimiento económico de todos los afectados contemplando todas las pérdidas, desde jornadas laborales, mercadería e incluso artefactos quemados.


Como parte de una necesidad integral de la clase obrera, es necesario exigir la apertura de los libros de las empresas energéticas para saber donde se fugan las recaudaciones millonarias que no son invertidas en mejorar el servicio, y la nacionalización del sistema energético bajo control obrero.

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25/06/2020

La policía salteña como coautora de femicidios

Novedades en los casos del femicidio de Liliana Flores y Rosa Sulca.

Liliana Flores fue asesinada el 24 de diciembre, por su ex pareja policía, quien le disparó con su arma reglamentaria, estando en la puerta la consigna policial.


El caso causó tremenda indignación y se lo presentó como una “falla” en el régimen de consignas policiales para las víctimas de violencia de género. Se ordenó la detención de dos policías, el que estaba de consigna policial, pero luego fue puesto en libertad, porque consideran que no va a entorpecer la investigación— y otro por adulterar el libro de guardia de la comisaría del barrio Los Pinares, ya que no coinciden los horarios con las directivas dadas por la fiscalía penal de Cerrillos, luego de la denuncia de violencia realizada por Liliana Flores.


Según contó su hermana, Claudia Flores, a Diario El Tribuno del 11/6: “Hubo falta de acción en distintas personas, la fiscal debería haber corroborado el ingreso a la casa de mi hermana, tiene dos entradas: por adelante y por atrás, encima sin vecinos lindantes y ordenó mandar una sola consigna policial. Agravado por el hecho de que él -por Hedgar Exequiel Almirón- estaba prófugo y con el arma reglamentaria. ¿Por qué la dejaron sola? ¿Por qué dejaron que volviera a su casa y no la llevaron a alguna casa de refugio o a la casa de nuestra madre?”.


Otro hecho que la familia conoció a posterior fue la existencia de una carta donde Almirón confesaba el crimen que iba a cometer: “A las 6”, la Policía “llegó hasta la casa de los padres del ex de mi hermana, porque estaba prófugo, ellos le dijeron que no sabían dónde estaba. Antes que los policías se retiraran la mujer encontró una carta en la pieza de su hijo donde les pedía perdón a sus padres y contaba lo que iba a hacer”.


“Me dijeron que fue a las 7, pero los vecinos dicen que escucharon los tiros entre las 6.45 y las 6.48”, los policías tenían un margen importante de tiempo para llamar al efectivo que custodiaba la casa de la víctima y hasta de trasladarse al lugar. “Pero no hicieron nada”, apuntó la hermana y agregó “todavía tengo dudas de los mensajes que llegaron del celular de mi hermana, después de las 7, donde ella señala que ‘está todo bien, incluso manda una foto de la policía afuera de su casa’, cuando en realidad a esa hora ya estaba muerta”.


Todo indica que la propia policía seguía usando el teléfono de la víctima después de producido el crimen. El hecho que se haya adulterado el libro de guardia muestra que hubo complicidad para encubrir a “su colega”, ya que Almirón cumplía funciones en el Valle de Lerma y se conocían. Cuesta creer que el comisario no sepa nada de todas estas maniobras.


Otra cosa que aún no explicaron, es que Almirón estaba de baja, por las reiteradas denuncias de violencia familiar, pero sin embargo el crimen de Liliana y su posterior suicidio lo cometió con su arma reglamentaria, la seguía portando. O sea que las sanciones internas son una puesta en escena para calmar las denuncias de violencia familiar que ponen las mujeres, ante los organismos internos de la policía.


Caso Sulca


También hubo novedades en este caso, Rosa Sulca es la maestra que llamó al 911 diciendo que “la estaban matando y que se apuren”, a continuación, una voz femenina dijo: “Es mi tía, esta medicada”. La policía fue al domicilio, tocó la puerta, como no salió nadie, se retiraron. Luego se conoció que Rosa, ya había denunciado en dos oportunidades, a una banda de jóvenes por robo, incluso una vez encontró a uno de ellos armado con un cuchillo dentro de vivienda. La comisaria de Villa Mitre sabía que en esa vivienda vivía Rosa Sulca sola.


Resulta que ahora aparece en las imágenes de las cámaras de monitoreo, otro joven, que estuvo varios minutos parado en la vereda de la casa, junto a una de las detenidas, después de ocurrido el crimen.


Las cámaras no sirvieron en el momento para unir una llamada de auxilio al 911 con las imágenes. Sin embargo, en una demostración que se hizo a los senadores, en la base operativa del 911, mostraron como enfocaban las cámaras para seguir a un punga en medio de una muchedumbre y lograron detenerlo. No hicieron lo mismo con el caso Sulca, los vecinos de Villa Mitre denuncian zona liberada, para esta banda.


Mientras tanto, siguen las investigaciones por como informó el 911 el contenido de la llamada, si fue bien interpretada. En medio de todo esto, distintos sectores de seguridad y la justicia se acusan y defienden mutuamente para que la policía salga limpia o se haga el menor daño posible a la fuerza.


Claramente esto no se resuelve con charlas con perspectiva de género a la policía. Una fuerza lumpenizada no tiene cura, forman parte de todo un régimen delictivo en todos los planos, incluidos los delitos que cometen contra sus propias familias.


Exigimos la renuncia de Pulleiro y toda la cúpula policial. La presencia de todos ellos es el mayor factor de inseguridad para las mujeres.


Por un concejo autónomo de la mujer, para poder avanzar en una protección real a las mujeres y niñes, independiente del Estado corrupto y podrido desde sus entrañas.



 

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25/06/2020

Tres de Febrero: incendio en Barrio Esperanza

El domingo 14 de junio a la madrugada, un incendio destruyó cuatro viviendas en el Barrio Esperanza de Tres de Febrero. Las familias afectadas lo perdieron todo.


No hubo víctimas fatales. Los heridos fueron trasladados al Hospital Bocalandro, y diez días después está saliendo de terapia intensiva una de las víctimas. Inmediatamente la respuesta de los vecinos y de los docentes de las Escuelas Técnicas 2 y 3 de la zona fue organizar colectas para ayudar a las familias ante la urgencia de la situación.


No es la primera vez que este tipo de hechos se produce en los barrios del distrito. La falta de obras, el hacinamiento y la desidia del Estado municipal y provincial ante la crisis habitacional se hacen sentir cada vez más en el marco de la cuarentena y con la llegada de las temperaturas bajas. Las familias no tienen cómo calefaccionarse.


En el caso del barrio Pablo Podestá la mayoría de los vecinos no cuentan con redes de agua, gas, electricidad ni cloacas. Sumado a este cuadro están los basurales que lindan con el lugar, que son foco de enfermedades de todo tipo.


El problema habitacional con el crecimiento de las villas y los asentamientos es una problemática que se agrava en el distrito que gobierna el macrista Diego Valenzuela, quien profundizó la política de abandono de los barrios del exintendentente peronista Hugo Curto.


A medida que avanza la propagación del Covid-19 y el derrumbe económico, el reclamo por el impuesto a las grandes fortunas que plantea el Frente de Izquierda Unidad  para destinar recursos a infraestructura y vivienda, para signar un seguro de desempleo y aumento del SAE se hace más urgente que nunca. El rescate debe ser a los trabajadores y a sus urgencias, no a los empresarios que fugan la plata.


Es necesario un plan de urbanización con control vecinal de las obras que solucione el conjunto de los problemas del barrio mediante la construcción de viviendas, la instalación de servicios y la apertura de calles para permitir la circulación de ambulancias y autobombas. Solo la organización de trabajadores ocupados y desocupados puede dar una respuesta a las necesidades de la población.





 

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25/06/2020

Semana negra en los trenes: ya son seis los trabajadores muertos por Covid-19

Ya son 90 los casos positivos en los ferrocarriles del Amba.

En una verdadera semana negra, los trabajadores del ferrocarril sufrimos la pérdida de otros tres compañeros por Covid-19, con lo que ya sumamos seis fallecidos.


El domingo 21 se conoció el fallecimiento del compañero José Fernández, enfermero en la estación Boulogne, en el ferrocarril Belgrano Norte. El primer brote había surgido en esa estación hace tres semanas, con seis contagios; la empresa Ferrovías hubiera debido aislar a todos los compañeros y testear a guardas y conductores, así como al resto del personal, además de los médicos y enfermeros del servicio de control de adicciones, entre los cuales estaba José. Pero no lo hizo así. En Ferrovías, como en las demás concesionarias, en Trenes Argentinos y en la inmensa mayoría de las empresas, la patronal apunta a reducir el impacto de la pandemia en sus costos laborales y de prevención. Por eso se escatiman los elementos sanitarios, se restringen los testeos y se limitan las licencias de aislamiento preventivo. Los intereses empresarios se imponen sobre los recaudos para proteger la salud de los trabajadores. Por eso, los contagios se extienden sin que se apliquen protocolos efectivos para la protección de los compañeros. Así se contagiaron Fernández y otros tres compañeros.


No habíamos terminado de lamentar la muerte de José, cuando nos enteramos al día siguiente del fallecimiento del conductor Eduardo Díaz, también en el Belgrano Norte. Y hoy, miércoles 24, se suma el deceso del guardatrén Daniel Marinozzi del ferrocarril Mitre. Es el sexto trabajador fallecido entre el personal de los ferrocarriles, después de Miguel Olmedo y Juan Campos (de la empresa de seguridad Murata), Claudio Honorio Andrades (de vías y obras del Mitre) y los arriba mencionados José Fernández y Eduardo Díaz.


Estamos superando los 90 casos positivos en todos los ferrocarriles del Amba y día a día las cifras se disparan, mientras los gremios miran para otro lado.


Por eso, los trabajadores debemos autoconvocarnos en asambleas de sector, con resguardo del distanciamiento físico, y votar por un pliego urgente de reclamos: elementos de prevención idóneos y suficientes para cada trabajador, desinfección permanente de las formaciones y dependencias, prestación del servicio con el mínimo de personal imprescindible para reducir la exposición de trabajadores al contagio, licenciamiento inmediato y testeo masivo en cada área con casos positivos.


Es preciso la conformación de comités obreros de seguridad e higiene, electos por los trabajadores, para exigir a la Unión Ferroviaria y a Trenes Argentinos el cumplimiento de protocolos votados en asamblea.



 

Salta: brutalidad policial contra vecinos de Barrio La Paz

La policía de Sáenz-Pulleiro goza de total impunidad

Nuevamente la policía salteña ha protagonizado un escandaloso atropello y abusos, en esta ocasión en el barrio La Paz de la capital de Salta.


El ataque de la Policía se dio en medio de una reunión familiar, en un cumpleaños del hermano de una docente. Al finalizar la reunión, una pareja miembro de la familia, de regreso a su casa se topó con un operativo policial y decidió volver a la casa donde era la fiesta. La Policía los siguió e irrumpió dentro de la casa sin orden judicial, disparando balas de goma de manera indiscriminada. Las víctimas relatan que la Policía destrozó todo lo que había en la casa, literalmente la dieron vuelta. Como varios de sus familiares viven alrededor de donde sucedió el hecho, se llegaron al lugar a reclamar por lo ocurrido. Esto fue utilizado por la Policía para armarles un caso falso.


La policía detuvo a 9 personas. A dos no quisieron auxiliarlos, porque presentaban heridas graves. Incluso a un joven que dejaron tirado en el piso luego de balearle un ojo, y corre peligro de perderlo,  no lo detuvieron porque se constataría la brutalidad con la que actuaron. Como sucede en estos casos, las comisarias no les quisieron tomar las denuncias. Jorgelina Franco referente del Polo Obrero Sudeste, se reunió con los familiares y relató que cuando los familiares fueron a buscar a los detenidos, quedando dos menores en la casa, la policía volvió a entrar al domicilio para buscar los casquillos de las balas de goma. Despues de esa “limpieza” llego el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales), quienes por supuesto  no encontraron nada. Un claro acto de encubrimiento del accionar policial por parte del Ministerio Público.


También en zona Norte, en la madrugada del miércoles 17 de junio, en el barrio 17 de octubre, en la zona norte de la capital, un joven fue herido en la cabeza por parte de la policía. Al llegar al hospital San Bernardo donde debió ser internado y operado, el parte médico señaló hundimiento de cráneo.


La pandemia reforzó la impunidad


La violencia ejercida por la Policía en los barrios de Salta viene de mucho antes de la cuarentena, es así que muy cerca del barrio La Paz en el barrio Solidaridad, en 2018, fue asesinado de un disparo en la cabeza, Nahuel Salvatierra, de 17 años, en un verdadero fusilamiento a manos de efectivos policiales.


Pero Sáenz aprovechó la pandemia para profundizar el método y darle total impunidad a la Policía  para reprimir a la población, con el decreto 255/20, una expresión de la política que inauguró recién asumido con el nombramiento como Ministro de Seguridad  de Juan Manuel  Pulleiro, Comandante de la 5° Brigada de Montaña, bajo cuya responsabilidad  actúa esta Policía torturadora.


La acción brutal de la policía alcanza todo el territorio provincial, como se ve en la cantidad de denuncias en Rosario de La Frontera, con el joven que perdió un ojo en Cnel Ballivian por los balazos de goma recibidos, la golpiza a un joven en Olleros por no usar barbijo, la misma justificación utilizada en la detención y golpiza recibida por la joven Yanet García de barrio Puerto Argentino,  detenida una semana, por encontrarla fumando en la puerta de su casa sin usar barbijo.


En todos los casos el modus operandi continúa con la creación de causas graves como atentado a la autoridad, daños y lesiones a la Policía o coacción agravada, lo que les permite en complicidad con las fiscalías penales, detener a las victimas durante varios días e incluso semanas.


Para el régimen oligárquico, el Covid-19  no es un problema de salud al cual atender, sino una oportunidad para llevar a fondo una brutal regimentación social de los barrios obreros.

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25/06/2020

Coronavirus en la línea de colectivos 24

Trabajadores de la línea 24 denuncian tres casos positivos de Covid-19, e incumplimiento, por parte de la patronal, de los protocolos.

En tiempos de de crecimiento exponencial de nuevos casos de coronavirus, donde nos aproximamos al famoso pico de la curva, el gobierno nacional declara su preocupación por la situación del transporte público. Sin embargo, se multiplican los casos como el de la Empresa Transporte Automotor de Pasajeros Sacif, que no desinfecta los choches a la llegada de cada cabecera ni entrega los productos necesarios para prevención (alcohol en gel y barbijos son adquiridos por sus trabajadores).


La inacción patronal transforma a las unidades en potenciales focos de contagio, tanto para su empleados como pasajeros.


Pese a los tres casos positivos conocidos, ni la compañía ni el Estado tomó la decisión de testear al resto de los trabajadores.


A la par, el gremio (Unión del Transporte Automotor) continúa totalmente ausente.


Pese a aumentar un 40% el boleto en menos de un año, las condiciones de trabajo y transporte se mantienen altamente precarizadas. El Covid-19 han dejado al desnudo el abandono capitalista. Su objetivo, que la crisis la siga pagando el pueblo trabajador, pone en juego sus vidas.


Urge la realización de asambleas por turno en las dos cabeceras (Wilde – Villa del Parque) tomando los recaudos sanitarios y de distanciamiento, para definir un pliego de reivindicaciones básicas y los protocolos necesarios para proteger la salud de trabajadores y usuarios.


Para poder ejercer las tareas con la seguridad necesaria y en una sector tan esencial como el transporte, exigimos a los directivos de la Empresa de Transporte Automotor y al Estado la realización de testeos inmediatos a todos los trabajadores y sus contactos más próximos. En caso de dar positivo, aislamiento (hasta obtener, como mínimo dos nuevos test negativos) sin afectar su salario. Entrega de elementos para la prevención (barbijos, alcohol en gel y desinfectantes) e información segura con relación a sintomatología y medidas a tomar ante la pandemia. Limpieza y desinfección de todos los coches en cada ingreso a sus terminales. Toma de temperatura para todo el personal al ingresar al servicio. Dispensarios de alcohol en gel en cada colectivo, al servicio de los pasajeros.


Centralización del sistema de Salud.


No al pago de la deuda. Destinemos los millones en la salud del pueblo trabajador.


Que la crisis la paguen los capitalistas.



 

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25/06/2020

Vicente López: les estudiantes del Isfd 39 tomamos la iniciativa

Las resoluciones de la asamblea virtual y de la comisión de mujeres y diversidades del centro de estudiantes.

, secretaria general del Centro de Estudiantes Tribuna Estudiantil 39

El centro de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 39 de Vicente López, conducido por la izquierda, impulsó dos instancias de organización estudiantil: una segunda asamblea y una reunión de la comisión de mujeres y diversidades. Ambas resolvieron una batería de iniciativas para poner de pie a la comunidad educativa del instituto.


La asamblea deliberó acerca de la precariedad de las cursadas virtuales, atravesadas por la sobrecarga laboral de les docentes, la falta de acceso a los dispositivos tecnológicos y el agravamiento de la crisis social de les estudiantes, que acentúa la deserción. Se resolvió un plan de acción para exigir la continuidad de las materias promocionales, el derecho a rendir exámenes finales para todes (hayan o no cursado virtualmente la materia), la entrega de notebooks por parte del Consejo Escolar, la apertura de actos públicos virtuales para la toma de cargos, entre otras reivindicaciones.


Luego, la reunión de la comisión de mujeres y diversidades del centro debatió un balance de las movilizaciones del 3J y los desafíos que tiene nuestro movimiento. Les compañeres allí reunides dimos lugar a importantes definiciones en torno a la responsabilidad de Estado en la violencia que vivimos y la importancia de organizarnos sin ataduras a los gobiernos de turno. A partir de estos planteos resolvimos dar lugar a campañas por las redes sociales colocando demandas apremiantes como el aborto legal, la aplicación de la educación sexual laica y científica, el repudio al rescate de la deuda para que los recursos de país se destinen para la construcción de casas refugios, la aprobación del cupo laboral trans, el repudio al fallo del fiscal Rivarola que considera una violación en manada como “desahogo sexual”, entre otras. Resolvimos, a su vez, organizar ciclos de entrevistas en torno a estas problemáticas y  darle continuidad a las reuniones de la comisión.


Cabe destacar que Octubre23, la agrupación peronista del 39 ligada a la lista celeste de Suteba estuvo ausente en la mayoría de estas iniciativas, ya que no participaron de la primera asamblea estudiantil del año ni de la comisión de mujeres y diversidades, previo a que en la comisión directiva del centro se abstuvieran de votar la participación de la movilización del nuevo aniversario del Ni Una Menos que se llevó a cabo frente a la Quinta de Olivos. La orientación de evitar toda confrontación con el gobierno los deja por fuera de la pelea consecuente por las reivindicaciones de les estudiantes.


Este experiencia reafirma la necesidad de que los centros de estudiantes sean independientes de los gobiernos de turno y de las autoridades de los institutos, para organizar la defensa de la educación pública y ser un canal de la lucha de les estudiantes, las mujeres y las disidencias a partir de las más amplia deliberación. Sobre todo, cuando la renegociación de la deuda externa va a suponer una profundización del ajuste, y les estudiantes tenemos que estar preparados para enfrentarlo.




 

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25/06/2020

CABA: Larreta paga en cuotas el aguinaldo del 90% de docentes y municipales

La Coordinadora Sindical Clasista de CABA realizará un plenario abierto en defensa del pago en tiempo y forma del aguinaldo el 4 de julio.

La ofensiva contra el aguinaldo anunciada por el presidente Alberto Fernández llega a la Ciudad de manera agravada a través de un decretazo de Larreta que establece el pago en cuotas del aguinaldo de los docentes y municipales. Afecta a todos los trabajadores con salarios en bruto de $50.000, por lo tanto, trabajadores con un salario de pobreza apenas arriba de 40.000 pesos de bolsillo ya entran en la cuotificación. Solo quedan exceptuados los trabajadores de la salud, bomberos y policías.


El anuncio es un nuevo mazazo, luego de que el congelamiento de las paritarias determinó la pérdida de poder adquisitivo mes a mes y después de que se dispusiera el servicio público en tareas de atención a la pandemia para la totalidad de los trabajadores no esenciales, exponiéndolos a los contagios que crecen de manera exponencial.


Larreta había intentado meter el pago de salarios en cuotas con la ley de emergencia, el famoso “artículo 19” que fue borrado de la letra de la ley luego de la indignación que recorrió todas las dependencias y de una movilización protagonizada por sindicatos independientes como Ademys, la asamblea de residentes y concurrentes de Caba y agrupaciones de izquierda.


Ahora, sin ese aval ni legislativo ni sindical, pretende avanzar por decreto, apoyado en las medidas antiaguinaldo tomadas por Fernández y Kicillof.


El otro punto de apoyo para esta ofensiva es la parálisis completa de la burocracia sindical porteña que no ha pasado de sacar amargos comunicados lamentando estas decisiones, mientras el repudio de los trabajadores a estas medidas es masivo. Esto vale para la directiva peronista de Sutecba (sindicato de trabajadores del gobierno de la Ciudad), socio vitalicio de los gobiernos macristas, pero también para el ala kirchnerista de ATE y la UTE que han rechazado tomar medidas.


En la vereda opuesta Ademys realizó un paro virtual y una movilización llamando a un plan de lucha para derrotar el decretazo. Es el camino que debemos seguir para que los trabajadores no paguemos la crisis.


La excusa de los tres gobiernos es la caída de la recaudación que se ha derrumbado por la crisis agravada por la pandemia. En la Ciudad, la caída interanual en marzo fue del 37% que se recuperó parcialmente en abril, con un aumento del 20% interanual en términos reales, a partir de la apertura generalizada de comercios dispuesta por Larreta y aprobada por Fernández.



Es claro que la receta para paliar la crisis para Larreta, Kicillof y Fernández es exponer a los trabajadores a través del desmantelamiento de la cuarentena –los resultados en términos de avance de los contagios están a la vista- o atacar los salarios de los trabajadores del Estado. De afectar a los grandes grupos capitalistas ni hablar. Larreta no dispuso ninguna modificación impositiva para afectar a los bancos, la especulación inmobiliaria o el pago de la deuda externa, como sí propuso en un proyecto Gabriel Solano del FIT-PO. Y Fernández viene de recular en chancletas con la expropiación de Vicentin y de archivar el cobro de impuestos a las grandes fortunas –hoy el único proyecto presentado en ese sentido es el del Frente de Izquierda.


Pero la crisis no podemos pagarla los trabajadores sino los que se han beneficiado con enormes ganancias todos estos años, los capitalistas. Partamos de defender el aguinaldo, el salario y los puestos de trabajo, a través de un plan de lucha. Los sindicatos están entregados a la política de los gobiernos, debemos intervenir de manera independiente. Planteamos la realización de asambleas virtuales en todas las dependencias para votar un paro y un plan de lucha hasta derrotar a Larreta. Por el pago en tiempo y forma del aguinaldo, por la salud y el trabajo. Para impulsar esta lucha, la Coordinadora Sindical Clasista de la CABA realizará un plenario abierto el sábado 4 de julio.



 

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Grave: la bonaerense allanó una casa equivocada y baleó en la cara a un menor

Ocurrió en Lomas de Zamora. La víctima perdió un ojo.

El pasado sábado, en horas de la mañana, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), dependiente de la Policía Bonaerense, irrumpieron en una vivienda situada en la calle Rawson al 1800, ubicada en Villa Albertina, municipio de Lomas de Zamora. Los policías ingresaron al domicilio partiendo de una orden de allanamiento dispuesta por el fiscal Carlos Baccini, de la UFI 15 de dicha localidad, a fines de dar con electrodomésticos robados de la escuela secundaria N° 26. Sin embargo, la misma era completamente imprecisa. Los integrantes del GAD, en lugar de ratificar los datos con el juzgado, optaron por ejecutar el procedimiento sin mayores garantías, por lo que acabaron rompiendo la puerta de entrada de la casa de al lado.


Una vez dentro de la vivienda, los efectivos redujeron, maniataron con precintos y le pisaron la cabeza al padrastro de la víctima. Por su parte, algunos de ellos apuntaron sus armas contra su madre, que cargaba en brazos a su hermana de 2 años. En medio del tumulto, Ignacio, de 17 años, se despierta y decide salir de su cuarto para ver qué era lo que ocurría. Al no tener picaporte la puerta de su habitación utilizaba un cuchillo para suplirlo. Cuando el policía que lo atacó vio que el adolescente tenía el utensilio en la mano le disparó al rostro sin mediar palabra, dar la orden de alto o intentar reducirlo. Un balazo de postas de goma le alcanzó el lado derecho de su cara, por lo que cae tumbado al piso. En ese momento, el resto de los policías lo comienzan a patear en el piso al grito de “negro de mierda”, “chorro”, “hijo de puta”, tras lo cual lo dejaron finalmente tendido en el suelo. Luego de casi una hora en la cual Ignacio estuvo reducido y tirado en el mismo lugar, una ambulancia arribó al domicilio. La misma se dirigiría entonces al Hospital Gandulfo, donde los esfuerzos de los médicos no lograron salvarle el ojo a la víctima.



Como si fuera poco, los efectivos implicados irrumpieron en otras casas aledañas y secuestraron elementos para justificar su accionar. Así fue que rápidamente anunciaron en las redes sociales un operativo exitoso, tras el cual lograron dar con el domicilio del responsable. En él, se atajaron de antemano, ante el procedimiento criminal, presentando una serie de falsedades, y adjuntando incluso imágenes de los elementos sustraídos de la vivienda y de las de su alrededor. La investigación recayó entonces sobre la UFI 8 de Lomas de Zamora, en manos del fiscal Sebastián Bisquert.



La familia salió rápidamente a pedir justicia y exigieron mediante un comunicado que el Estado se haga cargo de tamaña violencia policial. El padrastro de Ignacio sentenció que “Le arruinaron la vida de una forma muy salvaje”. Fueron recibidos entonces el día lunes por Matías Moreno, subsecretario de DDHH, y Eva Asprella, directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Tras la reunión, los mismos “condenaron” el accionar de los agentes, el que fue presentado como un hecho ajeno de las responsabilidades que le caben al poder político.


En las últimas horas, se comunicó entonces la decisión de separar al policía que efectuó el disparo. Por su parte, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le inició un sumario. Sin embargo, todo esto se trata a las claras de un operativo de distracción. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio los casos de gatillo fácil, abusos y violencia policial se han multiplicado exponencialmente, siendo uno de los últimos ejemplos el brutal asesinato de Facundo Scalzo por la gendarmería en Bajo Flores, CABA. Un factor común en la mayoría de ellos es que cuando los mismos trascienden y despiertan el repudio popular se los busca presentar en los hechos como “casos aislados”, y como respuesta se “aparta” de la fuerza a los autores materiales. De esta forma, se allana el camino para garantizar la impunidad de los responsables políticos del reforzamiento y endurecimiento del descompuesto aparato represivo, así como se encubre la naturaleza misma de un Estado que necesita valerse de esta violencia policial. Basta con ver, por ejemplo, en la misma provincia, las recientes militarizaciones de Villa Azul y Villa Itatí, o las represiones y desalojos en Penta y La Nirva.




Mientras el gobierno provincial, encabezado por el gobernador Kicillof, busca desentenderse de sus responsabilidades una y otra vez, el propio Berni, defensor de la mano dura y el gatillo fácil, pide duplicar la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense ante el avance del Covid-19. Esto implica claramente que los casos de abusos policiales y gatillo fácil se multiplicarán en el próximo período. Lo que los agentes del GAD han hecho contra Ignacio y su familia no es un caso aislado, sino que brota de las entrañas mismas de un Estado que acrecienta una escalada represiva al compás del recrudecimiento de la crisis y la pandemia.




 

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25/06/2020

Otro femicidio en Tigre: justicia por Maria Graciela Alarcón

Un nuevo femicidio en cuarentena conmovió al distrito de Tigre el sábado pasado, 20 de junio, en la localidad de Benavídez. La víctima es María Graciela Alarcón, de 25 años y de nacionalidad paraguaya, asesinada de al menos 15 puñaladas por parte de su ex pareja, Walter Delvalle, quien se autoinfringió heridas y quedó detenido en el acto.


El femicidio de Maria Graciela se suma a una larga lista de víctimas. Según un informe del Observatorio de Políticas de Género Quilmes Alerta de principios de mayo, en la provincia de Buenos Aires ocurrieron 55 femicidios de enero a mayo, la mayor cantidad de estos crímenes (27) posteriores al 20 de marzo, es decir desde que empezó la cuarentena por el Covid-19. El “quedate en casa” para muchas bonaerenses significó una condena. En Tigre contamos con el antecedente del femicidio de Maria Florencia Santa Cruz a inicios de la cuarentena.


Las mujeres pobres: las principales víctimas


Maria Graciela, triplemente oprimida por ser mujer, pobre e inmigrante, refleja la realidad de muchas víctimas que están sometidas a una cadena de violencias, siendo el femicidio su expresión más cruda. A estas mujeres, que en su mayoría son dependientes económicamente de sus agresores, el Estado les da la espalda. Ellas tienen los trabajos peor remunerados y son la mayoría de las desocupadas, y cuando son violentadas no cuentan siquiera con casas refugio a las que acceder. Además, recae en ellas el cuidado de menores y mayores, teniendo negado el acceso a los dispositivos de socialización de las tareas de crianza como las escuelas, clubes y plazas.


En eso consiste la responsabilidad del Estado en el aumento de los femicidios. Los recortes salariales, los despidos y suspensiones agravan esta larga cadena de violencias, sometimiento, opresión y explotación.


¡Justicia por María Graciela!


El movimiento de mujeres debe seguir movilizado para gritar #NiUnaMenos, y fortalecer la organización con independencia política del Estado y los gobiernos. Exigimos la construcción de todos los refugios necesarios para contener a las víctimas de violencia, con el personal profesional suficiente y bajo convenio; para ello se pueden expropiar miles de inmuebles ociosos, como los que pertenecen a la Iglesia Católica en toda la provincia. Vamos por la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres electo por el voto directo desde los 13 años, con mandato revocable y con presupuesto estatal.



 

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25/06/2020

Trabajadores de la cultura y artistas marchamos a Plaza de Mayo

Fede Imas Ojo Obrero Fotografía

Este mediodía trabajadores de la cultura y artistas nos movilizamos a Plaza de Mayo, llevando al centro del poder político nuestros reclamos de un subsidio de $30.000 mientras dure la pandemia, el no pago del monotributo durante el mismo período, la suspensión del pago de alquileres de locales vinculados a la actividad cultural, entre otros.


Están presentes las agrupaciones Trabajadores Audiovisuales Precarizades (TAP), Actuemos, Musicos Organizados, Trabajadores de la Fotografía, Trabajadores de la Cultura Conurbano Sur, que debatieron en sus asambleas participar.




Llegando casi a los 100 días de cuarentena, la amplia mayoría de lxs trabajadores del sector no hemos recibido ingreso económico de ninguna índole. En muchos casos no aplicamos para las distintas líneas de beneficios que alcanzan a otrxs trabajadores, porque desarrollamos actividades inconstantes o muy precarizadas -sin contratos y/o fuera de convenios-.


Es frente a este contexto límite que entendimos que no había más alternativa que -poniendo nuestra integridad física en riesgo en el marco de la pandemia- marchar físicamente para hacer oír nuestros reclamos. Previo a la marcha  de hoy, nos hemos concentrado frente al Ministerio de Cultura, y movilizamos con sectores de trabajadores de cine al Ministerio de Trabajo. La burocracia sindical y el Estado naufragaron en su intento de hacernos deponer nuestra voluntad de movilizar, y prácticamente en simultáneo con ambas movilizaciones tuvieron que salir a hacer anuncios de que sería inminente la salida de un bono de Cultura. Esto confirmó aún más lo acertado de la medida, y no hizo más que impulsarnos a seguir por este rumbo.



Crece la organización


La situación para muchxs compañerxs ya es límite. Comienzan a presentarse condiciones angustiosas, dramáticas, con compañerxs que ya ingresan en situación de emergencia alimentaria, y demás necesidades básicas insatisfechas. En simultáneo crecen desde las bases de los gremios las organización de trabajadores autoconvocados. Son la respuesta al inmovilismo de las conducciones de sus sindicatos, que en todo este tiempo han abandonado cualquier iniciativa de lucha y han evitado por todos los medios convocar a asambleas que abran la deliberación en el seno de los gremios –que, claro está, podrían cuestionar este inmovilismo. Lxs autoconvocadxs, en muchos casos, son compañerxs que apoyaron (e incluso aún defienden) al gobierno nacional, pero que colisionan con las burocracias ultra oficialistas. Es que la lucha que estamos encarando confronta objetivamente con la ausencia de medidas de lucha por parte de estas burocracias y, aunque incipientemente, se va percibiendo también la responsabilidad del gobierno nacional.




 


En este proceso se van sacando profundas conclusiones: que la pandemia no hizo más que agudizar el cuadro de retroceso que viene sufriendo el poder de compra de nuestro salario, y que, combinado con la precarización laboral, nos confrontó con la cuarentena sin recursos para poder atravesarla sin pasar penurias. La naturaleza inconstante de nuestro trabajo incluso debiera considerar un ingreso extraordinario que nos permita atravesar períodos sin trabajo. Hace mucho tiempo que esto no es así.




Se va delineando un sendero que plantea una salida; es el que van trazando las agrupaciones que están en pie de lucha, tanto las que existían previas a la pandemia como las que fueron surgiendo al calor de la intensa actividad que registran las bases de los gremios. Con una orientación política independiente del gobierno y los bloques patronales, van marcando el camino para conseguir las reivindicaciones de todo el sector.


Llamamos a todxs lxs trabajadores de la cultura y artistas a sumarse a esta lucha hasta conseguir las respuestas a nuestras demandas, que en la crisis por la que estamos atravesando no admiten más demoras.




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25/06/2020

Por un verdadero Hospital de Agudos en la Comuna 8

Este martes, a través del decreto N°245, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires transformó al Centro de Salud Cecilia Grierson en un Hospital de Agudos. Esta noticia es considerada una provocación y una burla por parte de los vecinos de la Comuna 8, que hace años vienen luchando y organizándose por contar con un verdadero Hospital en Lugano. Lo cierto es que el Cecilia Grierson hoy no cuenta con el personal suficiente, una parte importante de los profesionales que trabajan en los consultorios externos fueron derivados a las UFU instaladas en los estacionamientos del predio, cuenta con sólo 7 camas de internación y las prestaciones que brinda son prácticamente nulas, no cuenta con la infraestructura suficiente para atender las necesidades sanitarias de la Comuna, ni siquiera esta armada el Área Programática.


La Comuna 8 es uno de los sectores más golpeados por la pandemia tanto a nivel sanitario como social. La crisis de contagios y falta de alimentos en la Villa 20 y la Villa 15 no ha sido atendida por el Gobierno de Larreta. Las enormes consecuencias de no contar con un verdadero Hospital en la zona han repercutido enormemente en una población golpeada por la epidemia del dengue y la proliferación del Covid-19.


En los últimos días los porcentajes del nivel de ocupación de las camas de internación en la Ciudad demuestran que la cuarentena no ha sido utilizada por los gobiernos para avanzar en un mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. Parece una cargada que con el 60 % de las camas ocupadas en la Ciudad se inaugure mediante un decreto un “Hospital de Agudos” en una de las zonas más vulnerables de la Ciudad sin el equipamiento necesario y tan solo con 7 camas de internación.


Llamamos a los vecinos de la Comuna a organizarnos para que Larreta responda ante las enormes necesidades sanitarias que tiene Lugano y que la pandemia ha puesto de relieve. Por un verdadero Hospital de Agudos que cuente con 200 camas de internación y toda la infraestructura sanitaria, por la contratación de personal y puesta en marcha de todos los servicios. Por la centralización del sistema de salud para dar respuesta a la emergencia sanitaria.


 

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25/06/2020

La Plata: nueva acción callejera de los despedidos de Educación

¡Ante el silencio de la gestión seguimos organizados por la reincorporación de todos los despedidos!

Durante el pico de contagios de la región, siendo La Plata la capital provincial con mayor infectados del país, los trabajadores despedidos de la Dirección General de Cultura y Educación se vieron obligados a movilizar, una vez más y en medio de la pandemia, para reclamar por sus puestos de trabajo frente a la falta de respuesta de las autoridades.


La concentración se llevó adelante con la presencia de decenas de compañeros despedidos, junto con la Junta Interna ATE Educación Sede, y la solidaridad de compañeras y compañeros de juntas internas combativas y agrupaciones de Tribuna Estatal, entre otros. La actividad constó de un corte de calle en las puertas de Gobernación, desde las 11 horas del miércoles 24, donde se intervinieron las rejas de la misma con los nombres de cada despedido y decenas de afiches de denuncia a Kicillof, Vila y Bracchi, como principales responsables de la desesperante situación que viven los trabajadores despedidos. La jornada finalizó con un corte de calle en 7 y 50 (pleno centro platense) para visibilizar y difundir el reclamo.



La lucha por la reincorporación de los trabajadores despedidos de la DGCyE ya lleva seis meses y la mitad de ellos fue durante la cuarentena, lo que agrava abruptamente la situación que atraviesan los despedidos desde comienzos de 2020. La violencia sufrida en estos seis meses se perpetúa por el silencio del gobernador Kicillof, la directora general de Escuelas, Agustina Vila y la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi, que desconocieron las múltiples cartas y presentaciones hechas, pidiendo por la reincorporación inmediata de todos los despedidos. Esta situación cuenta con el agravante de las falsas expectativas generadas hacia los compañeros mediante llamados telefónicos que confirmaban su recontratación, pero pasado un mes de dichas comunicaciones, los trabajadores siguen sin novedades, es decir que todo ha sido una maniobra para dilatar la situación y, en consecuencia, para desgastar a los trabajadores.



La conducción del sindicato provincial que, semanas atrás intentó cerrar el conflicto con declaraciones públicas que alegaban que todos habían sido recontratados -lo cual fue desmentido duramente por los propios despedidos y desde Tribuna Estatal en la Junta Interna- hoy en día se suma al silencio cómplice de la gestión, desconociendo el conflicto en curso.


Contra todo intento del gobierno, las autoridades y la burocracia sindical por silenciar este reclamo, el colectivo de trabajadores despedidos y la Junta Interna ATE Educación Sede tiene en claro que, únicamente a través de la organización colectiva, conseguiremos la efectiva reincorporación de todos los despedidos de la DGCyE. En este sentido, la semana entrante se realizará una nueva asamblea para seguir organizando esta lucha hasta ganar. ¡Vamos por todos adentro!


 

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25/06/2020

Centro Médico Talar: “Los contagios crecieron porque no cumplen los protocolos y no cuidan a los trabajadores”

Entrevistamos a Ruth Leites, representante de las y los trabajadores del Centro

Entrevistamos a Ruth Leites, representante de las y los trabajadores del Centro Médico Talar, que fue despedida luego de reclamar por las condiciones de trabajo y salubridad. Ruth, fue despedida con otras dos compañeras que también fueron elegidas representantes. En el Centro Médico Talar ya hay 39 trabajadores contagiados, además de familiares. Una de ellas se encuentra internada y es otra de las representantes que empezaron los reclamos dentro del centro médico.


¿Cuál es la situación del Centro Médico Talar?


Actualmente somos casi 40 contagiados, el número exacto lo tiene el director de la clínica y con el sistema nacional de seguimiento de casos, también lo saben las autoridades sanitarias, pero a los trabajadores no nos informan. Nosotros sabemos que somos 40, por el contacto que tenemos con mis compañeros a través de los grupos de whatsapp. Al mismo tiempo tenemos 10 internados y a esto se suma una lista de familiares.


¿Qué medidas se tomaron frente a los contagios?


Las primeras denuncias que hicimos sobre la situación del centro Salud eran porque teníamos 20 infectados y no teníamos las condiciones de seguridad y protección. Los contagios crecieron porque los protocolos que se utilizaban, eran manejados al antojo de la empresa y no tenían en cuenta el cuidado de los trabajadores, como los síntomas de los chicos de limpieza, que se encargaban de la fumigación de las áreas donde estaban los pacientes contagiados, sin ninguna protección, ni especializados para eso. A esos chicos nunca lo hisoparon, porque sino tenían que quedarse en su casa y entonces la clínica se quedaba sin personal, como también sucedió cuando los enfermeras empezamos a tener síntomas y nos obligaba a trabajar igual.


La clínica nos abandonó, porque cuando empezaron los contagios, no hicieron las denuncias a la ART, no pagaban nuestra obra social, entonces tampoco recibíamos la asistencia. A partir de los reclamos y las denuncias, fuimos elegidas cuatro compañeras para representar a los compañeros. Tuvimos reuniones con el directorio, donde presentamos todos los reclamos, aunque no nos reconocían. No queríamos que nadie termine como Flavia, compañera nuestra, con un respirador por estar contagiada


¿Cuál es la actitud de las autoridades sanitarias?


Desde el Ministerio de Salud, se llevaron los libros de enfermería en las últimas semanas, pero cuando ya éramos 40 los contagiados. pero no hicieron más nada. En la reunión que tuvimos con el director nos dijo que los protocolos y los elementos de seguridad habían sido aprobados por las autoridades sanitarias municipales y lo mismo cuando fueron inspeccionados, pero los contagios siguieron aumentando.


¿El sindicato de Sanidad que hizo frente a las denuncias de ustedes?


El sindicato jamás se acercó a la clínica, aunque somos 300 trabajadores y el 90% afiliados. Nunca tuvimos ni un diálogo. Dejaron pasar que la clínica haga lo que quiera con nosotros. El grupo Basa, que es una enorme corporación con 18 sanatorios y clínicas en todo el país, adquirió la clínica hace un año y medio y no cumple con nuestro convenio de trabajo. Nos hacen trabajar en las guardias de enfermería gratis y encima ahora nos despiden cuando reclamamos condiciones de trabajo y seguridad.


¿Por qué fueron despedidas?


Por reclamar por nuestras condiciones de trabajo y de salud. Nuestros despidos son utilizados por la empresa para que el resto de los trabajadores tengan miedo a levantar la cabeza para reclamar. Los empresarios están dando un ejemplo no solo a los trabajadores del centro que no hay que reclamar, sino al conjunto de los trabajadores. Pero con las acciones de concentración y movilizaciones vamos a revertir esta situación. Ahora el ejemplo se lo vamos a dar nosotras que nos plantamos ante despidos arbitrarios.


¿Cómo siguen la lucha?


El Jueves 25 de junio, nos vamos a concentrar en la puerta del centro de Salud para pedir por nuestra reincorporación, como seguir por el reclamo de que se cumplan las condiciones de cuidado de los trabajadores. No queremos que sigan los aprietes y la persecución a los compañeros.

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25/06/2020 | 1599

Editorial: la quiebra, el gobierno y los trabajadores

El manejo (o desmanejo) de la gran quiebra nacional que se está desarrollando es, junto con la cuestión de la pandemia, el problema crucial para todas las clases sociales en el país. La quiebra se desenvuelve en forma fulminante desde antes de la pandemia; los datos del primer trimestre del año arrojan un desempleo superior al 10% y una caída económica del 5%. La caída en el año llegará al 9,9%, según el FMI. El primer trimestre antes de la cuarentena, arrojó 300 mil desocupados más que el último trimestre del año pasado; varios centenares de miles más pueden engrosar las filas de la desocupación en los próximos meses. La UIA señaló la peor caída industrial desde 2003 en abril de este año y no hay recuperación en mayo y junio. En el caso de la Argentina, la quiebra es una quiebra al cuadrado, porque la quiebra de la pandemia se produce sobre la bancarrota precedente.


La intervención del Estado apunta a rescatar al capital en crisis, pero a costa de los trabajadores y ni así lo consigue. El pago de los salarios a través del ATP se realiza con los fondos de la Anses, mientras se plantea prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria y se condena a los jubilados a haberes de miseria. En lugar de impuesto a las grandes fortunas, el gobierno estableció una moratoria para los capitalistas, de la cual será (cuando no) víctima principal la Anses. El proyecto del Frente de Izquierda ha quedado como única bandera de un impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas.


La capitulación del gobierno frente a los acreedores externos marcha a pasos acelerados. El gobierno comenzó con bonos que tenían un valor presente neto al emitirse de 30 dólares, y se está negociando cerca de los 55 dólares que reclama BlackRock. La etapa final de la negociación abarca los reclamos de los fondos en cuanto a establecer una supervisión en regla de la economía nacional por el FMI y eliminar las cláusulas “antibuitre”, que impiden ir a juicio en los tribunales de Nueva York frente a nuevas reestructuraciones.


Mientras, el gobierno paga o refinancia la deuda en pesos, con vencimientos de 1,04 billones hasta fin de año. Una parte de la misma la transformó en deuda en dólares, para regodeo del fondo Pimco, principal acreedor de las nuevas emisiones.


La intervención de Vicentin se enmarca en esta política porque agravará el quebranto del Estado, sumando las deudas del grupo en bancarrota. La patronal vaciadora busca golpear al gobierno y negociar condiciones propias en el rescate, pero el gobierno, con su intervención, apunta a rescatar a los acreedores. Si el juez de Reconquista hiciera lugar al pedido del gobierno de Santa Fe, el Estado debería empezar por desembolsar un mínimo de 100 millones de dólares para comenzar el rescate de la empresa. El proyecto del FIT, la expropiación de los activos y el desconocimiento de las deudas con la banca extranjera y el gran capital apunta a rescatar salarios y fuentes de trabajo sin hundir las finanzas del Estado para el rescate de los capitalistas.


La gran contradicción es que este rescate se desarrolla sin recursos. El resultado del desfinanciamiento impositivo (legal o de hecho) de los capitalistas al Estado y la asistencia masiva a las patronales es, obviamente, la quiebra estatal. Para absorber la emisión monetaria, el Banco Central emite Leliqs, que alcanzan un récord de 1,7 billones, sumando con pases bancarios 2,3 billones, lo que implica aproximadamente 70.000 millones de pesos de intereses mensuales (al 38% de interés). La promesa de pagar a los jubilados con los intereses de las Leliq se transformó en su contrario: una nueva montaña de intereses de Leliq y un nuevo ajuste a las jubilaciones. La emisión monetaria se vuelca al dólar agravando la carestía y la inflación, que golpean los salarios de los trabajadores.


El hipotecamiento argentino es sencillamente sideral y explosivo si tomamos en cuenta el endeudamiento privado o corporativo, el de las provincias y el del Banco Central vía Leliqs.



Salarios y aguinaldos bajo fuego


El gobierno demoró hasta fin de junio el anuncio de ATP destinadas al pago de sueldos para el sector privado y cedió frente a la amenaza patronal de un paga dios masivo contra los salarios, a pesar de que gran parte de los trabajadores ya está sufriendo un recorte del 75% de sus salarios (pacto CGT-UIA-gobierno mediante). Pero, tanto la IFE a los “sin ingresos” como la ATP se reducen, víctimas del ajuste. Al mismo tiempo, como las empresas asistidas no deben abrir sus cuentas, el Estado financia fraudes patronales. En sectores como el de Fast Food, las empresas aplican descuentos que llevan a los recibos de sueldo a figurar en negativo, en nombre del cobro del ATP por los trabajadores. Pero los abusos patronales están en el orden del día en decenas de gremios, como Comercio, donde las patronales no pagan el bono de 5.000 pesos a los trabajadores de los supermercados y los fuerzan a funcionar sin medidas de seguridad, propiciando contagios masivos.


Si de recortes salariales se trata, se destaca el ataque al aguinaldo, que el Estado nacional pagará en cuotas, dando una señal de aval a las provincias y al sector privado en este sentido. En Capital, donde el gobierno tiene espaldas para un pago completo, se anunció el pago en cuotas.


En el torniquete a los salarios, la burocracia sindical y el gobierno vienen siendo una piedra fundamental. El Supa portuario levantó la combativa huelga en el puerto de Buenos Aires, a cambio de una promesa de negociación, en un cuadro de un salario planchado con un 20% de aumento anual y concesiones leoninas del gobierno a las empresas que actúan en el puerto. Otro tanto ocurrió en el levantamiento de la gran huelga de los trabajadores de la algodonera de Vicentín por salarios donde jugaron fuerte el gobierno de Perotti con una conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y la burocracia textil, que apretó a los obreros para levantar las medidas. Todos complotados, mientras negocian con Nardelli en los estrados judiciales, para que los trabajadores sigan cobrando 22.000 pesos mensuales. El mismo recurso, la conciliación obligatoria, aplicó el Ministerio de Trabajo contra el paro de la alimentación, otro sector que preserva sus ganancias en la crisis, a costa de salarios de 40.000 pesos mensuales.


Así como el rescate a las patronales por medio de la ATP va de la mano con un ataque generalizado a los salarios, el IFE ha quedado pulverizado por el paso de los meses. Recién se cobra una segunda cuota de 10.000 pesos a mediados de junio -o sea, a tres meses de pandemia y no se paga más en las zonas que salieron de la cuarentena. Mientras tanto, el hambre avanza en los barrios.



La extorsión patronal


Un caso testigo de la ofensiva patronal lo representan, sin duda, las empresas aeronáuticas. Latam presentó el recurso preventivo de crisis extorsionando con 1.700 despidos en nombre de la “inflexibilidad” de los trabajadores, que no aceptaron rebajas salariales ni ajustes en las condiciones de convenio. Aerolíneas y Austral, con el gobierno a la cabeza, van por una fusión que va a representar un enorme ajuste contra los básicos de convenio y las condiciones de trabajo especialmente en Austral. El gobierno no movió un pelo frente al anuncio de Latam y la burocracia de APA salió inmediatamente a desactivar una movilización votada en asamblea en el Aeroparque en defensa de las fuentes de trabajo. Los aeronáuticos de Austral y Aerolíneas llevaron adelante una gran caravana contra la fusión, contra la posición de la burocracia que dirige los gremios, que la avala. La apertura de cuentas de Latam es una medida elemental, que el gobierno está a años luz de tomar. Latam pondrá a prueba el relato nacional y popular y, una vez más, a la burocracia sindical y aún a la izquierda con posiciones sindicales en la compañía. Es preciso asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo y la conectividad del país, nacionalizando sin pago los activos de la empresa bajo control de sus trabajadores.


Las numerosas luchas que se van desenvolviendo abren una perspectiva para defender los reclamos de los trabajadores, en línea con lo que planteó el Plenario Sindical Combativo que salió a la calle el 16, marcando una alternativa a la política de entrega de la burocracia. En el Neumático, se logró, por ejemplo, frenar las rebajas salariales y ahora se pelea por un protocolo para frenar el avance del Covid en las plantas.


La pandemia


Mientras se desarrolla este ataque en gran escala contra los trabajadores, la pandemia va agravándose. La política del gobierno pone de manifiesto los mismos límites de clase que en todos los terrenos. Alberto Fernández decidió no avanzar en la centralización del sistema de salud. Pues bien, ahora los enfermos leves de Covid atendidos por la medicina privada están fuera de cualquiera control, porque los sanatorios privados no pagan alojamientos ni internaciones para la cuarentena. Su potencial de contagio está fuera del radar del Estado. Las camas en terapia están al borde de la saturación, pero no hay control real de las camas del sector privado. Los contagios por la falta de insumos y protocolos en los centros de atención de la salud están en el orden del día, e incluso las muertes de trabajadores del sistema de salud han sacudido al país.


El retroceso a la “fase 1” no va de la mano de ninguna medida de fondo de reorganización del sistema de salud ni tampoco de una real garantía para los ingresos de los millones de familias que trabajan en negro o como cuentapropistas y han quedado sin ingresos en la cuarentena. En estas condiciones, el recurso cantado será una acentuación de la represión en las barriadas, sin respuestas para las masas empujadas a violar la cuarentena, para poder comer.


Una salida


Está claro frente a esta situación que el programa del Frente de Izquierda adquiere día a día una vigencia mayor. El impuesto extraordinario a las grandes empresas, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior son medidas elementales para volcar todo el ahorro nacional a las necesidades urgentes de los trabajadores en el marco de la crisis y la pandemia.




 

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25/06/2020 | 1599

Vicentin: el operativo rescate de la derecha oficial suma apoyo por izquierda

Se ha conocido una declaración firmada por algunas decenas de figuras ligadas al espectro político de izquierda en apoyo al proceso de intervención de Vicentin. A la cabeza figura Claudio Lozano, actual directivo del Banco Nación y funcionario del gobierno; Cristina Camaño, interventora en la AFI (la agencia federal de inteligencia), y luego siguen firmas como las de María del Carmen Verdú, Claudio Katz, Eduardo Lucita, Alejandro Bercovich, Atilio Borón, Gustavo Teres (Amsafe), entre otros.


La declaración, que llama con urgencia a “poner en movimiento una gran campaña popular de esclarecimiento contra los engaños que se intentan instalar en la opinión pública”, señala que la intervención es la gran herramienta para “evitar el vaciamiento de la empresa y habilita un proceso de amplia discusión con trabajadoras y trabajadores directos e indirectos, los productores proveedores de la empresa y las organizaciones sociales vinculados a la actividad de la empresa”. Y alerta que la oposición a la intervención es “para seguir manejando el concurso de acreedores y de esa forma abrir el camino al desguace o extranjerización, incluso la ‘argentinización’ a favor de grupos concentrados”.


Los firmantes se valen de la propuesta de Lozano de Empresa Pública no estatal para acompañar el viraje del gobierno de pasar de la expropiación a la intervención que, como sabemos, fue motorizada por el gobierno de Santa Fe, el cual mantiene vínculos muy fuertes con los directivos de la empresa en concurso de acreedores. Los tres principales ministros de Perotti se reunieron este miércoles con uno de los principales miembros del directorio.


La expropiación de Fernández se limitaba solo a la empresa y no a todo el grupo y estaba planteada para rescatarla junto a sus acreedores, lo que implicaba que el Estado debía hacerse cargo de los pasivos y pagar una indemnización por los activos. A esto se suma que la empresa estaría  asociada a YPF que, como sabemos, cotiza en la Bolsa de Nueva York y su 49% privado de acciones está en manos de tipos como Jaime Soros -o sea, que está más que sujeta a la “extranjerización”. La expropiación anunciada abría un negocio que dividía a la clase capitalista. Mientras muchos acreedores “de afuera” plantearon su disposición a trabajar con los interventores del gobierno para cobrar su deuda, puertas adentro fue cuestionada sobre todo por la mayoría del capital agrario, por temor a que pueda ser afectada la apropiación de la renta agraria. La Sociedad Rural fue más allá y rechazó la entrega de un bono atado a las exportaciones agrarias que el gobierno está negociando con los BlackRock y compañía. Un ejemplo de lucha intercapitalista, que se mezcla con el pago de la deuda pública.


El operativo intervención, que capitanea Perotti con el acompañamiento de un sector importante de la coalición gobernante, está colocado en lo que los capitalistas, la Mesa de Enlace e incluso la oposición nucleada en Cambiemos reclaman como mínimo. Es la Justicia de Santa Fe la que determinará el proceso de Vicentin. A eso se ha allanado el gobierno, que mandó la expropiación al cajón (junto al impuesto a las grandes fortunas y la participación accionaria del Estado en las empresas asistidas), según reconoció Santiago Cafiero.


Es decir, los firmantes se han allanado a la maniobra que desde el ala derecha del gobierno armaron para intentar un rescate de Vicentin (y sus acreedores) a costa de los fondos puestos por el Estado.


La campaña de “debate y movilización” que se plantea como necesaria para impedir la “extranjerización”, el “monopolio de los grupos concentrados” y el “desguace” está destinada a presionar para que sí o sí la Justicia decrete la intervención en los términos que la ha presentado el gobierno a través de Perotti, que incluso aspira a integrar al grupo Padoán-Vicentin a la misma.


Teniendo entre los firmantes a un director del Banco Nación, uno de los principales acreedores de Vicentin, podrían haber propuesto una campaña por la apertura de las cuentas de la empresa y las del propio banco que le facilitó (a Vicentin y a ¿cuántos más?) multimillonarios créditos sin respaldo, sacando a luz “el accionar delictivo de la empresa” y de las autoridades del Banco y del gobierno de Macri. Si se quiere impedir que se consume la “extranjerización” o la “argentinización a favor de los grupos concentrados” hay que ir por la expropiación sin pago, por el monopolio del comercio exterior y de los puertos. Pero nada de eso es invocado ni siquiera como variante para el debate. El objetivo es que se efectúe la intervención.


Una cuestión no menor: en las casi 500 palabras de este lanzamiento de campaña, no existe el reclamo de la defensa de los puestos de trabajo, y mucho menos el apoyo a los trabajadores de la Algodonera Avellaneda que son superexplotados por los mismos que han llevado a la quiebra a Vicentin.


La campaña no abre un camino de independencia de los vaciadores de Vicentin, de los gobiernos que permitieron el vaciamiento y el robo, sino que se suma a la preservación del negocio de la agroexportación en sus actuales términos, colocando las maniobras dolosas de Vicentin como un caso policial y no como un sistema que es. Exactamente el camino contrario que plantea el Frente de Izquierda y que se ha plasmado en el proyecto de ley de expropiación presentado por nuestros diputados.


El “saber” popular dice que a veces hay que dar un paso atrás para poder arrancar con más fuerza, pero no es el caso de esta “izquierda” porque el objetivo final, para ellos, “lo que necesita el país”, es “Vicentin pública, no estatal con control social”, al mejor estilo YPF dominada por Wall Street y sometida a Techint y las petroleras extranjeras, sobre todo.





 

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25/06/2020 | 1599

El rebrote chino y las olas del Covid-19

La aparición de un rebrote del coronavirus en la capital china despertó los temores a una segunda oleada de la enfermedad en el gigante asiático. Entre el 11 y el 21 de junio, en Beijing hubo más de 200 casos positivos, poniendo fin a casi dos meses sin casos domésticos. El brote se habría originado en el mercado de Xinfadi, que abastece del 70% de los alimentos a la capital china.


Las autoridades impusieron una cuarentena en las zonas próximas al mercado donde se produjeron las infecciones e implementaron testeos masivos. Aseguran que todos los casos están relacionados a dicho lugar; o sea, que la enfermedad estaría relativamente circunscripta y controlada, pero habrá que esperar los resultados de los testeos masivos. En cualquier caso, el gobierno mismo reconoce que se trata del peor brote desde febrero.


El rebrote chino es una severa advertencia contra cualquier triunfalismo respecto del Covid-19. Y muestra, a la vez, que el combate de una pandemia precisa de una estrategia global, algo que el mundo capitalista, con las potencias enfrentadas entre sí y un “sálvese quien pueda” de los diferentes Estados, no puede ofrecer.


La marea del Covid-19 y sus olas


A pesar de la desaceleración de los contagios en Europa, no es correcto decir que la “primera ola” de la pandemia haya sido superada. El 19 de junio hubo un récord de 176 mil casos globales, contra 91 mil del mismo día del mes pasado. En todo caso, lo que corresponde es analizar el desplazamiento de la enfermedad, cuyo epicentro ha pasado a ser el continente americano, lo cual en cierto modo se explica porque es adonde llegó última. Estados Unidos, con más de 100 mil muertos, sigue siendo el país más afectado. Aunque la cantidad de casos diarios, no ha vuelto a llegar al pico de casi 37 mil casos del 24 de abril, se producen más de 20 mil casos por día. El foco de la enfermedad, según algunos medios, se habría desplazado de Nueva York a algunos estados del sur y del oeste.


En América Latina, según los datos que ofrece el mapa de la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos, Brasil -el segundo país más afectado- tuvo el 19 y 21 de junio cifras récord de más de 50 mil casos. México tuvo más de 5 mil infectados el 21, contra 3 mil del mismo día del mes anterior.


Al mismo tiempo, el virus está creciendo en países importantes de Asia y Africa. En la India, la enfermedad viene experimentando un crecimiento sostenido y superó los 15 mil casos diarios el 20 de junio. En este país, los trabajadores de la salud denuncian la falta sistemática de equipos de protección personal. Pakistán registró 12 mil casos diarios el 14 de junio, contra 3 mil del mismo día del mes anterior. La tendencia también es creciente en Bangladesh, que alcanzó los 20 mil casos el 17, contra 1.300 del mismo día del mes anterior. También crece la curva de contagios en Indonesia. En el Medio Oriente, Arabia Saudita registró casi 5 mil casos el 17 de junio contra casi la mitad del 17 de mayo. Irak tocó los 2 mil casos el 20, contra poco más de 100 del mismo día del mes pasado.


En el continente africano, Sudáfrica superó los 20 mil casos el 20/6 (durante el mes de mayo apenas había superado las 2 mil infecciones diarias) y en Egipto las cifras se duplican respecto al mes pasado.


A estos países hay que prestarles particular atención porque son mucho más vulnerables que los países europeos desde el punto de vista sanitario y de las condiciones de vida de su población. Por eso, el más mínimo foco puede desatar una catástrofe. Al respecto, vale señalar que ya se produjo un caso positivo en uno de los campamentos de refugiados de los rohingya, la minoría de origen musulmán perseguida por el gobierno de Myanmar. En esos centros ubicados en Bangladesh se albergan más de 800 mil personas en condiciones de hacinamiento (con una densidad de 40 a 70 mil personas por km2) y dificultades para el acceso al agua potable. Del mismo modo, en Nigeria se advierten sobre las consecuencias calamitosas del potencial ingreso de la enfermedad en los campos de refugiados del norte del país.


Pero volviendo a Europa, así como el ingreso tardío a las cuarentenas y el ajuste previo sobre los sistemas de salud volvieron a la enfermedad mucho más mortífera, ahora se procede a un peligroso discurso sobre el presunto éxito de haber controlado la enfermedad, que es funcional al levantamiento general de restricciones, incluyendo la apertura de fronteras, que reclama la clase capitalista. Este discurso subestima las posibilidades de un rebrote, como el que se acaba de producir en China. La población europea tiene apenas un 5% de su población infectada, lo que está lejos de la “inmunidad de rebaño” requerida para neutralizar la enfermedad.


Cabe recordar, a este respecto, que la gripe española, la fulminante pandemia que se cobró la vida de 50 millones de personas entre 1918 y 1920, fue especialmente mortífera en su segunda e incluso su tercera oleada. Una estrategia seria frente al Covid-19 exige, como punto de partida, tener presente la gravedad de la situación que el mundo está enfrentando. Bajo la forma de nuevos brotes, de una segunda oleada, e incluso de la transformación del Covid-19 en una enfermedad endémica, el continente europeo puede verse otra vez azotado.


Por todo esto, se vuelve particularmente urgente el desarrollo de alguna cura de la enfermedad, pero la investigación de una vacuna aún está en fases preliminares y es campo de choques entre Estados y monopolios.



El impacto económico


El rebrote chino produjo inquietud y una leve caída en las bolsas asiáticas. Es que si el escenario económico ya es penoso con las proyecciones actuales, una segunda oleada en este país y en el continente europeo, que obligue a sus gobiernos a volver a imponer medidas de aislamiento social, haría más catastrófica la situación. La OCDE ha elaborado dos escenarios. En el más optimista, 2020 terminaría con una caída del 6% del PBI global y un desempleo del 9,2% (casi el doble del de fines de 2019). En caso de un rebrote y un endurecimiento de las cuarentenas, la caída del PBI se extendería al 7,6% y el desempleo ascendería al 10%.


La gravedad de la pandemia, de la que a nivel global ni siquiera hemos pasado aún su primera ola, refuerza la necesidad de un programa de los trabajadores, que parta de la centralización de los sistemas de salud y la protección de su personal, y que incluya una agenda de medidas para que los trabajadores no paguen las consecuencias económicas: prohibición de despidos, pago íntegro de los salarios, seguro al parado, comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y los barrios.


La pandemia ilustra el fracaso del capitalismo y muestra de manera urticante la necesidad de otro tipo de organización social.





 

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25/06/2020 | 1599

América Latina, el nuevo epicentro de la pandemia

Latinoamérica se ha transformado en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), son más de 1,6 millones los casos reportados hasta el momento, y se prevé un rápido ascenso en la curva de contagios. Cuatro ejemplos claros de este panorama lo constituyen Brasil, México, Perú y Chile, que se encuentran entre los 15 países con más cantidad de afectados en el mundo. La bancarrota sanitaria tiene lugar junto con un crecimiento vertiginoso de la pobreza: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), un organismo ligado a la ONU, aseguró que alrededor de 14 millones de personas en la región están sufriendo hambre como producto del impacto del coronavirus y la debacle económica, en un escenario que ya se caracterizaba anteriormente por una tendencia creciente a la miseria social. Uno de los sectores más perjudicados por el parate económico, naturalmente, es el de los trabajadores informales, que componen hasta un 60% de la fuerza de trabajo en América Latina. Asimismo, la pandemia ha servido como coartada de un gigantesco ataque a las condiciones de trabajo, con despidos, suspensiones masivas, flexibilización laboral y recortes de salarios.


Notablemente, los gobiernos regionales han procedido -al calor de los reclamos de las cámaras empresarias- a la flexibilización de las cuarentenas en el momento en que la enfermedad se ha vuelto más explosiva. Si bien hay diferencias en el impacto de la crisis en cada país y en las políticas adoptadas, que oscilan entre planteos negacionistas como el de Bolsonaro y cuarentenas más o menos flexibles, los distintos gobiernos han sido incapaces de contener la estampida pandémica. Esta incapacidad está en la base también de los giros de aquellos gobiernos que se vieron obligados a reimponer medidas de aislamiento tras abandonarlas prematuramente, como ocurrió en la capital chilena.


Se desmadra la crisis sanitaria


Con un millón de casos totales, Brasil es en este momento el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, colocándose solo detrás de Estados Unidos. El sistema de salud se encuentra rebasado y se repiten en todo el país las imágenes de tumbas improvisadas por la gran cantidad de decesos. Esta situación es en buena medida el corolario de una flexibilización sistemática de la cuarentena por parte de los gobiernos estaduales (en San Pablo un 75% de las empresas se hallan funcionando) y del negacionismo del presidente Jair Bolsonaro.


En Chile, el desborde del sistema de salud provocado por el Covid-19 ha forzado, por la manipulación de los datos concernientes a la pandemia, la salida del ministro de salud Jaime Mañalich, lo que es también una expresión de la crisis política en la que se encuentra sumido el gobierno chileno. La política de Sebastián Piñera ha llevado a Chile a un cuadro dramático con 240 mil casos y más de 7 mil muertes, llegando a nuevos récords a diario, a pesar de tratarse de subestimaciones por la escasez de testeos realizados.


Rozando los 50.000 infectados y con 4.156 defunciones al 21 de junio, Ecuador atraviesa la embestida de la pandemia con un desplome de su sistema sanitario por falta de presupuesto e insumos. Sin embargo, Lenín Moreno avanza hacia un desconfinamiento, mientras profundiza su política antiobrera (recientemente el parlamento ecuatoriano votó una reforma laboral encubierta) y da luz verde, acuerdo mediante, a las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social.


Bolivia ha sido noticia por el impacto que generaron las imágenes de infectados muriendo en las calles, fruto del vaciamiento del sistema de salud y la precarización de las condiciones de vida. A esta situación, el gobierno de facto presidido por Jeanine Añez, solo ha respondido con una fuerte presencia militar en las calles con el fin de intentar contener posibles estallidos sociales en el marco de un alza de la pobreza y de ataques hacia las masas. Bolivia contabilizaba 22.500 casos al 21/6 sobre una población de 11 millones.


México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, debutó en esta crisis con un discurso negacionista sobre el virus, en el que finalmente debió recular para dar paso a una cuarentena, está atravesado por una formidable catástrofe social y sanitaria y por un aumento en el número de casos diarios. Hoy México suma más de 20 mil muertes. A partir de junio, el gobierno ha impulsado una “nueva normalidad” que ya dio paso a la reapertura de sectores como el automotriz, la construcción y la minería.


Detrás de Brasil y superando incluso a Italia, Perú es el segundo país de América Latina más afectado, alcanzando los 248 mil contagios al 21/6. El gobierno de Martín Vizcarra fue enfrentado por varias protestas encabezadas por trabajadores de la salud, que desenmascararon su política ajustadora caracterizada por no entregar los EPP (equipos de protección personal) necesarios y que lo convierte en responsable por la muerte de más de 30 médicos y enfermeras (ha muerto más de un médico por día). Mientras tanto, Vizcarra discute la apertura de grandes centros comerciales para el día 22 de junio, sumando más leña al fuego encendido por la continuidad de la actividad minera y otros sectores no esenciales.


Colombia es otro de los países amenazados por la pandemia. El último viernes alcanzó un nuevo récord de contagios diarios que contabilizó 95 muertos. Las medidas emprendidas por el gobierno de Iván Duque para paliar los efectos de la crisis parecen ir en el sentido contrario a las que realmente se necesitan para hacer cara a la situación: busca reactivar la economía con medidas favorables al consumo, pero sin medidas sanitarias, lo que está llevando a aglomeraciones en los centros comerciales.


Sobrepasando los 42 mil casos al 21/6, Argentina padece el crecimiento del coronavirus con un sistema sanitario precario que podría colapsar en las próximas semanas. Este escenario se da en medio de la flexibilización de la cuarentena por parte de Alberto Fernández y los gobiernos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, los dos distritos más afectados. Solo en la provincia de Buenos Aires, cuya fragilidad enciende todas las alarmas, funciona el 85% de la industria. En la Capital, se reabrieron todo tipo de comercios.


La pandemia ha sido usada también por los gobiernos como un pretexto para un reforzamiento del aparato represivo (incluyendo en algunos casos el despliegue de las Fuerzas Armadas), con sus efectivos cometiendo todo tipo de atropellos contra la población oprimida.


Las masas


Al calor de la pandemia, las masas han llevado a cabo diversas acciones de lucha.


Los trabajadores de la salud, en la primera fila del combate del Covid-19, han protagonizado conflictos en reclamo de insumos y equipos de protección (Argentina, Brasil, Perú, Honduras y México, entre otros).


Al mismo tiempo, se han dado conflictos en defensa del pago íntegro de los salarios y contra las suspensiones y despidos (por ejemplo, en Argentina y Brasil).


Y también han tenido lugar, por parte de los sectores más empobrecidos, manifestaciones en reclamo de asistencia alimentaria y de las condiciones materiales mínimas para poder sobrellevar el aislamiento (Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Honduras, entre otros).


La tarea que se desprende de estos procesos es desarrollar un programa frente a la pandemia que incluya la centralización del sistema de salud, el no pago de la deuda externa, la prohibición de despidos y suspensiones, el pago íntegro de los salarios, y un seguro económico al parado. Y unir ese programa a la lucha por el desarrollo de una salida política de los trabajadores, en oposición a las tan mentadas “unidades nacionales” que pregonan los gobiernos en la “lucha contra el virus”, cuyo propósito no es más que desactivar la lucha de clases y entrampar a los trabajadores detrás de variantes capitalistas. Vamos por ello.




 

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