30/06/2020

Docentes: impulsemos el paro virtual en toda Santa Fe este 1 y 2 de julio

Exijamos inmediata convocatoria a una asamblea provincial por un plan de lucha hasta derrotar el ajuste contra la educación.

Foto Prensa Ar

En una reunión de secretarios seccionales de Amsafe, convocada el pasado viernes 26, Sonia Alesso, secretaria general del gremio, anunció la resolución de la comisión directiva provincial de impulsar un paro virtual provincial los días 1 y 2 de julio.


Ese mismo día transcurría la última jornada del apagón virtual y paro de actividades convocado por los cuatros departamentos opositores del sur santafesino, que tuvo un acatamiento importantísimo en la región y una repercusión con llegada a toda la provincia. Que así fue, lo demuestra la propia reacción del Ministerio de Educación, que dirige Adriana Cantero, que en departamentos como Belgrano y Rosario fue pidiendo los listados de lxs docentes que adherían al paro, fundando las bases de una política de apriete que sin embargo no logró hacer mella en la medida de fuerza.


La iniciativa de lucha de las seccionales opositoras empalmó con sectores autoconvocados contra la pasividad de la burocracia de Alesso, en la Capital y otros departamentos dirigidos por el oficialismo: San Lorenzo, General Obligado o Iriondo, lugar este último donde la conducción de la seccional se vio obligada a convocar a un plenario de delegados ante la presión de las bases.


A la luz todo esto, no cabe ninguna duda de que la convocatoria tardía de la conducción de Alesso, es una reacción frente a la intervención creciente de la docencia combativa y de base contra el ajuste educativo del gobierno provincial, con el que ha venido colaborando, sacrificando las necesidades actuales de la docencia en materia de condiciones de trabajo, salario y otros aspectos. Es, además, una muestra de su adaptación al ajuste educativo, tanto del gobierno de Omar Perotti -como es el intento de que toda la discusión educativa pase por la incierta de la “vuelta a clases”- como del de  Alberto Fernández, que gobierna con el Presupuesto 2019, del ajuste de Macri.


Una conducción sindical de espaldas a lxs docentes


La forma en que fue resuelta la convocatoria a los paros del 1 y el 2 de julio, que desde Tribuna Docente en Amsafe impulsaremos con toda la fuerza para que se expresen la bronca y los reclamos docentes largamente postergados, es demostrativa del método antidemocrático de la burocracia sindical.


Sonia Alesso planteó que la resolución era tomada “ad referéndum de una futura asamblea provincial” algo que no está contemplado en el estatuto, según el cual las medidas de acción directa de este tipo deben ser resueltas por la asamblea provincial. Estatutariamente el punto favorece las dilaciones de la conducción sindical, pero ahora Alesso apura el paro sin esta convocatoria para evitar que le exploten en la cara los reclamos de la docencia que intentó (y fracasó) contener.


Lo que queda claro es que la conducción provincial, que no escatima tinta en criticar a la oposición con argumentos estatutarios por reclamar la convocatoria a una asamblea provincial (argumentando que no están contempladas las convocatorias virtuales), viola ella misma los estatutos con tal de no convocarla. Desde el clasismo exigimos que se convoque a una asamblea porque es un derecho democrático de la base docente poder expresarse en todos los departamentos y forjar una acción común entre lxs trabajadores de la educación sin condicionamientos políticos ajenos a nuestros intereses.


El 1 y 2 paro. Por una Asamblea Provincial y un plan de lucha


Como quedó demostrado por la acción de los cuatros departamentos opositores, es posible garantizar a través de medios virtuales las instancias deliberativas y democráticas de resolución que necesita nuestro gremio. Por eso, exigimos la inmediata convocatoria una asamblea provincial por la reapertura de la paritaria, planteando la unificación de los reclamos de los diversos sectores de la docencia. Desde el salario de emergencia y la continuidad de la obra social para reemplazantes, la conectividad y los soportes tecnológicos para docentes y estudiantes, las defensa de las condiciones de trabajo contra la “virtualización forzosa”, la defensa del 82% móvil y el reclamo contra los brutales descuentos en los haberes por el impuesto a las ganancias, hasta la garantía alimentaria para las comunidades educativas. Y por supuesto, el aumento salarial.


Ante la negativa de convocar a una asamblea provincial, desde Tribuna Docente planteamos un plenario provincial de delegadxs, con mandato de escuela, que tome en sus manos las tareas planteadas a las que la burocracia de la conducción provincial le rehúye. Llamamos a las comisiones directivas de lucha de nuestro gremio, a delegadxs, activistas y a toda la docencia predispuesta a luchar a desenvolver esta perspectiva.




 

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El FIT-U se movilizó reclamando justicia por Ceferino Nadal

Este lunes 29, durante la mañana, el Frente de Izquierda-Unidad se movilizó a Casa de Gobierno de Tucumán reclamando justicia por Ceferino Nadal, muerto por asfixia a manos de la policía provincial la semana pasada. La víctima, sospechado por un robo, fue reducido por bicipolicías, quienes le pusieron la rodilla en la nuca, mientras el hombre gritaba que no podía respirar.


Gabriela Gramajo, dirigente provincial del Polo Obrero, intervino en el acto remarcando la responsabilidad del gobierno de Juan Manzur y Claudio Maley, ministro de Seguridad, recordando todos los casos de gatillo fácil y atropellos contra las mayorías populares. Afirmó que la policía se encarga de perseguir y violentar a los jóvenes y trabajadores, y que durante la cuarentena se encargaron de hostigar sistemáticamente en los barrios. “A más de 100 días en que el gobierno no da respuesta a los reclamos de los vecinos y a los desocupados que se organizan contra el hambre y la miseria, a Manzur solo le importa poner más mano dura con la policía”, denunció.




Continúa el accionar represivo de la policía tucumana


Luego de la muerte de Nadal, llovieron las denuncias en las redes sociales desde distintos puntos de la provincia en los que la policía cometió diversos crímenes y abusos. En la zona de Mercofrut, personas que se alimentan de los residuos del mercado fueron violentamente reprimidos mientras escarbaban en la basura. Unos días antes, Roxana Monteros, oriunda de Lastenia, radicó una denuncia contra afectivos de la zona por delitos sexuales. Un cabo de la guardia urbana protagonizó una persecución al ser reconocido por un hombre como la persona que le robó $180.000 entre otras cosas. Taxistas denuncian que, mediante maniobras, la policía que custodia el puesto limítrofe con Santiago del Estero, los obligan a pasar a la provincia sin los permisos pertinentes para luego secuestrarles los vehículos y cobrarles una suma importante con tal de no denunciarlos penalmente (lo que los haría perder sus licencias de choferes).


En declaraciones con la prensa local, Maley, defendió el accionar policial que terminó con la vida de Nadal, argumentando que este tenía antecedentes. Estas declaraciones, avalando la doctrina Chocobar de Patricia Bullrich, vienen a reforzar el amparo de un aparato represivo podrido por la corrupción que lo atraviesa de punta a punta, encargado de hacer pasar por la fuerza las políticas de ajuste del albertista Manzur.


Desde el Partido Obrero reclamamos el desmantelamiento total del aparato represivo. ¡Justicia por Ceferino Nadal, Luis Espinoza y todas las víctimas del gatillo fácil! ¡Fuera Claudio Maley! El Estado es responsable.




 

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29/06/2020

Subte: acuerdo entre Larreta, Metrovías y UTA para ajustar el salario

Por un plan de lucha para impedirlo.

La Naranja del Subte

A continuación reproducimos la declaración de miembros por la minoría de la AGTSyP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro) y delegados del subte de la Agrupación Naranja frente al intento de ajuste en el salario que Metrovías, junto a la burocracia de la UTA y el gobierno de la ciudad, pretende imponer mediante un acta homologada en el día de hoy. En estos momentos los trabajadores están llevando adelante asambleas para definir las medidas a tomar.


Subte: tenemos que luchar por nuestro trabajo


A todos los trabajadores


El último jueves se concretó un acuerdo entre Metrovías, Sbase y la UTA que recorta nuestros aportes jubilatorios, pasando el 40% del salario como “no remunerativo”; vacían aún más nuestro fondo jubilatorio de la Anses; además de desconocer la recomposición salarial ante la inflación acumulada del 9% y bono esencial para todos los trabajadores, contrario a esos $400 por día trabajado que discrimina a los trabajadores licenciados por decreto y afectados por Covid-19. Este tema fue motivo de debate en el plenario de delegados de la AGTSyP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro) que se llevó adelante el sábado.


Los compañeros de la Naranja planteamos que es inaceptable y que debemos desarrollar un plan de lucha contra este acuerdo ya que constituye un pésimo precedente. Por un lado, porque una vez más la empresa firma con la burocracia de la UTA de espaldas a todos los trabajadores del subte, siendo AGTSyP el sindicato mayoritario. Por el otro, porque muestra que Metrovías, con el aval de los gobiernos nacional y porteño, quiere imponer un ajuste contra los trabajadores, amparándose en la reducción de sus ingresos millonarios. Ante este cuadro consumado y de desprecio a las condiciones salariales de subsistencia de nuestras familias propusimos que si en 48 horas la empresa y Sbase no retroceden con lo firmado con la UTA, la AGTSyP lance un paro en todo el subte en defensa de nuestro salario, como parte de un plan de lucha.


Pero la conducción oficialista del sindicato, si bien dijo que rechaza el acta no actúa en consecuencia y planteó simplemente llevar el conflicto al terreno judicial, lo cual nos lleva a un callejón sin salida. Cualquier medida de este tipo debe estar subordinada a acciones de lucha concretas, como es característico de los métodos históricos de los trabajadores de subte que frenan todo atropello y obtienen conquistas para sus mejores condiciones laborales. Rechazar el acta a secas sin organizar ese rechazo equivale a entregar en bandeja las exigencias de Metrovías y con ellas nuestro salario.


El ajuste que Metrovías, el gobierno y la burocracia impulsan sigue la línea de la situación general: suspensiones, despidos, vaciamiento de la Anses para pagar la deuda y financiar a las patronales, reducciones del 25% de los salarios, etc. Mientras tanto el gobierno reculó con la expropiación de Vicentin, con el impuesto a las grandes fortunas que no aparece y negocian con los buitres de la deuda una nueva entrega. El hecho de que las dos terceras partes del acta de la UTA, Sbase y Metrovías se aboquen a “explicar” la situación de crisis muestra que preparan el terreno para descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores.


El acta refuerza la negativa de la empresa a abrir la discusión paritaria. Con una inflación mayor al 43%, en un proceso depresivo, prevén liberar a un más los precios contenidos por la crisis y la emisión descontrolada para pagar la deuda usuaria.


Frente a los planteos desmovilizantes de la conducción de AGTSyP y sus excusas para no luchar “que este no es el momento, que el contexto de pandemia nos limita, que la crisis económica se agrava, etc.”, el único camino efectivo para defender nuestro salario es el de impulsar las medidas de fuerza y su debate a lo largo y ancho de todo el subte, junto a los trabajadores de la capital y del país sujeto al mismo ajuste. Así lo demuestran las experiencias recientes de los trabajadores de Andacollo, Penta, el Sutna, los movimientos de desocupados, los trabajadores de la salud y tantos otros sectores que han salido a pelear por sus derechos en estos últimos meses.


Abramos el debate ante las dos posiciones que se bajan para votar. El llamado a la nuestra es de salir a luchar, con un plan de lucha. Emplazamiento a la patronal y gobierno de convocatoria inmediata a la Agtsyp para anular acta. Si no hay respuesta en 48 horas paro de todo el subte.


Con el salario de nuestras familias no se juega.


Christian Paletti, minoría secretariado ejecutivo


David Carballo, delegado línea B


Diego Gavela, delegado línea B


Diego Piedrabuena, delegado línea C


Fabián Tévez, delegado línea A




 

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29/06/2020

Tigre: renunció el funcionario que rompió la cuarentena para jugar al paddle

Sin grieta: junto a él estaban el secretario de Deportes de CABA y el exministro Frigerio.

El Municipio de Tigre informó que renunció Fernando Lauría, quien oficiaba de  secretario General y de Economía en el municipio. La noticia se difundió este lunes 29, tras su detención por parte de Gendarmería, cuando participaba de un torneo de paddle en Pilar rompiendo con la cuarentena dictada por el gobierno nacional.


También estaban presentes en el lugar, Rogelio Frigerio, exministro de Interior del gobierno macrista y el actual subsecretario de Deportes de CABA, Luis Lobo, quienes no fueron detenidos, al retirarse momentos antes del operativo.


Lauría es un contador ligado a los negocios inmobiliarios, tenía a cargo todas las subsecretarías municipales, manejando un presupuesto de 14 mil millones de pesos anuales.


Es el artífice de la política de ajuste del Municipio que lleva adelante despidos, recortes de salarios, precarización laboral y trabajo en negro los cuales enfrentan los y las trabajadoras municipales.



Se ocupaba de firmar las paritarias a la baja junto a Wálter Leonardi, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre (Stmt), que fijan salarios que no llegan a los 15.000 pesos a trabajadores con 40 horas semanales. Hace pocas semanas, fue el que intentó aplicar despidos en el área de Deportes frenados por la organización de los profesores y guardavidas. También llevó adelante la tarea de vaciar áreas esenciales como Fortalecimiento Familiar y Género, donde las trabajadoras fueron perseguidas por realizar asambleas y paros contra la política de ajuste y persecución gremial del ejecutivo municipal.


La presencia de funcionarios del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el momento de la detención de Lauría es la expresión de los acuerdos políticos que tienen estas dos fuerzas. En el distrito, actúan en común en el Consejo Deliberante votando presupuestos que aumentan las tasas municipales mientras que se recortan recursos a áreas como vivienda, infraestructura, educación y salud.


La “renuncia” de Lauría es la expresión del desarrollo de una crisis política, económica y social que atraviesa el municipio y una pelea de camarillas en el Frente de Todos, que gobierna en el distrito.


Para superar esta crisis de forma positiva para los trabajadores es necesaria la organización e intervención en los barrios y lugares de trabajo con un programa independiente, que comience con la apertura de los libros municipales, con el control popular del presupuesto municipal y el pase a planta permanente con un sueldo igual a la canasta familiar para todos los trabajadores de Tigre.



 

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29/06/2020

Testimonios desde el aislamiento: continúa la crisis sanitaria en las villas de CABA

Hablan quienes se han contagiado y son aislados en hoteles y pensiones.

A pesar de que en los medios de comunicación dejaron de visibilizar la situación que se vive en las villas porteñas a partir de la circulación del Covid-19, los casos siguen aumentando y no se toman las medidas necesarias para hacerle frente. En las últimas semanas han llegado denuncias de las situaciones que se viven en los hoteles y pensiones donde son aisladas aquellas personas que dan positivo. Al mismo tiempo, la manera en que se aborda a los contactos estrechos de los positivos es cada vez más deficiente si se quiere prevenir el contagio. Los requisitos para hacerse el test son cada vez mayores y los resultados pueden demorar hasta una semana, incrementando la posibilidad de contagio por no actuar a tiempo y proceder con el aislamiento.


Compañeras del Polo Obrero nos contaron cómo es su experiencia durante el aislamiento.


Valeria y Regina, militantes y vecinas de la Villa 20, atienden el comedor del Polo Obrero asistiendo con comida a más de 220 familias, sin contar las más de 300 que están en lista de espera.


Regina, que lleva ya 10 años desempeñando esta tarea, dio positivo después de realizarse un hisopado en la Escuela N°12 de Lugano luego de estar en contacto estrecho con una vecina contagiada. Mas de 80 familias del comedor tienen integrantes con Covid-19. “Nos trasladaron en una escolar con más de 10 personas hasta un parador en Costa Salguero, mis hijos se quedaron con el papá de mi bebé en mi casa”; luego de 5 días en el barrio, el resto de la familia de Regina fue testeada y todos dieron positivo. Después de un largo drama Regina fue trasladada a un hotel en Recoleta donde pudo reunirse con sus hijos, no así con su compañero que fue derivado a otro parador debido a no contar con lugar para todos. “Estoy angustiada por mi pareja, donde el se encuentra no está bien, falta la comida, no hay agua, para 100 personas solo tienen 3 baños. Acá donde estoy con mis hijos a veces la comida es incomible, solo se comunican con nosotros por teléfono, pedí para limpiar el cuarto y no me trajeron nada.”



Valeria, que lleva más de 4 años asistiendo el comedor, nos comenta que su marido tenía síntomas. Al presentarse en el Cecilia Grierson le dijeron que el horario de testeos había acabado y que se tenía que volver a la casa. Al otro día temprano se pudo testear, y después de pasar el día entero en el Grierson lo trasladaron a un hotel, donde recién cuatro días después recibió la noticia de que había dado positivo. Valeria junto con sus hijos fueron testeados y trasladados a un hotel algunos días más tarde. “Acá con mis hijos recibimos menos de dos litros de agua para todos, la comida en varias ocasiones viene en mal estado, no nos dieron carne todavía y hace seis días estamos acá”, comenta Valeria y agrega: “a mi pareja lo mandaron a casa de nuevo sin darle el alta. Necesitábamos el certificado de alta para que pueda volver al trabajo, pero nos dijeron que todavía no la tiene”. Valeria está a cargo de la asistencia de Alejandra, una vecina con discapacidad que vive con su familia: “desde que dio positivo a mi pareja venimos pidiendo atención para Alejandra, traslado y testeo, pero no nos escucharon, hoy después de que mi pareja, sin el alta médica, vuelva a casa, tuvieron que trasladar a Alejandra en ambulancia con más de 40 grados de fiebre y me dice que ya había perdido el olfato. Estamos preocupados e indignados por el abandono y la falta de respuesta”.


Hellen, delegada del comedor del Polo Obrero del barrio Rivadavia que asiste a más de 260 familias en el bajo flores, sigue aislada en el Hotel Presidente por haber dado positivo en el test. “El domingo 21 en la noche fui a hacerme el hisopado porque el viernes había fallecido mi papá, y como quería llevarlo a Bolivia, me pidieron que me haga el test para poder viajar. A mi hija, que vive conmigo, le dio negativo. De ahí me derivaron al hotel y mi hija fue a la casa del papá. Me dijeron que tenía que estar aislada acá por 10 días. Hasta el momento no presenté ningún síntoma.” Por otro lado, coincidiendo con los testimonios de otras compañeras denuncia que la atención que se le da es mínima:  “Hay días que si no llamas no te traen la comida y hay veces que viene cruda”. La falta de un protocolo y la falta de recursos y presupuesto hace que los tests no alcancen. “Mi miedo es que si salgo mañana pueda seguir contagiando. según me dijeron al salir no me harán nuevamente el test, pero tengo que estar cinco días más en mi casa, aislada. Sigo con la incertidumbre si se me fue del todo la enfermedad. No quiero que mi hija se contagie.”


Los testimonios de las compañeras recogen un conjunto de denuncias políticas que no deben soslayarse. En primer lugar, queda claro que las compañeras son trabajadoras de los comedores y llevan adelante tareas por las que deben ser reconocidas por el Estado con puestos de trabajo bajo convenio. Por otro lado, queda demostrado que los recursos que el gobierno de Larreta está destinando a la emergencia sanitaria son notoriamente insuficientes. Los lugares para aislamiento no dan a basto, aumentaron las restricciones para los testeos, el agua y la alimentación de los vecinos aislados no son las adecuadas, vecinos sin ser dados de alta son devueltos a sus casas en los barrios más afectados, donde pueden seguir contagiando a otros vecinos, además deben cumplir aislamiento sin asistencia económica ni alimentaria, entre otras problemáticas.


Desde la banca del PO-FIT en la legislatura porteña hemos elaborado y lanzado un conjunto de campañas junto con vecinos y militantes del Polo Obrero de todas las villas de la Ciudad. En base a una serie de relevamientos se han presentado pedidos de informe, a partir de los cuales se elaboró un proyecto de ley para establecer un Protocolo de Acción, que atienda la crisis social y sanitaria que se vive en las villas, y que contemple un aumento presupuestario para garantizar la provisión de agua potable, de asistencia alimentaria, un seguro al desocupado, contratación de personal de salud y testeos masivos. Exigimos el refuerzo del presupuesto destinado a Cesacs (centro de salud) y hospitales públicos. Asimismo, solicitamos que se declare la emergencia sanitaria por dengue y pedimos planes de desinfección, descacharrización y provisión de kits de higiene. Lanzamos un petitorio, firmado y levantado por vecinos de todas las zonas del barrio, reclamando la renuncia de Diego Fernández, secretario de Integración Urbana de la villa 31 responsable político de la crisis vivida en el barrio, que se llevó la vida de referentes y militantes sociales, y que dejo a las claras las consecuencias de la falsa “urbanización”. Por otro lado, se presentó un proyecto de ley para equipar al Cecilia Grierson con 200 camas de internación, 100 respiradores y el personal de salud necesario para su funcionamiento, y que finalmente la Comuna 8 cuente con un verdadero Hospital de Agudos, como reclaman sus vecinos desde hace años.


Para unificar todos estos reclamos, desde la banca del PO-FIT en la Legislatura solicitamos una reunión con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, a cargo de María Migliore, y del Ministerio de Salud porteño, a la que podamos asistir con vecinos y referentes de todas las villas y presentar un pliego de reclamos que debe ser abordado por ambos ministerios en coordinación con el gobierno Nacional.


Sigamos organizándonos en todas las villas de la Ciudad para arrancar una respuesta por parte del gobierno.



 

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29/06/2020

Mendoza: ¿qué hay detrás del nombramiento de Teresa Day a la Corte?

A principios de junio renunció el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, después de un operativo mediático en el cual se lo atacaba por haber equiparado a su secretaria como magistrada cobrando $400 mil pesos, lo cual fue un verdadero escándalo, y de amenazar con exponer el mecanismo por el cual familiares y amigos fueron nombrados dentro del poder judicial sin haber rendido el concurso que exige la ley.


Rápidamente, el gobernador Rodolfo Suárez fue presionado para que nombrara una mujer, ya que la Corte no contaba con ninguna después de la jubilación de Aída Kemelmajer, y sonaron varios nombres asociados a juristas radicales. Sin embargo Suárez apostó por María Teresa Day, mujer cercana a los servicios de seguridad yanqui y mano derecha del procurador general, Alejandro Gulle, en el manejo del Ministerio Público Fiscal.


Esto genero una reacción en el peronismo que salió con una campaña contra el nombramiento argumentando que Day no tendría perspectiva de género, por su posición contra el aborto, o que no cumple con los requisitos constitucionales de 10 años de ejercicio profesional; pero nada dijeron sobre el viaje de Day a Honduras a dictar un curso a fiscales patrocinada por la Embajada de Estados Unidos, o su rol en el armado de causas y la persecución contra activistas y luchadores.


Además detrás del nombramiento de María Teresa Day se encuentra la intención de obtener el control de la Corte y coronar así un proceso iniciado por Cornejo de reformas antiobreras sobre el Estado.


Punitivismo y persecución


Considerando al Poder Judicial como un pilar para poder dar rienda suelta a la política de ajuste, el exgobernador Alfredo Cornejo encaró una serie de reformas en el ámbito penal que le dieron al ejecutivo un control sobre jueces y fiscales.


Primero, con el nombramiento de Gulle, Cornejo colocó a un hombre de su riñón en el Ministerio Público Fiscal y así poder dictar la política criminal de la provincia dando lugar a un uso arbitrario de las imputaciones, determinando a quiénes perseguir penalmente y a quiénes no.


Luego, con el nombramiento de José Valerio en la Corte, un juez radical y fuertemente punitivista, se encaró la reforma del código procesal penal que abrió la puerta al uso indiscriminado de las prisiones preventivas y también buscó terminar con el dominio kirchnerista y de la doctrina Zaffaroni en las Cámaras del Crimen al instalar un sistema de juzgados asociados en los que los jueces son determinados según quien esté de turno al iniciarse la causa.


Con la sanción de un nuevo Código Contravencional, se buscó dotar a la policía de una nueva herramienta legal que justifique su accionar discriminatorio y arbitrario contra la juventud y las barriadas más humildes, al tiempo que se reforzaron los juzgados de faltas para legitimar esta política.


De esta manera, el ejecutivo se aseguró el control de la justicia penal que rápidamente fue orientado en forma arbitraria a la persecución de activistas y opositores al gobierno. Con la fiscal Cobos a la cabeza, se abrieron e instaron varias causas contra sindicalistas como Raquel Blas o los legisladores del FIT, mientras causas como la del exintendente corrupto Luis Lobos están por prescribir.


Reforma de la justicia laboral


En el ámbito de la justicia laboral, se buscó dificultar que los trabajadores pudieran acceder a la justicia y favorecer los fallos laborales en beneficio de las ART.


Para esto, se impusieron las oficinas de conciliación laboral que impiden al trabajador acceder a la justicia sin haber tenido que sí o sí intentar conciliar con su patrón y que por lo general lo llevan a aceptar un mal acuerdo pero más rápido que transitar los tiempos de la justicia.


Por otro lado, la reforma al código procesal laboral tuvo como ejes la implementación de una nueva conciliación en el ámbito de la justicia antes de dar curso a la demanda y por otro, obtener un control sobre el dictamen de los peritos para así beneficiar a las ART a la hora de los juicios por enfermedades y accidentes en el ámbito laboral.


Que la crisis no la paguen los trabajadores


Cornejo tuvo como política central de su gobierno la recomposición de la tasa de ganancia capitalista y el traslado de la crisis a los trabajadores y sectores más humildes. Para esto es que buscó reformar el Estado y el poder judicial, con herramientas que le permitieran lograr este fin, principalmente bajando los “costos laborales” de los fallos por despidos y ART, reforzar el aparato represivo contra la organización y las manifestaciones de los trabajadores, y por último, lograr una Corte adicta que legitime la política de ajuste en el terreno judicial y que se lograría con el nombramiento de María Teresa Day.


Es importante destacar que todo esto fue hecho en el marco de la ley y la constitución e incluso en gran parte con apoyo del peronismo que votó a favor varias de estás reformas, apareciendo con mayor fuerza la función del estado como garante de la explotación de las clases dominantes sobre las clases explotadas.


Para que la crisis la paguen los capitalistas y no quienes viven de su trabajo, hay que avanzar en la elección directa de los jueces y fiscales con posibilidad de revocar sus mandatos, exigir el fin a la persecución de activistas y opositores, garantizar el libre ejercicio del derecho a la protesta, y reorganizar las bases sociales, no sobre los intereses de quienes viven del trabajo ajeno, sino de los trabajadores.




 

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Este 1° de Mayo a las 11:00 horas en la Plaza Independencia habrá un acto del FIT-U que acordamos con los compañeros del MST.
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29/06/2020

¿Qué sería un “Ingreso Universal”?

Ante el evidente crecimiento de la pobreza, y los conflictos que ello preanuncia, desde las más variadas corrientes políticas del país –y en los más variados países- se han redoblado las discusiones sobre las características y el alcance que deben tener las políticas de asistencia social del Estado.


Desde el centroizquierdista y actual titular del Banco Nación, Claudio Lozano, hasta el expresidente de la megadevaluación, Eduardo Duhalde, han salido a jactarse de ser pioneros en la propuesta de un “Ingreso Universal” o “Renta Básica Universal”. En artículos de académicos y hasta en boca del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el debate sobre una nueva política de asistencia estatal ha sido puesto en la agenda política nacional. Esto luego de que el tema concitara la atención de la opinión pública en Estados Unidos y Europa ante el aumento de la desocupación, y que cobrara mayor vuelo con la sanción sin votos negativos de una ley sobre ello en España, la cual fue saludada por la presidenta de FMI como “un buen instrumento de igualdad”. Hasta el sector de funcionarios del Banco Central Europeo que se opone a aflojar las políticas de ajuste fiscal ante el agravamiento de la crisis ha considerado necesario el establecimiento de una “renta mínima de emergencia”.


De esto, algunos centroizquierdistas infieren que gracias a que la pandemia puso sobre la mesa la profundidad de la crisis social se viene una suerte de resurgir de los Estados de bienestar, pero sucede lo contrario. Detrás de las propuestas por un ingreso básico lo que se busca es unificar todo el gasto estatal de las llamadas políticas sociales en un único mecanismo, de manera tal de convertir los seguros al desempleo y hasta las jubilaciones en un ingreso mínimo asistencial, desligado en absoluto de los salarios.


A su vez, si se implementara una renta básica efectivamente universal, es decir percibida por toda la población independientemente del nivel de ingresos, rápidamente se convertiría en un subsidio indirecto al capital, porque las patronales ya no deberían responder por la totalidad de la reproducción de su fuerza de trabajo. El límite de estas propuestas es que olvidan que los propios Estados están condicionados por la crisis, y todas las políticas de rescate agudizarán la tendencia a las quiebras soberanas. Lo que se viene, entonces, es una mayor ofensiva ajustadora.


Esto es particularmente evidente en Argentina, donde la reestructuración ruinosa de la deuda externa que está en marcha echa por tierra las distintas propuestas “redistribucionistas” sobre un ingreso universal. El expresidente Eduardo Duhalde, entre otros, toma como ejemplo más viable el subsidio implementado en el estado norteamericano de Alaska, que cosiste en un pago anual a toda la población adulta atado a los ingresos por regalías petroleras. Por el contrario, el intento de “endulzar” a los bonistas con un cupón atado a las exportaciones ilustra crudamente cuál es el destino de los recursos del país. Este esquema ya funciona por ejemplo en la provincia de Chubut, donde las regalías petroleras van sin escalas a un fideicomiso para saldar los pagos a los acreedores del exterior.


La realidad es que el gobierno de Alberto Fernández acaba de eliminar el escaso Ingreso Familiar de Emergencia para la mitad de los beneficiarios. El medio millón de trabajadores desocupados que percibe programas sociales lleva todo el 2020 con el monto congelado, y están cerradas nuevas inscripciones cuando miles de personas están perdiendo su fuente laboral. La última reunión de los ministros de Desarrollo Social de todas las provincias del país, presidida por Arroyo, adoptó como línea fundamental de trabajo no el establecimiento de un seguro universal sino un plan de créditos a bajo interés. Con una economía que caería este año alrededor de un 10%, llaman a las familias que no tienen garantizado un sustento a endeudarse para invertir. La perfidia no podría ser mayor. Digamos de paso que la “inversión fiscal” del gobierno argentino para atender los efectos sociales de la pandemia suma, en relación el PBI, la mitad que lo dispuesto por Trump en Estados Unidos.


En este escenario, la versión actualizada de Renta Básica Universal formulada por Lozano es una verdadera impostura. Su propuesta de un ingreso mensual de $17.000 para las personas en edad económicamente activa que no perciben un salario se financiaría, según plantea, con la suspensión de los pagos de la deuda pública y el establecimiento de un impuesto a la riqueza, las grandes firmas y los bancos. Pero resulta que el proyecto de impuesto a los ricos nunca llegó al Congreso (no obstante lo cual los voceros oficiales se encargaron de aclarar que no afectaría a las empresas ni las tenencias en bonos o acciones, que es donde invierten su riqueza los capitalistas), justamente para no entorpecer la renegociación de la deuda. Toda la propuesta es una cortina de humo para justificar la integración al gobierno que recula ante los BlackRock mientras confisca los haberes a los jubilados, congela las paritarias y avala los recortes salariales, al mismo tiempo que las patronales se burlan del “decreto antidespidos” y reciben subsidios a costa del vaciamiento de la Anses.


El reclamo por un subsidio de 30.000 pesos por mes a los desocupados está unido, por el contrario, a la lucha contra los despidos y por trabajo genuino, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, contra el robo a los jubilados y por el 82% móvil, por la reapertura de paritarias y la indexación de los salarios a la inflación. Hacia allí apunta la campaña por la aprobación del proyecto de ley por un impuesto real a las grandes rentas y fortunas presentado por el Frente de Izquierda. Este programa es indisociable de la pelea por el repudio de la deuda usuraria, tanto para evitar el saqueo de los recursos del país como para romper la subordinación del país al capital financiero y el imperialismo. Los debates por una Renta Básica Universal, por el contrario, son solo otro testimonio del fracaso del régimen social capitalista para emprender un “desarrollo sostenible”.




 

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29/06/2020

Misiones – Festival Solidario Cultura X Trabajo: trabajar por el pancho y la coca

Hace unas semanas, la flamante Subsecretaría de Cultura de Misiones anunció que merced a un convenio con la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (Ademis) y la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe), los actores culturales en todas sus ramas dispondrían de “herramientas financieras para bancarizar y monetizar sus actividades e incluso soporte técnico online para transmisiones vía streaming”.


Este fue un gran anuncio que generó muchas expectativas, pero no pasó de ser, finalmente, otro ejemplo de precarización laboral para les trabajadores de las artes, solo que esta vez intermedian las plataformas de streaming y se enmarca todo en un intento de respuesta frente al parate económico generado por la pandemia. Para el primer festival realizado en Posadas (que se replicará en Oberá y Eldorado) fueron convocades 16 artistas, con una entrada virtual a “la gorra” de montos de 100 a 500 pesos.


El monto total recaudado por el festival, según publica Cultura días después de terminado el evento, fue una suma de $81.397,64, lo que representó poco más de $5.000 pesos para cada uno de los artistas participantes. Cinco mil pesos frente a los 40.000 de la canasta básica no es trabajo, a duras penas es una changa.


La práctica de la gorra que tenemos les trabajadores (más que nada en espacios alternativos y comunitarios), se trata de un pago de entrada sin piso y a consciencia, que no excluye a nadie. Una práctica para incentivar al público a arrimarse. Las cuentas de la gorra se hacen enfrente de todes y se reparten en partes iguales, son acuerdos colectivos. Es una práctica que fortaleció y sostuvo muchas comunidades y colectivos culturales pero que de ninguna manera puede ser una política pública. Las diferentes asociaciones gremiales de musicxs, actores, visuales, etc. establecen tarifarios y montos específicos por cada servicio/producto que el Estado, como institución, debe reconocer -porque se trata de que nos reconozcan como trabajadores- el costo de nuestro trabajo. Así como está establecido cuánto cobran les tecnicxs y el alquiler de equipamientos, el cachet (ausente en el Festival Solidario) es el honorario del trabajador que se sube al escenario. Como es de esperarse en el manejo de los presupuestos, no se hace pública la partida de dinero del ministerio para este tipo de espectáculo ni se vieron los depósitos que fueron ingresando a la “gorra virtual”.


“Hay una infinidad de artistas que se están haciendo ver en el registro de trabajadores de la cultura de Misiones, que recién me comentaron son casi 2.500 registrados” reconoce el subsecretario Joselo Schuap en una nota donde habla de este registro como una de las primeras medidas de su gestión. En la misma también reconoce más de 20 años de políticas culturales centralizadas en Posadas y escasa acción por parte de las diferentes gestiones renovadoras por integrar a les trabajadores de la cultura. Con este festival que ni siquiera es gratuito, mediado por “la estructura financiera” de una fundación que traslada el coste de los honorarios de lxs artistas al público, tenemos una primera muestra de que esta nueva subsecretaría viene a continuar las políticas culturales de la Renovación.


A la precarización y los intereses políticos del gobierno hay que contraponerle una agenda reivindicativa propia de lxs artistas, plasmada en el proyecto de ley que presentó el FIT-U, a través de nuestra diputada nacional Romina del Pla, en línea con la lucha que se viene desarrollando en varias provincias del país: compensación salarial de $30.000; IFE y tarjeta alimentaria ya; trabajo registrado en plataformas online (ciclos, talleres, charlas, exposiciones); exención del pago del monotributo; suspensión del pago de servicios y alquileres de espacios donde se desarrollen actividades culturales; pago de montos adeudados del Estado a trabajadorxs de la cultura; prohibición de despidos, suspensiones y cesanteos e impuesto extraordinario a las plataformas virtuales.





 

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29/06/2020

Escándalo en Córdoba: el intendente Llaryora gasta $33 millones en edificio de lujo para funcionarios

Al mismo tiempo, ajusta en educación y en salarios municipales en nombre del "ahorro público"

En medio de la embestida contra las y los trabajadores municipales de la ciudad de Córdoba, el intendente, Martín Llaryora, habilitó el alquiler por $33 millones de pesos de un edificio de lujo en Nueva Córdoba, el barrio más caro de la ciudad. Si bien los titulares de los medios destacaron que este espacio sería destinado a trasladar el Registro Civil, para descomprimir la concentración de empleados, lo cierto es que esta dependencia ocupará los tres primeros pisos, mientras que los otros siete pisos están reservados para la planta política de la Secretaría General de la Municipalidad, las secretarías de Modernización y Participación Ciudadana y la Subsecretaría de Gobierno, entre otras.


El contrato de alquiler entre la Municipalidad y el Consorcio Huespe fue gestionado por la Secretaría de Gobierno, a cargo de Miguel Siciliano. Y la contratación directa fue autorizada por el secretario de Economía, Guillermo Acosta, y avalada por la mayoría de Hacemos por Córdoba, en el Tribunal de Cuentas Municipal. Según detallan las autoridades, el alquiler por dos años del lujoso edificio Diplomat Office le costaría a la Municipalidad 32,9 millones de pesos.


Este precio exorbitante implica un alquiler mensual de 950 mil pesos, con una actualización semestral del 25%, lo que llevaría a un incremento total, al cabo de dos años, del 100% del alquiler. Los números contrastan con el promedio de mercado inmobiliario, donde el incremento anual oscila entre un 25% y 30%. Esto puede significar dos cosas, o el gobierno prevé una inflación del 100% para los próximos dos años, y de esta forma busca blindar a la inmobiliaria, o estamos ante una nueva situación de contratación con sobreprecio. De cualquier forma se trata de un despilfarro de millones de pesos de trabajadores y vecinos de la ciudad, que no irán a obras o servicios. Estamos sin lugar a dudas ante un enorme negociado en favor de los especuladores inmobiliarios.


La operación millonaria significa una erogación presupuestaria descomunal e injustificada, que choca de lleno con el “ahorro público” que estableció el Ejecutivo con la ordenanza de Emergencia Económica y Financiera (nº 12.991). La quiebra del municipio parece no contar cuando se trata de garantizar los lujos de un grupo de funcionarios. Así las cosas, el “ahorro” que buscan con el recorte salarial y la reducción de personal municipal terminarán por financiar los negociados de los especuladores inmobiliarios y las comodidades de la burocracia municipal.


El ahorro municipal ha sido el caballito de batalla con el cuál Llaryora arremetió contra las y los municipales imponiendo, primero, la reducción de jornada y con ello la rebaja salarial del 15% y, luego, la eliminación de horas extras y jornadas extendidas, la ampliación del Régimen de Pasividad Anticipada, la eliminación de más de 500 chapas a inspectores municipales y finalmente un intento de avanzar en una reducción de la bonificación por zona y la eliminación de cargos de agentes en tareas pasivas en educación, solo frenada momentáneamente por la acción de las bases.


Con negociados como este resulta claro que el ataque a las y los municipales lejos está de responder a las necesidades postergadas de los vecinos de la ciudad. Llaryora avanza sobre conquistas históricas de trabajadores y trabajadoras apuntando contra su convenio, mientras llena la Municipalidad de trabajo precario y tercerización de servicios, con su consecuente degradación de los mismos. Sin embargo, los millones que se les saca a trabajadores y vecinos tienen como destino los bolsillos engrosados de empresarios amigos, y los de una casta de funcionarios que viven de las arcas del Estado. Sin ir más lejos, los recientes contratos que amplían la planta de funcionarios para reemplazar tareas de los trabajadores, son una muestra de ello.


Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda rechazamos de plano esta nueva contratación. El Ejecutivo y sus funcionarios deberán rendir cuentas por el destino de los fondos del municipio, blanqueando las cuentas y abriendo los libros de las empresas tercerizadas que se han convertido en verdaderas cajas negras de los funcionarios de turno. En medio de una profunda crisis económica, sanitaria y social es imperioso que se invierta en salud y educación. Que los millones se destinen a la ampliación y el mantenimiento de las escuelas, hospitales y dispensarios; al equipamiento adecuado de escuelas y centros de salud para afrontar la pandemia; a la defensa del salario, y para preservar el convenio y los derechos conquistados de las y los trabajadores.





 

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29/06/2020

Los testeos de Covid-19 que Larreta hace al personal de salud no sirven para frenar los contagios

Alberto Fernández quiere extenderlos a todo el país

En los anuncios oficiales del 26/6 sobre la extensión de la cuarentena que compartieron Alberto Fernández, Larreta y Kicillof intercambiaron elogios por el abordaje epidemiológico frente a la pandemia. Larreta hizo gala de los testeos “rápidos” a 40 mil trabajadores del sistema de salud porteño y del “testeo masivo e inteligente” con el Plan Detectar en los barrios. “Vamos a utilizar, espero que pronto, los test más rápidos” dijo Alberto Fernández y destacó el Plan Detectar que se realiza en el AMBA.


En Prensa Obrera publicamos hace unos días como son los testeos que necesitamos para el personal de salud. Los testeos que Alberto Fernández y Larreta llaman “rápidos” son estudios “serológicos” en muestras de sangre donde se buscan los anticuerpos que producimos los seres humanos contra el coronavirus. Son estudios muy distintos a los hisopados que registran la presencia directa del coronavirus por técnica de PCR en las secreciones respiratorias. Los seres humanos necesitamos una semana desde que ocurre la infección hasta que nuestro organismo genere anticuerpos. Sin embargo no siempre son detectables por el estudio, arrojando resultados negativos a pesar de cursar la infección viral. Es lo que se denominan “falsos negativos”.  Por otra parte los anticuerpos siguen presentes superada la infección aguda, lo que se suma a “falsos positivos” por problemas que son propios de la técnica del estudio en sangre. Cabe aclarar que se desconoce en el coronavirus durante cuánto tiempo persisten los anticuerpos y por ahora no se considera que dichos anticuerpos brinden algún tipo de protección contra una reinfección. Si bien los test “serológicos” utilizan dos tipos de anticuerpos (IgM e IgG) que nos permiten diferenciar en ocasiones una infección reciente de una pasada y cumplen una valiosa función de relevamiento epidemiológico, no está clara su utilidad clínica ni su rol en la prevención de los contagios.


En Argentina el Instituto Leloir ya patentó un test serológico nacional pero los estudios realizados por Larreta son importados. Advertimos que el gobierno los utilizaría para confundir a les trabajadores, brindando una falsa sensación de seguridad y reduciendo el número de hisopados que son más costosos. Adjuntamos la foto del parte epidemiológico del 25/6. Allí se observa que entre más de 33 mil testeos “serológicos” realizados al personal de salud apenas 944 fueron positivos, a quienes luego los hisoparon obteniendo tan sólo 53 casos positivos por PCR. Estos datos nos permiten extraer varias conclusiones. En primer lugar que la enorme mayoría del personal (más de 32 mil) no fue hisopado, a sabiendas que el testeo “serológico” tiene muchos “falsos negativos”. Pero además entre los 944 casos que luego pasaron al hisopado se obtuvo un porcentaje muy bajo de positivos en el estudio de PCR, considerando a la enorme mayoría como “falsos positivos”.



En la siguiente foto se adjunta el cuadro del Ministerio de Salud de CABA para ordenar hisopados y aislamientos según los resultados del “serológico”. Salta a la vista que solamente al personal con resultado positivo le realizan PCR. El criterio de pre-selección para realizar PCR según el resultado del “serológico” es un filtro-estafa y genera confusión. En casos de IgM positiva y PCR negativa, los asumen como “falsos positivos” de IgM o “falsos negativos” de PCR, reincorporando al trabajo a la persona en ambos casos. Una situación que ya ocurrió con muches compañeres que nos acercaron su preocupación ante la arbitrariedad patronal.



Desde que comenzó la pandemia hasta el 25/6, nuevamente según el parte epidemiológico que adjuntamos en la foto, se realizaron con el Plan Detectar  en CABA unos 73 mil hisopados, arrojando una positividad que va en franco aumento y ya supera el 40%. Una positividad tan elevada sólo se explica porque el número de hisopados está muy por detrás de la las recomendaciones de la OMS para obtener 1 resultado positivo cada 10 hisopados realizados.


Larreta agradeció durante la conferencia a la Universidad de Buenos Aires por enviar estudiantes de Medicina a cumplir con el Plan Detectar en CABA. Celebrando la incorporación de mano de obra gratuita, sin capacitación adecuada ni ART, a realizar una tarea de alto riesgo laboral como es hisopar casos sospechosos de coronavirus.  Una medida que fue impulsada por el radicalismo (Nuevo Espacio) y avalada por el kirchnerismo en la UBA. denunciada oportunamente por nuestra agrupación estudiantil en la Facultad de Medicina. La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA también rechazó la medida mientras continúa la pelea por salario y ART para les concurrentes que también son mano de obra gratuita para el gobierno de la ciudad.


Alberto Fernández afirmó que se realizan en AMBA todos los testeos necesarios. Larreta asegura que sus testeos son “inteligentes” porque seleccionan estrictamente a las personas y siguen los casos sospechosos con entrevistas telefónicas. Es correcto elegir con criterio los hisopados y no hacerlos al azar, pero el retaceo obedece a una restricción presupuestaria por encima de cualquier decisión epidemiológica. Menos “inteligente” es desconocer la evolución clínica de las personas contagiadas, sin publicar los resultados clínicos de la enorme mayoría de las personas, limitando las estadísticas a las camas ocupadas en terapia intensiva y personas fallecidas.


En CABA, un relevamiento sanitario mucho más importante lo realizó la asamblea de Residentes y Concurrentes, registrando que el 83% de los centros de salud no cuentan con los insumos necesarios para atender. Las burocracias sindicales de Sutecba y AMM (Asociación de Médicos Municipales) que anuncian con bombos y platillos los testeos “serológicos” como una medida central para controlar los contagios, son responsables de no reclamar las licencias para todo el personal de salud con factores de riesgo de muerte para Covid, como Julio Gutierrez del Hospital Durand recientemente fallecido por desidia patronal, los faltantes de EPP (Equipos de Protección Personal) o de mala calidad como las precarias láminas faciales y los barbijos por los cuales Larreta paga sobreprecios. Mientras tanto, les trabajadores de la salud porteña seguimos contando nuevas víctimas como José Aguirre, enfermero del Hospital Rivadavia.


La aprobación de Alberto Fernández y Axel Kicillof obedece a que -salvo diferencias menores, como los “runners”- comparten el abordaje socio-sanitario de la pandemia. La Cicop, asociación de profesionales de la salud de la PBA, recibió la comunicación oficial del ministerio provincial que al 22/6 se contabilizan en su territorio 2071 trabajadores de la salud infectados lo que representa un 9,3% del total de los contagios en la provincia. En dicha jurisdicción fallecieron Silvio Cufré enfermero del Instituto Médico Brandsen y Maria Esther Ledesma enfermera del Hospital Gandulfo, a quienes a pesar de tener diabetes, un factor de riesgo de muerte decisivo para Covid-19, les rechazaron las licencias. En Chaco, el otro epicentro además del AMBA destacado por Alberto Fernández, falleció el jefe de la terapia intensiva del Hospital Perrando, en el mismo lugar donde apenas unos días antes les residentes de terapia intensiva denunciaron públicamente faltantes de insumos y EPP, recibiendo a cambio los aprietes de la Dirección del Hospital. Los crímenes laborales contra trabajadores de la salud durante la pandemia no son patrimonio exclusivo de CABA.


Les trabajadores de la salud, a pesar de las burocracias sindicales, desarrollamos medidas de lucha en todo el país para reclamar por nuestras condiciones laborales y frenar los contagios en los Hospitales y Centros de Salud. Desde nuestra agrupación clasista Tribuna de Salud, impulsamos una campaña por poner en pie comisiones de seguridad e higiene bajo control de les trabajadores, independientes de las patronales y el Estado. Que no sean una mera redistribución de la miseria como pretenden las autoridades del Ministerio desde los Comités de Crisis. Para verificar el cumplimiento de las licencias al personal de riesgo, entrega de EPP de calidad, “cohortes” rotativas del personal, cuarentenas inmediatas y completas ante un contacto estrecho, así como también reclamar todos los testeos que necesitamos los cuales son parte de todo un plan de conjunto para frenar los contagios. Alberto Fernández, Larreta y Kicillof se muestran unidos en la precarización y exposición laboral del personal de salud mientras no destinan todos los recursos necesarios para “cuidar a los que cuidan”.  Todo un contraste con el proyecto del Frente de Izquierda, que plantea un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa, reorientando esos recursos a un plan integral de centralización del sistema de salud. Porque la salud es un derecho, no una mercancía. Que la crisis la paguen los capitalistas.



 

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29/06/2020

Olavarría: el gobierno despide a trabajadora social y recorta horas extras

El municipio que gobierna Ezequiel Galli del PRO sigue ajustando y desguazando áreas.

Esta semana, el Colegio de Trabajadores Sociales del Distrito de Azul denunció que el Municipio de Olavarría no renovó el contrato de una trabajadora social del área de Desarrollo Social y advirtió que se habrían recortado horas extras de trabajadoras/es de otras áreas.


Esta situación es gravísima y es necesario denunciarla por dos razones: la primera es que la gestión del intendente Ezequiel Galli decretó al municipio en emergencia financiera y económica para llevar adelante este y otros ajustes, con la complicidad de la oposición PJ-Kirchnerista que nada dice del tema mientras se dedica a hacer asistencialismo. No es el primer ataque a la clase trabajadora de la ciudad. Hubo despidos en el área de Cultura y recorte en los talleres municipales, ataques salariales a los empleados de la obra civil L’Amali 2 y Cerro Negro, despidos en el sector hotelero y gastronómico, entre otros. En este caso no se trata solo de un problema de despidos. Las y los trabajadores sociales vienen sufriendo las consecuencias de la precarización laboral de todos los gobiernos desde los ‘90 hasta hoy, con contratos precarios, falta de sindicalización, exceso de tareas correspondientes, subcontratación, etc. En el caso de Olavarría el burócrata del Sindicato de Trabajadores Municipales, José “Tano” Stupia, se ha encargado de aislar las luchas y hacer la vista gorda ante cualquier despido y ajuste de la gestión macrista.



La segunda cuestión es que se ajusta en el sector que más necesita de la asistencia estatal y donde más se requiere de esta labor profesional que atiende a la población más golpeada por el sistema y por la cuarentena como son los/las trabajadores/as desocupados/as y precarizados/as. Al despedir a una trabajadora social también se afecta a los sectores populares que necesitan la atención de esta y otros profesionales de Desarrollo Social, como el caso de los/las trabajadoras/os de infancia despedidos en el partido de Merlo donde gobierna el peronismo con Gustavo Menéndez. El ajuste en esta área, que conduce Diego Robbiani, no solo se da en los despidos y recortes, sino por sobre todo en los escasos recursos que se invierten para asistir a estas familias. Según datos oficiales, el pedido de asistencia alimentaria al municipio creció más del doble en la cuarentena, llegando a 6.700 familias. Sin embargo, el monto que el municipio asignó a la compra de alimentos para el mes de julio apenas supera los cinco millones de pesos, es decir, una ayuda de poco más de $800 por familia para todo el mes. El Polo Obrero, recientemente conformado en la ciudad reclama una asistencia a la medida de las necesidades y que también se brinden kits sanitarios y medios para calefaccionar las viviendas (leña y garrafas) ante el frío invernal.


Desde el Partido Obrero Olavarría exigimos la reincorporación de la trabajadora social cuyo contrato no se renovó y de cualquier empleado despedido por parte del municipio. ¡Frenemos el ajuste de Galli y de todos los gobiernos! ¡Basta de precarización laboral y ajuste de la asistencia estatal! Exigimos medidas de seguridad e higiene para los y las trabajadoras. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!




 

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29/06/2020

¿En Moreno se va a “universalizar” el Servicio Alimentario Escolar?

A partir de la repercusión en los medios de comunicación nacionales de la crisis de hambre en el distrito bonaerense de Moreno, con 30.000 chicos dejados afuera del Servicio Alimentario Escolar, el Consejo Escolar debió reunirse y votar un pedido a la gobernación para que “universalice” el mismo.


La resolución, aprobada tanto por el Frente de Todos como por Cambiemos, busca aparentar unidad y funcionamiento del Consejo, que desde hace largo tiempo viene atravesando una crisis, con reyertas de todo tipo entre uno y otro bando. Se trata de un acto demagógico que no anticipa soluciones para las familias, como se hace evidente en que en las próximas próximas entregas de bolsones todo seguiría igual.



La crisis precedente del Consejo Escolar


El Consejo Escolar tuvo un funcionamiento bastante irregular desde que dejó de ser intervenido por la Provincia (durante la gestión de Cambiemos).


Los nuevos consejeros dividieron el organismo en dos bloques. Uno es el que responde a la intendenta Mariel Fernández (FDT), compuesto por los consejeros que asumieron por las elecciones del 2019 y una consejera de la gestión anterior, Cecilia Parentti (Walter Festa-FDT), quien desde 2018 se encuentra procesada por malversaciones y fraudes (“asociación ilícita en concurso real con defraudación del Estado y uso de documento público falso·, señalaba Ámbito del 18/10/18). El segundo bloque es el de los consejeros que responden a Cambiemos y Ramón Vera (integrante del FDT que estuvo en las listas de Walter Festa), quien como proveedor del Consejo fuera denunciado en 2011 por la entrega de pollos en mal estado, sin que la denuncia llegase a la justicia.


Luego de la asunción, estos bloques iniciaron una lucha por quién iba a ser el presidente del Consejo Escolar. El bloque que responde a Cambiemos no daba el quorum para sesionar, aludiendo que la consejera procesada -siguiendo la reglamentación de los consejos escolares- no debería estar trabajando, mientras que el bloque que responde a Mariel Fernández manifestaba que Vera y Cambiemos no los dejaban trabajar. Así fue durante meses, mientras las obras de infraestructuras estuvieron paralizadas -una de las principales razones por las que desde febrero el Servicio Alimentario Escolar fue descentralizado, haciéndose cargo el municipio.



La falsa “universalización” del SAE


Durante toda la cuarentena no varió mucho el escenario. Entre tanta disputa se llegó a un consenso y el Consejo Escolar comenzó a “funcionar”, con quejas desde los dos lados. A partir de la publicación en los medios nacionales sobre la situación del SAE, ambos bloques rápidamente y en “unidad” votaron el pedido de universalización.


Recordemos que los cupos del SAE que maneja provincia son del año 2016/17 (según la asamblea de directores del distrito), porque durante la gestión de Cambiemos no fueron actualizados y desde la nueva gestión tampoco. La posición del municipio es que la actualización de cupos es responsabilidad de provincia (Semanario La Actualidad, 13/5).


Sobre la contratación de los proveedores del SAE por parte del municipio (son tres en total, de los cuales son parte del grupo L, que fue el mismo proveedor durante la intervención escolar y que tuvo muchísimos reclamos) la presidenta del Consejo Escolar (Sonia Beltrán- FDT) manifestó: “No califico al Grupo L porque yo no lo contraté” (Desalambrar, 19/6/20), en un intento de posicionarse lejos de la empresa y del municipio. En cambio Ramón Vera (FDT-bloque Cambiemos) manifestó que es deplorable y deficiente la gestión del proveedor. Parecería que desde los dos bloques se están diferenciando de la posición del municipio, que habla de una “buena gestión”, como resultado de los recurrentes reclamos de la comunidad educativa.


Vamos por un plan urgente contra el hambre


Mientras estas peleas por el poder suceden, las familias, alumnos, docentes y auxiliares son los que sufren las consecuencias de la crisis y de la pandemia.


El hambre y las ollas populares se multiplican en el distrito, por eso ahora más que nunca exigimos la universalización del SAE.


Reclamamos también la apertura de los libros contables del Consejo Escolar y que la comunidad educativa -docentes, auxiliares, familias y estudiantes- intervenga y controle al mismo. A su vez reclamamos, desde Tribuna Docente Moreno, que se hagan obras en las escuelas para no encontrarnos las aulas en las mismas condiciones en que las dejamos. A casi 2 años, seguimos exigiendo justicia para todos los responsables políticos del asesinato de Sandra y Rubén.

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29/06/2020

Salta: turismo gay sí, gays pobres no

La municipalidad de Salta, y su intendenta Bettina Romero, no se quiso quedar atrás de la onda “gayfriendly” y anunció en el marco del día del Orgullo Gay la firma de un convenio para desarrollar Fun Tours en Salta, promocionado por influencers y plataformas turísticas. Los funcionarios municipales a cargo del área de turismo aseguró que “las parejas homosexuales consumen más cuando hacen turismo” por lo tanto es un mercado interesante por explotar.


De hecho, Salta fue la provincia que tuvo el segundo hotel gayfriendly del país en el 2013. Pero en cuanto a derechos a la comunidad Lgbt local, es ejemplo de escandalosos casos de discriminación, represión y hasta trato cruel, como el que vivió Tiziana Contrera, la primera niña trans en obtener su DNI; tuvo que cambiar de escuela porque sufrió discriminación y maltrato en el sistema público.


Fue también noticia nacional que dos alumnos de un colegio privado fueron echados, uno por usar una pulsera con los colores de la bandera de la diversidad y al otro por defender a su compañero. Los alumnos y padres con la lucha hicieron retroceder la medida y hasta reclamaron por la inmediata implementación de las ESI.


Ni hablar de los constantes abusos policiales contra travestis en las calles.


En la cámara de diputados se dejó caducar un proyecto de ley de cupo laboral trans. Originalmente fue impulsado por el diputado urtubeysista Lucas Godoy, tenía media sanción del senado, pero el autor original nunca puso el proyecto en debate y perdió estado parlamentario. Hoy, Godoy es diputado nacional K. También era diputada provincial Bettina Romero -hoy intendenta de la ciudad- y tampoco movió un dedo para que el proyecto se apruebe.


Nuestra bancada presentó nuevamente el proyecto y exigimos que empiece cuanto antes su tratamiento.


En el concejo deliberante rechazaron nuestro proyecto de ordenanza presentado por nuestra concejala Cristina Foffani, que establecía un 5% de cupo laboral trans en la planta permanente y en cambio aprobaron la creación de un “programa” de trabajo inclusivo. Nunca vio la luz la concreción de ese programa.


Los que rechazaron la creación del cupo de trabajo genuino ya formaban parte de los bloques políticos romeristas y de Sáenz. Este, a su vez, cuando fue intendente disolvió el área municipal de la diversidad y echó a sus trabajadorxs. Aunque era un área que no tenía ninguna facultad ejecutiva, solo una finalidad de propaganda, ni siquiera eso permitió.


En algunos municipios crearon áreas municipales de la diversidad, y cupos de la diversidad, pero trabajan con contratos miserables, en tareas como organizar una acción para que figure el intendente el día del orgullo gay u organizar la fiesta del día de la madre, una verdadera forreada. Esos no son trabajos genuinos sino transitorios, atados a programitas berretas que por lo general duran un año.


Mientras, en las calles las organizaciones de la diversidad defendían el cupo laboral y la eliminación de los artículos de la ley de contravenciones, que habilita la represión a la oferta sexual en las calles. En el 2015 se aprobó una modificación que incorporó el artículo 114, que la penalidad al contraventor quedará sin efecto si se realiza en áreas que los municipios habiliten para tal fin. O sea habilita la creación de zonas rojas. Trabajo genuino no, prostitución sí.


El primero que intentó avanzar en crear una zona roja fue el municipio de la ciudad de Salta, incluso habían varias propuestas de lugares físicos para su funcionamiento. Para ello no se tomaba el argumento del trabajo sexual como tal, sino que partía de una base discriminatoria: que los vecinos no querían ver travestis en las calles, “porque queda mal” y en nombre de la convivencia en comunidad, había que sacar a “los travas” de las calles. Todo esto impulsado por concejales urtubeysistas, PRO, romeristas, kirchneristas y pj de todo tipo. Solo el Partido Obrero batalló contra esa campaña furibunda, hasta que la iniciativa reaccionaria cayó.


La situación actual de la comunidad travesti es de lo más paupérrima. Además de tener una esperanza de vida corta y sufrir la discriminación y los crímenes de odio, sobreviven la cuarentena asistiendo a comedores comunitarios y algunas hasta quedaron en la calle por la imposibilidad de seguir pagando un alquiler.


Las direcciones de las organizaciones de la diversidad sucumbieron al kirchnerismo, poniendo las tintas en el apoyo a un gobierno nacional que tiene sus intereses alineados a las políticas de sometimiento del imperialismo y al igual que ocurre con el derecho al aborto legal, los derechos de la diversidad no quedan ni siquiera en segundo plano.


Queda claro que para el gobierno de Bettina Romero y de Sáenz, si se trata de negocios rentables son los más abiertos. Bettina pondrá los colores de la diversidad en el logo de la app del municipio, pero de fondo no cambia absolutamente nada.


¡Vamos por un movimiento independiente del Estado! Por el cupo laboral trans en la provincia y el municipio. Restitución de los tratamientos hormonales. ESI laica, científica y respetuosa de la diversidad. ¡Basta de discriminación y crímenes de odio!




 

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29/06/2020

Gran jornada nacional de prestadores precarizados

Fuimos a la Superintendencia de Servicios de Salud a denunciar que sin pago de las prestaciones no hay cuarentena.

APEL Prestadores y Profesionales de La Salud Mental.

El pasado miércoles 24, desde horas de la mañana, se realizó la jornada nacional de prestadores precarizados. A esta se sumaron compañeros de todo el país con el hashtag #noalajusteendiscapacidad y fotos con sus reclamos. Esto le dio fuerza y visibilizó el plato fuerte del día que fue la reunión de las 13 horas en la Superintendencia de Servicios de Salud, adonde se llevó una nota y 34 mil firmas en dos petitorios. La misma se realizó con la Dra. Natalia Garozzo , la Dra. Gabriela Barros (directora operativa) y el gerente general David Aruachan. En esta pudieron asistir tres representantes, dos de ellos del espacio que conformamos Prestadores Precarizados Salud y Educación.


A lo largo de la reunión desplegamos y defendimos el programa de reivindicaciones que venimos votando en las asambleas, donde planteamos: el pago de todo lo adeudado en el 2019 y 2020; el pago de la totalidad (no parcial) de todas las prestaciones aprobadas y la inmediata aprobación de las pendientes de aprobar, la carga de la totalidad de las facturas presentadas en el 2020; el rechazo al desvío de $4.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución (que debería ser utilizado para tratamientos prolongados en discapacidad, HIV, oncológicos, entre otros) para otros fines y $4.000 millones del Fondo de Asistencia y Emergencia. Como también se denunciaron todas las resoluciones de ajuste y recortes.


Señalamos de qué forma somos un sector completamente rezagado, vulnerado, precarizado, tercerizado, donde no se reciben aumentos desde fines del 2019, mientras se aumentó el monotributo un 51%. La gran mayoría no recibió el insuficiente IFE, tiene que pagar Impuestos y cajas de jubilaciones provinciales, contadores, internet, colegios profesionales, su propio kit de seguridad y la mayoría no alcanza una canasta básica de pobreza de $42.593,98 mensual.


La respuesta de las autoridades no tuvo la intención de resolver nuestra situación de emergencia, sino que solo se remitieron a informar cómo venían funcionando durante la cuarentena. Para todos nuestros reclamos, solo nos mencionaron las vías administrativas adonde dirigirnos por mail, mientras sus dependencias y delegaciones en el país se encuentran cerradas. Mientras tanto, vemos como siguen el libreto del gobierno en todo el país, con recortes, ajustes y suspensiones de tratamientos, que en el resto de los sectores de trabajadores serían despidos, suspensiones y rebajas salariales acordadas por las mismas direcciones sindicales que administran las obras sociales que nos precarizan y nos deben miles de pesos.


Desde la delegación que asistimos, denunciamos los acuerdos con los bonistas, el FMI, la no aprobación del presupuesto 2020, los enormes subsidios a las multinacionales y de cómo no se favorece a los prestadores en discapacidad y a las personas con discapacidad. Ante esto amagaron con retirarse, diciendo que no iban a hablar de política, que ellos solo administraban recursos.


Por lo tanto, para poder avanzar en nuestros reclamos, es que entendemos que debemos seguir organizándonos y reforzando nuestra organización en todo el país. Por eso estaremos realizando una nueva jornada a realizarse el día 8 de julio en todo el país, donde a las 13 horas concentraremos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Para eso te pedimos que nos acompañes con el hashtag #noalajusteendiscapacidad, que nos envíes una foto con tu reclamo y también si realizas alguna actividad en tu provincia.


Sumate el 11 de julio a las 15 horas a la Asamblea Nacional de Prestadores Precarizados SE.



 

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29/06/2020

La Matanza: primer positivo de Covid-19 en la gráfica Interpack

Delegado Interpack 1, en lucha por su reinstalación.

La patronal de la gráfica Interpack, en el distrito bonaerense de La Matanza, comunicó al personal este miércoles 24 que un trabajador del sector de mantenimiento había dado positivo para coronavirus. Aparentemente su contagio fue por medio de un familiar cercano. A su vez, también informó que la planta permanecería cerrada durante 24 horas para realizar una desinfección total, debiendo regresar al día siguiente todo el personal a sus horarios y turnos semanales.


La empresa se limitó a testear a quienes habían estado en contacto directo con el mecánico durante esos días (unos 20 trabajadores), pero no fueron puestos en cuarentena. Además de que el trabajador infectado realiza tareas que lo obligan a una movilidad constante -es decir que pudo haber interactuado con muchos más.


Luego de esto, la patronal no dudó en retomar la producción al día siguiente, sin esperar los resultados.


Es de suma importancia la injerencia de los trabajadores y sus organizaciones en estos casos, ya que los empresario manejan a su gusto las medidas de higiene y seguridad. Es necesaria la implementación de protocolos bajo el control de comités obreros, que puedan garantizar medidas reales para minimizar las posibilidades de contagio dentro de los lugares de trabajo.


El sindicato gráfico, una vez más, ha brillado por su ausencia y se ha mantenido en silencio.


Cabe aclarar que, a diferencia de lo que ocurre con buena parte de la industria gráfica, Interpack y el Grupo Zupan, en los últimos años vienen ampliando sus ganancias y adquiriendo plantas de producción en diferentes países de Latinoamérica. La última adquisición es una planta en la ciudad de Toluca, México. Queda claro que el cierre en 2019 de la planta 1 de Interpack, también en La Matanza, no obedeció a problemas productivos sino al objetivo de desarmar la organización sindical y en especial desvincular a su comisión interna.


En estas últimas semanas se han incrementado los contagios dentro de los lugares de trabajo y todos los especialistas ya informan que el colapso sanitario en Capital y en el Gran Buenos Aires cada vez está más cerca. La voracidad empresarial va a contramano de la salud de los trabajadores.

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29/06/2020

Apoyos al proyecto de impuesto a las grandes fortunas entre los docentes de Santa Fe

Entre la docencia de la provincia de Santa Fe también se lleva adelante la campaña por el impuesto a las grandes rentas y fortunas. Gabriela Meglio, integrante de Tribuna Docente y secretaria adjunta de Amsafe Rosario defendió el proyecto del Frente de Izquierda y los Trabajadores sosteniendo que se trata de un proyecto que permitirá volcar 15.000 millones de dólares a las necesidades urgentes de los trabajadores en el marco de la pandemia y la crisis enorme que se está desarrollando.


Tribuna Docente viene impulsando en Amsafe Rosario la organización de los docentes reemplazantes, que han quedado sin salario en el marco de la pandemia. Los recursos que se niegan a los docentes están yendo al pago de la deuda, o a subsidiar al gran capital. El proyecto de impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas permite invertir esta situación, para avanzar en una reorganización del país en función de los intereses de los trabajadores.



De la Comisión directiva de Amasafe Rosario se pronunciaron Gabriela Meglio, secretaria adjunta, Samuel Cerdán secretario previsional y Luciano Cáceres secretario de Hacienda. Te llamamos a sumar tu firma en apoyo a este proyecto.





 

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29/06/2020

Neuquén: la justicia ordena a la patronal de Expreso Argentino pagar salarios adeudados

Además, estipula el embargo preventivo de los bienes de la empresa.

En el marco del conflicto en Expreso Argentino en Neuquén, cuyos trabajadores ya superaron el mes de acampe en las puertas de la empresa en reclamo de deudas salariales y por la continuidad de su puesto de trabajo, la justicia laboral resolvió dar lugar a una medida cautelar, mediante la cual ordena a la patronal de Expreso Argentino pagar los sueldos adeudados y establece el embargo sobre los bienes de la empresa. La medida fue interpuesta por las compañeras abogadas del CeProDH.


En el fallo, dado a conocer por los trabajadores, se estipulan dos cuestiones de gran importancia. En primer lugar, señala que la carta documento del 21 de abril librada por la empleadora, donde notificaba a los trabajadores de un “acuerdo” en forma unilateral sobre las suspensiones con recortes de salarios del 85 %, “en modo alguno puede considerarse suponer acuerdo alguno entre los trabajadores y la patronal”. Y en segundo lugar, habilita la procedencia de la medida autosatifactiva, teniendo en cuenta la urgencia del crédito alimentario que representan los salarios, máxime en el cuadro de pandemia y cuarentena.


La medida judicial representa un golpe a la patronal de Expreso Argentino y sus socios gerentes Sebastián Masip, Marina Acosta y Federico Iriarte y un gran espaldarazo a los compañeros.


El Partido Obrero saluda este gran paso, conquistado con la tenaz lucha de los trabajadores, que con el acompañamiento de sus familias y las organizaciones nucleadas en la multisectorial y el Plenario Sindical Combativo sostienen el acampe, y han llevado adelante diferentes acciones en Casa de Gobierno, la Secretaría de Trabajo y en la comunidad. En esa línea, fueron muy importantes los pronunciamientos conquistado por los legisladores del Frente de Izquierda en la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante de la ciudad capital.


Como señalan los compañeros en su comunicado, seguirán “peleando por nuestras fuentes de trabajo y exigiendo su restitución”.


Fuerza compañeros. Aguante la lucha de Expreso Argentino.



 

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29/06/2020

Las Flores: un calco del vaciamiento educativo bonaerense

Aunque la pandemia no se ha extendido en esta ciudad de 25.000 habitantes del interior bonaerense, los problemas que atraviesan sus docentes son un calco del de sus compañeros de la provincia. Las Flores tiene alrededor de cuarenta y cinco escuelas primarias, muy escasos jardines (en relación a la demanda existente) y muchas escuelas secundarias, entre las cuales hay dos agrarias y algunas técnicas. Se calcula que en ellas trabajan alrededor de ochocientos docentes y estudian cinco mil alumnos. También funciona un instituto de formación docente.


La situación que atraviesan los educadores de la ciudad es la siguiente: no ha habido nombramientos de cargos y módulos. Esto ha llevado en muchas escuelas a una sobre exigencia laboral consistente en que docentes de una materia deben ocuparse de cursos de los que no son responsables. Los reclamos permanentes de rendición de cuentas sobre las tareas y evaluaciones escolares por parte de los inspectores resultan abusivos. El contexto material en el que se desenvuelven estas demandas constantes es la pobreza de recursos tecnológicos tanto en las escuelas como para docentes y estudiantes, esto es: escasas computadoras, celulares y conectividad con internet, especialmente en las escuelas rurales, que en el distrito son muchas.


La desocupación ha golpeado al distrito en forma concomitante con el ritmo que adquiere en la provincia, del mismo modo que el trabajo por cuenta propia, bajo las actuales condiciones, ha mermado en forma considerable. En estas circunstancias la cuestión alimentaria se ha transformado en un problema sustancial para los chicos en edad escolar. Pero las provisiones que  parten del Consejo Escolar llegan apenas a doce productos cuyo costo no cubre los $1.500 por ración destinada a cada alumno, que cabe destacarlo, no satisface las necesidades nutricionales para niños y adolescentes. Debe decirse que en algunos casos los módulos en concepto de Piedas (Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes) para cubrirlos  son abonados por la municipalidad, estableciendo un precedente peligroso hacia la municipalización educativa, con sus gravosas consecuencias en materia salarial y de derechos estatutarios.


Los sindicatos  que agrupan  a los docentes de Las Flores son Suteba (con 150 afiliados, pero que antes contaba con 300, que ha perdido como resultado de sus capitulaciones), Udocba (con similar cantidad de afiliados, ganados a Suteba) y la FEB, con menos afiliados. Frente a los problemas laborales y alimentarios planteados; la desocupación de una franja importante de docentes; e incluso frente al saqueo del Ioma, del IPS y el pago en cuotas del aguinaldo, ninguno de los tres sindicatos ha adoptado ninguna acción. Es absolutamente necesario que la seccional Suteba y también el resto de los sindicatos convoquen a reuniones de delegados virtuales o asambleas con esas características para canalizar los reclamos planteados, resolver la falta de nombramientos mediante actos públicos virtuales, $30.000 de garantía salarial a los docentes sin trabajo, rechazar los subsidios a las clínicas privadas por parte de Ioma y defender el IPS, así como reclamar la convocatoria inmediata  a la paritaria salarial por $40.000 de básico de emergencia y resolver los problemas de conectividad de las escuelas, alumnos y docentes, y satisfacer la cuestión alimentaria cuantitativa y cualitativamente a los alumnos.


El gobierno municipal de Alberto Gelené, del Frente de Todos, actúa en sintonía con Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, cuyo compromiso en el pago de la deuda externa ha dado lugar a la situación que hemos descripto. La lucha por el no pago de esa deuda y la campaña por un impuesto a las grandes fortunas impulsada por el FIT-U es entonces fundamental.




 

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29/06/2020

“No somos descartables”: jubilado fallece en la fila de un banco en Berazategui

Un jubilado murió mientras aguardaba, desde temprano, varias horas a la espera de cobrar su jubilación. El hecho se produjo este jueves pasado en la larga fila que todos los meses se produce en el Banco Supervielle ubicado en la esquina de calle 12 y 148, en la ciudad de Berazategui. Si bien el suceso generó conmoción en la opinión pública, no pareció inmutar a las autoridades municipales, y desde el banco siguieron con la misma modalidad de atención al día siguiente.


Por su parte, el intendente Juan José Mussi, quien pregona en sus redes el “nos cuidamos entre todos y todas”, dispuso días atrás la implementación de la circulación peatonal de una única mano en las veredas de la zona céntrica para favorecer el distanciamiento social. Pero dicha medida no alcanza a los jubilados que esperan horas afuera de los bancos en el frio, y nada resolvió luego del fallecimiento del jubilado, dejando sin ninguna medida de protección a la población de riesgo más vulnerable en esta pandemia.



La situación es más preocupante aún ya que Berazategui ha llegado a cifras records en contagio de Covid-19. Así lo informa el reporte municipal del miércoles 24 que arrojó 51 nuevos casos, duplicando en un solo día las cifras anteriores. Mientras, los jubilados dieron a conocer sus quejas en un video difundido por un medio local. Exigen que la Anses disponga otros bancos, o de lugares más aptos para ellos, donde puedan cobrar sus jubilaciones sin las históricas largas filas, que los exponen a las inclemencias del tiempo y al riesgo de enfermarse y hasta a perder la vida. Una de las jubiladas presente denuncia al banco y al municipio señalando que “no somos descartables”.


Esto es una muestra más del abandono del Estado hacia los adultos mayores, que a nivel nacional debutará con un recorte de sus jubilaciones mediante la suspensión de la movilidad y con la reciente presentación de Alberto Fernández del proyecto de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2020 la suspensión de la misma y seguir con los decretazos.


Por eso planteamos:


Implementación inmediata de otros medios de pago para jubilados y pensionados. Basta de interminables filas en los bancos.


La Anses debe ser administrada por los trabajadores y jubilados.


Defensa de la movilidad jubilatoria y el 82% móvil.




 

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29/06/2020

Histórico paro de trabajadores de prensa en Olavarría

Trabajadores del portal Infoeme paran por el salario y las condiciones de trabajo

Les periodistas y comunicadores del portal de noticias Infoeme, la totalidad de su redacción, se encuentran de paro desde hace tres días. Decidieron en asamblea tomar este medida ante los recientes ataques de la empresa a sus condiciones laborales, los incumplimientos del protocolo por Covid-19 y el no pago del último tramo de la paritaria 2019. La medida fue respaldada y acompañada por la Asociación de Periodistas de Olavarría (APO).


Desde el inicio de la cuarentena estaban realizando homeoffice (como tantos trabajadores de medios) sin que la empresa les reconociera los gastos que debían realizar. Hace dos semanas y de forma intempestiva se les anunció que debían volver a sus lugares de trabajo, a lo cual accedieron mientras se cumplieran las condiciones de salubridad y los protocolos correspondientes. Al reintegrarse se llevaron la sorpresa de que les habían trasladado de sede (a las oficinas Don Pepe, un playón de camiones ubicado cerca de la ruta 226), no contaban con las herramientas necesarias para trabajar (teniendo que conectar elles las computadoras), no se respetaban los protocolos de salud dispuestos para cuidarles del Covid-19, les habían cambiado el cronograma de trabajo modificando los turnos y extendiendo su jornada laboral, y les habían instalado una cámara para vigilarles.


Infoeme es una de las empresas del grupo que lidera Sergio Pérez, dueño también de Transporte Don Pepe y AyS Servicios Ambientales (que ofrece servicio de contenedores, baños químicos, oficinas móviles y garitas). Este empresario ya tiene historia de persecución y acoso laboral entre los trabajadores camioneros, donde en varias oportunidades atropelló derechos conquistados, maniobró asambleas de trabajadores y despidió a trabajadores luchadores. La cantidad de empresas que maneja, las ganancias embolsadas durante años y el hecho de ser en su mayoría rubros esenciales indican que no estamos ante una empresa con problemas económicos para afrontar el pago íntegro de los salarios (y los aumentos ya acordados en paritaria), sino ante un intento de adoctrinar y golpear a les trabajadores de prensa de forma aleccionadora para el resto de periodistas y comunicadores de la ciudad.


Desde hace años les trabajadores de prensa sufren ataques en sus condiciones laborales, con  salarios atrasados debido a una paritaria 2019 del 15% y realizando en muchos casos múltiples tareas. En nuestra ciudad, la mayoría de les periodistas y comunicadores de medios sufren estas condiciones: trabajadores de El Popular Medios han sido noticia durante todo el año pasado y lo que va de este por incumplimiento en los pagos de los salarios y por recortes salariales unilaterales de parte de la patronal durante la cuarentena.


La medida de lucha de les trabajadores de Infoeme ha sido rodeada de solidaridad no solo por otres colegas de medios, sino también por distintos activistas de la ciudad y por el Sipreba y la Fatpren a nivel nacional. Tanta relevancia tomó su lucha, que un trabajador de prensa, en plena conferencia de Ezequiel Galli, se solidarizó con sus compañeres obligando al intendente a tener que pronunciarse al respecto.


Hasta el momento no han recibido ninguna respuesta positiva por parte de la empresa a sus demandas. Lo que sí ha hecho la empresa es poner a un rompehuelga a sostener el diario digital, actualizando sus contenidos. Por todo esto, la medida de fuerza se sostendrá y pedirán la intervención del Ministerio de Trabajo.


Desde el Partido Obrero de Olavarría nos solidarizamos y acompañamos la lucha de les trabajadores de Infoeme, creemos que esta medida debe motivar al resto de les trabajadores de prensa a luchar a fondo por sus condiciones laborales y salarios. Repudiamos el intento rompehuelga de Sergio Pérez. Con la lucha de los trabajadores de Cerro Negro y las trabajadoras gastronómicas ha quedado demostrado que lo único que garantiza el triunfo es la acción directa, por esto ante la negativa de la empresa creemos necesario profundizar el plan de lucha.


¡Por la conquista de todas sus demandas! ¡Viva la lucha de les trabajadores de Infoeme!

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29/06/2020

Mainque-Río Negro: no al desalojo ilegal de los crianceros por parte del intendente Petricio

Miguel Petricio, el patrón de estancia peronista que hace mas de 2 décadas gobierna la valletana localidad Mainque, ahora abanderado por el partido de Juntos Somos Río Negro ha mandado dos cartas documentos absolutamente ilegales a los crianceros Alexis Zamora y Oscar Boccardi que hace años viven en el lugar conocido como La Aguada, sobre tierras fiscales, al norte de la localidad de Mainque. En las mismas les advierte que tienen 5 días para desalojar el lugar. De no ser así, el mismo se arroga el derecho de desalojarlos.


El intento de Petricio de avanzar sobre tierras fiscales es de larga data. Ambos crianceros relataron a un medio local que en 2018 el desalojo se produjo de hecho en el caso de Zamora, y sin carta documento de por medio. En aquel momento, fue gracias a los vecinos que pudieron levantar todo nuevamente. Aquella vez, Petricio se hizo de los animales de Zamora, entre ellos varios caballos, como relata Alexis Zamora. Aquella causa tramita en la justicia, sin solución hasta el momento, recuerda Alexis. Hace días Petricio, como Alexis relata y fue de publico conocimiento, se había hecho presente en el puesto de otro criancero, Claudio Placencia, para amenazarlos con camionetas, motoniveladoras y camiones, tratándolos de indios de las sierras y ratas. Además, segun trascendió en la denuncia de dicha familia, Petricio los habría amenazado de muerte, advirtiendo que era capaz de contratar sicarios para matarlos.


Oscar Boccardi, durante su relato, señala y responsabiliza a la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras por su seguridad y la de su familia, señalando que Petricio en este momento es de su mismo partido político. Además, Boccardi muestra con claridad que no existe ningún argumento detrás de la carta documento ilegal enviada por el intendente. Las acciones de Petricio dejan entrever tintes mafiosos y totalmente peligrosos para la población de Mainque y toda la provincia de Río Negro.


El gobierno provincial de Arabela Carreras, como la propia legislatura provincial y la Justicia han pasado demasiado años protegiendo a personajes de la política como Petricio, y al parecer pretenden seguir haciéndolo. Representantes políticos liderados del Frente de Todos del Alto Valle acaban de sacar una solicitada pidiendo a Petricio cordura y dejar en manos de la justicia todo lo sucedido. Lo que no se percatan es que dicha nota la firma el doblemente agresor e intendente Luis Ivancich, de General Godoy, al que en su momento también se protegió.


Desde el Partido Obrero decimos no al desalojo de los crianceros. Petricio tiene que ser puesto en el banquillo de los acusados, sobre todo por el pueblo trabajador de Mainque, que no puede seguir soportando estos atropellos.


 



 



 

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29/06/2020

Aguinaldo en el sector privado: los capitalistas quieren fraccionarlo

El ataque al aguinaldo es un nuevo episodio de la crisis en curso que deja planteado un problema de fondo: ¿quién paga la crisis?


En el sector privado restan apenas un par de días para cobro del SAC y en la mayoría de los lugares de trabajo se mantiene la incógnita sobre la forma de cobro. El gobierno ya anunció el fraccionamiento para los estatales y varias provincias emularon a Fernández. Toda una señal para el conjunto de la clase capitalista. Las Pymes desempolvaron una ley menemista que les permite fraccionarlo hasta en 3 cuotas. Sin embargo, la burguesía pretende mayores beneficios.


“Esenciales” y exportadores


Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal y vicepresidente de la UIA, anunció que “todo indica que el aguinaldo del sector privado va a pagarse en cuotas”. Insólito viniendo del vocero de la Copal, entidad que agrupa más de 30 cámaras de la industria alimenticia, un rubro que nunca detuvo su producción por encuadrarse en “actividad esencial” y que destina gran parte de su producción a la exportación.


De Rioja aseguró que el 75 % de las empresas no pagará en tiempo y forma. Una expresión más de flexibilidad laboral de hecho que pretende imponer la burguesía aprovechando la pandemia.


Planteó, además, todo un eje del lobby de la alimentación a la hora de reclamar asistencia estatal: “los especialistas sostienen que esta va a ser peor que la crisis del 30… el país tiene capacidad para alimentar más de 400 millones de personas en el mundo… hoy puede darse una gran oportunidad para los productores de alimentos a nivel global” y aseguró que tanto el gobierno como el empresariado tienen un visión puesta “en la reconstrucción” (El Cronista, 26/6).


El planteo es claro. Frente a la crisis le reclama al Estado mayores beneficios para las patronales alimenticias que orientan gran parte de su producción al mercado internacional. Ingresos en dólares, costos en pesos. Ganancias para las patronales, mayor recaudación para el pago de la deuda.


Lo que no explicó De Rioja fue porqué, con esa capacidad de producción, no llegan los alimentos a los sectores más vulnerables del país. Tampoco dijo nada de los negociados de las patronales que salieron a la luz con los sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo, ni del salario de pobreza de los trabajadores de la alimentación.


Por otro lado, mientras los contagios crecen exponencialmente y aparecen casos en todos los lugares de trabajo sostuvo que “hemos creado ámbitos laborales sanitizados y controles personalizados. Necesitamos aislamiento con producción”.


Funes de Rioja expresó todo un programa.


“Los mercadointernistas”


Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio, por su parte, señaló que la crisis dejará en al AMBA 100 mil cierres comerciales, lo que equivale a 800 mil despidos. Adelantó que se negociarán acuerdos individuales ya que no se llegó a un acuerdo con el sindicato acerca del fraccionamiento del SAC.


Está en línea con la burocracia sindical que no quiere dejar las huellas digitales en un acuerdo marco. Después de aceptar suspensiones y recortes salariales y no mover un dedo frente a la rebaja de las jubilaciones y los despidos, frente al SAC los popes sindicales optan por tomar distancia de un acuerdo general a los efectos de evitar una exposición mayor. No es de extrañar que proliferen las declaraciones y comunicados en repudio del pago en cuotas para después dejar pasar el fraccionamiento en los lugares de trabajo, sin organizar la lucha de conjunto en su defensa.


Por otra parte, Grinman rechazó los créditos a tasa subsidiada y reclamó tasa cero. Un reclamo del conjunto de la burguesía. Sin embargo no ahorró pesimismo para el futuro inmediato. Pronosticó un aumento exponencial de la pobreza hasta un 58% y una proyección de 2 millones de desocupados pospandemia (hoy la cifra es de 1,2millón). A confesión de partes, relevo de pruebas: la burguesía no ofrece ninguna salida a las masas.


Marcelo Fernández, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) representante de más de 90 cámaras patronales de la pequeña y mediana empresas industriales, reclamó tasas negativas para afrontar el SAC y direccionó el reclamo hacia el sector financiero. Un planteo que comparte con la burocracia sindical K y centroizquierdista que oculta deliberadamente que las pymes son el sector donde la explotación de los trabajadores y la informalidad toman sus formas más extremas.


Por su parte, la Cámara Argentina de la mediana empresa (Came), en un comunicado oficial, expuso su reclamo: que a las empresas con menos de 40 trabajadores el SAC sea financiando 100% a través de las ATP.


Planteó también la necesidad de créditos con fondos de la Anses a tasa cero.


La Cámara Argentina de la Construcción se pronunció a través de una encuesta: 8 de cada 10 empresas considera el pago fraccionado del SAC. Y el 31% de las mismas no sabe de dónde obtener recursos para cumplir con el pago del mismo. En criollo, no lo garantiza.


La rapiña por apoderarse de parte de los recursos estatales y descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores unifica al conjunto de la burguesía.


Con un Estado quebrado y sin recursos la lucha interburguesa tiende a agudizarse. La burguesía industrial y comercial está sometida al capital financiero con quien el gobierno está negociando un plan económico cuyo eje es el cumplimiento de los compromisos con los acreedores. O sea, derivar el ahorro y los recursos nacionales al pago de la deuda. Las contradicciones del régimen se agravarán conforme avance la crisis.


La burocracia sindical


Jorge Sola, secretario general del sindicato de Seguros y secretario de prensa de la CGT, sostuvo en nombre de la central que “no nos cae bien la decisión del gobierno”. Escueto. De plan de lucha ni hablar.


Pero no terminó ahí. Prosiguió con un plato recalentado: “también la CGT entiende que haya actividades que tengan que negociar para privilegiar los puestos de trabajo”. La vieja cantinela para no defender el salario ni enfrentar los despidos.


"La CGT tiene una posición muy clara: no podemos acordar bajo ningún punto de vista un acuerdo sobre los aguinaldos" (...) "Pero hay una realidad. Si una empresa no funciona hace tres meses y dice que lo va a pagar un poquito ahora y un poco el mes que viene, bueno. Pero no podés acordar, como CGT, generando condiciones universales. Vamos a respetar lo que haga cada organización sindical" (La Nación, 26/6).


Mientras tanto, Acuña, cosecretario general de la CGT, fue el primero en firmar un acuerdo de cobro desdoblado.


Todo indica que la burocracia sindical no va a dejar la huella digital en un acuerdo marco. Su intención es dejar pasar el fraccionamiento cortando en fetas al movimiento obrero.


El aguinaldo además de estar amenazado en tiempo y forma de cobro arrastra el costo de una anterior entrega de la burocracia. Se trata de las suspensiones acordadas por varios gremios apegadas al artículo 223 bis. El pago del SAC se calcula en esos casos en forma proporcional.


Como se ve, el ataque a los aguinaldos es parte de un programa integral de la burguesía para descargar la crisis sobre los trabajadores. Cuenta con la complicidad de la burocracia sindical. Sin embargo la bronca recorre a todos los trabajadores.


La situación es explosiva en un cuadro inflacionario, sin paritarias, con salarios recortados y en cuotas, con más de 110 mil despidos los últimos tres meses, con contagios en aumento y falta de protocolos adecuados en los lugares de trabajo, con un sistema sanitario en vísperas de la saturación. El gobierno y la burocracia saben que están parados sobre una olla a presión.


Desde la Coordinadora Sindical Clasista en el Partido Obrero, impulsamos una fuerte campaña en defensa del aguinaldo integrada a una lucha por todas las reivindicaciones de los trabajadores con un planteo de fondo: ¿quién paga la crisis? Impulsemos el debate en las fábricas y lugares de trabajo. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!





 

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29/06/2020

Eliminan el IFE en toda la provincia de Santa Fe

Preparemos una gran movilización contra este nuevo atropello.

Según las declaraciones vertidas por Fernanda Raverta, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), la provincia de Santa Fe, al igual que la casi totalidad de las provincias argentinas, quedará excluida del cobro de la tercera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).


El argumento del gobierno peronista para llevar adelante este ajuste y acentuar el hambre y la miseria de millones de argentinos, es que la tercera cuota solo la cobrarán las provincias que atraviesen la fase 1 de aislamiento obligatorio, por lo que el IFE solo permanecerá esencialmente en Ciudad de Buenos Aires, parte de la Provincia de Buenos Aires y el Chaco.


Este anuncio se produce luego de que se dieran a conocer los datos relevados por el Indec, correspondientes al primer trimestre de 2019, donde las cifras referidas a la desocupación alcanzan dimensiones alarmantes. El 10, 4% de la población nacional se encuentra desocupada, mientras que en el caso de Rosario la cifra trepa al 12, 9%, convirtiéndose en la segunda ciudad con mayor desempleo del país.


La eliminación del IFE en un país donde se prevé una caída económica del orden del 10%, donde se multiplican los despidos y donde cada vez más sectores sobreviven de los comedores y merenderos, a los que el Estado retacea los alimentos, pone en evidencia que la famosa “ayuda a los que menos tienen” por parte del gobierno de los Fernández es pura demogogia. Recientes informes dan cuenta de que la proporción del PBI destinada a las partidas para paliar la crisis en el marco de la pandemia en Argentina es menor que las existentes en el resto de los países de la región.


El IFE, que fue anunciado en un principio como un ingreso universal para todos los que carecen de un salario en blanco y que debía cobrarse mensualmente, terminó por convertirse en un ingreso único por familia, excluyendo al menos a cuatro millones de los solicitantes, y con cobros que se demoraron en periodos de hasta tres meses, es decir, que los $10.000 pasaron a convertirse en un ingreso mensual por familia de $3.300. Nuevamente el gobierno recula en sus anuncios progresistas: del “seguro universal al desocupado” que se batió como medida nacional y popular, pasamos a la eliminación del IFE en casi todo el territorio nacional –un ingreso que además está muy pero muy lejos de ser un verdadero seguro al parado.


Perotti y Javkin no acusan recibo


Pese al anuncio del gobierno nacional de eliminación del IFE, no hemos escuchado declaración alguna del gobernador Omar Perotti ni del intendente de Rosario del Frente Progresista, Pablo Javkin, respecto a cómo piensan suplantar la pérdida de este ingreso para más de medio millón de familias.


Las alarmantes cifras de desocupación en Rosario, Villa Constitución y de gran parte de la provincia pretenden ser ignoradas por los que gobiernan y vienen gobernando Santa Fe hace cuatro décadas. No solo no existe ningún subsidio provincial para los desocupados sino que incluso han recortado y suspendido la inscripción a programas existentes.


Vamos por una gran movilización contra la eliminación del IFE


Desde el Polo Obrero de Santa Fe impulsamos la convocatoria a un plan de lucha contra la eliminación del IFE y contra la pretensión del gobierno nacional y provincial de profundizar el hambre y la miseria entre los trabajadores.


La lucha por la permanencia del mismo va acompañada del reclamo de su universalización para todo desocupado o trabajador precario, y de su aumento a $30.000 mensuales, para superar la canasta de pobreza.


Llamamos a todas las organizaciones del movimiento de trabajadores desocupados a organizar un gran frente de lucha en defensa del IFE y su extensión y aumento, para que la clase obrera no siga pagando con sus condiciones de vida, ya sumamente golpeadas, la crisis capitalista que ella no creó.


Impulsamos un gran pronunciamiento entre toda la población trabajadora a favor del proyecto de impuesto a las grandes fortunas del Frente de Izquierda. Con un gravamen progresivo a los Vicentin, Cargill, Bunge, Dreyfus y toda la clase capitalista que explota impunemente los recursos nacionales, se puede sostener perfectamente una asistencia integral a los desocupados y un plan de reactivación económica en beneficio de las mayorías que viven de su trabajo.



 

29/06/2020

Unas 5 millones de personas perderían el IFE

El gobierno le suelta la mano a quienes más lo necesitan.

Con los anuncios oficiales del pasado viernes 26, el gobierno nacional dio a conocer la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en su tercera versión, pero esta vez restringido a las zonas más afectadas por la propagación del coronavirus. Con esta diferenciación, se estima que el gobierno recortaría entre el 55% y el 50% de los beneficiarios del IFE, lo que podría afectar a unas 5 millones de personas. 


Si bien aún no está la letra chica de esta disposición, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, brindó algunas precisiones a los medios. El pago del IFE estaría condicionado a tres parámetros que, según la funcionaria, evaluarían “una cuestión de precariedad habitacional, otra de línea de pobreza e indigencia, y una cuestión de cantidad de contagios y en la necesidad de cuidar esa no salida". Estas tres variables habría que combinarlas con “una definición geográfica para definir dónde va a llegar”. Es decir que a todas luces estamos ante un recorte del escaso programa que ofrecía unos $10.000 como prestación económica excepcional, para todos aquellos trabajadores desocupados o independientes que vieran suprimidas sus fuentes de ingreso debido a la cuarentena y los efectos de la pandemia en la economía.


Sobre estas bases, se estima que por zona geográfica abarcada se estaría hablando del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) –que implica a la Ciudad de Buenos Aires y 40 distritos de la provincia de Buenos Aires-, Chaco, y las previsiones más optimistas incluyen la ciudad de Córdoba.


Si consideramos que el segundo pago del IFE implicó a casi 9 millones de personas, de las cuales un 36,3% pertenece a la provincia de Buenos Aires (mayoritariamente al Amba), un 3,8% a CABA y un 4% a Chaco, totalizaríamos un 44%1 del beneficio previsto para el segundo pago, lo que dejaría 5 millones de beneficiarios por fuera del tercer pago. A su vez, se calcula que, en su mejor momento, el costo de este beneficio llegó a alcanzar los casi $90.000 millones. El actual recorte implicaría un “ahorro” para el Estado de $50.400 millones (LPO 28/6). También se ha dejado entrever la posibilidad de un aumento de $2.000 para quienes queden en carrera en la tercera entrega del IFE, lo que llevaría el costo total el programa a $47.520 millones, apenas por encima de la mitad de los recursos destinados en los pagos anteriores.


También es importante señalar que, a más de 100 días de iniciada la cuarentena, aún no se ha depositado la totalidad del segundo pago del IFE, siendo que según el cronograma oficial se concluiría recién el 17 de julio: a casi cuatro meses de iniciada la cuarentena.


La doble vara el gobierno


El gobierno ha decidido cortar el hilo por lo más delgado, en vistas a que se trata de millones de personas cuya capacidad de incidir contra estas medidas hace primero necesaria su organización colectiva. Alberto Fernández se basa para esta decisión en que se estima que el 85% de la actividad productiva y comercial del país ya se ha recuperado, debido a la implementación de fases más flexibles de la cuarentena en la casi totalidad del territorio nacional. Sin embargo, omite el carácter alimentario de la prestación que se dispone recortar para millones de beneficiarios, que por efecto de la pandemia han visto reducirse sus ingresos, independientemente de la fase en la que se encuentre su provincia o región.


Tal es así el reconocimiento de esto que el gobierno nacional aplica una doble vara para resolver respecto al beneficio que perciben los sectores de trabajadores más golpeados y el ATP que va dirigido a subsidiar a los capitalistas. Respecto de este último, el gobierno mantendría una tercera edición del ATP, sin límites a la cantidad de empleados por empresas –abarcando así a los grandes capitalistas con espaldas propias para sustentar los salarios-, y con un aporta más bajos para la empresas del interior, sin diferenciar entre empresas que se encuentran funcionando y las que no (Clarin 29/6). Es decir que el gobierno sigue financiando a los empresarios pero le corta el sustento a 5 millones de trabajadores, cuando estos más lo necesitan.


Con una crisis económica agravada, cientos de miles de nuevos desocupados y una proyección de caída económica del 9,9%, la tarea inmediata consiste en otorgarle una respuesta a millones de trabajadores afectados por esta situación. El IFE debería ser otorgado a todo solicitante que lo necesite y su monto aumentado para satisfacer las necesidades alimentarias, sanitarias y habitacionales de quienes se ven impedidos de garantizárselo por otros medios. Es el señalamiento que desde el primer día realizó el Partido Obrero en pos de un seguro económico de $30.000 para desocupados y trabajadores independientes durante esta crisis. Se instala entonces la necesidad de ir a fondo por el pago nacional del IFE, sin ninguna discriminación geográfica y el aumento del monto a $30.000 para defender las economías de las familias obreras.




 

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29/06/2020

Misiones: enfermeras se movilizan por salarios y el pase a planta

Misiones: enfermeras se movilizan por salarios y el pase a planta

Enfermeras profesionales del interior de la provincia de Misiones se movilizaron el pasado viernes 26 al Ministerio de Salud Pública, en la Ciudad de Posadas, para exigir una audiencia con las autoridades. Reclaman la equiparación salarial de todos los enfermeros de la provincia, el pase a planta permanente del conjunto de los contratados dependientes del Parque de la Salud o del ministerio, la cobertura de un seguro de riesgo a cuenta de la patronal y el pago de adicionales y del presentismo adeudados.


Las condiciones de trabajo en los hospitales misioneros


Los profesionales de Enfermería del interior, de los hospitales de nivel I y II, son los que están en la primera línea de la batalla ante esta pandemia, trabajando bajo condiciones de precariedad y con falta de insumos.


El modelo de gestión “misionerista” en el área de Salud se caracteriza por la precariedad del trabajo y los salarios miserables. Algo que se profundizó desde que en 2010, por la Ley XVII-N° 70, se fundó el Parque de la Salud, y una parte de los trabajadores del sector pasaron a depender de una Fundación y no del Estado en relación directa. Y, por lo tanto, se agudizó su precarización: prestan servicios bajo un régimen de contratos basuras, que van de los tres meses al año de duración, no definen montos salariales a la hora de firmar y condicionan la continuidad a la “evaluación del desempeño” –es decir, a la sumisión a las directivas de la patronal. Todo ello deriva en aprietes y persecuciones constantes de la patronal, que ante el menor reclamo utiliza los traslados y la “renovación de contratos” como un arma de coerción sobre los trabajadores.


En la provincia de Misiones existen más 600 enfermeros bajo contrato de la Fundación Parque de la Salud, y más de 200 de ellos se encuentran en el interior de la provincia. Además de encontrarse en las condiciones que describimos arriba, estos últimos perciben salarios más bajos que los enfermeros que se desempeñan en Posadas, aunque realizan la misma tarea. De esta manera, la patronal busca dividir a los trabajadores y generar discordias entre ellos, cuando es esta la que ataca y discrimina el salario de los enfermeros.


La lucha de los trabajadores


En 2019 los trabajadores de la Salud llevaron adelante una enorme lucha, que incluyó paro, movilización y un acampe frente al Ministerio de Salud que logró un compromiso entre la gremial ATE Salud y el ministerio para el pase a planta de 200 trabajadores. Pero hasta el día de hoy, ni el ministerio ha cumplido con el acuerdo ni el sindicato ha planteado un plan de lucha acordado con los trabajadores para que se cumpla lo acordado.


A la situación de precariedad laboral se agrega la situación sanitaria que vive la provincia, con la epidemia de dengue y la pandemia de Covid-19. Los enfermeros se encuentran en la primera línea de combate contra esas enfermedades y por lo tanto se encuentran mucho más expuestos. Más aún si contamos que no reciben los insumos sanitarios necesarios para resguardar su salud.


Es necesario que los enfermeros de Misiones avancen en la elaboración conjunta de un plan de lucha. Para ello es prioritario el desarrollo de asambleas de base en los lugares de trabajo, donde se discuta un pliego de reivindicaciones. Un pliego que contemple el cumplimiento urgente del acuerdo de septiembre de 2019, la equiparación salarial del conjunto de los trabajadores con el mejor salario de la rama, el pago inmediato del Bono Nacional para los trabajadores de la salud y la garantía de que no se sancionará o perseguirá a los trabajadores que han luchado por sus derechos laborales.


Asimismo, llamamos a todos los trabajadores de la salud y de otras dependencias del Estado a organizarse en la agrupación Tribuna Naranja, para recuperar ATE Misiones y darle un carácter combativo e independiente, bajo control de los trabajadores.

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29/06/2020

Neuquén: miles de petroleros continuarán suspendidos con fuertes rebajas salariales

El acuerdo sellado, negativo para los obreros, le asegura a la burocracia petrolera el ingreso de los fondos sindicales.

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que lidera Guillermo Pereyra, acaba de pactar con la cámaras de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) la continuidad de las suspensiones, con fuertes reducciones salariales, por el plazo de tres meses (hasta el 31 de agosto).


El convenio continúa con cláusulas del acuerdo firmado en abril, pero con diferencias más negativas para los trabajadores. Es que los obreros suspendidos percibirán el salario básico, zona y turno, más una vianda de ayuda alimentaria, con la novedad que ahora la totalidad a cobrar no podrá superar los $60.000 de bolsillo. Se trata de un convenio principalmente para las empresas de servicios especiales, ya que en este sector los salarios de los obreros son más elevados como consecuencia de la especialización de las tareas. Para otro sector de la industria petrolera, las suspensiones representan rebajas que superarán el 50% del salario e incluso más. Sucede que los básicos rondan entre los $20.000 a $35.000, y, sin poder realizar las diferencias en el campo o yacimientos, los ingresos de los petroleros quedan por debajo de la línea de la pobreza.


Otro de los aspectos clave del acuerdo es que los trabajadores y las empresas deben volver aportar los porcentajes para la obra social y a la mutual del sindicato, algo que había quedado suspendido en el último convenio firmado en abril. Con el presente acuerdo, Pereyra canjea el salario de los trabajadores para obtener mayores ingresos a la caja del sindicato. Por eso, el dirigente lo resumió señalando que “hay que hacerlo porque si no se derrumba todos los beneficios que tienen los trabajadores. Ya tuvimos la experiencia en los últimos dos meses, donde se cayó la recaudación en 154 millones de pesos”.


Aunque no se conoce la letra chica del acuerdo, Pereyra y las entidades nada dicen sobre las condiciones de bioseguridad para enfrentar al Covid-19. Es que los contagios en los lugares de trabajo han comenzado y las denuncias por falta de medidas de bioseguridad son elocuentes. Después de conocido el caso en Halliburton, los trabajadores denuncian que, por ejemplo, las trafic que los trasladan a los yacimientos van repletas.


Para las patronales ha quedado en el tintero una exigencia central. Que las futuras negociaciones y acuerdos se hagan por cuenca o yacimiento, lo que equivale a imponer la negociación por empresa, atomizando al colectivo obrero.


El acuerdo, que es presentado como un “esfuerzo” de trabajadores y empleadores, constituye en verdad un duro golpe contra los primeros, quienes están soportando los costos de esta crisis. No es el salario de los obreros el que puede soportar el parate, sino las patronales del sector energético, que han acumulado ganancias extraordinarias con tarifas dolarizadas

(soportada por la población, que las pagó con fuertes tarifazos) y una adenda en el convenio colectivo que reforzó la superexplotación de los trabajadores.


En este escenario, el Partido Obrero levanta el siguiente programa: por una cuarentena con el 100% del salario, comités electos por los trabajadores para fijar y controlar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, apertura de los libros contables de las empresas, reparto de las horas de trabajo y anulación de la adenda flexibilizadora. Todo este planteo inmediato lo asociamos a la necesidad de una reorganización de la industria energética, basada en la nacionalización del sector y bajo el control de los trabajadores.

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29/06/2020

Neuquén: un ministro vaciador y machista lanza escuela de género

Un taparrabos para la política misógina del MPN.

Plenario de Trabajadoras Neuquén

La Subsecretaría de las Mujeres de la provincia de Neuquén lanzó recientemente la “Escuela de género”, un programa a través del cual se articulará con los gobiernos locales el dictado de capacitaciones que permitan llevar adelante “políticas de Estado con perspectivas de género”, lo que “facilitará la implementación de la Ley Micaela en cada una punto de la provincia”.


La iniciativa surge del ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, quien es el responsable de vaciar la clínica Cutral Co y dejar en la calle a decenas de mujeres, a las cuales no les pagó ni los salarios por meses trabajados.


En esta línea de hipocresía, el funcionario sostuvo ante el lanzamiento del programa que “los derechos deben estar siempre sobre la mesa y no nos tienen que venir a recordarlos”. Pero en Neuquén, como en todos lados, las mujeres sufrimos violencia por la falta de independencia económica de los agresores: es lo que sucede con las compañeras desocupadas, las que trabajan en negro -como las empleadas domésticas, o la juventud en las plataformas de reparto y el sector gastronomía y turismo- y sufren la precarización laboral, como les pasa a miles de tercerizadas en esta provincia. Todo bajo las mismas barbas del ministro.


Por supuesto que nada de esta realidad está plasmado en las capacitaciones que lleva a cabo la Subsecretaría, que es la que decide los contenidos para estos talleres. Contenidos que no reflejan los reclamos del enorme movimiento de lucha de las mujeres, que puso en la agenda política la necesidad de estos espacios de formación.


Como ya lo remarcamos en nuestra votación a favor de la Ley Micaela en el Congreso Nacional y en la Legislatura a nivel provincial, ninguna ley cambiará la situación de violencia a las mujeres a la que nos condena el Estado. Ella es parte de la reproducción de un régimen social que necesita del sometimiento de las mujeres como un mecanismo elemental y específico, que tiene por finalidad la opresión del conjunto de las y los explotados.


Las mujeres de esta provincia tenemos historia de lucha contra estos gobiernos ajustadores, que no han aumentado un solo peso el presupuesto para atender situaciones de violencia. El ministro Corradi Diez, la ministra de Gobierno y Seguridad Vanina Merlo, la subsecretaria de las Mujeres Patricia Maistegui, deberían presionar al gobernador Omar Gutiérrez para que reglamente en forma urgente la Resolución Nº 1057 de Casas refugio en esta provincia, que lleva dos meses de aprobada. El reclamo, de larga data en la agenda del movimiento de mujeres, fue plasmado en la iniciativa de la diputada Patricia Jure, del Partido Obrero-Frente de Izquierda. Pese a haberse aprobado por unanimidad en la Legislatura provincial, aún no vemos que se haya aumentado un solo peso del presupuesto para que se garantice.



Estos funcionarios deberían dar cuenta de la situación en que se encuentran los albergues para mujeres víctimas de violencia. El refugio “Madre Teresa”, dependiente del gobierno provincial y ubicado en la ciudad de Neuquén, no tiene edificio propio y sus plazas están todas ocupadas. En la agenda de reclamos también se encuentran la apertura del refugio en Zapala (a medio construir hace muchos años), y refugios dependientes de los Municipios de Villa Angostura, Las Lajas y Aluminé. Exigimos una casa refugio cada 20.000 habitantes, con equipos profesionales completos, asesoría legal y bajo Convenio Colectivo de Trabajo.


La Escuela de Género de los Corradi Diez es la patraña del gobierno del MPN para ocultar su política misógina.


El movimiento de mujeres tiene su propia Escuela de formación en la lucha contra el Estado (que nos condena a todo tipo de violencia psicológica, económica y física) y contra los gobiernos patronales que son la expresión de un régimen de opresión de clase.


Para conquistar nuestros derechos y garantizar los conquistados, es necesario un Consejo Autónomo de las Mujeres, electo por las propias mujeres y con mandato revocable.


Reglamentación YA de la Resolución Nº 1057 de Casas refugio.


Ni Una Menos; el Estado es responsable.



 

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29/06/2020

Las protestas en Canadá ponen la violencia estatal en la mira

El movimiento #blacklivesmatter denuncia la opresión sistemática contra pueblos originarios y afrodescendientes

La rebelión popular disparada en Estados Unidos a partir del asesinato racista de George Floyd a manos de la policía generó movilizaciones a lo largo y ancho del mundo. En Canadá, tuvieron lugar importantes manifestaciones en todas las grandes ciudades del país, así como en las capitales provinciales. En Ottawa, la capital, miles se movilizaron desde el parlamento hasta la embajada de EEUU, que se sumaron a los miles movilizados en Toronto o Vancouver, pero las movilizaciones llegaron incluso a ciudades del extremo norte del país como Iqaluit, la capital del territorio autónomo de Nunavut.


Además de solidarizarse con Floyd, las protestas canadienses denuncian la persecución contra la población indígena y afrodescendiente. Un estudio citado por el sitio de CBC News (3/6) indica que la población negra de Toronto representa el 36,5% de las víctimas a manos de la policía, entre los años 2000 y 2017, siendo apenas el 8% de la población de la ciudad. Y hace sólo un año atrás, una investigación oficial confirmó el asesinato de mil mujeres indígenas entre 1980 y 2012 y más de 100 desapariciones. El informe alude a un genocidio planificado, con la complicidad del Estado.


Las protestas han puesto en la mira algunos de los últimos casos del accionar policial: la descendiente de africanos y originarios Regis Korchinski-Paquet murió luego de caer de su departamento en el marco de un operativo policial en Toronto. La familia reclama la formación de una comisión investigadora independiente, porque sospecha del accionar de los efectivos. En abril, D’Andre Campbell, un afrodescendiente, fue asesinado por la policía con un arma convencional en su casa luego de haber sido inmovilizado por una pistola Taser. Jason Collins, un hombre originario, paciente psiquiátrico, fue víctima también del ‘gatillo fácil’.


La opresión hacia los pueblos originarios y afrodescendientes se expresa fuertemente también al considerar la población carcelaria, en la que tienen un peso desproporcionado los miembros de pueblos originarios, quienes representan el 30% de quienes se encuentran privados de su libertad mientras son solo el 5% de la población general. Entre los afrodescendientes, los números son de un 8.6% y un 3% respectivamente. La discriminación y la violencia hacia las minorías son constitutivas del Estado canadiense, cuyo desarrollo ha estado íntimamente ligado a la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras y a la explotación de los recursos naturales allí existentes. El 35% de las exportaciones canadienses provienen de la minería y de la industria forestal. Las relaciones entre el Estado canadiense y las comunidades nativas aún se rigen por la colonialista ‘Ley de indios’ vigente desde 1876. El desenlace de esta política ha sido el abismo existente entre las condiciones de vida de esas comunidades y el resto de la población canadiense: el porcentaje de niños originarios bajo la línea de la pobreza orilla el 40%, contrastando con el 13% entre la población de origen europeo. Se prevé que la actual migración de la pandemia de Covid-19 desde los centros urbanos a los espacios rurales haga estragos en comunidades carentes de agua potable y con instalaciones de salud públicas deficientes (Informe de Human Rights Watch 9/6).


Ante este cuadro y para canalizar el crecimiento de las protestas en los marcos del régimen político, el primer ministro Justin Trudeau, del progresista Partido Liberal, ha emprendido un rumbo de coqueteo con las movilizaciones, participando de las mismas y buscando generar un contrapunto con la virulencia de Trump contra las protestas. Es un acto de una inmensa hipocresía, puesto que la persecución proviene del Estado que él mismo encabeza. Canadá integra también la Otan y sus tropas han participado de la intervención militar en Afganistán y Libia.


Las protestas canadienses desenmascaran los crímenes del Estado capitalista, gobernado alternativamente por liberales y conservadores. Para derrotarlo, es necesaria la intervención y el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.



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29/06/2020

La campaña “inclusiva” de Calvin Klein: el pinkwashing de las patronales

,Agrupación LGBTI 1969

Junio es el mes del orgullo internacional, ya que en el día 28 del mismo se conmemora la rebelión de Stonewall, una revuelta contra la represión policial y la opresión de este sistema hacia las personas LGBTI+.

A esta tradición de lucha, el sistema capitalista le ha opuesto a lo largo de los años una campaña asimilacionista, buscando mostrar cómo podría existir un “capitalismo inclusivo”, convirtiendo en muchos países a la marcha del orgullo -originada de una rebelión contra este sistema- en un desfile corporativo de empresas “LGBT+ Friendly”. Sin irse muy lejos, la cervecera Brahma tuvo su propio camión en la marcha del orgullo argentina el año pasado.

Operaciones como esas no se quedan solo en el 28: a lo largo del mes se desarrollan diferentes campañas de las empresas, con el fin de aumentar sus ventas y lavar su imagen, apelando a un marketing "inclusivo" y "plural". A estas estrategias de marketing de parte de las compañías, apelando a la simpatía del colectivo LGBTI con el objetivo de ser vistas como progresistas, se les llama "pinkwashing" (lavado rosa).

Así, los diferentes sitios oficiales de las marcas cambian temporalmente: la corporación tecnológica IBM se pinta de los colores de la comunidad para demostrar su "apoyo"; y Adidas y Nike lanzan ediciones limitadas y especiales de zapatillas con otros colores y dibujos alusivos, usan frases de "orgullo" y citan activistas con el propósito de "visibilizar".

Este año el premio a la mejor estrategia de marketing de pinkwashing se lo llevó la empresa de indumentaria Calvin Klein, que, en el contexto de la rebelión en EE.UU., colocó una gigantografía en medio de Nueva York de Jari Jones -una mujer afrodescendiente transexual, lesbiana y de una corporalidad no hegemónica- utilizando indumentaria de la empresa. Esta imagen se viralizó en las redes sociales de todo el mundo como un ejemplo a seguir.

Vale apuntar, por un lado, hacia quién está dirigida esta publicidad, que con seguridad no es la comunidad que se muestra en la publicidad. Este “capitalismo inclusivo” no lo es para la clase trabajadora, generalmente imposibilitada de acceder a la indumentaria de estas marcas por sus altos costos. Lo mismo sucede con todo el mercado que se genera alrededor de la comunidad LGBT+.

Por otro lado, mientras estas empresas lucran con la imagen de este colectivo, no lo tienen en cuenta a la hora de proporcionar un empleo. La situación de la comunidad travesti-trans en Argentina, con un 80% de desempleo y la mayoría del 20% restante con trabajos informal, se replica o empeora a lo largo del mundo. Calvin Klein, que cuenta con fábricas en China, se ha beneficiado largamente de sus relaciones con el gobierno del país asiático, que mantiene la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo género -y ni hablemos de los derechos de la comunidad travesti-trans. El Ejecutivo de Xi Jingping no solo salió en apoyo de la marca anunciando sanciones contra los falsificadores de sus productos (Fashion United, 12/11/18); más aún, hay denuncias de que ha nutrido a los proveedores de la “marca inclusiva” de mano de obra esclava del grupo étnico uigur, transferido a las fábricas desde los “centros de reeducación” (cárceles) del gobierno (La Vanguardia, 2/3/20). La marca también tienen denuncias por utilización de trabajo esclavo en India.

No se puede esperar mucho de empresas que en junio son “inclusivas”, cuando mantienen trabajo esclavo o en condiciones que rozan el mismo. En las fábricas de Nike, Puma y Adidas, por ejemplo, las trabajadoras son obligadas a hacerse tests de embarazo y en el caso de no pasarlo quedan despedidas. Los salarios de por sí son más bajos de lo reglamentariamente establecido. No se cumplen las normas de salud en cuanto a la manipulación de productos tóxicos y medidas de prevención de riesgos laborales. Burlan las normas relacionadas al horario de trabajo, y así una infinidad de políticas contra los derechos de les trabajadores.

Si lo que buscamos es una inclusión real, debemos terminar con estas condiciones de trabajo infrahumanas, y luchar por trabajo formal para les compañeres travesti-trans. Además de la inclusión laboral, una inclusión en los sistemas de educación y salud pública donde puedan realizar sus tratamientos hormonales sin que sean desfinanciados por el Estado, y una Educación Sexual, Laica y Científica que incluya a la diversidad sexual y de género. Donde cada une sea respetade por su género autopercibido y nombre, donde no seamos criminalizades por las fuerzas de seguridad estatales.

Sabemos que para que esto sea posible tenemos que organizarnos junto a la clase trabajadora, que estas mismas empresas explotan, para terminar con este régimen de opresión capitalista que nos discrimina y oprime.

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29/06/2020

Esteban Echeverría: destruirán la Laguna de Rocha para armar un predio para Racing

Sin consulta previa a los vecinos/as y organizaciones ambientalistas, el intendente Gray le dio vía libre al proyecto de complejo deportivo para el plantel de Primera.

Con el aval del intendente del distrito, Fernando Gray, en condición de titular del Comité de Gestión de la Reserva Natural de Rocha y sin consulta previa a los vecinos/as y organizaciones ambientalistas que integran dicho comité, se le dio via libre al club Racing para que inicie las obras de su campo deportivo de alto rendimiento dentro del área declarada de reserva.

 

La noticia circulada por los medios zonales y publicada en el propio sitio web del club tomaron por sorpresa a los miembros del Colectivo Ecológico “Unidos por Laguna de Rocha” quienes denuncian que las gestiones para habilitar las obras se hicieron a espaldas de los vecinos, valiéndose del contexto dado por la cuarentena para avanzar con el proyecto.

 

Dado que existía una cautelar que impedía el avance de las obras sobre el humedal, fue por intermedio del actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, quien realizo las gestiones ante la Corte Suprema bonaerense para aceptar el informe presentado por el club, de viabilidad e impacto ambiental de las obras y así levantar la medida. En ese informe el club se compromete a trabajar en conjunto con la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) - la autoridad de aplicación de la reserva, - y el municipio. Ante esta situación el intendente Gray como presidente del Comité de Gestión debía convocar a un miembro de la OPDS, Acumar, y a las organizaciones ambientales para discutir este informe, pero sin embargo nunca lo hizo y en consecuencia elevo un dictamen a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en donde confirma que “habiendo sido sometido a tratamiento el Informe del Racing Club (su plan de obras más Evaluación de Impacto Ambiental) y no registrándose ni consultas ni oposiciones, da por aprobado el ‘Proyecto de Centro Deportivo Néstor Kirchner’ del Racing Club Asociación Civil”. (Realidad Sur 23/6)

 

 

El terreno ocupa 32 hectáreas y será destinado al plantel de primera

 

Debido a que la zona es un humedal, para avanzar en la construcción se necesita la tala y el desmalezamiento con la consecuente pérdida de la biósfera de Laguna de Rocha y el relleno de los humedales, los cuales juegan un destacado rol como reservorio de agua ante las inundaciones de la zona, agravando la situación de los vecinos del barrio 9 de Abril que vienen sufriendo sistemáticamente las inundaciones en sus barrios como la reciente del año pasado que trajo como consecuencia perdidas y daños irreparables.

 

Se abre así un nuevo capítulo de una larga lucha de vecinos y vecinas contra la especulación inmobiliaria que comenzó por el 2009 cuando por disposición del entonces expresidente Néstor Kirchner le fueron otorgadas 32 hectáreas de la reserva al club. A partir de allí con la organización y movilización de vecinos y ambientalistas se logró una cautelar que logro frenar las obras y la declaración posterior, en el 2012, de estado de Reserva Natural. Pero no es el único interés privado que busca hacerse con tierras de la reserva: el empresario Gustavo Pierri, hermano de Alberto Pierri dueño de Telecentro y ex funcionario menemista también se hizo de 30 hectáreas en el predio de la laguna y sobre quien también se logró frenar las obras de construcción.

 

La Laguna de Rocha atraviesa diversas problemáticas entre incendios, cacería ilegal, basurales y venta de terrenos ilegales. Por el importante patrimonio natural e histórico que representa la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha es necesaria la defensa de la misma, por esto mismo:

 

·         Denunciamos el avance de las obras para la construcción del complejo deportivo de Racing y pedimos que cesen de inmediato.

 

·         Que el municipio, la OPDS y Acumar convoquen a una reunión de emergencia junto a los vecinos y las organizaciones ambientalistas para tratar el tema.

 

·         Restitución de las hectáreas cedidas al club Racing y al empresario Gustavo Pierri al área de reserva natural protegida.

 

·         Creación del parque Reserva Natural Laguna de Rocha para el acceso y disfrute de los vecinos bajo control de un comité de vecinos y organizaciones ambientales.

 

·         Plan de viviendas y relocalización de los vecinos asentados en las áreas inundables aledañas a la laguna.

 

 

 

 

 

 

 

 

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29/06/2020

Nicaragua: el oprobioso final de Edén Pastora

desde Nicaragua para Prensa Obrera

Edén Pastora (a la derecha), junto al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

Mientras la dictadura Ortega- Murillo oculta las más de1.398 muertes (1) en nuestro pequeño país de 6 millones de habitantes, y no toma medidas ante la pandemia, la muerte por Covid-19 del comandante guerrillero Edén Pastora Gómez (2) -conocido como ‘Comandante Cero’, atrajo la atención de medios nacionales e internacionales.


La figura de Edén es una de las más conocidas de la Revolución Popular Sandinista de 1979. Dos años antes del triunfo de esa revolución, este hombre de ideas conservadoras se incorporó a la denominada tendencia ‘tercerista’ del FSLN (3) y en agosto de 1978 estuvo al frente de una operación de gran audacia y resonancia: la toma del Palacio Nacional, mientras el parlamento sesionaba allí con todos sus diputados dentro. Esta intrépida acción conllevó la libertad de los presos políticos sandinistas detenidos por la dictadura de Somoza y supuso un golpe de efecto mediático para la lucha revolucionaria.


Posteriormente, Pastora estuvo a cargo del más publicitado de los frentes de lucha insurreccional, el Frente Sur. Éste operaba desde la vecina Costa Rica y consiguió en junio de 1979 empantanar a una parte de las fuerzas de elite de la Guardia Nacional somocista mientras los guerrilleros de los demás frentes de lucha lográbamos tomar las más importantes ciudades y, finalmente, el avance hacia la capital Managua, en julio de 1979.


Pero más allá de los episodios más publicitados de su vida, ¿cuál fue la verdadera trayectoria de Pastora? ¿Cuál fue realmente el final del Comandante Cero? ¿Qué es lo que la historia recogerá de él? ¿Sus acciones anti somocistas, la acción espectacular del Palacio, los intereses a los que sirvió, o su final como paramilitar orteguista y violador de Derechos Humanos?


Pastora fue sin duda un luchador anti somocista. De historia fragmentada, es cierto. A la edad de 23 años fue parte del Frente Revolucionario Sandino (FRS) entre 1959 y 1960. En 1962 apareció fugazmente en la unificación entre el naciente Frente de Liberación Nacional (FLN) y el FRS, pero no quiso participar en la organización que luego se llamaría (FSLN). porque consideró a sus primeros integrantes como muy comunistas (Fisher, 2010: 37-39).


Acogido a la amnistía de 1963 se involucró luego en la campaña presidencial de Fernando Agüero, candidato del Partido Conservador. En 1967 participó en la búsqueda de armas, cuando un sector de la dirigencia conservadora pensaba podría conseguir una fractura en el ejército y hacer renunciar a Somoza de sus aspiraciones presidenciales. Fue capturado en esa misión un día antes de que la guardia somocista asesinara 300 opositores(Bonilla, 2010; Ortega, 2004). Liberado en marzo mediante otra amnistía, fue contactado nuevamente por el FSLN. Durante varios meses prestó su finca'El Pilón’ para entrenar a jóvenes reclutas. Descubiertos por la Guardia Nacional, Edén logró escaparse y eventualmente logro asilarse en laembajada de Venezuela (Ortega, 2004). Estuvo un tiempo en Suiza, y de ahí partió hacia Guadalajara, México, donde había iniciado estudios de medicina antes de 1959.


En 1971 tomó contacto nuevamente con el FSLN y entró a Nicaragua para incorporarse a la guerrilla en la montaña, que para entonces ya estaba a cargo de Henry Ruiz (Comandante ‘Modesto’). Permaneció por corto período en la montaña porque entró en conflictos con el mando (Baltodano, 2010). Por ello se retiró totalmente de la lucha hasta que fue contactado nuevamente en 1977, por Sergio Ramírez Mercado.



La pragmática tendencia ‘Tercerista’ del FSLN, surgida en 1976 y de cuya dirección formaban parte los hermanos Humberto y Daniel Ortega, se propuso una audaz política de alianzas y abrieron de par en par las puertas para la incorporación de nuevos militantes. También consideraban era importante ´descolorar´ la imagen del FSLN, hasta entonces vista como una organización marxista, con la incorporación visible de figuras conservadoras, de empresarios, de declarados anti-comunistas, entre otros. En este panorama, la figura de Edén Pastora era ideal para la agrupación no sólo por su reconocida historia conservadora y anticomunista, sino porque su llamativa personalidad y su facilidad de manejo con la prensa favorecerían la proyección que el FSLN necesitaba en el exterior, en momentos en que ya estaban creadas al interior del país las condiciones insurreccionales.


Edén Pastora en la Revolución Sandinista


Posteriormente al triunfo de la Revolución en 1979, Pastora ocupó el cargo deVice­ministro del Interior, y luegoViceministro de Defensa y Jefe Nacional de las Milicias Populares Sandinistas (MPS).


Dos años después, en julio de 1981, renunció a sus cargos y migró hacia Panamá, expresando críticas a la conducción revolucionaria y afirmando que se iría a luchar con otros pueblos. En abril de 1982, se manifestó abiertamente enemigo de la Revolución Popular Sandinista, e inició sus contactos y relaciones con la CIA, que desde 1981 impulsaba movimientos armados en contra de la revolución.


Como parte de los planes reaccionarios de Ronald Reagan en toda la región, Edén Pastora organizó la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), abriendo un frente armado en el sur de Nicaragua. Todo ello se enmarcó en la contrarrevolución, o“Contra”, como fue conocida posteriormente.


Edén Pastora en la Contra


El 6 de mayo del año 2000, entrevisté personalmente a Pastora para que hablara del asalto al Palacio Nacional de 1978, en un programa radial de rescate de la memoria histórica que dirigí varios años. Días después madres de caídos sandinistas me reclamaron por haberlo llevado a nuestro programa. Estas madres no olvidaban las consecuencias de los ataques de ARDE, dirigidos por Pastora, a lo largo de Río San Juan.


De esta forma reportaba la Revista Envío (1983) las operaciones de Pastora: Pastora anunció que su lucha armada por la liberación de Nicaragua se iniciaría con toda su fuerza el 1 de mayo de 1982; y ese día, ARDE secuestró y degolló a 10 campesinos –promotores de educación de adultos, líderes de la UNAG, delegados de la Palabra–, emboscó y mató a otros 32 cuando se dirigían a la celebración del Día de los Trabajadores y emboscó y mató a dos miembros del Ministerio del Interior en Río San Juan. La “guerra de liberación” tan anunciada tuvo así un comienzo muy cuestionable.


La CIA presionaba a ARDE para que se uniera con la Fuerza Democrática Nicaragüense -FDN-, la organización Contra creada expresamente por los norteamericanos. Ante la negativa de Pastora, que no aceptaba ser un subordinado más de los ex guardias somocistas, la CIA dejó de darle financiamiento. Entonces, en 1986 anunció su retiro de ARDE y pidió asilo en Costa Rica, donde se dedicó nuevamente a su pequeña empresa pesquera.


En mayo de 1987, Edén Pastora reconoció públicamente que la CIA le había suministrado material de guerra y acusó al teniente coronel Oliver North, directamente implicado en el escándalo Irán- Contra, de estar detrás del atentado que sufrió en La Penca en 1984 y que dejó 7 muertos y 22 heridos. Esa operación, ahora se sabe, fue orientada porTomás Borge, miembro de la dirigencia sandinista (El País, 2014).


En 1989 Pastora regresó a Nicaragua para apoyar al Partido Social Cristiano (PSC) en la campaña electoral de 1990. En 1996, se postuló como candidato presidencial del Movimiento de Acción Democrática, aunque fue inhabilitado por elConsejo Supremo Electoral. En el año 2000 fue candidato a la Alcaldía de Managua, y en 2006 se postuló a la Presidencia por la organización Alternativa por el Cambio (AC) dirigida por grupos evangélicos. Obtuvo un 0,27 por ciento de los votos y ningún diputado.


Al servicio del orteguismo


En las elecciones 2006 Daniel Ortega regresó a la Presidencia de la República habiendo obtenido tan solo el 37,8 por ciento de los votos. A raíz de ello, Pastora se puso de nuevo al servicio de Ortega. Asumió el cargo de Delegado de la Presidencia para el dragado del Río San Juan, tarea que según decía incrementaría el caudal de ese importante río limítrofe con Costa Rica. Pero en 2010 dragó un caño en la zona de Harbour Head, provocando un conflicto con el gobierno vecino, quien demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El tribunal dio la razón a Costa Rica y obligó a Nicaragua a pagar una millonaria indemnización por daños.



Durante sus años servicios a la dictadura de Ortega, Pastora se caracterizó por hacer de punta de lanza para atacar virulentamente, mentir descaradamente y desacreditar a los disidentes sandinistas, catalogándolos de traidores, vendidos al imperio, etc. Inescrupulosamente tergiversaba la historia, atribuyéndole a Daniel Ortega un protagonismo excepcional en la lucha contra la dictadura somocista. El dictador respondió a estos favores no sólo con cargos públicos y prebendas, sino otorgándole a Pastora en 2008 la Orden Augusto C. Sandino, máxima condecoración en Nicaragua. Al mismo tiempo, Ortega reescribía la historia personal de Pastora, obviando sus servicios a la CIA, a la Contra, y su responsabilidad en los asesinatos a jóvenes reservistas en Río San Juan.


Ahora bien, el regreso de Pastora al FSLN y su subordinación al caudillo no resultó extraña ni sorpresiva. La esencia del orteguismo era y sigue siendo llegar al poder y mantenerlo a cualquier precio. Ello implicó en su momento el abandono absoluto de los principios, valores y proyecto que había encarnado la revolución de 1979, aun con sus grandes errores y desaciertos. La mutación del FSLN, de fuerza revolucionaria, emancipadora y transformadora, a un aparato represivo y de poder al servicio de Ortega y su círculo íntimo, se inició en los años noventa y se consolidó al llegar al gobierno en 2007.


Al regresar al ejecutivo, el orteguismo se entendió rápidamente con el gran capital, con las transnacionales, con las políticas del consenso de Washington, con sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, etc., en una política de intercambios de cuotas de poder que le permitió que diversos sectores cerraran los ojos, los oídos y la boca frente a la desenfrenada carrera por el control absoluto de todas las instituciones del Estado, las prácticas de corrupción, fraudes y represión.


Para poner un solo ejemplo de esta política de alianzas, basta recordar que el vicepresidente de Ortega en la elección de 2006 fue Jaime Morales Carazo, quien había sido del directorio de la Contra y contacto privilegiado con la CIA. En 1995-96 Carazo había sido también jefe de campaña del partido hegemónico de la derecha nicaragüenses –Partido Liberal Constitucionalista, PLC-, y amigo personal del que sería un reconocido presidente corrupto, Arnoldo Alemán. Ortega y Alemán se entendieron rápidamente en el tristemente célebre Pacto de 1999, por el que se repartieron los poderes del Estado (Baltodano, 2009).


Como puede verse, los postulados, alianzas y en general proyecto de poder de Ortega en esta fase no contradecían las concepciones de Pastora, quién se fue a la Contra – precisamente- porque no le gustaba aquella revolución de los años ochenta y los valores que promulgaba.


El final: Edén Pastora al servicio de los paramilitares orteguistas


El 18 de abril del 2018 estalló una sublevación cívica en Nicaragua. Después de 11 años de régimen orteguista, la población se alzó en las calles luego de que fuerzas de choque reprimieran con lujo de violencia, y en complicidad con la policía, pequeñas manifestaciones en contra de una reforma al seguro social que afectaba especialmente los adultos mayores. Esa insurrección popular, esencialmente pacífica y autoconvocada, sorprendió al régimen de Ortega y fue respondida con asesinatos cometidas por fuerzas paramilitares de choque y francotiradores. Tan solo para el 30 de mayo se contabilizaban109 muertos, 1400 heridos y 190 apresados (GIEI, 2018). Frente a los asesinatos, y como medida de presión demandando la renuncia de Ortega, la población levantó barricadas y tranques en distintos puntos de la geografía nacional.


Ortega ganó tiempo llamando a un diálogo nacional organizado por la Conferencia Episcopal. Mientras tanto, entre junio y julio el régimen realizó brutales “operaciones limpieza” para desmontar, a toda costa, las barricadas y tranques que los pobladores habían levantado en barrios y ciudades. La infame labor fue realizada, ante la complacencia del Ejército, por fuerzas combinadas de la Policía y grupos para estatales abastecidos de armas de todo calibre. Ello incrementó el número de muertos a 328, entre ellos 24 niños y adolescentes, miles de heridos y más de 76 mil exiliados (MESENI, 2019: 2).


Edén Pastora se ufanó públicamente de haber sido uno de los organizadores y animadores de estos grupos paramilitares. Como él mismo confesó en varias entrevistas y programas de televisión de medios oficialistas, apoyó a Ortega para articular y movilizar a combatientes históricos para que atacaran a los pobladores desarmados en los tranques. Sin la menor vergüenza Pastora afirmó que debieron esperar 55 días para que Ortega les diera la ‘seña’ para atacar abiertamente a los ciudadanos, con armamento de guerra (Confidencial, 2020). “Vuelen pija y candela”, fueron las órdenes de Ortega, según Pastora(íbid; Spotlight, 2018; Team ADNIC, 2019).


En esta misma línea, Pastora se convirtió en uno de los predilectos de los canales oficialistas para atacar la lucha del pueblo nicaragüense, calificando a todo protestante como “golpista”. Su rol era importante para el aparato de comunicación del orteguismo, pues la gran mayoría de las figuras históricas de la revolución sandinista habían roto con Ortega desde muchos años antes. Entre las amenazas más recordadas de las muchas vertidas por Pastora se encuentra aquella dirigida a los obispos que apoyaban la insurrección de abril: “las balas atraviesan las sotanas” (CNN, 2018; Canal 10, 2019)


Sirviendo a los intereses del orteguismo, Pastora escogió nuevamente, y hasta sus últimos días, el camino de las armas. Sin embargo, a diferencia de los años setenta y ochenta, cuando existía un escenario de lucha revolucionaria contra una dictadura primero, y de una guerra entre dos bandos armados después, en esta ocasión su elección fue por apoyar y promover abiertamente la cruda represión de un gobierno contra una ciudadanía desarmada que demandaba -y sigue demandando- el fin de un régimen autoritario y cambios profundos en Nicaragua. Sin lugar a duda, esto será lo que la gran mayoría del pueblo nicaragüense recordará de Edén Pastora y lo que seguramente la historia no le perdonará.


Bibliografía:


Baltodano, Mónica. 2009. “Sandinismo, Pactos, Democracia y Cambios Revolucionarios: Contribuciones al Pensamiento Político de la Izquierda Nicaragüense”. Managua, Nicaragua


Baltodano, Mónica. 2010. “Memorias de la lucha sandinista”.


Bonilla, Adolfo. 2010. “Reminiscencias: pasajes, anécdotas y reflexiones de la vida política y sindical de Nicaragua y otros países durante los años 60 y 70”. San José: Editorial Nuevo País.


Canal 10. 2019. “Polémicas declaraciones de Edén pastora en contra de los obispos”.


CNN. 2018, 23 de agosto. “Hay obispos que parecen venir del infierno”


Confidencial. 2020, 16 de junio. “Fallece el “comandante Cero”, operador político del régimen”.


El País. 2014, 1 de junio. “Siete muertos, 30 años, cientos de esquirlas y un hedor a impunidad”.


Fisher, Luis. 2010. “Mi vida, mi revolución”. Editorial Universitaria UNAN-León.


GIEI Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. 2018. “Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de Mayo en Nicaragua”.


MESENI Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua. 2019. “Situación de los Derechos Humanos En Nicaragua”. Boletín Julio 2019.


Ortega Saavedra, Humberto. 2004. “La epopeya de la insurrección”. Managua: Lea Grupo Editorial


La Jornada. 2020, 13 de junio. “1398 muertos por el Covid-19 reporta el Observatorio Ciudadano en Nicaragua”.


Team ADNIC. 2019, 13 de mayo. “Edén Pastora”.


Revista Envío. 1983, “Río San Juan: un desafío para la revolución”. Número 24, junio.


Spotlight. 2018, 22 de agosto. “Edén Pastora le reclutó Paramilitares a Ortega”.


 


(1)Datos del Observatorio Ciudadano a 13 de junio de 2020, recogidos en La Jornada (2020)


(2) Algunos aspectos del perfil de Pastora se basan en una entrevista personal, recogida en Baltodano (2010)


(3) Antes de su unificación en diciembre de 1978, el FSLN estaba integrado por tres tendencias: Proletaria, Guerra Popular Prolongada (GPP) y Tercerista o Insurreccional.


 


Mónica Baltodano fue comandante guerrillera de la Revolución Sandinista, tuvo un rol protagónico en la insurrección de Managua. Durante el primer gobierno Sandinista fue viceministra de la Presidencia y ministra de Asuntos Regionales. Miembro de la Dirección Nacional del FSLN, rompe luego del pacto de Daniel Ortega con el presidente derechista Arnoldo Alemán en 1999. Es presidente de la Fundación Popol Na, cuya personería jurídica fue ilegalmente cancelada y sus bienes ocupados en 2018. Ese año, mantuvo entrevistas con una delegación del PO, en oportunidad de su presencia en Buenos Aires, cuando se hizo la Conferencia Latinoamericana que impulsamos. Historiadora, ha publicado 4 volúmenes de "Memorias de la lucha sandinista" y otros textos: www.memoriasdelaluchasandinista.org


 



 

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29/06/2020

Ciudad de Córdoba: falta de condiciones de bioseguridad en el Hospital Infantil Municipal

La Central de Esterilización, en la mira.

La falta de insumos para el desarrollo de las tareas está a la orden del día en cualquier repartición municipal. Pero cuando se trata del ámbito de la salud, y hablamos de un contexto de pandemia, el alerta se dispara.


En la Central de Esterilización del Hospital Municipal Infantil de la capital cordobesa, los trabajadores denuncian que no cuentan con el material adecuado para desarrollar la tarea, poniendo en riesgo su bioseguridad y exponiendo de manera indirecta a los que luego recibirán los insumos que allí se esterilizan. Los delantales que se utilizan –similares a los delantales de cocina- no son impermeables y dejan prácticamente en exposición permanente  gran parte del cuerpo de quien debe maniobrar con elementos contaminados con microorganismos correspondientes a diferentes patologías que se tratan en el nosocomio.


La central funciona en un habitáculo de escasas dimensiones -y peor ventilación- respecto de lo que sería adecuado para cubrir las necesidades del hospital, y en ella tienen lugar los procedimientos de esterilización sin que haya protocolos que minimicen el riesgo de circulación del material contaminado desde las salas y hacia el lugar de destino. La esterilización de tubuladores que corresponden a circuitos respiratorios se lavan en piletas de escasa idoneidad para la tarea, exponiendo a los trabajadores a la contaminación de múltiples factores patógenos durante la maniobra. Si se suma a ello la falta de calzado, gafas y batas adecuadas, se está frente a un procedimiento de manipulación que puede constituir un riesgo potencial no solo para el trabajador, sino también para la población que luego reutilizará esos elementos, ya que la experticia del trabajador requiere de los elementos adecuados.


La ausencia de insumos para la tarea pretende disimularse mediante notas procedentes de otras dependencias del hospital, vinculadas a los funcionarios, que se entregan al personal y detallan insumos de calidad y cantidad diferentes a los que se encuentran a disposición de los trabajadores. Así, por ejemplo, se detallan barbijos quirúrgicos que luego devienen en tapabocas de escasa efectividad. Este engaño manifiesto acrecienta aún más el malestar de los trabajadores.


El hospital infantil municipal es el centro de complejidad que recibe pacientes con distintas patologías, y aunque hay una carpa de triage dispuesta en el ingreso del hospital, no es posible garantizar que no haya circulación de ese u otros virus respiratorios. La distinción inicial del Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba entre “hospitales limpios” y “hospitales Covid” ha quedado fuera de vigencia por las características que tiene la propagación de la enfermedad, con pacientes asintomáticos que podrían portar el virus sin evidencias.


Considerando que a 800 kilómetros de nuestra ciudad la propagación del Covid-19 entre la población más vulnerable ha alcanzado niveles alarmantes, se impone mejorar las condiciones edilicias y de los servicios que se prestan en cada nosocomio.


En ese sentido, es urgente garantizar condiciones de bioseguridad para el personal que trabaja en el hospital, ya que los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de batalla de la pandemia, son víctimas frecuentes cuyo contagio puede evitarse.


Mientras la municipalidad retacea insumos para los nosocomios, gasta fortunas en alquilar edificios fastuosos como el “Diplomat Office” en la zona de Nueva Córdoba, por $33 millones en dos años. Este tipo de contrastes muestran a las claras que el ajuste en el déficit municipal que invoca el intendente Martín Llaryora, es para ajustar a las y los trabajadores municipales y encubre su intento de disciplinar de conjunto a la clase obrera.


Los trabajadores de las distintas reparticiones, siguiendo el ejemplo de organización y lucha de los del sistema educativo municipal, vamos a reclamar todos juntos y al mismo tiempo para evitar que una crisis que no generamos se descargue sobre nuestros salarios y nuestras condiciones de trabajo.




 

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Mendoza: nueva represión de Suárez a los municipales

Una nueva represión policial comandada por el dúo radical del Intendente Ulpiano Suarez y gobernador Rodolfo Suarez, arremetió contra la protesta por mejoras salariales en la noche del viernes 26/6 sobre los trabajadores municipales de capital, esta vez concentrada en el predio de la calle Coronel Plaza donde se encuentran los preventores.


Denuncian que detuvieron y procesaron a más de 38 municipales, aplicando el artículo 205 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".


Defendemos el derecho a reclamar y peticionar de los trabajadores municipales bajo pandemia. La emergencia sanitaria está siendo utilizada por el gobierno para criminalizar la protesta y avanzar contra los derechos laborales y sociales. Apoyamos sus reclamos salariales ya  que han sido históricamente empobrecidos por las gestiones radicales, donde la gran mayoría está por debajo de la canasta de la pobreza que es de $12.000 en la provincia.


Las repetidas represiones al conflicto municipal son ejecutadas por la Policía de Mendoza, que responde a las órdenes del gobernador Rodolfo Suarez, por lo tanto la denuncia política no puede limitarse al intendente Ulpiano Suarez.


La valiente lucha de los trabajadores más precarizados y flexibilizados del municipio capitalino no puede quedar aislada, necesita del apoyo y acción contundente de todas las centrales obreras, empezando por la CGT y la CTA y todos sus gremios.


La necesidad de un plenario de trabajadores estatales, privados, ocupados y desocupados que defina un plan de lucha por la conquista de todos los reclamos obreros está a la orden del día.



 

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Quedaban dos manifestantes apresados desde hace cinco días, por la política represiva de Cornejo y Milei.
29/06/2020

El sionismo anuncia el inicio de una acción judicial contra los legisladores del Frente de Izquierda

Legislador del Frente de Izquierda-CABA

La Organización Sionista Argentina anuncia en un comunicado emitido el 28 de junio que realizará una acción penal contra los legisladores del Frente de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires. El motivo de ello es el texto que firmamos los tres legisladores del FIT-U donde rectificábamos un voto emitido en la sesión de la Legislatura del pasado 18 de junio, donde por error votamos positivamente la adhesión del Estado de la Ciudad a la definición de antisemitismo establecida por la Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance) y a la cual ya había adherido el gobierno nacional. Como explicamos en nuestro comunicado, la causa del error es que la votación se hizo de modo subrepticio, pues el asunto fue tratado en un segmento de tablas sin debate referidas a los temas más diversos. En otras condiciones jamás podríamos haber votado ese texto. La propia Organización Sionista Argentina admite que los tres legisladores tenemos “una larga trayectoria antisionista y antiisraelí”, algo que para nosotros es motivo de orgullo político.


El anuncio del comienzo de una acción penal no es solo una clara violación al derecho de opinión dentro y fuera de un parlamento, sobre todo encubre una debilidad de fondo de la Organización Sionista Argentina. Es que en su texto es incapaz de refutar la posición que hemos desarrollado en nuestro comunicado, a saber: “nuestra lucha a muerte contra el antisemitismo la hemos desarrollado siempre sobre la base de la denuncia al sionismo y del Estado de Israel, construido a partir del genocidio y la ocupación y el robo de tierras y bienes al pueblo palestino”. Sucede que aquí se encuentra la clave del asunto, pues el sionismo pretende identificar la denuncia contra él y contra el Estado de Israel al antisemitismo, para encubrir las masacres sistemáticas cometidas contra el pueblo palestino y la función de gendarme del imperialismo norteamericano en toda la región. Esta función no es coyuntural, es decir que no depende de tal o cual gobierno israelí, sino que es estructural. El propio fundador del movimiento sionista Theodor Herzl señaló en su libro “El Estado judío”: “constituiríamos allí –en Palestina- un baluarte de Europa contra Asia, una avanzada de la civilización contra la barbarie” representados en ese momento por las potencias imperialistas que colonizaron a fondo todo el Medio Oriente. Con esta posición la dirección sionista no tuvo empacho de entrar en negociaciones con todos los regímenes antisemitas, desde la autocracia rusa hasta el propio Hitler, esto mientras los propios judíos eran perseguidos y masacrados por estos regímenes reaccionarios.


Los legisladores del Frente de Izquierda tenemos toda la razón cuando diferenciamos el antisemitismo del sionismo y aún más del propio Estado de Israel. El antisemitismo moderno es el resultado de la decadencia capitalista. Vino a frenar el proceso de integración, de la población judía a las distintas sociedades en la que estaba dispersa, abierto por la Revolución Francesa y sus avances democráticos y transformó a los judíos en chivos expiatorios para desviar la lucha de las masas contra el capitalismo y sus Estados. El sionismo, por su parte, es una ideología nacionalista reaccionaria surgida a la luz de la decadencia capitalista, que fue utilizada por el imperialismo primero para dividir a los obreros y campesinos judíos del resto de las clases explotadas de cada país, y para colonizar Palestina luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial que llevó a la disgregación del Imperio Otomano. Esta colonización fue impulsada primero por el imperialismo inglés (Declaración Balfour) hasta que ese lugar lo ocupó definitivamente el imperialismo norteamericano. El salvaje proceso de colonización se llevó adelante con los métodos más criminales, muchos emulados del propio nazismo, tal como lo han probado mediante una gran investigación científica la corriente de los llamados “nuevos historiadores” dentro de Israel. Se probó que la máxima sionista de que Palestina “era una tierra sin pueblos” era una falsedad completa, que sirvió para encubrir que la formación del Estado de Israel se hizo sobre la base de la expulsión violenta de casi un millón de palestinos y la expropiación de sus tierras y propiedades. Estos métodos criminales se han exacerbado con el correr del tiempo, como lo prueba en la actualidad el inhumano cerco a Gaza y la creciente colonización de Cisjordania. Denunciamos que el acuerdo sellado entre Trump y Netanyahu es un nuevo salto en esta política de limpieza étnica, que busca imponer una “solución final” la cuestión palestina en Medio Oriente y reforzar una política de apartheid sobre la población árabe que vive dentro de las fronteras israelíes.


Los legisladores del Frente de Izquierda no solo tenemos el derecho a dar nuestra posición de rechazo a esta ley votada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Más aún, como militantes socialistas de la Argentina tenemos la obligación de hacerlo para deslindar responsabilidades con el gobierno nacional y el gobierno de nuestra Ciudad que cierran filas en su apoyo al sionismo y al criminal Netanyahu.


Como señalamos en el comunicado, nuestra lucha contra el antisemitismo es una lucha a muerte, tal como el Partido Obrero lo ha dejado expresamente claro movilizándose contra todo acto de discriminación y persecución. Hemos estado movilizados desde el primer día repudiando el atentado a la Amia y denunciando a que el Estado argentino fue cómplice y encubridor del mismo, responsabilidad que alcanza a buena parte de la dirigencia sionista con la Daia a la cabeza. Pero justamente porque la lucha contra el antisemitismo tiene un carácter de principios, no admitimos que se la confunda con el sionismo y el Estado de Israel, que son opresores de los pueblos explotados.


Desde ya, repudiamos la amenaza de persecución judicial del sionismo y declaramos que defendemos nuestra posición en todos los ámbitos, sea en el parlamento, en las calles o en los estrados judiciales. Nuestra lucha por el derecho al retorno de las masas palestinas y por una Palestina única, laica y socialista, es innegociable.




 

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28/06/2020

El recorte presupuestario habilita el ingreso del sector privado en los cuatro hospitales de la UBA

El congelamiento del presupuesto universitario en la Facultad de Medicina, habilita un ingreso muy esperado por parte de sectores privados, enemigos de la educación y la salud pública.


La Facultad de Medicina viene funcionando con un presupuesto que ya implicaba un recorte, cuando fue discutido a fines de 2018 bajo el gobierno de Macri, y que fue directamente pulverizado por una inflación que ya ronda el 70% entre Enero 2019 y Junio 2020. Devaluado en un 70% desde la última vez que se votó en el Consejo Directivo de FMed. Las partidas presupuestarias fueron suspendidas y llevó a enfrentar a la pandemia sin recursos ni personal.   


Este presupuesto de ajuste (a lo Alberto) tiene medidas muy concretas, los hospitales universitarios (Clínicas, Roffo, Lanari y Vacarezza) deben enfrentar la pandemia sin presupuesto. Pero lo que es un problema para el sector público, es una oportunidad para sectores privados, que durante años ansiaron poder meterse en los hospitales de la UBA. Por esta falta de presupuesto, se habilita el desembarco, de laboratorios y empresas privadas en el Hospital de Clínicas. El lobby de laboratorios y empresas privadas son la puerta de entrada para luego quedarse en uno de los hospitales más grandes (y más vaciados) de América Latina. 


Profesionales de los cuatro hospitales Universitarios denuncian la falta de personal, recrudecida en la crisis de Enfermería. Los contagios entre lxs profesionales crecen día a día, y son renovadxs como fichitas descartables; lo denunciamos en su momento para el Hospital Roffo. Por supuesto, no se puede dejar de decir que el ajuste y la asfixia presupuestaria viene de años, siendo una política común de los distintos gobiernos en acuerdo y complicidad con las autoridades universitarias también. 


Esta situación abre un interrogante: ¿Cómo nos organizamos ante esta política? Debemos denunciar la absoluta complicidad de las autoridades y el NEM (Nuevo Espacio Medicina) en todo esto. El claustro estudiantil naranja, no abrió la boca en ningún momento sobre esta situación, cuando ellxs votan el presupuesto y eligen a dedo a sus directores. La falta de presupuesto afecta directamente a docentes, estudiantes y trabajadores de la salud. 


Sumate a la campaña para exigir a las autoridades universitarias aumento presupuestario para defender a los hospitales universitarios y marcar las intenciones de los sectores privados, exigiendo una intervención real en la pandemia acorde a las necesidades de estudiantes, docentes y profesionales de la salud.



 

28/06/2020

Apoyos al proyecto de impuesto a las grandes fortunas entre la docencia de la Universidad de Luján

Entre miembros de la Asociación Docente de la Universidad de Luján (Adunlu), como entre muchos otros sectores de trabajadores, el proyecto de apoyo a las grandes rentas y fortunas que propone el Frente de Izquierda ha recogido múltiples apoyos.


Se pronunciaron en este sentido, entre otros docentes e investigadores, Gladys Perri (secretaria de organización de Adunlu), Leonardo Varela (ex secretario adjunto), Marcelo Hernández (docente y secretaria de Derechos Humanos), Natalia Fiori (docente del PUEF y delegada de Adunlu), Javier Palma (docente), Alicia Nogueira (docente jubilada), Laura Massa (docente y trabajadora social), Gabriel Mallo (docente UNLu), Patricio Urrecelqui (docente y delegado de Adunlu), Natalia Wiurnos (historiadora y docente) y María Virginia Siede (docente y trabajadora Social).


Patricio Grande, secretario adjunto de la gremial, se pronunció en favor de la sanción del proyecto, sosteniendo que “es fundamental que se transforme en Ley, para que esta crisis no la paguemos las y los trabajadores”. 



La docencia universitaria viene sufriendo también los embates de la crisis, sometida a un nuevo régimen de trabajo de virtualización forzosa y sin condiciones mínimas en el marco de la pandemia, y sufriendo además el pago en cuotas del aguinaldo -que han rechazado los sindicatos de la Conadu Histórica.


El proyecto de impuesto extraordinario y progresivo a las grandes rentas y fortunas permitiría recaudar 15.000 millones de dólares, del gran capital, para financiar las necesidades urgentes de los trabajadores. Entre los docentes universitarios, una asamblea de AGD-UBA se pronunció en apoyo al proyecto.


El proyecto establece un impuesto extraordinario y progresivo sobre las fortunas de más de 100 millones de pesos, las ganancias bancarias, financieras, el gran capital, las viviendas ociosas destinadas al alquiler y la renta de la tierra.


¡Suma tu firma en apoyo al proyecto!




 

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28/06/2020

Tandil: delegados de la ceramista Loimar en lucha apoyan proyecto del FIT-U de impuesto a las grandes fortunas

Señalan que la recaudación serviría para atender la situación de quienes, como ellos, pelean por sus puestos de trabajo.

 


Dos de los tres delegados de la fábrica ceramista Loimar de la localidad bonaerense de Tandil, que hoy se encuentran en lucha, han manifestado su apoyo al proyecto de impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas que propone el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Dicho proyecto tiene el objetivo de recaudar 15.000 millones de dólares, que no vayan al pago de la deuda externa sino a la atención sanitaria y a las necesidades de los trabajadores, en el marco de una pandemia que agravó la crisis económica y social pre-existente.


 



Como bien mencionan los compañeros, la recaudación serviría, entre otras cosas, para asistir a lxs trabajadorxs desocupadxs, suspendidxs y despedidxs. Esto los toca de lleno, pues ellos mismos, y los obreros en lucha a los que representan, se encuentran peleando contra la patronal por el pago de salarios adeudados y la continuidad de sus puestos de trabajo. Hace ya ocho meses (!) que no poseen ingresos; ni siquiera el Ingreso Familiar de Emergencia o depósitos salariales a través del programa ATP.



Si hay algo que este proyecto legislativo pone en discusión es la necesidad de afectar los bolsillos de los empresarios, que se han enriquecido enormemente antes de la pandemia -y muchos también durante ella- para volcar los recursos al rescate de los trabajadores. Sin afectar las ganancias y los intereses capitalistas, no hay forma de paliar la deplorable situación que la clase obrera está viviendo.


Vamos por un enorme pronunciamiento de los trabajadores tandilenses a este proyecto.


¡Que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores!




 



 

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28/06/2020

Villa María: nueva licencia de Gill, el “intendente ausente”

Mientras se descarga el ajuste sobre el pueblo de Villa María (Córdoba), el intendente electo acumula poder.


Solo con los votos del PJ, Martín Gill obtuvo una nueva licencia de 180 días, para seguir siendo secretario de Obras Públicas de la Nación. De este modo, el intendente electo se ausentará de sus funciones 360 días, un récord que intenta ser “compensado” con la promesas de obras para la ciudad.


Se trata de una resolución inédita y arbitraria, por fuera de la Carta Orgánica Municipal (COM), que es clara al decir que “todo impedimento temporario que supere los ciento ochenta días corridos será considerado permanente” y que “si el impedimento fuera permanente y faltara más de un año para concluir el mandato, el reemplazante deberá convocar a elecciones”.


Seis meses atrás ya se había lesionado la COM, cuando se habilitó que el intendente electo y ausente ostente dos cargos. La licencia viola el mandato popular, y los ciudadanos de Villa María ya han apodado a Gill “el licenciado”.


Desde el oficialismo se argumenta que el intendente ausente traerá obras para la ciudad desde su cargo en la Nación. Sin embargo, son solo promesas, mientras la crisis se profundiza. Todos los problemas precedentes a la pandemia se agudizaron: el crecimiento de la pobreza, la falta de trabajo, el problema de la vivienda, la falta de transporte, los reclamos de las mujeres y disidencias. Las demandas populares insatisfechas no reciben soluciones por parte de Gill ni de la oposición macrista.


Tras el debate por la nueva licencia, se produjo la retirada del bloque del PJ de concejales que responden a Eduardo Acastello, luego de que ellos también levantaran la mano aprobándola. Se trata de una diferenciación al interior del bloque que es ajena a los intereses populares.


El Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, rechaza este nuevo atropello de Gill y el PJ, en defensa de la soberanía popular que reside en el pueblo. En ese sentido, se deben convocar a elecciones, para que el pueblo decida. Llamamos a la Villa María que vive de su trabajo a sacar las conclusiones de la etapa en curso, para que no sigamos pagando la crisis los trabajadores, las mujeres y la juventud.




 

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28/06/2020

Santa Cruz: paro de los trabajadores mineros de Newmont-Cerro Negro

En la medianoche de este sábado 27 comenzó un cese de actividades general de los trabajadores del emprendimiento minero Cerro Negro, en las cercanías de Perito Moreno (Santa Cruz).


Los mineros reclaman por una recomposición salarial, paritarias (que aún no se han desarrollado) y un reconocimiento por poner el cuerpo para el desarrollo de la actividad. La minería fue declarada “tarea esencial” en el marco de la pandemia y nunca dejaron de producir, mientras que la onza de oro aumentó de 1.609 a 1.771 dólares entre marzo y junio.


Los trabajadores realizan la medida cumpliendo horarios en el sector de trabajo, pero sin prestar servicios. Esa modalidad es para poder cumplir con los protocolos sanitarios de manera ordenada, ya que muchos cuentan con compañeros en las habitaciones, que se ocupan en turnos opuestos, y no pueden compartirla ambos a la vez.


Cerro Negro es uno de los mayores productores de oro y plata del país y de toda Sudamérica, y su producción se exporta en dólares. Sin embargo, el salario de los trabajadores ha perdido poder adquisitivo en los últimos años, al ritmo de acuerdos salariales por debajo de la inflación y la devaluación de la moneda.


Nos solidarizamos con los obreros mineros, y respaldamos la lucha que han iniciado. La crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores.




 

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28/06/2020

Tres de Febrero: emergencia social y sanitaria

La localidad de Tres de Febrero, en el noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires, sufre una aguda crisis social y sanitaria, producto del ajuste del Estado municipal y provincial.


En relación con el Covid-19, el partido contaba al 23 de junio con 724 casos confirmados, y el sistema de salud amenaza con un colapso inminente.


La situación se inscribe en un alza de la pandemia del país, donde en la última semana los casos confirmados del virus treparon a un ritmo superior a los 2.000 contagios diarios, y en particular en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, adonde se ubican el 93% de los nuevos infectados. Es la consecuencia directa de la apertura masiva de comercios e industrias en AMBA resuelta semanas atrás, en beneficio de los capitalistas (una política que no retrotraen los anuncios de supuesto “regreso a la fase 1” por parte de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof).


En consonancia con el gobierno nacional y bonaerense, el intendente tresfebrerense Diego Valenzuela, perteneciente a Cambiemos, bajó la bandera para reiniciar las actividades de prácticamente todos los sectores productivos y de servicios. Como declaró el 5 de mayo, en el marco de una presentación a la provincia para flexibilizar la cuarentena, “nuestra intención es ser respetuosos de la normativa planteada en el Aislamiento Social y Obligatorio, pero también ir preparándonos para volver a trabajar, porque hasta que no haya una vacuna vamos a tener que convivir con el coronavirus”. En consecuencia con ello, se organizó junto a los intendentes de San Martín, Hurlingham e Ituzaingó (del Frente de Todos) y San Miguel (Cambiemos) para presentar un plan de flexibilización.



En la página municipal, se presentó como un triunfo la habilitación del sector automotriz y de 61 industrias, que benefició a PSA(Peugeot-Citroën), autopartistas, fabricantes de bienes de capital, metalmecánicas y metalúrgicas, textiles, plásticas, empresas del sector de petróleo y gas y exportadoras de servicios de ingeniería, entre otras, sin resguardo de las condiciones de higiene y seguridad, generando múltiples denuncias de los trabajadores. Ejemplo de ellos es la panificadora La Perla, en Ciudadela, donde los trabajadores se negaron a ingresar al establecimiento denunciando casos de Covid-19.


Otro ejemplo es el caso del Carrefour de Martín Coronado, donde los trabajadores tomaron medidas exigiendo la implementación inmediata del protocolo cuando se conoció un caso sospechoso de Covid-19. La empresa, tal como viene haciendo en todo el país, incumple con el protocolo.


Se destaca, también, el caso de La Clínica Nuestra Señora de la Merced, de Martín Coronado, allanada recientemente por la justicia debido a contagios que se produjeron dentro del centro de salud. Estas son las mismas clínicas que fueron premiadas por Kicillof con financiación a tasa cero, a costa de los fondos de la obra social bonaerense (Ioma).


Mientras garantiza la continuidad de actividades sin protocolos, que son un foco de contagios, el intendente machaca con “la responsabilidad social” y a propósito de una “cuarentena inteligente e informada”.



Por lo demás, mientras se atienden los reclamos de las patronales, trabajadores como los de la pizzería Ottonelli (en Caseros) pelean por sus puestos de trabajo –en este caso, tras el cierre y el vaciamiento de la pizzería, producido por la patronal tras el anuncio de la cuarentena.


La situación en los barrios


Según fuentes oficiales, el 33,9% de la población del distrito vive en los barrios más carenciados del distrito. La falta de elementos sanitarios, agua potable y políticas de prevención, junto con el hacinamiento en las viviendas, exponen a los vecinos a una mayor propagación del virus.


Brillan por su ausencia las obras necesarias en los barrios de Loma Hermosa, El Libertador, Pablo Podestá, Once de Septiembre, Remedios de Escalada, Churruca y Ejército de los Andes; al tiempo que crecen las villas y asentamientos, y con ello las condiciones de hacinamiento y la falta de servicios básicos.


La crisis se hace manifiesta en situaciones como las de las familias de las cuatro casas incendiadas en el Barrio Esperanza de Pablo Podestá, donde las familias afectadas lo perdieron todo –un hecho que tiene antecedentes en el distrito-, o las denuncias de las familias y docentes de haber recibido alimentos en mal estado, que habían sido entregados por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) gestionado por el municipio, a las escuelas del distrito. Ante la situación extrema que viven las familias obreras y la escasez de alimentos y provisiones del Estado, en la mayoría de los barrios populares se organizan comedores y ollas populares.


Mientras la carestía avanza, Valenzuela profundiza la militarización en los barrios, junto con el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el gobernador Kicillof. Con ese fin, se reunieron con el ministro de seguridad Sergio Berni y visitaron luego las instalaciones donde están alojados efectivos de la Policía Bonaerense que controlan el aislamiento social obligatorio en la zona. Las declaraciones de Valenzuela en ese contexto, de que “es importante que los tres niveles de gobierno trabajemos en conjunto para contener el avance de la pandemia y estemos preparados para dar respuesta a nuestra comunidad”, anticipan que los gobiernos se preparan para enfrentar con represión los reclamos populares, cuando crecen el hambre y los contagios en las barriadas. Valenzuela ya mostró su acompañamiento a la doctrina “Chocobar” de gatillo fácil con el asesinato el año pasado, por la policía bonaerense, de Diego Cagliero en Martín Coronado.



No hay grieta entre Alberto, Kicillof, Larreta, Moreira o Valenzuela. En el país, como en la provincia y los municipios, se destinan los recursos al pago de la deuda y al rescate a los empresarios. La "cuarentena inteligente e informada"  de la que habla Valenzuela pretende disimular esta situación, y colocar el peso de los contagios en el comportamiento de la población, como se ve en su reciente “carta al vecino”.


Un programa para enfrentar la crisis de la pandemia en el distrito


Desde el Partido Obrero de Tres de Febrero y todas las organizaciones populares en las que participamos, planteamos que ante esta situación de crisis generalizada, es fundamental profundizar la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados en cada barrio y lugar de trabajo, para reclamar la provisión periódica de alimentos, agua potable, artículos de limpieza y un seguro para los desocupados que sea universal y con un monto que alcance, por lo menos, $30.000.


Asimismo es necesario un plan de urbanización con control vecinal de las obras que solucione el conjunto de los problemas de los barrios. A medida que avanza la propagación del Covid-19 y el derrumbe económico, la centralización del sistema de salud y el reclamo por el impuesto a las grandes fortunas, que plantea el Frente de Izquierda para afrontar los gastos para la atención social y sanitaria, se hace más urgente que nunca.


La defensa de las condiciones de seguridad e higiene no puede estar en manos del capital y el lucro privado, sino de comités obreros de control con derecho a veto en los lugares de trabajo. Para los trabajadores, la lucha por el control popular de la cuarentena es una cuestión estratégica. ¡Organicémonos para luchar por ello!

 

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28/06/2020

Plottier: un paso adelante en la campaña por Casas Refugio

En el marco de la campaña provincial por la constitución de Casas Refugio para mujeres víctimas de violencia y sus hijes llevada adelante por el Plenario de Trabajadoras y las organizaciones de mujeres y disidencias, se votó por unanimidad en el Concejo Deliberante de Plottier el pedido de que la resolución sea reglamentada por el poder ejecutivo provincial. Es el primer Concejo Deliberante que lo hace en la provincia.


Esta resolución, presentada en la legislatura por nuestra diputada Patricia Jure y votada por unanimidad, ha sido producto de una gran lucha de muchos años de las mujeres movilizadas y organizadas en las calles.


El voto por unanimidad en ambos legislativos de ninguna manera indica que los bloques patronales han hecho lugar a la terrible situación de violencia que padecemos las mujeres. Las estadísticas dan muestra de ello: han aumentado las situaciones de violencia, los femicidios y la situación de vulnerabilidad social y económica. La pandemia ha sacado a luz que el incremento de los merenderos y comedores en las barriadas neuquinas ante la imposibilidad de pasar una cuarentena con hambre, sin salario, sin trabajo. Son las mujeres quienes llevan adelante las ollas populares para paliar la falta de comida, mientras el gobierno provincial cerró los centros asistenciales que otorgaban almuerzos a miles de niñes. La línea 148 denunció hace poco que ha aumentado en un 48% los llamados por las leyes 2.785 y 2.302 (por violencia de género y de niñez y adolescencia).



En Plottier, solo la línea telefónica habilitada por pandemia desde Salud Mental del Hospital ha recibido en el mes de mayo 78 llamados por situaciones de violencia, abusos, y síntomas ligados al aislamiento. Todo lo cual indica que se ha incrementado el nivel de riesgo psicosocial. La población de la localidad se encuentra mayoritariamente trabajando en negro y en el mejor de los casos, precarizada. El párate económico golpea doblemente a las familias trabajadoras porque la falta de ingresos económicos impacta emocionalmente.


Toda la responsabilidad de esta catástrofe le cabe al Estado. Es que ha priorizado el endeudamiento y el pago de sus compromisos con los acreedores antes que atender la problemática social. El presupuesto para la atención de la violencia de género no se ha movido un ápice: no llega a los $70 por mes por mujer que denuncia. Es abandonar a miles de familias al riesgo de nuevos femicidios. Los refuerzos alimentarios no llegaron a 35.000 en el mes de mayo. Un verdadero despropósito en el panorama provincial.



La campaña por Casas Refugio se inscribe en la necesidad vital de que las mujeres y sus niñes no deban estar en situación de riesgo de vida para poder alimentarse. Por esa razón su aprobación obliga al gobierno a destinar presupuesto para esta pandemia silenciosa ligada a la incertidumbre y abandono del gobierno y los partidos patronales.


El Partido Obrero en el Frente de Izquierda y el Plenario de Trabajadoras estamos en el camino de quebrar esta política con la organización y la lucha en las calles y en los parlamentos.


Por la reglamentación ¡ya! de la 1.057. Basta de violencia estatal y femicidios.


#NiUnaMenos. El Estado es responsable.



 

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28/06/2020

En la recta final hacia el tercer paro internacional de repartidores

Será el miércoles 1 de Julio, concentrando a las 11 de la mañana en el Obelisco para luego movilizar.

Agrupación Trabajadores de Reparto

Foto: Fede Imas, Ojo Obrero Fotografía

El miércoles 1º de julio se desarrollará el tercer paro internacional de repartidores.


Días atrás, el jueves 18, había tenido lugar una reunión virtual de las organizaciones de repartidores de distintos países. Y más allá de ello, los lazos tejidos desde la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) desde el primer paro internacional se desarrollan sumando cada vez mas agrupaciones de cada país, y forjando al calor del debate nuevas medidas de lucha por los reclamos en contra de la hiperexplotación que sufrimos donde tiene presencia las patronales de Rappi, Glovo, Pedidos Ya -entre otras.


Como en los dos paros internacionales anteriores, se utilizó el método de un comunicado común, propuesto desde Argentina. Con las firmas de Raiders Unidos (Chile), Glovers Unidos (Ecuador), Treta do campo (Brasil), Entregadores Antifascistas (Brasil), Repartidorxs Unidxs (Costa Rica), Motociclistas Unidos (México), Ni un Repartidor Menos (México) y nuestra Agrupación Trabajadores de Reparto de Argentina se selló un acuerdo programático para salir a reclamar todas las reivindicaciones este miércoles, donde haremos una denuncia a los gobiernos que miran a otro lado las grandes caravanas y paros nacionales que se vienen dando desde hace mas de dos meses.


La lucha de los repartidores no se acota a los firmantes de estas organizaciones. Otros países  con los cuales no confluiremos en este tercer paro internacional están protagonizando grandes luchas, desde Italia hasta Hong Kong.


En un panorama explosivo de contagios del virus en América Latina, que es hoy el foco mundial de propagación de la pandemia, resaltamos la disposición de salir a la lucha en un marco totalmente desfavorable. Ello se explica por los inhumanos niveles de precarización de los que cumplimos esta tarea, que sufrimos la exposición al contagio sin que las empresas nos brinden los materiales de seguridad e higiene, que sufrimos largas jornadas para solo poder conseguir ingresos que en todos los países están por debajo de los niveles de pobreza.



Brasil y Argentina


El paro nacional en Brasil promete ser uno de los más fuertes. Los compañeros están hace más de 15 días desarrollando una amplia agitación, decenas de asambleas y convocatorias a través de videos. Una campaña muy fuerte hacia los usuarios, para conquistar su solidaridad, así como reportajes en decena de medios, van preparando el terreno para protagonizar lo que camina a ser uno de los paros más masivos en la breve historia de estas luchas y de este gremio. Los trabajadores del país vecino denuncian la militarización de las favelas y los barrios populares por parte del gobierno fascista de Jair Bolsonaro, al tiempo que señalan que eso ya existía con el gobierno de Lula. La avanzada de la derecha más abyecta en Brasil ha dado pie a una cantidad de abusos por parte de las fuerzas represivas hacia los repartidores, e incluso demostraciones de racismo y xenofobia hacia los inmigrantes que trabajan en las apps.


En la Argentina, el debate de considerar nuestro trabajo como insalubre y, en consecuencia, adecuar las horas que trabajamos a jornadas de 6 ó 7 horas, va calando entre los repartidores. Entienden por experiencia, en carne propia, esta problemática a la que nos someten las empresas: jornadas de 12 a 14 horas, que generan centenares de compañeros accidentados todos los días y, en los últimos tres meses, cinco compañeros muertos -crímenes laborales.


Uno de los reclamos centrales de la jornada, aparte del aumento de los ingresos y la mejora en las condiciones laborales, es el fuerte rechazo a la ley antiobrera del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires: una modificación de la Ley de Tránsito que ataca la organización de los trabajadores e intenta profundizar y legalizar las condiciones precarias de nuestro trabajo. Se agrava con ello la persecución contra el sector, que el año pasado fue habilitada por la resolución del juez Gallardo (ya que, mientras las suspensiones previstas allí de las plataformas que no garantizasen elementos de seguridad vial, fueron desconocidas por las empresas con la complicidad del gobierno, la parte del fallo que sí se cumplió fue la de desplegar controles policiales contra los trabajadores). El planteo contra la ley de Rodríguez Larreta va a tener el apoyo de los repartidores en todo el país, tal como se discutió  en la tercera Asamblea Nacional de Repartidores del 22 de junio: los trabajadores son concientes de que esta ley está escrita por las patronales e impulsada por un gobierno que representa sus intereses. Y exigen una regulación acorde a sus necesidades y en función de los reclamos que han volcado en la calle en los tres paros nacionales previos.


Luego de los anuncios del gobierno de volver a la fase uno, y con los repartidores manteniéndose como una de las -ahora 24- tareas esenciales, continua la agitación con volantes en la calle, armando asambleas en todas las concentraciones de repartidores del país para resolver ir a la lucha.


Más que nunca, saldremos el 1º de Julio a reclamar por nuestros derechos no reconocidos: por un bono extraordinario, como el dispuesto para los trabajadores de la salud y comercio de $5.000 mensuales, retroactivo al 20 de marzo; por ingresos iguales al costo de la canasta familiar; por justicia para los compañeros muertos, indemnización ya a todas sus familias, y que se garantice ART, pagada por las empresas; para exigir basta de zonas liberadas, y el derecho al rechazo de pedidos en zonas de riesgo por inseguridad; por testeos para los compañeros que han estado en contacto con casos Covid-19 positivos, cuarentena paga por las empresas.


La unidad internacional que estamos logrando los trabajadores del reparto debe servir como ejemplo a toda la clase obrera. Para poder enfrentar a las patronales y a sus gobiernos. Viva el paro internacional del 1º de Julio. Viva la lucha de los trabajadores de todo el mundo.

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28/06/2020

Dirigentes del Partido Obrero adhieren a la campaña contra la censura al documental sobre Hugo Blanco en Perú

Los abajo firmantes miembros de la dirección del Partido Obrero y diversos parlamentarios de la bancada del Partido Obrero-Frente de la Izquierda y los Trabajadores, repudiamos la censura y persecución  ejercida en el Perú, contra el documental “Hugo Blanco G. – Rio Profundo”. El mismo ha sido reconocido y galardonado internacionalmente.


Elementos fujimoristas, grupos de ex-militares, guardias civiles y otros sectores derechistas han venido publicando comunicados en los cuales acusan a Hugo de graves delitos contra los Derechos Humanos y se indignan por el apoyo brindado por el Ministerio de Cultura a la proyección de la película.


Atacan en la figura de Hugo Blanco a una parte de la historia revolucionaria de nuestro continente. Están resentidos por el papel de Hugo Blanco en la masiva lucha por la reforma agraria en Perú, en la década del 70.


Apoyamos la campaña que viene desarrollando la hija mayor de Hugo Blanco, Carmen Blanco Valer.


Latinoamérica marcha hoy, hacia una nueva etapa de levantamientos populares contra la explotación imperialista y de las burguesías lacayas.


Pablo Heller, Vanina Biasi, Pablo Giachello, Rafael Santos, Néstor Pitrola, Romina Del Plá (diputada nacional), Gabriel Solano (legislador de la Capital Federal), Claudio del Pla (diputado provincial de Salta), Patricia Jure (legisladora de la provincia de Neuquén).





 

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28/06/2020

Entre Ríos: la Ley de Emergencia Económica, un ataque contra los sueldos y las jubilaciones

Los sindicatos deben convocar a acciones para que no se trate en la Legislatura el proyecto del gobernador Gustavo Bordet.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, envió a la Legislatura provincial un proyecto de Ley de emergencia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional, que es un verdadero mazazo a los trabajadores estatales de la provincia, tanto jubilados como activos que aportan a la caja de jubilaciones provincial.


Con la remanida excusa de la crisis económica y la caída de recaudación, arremete contra el régimen jubilatorio.


Ya en su discurso de inicio de sesiones ordinarias del 2020, el mandatario había planteado que era necesario “un debate” sobre las jubilaciones, para asegurar la sustentabilidad del sistema. El rechazo que suscitó entre los trabajadores en ese momento, impidió un avance del gobierno. Ahora lo intenta con este proyecto llamado cínicamente de “emergencia solidaria”.


En su artículo 4, la norma aumenta los aportes personales de los trabajadores, calculados sobre el salario nominal (antes de que se realicen los descuentos obligatorios por ley), de acuerdo a una tabla que parte del 16% (actual descuento) y, que a partir de un monto de $75.001 nominal, es del 18%  y continúa en ascenso hasta llegar al 22% en los sueldos más altos ($ 200.000)


En su artículo 6, establece un “aporte solidario extraordinario” de los ingresos de los jubilados, también sobre el monto total nominal, liquidado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. El aporte comienza con un 4% desde los $ 75.000, llegando al 10% en los más altos.


Esta modalidad de robo a los haberes de activos y jubilados encubre la modificación de hecho de la ley provincial, que establece el cobro del 82% móvil.


Los sindicatos provinciales no solo deben rechazar en declaraciones este atropello a nuestros derechos adquiridos y el intento de modificar nuestra ley previsional 8.732. Corresponde convocar al conjunto de los trabajadores a la deliberación, mediante asambleas, plenarios, cuerpos de delegados, sea en forma virtual o presencial, para elaborar un plan de acción y un paro de advertencia (en docentes con apagón virtual, en otras dependencias sin concurrir a guardias mínimas, etcétera), y manifestación callejera donde corresponda, para que no se trate en la Legislatura.


Queda claro que la ofensiva de Bordet se inscribe en una más general, donde se inscriben el intento de Jorge Capitanich de imponer jubilaciones anticipadas en Chaco; la modificación de la Ley Jubilatoria en Córdoba por iniciativa del gobierno de Juan Schiaretti, los decretos de Alberto Fernández de cobro en cuotas del aguinaldo para los estatales y contra la movilidad jubilatoria, y la suspensión de las paritarias, donde el gobernador de Entre Ríos hizo punta.


Que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores.

28/06/2020

Mar del Plata sumida en el desempleo

Por Pablo GL

Los datos del Indec sobre el mercado de trabajo correspondiente al primer trimestre de 2020 muestran que la desocupación en la ciudad subió del 10,1 al 10,4% en relación al mismo período de 2019. Iguala el promedio nacional, levemente por debajo de la desocupación record de Tucumán. Son 33 mil marplatenses que se encuentran sin trabajo en un contexto de durísimo ajuste. Además el porcentaje de trabajo en negro alcanzó el 16,1% (51 mil personas), mientras que un 17,7% (55 mil personas) se encuentra empleada pero buscando trabajo porque ganan menos de lo necesario para sobrevivir.


Algo que no señala el informe del Indec es que el poder adquisitivo de los que tienen empleo disminuyó considerablemente como consecuencia de aumento de los precios y de la inflación.


Este cuadro es anterior a la pandemia y corresponde a los meses de la temporada que, para los empresarios y medios locales, fue sumamente exitosa. Es claro que el éxito no se nota entre los trabajadores que, la enorme mayoría de casos, deben trabajar más de 10 horas sin franco semanal.


Con casi 140 mil personas están en esta situación, resulta claro que la nueva gestión municipal ha venido a defender los mismos intereses sociales que la anterior. Son los grandes empresarios los que terminan beneficiados. Lo mismo equivale para el gobierno nacional, cuya intervención cuya apunta a rescatar a patronales en crisis a costa de los trabajadores.


La crisis económica y las medidas oficiales para enfrentar la pandemia han agravado la situación de los trabajadores. Se conocen despidos prácticamente todos los días. Los trabajadores del puerto, gastronómicos y de comercio son los más golpeados. La informalidad en la que históricamente se han manejado estas empresas impide siquiera la posibilidad de que obtengan algún beneficio como el ATP.  Los dueños desmantelan el local, cierran las persianas y desaparecen, como sucedió hace unos días con la cadena de restaurantes Wok. Por su parte, los empresarios del transporte extorsionan con despidos para que aumenten el boleto.


En  los barrios, la desocupación ha crecido durante la cuarentena a niveles intolerables. Las movilizaciones de organizaciones sociales que no han cesado reclamando alimentos para las barriadas y la emergencia de múltiples conflictos por rebajas salariales dan cuenta de una situación alarmante.


Con el pretexto de la cuarentena, las patronales, el gobierno y la burocracia sindical pretenden imponer una reforma laboral de hecho tanto en el sector público como en el privado, con despidos, mayor precarización, aguinaldo en cuotas y paritarias congeladas.


Sólo la acción independiente de los trabajadores abrirá una salida. Planteamos que se abran los libros contables de las empresas, el establecimiento de un impuesto progresivo a las grandes fortunas, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Constituyen medidas elementales para volcar todo el ahorro nacional a las necesidades urgentes de los trabajadores en el marco de la crisis y la pandemia.

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28/06/2020

Escándalo en Santa Fe: tras renunciar como ministro de Salud, Parola cobrará $250.000 de sueldo

Ahora como asesor del Ejecutivo. Pretende seguir cobrando por su rol como agente de la medicina privada en el Estado.

Mediante un decreto difundido por distintos medios de comunicación, que lleva la firma del gobernador de Santa Fe Omar Perotti, el ahora ex ministro de Salud, Carlos Parola, pasa a ser asesor del Poder Ejecutivo, recibiendo por ello un salario equivalente a secretario de Estado -estimado en $250.000 en bruto y $215.000 de bolsillo. Le bastaron seis meses como ministro de Salud para ubicarse con un salario de un cuarto de millón de pesos.


Esto solo puede provocar enorme indignación y repulsión de cualquier trabajador o trabajadora santafesino para con el gobierno de Perotti. Este escándalo sucede en momentos donde datos oficiales del Indec colocan a Rosario como la segunda ciudad con mayor índice de desocupación del país.  Donde una gran parte de trabajadores del Estado, de salud o docentes ganan por debajo de la canasta de pobreza, que se ubica en alrededor de $45 mil. Cuando miles de docentes reemplazantes no cobran nada desde hace tres meses, en el contexto de pandemia, y tuvieron apenas la asistencia de un par de bolsones de comida por parte del gobierno.


Un ¼ de millón para seguir derrumbando la salud pública


A Carlos Parola lo “fletaron” del gabinete como resultado de las disputas de intereses entre los grupos capitalistas de la medicina privada, que quieren hacerse con el presupuesto público de Salud. Se trata de un personaje que se enriqueció vinculado a la medicina privada en Cordóba, y que en el último mes ni siquiera daba una mísera conferencia de prensa anunciando la cantidad de casos diarios de Covid-19 en la provincia.


El sistema de salud pública de Santa Fe está en franco derrumbe desde hace años y la pandemia (casi a la par del inicio del gobierno de Perotti) solo lo puso de manifiesto con toda crudeza. La infraestructura hospitalaria está en ruinas. Santa Fe tiene un promedio de 4,7 camas por mil habitantes, cuando se recomienda de 8 a 10 camas, y ese 4,7 se alcanza sumando al sector privado, que representa más del 50%. Faltan los insumos en los hospitales, y hasta hace poco la deuda con proveedores estaba por las nubes; las licitaciones para la compra de los mismos eran boicoteadas por las empresas, al no tener garantías de cobro, dejando como resultado hospitales sin insumos de primer orden. Los elementos de bioseguridad para el personal son completamente insuficientes, y los trabajadores de la salud tienen que buscar doble o triple empleo porque no les alcanza con los salarios de miseria. Solo para nombrar algunos ejemplos de la enorme lista.



Parola y Perotti no hicieron absolutamente nada para revertir esta situación. Por el contrario, la profundizaron. Desde que comenzó la pandemia, el “gran logro” de Perotti-Parola fueron 28 camas nuevas de terapia intensiva para Rosario y la región (seis en el Centenario, ocho en el Hospital Provincial, doce en el HECA y dos en el Eva Perón de Granadero Baigorria) -como se informa en la web oficial. Un rebrote de Covid-19 con intensidad se lleva puesto los “logros” de Perotti y Parola en días.


Parola es un agente de la medicina privada insertado en el Estado y pretende cobrar ese rol, sea o no ministro de Salud. Fuera los saqueadores del presupuesto público de salud. Desde el Partido Obrero reclamamos la derogación del decreto de Perotti. Ni un solo peso a los vaciadores del sistema de salud.



 

28/06/2020

Gran charla de reclutamiento en CABA

Decenas de luchadores aceptaron sumarse al Partido Obrero

La regional capital, el sábado 27 del corriente,  realizó una charla de reclutamiento llamada “súmate al Partido Obrero”. De la misma participaron 200 compañeros en total y una gran parte de los mismos, aceptaron realizar una experiencia dentro del partido. Esta iniciativa no tiene precedentes y marca el principio de lo que puede ser un gran desarrollo del partido en esta etapa.


La concurrencia a la charla provino de todos los frentes de trabajadores, desocupados y juventud donde hay una intervención del PO: de aeronáuticos, que se organizan contra los despidos y las rebajas salariales, del Polo Obrero, que está a la cabeza de la lucha contra el hambre y el coronavirus en las villas. De la juventud del polo que se organiza en las villas contra la represión policial, de los hospitales donde los residentes y los enfermeros se organizan para defender sus condiciones de trabajo y su salario. Dentro del movimiento de mujeres, donde las compañeras se organizan para seguir luchando por el aborto legal frente al abandono del kirchnerismo, frente al pacto de Fernández y el clero. Y también de la juventud precarizada de repartidores, comercio, fast food. De secundarios, de terciarios y universitarios. Participaron también jubilados.


El orador de la charla fue Gabriel Solano, legislador de la ciudad y dirigente del Partido Obrero. Comenzó su intervención destacando que es importante que los ingresantes al partido participen del 27 congreso. Un congreso democrático que los partidos burgueses no pueden realizar. Explicó que el partido es la defensa de un programa que defiende los intereses de los trabajadores. Un programa es una caracterización de la etapa, las consignas que se desprenden y las tareas más importantes para los trabajadores. Prosiguió manifestando que estamos en contra de la cooptación del estado porque defendemos un programa obrero y socialista. ¿Con quién va estar la juventud que quiere cambiar esta realidad de hambre y miseria? ¿Con los Fernández y Obrador que ajustan para pagar la deuda y no paran de retroceder frente al imperialismo? Por esto vamos a una conferencia en Latinoamérica para construir una alternativa de los trabajadores.


Al mismo tiempo Solano señaló la importancia de la campaña financiera en curso, y la necesidad de los recursos para seguir luchando y organizando a los trabajadores contra el ajuste. Y concluyó resaltando que tenemos una divergencia de fondo con el kirchnerismo: como enfrentamos a la derecha y el imperialismo. Pagando la deuda, endeudando más el país, robándole el aumento a los jubilados y ajustando a los trabajadores; no. Es que ahora son gobierno y el margen para maniobrar se les terminó. Muestran su verdadera cara patronal y anti obrera. El PO es un factor de atracción para los luchadores, que concluyen que para enfrentar la flexibilización laboral, a la patronal y a la burocracia traidora hay que estar en general con la izquierda y en particular con el PO.


Después de la intervención de Solano se dio lugar a una extensa lista de oradores. Muchos compañeros se anotaron para contar su experiencia y manifestar su incorporación. Raquel, docente, quien comentó tener experiencia en otros partido de izquierda y que consideraba que “el PO en docentes y en ADEMYS, está a la cabeza de la lucha” y por eso se incorporaba. Sharon, actriz, quien tuvo una experiencia en Nuevo Encuentro que la desencanto del nacionalismo burgués. Florencia, de salud, quien tuvo una experiencia en el partido radical planteó que se incorporaba porque “comprendió que la salida está en la organización independiente de los trabajadores.” Sandra, del Polo Obrero villa 20 dijo que “le parecían piolas nuestras reuniones y que quiere empezar a militar ya”. María, del Polo de Riestra (Villa 1-11-14) planteo que vio todos los lugares donde interviene el partido e invitó a sus hijas a sumarse también. Gary de la juventud del polo, manifestó su intención de incorporarse por la lucha en las villas contra la represión policial. Martin, docente de un colegio privado, esbozó que conoce de hace muchos años al partido y por eso se quiere incorporar en esta etapa.


La charla fue un gran paso adelante, no solo porque las incorporaciones aumentaron las filas partidarias, sino porque le plantea al partido la tarea central del reclutamiento. La preparación de esta charla nos llevó a un gran trabajo con toda una nueva periferia. Una nueva periferia que está surgiendo al calor de los conflictos en curso. Donde la burocracia mira para otro lado y el clasismo levanta una tribuna de lucha y de denuncia. Pero sobre todo de independencia política. Para que la crisis la paguen los capitalistas sigamos desarrollando este proceso, sigamos sumando compañeros al partido.



 

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La ruptura del acto del 26 por el grupo de Altamira y el MTR Martino

Foto: Daniel Peluffo, Ojo Obrero Fotografía

El 26 de junio es un acto de enorme importancia para el movimiento piquetero. El acto del 26, en el Puente, ha tenido históricamente un carácter de frente único sobre la base de consignas irrenunciables, como son la denuncia de los responsables políticos: Duhalde, Solá, Juan José Álvarez, Anibal Fernández y el resto de los funcionarios políticos que intervinieron en la planificación de la masacre de Avellaneda.


Luego, cada año el 26 es una fecha que refleja las luchas y reclamos del movimiento piquetero contra los diferentes gobiernos. Así, por ejemplo, el 26 de junio del 2019 el macrismo impidió el acceso al Puente Pueyrredón, mediante un enorme operativo represivo frente a una movilización masiva. Los 26 han sido siempre grandes jornadas de lucha.


La particularidad de este 26 de junio es que la vuelta del peronismo al poder, acompañado de gran parte de las organizaciones del triunvirato piquetero, coloca en forma muy clara como un eje la lucha contra la integración al estado de un sector del movimiento piquetero. El acto del puente fue muy claro en este sentido, denunciando a quienes reivindican a Darío y Maxi pero han abandonado, por ejemplo, la denuncia del rol de Felipe Solá en la masacre de Avellaneda. Las organizaciones integradas al gobierno se guardaron este 26, mientras el gobierno de Alberto Fernández cobija a los Solá o Anibal Fernandez.


Frente a este panorama y, más aún, teniendo en cuenta la situación de pandemia, estaba planteado mas que nunca la defensa de un frente único de las organizaciones independientes. La elaboración de un documento consensuado entre las organizaciones históricamente convocantes fue un paso en este sentido. El documento toma toda la agenda de reclamos del movimiento popular y desarrollar una delimitación del gobierno en todos los terrenos, desde el pago de la deuda hasta la denuncia del hambre que crece en los barrios.


A contrapelo de la necesidad de una movilización común, el grupo de Altamira y el MTR Martino, además del MIJD de Castells, parieron un documento propio que queda muy por detrás del documento de consenso en términos de una denuncia a la política del gobierno y realizaron un acto propio, adelantándose a ocupar el puente antes de que la cabecera de las organizaciones avanzara.


Este documento, que entre otros “olvidos” no menciona a Mariano Ferreyra, fue hecho público mientras las organizaciones que históricamente convocan a la jornada discutían la modalidad del acto, debido a la necesidad de tomar recaudos en el marco de la pandemia. Nunca intentaron llegar a un consenso en torno a un documento único y concurrieron al puente con la decisión tomada de dividir el acto. El MIJD y el MTL rebelde, por otro lado, firmaron el documento y no fueron ni con una bandera a la actividad.


Por su lado, el grupo de Altamira desprecia al movimiento piquetero. Dicen en una nota reciente “Antes de la pandemia (el Plenario Sindical Combativo) convocaba al movimiento social del Polo Obrero a las manifestaciones, para disimular las esmirriadas filas de militantes y activistas que lograba reunir”. O sea que los del Polo no serían militantes ni activistas ni habría que convocarlos a movilizar con los obreros.


Pero para ocupados o desocupados, la línea es romper: la ruptura del acto del puente es una continuidad de la ruptura con el Plenario Sindical Combativo de cuyas acciones han dejado de participar. Lo mismo vale para las movilizaciones realizadas en común con la izquierda.


Mientras rompen el acto del 26, embellecen al ejército responsable de la represión en los barrios. Dicen por ejemplo: “(…) la distancia social entre la tropa y los vecinos de las barriadas se ha vuelto prácticamente nula. Esa interacción con las familias trabajadoras encierra un componente potencialmente explosivo”.


El antecente histórico que registra la ruptura del frente único de lucha de los 18 años de movilizaciones en el Puente Pueyrredón son los actos paralelos montados por el kirchnerismo, a través de diferentes organizaciones como el Movimiento Evita (que no existía en 2002) o sectores que responden al hoy funcionario del PJ de Varela, Juan Cruz Daffunchio, cooptado por el gobierno de Nestor Kirchner.


Como se suele decir, la historia repite las tragedias pero como farsa. Quebrar el frente único de las organizaciones independientes es funcional, siempre, al gobierno. Más aún si es una línea de acción permanente y se combina con los elogios al aparato represivo y el desprecio anti piquetero.



 

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28/06/2020

El vice de Sáenz avala el uso de la legislatura como lugar de detención

La denuncia de Claudio Del Plá a la salvaje represión a remiseros

En la última sesión de la cámara de diputados de Salta, nuestro compañero Claudio Del Plá, denunció que la legislatura fue usada por la policía como centro de detención clandestino, cuando reprimieron brutalmente a los remiseros. Hechos como este registran varios antecedentes en los últimos años.


Nuestro compañero no solo fue censurado cuando realizaba esta denuncia en la propia sesión, sino que recibió la exigencia pública del vice gobernador, Antonio Marocco, de que rectifique sus dichos. El vice de Sáenz avala que se pueda detener dentro del edificio de la legislatura. No solo eso, recordó y reivindicó en el programa “Hablemos de Política” en Aries FM, que en otras épocas el edificio contaba con un calabozo.




Ante este anti democrático reclamo del vice gobernador, nuestro compañero emitió un comunicado de prensa, que fue enviado a todos los medios, que reproducimos a continuación;


“Exijo la libertad de los remiseros que fueron detenidos y golpeados en el edificio de la legislatura, usado como centro de detención clandestino. Si, repito, clandestino como consta en la denuncia penal presentada por el abogado de los remiseros porque está expresamente prohibida la detención en ningún otro lugar que no sea la Alcaldía, ni siquiera a las comisarías puede llevarse un detenido”.


“El que debe dar explicaciones de su conducta es el vicegobernador que tiene entre su custodia a un policía que, portando el arma reglamentaria en medio del operativo, amenaza a un remisero diciéndole: “te voy a arrancar la cabeza”. “Él debe explicar porque reivindica un operativo policial en donde fueron maltratados varios periodistas a los que se les impidió ejercer libremente su oficio, en el que además todos los policías se quitaron la identificación, en donde al menos dos personas que filmaban con sus celulares el momento de la represión y las detenciones fueron presas. Todo esto al mismo tiempo que policías filmaban y fotografiaban a los manifestantes. En definitiva, debe explicar porque fue parte de la decisión política de reprimir a un conjunto de trabajadores que cuestionan la corrupción y el parasitismo de las remiseras que han concentrado las licencias en beneficio de un puñado de sujetos vinculados con este gobierno y el anterior”.


“El martes pasado fue el presidente de la Cámara el que me cortó la palabra cuando informaba sobre los casos de abuso policial y torturas que receptamos con la comisión de derechos humanos en Rosario de la Frontera. Luego el dipu-policía Orozco, que irá a juicio por torturas y está imputado por obstaculización de la justicia en el caso del crimen de Rosa Zulca, se victimizó y buscó descalificar mi presencia en su ciudad como una conspiración con el intendente Solis al que no conozco. Le teme a que la organización de las víctimas, que estamos impulsando para que se terminen las torturas y la impunidad, termine demostrando su responsabilidad personal y política. Por último, se sumó a esta cruzada para tratar de “taparme la boca” el Vice gobernador Marocco. A un partido como el Partido Obrero que en 50 años luchó contra dos dictaduras, contra la triple AAA y el terrorismo de estado, no lo van a hacer callar. Hay que desarmar esta trama de complicidad político policial al servicio de legitimar un orden represivo con una policía que ha recibido súper-poderes con el decreto 255 que es completamente anticonstitucional y con un militar que reivindica la dictadura de Videla en el rol de ministro de seguridad”.


“Bajo el mando de Pulleiro, la policía no para de cometer torturas y vejámenes de todo tipo, que ya le costaron la pérdida de un ojo a un joven de Ballivian y a otro en Barrio La Paz. Hoy deberá responder en la legislatura por decenas de casos en todo el territorio. Esta represión se hace con la mira puesta es criminalizar la protesta social, en tiempos de miseria extrema, despidos y hasta muertes por hambre en la provincia. Es que pretenden imponer un ajuste capitalista a fuerza de palos y balazos. Hay que derrotar esta tentativa represiva como parte dela lucha para para que esta crisis la paguen los capitalistas”, concluyó el diputado Provincial, Claudio Del Plá.

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Dos obreros de Aguas del Norte fallecidos y dos internados.
"Abrazamos en solidaridad y nos ponemos a disposición de aquellas de las escuelas provinciales”, dijeron en un comunicado.
28/06/2020

Macri, Michetti y Boudou se acaban de jubilar y entre los tres cobran $1.730.000

Equivalen a 100 haberes mínimos como cobra el 50% de los beneficiarios

El Anses sigue cerrado para todos los trámites jubilatorios o de concesiones de otro tipo de beneficios para el común de los mortales, pero sus puertas se abrieron para que fuera autorizado el pago de las “pensiones vitalicias” -brutales jubilaciones de privilegio- del expresidente Mauricio Macri, a quien le otorgaron un haber de $750.000 mensuales, a la exvicepresidenta Gabriela Michetti, que recibe $560.000 y al también exvice, Amado Boudou, que se hace acreedor a $420.000 mensuales. Todos ellos perciben este haber de por vida por el solo hecho de haber cumplido un período de cuatro años en las funciones y, como beneficio extra, están eximidos del pago de Impuesto a las Ganancias, que si abona una amplia gama de trabajadores de ingresos medios.


La concesión de estas suculentas pensiones se dan cuando, desde el gobierno nacional, se dispuso congelar la movilidad de las jubilaciones ordinarias de millones de beneficiarios que aportaron a las cajas durante 30 o 40 años de su vida laboral y que hoy cobran desde $17.000, por imperio de la “emergencia sanitaria que vive el país”, lo que supone una nueva pérdida frente a la inflación, en estos haberes que apenas llegan a cubrir la tercera parte del costo de la canasta de subsistencia.


Evidentemente, desde el Anses (el gobierno) han considerado que, en este punto, había que cerrar la “grieta” que, desde la oposición política y mediática, habían abierto al cuestionar el otorgamiento de la pensión a Boudou porque el exvicepresidente enfrenta una condena por desfalco al Estado. Es que los tres beneficiados, colocados en distintos lados de la “grieta”, pueden ser medidos por un raseto común ya que todos tienen por delante imputaciones judiciales para nada menores.


El Anses también les reconoció -claro está- el retroactivo correspondiente que, en el caso de Macri, alcanza a $6.000.000; en el de Michetti a 4.500.000 y, en el de Boudou, a poco más de $14.000.000. Los tres deberán esperar para recibir estos montos, aunque no deberán encarar eternos juicios de años como los jubilados sin privilegio, que deben litigar para que el Anses les reconozca sus derechos, sino que la postergación del pago de las retroactividades será solo hasta que “dure la emergencia pública en materia sanitaria”.


Es ilustrativa esta celeridad para asistir a “las necesidades” del personal político de la clase capitalista, para ver con claridad a quienes responde este gobierno que llegó para atender “primero a los que menos tienen”.


Estas jubilaciones, que reciben los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como las altas jerarquías de la Iglesia, como los obispos y los arzobispos, tienen como única justificación el pago de un retiro con la mayor opulencia para quienes se encargan de sostener un sistema general de privilegios para toda la clase capitalista.


Tienen un carácter de privilegio, además, porque ellas no sufrieron ni sufren el congelamiento de ninguna movilidad  como los jubilados del régimen general.


Es que los haberes jubilatorios de estos privilegiados equivalen, en el caso de los expresidentes, al 100% del salario de un juez de la Corte y en el de los exvice, al 75% y su movilidad se rige por la de los salarios de esos magistrados. quienes se fijan ellos mismos los incrementos de los sueldos. En el 2019, los integrantes de la Corte se “concedieron” aumentos por un total del 69%, por encima de la inflación y casi el doble de la media que recibieron los trabajadores que revistan en blanco.


Hay que liquidar todos los regímenes de privilegio. Hay que reponer todos los derechos despojados a trabajadores y jubilados. Trabajadores y jubilados tienen por delante una pelea por la subsistencia, contra la miseria, por salarios mínimos que cubran el costo de la canasta familiar, y por jubilaciones mínimas que alcancen al 82% del sueldo en actividad.




 

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Kosteki y Santillán: la jornada de lucha en Córdoba

En Córdoba se realizó una gran movilización a 18 años de la gesta piquetera del Puente Pueyrredón. La acción de lucha del día de ayer elaboró un documento que, además de pedir justicia y cárcel para los asesinos de los compañeros Kosteki y Santillán, es una denuncia al ajuste en curso y una guía para la acción, para terminar con este régimen de hambre, represión e impunidad.


La concentración cordobesa comenzó pasadas las 16 horas con la ocupación total del puente Darío y Maxi, ex Puente Centenario. Allí tomaron la palabra diferentes organizaciones convocantes: Frente Popular Darío Santillán, Mplt (Movimiento Pueblo, Lucha y Trabajo), Izquierda Latinoamericana Socialista, Agrupación Montoneros Córdoba, Venceremos, Polo Obrero, Partido Obrero, OLNyS Fogoneros-MTR Votamos Luchar, Pañuelos en Rebeldía, Prml, Frente Arde Rojo (FAR) en Marabunta, Correpi. Una a una fueron interviniendo marcando el significado histórico y presente de la convocatoria. También se realizó un pañuelazo y se recordó a compañeras piqueteras, como Maite Amaya y Ramona.



Al llegar a Colón y General Paz se realizó una ronda de banderas y se desarrolló un juicio popular para Felipe Solá y Aníbal Fernández, responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, impunes y con la cobertura del gobierno nacional. El expresidente Eduardo Duhalde no fue olvidado. Por eso, su figura junto con la de los otros asesinos fue quemada.


El acto central de la jornada dio inicio con la lectura de un extenso documento que hizo énfasis en la grave situación que padece la clase trabajadora: “se profundizó la precarización de la vida y del trabajo. Comedores y ollas populares aumentan sus filas, al mismo tiempo que la solidaridad por abajo también crece. La respuesta del Estado sigue siendo insuficiente e ineficaz. No alcanza con el IFE que se cobró una sola vez en toda la cuarentena mientras se le pagó la mitad de los salarios a empresas como Clarín o Techint, que no dejaron de producir, de aumentar los precios y despedir trabajadores”.


El texto denuncia la continuación del pago de la fraudulenta deuda externa. En función de esa política se ajusta y reprime al pueblo que está desarrollando luchas  muy importantes que están creciendo en Córdoba de la mano de los trabajadores de la salud y los municipales de Jesús María y Capital. Todas estas protestas apuntan a torcerle el brazo a una política ajustadora en beneficio de las clases explotadoras. En ese sentido, se denunció al gobernador Juan Schiaretti que está aplicando una reforma antijubilatoria gravísima con el aval del Ejecutivo Nacional.


Por método, programa, y la situación de la clase obrera, el acierto de la convocatoria piquetera salta a la vista. Como era de esperarse, las organizaciones del triunvirato (Movimiento Evita, Barrios de Pie, CCC) faltaron a la cita. Otras organizaciones de la cuarta pata del triunvirato quedaron expuestas, en algunos casos hicieron acto de presencia para disimular. Llamamos a les compañeres a sacar todas las conclusiones de lo que significa la ausencia de quienes hoy acompañan al gobierno que tiene responsables políticos de la muerte de piqueterxs en funciones. Con asesinos no se construye “poder popular”, con un gobierno ajustador y pagador de la deuda, tampoco.


Nuestra organización, con sus agrupaciones, marchamos en la perspectiva de desarrollar la unidad del conjunto de las organizaciones contra el ajuste, planteando  una salida estratégica para nuestra clase, frente al cuadro de marginación, descomposición y miseria que profundizó la pandemia.


Cárcel a los responsables políticos por el crimen de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki; justicia por todos los crímenes de Estado contra el pueblo trabajador; el Estado es responsable, tanto ayer como hoy; con ajuste no hay cuarentena; no al pago de la deuda externa; por la independencia política del movimiento piqueterx; unidad entre trabajadores ocupados y desocupados para darle como clase una salida política propia a la crisis capitalista.



 

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28/06/2020

Trump, DACA, los inmigrantes y el fallo de la Corte Suprema

Sobre sus recientes declaraciones dirigidas a los beneficiarios de este programa

El pasado martes, en su gira por Arizona, Donald Trump realizó directo desde el muro entre Estados Unidos y México en Yuma una serie de declaraciones dirigidas a los inmigrantes pertenecientes al Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Fundamentalmente, que “van a venir cosas buenas”, sin mayores precisiones, ya que esto se produce unos pocos días después de que la Corte Suprema bloqueara su intento de ponerle punto final al mismo. Así, el sacudido presidente estadounidense sumó otro revés judicial en un corto plazo, tras el fallo de la propia Corte Suprema de prohibir formalmente los despidos por identidad de género. En su fallido acto de lanzamiento de campaña, no obstante, ratificó que su gobierno volverá a avanzar en la finalización de DACA. Pero insistió de forma desfachatada que “todo saldrá bien para esos jóvenes”.


Continuando su gira por Arizona, en horas posteriores del martes Trump aseguró en Phoenix que el muro fronterizo con México “ayudó a detener el Covid-19”. Algo que resulta irrisorio al calor de los hechos. No sólo Estados Unidos lidera cómodamente con casi 2.5 millones de casos las cifras mundiales, sino que además Arizona en particular es un foco que registró en las últimas dos semanas sus estadísticas más altas, y ya tiene ocupadas el 80% de sus camas.


DACA, Obama y Trump


DACA es un programa creado por decreto en 2012 bajo la gestión de Obama. El mismo difiere la expulsión de inmigrantes que arribaron antes de los 16 años, no tienen más de 30 y vivieron al menos 5 años en el país. Para beneficiarse de él, los mismos deberán poder probar estas últimas condiciones, no poseer antecedentes penales y estar escolarizados o en el servicio militar. De esta forma, podrán acceder a un permiso de trabajo y una “situación de presencia legal” —que no es la residencia legal en EEUU, la cual deberá ser renovada sucesivamente. DACA fue creado por Obama en la campaña electoral de 2012 como respuesta a la presión que ejercían miles de inmigrantes activistas, más aún cuando las deportaciones masivas del demócrata lo empezaban a coronar con el apodo “deportador en jefe”. El programa apuntó entonces a un sector de inmigrantes que ‘cayó siempre simpático’ aún entre parte de la población más chovinista, los jóvenes que llegaron ilegalmente al país cuando niños. Un episodio de la serie South Park, “El último de los Mehicanos”, emitido en 2011, que retrata con su característico humor ácido esta ‘simpatía’ por ser inmigrantes que ejercen las tareas más precarias y peor retribuidas del país.


La clase capitalista yanqui se ha valido de un sector que puede ser contratado por salarios significativamente menores. Esto a su vez ejerce un factor de presión sobre los trabajadores nativos del país, pues se garantiza una reserva de cientos de miles de jóvenes inmigrantes, en muchos casos menores de edad, que ante una urgencia imperiosa acepta sin chistar cualquier condición de precarización impuesta. De esta forma, lo que supone ser un programa de ‘protección’ a jóvenes inmigrantes, termina siendo una formalización de la superexplotación y la precariedad social a la que son sometidos, a la vez que se utiliza eso como ariete contra las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores.


Hacia las elecciones de 2016 Trump hizo una fuerte campaña contra los inmigrantes y mencionando la eliminación de DACA, en línea con otros proyectos políticos nacionalistas que han sido la respuesta más reaccionaria a la crisis del 2007. Durante sus primeros meses de gestión, de todos modos, sus declaraciones al respecto parecieron más pasivas, catalogando el punto como “complicado” y convidando que tomaría decisiones luego de discutirlo a fondo con el fiscal general Jeff Sessions. De esta forma fue que en septiembre de aquel mismo año, luego de todo un debate interno en el gobierno en el cual Sessions se posicionó junto al ala ultraderechista de Stephen Miller, Trump decide declarar inconstitucional a DACA, por haber sido implementado vía decreto. Así fue que su intento de liquidar el programa suscitó enormes movilizaciones en todo el país, que incluso ya se multiplicaban en los días previos a que comunicara cual era la decisión final. Una de las más emblemáticas fue la de principios de noviembre de aquel año, donde distintas convocatorias confluyeron en las afueras del Capitolio de Washington. Ese enorme impulso de los inmigrantes nucleados en DACA, denominados “Dreamers”, llevó a la Corte Suprema al gobierno de Trump.


Esta intentona de poner fin al programa fue neutralizada entonces por la misma, luego de un largo proceso judicial, con una mayoría de 5 sobre 4 dirigida por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. De esta manera, los más de 700.000 inmigrantes podrían conservar su “situación de presencia legal” y sus permisos de trabajo. Roberts y el Tribunal Supremo se esforzaron en aclarar al principio que sólo se trataba de marcar un incumplimiento en términos legales de la orden ejecutiva, que presentaba una violación de los procedimientos federales, dado que las justificaciones dadas por el gobierno eran insuficientes para terminar con el programa. Sin embargo, es indudable que lejos de esto hay consideraciones políticas que influyeron en la decisión de este fallo evidenciando disgregaciones. Y es que son los factores más reaccionarios de las políticas de Trump que vienen poniendo en tela de juicio su gobernabilidad, al calor de la rebelión estadounidense, consiguiendo que un gran sector de la clase dominante y del arco político le suelte la mano. Trump puede todavía imponer su finalización por decreto, pero eso podría significar un costo político entre su propia base electoral en medio de la campaña.


Una salida para los inmigrantes en Estados Unidos


La lucha de los “Dreamers” toma una relevancia importantísima, ante tantos ataques antiinmigrantes y xenófobos que el gobierno de Trump ha emitido en su contra desde el principio y como uno de sus principales slogans electorales. La promesa de insistir en la eliminación de DACA sólo logrará avivar más el fuego de las enormes revueltas populares entre las masas de trabajadores y jóvenes que están siendo alimentadas por el creciente número de muertos producto de la pandemia, la depresión económica y la enorme brutalidad policial. Vale recordar entonces que para fines de 2019, cuando el tribunal sostuvo argumentos orales en la causa DACA, los comentarios emitidos por los jueces indicaban que sería eliminado por 5 a 4, en lugar de ser ratificado por la misma relación de votos. El impacto de la rebelión en curso, donde los inmigrantes han tenido un lugar destacado en la lucha contra el racismo inherente al régimen, ha sido el gran motor para obtener esta conquista. Y no se trata únicamente de la victoria en sí, sino que ha terminado de resquebrajar la relación entre Trump y una Corte Suprema por demás reaccionaria, que no otorga estos fallos en aras de conceder derechos, sino como parte de una disputa de facciones dentro de las propias clases dominantes. La preservación de DACA supone entonces otro cimbronazo para Trump en el curso de la crisis política.


Los Dreamers y el conjunto de los inmigrantes en EEUU tienen entonces la tarea de redoblar el camino de la lucha. Si en 2017 las sucesivas movilizaciones lograron llevar el caso a la Corte Suprema, y la misma ha fallado en su favor recientemente ante el escenario político que plantea la enorme rebelión en curso, ahora más que nunca hay que organizar al movimiento por las reivindicaciones que faltan. Fundamentalmente, contra toda forma de deportaciones y contra la violencia policial, por el acceso a la residencia legal definitiva y la igualdad de condiciones y salarios. Fuera Trump y el régimen racista y xenófobo.




 

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Salta: el gobernador Sáenz pidió al Ejército y Alberto Fernández se lo mandó

La pandemia como excusa para reforzar la represión.

A través de las redes sociales primero y luego en una reunión virtual, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, solicitó al presidente Alberto Fernández que los militares custodien las fronteras y las calles de la capital provincial con el pretexto del ingreso ilegal de ciudadanos bolivianos y las 600 detenciones efectuadas a acusados de romper la cuarentena. El pedido de que el Ejército desembarque en las localidades de Salvador Mazza, Aguas Blancas y Los Toldos para evitar “el ingreso del virus por las fronteras” fue concedido sin objeciones por Alberto Fernández.


Esta preocupación contrasta con la falta de designaciones de médicos y enfermeros en los hospitales de la capital, y el vaciamiento más profundo en el interior. El contagio de un médico en Tartagal generó una gran crisis en la localidad, en la que el intendente Mario Mimessi debió pedir la vuelta a la fase 1 del aislamiento social pero solo se realizaron solo 25 hisopados.


Sáenz tilda de “imbéciles” a los trabajadores por no quedarse en sus casas cumpliendo la cuarentena, cuando la provincia está entre las primeras el ranking de trabajo en negro y desocupación, con un 45,9% de la población en esa situación. El gobernador que no pone un peso en asistencia social pretende que nos quedemos en casa bajo apriete. Se trata de una política de gobierno, para la cual designó a un excomandante del Ejército como ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, un negacionista de la dictadura que hoy es sumamente cuestionado por el accionar represivo de la policía en las diferentes localidades de Salta. Esta es la política de “dar vuelta la página” que pregona Alberto Fernández para reinstalar a las Fuerzas Armadas en la represión interior.


Ni los militares, ni la policía, ni la Gendarmería son capaces de asegurar la tan mentada seguridad a la población. En la provincia de Salta crecen las denuncias de atropellos policiales de todo tipo hacia trabajadores y la juventud en los barrios. De hecho, el lunes 21 se  realizó una gran movilización en el centro salteño al cumplirse un año de los asesinatos de Martín Carreras y David Alfonso a manos de la policía.


Ante el cuadro represivo que ha montado Sáenz a partir de la cuarentena, exigimos la derogación del decreto 255 que da superpoderes a la policía y que se dé marcha atrás con este nuevo intento de desplegar al Ejército en los barrios.





 

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27/06/2020

Río Gallegos: el concejal Maldonado denunciado por abuso de una menor

Separación ya del Concejo Deliberante.

Plenario de Trabajadoras - PO

Hace pocas horas se conoció en redes sociales una denuncia pública de una mamá, advirtiendo el abuso sexual hacia su hija de 9 años por parte del actual presidente del Concejo Deliberante de Río Galleros, Emilio Maldonado.


La mujer advierte en su publicación: “el viernes 19 de junio de 2020, alrededor de la 1 de la madrugada mi hija mayor entró en una crisis de llanto y comenzó a rasguñarse las rodillas, y me decía que sentía mucho miedo y vergüenza de lo que pudiera llegar a pasar, con lágrimas en los ojos me confesó que ese amigo incondicional la tocaba”. La mamá de la menor, Roxana, se refiere a Emilio Maldonado, a quien conoce hace tiempo por compartir la militancia en la Unidad Básica “Saber que se Puede”, que dirige Pablo Grasso, actual intendente de Río Gallegos.


La denuncia fue hecha en la Comisaría de la Mujer y llevada por jurisdicción a la Comisaría Sexta. Allí, a pesar de haber dado declaración a la policía, no llevaron adelante ningún tipo de protocolo para este tipo de denuncias ni llamaron a un médico para que la revise.


Ahora Roxana exige, con razón, una urgente Cámara Gesell para su hija y que de esta manera se prueben sus testimonios y sea protegida de los ataques políticos de quienes mantienen una actitud de encubrimiento para el edil.


En esta línea, en las últimas semanas se ha puesto en tela de juicio a los más vulnerables, los niños, mediatizando un falso síndrome de alienación parental (SAP) el cual no existe y está cuestionado por todas las asociaciones científicas existentes y que es usado para encubrir y justificar el abuso y violación de niños.


Rechazamos estos falsos argumentos que es letra oficial para el Estado y la Iglesia, para encubrir abusadores, contra esta concepción está la lucha del movimiento de mujeres y diversidades para terminar con un régimen que hunde sus cimientos en una niñez abusada y hambreada.


Después de que se hiciera pública la denuncia de abuso por parte del concejal Maldonado hacia una menor, el repudio masivo del movimiento de mujeres y de la comunidad en general llevó al intendente Pablo Grasso a pedirle al denunciado que “pida Licencia”. Maldonado, que es un “hombre de Grasso” y del riñón del Poder, ha cumplido con el pedido de sus jefes y ha solicitado licencia en su cargo.



Desde el Plenario de Trabajadoras-PO denunciamos el intento de “encubrimiento”, y exigimos que el Concejo Deliberante de Río Gallegos convoque en forma urgente a una Sesión Extraordinaria para tratar como único punto: del Orden del Día:


– Separación preventiva del cargo del concejal Emilio Maldonado


– Que el concejo deliberante se pronuncie contra el abuso sexual y contra toda forma de impunidad reclamando justicia para las víctimas y cárcel a los responsables.


– Que la justicia acelere los pasos legales para la investigación y determinar las responsabilidades del Concejal.


Es necesario para resguardar al testimonio de la víctima y su integridad, para verdaderamente luchar por sus derechos y no revictimizarlas no se debe mantener en el poder a quienes son denunciados


A las víctimas que se han animado a denunciar y a las que quieran hacerlo, nosotras les planteamos que sí les creemos.



 

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27/06/2020

El Covid-19 y el vaciamiento del único refugio de la Ciudad para mujeres en situación de violencia

Tribuna Municipal

Las trabajadoras del Refugio Mariquita Sánchez, el único refugio para mujeres en situación de violencia de la Ciudad de Buenos, dieron a conocer la grave situación por la que están pasando. Denunciaron que en la institución se confirmaron seis casos de coronavirus y no se cumplió con el protocolo establecido. Los testeos de las trabajadoras y de las mujeres e hijes que se albergan allí comenzaron hacerse recién a partir del miércoles 17 de junio, una semana después de que apareciera el primer caso sospechoso, y solo se hicieron por la insistencia de las trabajadoras.


Estas denuncian además que los primeros testeos se hicieron solamente a quienes habían tenido contacto estrecho con el primer caso, sin tener en cuenta que en la unidad convivencial los espacios como el comedor y baños son compartidos. Incluso la definición de “contacto estrecho” utilizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat contradice el protocolo nacional, el cual considera  dentro de esa categoría a quien proporcione cuidados a un caso confirmado o haya estado a menos de dos metros por 15 minutos, cintando desde 48 horas antes desde que la persona comienza a presentar síntomas.  La ministra María Migliore y las funcionarias de la ‎Dirección General de la Mujer presionaron a las trabajadoras para que retomen sus tareas, exponiéndolas a ellas, a sus familias y a las familias que alberga el refugio.


Desde 2016 las trabajadoras de los refugios vienen denunciando el vaciamiento. La falta de personal, la precariedad laboral, los problemas edilicios y la falta de recursos son frecuentes. Hace unos días se difundió también la intención de cerrar el Hogar Eva Duarte, el único que aloja y acompaña a adolescentes embarazadas y/o madres que han atravesado situaciones de violencia de género y se encuentran en contexto de vulnerabilidad. Por otro lado, el propio dispositivo Mariquita Sánchez no permite un abordaje propicio para la situación que se encuentran atravesando las mujeres y sus hijes, con espacios que son compartidos al punto que en los dormitorios conviven varias familias. Muchas trabajadoras son monotributistas y ni siquiera cuentan con obra social, ART, ni aguinaldo. Algunas incluso están tercerizadas a través de la UBA. En el caso de las trabajadoras de planta transitoria y planta permanente los salarios no llegan a la canasta básica familiar de la Ciudad, y este año tienen congeladas las paritarias.


En el marco de la pandemia de coronavirus se agudiza esta precariedad a que las condena el gobierno la Ciudad de Buenos Aires. Es gracias a la intervención que vienen haciendo las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer que sale a luz cómo se sostiene la política que difunden como campaña estrella Larreta, Migliore y las directivas de la DGMuj. Mientras en las redes sociales publicitan la línea telefónica 144 y los programas de la dirección, por abajo presionan y exponen a las trabajadoras y a quienes atienden, con un presupuesto y salarios de miseria. Su política pública es una violencia institucional constante.


Recientemente el informe de la Oficina de Violencia Doméstica hizo público que el 93% de las denunciantes está en riesgo. Frente a esta situación, se hace necesario que las trabajadoras se organicen de forma independiente del Estado y los gobiernos por todos los reclamos: protocolos sanitarios ante casos de Covid–19 supervisado por las trabajadoras, la provisión de elementos de higiene y seguridad adecuados, aumento salarial y plus por trabajo esencial, pase a planta permanente e incorporación de personal, licenciamiento preventivo de 14 días para los casos sospechosos, aumento del presupuesto para el área.



 

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27/06/2020

Camas disponibles en el sistema de salud: desde Ginés hasta Larreta, todos mienten

Uno de los temas más resonantes en los medios de comunicación, y también entre los trabajadores de la salud, es la disponibilidad de camas que posee el sistema de salud frente al aumento de casos de Covid-19. El gobierno anunció con cifras oficiales que el sistema de salud cuenta con 457 pacientes Covid internados en terapia intensiva (UTI) de todo el país y que, palabras del ministro de Salud Ginés González García, la disponibilidad de camas es de un 96%, ya que estiman que el nivel de camas de UTI a nivel nacional es de 11.517. Estos números, que podrían tranquilizar a la población y trabajadores, omiten una realidad fundamental que refleja el cinismo de los gobiernos. Y es que esos 457, el 93% se concentra en el AMBA, siendo el 51% correspondiente a la provincia de Buenos Aires y el 42% a CABA.


Ginés, rehén de propia desidia


Hilando más fino podemos resolver otro enigma matemático al cual nos somete el ministro de Salud cuando habla de la disponibilidad de 11 mil camas para enfrentar la pandemia. Esto es falso, ya que el Estado no tiene la potestad de hacer uso de esas camas en función de la necesidad de la población, porque del 61% corresponde al ámbito privado (ámbito financiero).¿O nos va a decir Ginés, que cuando no haya camas en un hospital público de CABA el Hospital Italiano va a recibir solidariamente a un paciente sin obra social? De ninguna manera, hará valer caro las camas de las que disponen, montando un negociado incluso a costa de sus afiliados. Esto también cuenta para el total de la geografía argentina, no hay que ser un gran científico para saber que un paciente en estado grave no va a ser derivado de CABA a Córdoba buscando una cama disponible.



Los números que preocupan


En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los últimos datos publicados en la página del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires, actualmente hay 215 pacientes con Covid internados en UTI de Hospitales de CABA (ministerio de salud). En este informe, el gobierno no suma los datos de sanatorios privados. Por otro lado, el gobierno asume que ese número corresponde a un 53% de camas ocupadas, ya que declara contar con 400 camas. Pero podemos afirmar que el sistema público de la CABA no cuenta ni por asomo con 400 camas. Una denuncia sentida por los trabajadores de la salud es que no hay una publicación real de camas por Hospital. El relevamiento de la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA logró contabilizar 196 camas, y al día de la fecha trabajadores afirman que las camas no llegarían a 220, siendo el porcentaje de camas ocupadas muchísimo mayor al que declara el gobierno, llegando al 100% en la inmediatez. Por las características de los pacientes que requieren ser internados en UTI, las camas ocupadas suelen variar diariamente. Pero el número de camas requeridas para Covid viene en aumento, y sumado a esto, los pacientes Covid suelen requerir internaciones en UTI por un promedio de 21 días. Es decir, que el aumento de casos exponencial que estamos atravesando imposibilitará cualquier tipo de internación, agravando la salud de los pacientes. Una posibilidad que se baraja es que el gobierno esté contabilizando respiradores disponibles. Pero ni un respirador se prende por sí solo, ni es el único elemento que compone una cama de UTI. En hospitales como el Durand, Ferrer o Zubizarreta, entre otros, las camas no se habilitan por falta de personal, insumos y equipamientos como bombas de infusión continua para la medicación.


Según un informe publicado por Infobae, en CABA hay 1.417 camas de UTI. Creyéndole al gobierno de Larreta, las 400 camas significan un 28%, ajustado a la realidad el número no llegaría al 15%. La superación de recursos privados por encima de los públicos se exacerba en la CABA.


En internación para algo similar, porque, si bien se van habilitando un mayor número de camas en función de la demanda, muchas veces no cuentan con los requisitos básicos. En el Muñiz, hay camas sin oxígeno, que no deberían considerarse como cama internación, sino como cama similar a Hotel, y la mayoría de los hospitales no cuenta con medidas de monitorización básicas, como saturometría y otros signos vitales de importancia. Frente al aislamiento extremo de les pacientes para prevenir contagios, la falta de monitores individuales no permite una atención adecuada.


La provincia, víctima de un abandono histórico


Si bien el 44% de las camas totales que el gobierno nacional dice tener está ubicado en centros de salud de la provincia de Buenos Aires, tampoco hay datos oficiales de qué porcentaje corresponde al sector público y cuál al privado. El problema distributivo se repite y se agrava. El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Sebastián Riera, afirmó que el promedio de ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano bonaerense es del 65%, de las cuales el 20% tiene pacientes con coronavirus (Radio La Red). Y dejó entrever la problemática de los hospitales públicos como el Fiorito, en donde la ocupación de camas ronda entre el 85 y 100%. El colapso que pueda sufrir la provincia de Buenos Aires también dependerá de las restricciones que la cuarentena le imponga a la población para acceder al sistema público de salud de CABA, generando un problema para los hospitales bonaerenses que cotidianamente no pueden abordar las demandas de la población. Este problema también se resolvería con un sistema de salud nacional centralizado.



Hospital Fiorito -Avellaneda


Ante el agravamiento de la cuarentena, una salida de fondo


Está claro que ni el gobierno nacional ni los gobernadores han planificado de antemano el reforzamiento del sistema de salud con la seriedad que se merece. Los recursos escasean por todos lados, donde sobra un respirador falta personal; donde alcanzan las camas, no hay oxígeno. La planificación sanitaria no es algo que se plantea solo en pandemia, sino una política de Estado que debe garantizar el acceso a la prevención y promoción de la salud de la población de manera cotidiana. Una situación histórica de vaciamiento hospitalario y privatización de la salud se agrava con el avance de la pandemia y la llegada del invierno, que colapsa efectores con enfermos respiratorios. La centralización del sistema de salud sería la única manera de disponer de todas las camas de manera unificada, para poder empezar a hablar de porcentajes y disponibilidades. La disparidad en recursos que posee el sector privado por encima del público debe ser administrado por el estado nacional y un comité de sanitaristas y trabajadores. En el mismo sentido, el acceso a la salud de trabajadores de distintos barrios podría verse beneficiado, de manera urgente accediendo a hospitales mejor equipados y, en el mediano plazo, equipando adecuadamente servicios y efectores que atiendan a la población vecina. Evitando las restricciones por región, pero también pacientes viajando horas para llegar a un hospital. Es fundamental aumentar el personal y centralizar las tareas para reducir la jornada laboral, aumentar salarios y prevenir exposición y muertes de más compañeres. Está no es una tarea fácil, porque la precarización sanitaria, los bajos salarios y altos niveles de estrés han generado una escasez de personal capacitado, sobre todo en enfermería, que no se soluciona a corto plazo. Es necesario un plan académico que incorpore a las universidades, poniendo la formación intensiva y gratuita de profesionales  al servicio de la pandemia. Ponderar la formación gratuita científica y de calidad, mejorar los salarios y las condiciones laborales  son la manera de terminar con el pluriempleo y fortalecer el recurso humano.


Una gran parte de los insumos y equipamiento que escasean son importados, aumentando costos o en algunos casos, inhabilitado su acceso por la caída de importaciones debido a la crisis económica  Un plan integral de enfrentamiento de la pandemia y la colocación de los recursos al servicio de la población debe incorporar la reconversión del sector industrial para abastecer las demandas necesarias: respiradores, camas, monitores, fármacos. En cuanto a los recursos económicos, queda claro que la apertura de los libros de contabilidad de las clínicas privadas, y el aumento del presupuesto público destinado a Salud deben formar parte de este plan estratégico.


El impuesto a las grandes fortunas debe ser establecido de manera urgente, y junto al no pago de la deuda, las medidas para destinar el presupuesto sanitario necesario, para poner en pie un sistema de salud público fortalecido, que termine con la precarización laboral y la falta de acceso a un derecho universal.


Les trabajadores y la población debemos estar muy atentes a los falsos números presentados por los gobiernos y la burocracia sindical. Como hizo la Asamblea de Residentes y Concurrentes, elaborando su propio relevamiento, debemos establecer herramientas, intervenir en los comités de crisis y organizarnos para rechazar cualquier tipo de mentira, exponiendo la real situación y defendiendo nuestros derechos, hoy más que nunca.  




 

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27/06/2020

Neuquén: vacantes en educación, un recule del gobierno

Luego de nuevas movilizaciones y estadías de docentes desocupados en Casa de Gobierno, éste (tras un simulacro de “ayuno” de la conducción provincial del TEP -Celeste) acordó una reunión en el Cuerpo Colegiado del Consejo de Educación para instrumentar un mecanismo de cubrimiento de vacantes.


El organismo votó la Resolución Nº 260/20, que finalmente instituye un mecanismo virtual para aspirar a las vacantes en todos los niveles y modalidades. Y aunque deja zonas grises y no resuelve todas las situaciones, no es menos cierto que se arrancó con la lucha en las calles, movilizados.


La ministra de Educación provincial, Cristina Storioni, había dicho reiteradamente, desde un principio, que cubrir las vacantes “no es prioritario”.



Respondía así a nuestros primeros reclamos.


En los primeros días de abril la agrupación Tribuna Docente lanzó una campaña denunciando que había 500 vacantes que se debían haber cubierto con el inicio de clases. La cuarentena esgrimida por las autoridades era una excusa porque comenzó recién a mediados de marzo, pero además estaban las declaraciones de la ministra.


Así que tempranamente nuestra agrupación lanzó una campaña de empadronamiento de la docencia en situación de desocupación  forzosa. El 9 de abril el diario La Mañana de Neuquén publicó que “la agrupación política Tribuna Docente informó que hizo un relevamiento en toda la Provincia que arrojó que al menos 500 docentes no alcanzaron a tomar horas y hoy se encuentran desocupados”.


Para el 20 de abril Tribuna Docente organizó un masivo “ruidazo” virtual que tuvo mucha repercusión, y recién entonces es que la conducción de Aten denuncia la falta de cobertura de cargos.


Desde entonces, Tribuna Docente, a veces en soledad, y otras junto a las conducciones y agrupaciones de la Multicolor, movilizó hasta dos y tres veces por semana, a las puertas del Consejo de Educación, de Casa de Gobierno, de los Distritos (llevando las acciones a todas las localidades, desde Chos Malal en el norte, hasta San Martín de los Andes y Villa La Angostura en el sur). Fue una lucha tenaz, que tuvo a una vanguardia de docentes desocupados en la primera fila.


Por eso no hay ninguna duda en afirmar que fue esta perspectiva, y no el holllywoodense “ayuno” del TEP, el que finalmente obligó a recular al gobierno.


Las zonas grises y lo que falta


La Resolución Nº 260, al establecer un sistema de acceso a las vacantes por medios virtuales (mail, plataformas, etc.), no contempla la realidad de extensas zonas, principalmente del interior provincial o la región cordillerana, donde la conectividad es una lotería, aun disponiendo de medios técnicos para la misma. Y como establece que el docente tiene 24 horas para inscribir su interés en un cargo o bloque de horas vacantes, esto limita y discrimina a esos sectores alejados de los centros urbanos, donde la conectividad suele faltar por días enteros.


Tampoco contempla a aquellos que viviendo en centros urbanos no tienen conectividad.


Pero no solo eso, la Resolución deja afuera a docentes recién recibidos de otras provincias, que cada año llegan a Neuquén, porque habilita la postulación a cubrir vacantes para los egresados 2019/2020 de los institutos de formación docente “dependientes del CPE (Consejo Provincial de Educación)”.


Esta cláusula de arraigo es un viejo anhelo del MPN de imponer un chauvinismo laboral contra la docencia (el exgobernador Jorge Sobisch fue impulsor hace años atrás y fracasó rotundamente). Obvio que no se aplica el mismo criterio con Chevron, la banca internacional y los terratenientes que acaparan los perilagos y las mejores tierras.


Por lo tanto, tras este primer paso adelante de la lucha de la docencia, corresponde continuar con el resto de los reclamos como el bono de $ 30.000 a la desocupación forzosa, que las vacantes se cubran con fecha retroactiva al momento de inicio de la cuarentena y otros.


Sin dejar de lado la lucha por el pago de salarios y aguinaldo en tiempo y forma, y con la actualización por inflación.


El criterio es no dejar que el gobierno dé por cerrado el robo de los salarios desde marzo al no cubrir miles de vacantes (como se evidenció luego, a partir de los primeros datos), ni dar por sentado que también se robe la actualización salarial del segundo trimestre y el tercero.


Mientras tanto, nos preparamos exigiendo que ya mismo el Estado termine de construir o refaccionar las escuelas y adaptarlas a las normas de bioseguridad que deberán regir cuando se retorne a la presencialidad. Hace tres meses que no se coloca un tornillo, y las escuelas abandonadas, son saqueadas en algunos casos. Por ejemplo, la escuela Nº 115 de la Capital, ha sufrido hasta la fecha cinco robos.


Sí, dimos un paso adelante, pero no actuaremos conservadoramente: somos realistas, ante la pandemia y la cuarentena, vamos por todo.




 

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27/06/2020

Río Negro: "Arabela Carreras se está mandando muchas cagadas"

Un comentario sobre la gobernadora que ilustra la crisis provincial

En una sesión remota de la comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial, la legisladora oficialista de Juntos Somos Río Negro, Roxana Fernández, no advirtió que su micrófono aún seguía encendido cuando comentó en un diálogo privado que la gobernadora Arabela Carreras "se está mandando muchas cagadas" (diario Río Negro, 26/6).


Las descarnadas palabras de la legisladora deben leerse en el contexto provincial. La crisis económica y sanitaria se profundiza y abre diferencias en el partido gobernante. Por estos días se siguen dando focos crecientes del coronavirus en Bariloche, donde en los últimos días se detectaron más de 30 casos. En General Roca, a su vez, hay más de 100 casos activos. Son los dos lugares más afectados (el total en la provincia asciende a más de 250 casos activos y 41 fallecidos). En medio de esta situación crítica, sigue sin equiparse el sistema de salud pública, como lo muestran las denuncias de los y las trabajadoras de la salud provincial. Esto no es solo responsabilidad del gobierno provincial sino también de los gobiernos municipales. La intendenta de General Roca, María Soria, del Frente de Todos, se ha limitado a reclamar la presencia de la Gendarmería, usando a la pandemia como pretexto para reforzar el aparato represivo.


Pero volviendo al gobierno provincial, hay que decir que la crisis económica ha dado un salto. Carreras no pudo pagar un vencimiento de deuda de 10 millones de dólares que es parte de la deuda por 300 millones de dólares contraída para financiar el "Plan Castello" de infraestructura, con lo que la provincia se coloca en el tren de las provincias que están cerca del default. Promovido por el propio exgobernador Alberto Weretilneck en el mismísimo Estados Unidos, este plan se está convirtiendo en un salvavidas de plomo para la gestión de Carreras. La provincia dispone de un mes de plazo para llegar a un arreglo con los acreedores.


Frente a este escenario, debemos luchar para que la crisis no sea transferida sobre los y las trabajadoras, luchando en defensa de los puestos de trabajo, del salario, del aguinaldo y la actualización que corresponde a los aumentos de precios. Que la crisis la paguen los capitalistas.




 

27/06/2020

Editorial Perfil: plan de lucha contra el pago del aguinaldo en cuotas a partir de enero de 2021

Lo resolvió una video-asamblea masiva

El 23 de junio, Editorial Perfil emitió un comunicado a su personal informando que, dado que el Estado no tomaba a su cargo el pago del medio aguinaldo que la empresa debe abonar el 30 de junio, no iba a poder cumplir con esa obligación y debería posponerla ¡¡¡para enero de 2021, y en cuotas!!! A su vez, se lamentaba de que todavía el gobierno no había informado acerca de si va a pagar la mitad de los salarios de este mes, como viene haciendo desde hace dos meses, con dinero de la Anses.


Es pertinente aclarar que Perfil, que atribuye este incumplimiento a los trastornos derivados de la pandemia de coronavirus, no pagó en tiempo y forma los medios aguinaldos de 2016, 2017 y 2019, ni las paritarias de 2016 y 2019, amén de haber cerrado paritarias a la baja  todos estos años (la última, de 15%, cuando la inflación trepó a más del 50%), amparada por el Ministerio de Trabajo y la burocracia de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).




No conforme con esto, la empresa lleva adelante un plan de reconversión de sus contenidos hacia los sitios web, televisión y radio, lo que conlleva un incremento de tareas (multitarea) para los trabajadores, que cada vez son más presionados para adecuarse a esta transformación (precarización laboral).


A raíz de esta realidad, en un contexto de ataque contra las leyes y convenios laborales por parte de las patronales de todos los gremios, los trabajadores de Editorial Perfil, reunidos en una video-asamblea masiva, decidimos tomar una serie de medidas, que incluyen retención de tareas de dos horas por turno en todas las áreas periodísticas y administrativas de la empresa, a fin de revertir esta situación que empeora nuestras condiciones de vida, ya de por sí de una gravedad muy acentuada debido a la enorme pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario.


Los trabajadores nos mantenemos organizados y vamos a luchar por nuestros derechos, que son permanentemente vulnerados por una empresa que de manera consecuente se niega a cumplir con sus obligaciones.




 

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27/06/2020

Felfort: ocho casos de Covid-19 confirmados, y contando...

Por Caro DM

El pasado miércoles 24 de junio, tras confirmar cinco casos positivos de Covid-19 en la fábrica Felfort, los trabajadores realizaron un paro que logró arrancarle a la patronal una licencia de tres días para el personal que aún continuaba en la planta.


El viernes 26/6 se confirmaron tres casos nuevos, mientras varios trabajadores continúan a la espera de los resultados de hisopados, los cuales tuvieron que hacer por su cuenta en obras sociales porque la empresa se negó a realizarlos.


Desde el inicio del aislamiento social obligatorio el STIA (Alimentación), bajo la dirección de Rodolfo Daer, no dio respuesta a la demanda de los trabajadores de Felfort que reclamaban por tener que producir a pesar de la no esencialidad de las golosinas. Los elementos de prevención e higiene fueron arrancados a la patronal mediante paros y retención de tareas organizados por los trabajadores a los que el sindicato les dio la espalda. En la situación actual, con ocho contagios y contando, el sindicato sigue sin dar ningún tipo de respuesta.


La empresa de golosinas presiona y amenaza con despidos a sus trabajadores para sostener la producción, exponiéndolos al contagio sin extremar las condiciones de prevención ni cumplir con protocolo alguno ante la confirmación de casos. El paro del 24 logró un cierre parcial hasta el lunes 29, cuando los trabajadores deberán volver a sus puestos de trabajo.


El gobierno acaba de anunciar un supuesto regreso a la fase 1 con restricciones en la circulación pero no a la industria, que en el transcurso de estos 100 días de cuarentena ha presionado para reactivar la producción. Es el caso de las fábricas de golosinas que acumulan ganancias siderales con protocolos sanitarios a medida de las patronales y sin ninguna supervisión, como sucede en Felfort o Mondelez.


Las patronales son responsables de los contagios en sus plantas, y cuentan con la complicidad del gobierno y la dirección del sindicato.

Apoyamos el reclamo de la comisión interna de Felfort por el cierre total y la desinfección de la fábrica, que se otorgue un aislamiento por 14 días, testeos y atención médica para todos los trabajadores, y el pago íntegro del salario. La producción de golosinas no puede seguir exenta de la cuarentena.


El resultado de una medida de fuerza contundente marca el camino. Apoyamos todas las medidas de lucha de los trabajadores de Felfort. Para que la crisis actual, agravada por la pandemia, la paguen los capitalistas y no los trabajadores.





 

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27/06/2020

Misiones: la precarización de las trabajadoras que asisten a mujeres violentadas

Entrevista a Analía Esquivel, trabajadora del programa Progen.

Tanto en la movilización del 28 de mayo por la salud de las mujeres como la del 3 de junio en el aniversario del Ni Una Menos estuvieron manifestándose las compañeras Promotoras de Género contra el desplazamiento de sus funciones por Malvina Lara, la nueva funcionaria del área, nombrada por la subsecretaria de Mujer Giselle Dobidenko. Estas trabajadoras cobran un beca de $ 11.000 por el acompañando a mujeres víctimas de violencia, lo que revela que los programas de la provincia de Misiones se asientan en la total precarización laboral.


Prensa Obrera entrevistó a Analía Esquivel, trabajadora del programa Progen.


¿Hace cuánto tiempo trabajas como promotora del programa Progen? 


Comenzamos en el año 2009. Fui una de las seleccionadas por la Asociación Jardín de los Niños para el programa. No sabíamos muy bien de qué se trataba, eran charlas para mujeres con contenido interesante donde se resaltaba a la figura de la mujer en el barrio. Sabíamos quiénes eran las mujeres que llevaban adelante ciertas actividades y reclamos en el barrio, para sumarlas. Es un programa europeo (financiado en un principio por la Unión Europea) que se implementó en la provincia y en conjunto con profesionales de la Universidad Nacional de Misiones nos capacitaron a alrededor de diez mujeres. Estuvimos un año entero avocadas al estudio. En el medio sucedieron muchas cosas, nos dimos cuenta que la violencia no es solamente un golpe, que hay otros tipos de violencias que desconocíamos y que muchas de nosotros las estábamos viviendo.


El programa consistía en capacitarnos y después hacíamos un cierre (mujeres que pasaron por violencia doméstica, acompañarían a otras mujeres de su mismo barrio en ese mismo proceso). Al finalizar la capacitación nos quedamos prácticamente solas. La Asociación nos presta un lugar, y decidimos con la mitad del grupo que quedó sostener esos encuentros y empezamos nosotras solas a hacer charlas para replicar lo aprendido, a salir a otros barrios, viajamos al interior en varias oportunidades, todos los gastos sostenidos desde nuestros bolsillos.


Intentamos crear una red, porque cada una de la personas que conocimos están en la misma situación que nosotras, no pueden disponer de tiempo completo para ayudar en los casos. La municipalidad de Posadas en tres o cuatro gestiones ayudó para tener ingresos para los traslados, para ayudar personas en emergencia, sostener el lugar donde nos reuníamos una vez por semana, compartiendo los acompañamientos que hacíamos, las denuncias. En ese entonces no había juzgado de violencia y no estaba permitido ingresar con nadie en ningún lugar: no siempre fuimos bien recibidas, sobre todo en la policía, donde oponían resistencia total, tanto en la comisaría de barrio como la de la mujer.


¿Cuáles son sus reclamos como promotoras?


Reclamamos nuestro reconocimiento como trabajadoras, y la reglamentación y puesta en funcionamiento de la ley (Ley IV –N.º 81 provincial de Promotoras de Género) que implicaría sueldos y derechos laborales. Necesitamos contar con recursos del Ministerio de Desarrollo Social, que es el órgano de aplicación de la ley de promotoras; recursos para asistir a las personas, tanto económicos como profesionales: como contar con abogados/as, hogares a los que la mujer pueda concurrir con sus hijos, donde poder aprender oficios y los niños tengan clases de apoyo y contención psicológica. Ojalá yo tenga la oportunidad de ver que esto suceda.


¿Cómo es el trabajo de acompañar personas en estado de vulnerabilidad? ¿Cómo responde generalmente el estado?


Consideramos que cada agresor comprobado como peligroso debe portar una tobillera, tienen que ser monitoreados, y que no sean las mujeres quienes deban esconderse. Hoy las mujeres tienen que moverse a una casa refugio con sus hijos, tengo entendido que funciona solo una casa en toda la provincia. ¿Cómo puede ser que las mujeres sean las que tengan que irse? Además deben compartir en una institución con otra gente en momentos muy dolorosos en que necesitan privacidad, y los niños sufren cambios bruscos. Hay una deuda muy grande.


Hay que reglamentar lo que tenga que ver con los niños, la mujer y la familia. Apuntar a trabajar con el agresor, a desaprender conductas que hacen tanto daño, que llevan a la muerte, que hacen daño tanto en una familia, en una comunidad: el agresor debe ser claramente identificado.


Nosotras decimos el profugado, ¿quién es el profugado? La persona que se esconde porque cometió un delito. En este caso es la mujer quien siempre carga con la responsabilidad, porque somos nosotras las que siempre tenemos que correr. Un ejemplo es el de las audiencias por alimentos de manera conjunta, concedidas por los funcionarios del juzgado aun conociendo la causa. Los juzgados de Paz son más rápidos, pero sucede que después todas las medidas tomadas por ese juzgado deben ser homologadas por el juzgado de violencia, y eso tarda un montón, todo eso termina perjudicando, y no damos abasto, no tenemos los medios, es una deuda grande que tenemos con las victimas y con nosotras mismas.


Hasta el día de hoy hay funcionarios que desconocen el trabajo de las promotoras de Género. Es doloroso porque solo nosotras sabemos cuánto nos exponemos para lograr que la mujer entienda hay que involucrarse, no es solo una piña, cuando hay abusos, sumisión, no tienen alimentos, los hijos no van a la escuela, no tienen dónde dormir, no tienen documentos, un montón de cosas que no se tienen en cuenta. No estamos ni cerca de poder realmente hacer un servicio como corresponde. Yo creo en las instituciones pero no quiero que se saque gente de un lado para poner en otro, para tapar agujeros. Cada institución debe estar preparada para determinada tarea, y creo que así podría funcionar. Cada mujer que sufre violencia manifiesta enfermedades muy particulares y el Ministerio de Salud debería hacer aportes en ese sentido. Los profesionales de la salud psicólogos, psiquiatras, tanta gente que es valiosa para cambiar parámetros, los estereotipos que hay que derribar, cada persona que logra ser feliz con ese conocimiento, lo va a replicar para su familia también.


¿Cómo piensas que sigue la lucha?


Para las próximas generaciones dejar algo que sea un antes y un después. En términos generales se logró mucho, pero faltan funcionarios idóneos que estén sujetos a una evaluación de la sociedad y de las diferentes organizaciones sociales que puedan ser participes.


Necesitamos reconocimiento económico, necesitamos poder decir somos empleadas con estas funciones, podemos dedicar nuestro tiempo a esto porque somos reconocidas. Nosotras acompañamos, ¡pero nosotras dónde quedamos? ¿Nos valorizamos? Dejamos nuestra piel, nuestra salud, comprometemos el tiempo de calidad con la familia, y tenemos que hacer el trabajo de onda, cuando hay gente que cobra de onda y no hace nada. En este momentos pienso que ni siquiera seríamos un problema económico para el Estado porque somos muy pocas.


La lucha deber ser firme y constante, recordar de dónde venimos y qué es lo queremos. Lo que yo quiero para mi familia quiero para todas las mujeres.



 

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27/06/2020

Luján: foco de contagios en la empresa Cartocor, del grupo Arcor

La comisión interna denunció que se confirmaron cinco casos positivos de Covid-19

En el complejo industrial de Cartocor ubicado en la ciudad de Luján, la comisión interna del sindicato de papeleros denunció a través de un comunicado (25/6) una “creciente ola de contagios que se viene registrando en la empresa en estos últimos días”.


En esta empresa perteneciente al grupo multinacional Arcor, que emplea a unos 350 trabajadores de la zona, se confirmaron cuatro casos positivos en las últimas horas (sumando así un total de cinco casos). El comunicado de la comisión interna describe que en “el resultado de 12 trabajadores testeados, hubo tres positivos de Covid-19, de los cuales uno de ellos no presenta ningún síntoma”.


En esta fábrica, ubicada sobre el corredor de la Ruta Provincial número 6, se mantuvo la producción desde el inicio de cuarentena al ser considerada una industria esencial vinculada al sector alimenticio. Ante la reciente denuncia pública y el firme reclamo de los trabajadores para detener de manera inmediata la producción, la empresa resolvió paralizar la producción por 48 horas para realizar “tareas de desinfección”. Algo que inicialmente la gerencia de la empresa había negado rotundamente.


Por su parte, las autoridades municipales subestiman la situación y se limitaron a realizar simplemente un acta en donde se sostiene que “no hubo contacto estrecho en los trabajadores”. Sin embargo, los propios trabajadores manifestaron que “dos infectados son mecánicos, que andan por toda la planta. Seguro que tuvieron contacto estrecho con algunos compañeros" (El Civismo, 27/6). Así el gobierno local del intendente Leonardo Boto se coloca nuevamente del lado de la defensa de los intereses económicos empresariales.


Es decir, la patronal no está sola. Cuenta con la necesaria complicidad del Estado municipal. Es claro que sobre estas bases no se pueden garantizar la salud y la vida de la población trabajadora.


Esta dramática situación, en medio del crecimiento exponencial de los contagios, expresa con claridad que para los empresarios lo único importante es el sostenimiento de sus ganancias sin importar en nada la vida de las y los obreras/os.


Ante la pandemia es necesario que en cada lugar de trabajo se conformen comités de trabajadores/as para efectivizar las medidas de seguridad e higiene, gestionadas y controladas por el propio personal con independencia de las direcciones sindicales burocráticas.


Es fundamental rodear de apoyo y solidaridad a los trabajadores de Cartocor. Garantizar el cese efectivo de actividades en la planta, sin suspensiones y con goce íntegro de los salarios, hasta que estén garantizadas realmente las condiciones sanitarias. Basta de impunidad empresarial y de complicidad de los gobiernos.




 

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27/06/2020

La patronal y la justicia vuelven a la carga contra Cerámica Neuquén

Buscan avanzar en un remate de los bienes de la fábrica y proceder a un futuro desalojo

Los obreros y obreras de la fábrica recuperada Cerámica Neuquén han informado que la justicia habilitó nuevamente la presencia del martillero público con el objetivo de proceder a tasar los bienes de la fábrica. Con esta iniciativa,  buscan rematar los bienes de la fábrica y proceder a un futuro desalojo.


Asistimos a un nuevo intento, luego de que el año pasado la patronal y la justica dejaron en un impasse la situación debido a la resistencia inmediata de los obreros y de las organizaciones solidarias. La decisión del  juez laboral, Sergio Cosentino, permite que el martillero ingrese con la fuerza pública, es decir, avanzar en una provocación contra los obreros que defienden sus puestos de trabajo.


Los compañeros y compañeras de Cerámica Neuquén,  y su sindicato, han convocado a una reunión multisectorial al conjunto de organizaciones sindicales, políticas, sociales, estudiantiles y de Derechos a Humanos para este lunes con el fin de  compartir información detallada sobre la situación judicial  y acciones colectivas para defender la fábrica y los puestos de trabajo. En ese sentido, ya se anunció una conferencia de prensa para el próximo martes en las puertas de la fábrica.


A defender con todo a los obreros y obreras de Cerámica Neuquén que desde julio de 2014 preservan los puestos de trabajo y mantienen la producción bajo gestión obrera.



 

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27/06/2020

Rectificamos un error cometido en la Legislatura de CABA

Siempre con la causa palestina contra el Estado sionista.

Reproducimos a continuación el comunicado emitido por los diputados del Frente de Izquierda en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires:


En la sesión del jueves 18 se presentó una tabla para que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la definición de antisemitismo impulsada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (Hira). La misma fue votada en un segmento de tablas sin discurso, junto a casi 100 temas referidos a los asuntos más diversos, como ser el pedido para autorizar a paseadores de perros a realizar su trabajo en la cuarentena o el cambio de nombre de un colegio. Se trata de una votación general y en bloque, donde los temas no son analizados por separado. La lista de esas tablas es entregada a la noche del miércoles para ser votadas a la mañana del jueves, sin permitir un estudio a fondo de cada tema, un método absolutamente antidemocrático porque impide cualquier tipo de deliberación y debate.


La tabla referida declara que el “antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a lugares de culto”. Como se ve la definición entraña un problema de fondo. Porque por un lado cuestiona el antisemitismo, pero al hablar de “instituciones” deja abierta la posibilidad de que hasta el Estado de Israel pueda quedar integrado en esa definición que claramente es un Estado opresor del pueblo palestino y gendarme del imperialismo yanqui en Medio Oriente.


El Frente de Izquierda ha venido denunciando la postración al sionismo del gobierno nacional como quedó expresado en el primer viaje de Alberto Fernández a Israel para reunirse con el genocida Netanyahu, quien por estos días avanza con su política de terminar de anexar para el estado sionista a la Cisjordania palestina.


A la luz de lo recién señalado está claro que para el Frente de Izquierda la tabla debía ser votada negativamente. Nuestra lucha a muerte contra el antisemitismo lo hemos desarrollado siempre sobre la base de la denuncia al sionismo y del Estado de Israel, construido a partir de un genocidio y la ocupación y el robo de tierras y bienes al pueblo palestino. Nuestra posición de principios sobre este punto la hemos dejado en claro participando activamente de las manifestaciones que se realizan en nuestro país a la Embajada de Israel y denunciando los permanentes arreglos de todos los gobiernos con el sionismo.


Somos solidarios con el pueblo palestino y su causa. Exigimos la libertad de todos los presos políticos por parte del Estado israelí y todas las demandas palestinas frente a un aumento exponencial de sus penurias desde el surgimiento de la pandemia.


Para dejar clara nuestra posición le mandaremos este texto a la Secretaría Parlamentaria de la Legislatura para informarle cuente nuestro voto de modo negativo.


Myriam Bregman, Gabriel Solano, Alejandrina Barry, diputados de la CABA por el Frente de Izquierda







 

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Córdoba: lo que dejó la charla-taller del Polo Obrero “Por una cuarentena sin violencia”

Por iniciativa del Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras de Córdoba, el jueves 25 de junio comenzó la serie de charlas-taller “Por una cuarentena sin violencia”. Frente al agravamiento de la violencia de género y el aumento de los índices de femicidios y transfemicidios en el marco del aislamiento social, nuestras luchas no se toman cuarentena.


La charla contó con la presencia de más de 40 compañeras delegadas de diferentes barrios cordobeses, Soledad Díaz García, legisladora por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, y Cintia Frencia, dirigente del Plenario de Trabajadoras. En la actividad se debatió sobre qué es violencia de género, cómo podemos denunciarla y qué herramientas tenemos para combatirla.


También se denunció que sigue cayendo el presupuesto provincial destinado a los espacios y recursos que el Estado debe garantizar frente a situaciones de violencia, y para peor las partidas presupuestarias se subejecutan. Ese es el caso de los fondos de los programas del área de las mujeres, que el año pasado solo fue utilizado en un 68 %


Mientras tanto los femicidios siguen en aumento. La ministra Claudia Martínez reconoce que con el confinamiento se desarrolla un brote de violencia de género pero no se toman medidas para resolver el problema. La consiga de que el Estado es responsable está a la orden del día, y por eso es necesaria la continuidad de la lucha del movimiento de mujeres. Es al servicio de sacar las mejores conclusiones para organizarnos que realizamos estas instancias de debate y formación política.


Deabtimos que porque con hambre no hay cuarentena posible y porque a las mujeres nos siguen asesinando, nos organizamos y luchamos por un Consejo Autónomo de Mujeres independiente del Estado pero con presupuesto estatal para que seamos nosotras quienes garanticemos los derechos, contra las Iglesias antiderechos y el ajuste que el gobierno pacta con el FMI; por la apertura de casas refugios y un subsidio de 30.000 pesos a mujeres y diversidades víctimas de violencia y el dictado de ESI laica y científica; por todo este programa que es una guía de acción para el movimiento, invitamos a todas a los talleres.


¡Basta de violencia contra las mujeres y disidencias!




 

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Santa Cruz: reclamamos la reincorporación de Néstor Vibares y Mario Baeza en Oil M&S

El 5 de junio, cuando iniciaban una retención de servicios para reclamar por falta de pagos en la petrolera OIL  m&s de Las Heras, los trabajadores recibieron el aviso de que seis obreros eran despedidos. Luego de idas y vueltas a partir de la reacción de sus compañeros de reclamos al sindicato, la empresa (propiedad de Cristóbal López) deja sin efecto cuatro despidos aduciendo que se “confundieron” que los telegramas eran para los encuadrados en Uocra, pero mantuvo el despido de Mario Baeza y Néstor Vibares.


El reclamo había iniciado en mayo ante el pago de salarios con descuentos y retrasos, que generó manifestaciones tanto en la ciudad de Las Heras como en Cerro Dragón, Jomar y en las puertas de la administración de YPF. El 11 de mayo los trabajadores de Oil M&S desarrollaron un paro que tuvo un acatamiento total tanto entre petroleros como en Uocra. El día 13 se destraba el conflicto luego de que la empresa reconociera el incumplimiento en una audiencia en el Ministerio de Trabajo, y el 21 terminó de abonar los salarios.


Este reconocimiento de la empresa invalida las causas aducidas por la empresa para justificar los despidos., y por lo tanto deben ser declarados nulos. El motivo de este ataque es discriminación por la actividad sindical: Mario Baeza ha sido delegado gremial en Oil M&S y es un activista que interviene siempre en las asambleas de trabajadores y en cada conflicto; Néstor Vibares es miembro de la Agrupación Petrolera Ahonikenk, integró la Comisión Directiva del sindicato entre 2013 y 2017 y se presentó el año pasado como candidato a delegado en la empresa. Ambos han rechazado por los ilegales despidos e hicieron la correspondiente denuncia en el Ministerio de Trabajo. Sus compañeros de trabajo han elevado un petitorio al sindicato para que exija la reincorporación de Baeza y Vibares.


Desde la Agrupación Ahonikenk reclamamos la reincorporación inmediata de los dos trabajadores. Llamamos al conjunto de las organizaciones sindical, social y político de Santa Cruz y el país a pronunciarse contra este nuevo atropello patronal, que apunta a cercenar la libertad sindical en momentos que se anuncia el pago en cuotas del aguinaldo y nuevas rebajas salariales.



 

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Finalmente la justicia de Córdoba convalidó la prórroga de los mandatos del intendente, concejales y Tribunal de Cuentas de la ciudad de Río Cuarto. Poniendo como argumento la pandemia se avasalló la soberanía popular que, según está establecido en la Carta Orgánica municipal, reside en el pueblo. La orientación de alargar mandatos ya estaba presente desde el día que se suspendieron las elecciones, cuando desde el ejecutivo municipal se señaló septiembre como el mes a realizar los comicios.


No es novedad que la justicia provincial actúa en tándem con el gobierno provincial, a quien el intendente responde. Por eso el intendente Juan Manuel Llamosas tenía el camino allanado por gobernar sin el mandato del voto popular. Más todavía cuando en el poder legislativo de la ciudad, el conjunto de concejales levantó la mano para seguir en las bancas, y que el PJ siga gobernando.


Vale decir, que las elecciones se podrían haber realizado este fin de semana, Río Cuarto es zona blanca, y va para los dos meses sin contagios de Covid. Tomando todos los recaudos pertinentes las elecciones se podrían haber garantizado. El argumento de la pandemia vale para evitar que se exprese la soberanía popular; pero no para que se habilite la obra privada o el funcionamiento del Poder legislativo.



El llamado a evitar la intervención, a “tener responsabilidad”, no puede dejar de lado qué intereses sociales defiende quien gobierna. Se impuso una cuarentena con hambre, y se va saliendo de la misma con más pobreza y desocupación. Y para peor sin transporte durante largas semanas, y ahora con un servicio reducido por responsabilidad de la SAT (la empresa concesionaria del servicio urbano de transporte) y quienes gobiernan.


El punto es para quién y qué prioridades tendrá Llamosas a lo largo de estos meses en que estará al frente del ejecutivo sin el voto popular. Un adelanto de respuesta a los interrogantes es el pago en cuotas del aguinaldo de les municipales, a quienes se les recortó de manera indefinida el 5 % del salario, en plena pandemia, algo que por decreto presidencial es imposible. Les trabajadores del transporte, corren peor suerte, se les adeuda desde hace meses, y la SAT sigue manejando los subsidios a su gusto. Finalmente, el gobierno provincial, como las patronales, no cumple disposiciones en favor de les trabajadores.


El intendente fue utilizando la pandemia, y el confinamiento social, en función de su orientación de ajuste. Es esto, lo que el kirchnerismo residual de Pablo Carrizo y Respeto avalaron en la junta electoral. No se puede desconocer el contenido de la política de gobierno de Llamosas.


El pueblo trabajador de la ciudad debe sacar las conclusiones de esta etapa, e intervenir. Lo que viene será un un mayor ajuste, y requiere de la unidad de clase obrera para rechazar los recortes en curso, y para desarrollar la fuerza para que la crisis la paguen los capitalistas.



 

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La Comisión de Mujer y Diversidad dilata tratamiento del cupo laboral travesti-trans

El pasado 23 de junio se realizó una reunión informativa de la Comisión de Mujer y Diversidad de la Cámara de Diputados para discutir la cuestión del cupo laboral travesti-trans. En esta fueron invitades más de una decena de expositorxs pertenecientes a distintas organizaciones Lgbt+, trans y travesti de todo el país.


Exposición tras exposición, se colocaron cuestiones como la corta expectativa de vida de las personas travestis y trans, que ronda entre los 35 y los 40 años, y las causas que llevan a esta situación: la falta de acceso al trabajo formal, a la salud, a la vivienda y la expulsión del sistema educativo desde una temprana edad, además de la prostitución como única opción para la inmensa mayoría de la población. Esta cadena de violencias termina en las cifras alarmantes de travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio que tenemos hoy día: más de 30 en el 2020, y uno cada 96 horas en el 2019.


Párrafo aparte merecen las intervenciones de expositoras de organizaciones con profundos lazos con el Estado, como Ornella Infante, secretaria de la Falgbt, que dedicó una parte a saludar al gobierno de Alberto Fernández indicando que “no es casual que en un gobierno peronista se puedan dar estos debates”. Este lavaje de cara intenta tapar el sol con la mano: el gobierno peronista de Kicillof en la provincia de Buenos Aires sigue sin implementar el cupo laboral reglamentado tardíamente en el 2019 por Vidal, y en Córdoba el propio PJ fue el que cajoneó el proyecto en la Legislatura y en el Concejo Deliberante de la ciudad capital.


En la segunda mitad de la reunión, intervinieron las diputadas que integran la Comisión. Las que integran los bloques oficialistas no hicieron ni una sola propuesta para acercarse hacia un proyecto unitario con los acuerdos que ya se habían manifestado en la reunión. A pesar de los puntos de encuentro entre los proyectos presentados, no se avanzó hacia un dictamen para el tratamiento de la inclusión laboral travesti-trans. Esta orientación no es una novedad, ya en el 2018 habían cajoneado un dictamen de consenso trabajado intensamente entre asesorxs de distintos bloques.


Contrariamente, la intervención de Romina Del Plá, cuya banca presentó hace dos semanas y por tercera vez desde 2016 un proyecto de ley de Inclusión Laboral Trans que se viene cajoneando sistemáticamente, urgió al conjunto de la Comisión a tomar la decisión política de elaborar inmediatamente un dictamen, entendiendo la situación alarmante en la que se encuentra la población travesti-trans, agravada por la pandemia y el aislamiento social obligatorio.


La mayoría de las integrantes de la Comisión de Mujer y Diversidad ha demostrado nuevamente la falta de voluntad de legislar al respecto del cupo laboral travesti-trans. Esta orientación sigue la misma línea oficialista de no tratar proyectos necesarios para garantizar la salud y el bienestar de miles de mujeres y personas de la comunidad Lgbt+, como el aborto legal, seguro y gratuito. Mientras el gobierno nacional se apoya en las iglesias oscurantistas, cuyo lobby bloquea cualquier reclamo por parte de nuestro movimiento, seguimos muriendo. El Estado muestra una vez más su profunda responsabilidad en la exposición de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad a la precarización, el flagelo de la prostitución y las violencias.


Por esto, llamamos al conjunto del movimiento Lgbt+ a exigir el inmediato dictamen y tratamiento del proyecto de Ley de Inclusión Laboral Trans que, aunque entendemos que no es suficiente para acabar con el genocidio silenciado de esta población, es un paso adelante en la lucha por trabajo genuino y todos nuestros reclamos. De cara a este 28J, en un nuevo aniversario de la histórica revuelta de Stonewall, no bajamos las banderas históricas de nuestro movimiento. ¡Cupo laboral travesti-trans ya!


Firmá el petitorio:




 

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27/06/2020

“Les trabajadores de la salud ponemos el cuerpo, el gobierno y los sindicatos miran para otro lado”

Entrevista por Instagram Live con integrantes de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA

Por Mayra Ce

Este jueves 26 Prensa Obrera en el marco de su ciclo de entrevistas por IG dialogó con Iñaki Sanguinetti, concurrente del Hospital Álvarez y Mariana Serafini, residente del Hospital Argerich. Ambos integrantes de la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA.

La entrevista a cargo de Agustina Larsen recorrió los principales puntos de la situación en la que se encuentran los efectores de salud de la Ciudad y sus trabajadores en el cuadro de la crisis sanitaria en curso.

El futuro llegó: el agravamiento de la crisis sanitaria y la precarización laboral

Con la disparada de contagios y el agravamiento de la situación de crisis sanitaria se profundiza y sin embargo hay cosas que no llegan como el presupuesto. La entrevista comienza consultando por la situación de los hospitales.

Tanto Iñaki como Mariana explican el enorme problema de la desinformación y el cerco mediático acerca de la situación en la que se encuentran los efectores de salud. A partir de ahí es que se vieron en la necesidad de realizar un informe de situación de dichos efectores para exponer las condiciones de precarización laboral en las que se encuentran trabajando. “Desde que comenzó la pandemia venimos denunciando la falta de elementos de protección personal en cantidad y calidad –camisolines, barbijos, antiparras- necesarios para que les trabajadores podamos desarrollar nuestras tareas”, menciona Mariana y detalla que en el Informe relevaron que el 80% de efectores no tienen los equipos de protección suficientes.

El Informe de Situación de la Asamblea comprende a 27 de los 33 hospitales de la CABA y una gran cantidad de Centros de Salud. Es decir, una muestra representativa. “No hay elementos de protección personal o hay un acceso muy burocratizado, no hay protocolos centralizados. Esto hace que en los hospitales por ejemplo no tenemos señalizados los pasillos, y que gran parte del personal no recibimos capacitación de ningún tipo y esto se traduce en contagios. Lo venimos denunciando.”

https://prensaobrera.com/salud/caba-83-de-los-centros-de-salud-no-tiene-los-insumos-necesarios/

Iñaki al respecto menciona que desde el gobierno de la Ciudad no se informa la relación entre camas disponibles y ocupadas. Explica que “informaron que había 196 camas de UTI ocupadas. Nuestro relevamiento muestra que el sistema cuenta con 200 camas, o sea que si hay 196 ocupadas…”.

El sistema de salud público se encuentra al borde del colapso que pone de relieve las precarias condiciones en las que se encuentran sus trabajadores. Un vaciamiento del sistema de salud que ha sido denunciado durante años: “hace algunos años luchábamos para enfrentar la CUS, la emergencia sanitaria hoy viene a desnudar más aun esas fallas y la situación de los trabajadores. Si antes teníamos que organizarnos, hoy eso se hace más evidente y urgente y necesario. Porque intentar tapar baches con la “vocación” en este contexto es peligroso y negligente” afirma Iñaki. Y agrega “la situación de les trabajadores de la salud es realmente alarmante. No están garantizadas sus condiciones de trabajo, ni las condiciones de cuidado necesarias para enfrentar la crisis sanitaria en curso. Tal es así que existen 1.400 trabajadores que se encuentran realizando tareas gratuitas sin ningún tipo de protección”, se refiere Iñaki a los concurrentes, uno de los reclamos primordiales de la Asamblea CABA.

Agustina indaga acerca de qué implica ser un concurrente y cuál es su situación en el marco de la pandemia

Iñaki, psicólogo concurrente, expresa: “un concurrente ante todo es un trabajador de la salud, eso fue un logro inmenso de la lucha de diciembre, el habernos reconocido los concurrentes también como trabajadores de la salud. Somos trabajadores de la salud”.

Explica que las residencias y concurrencias pertenecen al sistema de formación del gobierno de la Ciudad. Una vez recibido-con título de grado- este sistema de formación implica una especialización de posgrado en distintas especialidades tanto médicas como no médicas. Las concurrencias pertenecen a ese sistema de formación en servicios “nuestro trabajo es a tiempo parcial y completamente ad honorem. Nuestro reclamo no es solo por no cobrar, sino que queremos ser reconocidos como trabajadores de la salud. En este marco necesitamos contar con la protección necesaria para poder trabajar, como por ejemplo la ART. Es impensable que se obligue a 1.400 trabajadores a estar en lo efectores sin contar con ninguna protección”.

 

 

 

Iñaki menciona que el problema del salario no es menor porque todos los concurrentes se ven obligados a tener dos o más trabajos por fuera del hospital para sostener su vida. “Nos parece insólito tener que explicarle al Gobierno este problema. En diciembre les dijimos que había 1.400 trabajadores esperando ser incorporados, si nos hubiesen escuchado ahí hoy el sistema de salud contaría con 1.400 trabajadores especializados y formados en el sistema público de salud. El tiempo nos va dando la razón lamentablemente, cuando manifestamos el problema de los contagios, hoy tenemos concurrentes contagiados".

Una mención especial realiza Iñaki respecto de la situación de la concurrencia de Salud Mental del Hospital Zubizarreta en la cual no solo se desvinculó a compañeras que planteaban ser cuidadas, sino que decidieron cerrar la concurrencia en dicho efector.

No hay respuesta de ningún tipo: nosotros ponemos el cuerpo, el Gobierno y los sindicatos miran para otro lado

Todas estas cuestiones vienen siendo denunciadas por la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA en distintas instancias. Tanto en reuniones que conquistaron como en la realización de distintas jornadas de lucha. Sin embargo, explican que no hay ningún tipo de respuesta ni de medidas para abordar estos problemas. “No se hacen cargo de un montón de condiciones que venimos denunciando en distintas instancias y con jornadas que venimos reclamando. Por eso nos parece fundamental visibilizar todo esto y las consecuencias que esto tiene. Por ejemplo el caso de Esther Ledesma, una trabajadora que se le pidió varias veces licencias y el principal responsable es el Estado por no otorgar las licencias y las condiciones” y agrega Mariana que “participamos activamente del abrazo al hospital Durand por el fallecimiento de Julio Gutiérrez como asamblea y en cada uno de estos lamentables fallecimiento nos pronunciamos exigiendo justicia por parte de un Estado que no responde ante la situación de enorme precarización en la que venimos trabajando".

Respecto a la actuación de los sindicatos en este cuadro Mariana detalla que los sindicatos que nuclean a la mayor cantidad de trabajadores, Asociación de Médicos Municipales, Sutecba, y Federación, no vehiculizan ninguno de los reclamos que tienen les trabajadores de la salud. “Hay congelamiento de paritaria. Recientemente pasó lo del bono. Partimos de cobrar un bono de 20 mil pesos en cuatro cuotas de 5000 que ya de por si lo cobramos tarde, muchos no lo cobraron. A trabajadores que tuvieron aislados se le descontaron los días. O trabajadores que están en licencia por factor de riesgo tampoco percibieron este bono” y agrega que “entre que son 5.000 que es una miseria, encima suceden estas cosas. Ninguno de los sindicatos que debiera representar a los trabajadores lo hace. Asamblea CABA se constituye como una organización independiente, interdisciplinaria que viene a defender los derechos de les trabajadores en su conjunto a través del método de lucha de trabajadores, con asambleas, participativas y democrática, y por ello es por lo que tiene la representatividad y legitimidad que tiene la asamblea”.

Asamblea CABA: la organización y la lucha como única salida

Ambos entrevistados con recorridos distintos y en distintos años de las residencias y concurrencias resaltan el valor del espacio de organización de Asamblea CABA. “Vocación nos sobra, asamblea CABA está conformada por compañeros con muchísima vocación, sobre todo vocación de lucha, porque sabemos que mejorar las condiciones de los trabajadores es mejorar el sistema público de salud.”, menciona Iñaki.

Mariana también lo detalla a partir de su experiencia “la asamblea tiene muchos años de lucha. Mi primera experiencia más concreta fue a partir de la lucha de diciembre, tremenda experiencia. Me parece destacable mencionar que, porque existía ese espacio de organización que se sostuvo en el tiempo, se pudo lograr la histórica lucha de diciembre. Nosotras, con mis compañeras de residencia, fuimos a la legislatura cuando se estaba empezando a discutir esta ley exprés. Y fuimos 20 personas que convocamos a un paro. Por existir estos espacios de organización es que en algún momento pueden lograrse luchas como la que vivimos en diciembre de 8 días de paros sin guardias. Me parece muy importante sostener estos espacios de asamblea para loes trabajadores”.

Hoy una de las banderas que levantan es la centralización del sistema de Salud, que hoy cobra mayor relevancia explica una de las entrevistadas, “porque estamos ante un colapso que es consecuencia de un vaciamiento histórico del sistema de salud. El sistema de salud público no cubre las demandas y en este momento es paliativo. Es necesaria una centralización al sistema de salud bajo control de sus trabajadores”.

Para concluir Agustina pregunta acerca de cómo se desarrolla la lucha en la pandemia, cómo se organizan y qué medidas están construyendo, “nosotros desde que comenzó la pandemia nos reunimos virtualmente. Asambleas muy exitosas y masivas. Ahora estamos intentando impulsar reuniones que venimos teniendo con organizaciones y sectores que intervienen en salud para impulsar una nueva jornada de lucha como la que hicimos el 10 donde presentamos el relevamiento. Queremos impulsar una nueva jornada para exponer estas situaciones. Y convocarnos a asambleas de trabajadores en los hospitales y cesacs (centros de salud)”.

Ambos colocan el acento en la importancia de construir asambleas en todos los efectores de salud. Explican que el objetivo que se proponen es que no sean sólo asamblea de residentes y concurrentes sino de todes les trabajadores. “Porque la precarización trasciende a las residencias y concurrencias, profesionales y no profesionales, por ello resaltan la importancia de impulsar estas asambleas en todos los efectores de salud”, concluye Mariana.

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27/06/2020

Mendoza: nuevos contagios de Covid-19 entre trabajadores de la salud

Trabajadores del Hospital Humberto Notti y el Hospital Español. La exposición del personal y la desidia estatal.

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó un nuevo caso de Covid 19 que afecta a una trabajadora de la salud. Se trata de una enfermera del Hospital Pediátrico Humberto Notti que contrajo el virus de su hermana, paciente de un ginecólogo del Hospital Español que también dio positivo.


Todo esto no hace más que expresar la vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores de la salud. Y es que, según declaran los propios trabajadores, los elementos de protección solo son utilizados por los trabajadores que se encuentran en áreas de peligro por Covid-19. El resto de los trabajadores se encuentran con la protección mínima. De esta manera, ni el ginecólogo ni la enfermera tuvieron nunca acceso a protección alguna. El nexo de los contagios es la desidia estatal.


En los días previos, un trabajador tercerizado de limpieza del Hospital Perrupato se transformó en el primer caso autóctono de San Martín. Mediterránea, la empresa que tiene la concesión del servicio en los hospitales de la provincia, no provee a sus trabajadores de los elementos de protección necesarios.


El inicio de la pandemia ha significado un aumento de la explotación laboral y una continuidad en la política de ajuste para los trabajadores de la salud. En Mendoza, miles de prestadores autoconvocados, separados de la burocracia sindical de ATE y Ampros (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud), convocaron decenas de actividades y conquistaron más de dos mil pases a planta transitoria, dado que sus condiciones laborales iban cada vez más en decaimiento.


Sin embargo, eso no constituye una mejora sustancial de las condiciones de trabajo. La falta de elementos de higiene y descartables y la ausencia de políticas sanitarias anti Covid hacen que Argentina sea uno de los países con mayor porcentaje de infectados en el mundo en el área del personal de salud. Las condiciones actuales deben poner en alerta a los trabajadores de la salud de toda la provincia, en la perspectiva de organizarse de manera independiente del Estado patronal y las burocracias.




 

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27/06/2020

Los becarios de salud bonaerenses reclaman el pago de sueldos adeudados

No cobran desde marzo. Realizaron una medida de fuerza el jueves 25.

Este jueves 25 en hospitales y virtualmente hicieron sentir su reclamo los trabajadores que ingresaron en marzo como parte del personal de apoyo en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, quienes en estos meses no han cobrado todavía ningún sueldo.


A raíz de la pandemia, el gobierno de Kicillof abrió la inscripción para cubrir cargos bajos la forma de becas. De 25.000 inscritos fueron tomados cerca de 500, de los cuales 107 son profesionales, 177 enfermeros, 113 personal de limpieza y 35 técnicos distribuidos en 44 hospitales. Estos trabajadores no tienen ART ni obra social, y están expuestos como el resto de los trabajadores de salud por la falta de equipos de protección, la ausencia de testeos, el abandono de las cohortes por parte de las direcciones de los hospitales, que llevan a la provincia a tener uno de los índices más altos de contagios en el personal de salud.


Los becarios son una forma extrema de precarización laboral que utiliza el Estado para paliar el déficit de trabajadores en los hospitales, utilizada por todos los gobiernos que se sucedieron desde la promulgación del Decreto 5725 de 1989, publicado con la firma del mismo Ginés González García cuando era Ministro de Salud del entonces gobernador Antonio Cafiero. Este mecanismo es utilizado desde entonces, por ejemplo, para contratar trabajadores en tareas como limpieza en los hospitales donde no hay empresas tercerizadas porque con luchas se ha conquistado el pase a planta.


Frente a esta inadmisible situación, en vez de organizar el reclamo de los trabajadores, ATE publicó un comunicado anunciando que los becarios cobrarían en agosto… ¡como si fuera un triunfo! Los Comités de Crisis que se reúnen en los hospitales con la participación de todos los sindicatos tampoco han dicho nada ni planteado solución alguna frente a los reclamos. Es la misma actitud adoptan frente al pago en cuotas del aguinaldo, el congelamiento salarial y la exclusión del bono de 5.000 pesos a los trabajadores de la salud no hospitalarios.


Desde Tribuna de Salud planteamos que ATE y Cicop deberían convocar a un plan de lucha unificado en defensa de la salud pública y de la vida de los trabajadores, en reclamo por el pago inmediato a los becarios y el pase a planta, además de la apertura de vacantes para se cubran todos los cargos necesarios para poder cubrir la demanda que plantea la crisis sanitaria. A su vez, es cada vez más necesario que se pongan en pie comités de higiene y seguridad de los trabajadores, que verifiquen el cumplimiento de los protocolos, la entrega de los EPP, las licencias al personal en grupo de riesgo, los testeos y las cohortes para evitar la propagación de contagios, que lleva al cierre de servicios colaborando con el tan temido colapso.



 

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27/06/2020

Tigre: trabajadores del frigorífico Rioplatense se organizan ante casos de Covid-19

Con la confirmación de casos positivos de Covid-19 en la planta del Frigorífico Rioplatense, ubicado en la localidad de General Pacheco del distrito de Tigre, los trabajadores de la planta junto a su comisión interna, se organizaron ante el intento de la patronal de obligar a trabajar a los obreros exponiendo su salud y la de las familias.


El martes 26 se realizó una asamblea general en la que se reclamó a la empresa que se realicen hisopados a los trabajadores de la planta y el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene que no se estaban respetando. Ante la negativa de la patronal de cumplir con los reclamos de la asamblea, los trabajadores resolvieron retirarse de la planta y no concurrir hasta el próximo lunes.


Frigorífico Rioplatense, propiedad de Rodolfo Costantini, es una empresa líder en el gremio de la carne, fabricando productos de carne bovina. La empresa elabora cárnicos cocidos para grandes productores de comidas preparadas tanto en Argentina como en Estados Unidos y la Unión Europea. La fábrica nunca dejó de producir durante la cuarentena al considerarse servicio esencial.


La patronal, ante la contundente respuesta de los obreros, agredió físicamente a Cristian Padilla, delegado de la comisión interna, cuando realizaban una recorrida en la fábrica para verificar las medidas de higiene. La comisión interna denuncia que la gerencia contrató y metió dentro de la fábrica a personal de forma ilegal para boicotear la medida de fuerza votada en la asamblea.


Días atrás, tanto la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que lidera el histórico burócrata “Beto” Fantini, como la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines (Fesitcara), firmaron con las cámaras empresarias del sector un aumento salarial del 17% por tres meses (mayo, junio y julio).


Las federaciones deben convocar a asambleas en todos los frigoríficos para promover la intervención de los trabajadores con el objetivo de frenar la pérdida de poder adquisitivo y en defensa de la salud de los obreros de la carne.


Nos solidarizamos y brindamos nuestro apoyo a Cristian Padilla, a la comisión interna del Rioplatense y a todos sus trabajadores.





 

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27/06/2020

A 45 años de la gran huelga general contra el Rodrigazo

Comenzó el 27 de junio de 1975, en el marco de las "jornadas de junio y julio" contra el tercer gobierno peronista.

La huelga general de 1975 fue, sin lugar a dudas, una de las gestas más importantes del movimiento obrero argentino. Tanto por su masividad como por sus métodos y alcance, abrió una situación revolucionaria que puso en jaque al régimen burgués en el país como quizás nunca antes había ocurrido, ya que a la cabeza del mismo estaba el peronismo e implicaba el fracaso del operativo de contención de la iniciativa de los trabajadores que había irrumpido con el Cordobazo en 1969. La comprensión de sus alcances y límites es entonces fundamental no solo para entender el golpe militar de 1976, sino también para entender la configuración de la lucha de clases actual.


Crisis política 


La asunción de Celestino Rodrigo como ministro de Economía, el 2 de junio de 1975, significó el tercer cambio en el Ministerio desde el triunfo de Héctor Cámpora en 1973. Rodrigo buscó llevar adelante una profundización del ajuste que habían comenzado sus antecesores José Ber Gelbard y Alfredo Gómez Morales. El Pacto Social impulsado por Juan Domingo Perón y Gelbard había significado en promedio una pérdida del 20,3% del poder adquisitivo para el conjunto de les trabajadores argentines los dos anteriores. La apertura a una nueva discusión paritaria enfrentaba entonces los programas antagónicos de la burguesía y de la clase obrera. Mientras los capitalistas buscaban un proceso de desregulación económica para impulsar un proceso de suba de precios y licuar tanto salarios como su deuda contraída en pesos, les trabajadores buscaban recuperar lo perdido no solo en los dos años de los gobiernos peronistas de Cámpora, Perón e Isabel sino también con los distintos gobiernos militares y democráticos que se sucedieron desde el ’55 al ’73.


Este hecho es ilustrativo de la crisis política que atravesaba el conjunto del régimen político a partir de la etapa abierta por el Cordobazo. A la caída de Juan Carlos Onganía le sucedieron Roberto Levingston, Alejandro Lanusse y la “transición democrática” que buscó, con la vuelta de Perón, contener a un movimiento obrero que empezaba a actuar de manera independiente en defensa de sus intereses de clase. Bajo las presidencias de Perón e Isabel se fue procesando una ruptura de sectores significativos de los trabajadores con su política y con la contención de la burocracia sindical, licuando el apoyo mayoritario que habían recibido tras la expectativa de recuperar lo perdido en años de dictaduras y persecución. La clase capitalista logró imponer cierto retroceso en las condiciones de vida de les trabajadores, pero lejos estaban de propinarle la derrota histórica que pretendían arrasando con los sindicatos y los convenios colectivos. Los sucesivos y cada vez más acelerados cambios de régimen expresaban el intento de la burguesía de cerrar el proceso de ascenso obrero abierto con el Cordobazo, que condicionaba el proceso de recuperar la tasa de beneficios en los negocios capitalistas.



Isabel Perón junto a su ministro de Economía, Celestino Rodrigo.


Represión y movimiento obrero


Para aterrorizar y disciplinar a quienes desafiaban el control del movimiento obrero que el gobierno pretendía ostentar, Perón ordenó la creación de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) bajo la dirección de José López Rega, que se desempeñó mayormente bajo el gobierno de Isabelita tras la muerte de Perón. Era una fuerza de represión paraestatal que, en común con los servicios de inteligencia, se ocupó de la sistemática persecución y asesinatos de cientos de activistas, entre ellos Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano de Política Obrera– antecesora del Partido Obrero- y de Silvio Frondizi, fundador del grupo Praxis y hermano del expresidente Arturo Frondizi. Esta represión extraoficial era también acompañada por fuertes operativos por parte de la Policía Federal, las policías provinciales y el Ejército. Estos operativos eran justificados oficialmente con el objetivo de enfrentar las guerrillas impulsadas por el ERP o Montoneros, pero los más de 3.000 detenidos y la lista de crímenes cometidos por estas fuerzas confirman que apuntaban a perseguir al activismo obrero y terminar con la denominada “guerrilla fabril”, como llamó el dirigente radical Ricardo Balbín denominó a las comisiones internas combativas que desafiaban la contención de la CGT.


La enorme cantidad de movilizaciones, huelgas y ocupaciones de fábricas protagonizadas por el movimiento obrero en esta etapa comenzaron a tener un alza muy marcada en el año 1969 con el Cordobazo y las sucesivas rebeliones de ese año. La consigna de “gobierno obrero y popular” coreada por los obreros ese 29 de mayo del 69 en las calles de Córdoba indicaba que un sector creciente de la vanguardia obrera se orientaba hacia un planteo de independencia del peronismo y del propio Perón. A la CGT y la burocracia sindical la situación empezaba a escaparse de su control y perdía cada vez más posiciones frente a sectores antiburocráticos y de izquierda. La JTP (Juventud de Trabajadores Peronistas) comenzó a formar parte también del proceso de recuperación de comisiones antiburocráticas, y del conjunto de coordinadoras y plenarios obreros de este tenor. La combatividad de estas corrientes, e incluso de las clasistas, que desafiaba la política del gobierno y la burocracia sindical, no implicaba que de conjunto tuvieran elaborada una alternativa política propia frente al gobierno.


 



En el año ’74, en la provincia de Santa Fe, tuvo lugar el plenario obrero de Villa Constitución. A pesar de sus enormes límites, empezó a dar forma a un proceso nacional que iba a tener su punto más alto al año siguiente en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, a partir de la creación de las coordinadoras fabriles. La intervención de Agustín Tosco, así como la oposición de la izquierda peronista, sirvieron para evitar que el plenario votara un plan de lucha y conformara una coordinación nacional. La recuperación de la seccional de la UOM por parte de la lista Marrón, ese mismo año, buscó ser frenada a partir de un enorme operativo represivo montado por el ejército y la Triple A denominado “Serpiente Roja del Paraná” en el año ’75, que desató la histórica huelga de dos meses de los trabajadores de Villa Constitución entre marzo y mayo.



Las coordinadoras, formadas al calor de estos choques en junio de ese año, deben ser entendidas en gran parte como la continuación de este proceso iniciado en el año 69. La mayoría de los participantes de las coordinadoras, Política Obrera entre ellos, las veía como herramientas de lucha para poder recuperar los sindicatos y la CGT, y no como una forma de paralelismo sindical. Un sector muy importante de la vanguardia obrera se había colocado como objetivo estratégico barrer a la burocracia sindical, elemento fundamental de contención del régimen.


Rodrigazo: ajuste, sindicatos y huelga


Es en este marco, que Celestino Rodrigo llevó adelante el famoso “Rodrigazo”. Tan solo unos meses antes, su antecesor buscó sin éxito homologar paritarias con un techo del 38%, condición bajo la cual Rodrigo pretendía asumir. Habiendo fracasado Gómez Morales, y bajo fuertes amenazas de un golpe por las fuerzas armadas. o un propio autogolpe por parte de la camarilla de López Rega, Rodrigo buscó impulsar el programa que le exigía la burguesía bajo la forma de un ajuste incluso mayor. Aumentando los servicios en un 200%, con una marcada suba de los precios de alimentos arrastrada en gran parte con una devaluación del 100%, Rodrigo, López Rega e Isabel pretendían profundizar el régimen de ofensiva contra las masas.


El rechazo del movimiento obrero no se hizo esperar. Ya desde el 3 de junio en todo el país, con Santa Fe, Córdoba y el Conurbano bonaerense como puntos altos, comenzaron a tener lugar los abandonos de tareas, asambleas, paros y movilizaciones. Ya sea bajo la forma de la comunicados conciliatorios, la intimidación con patotas o la Triple A o literalmente el abandono de las comisiones como es el caso de Ford, la burocracia sindical buscó de todas las maneras posibles, sin éxito, frenar el descontento y la deliberación en el conjunto del movimiento obrero, que rechazaba de plano el tope en las paritarias, exigiendo un aumento del 100% inmediato y la retroacción del tarifazo. En el caso de la planta Ford de Pacheco, de más de 7.000 trabajadores, los mismos se organizaron en una asamblea permanente, que llegó a echar a los representantes de Smata que buscaron contener la situación. Esta situación se empezaba a replicar en todo el país; mientras el sindicato ceramista en la Zona Norte del Gran Buenos Aires empezaba a plantear la necesidad de poner en pie coordinadoras antiburocráticas para coordinar el conjunto de las luchas en curso bajo una dirección que pudiese servir de impulso para las propias luchas y la recuperación de los sindicatos.



La CGT, bajo la dirección de Casildo Herrera y Lorenzo Miguel, empezó a percibir lo incontenible de la situación, dando forma a la exigencia de un aumento salarial y al pedido de renuncia de Rodrigo, pero bajo la defensa incondicional del gobierno de Isabel. El modelo sindical de la CGT respondía sin lugar a dudas a lo descrito 35 años antes por Trotsky en Los sindicatos bajo el imperialismo, donde el revolucionario ruso describió que en el campo sindical ya no había lugar para las medias tintas reformistas, o el sindicato se convertía en un apéndice de la burguesía para contener al movimiento obrero a cambio de prebendas y privilegios, o esta adquiere un carácter independiente y, a partir de esto, necesariamente combativo. La burocracia de la CGT se ubicó en el campo de la primera opción mientras transcurrían enormes movilizaciones a pesar suyo, como es el caso de los trabajadores de Ford y distintas fábricas de la zona norte que el 16 de junio, desde sus fábricas ocupadas y dejando guardias, buscaron llegar a Plaza de Mayo, en una columna de alrededor de 8.000 trabajadores, que fueron frenados llegando a la General Paz, situaciones locales similares se vivieron en las provincias; se empezaba a percibir, en los hechos, una ruptura por parte del movimiento obrero con la burocracia sindical peronista. Paralelamente, un número creciente de sindicatos y comisiones internas, bajo una intensa presión de las bases, lograba romper el techo de las paritarias, ahora en un 45%, logrando, en casos como la UOM, alcanzar un 150% de aumento salarial. Como respuesta a esto y frente a un feroz lobby patronal, Isabel retrotrae las paritarias que lograron quebrar el techo, firmando un decreto que aumentaba los salarios un 50%, lo que fue profundamente rechazado por el conjunto del movimiento obrero.


A partir de esto, es que la conducción de la CGT convoca la movilización del 27 de junio, que lejos de buscar darle un impulso a este proceso buscaba contenerlo para, en una reunión con el gabinete, firmar un acuerdo que sea más aceptable para la base obrera. La movilización, contó con alrededor de 50.000 manifestantes en la Plaza de Mayo, que exigían la inmediata renuncia de Rodrigo, a la par de un aumento del 100% de los salarios y una retracción del tarifazo.


Unos días después, el 30 de junio, tenía forma en Beccar la primera reunión de la coordinadora interfabril. Los días de julio fueron atravesados por enormes jornadas de paro con acatamientos masivos, dentro de lo que se destacan las jornadas del 3, 7 y 8 de julio que, a pesar del carácter dominguero que la burocracia buscó darles, estas coincidieron con intensas deliberaciones y movilizaciones obreras. Fracasando la contención de la CGT, el relevo de las bandas fascistas que advertía Trotsky en dicho texto, tenían ya la forma de la Triple A, para tener forma posteriormente en la dictadura militar.



Rodrigo y López Rega renunciaron, este último incluso de va del país; al tiempo Isabel “tomó” una licencia aludiendo razones de salud y quedó aislada en Córdoba en una colonia de la Fuerza Aérea: el gobierno estaba virtualmente acabado. Las tendencias golpistas, fomentadas por un muy importante sector de la oligarquía, la burguesía industrial y el imperialismo, empezaban a tomar forma. El presidente del Senado, Ítalo Luder, asume la presidencia del país; en su interinato, otorgó cada vez más poder a las fuerzas armadas, llegando al punto de crear el Consejo Nacional de Defensa que el declarado objetivo de “liquidar a las guerrillas y la subversión” y ponía a las policías nacionales y provinciales a las órdenes de aquellas. La vuelta a la presidencia de Isabel el 17 de octubre coincidió con la XI Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Montevideo, donde el imperialismo norteamericano alineaba y entrenaba a los ejércitos latinoamericanos en sus proyectos golpistas. El golpe impulsado por brigadier Jesús Cappellini el 18 de diciembre de ese año fue un paso fundamental. Si bien el golpe fue sofocado, este logró colocar a Orlando Agosti, uno de los principales impulsores del golpismo, como jefe de la Fuerza Aérea. Habiendo sosteniendo el carácter de clase del Estado, la burguesía pudo entonces darle forma al cambio de régimen llevado adelante en el ’76 bajo la dictadura militar, contando con la colaboración de un sector importante de la propia burocracia sindical.


Las conclusiones y los desafíos de la etapa


Si uno lee lo afirmado por Lenin en La bancarrota de la II Internacional sobre las condiciones principales que una situación revolucionaria debe tener, la asociación con las jornadas de junio y julio del ’75 es inevitable. A “la imposibilidad de las clases dominantes de mantener integralmente su dominación” en el marco de fuertes disputas internas entre camarillas, se sumaban un “agravamiento anormal de las privaciones y sufrimientos de las masas”, que a diferencia de etapas donde lo aceptan pasivamente, “tiene como resultado un aumento sensible de su actividad”. Estas condiciones objetivas, sin embargo, no coincidían con un elemento fundamental: que era la conciencia subjetiva de las masas de tomar el poder. Es en ese caso, nos señala Lenin, la ofensiva de la burguesía, adquiere tenores profundamente mayores, dando forma a regímenes que le aseguren sofocar las tendencias revolucionarias de las masas, y garantizar su dominio, recurriendo a las más sangrientas represiones.



Esta situación era correctamente advertida en Política Obrera, que en su número del 27 de junio, advertía sobre la transición entre una “etapa prerrevolucionaria a una etapa revolucionaria”. Lejos de caer en un triunfalismo, este número nos advierte con toda la seriedad que amerita que nada bueno puede llegarle a la clase obrera de un “cambio de gabinete”, haciendo necesario urgentemente la toma del poder, exigida, en ese entonces, bajo la consigna del “gobierno de la CGT”. Esta consigna, que será evaluada críticamente por nuestra corriente unas semanas después, tenía el valor, sin embargo, de poner en agenda lo que ninguna corriente ponía sobre la mesa: la conformación de un gobierno obrero. Ahora bien, el mérito del análisis de Política Obrera, no se limitaba allí, sino que advertía que de no triunfar el movimiento o incluso teniendo enormes triunfos parciales como los que llegó a tener: la retracción del tarifazo, el quiebre de las paritarias y la renuncia de Rodrigo, lejos estaban de disiparse las tendencias golpistas existentes, ya sea bajo la forma de un autogolpe, o bajo la forma que finalmente tendría en el año ’76 bajo el golpe militar.


El proceso de huelgas de 1975, entendiéndose como una continuidad del período abierto por el Cordobazo, es sin lugar a dudas uno de los puntos más altos de la lucha de clases en la Argentina y un muy valioso legado para les revolucionaries. Entender la salida contrarrevolucionaria lograda por la burguesía a partir del golpe del ’76, requiere un profundo análisis histórico del papel jugado por los actores en la etapa, permitiéndonos entender que lejos de que la derrota histórica que significó para el movimiento obrero el proceso de la dictadura entre el ’76 y el ’83 haya sido predeterminada por elementos objetivos o metafísicos, esta responde al resultado de la interacción dialéctica de los procesos objetivos y subjetivos que operaron en la lucha de clases.


Actualmente, la crisis mundial que ha sido profundamente agravada por la pandemia del coronavirus, encuentra rebeliones a nivel mundial. A las rebeliones en América Latina contra el ajuste, las han seguido las rebeliones en Estados Unidos, Europa y Brasil contra los crímenes raciales, donde las reivindicaciones contra las medidas de ajuste empiezan a jugar un papel más importante. En la Argentina, la expectativa depositada en Alberto Fernández, como recambio de Macri, empieza a erosionarse frente a la cada vez más evidente orientación del gobierno nacional de descargar la crisis sobre les trabajadores, dando forma a una numerosa cantidad de conflictos y luchas a nivel nacional, que si bien tienen un carácter embrionario, parecen profundizar su desarrollo. El papel del Partido Obrero, como así también del Plenario del Sindicalismo Combativo o el Frente de Izquierda, debe ser organizar el conjunto de estas luchas en el marco de la independencia de clase, para llevarlas a la victoria y poder así convertir a la clase obrera en una alternativa de poder. La experiencia histórica acumulada por el movimiento obrero y sus partidos tienen en las jornadas de junio y julio del 75 un capítulo fundamental para la intervención de la etapa.



 

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27/06/2020

Bariloche: déficit de viviendas y negociado entre privados y el Estado

Con la crisis económica desatada por el coronavirus, y ante su inevitable agravamiento debido a que se espera que la próxima temporada turística invernal sea económicamente desastrosa, el gobierno municipal envió un proyecto de ordenanza bajo el pomposo título de “Programa Municipal Reactivando Bariloche”, el cual prevé una serie de medidas para el corto y mediano plazo.


En el detalle de este programa se menciona que los recursos se asignarán a “la asistencia económica para el desarrollo de sectores productivos y de servicios de la ciudad; la realización de obras de infraestructura de baja complejidad y alto impacto en generación de mano de obra (priorizando aquellas de carácter social orientadas a la generación de gran cantidad de mano de obra); la adquisición del equipamiento necesario para generar las condiciones sanitarias para la reactivación del turismo; la asistencia económica institucional para el sostenimiento de las actividades sociales, culturales y turísticas para posicionar el destino” (En Estos Días, 22/6).


Este es a las claras un programa de rescate del Estado hacia el sector privado, maquillado con algunas obras viales de bajo impacto por su escasez y discontinuidad. Es necesario mencionar que, en una ciudad donde la gran mayoría de sus calles no se encuentra asfaltada, el municipio se ha dedicado únicamente a repavimentar y realizar tareas de bacheo de las calles ya asfaltadas, siendo la circulación vial en la mayoría de las zonas un problema de arrastre desde hace varios años.


El fondo de este programa se compondría por distintas partidas de los gobiernos nacional y provincial, y la toma de crédito. Además, se anunció la venta de terrenos fiscales bajo la modalidad de remate. El intendente Gustavo Genusso (Juntos Somos Río Negro) señaló que los mismos tienen “un importante valor” (ídem). Si bien se aclaró que la venta de terrenos no iría al mencionado programa, sino al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, el hecho de que sea anunciado de forma conjunta hace suponer que esto podría llegar a ocurrir. Una vez más el negocio de la tierra en Bariloche vuelve a aparecer.


Como contracara a esta entrega de terrenos fiscales para los empresarios de turno, el acceso a la vivienda constituye un serio problema para la clase trabajadora barilochense. Si bien esto es una situación que viene de hace varias décadas, en los cuales las ocupaciones y tomas se convirtieron en un accionar común en la ciudad, en febrero pasado se realizaron seis nuevas tomas que involucraron alrededor de 90 familias (Río Negro, 3/2). En este caso puntual, el municipio judicializó el problema y logró, mediante amenazas y promesas, que las familias desistieran de las ocupaciones. Pero el problema del acceso a la vivienda no se resolvió.


Es preciso recordar que los negociados de las viviendas sociales no escasean en Bariloche. En 2016 se constató que a pesar de que el Fonavi había asignado la totalidad de las partidas para la concreción de viviendas aún restaba la finalización de 870 del programa iniciado en 2013. Esto motivó la denuncia contra la exintendenta María Eugenia Martini (actual legisladora provincial por el Frente de Todos) por el desvío de fondos de entre $45 y $50 millones que Bariloche había recibido de Nación para gastos de obra y que fueron utilizados para gastos corrientes del municipio. Tras el escándalo, la finalización de las viviendas quedó a cargo del gobierno rionegrino y, previo al estallido de la pandemia, se había prometido la entrega de alrededor de 300 hacia finales de este año. La realidad es que actualmente la ocupación efectiva de las viviendas no llega al 10% (Río Negro, 19/6).


Uno de los principales problemas que manifestaron las autoridades provinciales es la falta de servicios básicos. Justamente, es el mismo problema que afecta a la gran mayoría de barrios. Los cortes permanentes de luz y agua, la falta de gas o el lento avance de los programas de tendidos de cloacas son moneda corriente en la zona del Alto. Por su parte, también es preciso mencionar que una vez finalizadas las 870 viviendas, las cuales fueron asignadas oportunamente, no habrá ningún programa de vivienda en marcha en Bariloche. En declaraciones a medios locales el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Carlos Valeri (Juntos Somos Río Negro), dijo que “el gran problema es la tierra”, lo que motiva que los programas que emprende el gobierno provincial no se proyecten en esta localidad (ídem).


Esto contrasta con lo que ocurre con los grandes emprendimientos inmobiliarios que tienen lugar en Bariloche, los cuales se hallan alejados de la zona de servicios pero que el Estado les garantiza la viabilidad del proyecto al proveerlos de luz, gas, agua y cloacas. Este es un aspecto muy cuestionado, ya que muchas familias esperan años la llegada de los servicios, mientras que en los nuevos emprendimientos elitistas esto les está garantizado. Solo por citar algunos ejemplos, actualmente están en etapa de planificación proyectos inmobiliarios en el cerro San Martín o Catedral, con un alto valor de mercado, donde no está claro el mecanismo a través del cual se les va a brindar los servicios, y como se financiaría la extensión de estos. Muchas veces son los mismos usuarios quienes, a través de tasas agregadas a la facturación de los servicios, se hicieron cargo de la extensión para los barrios cerrados y nuevos emprendimientos.


Es claro que el negocio de la tierra, el cual se basa en la especulación ante la imposibilidad de acceder a una vivienda para la mayoría, y que tiene como consecuencia una alta demanda no cubierta, está orquestado por el empresariado inmobiliario quienes, en connivencia con el Estado, juegan con los intereses de la clase trabajadora. En este contexto, los alquileres en Bariloche son de los más altos del país y se torna un verdadero problema para la población. La salida para las familias trabajadoras es que el Estado disponga una masa de recursos monetarios para la puesta en marcha de un verdadero plan de viviendas que solucione de manera integral e inmediata el actual déficit habitacional. La forma de financiar esto debiera ser que esos recursos provengan de la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas, y no mediante la venta de terrenos. Finalmente, se torna necesario que ante los negociados de la tierra que hay en Bariloche esos recursos se centralicen bajo control de los trabajadores.




 

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27/06/2020

Descalabro social y sanitario en la India

Los 490.401 casos confirmados en la India han convertido al país asiático en uno de los más afectados por la pandemia del Covid-19, colocándolo solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia. La cuarentena de 21 días para toda la población (1.300 millones de personas) decretada el 24 de marzo y luego extendida hasta el 17 de mayo por el gobierno derechista de Narendra Modi fue ineficaz para contener los contagios, toda vez que no se reunieron los recursos sanitarios en un mando centralizado y menos aún se avanzó en una reconversión de la industria en aras de equipar a los establecimientos sanitarios de insumos médicos básicos, hoy casi inexistentes en la órbita de la salud pública, medidas fundamentales a tomar en un país corroído por la pobreza extrema y el hacinamiento.


Pese a la trágica propagación del virus, que al día 1 de junio se cobraba la vida de 5.608 personas, el líder del hinduista partido de gobierno Bharatiya Janata Party (BJP) marchó hacia una política de apertura de la actividad económica. Los resultados de esta flexibilización prematura de la cuarentena están a la vista: solo en Delhi (Estado de la capital), al número de 29.500 casos a la fecha del 8 junio se le han sumado más de 40.000 nuevos contagios en los últimos 16 días. Es así como el 45% de los casos positivos de Covid-19 se encuentran en dos Estados: Maharashtra, con 147.741 contagios (el núcleo contagioso central es su capital, Bombay), y Delhi, con 73.780. A estos dos focos de infección les sigue el Estado sureño de Tamil Nadu, que totaliza una suma de 70.977 contagios.


Conjuntamente al incremento de los casos en las ciudades, el coronavirus ha comenzado a circular en las zonas rurales, donde habita casi el 70% de la población. Este panorama dispone un horizonte aún más lúgubre para el país puesto que la atención médica específica de esas regiones es extraordinariamente precaria y varias de las autoridades municipales de las urbes han priorizado el cuidado de sus residentes locales, negándole el derecho a la salud a un vasto número de trabajadores.


Una de las principales razones por la cual se ha producido un aumento de los casos en áreas rurales del país fue el éxodo de trabajadores migrantes ocasionado por el confinamiento y los despidos masivos, donde millones de obreros textiles, mineros y de la construcción, que son superexplotados en las ciudades, se vieron obligados a regresar a sus lugares de origen a pie.  Ante este episodio, la respuesta del gobierno ha sido desplegar a las fuerzas de seguridad, cuyo papel represivo consistió en aglutinar trabajadores en campamentos de refugiados, maltratándolos y privándolos del acceso a una alimentación saludable. Luego de la reclusión, prolongada por más de 21 días, los obreros fueron librados aunque sin haber sido testeados para evaluar si efectivamente estaban infectados de Covid-19, dando pie a una poderosa expansión del virus en 98 de los 112 distritos rurales más pobres del país. La migración provocada a raíz de la cuarentena ha dejado un saldo de 200 muertos, obreros que perdieron la vida por el agotamiento o en accidentes volviendo a sus casas (Infobae 7/6).


El cataclismo sanitario que sufre hoy la India es la consecuencia de los sucesivos ajustes perpetrados tanto por el gobierno de Modi como también por el nacionalismo burgués indio nucleado en el Partido del Congreso, fuerza histórica de la burguesía nativa liderada en su génesis por Mahatma Gandhi. Una prueba que testifica el cuadro descripto es que solo un 1% del PBI indio se destina al financiamiento del sistema de salud, siendo así uno de los “gastos públicos” más bajos del mundo. El gigante del sur asiático solo cuenta con un médico por cada 11.000 habitantes y un hospital público por cada 55.000 personas (El Mundo 25/6), y también es uno de los países que menos tests realiza a nivel mundial: hasta el día 23 de junio, solo se han efectuado 5.17 pruebas por cada mil individuos. En la ciudad de Bombay, los médicos denuncian el estado calamitoso de los hospitales al declarar que, a modo de ejemplo, un tanque de oxígeno es compartido entre tres o cuatro pacientes. En Delhi, enfermeras del All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), principal hospital del sector público indio, han realizado protestas repudiando la criminalidad de la política gubernamental, que entrega cantidades insignificantes (y de baja calidad) de EPPS (equipos de protección personal). Según el periódico India Spend, son al menos 300 los trabajadores de la salud que han contraído Covid-19 en el AIIMS. El telón de fondo de este colapso sanitario es la ausencia de una centralización de los recursos nacionales existentes, cuya manifestación central es el rol intrascendente cumplido por la medicina privada, que representa dos tercios de las camas y casi el 80% de los respiradores que posee la India en su combate contra el virus. Las clínicas privadas manejan menos del 10% de los casos críticos de Covid-19 y además cobran precios siderales por utilizar sus prestaciones.


Entretanto, el gobierno estima que la situación sanitaria se agravará en las próximas semanas. En el estado de Delhi se espera un alza de los casos que treparía a los 550.000 para fines de julio. De la misma forma, Gurgaon, ciudad industrial cuyas plantas manufactureras explotan brutalmente a un gran número de trabajadores en el estado de Haryana, estaría recibiendo el impacto de 150.000 infectados para fines del mismo mes.


Clase obrera


En este periodo, han tenido lugar algunas expresiones de lucha, aunque aisladas y parciales, como lo fue la gran movilización de trabajadores migrantes atrapados en la capital de Maharashtra en reclamo de transportes para volver a sus hogares, duramente reprimida. O protestas lideradas por el sindicato de trabajadores de la construcción, exigiendo asistencia económica y la prohibición de despidos. Otra demostración de acción directa fue ejecutada por las obreras textiles de la empresa sueca H&M en la ciudad de Bangalore, en lucha por el pago de salarios.


Se hace necesario llevar adelante tareas elementales, pero de fondo, para proteger la vida de la población, es decir la nacionalización del sistema sanitario y un seguro al parado equivalente a la canasta básica familiar. Para esto es indispensable que el gigantesco movimiento obrero indio emprenda una acción de carácter independiente en el camino de poner en pie una organización política propia.



 

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27/06/2020

Paraguay: caravana de los sindicatos contra la reforma ajustadora del gobierno

El pasado 22 de junio, las centrales sindicales de Paraguay llevaron a cabo una caravana contra la corrupción en la compra de insumos para la pandemia y contra el proyecto ajustador de reforma del Estado del gobierno de Mario Abdo Benítez.


Detrás del planteo de un “achicamiento del aparato estatal”, el gobierno prepara un ataque a los salarios de los trabajadores del sector público y despidos. También pretende avanzar en la privatización de empresas públicas. A tales efectos, impulsó en marzo una convocatoria a sectores empresarios y representantes de los partidos políticos.


Paralelamente, se impulsa un ataque sobre los fondos jubilatorios. Un senador del oficialista Partido Colorado presentó un proyecto para el uso de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en “inversiones financieras”, al margen de todo control de trabajadores y jubilados, en momentos en que las arcas del organismo se encuentran exhaustas debido al refinanciamiento de deudas patronales y al uso de sus fondos para el pago de sueldos de trabajadores suspendidos. La movilización de médicos y jubilados organizados en el sindicato de trabajadores del IPS logró frenar el proyecto en cuestión.


Algunos medios de comunicación intentan instalar la idea de que el problema de Paraguay es el gasto público, el cual representa, en realidad, sólo un 20% del PBI (Celag, 6/5). En contraste, impulsan una reducción de los impuestos empresariales, arguyendo que, producto de la pandemia, la caída en la producción fue estrepitosa y necesitan de un estímulo (ABC Color, 22/6).


La caravana que denunció estos tejemanejes tuvo entre sus convocantes al sindicato Sitrande, que exige la renuncia del titular de la empresa estatal eléctrica Ande, Luis Villordo, por hechos de corrupción.


La orientación de los principales sindicatos no es ir a fondo en una lucha contra la reforma del Estado, sino integrarse a una mesa de negociaciones. “No estamos en contra de la reforma, pero no queremos la reforma que plantean desde el Ejecutivo (…). No queremos ser espectadores, queremos ser partícipe de ella”, declaró el titular del Sitrande en un reportaje televisivo con ABC Color (22/6).


Para quebrar la reforma reaccionaria del gobierno, es necesaria una continuidad de las medidas de acción, por medio de un plan de lucha, en la perspectiva de una huelga general.




 

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27/06/2020

“Respondus”: cibermonitoreo de los estudiantes de la Universidad de Córdoba

Poco confiable, interfiere en la intimidad, entrega datos personales, etc. son las características de este negociado en la UNC.

Frente Docentes en Lucha

Con la llegada de los exámenes de julio en la Universidad Nacional de Córdoba, el rectorado aprobó la compra de un supervisor electrónico de exámenes, llamado “Respondus”, con un costo de U$S 17.545, lo que equivale a 1.272.012 de pesos.


Bajo el argumento de que distintas unidades académicas solicitaron un sistema viable de evaluación en medio del aislamiento social obligatorio, la comisión de Sistema Institucional de Educación a Distancia (Sied) y la Prosecretaría de Informática de la UNC efectivizaron la compra del software de origen estadounidense. La licencia regiría desde el 1° de agosto próximo hasta el 31 de julio de 2021. Este sistema ya fue utilizado por la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ciencias Económicas en los turnos especiales de mayo.


Sin embargo este software suscita muchas críticas y polémicas, ya que el uso de este sistema tiene una doble función: por un lado inhabilita la computadora para desarrollar cualquier otra actividad mientras Respondus está en uso, por el otro la cámara “monitorea y detecta” con reconocimiento facial, “movimientos sospechosos” de les estudiantes. Luego esa información se graba y se sube a la nube posibilitando que los datos sean alojados en servidores del extranjero. El programa controla el sistema operativo de las computadoras y es capaz de acceder a toda la información almacenada en ella.



El monitoreo y control a alumnos es un gran negocio y vulnera la privacidad


Bajo la excusa de no perder instancias de evaluación muchas instituciones educativas delegan en empresas como Respondus la supervisión de las pruebas. En medio de la pandemia del Covid-19, el uso cada vez mayor de software privado de administración de pruebas es un desarrollo peligroso, porque expone información personal y datos biométricos de un estudiante. Debido a que el software es propietario, no hay posibilidad de entender cómo funciona; además de filtrar datos personales, también podría crear problemas de seguridad o entregar pruebas (y resultados) de mala calidad.


Mientras están siendo evaluados se vulneran derechos de les estudiantes y docentes, no solo porque hay alumnos que no tienen medios y recursos para asistir a este tipo de evaluaciones sino que también el control exagerado sobre ellos puede desencadenar episodios de tensión y ansiedad.


Peor aún, como el sistema realiza la supervisión online en vivo, se flexibiliza cada vez más las condiciones de trabajo de les docentes, obligándolos a realizar una doble tarea, ya que debe “vigilar” a les estudiantes durante el tiempo de examen y luego evaluar el examen, fomentando el tan denunciado teletrabajo. A nivel internacional existen múltiples denuncias de estudiantes de educación superior por el avasallamiento de derechos y libertades individuales desde que se implementaron estos sistemas.


Respondus y otros sistemas para desarrollar “evaluaciones de emergencia” se estánllenando los bolsillos y son poco confiables, algo que parecería no importarle al rector Hugo Juri, ya que en medio de la crisis pandémica utiliza los recursos económicos de la universidad para hacerse con plataformas privadas, mientras desfinancia el ya congelado presupuesto de la UNC. Con estos negociados Juri desarrolla una red de control sobre estudiantes y docentes pero nada garantiza las condiciones de accesibilidad y la efectividad de los exámenes de las mesas de Julio.


Es urgente y necesario que toda la comunidad universitaria debata e intervenga sobre las plataformas privadas que desembarcan mientras se pierden derechos, conquistas y autonomía propia de la comunidad educativa de la UNC, no solo es un ataque a los derechos individuales de estudiantes y docentes sino también la desvalorización de las condiciones pedagógicas de la educación pública y gratuita.

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26/06/2020

Chubut: cierran un hospital público por un brote de Covid-19

Se trata del Hospital Alvear, Comodoro Rivadavia; confirmaron dos camilleros y una enfermera positivos de Covid-19 .

"Los pacientes que concurran espontáneamente al servicio de guardia, y que requieran internación se tramitará la misma a otras instituciones de la ciudad según su cobertura social", informó la directora del Área Programática Comodoro Rivadavia, Myriam Monasterolo. Esta medida se ha tomado durante siete días, a la vez que se suspendieron las cirugías programadas. Cabe recordar que junto al Hospital Regional, el Alvear es el segundo hospital público más importante en Comodoro, la ciudad más poblada de la Patagonia, con casi 400.000 habitantes. El comunicado de las autoridades sanitarias municipales agrega: “el personal de la institución que presente síntomas compatibles con los de Covid-19 será evaluado en el Hospital Alvear y luego será trasladado a otra institución según su riesgo”.


Los dos camilleros contagiados esta semana forman parte de una cooperativa que desde 1997 terceriza servicios al hospital, como ser limpieza, mantenimiento, mucamas, camilleros, cocina, entre otros. El caso de la enfermera, confirmado el jueves por la noche, se habría producido por contacto con los camilleros. Las y los trabajadores de la cooperativa venían reclamado por condiciones de bioseguridad y falta de insumos, al igual que en el Hospital Regional, frente a la pasividad de las autoridades sanitarias y de la misma conducción de ATE que responde al burócrata Guillermo Quiroga, que respondió con una asamblea junto a las y los trabajadores de la cooperativa, recién con los contagios consumados. Otro dato escandaloso es la denuncia, no escuchada tampoco, del trabajo indiferenciado en las “zonas covid” y las “zonas no-covid” en las que se diferenció operativamente el nosocomio.


El caso del Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia no escapa a la situación sanitaria crítica de la provincia que gobierna el albertista Mariano Arcioni. Existen contagios de trabajadores de la salud en otros hospitales, como el Andrés Ísola, de Puerto Madryn. Al igual que el resto de las y los trabajadores estatales, algunos agentes de salud recién en el día de hoy han terminado de cobrar el salario de abril, aún no han cobrado los sueldos de mayo y junio se perfila con grandes retrasos, junto al anuncio del aguinaldo en cuotas. A esto se suma la denuncia de falta de insumos por parte de los trabajadores, que han llevado adelante movilizaciones y retenciones de servicio en ciudades como Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Comodoro. Semanas atrás, ante los salarios atrasados, se ha repetido (ha sucedido lo mismo hace tres meses) un escenario de renuncias masivas por parte de los directores de los hospitales y de los directores de las diferentes áreas programáticas de la provincia, habiéndose concretado únicamente renuncias en Esquel y en Trelew. Con un amague incluso del propio ministro de Salud, Fabián Puratich.


La pandemia llegó a Chubut que hace años está en llamas, por eso, además del cobro del salario en tiempo y forma, para enfrentar el virus es necesaria una reorganización de los hospitales bajo control de sus trabajadores, de modo de garantizar la salud de quienes prestan tareas y del conjunto de los pacientes.




A su vez hay que avanzar medidas de fondo: la unificación del sistema sanitario con la totalidad de los recursos existentes de los tres subsistemas (público, privado y de obras sociales), centralización de todo el sistema de salud incluso los laboratorios (los test en la Patagonia son un 100% más caros que otras zonas del país), jornada de 6 horas para todos los trabajadores, terminar con la precarización laboral y que todos los trabajadores contratados pasen a los convenios colectivos de las ramas, incrementar el presupuesto, mediante el no pago de la deuda provincial fraudulenta y un impuesto progresivo a las grandes fortunas de los grupos capitalistas, como PAE, Aluar, Benetton y las pesqueras.




 

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26/06/2020

Media sanción a teletrabajo: la batalla del FIT contra el lobby patronal

El Congreso Nacional dio media sanción al dictamen “de consenso” de regulación del teletrabajo, con el voto afirmativo de 215 diputados, pertenecientes a todos los bloques mayoritarios, y 29 abstenciones –con fundamentos muy diversos y hasta contrapuestos.


La abstención de los diputados del Frente de Izquierda, Romina Del Plá y Nicolás Del Caño, a la ley en general, cumplió la función de señalar los puntos sensibles que el lobby de las cámaras empresariales logró imponer en la versión final de la ley, y fue acompañada por una batalla artículo por artículo para combatir las disposiciones que abren las puertas a atropellos patronales de distinto orden y a la precarización y flexibilización laboral.


La extensión del teletrabajo producto de la cuarentena, que incorporó masivamente a trabajadores de todos los rubros a esta modalidad, puso al rojo vivo la completa desregulación de la misma, mostrando que es un terreno donde reina la vulneración de los derechos laborales, la superexplotación laboral y los abusos patronales. Una ley de protección de los teletrabajadores, que incorpore la actividad a los Convenios Colectivos de Trabajo y establezca un piso de derechos, por lo tanto, no hay dudas de que es un asunto de urgencia –y por eso mismo el FIT presentó hace dos semanas un proyecto muy completo sobre el tema.


Luego de abstenernos en el aval a la ley de modo íntegro (votación en general), en el tratamiento en particular nuestros diputados aprobaron todos los artículos referidos a la optatividad, a la jornada definida, la igualdad salarial y de condiciones convencionales con el trabajo presencial, de conectividad, elementos a cargo de las patronales, de compensación (aunque limitada) de gastos de servicios y de los derechos colectivos y de representación sindical. Pero propusimos modificaciones y enmiendas –que fueron rechazadas en bloque por el oficialismo- en 13 artículos, a los que contrapusimos una redacción alternativa, punto por punto, para proteger efectivamente a los trabajadores.


Los aspectos de la ley que rechazamos


En cuestiones de importancia, el texto aprobado incorpora artículos muy gravosos que se anotó como punto a favor el lobby patronal, y que valieron el voto favorable de la mayoría de los diputados del radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica al dictamen elaborado en la comisión de Trabajo –Cambiemos firmó el dictamen “en disidencia parcial” (tras pugnar por mayores concesiones al sector empresarial), pero finalmente se emblocaron mayoritariamente con el voto a la media sanción. El diputado Ansaloni (del bloque del mendocino Ramón) presentó incluso un dictamen de minoría el día previo a la sesión, pero terminaron votando a favor a la ley en general.


En primer lugar, en el Artículo 4° se habilita el trabajo por objetivo, es decir, el trabajo a destajo o por piezas: una modalidad de superexplotación laboral clásica del siglo XIX, extendida en el empleo rural, que la flexibilización laboral viene introduciendo en convenios de empresa (Oca) y contratos, desde los ’90. En lo que tiene que ver con la optatividad y la reversibilidad, se habilita que la libre voluntad del trabajador para el cambio de modalidad sea avasallada por la patronal en nombre de “razones de causa de fuerza mayor”: un eufemismo utilizado por las patronales para imponer de manera arbitraria cualquier motivo que permita violar lo que el propio texto de la ley se supone que está garantizando como derecho laboral. Además, ante el incumplimiento de esta prerrogativa de la parte obrera, en lugar de sancionar a la empresa, se “ofrece” al trabajador ¡que se dé por despedido sin causa! Cuando lo que urge en estos momentos es parar la sangría de los despidos masivos e imponer una efectiva prohibición de los mismos.



Finalmente, la ley entraría en vigencia 90 días después de la cuarentena, cuando a todas luces la situación es urgente ahora. Esa condición solo responde a la presión de los capitalistas que quieren seguir violando derechos laborales cuando se les ha impuesto masivamente el cambio de modalidad a “la explotación laboral remota”.


Modificaciones que propuso el FIT y el Frente de Todos rechazó


Del Plá y Del Caño rechazaron fuertemente estos aspectos –y su eliminación en los cuatro artículos respectivos- y pelearon por la modificación de un total de trece artículos. Citamos aquí algunos de los más importantes.


En el mencionado artículo 4 (probablemente el más gravoso de todos), sobre la jornada laboral, planteamos eliminar el trabajo por objetivos, y establecer taxativamente su prohibición, así como la del monotributo por considerarlo un fraude laboral, y la incorporación de estabilidad laboral por dos años y mayores límites a la extensión de la jornada laboral.


De vital importancia fue el pedido para que se coloque en el texto de la ley la reincorporación de todos los trabajadores que hayan sido despedidos durante la vigencia de la emergencia sanitaria por no contar con la conectividad y/o implementos tecnológicos para realizar teletrabajo.


En relación al derecho a la desconexión digital, planteamos el reconocimiento de las horas extras y el pago correspondiente por ellas, así como un franco post guardia, sin afectar el salario.


Sobre tareas de cuidados de menores, personas con discapacidad o adultos mayores, planteamos elevar la edad de los niñes bajo dependencia de 13 a 14 años, y que se incorpore el derecho a un ingreso adicional destinado a afrontar el costo de jardines materno-parentales, de modo de compatibilizar el cumplimiento de las tareas laborales y de cuidado a su cargo. Junto con ello, reclamamos incorporar un aspecto fundamental que está borrado por completo de la media sanción: el derecho a licencias pagas.



En relación a la obligación patronal de garantizar los elementos de trabajo, plantemos que se incorpore un listado mínimo, para no dar lugar a controversias sobre los instrumentos que debe garantizar como piso. Reclamamos asimismo que la compensación de gastos al trabajador por el costo del trabajo a distancia sea cubierta en su totalidad.


Sobre los derechos sindicales, propusimos que se garantice el desarrollo de asambleas durante la jornada laboral, tanto para los afectados a teletrabajo como a los que prestan tareas presenciales, y que el empleador deba proveer el lugar físico para las mismas cuando los trabajadores decidan llevarlas a cabo de modo presencial.


Del mismo modo, formulamos modificaciones en relación a la seguridad e higiene, haciendo responsable a las ART por cualquier enfermedad o accidente que suceda durante la jornada laboral; y la estricta prohibición de seguimiento y vigilancia electrónica.


Finalmente, planteamos que la ley debía ser publicada de inmediato en el Boletín Oficial y contar con un plazo máximo de reglamentación de 10 días para que entre en vigencia de inmediato.


Todos estos aspectos, que fueron rechazados por el kirchnerismo, estaban ampliamente garantizados en el Proyecto de Ley de autoría del Partido Obrero, que presentó Romina Del Plá con el acompañamiento de Del Caño. Siguen siendo, asimismo, una plataforma para la lucha de los trabajadores en cada gremio, del mismo que lo será velar por el efectivo cumplimiento de los aspectos progresivos de esta ley –que no pueden quedar librados a la acción de la burocracia sindical entreguista, ni a la voluntad de velar por ellos por parte de un gobierno que no hace más que ceder ante los reclamos de los capitalistas, en detrimento de las y los trabajadores.




 

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26/06/2020

Córdoba: empleadas domésticas reclaman protocolo de bioseguridad al COE

Con un gremio al margen de sus demandas, las trabajadoras se autoconvocaron en toda la provincia.

Las empleadas domésticas autoconvocadas realizaron una presentación ante el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con 450 firmas, para denunciar el incumplimiento del protocolo de bioseguridad vigente y exigir su participación en la definición de una nueva normativa. La presentación, efectuada este viernes 26, fue acompañada por Legisladora Provincial del FIT-PO Soledad Díaz García, quien ha impulsado numerosos proyectos de ley en consonancia con los reclamos de las trabajadoras.

 

El protocolo actual impone una serie de obligaciones y deberes solo a la parte trabajadora, pero ninguna a los empleadores. Plantea no usar el transporte público, pero no obliga al empleador a pagar los gastos de traslado, tampoco los gastos que implican los elementos de higiene personal y la indumentaria de trabajo compuesta de múltiples cambios de ropa y calzado en el marco de las tareas laborales a realizar. Se trata de condiciones altamente agraviantes para el sector extensamente mayoritario que compone la categoría quinta con un salario mensual de $ 17.758,50, por debajo de la línea de pobreza.

 

“En la cuarentena sufrimos muchas cosas. A muchas se les cambió de categoría en el monotributo para obligarlas a trabajar. A otras les recortaron el sueldo o las despidieron. La mayoría no recibió la ayuda del gobierno que es el ‘Ingreso Familiar de Emergencia’ (IFE). Y a las que sí se lo dieron, los empleadores se lo descontaron del sueldo”, expresó Dora Campos, una de las empleadas de casas particulares. No obstante, el gremio no se ha hecho eco en absoluto de estos atropellos patronales.

 

Entre los reclamos centrales se exige la provisión de ropa, el calzado e indumentaria de trabajo, kits de protección personal y que se abonen los gastos de traslados. A su vez, la banca legislativa del Partido Obrero-Frente de Izquierda ha presentado un proyecto de ley para garantizar el registro de todas las trabajadoras, el salario igual al costo de la canasta familiar y todas las condiciones laborales. Apoyamos a fondo la lucha de las compañeras.

 

 

 

 

 

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