25/06/2020 | 1599

Editorial: la quiebra, el gobierno y los trabajadores

El manejo (o desmanejo) de la gran quiebra nacional que se está desarrollando es, junto con la cuestión de la pandemia, el problema crucial para todas las clases sociales en el país. La quiebra se desenvuelve en forma fulminante desde antes de la pandemia; los datos del primer trimestre del año arrojan un desempleo superior al 10% y una caída económica del 5%. La caída en el año llegará al 9,9%, según el FMI. El primer trimestre antes de la cuarentena, arrojó 300 mil desocupados más que el último trimestre del año pasado; varios centenares de miles más pueden engrosar las filas de la desocupación en los próximos meses. La UIA señaló la peor caída industrial desde 2003 en abril de este año y no hay recuperación en mayo y junio. En el caso de la Argentina, la quiebra es una quiebra al cuadrado, porque la quiebra de la pandemia se produce sobre la bancarrota precedente.


La intervención del Estado apunta a rescatar al capital en crisis, pero a costa de los trabajadores y ni así lo consigue. El pago de los salarios a través del ATP se realiza con los fondos de la Anses, mientras se plantea prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria y se condena a los jubilados a haberes de miseria. En lugar de impuesto a las grandes fortunas, el gobierno estableció una moratoria para los capitalistas, de la cual será (cuando no) víctima principal la Anses. El proyecto del Frente de Izquierda ha quedado como única bandera de un impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas.


La capitulación del gobierno frente a los acreedores externos marcha a pasos acelerados. El gobierno comenzó con bonos que tenían un valor presente neto al emitirse de 30 dólares, y se está negociando cerca de los 55 dólares que reclama BlackRock. La etapa final de la negociación abarca los reclamos de los fondos en cuanto a establecer una supervisión en regla de la economía nacional por el FMI y eliminar las cláusulas “antibuitre”, que impiden ir a juicio en los tribunales de Nueva York frente a nuevas reestructuraciones.


Mientras, el gobierno paga o refinancia la deuda en pesos, con vencimientos de 1,04 billones hasta fin de año. Una parte de la misma la transformó en deuda en dólares, para regodeo del fondo Pimco, principal acreedor de las nuevas emisiones.


La intervención de Vicentin se enmarca en esta política porque agravará el quebranto del Estado, sumando las deudas del grupo en bancarrota. La patronal vaciadora busca golpear al gobierno y negociar condiciones propias en el rescate, pero el gobierno, con su intervención, apunta a rescatar a los acreedores. Si el juez de Reconquista hiciera lugar al pedido del gobierno de Santa Fe, el Estado debería empezar por desembolsar un mínimo de 100 millones de dólares para comenzar el rescate de la empresa. El proyecto del FIT, la expropiación de los activos y el desconocimiento de las deudas con la banca extranjera y el gran capital apunta a rescatar salarios y fuentes de trabajo sin hundir las finanzas del Estado para el rescate de los capitalistas.


La gran contradicción es que este rescate se desarrolla sin recursos. El resultado del desfinanciamiento impositivo (legal o de hecho) de los capitalistas al Estado y la asistencia masiva a las patronales es, obviamente, la quiebra estatal. Para absorber la emisión monetaria, el Banco Central emite Leliqs, que alcanzan un récord de 1,7 billones, sumando con pases bancarios 2,3 billones, lo que implica aproximadamente 70.000 millones de pesos de intereses mensuales (al 38% de interés). La promesa de pagar a los jubilados con los intereses de las Leliq se transformó en su contrario: una nueva montaña de intereses de Leliq y un nuevo ajuste a las jubilaciones. La emisión monetaria se vuelca al dólar agravando la carestía y la inflación, que golpean los salarios de los trabajadores.


El hipotecamiento argentino es sencillamente sideral y explosivo si tomamos en cuenta el endeudamiento privado o corporativo, el de las provincias y el del Banco Central vía Leliqs.



Salarios y aguinaldos bajo fuego


El gobierno demoró hasta fin de junio el anuncio de ATP destinadas al pago de sueldos para el sector privado y cedió frente a la amenaza patronal de un paga dios masivo contra los salarios, a pesar de que gran parte de los trabajadores ya está sufriendo un recorte del 75% de sus salarios (pacto CGT-UIA-gobierno mediante). Pero, tanto la IFE a los “sin ingresos” como la ATP se reducen, víctimas del ajuste. Al mismo tiempo, como las empresas asistidas no deben abrir sus cuentas, el Estado financia fraudes patronales. En sectores como el de Fast Food, las empresas aplican descuentos que llevan a los recibos de sueldo a figurar en negativo, en nombre del cobro del ATP por los trabajadores. Pero los abusos patronales están en el orden del día en decenas de gremios, como Comercio, donde las patronales no pagan el bono de 5.000 pesos a los trabajadores de los supermercados y los fuerzan a funcionar sin medidas de seguridad, propiciando contagios masivos.


Si de recortes salariales se trata, se destaca el ataque al aguinaldo, que el Estado nacional pagará en cuotas, dando una señal de aval a las provincias y al sector privado en este sentido. En Capital, donde el gobierno tiene espaldas para un pago completo, se anunció el pago en cuotas.


En el torniquete a los salarios, la burocracia sindical y el gobierno vienen siendo una piedra fundamental. El Supa portuario levantó la combativa huelga en el puerto de Buenos Aires, a cambio de una promesa de negociación, en un cuadro de un salario planchado con un 20% de aumento anual y concesiones leoninas del gobierno a las empresas que actúan en el puerto. Otro tanto ocurrió en el levantamiento de la gran huelga de los trabajadores de la algodonera de Vicentín por salarios donde jugaron fuerte el gobierno de Perotti con una conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y la burocracia textil, que apretó a los obreros para levantar las medidas. Todos complotados, mientras negocian con Nardelli en los estrados judiciales, para que los trabajadores sigan cobrando 22.000 pesos mensuales. El mismo recurso, la conciliación obligatoria, aplicó el Ministerio de Trabajo contra el paro de la alimentación, otro sector que preserva sus ganancias en la crisis, a costa de salarios de 40.000 pesos mensuales.


Así como el rescate a las patronales por medio de la ATP va de la mano con un ataque generalizado a los salarios, el IFE ha quedado pulverizado por el paso de los meses. Recién se cobra una segunda cuota de 10.000 pesos a mediados de junio -o sea, a tres meses de pandemia y no se paga más en las zonas que salieron de la cuarentena. Mientras tanto, el hambre avanza en los barrios.



La extorsión patronal


Un caso testigo de la ofensiva patronal lo representan, sin duda, las empresas aeronáuticas. Latam presentó el recurso preventivo de crisis extorsionando con 1.700 despidos en nombre de la “inflexibilidad” de los trabajadores, que no aceptaron rebajas salariales ni ajustes en las condiciones de convenio. Aerolíneas y Austral, con el gobierno a la cabeza, van por una fusión que va a representar un enorme ajuste contra los básicos de convenio y las condiciones de trabajo especialmente en Austral. El gobierno no movió un pelo frente al anuncio de Latam y la burocracia de APA salió inmediatamente a desactivar una movilización votada en asamblea en el Aeroparque en defensa de las fuentes de trabajo. Los aeronáuticos de Austral y Aerolíneas llevaron adelante una gran caravana contra la fusión, contra la posición de la burocracia que dirige los gremios, que la avala. La apertura de cuentas de Latam es una medida elemental, que el gobierno está a años luz de tomar. Latam pondrá a prueba el relato nacional y popular y, una vez más, a la burocracia sindical y aún a la izquierda con posiciones sindicales en la compañía. Es preciso asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo y la conectividad del país, nacionalizando sin pago los activos de la empresa bajo control de sus trabajadores.


Las numerosas luchas que se van desenvolviendo abren una perspectiva para defender los reclamos de los trabajadores, en línea con lo que planteó el Plenario Sindical Combativo que salió a la calle el 16, marcando una alternativa a la política de entrega de la burocracia. En el Neumático, se logró, por ejemplo, frenar las rebajas salariales y ahora se pelea por un protocolo para frenar el avance del Covid en las plantas.


La pandemia


Mientras se desarrolla este ataque en gran escala contra los trabajadores, la pandemia va agravándose. La política del gobierno pone de manifiesto los mismos límites de clase que en todos los terrenos. Alberto Fernández decidió no avanzar en la centralización del sistema de salud. Pues bien, ahora los enfermos leves de Covid atendidos por la medicina privada están fuera de cualquiera control, porque los sanatorios privados no pagan alojamientos ni internaciones para la cuarentena. Su potencial de contagio está fuera del radar del Estado. Las camas en terapia están al borde de la saturación, pero no hay control real de las camas del sector privado. Los contagios por la falta de insumos y protocolos en los centros de atención de la salud están en el orden del día, e incluso las muertes de trabajadores del sistema de salud han sacudido al país.


El retroceso a la “fase 1” no va de la mano de ninguna medida de fondo de reorganización del sistema de salud ni tampoco de una real garantía para los ingresos de los millones de familias que trabajan en negro o como cuentapropistas y han quedado sin ingresos en la cuarentena. En estas condiciones, el recurso cantado será una acentuación de la represión en las barriadas, sin respuestas para las masas empujadas a violar la cuarentena, para poder comer.


Una salida


Está claro frente a esta situación que el programa del Frente de Izquierda adquiere día a día una vigencia mayor. El impuesto extraordinario a las grandes empresas, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior son medidas elementales para volcar todo el ahorro nacional a las necesidades urgentes de los trabajadores en el marco de la crisis y la pandemia.




 

También te puede interesar:

Cierre del 30 Congreso Nacional del Partido Obrero a cargo de Juan García
Editorial de Laura Carboni adaptada a lectura fácil por Tribuna Disca.
Acerca de un editorial de Jorge Fontevecchia. Escribe Gabriel Solano.
25/06/2020 | 1599

Vicentin: el operativo rescate de la derecha oficial suma apoyo por izquierda

Se ha conocido una declaración firmada por algunas decenas de figuras ligadas al espectro político de izquierda en apoyo al proceso de intervención de Vicentin. A la cabeza figura Claudio Lozano, actual directivo del Banco Nación y funcionario del gobierno; Cristina Camaño, interventora en la AFI (la agencia federal de inteligencia), y luego siguen firmas como las de María del Carmen Verdú, Claudio Katz, Eduardo Lucita, Alejandro Bercovich, Atilio Borón, Gustavo Teres (Amsafe), entre otros.


La declaración, que llama con urgencia a “poner en movimiento una gran campaña popular de esclarecimiento contra los engaños que se intentan instalar en la opinión pública”, señala que la intervención es la gran herramienta para “evitar el vaciamiento de la empresa y habilita un proceso de amplia discusión con trabajadoras y trabajadores directos e indirectos, los productores proveedores de la empresa y las organizaciones sociales vinculados a la actividad de la empresa”. Y alerta que la oposición a la intervención es “para seguir manejando el concurso de acreedores y de esa forma abrir el camino al desguace o extranjerización, incluso la ‘argentinización’ a favor de grupos concentrados”.


Los firmantes se valen de la propuesta de Lozano de Empresa Pública no estatal para acompañar el viraje del gobierno de pasar de la expropiación a la intervención que, como sabemos, fue motorizada por el gobierno de Santa Fe, el cual mantiene vínculos muy fuertes con los directivos de la empresa en concurso de acreedores. Los tres principales ministros de Perotti se reunieron este miércoles con uno de los principales miembros del directorio.


La expropiación de Fernández se limitaba solo a la empresa y no a todo el grupo y estaba planteada para rescatarla junto a sus acreedores, lo que implicaba que el Estado debía hacerse cargo de los pasivos y pagar una indemnización por los activos. A esto se suma que la empresa estaría  asociada a YPF que, como sabemos, cotiza en la Bolsa de Nueva York y su 49% privado de acciones está en manos de tipos como Jaime Soros -o sea, que está más que sujeta a la “extranjerización”. La expropiación anunciada abría un negocio que dividía a la clase capitalista. Mientras muchos acreedores “de afuera” plantearon su disposición a trabajar con los interventores del gobierno para cobrar su deuda, puertas adentro fue cuestionada sobre todo por la mayoría del capital agrario, por temor a que pueda ser afectada la apropiación de la renta agraria. La Sociedad Rural fue más allá y rechazó la entrega de un bono atado a las exportaciones agrarias que el gobierno está negociando con los BlackRock y compañía. Un ejemplo de lucha intercapitalista, que se mezcla con el pago de la deuda pública.


El operativo intervención, que capitanea Perotti con el acompañamiento de un sector importante de la coalición gobernante, está colocado en lo que los capitalistas, la Mesa de Enlace e incluso la oposición nucleada en Cambiemos reclaman como mínimo. Es la Justicia de Santa Fe la que determinará el proceso de Vicentin. A eso se ha allanado el gobierno, que mandó la expropiación al cajón (junto al impuesto a las grandes fortunas y la participación accionaria del Estado en las empresas asistidas), según reconoció Santiago Cafiero.


Es decir, los firmantes se han allanado a la maniobra que desde el ala derecha del gobierno armaron para intentar un rescate de Vicentin (y sus acreedores) a costa de los fondos puestos por el Estado.


La campaña de “debate y movilización” que se plantea como necesaria para impedir la “extranjerización”, el “monopolio de los grupos concentrados” y el “desguace” está destinada a presionar para que sí o sí la Justicia decrete la intervención en los términos que la ha presentado el gobierno a través de Perotti, que incluso aspira a integrar al grupo Padoán-Vicentin a la misma.


Teniendo entre los firmantes a un director del Banco Nación, uno de los principales acreedores de Vicentin, podrían haber propuesto una campaña por la apertura de las cuentas de la empresa y las del propio banco que le facilitó (a Vicentin y a ¿cuántos más?) multimillonarios créditos sin respaldo, sacando a luz “el accionar delictivo de la empresa” y de las autoridades del Banco y del gobierno de Macri. Si se quiere impedir que se consume la “extranjerización” o la “argentinización a favor de los grupos concentrados” hay que ir por la expropiación sin pago, por el monopolio del comercio exterior y de los puertos. Pero nada de eso es invocado ni siquiera como variante para el debate. El objetivo es que se efectúe la intervención.


Una cuestión no menor: en las casi 500 palabras de este lanzamiento de campaña, no existe el reclamo de la defensa de los puestos de trabajo, y mucho menos el apoyo a los trabajadores de la Algodonera Avellaneda que son superexplotados por los mismos que han llevado a la quiebra a Vicentin.


La campaña no abre un camino de independencia de los vaciadores de Vicentin, de los gobiernos que permitieron el vaciamiento y el robo, sino que se suma a la preservación del negocio de la agroexportación en sus actuales términos, colocando las maniobras dolosas de Vicentin como un caso policial y no como un sistema que es. Exactamente el camino contrario que plantea el Frente de Izquierda y que se ha plasmado en el proyecto de ley de expropiación presentado por nuestros diputados.


El “saber” popular dice que a veces hay que dar un paso atrás para poder arrancar con más fuerza, pero no es el caso de esta “izquierda” porque el objetivo final, para ellos, “lo que necesita el país”, es “Vicentin pública, no estatal con control social”, al mejor estilo YPF dominada por Wall Street y sometida a Techint y las petroleras extranjeras, sobre todo.





 

En esta nota

25/06/2020 | 1599

Estados Unidos: la crisis política en punto de ebullición

¿Puede la rebelión popular conquistar sus objetivos?

Las reformas policiales absolutamente parciales dispuestas por Trump, los distintos proyectos en el Congreso y las disposiciones locales no han logrado convencer al movimiento de lucha desatado contra una profunda opresión social que salga de las calles.


Los once asesinados en la represión de este mes. Los cinco hombres negros que aparecieron ahorcados en distintos puntos del país, de Nueva York a Texas y California. Los nuevos casos de brutalidad policial como el de Sean Monterrosa, hijo de argentinos, fusilado por la policía de la ciudad de Vallejo, California, mientras estaba arrodillado y con las manos en la cabeza, supuestamente porque la policía confundió su martillo de carpintero con un arma. O el de Andrés Guardado, un guardia de seguridad de 19 años, de Gardena, California, asesinado por la policía por portar su arma reglamentaria. Las amenazas con sogas anudadas para ahorcar que han aparecido en lugares públicos y que fue dejada al único conductor negro del Nascar. Cada nuevo hecho ha reforzado la disposición a movilizarse, generando nueva convocatorias de centenares o miles para manifestarse.


En Seattle, la zona autónoma de policía establecida alrededor de la jefatura de policía, abandonada por los efectivos, por el momento se mantiene. Una iniciativa interesante es que han emitido un programa de 30 puntos, que cubre desde el planteo de la abolición de la policía y el fin de la persecución judicial para quienes participan en las protestas a demandas sobre el sistema carcelario, educativo, que se congelen los alquileres y que haya acceso gratuito a la universidad. La reunión de asambleas que fijen un programa es una forma de darle voz política a los protagonistas de la rebelión y la base para una unificación del movimiento de lucha en todo el país. Otra zona autónoma se estaría intentando establecer en la zona cercana a la Casa Blanca en Washington DC, donde se realizó la infame represión para que Trump haga una conferencia, posando con una Biblia en una iglesia ocupada por tropa.


Las protestas han llegado a reproducirse en unas 2.000 ciudades y pueblos. Esto incluye manifestaciones en zonas rurales predominantemente blancas, que han sido una sólida base electoral de Trump, y la zona de reclutamiento de grupos racistas, como el Ku Klux Klan u organizaciones neonazis.


Es muy significativo el ingreso de las huelgas y las protestas obreras al proceso de rebelión. El paro activo portuario de la costa oeste, liderado por las seccionales del gremio Ilwu, que se reivindican clasistas, es una de muchas acciones obreras que se inscriben directamente en los reclamos de la rebelión desatada por el asesinato de George Floyd. De conjunto, más de 800 conflictos laborales registrados desde marzo. La mayoría, vinculados con la seguridad frente a la pandemia, a los salarios o despidos, fueron convocados sin participación de la estructura de los sindicatos. La burocracia sindical, que ha precedido un récord de marginalidad de afiliación sindical, adaptándose a la precarización laboral, se está pasando a un coqueteo sin compromiso con la rebelión, promoviendo declaraciones o medidas simbólicas para no quedar descolocados.


Un comandante en jefe sin soldados


Trump trató de reenfocar la pelea política hacia las elecciones, forzando una agenda de actos de campaña cuando en muchos estados sigue rigiendo la cuarentena.


El fracaso de su acto de lanzamiento en Tulsa retrata el grado extremo de aislamiento de Trump en el propio Estado norteamericano. Hemos asistido a una muestra tras otra de la ruptura de la cadena de mando. Empezando por la negativa del mando militar a involucrar a las fuerzas armadas en la represión. Siguiendo con los sucesivos fallos de la Corte Suprema en favor de derechos de la comunidad Lgbti e inmigrantes, equivalen a un desaire a Trump o a la preparación de una adecuación a una nueva etapa política.


La crisis con el intento de hacer renunciar a Geoffrey Berman, fiscal federal encargado del área de Nueva York, expresa la misma tendencia. Berman negó el anuncio del fiscal general William Barr de que él había renunciado a su cargo, forzando a Trump a destituirlo. La decisión estuvo basada aparentemente en que Berman, que había apoyado a Trump en 2016, estaba investigando a distintos socios políticos y económicos del presidente. En el libro de John Bolton, ex consejero de Seguridad nacional de Trump, que se está dando a conocer en estos días contra los intentos legales del gobierno de impedirlo, se le adjudica a Trump la decisión de colocar gente de confianza en esa fiscalía para frenar una investigación contra el banco turco Halkbank, a pedido del presidente Tayyip Erdogan. Lo seguro es que ha dado lugar a nuevas denuncias de un intento de copamiento de la Justicia y a que la comisión de Justicia de la cámara baja del Congreso empiece a emitir citaciones a declarar sobre el tema.


El control de Trump del Partido Republicano está fuertemente cuestionado. A la declaración del ex presidente George W. Bush de que no apoyaría la campaña de Trump, siguieron derrotas internas de los candidatos favorecidos por Trump en las internas de Virgina, Carolina del Norte y Kentucky.


Trump publicó un tweet planteando su disposición a reunirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Dirigentes republicanos, como el senador Marco Rubio, de Florida, donde están asentadas las comunidades de emigrados derechistas de Cuba y Venezuela, salieron a diferenciarse de los dichos de Trump, preocupados por un nuevo retroceso en una disputa electoral de resultado dudoso en el Estado.


Todas las encuestas difundidas marcan un crecimiento de la ventaja de Biden, entre un 8 y un 15% a favor. Un cálculo reciente de la revista Economist ha colocado un 13% de posibilidades de que Trump reúna los delegados para conquistar el colegio electoral, con grandes probabilidades de perder estados que fueron clave para su victoria en 2016, como Florida, Michigan o Wisconsin.


Hasta noviembre resta todavía la pelea por la propia organización de las elecciones en la cuarentena, tanto en la posibilidad de votar a distancia como en la distribución de urnas en cada distrito. Esta pulseada por el control de los comicios promete sumar un incidente importante a la crisis política en curso.


Biden, una nulidad en ascenso


Biden está subiendo en las encuestas como beneficiario del impacto de la crisis del manejo de la pandemia y la rebelión contra Trump, no por méritos propios ni un entusiasmo con su programa. El silencio de Biden ayuda a esconder la agenda rabiosamente empresarial que ha defendido toda su vida, evitando desmentir el piropo que le dedicó Noam Chomsky, partidario de Sanders y su Internacional Progresista, que promovió el voto a Biden porque este es un “envase vacío” que carecería de programa propio.


Cada vez más sectores de la clase dominante  han decidido soltarle la mano a Trump. La  permanencia del magnate en el poder es un factor revulsivo que está haciendo crujir el conjunto del sistema político y puede volverlo ingobernable. La rebelión  sigue en  desarrollo, con una radicalización de masas que no se ha visto en sesenta años. Este escenario ha  terminado por barrer definitivamente el ensayo bonapartista, intentando armar un régimen de poder personal, con el que arrancó su mandato.


Pero el cambio de mando que se prepara para la Casa Blanca, no resuelve de ninguna manera los problemas de fondo que han llevado a esta rebelión. Estamos en presencia de una decadencia histórica de Estados Unidos, lo cual se ha potenciado con el salto que ha pegado la crisis capitalista mundial y, más aún, luego del estallido de la pandemia. El “América first” de Trump no ha logrado detener en estos cuatro años una disminución del declive en la capacidad de dominación hegemonica de la burguesía norteamericana a nivel global en términos económicos, una pérdida de posiciones militares y un descenso de la pérdida de la autoridad política de su Estado sobre las masas de su país.


Izquierda demócrata


En este contexto, el desarrollo de la izquierda demócrata merece un balance. La victoria de Alexandra Ocasio-Cortez en las primarias de Nueva York contra candidatos con financiamiento millonario de Wall Street, que se extendió a la victoria de otros candidatos izquierdistas para diputados en la zona como Jamaal Bowman, son una muestra de una radicalización de la posición política. Pero la apuesta a meter al movimiento de lucha atrás de los partidos políticos del régimen es un camino de cooptación y colaboración con los opresores. La mejor prueba de eso es que más allá de la participación indudable de los militantes de base de los demócratas socialistas y organizaciones parecidas en la rebelión, esta corriente no tiene estrategia ni iniciativa alguna frente a la rebelión y la enorme crisis nacional de la cuarentena y la depresión. La dedicación exclusiva de su dirección y estructura a las tareas electorales (y alguna presentación parlamentaria) en el contexto de esta conmoción nacional muestra que el arribismo y la integración al Estado son mutuamente excluyentes con la construcción de una organización revolucionaria. La necesidad de miles de militantes de construir una organización política que exprese los intereses sociales de la clase obrera tiene como punto de partida la conformación de un partido independiente. Sólo rompiendo con el régimen político de la burguesía yanqui y sus partidos demócrata y republicano podemos desenvolver una lucha común los oprimidos en Estados Unidos y los que se enfrentan a su dominación imperial en el mundo.


Por cada protesta, una asamblea


Muchos militantes de esta izquierda posibilista vienen insistiendo en que la rebelión “ya ganó”. Y muestran las reformas parciales instituidas o prometidas, los cambios cosméticos o donaciones solidarias dispuestos por organizaciones deportivas o empresas como muestras de que “la rebelión ya tiene sus conquistas”. Esto coincide sospechosamente con la voluntad de desmovilizar y canalizar la oposición a Trump en los candidatos del Partido Demócrata.


La rebelión efectivamente ha obligado al Estado y las clases dominantes a retroceder en miles de aspectos parciales. Y esto muestra la gran fuerza que ha desplegado. Pero las causas de la rebelión en la opresión capitalista, la destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora y la cuota especial de esta opresión que sufren los negros y otras comunidades de color en la estructura social de Estados Unidos están lejos de ser superadas. El proceso de crisis capitalista reforzará estas tensiones en el futuro, con un gobierno capitalista de cualquier signo. La militarización de las fuerzas policiales y la violencia sobre los trabajadores y los pobres sirven para sostener esta realidad. La política de desmovilización intenta defender este status quo con concesiones simbólicas.


Para lograr una victoria del movimiento, deben replicarse los Seattle y los Ilwu. Asambleas que definan acciones de lucha y programa de las demandas democráticas, sociales y económicas de los explotados en cada pueblo, barrio, lugar de trabajo, sindicato y lugar de estudio. Unificar la lucha de todos los explotados. Derrotar a Trump hoy sin esperar a noviembre. En este camino, los trabajadores y explotados del mundo entero saludamos a la vanguardia  de la rebelión, que discute, elabora, actúa y se reagrupa en el curso de la revuelta popular en Estados Unidos.



 

También te puede interesar:

Una doctrina que solo favorece a un puñado de multinacionales y al capital financiero.
Palantir, la empresa del magnate Peter Thiel, podría colaborar con el gobierno en una política de ajuste, espionaje y represión contra los trabajadores.
Más sombras que luces. Escribe Pablo Heller.
El gobierno de Milei firmó un nuevo acuerdo militar y colonial con Estados Unidos.
25/06/2020 | 1599

El rebrote chino y las olas del Covid-19

La aparición de un rebrote del coronavirus en la capital china despertó los temores a una segunda oleada de la enfermedad en el gigante asiático. Entre el 11 y el 21 de junio, en Beijing hubo más de 200 casos positivos, poniendo fin a casi dos meses sin casos domésticos. El brote se habría originado en el mercado de Xinfadi, que abastece del 70% de los alimentos a la capital china.


Las autoridades impusieron una cuarentena en las zonas próximas al mercado donde se produjeron las infecciones e implementaron testeos masivos. Aseguran que todos los casos están relacionados a dicho lugar; o sea, que la enfermedad estaría relativamente circunscripta y controlada, pero habrá que esperar los resultados de los testeos masivos. En cualquier caso, el gobierno mismo reconoce que se trata del peor brote desde febrero.


El rebrote chino es una severa advertencia contra cualquier triunfalismo respecto del Covid-19. Y muestra, a la vez, que el combate de una pandemia precisa de una estrategia global, algo que el mundo capitalista, con las potencias enfrentadas entre sí y un “sálvese quien pueda” de los diferentes Estados, no puede ofrecer.


La marea del Covid-19 y sus olas


A pesar de la desaceleración de los contagios en Europa, no es correcto decir que la “primera ola” de la pandemia haya sido superada. El 19 de junio hubo un récord de 176 mil casos globales, contra 91 mil del mismo día del mes pasado. En todo caso, lo que corresponde es analizar el desplazamiento de la enfermedad, cuyo epicentro ha pasado a ser el continente americano, lo cual en cierto modo se explica porque es adonde llegó última. Estados Unidos, con más de 100 mil muertos, sigue siendo el país más afectado. Aunque la cantidad de casos diarios, no ha vuelto a llegar al pico de casi 37 mil casos del 24 de abril, se producen más de 20 mil casos por día. El foco de la enfermedad, según algunos medios, se habría desplazado de Nueva York a algunos estados del sur y del oeste.


En América Latina, según los datos que ofrece el mapa de la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos, Brasil -el segundo país más afectado- tuvo el 19 y 21 de junio cifras récord de más de 50 mil casos. México tuvo más de 5 mil infectados el 21, contra 3 mil del mismo día del mes anterior.


Al mismo tiempo, el virus está creciendo en países importantes de Asia y Africa. En la India, la enfermedad viene experimentando un crecimiento sostenido y superó los 15 mil casos diarios el 20 de junio. En este país, los trabajadores de la salud denuncian la falta sistemática de equipos de protección personal. Pakistán registró 12 mil casos diarios el 14 de junio, contra 3 mil del mismo día del mes anterior. La tendencia también es creciente en Bangladesh, que alcanzó los 20 mil casos el 17, contra 1.300 del mismo día del mes anterior. También crece la curva de contagios en Indonesia. En el Medio Oriente, Arabia Saudita registró casi 5 mil casos el 17 de junio contra casi la mitad del 17 de mayo. Irak tocó los 2 mil casos el 20, contra poco más de 100 del mismo día del mes pasado.


En el continente africano, Sudáfrica superó los 20 mil casos el 20/6 (durante el mes de mayo apenas había superado las 2 mil infecciones diarias) y en Egipto las cifras se duplican respecto al mes pasado.


A estos países hay que prestarles particular atención porque son mucho más vulnerables que los países europeos desde el punto de vista sanitario y de las condiciones de vida de su población. Por eso, el más mínimo foco puede desatar una catástrofe. Al respecto, vale señalar que ya se produjo un caso positivo en uno de los campamentos de refugiados de los rohingya, la minoría de origen musulmán perseguida por el gobierno de Myanmar. En esos centros ubicados en Bangladesh se albergan más de 800 mil personas en condiciones de hacinamiento (con una densidad de 40 a 70 mil personas por km2) y dificultades para el acceso al agua potable. Del mismo modo, en Nigeria se advierten sobre las consecuencias calamitosas del potencial ingreso de la enfermedad en los campos de refugiados del norte del país.


Pero volviendo a Europa, así como el ingreso tardío a las cuarentenas y el ajuste previo sobre los sistemas de salud volvieron a la enfermedad mucho más mortífera, ahora se procede a un peligroso discurso sobre el presunto éxito de haber controlado la enfermedad, que es funcional al levantamiento general de restricciones, incluyendo la apertura de fronteras, que reclama la clase capitalista. Este discurso subestima las posibilidades de un rebrote, como el que se acaba de producir en China. La población europea tiene apenas un 5% de su población infectada, lo que está lejos de la “inmunidad de rebaño” requerida para neutralizar la enfermedad.


Cabe recordar, a este respecto, que la gripe española, la fulminante pandemia que se cobró la vida de 50 millones de personas entre 1918 y 1920, fue especialmente mortífera en su segunda e incluso su tercera oleada. Una estrategia seria frente al Covid-19 exige, como punto de partida, tener presente la gravedad de la situación que el mundo está enfrentando. Bajo la forma de nuevos brotes, de una segunda oleada, e incluso de la transformación del Covid-19 en una enfermedad endémica, el continente europeo puede verse otra vez azotado.


Por todo esto, se vuelve particularmente urgente el desarrollo de alguna cura de la enfermedad, pero la investigación de una vacuna aún está en fases preliminares y es campo de choques entre Estados y monopolios.



El impacto económico


El rebrote chino produjo inquietud y una leve caída en las bolsas asiáticas. Es que si el escenario económico ya es penoso con las proyecciones actuales, una segunda oleada en este país y en el continente europeo, que obligue a sus gobiernos a volver a imponer medidas de aislamiento social, haría más catastrófica la situación. La OCDE ha elaborado dos escenarios. En el más optimista, 2020 terminaría con una caída del 6% del PBI global y un desempleo del 9,2% (casi el doble del de fines de 2019). En caso de un rebrote y un endurecimiento de las cuarentenas, la caída del PBI se extendería al 7,6% y el desempleo ascendería al 10%.


La gravedad de la pandemia, de la que a nivel global ni siquiera hemos pasado aún su primera ola, refuerza la necesidad de un programa de los trabajadores, que parta de la centralización de los sistemas de salud y la protección de su personal, y que incluya una agenda de medidas para que los trabajadores no paguen las consecuencias económicas: prohibición de despidos, pago íntegro de los salarios, seguro al parado, comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y los barrios.


La pandemia ilustra el fracaso del capitalismo y muestra de manera urticante la necesidad de otro tipo de organización social.





 

En esta nota

También te puede interesar:

Detrás del falso combate al narcotráfico, se intensifica el saqueo y la militarización de América Latina.
Con el desembarco de miles de unidades, los más perjudicados son los operarios de las automotrices y autopartistas instaladas en el país.
“Occidente” se preocupa y China también. Se avecina un recrudecimiento de la guerra arancelaria y el proteccionismo.
Presentación de la nueva edición de En Defensa del Marxismo, será un disparador para los debates trascendentales en la etapa de guerras y rebeliones que se abren paso.
25/06/2020 | 1599

América Latina, el nuevo epicentro de la pandemia

Latinoamérica se ha transformado en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), son más de 1,6 millones los casos reportados hasta el momento, y se prevé un rápido ascenso en la curva de contagios. Cuatro ejemplos claros de este panorama lo constituyen Brasil, México, Perú y Chile, que se encuentran entre los 15 países con más cantidad de afectados en el mundo. La bancarrota sanitaria tiene lugar junto con un crecimiento vertiginoso de la pobreza: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), un organismo ligado a la ONU, aseguró que alrededor de 14 millones de personas en la región están sufriendo hambre como producto del impacto del coronavirus y la debacle económica, en un escenario que ya se caracterizaba anteriormente por una tendencia creciente a la miseria social. Uno de los sectores más perjudicados por el parate económico, naturalmente, es el de los trabajadores informales, que componen hasta un 60% de la fuerza de trabajo en América Latina. Asimismo, la pandemia ha servido como coartada de un gigantesco ataque a las condiciones de trabajo, con despidos, suspensiones masivas, flexibilización laboral y recortes de salarios.


Notablemente, los gobiernos regionales han procedido -al calor de los reclamos de las cámaras empresarias- a la flexibilización de las cuarentenas en el momento en que la enfermedad se ha vuelto más explosiva. Si bien hay diferencias en el impacto de la crisis en cada país y en las políticas adoptadas, que oscilan entre planteos negacionistas como el de Bolsonaro y cuarentenas más o menos flexibles, los distintos gobiernos han sido incapaces de contener la estampida pandémica. Esta incapacidad está en la base también de los giros de aquellos gobiernos que se vieron obligados a reimponer medidas de aislamiento tras abandonarlas prematuramente, como ocurrió en la capital chilena.


Se desmadra la crisis sanitaria


Con un millón de casos totales, Brasil es en este momento el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, colocándose solo detrás de Estados Unidos. El sistema de salud se encuentra rebasado y se repiten en todo el país las imágenes de tumbas improvisadas por la gran cantidad de decesos. Esta situación es en buena medida el corolario de una flexibilización sistemática de la cuarentena por parte de los gobiernos estaduales (en San Pablo un 75% de las empresas se hallan funcionando) y del negacionismo del presidente Jair Bolsonaro.


En Chile, el desborde del sistema de salud provocado por el Covid-19 ha forzado, por la manipulación de los datos concernientes a la pandemia, la salida del ministro de salud Jaime Mañalich, lo que es también una expresión de la crisis política en la que se encuentra sumido el gobierno chileno. La política de Sebastián Piñera ha llevado a Chile a un cuadro dramático con 240 mil casos y más de 7 mil muertes, llegando a nuevos récords a diario, a pesar de tratarse de subestimaciones por la escasez de testeos realizados.


Rozando los 50.000 infectados y con 4.156 defunciones al 21 de junio, Ecuador atraviesa la embestida de la pandemia con un desplome de su sistema sanitario por falta de presupuesto e insumos. Sin embargo, Lenín Moreno avanza hacia un desconfinamiento, mientras profundiza su política antiobrera (recientemente el parlamento ecuatoriano votó una reforma laboral encubierta) y da luz verde, acuerdo mediante, a las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social.


Bolivia ha sido noticia por el impacto que generaron las imágenes de infectados muriendo en las calles, fruto del vaciamiento del sistema de salud y la precarización de las condiciones de vida. A esta situación, el gobierno de facto presidido por Jeanine Añez, solo ha respondido con una fuerte presencia militar en las calles con el fin de intentar contener posibles estallidos sociales en el marco de un alza de la pobreza y de ataques hacia las masas. Bolivia contabilizaba 22.500 casos al 21/6 sobre una población de 11 millones.


México, cuyo presidente, Andrés Manuel López Obrador, debutó en esta crisis con un discurso negacionista sobre el virus, en el que finalmente debió recular para dar paso a una cuarentena, está atravesado por una formidable catástrofe social y sanitaria y por un aumento en el número de casos diarios. Hoy México suma más de 20 mil muertes. A partir de junio, el gobierno ha impulsado una “nueva normalidad” que ya dio paso a la reapertura de sectores como el automotriz, la construcción y la minería.


Detrás de Brasil y superando incluso a Italia, Perú es el segundo país de América Latina más afectado, alcanzando los 248 mil contagios al 21/6. El gobierno de Martín Vizcarra fue enfrentado por varias protestas encabezadas por trabajadores de la salud, que desenmascararon su política ajustadora caracterizada por no entregar los EPP (equipos de protección personal) necesarios y que lo convierte en responsable por la muerte de más de 30 médicos y enfermeras (ha muerto más de un médico por día). Mientras tanto, Vizcarra discute la apertura de grandes centros comerciales para el día 22 de junio, sumando más leña al fuego encendido por la continuidad de la actividad minera y otros sectores no esenciales.


Colombia es otro de los países amenazados por la pandemia. El último viernes alcanzó un nuevo récord de contagios diarios que contabilizó 95 muertos. Las medidas emprendidas por el gobierno de Iván Duque para paliar los efectos de la crisis parecen ir en el sentido contrario a las que realmente se necesitan para hacer cara a la situación: busca reactivar la economía con medidas favorables al consumo, pero sin medidas sanitarias, lo que está llevando a aglomeraciones en los centros comerciales.


Sobrepasando los 42 mil casos al 21/6, Argentina padece el crecimiento del coronavirus con un sistema sanitario precario que podría colapsar en las próximas semanas. Este escenario se da en medio de la flexibilización de la cuarentena por parte de Alberto Fernández y los gobiernos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, los dos distritos más afectados. Solo en la provincia de Buenos Aires, cuya fragilidad enciende todas las alarmas, funciona el 85% de la industria. En la Capital, se reabrieron todo tipo de comercios.


La pandemia ha sido usada también por los gobiernos como un pretexto para un reforzamiento del aparato represivo (incluyendo en algunos casos el despliegue de las Fuerzas Armadas), con sus efectivos cometiendo todo tipo de atropellos contra la población oprimida.


Las masas


Al calor de la pandemia, las masas han llevado a cabo diversas acciones de lucha.


Los trabajadores de la salud, en la primera fila del combate del Covid-19, han protagonizado conflictos en reclamo de insumos y equipos de protección (Argentina, Brasil, Perú, Honduras y México, entre otros).


Al mismo tiempo, se han dado conflictos en defensa del pago íntegro de los salarios y contra las suspensiones y despidos (por ejemplo, en Argentina y Brasil).


Y también han tenido lugar, por parte de los sectores más empobrecidos, manifestaciones en reclamo de asistencia alimentaria y de las condiciones materiales mínimas para poder sobrellevar el aislamiento (Argentina, Chile, Colombia, Panamá y Honduras, entre otros).


La tarea que se desprende de estos procesos es desarrollar un programa frente a la pandemia que incluya la centralización del sistema de salud, el no pago de la deuda externa, la prohibición de despidos y suspensiones, el pago íntegro de los salarios, y un seguro económico al parado. Y unir ese programa a la lucha por el desarrollo de una salida política de los trabajadores, en oposición a las tan mentadas “unidades nacionales” que pregonan los gobiernos en la “lucha contra el virus”, cuyo propósito no es más que desactivar la lucha de clases y entrampar a los trabajadores detrás de variantes capitalistas. Vamos por ello.




 

También te puede interesar:

Es necesaria una irrupción de los trabajadores
Lucio Gonzales Alanes, exdirectivo de la COB, habla sobre la lucha popular en curso.
Organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos se solidarizaron con la lucha del heroico pueblo boliviano y denunciaron represión y violaciones a los derechos humanos.
Fuera la Santa Alianza (a la que se suma Lula) contra los trabajadores bolivianos.
Resumen de las notas que publicamos desde el inicio de la huelga general adaptado por Tribuna Disca
25/06/2020 | 1599

Kosteki y Santillán, 18 años de vigencia de una lucha

El 26, todos al Puente Pueyrredón

El 26 de junio, cuando hayan transcurrido 18 años del crimen de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, estaremos movilizados en el Puente Pueyrredón, aún en la cuarentena, aún en esta fase de escalada del virus.


Los motivos son muy profundos. La crisis capitalista, y su descarga sobre las masas, ha puesto nuevamente en primer plano un movimiento que, en rigor, no perdió vigencia en los 18 años que han pasado. Trescientos mil nuevos desocupados se sumaron, en el primer trimestre de este año, al alto nivel crónico de la desocupación argentina. Aún antes de la cuarentena, llevando el índice de desocupación arriba de los dos dígitos, cuando todavía no habíamos entrado en la actual depresión económica del segundo trimestre que termina.


Veinte años después del “Argentinazo” de 2001, el hambre volvió a la agenda de la clase obrera ya a finales del año pasado. El Polo Obrero fue encargado de ponerlo en la calle en plena transición del cambio de gobierno, que no cambió la recesión, los despidos y el agravamiento de la miseria social.


El XXV y el XXVI Congreso del Partido Obrero, en pleno macrismo, fueron escenario de un debate donde caracterizamos que se pondría en el orden del día un reverdecer del movimiento piquetero. Aquel que protagonizara el Argentinazo, junto a las asambleas populares y más tarde la gesta del Puente Pueyrredón, enfrentando el giro represivo del gobierno de Duhalde. Aquel que derrotó su operación masacre en los objetivos políticos de acabar con el movimiento y abrió paso al comienzo del fin de su gobierno.


Hoy, como hace 18 años, enfrentamos la cooptación de las organizaciones que canalizaron aquel movimiento de los “fogoneros” y los “piqueteros” que irrumpieron en Tartagal y Cutral Có en la segunda mitad de los ’90 contra la noche menemista. Porque Duhalde, antes de su operación masacre del 26 de junio, había cooptado a la Federación de Tierra y Hábitat de la CTA y a la CCC a su “Consejo Consultivo” y a la “Mesa de Diálogo Argentino”, que tendió junto a la Iglesia. Las versiones de la época del Comité de Crisis constituido hoy con los mismos actores y otros que se sumaron como Barrios de Pie y el Movimiento Evita. Este último, un movimiento estratégico de preparación de la contención asistencial en la propias filas del peronismo. Lectura profunda de la burguesía opositora a Macri, puesto que la autoridad de los punteros tradicionales que desafiaron los piqueteros no se recompuso nunca.


El movimiento piquetero de los años de Maxi y Darío, que ellos simbolizaron con su juventud rebelde y militante, cumplió un papel revolucionador en el movimiento obrero. Fue su fracción desocupada que se puso al hombro una tarea de organización de millones de trabajadores, asombrando al mundo internacional del movimiento obrero. Los sindicatos, como hoy, usurpados por la camarilla de la burocracia sindical, ignoraron a sus trabajadores despedidos, y los antiguos delegados de fábrica, de pozos petroleros o de los socavones de las minas, se pusieron al frente de las asambleas barriales y los cortes de ruta.


El Partido Obrero combatió la tesis del “nuevo sujeto histórico” que suplantaría a la clase obrera: consideramos al movimiento piquetero como parte integral de la clase obrera. Los autores de esas tesis, de un modo general están absorbidos en el gobierno de Alberto Fernández, empeñado en el repago colonial de la deuda que, hoy como ayer, tuvo al FMI monitoreando la debacle nacional. El Polo Obrero, en cambio, ha vuelto a ser un canal de masas de los reclamos contra el hambre, por trabajo y contra la precarización y el trabajo en negro, basado en la independencia política de la clase obrera, en la asamblea, el delegado revocable y el piquete, integrando los desocupados a los ocupados. Como ayer, en las siete Asambleas Nacionales de Trabajadores, hoy forjando esa unión en el Plenario Sindical Combativo y contribuyendo a que el Frente de Lucha Piquetero siga ese camino de unidad de clase. Otra vez, la izquierda que no mete las patas en el barro de este sector profundo de la clase obrera se queda en la banquina.


Los 80 mil empadronados por el Polo Obrero en el inicio de la cuarentena fueron el anticipo de otros muchos que se empadronarían y organizarían en nuestras filas y de los 12 millones de personas anotadas para la IFE. Como ayer, refutando el Plan Jefas y Jefes de Hogar de Duhalde, hoy planteamos un seguro al parado y a todos los “sin ingresos” de 30.000 pesos, que se financie rompiendo las cadenas de la deuda, mediante un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, como parte de una reorganización económica y social bajo la batuta de los trabajadores.


El gobierno de Fernández ha venido a cumplir una función reaccionaria, como la de Duhalde frente al Argentinazo. Por eso, no resulta casual su pacto social, que emula al Consejo Consultivo del caudillo de la derecha peronista de Lomas. Por eso cuenta con su apoyo, por eso lo tiene a Felipe Solá de canciller, a Aníbal Fernández en sus filas, como a tantos otros. Los Berni de hoy, son los Vanossi y los Soria de ayer, quienes planificaron la operación conjunta de tres fuerzas para balear a los miles de compañeros que fuimos al Puente Pueyrredón aquel 26 de junio.


Este aspecto político debe ser considerado por los trabajadores que hoy se vuelcan a la lucha, al igual que el abierto maridazgo del Trío San Cayetano con Carolina Stanley. Todo un armado -que denunciamos en la Cámara de Diputados- mediante la ley de emergencia social, que diseñó los mecanismos de contención durante el propio macrismo. Así pavimentaron el recambio pejotista-kirchnerista evitando que Argentina se sume a la saga de rebeliones populares de 2019 en América Latina, cuando arreciaron las devaluaciones y el default en estas tierras.


Pero no han resuelto la crisis, la agravan cada día. Entonces, para el Partido Obrero, este 26 de junio tiene un contenido especial. Porque recordamos a Darío y Maxi proyectando sus banderas de luchas en las lecciones históricas que nos dejó la etapa. Hace casi diez años, otro joven militante socialista del Partido Obrero sería asesinado, esta vez por una patota de la burocracia sindical: Mariano Ferreyra. Luchando junto a los tercerizados del Ferrocarril y al Polo Obrero. Levantamos sus banderas para encarar esta etapa de agudización de la lucha de clases y acabar con el régimen social que armó las manos sucias de sus asesinos.



 

También te puede interesar:

En el marco de una jornada nacional convocada por el Frente de Lucha Piquetero.
El Frente de Lucha Piquetero concentra desde las 10 hs en Plaza Alsina.
Las organizaciones de desocupados movilizan contra el hambre y por aumento en los programas sociales.
La acción se da en el marco de una fuerte persecución política y judicial contra el movimiento piquetero.
El Frente de Lucha Piquetero moviliza al Puente Pueyrredón para que el gobierno entregue la comida y deje de perseguir a los luchadores.
Denuncian que el gobierno nacional no entrega las partidas alimentarias para millones de comensales.
25/06/2020 | 1599

Crece con fuerza el apoyo para gravar las grandes fortunas

Más adhesiones a la iniciativa del Frente de Izquierda-Unidad

El proyecto del Frente de Izquierda-Unidad de un impuesto a las grandes fortunas ha logrado nuevos pronunciamientos.


Los compañeros de la seccional Merlo del Sutna elaboraron un video en apoyo a este reclamo, que empalma con las distintas luchas que los compañeros del Neumático vienen realizando por sus salarios y condiciones sanitarias de trabajo.


También se pronunció a favor del proyecto la asamblea de AGD-UBA del 23, que contó con 143 asistentes. Se suma a los pronunciamientos de Ademys, de la Junta Interna del Inti, Suteba La Matanza y Aten Zapala, entre muchos otros.


Por su parte, entre la juventud se ha extendido en todo el país la campaña de pronunciamientos, con importantes firmas de dirigentes estudiantiles, incluyendo presidentes de centros de estudiantes como el del Colegio Nacional Buenos Aires, el del Rodolfo Walsh, de los terciarios del Romero Brest, Lenguas Vivas y Juan B. Justo y de los centros de las facultades de Farmacia y Bioquímica y Veterinaria de la UBA. También, se pronunció el Centro de Estudiantes de Farmacia y lxs representantes de las secretarías Unidad Obrero estudiantil y Ciencia y Técnica de la Fuba.


Entre las últimas firmas se destacan también el apoyo de referentes de organizaciones de los Derechos Humanos (como el "Sueco" Lordkipanidse, del Encuentro Militante Cachito Fukman; Marta Ungaro, familiar de un detenido-desaparecido; y Stella Bassi, del Centro de Estudios Legales y Sociales Nilda Eloy, de Mar del Plata) y de organizaciones de mujeres de la provincia de Buenos Aires, como la Colectiva Feminista Las Azucenas de La Plata. También se pronunciaron a favor Facundo y Marisa, padres de Luna Ortiz, víctima de femicidio e impunidad estatal en Tigre. Por su parte, el Partido Obrero de La Pampa ha cosechado decenas de adhesiones en los últimos días.


En contraste con esta campaña, el gobierno ni siquiera ha presentado el limitado proyecto que había anunciado. Al revés, vuelca los recursos del país al rescate de los capitalistas y de los tenedores de deuda, mientras la clase obrera ve deteriorarse su situación.


Extendamos la campaña en apoyo al proyecto del Frente de Izquierda-Unidad a todos los rincones del país.



 

También te puede interesar:

Frente a los ataques Milei y Macri a la educación, y contra el silencio cómplice de UTE y el peronismo.
Editorial de Gabriel Solano en 14 Toneladas T3E15.
Luchemos por "Fuera Milei", como en Bolivia, y hagamos una asamblea nacional del Frente de Izquierda.
25/06/2020 | 1599

Deuda privada: Argentina es una gran Vicentin

Uno de los más interesados en que se acelere un arreglo con los bonistas es el empresariado nacional. Está muy en el candelero la deuda pública, pero viene pasando relativamente desapercibida la deuda privada, que llega a la friolera de más de 80.000 millones de dólares.

 

En el “sector privado no financiero”, la mayor parte del endeudamiento es por créditos y anticipos comerciales que totalizan 50,4 mil millones de dólares. Semejante cifra ya nos da una idea de que lo de Vicentin está lejos de ser una excepción. Tenemos una parte de las empresas en una situación económica seriamente comprometida. La deuda que señalamos se refiere al giro comercial. Dicha deuda, que en condiciones “normales” se renueva, tropieza con dificultades crecientes para refinanciarse y lo viene haciendo a plazos cada vez más cortos y a un costo más elevado.

 

Esto es lo que explica que paralelamente a la deuda comercial crezca la deuda financiera. Los títulos y préstamos en el exterior son otros 27.600 millones de dólares (aquí se incluyen ya líneas de créditos de los bancos), de los cuales 2.300 millones de dólares vencen antes de fin de año y otros 4.100 millones en 2021. En total, 6.440 millones de dólares en 18 meses.

 

 

Modus operandi

 

Esto incluye obligaciones negociables en dólares y deuda en dólares de las empresas con bancos locales, básicamente para financiar exportaciones por unos 7.600 millones de dólares. Viene al caso señalar que los cerca de 290 millones de dólares que Vicentin adeuda al Banco Nación son apenas el 3,8% de esa suma. Esto pone de relieve que la operatoria, que en el caso del grupo santafesino provocó un gran revuelo político, es moneda corriente e involucra también a la banca estatal. El Banco Nación y el resto de la banca pública debería dar conocer la lista de deudores, y probablemente tengamos la evidencia de un gran desfalco, que estamos frente a un modus operandi del conjunto de la burguesía y, en especial, de los grupos líderes.

 

Los mecanismos que han salido a la luz con el caso Vicentin se replican en las cerealeras, perjudicando a los productores agropecuarios a quienes se les pedalea el pago y terminan cobrando precios sensiblemente inferiores respecto de los que dichas corporaciones comercializan los productos. A lo que se agrega las maniobras de sobrefacturación y subfacturación, y el contrabando liso y llano por medio de una triangulación con empresas fantasma radicadas en Paraguay y Uruguay. Pero esta práctica se extiende a los grandes pulpos de otras ramas de la economía.

 

No se nos puede escapar tampoco la fuga de capitales. En los 50.000 millones de dólares que señalamos como deuda comercial se incluyen créditos entre empresas relacionadas. Esto también es materia de manipulación, pues en lugar de invertir directamente las casas matrices optan por hacerlo en forma de crédito, lo que viene siendo utilizado para enmascarar giro de utilidades y sortear las limitaciones vigentes. Es la vía para obtener dólares al tipo de cambio oficial “baratos”, desplumar las reservas del Banco Central y provocar una hemorragia de divisas al exterior. Y, al mismo tiempo, para inflar gastos en concepto de intereses y reducir sus utilidades o fabricar pérdidas, y de esa forma evadir impuestos.

 

Las propias empresas, en reiteradas oportunidades, están de los dos lados del mostrador. Esto es una razón más para que se abran los libros de las empresas, sus cuentas, y que su movimiento productivo, comercial y financiero sean sometidos al escrutinio popular y de los trabajadores. Repudiar la deuda espuria y evitar que este manejo fraudulento termine de provocar un vaciamiento de las empresas, dejando un tendal de deudas y dejando en la calle a miles de trabajadores. Este desfalco, sin embargo, se ha vuelto cada vez más insostenible en el tiempo, pues es el propio Estado el que está en concurso de acreedores y de conjunto, la economía nacional está en colapso, atravesada por la crisis capitalista y la pandemia. El Estado no tiene los recursos ni la capacidad para un salvataje generalizado y resta ver si reúne las condiciones para hacerlo por Vicentin. Lo cierto es que hay un pelotón de empresas que están pidiendo pista para presentarse en convocatoria cuando se reabran los tribunales. Por lo pronto, ya han cerrado sus puertas Molinos Cañuelas y Latam, entre otras.

 

 

A favor de los bonistas

 

Expuesto este panorama, no debe sorprender que los principales grupos empresarios se hayan convertido en uno de los lobbistas más insistentes para que el gobierno cierre un acuerdo con los acreedores, cediendo a sus exigencias y condicionamientos leoninos. La masa de acreedores de la deuda incluye accionistas y dueños de las empresa locales, que integran la burguesía nacional. Pero, aparte de ello, el interés es que un arreglo podría refinanciar sus deudas y abrirles las puertas a un nuevo ciclo de endeudamiento. Primeras en la fila para capitalizar un eventual nuevo acuerdo se encuentran YPF, que tiene agendado un vencimiento de 1.000 millones de dólares en marzo; Pan American Energy, la petrolera de los Bulgheroni, tiene el propio en mayo, por 300 millones de dólares, mientras que, en junio, Telecom y Edesa suman otros 500 millones de dólares. Ya a principios del segundo semestre se anotan los vencimientos de Mastellone y Raghsa.

 

No podemos perder de vista que existe una gran liquidez internacional y las empresas argentinas podrían atraer hacia el ámbito privado alguna porción de esos capitales ociosos internacionales, que muy probablemente sean reticentes en prestarle al Estado. En una reciente reunión vía zoom con el ministro Martín Guzmán, organizada por el petrolero Miguel Galuccio,”varios de los más grandes empresarios de la Argentina insistieron en la necesidad de que el país alcance rápidamente un acuerdo con los acreedores (…) a diferencia del gobierno nacional, muchas de las más grandes compañías tienen expectativa de recuperar cuanto antes el acceso al crédito en el mercado de capitales global” (Infobae, 2/6)

 

A la hora de analizar el hipotecamiento del país no se puede circunscribir a la deuda estatal. La experiencia indica que la deuda privada termina siendo estatizada. El de Vicentin es un buen ejemplo, pues mientras, por un lado, el gobierno proclama una quita de la deuda en nombre de su sustentabilidad, no tiene el menor reparo en cargarle al Estado los pasivos por 1.300 millones de dólares de dicha empresa. Los trabajadores deben tomar nota de este escenario, pues el caso de la cerealera en concurso es aleccionador de cómo funciona el Estado capitalista, que termina siendo un factor crucial en el despojo del ahorro nacional y en la transferencia de ingresos en favor la clase capitalista. Estamos en presencia de un salvataje del capital en crisis -y no tan en crisis- que , por otra parte, es inviable, pues se trata de una deuda impagable. Es necesario invertir la fórmula. En lugar de privatizar los fondos públicos, los mismos deben ser utilizados para una reorganización del país sobre nuevas bases sociales bajo la dirección de los trabajadores, dando satisfacción a las grandes y perentorias necesidades populares.

 

 

 

 

 

También te puede interesar:

Los naftazos, la renta extraordinaria de las petroleras y la necesidad de nacionalizar la industria energética bajo control obrero.
Revelaciones del subprocurador del Tesoro de Argentina.
La nafta aumentó un 20% en un mes, mientras sobreactúan kirchneristas y facholibertarios. Escribe Néstor Pitrola.
La estatal argentina, en “estrés” financiero, sucumbe a los buitres de ocasión.
25/06/2020 | 1599

Jornada nacional autoconvocada de organizaciones de jubilados

El 22 de junio se concretó la jornada de lucha autoconvocada de organizaciones de jubilados, en forma presencial, con concentraciones en Córdoba y Rosario, y en forma virtual para el resto de país debido a las condiciones de aislamiento impuestas por la pandemia.


El acto virtual fue seguido por cientos de jubilados de todo el país que reivindicaban en los comentarios el enorme valor de esta iniciativa realizada en el marco de un gran frente autoconvocado de jubilados, con el método de la unidad, del frente único, en momentos en que la jubilación ha quedado enormemente distanciada de todo vínculo con el sueldo equivalente del trabajador activo. La suspensión de la movilidad es un paso determinante en el achatamiento de los ya depreciados haberes jubilatorios.


Intervinieron catorce oradores, pertenecientes al Plenario de Trabajadores Jubilados, a la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, a la Defensoría de la Tercera Edad, a Utjel, Jubilados de Izquierda – Ancla, a la Comisión de Jubilados de Ademys, al Centro de Jubilados de ATE (Neuquén), a Jubilados MTR 12 de Abril, a Jubilados Autoconvocados Docentes por el 82% móvil (Chaco), a la Mesa de Jubilados de Villa General Belgrano, a la AGD-UBA y, desde las movilizaciones, la Asociación de Jubilados Autoconvocados Provinciales y la Asociación Norma Pla de Córdoba y la Comisión de Jubilados de Amsafe en Rosario.


La jornada y las intervenciones han sido un paso adelante en la lucha contra la suspensión de la movilidad jubilatoria impuesta por el gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019 y ratificada por un nuevo DNU.


Se reivindicaron las presentaciones del amparo colectivo por parte de la Defensoría de la Tercera Edad y la realización de juicios junto a la lucha activa de los jubilados y de los trabajadores.


En el acto se desarrolló la defensa del 82% móvil, la mínima de 45.020 pesos (valor de la canasta familiar de un jubilado), de las cajas provinciales y los regímenes especiales que pretenden ser armonizados con la Anses en una caja única, llevando a la jubilación al valor de un bono a la ancianidad. Se incorporó el reclamo por Rentas Vitalicias, que cobran miseria.



Se planteó la denuncia de cómo durante los sucesivos gobiernos, desde Menem, que privatizó los fondos creando las Afjp, pasando por los Kirchner, Macri y Fernández, la política que se lleva adelante respecto a los jubilados y pensionados es considerarlos un gasto, mientras se usan los fondos para subvencionar al capital.


Esto viene ocurriendo desde la conquista misma de las jubilaciones y ocurre en este momento, en que a través de los ATP se pagan los sueldos en miles de empresas con el cuento de la crisis.


“Los verdaderamente expropiados son los jubilados, mientras se exime de aportes jubilatorios a las empresas y se las subsidia con el pago de los sueldos, se le reconoce una jubilación de privilegio de 350.000 pesos y una deuda de 20 millones a Boudou, y las industrias esenciales, que vienen trabajando a toda su capacidad durante la cuarentena, evaden 400 mil millones de pesos de aportes patronales a la Anses”, dijo Nora Biaggio.


Todas las intervenciones colocaron el actual robo a los jubilados como componente de las exigencias del FMI y los acreedores internacionales en la negociación de la deuda. Se planteó que forma parte del ataque de conjunto a las condiciones laborales de los trabajadores activos y que es una política que se desarrolla en la Argentina y en el resto del mundo.


A través de la lucha de los jubilados cordobeses, que enfrentan la liquidación de la caja provincial con la consecuencia de la disminución de los haberes jubilatorios, se muestra la punta de lanza del intento de armonización con la Anses, que se largó durante el gobierno de Macri con la nefasta Ley de Reparación Histórica y se continúa con un nuevo tramo con la ley de Alberto Fernández de Solidaridad Previsional. Primero, se ha dado lugar a la suspensión de la movilidad y luego a la convocatoria de una bicameral para acabar con este derecho adquirido, con las cajas provinciales, tal como se plantea ya con el IPS de Buenos Aires y de Misiones, y con los regímenes especiales.


La lucha por los derechos jubilatorios ha tenido en esta acción nacional un paso firme, reivindicando la necesidad de luchar por la dirección y control de la Anses, de las cajas provinciales, del Pami y de las obras sociales por parte de los trabajadores y jubilados, junto con la necesidad de la reposición de los aportes patronales, la devolución de las deudas que se tiene con las cajas, el blanqueo de todos los trabajadores, terminar con el trabajo en negro y el no pago de la deuda externa.


Se plantea dar nuevos pasos, generalizando las firmas en el amparo colectivo por la movilidad como derecho adquirido, realizar juicios, poniendo los abogados a disposición y planificando un Plenario Nacional Autoconvocado de Organizaciones de Jubilados para nuevas acciones de lucha en el marco de la formación de un imparable movimiento de jubilados que logre imponer en las organizaciones sindicales este programa en defensa de las actuales y de las futuras  jubilaciones como salario diferido.



 

También te puede interesar:

25/06/2020 | 1599

CABA: importante plenario de trabajadores de la salud impulsa un plan de lucha

Más de 70 trabajadores de la salud nos hicimos presentes, el pasado viernes, en un gran plenario impulsado por las agrupaciones Tribuna Municipal y Tribuna de Salud, en donde nos unimos residentes, concurrentes, enfermeres, profesionales y personal de todos los escalafones. Hubo representación de 30 efectores, 22 hospitales municipales, del sector privado y hospitales nacionales radicados en la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). También estuvo presente el legislador del FIT-PO Gabriel Solano.

 

En las intervenciones se destacó la enorme preocupación por el aumento de casos Covid +, que golpea a la población y al personal de salud particularmente. Tuvimos que lamentar al primer trabajador enfermero fallecido en la CABA, Julio Gutiérrez, a quien el Gobierno de la Ciudad le negó la licencia por presentar factores de riesgo y lo obligó a atender pacientes con Covid 19 positivo. Se suma a la lista de las víctimas de la precarización laboral y la desidia por parte del Estado. Votamos impulsar la medida organizada por sus compañeres y familiares, y el día martes hacernos presentes en el abrazo al Hospital Durand. También acompañar esta medida con fotos y videos en los efectores, para que resuene el pedido de justicia y el reclamo por medidas de bioseguridad  y condiciones laborales. La propuesta de impulsar un relevamiento de trabajadores a los cuales se les esté negando la licencia por factores de riesgo, puede contribuir para organizar un reclamo muy sentido.

 

Los reclamos acerca de falta de protocolos, sectores de cohortización [agrupamiento de aquellos pacientes que tienen una misma enfermedad en salas comunes] y circulación tanto del personal como de pacientes expone la falta de organización y planificación hospitalaria por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien viene de huir del hospital Durand frente a los reclamos de los trabajadores. Quien dice que los efectores están preparados, no pisó nunca un hospital y los trabajadores se lo hicieron sentir.

 

Las denuncias que volcaron los trabajadores del  hospital Moyano y del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) en el plenario expuso la falta de protocolos, elementos de protección personal, y la imposición del uso de material descartable más tiempo de lo debido, como en la guardia del Garrahan, que obligan a residentes a laburar con el mismo camisolín  una semana entera. Muchas  veces los trabajadores deben recurrir a la justicia para exigir la entrega de elementos de protección.

 

La enorme cantidad de enfermeres presentes habla de la importancia de la lucha por el pase a la carrera profesional del sector, para terminar con el pluriempleo y la exposición que sufren. La campaña de juntada de firmas (change) impulsada por la Naranja de Enfermería ya lleva 6 mil adhesiones, y votamos reforzarla con videos, fotos y un pedido de reunión a la comisión de salud para que se trate en la Legislatura.

 

Las intervenciones de residentes y concurrentes demostraron cómo la organización sistemática de la Asamblea de CABA la ha convertido en una entidad sindical que es sinónimo de lucha. El relevamiento desarrollado por la Asamblea, de gran alcance público, resume todas las aristas plasmadas en nuestros reclamos y se presenta como una herramienta a replicar en los efectores, como ya hizo el Hospital Argerich. Esta iniciativa sirve tanto para dar a conocer los números que esconde el Ministerio y los directivos, como para organizar a los distintos sectores de los hospitales en actividades y reclamos comunes.

 

Desde Tribuna Municipal y Tribuna de Salud impulsamos también un afiche y comunicado para poder exponer todas las iniciativas y reclamos. Votamos poner la banca de Gabriel Solano al servicio de las denuncias y luchas de les trabajadores de salud, como la semana pasada, que hicimos una importante reunión en el Hospital Fernández. Muches compañeres presentes venimos desarrollando reuniones y participando en asambleas importantes, y creemos que actividades como estas tienen la tarea de sumar a más compañeres, llamar a reuniones y asambleas por efectores que pongan en pie organizaciones de trabajadores sin distinción de escalafón ni profesión, para reclamar por todos nuestros derechos.

 

 

 

 

También te puede interesar:

Frente a los ataques Milei y Macri a la educación, y contra el silencio cómplice de UTE y el peronismo.
Este miércoles 3 de junio se desarrollarán las elecciones a Junta Interna.
Se dejó sin efecto el permiso otorgado para la explotación privada del polideportivo.
Con lo justo, se impuso Marcelo Culotta, en medio de un club acechado por los privatistas.
Sectores oficialistas lanzan una campaña contra los estudiantes que reclaman presupuesto para la educación.
25/06/2020 | 1599

Organicemos los reclamos de los trabajadores de la salud bonaerense frente a la pandemia

Las conducciones sindicales se integraron a la política de ajuste del gobierno.

El crecimiento exponencial de contagios de Covid-19 en los últimos días, en especial en la provincia de Buenos Aires y en la CABA, volvió a poner sobre el tapete la situación del sistema sanitario y de los trabajadores de la salud.


En todo el Área Metropolitana y La Plata se percibe cada vez más cerca la tendencia a la saturación y el colapso del sistema saitario. Los 78 hospitales bonaerenses se encuentran en situación precaria desde antes de la pandemia, varios en estado “de demolición” según las propias autoridades. Esto se agrava si tenemos en cuenta la escasez de camas de terapia intensiva y de respiradores, lo que echa por tierra el cuento de que con la cuarentena los hospitales tuvieron tiempo de reacondicionarse.


La provisión de EPP es a cuentagotas y de mala calidad. Las licencias al personal que forma parte de los grupos de riesgo son negadas y ya tenemos varias muertes evitables por este motivo, como es el caso de María Esther Ledesma, trabajadora del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora que murió por coronavirus luego de pedir seis veces infructuosamente su licencia. Esta situación se agrava teniendo en cuenta el alto índice de contagios en el personal sanitario.


La enorme mayoría de los trabajadores de la salud se encuentra con salarios debajo de la línea de la pobreza, lo que lleva al pluriempleo para llegar a fin de mes. Las paritarias están cerradas, para evitar discutir aumentos y actualizaciones salariales mientras decretan el pago del aguinaldo en cuotas.


Como si esto fuera poco, hay que agregar la falta de cobertura de vacantes, la apertura de nuevos cargos y el crecimiento de la precarización: residentes sin ART, vacaciones ni derechos elementales; trabajadores de cocina, seguridad y limpieza (altamente expuesto al contagio) tercerizados en la mayoría de los hospitales; exclusión de insalubridad para enfermería y diferenciación paritaria para la actividad.


El uso de los recursos públicos define la orientación de clase de los gobiernos. En la provincia de Buenos Aires, mientras el tan anunciado bono de $5.000 no lo cobran todos los trabajadores de salud y se amenaza al Instituto de Previsión Social, Kicillof utiliza los fondos de IOMA para el salvataje de las clínicas privadas, que viven de hacer jugosos negocios con la obra social bonaerense y aumentando el costo de las prestaciones. El gobernador replica la política de Alberto Fernández, que saquea la Anses para subsidiar a las patronales y destina el ahorro nacional al pago de la fraudulenta deuda pública -mientras el sistema sanitario hace agua por todos lados-, suspende la movilidad jubilatoria, congela paritarias y fracciona el aguinaldo de los estatales.


Abramos el debate


Las direcciones sindicales de los trabajadores de la salud bonaerense, Salud Pública, ATE y Cicop, se han integrado a la política ajustadora del gobierno a través de los comités de crisis, organismos que en los hechos se limitan a administrar la escasez. En estos comités, las reivindicaciones más sentidas de quienes realmente ponen el cuerpo en primera línea de combate al virus no son tomadas en cuenta y se continúan convalidando protocolos muy por detrás de la situación por una simple razón: los materiales no alcanzan para todos.


En definitiva, los comités de crisis se limitan a gestionar la escasez de recursos y no están pensados para dar respuestas a las necesidades de los trabajadores. El Estado y las direcciones de los hospitales los emplean como mecanismo de cooptación y regimentación. A modo de ejemplo, ninguna de las direcciones sindicales se ha pronunciado contra la media sanción de ley de telemedicina recientemente sancionada en la Cámara de Diputados.


Desde Tribuna de Salud impulsaremos un debate entre los trabajadores de los hospitales y centros de salud. Lo consideramos necesario porque estamos en la primera línea de combate frente a una pandemia que cuenta con mas de 466.000 muertes en todo el mundo, en su inmensa mayoría pertenecientes a las clases trabajadoras.


Planteamos la necesidad de poner en pie comisiones de seguridad e higiene electas en asambleas y con mandatos revocables, de todos los trabajadores de los hospitales y centros de salud independientemente de su afiliación sindical y tareas laborales. Con funcionamiento democrático para discutir nuestras reivindicaciones y resolver las medidas necesarias para satisfacerlas. Testeos semanales a todo el personal de salud, EPP para todos los trabajadores, licencias para el personal en grupo de riesgo, aumento de salario hasta que ninguno quede por debajo a la canasta familiar, no al pago del aguinaldo en cuotas, pase a la carrera profesional de Enfermería.


Las organizaciones sindicales deben romper su integración al Estado y fortalecer la organización independiente de los trabajadores. Nuestras condiciones de trabajo, aún más cuando nuestras vidas están expuestas, no pueden estar sujetas a un plan económico que frente a una crisis sanitaria mundial prioriza el pago de la deuda al capital financiero.




 

También te puede interesar:

Este miércoles 3 de junio se desarrollarán las elecciones a Junta Interna.
Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
25/06/2020 | 1599

El “banderazo” viene de adentro del gobierno

El sábado 20 se produjo el llamado “banderazo”, que no fue un homenaje a la enseña nacional ni a su creador el día que se cumplía el segundo centenario de su muerte. Fue propiciado y organizado fundamentalmente por las organizaciones capitalistas del campo agrupadas en la llamada Mesa de Enlace, incluida la Federación Agraria Argentina, para rechazar el intento de expropiación de Vicentin que había anunciado Alberto Fernández -cabe recordar que fue siempre planteada por el presidente como un salvataje, solo apuntaba a una parte de los negocios del grupo e implicaba un pago a los vaciadores al mejor estilo de la “estatización” de YPF.


El banderazo fue convocado para un día después de que el propio presidente aceptara la variante planteada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de una intervención acordada ante la justicia con el objetivo de rescatar la empresa, llevada a la quiebra por el grupo Padoán-Vicentin.


La movida del 20 apunta a que la salida, aun no resuelta por la justicia, deje la injerencia estatal limitada a establecer los recursos para el rescate de la empresa sin que esto implique un avance sobre los derechos capitalistas de propiedad, ni en Vicentin ni en ninguna otra empresa que deba ser rescatada en un cuadro donde las quiebras afloraran por decenas. No por nada se presentó la jornada como el levantamiento ciudadano en defensa de la propiedad privada.


Todo esto revela desde ya que la suerte de Vicentin no está aún resuelta y que puede todavía correr mucha agua bajo el puente.


Lo cierto es que el gobierno dio marcha atrás, en los hechos, a la intervención (el proyecto de ley no llegó al Congreso, ni se lo conoce) y Alberto Fernández se acopló al plan Perotti.


¿Qué llevó a Alberto Fernández a abandonar el planteo de la expropiación?


Según algunos medios, que hicieron del rechazo al DNU presidencial y al proyecto de ley nonato para que el Estado se quedara con Vicentin una causa propia, como es el caso de Clarín, La Nación e Infobae, Alberto Fernández habría sido derrotado por la magnitud del rechazo a la “126” (así bautizaron el proyecto oficial) que las organizaciones del campo supieron organizar, o sea que habría sufrido la misma suerte que el gobierno de CFK con la 125 en 2008 cuando fracasó en el Senado en la aprobación de la resolución que aumentaba las retenciones a la actividad agropecuaria. Habría que recordar que Fernández, Alberto, en ese entonces estuvo entre los que la rechazaron.


Presentar al banderazo como “histórico” (La Nación), cuando su adhesión fue raquítica, sobre todos en las ciudades, para emparentarlo con las movilizaciones multitudinarias contra la 125 tiene el evidente propósito de que quede claro que la burguesía está dispuesta a marcarle la cancha al gobierno. No sería la primera vez: el impuesto a las grandes fortunas junta polvo en los cajones del congreso; la “idea” de Fernanda Vallejos de sumar al Estado como socio de las empresas a las cuales les da asistencia no llegó siquiera a cobrar forma, y la “soberanía alimentaria” que justificaba la expropiación de Vicentin quedó pérdida mucho antes del plan Perotti. Tampoco es necesario recurrir a grandes movidas populares para ello, basta con retener los dólares de la soja para forzar una devaluación, fugar capitales, etc., sin olvidar que son el vehículo de las presiones de los fondos de inversión para que el gobierno mejore (o sea empeore para la Argentina) la oferta de arreglo de la deuda. La clase capitalista tiene una larga práctica en estos menesteres.


La oposición patronal de derecha (Cambiemos) pretende colgarse del rechazo a la expropiación de Vicentin para darle una representación política, cree encontrar una brecha para recuperar un protagonismo perdido. Pero la representación de los intereses del “banderazo” está dentro de la propia coalición gobernante.


Recalculando


A partir del momento en que Alberto presentó el plan de expropiación (para “rescatar a la empresa”) rodeado del futuro interventor y de la senadora camporista por Mendoza, Fernández Sagasti, el operativo para desarmar la iniciativa expropiadora, incluso en su versión más light, se puso en marcha desde las mismas filas del oficialismo.


A la cabeza estuvo abiertamente el gobernador santafesino, pero contó con el apoyo de Schiaretti, Sergio Massa y, según algunos medios, hasta del propio ministro de Agricultura, que junto a Martín Guzmán reconocieron desconocer previamente la iniciativa. Hay que destacar que la defensa acérrima de la expropiación quedó en sectores marginales del oficialismo. La posibilidad de que el proyecto fracasara en el Congreso porque el oficialismo no juntaba a su propia tropa cada vez era mayor.


La decisión de acatar con tanta rapidez la resolución de un desconocido juez del norte de Santa Fe solo se entiende porque para el propio Fernández esta es un salvavidas para evitar recular y enterrar él mismo su anuncio (estallando así una crisis abierta  por el propio gobierno y para más en el medio de la negociación de la deuda). La burguesía no lo hubiera tolerado porque necesita que el gobierno llegue con rapidez, a cualquier precio, a un acuerdo con los bonistas que le abra el mercado de capitales para volver a endeudarse.


La idea de que Alberto se apresuró a lanzar la expropiación acicateado por CFK, que quería impedir que Vicentin pasara a un grupo guiado por Manzano, cobra fuerza; el carácter de una conducción bicéfala del gobierno ha vuelto a ser puesta de manifiesto y revela que el gobierno se maneja con una cuota de fuerte improvisación y sometido a las presiones que trasmiten los propios integrantes de la coalición oficial.


Las “banderazos” opositores y oficialistas tienen también otro sentido. La quiebra del Grupo Vicentin sacó a luz un manejo cuasi mafioso de la principal actividad económica del país (la agropecuaria) y no solo eso sino también el manejo del sistema bancario y sobre todo del Banco Nación. Créditos discrecionales, contrabando, fuga de divisas, especulación para establecer el valor de la moneda (devaluación), acaparamiento de productos y por supuesto una alta cuota de superexplotación y abusos sobre los trabajadores, es lo que sucede con la riqueza que se produce en el país y a la cual los gobiernos nos llaman a defender aun a costa de la propia miseria del pueblo argentino. Todo esto abonado por el control de los puertos y por el sector más vital del comercio exterior del país.


La política del Partido Obrero y el Frente de Izquierda


¡Qué oportunidad para meter la mano, destapar la olla y proceder en consecuencia! ¿No corresponde ir en una investigación a fondo, abrir los libros y echar luz sobre el negocio de la actividad agroexportadora?, ¿no se impone como salida establecer un monopolio estatal sobre el comercio exterior y el mercado de divisas, dejar sin efecto la privatización de los puertos, para saber qué entra, qué sale, en qué condiciones y a qué precios? Hacer público este negociado es fundamental para desarrollar una salida para el país de acuerdo a los intereses generales. Los gobiernos que se han venido sucediendo, incluso de diferentes signos políticos, abonaron el robo de las riquezas. En esto no ha habido grieta.


En ese sentido se orienta la política del FIT: expropiación sin pago de todos los activos del Grupo, abrir los libros de Vicentin, investigar todo el manejo, lo que va a dejar al descubierto una larga fila de fraudes, poner todas esas medidas bajo el control de los trabajadores. Esto está plasmado en el proyecto que presentaron los diputados del Frente de Izquierda Romina Del Plá y Nicolás del Caño. Los trabajadores tienen que intervenir con un planteo propio, los “banderazos” opositores u oficialistas no los representan y significan un hundimiento aun mayor de las condiciones de vida de la mayoría del pueblo.




 

También te puede interesar:

Rodolfo Aguiar de ATE Nacional mantuvo una reunión con Sergio Massa en la que coincidieron en "convocar un debate sobre una nueva estatalidad”.
La perdida acumulada y el nuevo fallo que declara inconstitucional la reforma del Frente de Todos.
Ante el derrumbe político y moral del peronismo, construir una alternativa política de la izquierda y los trabajadores. Escribe Gabriel Solano.
24/06/2020

Salta: la Corte falla contra los vecinos que luchan contra la instalación de Austin Powder

La multinacional fabricará nitrato de amonio que se usa como explosivo en la minería

La Corte de Justicia de Salta, en fallo dividido, aceptó la apelación de la empresa Austin Powder que en 2014 denunció a los vecinos del sur de la provincia que, organizados en el grupo Vecinos Autoconvocados de la cuenca del Río Juramento, levantaron una carpa en el ingreso de la empresa, a la que se denominó “Tranquerazo”.


La empresa reclama un resarcimiento económico por el supuesto impedimento a realizar tareas, que habrían realizado los vecinos que luchan contra su instalación. Sin embargo la empresa llevó adelante sus tareas ingresando al predio por otros lugares e incluso violentando alambrados y tierras de una de las integrantes de la lucha, que fue intimidada por falsas denuncias de la empresa.


Austin también reclama un resarcimiento al Estado por no haber reprimido la protesta de los vecinos para impedir la instalación de la carpa.


En el año 2017, cuando los vecinos recién pudieron intervenir frente a la demanda de Austin, el abogado de estos, consiguió un fallo de primera instancia que otorgó la caducidad de la instancia.


La empresa apeló el fallo y la cámara civil a la que llega la apelación se declara incompetente, por lo que la causa va a la Corte. Esta acepta la incompetencia y rechaza la caducidad de instancia, a pesar de que Austin incumplió sistemáticamente los plazos legales, dándole la posibilidad de seguir la demanda contra los vecinos.


Austin y el abogado de Blaquier


El fallo de la Corte se produjo el primero de junio pasado, cuando el pliego del abogado de Blaquier, Horacio Aguilar, estaba en tratamiento en el Senado para dictar acuerdo o no a su postulación como miembro de la Corte.


Horacio Aguilar comparte su estudio jurídico y es socio de Eduardo Aguilar, abogado representante de Austin Powder.


Este fallo no es fruto de la casualidad. Horacio Aguilar recibió el acuerdo del senado el 11 de junio y juró como miembro de la Corte el 16.


Aguilar no solo llega a la Corte para darle al gobernador Gustavo Sáenz una justicia que le garantice impunidad sino también para aceitar los negocios de los grupos empresarios.


Recordemos que Aguilar, además, tiene vínculos personales y políticos con el exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien otorgó a Austin un multimillonario subsidio estatal a la provisión de gas natural, que es la materia prima del nitrato de amonio.


Defendamos a los vecinos que luchan


Las denuncias de los vecinos del sur provincial (El Galpón, Metán y J.V. Gónzalez) deben ser acompañadas por toda la población.


Ellos denunciaron la posible contaminación ambiental, la cual ya puede verse con la muerte de patos en las piletas de la empresa. También señalaron que la planta se iba a construir con material obsoleto, que ya había sido rechazada en Bolivia por este tema. Dos accidentes, con graves consecuencias para algunos trabajadores, les han dado la razón también en este caso.


Pero los compañeros también han advertido la peligrosidad que implica la acumulación de nitrato de amonio y su traslado. Hay más de un antecedente de voladuras de plantas de producción y de camiones.


Sin dudas este fallo busca amedrentar a los que defienden el ambiente contra las multinacionales, de manera directa a los vecinos del sur de Salta, pero por elevación a todos los movimientos ambientalistas que se han ido organizando a lo largo y ancho del país.


Desde el Partido Obrero seguiremos acompañando todas las instancias de lucha de estos compañeros como la que realizarán este jueves 25 en la plaza 9 de Julio en la ciudad de Salta.




 

También te puede interesar:

Para triunfar pongamos en pie un movimiento estudiantil combativo e independiente.
Dos obreros de Aguas del Norte fallecidos y dos internados.
Sáenz quiere la re-reelección con un régimen fraudulento de partido único o bipartidismo.
24/06/2020

Coto Lanús clausurado mientras crecen los contagios

Ya hay 28 trabajadores del Coto Lanús contagiados por coronavirus, pero se espera que en las próximas horas se confirmen muchos otros con los resultados de los hisopados.


La demora en concretar la clausura, que será por ahora solo de 24 horas, ha puesto en peligro la salud de decenas de trabajadores y sus familias. El mercado siguió abriendo hasta las 13 h de este miércoles 24 a pesar que ya se conocían muchos contagios en los diferentes de sectores de esta sucursal.


La empresa ocultó los primeros casos detectados hace tres semanas aproximadamente para evitar el licenciamiento del personal que mantuvo contacto estrecho con los compañeros con Covid-19, lo que generó la expansión del virus. Luego el municipio que lidera el macrista Grindetti se limitó a clausurar el sector de producción y carnicería, manteniendo abierto el mercado. Los escándalos que se conocieron a posteriori colocaron a Coto en todos los medios de comunicación, con la viralización de un video que tiene a Eduardo Búfalo, mano derecha de Alfredo Coto, como protagonista de amenazas para evitar la clausura, cosa que al menos logró demorar. Por otro lado, se conocieron denuncias de trabajadores con coronavirus tirados durante 48 horas en la sala de espera del hotel del sindicato de comercio abandonados por la ART Federación Patronal y la obra social Osecac.


Kicillof y Fernández al tanto de este escándalo público no tomaron ninguna medida para acelerar la clausura y desfinfección del hipermercado, actuando en tándem con Grindetti. Todos ellos vienen avanzando contra la cuarentena, habilitando centenares de fábricas y lugares de trabajo, siendo este el principal factor de propagación del virus. Mientras reconocen que vamos a un colapso de las camas de terapia intensiva, no quieren afectar los intereses capitalistas poniendo en cuarentena a sectores industriales y rubros de la economía que nada tienen de esenciales.



La clausura de Coto Lanús llega tarde con un desastre sanitario del que aún no conocemos el alcance, que afecta a trabajadores y a familiares de ellos. El objetivo patronal de continuar facturando expone la salud de los trabajadores.


En este cuadro hay que reclamar la cuarentena obligatoria por 14 días para todo el personal con pleno goce de salario, y el testeo para todos ellos y sus familias, así como la desinfección completa de la sucursal.


Deben conformarse comisiones de higiene electas por los trabajadores para que verifiquen el cumplimiento de las medidas sanitarias, y defina frente a la confirmación de contagios, que compañeros deben ser licenciados por mantener contacto estrecho. Por otra parte, que se disponga el lugar de trabajo para mantener las distancia social que en Coto Lanús no se cumplía.


Por último, hay que reclamar el pago del bono en efectivo, y no con voucher para ser canjeado en Coto, y que se pague el salario completo a los trabajadores licenciados por presentar factores de riesgo.



 

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
24/06/2020

Legislatura salteña: centro de detención clandestino

Censuraron al diputado del Partido Obrero cuando denunciaba casos de tortura en la Legislatura Provincial.

Claudio Del Plá, diputado provincial del Partido Obrero en Salta

En el marco de la sesión de la Cámara de Diputados de Salta, de este martes 23 de junio, impidieron al diputado del Partido Obrero, Claudio Del Plá, completar el informe de la Comisión de Derechos Humanos de un hecho escandaloso sobre gravísimos atropellos a los derechos humanos por parte de la policía.


En manifestaciones, retomó para repudiar que se lo censuró cuando denunciaba casos de torturas, ¿qué es más grave? ¿un policía que tortura o un diputado que le tapa la boca a otro diputado que denuncia la tortura? Habría que ver y poner en la balanza.


Leyó un breve fragmento de la denuncia presentada en el juzgado por el abogado de los siete remiseros presos que protestan en defensa de sus puestos de trabajo:


“La policía detuvo a siete de los manifestantes quienes fueron gravemente golpeados, (como consta en el control de legalidad del expediente que se ofrece como prueba), una vez detenidos fueron trasladados al interior de la legislatura provincial usándola como centro de detención clandestino, en donde los mismos fueron golpeados y insultados por la policía, surge de la declaración de los imputados en el legajo que se ofrece como prueba que el Sr. Carabajal perdió el conocimiento producto de la salvaje golpiza sufrida, y que el Sr. Vega era golpeado por tres policías mientras los demás detenidos le rogaban que no lo golpearan más, asi mismo el Sr. López Fernando Daniel le rogaba a la policía que lo tratara con más cuidado porque se encontraba rehabilitándose de una operación en las vértebras identificadas C6, C7 a lo que la Policía siguió maltratándolos”.


(…)


“Asimismo es de público conocimiento que un miembro de la Policía de Salta, amenazó a una persona que se encontraba grabando diciéndole textualmente ‘TE VOY A ARRANCAR LA CABEZA’ dicha conducta encuadra perfectamente con el delito de amenaza contemplado en nuestro C.P. y que dicho personal policial es custodio personal del Sr. Vice Gobernador de la provincia de Salta ya que el mismo lo reconoció en innumerables reportajes, por lo que pido se cite a dar declaración testimonial al Sr. Vice Gobernador de la provincia de Salta a los fines de que identifique a su custodio”.


Estos son tramos de la denuncia presentada por el abogado defensor de los siete remiseros que siguen presos, aunque seis de ellos están con prisión domiciliaria. Se les adjudican causas como “coacción agravada” en los términos del artículo 149 inciso b del Código Procesal Penal de la Nación Argentina ­­­–con una condena de 5 a 10 años de prisión.



Del Plá denunció que es un antecedente extremadamente grave la represión policial adentro del recinto de la Legislatura provincial y el hecho de amenazas que, están publicadas en las redes sociales, del custodio del vicegobernador; pero, aún más grave, es la criminalización de la protesta social. Además, reflexionó que, si cada medida de fuerza de los trabajadores va a ser encuadrada en el delito de coacción y no del ejercicio legítimo del derecho a peticionar y manifestarse en una época de quiebras, de crisis social fenomenal donde los conflictos se van a multiplicar, “estamos dando vía libre a ponerle mordaza al derecho de los trabajadores a manifestarse, y es un hecho absolutamente grave que esta legislatura debería repudiar y no censurar cuando se denuncia”.


Por último, planteó que, en la próxima sesión, se lean de principio a final cada uno de los testimonios de Rosario de la Frontera, y los dictámenes de minoría y de mayoría de la comisión ya que la cámara votó ­­­–ante las numerosas denuncias contra la policía­­­– que se constituya la Comisión de Derechos Humanos en Rosario de la Frontera.


Existe un operativo de represión sistemática por parte de la policía, que solo puede entenderse por el amparo e impunidad garantizada por el poder político. Desde el Partido Obrero, vamos a amparar a las víctimas y a contribuir a desarmar un entramado político policial que atenta contra la seguridad de los ciudadanos y castigar a los responsables políticos e individuales de estos hechos.




 

También te puede interesar:

Para triunfar pongamos en pie un movimiento estudiantil combativo e independiente.
Dos obreros de Aguas del Norte fallecidos y dos internados.
Sáenz quiere la re-reelección con un régimen fraudulento de partido único o bipartidismo.
24/06/2020

Trabajadores de Carrefour Martín Coronado protestan ante sospecha de Covid-19 e incumplimiento de protocolo

En la mañana de hoy se conoció un caso sospechoso de Covid-19 en la planta de Carrefour de Martín Coronado, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Tal como viene haciendo, la empresa no tomó ninguna medida sanitaria ni de aislamiento.


Ante la desidia de la patronal, que pretende ocultar el caso y obliga a sus empleados a seguir en sus funciones como si nada pasara, los trabajadores tomaron medidas exigiendo la implementación inmediata del protocolo.




Esta grave situación se enmarca en un cuadro de contagios masivos entre los empleados de comercio, principalmente de los supermercados, cuyas patronales han incrementado sus ganancias de manera exponencial durante la pandemia. Carrefour es una de las cadenas con más contagios, como fue denunciado en la jornada de protesta que tuvo lugar en diferentes sucursales en el día de ayer.


Contra estos atropellos, la Agrupación Naranja de Comercio reclama que se realicen testeos masivos del personal en contacto con el público; la puesta en pie de comisiones electas en asamblea para garantizar la implementación de protocolos frente al Covid-19; además del pago de un bono de $20.000 para todos los trabajadores de Comercio y jornadas de seis horas por insalubridad en supermercados.



 

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
24/06/2020

El 25 y 26, paran en Santa Fe las seccionales docentes opositoras

Contra el ajuste del gobernador Perotti y la tregua de Sonia Alesso, conducción de Amsafe provincial.

Luego de convocar a plenarios de delegados y otras instancias deliberativas, con votación electrónica de por medio, las seccionales de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) opositoras a la conducción provincial burocrática que encabeza Sonia Alesso resolvimos impulsar de manera coordinada un “apagón virtual” y paro de actividades. Las seccionales de Rosario, General López y Belgrano pararán 48 horas, los días 25 y 26 de junio, mientras que la del departamento Caseros comenzó la medida el día 23, por 96 horas.


En el caso de Amsafe Rosario, se trata de la segunda medida de fuerza de estas características luego de un primer paro virtual el 14 de mayo.


Pasada ya más de la mitad del 2020, Santa Fe y Chubut son las únicas provincias que no contaron con una actualización salarial para este año. El gobernador santafesino Omar Perotti levantó ilegal y unilateralmente la paritaria de docentes y estatales, congelando los haberes de activos y jubilados al mes de diciembre de 2019.


La pandemia no hizo más que agravar el cuadro de crisis educativa preexistente, en una provincia donde la ministra de Educación -pro clerical y privatista-  Adriana Cantero y Perotti le declararon la guerra a la docencia desde el día uno de su gobierno.


La exigencia de la reapertura de la paritaria, que encabeza la convocatoria al paro, plantea la unificación de los reclamos de los diversos sectores de la docencia. Desde el salario de emergencia y la continuidad de la obra social para reemplazantes, la conectividad y los soportes tecnológicos para docentes y estudiantes, las defensa de las condiciones de trabajo contra la “virtualización forzosa”, la defensa del 82% móvil y el reclamo contra los brutales descuentos en los haberes por el impuesto a las ganancias, hasta la garantía alimentaria para las comunidades educativas. Y por supuesto, el aumento salarial.



Sonia Alesso, ministra sin cartera de Perotti


En lo que va de la pandemia, la conducción de Amsafe provincial (Lista Celeste) ha convertido al sindicato en una secretaría más del Ministerio de Educación, dedicándose a cogestionar la crisis educativa con el gobierno de Perotti y colocando en cuarentena los reclamos de la docencia santafesina.


Al ataque de la ministra Cantero al paro virtual realizado en su momento por Amsafe Rosario, se suma ahora la conducción de Sonia Alesso, que en comunicado salió a deslegitimar la medida impulsada por las seccionales opositoras que, junto al paro deliberado y resuelto entre el conjunto de la docencia, reclaman la urgente convocatoria a una asamblea provincial.


La burocracia de Ctera, que se reunió de espaldas a los docentes con el ministro nacional de educación Nicolás Trotta, pretende vender  que una convocatoria a asamblea provincial es un “llamado a romper la cuarentena”. Mientras que en Santa Fe se produce un aumento de los contagios resultante de la liberalización de la actividad capitalista que permitieron los gobiernos, la burocracia, que no ha hecho nada contra esta orientación para proteger a los trabajadores durante la pandemia, finge estar preocupada por cuestiones sanitarias. Si se trata de preservar la salud, existen numerosas formas de cuidar a los representantes gremiales que participarían de dicha asamblea -por ejemplo, combinando la modalidad virtual con la presencial y preservando el distanciamiento, tal como sesiona actualmente el Congreso de la Nación.


Pero no creemos en el embuste de Alesso, quien viene de declarar en un plenario de delegados seccionales de Amsafe que “estar en la calle hoy es ser funcionales a la derecha anticuarentena”. Es decir, que la docencia tiene que subordinarse a la paz social que necesita Fernández para negociar el pago de la deuda y el apoyo del FMI sin chistar, mientras ve cómo sus condiciones de vida se van al tacho. Esta rendición de una burocracia integrada al Estado es funcional a que los gobiernos descarguen la crisis sobre la espalda de los trabajadores y está redundando en la desafiliación de compañerxs de Amsafe, en aquellas seccionales donde la Celeste es conducción.


Impulsemos el paro del 25 y el 26 y vamos por un plan de lucha


El gobierno provincial condiciona la paritaria a la vuelta a clases, que no tiene las mínimas garantías sanitarias. Lejos de aprovechar el tiempo ganado durante el confinamiento para avanzar en un plan de obras que refaccionen las escuelas, para ponerlas a punto de la nueva realidad -garantizando que haya agua y estufas, baños limpios y con jabón, desdoblamiento de cursos e incorporación de nuevo personal docente- Perotti y Cantero, con la completa complicidad de la burocracia de Amsafe, aprovecharon la cuarentena para procesar un ajuste en regla. Por caso, retrocediendo del escalafonamiento 2020 al vigente en 2019, dejando por esa vía a miles de docentes ingresantes fuera del sistema educativo.


Desde la agrupación Tribuna Docente llamamos a toda la docencia santafesina a impulsar el paro virtual convocado por los departamentos opositores del sur para el 25 y 26. Exigimos la inmediata convocatoria a asamblea provincial y llamamos a las comisiones directivas de lucha de nuestro gremio, a delegadxs, activistas y a toda la docencia predispuesta a luchar.

También te puede interesar:

Siete maestras fallecieron un 27 de mayo de 2013. El siniestro puso de manifiesto las precarias condiciones laborales del sector.
Asumió la Lista Multicolor la minoría en la Comisión Directiva del Suteba Ensenada.
No alcanzaron los votos del congreso para el paro de 48 hs. Se impulsan nuevas acciones de lucha.
Hay “motosierra”, pero solo nacional.
24/06/2020

La Plata: algunas conclusiones del taller “Heteronorma capitalista y disidencias”

Debates sobre ESI y literatura, hacia un nuevo aniversario de la rebelión de Stonewall.

docente de la carrera de Letras (Humanidades-UNLP) y militante de Tribuna Docente.

A días de un nuevo aniversario de la rebelión de Stonewall, se realizó el martes 23 en La Plata el taller-debate “Heteronorma capitalista y disidencias”, organizado por la Agrupación Mariano Ferreyra de Humanidades junto a Gabriel Matelo y Andrea Krikun, docentes de la carrera de la Letras de dicha facultad. Durante más de dos horas más de 40 participantes debatieron sobre el vínculo entre heteronorma y capitalismo, las luchas políticas de las disidencias sexuales y el modo en que la literatura y el cine pueden constituir herramientas para abordar estos temas en el marco de la ESI.


El encuentro comenzó con la intervención de Gabriel Matelo, titular de la cátedra de Literatura Norteamericana, quien realizó un pormenorizado análisis del vínculo entre heteronorma, capitalismo y religión. A través de un abordaje histórico y también teórico, Matelo planteó los fundamentos “biológicos” y culturales de la constitución de una heteronorma binaria y desarrolló el modo en que en los últimos siglos esta se cristalizó en función de las necesidades de producción y reproducción del capitalismo. También analizó el rol de la familia y la religión en la consolidación de esta heteronorma binaria, y la marginalización de aquellas sexualidades que se encuentran por fuera de la misma. En relación a esta cuestión, se analizaron las características y la importancia de la lucha política de las disidencias y también la necesidad de la implementación de una educación sexual integral laica y científica.


A continuación, la docente Andrea Krikun explicó el modo en que la criminalización y marginalización de las sexualidades no heteronormativas tienen su correlato en el campo de lo simbólico a través de una representación negativa de las mismas que legitima su opresión, y propuso la utilización de materiales literarios y cinematográficos para abordar esta problemática en el aula.


Finalmente tuvo lugar el debate, en el que varios participantes intervinieron comentando y analizando textos literarios y films seleccionados en función de estos temas, y comentando también sus experiencias en el abordaje de los mismos con sus alumnes. Varias de las intervenciones hicieron referencia a la situación de vulnerabilidad actual de las disidencias en nuestro país y al abandono por parte del Estado, y señalaron la importancia de la organización para enfrentar esta situación y luchar por nuevas conquistas.


El taller constituyó el segundo encuentro de una iniciativa que tuvo su primera actividad a principios de junio para abrir el debate de cara al 3J con el taller-debate “Violencia y opresión de los cuerpos”, en el cual se abordó la problemática de la violencia hacia las mujeres a través de relatos góticos y de ciencia ficción, tomando como temas principales los femicidios y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En ambos encuentros se llegó a la conclusión de que debemos seguir organizándonos para luchar por los derechos y reivindicaciones de las mujeres y disidencias, y para lograr la implementación de la educación sexual integral en todos los niveles educativos.


Desde Tribuna Docente, Agrupación Mariano Ferreyra y el Plenario de Trabajadoras seguiremos impulsando encuentros que nos permitan a docentes y estudiantes reflexionar sobre estas problemáticas y desarrollar herramientas para realizar el abordaje de las mismas en el aula, mientras luchamos por la implementación de una ESI laica, científica y respetuosa de la diversidad, que eduque para la libertad y la igualdad.




 

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
24/06/2020

La lucha de Algodonera Avellaneda abrió un camino independiente al lobby sojero que bancan los gobiernos

Después de una semana de paro y piquete en la puerta de planta, se levantó el paro de Algodonera Avellaneda, propiedad de Vicentin S.A.I.C. Esto fue precipitado por la burocracia nacional de la Asociación Obrera Textil que en una carta sin firma enviada a los delegados desde la sede de Ciudad de Buenos Aires, declaró que acataba la conciliación obligatoria dictada… por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. El papel carnero de esta dirigencia en el conflicto es representativo del grado de descomposición de la burocracia sindical, que abandonó los reclamos de lxs trabajadores y solo intervino para ilegalizar la medida de fuerza.


Desde el minuto uno en que se declaró el conflicto, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo que dirige el “nac&pop” Roberto Sukerman se jugó a fondo en la defensa del grupo Vicentin. Decretó una conciliación obligatoria rabiosamente patronal, porque no estábamos frente a una pelea por despidos o suspensiones para retrotraer, sino frente al reclamo concreto de un bono por productividad y, de conjunto, de la pelea por una recomposición salarial de un colectivo obrero que cobra $100 la hora en un pulpo empresarial que factura 200 mil pesos por minuto.


Después de dos audiencias y una enorme movilización de las y los textiles a Trabajo, el gobierno no quiso comprometer a una patronal, que está en el centro de la escena política del país y con la que supuestamente está en pugna, a que pague un salario que supere la línea de indigencia. Luego de la última audiencia, sobre los 21 puntos del pliego que presentaron los trabajadores, Vicentin ofreció aumentar el valor de la hora de trabajo en $22 y dar una suma de mil pesos por única vez.


De las condiciones de seguridad e higiene, que empeoraron por el aumento de los ritmos de producción, tampoco hubo mejoras porque el gobierno insistió con la conformación de un comité mixto de seguridad e higiene en la planta que es ley hace años en Santa Fe y sin embargo nunca funcionó en la Algodonera. Este formato se ha convertido en un salvoconducto de las patronales para blanquear condiciones de trabajo inseguras, porque no hay poder de veto obrero sobre la producción y por lo tanto las intervenciones del gobierno, que es la tercera pata, se dan siempre sobre el hecho consumado. La cantidad de inspectores que existen, además, es bajísima.


La embestida patronal, gubernamental y burocrática, tuvo su correlato en la justicia, con una amenaza de desalojo del piquete de fábrica de parte del fiscal de Reconquista, que se hizo eco de un pedido del abogado de la patronal de dar vía “a la libertad de trabajo”. La perfidia es tan grande que la noticia tuvo trascendido mediático y llegó a oídos de lxs compañeros, que llamaron a reforzar el piquete, pero el papel legal que instaba al desalojo es desconocido por la masa de lxs trabajadores.



Perotti y la propuesta superadora


Este conflicto forma parte de un conjunto de reclamos de la clase obrera explotada por el grupo Vicentin. Se suma al reclamo de los estibadores de Terminal Puerto Rosario y de los aceiteros de San Lorenzo afectados por el impago del aumento salarial comprometido en la paritaria pasada, que carcome el salario sin vistas de solución, considerando que los 7 mil trabajadores del grupo están atravesados por la incertidumbre laboral en una empresa cuyo destino se desconoce. Frente a este cuadro la actuación del gobernador es francamente patronal.


Primero, porque públicamente ha ninguneado todos estos reclamos, sobre los que nunca se pronunció. Misma actitud intransigente tiene frente a los docentes que vienen luchando por salario de emergencia, aumento salarial y contra el descuento brutal de ganancias sobre los haberes de los jubilados; frente al paro histórico de los choferes de UTA que mes a mes deben sortear la falta de fondos para pagar sus salarios; ante los pibes de las empresas de reparto que ya tienen un muerto -en la provincia- que circulaba sin ART; ante los metalúrgicos y metalmecánicos suspendidos con rebajas salariales; frente a los ceramistas de Verbano, que ven como cierra la empresa sin que ningún estamento tome una medida; ante los desocupados, que son casi el 13% de la PEA de Rosario, que por su envergadura y ante estos datos se ha convertido en la capital del desempleo de nuestro país. Según informó Santiago Cafiero, 6 de cada 10 adultos, pidieron el IFE en Santa Fe.


Ante este panorama, Perotti se reunió hoy con la mesa chica de Vicentin para garantizar un camino que evite la expropiación de la empresa. El punto de la discordia es el manejo del directorio, porque los accionistas principales que desfalcaron el préstamo del Banco Nación y a 2.300 productores se niegan a entregar las riendas –así sea formales- de la empresa. Como dijo el presidente Fernández el gobierno no puede permitirse esta “desprolijidad” porque si la expropiación queda en la lírica, por lo menos debe presentarse cierto saneamiento desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción. Que el patrimonio de los Vincetin-Padoán-Nardelli no quiere afectarse, lo demuestra la denuncia que se conoció en estos días de los movimientos financieros bajo la figura de “donaciones” que están haciendo los principales accionistas, mediante los cuales están vaciando el patrimonio de la empresa. Una denuncia sorprendente que realizó el gobierno de Santa Fe pero que no implicó ninguna medida para inmovilizar esos fondos.


Por una salida independiente al lobby sojero


Recientemente, la Federación Aceitera junto al Soea (Sindicato Aceitero de San Lorenzo) -enfrentados por la denuncia cierta de la Federación sobre los desmanejos burocráticos del Soea- presentaron como un acuerdo histórico una posición común en apoyo a la intervención del gobierno y al planteo de la estatización.


El planteo se inscribe en la solicitada que sacaron diversos sindicatos y partidos integrados al Frente de Todos en apoyo a la actuación del gobierno en relación a la crisis de Vicentin. En la misma se reivindica en toda la línea lo hecho por los poderes del Estado, incluida la comisión bicameral de la legislatura de Santa Fe, sin reparar en las contradicciones existentes entre lo dispuesto por Alberto Fernández, Omar Perotti y por los legisladores, convirtiendo este pronunciamiento en un apoyo cerrado a todo el arco político gobernante de la provincia.


Estas diferencias internas se explican, a su vez, por los recules sucesivos de los gobiernos nacional y provincial en función del lobby sojero, que estuvo en los considerandos del gobierno desde el minuto uno, como lo expresa la variante de convertir a Vicentin en otra YPF. Un modelo de “expropiación” que apunta a tapar el desfalco y defender la propiedad privada de un pulpo agroexportador que se expandió tremendamente mediante la especulación financiera. En el mismo aparece la firma de la seccional Amsafe Rosario un tema que ha sido denunciado por todas las corrientes del Plenario del Sindicalismo Combativo en la Comisión Directiva, ya que dicha posición no fue discutida en ninguna reunión de comisión directiva ni en ninguna de las jornadas virtuales de las tantas que impulsan para defender los derechos laborales de lxs compañerxs. Es decir, estamos frente a la usurpación de una firma de parte de las corrientes afines al gobierno que integran esa directiva.


¿Qué piensan los reemplazantes con hambre de que Amsafe apoye a Perotti, el gobernador que no le toca un pelo de ganancias a Vicentin, Dreyfus, Cargill o Cofco, mientras ellos pelean un bolsón de alimentos en Desarrollo Social? ¿Qué piensan lxs jubilados que han sufrido descuentos brutales de miles de pesos en sus haberes mientras Boudou cobra una jubilación de privilegio por ser parte del Frente de Todos? ¿Qué piensan las compañeras de los comedores escolares expuestas al Covid y enfrentando el hambre con alimentos escasos y malos, de que su sindicato apoye al arco político que le ha dado la espalda durante todo este tiempo?


La lucha obrera de lxs trabajadores de Algodonera Avellaneda abrió un camino superador a la pelea entre buitres por el destino de este grupo que tiene de un lado al lobby sojero y del otro a los gobiernos. El apoyo de los sindicatos a la política del gobierno es una vía de derrota. Una política independiente, que enfrente el lobby sojero y el recule gubernamental, defendiendo en primer lugar las reivindicaciones obreras es el único camino posible para derrotar a Vicentin.




 

24/06/2020

Municipales de Jesús María: rechazamos los despidos arbitrarios del intendente Picat

El Sindicato de Trabajadores Municipales de la localidad cordobesa reclama la inmediata reincorporación.

Luis Picat, intendente de la localidad cordobesa de Jesús María, cesanteó trabajadores municipales contratados, a través de una supuesta no continuación de sus contratos. Se trata de despidos que dejan sin sustento a la familia trabajadora en estos tiempos de pandemia por coronavirus, e incumplen el decreto presidencial de prohibición de despidos (como viene sucediendo en numerosos sectores, con la venia del Ministerio de Trabajo).


A su vez, se procede con ellos de manera totalmente arbitraria, atentando contra el Estatuto del Personal Municipal (EPM) que dispone iniciar el correspondiente sumario administrativo. De prepo, el intendente fabricó un proceso irregular con el objetivo de imponer despidos ilegales, sin la más mínima participación de los trabajadores ni de su organización gremial, el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram).


En su línea de incumplir con los acuerdos establecidos con el Sitram, Picat desconoció los compromisos que se habían logrado para el pase a planta permanente de los trabajadores que figuran como “contratados”, pero que hace años desarrollan tareas de planta permanente.


Desde la Coordinadora Sindical Clasista exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos. El Sitram ya realizó las medidas legales correspondientes y se están organizando las acciones gremiales de manera colectiva, hasta que el gobierno reconozca los derechos de las y los trabajadores. Ningún trabajador en la calle. Reincorporación inmediata y pase a planta.




 

También te puede interesar:

Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
Al cumplirse una semana de su desaparición, fue encontraba en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
Milei, Llaryora y el intendente Passerini son responsables.
24/06/2020

Amenaza de cierre de Verbano, única productora de porcelanas en el país

Es necesaria su estatización bajo control obrero, preservando todos los puestos de trabajo.

Verbano, la única fábrica que produce vajilla de porcelana en el país, podría cerrar sus puertas definitivamente.


Como parte de una larga política de vaciamiento, actualmente sus operarios están cobrando el 50% de sus salarios -proveniente del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)- más un plus mínimo pagado por la empresa, que lo realizan según los pedidos que levanten en la fábrica, lo que va de $7.000 y $10.000 adicionales. No tienen seguro de vida ni mutual. La fábrica está funcionando con el personal de administración comercial y el de limpieza por el protocolo, pero a este le han comunicaron que no se le pagará. Según los dichos de los empresarios y jefes de Verbano, tienen material para una semana de trabajo.


Se trata de una situación es muy complicada para los 120 trabajadores que se desempeñan allí, de los cuales el 80% son mujeres, muchas sostenes de hogar -además de que en muchos casos ambos miembros de parejas trabajan en la planta. Algunas/os tienen 20 años de antigüedad.


Ubicada en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, la planta había permanecido cinco años cerrada cuando en 1995 la compró y reabrió el grupo Faiart Argentina S.A., compuesto por capitales portugueses y encabezado por el empresario Ramiro Neves Vieira (propietario y presidente del directorio portugués), junto a accionistas argentinos. Tras la muerte de Vieira, la fábrica y las inversiones se vinieron abajo; la familia Vieira decidió no invertir ni mantener la fábrica. La pandemia ha venido como anillo al dedo para este vaciamiento.


Los obreros vienen arrastrando problemas en los pagos desde hace tres años, llegando a cobrar hasta en tres veces sus sueldos y aguinaldos. En abril del 2019 comenzaron las suspensiones, con 135 operarios de producción suspendidos durante todo el mes porque la fábrica estaba sobre-stockeados. Luego volvieron a ingresar, pero lo cierto es que desde entonces se ha reducido el personal.



Dar la lucha


El sindicato ceramista no ha organizado ningún plan de lucha, y actúa como correa de transmisión de los empresarios, sosteniendo que “nada se puede hacer, no tienen plata, hay que esperar que alguien compre la empresa o inviertan nuevos capitales”. Las y los trabajadores se desgastan en este compás de espera, sin ninguna perspectiva cierta.


Pese a que la crisis tiene larga data, el Ministerio de Trabajo de Santa Fe no ha intervenido, ni tampoco lo han hecho desde ningún estamento del poder político. Cristian Martínez, segundo concejal por Cambiemos de la ciudad de Capitán Bermúdez, es segundo jefe de recursos humanos de Verbano, y primer encargado de despedir trabajadores en la ciudad.


Ante el desentendimiento de la empresa, con la complicidad del gobierno y del sindicato, cobra más valor que nunca la lucha por una salida de los trabajadores en defensa de los puestos de trabajo. Es precisa una asamblea de fábrica que vote un pliego por el pago inmediato de los salarios adeudados y en defensa de los puestos de trabajo, y exigir al gobierno provincial que avance para encontrar una salida al conflicto a favor de los trabajadores.


Planteamos la apertura de los libros al escrutinio de las y los trabajadores, la estatización sin pago de la empresa y su puesta en marcha con todos los trabajadores adentro, y bajo el control de estos. Por un plan de producción al servicio de las necesidades populares.



 

24/06/2020

El debate sobre la libertad de expresión en el freestyle

Por una cultura libre de violencias.

En los últimos días, desde un canal de YouTube (El corral de Jimmy) se ha editado y subido un vídeo donde se acusa de censura a freestylerxs como Dtoke (reconocido freestyler bicampeón de la Red Bull Nacional en 2013 y 2015, campeón mundial de la Red Bull en 2013) quien en un streaming reconoció que más allá de la técnica, por el contenido de las rimas no podría haber votado a Dozer en la edición de la Red Bull Nacional 2019. Esto sería considerado censura ya que se valoraría la ideología del freestyler por sobre su desempeño, en el marco de una disciplina que se rige por ciertas reglas técnicas.


En la edición del año pasado se encuentran en los cuartos de final Dozer (oriundo de Claypole, campeón nacional de la Red Bull 2018) versus Roma (Rosario Flores, una de las dos freestyler que consiguieron llegar a la Red Bull). Muchxs freestylers coinciden que el primer round fue parejo o incluso que se lo podría llevar Dozer por haber tenido más técnica, pero todo cambia en el segundo round, cuando el debate aborto legal o aborto clandestino se mete en el juego.


“Para vos un bebé es un esperma, para mí un bebé es una familia eterna. Mí familia me preocupo para que se duerma y vos te preocupas por abortar para abrir esas dos piernas” le tira Dozer a Roma luego de varías referencias de la joven freestyler sobre la sexualidad y la educación sexual como herramienta de conocimiento del cuerpo, no solo para evitar embarazos, sino para una vida plena.


“No sabe qué decir, aguante la maternidad. Pero es deseada o no será”, disparó la freestyler porteña tirando por el piso todos las rimas pro aborto clandestinos de su rival, en un minuto viralizado por redes sociales. Es aquí el punto de inflexión.


El freestyle se caracteriza por la libertad de expresión de los competidores cuyo desempeño no es evaluado por el público sino por un jurado que debe tomar en cuenta aspectos técnicos de sus intervenciones (flow, ingenio, puesta en escena, métricas, etc.). Incluso muchas veces se denosta los intentos con empatizar con el público como “populismo”, más cuando no se trata de posiciones que sean parte de la trayectoria de un freestyler sino solo un recurso para acallar la voz de su contrincante con la ovación de los asistentes.


Sin embargo, no se puede desconocer que la articulación de estos aspectos técnicos (imprescindibles) con ingenio, creatividad y empatía puede ser suficientes para obtener la victoria. Y es que Roma no solo consigue responder a Dozer e igualarlo en técnica, sino que logra conectar sus rimas con un movimiento en alza, como el movimiento de mujeres y disidencias, que ha movilizado a millones por el aborto legal, por educación sexual y por todas las reivindicaciones y que se hizo presente en la batalla. Es por esta conexión que el público y el jurado se vieron interpelados y dieron por victoriosa a Roma.



Si Roma hubiera carecido de técnica probablemente hubiera sido derrotada por Dozer a pesar de la justeza de sus ideas. Es que el freestyle no se dedica a premiar las ideas, ni mucho menos a jerarquizarlas, sino que aspira a potenciar la creatividad de los competidores para actuar espontáneamente con las herramientas con las que cada uno cuenta. En este punto no corresponde ninguna censura oficial a la expresión de los competidores, más bien suelen ser las condiciones históricas las que determinan una “censura off de record”, para bien y para mal, de cada participante.


Una escena machista: el reflejo de una sociedad


En una entrevista con infobae, Roma cuenta que “a los 15 años estaba en una batalla en la plaza con 9 hombres y uno de ellos me dijo en su rima que ‘me arrodillaba y les chupaba la p…. a todos’. Fue muy feo y me marcó mucho. La escena del freestyle sigue siendo machista pero está cambiando mucho y de golpe. A la gente que sigue con esas ideas les cuesta muchísimo”.


Los escenarios del freestyle estas plagados de estas escenas, cuando uno de los principales recursos es el de descalificar al oponente por su apariencia, parejas, gustos o innovaciones estéticas.


No solo es la escena del freestyle. Recordemos que al calor del Ni Una Menos y la Ola Verde más de 700 artistas reconocidas han lanzado la campaña por Mas Mujeres En Los Escenarios logrando a fin del año pasado una ley de cupo femenino en eventos musicales (que no resuelve los problemas de fondo) pero que ha venido a instalar una demanda sentida por el conjunto del las artistas del movimiento de mujeres y disidencias.


Por una cultura libre de violencias


Es en este contexto que artistas, freestyler y raperxs reconocidxs consideran ilógico que se sigan aceptando rimas que cosifican a la mujer, rimas homofóbicas, xenofóbicas, rimas que reflejan algún grado de violencia hacia las mujeres y diversidades, hacia las distintas “etnias” y pueblos originarios.


Saludamos el debate que se está dando en el movimiento y llamamos a lxs jóvenes a organizarse por una cultura, por un freestyle, sin violencias y por cada una de nuestras reivindicaciones, para tomar las riendas de una transformación social verdadera. El propio Trotsky en el “Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente”, nos deja claro que el arte en sí mismo no puede transformar radicalmente las condiciones sociales en las que vivimos. La transformación social solo puede darse actuando sobre las condiciones materiales de nuestra existencia de forma revolucionaria. Por eso, el manifiesto concluye: “La independencia del arte – por la revolución; La revolución – por la liberación definitiva del arte.”




 

En esta nota

También te puede interesar:

El trío irlandés transforma la bronca política y el apoyo a Palestina en uno de los discos más intensos y combativos de los últimos años.
Un análisis del álbum "La primera luz" (2025) de la artista chilena
Una celebración que se convirtió en una manifestación de rebeldía y conciencia colectiva.
Canciones largas, guitarras disonantes y la negativa a complacer al mercado
La voz de una generación empujada al abismo, que encontró en el metal una forma de resistir
En un país convulsionado por el ajuste y la represión, la música volvió a ser trinchera
24/06/2020

Desocupación récord en Tucumán

Los números publicados recientemente por el Indec son alarmantes. El conglomerado urbano del Gran San Miguel de Tucumán alcanzó una desocupación del 13,1% (52.000 personas) en los tres primeros meses del año, uno de los índices más alto del país -incluso por encima del Gran Buenos Aires o el Gran Rosario. Los números se tornan aún más preocupantes si se tiene presente que corresponden al período anterior a la cuarentena, y que en el Gran San Miguel está instalada la mayor cantidad de fuentes laborales de la provincia. La desocupación golpea en mayor medida a los jóvenes de hasta 29 años, que representan el 55% de los desempleados, y particularmente las mujeres jóvenes representan el 37% del total.


Además, 90.000 personas de este conglomerado urbano están en busca de empleo a pesar de contar ya con un trabajo, por los salarios deprimidos y paritarias a la baja que hacen que ninguna familia puede vivir con un solo ingreso. Incluso trabajadores del Estado, como docentes o personal de comunas y municipios, hacen doble turno en compañías de reparto a domicilio.


Durante los meses de la cuarentena la desocupación no ha hecho más que aumentar en toda la provincia. Comercios cerrados, construcción totalmente paralizada (no existe la obra pública en Tucumán), despidos en call centers, rebajas salariales en escuelas privadas y un largo etcétera de precarización laboral. La pandemia le ha servido a las patronales para saltearse las paritarias: a modo de ejemplo, cuando ya ha trascurrido un mes de zafra en la provincia recién se comienza a discutir un posible aumento salarial. En comercio y gastronómicos ocurre otro tanto, con despidos, rebajas salariales y una extorsión constante por aceptar el avasallamiento de sus derechos o ser despedidos.


Los índices elaborados por el Indec dan cuenta de una situación potencialmente explosiva entre los desocupados de las barriadas más populosas, que por supuesto se encuentran en este conglomerado urbano. La desocupación ha crecido en los barrios durante la cuarentena a niveles intolerables. Las ollas populares realizadas por el Polo Obrero recogen la creciente miseria y son un puntapié para la organización de los desocupados. El gobernador Juan Manzur se prepara para un aumento de la conflictividad, y por eso le ha pedido al gobierno nacional que el Ejército vuelva a actuar en estas barriadas, para el amedrentamiento de los más necesitados.


Las patronales y el gobierno buscan valerse de la cuarentena para imponer una reforma laboral de hecho tanto en el sector público como en el privado, con miles de despidos, mayor precarización, aguinaldo en cuotas y paritarias congeladas. Esta ofensiva debe ser contrarrestada con la organización y lucha independiente, que es el camino que mostraron las acciones del Plenario del Sindicalismo Combativo en Tucumán el 16 de junio, en el marco de la jornada nacional de lucha. Intervengamos para que la crisis no la paguemos los trabajadores.



 

También te puede interesar:

En “la Argentina de Milei” no hay trabajo para nadie.
También aumentaron el endeudamiento y la caída en las ventas. Las consecuencias de la política de Milei y Llaryora.
El ajuste económico, la pobreza y los negocios promovidos en salud impiden el acceso de las familias a la cobertura médica.
Reunió a organizaciones piqueteras, movimientos sociales, sindicatos y diputados de distintos bloques
La cuestión social en la Argentina siempre ha sido motivo de controversias. Escribe Eduardo Belliboni.
24/06/2020

“Los sectores de poder ven que Alberto habla de ‘miserables’ pero después firma los despidos”

Las definiciones del periodista Diego Genoud (LetraP, El Canciller), entrevistado para el ciclo de Instagram Live de Prensa Obrera.

Este martes 23 G.L. entrevistó para Prensa Obrera al periodista Diego Genoud, que actualmente escribe en LetraP y El Canciller. La entrevista tocó los principales temas de la situación política nacional, analizó el presente y futuro del gobierno de Alberto Fernández,  la heterogeneidad del Frente de Todos y las perspectivas de la oposición, y habló sobre la realidad social y los “ganadores y perdedores” de la cuarentena. La entrevista completa puede verse en el video adjunto; en este artículo volcamos un resumen por escrito.

Tras conversar sobre el newsletter informativo de política y economía en diez puntos, que Genoud escribe cada mañana para El Canciller –un formato que se ha popularizado en los últimos meses, y en el que ha sido pionero-, la entrevista comenzó formalmente con un intercambio sobre la situación de la pandemia y la imagen presidencial.

G.L.: Cuando empezó todo la imagen de Alberto Fernández ‘volaba’, pero comienza a haber una erosión de eso, de la “unidad nacional”. ¿Cómo la ves?

D.G: Creo que pasan dos cosas: por un lado, la prolongación del encierro. Y, por otro lado, algo que es más propio del gobierno por fuera de la gestión de la crisis sanitaria, que es el ir dilatando las definiciones y la resolución de determinados conflictos. La pandemia es muy específica, pasa en todos lados, tiene costos en todos los niveles, pero se conjuga en Fernández con cierta confusión en el mensaje que baja, de que “vamos para adelante” pero “vamos para atrás”. Para mí hay una crisis muy profunda a nivel económico, que me preocupa más: ahí sí el gobierno hace agua, en cómo hacer frente a sus consecuencias. Excede al gobierno, pero ahí lo veo con mucha dificultad a la hora de tomar alguna determinación que afecte intereses. En el marco del consenso hay apoyo del establishment, pero cuando quiere poner algún límite o repartir un poco más los costos y que no sea todo el Estado, queda empantanado.

 

 

 

Los retrocesos del Gobierno

Este ir para adelante y para atrás, ¿es intencional o le van poniendo un freno?

Alberto Fernández alguna vez dijo “van a encontrar en mí medidas ortodoxas y heterodoxas”, y hoy no sabe bien hacia dónde quiere avanzar. Obviamente, no es el gobierno de Macri pero no está muy claro hasta dónde está dispuesto a avanzar con un rumbo heterodoxo.  Desde el primer paquete que lanza, la Ley de Solidaridad, había un ajuste fuerte que luego la pandemia hizo volar por los aires. Obligó al Estado a emitir, a tomar decisiones, a intervenir. Y ahora no está muy claro hasta dónde avanzar. Le dice a los empresarios que no quiere “ideas locas”, no se sabe a qué se refiere, y después les nombra la palabra maldita: expropiación. Podría haber tenido dos presentaciones distintas del caso Vicentin: podría haber sentado a Perotti [Omar, gobernador santafesino] y a Gabriel Delgado [veedor oficial], muy bien visto por el agronegocio, a Massa, que tiene que juntarle los votos, o podría haber sentado a los trabajadores aceiteros, a los productores estafados por Vicentin. Podría haber armado una composición distinta hacia un lado y hacia el otro y se ahogó en una confusión que le trajo costos.

Vos hacés siempre referencia al empresariado como “los miserables” de los que habló Fernández, ¿eso quedó atrás, en una conferencia, o sigue habiendo una tensión?

Creo que hay un problema ahí con la palabra presidencial. Si habla de “los miserables”, pienso que después no puede no puede convalidar los despidos en el Ministerio de Trabajo, los despidos de Techint. Hay una incongruencia entre lo que pretende ser por momentos aprovechando esta crisis inédita, abrir hacia algo distinto y eso dura nada, 24 horas. Eso lastima su palabra a nivel social, a nivel de los que tienen expectativas en él. Como me dijeron hoy del propio gobierno: cuando te toman el tiempo, estás liquidado. Los sectores de poder ven que Alberto habla de miserables pero después firma los despidos. Con el fondo de no sé qué de la Uocra, lo que quieras. Cacarea pero firma. Capitula. Con la presión que ejerce una empresa como Techint, decide. Defrauda y se regala incluso en sus propios objetivos. Algunos intendentes dicen que él quiere ser un mediador entre el cristinismo y el establishment, si quiere ser eso también pierde. Le cuesta ese centro que ganó con la pandemia, con una cuestión excepcional, que le permitió laburar con Larreta, el corredor del centro, del consenso. Cuando sale de ahí, cuando vamos a las efectividades conducentes, tiene que afectar intereses, queda desdibujado.

El “les llegó la hora de ganar menos”, esas frases que quedaron en la nada, el impuesto a las grandes fortunas…

Sí, o el tema de los bancos. El ATP es el resultado de una ilusión que se derrumbó, que tenía Alberto Fernández en que los bancos hagan su aporte después de haber ganado tanto. Alguien debe estar llevando esta cuenta de estos episodios. No solo los que padecen los efectos, sino que también le están tomando el tiempo a nivel del poder.

Las “grietas” del Frente de Todos

Hablabas de la heterogeneidad del Frente de Todos. De La Cámpora al massismo, los intendentes, los gobernadores. Muchos actores. No siempre estuvieron juntos, sí todos fueron menemistas. Ahora, ¿quién ocupa el lugar de estar un escalón arriba congeniando unos y otros?

El sector más fuerte hoy es La Cámpora. En la mesa imaginaria está sentado Máximo Kirchner: es el hijo “de la Gran Electora”, está en la Cámara de Diputados. Frente a eso que es bastante sólido y lleva bastante tiempo, aparece muy endeble el contrapeso que quería exhibir Alberto Fernández en el Frente de Todos. Los gobernadores muy recluidos en las provincias. Intendentes sin demasiado peso y muchos que responden a Cristina Fernández. El sindicalismo desdibujado, firmando acuerdos con suspensiones, rebaja de sueldos del 75%, sindicalismo de la CGT, la cúpula, como una escribanía de los acuerdos que hace Alberto Fernández con el empresariado.

Que Perotti haya reclamado una salida en Vicentin y se haya enterado por los diarios habla de un peso específico escaso. Ahora lo van a buscar para que apague el incendio. Un gobernador sojero y estratégico para el plan Fernández de reconciliar al peronismo con la zona núcleo, de reconciliar con el centro, estuvo afuera a la hora de las decisiones. También sucede con [el mandatario cordobés Juan] Schiaretti. Muy fuerte es la alianza Schiaretti-Perotti que podría haber funcionado con Macri como presidente. Schiaretti fue el gran socio territorial para Macri, podría haberlo sido para Scioli o para Alberto ahora. En ese tándem que representa otro tipo de peronismo. Más parecido a una deriva posible de Fernández. Una presencia muy fuerte pero acorralados en sus provincias. No terminan de imponer un rumbo.

Llega una pregunta relacionada por Instagram: ¿cómo ves las movilizaciones del banderazo y cómo puede influir en los planes del gobierno?, ¿Cuánto de la base social de Schiaretti salió el sábado al banderazo?

Justamente, la contradicción que plantea Vicentin se mete adentro de la contradicción del frente oficialista por ser tan heterogéneo. No es una contradicción entre el peronismo y sector agrario. Es una contradicción que se expresa adentro del Frente de Todos. El banderazo es un freno que le ponen a Fernández y es también la encarnadura, así lo escribí hace un rato en una nota, la prédica vacía del antichavismo encuentra, encarna en la zona núcleo, en la patria sojera. Es un frente social empresario, no solamente un frente empresario, no solamente los poderosos, el establishment, Barrio Norte. Hay una parte importante de la argentina exportadora que ya frenó al kirchnerismo en el 2008, lo derrotó en las calles, en el Congreso, en los medios, paliza histórica y hoy otra vez le muestra los dientes. El fracaso del paro del campo pre-pandemia género una falsa idea. Se subestimó lo que puede ese sector. Frente a eso, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Veo una oposición que no duda, los que proyectaron a Macri como presidente y esperan otra oportunidad y no aparece claro lo que quiere Fernández. ¿Quiere ir a un plan de estatizaciones? ¿Quiere un acuerdo con el campo? ¿Con qué medidas? Pienses lo que pienses de Fernández, no está claro si está dando los pasos correctos para esa estrategia. Por eso lo veo complicado.

https://prensaobrera.com/politicas/el-banderazo-viene-de-adentro-del-gobierno/

 

La deuda, el FMI y quién mete el gol

G.L. y Genoud mantuvieron un extenso intercambio sobre el concepto del “plan económico” del gobierno y el tema de la deuda.

D.G: Yo veo claramente que toda la estrategia estaba en la renegociación de la deuda. En una quita más agresiva de lo que está haciendo. Todos pensaban en una quita más importante y no se pudo llevar adelante. Con bonos que ahora están subiendo y acreedores que parece doblan el brazo. Se invoca al Fondo [Monetario Internacional] como límite para no ofrecer más y es un poco peligroso decir “el Fondo no me permite pagar más”. Si le das ese lugar de autoridad al Fondo va a reclamarlo para la etapa que viene. Ahora hay mucha discusión adentro del gobierno y hay sectores que dicen que hay que gritar un gol ahora y no está claro cuál es ese gol ni hay buenas noticias. Salvo los bajos costos a nivel humano de la pandemia. Lograr un éxito es el acuerdo con los fondos [de inversión]. Hay sectores dentro del Gobierno que consideran que lo peor es el default y cualquier acuerdo es bueno a esta altura, y el problema es cómo presentarlo. Eso es lo que más complica a Cristina y a Alberto: cómo presentar un acuerdo mucho más generoso que lo que se había pensado en el arranque.

Será presentar como un gol lo que en realidad es un gol del rival. Finalmente, por bonos que valían 25 centavos de dólar hace un par de meses, van a pagar 53, 54.

Será un gol para los que reclaman a gritos firmar cualquier cosa. Hay mucha presencia de voceros locales en los medios hegemónicos. Los fondos de inversión dominan la crónica cotidiana. Si el gobierno sale del default se lo va vender a esos sectores, no a sus votantes, ni a la base de la sociedad, ni a los asalariados. No creo que pueda servir. Sí para el poder económico.

Este acuerdo, más allá de violar lo del FMI, de sustentable seguramente no tenga nada

[El ministro de Economía Martín] Guzmán en la filmina tenía la idea de bajar los intereses a 1,5%, 2%, acorde con el crecimiento que supone que Argentina va a tener en algún momento. Creo que ahí está el objetivo y no lo está pudiendo lograr. La quita de capital es simbólica, es nula. El eje es despejar el horizonte, tener un poco de aire y el tema intereses. Ismael Bermúdez lo escribe siempre: “los intereses de la deuda representan siempre una de las partidas más grandes del presupuesto”. Se va más en intereses de deuda que en el déficit previsional. Creo que es el gran problema que Guzmán quiere evitar pero no lo está logrando. Que se dilate indica que no lo está logrando.

https://prensaobrera.com/politicas/el-capitulo-decisivo-de-un-nuevo-pacto-buitre/

 

Jubilaciones y ajuste

En una nota reciente pusiste que “entre el aguinaldo y la suspensión de la movilidad jubilatoria lo que queda es el ajuste”

El tema de los jubilados Alberto Fernández lo dijo muchas veces: “la fórmula de Macri no se pudo pagar”. Más allá de la resistencia que tuvo y que era para otro país, un país imaginado por Macri de inflación cero, lo cierto es que los jubilados vienen de perder y no recuperan. Ahí hay un componente de ajuste y un problema que tiene el gobierno y cualquiera que asuma con el tema previsional. El kirchnerismo lo resolvió achatando la pirámide, como intentan hacer ahora. Hizo una redisitribucion dentro del propio sistema. Macri hizo un ajuste fuerte. La inflación se fue por las nubes, hoy los jubilados, de acuerdo a la fórmula, resistida, de Macri deberían cobrar más. Alberto Fernández dice que tiene que haber otra movilidad pero no avanza ni a nivel discusión en el Congreso. Van dos decretos y no hay noticia de la famosa nueva fórmula. No sé hasta cuándo piensa dar aumento por decreto pero por lo menos el primer año ya se lo cargó. Hay un intento de reducir el déficit fiscal, con tema intereses deuda externa, por otro lado el sistema previsional que es una gran tentación. Incluso se habla de ingreso universal y se me viene a la cabeza el ingreso por vejez, que es dar de baja las jubilaciones.

https://prensaobrera.com/politicas/rechacemos-la-nueva-suspension-de-la-movilidad-jubilatoria/

 

Ganadores del aislamiento, salarios y reforma laboral de hecho

¿Hay un fantasma asociado a las movilizaciones de diciembre de 2017 o el gobierno piensa que tiene garantizado que la rebelión popular no le va ocurrir?

El gobierno tiene posibilidad de aprobar una reforma con ajuste de haberes en el Congreso con el andamiaje de la CGT. Pero le tocó pandemia y deuda. En este momento no puede avanzar con una reforma previsional, me parece, y al mismo tiempo se consuma el ajuste a los salarios. Es un proceso donde hay ganadores del aislamiento. Los salarios, que iban a ser el motor de la recuperación según la campaña de Fernández, eso quedó archivado, sepultado por la pandemia. Hay un problema con los postulados del propio Frente de Todos: ¿cómo convalidan una reducción del 25% de los salarios, que la aprovecha todo el sector empresario y no solo las pymes, si tu idea era que el motor de la economía? Eso está liquidado. De acá salimos con una crisis que excede a la Argentina pero con sueldos más bajos, con menos empleo, con pocos sindicatos en condiciones de pelear por paritarias acorde a la inflación. Creo que [el ministro de Trabajo Claudio] Moroni es lo más menemista de la administración, no solo por el pasado sino por su propia práctica. Ahí veo un problema con la propia idea del Frente de Todos.

La cuarentena extendida ha permitido desde reducción salarial hasta ahorro, ganancias extraordinarias. El “círculo rojo” se las arregla para salir ganando. Nosotros caracterizamos la reforma laboral de hecho.

Claro, la empresa que puede hacer con 50 empleados el trabajo que antes hacía con 100, va a intentar hacerlo. Pero me parece que está claro que hay un ajuste fuerte. El Estado tendría que tener un papel un poco más de árbitro. Está firmando mucho de los reclamos empresarios, quienes además no se lo reconocen. El “círculo rojo” pelea contra el chavismo imaginario y no le reconoce los gestos como el aguinaldo en cuotas o la reducción de salarios, que inclinan mucho la cancha. No le reconocen lo que hace en función de los intereses del sector que le pide que rompa con Cristina. Y no está claro qué le ofrecen a cambio.

Massa

¿Existe una variante, un giro “antichavista”, Massa-Fernández?

Hay una alianza Máximo-Massa que no lo hace tan lineal. No veo a Massa ofreciendo un horizonte. Tiene además un problema de credibilidad. Viene con su propio núcleo de empresarios adosado: Manzano, Brito, Pierri, Ezkenazi que puede generar un choque con Clarín. No es un alineamiento tan claro. Todos se unieron contra el kirchnerismo y en el poder con Macri se dividieron. AEA no tiene muy claro cómo salir más que recetar. Quedó expresado en el fracaso con Macri.

La oposición

Sobre la oposición, Genoud dijo que cree que “desde [Patricia] Bullrich hasta [el mandatario porteño Horacio Rodríguez] Larreta consideran que la unidad opositora es un bien a cuidar. Pasaron muchos años a la intemperie y el acuerdo es ir a unas Paso pero no dividir. La oposición expresa al Frente Social Empresario, no importa si es Bullrich, Larreta, Macri. Son los que rechazan al populismo, al kirchnerismo y quieren volver al poder. No son una fuerza efímera. Esperaron mucho y duraron muy poco. Ahora les queda apostar al fracaso de Fernández. Hay un sector acuerdista que quiere que a Alberto le vaya bien –Larreta, Frigerio, Monzó- antes de que vuelva Macri, pero no puede romper sin diluirse en el peronismo. Hay que ver si la crisis estalla. En todo caso están discutiendo el orden. Los radicales sufrieron mucho ser furgón de cola y ahora dicen ‘Macri no’”

Cumpliendo el tiempo con el que contaba la entrevista, quedaban pendientes muchas preguntas: el balance sobre el fracaso del gobierno de Macri, el lugar del Frente de Izquierda como oposición a las variantes políticas del régimen, entre otras, que quedan anotadas para la próxima.

Como cierre, G.L. le preguntó a Genoud por sus futuros proyectos laborales. Entre risas, el periodista dijo que “le gustaría trabajar menos” y, seriamente, seguir teniendo la posibilidad de “escribir lo que uno piensa, que es difícil y que siempre hay que buscar por dónde. Que haya gente que me lea, decir lo que quiera y vivir de eso, me considero un privilegiado”. “Ojalá que el gremio de prensa, uno de los más golpeados por la crisis, logre una recomposición, que sea mejor pago, muchos compañeros la están peleando”, agregó G.L. mientras agradecía y saludaba, con Instagram cumpliendo la hora reloj y dando por terminada la entrevista.

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/creo-que-lo-mas-justo-ya-que-no-podemos-tener-a-santiago-con-vida-seria-que-todos-los-responsables-paguen/

https://prensaobrera.com/cultura/dolores-fonzi-la-union-de-las-mujeres-y-la-concepcion-del-trabajo-colectivo-cambian-la-vida-de-cualquiera/

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/el-problema-se-concentra-en-quien-paga-la-crisis-para-nosotros-y-para-los-capitalistas/

https://prensaobrera.com/cultura/me-gano-al-partido-la-cuestion-de-organizarme-para-luchar-como-artista-como-trabajador-de-la-cultura/

También te puede interesar:

El fracaso del gobierno detrás de nuevo repo con bancos internacionales que acordó Caputo.
La deuda externa impagable y los fracasos del gobierno.
Milei festeja un endeudamiento desesperado y una ola de quiebras.
Entrevista a Néstor Pitrola y Romina Del Plá, diputados nacionales del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad.
La proximidad de vencimientos de deuda expone la precariedad económica del gobierno y el paquete de rescate de Bessent.
24/06/2020

Córdoba: municipales de Río Cuarto rechazan medidas de ajuste

Les trabajadores municipales de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, realizaron una nueva acción de lucha en rechazo al ajuste que viene imponiendo el intendente Llamosas. Mediante carteles y cantos se hizo sentir un reclamo que entre los puntos más sentidos figuran el rechazo al recorte salarial del 5%, el pago del aguinaldo en cuotas, la reforma jubilatoria, el incumplimiento de la carrera administrativa, entre otros puntos que dan cuenta de un reclamo de conjunto que crece. La convocatoria se realizó en la sede del sindicato cuyas puertas permanecieron cerradas, pasadas las 14 horas del día de ayer.


“Con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes” señalaba uno de los carteles, al lado de otro que expresaba “basta de silencio sindical cómplice”. De ese modo les trabajadores expresaron su rechazo a la conducción y su predisposición de lucha. La movilización expresó un cuestionamiento a Walter Carranza, el secretario general del sindicato municipal -que actúa en tándem con el intendente- quien no convoca a comisión directiva y no presenta ningún balance de su actividad. En definitiva, maneja el sindicato como si fuera de su propiedad.


Entre las últimas entregas por parte de Carranza se encuentra acordar con Llamosas el pago del aguinaldo en cuotas. Vale señalar que el recorte efectuado del 5% del salario no tiene fecha de devolución. De ese modo, el aguinaldo desdoblado se calcula sobre un piso salarial más bajo del que corresponde.


El mencionado sindicalista viene siendo una pieza clave en el ajuste que viene realizando el intendente contra les trabajadores. Sucede que Llamosas empezó su gestión con despidos, y luego con un ataque sistemático al salario. Mientras siguió favoreciendo a las empresas amigas del poder. Un contrapunto clarificador de como pretende continuar gobernando.


La movilización también significó una denuncia de la precarización laboral con la que tienen que trabajar les trabajadores esenciales del municipio. Dando cuenta de un ajuste del gobierno local sobre les municipales en particular, y contra todo el pueblo de Río Cuarto en general.


La acción de lucha de les municipales autoconvocados constituye una perspectiva para el conjunto de trabajadores. Toda vez que un avance en los reclamos es un espaldarazo para continuar la lucha contra el ajuste y en la perspectiva de darle al sindicato una nueva dirección.





 

También te puede interesar:

Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
Al cumplirse una semana de su desaparición, fue encontraba en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
Milei, Llaryora y el intendente Passerini son responsables.
24/06/2020

Confirman circulación comunitaria de Covid-19 en la ciudad de Neuquén

Se establecen multas y sanciones a la población y la cuarentena sigue levantada.

“Hay evidencias de que en la ciudad de Neuquén existe una transmisión comunitaria local del coronavirus”. Con esta afirmación, la ministra de Salud de la provincia, Andrea Peve, confirmaba que en Neuquén capital ya existe circulación comunitaria al no poder establecer el nexo epidemiológico de los últimos casos. El anuncio se produce luego de en Neuquén se registraran 23 casos positivos en las últimas 24 horas, lo que representa el pico más alto de contagio desde el comienzo de la pandemia. Con estos últimos datos, la totalidad de casos confirmados asciende a 370, de los cuales 10 fallecieron, 125 se recuperaron y 235 permanecen activos. De esta cifra, el 97% se encuentra en la ciudad de Neuquén.


Ante esta situación, el gobierno provincial no anunció una vuelta atrás en la cuarentena, ni un plan de testeos masivos en lugares de trabajo o aumento del presupuesto de salud provincial. Por el contrario, el mandatario provincial, acompañados por los intendentes de Centenario, Senillosa y Plottier, anunció medidas sancionatorias y de control que tendrán vigencia desde el jueves 25 hasta el 10 de julio. Las nuevas disposiciones abarcan multas de $15.000 para las personas que circulen sin barbijos, aislamiento obligatorio al regreso para las personas que vengan del interior a Neuquén capital, restricciones en el transporte público y en el ingreso a comercios, desinfección en espacios públicos y más controles en los egresos e ingresos a la ciudad.


De conjunto, estas medidas siguen el camino de responsabilizar a la población, aumentando la carga represiva del Estado con multas y sanciones. En el caso de la multa por estar sin barbijo en la vía pública, los dineros recaudados serán destinados a la policía provincial: es decir, funcionando como caja recaudatoria por este organismo, aumentado así el conjunto de arbitrariedades.


La medida que estable que solo viajaran en el transporte público los trabajadores esenciales es la expresión más concreta de que asistiremos a nuevo fracaso. Es que si continúan funcionando el 90% de las actividades económicas y productivas, son miles de trabajadores que deben utilizar si o si el transporte público.



Así las cosas, el pase de circulación por conglomerado a circulación comunitaria era un hecho anunciado y previsible en la medida de que se mantuviera la liberalización de las actividades, no se establecieran testeos en sectores claves de lugares de trabajo y la detección real en los barrio carenciados.


El conjunto de los anuncios representan más regimentación social sin brindar ninguna salida de fondo. Es por ello que nos pronunciamos con urgencia por una real cuarentena, con las condiciones de salario y trabajo garantizadas, ayuda social de emergencia, programas de $30.000 de seguro al desocupado, elementos de protección personal en los lugares de trabajo y medidas de bioseguridad, plan masivo de testeos y centralización del sistema de salud provincial. El reciente proyecto presentado por el Frente de Izquierda, con la interpelación a la ministra de Salud, busca defender este programa.




 

En esta nota

También te puede interesar:

Los fondos que se retacean en salarios se destinan al lucro capitalista.
El TEP-Celeste vuelve a garantizar la paz social de Figueroa.
Expuso la desprotección que sufren las mujeres trabajadoras precarizadas.
La familia repudió una nueva audiencia destinada a otorgarle permisos a Miguel Antonio Murer.
La doctrina Bullrich a la neuquina.
24/06/2020

No queremos a Berni y su policía en la Unsam

Rechazamos que las autoridades cedan laboratorios a la Bonaerense.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, estuvo presente, el lunes pasado, en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) en una capacitación de la Policía Científica, para la realización del test que diagnostica coronavirus. Las autoridades decidieron unilateralmente ceder el uso de los laboratorios de la universidad para capacitaciones de la Bonaerense, una resolución que ni siquiera pasó por el Consejo Directivo.


Esta política de las autoridades de la Unsam no es nueva. El año pasado firmaron un convenio con el municipio de Tres de Febrero y el Ministerio de Seguridad, dirigido entonces por Patricia Burllrich, para colaborar en un Programa de Seguridad Ciudadana, justo después de que la doctrina “Chocobar” de gatillo fácil generara el asesinato de Diego Cagliero en ese municipio.


Luego de la capacitación Berni fue entrevistado por los medios y ante la pregunta de si va a colapsar el sistema de salud respondió que “con estos números, no hay ninguna duda. ¿De quién va a depender? Del comportamiento de la sociedad”. Este intento de presentar el problema como un asunto de responsabilidad individual pretende encubrir la responsabilidad de los distintos gobiernos en el vaciamiento del sistema de salud, y que en tres meses de cuarentena no se ha invertido en revertir esta situación porque la prioridad es garantizar el repago de la deuda.


Ante esta situación, ¿qué rol juegan Berni y su policía? En los últimos días se conoció el asesinato por parte de la Policía Bonaerense de un joven de Berazategui, mientras que otro de 17 años fue gravemente herido en un ojo en un allanamiento en domicilio equivocado. La misma fuerza viene de protagonizar además la represión y desalojo de los trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes y la quema de casillas de familias en José León Suarez. Estos no son casos aislados sino que es una política de Estado, que se vale de la cuarentena para desplegar las fuerzas represivas y militarizar los barrios y amedrentar a la población.


Buenos Aires es una de las doce provincias del país donde la pobreza alcanza al 40% de la población. En plena crisis sanitaria y social,  Kicillof se recuesta cada vez más en el aparato represivo de la Bonaerense, a modo de preparación ante los reclamos populares por el hambre y el aumento de contagios.


Para evitar la proliferación de contagios, no hay que reforzar las fuerzas represivas, hay que triplicar el presupuesto de salud, garantizar la provisión de insumos hospitalarios y realizar testeos masivos. Por eso, repudiamos esta política de las autoridades de la Unsam de colaboración con las fuerzas represivas, que implica un aval político a su accionar.


Muchos laboratorios de la Unsam hoy se encuentran funcionamiento. Algunos para investigaciones de la universidad, otros para investigación y producción de empresas privadas, y ahora otros con capacitaciones de la Bonaerense. La continuidad de las investigaciones y la producción de insumos sanitarios debe ponerse al servicio de la población, no para el usufructo de un privado ni para ensayos de las fuerzas represivas. Llamamos a todos los centros de estudiantes y organizaciones políticas de la universidad a pronunciarse en rechazo a esta resolución inconsulta.


La universidad debe ser puesta a disposición de las necesidades populares, convirtiéndose en un centro de investigación y testeos para la atención de Covid-19, con el presupuesto necesario y trabajadores en blanco.


 


 


 


 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A post shared by La Caldera UNSAM (@lacalderaunsam) on





 

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
24/06/2020

El Ministerio de Salud de Santa Fe, botín de caza de los monopolios de medicina privada

El trasfondo de la renuncia del ministro Carlos Parola

El pasado 10 de junio, luego de muchas idas y vueltas renunció el ministro de Salud del gobierno de Santa Fe, Carlos Parola. Junto con él, en dominó, se produjo la defección de Carolina Cudós, que se encontraba al frente de la Dirección de Epidemiología y del titular del área de Arquitectura e Ingeniería de Salud, Raúl Brengio, que ya había presentado su dimisión a fines de marzo. En lugar de Parola, ocupa desde la fecha el cargo al frente del Ministerio de Salud, Sonia Martorano, médica titular de la AMR (Asociación Médica de Rosario) y quién era secretaria de Salud hasta el momento.


Esta fue la primera renuncia del gabinete de Perotti desde que asumió, aunque si existieron otros amagues de renuncia, como el del Ministerio de Producción tras el primer anuncio de Alberto Fernández de la expropiación trucha de Vicentín, y el evidente lobby sojero con enormes vasos comunicantes con el gobierno de Perotti.


La versión oficial del motivo de la renuncia de Parola indicó que la misma estuvo motivada por el hecho de que Parola no estaba dispuesto full time al ministerio cuando cursamos una pandemia, por ser parte de grupo de riesgo por su edad. Incluso que las decisiones fuertes en materia sanitaria ya no pasaban por sus manos. Sin embargo, esta afirmación, aunque cierta, es por demás insuficiente en relación a la disputa y crisis de fondo.


Tita S.A y Grupo Oroño


Carlos Parola ya había ocupado el cargo de ministro de Salud durante el segundo mandato del gobernador Carlos Reutemann. Tras su paso por el gobierno ajustador de Reutemann y responsable de las inundaciones en Santa Fe Capital, Parola se ubicó en la Dirección General del Sanatorio Allende de Córdoba, de los más importantes de esa provincia. El Sanatorio Allende fue denunciado por ser aportante de la campaña electoral de Schiaretti en 2015, y al mismo tiempo de ser empresa proveedora del Estado. Un toma y daca, con negociados de por medio entre empresarios de la medicina y el poder político.


Así, en diciembre pasado Parola se sumó al gabinete de Perotti, por pedido expreso del gobernador. Un hombre involucrado en manejos turbios y negociados entre la medicina privada y el Estado, al frente de la salud pública de más de 3 millones de santafesinos.


El estallido de la pandemia precipitó el choque de intereses al interior del ministerio. Los dos grupos empresariales de medicina más poderosos de la provincia comenzaron una disputa a fondo por el control del presupuesto de salud de Santa Fe. Por un lado, Tita S.A, propiedad de Carlos Tita, médico empresario oriundo de Rafaela de donde proviene Perotti, que se ha ido devorando a su paso empresas en crisis, como el sanatorio Julio Corzo, o el emblemático Hospital Italiano de la ciudad de Rosario. Por el otro lado, el Grupo Oroño, propiedad de Villavicencio, que ha ido concentrando en sus manos distintos institutos médicos, laboratorios y sanatorios, al punto tal de tener de forma exclusiva y monopólica distintos estudios, terapias y procedimientos médicos a realizar a pacientes.


“Los privados como Tita S.A o el grupo Oroño ejercieron una enorme presión por estos días. Consideran que tienen el poder necesario y suficiente como para incluso, imponer el nombre de un Ministro de Salud, reveló a LPO un ex miembro de una gerenciadora, retirado de la actividad”. (La Política Online 17/06). La disputa es por el reparto de los fondos públicos destinados a salud, con la pandemia de Covid-19. El gobierno de Perotti aprobó partidas presupuestarias extraordinarias para salud por 15 mil millones de pesos, destinadas a insumos, servicios e infraestructura, para lo cual emitió deuda además de los subsidios que recibió de nación. Las empresas de medicina privada, agrupadas en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y hospitales privados de Rosario, que vaya “casualidad” preside Villavicencio, reclaman mayores subsidios.


Según esta información periodística, que aporta la explicación más plausible de la renuncia de Carlos Parola, este hombre puesto por Perotti era el que debía representar los intereses sobre todo del grupo Tita S.A. Su reemplazo, Sonia Martorano tiene estrechos lazos con el Grupo Oroño y la corporación médica, muestra de un gobierno a merced del lobby capitalista en salud. Incluso se habla de que el remplazo de Martorano fue apuntalado por el intendente de Rosario Javkin, también con vínculos con Villavicencio.


Vaciamiento, rebrote y lucha


En momentos donde los grupos capitalistas se sacan los ojos por hacerse con el presupuesto público de salud de Santa Fe, la provincia enfrenta un nuevo rebrote de Covid-19. Los casos llegaron a Rosario, lo que representa un enorme peligro potencial, ya que en estas ciudades se concentran las villas miseria. El rebrote empezó por localidades agrarias, con baja población, pero con un aumento importante de positivos en poco tiempo, todos ellos vinculados a actividades laborales, habilitadas por el gobierno de Perotti y los intendentes, producto de la presión de la clase capitalista. Flexibilizar la cuarentena, para que los empresarios sigan obteniendo ganancias, mientras los trabajadores son quienes ponen el cuerpo y se exponen a los contagios y a las muertes.


El rebrote que está comenzando, encuentra al sistema de salud provincial completamente vaciado. El 73% de las camas de terapia intensiva corresponden a clínicas privadas. Con estimaciones de una ocupación de esas camas para otras patologías de alrededor del 50% en el mejor de los casos, las camas de cuidados intensivos destinadas para Covid-19 apenas pueden pasar las 100, para una población de 3 millones de personas. Los hospitales carecen de insumos, los médicos, enfermeros y demás personal de salud denuncian que no existen los elementos de bioseguridad para la protección adecuada. Médicos residentes, enfermeros y trabajadores de la salud, todas las semanas están realizando concentraciones, asambleas y medidas de lucha para reclamar por su salario y por sus condiciones de trabajo.


El reclamo por un sistema de salud integral y centralizado acorde para enfrentar la pandemia, con infraestructura, condiciones laborales y salariales, con insumos, con personal suficiente, choca de lleno con los intereses de los grupos de medicina privada, que asaltan los presupuestos públicos con la complicidad de los distintos gobiernos.





 

En esta nota

24/06/2020

Kicillof y los coletazos del vaciamiento de IOMA

Rescate del capital y pago de la deuda externa fraudulenta

A dos semanas de haberse confirmado el rescate oficial a los capitalistas de la salud privada de la provincia de Buenos Aires, el paquetazo de Kicillof está generando un terremoto político y una fuerte disputa por los 410 millones de pesos mensuales, que saldrán de las arcas de IOMA, la obra social de estatales, judiciales, trabajadores de la salud y docentes bonaerenses.


Como hemos informado oportunamente en Prensa Obrera, el presidente de IOMA, Homero Giles, firmó un convenio con las cámaras patronales Fecliva y Aacliba para subsidiar a tasa cero a los establecimientos privados de salud mientras dure la pandemia. Este convenio incluye un aumento del 7% (retroactivo a marzo) de los bonos para los afiliados y un pago especial a los sanatorios y clínicas por la cobertura de pacientes con Covid-19. Las direcciones sindicales kirchneristas y sus “CTAs” han declarado públicamente el apoyo a este rescate empresarial, solo que piden que se financie con recursos del Tesoro provincial y no de IOMA.


Con mucho retraso, la dirección de Suteba provincia, que tiene un representante gremial en el directorio de la obra social, difundió un comunicado donde “comparte la necesidad de contribuir al funcionamiento de los prestadores privados en la emergencia sanitaria” El comunicado, firmado por el “Consejo Consultivo Gremial”, califica al convenio suscrito con las cámaras patronales de la salud como un avance sobre los derechos de los trabajadores, pero omite toda referencia a Kicillof y evita convocar a un plan de acción que los indisponga con el “gobierno amigo”. Las quejas de los burócratas son puro palabrerío para encubrir su complicidad con el ajuste“nacional y popular”.


Las patronales amenazan con despidos y chantajean al gobierno con el faltante de camas para hacer frente al crecimiento de contagios. El crédito blando por 410 millones de pesos mensuales, que tiene pocas expectativas de devolución, está provocando todo tipo de disputas para dirimir cómo, cuándo y quiénes de los 190 establecimientos sanitarios privados de la provincia serán los beneficiarios. Estos centros están mayormente concentrados en un puñado de poderosos grupos empresarios, y como ocurre con toda crisis el resultado final será una mayor concentración del capital.


El choque entre las patronales se reproduce a escala ampliada en las cámaras empresarias de Fecliva y Acliba, que responden a distintos grupos de la salud privada. Según sectores de Fecliva, Kicillof y Giles estarían negociando con Raúl Tassi de Acliba la adquisición parcial o total del Instituto del Diagnóstico de La Plata, en lo que tiene toda la pinta de un salvataje oneroso para el Estado. Tassi, propietario de los grandes sanatorios y clínicas de la capital bonaerense creció de la nada y exponencialmente bajo el kirchnerismo y siguió lucrando con Vidal, y tiene denuncias en su contra por negocios fraudulentos con IOMA.



El vaciamiento de la obra social de dos millones de bonaerenses deja al desnudo un entramado de corrupción, coimas, sobreprecios, facturas truchas y prestaciones fantasmas que comprometen a los grandes prestadores de la salud privada, a las burocracias sindicales (especialmente UPCN, de fuertes vínculos con Raúl Tassi) y los sucesivos directorios de IOMA que hicieron la vista gorda. Mientras entrega los fondos del IOMA, Homero Giles acusa a la Agremiación Médica Platense (AMP) de corresponsabilidad en el fraude cometido por médicos de esa agremiación con un costo para la obra social de ocho millones de pesos por prestaciones no realizadas y facturas falsificadas en el mes de marzo. Con esta estafa también se habría beneficiado la AMP por mayores ingresos en concepto de administración. Desde la Agremiación alegan que las denuncias serían una cortina de humo para ocultar que el gobierno de Kicillof buscaría quedarse con los establecimientos en quiebra y dar vía libre a la “pamización” de IOMA con la eliminación de la libre elección de los médicos.


El correlato de este vaciamiento es la situación desesperante que atraviesan los afiliados que no pueden acceder a medicamentos para enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos, VIH, diabetes, parkinson, esclerosis múltiple, hepatitis, entre otras patologías. Para muchos pacientes el vaciamiento de la obra social implica riesgo directo de vida, como denunció la Comisión de Familiares, Trabajadores y Afiliados a IOMA que se movilizó el martes 23 a la Casa de Gobierno para reclamar justicia por Gabriela Ciufarella y todas las víctimas del abandono estatal.


Con los 410 millones de pesos mensuales aportados compulsivamente por IOMA el gobierno “legaliza” la transferencia de estos recursos, que provienen de los aportes de los trabajadores, para financiar su política de rescate estatal de las privadas. El zarpazo sobre estos fondos es -al igual que sucede con el intento de avanzar sobre el IPS– una garantía en la mesa de negociación de la deuda provincial, que acaba de volver a postergarse preanunciando nuevos recules del gobierno cuando ya reconoció casi la totalidad del capital, mayores intereses y reducción de los plazos de pago. Kicillof necesita concretar la reestructuración de los 7.148 millones de dólares emitidos bajo legislación extranjera para avanzar con su plan de tomar nueva deuda por 500 millones de dólares y 20.000 millones de pesos.


El “Consejo Consultivo Gremial” detrás del cual se esconde la conducción de Roberto Baradel no se da por aludido por el aumento de los aranceles que pagarán los afiliados. No hay ahorro propio de IOMA sino un nuevo golpe al salario, cuando las paritarias están congeladas y el aguinaldo se pagará fraccionado. Suteba provincia ladra pero no muerde, y en los hechos apoya esta operación privatista que pagarán los trabajadores. El secretario general de Suteba La Plata confirmó este apoyo en un reportaje a la revista La Tecla, al decir que “no fue un préstamo sino una ayuda financiera con la intención de evitar que cierren las clínicas y garantizar esas 1.500 camas de terapia”. La burocracia celeste es funcional a la extorsión de los capitalistas.


Una vez más la cuestión de fondo es qué clase social paga la crisis. La inminencia de un colapso sanitario, cuando la provincia superó los 20.000 contagios de coronavirus, requiere de la centralización de todos los recursos sanitarios, públicos y privados, bajo control de los trabajadores de la salud, al servicio de la lucha contra la pandemia; que se abran los libros de los establecimientos privados, ningún despido y pago íntegro de los salarios; el pago de la deuda que mantiene IOMA con los acompañantes terapéuticos y otros trabajadores precarizados de la salud, y que la obra social sea dirigida por los trabajadores. No al pago de la deuda externa.


  



  


También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
24/06/2020

Supermercados: al menos 444 casos de Covid-19 en el Amba

Observatorio de los trabajadores - Informe especial.

La situación que se vive en los supermercados ha dejado de manifiesto lo que los trabajadores denuncian desde el primer día de cuarentena: las patronales priorizan a toda costa su facturación, sobreexponiendo a los empleados y transformando a los “super” en uno de los principales focos de contagio comunitario. El crecimiento exponencial de los contagios ha venido creciendo de forma silenciosa, debido a que las empresas ocultan la información de los casos de Covid-19, con el propósito de no verse obligados a detener sus negocios ni adoptar medidas sanitarias y protocolos que estiman como una pérdida de sus beneficios económicos.


Un relevamiento que ha organizado un sector de trabajadores del gremio de comercio estima que ya son al menos 410 los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) que han contraído Covid-19 producto de la desidia patronal. Pasadas tan solo algunas horas se confirmaron unos 34 nuevos casos, dejando el total en 444. De estos, los trabajadores informan que 158 corresponden a Coto, 129 a las sucursales de Carrefour, mientras que 70 son de la cadena Cencosud. El conteo podría ser mayor debido a que muchos casos aún están a la espera de su confirmación y a que tanto las patronales como la dirección del Sindicato de Comercio no difunden los casos.



Peor aún para el resto del país, donde la extensión territorial y la multiplicidad de lugares hace casi imposible de sistematizar los informes si no se cuenta con un acceso centralizado de la información, dejando solo al descubierto los casos que van apareciendo por medio de las denuncias públicas que realizan los trabajadores de cada lugar.


La ruta de los contagios


El caso que por estas horas está generando más revuelo es el de Coto Lanús, donde los casos de contagio escalaron de 10 a 22 en tan solo cuatro días, sin que se resuelva la suspensión de las actividades ni el hisopado para los 400 trabajadores que realizan sus labores en el establecimiento. Incluso, los trabajadores han denunciado que llevan días en la sala de espera del Hotel de la Provincias (propiedad del sindicato), en malas condiciones, esperando que se les asigne una habitación. Eduardo Bufalo, mano derecha de Alfredo Coto, llegó a protagonizar una escandalosa escena con el propósito de evitar la clausura de la sede que se ha convertido en uno de los mayores focos de infección.



Otro caso alarmante, perteneciente a la misma cadena de hipermercados, es el acontecido en el Coto Quilmes, con al menos 20 casos de Covid-19 confirmados. Allí habían comenzado las denuncias de los trabajadores a la patronal, pero esta decidió omitirlas, en el afán de continuar con su actividad, lo que conllevó un aumento de los contagios exponiendo también a la clientela a la propagación de virus.


En los últimos días se han registrado un sinfín de casos en distintos puntos del Conurbano bonaerense: un contagio en el Carrefour de Malvinas Argentinas; uno en el Vea de Merlo, donde no se suspendió la actividad y donde días atrás se había detectado otros tres casos; otro caso en el Coto Ramos Mejía, sin que se tomaran medidas; un caso en la sucursal de San Justo de Walmart; el contagio de un directivo de la sede de Walmart en avellaneda, que dio lugar a un cierre de 24 horas por desinfección; un contagio en Makro de San Justo; dos casos en el mayorista Dulcenter, ubicado en Quilmes; un contagio en Carrefour de Tigre; cuatro casos en dos sucursales de Makro (Ituzaingo y Haedo), las cuales pararon un día para desinfectar; un caso en Coto de Tapiales, La Matanza; un contagio en Día% de Moreno, por el cual tuvo que cerrar la sede; En Makro San Justo tuvieron que cerrar ante la aparición de un caso y rotar al plantel con personal de Benavidez, lo que dio lugar a nuevos contagios y a una segunda rotación; en el Easy de La Tablada se aisló a 40 trabajadores por un contagio y se paró 24 horas para desinfectar; en Disco San Isidro un contagio; un caso en el Carrefour de Banfield y dos contagios en el Coto de Banfield, donde los trabajadores realizaron la denuncia debido a que la empresa se negaba a informar.


Se trata de múltiples casos que dan solo cuenta de la punta de iceberg de la gravosa situación que se padece en el gremio. En la mayoría de los casos, esos contagios no han sido abordados por ninguna medida de las patronales lo que podría dar lugar a una propagación mayor en cada lugar cuyo alcance aún no ha salido a la luz.


En la Ciudad de Buenos Aires se han registrado 11 casos en la sucursal 215 de Carrefour (Scalabrini Ortiz 3128, en el barrio porteño de Palermo) y 10 en la tienda 35 de Disco (Uriburu 1230, barrio de Recoleta). Aquí también se multiplican los casos en decenas de sucursales: en la sucursal 23 de Disco en Palermo hay cuatro casos confirmados; dos positivos en la sucursal 61 y otro en la 78 de Coto Balvanera, misma situación que se replica en las sucursales 45 y 58; otro caso en la sucursal 66 de Coto Colegiales; un contagio en el Chango Mas de Mataderos; en Maxiconsumo de Villa del Parque cerraron la sede por un día, para desinfectar, debido a un caso de contagio; un caso en la sucursal 74 y otro en la 91 de Coto en Abasto; el Easy de Paternal ya lleva dos casos; un contagio en la sucursal 107 del Disco de Saavedra y otro en la 54 de Colegiales; un caso en la tienda 307 del Carrefour de Recoleta y otro en Monserrat; las sucursales de Disco de Recoleta y Villa Devoto debieron cerrar al informarse contagios en ambas; Coto Once con un contagio, lo mismo en las sedes de Caballito y Flores; contagios en los Easy de Barracas y Villa Lugano; un caso en el Disco de Belgrano y otro en Retiro; un contagio en el Día% de Floresta; un caso en el Coto de Parque Avellaneda y otros en las sedes de Boedo, Recoleta, Villa Lugano, Villa Gral. Mitre y La Boca; un caso en Vital Almagro; dos trabajadores del sector de cajas del Jumbo de Villa Crespo y un auditor contagiado que circulo por Coppel Pompeya, dando lugar a su cierre. Mientras escribimos estas líneas se suman cuatro casos más en los Coto de la Ciudad, lo que hace imposible seguirle el ritmo a los contagios.


El mapa se ve mejor con el celular horizontal



Se trata de apenas unos casos dados a conocer solamente en los últimos cincos días. Las implicancias de este informe recolectado sobre la base de las denuncias de los trabajadores son inconmensurables dado el nivel de exposición al contagio en los supermercados y a la política criminal de las patronales. Esta situación da cuenta de la inexistencia de protocolos en los establecimientos y de un (des)control discrecional de las empresas respecto a la crisis en curso.


Por otra parte, la información solo llega a través de redes sociales ya que la prensa burguesa, debido a la jugosa pauta publicitaria, esconde el problema. Basta con abrir una página web de noticas y rápidamente aparecen los banners de los supermercados.


Entre “Bufalos” no hay cornadas


El apriete antes mencionado de Bufalo en la sucursal Lanús fue efectivo: la sucursal no se cerró, sino solo dos sectores. Ahora en vez de 10 casos ya tenemos el doble. El escándalo no es tanto que el patotero grite, sino que los municipios le hagan caso. Los delegados de Coto también denuncian a Ramón Muerza (burócrata con fuertes vínculos con la empresa) como responsable de aprietes y golpizas con patotas a los delegados que denuncian los casos positivos como lo sucedido con el delegado de la sucursal Retiro.


Muerza, ex secretario general de comercio de CABA, encabezó la lista opositora que ganó las elecciones del 2018 y cuya victoria fue birlada por el accionar del Ministerio de Trabajo macrista y la Justicia. Ocuparon meses el sindicato, pero a fin de año cerro nuevamente con Armando Cavalieri en la federación (Faecys) y abandonó a la oposición que lo había ungido. Hace unas pocas semanas apareció con Alfredo Coto rechazando la clausura por precios abusivos de la sucursal de Ramos Mejía. Recordemos que el gobierno delegó en los municipios el control de precios. Ese fue el primer y último supermercado clausurado. Los inspectores municipales no controlan precios ni muchos menos las condiciones de trabajo y la reacción patronal frente a los casos positivos. Se ve que la pauta publicitaria llega a todos los municipios y más arriba también.


En Quilmes la intendencia de Mayra Mendoza tardó ocho días en clausurar la sucursal de COTO luego de 20 casos positivos, batiendo el record por sucursal. No hay grieta, desde municipios de La Campora (Quilmes) o el PJ (La Matanza) al PRO de Grindetti (Lanus) y Larreta (CABA). En la Ciudad de Buenos Aires, en las sucursales de Coto, Carrefour y Disco se extiende el virus debido a la negativa a cerrar las mismas, testear al personal y desinfectar el establecimiento. Los protocolos estatales no superan el nivel de “recomendaciones”. El gobierno nacional, en los protocolos que emitió, omite los supermercados; el del gobierno de Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, recomienda pero no obliga. No hay ningún protocolo estatal claro, lo que le da luz verde a las patronales para que se desenvuelvan según su parecer. No se aplica algo tan elemental y económico como el control de temperatura en el ingreso. En las principales cadenas aparecen protocolos de la empresa que solo buscan garantizar la continuidad de la facturación, y en otros casos ni eso, como es el caso de Vital.


¿El sindicato? Bien gracias


El secretario general del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, es el principal garante de esta situación. Ha salido a minimizar los hechos señalando que solo se trataría de “algunos casos” y marcando la responsabilidad en que muchos empleados viven en villas miseria. Contagio comunitario en el barrio o la familia, a contramano de la evidencia de contagios múltiples en decenas de supermercados. El tema no es un hecho menor, porque las ART solo cubren la licencia de los casos de Covid-19 contraídos en los supermercados. Esta política agrava la propagación del virus ya que obliga a esconder los síntomas por miedo a perder las prestaciones correspondientes. Además de que se trata de una vil manipulación ya que uno de los momentos de mayor exposición es en el viaje de ida y vuelta al trabajo, lo que suele ser contemplado dentro de la cobertura de las ART para los casos de accidentes: se vuelve imposible verificar la fuente exacta del contagio, pero es ineludible la responsabilidad patronal en su propagación.


Las patronales tampoco están pagando al 100% la licencia de aquel personal que es población de riesgo. Aplican el acuerdo de la UIA, CGT y gobierno del 75% de bolsillo, a pesar de estar con una facturación record. El sindicato fue el primero en firmar un acuerdo con la Came (cámara de empresarios) para recortar salarios encuadrados es este pacto. Y fue el primero en recibir los fondos de la Anses para el programa ATP y así pagar salarios en la obra social Osecac y del personal del sindicato -el abogado de Cavalieri se encuentra en la dirección de la Anses camporista. Cavalieri fue, también, el primero en reclamar que se aplique una reforma laboral en la previa de la reunión de la CGT y el FMI. A sus 84 años es el “mejor empleado” de la patronal de comercio. Luego de la carta pública que delegados opositores le enviaron a Larreta y Alberto Fernández semanas atrás denunciando la situación y reclamando el control estatal, el presidente los convocó a una reunión en el Ministerio de Trabajo. Nada salió de ahí. El presidente habla de Suecia o del running, mira para otro lado. La “soberanía alimentaria” termina en donde empiezan las filas de caja.


La lucha de los trabajadores


La excepcionalidad de la situación ha actuado como un revulsivo en la conciencia de los trabajadores de los supermercados. Por un lado un boom de ventas, al menos 15% de incremento neto en volumen de venta. Las grandes cadenas recuperaron lo que habían retrocedidos frente a los “chinos” que por diversos motivos retrocedieron drásticamente. 200 supermercados chinos cerraron, muchos porque sus dueños quedaron varados en sus vacaciones en China, combinada con cierta sinofobia al ser el país de origen de la epidemia. La cuarentena afectó drásticamente los hábitos de consumo haciendo negocio redondo para las patronales de supermercado.


Este salto en la facturación, que se expresó tempranamente en los primeros días de la cuarentena, produjo colas interminables, extensiones de la jornada luego del horario de cierre y mayor precarización laboral. Las cuentas estaban abiertas a los ojos de los trabajadores. Esto dio lugar a que desde todo el activismo opositor se impulsara el reclamo de un bono de $20.000. Paros y acciones de lucha, organizados por los trabajadores, lograron que las patronales de las grandes cadenas de supermercado, primero, y luego los maxiconsumos pagaran un bono mensual de $5.000. Los delegados combativos impusieron en muchos supermercados el control de temperatura, el felpudo esterilizante, el cierre intercalado de cajas para garantizar distanciamiento entre los cajeros, le arrancaron a las empresas los equipos de protección personal y las marquesinas protectoras frente a las cajas. Y todo tipo de reivindicaciones surgidas de la nueva situación. Un dato de color que ilustra este proceso es el caso de Diarco sede Central, que está en el Mercado Central, donde los trabajadores, frente a foco de contagio en los hangares, impusieron la modificación del régimen laboral, estableciendo una quincena de corrido y una quincena de licencia, sin afectar el salario.



Este mes, luego de la ofensiva flexibilizadora de Cavallieri y el ataque oficial al aguinaldo, las patronales de varios supermercados, encabezados por la francesa Carrefour, anunciaron que no iban a pagar el bono de $5.000 porque tenían que pagar el aguinaldo. En cambio, anunciaban bonos por productividad de $2.000 a los cajeros que vendan más tarjetas Carrefour en el mes. La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar, decenas de cuerpos de delegados se reagruparon a nivel nacional y el 23 de junio realizaron una jornada de protesta, con asambleas en el horario de trabajo, agitaciones con pancartas, etc.




En este cuadro conflictivo hemos puesto en pie la Agrupación Naranja de Comercio de la Coordinadora Sindical Clasista con presencia en varias localidades. Impulsamos el reclamo por la reapertura de la paritaria que esta vencida acorde a la inflación, reclamamos el bono de $20.000 para los trabajadores de supermercados y call centers, que sufren la explotación sin límite del teletrabajo. Reclamamos la reducción de jornada dado el stress y la insalubridad que implica trabajar en uno de los principales focos de contagio: en Italia el 30% de los trabajadores de los supermercados dio positivo en Covid-19. Rechazamos el pacto ajustador de Cavalieri, la Came y el gobierno. Impulsamos un protocolo obrero, para que los trabajadores en asamblea mandaten a los delegados o elijan comisiones de bioseguridad donde estos estén borrados. El control de los trabajadores como única garantía de la salud y la vida de los trabajadores y la población sobre la necesidad desenfrenada de facturación de los capitalistas. Impulsamos un plenario de delegados para votar un plan de lucha con este programa. Los trabajadores de comercio necesitamos una dirección.



 

También te puede interesar:

Venden mercadería vencida e incumplen normas de conservación e higiene de alimentos.
Necesitamos 1.500.000 para llegar a la canasta familiar.
Se calculan que los despidos pueden llegar a ser más de 500.
Son los mismos que presionaban por la liberación de precios. Defendamos los salarios y jubilaciones.
24/06/2020

Mendoza: trabajadoras de casas particulares nos organizamos por lo nuestro

Conformemos una agrupación sindical para luchar de manera colectiva por nuestros derechos laborales y salario.

A medida que avanza la crisis económica, aumenta en Mendoza y en todo el país la precarización y desocupación de las trabajadoras de casas particulares, en una actividad laboral de por sí desventajosa para millones de mujeres y jóvenes en nuestro país.


En medio de la pandemia nos vemos obligadas a salir a trabajar a destajo, por $150 la hora, sin medidas de protección ante el Covid-19, sin contar con una actualización de nuestra paritaria que nos permita tener una referencia a la hora de negociar las condiciones con cada patrona o patrón.


Teniendo en cuenta la última actualización de categorías que realizó el gobierno nacional a través de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial, a partir del 1° de mayo del 2020 se dispone que el personal con retiro para tareas específicas (2° categoría, que incluye cocinar más tareas generales) debe cobrar $165/hora, haciendo un monto total de $20.270/mes. Sin embargo, el gobierno de Mendoza reconocía para mayo que la canasta familiar en la provincia era de $39.000 para no caer en la pobreza. Tomando en cuenta esto, vemos que el mismo gobierno con este acuerdo paritario nos somete a la pobreza aún trabajando.


Muchas de nosotras trabajamos en varias casas por algunas horas, sin llegar en cada una a las 24 semanales que contempla el régimen de la ley 26.844 de servicio doméstico para que seamos regularizadas. Incluso las que sí llegan a cumplir esas horas, realizan diversas tareas (limpieza general, cocina, cuidado no terapéutico de niños o personas) que están comprendidas en distintas categorías y sueldos, pero les pagan por la categoría más baja (la 5° categoría, tareas generales) en un claro abuso patronal.


Las consultas con compañeras nuestras del Polo Obrero arrojan que a la mayoría le pagan $150 por hora, dejando a su cargo niños o adultos mayores, además de las tareas que deben cumplir, en algunos casos trabajando horas extras o por trabajos específicos, que no son reconocidas en el pago como tales.


En contexto de pandemia el trabajo de cuidadoras, de limpieza, de acompañamiento en los estudios de los hijes aumentó para las mujeres trabajadoras, y en el caso de las piqueteras organizadas en asambleas y comedores del Polo Obrero -que asisten a más de 4 mil personas en la provincia-, la sobrecarga de trabajo es infernal para hacerle frente al hambre y la desocupación.



Por eso reclamamos a las patronales y al Estado, responsable y garante de nuestra explotación histórica y garantes, un aumento salarial del 100%; la formalización de todas a cargo del Estado; la universalización del Ingreso Familiar de Emergencia, el otorgamiento de las vacaciones pagas que prevé la ley y el respeto de las licencias y los descansos diarios.


Nuestro gremio es mayoritariamente de mujeres y realizamos un trabajo que socialmente está desvalorizado, cargado de machismo, naturalizado como servidumbre y que esclaviza a las mujeres trabajadoras dentro y fuera de sus hogares, cuando debiera ser garantizado como un trabajo socializado -es decir que todos, y sin distinción de género y clase, puedan tener acceso al mismo.


Luego de haber participado el 16 de junio en la jornada del sindicalismo combativo, que en la provincia fue hasta la explanada de Casa de Gobierno, llamamos a poner en pie la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha. De manera colectiva es la única forma que podemos frenar las constantes vulneraciones y abusos patronales que descargan sobre cada una de nosotras, con la desidia y complicidad de los gobiernos.



 

También te puede interesar:

Este 1° de Mayo a las 11:00 horas en la Plaza Independencia habrá un acto del FIT-U que acordamos con los compañeros del MST.
Quedaban dos manifestantes apresados desde hace cinco días, por la política represiva de Cornejo y Milei.
El descontento de los trabajadores con los partidos tradicionales se tradujo en un ausentismo récord, que superó el 50%.
En el marco de una importante movilización contra el proyecto minero San Jorge y la modificación de la Ley de Glaciares. Libertad a los 9 compañeros.
24/06/2020

Los estatales de Chubut y Santa Cruz, más cerca de la indigencia

Así se deduce del informe de la Universidad de Comodoro Rivadavia, que da cuenta también de manipulaciones en las estadísticas del Indec.

En el medio de las polémicas por Vicentin, el Covid-19 y el Día del Padre, una noticia no tan difundida fue que “el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de Comodoro Rivadavia, que conduce [el profesor] César Herrera, estableció que se necesitan ingresos mensuales de 50 mil pesos para no ser considerado pobre de acuerdo a los parámetros del Indec” (ElPatagónico, 19/6). El informe se realizó junto al Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y es el primero sobre canasta básica que surge de este acuerdo.


Ya no resulta tan llamativo que las familias trabajadoras de la Patagonia estén hundidas en la pobreza. Ahora, los datos nos vienen a confirmar que son miles los trabajadores del Estado que están más cerca de la línea de la indigencia que de la pobreza en las provincias de Santa Cruz y Chubut. Tanto en la primera, administrada por Alicia Kirchner -a quien el macrista Frigerio felicitó desde la mesa de Mirtha Legrand y Alberto Fernández toma como “modelo” a seguir- como en la segunda, los sueldos de trabajadores de la salud, municipales, docentes y estatales, así como las jubilaciones, promedian entre $20.000 y $25.000, que en el caso de Chubut ni siquiera se pagan en tiempo y forma.



A su turno, Herrera remarcó que el Indec recoge “productos de menor calidad que los que se venían analizando localmente (…) pusieron ahora hígado en vez de bife de chorizo; o carnaza en vez de aguja, y agregaron pechito de cerdo; hay menos quesos y lácteos que los que analizamos nosotros” (ídem). El kirchnerismo se ha jactado en muchas oportunidades de “burlar” al FMI con índices truchos para no pagar más intereses de la deuda externa “atada” al PBI. Ahora dicen que volvieron mejores, por eso acuerdan con el FMI y los buitres, pero se burlan de la clase trabajadora, modificando los productos de la canasta básica para que no haya tantos “indigentes”.


La decisión de cambiar los productos de la canasta básica para “disimular” la pobreza de nuestro país no es un error, sino una decisión política, funcional a los gobiernos que han congelado los salarios estatales, pagan los aguinaldos en cuotas, eliminaron por decreto la movilidad jubilatoria y no garantizan los alimentos en los comedores populares en medio de la pandemia. Mientras tanto se subsidia a Techint, Coca Cola y las petroleras.


Este panorama refuerza la justeza de reclamar el fin del ajuste contra el pueblo trabajador, el pago en tiempo y forma a los estatales de Chubut; aumentos salariales y paritarias libres. La crisis deben pagarla los capitalistas.



 

24/06/2020

Rosario: la segunda ciudad con más desocupación del país

Acorde a los últimos datos del Indec. El 65% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo.

Las cifras difundidas en el día de ayer por el Indec reflejan que la ciudad de Rosario, en Santa Fe, es la segunda con mayor desocupación del país, detrás de la tucumana Tafí Viejo. Especialmente en el Gran Rosario, la falta de empleo supera la media nacional (de 10,1%), escalando al 12,9% de la población económicamente activa. Se trata de la tasa de desocupación más alta en los últimos 14 años en la ciudad.


El informe del Indec comprende solo al primer trimestre de 2020, es decir que prácticamente no registra los despidos producidos en plena pandemia, que agravan notoriamente las cifras difundidas. Solo en los últimos tres meses, hay 30.000 nuevos desocupados en la región.


Sobre una población económicamente activa en la región de Gran Rosario, según los datos de enero del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), de 608.000 personas, hay 401.975 personas con problemas de empleo, ya sea desocupadas, subocupadas, trabajadores que buscan nuevos empleos o que se desempeñan en forma precaria sin derechos laborales. Una verdadera catástrofe social que alcanza al 65% de las personas en condiciones de trabajar en la región.


Entre ese 12,9% que se encuentra desocupado, la peor parte la llevan las mujeres y la juventud. La tasa de desocupación entre las primeras alcanza el 14,9%, y en el caso de las mujeres menores de 29 años, la cifra trepa al 29%. En el caso de los varones menores de 29 años, la desocupación es del orden del 21,9% (nuevamente según el Indec),



Según el vicepresidente de la Unión Industrial de Santa Fe, a nivel nacional, comparando abril de este año con igual mes de 2019, “la caída de la actividad industrial fue del 30,6% (…). Las exportaciones se derrumbaron 58,3% y se perdieron 38.700 empleos”. A esto hay que sumarle las suspensiones con reducciones salariales que sufren los trabajadores de distintas ramas de la industria, como es el caso de General Motors y Acindar, solo para citar algunas empresas emblemáticas de la región. En el caso de GM, las mismas son muy anteriores a la pandemia -una situación de arrastre desde 2015, por acuerdo entre la patronal y la gremial Smata. El propio secretario de trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, reconoció que 180.000 trabajadores de toda la provincia sufrieron una reducción salarial debido a las suspensiones,


Esta catástrofe en materia laboral no es ninguna novedad en la provincia, ni tampoco exclusividad de la Ciudad de Rosario. Las cifras de inscriptos al Ingreso Familiar de Emergencia en todo Santa Fe, con un 40% de la población adulta solicitando esa asistencia, son un claro testimonio.


El cuarto lugar en el ranking de mayor desocupación del país lo ocupa la zona que comprende Villa Constitución y San Nicolás, donde la tasa trepa al 11,5 %. Una realidad bien conocida por el combativo Polo Obrero de ambas localidades, que se organiza y lucha por puestos de trabajo genuinos, mientras padece la precarización laboral de los gobiernos municipales a través de cooperativas de trabajo sin ningún tipo de derecho laboral ni convenio colectivo.


Perotti complaciente con los sojeros, duro con los trabajadores


Ninguno de los gobiernos tomó medidas al respecto. Si bien las cifras hablan de una cuestión estructural, ni el intendente radical progresista de Rosario, Pablo Javkin, ni el gobernador peronista Omar Perotti, pueden alegar desconocimiento de esta realidad, resultado de un régimen político que ellos integran desde siempre como funcionarios y como integrantes de las fuerzas políticas que han cogobernado durante los últimos 40 años en la región.


La coalición de gobierno sui generis entre Javkin y Perotti, desde que asumieron, solo ha servido para gestionar las migajas de un ajuste gigantesco en una provincia que concentra el 85% del complejo agroexportador del país. Entre Cargill, Cofco, Bunge, AGD, Vicentin, Dreyfus, Glencore y la Asociación de Cooperativas Argentinas, facturan –en blanco- 25 mil millones de dólares al año, que no pagan impuestos.


Frente a este cuadro, el gobierno de Perotti no ha tomado ninguna medida para afrontar esta realidad explosiva. Pese a que todos los bloques políticos de la Legislatura le han permitido hacerse de los superpoderes para manejar discrecionalmente el presupuesto, no existe ninguna partida provincial destinada a la creación de nuevos puestos de trabajo, ni siquiera a cubrir un ingreso de emergencia para la enorme cantidad de desocupados que existe en su provincia.


La intervención y el recule en favor del lobby sojero de Vicentin, para que sus dueños continúen sus negociados a costa de sus trabajadores y del desarrollo nacional, contrasta con la ausencia de medidas para paliar la desocupación y el aumento de la miseria.


El desarrollo de la pandemia ha exacerbado el desarrollo de una crisis capitalista que se manifiesta con toda rigurosidad en la provincia. La clase capitalista y su personal político carece de una salida, que no es otra que la superación de un régimen social que solo puede ofrecer nuevas penurias.


En manos de los Perotti y los Javkin, solo puede esperarse un agravamiento de las condiciones de vida de la clase obrera y la población en general para rescatar las ganancias de los capitalistas.


Nuestro programa


Necesitamos un plan económico y social en manos de los trabajadores. Colocar los recursos de la provincia, que hoy se encuentran en manos privadas -principalmente de multinacionales que los saquean- en función de un plan de industrialización y desarrollo del empleo. El complejo agroexportador, fuente principal de divisas, debe ser reconvertido en función del interés nacional.


El Partido Obrero plantea la necesidad de un impuesto inmediato a las grandes industrias que operan en la provincia, comenzando por la Bolsa de Comercio y todo el complejo agroexportador, para poner en pie un plan inmediato de creación de empleo.


Reclamamos un seguro universal a todo desocupado de $30.000, el cese de los despidos y las suspensiones, y el pase a convenio de la inmensa masa de trabajadores que carecen de convenio colectivo de trabajo o lo hacen bajo formas de extrema precariedad.


Es precisa la estatización de toda empresa que cierre o despida para preservar las fuentes de trabajo, junto a la apertura de los libros a comisiones obreras electas en asambleas para clarificar la situación financiera real y las responsabilidades económicas en situaciones de quebranto -que en muchos casos son repetitivas pese a los sucesivos rescates del Estado, que siempre benefician a los mismos propietarios escondidos detrás de testaferros o maniobras legales (Vasalli, SanCor, Vicentin, Buyatti, Acindar, etc).


Impulsemos una deliberación en los lugares de trabajo, bajo la forma de reuniones, asambleas de sector y de planta para poner en pie un programa en defensa de las condiciones de trabajo. Por un congreso obrero de ocupados y desocupados que delibere y vote un plan de conjunto de salida a la crisis en beneficio de lxs trabajadores.

También te puede interesar:

Siete maestras fallecieron un 27 de mayo de 2013. El siniestro puso de manifiesto las precarias condiciones laborales del sector.
Trabajadores de los efectores de salud municipales y provinciales de Rosario se manifestaron el miércoles 20 de mayo, por la defensa del sistema sanitario y sus derechos.
24/06/2020

Trabajadores de cultura: por qué luchamos por compensación salarial sin contraprestación

Actuemos

Desde la declaración del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, el 19 de marzo, y aún antes de esa fecha, les artistas y técnicxs escénicxs no tienen ingresos. Las funciones, entrenamientos, ensayos y clases quedarán para otro momento que, ante los vaivenes del desenvolvimiento de la pandemia, no se avizora inmediato.


La respuesta oficial se vehiculiza –mal y tarde- a través de los organismos de fomento: Instituto Nacional de Teatro (INT), Fondo Nacional de las Artes o Proteatro, por ejemplo. Su característica es que se otorga por única vez, llega a un universo muy reducido de compañeres, y los montos son misérrimos.


Es por eso que se fueron desarrollando diferentes alternativas organizativas, pujando por obtener satisfacción de reclamos cuya urgencia se potencia día tras día. Desde  la agrupación Actuemos fuimos promoviendo asambleas abiertas (dos nacionales y dos provinciales, en Santa Cruz y Provincia de Buenos Aires) donde se delineó un programa nacional, encabezado por el reclamo al Estado de una compensación salarial (subsidio) de $30.000 mensual hasta que podamos volver a trabajar, que va cobrando popularidad y que resulta común a otros sectores (Músicxs OrganizadxsFotógrafxs y Realizadorxs Audiovisuales). Y de inmediato, el Ingreso Familiar de Emergencia y Tarjeta Alimentaria para todes les que no los hayan recibido.


Sin embargo, los gobiernos combinan las mencionadas “ayudas” con variantes de “políticas de auxilio con contraprestación”, como la que anuncia la gestión Kicillof en Buenos Aires a través del Programa Mi Vida en Cuarentena “que brindará apoyo económico a 500 realizadores teatrales, con un monto de $ 8.000 por beneficiario, distribuido entre artistas de unos 74 municipios de la provincia” (Contexto, 17/6). O el Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales, por el que el INT otorga a quienes fueran seleccionadxs $10.000 para “contribuir al desarrollo de diversas propuestas creativas, que de manera individual o grupal, desde su lugar físico de aislamiento social, obligatorio y preventivo, confluyan en un hecho artístico utilizando como soporte de creación y difusión la intermediación tecnológica” (web oficial). Se suma también a la marea “contraprestadora” la iniciativa unipersonal de un colega publicada en la edición de Página12 del 19/6, por una tarjeta alimentaria para artistas: “alimentARTE podría llamarse y podría otorgar a les artistas el mismo monto que la que entrega Desarrollo Social (de 4 a 6 mil pesos), con la diferencia de que aquí entraría en juego una contraprestación”, que podría tomar -entre otras formas- la de funciones cuando se levanten los telones”.


Sin entrar todavía en la cuestión de “la contraprestación” en tanto tal, el problema es que el Estado ya colocó un piso para ella con referencia a funciones: $21.683 es el mínimo que, a través del Plan Podestá, paga el INT por una función para un elenco de dos personas. Es decir que el monto de la eventual alimentARTE sería 100% a la baja. Más aún, lo que para todes –menos para el colega que hace la propuesta- queda claro, es que la “contraprestación” YA se realiza, no solo a través de trabajos por los que las plataformas digitales cobran siderales sumas y NO PAGAN canon alguno, sino por las múltiples propuestas que circulan por las redes y son consumidas por miles de espectadores virtuales que así “ven mas entretenida la cuarentena” -como tan burdamente describiera el presidente Fernández-, sin que les artistas obtengan en la inmensa mayoría de los casos alguna retribución económica. Técnicamente, el Estado es deudor de les artistas que ya “contraprestaron”.


¿Cuál es la función económica de la “contraprestación”?


A la función simbólica, reaccionaria, de apelar a la culpa del desempleado o sin ingresos por recibir un dinero “sin trabajar”, colocando la responsabilidad en el sujeto que así estaría en deuda con el Estado y con sus semejantes, debemos reconocerle una función material, económica, en este estadio de crisis del modo de producción capitalista, preexistente y agravada ahora por la pandemia, que puede resultar en una depresión superior a la de 1929. La salida que siempre encontró hasta ahora el régimen social capitalista es la destrucción de fuerza productiva (puestos de trabajo con estabilidad, condiciones laborales, convenios colectivos) y de capital (empresas que irán a la quiebra con su reguero de desempleados), como condición para intentar abrir un nuevo ciclo de acumulación capitalista que necesita de una gran masa de desocupados para ser posible.


¿Y la contraprestación y la tarjeta alimentARTE?


Fue el movimiento de trabajadorxs desocupadxs quien lidió inicialmente con esta idea de la “contraprestación” cuando en 1996 (como se ve, es una “idea” que atrasa por lo menos unos 24 años) “el gobierno menemista lanzó los ‘Planes Trabajar’, una ocupación transitoria de trabajadores desocupados que no podrá tener una duración inferior a los tres meses ni superior a los seis meses en los que el trabajador realizará obras sociales de infraestructura social y económica. Como se trata de una “ocupación” y no de un trabajo, el trabajador no recibe un salario sino ‘ayuda económica no remunerativa’, sin aportes jubilatorios, cobertura social, por accidente o fallecimiento” (Luis Oviedo, Una historia del Movimiento Piquetero, editorial Rumbos, 2001, pág. 37). El objetivo era disciplinar a les trabajadores desocupadxs a cobrar por debajo del trabajo conveniado y destruir las conquistas laborales como jubilación, indemnización, etc. Los trabajadores desocupados de algunas organizaciones (Polo Obrero en primer lugar) comprendieron perfectamente esto y lucharon –y consiguieron- como medida de emergencia, subsidios, cuyo significado es opuesto al de planes que implican contraprestación, dado que en este caso se exige al Estado “como capitalista colectivo que sostenga a los trabajadores” (ídem) y evitando que los “planes” operen como salario a la baja de los trabajadores que permanecían ocupados, ligando así el movimiento entre ocupados y desempleados. Exactamente lo opuesto a lo que propone el colega levantado en la nota de Página12: si por una tarjeta alimentaria de entre cuatro o seis mil pesos se “contraprestara” con funciones, ese es el precio-techo (hiper bajo) por el que pagarán las próximas.


La “contraprestación” resulta entonces funcional a la precariedad laboral de les artistas, que será sin dudas la clave para la reactivación capitalista de las industrias culturales. Ya se está materializando la destrucción de capital (cierre de salas, centros culturales, teatros oficiales en pésimo estado) y de fuerza de trabajo (suspensiones, despidos, pérdida de los escasos puestos de trabajo bajo convenio en la cultura), generándose un “ejército cultural de reserva” que espera su turno para ser superexplotado o convertirse al amateurismo. Lo que se avizora con total nitidez, por ejemplo, en las tareas de actrices y actores de la rama de publicidad, que denuncian polifuncionalidad (su casa como locación a ser modificada por ellos, tareas de escenografía en la misma, cumplir con tareas de maquillaje y vestuario, de iluminación y de cámara) todo por el mismo precio, mientras que les profesionales que cubrían tales roles están desempleades. Así lo expresaron en una nota enviada a la Asociación Argentina de Actores, cuya dirección burocrática sigue ausente sin aviso (se negó a realizar un reclamo colectivo por la IFE y Tarjeta Alimentaria para les asociados que no las perciben y necesitan), dando la espalda o incluso cuestionando la organización y lucha de asociados y no asociados.


El reclamo al Estado, liderado por el subsidio de los $30.000; el planteo de generar un impuesto a las ganancias capitalistas de las plataformas digitales (Netflix , Spotify, Amazon), la creación de trabajo virtual en blanco (plataforma digital federal, micros, programas, espacios en canales y radios oficiales y privados ) y la exigencia de la inmediata adjudicación de IFE y tarjeta alimentaria para todes es el programa que viene asimilándose por crecientes sectores del activismo cultural. Ha sido votado en las asambleas de Actuemos, en las realizadas por las agrupaciones  Músicos Organizados, Trabajadorxs Audiovisuales Precarizadxs, Asamblea de Trabajadorxs de la  Fotografía y  la Asamblea Cultural del Cono Urbano Sur. Juntos, después de marchar el 4 de Junio al Ministerio de Cultura de la Nación, convocaron recientemente a una gran asamblea nacional que votó una movilización el 25 de Junio a las 12 h a Plaza de Mayo y acciones en varias provincias y municipios del país, para imponer este programa que constituye la preservación de los convenios y la defensa del trabajo y del salario de artistas y técnixs, en abierta oposición a instaurar un régimen de “planes Trabajar” para el sector.

También te puede interesar:

Organizaciones sociales y piqueteras resolvieron este jueves seguir impulsando la lucha contra el ajuste.
Los muertos que vos matáis y los límites de un gran triunfo. Escribe Eduardo "Chiquito" Belliboni.
Anuncios de las organizaciones piqueteras y sociales tras el fallo contra la eliminación del Volver al Trabajo.
Una medida cautelar obliga al gobierno a pagar los programas sociales y dar marcha atrás con la baja intempestiva.
Reunió a organizaciones piqueteras, movimientos sociales, sindicatos y diputados de distintos bloques
24/06/2020

Córdoba: jornada de lucha del Sutna por salarios en IBF y Avanzada

En la mañana del martes 23 de julio, los obreros de las plantas industriales IBF y Avanzada, ubicadas en la ciudad de Córdoba, fueron a la lucha de la mano del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna). En ese sentido, se desarrolló una jornada de reclamos por el retraso en el pago de la primera quincena de junio. Esto se suma a los ataques al salario que la patronal viene practicando desde marzo con una reducción de los premios, entre otros incumplimientos  de acuerdos conquistados por el gremio.


La acción consistió en el corte de media calzada de la ruta 9, al frente de la fábrica Neumáticos Avanzada. El piquete concentró un contingente importante de trabajadores. Cerca del mediodía levantaron la medida y reafirmaron la continuidad de la movilización en defensa de los salarios.


En ese sentido, el compañero de la comisión directiva del Sutna Guillermo Acuña manifestó: “en una gran jornada de lucha, en medio de una pandemia la patronal nos obliga a salir a la calle; del Ministerio de Trabajo no estamos teniendo ningún tipo de respuestas. Vamos a tomar medidas de acción directa durante todo el día, y vamos a seguir la lucha”.


En tanto que el delegado del Sutna, Germán Silva declaró: “estamos en plan de lucha ante la actitud irresponsable de la empresa de no abonar los salarios en tiempo y forma, a pesar de haber recibido la ayuda de la ATP”. El compañero indicó que la empresa realizó “una retención abusiva de los salarios a partir de comienzo de la cuarentena”, y concluyó que “también es responsable el gobierno de la provincia de Córdoba por tener una actitud pasiva”


“Queremos denunciar el incumplimiento de un acuerdo que hemos firmado entre el sindicato y la empresa del pago no remunerativo del 100% de los meses de marzo y abril. Hemos denunciando, y solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo y ante su silencio hemos salido a defender el salario de todos los trabajadores”, completó Leandro Rojas de la directiva del Sutna.


Mientras tanto, las fábricas de neumáticos para vehículos de carrera aducen estar en problemas para pagar por razón de la falta de actividad, al mismo tiempo figuran registradas en el plan asistencialista del gobierno nacional ATP, que les aporta el 50% de los salarios para su planta.



Después de horas de agite, el piquete cerró con las palabras de los delegados de las distintas plantas que reforzaron la orientación del sindicato a nivel nacional. En la unidad obrera está la fuerza para hacer retroceder a la patronal. Así fue como el mismo Sutna, hoy dirigido por el clasismo sepultador de la burocracia, conquistó recientemente el pago del 100%, no dejando pasar el pacto del Gobierno-UIA-CGT que utilizaba la cuarentena como excusa para rebajar un 25% del salario.


El invierno acaba de iniciar, y Córdoba se calienta de conflictos y lucha de clases. Es necesario que el pueblo trabajador apoye estas luchas obreras. Con su triunfo se refuerza una salida obrera y popular para que la crisis la paguen los capitalistas.



 

También te puede interesar:

Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
Los fondos que se retacean en salarios se destinan al lucro capitalista.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
Al cumplirse una semana de su desaparición, fue encontraba en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
24/06/2020

Paro en Felfort ante la confirmación de cinco casos de Covid-19

Sobreexplotación y ausencia de protocolos para seguir produciendo con menos personal.

Por Caro DM

Con un caso de coronavirus en Administración y cuatro en Producción, Felfort continúa “protocolizando” la producción en pos de sus ganancias y poniendo en riesgo la vida de los trabajadores -con aval de los gobiernos porteño y nacional. De hecho, los trabajadores recurren por propia iniciativa a sus obras sociales para realizarse el hisopado, ya que la patronal se niega a realizarles los testeos.


Mediante diversos reclamos y la intervención de la comisión interna de la fábrica, lograron obtener que se otorgue la licencia a gran parte de los trabajadores de la planta. Denunciaron ante el sindicato la situación, y reclaman a los gobiernos porteño y nacional que tomen cartas en el asunto para cerrar la fábrica por prevención y evitar así la propagación del virus. Desde el inicio de la cuarentena remarcan la no esencialidad de la producción de golosinas.


Los trabajadores continúan expuestos, yendo a trabajar bajo presión y amenaza de despidos de la empresa. Son obligados a llevar adelante la totalidad de la producción con la mitad del personal, llegando a trabajar hasta 12 horas por día. La empresa no cumple con los protocolos ante casos sospechosos de Covid-19 y la planta nunca fue sanitizada.


En el día de hoy (miércoles 24) los trabajadores que permanecen en la fábrica realizaron un paro para reclamar el cierre preventivo de la misma, testeos para todos los trabajadores -estén de licencia o no- y atención médica.


Apoyamos la lucha de los trabajadores de Felfort.



 

En esta nota

También te puede interesar:

Frente a los ataques Milei y Macri a la educación, y contra el silencio cómplice de UTE y el peronismo.
Este miércoles 3 de junio se desarrollarán las elecciones a Junta Interna.
Se dejó sin efecto el permiso otorgado para la explotación privada del polideportivo.
Con lo justo, se impuso Marcelo Culotta, en medio de un club acechado por los privatistas.
Sectores oficialistas lanzan una campaña contra los estudiantes que reclaman presupuesto para la educación.
24/06/2020

Grave–Río Negro (Mainque): “ustedes indios de las sierras son unas ratas”

Violento y xenófobo intento de desalojo ilegal del intendente Miguel Petricio contra crianceros.

Concejal del Partido Obrero de General Godoy

Crianceros de más de 25 años de antigüedad denunciaron al intendente Miguel Petricio de la localidad de Mainque por violentos ataques y amenazas. Petricio se hizo presente, según la denuncia el martes 16 de junio alrededor de las 9 de la mañana junto a camionetas, motoniveladoras, maquinas viales y un grupo de 20 personas con el fin de dar por tierra todo lo que se encontraba levantado en esas tierras. La tierra en cuestión es fiscal, y muchas familias se han trasladado allí, a sabiendas de la falta de servicios públicos, ante la urgencia habitacional que azota a toda la provincia y la localidad. Petricio estaría pretendiendo, como un patrón de estancia, esas tierras para supuestos proyectos que no ha dado a conocer.


En la denuncia pueden leerse los mecanismos propios de Petricio y la vieja escuela peronista de derecha que tanto aflora en la provincia. Atropellos, insultos y prepotencia fueron parte de las palabras lanzadas por el intendente: “esto no va a quedar así, yo voy a volver, si yo quiero pago a dos o tres personas que te hagan cagar con tu familia, porque ustedes indios de las sierras son unas ratas”. Petricio cuenta en sus espaldas con estas denuncias, pero además con otras de vecinos y vecinas del barrio Santa Lucía, que presentaron un amparo judicial para que el municipio cese con la descarga de líquidos cloacales crudos en la zona rural, además pedidos de informes por la obra principal de cloacas local. También pidieron la remediación del basurero a cielo abierto en zona urbana.


Petricio ha tenido durante sus más de 20 años en el poder, al que llegó de la mano de Pichetto, permanentes denuncias por aprietes y amenazas, tanto cuando lo respaldaba el peronismo provincial, como ahora, que lo respalda(ría) Juntos Somos Río Negro. De todos modos, todos los partidos políticos provinciales han acompañado la impunidad que la justicia arroja sobre el intendente (y que se generaliza, como el caso de Ivancich en General Godoy) y no han tomado nunca alguna medida. Tampoco, ni el peronismo ni el oficialismo provincial han actuado nunca ante las denuncias contra el intendente por manejos espurios de los fondos públicos municipales, sin presentar durante años algún tipo de rendición municipal


Vecinos y vecinas de Mainque se han organizando, rechazado y actuado, logrando incluso algunas victorias contra el patrón de estancia Petricio. El debate en la vecina localidad de Mainque crece ante los atropellos y ataques de quienes deberían solucionar las principales necesidades de la localidad, abriendo paso a una salida propia e independiente de la camarilla de Petricio y cía. Petricio tiene que dar un paso al costado, y el Estado y la justicia provincial actuar para dar respuestas de una vez por todas. Por la apertura de los libros municipales del municipio de Mainque, para su conocimiento publico, y así avanzar en un plan de obras populares, como las cloacas o planes de viviendas populares bajo control de los trabajadores/as y la ciudadanía.



 

También te puede interesar:

24/06/2020

Tucumán: tres heridos por quemaduras en el Ingenio Concepción

La patronal es responsable.

Un siniestro en el Ingenio Concepción, que dejó a tres obreros heridos con quemaduras de diferentes grados, se produjo el martes 23. Según señalan los trabajadores, las victimas operaban sobre cañería por donde pasa jugo caliente y una junta cedió.


Los accidentes en este ingenio son una constante. Desde que se hizo cargo Emilio Luque, un conocido explotador que el año pasado dejó un tendal de despidos e indemnizaciones sin pagar en los supermercados que tenía, las tercerizadas fueron ganando terreno. El avance de empresas truchas que pagan fuera de convenio y exigen más dentro del ingenio es cada vez peor. La desorganización y falta de control tienen como base la voracidad patronal, que privilegia sus ganancias por encima de la salud y la vida de los trabajadores.


Frente a todo esto, los sindicatos no han abierto la boca. Ni contra los accidentes, ni contra la tercerización ni contra los descuentos arbitrarios que hubo en medio de la pandemia.


Es necesaria la organización obrera para parar con estos atropellos. Los sindicatos deben estar al servicio de luchar por comisiones obreras de seguridad, electas y con poder de veto sobre la producción, para poner la salud por delante.



 

24/06/2020

La radio online de Músicxs Organizadxs, un lugar de diálogo entre lxs músicxs en plena pandemia

Músicxs Organizadxs

Como parte del plan de lucha votado por la asamblea de Músicxs Organizadxs se destaca la realización de una radio online, que ya va por su quinta edición y busca colocarse como un lugar de diálogo entre músicxs de diferentes estilos.


Ante la difícil situación de vivimos lxs artistas, agravada con el advenimiento del aislamiento social producto de la pandemia, Músicxs Organizadxs se ha colocado como una usina de iniciativas, que son votadas en asambleas y que escrupulosamente llevamos a la práctica. El empadronamiento que largamos muy tempranamente y que orilla las 5.000 personas, fue seguido por festivales online, tuitazos y concentraciones con distanciamiento social, como la que este 24 de junio a las 12:00 nos volverá a a encontrar en Plaza de Mayo junto con otras organizaciones, con réplicas en diferentes partes del país.


Se suma a todo eso la radio online que se transmite los días viernes a las 20:00 desde nuestras páginas de Instagram y Facebook. La iniciativa está siendo muy bien recibida por lxs músicxs, mostrando la avidez por debatir, contar e intercambiar puntos de vistas con lxs compañerxs de Músicxs Organizadxs y con el público en general.


La situación de aislamiento social ha dislocado nuestras rutinas de trabajo y ha puesto de relieve la enorme precariedad laboral en la que realizamos nuestras laborales cotidianas, poniendo a las grandes mayorías de músicxs en situaciones desesperantes, desde el punto de vista económico pero que afecta a nuestras producciones artísticas.


La problemática de las clases virtuales, los femicidios, la precariedad laboral, se entrelazan con el abordaje de la composición, la improvisación, las influencias artísticas y no tanto que alimentan las producciones de cada unx de lxs músicxs que se vienen sumando a las radios. Desde los rockeros como Maikel de Kapanga y Edu Graziadei de Cadena Perpetua hasta lxs jazzerxs como Ernesto Jodos y Paula Shocron se han sumado a los programas abriendo todo un abanico de miradas que enriquecen la lucha que venimos dando desde las distintas organizaciones.


Este viernes a las 20:00 se sumarán a la radio las grandes cantantes Lorena Astudillo y Eleonora Eubel, y el percusionista Facundo Guevara, con lxs cuales seguiremos con estos contrapuntos de lucha y arte.



 

24/06/2020

Córdoba: protesta de profesionales en la Superintendencia de Servicios de Salud

Fonoaudióloga (MP 8.227). Integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha.

Durante la mañana de hoy prestadorxs precarizadxs de la salud nos hicimos presentes, con las medidas de seguridad correspondientes, en las puertas de la sede cordobesa de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), para presentar nuestros reclamos centrales.


La iniciativa se enmarcó en la jornada nacional de lucha votada en la última asamblea de prestadorxs precarizadxs, para exigir el pago de todas las prestaciones adeudadas de 2019 y 2020, un aumento inmediato por inflación del Nomenclador (que rige los montos por las tareas) y el pago de la totalidad de las prestaciones aprobadas durante el aislamiento obligatorio, incluyendo el acompañamiento terapéutico (no contemplado en el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas en Discapacidad).


De la concentración participaron, entre otros sectores, los Fonoaudiólogos Unidos de Córdoba, que sumaron al reclamo general una gran iniciativa, que es la exigencia de kits sanitarios a la propia SSS. Se trata de elementos esenciales para que les prestadores afronten las terapias domiciliarias, ya que al momento también cargamos con ese gasto -ninguna obra social garantiza los Equipos de Protección Personal ni para profesionales ni pacientes.


La convocatoria de hoy se hizo luego de haber mandado mails, juntado 34 mil firmas en dos petitorios y haber realiizado varias campañas de difusión por Twitter (a través de hashtags), sin recibir respuesta a nuestros problemas de emergencia. Al contrario: las respuestas son más recortes y ajustes a nuestras prestaciones, en desmedro de nuestros ya golpeados ingresos. Y más rienda suelta a las obras sociales y prepagas, que han sido rescatadas con $8.000 millones, y adeudan prestaciones todavía de 2019.


La medida acompaña las acciones nacionales y es un apoyo más a la reunión lograda para hoy en la sede central de la SSS, donde Gabriela Barros, directora operativa, se comprometió a recibir una delegación y escuchar nuestros reclamos. Está reunión se ha logrado mediante todas las iniciativas desarrolladas a los largo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.


Junto a los reclamos planteados, rechazamos todas las resoluciones de ajuste y recorte: la 282/2020,85/2020, 308/2020, 349/2020, 198/2020 y 231/2020. Y exigimos la carga al sistema de todas las prestaciones facturadas realizadas durante el 2020 y la aprobación inmediata de todas las prestaciones pendientes del 2020. Finalmente, rechazamos el desvío de $8.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución, que debería ser utilizado para tratamientos prolongados en Discapacidad, HIV, Oncológicos (entre otros), para otros fines.


Llamamos a acompañar esta lucha en las redes sociales con los hashtag #noalajusteendiscapacidad y fotos del reclamo en el resto del país, según las posibilidades de cada provincia. Necesitamos visibilizar nuestra situación de emergencia, exigimos soluciones urgentes. #NoAlAjusteEnDiscapacidad.



 

En esta nota

También te puede interesar:

Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
Al cumplirse una semana de su desaparición, fue encontraba en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
Milei, Llaryora y el intendente Passerini son responsables.
24/06/2020

Clínica Cutral Co: un paso más en la lucha por los puestos de trabajo y el salario

Tras una movilización al Concejo Deliberante de Plaza Huincul, este adhirió a la resolución de la legislatura neuquina, presentada por el PO-FIT.

En el día de ayer, los y las trabajadoras de Clínica Cutral Co, acompañados por el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras, se movilizaron al Concejo Deliberante de Plaza Huincul (en la provincia de Neuquén), conquistando que el mismo adhiera a la Resolución 1.058 de la Legislatura Provincial. Mediante dicha norma, presentada por la diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Patricia Jure, se insta al Ejecutivo provincial al pago de salarios y aguinaldos adeudados, la continuidad de los puestos de trabajo y la reapertura de la Clínica.


La conquista de hoy se inscribe en una seguidilla de victorias parciales desde que se aprobó la resolución el pasado mes de abril. Hace unas semanas, el Deliberante de Cutral Co se pronunció en el mismo sentido aprobando una comunicación hacia el Ejecutivo provincial por la reglamentación e implementación de la 1.058.


La lucha y la tenacidad de los y las trabajadoras de Clínica Cutral Co ha  permitido y obligado que las fuerzas políticas tengan que pronunciarse en favor de una salida positiva para el conflicto que lleva meses. Las compañeras de la clínica también han arrancado que los municipios de la comarca petrolera hagan efectivo un aporte para cubrir parte de los salarios. En la jornada del Plenario Sindical Combativo, las trabajadoras presentaron un petitorio en Casa de Gobierno con sus principales demandas.


Las iniciativas en los parlamentos están al servicio de amplificar la lucha por la reapertura de la clínica. Es que ante la aparición  de la pandemia -en la provincia en general, pero en la Comarca Petrolera en particular- se hace necesario un reforzamiento del sistema sanitario, y en esa perspectiva se inscribe la lucha de clínica Cutral Co.

También te puede interesar:

Los fondos que se retacean en salarios se destinan al lucro capitalista.
El TEP-Celeste vuelve a garantizar la paz social de Figueroa.
Expuso la desprotección que sufren las mujeres trabajadoras precarizadas.
La familia repudió una nueva audiencia destinada a otorgarle permisos a Miguel Antonio Murer.
La doctrina Bullrich a la neuquina.
24/06/2020

Con la unidad de los centros, pongamos a la UNA de pie

UJS UNA

La idea de que con el fin del gobierno de Macri se terminaba el ajuste, la represión y la “Argentina de los vivos” contrasta con la realidad de los seis meses del gobierno de Alberto Fernandez: ajuste a los jubilados; subsidios a Techint y Clarín; pago de millones de dólares de deuda externa; falta de insumos en los Hospitales; recortes salariales acordados con la UIA y la CGT. Se trata de una orientación que, de conjunto, sigue apuntando a la defensa de los capitalistas mientras se profundiza la miseria y empeoran las condiciones de vida de les trabajadores.


Les artistas sufrimos las consecuencias de estas políticas y, al no poder salir a trabajar en cuarentena, estamos totalmente desamparados. La histórica precarización de nuestro sector se ve reflejado en los miles de monotributistas y trabajadores en negro, frente a los menos que trabajan en blanco. Esto hace que seamos de los sectores más afectados por la crisis. La situación en la educación va en el mismo sentido: el presupuesto para las universidades nacionales es el mismo que el del año pasado, por la política de no votar uno nuevo hasta que cierren las negociaciones con los bonistas. En la UNA, en un contexto de crisis edilicia, ajuste y la virtualización forzosa a causa del Covid-19, la rectora Sandra Torlucci gobierna la universidad a puertas cerradas. Fuimos les representantes estudiantiles de los centros de estudiantes y los consejos quienes reclamamos que sesione el Consejo Superior y se discutan nuestras necesidades.


¿De dónde venimos?


En noviembre del 2017 impulsamos la creación de la Funa (Federación estudiantil de la UNA), siendo la izquierda la conducción de los centros de Artes del Movimiento y Visuales, sumando a su vez a la Federación a los centros de Crítica de Artes y Audiovisuales. La creación de la Federación respondía a la necesidad de unificar los reclamos de les estudiantes y de esta forma poder potenciar al movimiento estudiantil.


A pocos días de su creación, la Funa salió a la calle contra la reforma previsional que aprobaron el macrismo y el PJ en el Congreso, y la posterior lucha por la liberación de les detenides por la represión. La Funa participó activamente en la lucha por el aborto legal con asambleas junto al resto de los niveles educativos y espacios de organización de mujeres y disidencias, y un plebiscito conjunto con las federaciones y coordinadoras que colocó a nuestra universidad como una de las más partidarias de la legalización. Al iniciar el estudiantazo nacional de 2018, la Funa tuvo un papel fundamental en el apoyo a les docentes, la organización de vigilias y tomas de facultades en defensa de la educación, y la organización estudiantil independiente del gobierno y las autoridades.


En la creación de nuestra Federación no participaron los centros de Artes Dramáticas y Formación Docente, debido a la expresa decisión de sus conducciones. Estas manifestaron su desacuerdo con la creación de una federación estudiantil por considerarla una herramienta de “aparato”. Una discusión similar se dio con les compañeres de Folklore, que no llegaron a integrarse. Más allá de esa concepción, la experiencia desarrollada demuestra con hechos concretos la importancia y el principal propósito de dicha conformación: unificar y potenciar la unidad del movimiento estudiantil para batallar en conjunto.


Si bien esta experiencia de la Funa fue sumamente positiva, hoy no podemos dejar de marcar las razones de su inactividad reciente. Por un lado, una de las corrientes políticas que le daban cuerpo (en ese entonces Nuevo Encuentro, actualmente “Puebla”) bloquea cualquier iniciativa que contraríe la política del gobierno y la gestión, dado que apoyan a ambos. A su vez, la decisión de les compañeres que conducen el centro estudiantes de Artes Visuales (Ceavi) de romper con la Unión de Juventudes por el Socialismo, que les llevó a un ensañamiento sectario, también influyó fuertemente en la situación que vemos hoy por la división de la conducción de la Federación.


¿A dónde vamos?


En este sentido, hoy la Funa sólo nuclearía a los centros de Movimiento, Visuales y Crítica de Artes, con el agravante de que existen posiciones divergentes en torno a la necesidad de enfrentar la política de las autoridades y el gobierno. A su vez, la convocatoria de reuniones de los centros de estudiantes en donde participaron representantes de Artes Dramáticas, Audiovisuales, Movimiento, Folklore, Formación Docente y Visuales, muestra también que de esta forma se desarrolla un mayor agrupamiento de estudiantes de la UNA. El espíritu de la formación de la Funa fue siempre ese, y no pretendemos que en este contexto la Federación se transforme en una traba para el desarrollo del movimiento estudiantil.


Por esto, entendemos la importancia de que las reuniones que se llevaron a cabo entre centros de estudiantes se sistematicen para poder estructurar mejor la unidad de los centros. A su vez, si bien las declaraciones de la última reunión son positivas y aportan al posicionamiento político, es fundamental que estos encuentros resuelvan acciones de lucha aun en el marco de la virtualidad. Ello no implica que desde la UJS abandonemos la perspectiva de seguir desarrollando una Federación, por el contrario entendemos la importancia de que en los tiempos que corren logremos su desarrollo en conjunto, con los debates e intercambios que correspondan.


En este sentido, proponemos que se lleven a cabo reuniones de los centros de estudiantes cada dos semanas, para resolver acciones contra el ajuste en la universidad e impulsar una campaña por la compensación mensual de 30.000 pesos a artistas, la exención del pago de monotributo y el establecimiento de un impuesto extraordinario a las plataformas virtuales, así como acompañar las luchas en curso de trabajadores.


Seguimos peleando por la organización independiente de les estudiantes de la UNA, más que nunca en este contexto.



 

También te puede interesar:

Frente a los ataques Milei y Macri a la educación, y contra el silencio cómplice de UTE y el peronismo.
Este miércoles 3 de junio se desarrollarán las elecciones a Junta Interna.
Se dejó sin efecto el permiso otorgado para la explotación privada del polideportivo.
Con lo justo, se impuso Marcelo Culotta, en medio de un club acechado por los privatistas.
Sectores oficialistas lanzan una campaña contra los estudiantes que reclaman presupuesto para la educación.
24/06/2020

Neuquén: muere niño de 12 años en incendio, por la precariedad y la falta de gas

En la madrugada de hoy, un niño de 12 años falleció a causa de un incendio en su vivienda del barrio Valentina Norte Rural (Neuquén). El hecho se produjo a causa de un desperfecto eléctrico en las instalaciones y la falla del caloventor con el cual se calefaccionaban. A falta de gas, las familias tienen que pasar las bajas temperaturas con braceros y elementos eléctricos con condiciones precarias.


Ante este hecho, los vecinos con gran indignación se organizan esta mañana y preparan acciones de lucha.


Este incendio no es un episodio aislado. La semana pasada, a causa de una explosión de una garrafa, se incendió toda una vivienda; por suerte la familia pudo salir ilesa. Y semanas atrás, en el barrio obrero de Cipolletti (localidad rionegrina que linda con Neuquén), dos niños y su padre fallecieron a causa de otro voraz incendio.


La muerte del niño representa un crimen social con directa responsabilidad del Estado. Es que la obra de gas viene siendo prometida hace años; recién en el último período fue aprobada, pero todavía está demorada su aplicación. Es ilustrativo que, en la provincia de Vaca Muerta, miles de familias deben soportar las bajas temperaturas en las peores condiciones.


Apoyamos a los vecinos de Valentina Norte rural. Finalización de la obra de gas ya. Basta de crímenes sociales.



 

En esta nota

También te puede interesar:

Los fondos que se retacean en salarios se destinan al lucro capitalista.
El TEP-Celeste vuelve a garantizar la paz social de Figueroa.
Expuso la desprotección que sufren las mujeres trabajadoras precarizadas.
La familia repudió una nueva audiencia destinada a otorgarle permisos a Miguel Antonio Murer.
La doctrina Bullrich a la neuquina.
24/06/2020

Trump, the new standard-bearer for police reform?

Caught in a tight spot, the U.S. president decreed several of the Democrat’s parliamentary proposals

Versión en español


The national rebellion has been going on for a month, without the ruling class being able to regain control of the situation.


The repression has been bloody, with eleven confirmed dead, hundreds injured and almost 10,000 arrested during the month throughout the country. The recent murder of Rayshard Brooks in Atlanta has once again intensified the clashes. In Southern California, there are demonstrations demanding clarification of the deaths of two Black workers who have been found dead, hanging from trees in cities in the area. In Seattle, the six-block area controlled by protesters around police headquarters is maintained.


The rebellion has highlighted the reality of police violence and its racist and class oppressive orientation. An average of 1,000 civilians is killed by the police every year. Police murder is the sixth most common cause of death for Black youth. Almost all of those killed are below the poverty line.


The U.S. police make 10 million arrests a year. It's by far the country with the highest percentage of incarcerated population. The number of prisoners has quintupled since the 1970s, marking a huge militarization of society, aimed almost exclusively at the working class. Black people are the most convicted of common crimes and receive the longest sentences, making them a third of the prison population, while they make up 13% of the general population.


The lack of accountability is also enormous. According to data from mappingpoliceviolence.org, out of 7,663 cases of civilians killed by police forces in the United States between 2013-2019, only 95 cases resulted in trials and 48 in convictions. The police unions are a huge network of political and economic influence, which has systematically orchestrated to defend these conditions of impunity.


It is against this huge complex that the revolt is directed. The local expression of the imperialist domination apparatus that patrols the entire world.


Trump a reformer?


Trump found that the direct confrontation with the rebellion had led him into extreme isolation. After his disavowal by the Pentagon, President George W. Bush has refused to support Trump in November and former candidate Mitt Romney has marched in his state with the Black Lives Matter flags. Faced with this situation, he has decided to perform a new spin that part of his cabinet had been promoting.


A week after the Democratic caucus in Congress presented a moderate package of police reforms in order to try to make use of the movement in electoral terms and, at the same time, to demarcate from the demands that the movement actually makes, Trump decided to issue an executive order, taking several of the points proposed by his opponents, trying to one-up the debate in Congress.


The order provides for limiting federal funds to local departments that do not prohibit chokeholds, unless the officer declares that their life is in danger; that provide training in non-violent conflict resolution tactics. It also creates a register of violent police officers. The conditional funding cut was the proposal that Democratic candidate Joe Biden has been walking around with in the media, and the register was proposed by Senator Kamala Harris, who is mentioned by many as his vice presidential candidate. It also proposes the creation of interdisciplinary teams to respond to cases where complaints are linked to mental health problems, drug addiction and homelessness, another proposal that "progressive" reformers have been putting forward these days.


The Democrat project contains a few more points. Like the Republican one, it proposes the mandatory carrying of cameras during police procedures. It restricts the use of forced searches (like the one used in the operation where Breonna Taylor was killed). It restricts, but does not cancel, the delivery of military weapons to the forces, which worked under Obama and acquired enormous proportions with Trump. It proposes to change the basis for a conviction for police abuse to cases where officers who violate constitutional rights should be prosecuted not for "knowingly" but for "reckless disregard". It modifies, but does not override, the conditions of qualified immunity, a legal doctrine that protects police officers from prosecution for their actions in the performance of their duties. However, the Republicans have declared this point unacceptable. The Supreme Court voted against revising this doctrine in its rulings at a meeting last week.


Biden has not only opposed the defunding proposal, but also proposes a $300 million increase to the police budget. In fact, in the budget debate that will follow in the coming weeks, it is the Democratic Party that will defend the police budget and the possibility of increasing it, in the face of tax cuts in this and other areas that Republicans will put on the table.


Trump has relied on the extreme commitment of the Democratic establishment with the repressive system to show that he is willing to issue reforms very similar to those they propose. Trump has not become a reformer, but shares with his opponents a defense of the status quo, of the repressive capacity of the state, and of limiting reforms to the most cosmetic level possible.


The impact of the rebellion has also led to an array of local reforms of varying order. From convictions for "aggravated strangulation"; to the creation of inquiry offices for deaths at the hands of the police; requirements that courts publish racial and demographic data on their convictions for minor crimes; the requirement of camera use by police officers; the publication of police disciplinary files; a ban on hiring police with prior misdemeanor histories; budget reductions for local police, with a commitment to direct those funds to projects in poor communities or communities of color; a ban on the use of tear gas; hiring of unarmed professional teams to handle complaints that do not involve immediate danger.


The most extreme case is the announcement that the majority of the Minneapolis City Council claims to have resolved the dissolution of the police department, which continues to function, while a year of transition has been given to discuss how it should be replaced.


Defund, Abolish


There is enormous confusion in the media, generated intentionally, around the scope of the slogans that are raised in the movement. The demand for the abolition of the police and prisons has been replaced by the demand for defunding, supported by the Democrats’ left wing and part of the fighting movement that, in turn, seeks to be replaced by the leadership of their party for "better investment in security".


Senator Kamala Harris has said she supports defunding, as long as it is understood as redirecting them to other programs that improve security. Democratic Socialist Ilhan Omar has said that the "cancer" of the Minneapolis police department should be replaced by another security force. The progressive messiah, Bernie Sanders, has rejected any defunding, maintaining his demand for higher wages for officers.


There is also diversity among those who are calling for the abolition of the police institution. Some are just reformers seeking radicalized expression. Christy Lopez, a law professor quoted by Vox.com, in a survey of various abolitionist references, sees compatibility between partial reforms and an abolitionist approach that "restores public security" because "the police have too many tasks". Another person quoted, Jenn Jackson, of Syracuse University of Political Science, rejected the path of police reform, showing that it has led to one failure after another.


The more in-depth views are linked to establishing direct control of security on the part of oppressed communities. This perspective has as a precondition the defeat of the imperialist state, which has developed this huge repressive apparatus to exercise its authority inside and outside the country.


Frank Chapman from the National Alliance Against Racist and Political Repression describes how there is a Black-led people's rebellion in the country and that "until the Black and colored communities get control of the police, they're going to keep killing us with impunity". Max Rameau from the Pan African Community Action also argues for community oversight of the security forces, saying that "the youth are imagining a world where these tremendous institutions of imperialism and the police state have disappeared". (both on the Black Agenda Report site).


There is a vanguard that is denouncing the attempts to dilute the rebellion. Trump's Bonapartist project involves the development of a police state. It must be defeated now, and not wait until November. The militarization of society is a product of the collapse of an entire political and social regime in the context of historical capitalist decay. To defeat it, the movement will need to discuss a program that puts forward a way out of all the social and economic disaster being imposed on the population and a comprehensive reorganization of the country on new social foundations.


In this context, the investigation and conviction of those responsible for the thousands of police crimes perpetrated in the country are the starting point for advancing the necessary debate on how communities can manage their security without oppression or violence. This requires the dismantling of the repressive apparatus. There is an urgent need to build on the momentum of the rebellion to demand the immediate release of the 54 political prisoners who have been held for decades, including Mumia Abu Jamal and Leonard Peltier.


Long live the people's revolt against the imperialist power of the United States!

En esta nota

También te puede interesar:

24/06/2020

Paritaria de la alimentación: una conciliación obligatoria que da aire a las patronales

Impulsemos asambleas y plenarios de delegados para resolver cómo continuar.

Por Saulo

En el marco del conflicto salarial en la industria de la alimentación, el Ministerio de Trabajo dictó este jueves 18 una conciliación obligatoria por 15 días.


La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (Ftia) había anunciado un paro nacional de dos horas por turno para ese día, una medida que se encuentra muy por detrás de la bronca y disposición a la lucha que recorre el gremio. De todos modos, no llegó a concretarse por la rapidez con que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación y el sindicato, una vez más sin consulta a los trabajadores, la aceptó. Obviamente, la medida tuvo por finalidad descomprimir el malestar que existe por abajo, y se resolvió a sabiendas de que tendría este resultado transitorio: otros quince días de gracia a las patronales.


Ganancias siderales, ajuste contra los trabajadores


La paritaria del sector se encuentra vencida desde abril, y las patronales han pedido la postergación con el argumento de que “el sector atraviesa una situación de crisis”. La realidad es que incluso en la cuarentena no pararon de acumular ganancias, incrementando los precios por encima de la inflación.


En contraste con ello, el salario inicial del sector, cercano a los 40 mil pesos (en bruto), se encuentra hoy muy por debajo de la canasta de pobreza, que según el Indec se ubicaba en 43 mil pesos en mayo.


En “compensación”, las cámaras empresarias ofrecen un bono de 4 mil pesos, a pagar en dos cuotas, y reabrir el debate en septiembre. Se trata de una verdadera burla, que no solo no equipara ni por asomo la pérdida salarial de estos meses, sino que desconoce el esfuerzo de quienes arriesgamos nuestra salud y la de nuestras familias en plena pandemia.


Las patronales se valen del virus para intentar imponer todo tipo de atropellos. Los ejemplos abundan: Mondelez-Stani, cuya “actividad esencial” es la producción de golosinas, acumuló stock y luego intentó avanzar con suspensiones; 5 Hispanos, de La Matanza, descontó el 50% de los salarios desde la vigencia del aislamiento (pese a que la planta no paró) y ahora pretende pagar el aguinaldo en 4 cuotas; La Nirva adeuda ocho meses de salario.


Amparado en el pacto UIA-CGT-Gobierno, al que adhirió la Ftia, Arcor paga el 75% del salario a los afectados por la pandemia, en todas sus plantas del país.


A las rebajas salariales y las suspensiones se suma la ausencia de verdaderos protocolos que garanticen la seguridad de los trabajadores. Los que existen están hechos a la medida de las patronales, permitiendo la continuidad del funcionamiento de las plantas que detectan casos de Covid-19, sin testeos masivos ni las desinfecciones correspondientes. Eso ocurre en grandes plantas como Mondelez-Kraft, donde ya se registraron varios contagios.


En todos estos casos, los trabajadores han resistido con medidas de lucha.


Convidados de piedra


La “oferta” patronal fue rechazada por la Federación, que elevó un pedido de aumento del 15% en tres cuotas para los meses de mayo, junio y julio y la reapertura para agosto. Esta propuesta, que sigue dejando a la escala lejos de la canasta familiar, no fue debatida ni aprobada en ninguna asamblea de la alimentación.


Los trabajadores somos convidados de piedra del debate sobre nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo.


Asambleas en todas las plantas y plenarios de delegados


Los trabajadores de la alimentación, al igual que el resto de la población obrera, vivimos una verdadera catástrofe. El gobierno de Alberto Fernández dice proteger los derechos de los trabajadores, pero ha dejado pasar 150 mil despidos desde que comenzó el aislamiento obligatorio, avaló el pacto de rebaja salarial UIA-CGT, congeló la movilidad jubilatoria y ahora anunció el pago fraccionado del aguinaldo a los estatales, marcando un camino que seguirán todos los empresarios.


Solo una intervención decidida de la base del movimiento obrero puede contrarrestar la ofensiva de las empresas, que es secundada por las direcciones sindicales y apañada por el Ministerio de Trabajo.


Es imprescindible impulsar asambleas y plenarios de delegados que fijen los reclamos salariales y las medidas de lucha para conquistarlos; para elegir comisiones de seguridad en cada planta y vigilar el cumplimiento de verdaderos protocolos sanitarios, que resguarden la salud de los trabajadores.


¡Que nada se resuelva al margen de los trabajadores!


La defensa de nuestro salario, de nuestras condiciones de trabajo y de nuestra salud, en estos momentos tan delicados, no pueden quedar en manos de la dirección de Rodolfo Daer (titular del sindicato de alimentación de la capital) y Héctor Morcillo (secretario general del Ftia), responsables de tantas agachadas.


Los trabajadores de la alimentación que integramos la Coordinadora Sindical Clasista impulsamos este planteo y llamamos a defender nuestros reclamos en unidad con el movimiento obrero combativo. Por eso hemos formado parte de las acciones llevadas adelante por el Plenario del Sindicalismo Combativo, que el 16 de junio realizó una jornada nacional, en la mayoría de las provincias del país, unificando la lucha de los sindicatos, comisiones internas y agrupaciones antiburocráticas.

También te puede interesar:

Busca sacar el etiquetado frontal, pero no puede esconder las mesas vacías.
La empresa internacional, persigue a las y los trabajadores que cuestionan un cambio productivo esclavizador.
Retomemos la lucha por el salario y contra el vaciamiento.
La burocracia sindical se subordina a Milei y negocia sus privilegios.
La patronal busca forzar una nueva reducción salarial con amenaza de despidos.
24/06/2020

Salta: despedidos de Lindero se movilizaron a la Cámara de Minería

Los trabajadores despedidos de la empresa Edvesa, tercerizada de la minera Mansfield, se movilizaron en la mañana de este martes 23 de junio, desde el acampe en las puertas de la minera canadiense hacia la Cámara de Minería de Salta. El vicepresidente de dicha cámara es nada menos que Facundo Huidobro, gerente de relaciones institucionales de Mansfield.


Como era de esperar, en el lugar no había ningún representante de esta cámara patronal, a la cual se le solicitó que reciba a los trabajadores para que expongan su situación laboral y ratifiquen el reclamo de que la minera se haga cargo de ellos y los incorpore.


Desde allí se dirigieron a la legislatura donde a las 11.30 estaba pautada una reunión con diputados. En la reunión nuevamente los trabajadores dejaron en claro su reclamo y desnudaron a los diputados que defienden a las mineras, particularmente al diputado macrista Suriani, presidente de la comisión de minería. Este acusó a los trabajadores, en un medio de prensa, de extorsionar a la minera canadiense. Pero los compañeros reclaman algo elemental: que la empresa minera es responsable por haber cortado el contrato con la tercerizada, luego de permitir que esta violente todas las normas laborales, tal cual lo denuncian en la carta que dirigieron al pueblo de Salta, y por lo tanto ahora debe hacerse cargo de su re incorporación. Solo nuestro compañero Claudio Del Plá, defendió a fondo el reclamo obrero.


De esta reunión con diputados, solo se estableció el compromiso de citar para el miércoles 24 al secretario de Minería de la provincia y a la Cámara de la Minería, para discutir la situación.


El macrismo, pieza clave de la minería en el gobierno Sáenz


El gobernador Gustavo Sáenz formó su gabinete colocando a un exdiputado macrista, Martín de Los Ríos, en el Ministerio de la Producción, del cual depende la secretaría de minería.


Mientras tanto, el candidato a concejal más votado de la ciudad de Salta, el macrista Alberto Castillo, fue designado como Ceo de la empresa estatal Remsa S.A, una intermediaria estatal de los negocios mineros.


El período legislativo comenzó este año con una crisis en el oficialismo por la dirección de la comisión de minería, que finalmente quedó en manos de Andrés Suriani, del palo de Castillo y De Los Ríos.


El lobby minero dentro del gobierno de Sáenz está en manos del PRO.


Cómo sigue la lucha


La jornada de este martes finalizó con el retorno de la movilización al acampe, previo paso por la sede de la Uocra, donde los compañeros denunciaron a la burocracia por su complicidad con las empresas, ya que nunca los defendieron y además participan de las audiencias de conciliación convocadas por la secretaría de trabajo.


El próximo jueves 25 los compañeros realizaran cortes de calle en el acampe para seguir levantando su reclamo. En tanto que el viernes 26 realizarán una agitación política del conflicto en la peatonal salteña donde además solicitarán a la población colaboraciones para el fondo de lucha, que es fundamental para sostener esta pelea de largo aliento.


Desde el Partido Obrero, como desde el primer día, seguiremos acompañando esta lucha que ha puesto al desnudo la verdadera cara de la minería en la provincia.










 

También te puede interesar:

Un importante plenario obrero organiza la marcha con Fate y el Sutna a la cabeza. Escribe Néstor Pitrola.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Fuerte complicidad de la burocracia sindical: ni paro, ni plan de lucha.
Informes confirman que cada vez son más los trabajadores con más de un empleo o que pierden el trabajo y migran al “monotributo”.
24/06/2020

Córdoba: exigen avances en la investigación de un caso de trata

Este martes 23 se desarrolló una concentración en Tribunales Federales para exigir justicia para Nora y la inmediata investigación frente a la situación de trata a la que fue sometida y que tiene como principal responsable a un alto funcionario del Poder Público Fiscal de la provincia.


La actividad que fue convocada por familiares y amigos, junto a la asamblea ni una menos de córdoba, denunció las irregularidades y la inacción por parte del Estado, poniendo de manifiesto el enorme amparo estatal que impera en estos casos y la tendencia a culpabilizar a la víctima para garantizar la impunidad del victimario.


Tal como denuncia su entorno, la captación de Nora concentra todos los elementos de la trata de personas con fines de explotación sexual. El sometimiento por medio de la situación de vulnerabilidad que ella vive como consecuencia de su adicción a la cocaína, el aislamiento, la retención de su DNI, la dependencia económica y el hecho de que esta persona la llevaba a fiestas para que mantenga relaciones con otros hombres, son la clara evidencia de esta situación.



A pesar de las pruebas que pesan contra el agresor y del deterioro significativo que estos acontecimientos ocasionaron en la salud física y psíquica de Nora, el accionar de la justicia ha intentado apuntar sus cañones contra la propia víctima y ha protegido al culpable.


Así lo demuestran las enormes irregularidades que hubo en el allanamiento que se hizo, luego de una enorme peregrinación de la familia, donde no se le secuestró el celular al victimario y a pesar de encontrarle una importante cantidad de droga para fraccionar y de las amenazas que desarrolló contra la familia sigue en libertad. Al igual que el hecho de que a Nora no la haya revisado un médico forense.


Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos el pedido de justicia para Nora. Exigimos el avance de la causa contemplando todas las pruebas y que se garanticen todos los medios para preservar su integridad. Desmantelamiento de las redes de trata. Basta de amparo estatal.

En esta nota

También te puede interesar:

Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
Al cumplirse una semana de su desaparición, fue encontraba en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
Milei, Llaryora y el intendente Passerini son responsables.
24/06/2020

Universidad Nacional Arturo Jauretche: que nadie se quede sin cursar

Organicémonos por nuestros reclamos y para garantizar las condiciones de cursada.

Agrupación Mariano Ferreyra Unaj

El avance de la pandemia de Covid-19 profundizó la catástrofe económica y social en nuestro país. Esta nos golpea fuertemente a les estudiantes. La crisis económica y la falta de empleo empujan a la juventud a los puestos de mayor precarización, con salarios de miseria o a sufrir desocupación. En este contexto, la forzosa virtualización de la cursada se hace totalmente dificultosa para muchos, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con todos los recursos necesarios como herramientas tecnológicas y conectividad, generando así una alta deserción.


A la par que, producto de esto, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (Unaj) se profundizan las desigualdades de acceso a la cursada, las autoridades y el gobierno miran para otro lado y ofrecen migajas a les estudiantes y la juventud.


En este sentido se inscribe el lanzamiento, por parte de las autoridades de la universidad, de una beca de ayuda económica de $500 por mes. Además de que se trata de un monto irrisorio e insuficiente, sólo podrá acceder a esta un sector acotado del estudiantado. Los requisitos para la inscripción implican no ser beneficiario de los programas Progresar o Pronafe, y que la familia no perciba ingresos equivalente a al menos tres salarios mínimos por mes.


Sin embargo, incluso la beca Progresar, la cual está siendo denegada y demorada para enormes capas de estudiantes, ha sido congelada en tan solo $2.250.


Ninguna de estas becas es suficientes para sostener una cursada virtual en la cual les estudiantes necesitamos de herramientas de estudio, acceso a netbooks o tablets y conectividad. Esto deja en manos de las posibilidades económicas de cada estudiante su permanencia en la universidad. Frente a esto es que hemos presentado desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda un proyecto por la adjudicación irrestricta y la elevación a $10.000 de la beca Progresar. Como así también un proyecto para imponer un impuesto a las grandes riquezas del país, para financiar la salud y educación.


Por otra parte los $10.000 por familia del IFE, otorgados por el gobierno para quienes se encuentran en la informalidad o la desocupación, se han revelado a todas luces insuficientes. Se trata de una suma por demás escasa, porque queda claro que ninguna persona, y mucho menos una familia, puede vivir con esa suma, cuando la canasta familiar supera ampliamente los $40.000. Peor aún, entrando casi al cuarto mes después de su anuncio, recién ahora se está empezando a otorgar el pago de su segunda cuota y no todos los solicitantes fueron beneficiados.


Mientras que les estudiantes sufrimos esta realidad, el gobierno nacional ha extendido el presupuesto 2019. Es decir que se encuentra gobernando con el presupuesto nacional de Mauricio Macri, el cual ya se trataba de un ajuste, entre otras cosas, a la educación superior y que hoy quedó directamente pulverizado por la inflación.


Por su parte, el rector de la Unaj, Ernesto Villanueva, se mostró coincidente con las medidas de negociación de la deuda externa en una reunión de mayo con el ministro de Economía Martín Guzmán. Medidas que representan un mayor ajuste para la educación pública y el sometimiento al pago de una deuda externa ilegítima y fraudulenta. Las consecuencias de esto ya se ven en el congelamiento de las becas y que no haya un aumento presupuestario para garantizar la cursada virtual.


Este panorama deja a las claras la necesidad de que estudiantes, docentes y no docentes nos pongamos a la cabeza para defender el acceso a la universidad pública. Debemos organizarnos independientemente del Estado y las autoridades, cómplices de este ajuste, por un aumento inmediato de la beca Progresar y la beca de Ayuda Económica de la Unaj y por las herramientas necesarias para que ningún estudiante se quede afuera de la cursada, y el aumento del presupuesto educativo nacional.




 

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
24/06/2020

Berisso-La Plata: suspenden la línea 202 por múltiples contagios de Covid-19

Desmanejo patronal y complicidad de los municipios de la región.

La línea de colectivos que une La Plata con Berisso debió suspender los viajes hasta tanto los trabajadores de la empresa sean hisopados, luego de que se detectaran 12 contagios, se hayan tenido que aislar primero a 18 trabajadores, a raiz, supuestamente, de un trabajador que volvió de su licencia y ahí se produjo el comienzo de la cadena infecciosa.


Sin embargo, los contagios se produjeron en la empresa. Un pico de contagios que podría alcanzar de forma instantánea a treinta trabajadores está ligado a una falta total de protecciones y protocolos de cuidado de los trabajadores. Los colectivos repletos en horas pico y los protectores caseros de nylon y cordones que “cubren” a los choferes son la muestra de ello.


Los choferes de la ciudad deben cumplir con la orden patronal de levantar a todos los pasajeros sin cumplir con el protocolo de distanciamiento social que obliga en el transporte público a ir una persona por asientos dobles y separadas a metro y medio. Los colectivos frente al aumento de contagios pueden convertirse en nuevos focos de contagios (y en circulación!), probabilidades que crecen con la llegada del invierno, las ventanillas cerradas y los resfríos comunes de la época del año.


Este desmanejo patronal para maximizar sus ganancias tiene la complicidad del Estado. Los controles municipales son para “las cámaras” ya que suelen realizarse en los ramales u horarios donde merma la cantidad de pasajeros. Como hoy es la exposición a la pandemia, antes de ella, los choferes de la región sufrieron masivos despidos como en la línea Este del empresario Corbelli, que se concretaron mediante la represión de la bonaerense y prisión y causas judiciales contra los choferes, y una profundización de la precarización laboral, con contratos precarios, regímenes flexibilizados y salarios por “productividad” y condiciones laborales de superexplotación como jornadas extensas de trabajo. Al comienzo de la cuarentena, a varios choferes les dieron vacaciones para recortar costos salariales que están medidos por viajes. A la par, estos monopolios reciben subsidios millonarios de parte del municipio mientras les han habilitado continuos aumentos del boleto, que hoy ronda de 20 a 24 pesos.


Estos monopolios también se valen de la burocracia sindical que controla la UTA para sostener este régimen de explotación. En la 202, línea de la empresa Unión S.A., los delegados están borrados por completo mientras la patronal dispone de los choferes a su antojo.


La suspensión temporal del funcionamiento de la 202 será cubierta de forma parcial por la línea 214, aumentando la cantidad de pasajeros en cada viaje por la disminución de frecuencias, lo que podría aumentar las posibilidades de contagios. Es necesario la organización independiente de la burocracia sindical de los choferes para construir protocolos sanitarios y cuidar su vida y trabajo y de las familias trabajadoras. Desde el Partido Obrero proponemos conformación de comités de trabajadores de seguridad e higiene, para reclamar y controlar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, la provisión de Elementos de Protección Personal, la defensa del distanciamiento social y el aumento de frecuencias para evitar la aglomeración de pasajeros.




 

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
24/06/2020

Masiva caravana contra fusión flexibilizadora de Aerolíneas–Austral

Agrupación La Pista

En el día en que se conmemora la fundación de Austral, más de un centenar de trabajadores con sus vehículos participaron de la caravana convocada contra la fusión flexibilizadora que pretende imponer el gobierno.


Los trabajadores de Austral pueden ser los principales afectados, ya que siempre mantuvieron sus básicos de convenio, a diferencia de lo que ocurre en Aerolíneas Argentinas donde existen infinidad de rubros como rodaje de motores, trabajo de línea (por realizar tareas a la intemperie), trabajo en pista, cambios de turno, presentismo, etc. En el marco de la cuarentena, la existencia de estos rubros está provocando una rebaja salarial del 30 al 40%.


La caravana, que comenzó en Lugones y Dorrego, realizó un largo recorrido con bocinazos para para hacer visible el conflicto y terminó con un combativo acto frente al Aeroparque que cortó completamente la avenida Costanera.


En el acto, los delegados señalaron que este fue un primer paso y que ante cualquier avance contra sus derechos laborales redoblarán las medidas de lucha. Uno de los delegados manifestó que él votó a Alberto Fernández y que estaba “indignado de que este ajuste sea llevado a cabo por un gobierno peronista”. Otro de los delegados dijo que el gobierno es muy valiente para afectar los derechos de los trabajadores, pero que es cobarde para tocarle el bolsillo a los ricos (en relación al Impuesto a las Grandes Fortunas). También hubo palabras de solidaridad con los trabajadores de Latam, a quienes convocaron a luchar de conjunto en la defensa de las fuentes de trabajo.


 



Del acto también participaron trabajadores de Aerolíneas Argentinas y tomó la palabra un delegado de la empresa tercerizada de seguridad GPS.


El acto mostró una enorme reserva de lucha por parte de los trabajadores, quienes no tuvieron problemas en movilizarse masivamente en plena cuarentena contra un gobierno que busca aprovechar el parate económico en el sector para imponer viejos planes de ajuste.


La próxima fecha que tiene el gobierno para avanzar con el plan de fusión es la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que está convocada para el próximo 6 de julio, con el objetivo de poner a consideración la propuesta de la absorción de Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. y determinar “los actos que integran el proceso inicial de fusión”.


Las conducciones de los sindicatos de Aerolíneas Argentinas (APA, Apta, AAA, Apla, Upsa) han avalado con comunicados el plan propuesto por el gobierno, permitiendo que bajo la demagogia de la fusión, se imponga un verdadero desguace de la empresa.


Ahora es el momento en el que los sindicatos deberían convocar a asambleas sin distinción de afiliación gremial en todos los sectores para preparar una masiva movilización para el 6 de Julio, con el objetivo de que no se apruebe la absorción de Austral y para frenar los ataques en Latam, Aerolíneas Argentinas, Austral, Flybondi, Avianca, Andes, etc.


Frente al inmovilismo que quieren imponer las burocracias sindicales, es el momento de que los cuerpos de delegados combativos del gremio convoquen a nuevas medidas de lucha en unidad, presentado una alternativa de lucha contra el ajuste.


 


 


 


 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A post shared by La Pista (@agrupacion_la_pista) on





 

También te puede interesar:

Frente a los ataques Milei y Macri a la educación, y contra el silencio cómplice de UTE y el peronismo.
Este miércoles 3 de junio se desarrollarán las elecciones a Junta Interna.
Se dejó sin efecto el permiso otorgado para la explotación privada del polideportivo.
Con lo justo, se impuso Marcelo Culotta, en medio de un club acechado por los privatistas.
Sectores oficialistas lanzan una campaña contra los estudiantes que reclaman presupuesto para la educación.
24/06/2020

Docentes Córdoba: la burocracia abandona la lucha por jubilados y la deja en manos de la corte provincial

La gremial Uepc festeja un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma Previsional, mientras bloquea la lucha de los trabajadores.

Desde la página oficial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, este martes 23 informaron a sus afiliados que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia “admitió” el pedido de inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma Previsional 10694, que fuera presentado por los gremios nucleados en la CGT Regional Córdoba, aclarando que pasa a una instancia de “estudio” en ese tribunal. Esta línea de la burocracia sindical, de depositar en manos de la justicia la satisfacción de los reclamos, ha demostrado en varias oportunidades que los lleva a un callejón sin salida. Para enfrentar la reforma jubilatoria, el camino está en la lucha y la intervención de los trabajadores, algo que la burocracia se esmera en evitar.


Este lunes 22, como continuidad del plan de lucha dispuesto el 29 de mayo (aniversario del Cordobazo), las organizaciones de jubilados y activos nos convocamos nuevamente frente a la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones para denunciar el robo de Juan Schiaretti a las jubilaciones de los cordobeses. En esta acción también se reclamó que el pago del medio aguinaldo debe realizarse en tiempo y forma, tanto por el gobierno provincial como por el municipal de Martín Llaryora. Ambos vienen imprimiendo una política de ajuste alineada al gobierno nacional de Fernández-Fernández.


La CGT en general, y Uepc en particular, le han hecho flaco favor a la lucha de los y las jubiladas, convocando a caravanas motorizadas y “tijeretazos” con muy poca agitación y prácticamente vaciando la participación del conjunto de trabajadores y trabajadoras. No se los vio en las calles el día en que fue votada de forma exprés la ley antijubilatoria en la Legislatura. Por el contrario, salieron a la defensa cerrada del legislador del PJ y dirigente del Sindicato de Empleados Públicos, José Pihén, cuando se supo que se le había otorgado la jubilación dos días antes de promulgada la ley que reventó las de las y los trabajadores estatales.


Una jugada de pizarrón, y una salida


La burocracia de Juan Monserrat, secretario general de Uepc, tiene acostumbrados a los docentes con iniciativas judiciales que siempre terminan en la borrasca del olvido. Ya ocurrió con una presentación contra los descuentos por paros, que fue abandonada a la desidia de los pasillos de tribunales por miedo a perder el litigio, dejando así que expiren los plazos para presentar una medida cautelar.


Las y los trabajadores sabemos sobradamente que al dejar la resolución de los conflictos en manos de la justicia burguesa, las conducciones patronales están entregando la lucha, ya que la vía burocrática siempre descarga el ajuste sobre las y los trabajadores.


Las agrupaciones de jubilados y activos que nos convocamos frente a la caja de jubilaciones de la provincia el pasado lunes, responsabilizamos a las centrales sindicales por su inacción, le exigimos un paro provincial y votamos un plan para continuar la lucha, convocando una movilización de activos y pasivos el próximo miércoles 15 de julio hacia la Casa de gobierno.

También te puede interesar:

Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
La reglamentación del Fal entraría en vigencia el 1 de noviembre.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
Al cumplirse una semana de su desaparición, fue encontraba en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
24/06/2020

Escándalo en José C. Paz: ocultan caso de Covid-19 en el palacio municipal

Desde prensaobrera.com venimos recorriendo las distintas problemáticas e iniciativas que van tomando las y los vecinos paceños en el marco de la cuarentena por la pandemia de Covid-19.


Pero el municipio encabezado por el intendente del Frente de Todos, Mario Ishii, hace oídos sordos.


En las últimas horas, trabajadores municipales han denunciado a medios locales que los obligan a ir a trabajar pese a confirmarse un caso positivo de Covid-19 de una empleada del área de jefatura de gabinete. Pese a haber tenido contacto estrecho con la empleada contagiada, al resto de las y los trabajadores municipales no se le realizó hisopado alguno. Por el contrario, reciben amenazas para que no divulguen la noticia y son obligados a seguir trabajando en estas condiciones.


Hacemos responsable al intendente Ishii de un posible contagio masivo de las y los trabajadores del palacio municipal. El protocolo debe activarse. Las y los trabajadores deben ser hisopados. Y el palacio municipal debe permanecer cerrado 14 días, según el protocolo de distanciamiento preventivo. Además, debe ser desinfectado a diario.


Ishii y el municipio ocultan muertes de Covid-19


Esta situación no es un rayo en cielo sereno. Es una foto de la situación crítica que vive el municipio gobernado y desfinanciado hace más de 20 años por el mismo Mario Ishii. Un verdadero retrato de lo que es un barón del Conurbano.


Según los últimos informes oficiales, se han contabilizado 276 casos confirmados de coronavirus. Una situación terriblemente explosiva para un distrito que tan solo cuenta con apenas ocho respiradores en lo largo y ancho del territorio, como desarrollamos en artículos anteriores.


Pero mientras Ishii y Celestino Saavedra (secretario de Salud) inauguran nuevos hospitales para tratamiento de coronavirus, el escándalo sigue.


El lunes 22 según el informe de la Secretaría de Salud municipal, en el último parte, se reporta un fallecido por Covid-19, dando un total de 10 fallecidos. En el informe oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires informa la muerte de tres vecinos, dando un total de 12. El informe del gobierno provincial fue actualizado a las 19 horas. ¿Quién miente?


El horno no está para bollos


A este problema desatado en las últimas horas, se le suma la entrega de alimentos vencidos a comedores populares y escolares en medio del hambre y la miseria que azotan a uno de los municipios más pobres del conurbano; la lucha de las y los vecinos del barrio San Atilio contra el basural a cielo abierto, quienes han filmado a los camiones municipales con la inscripción “José C. Paz limpia” que nutren día a día el basural con desechos tóxicos, que contaminan el aire con la quema, que contaminan la tierra y el agua. Una verdadera masacre contra las y los trabajadores de José C. Paz.


Reiteramos el reclamo de activación del protocolo de aislamiento preventivo de las y los trabajadores del palacio municipal. Ishii será responsable si hay más contagios de trabajadoras y trabajadores del palacio municipal. Ishii es responsable de la explosión de casos de Covid-19 y de no poder atender a cada uno de los reclamos de las y los paceños.


Desde el Partido Obrero llamamos a organizarnos contra esta verdadera masacre que están llevando a cabo Ishii y sus secuaces. Por una salida de las y los trabajadores a la crisis social, sanitaria y ambiental.


  



  


También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
24/06/2020

“¡Carrefour pagá el bono!”: trabajadores reclamaron en todo el país

En los supermercados Carrefour del conurbano bonaerense, de Rosario, Neuquén, Mendoza y otras localidades, bajo distintas modalidades, los trabajadores reclamaron, este martes 23, el bono de 5.000 pesos.


Lo conquistaron con el inicio del ‘boom’ de ventas ocasionado por la pandemia, pero la patronal se escuda en que este mes tiene que pagar el aguinaldo para suspender el pago ¡correspondiente a mayo! Y, para colmo, anuncia que posterga 10 días el pago del aguinaldo.


Todos los trabajadores de los supermercados sabemos que la facturación ha dado un salto que supera el 15% del volumen de ventas. A su vez, se han acelerado los aumentos de los precios de productos de primera necesidad, y el lunes 8 muchos productos fueron remarcados hasta en un 15%. Mientras facturan más, pretenden pagar menos.


Con español afrancesado, el presidente de Carrefour Argentina envió una notificación por video a los trabajadores, en los que los extorsiona sutilmente con amenazas de  despidos.


La empresa se ‘morfa’ el bono, mientras anuncia un premio por productividad de 2.000 a la cajera que venda más tarjetas Carrefour en el mes por sucursal. La patronal avanza en el sentido ‘productivista’ de la reforma laboral que fogonea Armando Cavalieri, titular del gremio de Comercio, mientras ajusta el bolsillo de los trabajadores.


Los trabajadores de Carrefour reclamaron también por medidas de protección, ya que esta cadena y Coto encabezan el ranking de casos de Covid-19 en nuestro país.


Por un plan de lucha nacional para recuperar el bono


Está en desarrollo una reacción nacional de los trabajadores de los supermercados. Detrás de Carrefour, son varias las patronales -como Diarco, entre otras- que no están pagando el bono.


Crece la bronca entre el personal, alimentada también por la expansión de la epidemia entre nuestros compañeros, como resultado de la desidia patronal. No cierran las sucursales frente a casos positivos para no parar de facturar, como se vio con el caso del Coto de Quilmes (en que tardaron 8 días y 20 contagios para cerrar). El brote en supermercados es silenciado por la prensa, que recibe mensualmente su pauta publicitaria, y por el poder político que no envía inspectores.


Si la patronal dice que no le dan las cuentas, que se abran los libros de la empresa y veremos todos que no es así. Impulsemos un plenario nacional de delegados para votar un plan de lucha que recupere el bono, que reclame la reapertura de la paritaria acorde a la inflación y que se pague en fecha el aguinaldo. Vamos por un paro activo nacional y un plan de lucha, para quebrar la ofensiva ajustadora de la patronal y que sea un punto de inflexión para avanzar por todos nuestros reclamos.


Fuerza, compañeros.



 

También te puede interesar:

Gendarmería Nacional montó un despliegue represivo para amedrentar al colectivo obrero.
La patronal quiere hacer pasar decenas de despidos ilegales y antisindicales.
Venden mercadería vencida e incumplen normas de conservación e higiene de alimentos.
El legislador porteño por el PO-FIT, Gabriel Solano, denunció el acuerdo entreguista con Estados Unidos.
Despidos en cartera.
24/06/2020

Si sos caso sospechoso, Vea de Merlo te despide

Hace 15 días denunciamos la irresponsabilidad de la gerencia del Vea de Merlo (Suipacha): ocultó un caso de Covid positivo, no cerró la sucursal ni aisló a los empleados y debido a esa irresponsabilidad dos cajeras más resultaron infectadas.


En el mismo tiempo que las cajeras presentaron los síntomas, un empleado de seguridad se sintió mal y se dirigió al Hospital de Merlo. Allí reconocieron que tenía los síntomas y se activó el protocolo para determinar si tiene Covid-19 realizándole el hisopado correspondiente y designándolo como “caso sospechoso”. Habitualmente los resultados demoran de 4 a 5 días pero dada la cantidad de demanda, este se demoró 11 días. El trabajador presentó los certificados médicos que le extendieron en el hospital y se aíslo. A pesar de esto, la gerencia del Vea inició toda una campaña de difamación contra el empleado. Lo tildaron de mentiroso y de querer aprovecharse de la pandemia para “quedarse en su casa”. Algo totalmente absurdo ya que por su condición de trabajo, esos días no se los pagarían.


El trabajador pertenece a la empresa de seguridad Cooperativa Cazadores, la cual es conocida por incumplir el CCT. Una tercerizada de Cencosud que sirve para ocultar su relación de dependencia y la responsabilidad legal-laboral que tiene Cencosud con sus empleados. Los trabajadores de Cazadores son monotributistas. ¡Es un negoción! Cencosud, de esta forma, se ahorra el pago de la ART, del aguinaldo, vacaciones, horas extras y licencia por enfermedad. Cuando un compañero de Cazadores se enferma, es reemplazado por otro y se le paga a su reemplazo con el dinero que le correspondería al enfermo.


Finalmente, el resultado le dio negativo. Sin embargo, Cazadores lo mandó a otro objetivo: el Vea de Caseros. Es claramente una represalia por la lejanía y por tener que seguir trabajando para Cencosud, cuando desde la gerencia de Merlo le dejaron muy en claro que “le harían la vida imposible”. El compañero pidió que lo envíen a otro objetivo. La respuesta de Cazadores fue una intimación a que devuelva el uniforme. En otras palabras, el Vea de Merlo indirectamente, lo ha despedido.


Una vez más, el decreto de prohibición de despidos de Alberto Fernández se comprueba inútil. Por otra parte, con este hecho sale a la luz la estafa laboral que lleva adelante Cencosud con las tercerizadas de seguridad como Cazadores. Es necesaria la discusión conjunta de todos los compañeros de comercio (junto a los de seguridad, limpieza, logística) en asambleas para enfrentar estos atropellos colectivamente. Hay que formar comités de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo para exigir que se cumplan los protocolos y el pase a planta de los trabajadores de las empresas tercerizadas.




 



 




 

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
24/06/2020

Nuevos casos de Covid-19 en el ferrocarril San Martín

La responsabilidad de Trenes Argentinos y la dirección de la Unión Ferroviaria.

Un nuevo caso de Covid-19 fue confirmado entre los trabajadores de la línea San Martín. Se trata de un trabajador que, al igual que decenas de trabajadores, asistía en la terminal Retiro a cumplir horas de curso de capacitación ferroviaria. El dictado de estos cursos, donde se reunía en un aula a más de 15 personas sin distanciamiento, es obra de la burocracia de la Unión Ferroviaria que, para congraciarse con la patronal, hacían cumplir horario a los trabajadores con la asistencia a cursos claramente no esenciales.


La situación sanitaria en los trenes es escandalosa. Hay 26 casos de coronavirus en el ramal San Martin, y 88 sumando todos los ramales del Área Metropolitana, con cuatro compañeros fallecidos. Trabajadores y pasajeros están expuestos en trenes hacinados ante los recortes de servicios y la falta de cumplimiento de protocolos. La responsabilidad de la empresa Trenes Argentinos y la dirección de la Unión Ferroviaria en esta situación es total. Han despedido a trabajadores que exigieron que se los provea de elementos de higiene, no realizaron los testeos ante casos de posibles contagios y ocultan los casos positivos, trasladan trabajadores de un lugar a otro.


Frente a todo esto insistimos en reclamar la realización de controles periódicos de temperatura y saturación de oxígeno en sangre para todo el personal del transporte al ingresar al servicio; el licenciamiento con pago íntegro del salario y testeo de todos los trabajadores de contacto estrecho con casos positivos; la conformación de comités obreros de seguridad e higiene electos en asambleas en cada lugar de trabajo, con poder de veto, para elaborar nuestros protocolos y hacer cumplir las medidas de protección para nuestra salud y la de los pasajeros.




 

También te puede interesar:

Los trabajadores denuncian que no se debió a una falla humana.
Milei anunció este miércoles la privatización de Belgrano Cargas. La experiencia demuestra que estas medidas han significado un retroceso para el país.
Una burocracia sindical ferroviaria que deja pasar todo el plan motosierra.
24/06/2020

Alemania: la precarización laboral detrás de los rebrotes de Covid-19

Más de 1500 infectados en la industria cárnica

Desde hace 5 días, la ciudad alemana de Gütersloh, ubicada en el oeste del país, es noticia por los 1550 trabajadores del frigorífico Tönnies contagiados de Covid-19 en lo que constituye el más grave rebrote de la enfermedad en el país germano donde, teóricamente, la pandemia había sido contenida. Otros rebrotes tuvieron lugar en la ciudad de Gotinga (700 casos) y en un complejo habitacional en Berlín. Alemania suma 187 mil contagiados y 8.830 fallecidos.


Hace una semana, el gobierno de Angela Merkel festejaba el techo alcanzado de nuevos contagios diarios (345) mientras se encamina a una reapertura completa de la cuarentena en sintonía con las medidas flexibilizadoras que están teniendo lugar en todo el continente. Estos rebrotes abren una situación de alarma para los popes de la Unión Europea.


Con 7 mil trabajadores, el frigorífico y su área de influencia son potencialmente una bomba infectológica. Los contagios masivos se deben a las condiciones de precariedad extrema a la que se ven forzados los obreros, en su enorme mayoría provenientes del este europeo, que son alojados en viviendas precarias en condiciones de hacinamiento, con baños, cocinas y dormitorios compartidos, sin posibilidades de mantener distancia social y medidas sanitarias. El alojamiento de los trabajadores es provisto por la misma empresa, que descuenta el alquiler directamente de los salarios. A estas condiciones de vida se le suman las propias de la industria cárnica al ser establecimientos con predominio de temperaturas bajas y presencia constante de vapor de agua, lo que facilita la supervivencia y transmisión del virus a través del aire. Los salarios están por debajo del promedio alemán y el trabajo es temporario y tercerizado.


Este brote en la industria cárnica alemana no es el primero. En mayo se computaron cientos de infectados en plantas en la ciudad de Coesfeld (129 casos) y en Baden-Württemberg (450) (20minutos.es 18/6). No se trata de pequeñas empresas, sino de ejemplos representativos de la gran burguesía alemana; la empresa Tönnies tiene una facturación anual de más de 5 mil millones de euros.


El rebrote en la industria cárnica muestra que, incluso en los países que son mostrados como ejemplares en la política aplicada para combatir la pandemia, lo que se privilegia por sobre la salud es el interés capitalista. Como en todo el mundo, se hace necesaria una intervención obrera decidida para que se garanticen todas las medidas necesarias para que esta crisis no sea pagada con la salud de los trabajadores.





 

También te puede interesar:

Para derrotar al sionismo y al imperialismo necesitamos la sublevación de los pueblos de Europa y el mundo
El Parlamento Europeo lo dejó en suspenso hasta su revisión judicial
El parlamento aprobó un plan de reclutamiento. Francia seguirá el mismo camino.
Entre la capitulación o el colapso ucraniano y la profundización de la guerra imperialista
Uno de los grandes levantamientos que enfrentó la servidumbre feudal.

Bahía Blanca: el problema del acceso al gas en las barriadas populares

Arranca el invierno y el 30% de los habitantes del partido de Bahía Blanca no tienen acceso a la red de gas natural (Encuesta Permanente de Hogares – Indec, 2019). De esa cantidad de familias, una enorme porción se concentra en las barriadas populares de Bahía Blanca. Vienen sufriendo la desidia del gobierno municipal, en el medio de una cuarentena que ha obligado a los vecinos a un confinamiento sin garantías de poder asegurar las necesidades básicas del hogar, entre ellas, el gas envasado.


Como si los vecinos vivieran en el siglo XIX, el gobierno municipal de Héctor Gay (Cambiemos) se limita a repartir leña como combustible, dejando la tarea al arbitrio de los punteros de turno que la manejan a discreción, llegando incluso a venderla. Por su parte, las familias denuncian que el plan Hogar no está funcionado por dos motivos: el primero es el sobreprecio de las garrafas, que les hace imposible adquirirlas y el segundo es que el plan contempla la compra de una unidad por mes, mientras que de acuerdo al consumo real de una familia, esa garrafa sólo alcanza para una semana.


La contradicción no podría ser mayor: Bahía Blanca se encuentra rodeada de plantas que producen, envasan y distribuyen gas al resto del país, con millones de metros cúbicos viajando por tuberías subterráneas desde el puerto local al resto de la provincia. Pero oficialismo y “oposición” se pasan la pelota sin definir una sola política que dé respuestas a los vecinos más carenciados, que necesitan con urgencia las garrafas necesarias para cocinar y calefaccionarse.


Por esta misma razón, desde el Polo Obrero reclamamos que el gobierno municipal garantice el reparto de garrafas en los barrios carenciados y que el gobierno nacional amplíe el plan Hogar y actualice su monto.


Los vecinos de los barrios pobres no necesitan que el represor Berni vaya a “cuidarlos”, sino urbanización, agua potable, gas, cloacas. Reclamamos al gobierno provincial un plan de obras públicas, con trabajo bajo convenio y todas las medidas de bioseguridad necesarias.


Sin gas no hay invierno posible. Con hambre no hay cuarentena.




 

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
24/06/2020

Coto Boedo: trabajador infectado de Covid-19

En el marco de la avanzada de contagios en CABA circuló la noticia hace pocas horas acerca de cuatro nuevos trabajadores de comercio afectados con el virus en los supermercados Coto de la ciudad. Uno de ellos trabajador del sector lácteos la sucursa Boedo situada en avenida Boedo 777, otro del Coto del barrio de Abasto, uno en Mataderos y el último en la sucursal de Barracas.


Los trabajadores del gremio de comercio denuncian sistemáticamente que las patronales no aplican los protocolos para prevenir contagios al tiempo que los exponen a mayores sobrecargas laborales.


Particularmente el supermercado de Alfredo Coto viene destacándose en esta etapa incluso por reiterados abusos contra sus empleados contagiados en diferentes sedes como en Moreno o la sede de Lanús a los que la patronal, la ART y la burocracia han abandonado sin garantizar ninguna asistencia médica. En este caso incluso, en los últimos días se viralizó también un video donde Eduardo Búfalo, mano derecha de Alfredo Coto, patotea e impide efectivamente la clausura de uno de sus locales con casos de contagios registrados.


Esta impunidad con la que someten a trabajadores y a trabajadoras cuenta con la complicidad de las fuerzas políticas que destinan millonarios recursos del Estado para que estos sigan ganando en tiempos de pandemia, llámese en forma de subsidios y con el aval de la burocracia sindical de comercio que juega el rol de garante del poder patronal por sobre las y los compañeros.


En comercio necesitamos una organización independiente que le imponga a los patrones la aplicación de los protocolos de seguridad e higiene determinados por lxs trabajadores, el respeto de las horas y ritmos de trabajo, un bono en compensación por el trabajo durante la cuarentena.



 



 

También te puede interesar:

Frente a los ataques Milei y Macri a la educación, y contra el silencio cómplice de UTE y el peronismo.
Este miércoles 3 de junio se desarrollarán las elecciones a Junta Interna.
Se dejó sin efecto el permiso otorgado para la explotación privada del polideportivo.
Con lo justo, se impuso Marcelo Culotta, en medio de un club acechado por los privatistas.
Sectores oficialistas lanzan una campaña contra los estudiantes que reclaman presupuesto para la educación.
24/06/2020

Hospital Udaondo: paro de 48 horas en el servicio de quirófano

Por mejoras en la calidad y cantidad de EPP y los protocolos.

El lunes 22 y el martes 23 de junio los trabajadores camilleros del hospital y los técnicos instrumentadores quirúrgicos del servicio de quirófano realizaron un paro exigiendo mejorar la calidad de los Elementos de Protección Personal y aumento en la provisión de los mismos, principalmente. A su vez exigen que se expongan los datos de los pacientes, se le realicen los triages de ingreso pertinente ante las urgencias y que a todos los pacientes que ingresen se les haga el test de proteína. Esto, a raíz de que el viernes han hecho una intervención quirúrgica a un paciente con Covid-19 sin saberlo. La situación demuestra una gran improvisación en los protocolos de ingreso.


El hospital ya ha tenido casos de personal contagiado producto de este tipo de manejos hace más de un mes, entre ellos camilleros y enfermeros. Parece que las autoridades no han utilizado este tiempo para mejorar los protocolos de ingreso de los pacientes ni conseguido los EPP necesarios, en cantidad y calidad, que necesita el personal. Pero, como contraparte, han avanzado con descuentos a los trabajadores que estuvieron aislados durante mayo, un ataque directo en esta situación tan sensible de posible contagio. Esto por orden del director del Hospital y este mes los subdirectores pretende continuar el mismo camino. La junta interna de ATE ha pedido reunión para tratar estos problemas desde el 1° de junio y todavía no hay respuesta.


Durante la cuarentena, el hospital no ha modificado su trabajo producto de la derivación de pacientes con patologías gastrointestinales desde los hospitales generales de agudos, que se han focalizado en el tratamiento de pacientes Covid-19. Sumando la mala calidad y cantidad de EPP y la falta de protocolos de protección para el personal, se configura una combinación muy peligrosa para los trabajadores.


Los compañeros en estos momentos están deliberando como sigue el plan de lucha, ante las presiones de la dirección para que vuelvan a prestar servicio y se normalicen las cirugías. Si no hay una mejora concreta, los trabajadores podrían sostener las medidas de lucha.




 

También te puede interesar:

Frente a los ataques Milei y Macri a la educación, y contra el silencio cómplice de UTE y el peronismo.
Este miércoles 3 de junio se desarrollarán las elecciones a Junta Interna.
Se dejó sin efecto el permiso otorgado para la explotación privada del polideportivo.
Con lo justo, se impuso Marcelo Culotta, en medio de un club acechado por los privatistas.
Sectores oficialistas lanzan una campaña contra los estudiantes que reclaman presupuesto para la educación.
24/06/2020

Un pronunciamiento masivo de la juventud en apoyo al impuesto a las grandes fortunas del FIT-U

En las últimas semanas la campaña por el Impuesto a las grandes Fortunas cosechó centenares de firmas en distintos ámbitos de la juventud: estudiantes universitarixs, terciarixs, secundarixs, jóvenes de las barriadas y trabajadores de reparto y fast-food han sumado su firma en apoyo a este proyecto.


Entre las firmas se destaca decenas de compañerxs de los principales secundarios de la capital y presidentxs de centros de estudiantes como el del Colegio Nacional Buenos Aires, el del Rodolfo Walsh, de los terciarios Romero Brest, Lenguas Vivas y Juan B. Justo y de los centros de las facultades de Farmacia y Bioquímica y Veterinaria de la UBA. También, se pronunció el Centro de Estudiantes de Farmacia y lxs representantes de la secretarías Unidad Obrero estudiantil y Ciencia y Técnica de la Fuba.


Esta iniciativa contrasta con las conducciones de la Fuba y la FUA dirigidas por la Franja Morada-UCR que han ignorado este reclamo. Por su parte, las corrientes estudiantiles ligadas al gobierno nacional hacen demagogia al apoyar el proyecto anunciado por el oficialismo que aún no se ha presentado. A pesar de vociferar este apoyo, sus representantes parlamentarios votaron en conjunto con Cambiemos rechazar que se incluya en el temario el proyecto presentado por el Frente de Izquierda.


Nuestra campaña es la expresión genuina de una juventud que vive los embates de la ofensiva capitalista que se vieron seriamente agravadas en esta pandemia. Los despidos y las suspensiones con recortes salariales se multiplicaron por miles desde que se anunció la cuarentena, que golpea con fuerza a la juventud precarizada. A su vez, las becas de ayuda económica estudiantiles fueron recortadas o directamente no se dieron. Y en los barrios, la IFE -en los casos que se cobró- no cubre las necesidades de miles de jóvenes, ensanchando las cifras de la pobreza.


El gobierno nacional, lejos de atender las necesidades de la juventud, orientó su política al pago de la deuda externa y al rescate de los capitalistas. El ATP a empresas como Techint, las exenciones de las cargas patronales, el congelamiento de las paritarias y la anulación de la movilidad jubilatoria fueron los lineamientos políticos que lo caracterizaron en esta etapa. Luego de amagar varias veces con presentar un proyecto que nunca vio la luz para gravar las fortunas, terminó ofreciendo un plan de moratoria que beneficia a los mismos que debía gravar el impuesto. Hoy el único proyecto que sigue en pie es el del Frente de Izquierda.


Esta campaña tiene aún un largo camino por recorrer en la juventud de todo el país. Vamos por miles de firmas.





 

También te puede interesar:

Por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, el aumento salarial y las becas.
Balance de las elecciones del claustro estudiantil.
Construyamos la huelga general para conquistar la Ley de Financiamiento Universitario.
Las tareas que tenemos por delante para terminar con el gobierno libertario.
Contaremos con compañeros de Liberación Comunista de Grecia y de Tendencia Internacionalista Revolucionaria de Italia.
Charla debate hacia el campamento de la UJS-PO en Zona Norte.
23/06/2020

Coronavirus: Mendoza, entre Chile y Buenos Aires

La noticia de la propuesta de un diputado chileno de enviar pacientes hacia Mendoza fue catalogada de “polémica” y rápidamente rechazada por las autoridades, entre ellos Rodolfo Suárez. El gobernador afirmó que “no vamos a someter a nuestro personal de salud a mayores riesgos”, algo que constituye una impostura por parte de quien desoye los reclamos de esos trabajadores, les congela los sueldos, los mantiene en la precarización y ahora no quiere pagarles el aguinaldo. Es Suárez quien expone a los trabajadores a los contagios, con sus políticas de ajuste y vaciamiento.


La posición encierra algo más, que el gobernador no quiere reconocer. Es que lo realmente peligroso es atender pacientes con Covid-19 sin los elementos de protección necesarios, y ese el principal motivo por el que Argentina tiene una de las mayores tasas de profesionales contagiados. La negativa a traer pacientes desde Chile es la negativa a darle todos los elementos necesarios al personal de salud.



Mendoza no es una isla


La provincia está siendo acechada por el fantasma de la circulación comunitaria. Luego de haber pasado a la fase de distanciamiento, el repunte de casos está claramente relacionado con la “importación” de casos, con el peligro de que estos se vuelvan “autóctonos”. Mendoza no estará a salvo de esta situación si Chile y Buenos Aires (Amba), dos zonas muy conectadas con la provincia, siguen teniendo casos.


El crecimiento de los casos en uno y otro lado de la cordillera tienen las mismas causas: la falta de una cuarentena estricta. Si bien en Argentina se adoptaron medidas tempranas, estas fueron dilapidadas con las autorizaciones a sectores productivos no esenciales, la casi nula asistencia estatal a los sectores más postergados y fundamentalmente la falta de provisión de recursos en salud. Tanto “neoliberales” como “nacionales y populares” han sido incapaces de frenar la pandemia. Chile se dirige al colapso del sistema sanitario, y Buenos Aires pareciera ir por el mismo camino.


Mendoza no es la excepción, y para muestra vale un botón. Desde el gobierno sostienen que no se puede cerrar la frontera con Chile porque desde ahí viene la arena con la que los bodegueros hacen sus botellas; no solo es difícil de explicar lo “esencial” de la fabricación de botellas, sino que después los casos de Covid-19 “aparecen” en los trabajadores bodegueros. El gobierno se lava las manos de esto culpabilizando al “caso 98”, medida que incluso dificulta el tratamiento epidemiológico de los casos en la provincia.


Solidaridad obrera y elementos de protección 


Una serie de organismos en Chile advierten que en el vecino país podría haber 70 mil muertes por coronavirus. El sistema de salud se encuentra al 90% de su capacidad y podría colapsar en las próximas semana; en ese contexto, el presidente de la sociedad chilena de medicina intensiva propuso trasladar pacientes de cirugía y también con Covid-19 a la Argentina.


La propuesta no solamente no es “polémica” sino que es completamente lógica: es la utilización inteligente de recursos que son escasos. Les trabajadores de la salud no atendemos según la nacionalidad de los pacientes, además somos conscientes del peligro potencial que representa no dar esa asistencia. Lo que vale para Chile vale para el Amba y para cualquier provincia que vaya a un colapso sanitario.


Para enfrentar la pandemia, es necesaria una centralización de los recursos en salud. Hay que nacionalizar el sistema de salud en Argentina y en Chile e imponer todas las medidas necesarias para garantizar una cuarentena efectiva. Esta tarea solo puede ser llevada adelante por les trabajadores, luchando por sus condiciones de vida y trabajo. De ambos lados de la cordillera, las necesidades son las mismas: plata para Salud, no para la deuda. Fuera el FMI, fuera Piñera. Que la crisis la paguen los capitalistas. Por la unidad socialista de América Latina.



 

También te puede interesar:

Este 1° de Mayo a las 11:00 horas en la Plaza Independencia habrá un acto del FIT-U que acordamos con los compañeros del MST.
Los capitalistas mineros devastan el ambiente en búsqueda de ganancias. Los pueblos resisten.
Quedaban dos manifestantes apresados desde hace cinco días, por la política represiva de Cornejo y Milei.
23/06/2020

Córdoba: Llaryora ahora va por el desguace del sistema educativo municipal

Los docentes se organizan para defender su fuente de trabajo.

Un comentario del intendente Llaryora, colocado en una nota de La Voz del Interior (22/6), despertó el repudio masivo de los y las docentes municipales. Resulta que, asombrado por el altísimo nivel de protesta en las escuelas y jardines municipales -siendo una de las reparticiones menos afectadas por el recorte salarial de su gobierno-, señaló “¡Estamos todos locos! Nos costaría más barato mandar a todos los chicos a la Academia Argüello!” (reconocida institución privada). Esta comparación constituye un exabrupto que asimila la educación a un gasto y equipara la situación de las escuelas, cualesquiera sean sus gestiones, y las trayectorias de los estudiantes, cualesquiera sean sus trayectorias y entornos de procedencia.


El intendente, que es oriundo de la ciudad de San Francisco, en lo que va de su gestión no ha pisado ninguna escuela municipal, por lo tanto, desconoce la realidad de sus estudiantes y docentes. Hoy un docente municipal cobra un salario básico de $54.000, que es ni más ni menos que el costo de la canasta básica familiar. Lo que Llaryora pretende, no después de la marcha, es equiparar el sueldo y el convenio de los municipales con el de los docentes provinciales que al ingresar cobran apenas $36.000, es decir por debajo de la línea de la pobreza. Es claro que la intención del intendente –y de los medios que ganan con la cuantiosa pauta publicitaria- es nivelar para abajo, destruir el convenio municipal y proceder a la precarización de todos sus empleados, dinamitando el salario


En el mismo sentido, el subsecretario de Coordinación y Relaciones Institucionales de Educación, Mariano Almada, otro exfuncionario de San Francisco y también poco conocedor del tema declaró en Cadena 3 que “revisarán los registros ya que el 20% del personal de planta pertenece a la categoría de tareas pasivas y no presta ningún tipo de colaboración en las escuelas”. Para proceder al desguace, inclusive, se está elaborando un proyecto de ordenanza que entrará en las próximas horas al Concejo, con el que se busca “morigerar los ingresos de cargos que no estén frente al aula”.


La conquista del sistema educativo municipal


Las escuelas primarias (de niñes y adultos) y jardines municipales asisten a un total de 16.470 estudiantes: 11.736, 529 y 4.205 respectivamente. El personal del sistema, contando docentes, directivos y personal de los parques educativos –donde fueron reubicados muchos docentes de tareas pasivas permanentes- alcanza a 1.860 agentes; este personal cubre la atención de 111 centros (37 escuelas primarias, 38 jardines maternales, 31 centros de adultos y 5 parques educativos). Las escuelas del sistema están ubicadas en barrios que, al momento de su fundación, constituían barriadas periféricas, estigmatizadas y sin acceso a la educación. Algunas de estas barriadas fueron cambiando su fisonomía, conforme se erradicaron villas, o profundizando la atención de sectores sociales postergados.


Sus docentes, desde el año 2001, pudieron ingresar por concurso abierto y público, accediendo a un salario básico superior al ofrecido por el sistema provincial por integrar la planta funcional municipal, que conquistó a fuerza de luchas prolongadas un salario básico superior al del empleado municipal.


Para acceder a la planta permanente, los docentes suplentes realizan capacitaciones y adhonorem que les permitan mejorar su puntaje durante un promedio de 6 años. Muchos cuentan con titulación universitaria y de posgrado, lo que les permite contar con mayores herramientas para abordar las problemáticas de aprendizaje de sus estudiantes.


Los niños, niñas y adultos que integran su población pertenecen a familias pertenecientes a sectores empobrecidos, con trabajos precarios, que encuentran en las escuelas municipales profesionales que acompañan sus trayectorias de manera personalizada, facilitando gracias a la gestión de sus equipos directivos recursos y el acceso a servicios con especialistas que pueden favorecer sus aprendizajes.


Por esta razón, por la calidad profesional de sus docentes la oferta educativa municipal para sus estudiantes y familias, constituye un bien social gratuito altamente valorado por los vecinos. Las escuelas privadas, como la mencionada en el exabrupto del intendente, cobran una alta cuota para el acceso y permanencia, que oscila en función del subsidio que el Estado otorga a la patronal y que repercute en la cobertura de los salarios docentes. Aunque recauden en pala, el salario docente sigue siendo paupérrimo.


Lo que al intendente le molesta es que la educación gratuita que el municipio ofrece a los estudiantes sea de calidad, y que, para serlo, sus docentes estén bien remunerados.


La lucha municipal, particularmente la docente, desnuda las intenciones que anidan en esta gestión municipal: precarizar a los trabajadores para que el Estado sea un facilitador de los negociados de amigos. La recaudación que falta en el municipio es la que atesoran los grandes empresarios y que hasta aquí, ni el gobierno nacional ni el provincial y mucho menos el municipal pretenden tocar.


Está en marcha la organización de la comunidad educativa


Las y los docentes municipales que participamos masivamente de las movilizaciones contra la ordenanza ajustadora del intendente estamos preparando rondas y clases públicas para concluir con un abrazo a las escuelas. La organización junto a la comunidad educativa es clave para responder el agravio de Llaryora.




 

También te puede interesar:

Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
Al cumplirse una semana de su desaparición, fue encontraba en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
Milei, Llaryora y el intendente Passerini son responsables.
23/06/2020

Les estudiantes frente a los exámenes finales en la Unsam

presidenta del CECYT

En la Universidad de San Martín, durante estos primeros meses de cursada virtual, les estudiantes nos enfrentamos a diversos formatos de evaluación que plantean problemas que preocupan más a medida que se acercan los exámenes finales.


Una cosa quedó clara y es que la decisión unilateral del Rectorado de que las evaluaciones se realicen “como sea”, sin garantizar siquiera el acceso de todes les estudiantes a internet y una computadora, dejó afuera a muches. Pero además dejó en banda a les docentes que debían encontrar solos de qué forma evaluar si se habían aprendido o no los contenidos de la materia.


Se generaron así métodos que no deben repetirse. Límites de una hora para responder 40 preguntas con justificación, o un plazo máximo de tres días para presentar trabajos de investigación que requerían horas y horas de trabajo -imposible para quien esté a cargo de una familia, trabaje o no tenga computadora propia. Exámenes parciales que requerían tener prendida la cámara por cuatro horas, y otro en que se envían ejercicios cada 15 minutos. Preguntas enviadas de a una, sin posibilidad de visualizar las siguientes, impidiendo planificar el tiempo destinado a cada respuesta. Son solo algunos ejemplos.


Ahora que se acercan los exámenes finales hay dos debates que creemos esenciales. En primer lugar, la decisión del formato de evaluación no se puede delegar a les docentes individualmente, ni puede ser una imposición de las autoridades. Debe ser necesariamente la conclusión de un debate democrático entre estudiantes, docentes y directores de área.


Desde La Caldera – UJS, en la presidencia del centro de estudiantes de Ciencia y Tecnología, venimos planteando que se realice un protocolo de formatos permitidos y no permitidos de evaluación que sea el resultado de un debate entre la comunidad educativa. Con este reclamo conquistamos una primera reunión con las autoridades, y nos preparamos para ello realizando un relevamiento que exprese la experiencia de los primeros parciales y todo lo que no debe repetirse en los exámenes finales.


Recogimos información sobre parciales de 47 materias de las cuales les estudiantes plantean modificación, y 16 materias de las que se revindicaron las formas de evaluación. En base a ello planteamos varios puntos para incluir en el protocolo. Ni el uso de cámara, ni micrófono, ni mouse pueden ser requisitos excluyentes para rendir. El formato de evaluación debe avisarse con anterioridad, y todo el parcial debe ser presentado desde el inicio para que les estudiantes administremos los tiempos por ejercicio. Hay que evitar las limitaciones excesivas del tiempo, porque anula la posibilidad de repensar un ejercicio, repasar, corregir errores, además de que no contempla los problemas de la virtualidad como la velocidad de internet o el dispositivo, sumado a que en lugar de en un aula estamos en nuestras casas afrontando otras responsabilidades. El final debe requerir solo una o dos ventanas abiertas. Debe solucionarse por último el problema del nuevo Campus, que cierra la sesión cuando se tarda mucho; y frente a cortes de luz programados debe encontrarse una fecha y horario alternativos para rendir.


Las autoridades se comprometieron en la elaboración y publicación de un protocolo con estos puntos, lo que significa un primer avance de la campaña llevamos adelante desde La Caldera en conjunto con estudiantes de todos los años. Ahora seguiremos de cerca la elaboración de dicho protocolo, organizándonos por todas las reivindicaciones para que la virtualidad no sea excluyente.


 


 


 


 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A post shared by La Caldera UNSAM (@lacalderaunsam) on



El segundo debate va más allá de la organización de los exámenes finales para que sean lo menos restrictivos posibles. Finalmente, ¿hay alguna forma de evaluar virtualmente que no sea excluyente? Entendemos que sí, pero las autoridades de la universidad y el gobierno llevan la virtualidad en otra dirección. Si la universidad dispusiese del presupuesto necesario para que nuestros docentes no tengan que hacer trabajo extra impago, para que todes los estudiantes tengan computadora e internet, para que les ayudantes de las materias cobren el sueldo que corresponde, entonces podríamos realmente hablar de formas de evaluar que no fuesen restrictivas.


Pero la universidad ni siquiera puso a disposición de les estudiantes las computadoras que ya tiene (ni de la escuela ni de la biblioteca). No destinaron ni un peso de presupuesto a la virtualidad. Esto es consecuencia de que la Unsam, como todas las universidades, sigue funcionando con el presupuesto 2019, que ya el año pasado -antes del 50% de inflación- era insuficiente. Mientras el gobierno sigue reculando ante los bonistas y el presupuesto universitario se sigue devaluando, el rector Carlos Greco -que era director de finanzas del Consejo Interuniversitario Nacional cuando acordaron prorrogar este presupuesto- celebra en su cuenta de Twitter la declaración del CIN en apoyo a la reestructuración de la deuda. Con esta orientación de la autoridades se alinean las conducciones de los centros de estudiantes y las agrupaciones políticas kirchneristas (José Martí en Humanidades, Andariega en Artes), que no han dicho una palabra sobre el presupuesto ni se han organizado por las condiciones de las evaluaciones en sus escuelas.


Para que se garanticen las herramientas necesarias para cada modalidad de examen a les estudiantes que lo soliciten es necesaria la pelea por la triplicación del presupuesto educativo. El Frente de Izquierda presentó un proyecto de impuesto a las grandes rentas y fortunas que podría financiar parte de estas necesidades, y por eso vamos a una campaña de adhesiones de estudiantes y docentes de la Unsam a este proyecto.




 

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
23/06/2020

Córdoba: Llaryora rompe el diálogo

Los trabajadores tenemos que decidir cómo seguir la lucha.

Este lunes se conoció que un trabajador de obras viales dio positivo en el análisis de Covid-19, aparentemente contagiado a partir de haber compartido una reunión informal con amigos, en un ámbito ajeno al laboral. No obstante, se desplegó un operativo para el hisopado de los trabajadores de la repartición de obras viales para establecer fehacientemente el alcance de la propagación entre los municipales de las áreas operativas –conocidas como “El Alto”-, teniendo en cuenta que el jueves 18 podrían haber participado de la numerosa marcha en repudio a la avanzada del intendente sobre salarios y condiciones de trabajo.


Ante este cuadro de situación, la comisión directiva del Suoem (sindicato municipal) decidió rápidamente suspender toda reunión y movilización que pudiera desarrollarse hasta esperar el resultado de los hisopados, siguiendo el consejo de los abogados del gremio. Lo hizo mientras esperaba una mesa de diálogo con el Ejecutivo que volvió a ser postergada y sin fecha de realización.


La medida afecta particularmente a los y las trabajadores de educación, que habían previsto una reunión organizativa de delegados y referentes –para aquellas escuelas que no tienen delegados-, para organizar una “Ronda en defensa de la educación y otros derechos” que culminará en una masiva clase pública, para denunciar cómo afecta el recorte a esta repartición. Obviando la posibilidad de realizar la reunión de manera virtual –como ya se había hecho en otras oportunidades- la gremial de educación nuevamente postergó las iniciativas de organizar la repartición para enfrentar el ajuste, colocando a las y los delegados al margen de las posibilidades de debatir las medidas y tomar decisiones. Otra sería la historia si desde ya preparáramos la organización colectiva de la iniciativa para desarrollarla exitosamente cuando sea conveniente.


Queremos llamar la atención sobre el método de acción de la comisión directiva del gremio, que ha caracterizado hasta aquí todo el conflicto: sigue sin aparecer la asamblea general de delegados como instancia para que el conjunto de los trabajadores decidan un plan de lucha para enfrentar el ajuste, aunque las iniciativas por repartición y las movilizaciones masivas han caracterizado la reacción de los municipales.


Mientras tanto, el ejecutivo avanza con despidos -lo son, de hecho, la no renovación de 300 contratados que anunció y la no concreción de actos públicos para más de 40 docentes de ramos especiales-, con la eliminación de 186 jefaturas interinas, con la baja de 290 chapas de inspectores para controlar la vía pública y con la profundización de una estructura municipal paralela, virtualizada y sostenida por monotributistas y precarizados.


En este cuadro de situación, desde la agrupación municipal 29 de mayo en la Lista Fucsia rechazamos el método que anula la deliberación colectiva y exigimos a la conducción de nuestro sindicato que apueste al diálogo con los trabajadores que protagonizan el fundamento de su fortaleza histórica, desarrollando hoy, más que nunca, asambleas de delegados por repartición y de manera general, para establecer un plan de lucha que permita enfrentar el ajuste descomunal que se desarrolla sobre nuestro convenio. En la misma línea, exigimos que se reclame a la CGT un paro provincial: abundan comunicados para expresar medidas de solidaridad con el secretario general pero no para poner fin al ataque a los trabajadores.


Vivimos tiempos urgentes, que marcan cuál es el rumbo que quieren imprimir a la clase obrera quienes nos gobiernan: el ajuste, la precarización, la pérdida de derechos. Los municipales debemos derrotar esta ofensiva contra nuestras condiciones e imponerle un nuevo rumbo a los acontecimientos.





 

También te puede interesar:

Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
Al cumplirse una semana de su desaparición, fue encontraba en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
Milei, Llaryora y el intendente Passerini son responsables.
23/06/2020

Trabajadores de la salud piden justicia por enfermero muerto por Covid-19

Fue con un abrazo al hospital Durand donde trabajaba Julio Guitérrez.

Andrés Ojo Obrero Fotografía

En el mediodía de hoy, trabajadores de la salud de CABA realizamos un abrazo al hospital Durand para homenajear a nuestro compañero Julio Gutiérrez, enfermero del Servicio de Pediatría del Hospital Durand, fallecido hace más de una semana. Se realizó una actividad con radio abierta, abrazo y suelta de globos en las puertas del mismo. Participamos varios enfermeros de diferentes servicios y trabajadores del hospital, como también  enfermeros de otros hospitales de la CABA, sindicatos, organizaciones de la salud y familiares.


Enfermería es el sector más afectado por la pandemia y la negligencia estatal. Son los más expuestos pero los que perciben un peor salario, lo que genera, claramente, un empeoramiento de su salud y un aumento de sus factores de riesgo. Así también, se ven obligados a trabajar en más de un efector, aumentando su riesgo de contagio. Todo esto, sumado a la dificultad de acceso a los insumos necesarios, hace que la lista de fallecidos esté principalmente constituida por enfermeros.


Desde el inicio de la declaración de la emergencia sanitaria, las direcciones hospitalarias con la complicidad de las burocracias de los hospitales porteños cumplen el rol de administración de la miseria, tapando las irregularidades que surgen del vaciamiento de la salud pública. Comenzaron negando la falta de insumos que luego fue evidente, atribuyendo esa falta de materiales a robos por parte del sector más precarizado, generando de esta manera una rivalidad entre los mismos compañeros de trabajo. Son los responsables de negarle los Equipos de Protección Personal a enfermería, ya que argumentaban que no eran quienes los necesitaban porque no realizaban procedimientos invasivos, como por ejemplo, maniobras de aerosolización.


 



Ante el caso de Julio y también el de José Aguirre (enfermero fallecido el domingo en el Hospital Rivadavia) se pone en debate si la licencia por grupo de riesgo fue otorgada a tiempo. El Estado tuvo un trabajador con factores de riesgo ejerciendo su labor durante dos meses en sector Covid. Es un fallecimiento que se da en un contexto laboral, por lo tanto es una responsabilidad del Estado que hoy Julio no esté con nosotros.


Sabemos que este no es el único caso, sin ir más lejos en el mismo Hospital varios trabajadores del sector de enfermería denuncian que no se proveen las licencias correspondientes, se establecen trabas burocráticas que dificultan el acceso a las mismas. Incluso existe el caso de trabajadoras embarazadas, a las cuales la dirección les negó la licencia argumentando que “hasta el tercer mes no se considera embarazo”.



No vamos a conformarnos con lo poco que nos dan, no vamos a comprar insumos con nuestros salarios de miseria, no vamos a trabajar más horas para tapar la falta de contratación.


Aumento del presupuesto en salud.


Pase de enfermería a la carrera profesional, que conlleva un aumento del salario y una disminución del pluriempleo.


Contratación de licenciados de enfermería que estén en el último año de la carrera.


Pase a planta para los residentes y concurrentes que al 31 de mayo deberían haber recibido su título.


Licencia para todo el personal con factores de riesgo, ya.


Ni un trabajador más fallecido por Covid-19.


El Estado es responsable.




 

También te puede interesar:

Frente a los ataques Milei y Macri a la educación, y contra el silencio cómplice de UTE y el peronismo.
Este miércoles 3 de junio se desarrollarán las elecciones a Junta Interna.
Se dejó sin efecto el permiso otorgado para la explotación privada del polideportivo.
Con lo justo, se impuso Marcelo Culotta, en medio de un club acechado por los privatistas.
Sectores oficialistas lanzan una campaña contra los estudiantes que reclaman presupuesto para la educación.
23/06/2020

Los trabajadores de fast food nos seguimos organizando: segunda reunión de Combo de Lucha

Combo de Lucha

El domingo 21 de junio se llevó adelante la segunda reunión de la agrupación Combo de Lucha, la cual nuclea a lxs trabajadorxs de las fast foods.


El sector ha venido sufriendo incontables ataques por parte de la patronal, uno de los más sentidos es el tema de los descuentos salariales. Aludiendo a una supuesta “deuda” que lxs trabajadorxs tendrían para con la empresa a partir del pago del ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), depositado por la Anses, la empresa aplica descuentos generando que los recibos de sueldo queden con saldos negativos. Recordemos que las empresas de fast food son multinacionales que se han enriquecido a lo largo de estos años a partir de la sobreexplotación y precarización laboral de sus trabajadores, que en su mayoría representan al sector de la juventud.


A esto se suman las denuncias cada vez más numerosas de la falta de protocolos para la protección de lxs trabajadorxs ante el Covid-19, tiendas con casos confirmados que no cierran sus puertas, sin desinfección de locales y sin aislamiento ni testeos al resto de lxs trabajadorxs. Así como también la negación por parte de la empresa de otorgar las licencias correspondientes para aquellos que convivan con personas del grupo de riesgo o porque se encuentran a cargo de niñxs.


Cómo conclusión del debate votamos lanzar una campaña de cinco puntos para defender nuestras condiciones laborales. Entre ellas, no a los descuentos patronales sobre lo depositado por la Anses, no al acuerdo del sindicato de pasteleros con las empresas y el Estado que recorta 30% nuestro sueldo. Por verdaderos protocolos de seguridad e higiene en todos los locales para preservar la salud y evitar el contagio de lxs trabajadorxs; que cierre todo local que tenga casos de contagio confirmados. No a la multifunción y a la modalidad delivery que impone una sobrecarga de tareas y nos expone a accidentes y contagios. Licencias con goce de sueldo para todxs aquellas personas que lo soliciten ya sea por ser factor de riesgo o convivir con alguno de ellxs o con niñxs a cargo. Por último, por la recuperación y democratización de nuestro sindicato, por la conquista de delegados en todos los locales.


Con este programa llamamos a reforzar la organización de todxs lxs trabajadores de fast food e impulsar acciones de difusión y lucha.


Si sos trabajador de fast food seguinos en redes @CombodeLucha y completá el formulario en:






 

En esta nota

También te puede interesar:

Un intento de evitar la organización de los trabajadores de Wendy's.
Sin asambleas por sector, las paritarias no cubren ni la inflación.
La empresa Alsea deslizó que podría vender sus licencias.
Lxs jóvenes nos ponemos en pie de lucha en defensa del salario, las condiciones laborales y la recuperación de los sindicatos.

Policía de Córdoba persigue y causa la muerte de dos pibes

Un nuevo hecho de “abuso policial” se cobró la vida de dos pibes. Sucedió en la localidad de Colonia Caroya, al norte de la provincia de Córdoba. El pasado viernes, después de las 22 horas, en la intersección de Calle 10 y avenida San Martín, dos jóvenes en una moto chocaron contra un Ford K tras ser perseguidos por un agente que también impactó contra el auto. El golpe fue fatal para “Nano” Guzmán y Agustín Barrios.


Según el jefe de la comisaría local, comisario inspector Jesús Contreras, los decesos se produjeron en el marco de una persecución policial. Elude señalar que la violenta persecución sucedió porque los pibes pasaron un semáforo en rojo. La responsabilidad directa de la policía en la muerte de estos dos jóvenes queda a la vista. Con la excusa de que cometieron una infracción menor, se desató una salvaje persecución que los llevó a la muerte.


Los pibes pagaron con su vida el hostigamiento sistemático por parte de las fuerzas represivas del Estado a la juventud, agravado en estos últimos meses producto de la cuarentena. El gobierno es responsable, usa todas sus fuerzas represivas en el control y persecución a la juventud. No es nuevo el modus operandi realizado en Colonia Caroya por parte de la policía que, en motocicleta o en auto, realiza violentos operativos.


Se han conocido, en toda la provincia y el país infinidad de casos de ataque a las libertades democráticas de la población trabajadora y especialmente la juventud. Estos atropellos no solo son verdugueos o violencia física, sino que van más allá, con torturas, violaciones y una lista que no cesa de aumentar. Las muertes a manos de las fuerzas represivas, o en hechos con participación directa de las mismas, dan cuenta de una “violencia institucional” que emana de una política de Estado.


Exigimos inmediata justicia, los responsables políticos y materiales deben pagar. Responsabilizamos a Schiaretti por la política que lleva adelante mediante su policía. Basta de gatillo fácil, fuera la yuta de los barrios, control popular de la cuarentena.



 

También te puede interesar:

Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
Al cumplirse una semana de su desaparición, fue encontraba en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
Milei, Llaryora y el intendente Passerini son responsables.
23/06/2020

La Plata: trabajadores de locales de comidas rápidas se movilizaron al Ministerio de Trabajo

Sigamos organizando un movimiento de lucha por nuestras reivindicaciones.

Una importante concentración de trabajadores de locales de comidas rápidas frente al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, se realizó el lunes 22, en La Plata, para reclamar contra los sucesivos ataques de las patronales. Los trabajadores movilizados presentaron una nota donde detallan las problemáticas que sufren, y hasta el momento la única respuesta que obtuvieron es el compromiso de una audiencia con funcionarios del Ministerio.


En las últimas semanas habían salido a la luz denuncias de trabajadores de la cadena KFC que aseguran que la empresa los presiona para que “devuelvan” lo que cobraron por el subsidio que entrega el Anses. La patronal les comunicó que descontarán de los salarios de cada quincena lo depositado por el ATP, que va de 10.000 a 16.800 pesos, con el argumento de que eso generó una deuda de la propia empresa. Esta situación llega al absurdo de que los empleados han recibido sus recibos de sueldo en negativo. Ahora buscan descontarlo de los aguinaldos.


También se difundió la denuncia de los empleados de uno de los locales de Mostaza, a quienes les adeudan la mitad del salario de mayo, parte del salario de abril, marzo y el incremento solidario, sumado a que muchas horas también son pagadas en negro.


Esta situación es generalizada en todo el rubro de comidas rápidas, y las patronales se aprovechan de la crisis abierta con la llegada de la pandemia para profundizar la precarización laboral. A los recortes salariales, las malas condiciones de trabajo, los atropellos y la superexplotacion a la que están sometidos los trabajadores se suma ahora la exposición al contagio del Covid-19, lo que se expresa en la ausencia de protocolos sanitarios y hasta en el extremo de que los empleados deben compartir baño con los clientes -como sucede en KFC.


Ante esta situación los trabajadores han acudido al sindicato de Pasteleros, pero la dirección no da una respuesta a la altura de las circunstancias. Es necesario avanzar en la organización de los trabajadores del sector para dar una respuesta frente a la magnitud del ataque de las patronales. Está planteada la necesidad de un paro de los trabajadores del sector y la profundización de la organización, mediante la elección de delegados por local. El sindicato no puede dar la espalda a esta lucha y a los reclamos de los trabajadores.


Desde la agrupación Combo de Lucha llamamos a profundizar la organización, extendiendo la deliberación para sumar a los trabajadores de todos los locales que aún no están interviniendo. Es necesario avanzar en un programa que plantee la pelea por el cobro íntegro de los salarios, por el cierre de los locales donde haya contagios de Covid-19, por licencia para los compañeros en grupos de riesgos sin descuentos y por el fortalecimiento de la organización de los trabajadores.




Sumá tu denuncia sobre las condiciones de trabajo en el relevamiento que sigue a continuación:



 

También te puede interesar:

Informes confirman que cada vez son más los trabajadores con más de un empleo o que pierden el trabajo y migran al “monotributo”.
Mientras el gobierno elimina programas sociales, las estadísticas oficiales evidencian la precarización laboral y los salarios de hambre.
Los capitalistas reconvierten negocios y los trabajadores pagamos el costo.
El Indec busca que las empresas de reparto brinden datos sobre las personas que emplean. Milei oculta el crecimiento de la informalidad.
7 de cada 10 jóvenes trabaja en forma precaria y solo crece el empleo informal.
El Indec registra que solo crece la cantidad de trabajadores precarizados.
23/06/2020

Las Pymes y la ley de teletrabajo

Las cámaras patronales en la Comisión de Trabajo de Diputados.

A la reunión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que se realizó el lunes 22 concurrieron representantes de cámaras patronales para opinar sobre los proyectos de ley sobre el teletrabajo (también llamado trabajo remoto). Hay 18 proyectos en discusión, uno del bloque del Frente de Izquierda presentado por Romina Del Plá (PO) y acompañado por Nicolás Del Caño (PTS).


La pandemia obligó a miles de trabajadores a aceptar el sistema de teletrabajo desde su domicilio. Previamente, los avances tecnológicos han ido modificando en las últimas décadas las formas de trabajo de amplios sectores de asalariados. Se calcula que el 30% de la mano de obra está trabajando bajo esta modalidad laboral. Esto le ha dado un carácter relevante y de urgencia el tratamiento de una ley que reglamente el teletrabajo.


Ocho representantes empresarios intervinieron con sus propuestas. La tónica inicial la dieron dos intervenciones de dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuya preocupación es que una ley no quite “incentivos” a las patronales, y se oponen a que la norma entre en vigencia antes de 180 días después que se acabe la pandemia. En el ínterin las patronales harían lo que quieran, imponiendo nuevos status de flexibilidad y una reforma laboral de hecho.


Sin pelos en la lengua, los representantes de la pequeña y mediana empresa (Pymes) explicitaron este objetivo antiobrero. Esteban Mancuso, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), amenazó indirectamente con el lock out y el despido de trabajadores si las normas que se votan no son del agrado de la patronal. “¿Y si no se pueden pagar?”, dijo. Dial, de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) acordó con la UIA y la CAC rechazar explícitamente ciertos puntos de los proyectos que elevaran los costos. Sin nombrarlo, se refirió al proyecto del FIT para plantear que las Pymes no podrían solventar el costo del alquiler de un monoambiente que permitiera al trabajador laborar en condiciones mínimas de salubridad y no rodeados por sus familias en condiciones precarias (algo que fija el artículo 9° de dicho proyecto).


Julián Moreno, de Apymes, planteó que habría que cambiar el régimen de trabajo pasando de un horario fijo de trabajo a un sistema por objetivos. Esto es retroceder dos siglos: reintroducir el llamado trabajo a destajo, por pieza de trabajo (o informe) elaborado. ¿Y si ese objetivo, lleva más tiempo que a las 8 horas de trabajo? “Mala suerte”: hay que seguir trabajando hasta llegar al mismo. La jornada laboral se vuelve así sin límites.


La conciencia de esta situación llevó al representante de las patronales Pyme a plantear que se podría discutir un plus salarial del 30% (que serviría también para cualquier sobre costo en mayores gastos del trabajador: uso de luz, internet, etc.). Una extorsión apoyada en los bajos salarios y en las reducciones salariales que se están imponiendo, y que significan un poco más de pan para hoy y superexplotación para siempre. Esta posición fue acompañada por todos los oradores patronales. Montalblati, de la Cámara de Tecnología, Informática y Comunicaciones, fue más allá todavía, reivindicando la necesidad de aceptar “acuerdos individuales” para “horarios no convencionales”, lo que es un ataque a los convenios colectivos de trabajo. Se quiebra el principio de la contratación colectiva para volver a la arbitrariedad de los deseos del patrón. Montalblati planteó que era difícil controlar el horario de trabajo y por eso se necesitaba objetivos que midieran la productividad y eficiencia.


Cerrando este bloque de empresarios intervino Candelo, de la Cámara del Software, quién señaló que en el pasado una reglamentación terminó con la modalidad introducida por la llamada ley de pasantías, que era la legitimación del uso mano obra juvenil con bajos salarios porque se aducía que contribuía a su “formación laboral”. Hizo referencia también al trabajo contratado por y con el extranjero, y protestó porque mano de obra calificada es llevada al extranjero.



Nuestra compañera Romina Del Plá, cuando intervino más tarde, le señaló que la emigración de trabajadores y profesionales calificados se debía a los bajos salarios que pagan las patronales argentinas. El proyecto de ley con su firma plantea también el control sobre el uso de trabajadores extranjeros, que trabajan a distancia (call centers, etc.) desde sus países de origen con salarios menores, a los que usan las patronales para introducir una competencia internacional a la baja de salarios. En su artículo 21, el proyecto del FIT señala que en caso de ser necesario dicho tipo de contratación “se aplicarán las normas legales y convencionales del lugar de ejecución de las tareas o del domicilio del empleador, según sea más favorable para el trabajador/a”.


Las patronales ven la posibilidad de una nueva vuelta de tuerca en su política de flexibilización y reforma laboral antiobrera. Los representantes patronales dicen que el piso de derechos laborales debe ser bien mínimo, e introducir las modificaciones antiobreras como las que hemos denunciado en esta nota. Afirman que la reglamentación concreta debiera ser pautada en las negociaciones paritarias de los convenios colectivos.


Las cámaras empresarias confían para ello en las burocracias sindicales colaboracionistas, que han venido entregando conquistas y salarios a espaldas de la voluntad de sus trabajadores. En los convenios se puede y se debe discutir, pero para acrecentar las mejoras en favor del trabajador, no para disminuirlas por debajo del piso legal. Sino, ¿para qué queremos una ley de 8 horas de trabajo o de aguinaldo? Se podría discutir en cada gremio o empresa por separado (y en algunos casos las burocracias han entregado las 8 horas) y ahora el gobierno mismo amenaza con el pago en cuotas del aguinaldo como tendencia a su disolución.


Para los trabajadores se trata de sacar una ley contra los abusos y la superexplotación por parte de las patronales, que establezca un piso mínimo de derechos para los trabajadores. En su intervención, la diputada del Partido Obrero denunció que “necesitamos defender los derechos de los trabajadores ante los mecanismos de precarización que vienen utilizando para imponer modificaciones del convenio colectivo, rebajas salariales y desembarazarse de la provisión de instrumentos laborales”.


Las Pymes, que están siendo golpeadas por la crisis, hacen causa común con los monopolios contra los trabajadores. La burocracia de los sindicatos llama todo el tiempo a marchar junto a las Pymes, voceras de la rapiña antiobrera que impulsa el gran capital.




 

También te puede interesar:

Una pantomima que busca blanquear las coimas capitalistas y el tráfico de influencias.
Se denunció que los 140 despidos y el vaciamiento del organismo atacan la seguridad aérea, la prevención de catástrofes y el desarrollo científico.
Obtuvo dictamen de comisión el denominado “proyecto de Ley Hojarasca”, cuyo nombre es una nueva estafa del gobierno.
La disputa por el agua expone el régimen de saqueo ligado a la deuda y la guerra, y reabre el camino de la movilización popular.
Una movilización frente al Congreso, y la voz de Néstor Pitrola dentro del recinto.
Milei y los gobernadores buscan garantizar el negocio de un puñado de multinacionales mineras entregando el agua.
23/06/2020

Docentes de Chubut: tres meses, tres caravanas

El salario y la conducción de Atech siguen en cuarentena.

Cuando ya pasaron tres meses del aislamiento social producido por la pandemia, cabe realizar un balance de la situación de las y los docentes del Chubut y de la actuación de la conducción de Atech, principal sindicato del sector en la provincia.


El comienzo del año estuvo marcado por la renovación de los conflictos. Las cláusulas gatillo y el incentivo docente adeudados, la continuidad del pago escalonado, la no reparación de edificios escolares o su reparación cosmética, fueron elementos disparadores de un conflicto que ya entra en su tercer año consecutivo y que tiene a las y los estatales chubutenses en vilo. Pasaron las primeras semanas con paros exigidos desde abajo pero desorganizados por arriba, hasta que la cuarentena fue la excusa perfecta para que la conducción de Atech (y a su turno la Mesa de Unidad Sindical) definiera el congelamiento de las acciones de lucha y la entrega de cualquier conquista.


Mientras que a la docencia se le exige cumplir con sus tareas de forma virtual, sin salario, paritaria 2020, designaciones, inscripciones a listados ni recursos necesarios para acceder a la virtualidad, solo hubo un impulso a debatir un plan de lucha -en reuniones online- por docentes de base, la Multicolor de Madryn y Tribuna Docente. De esta forma comenzaron las primeras acciones, con videos con carteles y luego medidas de lucha en los supermercados para visibilizar la situación, incluyendo acciones junto a la Asamblea por el Territorio, las y los auxiliares de escuelas y con las y los trabajadores de salud, entre otros sectores. Esto terminó arrancando a la burocracia de Atech la primera caravana, luego de que su secretario general Santiago Goodman tildase de “derechista” a la docencia hambreada por el gobierno, que se aprestaba a salir para poder garantizar una cuarentena con salario. Tras esta caravana vinieron otras dos, a razón de una por mes.


A nivel nacional, la paritaria fue postergada y, cuando finalmente llegó, planteó un aumento irrisorio, la destrucción de las cláusulas gatillo y la disolución de la cláusula del mínimo obligatorio en relación al salario mínimo general. El Ejecutivo nacional viene gobernado con el presupuesto 2019, orientando toda su política a la negociación con los buitres y el FMI; por eso impulsó esta paritaria a la baja, el recorte a los jubilados, las rebajas salariales y ahora el aguinaldo en cuotas.


El cuadro de la provincia es convulsivo. La amenaza directa del default, producto de la crisis de los precios del petróleo, aceleró la unidad de las fuerzas políticas patronales provinciales detrás de los intereses de los “desconocidos” acreedores, para llegar a un acuerdo de reestructuración que patee para el 2023 los próximos pagos, estableciendo cláusulas que están en debate pero que serían aún más leoninas, como la entrega de la coparticipación nacional y el impulso de la megaminería como garantías. Este cuadro, junto a la parálisis absoluta de la burocracia sindical, permitieron que el gobierno retrase hasta casi tres meses el pago de los salarios, mientras anuncia que el aguinaldo será despositado en varias etapas, en un cuadro inflacionario.


El resto de las provincias y el país se van asemejando a Chubut, puesto que la orientación del pago de la deuda es el eje estructurador del gobierno nacional y provinciales. La unidad de las y los trabajadores se hace fundamental, no solo en la provincia sino a nivel nacional. Ese fue un paso fundamental que decidió la Multicolor de Madryn, al sumarse al Plenario del Sindicalismo Combativo, que resolvió la medida realizada el 16 junio -en el marco de la jornada nacional de lucha-, que fue propuesta también a las y los trabajadores del Hospital y que tuviera amplia repercusión.


Vamos por una profunda deliberación en las escuelas, organicemos asambleas, exijamos plenarios regionales y provinciales de delegadas y delegados, para poner en pie un plan de lucha.


¡Vamos por un congreso de delegados/as de base de todos los sindicatos. Votemos nuestro propio programa de salida y que se vaya Arcioni!


¡No es No! Fuera Arcioni.



 

23/06/2020

Neuquén: Jure pide la interpelación de la ministra de Salud, Andrea Peve

Importante iniciativa ante la curva de contagios y la situación sanitaria.

La diputada provincial del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura neuquina que busca la interpelación de la ministra de Salud, Andrea Peve.


La iniciativa responde a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, en nuestra provincia se registra un crecimiento exponencial de casos de Covid-19, que llevó a que desde la primera semana de junio a la fecha pasemos de 150 casos a más de 300, y sigan en ascenso. Esto ha sido consecuencia de la liberalización de las actividades económicas y productivas y la falta de medidas de bioseguridad y elementos de protección personal, testeos y detección de casos. Y por el otro lado, la situación del sistema público de salud, el cual está camino al colapso producto que no se han reforzado los respiradores, las unidades de terapia intensiva y el personal de salud.


En el propio informe oficial se dice que el sistema público de Salud tiene solo 26 camas UTI (Unidad de Terapia Intensiva) con una proyección a instalar otras 35. Y si se incluye el sector privado de Salud hay un total de 134 camas UTI. Es decir, en el pico hacia el cual marchamos la derivación hacia las clínicas privadas, donde se han registrado brotes de contagio, es un hecho. Según el presupuesto 2020, en el sector público de Salud hay 9.124 trabajadoras/es. En el informe de junio se nos dice que con las incorporaciones por la pandemia la cantidad ha pasado a 9.388. Apenas 266 nuevos respecto a lo presupuestado, lo que representa la mitad del personal “especial” para la pandemia que había anunciado el gobierno.


En las motivaciones de la iniciativa, Jure enfatizó: “La urgencia de la votación de la ley Nº 3.320 de Emergencia Sanitaria, no era la necesidad de incrementar los recursos para enfrentar al Covid-19 como expuse en la Legislatura para justificar mi voto negativo, sino una carta blanca al Poder Ejecutivo para endeudarse y echar mano a voluntad sobre los fondos del presupuesto. Los propios informes oficiales así lo demuestran. Es por ello, que vamos a pedir la interpelación de la ministra de Salud para que el pueblo de Neuquén conozca los intereses sociales que defiende el gobierno de Gutiérrez. Más que nunca urge la centralización de todo el sistema de salud provincial, de lo contrario marchamos al colapso del sistema público provincial”.






 

También te puede interesar:

Los fondos que se retacean en salarios se destinan al lucro capitalista.
El TEP-Celeste vuelve a garantizar la paz social de Figueroa.
Expuso la desprotección que sufren las mujeres trabajadoras precarizadas.
La familia repudió una nueva audiencia destinada a otorgarle permisos a Miguel Antonio Murer.
La doctrina Bullrich a la neuquina.
23/06/2020

Coto Lanús: 22 contagiados y sigue abierto

El hipermercado Coto está metido en un escándalo de alcance nacional producto de los contagios entre sus trabajadores, principalmente de la sucursal de Lanús. A partir de las denuncias que se replicaron por el abandono y maltrato de los trabajadores contagiados por parte de la ART y de la obra social del sindicato de comercio Osecac, y luego del video donde aparece Eduardo Búfalo, mano derecha de Alfredo Coto amenazando contra la clausura, la empresa fue tendencia en Twitter con #Coto.


La clausura de la sucursal no llegó, pero los casos confirmados van en aumento. El salto de 10 a 22 trabajadores confirmados con Covid-19 en tan solo cuatro días es un dato parcial, porque la demora en hisopar a los 400 trabajadores del Coto Lanús oculta la realidad. Ni hablar si se contabilizan los contagios a los familiares de los trabajadores que van a ir surgiendo con los días, ya que no dan camas de aislamiento para los contagiados sino que los mandan a sus casas y la demora profundiza la expansión.



La situación en el rubro comercio es dramática, y está generando reacciones, luchas y paros en diferentes supermercados. La responsabilidad de las empresas, por un lado, es inocultable. En el caso del Coto Lanús la patronal argumentó que el primer caso confirmado de coronavirus estaba de vacaciones, mientras mantenía el aislamiento, para evitar licenciar a los contactos estrechos. Esta acción criminal de Coto desató el contagio entre los trabajadores, favoreciendo la expansión del virus en la comunidad. Esta accionar flagrante no alcanzó para que el Municipio clausure el mercado que aún sigue abierto. Ni el gobierno de Kicillof que vocifera por cambiar de fase, ni el de Fernández que culpabiliza a la gente que sale de sus casas, actuaron ante este hecho que ha tomado amplio estado público, haciéndolos responsables también por la inacción. La orientación del gobierno es clara: no afectar intereses capitalistas, aunque no puedan ocultar el desarrollo ascendente de la enfermedad. En Quilmes la clausura de Coto duró un día, mientras sostienen la apertura de centenares de fábricas a pesar de los contagios en su interior.


Los atropellos de Coto contra los trabajadores -que son históricos- se agravaron en la pandemia, obligando a trabajar a algunos empleados que presentan factores de riesgo, descontando el 30% del salario a los que licenció por ese motivo, pagando el bono de $5 mil por carácter esencial de la tarea con un voucher que solo puede ser canjeado en Coto, entre otros.


El Secla (sindicato de empleados de comercio de Lanús), que hizo campaña electoral con Grindetti de la mano, aún no reclama el cierre completo de la sucursal, cosa que debió hacer hace días. Tampoco se puso al frente del reclamo de licenciamiento de los contactos estrechos ante el primer caso, para evitar esta situación de desastre. Son necesarias acciones de lucha en Coto y en todo el gremio para imponer a las patronales la defensa de la salud de todos los empleados de comercio.


Que se conformen comisiones de higiene electas por los trabajadores que elaboren un protocolo obrero, verifiquen su aplicación, y tenga poder de veto ante la negativa patronal de cumplir las condiciones sanitarias, o de licenciar a todos los trabajadores correspondientes. La defensa del salario, la salud, y las condiciones de trabajo solo pueden garantizarse con una orientación independiente del gobierno y las patronales.




 

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
23/06/2020

Crece la movilización docente en Río Negro

Vamos al plenario provincial de delegados,representantes de escuelas y activistas, el lunes 29.

Con diferentes modalidades y respetando el distanciamiento social se han realizado, en varias ciudades rionegrinas, numerosas acciones de lucha de la docencia. La iniciativa parte de las seccionales opositoras y agrupaciones docentes con gran apoyo y participación de la docencia. Se han realizado caravanas y entrega de notas exigiendo el pleno funcionamiento de la obra social y la derogación de las resoluciones antilaborales que imponen el teletrabajo y la flexibilización laboral.


El gobierno rionegrino ha aprovechado la cuarentena para profundizar el ajuste, congelando salarios, limitando la designación de cargos, no garantizando la educación en cuarentena, deslindando su responsabilidad y transfiriendo su sostenimiento a la docencia y comunidades educativas que se encuentran empobrecidas y con limitados recursos. Para validar este accionar, el gobierno ha emitido numerosas resoluciones, todas ellas acordadas con la conducción Azul-Arancibia, que en línea con la política de Ctera (gremio docente nacional), acuerdan regular el teletrabajo sin mandato de las bases y violando el funcionamiento democrático del sindicato, desoyendo la exigencia unánime de derogación de las mismas y los reclamos urgentes de recomposición salarial y asistencia a la docencia desocupada.



La disposición de lucha de la docencia, que recibe el apoyo de la población ante cada manifestación, tiene el próximo lunes 29 de junio una instancia de deliberación democrática para el conjunto de la docencia rionegrina, una forma de superar el obstáculo que significa la burocracia sindical que se niega a luchar: la convocatoria por parte de las seccionales opositoras y de agrupaciones docentes de un plenario provincial de delegados, representantes de escuelas y activistas.


Las burocracias y las centrales sindicales operan activamente en la contención del movimiento obrero, desde la fragmentación. La primera y gran virtud del plenario docente es que ofrece un camino para unificar al conjunto de la docencia sobre nuevas bases: democracia sindical e independencia del Estado y sus gobiernos.


Un plenario abierto, donde las y los docentes, desde cada institución educativa, expongan el verdadero pensar y sentir de los trabajadores, sus necesidades y propuestas para salir a luchar, pone arriba de la mesa un método para resolver y superar a la correa de transmisión del régimen patronal al interior del sindicalismo. Impulsamos la masiva participación en el plenario de toda la docencia rionegrina para debatir y organizarnos para salir a luchar por la derogación de todas las resoluciones antilaborales y antieducativas; no al teletrabajo y la flexibilización laboral; plataformas gratuitas, computadoras y conectividad para estudiantes y docentes; paritaria salarial inmediata, ¡aumento salarial ya! Pleno funcionamiento de la obra social bajo control de las y los trabajadores. Asignación salarial de emergencia para la docencia desocupada y subocupada.

En esta nota

También te puede interesar:

23/06/2020

5 casos de coronavirus en el refugio “Mariquita Sánchez” de la Ciudad de Buenos Aires

La semana pasada se confirmaron 5 casos de Covid-19 en el refugio “Mariquita Sánchez”, el único en la Ciudad de Buenos Aires a puertas cerradas para la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género con y sin hijxs. Todavía se espera el resultado de los hisopados de otros 30 casos en estudio.

 

Las trabajadoras denuncian que la acompañante terapéutica, que resultó ser la primera infectada, presentó síntomas desde el viernes 12 de junio pero las autoridades del centro ocultaron esta información hasta el lunes siguiente, poniendo en riesgo tanto a quienes trabajan allí como a las familias que permanecen en el lugar, ya que no fue aislada de inmediato como debía hacerse.

 

Fueron las trabajadoras mismas quienes hicieron pública la ineficacia con la que se abordó la situación frente a la aparición de este primer caso. Denunciaron que los testeos se hicieron de forma tardía y solo a quienes tuvieron contacto estrecho con la primera infectada, incluso cuando dentro del refugio existen espacios compartidos como la cocina y los baños, además del hacinamiento en las habitaciones en las que se alojan, a veces, a dos o tres grupos convivientes.

 

Además de estas irregularidades en la aplicación del protocolo de manejo frente a casos confirmados de Covid-19, a las trabajadoras que dieron negativo se las presiona para continuar con sus tareas sin tener siquiera garantizado el acceso a los barbijos quirúrgicos necesarios.

 

El vaciamiento de los refugios: una política de Estado

 

Desde 2016 las trabajadoras venían denunciando al gobierno de Larreta por las pésimas condiciones tanto en materia laboral como de higiene e infraestructura en la que se encuentra el refugio. Actualmente continúan con baños rotos, falta de agua caliente, hacinamiento, habitaciones en desuso por humedad, mujeres empleadas fuera de convenio o de forma tercerizada con sueldos por debajo de la mínima.

 

La falta de presupuesto para llevar adelante las tareas en estos centros responde a una política general de ajuste y ataque por parte del Estado a los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. El problema es que los recursos se destinan sistemáticamente al pago de la deuda externa y no para medidas eficientes que combatan la violencia, como la construcción de nuevos hogares y refugios o el reforzamiento de un sistema sanitario que está al borde del colapso.

 

En un cuadro de aislamiento obligatorio en que se ha agudizado la violencia psicológica y física dentro de los hogares como expresan las denuncias registradas en la línea 144, sumado al aumento exponencial de los femicidios (57 en lo que va de la cuarentena), una mujer que viene escapando de una situación de peligro y extrema vulnerabilidad o de convivir con su agresor no le queda otra opción que ir a estos refugios, esperando poder tener ahí la contención necesaria. Pero se termina encontrando con que el círculo de violencias se sigue reproduciendo, por la violencia estatal e institucional ejercida bajo este régimen social.

 

Actualmente solo existen cuatro unidades convivenciales que asisten a las víctimas de violencia de género y sus hijes en la Ciudad de Buenos Aires, un número muy bajo para las altas tasas de casos registrados. El gobierno porteño busca avanzar en el cierre del hogar Eva Duarte, el único para madres adolescentes que depende de la Ciudad. Mientras tanto, la ministra nacional Elizabeth Gómez Alcorta sostiene la negativa de la creación de más refugios abogando que “están vacíos” y que hay que enfocarse en “trabajar en la exclusión del violento y no en los refugios de las mujeres víctimas”. La realidad es que casi no hay refugios para las víctimas ni exclusión para los violentos. La asistencia debería ir de la mano además de medidas que mejoren las condiciones materiales de las mujeres, su situación económica para que dejen de depender de su agresor, el acceso a una vivienda y trabajo dignos, acceso a la salud y la educación.

 

Frente a esto nos seguimos organizando

 

Cada vez se expresa más la necesidad de un aumento de presupuesto destinado a víctimas de violencia de género, el mapeo de las denuncias y perimetrales, $30.000 para desocupadas y víctimas de violencia de género. Bajo este contexto, son cruciales los refugios con condiciones para enfrentar la pandemia de manera eficiente, la realización de testeos masivos, condiciones de higiene y seguridad para las trabajadoras, y la centralización del sistema de salud. Vamos por la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres con el presupuesto necesario para responder a las demandas de las mujeres y poner fin a la reproducción de la violencia institucional, donde se condena a las mujeres avalando, naturalizando y justificando todo tipo de violencia.

 

 

 

 

 

También te puede interesar:

Frente a los ataques Milei y Macri a la educación, y contra el silencio cómplice de UTE y el peronismo.
Este miércoles 3 de junio se desarrollarán las elecciones a Junta Interna.
Se dejó sin efecto el permiso otorgado para la explotación privada del polideportivo.
Con lo justo, se impuso Marcelo Culotta, en medio de un club acechado por los privatistas.
Sectores oficialistas lanzan una campaña contra los estudiantes que reclaman presupuesto para la educación.
23/06/2020

Organicemos los reclamos de los trabajadores de la salud bonaerense frente a la pandemia

Las conducciones sindicales se integraron a la política de ajuste del gobierno.

El crecimiento exponencial de contagios de Covid-19 en los últimos días, en especial en la provincia de Buenos Aires y la Capital, volvió a poner sobre el tapete la situación del sistema sanitario y de los trabajadores de la salud.


En todo el Área Metropolitana y La Plata se percibe cada vez más cerca la tendencia a la saturación y el colapso del sistema saitario. Los 78 hospitales bonaerenses se encuentran en situación precaria desde antes de la pandemia, varios en estado “de demolición” según las propias autoridades. Esto se agrava si tenemos en cuenta la escasez de camas de terapia intensiva y de respiradores, lo que echa por tierra el cuento de que con la cuarentena los hospitales tuvieron tiempo de reacondicionarse.


La provisión de EPP es a cuentagotas y de mala calidad. Las licencias al personal que forma parte de los grupos de riesgo son negadas, y ya tenemos varias muertes evitables por este motivo, como es el caso de María Esther Ledesma, trabajadora del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora que murió por coronavirus luego de pedir seis veces infructuosamente su licencia. Esta situación se agrava teniendo en cuenta el alto índice de contagios en el personal sanitario.


La enorme mayoría de los trabajadores de la salud se encuentra con salarios debajo de la línea de la pobreza, lo que lleva al pluriempleo para llegar a fin de mes. Las paritarias están cerradas, para evitar discutir aumentos y actualizaciones salariales mientras decretan el pago del aguinaldo en cuotas.


Como si esto fuera poco, hay que agregar la falta de cobertura de vacantes, la apertura de nuevos cargos y el crecimiento de la precarización: residentes sin ART, vacaciones ni derechos elementales; trabajadores de cocina, seguridad y limpieza (altamente expuesto al contagio) tercerizados en la mayoría de los hospitales; exclusión de insalubridad para enfermería y diferenciación paritaria para la actividad.


El uso de los recursos públicos define la orientación de clase de los gobiernos. En la provincia de Buenos Aires, mientras el tan anunciado bono de $5.000 no lo cobran todos los trabajadores de salud y se amenaza al Instituto de Previsión Social, Kicillof utiliza los fondos de IOMA para el salvataje de las clínicas privadas, que viven de hacer jugosos negocios con la obra social bonaerense y aumentando el costo de las prestaciones. El gobernador replica la política de Alberto Fernández, que saquea la Anses para subsidiar a las patronales y destina el ahorro nacional al pago de la fraudulenta deuda pública -mientras el sistema sanitario hace agua por todos lados-, suspende la movilidad jubilatoria, congela paritarias y fracciona el aguinaldo de los estatales.


Abramos el debate


Las direcciones sindicales de los trabajadores de la salud bonaerense, Salud Pública, ATE y Cicop, se han integrado a la política ajustadora del gobierno a través de los comités de crisis, organismos que en los hechos se limitan a administrar la escasez. En estos comités, las reivindicaciones más sentidas de quienes realmente ponen el cuerpo en primera línea de combate al virus no son tomadas en cuenta y se continúan convalidando protocolos muy por detrás de la situación por una simple razón: los materiales no alcanzan para todos.


En definitiva, los comités de crisis se limitan a gestionar la escasez de recursos y no están pensados para dar respuestas a las necesidades de los trabajadores. El Estado y las direcciones de los hospitales los emplean como mecanismo de cooptación y regimentación. A modo de ejemplo, ninguna de las direcciones sindicales se ha pronunciado contra la media sanción de ley de telemedicina recientemente sancionada en la Cámara de Diputados.


Desde Tribuna de Salud impulsaremos un debate entre los trabajadores de los hospitales y centros de salud. Lo consideramos necesario porque estamos en la primera línea de combate frente a una pandemia que cuenta con mas de 466.000 muertes en todo el mundo, en su inmensa mayoría pertenecientes a las clases trabajadoras.


Planteamos la necesidad de poner en pie comisiones de seguridad e higiene electas en asambleas y con mandatos revocables, de todos los trabajadores de los hospitales y centros de salud independientemente de su afiliación sindical y tareas laborales. Con funcionamiento democrático para discutir nuestras reivindicaciones y resolver las medidas necesarias para satisfacerlas. Testeos semanales a todo el personal de salud, EPP para todos los trabajadores, licencias para el personal en grupo de riesgo, aumento de salario hasta que ninguno quede por debajo a la canasta familiar, no al pago del aguinaldo en cuotas, pase a la carrera profesional de Enfermería.


Las organizaciones sindicales deben romper su integración al Estado y fortalecer la organización independiente de los trabajadores. Nuestras condiciones de trabajo, aún mas cuando nuestras vidas están expuestas, no pueden estar sujetas a un plan económico que frente a una crisis sanitaria mundial prioriza el pago de la deuda al capital financiero.




 

También te puede interesar:

Este miércoles 3 de junio se desarrollarán las elecciones a Junta Interna.
Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
23/06/2020

Moreno: las excusas del municipio para no dar soluciones al Servicio Alimentario Escolar (SAE)

Recientemente, se hizo pública a través de los medios de comunicación nacionales, la situación crítica de la asistencia alimentaria a alumnos de las escuelas de Moreno, con 30.000 chicos dejados afuera del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y entregas insuficientes para quienes lo reciben. Ello, en un contexto de hambre creciente en el distrito bonaerense. Ya antes de la pandemia, desde nuestra agrupación sindical Tribuna Docente señalábamos que los cupos eran insuficientes en relación a la cantidad y calidad, entregándose en el nivel de secundaria -por ejemplo- un pan con mermelada y un mate cocido, y en algunas ocasiones unas galletitas.


El director de Educación municipal, Hernán Borghi, se vio obligado ante las denuncias a salir a dar respuestas, en las cuales intenta borrar la responsabilidad de los Estados municipal y provincial en la situación.


Ante el planteo de que a toda la matrícula de estudiantes le llegue un bolsón, Borghi plantea que la problemática de la universalización del SAE tiene que ver con una “falta de comprensión” y que “se confunde constantemente cupo con matrícula”. Según el funcionario nombrado, la universalización no debería debatirse ahora, porque tendría que ver con aumentar el costo del SAE y que universalizar “sería como pedir Progresar [en referencia a la beca para finalización de estudios y para alumnos de nivel superior] para primaria o la Jubilación para secundaria” (desalambrar, 16/6).


En todo caso, la “falta de comprensión” la tiene Borghi, ante la situación que viven nuestros alumnos y sus familias. La crisis previa a la pandemia se ve profundizada por el aumento de despidos -mostrando que el DNU de “prohibición” es papel mojado) y suspensiones, bajas de salarios, imposibilidad -por el aislamiento- de salir a hacer “changas”, lo que hace totalmente necesaria, en este momento, la universalización del SAE. La demostración más contundente de esto son las largas colas para recibir un bolsón, debiendo aguardar las familias hasta cuatro horas para recibirlo. Con respecto a eso y siguiendo en la línea de las “justificaciones”, Borghi quiere tapar el sol con la mano, responsabilizando a las escuelas por las largas esperas.


Borghi manifiesta que “hoy no hay grandes reclamos contra las empresas o por la mercadería” y que “el mayor reclamo de la comunidad educativa es por los cupos” (desalambrar, 17/6). Incluso habla de una buena gestión de los actuales proveedores. Pero en la realidad esto no es así. Los reclamos de la comunidad educativa siguen siendo los mismos: pocos productos para 15 días. Para citar un ejemplo, en la EES N°23 no llegaron los huevos y llegaron menos aceites que los cupos para completar el bolsón. A ello se suma la pésima calidad de los productos (por ejemplo: arvejas partidas, fideos de terceras marcas) y la presencia de muchos de bajo valor nutricional, como galletitas dulces. Los proveedores actuales están relacionados con el Grupo L, que es un viejo, malo y conocido proveedor del gobierno nacional anterior de Macri y que, durante la intervención de Consejo Escolar del distrito, estuvo vinculado con los sobreprecios en la compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo. Nada nuevo bajo el sol.


También se reclama ante la no entrega del bolsón del mes de abril, que sigue pendiente. Frente a esto último, Borghi señaló que Provincia autorizó que se utilice para “aumentar” los cupos en algunas escuelas. Pero eso es solo cubrir a partir del hambre que hubo durante el mes de abril.


Desde Tribuna Docente Moreno seguiremos reclamando la triplicación del presupuesto educativo y una partida especial de urgencia para resolverlo. Exigimos la universalización del SAE: no puede haber un solo alumno sin alimento. Es muy importante que la comunidad educativa intervenga y controle el servicio alimentario.


Que el sindicato Suteba llame a un plan de lucha sobre esta problemática y todos los reclamos docentes y su dirección burocrática celeste levante la cuarentena de su total inacción.



 

En esta nota

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
23/06/2020

Santa Cruz: nos sumamos a la jornada de lucha de artistas y trabajadores de la cultura

Frente de Artistas Río Gallegos

El jueves 18 de junio realizamos una exitosa asamblea de artistas y trabajadores de la cultura provincial, donde participaron compañeros de las agrupaciones Actuemos, Músicos Organizados, Frente de Artistas Río Gallegos y artistas independientes de Santa Cruz. La asamblea tuvo presencia de artistas y trabajadores de la cultura de Río Gallegos, Gobernador Gregores, El Calafate, El Chaltén, Los Antiguos, Las Heras, Caleta Olivia y 28 de Noviembre, dejando en claro que la problemática de la cultura se extiende a lo largo y ancho de la provincia.


La asamblea constituye un avance organizativo fundamental para constituir un agrupamiento de artistas y trabajadores de la cultura, extensivo a toda la provincia que pueda ir fondo en la lucha por todas sus reivindicaciones. Esto es sumamente importante en una provincia donde la cultura sufre un abandono tal que ha llegado al extremo de mantener el Teatro Municipal de Río Gallegos cerrado por años, con escasos espacios culturales para el esparcimiento de la juventud en las diferentes localidades o escuelas e institutos artísticos en malas condiciones y con poco equipamiento. Punto aparte merece la cuestión de los festivales nacionales, provinciales y municipales donde la presencia de artistas locales es escasa y muchas veces se hace mediante un concurso previo como en la Fiesta Nacional de La Cereza. A su vez, el pago a los artistas locales son miserables frente a los nacionales y extranjeros e incluso muchas veces son contratados de forma gratuita a cambio de trabajo como talleristas durante el año en sus respectivas localidades.


Pliego de reivindicaciones


Las distintas intervenciones de las y los asistentes a la asamblea reflejaron la grave crisis de la cultura que se viene arrastrando desde antes de la pandemia y que se ha agravado durante la cuarentena. De esta forma se ha dejado al descubierto una política de abandono de la cultura por parte del gobierno provincial y que comparten tanto el Frente de Todos como Cambiemos en los municipios.


La deliberación fue sumamente importante para establecer una acción de lucha en Río Gallegos en conjunto con la Jornada Nacional de Lucha de artistas y trabajadores de la cultura el 25 de Junio y para la construcción de un pliego de reivindicaciones que consta de una compensación salarial de  $30.000 para todos los trabajadores de la cultura, la adjudicación de la IFE a quienes se la hayan negado, tarjeta alimentaria y seguro al parado, la exención del pago del monotributo, espacios en radio y tv provinciales, ciclos online de música y teatro con caché, mayor presencia de artistas locales en festivales y que se respete la ley de Cupo Femenino. Creación de espacios culturales del Estado bajo control independiente de los artistas y trabajadores de la cultura, mayor equipamiento y mejora de espacios culturales de la provincia, entre otras reivindicaciones.


A su vez también se votó realizar una próxima asamblea provincial posterior al 25 de junio y la creación de una revista online para visibilizar la problemática que se vive en la cultura en las distintas localidades y para dar un debate también en el plano teórico sobre el arte y la cultura.


Sigamos fortaleciendo la lucha y la organización de los artistas y trabajadores de la cultura para conseguir lo que nos corresponde.



 

23/06/2020

Río Negro: la liberación de Pino Vinet conmueve a la región

,,PdT Río Negro

Tras 21 años en prisión salió en libertad Pino Vinet; el “Domador” cumplió su condena este sábado 13 de junio. Este caso es emblemático ya que son altas las posibilidades de que Vinet vuelva a reincidir según los lapidarios informes psicosociales, pero este cumplió su condena.


La primera causa que se le conoce a Vinet data de 1995 cuando, en la localidad de Río Colorado, le cosió la boca con alambre a su pareja sentenciándola a un obligado silencio. Fue juzgado por este hecho y antes de terminar de cumplir la condena se fugó. En el año 2004, Pino Vinet raptó a una adolescente de 14 años a la cual sometió a violaciones, golpes, latigazos y azotes; la joven pudo ser rescatada casi un mes después. El último episodio se dio en el año 2013 cuando, en el marco de las salidas transitorias que se le habían otorgado, golpeó a quien era por ese entonces su novia y fue a partir de este hecho que se le suspendieron las salidas.


En el medio de estos episodios hubo idas y venidas judiciales. Hay que señalar que en el caso del secuestro de la adolescente se intentó hacer pasar este hecho como “relación consentida”. Las mujeres sabemos muy bien de este artilugio judicial, hemos luchado siempre contra esta justificación aberrante que pretende encubrir el abuso de niñes y adolescentes y hacerlas pasar por “relaciones amorosas”. Por otra parte, también fue revisada la condena de 8 meses, cuando el Superior Tribunal de Justicia anuló la sentencia de la Cámara Primera de Cipolletti. En noviembre de 2008 se conoce la nueva condena (13 años por rapto, abuso continuado, lesiones y privación ilegítima de la libertad). El 3 de julio de 2010 se ratifica la condena tras el rechazo de un recurso de queja.



Vinet intentó obtener la prisión domiciliaria por la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esta fue rechazada porque el último informe psicosocial lo calificaba con alto riesgo de reincidencia, además del diagnóstico de “Trastorno Disocial de la Personalidad”, el cual se caracteriza por ser “seres fríos, que no sienten empatía por los demás, no sufren remordimientos y las normas son solo palabras y texto escrito a su manera de entender”, según coinciden los numerosos informes de los profesionales. Como aseguran diversos/as psicólogos/as: “de los disociales, apenas el 5% logra recuperarse. Estamos convencidos que, si salen, van a volver a delinquir”, por lo que este caso desnuda las falencias del Servicio Penitenciario dependiente del Poder Ejecutivo Provincial ya que Vinet nunca, en 21 años, recibió “tratamiento dirigido a la problemática específica del ofensor sexual que establece la Ley 24.660 ni ningún otro tipo de psicoterapia a lo largo de toda la condena”.


Desde el Plenario de trabajadoras hacemos responsable al Estado rionegrino del vaciamiento que sufren los cuerpos técnicos profesionales del Servicio Penitenciario y de cualquier tipo de perjuicio que sufra la comunidad en general y las mujeres en particular, a partir de la libertad de Vinet.


Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos la responsabilidad del Estado como perpetuador principal en la reproducción de la violencia hacia las mujeres, ya que prioriza los intereses del capital agravando la desprotección que sufrimos las mujeres y disidencias.


Es necesario desarrollar una lucha independiente contra el Estado; para desmantelar la complicidad del poder político y judicial, proponemos la elección de jueces y fiscales mediante el voto popular, con cargos revocables.


Tenemos que luchar por la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres, independiente de los gobiernos de turno, para garantizar medidas concretas contra la violencia y opresión que sufrimos las mujeres.


Basta de abusos y femicidios.


Ni una menos, el Estado es responsable.



 

También te puede interesar:

El caso se dió a conocer a horas de que se aparte a Pablo Esquivel, director de seguridad capital por violencia de género.
Agredió a su esposa en medio de un evento público, y debió ser asistida en la posta sanitaria del lugar.
Una investigación deja expuesta una red internacional donde hombres casados drogan y violan a sus esposas para comercializar con videos y streamings.
Por aumento salarial y todos los reclamos.
La familia cuestiona toda la investigación. Exigimos su aparición con vida ya.
23/06/2020

Tandil: el gobierno reconoce que la construcción en las sierras continúa

Tras la denuncia de los vecinos

El 29 de mayo, la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras compartió un comunicado en el que denuncia que en la zona de las serranías locales hay “más construcciones, más torres de luz, más alambrados, más carteles de venta”. “En teoría, el Municipio suspendió la construcción en Villa del Lago, pero parece que se olvidó de controlar y de avisarle a la Usina, para que deje de hacer grandes tendidos de energía (…)”. Esto, pese a la vigencia del decreto que suspende los permisos de obra nueva hasta noviembre.


Desde el municipio, salieron rápidamente a desmentir que ello fuera cierto, pero dos semanas después tuvieron que reconocer que las construcciones en las sierras efectivamente están avanzando. La directora de Desarrollo Urbano, Victoria Deguer, informó a El Eco de Tandil que en una de las parcelas serranas “apuntaban a nivelar y preparar el terreno “para levantar una cabaña” en un terreno que se emplaza sobre una calle que aún no se encuentra abierta. El hecho de que haya calles construidas al pie de las sierras, indica, claramente, que el Estado municipal se dedica a facilitar el avance inmobiliario sobre lo que se considera un patrimonio natural ciudadano.


Doble problema


Los hechos denunciados encierran dos grandes problemas de nuestra ciudad.


Por un lado, el avance sobre el paisaje distintivo de Tandil y el descuido del medioambiente. El gobierno de Miguel Angel Lunghi (UCR-Cambiemos) hace constante campaña sobre sus políticas ecológicas, pero mucho más que los Puntos Limpios y plazas barriales no ha hecho. No existe en nuestra localidad un sistema de separación de residuos en origen, no se limpian los lagos y arroyos y, efectivamente, no se detiene la destrucción de las sierras más antiguas del país.


Por otro lado, se encuentra la problemática inmobiliaria. Y es que, como comentamos el año pasado en Prensa Obrera, mientras el gobierno de Lunghi se dedica a la creación de espacios turísticos y al embellecimiento del centro y los barrios residenciales (a esto hay que añadir también la construcción en las sierras), los precios de los terrenos y de los alquileres aumentan exponencialmente, dejando a mucha gente en la calle o viviendo sin llegar a fin de mes; mientras desaloja a aquellas familias que, por necesidad, ocupan algunas de las miles de viviendas desocupadas y mientras oculta a los vecinos de la ciudad cualquier información relativa a terrenos fiscales, varios de sus funcionarios han sido denunciados ante la justicia por, justamente, ocupar terrenos municipales.


Las obras sobre las sierras y otras zonas similares no son, generalmente, para viviendas únicas familiares, sino, más bien, para cabañas en alquiler y hoteles turísticos. Uno de los grandes countries de nuestra ciudad se encuentra también al pie del paisaje serrano. Claramente, está cuestión viene de hace muchísimo tiempo y tiene una evidente connotación clasista y empresarial.


Nuestra propuesta


Una verdadera política pública en defensa del medioambiente y el derecho a la vivienda debería incluir, como base, los siguientes objetivos:


Medio ambiente: preservación de todo el espacio serrano, espacio de acceso público y/o reservas de biodiversidad y un reordenamiento urbano, que garantice la fisonomía histórica de Tandil, debatido en asambleas barriales.


Vivienda: tasas e impuestos a la especulación inmobiliaria y al gran capital para financiar la construcción de viviendas populares, servicios y urbanización bajo control de trabajadores y eximición de gravámenes a la vivienda única familiar.



 

En esta nota

También te puede interesar:

Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
Este 3J pongamos en pie una gran movilización por Ni Una Menos contra el gobierno de Milei y todos sus cómplices,
23/06/2020

Río Negro-Neuquén: la burocracia del empaque de la fruta abandona a los y las trabajadoras

A organizarnos para recuperar el sindicato, con una orientación independiente.

Delegado del empaque de Río Negro

Marco Bielma, actual secretario general de Soefrnyn (Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén) estuvo presente en los últimos días en Villa Regina, provincia de Río Negro, donde se encuentra la seccional sindical más grande del gremio. Aunque según sus palabras, en una entrevista a una conocida radio local, el eje central de su visita fue buscar una solución al conflicto de los y las trabajadoras del empaque de La Reginense, aun hoy en lucha, en realidad Bielma opera, e intenta contener y desviar, sobre la organización del sector en lucha independiente que afloró en localidades de ambas provincias.


La burocracia pro-patronal


Esa organización, que Bielma intenta quebrar, fue independiente de la actual conducción sindical producto de la orfandad en la que se encuentran los y las trabajadoras del empaque hace décadas. En primer lugar, hay que mencionar que Marco Bielma, antes de ser hoy secretario general fue tesorero de la gestión del ex secretario general Rubén López, quien terminó investigado por enriquecimiento ilícito a costillas del sindicato y la obra social.


En segundo lugar, Bielma y compañía no se caracterizan por la combatividad ante la patronal sino más bien por todo lo contrario: llamarse a silencio en todas las luchas. Esta temporada, cuando en medio de la pandemia Covid-19, siendo incluso delegado del empaque Teorema de Villa Regina y luego de acompañar una asamblea que votó parar la producción, por decir la verdad ante la falta de medidas de seguridad fui suspendido, recibiendo los descuentos de la patronal. En Centenario, en empaque La Flor, una asamblea de similares características decidía parar y votaban irse a sus casas, también, recibiendo descuentos de la patronal. En el caso del empaque La Reginense, en más de tres meses de lucha, Bielma apareció solo al final, cuando la situación se destrababa. Otro caso es el de La Deliciosa, donde los y las trabajadoras tomaron el empaque hasta recibir sus salarios adeudados, una situación que se repite ante la mirada silenciosa de la actual conducción sindical.


A todos estos boicots de la actual conducción, hay que sumar algunas declaraciones surgidas de estas visitas a Villa Regina, que terminan por dar cuenta del perfil pro-patronal de Bielma y su conducción sindical. Consultado por las deudas de alguna patronal sobre los aportes de trabajadores y trabajadoras para con el sindicato, que por ejemplo hace que se suspendan las prestaciones médicas, Bielma sentencia: “Es millonaria, millonaria”, en referencia a la expatronal de La Reginense.


La temporada cada vez dura menos, según afirman los y las propias trabajadoras. Se han cerrado la Clínica Regina y nuestra farmacia en Villa Regina. El subsidio interzafra (limitado e insuficiente) propuesto por el secretario general en audios de WhatsApp, para los meses de postemporada, termina siendo otra entrega. Bielma termina mandando a cada trabajador y trabajadora a batallar por este, sin presentar un programa claro e integral.


A organizarnos para recuperar el sindicato


Las salidas planteadas por la actual conducción del gremio para los y las trabajadoras son una vía muerta y solo perfilan mayores avances patronales sobre los derechos adquiridos. De hecho, la situación que tanto Bielma como Santibáñez (secretario general de la seccional Villa Regina) confirman, respecto de las deudas millonarias de la patronal, no hace más que ratificar el escaso compromiso que tienen estas personas para con cada trabajador y trabajadora. De hecho, la obra social se encuentra sin cubrir a miles gracias a las “deudas millonarias” de las patronales y no se ha planteado una sola jornada de lucha de todo el gremio, un congreso de delegados, o asambleas en rechazo a este avasallamiento patronal.


Queda planteada, gracias a las grandes organizaciones obreras e independientes en varios empaques y al bandazo permanente de la actual conducción sindical de Soefrnyn, la necesidad de comenzar a debatir colectivamente esta situación y plantear la construcción de una salida propia. De cara a una nueva temporada, y sabiendo que quedan meses de incertidumbre, existen medidas, como una cobertura de salud verdadera sin límites, o un subsidio interzafra sin restricciones y no menor a $30.000 para afrontar la cuarentena y la incertidumbre que plantea la actual conducción sindical.


Pongamos en pie un Soefrnyn de los y las trabajadoras.





 

También te puede interesar:

Los fondos que se retacean en salarios se destinan al lucro capitalista.
El TEP-Celeste vuelve a garantizar la paz social de Figueroa.
Expuso la desprotección que sufren las mujeres trabajadoras precarizadas.
La familia repudió una nueva audiencia destinada a otorgarle permisos a Miguel Antonio Murer.
La doctrina Bullrich a la neuquina.