15/06/2020

Mar del Plata: el negocio de la salud privada contra la salud de la población

Por Pablo GL

Un hecho por demás preocupante para los marplatenses y en particular para los trabajadores de salud, ocurrió en estos últimos días. Un hombre fue diagnosticado con coronavirus luego de haber fallecido en una clínica privada de la ciudad, cuando desde su internación había sido diagnosticado con insuficiencia respiratoria aguda grave. El hecho de que el protocolo se active luego de la muerte de una persona y no desde su ingreso con síntomas compatibles con Covid-19, expone a los trabajadores de salud que están en contacto directo con los pacientes, lo que a su vez expone a sus familias.


A principios de junio el Colegio de Bioquímicos emitió un comunicado donde denunciaba que en los retenes de acceso a Mar del Plata se obligaba a efectuar tests en un laboratorio privado de la ciudad, por el cual que debían abonar $5.800 en forma particular, sin ninguna normativa establecida (Infobrisas, 4/6). El laboratorio en cuestión había firmado a mediados de abril un “acuerdo de colaboración” con la Municipalidad para realizar hisopados a personas sospechadas de contagio (El Marplatense, 4/6). Esos retenes son coordinados entre el municipio y el Ministerio de Seguridad provincial.


Estas denuncias ponen de manifiesto que la privatización del sistema de salud es incompatible con las necesidades de la población, privilegiando las ganancias en un contexto de fuerte crecimiento de los contagios de coronavirus y de una flexibilización casi completa de la cuarentena. Al mismo tiempo, la explotación de los trabajadores de la salud ha aumentado exponencialmente, lo que se traduce además en una gran cantidad de casos positivos en el sector.


Para enfrentar la pandemia y resguardar la vida del personal de la salud y de toda la población necesitamos un sistema de salud unificado, centralizando la totalidad de los recursos sanitarios del país bajo control de los trabajadores. A su vez, el no pago de la deuda externa y un impuesto progresivo a las grandes fortunas serviría para destinar esos recursos a preparar al sistema de salud.




 

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15/06/2020

Coronavirus: Avellaneda encabeza las cifras de infectados en relación a su población

Con 876 casos y 18 fallecidos al 15 de junio , Avellaneda es la ciudad con más infectados por cantidad de habitantes del conurbano bonaerense (25%), y el 2,75% del total nacional (más de 30.000 casos). Cifras que quedan desactualizadas de forma diaria, antes su fuerte incremento. Ingresamos en la cresta de ola, en el pico de la pandemia, y no se visualiza por parte del ejecutivo provincial y municipal un plan serio para hacerle frente.


De los casos confirmados (según la secretaria de salud 395 vecinos aún permanecen bajo estudio para determinar si están contagiados o no), su gran mayoría pertenecen a habitantes y trabajadores de las villas del distrito. Solo en Villa Azul, donde la gestión Kicillof, Ferraresi y Mendoza realizaron testeos en extensión, aunque no en toda la barriada, dio un resultado, hasta el momento, de 307 infectados y dos decesos.


Según informa el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, el 54,8% de los infectados se contagió de manera comunitaria, el 11,3 por contacto estrecho. En barriadas donde el hacinamiento es moneda constante, sin protocolo claro de control y prevención, sufrimos la amenaza de que el virus se disemine en alta cantidad.


Es imposible pensar en combatir la pandemia sin testeos, sin redes de agua potable, cloacales, pluviales, asfalto, alimentos y elementos básicos de protección (alcohol en el gel, barbijos, desinfectantes, etc). Un pollo, tres papas, dos latas de arvejas y dos paquetes de arroz, son miseria para alimentar una semana a un grupo familiar. Esto es lo que entrega el municipio.


Vecinos de asentamientos como Villa Tranquila, Inflamable, Corina, Las Casitas, El Fortín, informan que nunca apareció el municipio a controlar las condiciones de salubridad. A los precarios escenarios de supervivencia, se le agrega el Coronavirus.


Por decisión del ejecutivo “Nac&Pop”, se han reducido de cuatro a uno los bidones diarios de agua potable en Villa Inflamable, zona altamente contaminada por las petroquímicas de la zona.


Escenario que se repite en los centros de salud de la ciudad. Gollán afirma que el 10,4% de los infectados en la provincia son trabajadores de la salud, tanto privados como públicos. Son los “héroes” quienes denuncian la ausencia de protocolos preventivos, de Elementos de Protección Personal (EPP) y materiales para la pronta atención de infectados.


El pasado jueves 11 de junio, en su cuarta sesión ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó la rendición de cuentas del presupuesto 2019. Relacionado al área salud, hoy tan sensible con la pandemia, lo aprobado da como resultado una reducción de $40 millones, comparado a lo determinado hace un año atrás. Del mismo modo, se observan subejecuciones de obras públicas de infraestructura, instalación de redes cloacales y asfálticas, en villas y asentamientos, que en su gran mayoría nunca se culminaron, o hasta incluso, se aprobaron las empresas concesionarias pero nunca movieron maquina alguna.


Hace años que el municipio viene congelando las partidas en salud, acción social y obras públicas sensibles desde antes que estallará la pandemia. El Covid-19 vuelve a dejar al desnudo el accionar ajustador. Hoy, poniendo en juego la vida, otra vez quieren que la crisis la paguen los trabajadores.


Desde el Partido Obrero de Avellaneda en el Frente de Izquierda-Unidad exigimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Avellaneda un plan serio que le haga frente a la pandemia.


Testeos masivos en todos los asentamientos y barriadas. Tanto a sus habitantes como contactos estrechos.


En caso de positivo, aislamiento en viviendas de tránsito.


Entrega de elementos básicos e información necesaria, con relación a la prevención y síntomas. Barbijos, alcohol en gel, máscaras y productos desinfectantes para todos los vecinos.


Reparto de alimentos y agua potable, correspondiente a las necesidades de las familias trabajadoras.


Unificación del sistema sanitario. Triplicación presupuestaria. Incorporación de personal y puesta a punto de elementos e infraestructura en todos los centros de salud.


Plan de obras de públicas de infraestructura en todas las villas. Redes de agua, cloacas, pluviales, gas, electricidad y asfalto. Bajo control de comisiones conformadas por sus vecinos.


No al pago de la deuda. Destinemos los millones de dólares a la salud, hábitat, trabajo y salario del pueblo trabajador.


Que la crisis la paguen los capitalistas.



 

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15/06/2020

Paro de los trabajadores petroleros en yacimientos de Mendoza

Crece el descontento en la base

Los trabajadores petroleros y afines iniciaron un paro en sus actividades desde la madrugada del día sábado y pretenden mantenerlo en el tiempo si no se consideran sus reclamos. El mismo está basado en que el 75% de los trabajadores petroleros de la provincia sigue sin tareas en sus hogares, percibiendo un ingreso cercano al 60% (en algunos casos con dos meses de retraso de salarios). Los trabajadores demandan volver a percibir el salario completo.


Desde el sindicato de petroleros privados se explicó que lo que se reclama es una inmediata conciliación obligatoria para sentar a ambas partes a dialogar. Remarcan que la gente quiere volver a trabajar y se pueden reincorporar los trabajadores con los protocolos que ellos han propuestos.


Pero el reclamo de los trabajadores no es en sí volver a sus tareas, sino volver a percibir el salario completo como antes de la cuarentena, el cual fue entregado en todas las provincias por la burocracia sindical, en una negociación que benefició solo al sector de las grandes patronales petroleras.


La base reclama que de no haber respuestas en las próximas horas por parte de la patronal la medida se vuelva de carácter activo con el bloqueo de ingreso y egreso de la destilería provincial y plantas fraccionadoras. Algo que también reclama el 30% de los trabajadores que estuvieron activos durante la cuarentena, sufriendo en propia carne la flexibilidad laboral, realizando turnos más extensos y el doble de tareas por el mismo salario.


El fin de la cuarentena obligatoria ha reanimado en el sector un conflicto que viene de larga data, con una caída del crudo a niveles estrepitosos, no solo producto del Covid-19, sino de las tendencias a la depresión económica global. Las patronales intentan descargar esta crisis sobre los obreros petroleros.


Ante esta situación, planteamos que es necesario comenzar con una reorganización del sector, empezando con la nacionalización de los recursos naturales bajo el control de los trabajadores. Hay que terminar con el régimen de subsidio y beneficio a las patronales como es el “barril criollo”. Y garantizar, en cambio, salarios dignos, el pago de los aguinaldos en tiempo y forma y en una cuota, y el respaldo de todos los puestos de trabajo, prohibiendo todo tipo de despidos y suspensiones. Por esto, la Coordinadora Sindical Clasista también convoca a los trabajadores petroleros a concentrar en Casa de Gobierno el próximo martes 16 de junio a las 11hs.




 

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15/06/2020

Córdoba: Villa María sin transporte, las empresas y el gobierno son responsables

La ciudad de Villa María (Córdoba) se encuentra sin servicio público de transporte desde hace meses. La responsabilidad de las empresas y del gobierno salta a la vista. Las empresas están incumpliendo un acuerdo celebrado por ellos mismos, por el cual aceptaban pagar el 100% del mes de marzo y el 75% del sueldo de abril y mayo. Sin embargo, no pagan y esperan por más subsidios nacionales. El gobierno, el Concejo Deliberante y los organismos de control están permitiendo la extorsión de las patronales, que tienen a trabajadores y usuarixs de rehenes.


El pasado viernes, el colectivo de trabajadores del transporte realizó una movilización por las calles de la ciudad. La marcha partió desde la terminal y fue una acción de lucha que denunció a los empresarios que adeudan un porcentaje del salario del mes de marzo, aun cuando cobraron integralmente los subsidios nacionales y provinciales, suficientes como para haber abonado un salario que ya lleva un atraso de más de dos meses.


En la marcha, el ánimo de los trabajadores era el de no levantar la medida de fuerza hasta tanto se consigan las respuestas. Esta disposición de lucha es clave para derrotar la política de la patronal que, envalentonada por la complicidad de quienes gobiernan, van por más. Sucede que en el transporte, los empresarios quieren garantizarse seguir facturando sea mediante nuevos subsidios o pagando menos sueldos: es decir que quieren aplicar una reforma laboral sobre trabajadores cuyo salario viene en caída.


Además, a la empresa le ingresó dinero de las y los pasajeros que fueron cargando sus tarjetas, un ingreso que fue atesorado ya que no están teniendo ningún tipo de gastos. También se está reteniendo plata de subsidios que debería ir a los sueldos. Una impunidad que da cuenta de la complicidad del PJ y la oposición patronal.


La empresa del servicio urbano de pasajeros Transbus S.R.L presta el servicio desde el 2005. En sus 15 años, la modernización de la flota de colectivos y la frecuencia del servicio son una deuda con la población. La desidia empresarial es tal que una persona puede llegar más rápido si se transporta en bicicleta que si tiene que esperar el colectivo.


En este marco, pedir “más subsidios para el transporte” es pedirle al pueblo que ponga más plata para los empresarios, toda vez que los subsidios son pagados con el dinero de las y los contribuyentes. La política de seguir dándole fondos públicos, sin ningún tipo de control, a empresas que no cumplen con un servicio de calidad ha sido llevada a fondo por el PJ y ha sido acompañada por la oposición de radicales y macristas en el Concejo Deliberante. La defensoría del pueblo está pintada.


Es claro que es necesaria una salida popular al problema del transporte, lo que requiere la apertura de los libros de las empresas para que salga a la luz qué se hizo con los fondos públicos y se proceda a una reorganización en favor del pueblo trabajador. En ese sentido, el Partido Obrero viene planteando a nivel provincial y municipal la estatización bajo control de trabajadores y usuarixs del servicio de transporte. De ese modo se elimina el costo empresarial y se garantiza el convenio colectivo de trabajo, y el derecho al transporte.





 

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14/06/2020

Un proyecto de ley para derogar el programa “Servidores públicos” de Larreta

Fue presentado por Gabriel Solano, del FIT-PO, para terminar con los cambios compulsivos de tareas y la exposición de trabajadores al contagios

En la Legislatura porteña el legislador del FIT-PO Gabriel Solano presentó un proyecto de ley contra el programa “Servidores públicos”. Este fue creado por Larreta para poner a la totalidad de los trabajadores no esenciales del GCBA en tareas de atención a la pandemia. Una flexibilización laboral masiva e improvisada, que expone a trabajadores sin formación adecuada en temas de salud o asistencia social y sin los elementos necesarios a trabajos que ni siquiera han sido explicitados por parte del gobierno, salvo generalidades como “apoyo a acciones de concientización, distanciamiento social y cercanía a los ciudadanos”.


La creación del programa funcionó en los hechos como un gigantesco apriete en los distintos ministerios y dependencias para disciplinar a los trabajadores bajo amenaza de pasar al programa,  por lo tanto a salir a la calle, a asistir a hoteles con pacientes Covid-19 positivos, acompañamiento en villas y otras tareas riesgosas. Este carácter asumieron los llamados a miles de trabajadores que están al cuidado de sus hijos, personas mayores o que pertenecen ellas mismas a grupos de riesgo. Pero particularmente tuvieron su efecto sobre los más de 18.000 trabajadores precarizados del GCBA que se encuentran siempre bajo amenaza de despidos. La exposición de los monotributistas al Covid-19 es criminal, son trabajadores que cobran entre 25.000 y 30.000 pesos, no tienen ART ni la obra social del GCBA sino que derivan del monotributo a una obra social o prepaga y luego ponen la diferencia de su propio bolsillo según el plan que elijan. Algunos no pagan la parte de obra social por carecer de ingresos suficientes y se atienden en el hospital público. Y recordemos que vienen de sufrir un 51% de aumento del impuesto a comienzos de año.


Es claro que el apriete tiene otro sentido adicional: hacer pasar el congelamiento salarial dispuesto por Larreta y avalado por Sutecba. De hecho, el programa fue saludado por la burocracia de Genta y en muchas dependencias son los propios delegados quienes informan de las tareas a cumplir y bajan la línea de que “no queda otra”.


De fondo, el programa busca ser un punto de apoyo para la apertura total de la cuarentena “responsable” que promueve Larreta, que no es otra cosa que una apertura progresiva colocando el peso de los contagios en el comportamiento “responsable” o no de la población que debe volver al trabajo. Es esta también la función de la habilitación a la actividad física nocturna. Se busca desviar el eje sobre la responsabilidad del gobierno en la apertura comercial, la falta de urbanización en las villas y el deterioro del sistema sanitario.


El proyecto de ley busca ser un punto de apoyo para miles de trabajadores que sufren aprietes y son mandados a tareas que no les corresponden de manera compulsiva. Además, plantea que es el gobierno el que tiene que presentar el detalle de los puestos que necesita y cual es su necesidad sanitaria. Ninguna tarea debe ser cumplida de manera compulsiva, menos aún con personal sin capacitación para ella y sin los elementos de protección, lo cual está ocurriendo. Que esto se imponga a trabajadores monotributistas es directamente una aberración.


Vamos por una campaña contra el programa de “Servidores públicos” y en apoyo al proyecto de ley que es un programa de los trabajadores. Por el pase a planta permanente, la actualización salarial mensual según la inflación y un plus de 20.000 pesos para todos los trabajadores con tareas de atención a la pandemia.


Descarga el proyecto acá



 

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14/06/2020

Ciudad de Córdoba: el planteo del retorno a clases en las escuelas municipales

Debatamos el protocolo de higiene y salubridad en cada establecimiento educativo.

Los directivos y supervisores del sistema municipal de Córdoba debaten conjuntamente el protocolo de regreso a las escuelas, ante los anuncios del ministro de Educación provincial, Walter Grahovac, y la pretensión del secretario de Educación municipal, Horacio Ferreyra, de proceder en ese sentido. La iniciativa de los trabajadores constituye una posibilidad de intervención para enfrentar las presiones patronales en relación con el regreso a las aulas.


Según los anuncios realizados, se propone un aula con un cupo máximo de quince alumnos, desdoblando grupos; pero se plantea que cada docente dicte una clase presencial a un grupo y la replique de manera virtual al grupo que no pudo asistir. En el caso de las 37 escuelas municipales, el panorama resulta similar al que se plantea para las escuelas provinciales: al deterioro de algunos edificios, del mobiliario y de las instalaciones de gas y sanitarias se suman las enormes dificultades para sostener una educación virtual, como consecuencia de la falta de medios tecnológicos y de conectividad, además de las inherentes al acompañamiento familiar en las propuestas de actividades ofrecidas.



La propuesta a debatir en las escuelas municipales


Junto al marco provincial, las autoridades municipales proponen el regreso del primer y sexto grado, divididos en grupos para ser atendidos por los maestros de primer y segundo (para 1°) y quinto y sexto grado (para 6°) respectivamente; y la no convivencia simultánea de más de 90 estudiantes por turno. El esquema plantea presencialidad cuatro días de la semana, reservando el quinto para el acceso de otro grado, considerado prioritario. Por las dificultades de autonomía para su higiene y atención, no se considera la posibilidad de regreso del nivel inicial.


Los directivos advirtieron que la propuesta parte de suposiciones irreales e inviables a propósito del espacio en las aulas, el mobiliario, la conectividad y las condiciones de salubridad; y que subestima la peligrosidad de la propagación del virus en el ámbito escolar. Plantearon que, si los docentes deben regresar para impartir clases presenciales a grupos reducidos de manera subsidiaria, no habría quién atienda al resto de estudiantes de manera virtual; también el problema de docentes con hijxs a cargo (escolarizados o no), con licencia por pertenecer a grupos de riesgo o responsables de adultos mayores. Estas consideraciones muestran que solo quienes caminan las escuelas –y no quienes las piensan desde escritorios- advierten los peligros inherentes a una propuesta que entraña falta de condiciones de infraestructura,  flexibilización y sobrecarga de la tarea docente. Además, señalaron que este retorno se da en el marco de un ataque al estatuto municipal que afecta de conjunto a los trabajadores municipales, incluyendo al personal ligado a educación.


Por otra parte, destacaron las dificultades inherentes a la atención de niñes con necesidades educativas especiales, cuyos tratamientos han sido interrumpidos. El aprendizaje posible en un abordaje presencial se complejiza de manera exponencial en la virtualidad, porque las familias no cuentan con medios tecnológicos ni con conectividad que permita un contacto frecuente y asiduo con las clases virtuales ofrecidas por les docentes.


El panorama abierto por los directivos plantea la necesaria incorporación de docentes para desarrollar actividades pedagógicas virtuales y presenciales, sin vulnerar los derechos de los alumnes ni de les docentes, garantizando tecnología y conectividad necesarias a unos y otros. La propuesta de incorporar docentes es perfectamente viable pero se topa con el bloqueo sistemático a los actos públicos virtuales, reclamados desde que inició la cuarentena por todos los agentes del sistema educativo.


Les docentes estamos a favor de la presencialidad, pero no en las actuales condiciones, donde la salubridad está muy lejos de ser la recomendada por la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación o el mismo Centro de Operaciones de Emergencia (COE) provincial. Seguridad y salubridad deben estar garantizadas por el gobierno y no pueden quedar a merced de las cooperadoras escolares, para que no se ponga en riesgo a estudiantes, personal docente y no docente.


Estos requisitos deben ser verificados y constatados por les trabajadores de las escuelas, a través de comisiones de higiene, salubridad y seguridad,  teniendo en cuenta la singularidad de sus condiciones edilicias, en un debate con la comunidad educativa. La Secretaría de Educación debe garantizar la cobertura de absolutamente todos los cargos necesarios para afrontar esta situación excepcional.

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14/06/2020

Exiros-Techint, Howard Johnson y más: despidos y suspensiones masivas en San Nicolás y Ramallo

Con el avance del Covid-19, las patronales de las empresas que operan en las localidades bonaerenses de San Nicolás y Ramallo han aprovechado para avanzar en despidos masivos, demostrando una vez más que el decreto presidencial de prohibición de despidos es letra muerta.


En la última semana tenemos el caso de Exiros, del grupo Techint de Paola Rocca, que ha avanzado en el despido del 20% de los trabajadores. Exiros es la empresa de compras y contrataciones del grupo Techint, dedicada al abastecimiento de todas sus unidades de negocios: principalmente para Tenaris, en Campana, pero también para la planta industrial General Savio, que Ternium opera en suelo de Ramallo; para la petrolera Tecpetrol y para la constructora Techint Ingeniería y Construcción. Centraliza las operaciones de compra para Tenaris y Ternium, compañías siderúrgicas del Grupo Techint, Techint Ingeniería y Construcción entre otras, consolidando unos 9 mil millones de dólares en 14 países, según reporta la propia compañía. (Diario el Norte, 13/6). Al grupo, llamado “miserable” por el presidente, se le permite seguir con los despidos en sus fábricas, mientras continúa siendo subsidiada por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), pagando el 50% del salario. Una ganancia redonda, que cuenta con la complicidad de la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que deja pasar estos atropellos.


La otra novedad de la semana es el cierre de Howard Johnson en Ramallo, despidiendo a sus 22 trabajadores directos, pero que son muchos más, sumando a contratados y precarizados. Se trata de una cadena internacional de hoteles (con 800 en todo el mundo), que se ha convertido en la Argentina en la cadena principal del rubro, con más de 35. El cierre del de Ramallo, acordado con el intendente Gustavo Perie, afecta al turismo ya golpeado por la pandemia, y va tener sus consecuencias para los trabajadores de la ciudad.


A estos despidos en la zona, se suma la situación de los portuarios en San Nicolás. Hay denuncias de despidos a cuentagotas, llegando a casi 20 trabajadores en las últimas semanas y a partir del cambio de autoridades -se prevé para estos días- una nueva ofensiva contra las condiciones de trabajo. Este sector cuenta con centenares de trabajadores y es un botín de disputa de la ciudad; es manejado por el intendente local, Manuel Passaglia, que permite todo tipo de atropello sobre las condiciones laborales, con trabajadores fuera de convenio y precarizados.


Por último, en la zona norte del interior de la Provincia de Buenos Aires, tenemos el parque industrial Comirsa, que concentra a decenas de fábricas, donde las patronales vienen avanzando contra los trabajadores y sus convenios, como se expresó desde el año pasado con los despidos de los aceiteros de Bio Ramallo (un anticipo de la reforma laboral, que tuvo como objetivo pasar a todos sus trabajadores al convenio petrolero, con sueldos menores y peores condiciones de trabajo). En la metalúrgica JMA -cuyos trabajadores ya habían hecho una huelga a fines de 2019 ante despidos y el atraso del pago del aguinaldo- desde hace meses que no se pagan los sueldos; en los últimos dos solo cobraron lo correspondiente al ATP, es decir un 50% del sueldo.


La mayoría de las patronales de este complejo industrial son subvencionadas por el intendente de Ramallo, no pagando impuestos ni las tasas municipales, mientras se les dejan pasar despidos, recortes salariales, no respetar convenios y aplicar una persecución a los trabajadores que se organizan, como en el caso de Bio Ramallo y JMA.


La parálisis de las burocracias sindicales, que actúan como apéndices de las políticas oficiales y de los capitalistas, es una valla a superar para poder hacer frente a este cuadro de crisis y ofensivas patronales. No hay que olvidar que sigue vigente el acuerdo de la CGT-UIA y el gobierno, que permite la rebaja salarial a los trabajadores que no están cumpliendo tareas por la pandemia. Esta situación se reproduce con la UOM, que permitió que Siderar, que nuclea miles de trabajadores de la zona, pague a los trabajadores que están con suspensión de tareas entre el 50% y el 75% del sueldo.


Preparemos la intervención de la clase obrera


Para que la crisis no la paguemos los trabajadores, este cuadro requiere de una acción enérgica.


Se trata de la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo, contra el avance de los convenios laborales y la reforma laboral de hecho. Por la reapertura de las paritarias y un salario igual a la canasta familiar. Por el reparto de las horas de trabajos sin afectar el salario.


Planteamos la nacionalización de toda fábrica que cierre o despida masivamente, bajo control de sus trabajadores; la apertura de los libros contables de las patronales a una comisión de trabajadores elegida democráticamente; la constitución de comisiones de seguridad e higiene, compuesta por trabajadores, que evalúen y pongan en pie un protocolo que cuide la integridad de cada uno.


La jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo del 16 de junio, con las consignas “que la crisis no la paguen los trabajadores”, “fuera el pacto UIA-CGT-Gobierno” y “sin salarios, salud, trabajo y alimentos, no hay cuarentena”, representa un fuerte punto de reagrupamiento.

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14/06/2020

Hacinamiento en el Ferrocarril San Martín

La negligencia de Trenes Argentinos es foco de contagio

Esta semana, los medios transmitieron nuevas imágenes del ferrocarril San Martín colapsado por un servicio abarrotado de pasajeros sin distanciamiento social. Si bien el hacinamiento ya había sido denunciado por usuarios y trabajadores, ahora se agravó por la reducción de servicios tras la expansión del contagio entre los propios ferroviarios.


El pasado jueves 11, con el diagnóstico de Covid-19 en un auxiliar de estación, debió aislarse a 131 trabajadores (64 maquinistas y 67 ayudantes de conducción). Fueron remitidos a sus domicilios para ser visitados para el testeo en 72 hs. Otros 42 trabajadores (10 guardatrenes y 32 empleados de Murata) ya estaban licenciados desde la muerte por Covid-19 de los empleados de seguridad de Murata Miguel Olmedo y Juan Campos.


La responsabilidad de Murata en la expansión del virus en el ferrocarril es evidente. Despidió a 7 trabajadores por reclamar guantes y alcohol en gel al inicio de la cuarentena. Tras el diagnóstico positivo de Olmedo, un trabajador de riesgo de 64 años, la empresa no  testeó a los compañeros de contacto estrecho y los reubicó en otros objetivos del ferrocarril de intenso tránsito de pasajeros como José C. Paz, Retiro y José León Suárez, exponiendo a sus propios empleados, al personal ferroviario de planta permanente y a los usuarios.


Incluso trasladó a Plaza Constitución, cabecera del ferrocarril Roca, a una compañera de contacto estrecho con Olmedo, quien manifestó síntomas en servicio y resultó ser otro caso positivo. A los pocos días, disparó el contagio en otro vigilador del hall de la cabecera del Roca.


Trenes Argentinos, por su parte, no respetó un protocolo de licenciamiento y testeo del todo el personal de contacto estrecho con varios casos denunciados por personal de planta permanente. Pero también es responsable de la impunidad con la cual actúan las tercerizadas de seguridad. Como lo reflejan las recientes amenazas de despidos proferidas al personal de MCM por parte de un supervisor de la empresa estatal ante un reclamo de testeos por un caso de contagio. Los micros que ahora se disponen en horario pico para trasladar pasajeros en el ferrocarril San Martín debieron estar mucho antes de este colapso del servicio.


Cuando el ministro de Transporte Mario Meoni mintió a los medios de que no existían contagios en las empresas del transporte pretendió sostener una línea de ocultamiento que ahora estalló por los aires y fue causa de esta expansión del coronavirus entre los trabajadores.


Ninguna de estas denuncias fue recogida por los sindicatos ferroviarios. Ninguno ha elaborado un protocolo de prevención. En algunos casos, los propios trabajadores de contacto estrecho le impusieron el licenciamiento preventivo a las jefaturas. Ese es el camino, pero con la organización y la acción colectiva. En defensa de nuestra salud y de los usuarios.


Exigimos:

– Control de Covid-19 (temperatura y saturación de oxígeno en sangre) para todo el personal del transporte al ingresar al servicio.

– Licenciamiento con pago íntegro del salario y testeo de todos los trabajadores de contacto estrecho con casos positivos.

– Conformación de comités obreros de seguridad e higiene electos en asambleas, con poder de veto, en cada lugar de trabajo, para elaborar nuestros protocolos y hacer cumplir las medidas de protección para nuestra salud y la de los pasajeros.



 

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14/06/2020

En Mar del Plata el PSC prepara una jornada de lucha el 16J

En Mar del Plata, el martes 16, se estará realizando una marcha y acto frente al municipio en el marco de la jornada nacional convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo.


La ciudad viene golpeada por la crisis nacional desde hace varios años, encabezando todos los rankings en desocupación y miseria del país. El coronavirus ha acentuado esta situación: por eso todas las semanas se pueden observar movilizaciones y concentraciones a las puertas del municipio pidiendo algún tipo de asistencia social frente a la imposibilidad de trabajar: feriantes, vendedores ambulantes, transportistas escolares, trabajadores de la cultura, gastronómicos, repartidores, organizaciones sociales, etc.


Los trabajadores de la salud vienen de protagonizar una enorme caravana de más de diez cuadras denunciando en las condiciones de desprotección en las que trabajan, los salarios de miseria y el ocultamiento de datos oficiales.


El intendente de Cambiemos, Guillermo Montenegro, se ha encargado de garantizar y resguardar los intereses de los grupos concentrados y empresariales  de la ciudad; el gran grupo de multimedia (La Capital – Aldrey Iglesias) viene pagando la mitad de los sueldos a todos sus trabajadores, y en el puerto y en la industria del pescado no han cesado los despidos y las extorsiones patronales para trabajar sin respetar los protocolos de seguridad frente al Covid-19. Por otro lado, viene amenazando con una rebaja salarial a los trabajadores municipales (esto incluye a trabajadores de la salud y sociales que se encuentran en la primer línea) argumentando la falta de fondos del municipio. Frente a la desocupación, la miseria y la pobreza, la secretaría de desarrollo social local es impotente, no atiende a las organizaciones sociales ni a las necesidades de comedores y merenderos.


¿Cómo preparamos la jornada del Plenario de Sindicalismo Combativo en Mar del Plata?


Frente a todos estos ataques patronales y ajustes las centrales sindicales vienen jugando un papel de complicidad, sin organizar ninguna defensa de los puestos de trabajo y los salarios. Esta sumisión de los sindicatos al gobierno que viene negociando con el FMI para pagarle peso por peso, esta costando muy caro a la clase obrera.


Por eso la tribuna que levantaremos desde el Plenario de Sindicalismo Combativo junto a otras organizaciones en Mar del Plata, juega un papel clave ya que intentará reagrupar todas estas luchas que la burocracia de los sindicatos aíslan y desgastan.


La marcha del martes es impulsada por la comisión interna de Textilana, que viene de protagonizar una enérgica lucha contra el acuerdo firmado por la burocracia del sindicato textil y cámara  patronal de reducción  salarial en un 50%; por los repartidores de las app, que vienen de dos enormes paros y caravana colocando en la agenda la situación de precarización en la que se encuentran; por los docentes, que vienen de movilizar al consejo escolar y realizar un paro virtual ante la flexibilización laboral a raíz del teletrabajo; por los piqueteros del Frente de Lucha Piquetero que ha realizado una enorme jornada de piquetes en todo el país exigiendo asistencia inmediata en los barrios ante el contagio de Covid-19; por los trabajadores del Conicet, de la salud, municipales y por trabajadores del polo industrial.


En la reunión de organización se acordó realizar una movilización respetando las medidas de prevención sanitaria con distanciamiento social que partirá de la Ucip (cámara patronal), pasara por tribunales para exigir la libertad de Sebastián Romero (procesado y preso por luchar contra el robo a los jubilados en el 2017), para culminar en la Municipalidad con un acto donde hablaran los protagonistas de todas estas luchas.


Vamos con todo a la jornada de lucha del sindicalismo combativo en Mar del Plata y en todo el país, por una nueva dirección en los sindicatos.



 

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14/06/2020

Córdoba: crecen las movilizaciones municipales contra los ataques de Llaryora

Una nueva marcha de centenares de trabajadores ganó este viernes 13 las calles de la Ciudad de Córdoba. Alentados por la disposición de la administración municipal que les retira las chapas de inspectores a más de 450 empleados, quitándoles a su vez el adicional del 30% por tareas de inspectoría, la marcha finalizó en el Colegio de Abogados.


Así se hizo explícito el repudio a la integración de decenas de abogados monotributistas, que bajo el programa de “Promotores de Convivencia” fueron habilitados para realizar multas en la municipalidad, en una maniobra que golpea sobre el cuerpo de inspectores. Esta última medida del intendente Martín Miguel Llaryora viene a consolidar su política de precarización laboral, montando un cuerpo paralelo que garantice principalmente la actividad en áreas destinadas a la recaudación.


La acción, que tuvo características masivas, fue precedida por concentraciones de los sectores de salud, que un día antes desmintieron en las calles las afirmaciones oficiales a propósito de que la reducción salarial del 15% no afectaría a salud y educación. Asimismo, denunciaron el pago en negro de bonificaciones como el título, una resolución que apunta al desmembramiento de uno de los salarios más importantes de los trabajadores cordobeses.


El sistemático ataque que comenzó con la eliminación de horas extras y prolongaciones de jornada y se fue profundizando con el recorte de la jornada laboral, el pase a sumas no remunerativas de las bonificaciones, la ampliación del Régimen de Pasividad Anticipada, la anulación de la paritaria 2020, entra ahora en una nueva etapa. La embestida contra los inspectores de tránsito es acompañada con un despliegue de medidas destinadas a golpear sección por sección. Llaryora está en una verdadera cruzada contra los municipales para aplicar la misma receta del pejotismo provincial: quebrar el convenio municipal, supliendo sus funciones con programas precarios como los Servidores Urbanos.


El creciente conflicto municipal lleva más de un mes. En cada repartición se expresa con particularidades, porque los modos de afectación son diferentes, pero queda claro que el profundo malestar recorre a los trabajadores de todos los sectores, que demandan una unificación de la pelea y la definición de un plan de lucha progresivo.


Con el argumento de la cuarentena, la conducción del gremio posterga la necesaria convocatoria a una asamblea de delegados y activistas, quienes igualmente se encuentran cotidianamente en las calles. Aun así, se multiplican en las dependencias municipales las acciones de lucha y madura la tendencia a la coordinación de un plan común que debe ser necesariamente progresivo, unificado y preparar el camino hacia un paro total que ponga freno al avance de Llaryora.


La decisiva lucha de los municipales de Jesús María demostró que el camino más efectivo es la asamblea general, el plan de lucha, la huelga y la movilización. Es necesario apuntar a las áreas de la administración pública y de recaudación para ir al corazón de la política de Llaryora, que se encuentra fuertemente condicionado por la bancarrota municipal y las extorsiones empresariales.


Con esta perspectiva, trabajamos para que el activismo municipal y el conjunto de las y los luchadores sean protagonistas en la jornada nacional de lucha que prepara el Plenario del Sindicalismo Combativo para el próximo 16 de junio.

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14/06/2020

Prestadorxs en discapacidad marcharán a la Superintendencia de Servicios de Salud

Este miércoles 24, como lo resolvió una nueva asamblea de Prestadorxs Precarizadxs.

Kinesiólogo. Integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel).

Prestadorxs de salud de personas con discapacidad nos movilizaremos para llevar nuestros reclamos a la Superintendencia de Servicios de Salud, el miércoles 24 de junio.


La medida fue resuelta este sábado 13, en una nueva asamblea online de Prestadorxs Precarizadoxs, en la cual participaron compañeras y compañeros del sector de todo el país.


En el informe inicial se detalló al dedillo como el ajuste se descarga sobre la clase trabajadora en general y sobre quienes trabajamos con personas con discapacidad en particular. También se denunció cómo se reafirma ese ajuste desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), emitiendo resoluciones que permiten a obras sociales y prepagas retrasar los pagos de prestaciones, paralizar el aumento de las prestaciones que figuran en el nomenclador y reclamar un sinnúmero de requisitos para poder habilitar las prestaciones, entre otras cuestiones. En esta línea de ajuste se inscribe la reciente resolución 198/2020 de la SSS, que no es más que la continuidad de otras como la 308/2020 y la 349/2020.



La lucha, hasta ahora virtual, que venimos dando desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, con petitorios y hashtazos, logró sortear alguna de las intenciones de ajuste del gobierno y las obras sociales de limitar aún más las prestaciones y los pagos de las mismas. Pero el pliego reivindicativo que levantamos es mucho más amplio y tiene muchos puntos que aún no han encontrado respuesta.


Para avanzar en esta dirección se definió realizar la movilización del 24 a la Superintendencia, ya que entendemos que es allí donde se teje el grueso del ajuste sobre los y las prestadorxs y el rescate millonario a las prepagas. Allí presentaremos dos petitorios de más de 34 mil firmas que hemos recolectado desde el comienzo de la cuarentena a la fecha. En los mismos reclamamos el pago de todas las prestaciones adeudadas del 2019 y 2020, con la perspectiva del pago a mes vencido de las prestaciones por discapacidad; aumento inmediato de los valores del nomenclador por inflación, carga de todas las facturas en el sistema de la SSS y rechazo a todas las resoluciones que avanzan en detrimento de nuestra práctica laboral. Esta movilización buscará ser acompañada en el resto del país, con actividades allí donde se puedan realizar y con una placa con el hashtag #noalajusteendiscapacidad, con el título “Sin pago de las prestaciones no hay cuarentena” y con nuestros reclamos centrales.


Por último, votamos sumarnos el martes 16 a la jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo, que se presenta como canal de intervención concreta para reclamar una cuarentena con trabajo, salario y sin hambre.

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14/06/2020

Designan en la Corte de Salta al abogado de Blaquier

Con la ampliación y designación de nuevos miembros, el gobernador Gustavo Sáenz ya tiene su tribunal adicto al poder.

Finalmente, el Senado de Salta aprobó los pliegos enviados por el gobernador Gustavo Sáenz para nombrar a los tres jueces de la Corte provincial y ampliar la misma a nueve miembros. Así, Horacio Aguilar, Adriana Rodríguez Faraldo y María Alejandra Gauffin se incorporan al máximo tribunal de justicia de Salta.


Integrantes de organismos de Derechos Humanos, la Asociación Lucrecia Barquet y la Asociación Coca Gallardo presentaron una impugnación a Horacio Aguilar, por haber sido abogado del empresario Carlos Pedro Blaquier en el juicio de lesa humanidad del “apagón” en Ledesma; y también por haber beneficiado, cuando se desempeñaba como Camarista Federal, con la prisión domiciliaria a Joaquin Guil, represor que actuó en todas las desapariciones ocurridas en Salta durante la dictadura militar.


Aguilar, además de ser el abogado personal de Sáenz y quien lo patrocinó frente a las denuncias en su contra por la causa de facturas truchas, es abogado y amigo del ex gobernador Juan Manuel Urtubey. Su estudio representa a la provincia en los litigios con Nación, por los que obtiene enormes beneficios. También es abogado de la Seabord Corporation, dueña del ingenio Tabacal, en las causas donde se persigue a los dirigentes del Sindicato Azucarero para quitar la personería gremial del sindicato. Un estudio de abogados había puesto a Aguilar a cargo del caso de la familia Bouvier, por el crimen de las turistas francesas; cuando la familia descubrió la amistad con Urtubey, prescindió de su patrocinio.


Pero no solo Aguilar viene a ser un juez adicto al poder. Alejandra Gauffin, también nombrada para integrar la Corte, es nada más ni nada menos que la hermana de Pablo Gauffin, ex secretario de Hacienda del municipio salteño, que renunció como consecuencia de la causa de las facturas apócrifas, siendo el funcionario más comprometido.


También se aprobó el pliego de Adriana Rodríguez Faraldo, de extensa carrera judicial, pero cuya familia ha formado parte de los sucesivos gobiernos en los últimos 20 años. De hecho, fue entrevistada por su propio esposo en el Senado, cuando Urtubey la postuló para integrar una de las cámaras de la justicia provincial.


El argumento de que la nueva Corte cumple con la paridad de género, con cinco varones y cuatro mujeres, no pasa ni cerca de la defensa de los derechos de las mujeres, sino con la garantía de impunidad que necesita el régimen gobernante.


La conformación de la Corte siempre fue un botín del poder político para blindar el régimen oligárquico. Juan Manuel Urtubey ya los había aumentado de cinco a siete, luego de que Juan Carlos Romero se fuese del poder en 2007 -designando allí, antes de irse, a varios miembros de su gabinete.


Ese blindaje del poder político salteño resultó sumamente eficaz, ya que de esta forma se frenaron las causas por múltiples fraudes en la compra y venta de tierras para viviendas durante el gobierno de Romero. Seis casos fueron denunciados por la bancada del Partido Obrero. El que mas trascendió fue el caso “La Ciénaga”, donde 90 hectáreas adquiridas para distribuir terrenos entre las familias más pobres terminaron en el patrimonio de una de las empresas del actual senador, cuasi vitalicio, de Salta. Urtubey, por su parte, hizo avalar por la Corte sus decisiones despóticas y anticonstitucionales, como la que benefició con una quita de $2.000 millones (a valores actuales) al terrateniente y político derechista Alfredo Olmedo de su deuda por el canon de explotación de 150.000 hectáreas de tierras fiscales de Salta Forestal.


La elección de los jueces mediante el voto popular se impone como una necesidad para terminar con la justicia adicta al poder político. Como denunciamos desde el Partido Obrero en la sesión de Diputados de la Legislatura salteña, el propósito de la ampliación es el de garantizar una mayoría propia y un blindaje para obtener impunidad para el actual gobierno, los anteriores y sus socios.


 

14/06/2020

Violación en banda a una adolescente wichi en Salta

El Estado violador.

Se conoció recientemente otro caso aberrante de violación en banda a una joven wichi. Ocurrió el 9 de junio en Rivadavia Banda Sur, en la provincia de Salta; y tras ello la víctima, de 16 años, fue además amenazada con un arma de fuego para que no realice la denuncia.


Hasta el momento se han detenido a cuatro personas; la investigación sigue y no se descarta la participación de otros sujetos.


La noticia salió a la luz porque la madre de la joven enfrentó el amedrentamiento y puso la denuncia. Lamentablemente estas prácticas no son una novedad: las mujeres y niñas de las comunidades originarias son presas del “chineo” -violación en banda- y el “derecho de pernada” ejercido por patrones, dueños de campo y por criollos. Los casos denunciados   reflejan solo una parte de la realidad, ya que muchas víctimas no realizan las denuncias por temor, vergüenza o -en las zonas rurales- por falta de acceso a comisarías y fiscalías.


En los casos de mujeres originarias pesa también que la barrera idiomática no es resuelta a tiempo por la justicia, poniendo un intérprete bilingüe -por lo que, la mayoría de las veces, dependen de que los caciques quieran actuar como traductores.


El calvario de las víctimas


Si tomamos los datos elaborados por el Observatorio de Violencia de Género en Salta en el 2018, podremos tener un paneo del sufrimiento de las víctimas de violación. Se registraron 1.558 denuncias contra la integridad sexual en toda la provincia. Entre ellas, las denuncias por abuso sexual con acceso carnal y por abuso sexual gravemente ultrajante, suman 451. Sin embargo, solo en 114 casos se suministraron kits de profilaxis post exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia, y se desconoce por qué se privó el suministro al resto. El asunto es gravísimo, ya que más de dos tercios no tuvieron esa atención elemental de salud, obligatoria para estos casos.


Seguramente no existan a disposición los kits de profilaxis en los hospitales y centros de salud, por lo que muchas mujeres ante una violación afrontan enfermedades de transmisión sexual o embarazo. Así sucedió en el 2015 con el caso Juana, la niña wichi que sufrió una violación en banda y tuvo que afrontar un embarazo de riesgo, porque en el hospital de Alto La Sierra no tenían el kit de profilaxis ni el anticonceptivo de emergencia y, cuando lo tuvieron, esperaban orden de la fiscalía para su aplicación. La justicia empezó a actuar después de seis meses de producido aquel hecho, y solo porque el caso tomó estado público.

El derecho a la protesta social no tiene cuarentena

Presentación del dossier de notas de abogados, empleados judiciales y estudiantes de derecho del Partido Obrero.

Foto: Fede Imas (Ojo Obrero Fotografía)

Asistimos a una crisis mundial histórica. La pandemia del Covid-19 vino a agravar esta crisis preexistente y ha obligado a declarar la cuarentena como instrumento para demorar la propagación del virus. En todas partes, y especialmente en Argentina, las corporaciones capitalistas y los gobiernos descargan los sacrificios derivados de esta crisis sobre las masas populares. La cuarentena es utilizada como instrumento para implementar la reforma laboral mediante suspensiones, despidos y rebajas salariales. A su vez, las condiciones de vida de los trabajadores en negro y los que viven de changas han sufrido un enorme deterioro.


El Estado no ha garantizado el derecho a la alimentación de la población, ni las condiciones de higiene para poder enfrentar la pandemia. En este contexto la suspensión del derecho a peticionar a las autoridades, pilar del derecho de protesta, es un instrumento de control social. La suspensión de este derecho carece de racionalidad en relación a los intereses sanitarios expuestos en los decretos presidenciales. Protestar, movilizarse, luchar por el “ejercicio efectivo” de los derechos, es  el único modo de garantizar que el derecho no se convierta en una farsa.


En el marco de una sociedad cuya clase social dominante avasalla cotidiana y constantemente los derechos de las mayorías explotadas, y teniendo en cuenta que  la pandemia ha puesto en descubierto el velo de la injusticia social y la atroz desigualdad de la distribución de los recursos sociales y económicos, toda lucha por la defensa de las condiciones de vida del pueblo, todo reclamo contra el Estado es ya un signo de maduración política, pero además es un factor fundamental para el desarrollo de una conciencia política más elevada.


El Polo Obrero ha desafiado esa pretensión absurda del poder político lanzando una consigna: ¡con hambre no hay cuarentena! Y realizó un acto en Plaza de Mayo el 1° de mayo. Los mineros de Andacollo han marchado cientos de kilómetros, los obreros del pescado en Puerto Deseado hicieron piquetes varios días, los obreros del frigorífico Penta ocuparon la planta y fueron reprimidos, las trabajadoras de Textilana también pararon; los ejemplos de lucha se extienden por el país y es inevitable que se generalicen, por salarios, contra el hambre y los despidos e incluso contra los femicidios.


Es por eso que los abogados, empleados judiciales y estudiantes de derecho del Partido Obrero resolvimos editar este material sobre el derecho a la protesta en las condiciones de la cuarentena, para profundizar las rendijas del régimen legal opresor, desde nuestros derechos y conquistas, y sustentar los argumentos legales que podemos esgrimir los oprimidos, ante la prepotencia del poder económico y político que realiza la “reforma laboral” de hecho y que sume en la indigencia a millones de habitantes de nuestro suelo.


Se trata entonces de fortalecer el más importante de todos los derechos, que es el derecho a luchar.




 

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14/06/2020

Las tareas de cuidado y su no remuneración

La situación creada en nuestro país por la pandemia ha generado el dictado de diferentes y numerosas normas de emergencia que tienen implicancia sobre las licencias especiales por tareas de cuidado, como consecuencia de la suspensión de clases presenciales impuesta por el Ministerio de Educación mediante resolución 108/2020.


El Ministerio de Trabajo, mediante resolución 207/2020, determinó la justificación de la inasistencia a su puesto de trabajo a quien deba permanecer en el hogar para tareas de cuidado de los niños, mientras dure la suspensión de clases. Si bien el artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20 establece el derecho al goce íntegro del salario en el sector privado durante la cuarentena en los términos que reglamente el Ministerio de Trabajo, la resolución 207/2020 de esta cartera contiene una zona gris en su articulado, dejando al arbitrio patronal el pago de los salarios a aquellas trabajadoras que gozan de esta licencia (en su gran mayoría, son las mujeres quienes asumen las tareas de cuidado de los hijos en edad escolar). En su artículo 1, que específicamente establece que lxs trabajadores exceptuados de cumplir tareas (ya sea por ser paciente de riesgo, trabajadoras embarazadas o mayores de 60 años) deben percibir el pago íntegro de sus remuneraciones, omitió tales licencias especiales.


Además, estas reglamentaciones establecen que las trabajadoras, aún con hijos a cargo y cuyas labores lo permitan, deben cumplir sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo. Con todo lo que significa cumplir con las obligaciones laborales en su domicilio, debiendo además cumplir con las tareas domésticas y de cuidado de sus hijos.


El panorama se agrava aún más con el acuerdo marco CGT- UIA (que establece los procedimientos en el caso de solicitarse suspensiones acorde al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo) y la resolución 397/20 del Ministerio de Trabajo de la Nación que reglamenta el mismo. En primer lugar, porque afecta los derechos individuales de todxs lxs trabajadores a través de una reducción de las remuneraciones en tiempos de emergencia, sin paritarias y con un escenario de creciente inflación. En segundo término, porque deja a la mujer trabajadora en un grado de mayor vulnerabilidad, al permitir que esas rebajas salariales también se apliquen a quienes gocen de esta licencia especial de cuidado.


Toda esta normativa de emergencia deja desprotegida a la mujer trabajadora que tiene a su cargo las labores de cuidado. Un reflejo de lo que históricamente sucede bajo el sistema capitalista, donde las mujeres deben cumplir tanto esta tarea -que no es reconocida ni remunerada- como el trabajo remunerado, en su gran mayoría precario y mal pago.


El Estado y las patronales buscan obviar el pago de estas tareas que hoy las mujeres llevan adelante de manera gratuita.


Frente a este escenario, las tareas domésticas requieren ser sociabilizadas. Pero esta sociabilización no depende de decisiones individuales, sino que precisa de una reorganización social y económica integral. El Estado debe garantizar salas de cuidado para personas mayores y jardines materno-paternales en los lugares de trabajo y estudios; así como el pago íntegro del salario de las trabajadoras con hijos a su cargo en el marco del aislamiento obligatorio. Y extender las licencias a todas aquellas trabajadoras con hijos o familiares a su cargo, para así evitar la sobreexplotación a través del teletrabajo.


La salida para poner fin a esta explotación y permitir la emancipación de las mujeres es colectiva, y requiere de una reorganización económica y social atada a las necesidades de las explotadas y los explotados.




 

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14/06/2020

Despidos docentes y educación a distancia: la agenda del gobierno

100.000 docentes de escuelas públicas de todo el país han quedado sin trabajo, como consecuencia de la cuarentena y la falta de actos públicos en todos los niveles de la educación. Una situación que muestra que el autoproclamado “gobierno de los más débiles” usa la pandemia para desplegar un ajuste brutal en el sector, eliminando docentes realmente esenciales.


El Ejecutivo pretende una continuidad pedagógica virtual y el acompañamiento a millones de niños y jóvenes, cuando una gran masa de ellos no cuentan siquiera con dispositivos y/o acceso a internet en la cuarentena. En la “educación a distancia”, tanto los insumos como la conectividad y el aprendizaje de las nuevas tecnologías para la comunicación virtual son costeados por los docentes. El horario se ha extendido a las 24 horas del día, con una exigencia de sobrecarga laboral sin retribución salarial. Se encuentran “suspendidas” de facto las licencias de todo tipo, avasallando condiciones laborales y derechos conquistados -como el de días por enfermedad propia o de hijos, o para estudiar, entre otros.


La imposición de la educación a distancia (cuyo intento viene de larga data), y la reducción constante del presupuesto educativo, son parte de la agenda histórica el FMI, el Banco Mundial, las patronales, los gobiernos y la burocracia sindical -la que también lucra con los cursos virtuales con puntaje para los docentes. Esto tiene su correlato en docentes que no son alcanzados por la continuidad ni la estabilidad en el cargo, en la privatización y en el ataque a las condiciones básicas de trabajo. Imponen mayor precarización en las figuras de contrato a término, monotributo, altas y ceses arbitrarios.


Por eso, con cuarentena y todo, han avanzado en Diputados con la reforma del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, habilitando la educación a distancia en todos los niveles educativos, pero sin ninguna medida que garantice el acceso ni de docentes ni de alumnos a la misma. La votación se produjo sin que a Roberto Baradel, secretario general de Suteba, se le mueva un pelo .


La inflación galopante ha devorado el mísero aumento acordado por la burocracia sindical previo a la pandemia. La suspensión de “cláusulas gatillo” que habían sido obtenidas por la lucha docente, con el argumento que el aumento que daría el gobierno sería superior a la inflación, impone la necesidad de que se reabra la discusión salarial y haya un incremento de forma urgente.


El derecho a la movilización, en este marco, ya se ha hecho carne en miles de docentes que se organizan y movilizan en todo el país por arrancar sueldos adeudados como en Chubut, contra el pago en cuotas en Ciudad de Buenos Aires y por la implementación de los actos públicos virtuales en todo el país, apoyándose además en el proyecto de ley presentado por la diputada nacional Romina del Pla, y en los que han colocado todos los legisladores provinciales del Partido Obrero – Frente de Izquierda para que se lleven adelante tales actos en cada regional y en el país.




 

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14/06/2020

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Esta semana que entra va a estar cruzada por los medidas de lucha importantes en Mendoza, después del anuncio de gobernador Rodolfo Suarez de pagar el aguinaldo en cuotas.


En la semana que termina, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) llamó a hacer asambleas de base y plenarios departamentales, donde se ha estado discutiendo las próximas medidas a tomar. Entre estas se encuentra la participación de la jornada de lucha del sindicalismo combativo del martes 16, en conjunto con los prestadores y contratados de la salud, que votaron movilizarse a Casa de gobierno el martes 16 a las 11 hs. Y un caravanazo para el día 18 con el Frente de Unidad Estatal, del cual el Sute forma parte.


Los reclamos son claros: inmediato aumento de emergencia, pago del aguinaldo en tiempo y forma, paritarias, basta de sobrecarga y flexibilización laboral, llamado a suplencias para todos los niveles, pago de las deudas a todos/as los/as trabajadores/as.


Ya el 11 de junio tuvo lugar una marcha de las agrupaciones piqueteras que copó el centro mendocino, que confluyo con los gremios estatales que habían definido concentrar en Casa de gobierno. Y el gremio de los educadores ya había empezado expresar el descontento de las escuelas con la acción de Sute las Heras, que con el mandato de la asamblea de delegados de base se manifestó en la esquina de la escuela Mario Casale y el IES 9008.


Las del 16 y 18 son dos convocatorias importantes, que pondrán a prueba ante todo a las dirigencias sindicales. Tendrán que mostrar, principalmente a sus bases, si están a la altura de la circunstancias para dar una respuesta a este ataque al salario y las condiciones de vida de los trabajadores del Estado. El gobierno ha dejado claro que prioriza el pago de la deuda provincial, a costa del sudor de quienes en los hospitales y en las aulas virtuales han soportado todo el peso de la pandemia.


 

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14/06/2020

Volkswagen: tres positivos de Covid-19, en la planta que Fernández y Kicillof reabrieron con un acto

Los trabajadores de la fábrica de Pacheco (Tigre) denuncian que no se realizaron los testeos anunciados.

Se confirmaron tres casos positivos de coronavirus entre los trabajadores de Volkswagen en la fábrica ubicada en la localidad de Pacheco, del distrito bonaerense de Tigre. Dos ellos son del sector de producción y uno de limpieza, contratado por la empresa Integración Servicios Nuevos (ISN).


En esta planta se fabrica la pick-up Amarok y se desarrolla la nueva plataforma para el SUV Tarek, nuevo producto de la marca que estaría listo en 2021, con una inversión de 650 millones de dólares.


La fábrica estuvo cerrada por 60 días desde el inicio de la cuarentena, reabriendo la producción el pasado 19 de mayo. En el acto de reapertura participaron el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Tigre, Julio Zamora, con el objetivo de “supervisar” los protocolos de seguridad e higiene de la empresa.


En ese evento Alberto Fernández afirmó que “las empresas y los sindicatos son los que cuidan a los trabajadores”. Falso: los trabajadores son quienes se organizan para hacer frente a la pandemia, reclamando protocolos de limpieza y materiales seguros. Volkswagen, con la complicidad del Smata (sindicato metalmecánico), no cumple con las medidas de seguridad e higiene e intenta avanzar sobre las condiciones de trabajo, con una mayor precarización laboral y aplicando una reforma laboral de hecho a los trabajadores aprovechando la pandemia.


La patronal se había comprometido a realizar 100 testeos por días, pero los trabajadores denuncian que esto no se cumplió. Recién esta semana se realizaron testeos ante la sospecha y los síntomas presentados por los trabajadores contagiados. Además, el distanciamiento social no se cumplía, ya que los ritmos de producción eran elevados.


La industria automotriz viene registrando una caída en sus ventas a nivel mundial. Sin embargo, Volkswagen creció en sus ventas a costa del mercado de sus competidoras, mientras la situación laboral de los trabajadores viene en franca decadencia.


Las patronales automotrices vienen de firmar en diciembre del año pasado con el gobierno y el acuerdo de los sindicatos un “plan automotor 2030“, que se trata de un listado de subsidios, exenciones impositivas, créditos blandos y normas de protección comercial. Además, el objetivo primordial de este acuerdo es una adaptación de los regímenes laborales, siguiendo el modelo de flexibilización laboral de Vaca Muerta, que avanza contra el convenio laboral automotriz.


En Volkswagen es necesaria una comisión de seguridad e higiene, compuesta por trabajadores, que evalúe y pongan en pie un protocolo que cuide la integridad de cada compañero. Los trabajadores necesitan organizarse de forma independiente a la dirección de Smata, que acompaña las medidas de la empresa.


Por una comisión obrera de seguridad; rechazo a la reforma laboral de hecho; por la reapertura de paritarias y premios para todos los trabajadores sin estar atados a objetivos de producción; por el pase a planta de los contratados; ninguna suspensión, ningún despido; reparto de horas de trabajo sin pérdida de salario.


 

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14/06/2020

Neuquén: en Centenario buscan remplazar el trabajo de los municipales por el ejército

Un intento de reconciliar filas con el ejército y un ataque a los municipales.

La municipalidad de Centenario ha publicado que se encuentran avanzadas las negociaciones para la firma de un convenio entre el Estado municipal y el Ejército Argentino, mediante el cual este último realizará tareas de limpieza en desagües, canales de riego y actividades relacionados al sector de servicios públicos. El anuncio surgió luego de una reunión donde  participaron el secretario de Servicios Públicos, Vicente Quilodrán, el subsecretario de Mantenimiento Vial y Urbano, Alejandro Zapata, y el Director de Limpieza Urbana, Samuel Correa, y por el ejército, el Capitán Pablo Reinoso y el Sargento Nicolás Oros, de la VI Brigada de Montaña.


Con esta medida, el municipio dirigido por Javier Bertoldi del PJ neuquino, busca tercerizar en el ejército tareas que son propias de los municipales y una reconciliación con las fuerzas represivas del Estado.


Asistimos  a un hecho gravísimo y que genera un antecedente que debe ser repudiado en forma categórica. Es que la medida guarda dos objetivos. En primer lugar,  representa un golpe a la tarea de los municipales y a  su salario con el objetivo de reducir la planta de trabajadores, y con ello, ahorrarse recursos públicos. Y en segundo lugar, significa un fuerte mensaje intimidatorio para los trabajadores y su gremio que vienen desenvolviendo una pelea sistemática por los puestos de trabajo y las condiciones laborales. Recientemente,  una lucha logró la renovación de contratos de compañeros precarizados.


Con esta iniciativa, el intendente Bertoldi no solo brinda otra muestra más de su orientación ajustista y de ataque a los derechos de los trabajadores,  sino que también  pretende la regimentación del sindicato y sus luchadores.


Rechazamos este intento local de “dar vuelta la página” colocando al ejército en “tareas comunitarias” buscando así una reconciliación  y una legitimidad en la represión interna.


Saludamos la  lucha de los trabajadores municipales de Centenario.



 

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14/06/2020

Neuquén: camilleros del Hospital Heller luchan por salario y pase a planta

Tribuna Estatal Salud

Los camilleros del Hospital Heller, de Neuquén Capital, llevaron adelante la semana pasada una retención de servicios por el retraso en el pago de los salarios de parte de su empresa contratista, Plaxo, quien ante la contundencia de la medida se vio obligada a depositarlos.


Como el resto de los trabajadores tercerizados en el sistema de salud, estos camilleros son situados como trabajadores de segunda, encuadrados en la categoría de maestranza del convenio colectivo de Comercio -una figura que nada tiene que ver con la actividad que desarrollan. El único fin de ello es convalidar el fraude laboral, pagar menos contribuciones patronales y generar condiciones para una mayor explotación de les trabajadores.


El Hospital Heller es pionero en la tercerización. Desde su inauguración en el año 1999, bajo el gobierno de JorgeSapag, distintos sectores están sometidos a un régimen laboral de empresas con dudosas procedencia: camilleros, maestranza, mantenimiento, seguridad, cocina, etcétera. Frecuentemente los trabajadores deben padecer la falta de pago de salarios a término, la caída de sus contratos de manera semestral o anual –lo que implica que los ítems de antigüedad no se paguen correctamente-, y la polifuncionalidad en relación a las tareas, entre otros aspectos.


Las direcciones sindicales son cómplices. Al no ser considerados como trabajadores del Estado, sindicatos como ATE o UPCN no los afilian; y quien si lo hace, la CTA, generalmente no los representa en los conflictos reales, dejándolos a su suerte por sus vínculos con las empresas tercerizadas.


Para el Estado nacional y  provincial, la precarización laboral es una fuente de explotación necesaria en la que urden sus vínculos con el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Por ello, desde Tribuna Estatal y el Partido Obrero luchamos por el pase a planta permanente de todos los trabajadores tercerizados, más aún tratándose de actividades necesarias para el desempeño general del servicio de salud. Por eso mismo hemos propuesto a los camilleros del Heller y al conjunto de trabajadores tercerizados de Salud de toda la provincia el impulso a un Petitorio por el pase a planta de los trabajadores tercerizados en salud, que respalde al proyecto de ley que presentó la diputada Patricia Jure del Partido Obrero-Frente de Izquierda, en abril en la Legislatura neuquina.


Las luchas parciales dadas por los camilleros en Heller, pero también por el resto de les tercerizades en distintos puntos de la provincia, son indicadores de que en la medida en que se colectivicen los reclamos, exista claridad en los objetivos y contundencia en las medidas, podremos darle un impulso definitivo al pase a planta.




 

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14/06/2020

“It was a real rebellion on the streets of Seattle”

Testimonies of the popular rebellion; interview of Joaquín Cienfuegos, Seattle activist

Interview made by Guillermo Kane

Versión en español


We interviewed Joaquín Cienfuegos for Prensa Obrera. Joaquín has been a promoter of the CopWatch program in Los Angeles and is currently an activist in Seattle. the interview was done on june 4th.


-What’s the conflict been like in your area these days?


-The big demonstrations started on Friday (May 29th) and it was more like an uprising. What happened Saturday (May 30th) is the biggest confrontation people in our area have ever had with the police. There were like four cop cars on fire, and people where in the streets confronting the police. Basically they rose up in rebellion. There were several stores that were expropriated, particularly in what’s called the International District of Seattle where the malls and the big corporate stores are. Those areas were targeted.


Now, there’s been more discussion and there’s a dichotomy generated between good protester and bad protester or violent protester and non-violent protester. This is coming from the government but also from “professional organizations” that have taken those same positions. Now, the actions and marches here have grown, but have become more peaceful. There are still confrontations. There have been many arrests. These have been presented as only going against the violent protesters. There was a curfew in place for most of the week and, now it has been lifted, after the Seattle Police Department and the mayor said the protests had been more peaceful.


The first days it was real rebellion in the streets of Seattle. Hundreds of black youths, and youths of color, mainly. Working class youths that make up a big part of Seattle’s population. Seatte has a very big wage gap. You have a lot of the tech industry base here, like Amazon. You have very rich, wealthy people and then the majority of people are working class. There is no middle class here.


Now there are more demonstrators. Thousands and thousands on the streets. And the police appear to have stepped back. But you still see the National Guard and police in riot gear. The situation here is still militarized. I know in other parts of the US there is still looting and clashes with the police. Here the nonviolent message seems to be the leading sentiment now.


We are living in an interesting time because this is a time of rebellion and these uprisings are happening during a pandemic and there’s an economic crisis going on, which adds fuel to the fire. Especially the economic crisis, because people know these millionaires and billionaires are getting bailed out and getting millions of dollars more. And people have only gotten twelve hundred dollars and they still have to pay their rents and their mortgages, and they still have to feed their families and I think that adds to the anger, along with what the government’s been saying and the repression that’s coming down on these marches that were peaceful at first. 


In Seattle the first protests were peaceful and the police came out and they even pepper-sprayed children. There was a video of a young girl who was about nine or ten being pepper sprayed in the face by the Seattle Police Department. They started throwing tear gas and flash grenades at us. That spread the anger. There’s a lot of misinformation going around, conspiracy theories out there about who started these protests. Of course Trump and the people in power are spreading out that misinformation and blaming anarchists, Antifa. In their minds anarchists are white, you know?  So they’re saying that it’s white protestors who are instigating violence. Which kind of takes away from black and brown young people and their ability to organize themselves and defend themselves as well. White anarchists are coming in as outside agitators and creating all the disturbances.


-What are the main social and political groups active in the demonstrations?


-The first days there were no organizations leading. The first actions were called by community organizations in Seattle. It was mainly black and brown youths that have never been part of a protest before. And I think that makes it even more powerful. There are collectives doing mutual aid and support in the area. Sometimes you have a situation where these professional activists come in and instead of helping the uprising they police those youths and try to basically control the way that they’re resisting and the way that they’re protesting while they’re reacting to something that’s happening in their communities.


-What effect do you think Trump’s threat to call in the army has had?


-I think it created even more dissent. Even the curfews that were imposed in different cities made people want to go out even more. People who were on the fence before were able to see that there’s definitely a difference between people on the streets and Trump supporters. 

When there were all these white protesters demanding to open up the economy, Trump supporters a couple of weeks ago demanding to open up their businesses. There was a big difference in how the police and Trump reacted to those protests. They weren’t pepper-sprayed. They went up to these government buildings with guns, and they weren’t met with any resistance by the people in power. There was no tear gas. And they were in the police’s face, they weren’t wearing masks or protective gear. A lot of them got sick because they though Covid-19 was a hoax. I think that shows people on the fence that there’s a difference. It shows what sort of society we’re living in. It’s very militarized, it’s a police state in the US. 


On the other hand, I think it has helped to put an end to more violent protests. Even though eleven protestors were killed in these days throughout the country.


-What slogans and demands are strong among demonstrators?


-One of the main demands is to defund police departments. A lot of people on the other hand, a lot of people are calling for the abolition of the police department which is a more radical position. This is a way of putting in perspective the role of the police department and the police in general and the fact that people feel there is no need for them. 


And the other point of view, to defund the police departments, and do that through city councils and things like that. That’s what the main “professional” organizations and activists are calling for. 


-What do you consider “professional” organizations?


-Like nonprofits, NGO’s. In the US all these organizations see any revolutionary movement, people calling for the liberation of their communities as going against their interests. They’re getting money from the state apparatus as well. Their demands and program are aligned with the Democratic Party, even though a bit more reformist.    


-What sort of orgs. in the Seattle area fit this description?


- There aren’t many organizations I can think of like there in other places like LA, San Francisco or Oakland. But that is growing. Even though there aren’t many organizations, there are people that are on the pacifist side and they tend to side with the police when there are things like property damage. There even are cases when this people tend to get violent with those who choose to take action or being more confrontational or take part in property damage per se.


They are into taking the movement into working through city council action, and supporting local politicians and things like that. 


-And you said there is another current that support abolishing the police?


-Yeah, I think that’s the more abolitionist, the more anticapitalist kind of position out there is for the abolishing of the police and the prison system, because prison is a business in the US. There are too many people in prison and these prisons are a new form of slavery. People are working for corporations for $2 a day, which is more of an incentive to pack these prisons. A lot of people are in prison for crimes of poverty and that’s basically the system as a whole which is tied to a new form of slavery. The police isn’t there to protect us, but to protect private property. The history of police is related to capturing slaves and protecting plantations and white supremacists organizations.


-What role do you think social and economic concerns play in this rebellion?


-One of the main criticism from the government or the petit bourgeoisie is that there was looting and they associate it with violent protesters. The thing is that when there is a pandemic and they tell you to stay home, but most of these people have lost their jobs. And the fact that capitalism doesn’t care about people and only cares about profit. At the same time they’re taking care of the millionaires and billionaires, but once they start opening up the economy, people are really going to start getting sick and it’s us, people at the bottom. Young people understand this, that millionaires keep getting more and more money. So in my mind they were just expropriating from these larger corporations. This speaks to the fact that people understand this. Like we’re living in a depression and there’s no other way that people can get food, clothes… because there’s no money. How can they afford to pay rent? They’re in a situation where they have to do this to survive. So I think this presents an opportunity to lash out against the police and at the same time at these corporations and millionaires who are the real looters.


-Are you aware of any initiatives to coordinate the protests in the cities or set some sort of common platform between the demonstrations?

-You could say that a there a loose organization, which is Black Lives Matter. But, BLM isn’t an organization, but more of a network. I think they’re the ones that are more vocal in the movement, even if they aren’t coordinating. People aren’t necessarily following them, just going on their own.


-Would you consider them the leadership of the movement?


-I wouldn’t say so. They’re the more vocal and have been trying to take the lead but even then, when you go to these demonstrations, you have breakaway marches, you have all kinds of people. You could say that one good thing that’s happening is that usually when you have rebellions, they fade out once the national guard is brought in but these movements have not. There’re protest every day, which is a good thing.


-Trump has put all his cards into stopping these protests with repression. What do you think people out there can do to defeat Trump?


-I think these protests have done more in the last few days than people have tried to do for the last few years. All the pressure placed into Trump and the government has made changes. Minneapolis for example, the city council have voted to get rid of the Minneapolis police department and move into a community controlled security force. In Los Angeles the mayor said they were slashing $100 million out of the LAPD (which is only around 5% of their annual budget). This comes as a compromise to the demand of “Defund the police”. The same is happening in other cities. The question is whether these measures and compromises will vanish in a few months or weeks or if they will last. In terms of Trump’s agenda it’s not something that’ll go away when he goes away, it’s rooted in society. Obviously I wanna see a different world, but we need a movement that creates a foundation for a better world where people have mutual aid, autonomy and direct democracy in their community. When you have a strong community, police becomes obsolete. If people have everything they need, police won’t be needed to defend property. And I think that what’s happening at the White House, shows that people have seen that the Democratic Party is no different than the GOP. Because I think a lot of people had their hopes that someone like Bernie Sanders, that was a democratic socialist and was talking about all these things that people already have in different parts of the world: free education, free healthcare for all and things like that. And it was shown that even that is a threat to the Democratic Party and they’ve sabotaged him and it shows the system’s corrupt and there is no democracy here, the electoral system is corrupt as well. It’s gonna be interesting times, we have more work to do, to organize and to really build this world that we wanna see.


-We’ve seen levels of activism and militancy in the US not seen for many years. You’ve talked about how they see the Democratic Party as corrupt. What discussions do you see between militants and activist regarding a political organization separated from the political bipartisan system we have today?


- I think the entire debate is going around protest strategies like for example peaceful protest vs. more violent confrontation or property damage protests. But this debate needs to happen, democratic activists will try to show voting as the only solution, but this hasn’t worked, so we need to start looking beyond this system and create something different and it’s gonna take this conversation. I’ve talked to comrades about that, about being in the streets, engaging people there with brochures, with literature about how we can protect ourselves but also about engaging in political questions and the world we wanna see. Otherwise, we are gonna go back to normal in a couple months, with the promise of one concession or two and they’re going to continue killing us.

En esta nota

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14/06/2020

Flexibilizan más la cuarentena en Córdoba, pese al brote de Covid-19 en barrios populares

El gobierno de la provincia de Córdoba continúa con su orientación de salir de la cuarentena. En ese sentido, ya se habilitaron reuniones familiares de hasta diez personas los fines de semana. Mientras, en los últimos días se produjeron 24 casos de Covid-19; en su mayoría, los contagios se encuentran esparcidos en barriadas como Villa El Libertador, Remedios de Escalada y Guiñazú.


Una vecina del Barrio Remedio de Escalada entrevistada por Radio Suquia reclamó “que el COE [Centro de Operaciones de Emergencia] dé la cara y nos diga cuántos casos hay, tenemos incertidumbre y bronca porque sentimos que no nos están cuidando”. Fueron los mismos vecinos quienes solicitaron que se habiliten los protocolos de acción. Oficialmente hay cuatro casos reconocidos en el lugar.


En la populosa barriada de Villa El Libertador hay por ahora reconocidos doce casos, peso se especula con que pueden ser más los contagios. En la zona se ha realizado cuatro cordones sanitarios; solo una persona por grupo familiar puede salir a comprar dentro del perímetro. Se calcula que hay 20 mil personas que viven en las manzanas acordonadas; el ingreso y salida del barrio está permitido solo para los vecinos que no viven en los sectores que han registrados casos.



Desde el gobierno han salido a desparramar el discurso de un relajamiento de la cuarentena, responsabilizando a la población por los nuevos contagios. Pero Claudio Vignetta, miembro del COE Capital, reconoció que los casos se produjeron en reuniones familiares, que ahora el propio gobierno habilita en toda la ciudad.


Además es claro que las personas que viven en los mencionados barrios no pueden realizar una cuarentena estricta porque no tienen los recursos para realizarla. El gobierno no ha garantizado la asistencia en todos estos meses de pandemia, y para peor ha recortado planes de empleo. Esto es una razón objetiva y concreta que empuja a la población a salir.


El Ejecutivo provincial viene promoviendo el levantamiento de la cuarentena, al punto de habilitar actividades no esenciales como las automotrices. Por lo tanto, poner el acento en la responsabilidad individual le es útil para quitarse la responsabilidad que le cabe.


Es necesaria la acción independiente para garantizar la cuarentena con la asistencia correspondiente. En este punto, los reclamos realizados hace días por las organizaciones piqueteras siguen sin ser respondidos. La consigna levantada “con hambre no hay cuarentena” da cuenta de una denuncia que crece.



 

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La banca de la concejala Cintia Frencia fue la única que en soledad presentó e insistió a viva voz con el procedimiento de expulsión que implica la conformación de una comisión investigadora.
Alzó la voz en el recinto para exigir la expulsión y apeló a la movilización popular hasta que caigan todos los responsables, materiales, ideológicos y políticos del crimen de Agostina.
Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz

Mendoza: reprimen a trabajadores municipales por protestar

La policía los atacó en el predio de la U.C.I.M., del barrio capitalino La Favorita, donde reclaman desde el martes por salarios, aguinaldo y condiciones laborales.

En la noche del sábado 13 la policía del gobernador mendocino Rodolfo Suárez reprimió con gases lacrimógenos a trabajadores municipales de la capital, que protestaban en reclamo de salario, aguinaldo y condiciones laborales.


Desde el día martes estos trabajadores vienen realizando retención de servicios en el predio de la U.C.I.M. del barrio La Favorita, donde tuvo lugar el ataque policial.


Los trabajadores denuncian, además, que en el marco de las políticas de ajuste a municipales tampoco se les pagó un bono por haber trabajado durante la cuarentena. La política de ajuste y precarización es común del gobierno provincial y la intendencia capitalina, que actúan mancomunadamente a la hora de reprimir.


Hacemos responsables al intendente de Capital Ulpiano Suárez y al gobernador Rodolfo Suárez por la integridad física de los municipales. Se impone la necesidad de una respuesta conjunta de todos los trabajadores a las políticas hambreadoras y represivas del gobierno. Convocamos a la jornada del 16 de junio a las 11 horas en la explanada de Casa de Gobierno, para reclamar el pago en tiempo y forma del aguinaldo, actualización de los salarios, paritarias ya, por el cese de los despidos y el pase a planta de todos los precarizados.



 

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La nueva ordenanza no da respuesta de fondo a la situación de quienes cuidan vehículos.
"Abrazamos en solidaridad y nos ponemos a disposición de aquellas de las escuelas provinciales”, dijeron en un comunicado.
Este 1° de Mayo a las 11:00 horas en la Plaza Independencia habrá un acto del FIT-U que acordamos con los compañeros del MST.
Quedaban dos manifestantes apresados desde hace cinco días, por la política represiva de Cornejo y Milei.
14/06/2020

Qué hay detrás de los choques entre Kicillof-Berni y el gobierno nacional

Crisis política en desarrollo en la provincia de Buenos Aires.

Sergio Berni cruzó públicamente a la ministra de Seguridad nacional Sabina Frederic acusando al gobierno nacional de “falta de voluntad” para asistir a la provincia en “la lucha contra el delito”. A una escala superior, por la repercusión adquirida , se reproducen choques anteriores que llevaron a principios de año a una reunión con las partes en conflicto en la Casa Rosada.


Bajo el ala de Kicillof, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires le arrebató el control de las policías comunales a los intendentes que puentearon al gobernador pidiendo el auxilio directo de Alberto Fernández para el pago de los sueldos municipales. Esta situación amenaza con repetirse con el aguinaldo en las condiciones de insolvencia de la mayoría de las intendencias y de rojo financiero de la provincia. El futuro de la cuarentena agrega combustible a estos choques entre la provincia y la nación. El propio Kicillof, quien ratificó por decreto la diferenciación de “fases” en la provincia para justificar la apertura y flexibilización de actividades económicas que reclaman los capitalistas, pide ahora al gobierno que vuelva a la fase 1 ante la explosión de contagios en el conurbano y el Gran La Plata.



La grave situación sanitaria, económica, financiera y social en la provincia horada la coalición del Frente Todos. En sus diatribas contra la albertista Frederic , responsable del “ciberpatrullaje” que denuncian las organizaciones populares, el inefable Sergio Berni no se privó de ratificar la jefatura política nacional de Cristina Kirchner en un indisimulado desafío a Alberto Fernández. Para desasosiego de algunos medios de prensa oficialistas que intentaron presentar los dichos como un exabrupto, Berni aclaró que todo lo que opina fue hablado previamente con Kicillof. El delfín cristinista no sólo no desmintió a Berni, sino que derivó en la ministra de gobierno bonaerense Teresa García el respaldo explicito al jefe de la Bonaerense.


Las pretensiones de la izquierda K y sus satélites por minimizar el rol del derechista Berni son puro encubrimiento. La alianza Kicillof- Berni hace al nervio más sensible del estado que es el aparato represivo. Fue el gobernador quien le asignó un lugar preponderante a Berni colocándolo al frente de los operativos de las fuerzas de seguridad en las barriadas populares donde crecen los contagios por el coronavirus. La aceleración de estos choques políticos, parcialmente contenidos por la intervención del grupo Vicentín y una “expropiación” negociada y de resultado incierto, es el resultado directo del agravamiento de la crisis en la provincia con más de 12.000 casos de coronavirus , una curva empinada de infectados y el reconocimiento que hicieron Kicillof y su ministro de salud de un posible colapso de los hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires.


Buenos Aires es una de las doce provincias del país donde la pobreza alcanza al 40% de la población (el mayor porcentaje de pobres es en el conurbano), y con una tasa de indigencia que llega al 11%. Un fracaso de la cuarentena potenciada por la desocupación y la miseria social es un golpe a las pretensiones políticas en la provincia que gobierna el kirchnerismo. Que la crisis política pegue un salto por las exigencias que hace el tándem Berni- Kicillof para que Frederic- Alberto Fernández envíen un mayor número de gendarmes y policías a la provincia, dice mucho sobre los temores de los “nacionales y populares” a una reacción de los trabajadores.


Kicillof pasó de proclamar la “cuarentena exitosa” a disponer el cerco policial de las barriadas cuando la tasa de contagios semanales se duplica y amenaza con saturar las camas de terapia intensiva. En esto radica el rol fundamental de Berni y de la Bonaerense. La disputa con Frederic sigue agravándose a partir del acuerdo alcanzado entre la ministra y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández para un refuerzo del patrullaje de la federal en el distrito . Este acuerdo directo en territorio bonaerense fue una mojada de oreja a Berni que reclama el monopolio de la fuerza en la provincia. Se repite el puenteo que viene haciendo el gobierno de Alberto Fernández con los intendentes del PJ. Los enfrentamientos entre Berni y Frederic son sólo la punta del iceberg de una crisis más profunda en una provincia hipotecada por el peso de la vieja y nueva deuda externa que condiciona toda la política de Kicillof. El bonapartismo en tiempos de default también corre para el gobernador cristinista y lo lleva a recostarse cada vez más en un confeso derechista y represor como Berni.


El próximo 16 de junio el Plenario del Sindicalismo Combativo marchará a Plaza de Mayo, y hará un acto frente a la gobernación de La Plata para impulsar las luchas de los trabajadores, denunciar las entregadas de las burocracias sindicales y para denunciar que con hambre y represión no hay cuarentena. Fuera la policía de Berni y Frederic , el ejército y las fuerzas represivas de los barrios.



 

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Se abre una nueva etapa para la docencia de la provincia de Buenos Aires. 
Luna Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial de Políticas de Género de Morón, está prófuga luego de que se hallase medio kilo de cocaína en su casa.
En Concepción del Uruguay los trabajadores votaron movilizar ante el cierre temporal de la mayor planta de la firma avícola.
14/06/2020

Una nueva etapa en el movimiento obrero y sindical

El cuadro económico y social disparado por la pandemia abrió una nueva etapa en el movimiento obrero, tanto ocupado como desocupado. Esto ocurre también a escala mundial, porque la crisis capitalista que estaba en desarrollo en la previa al Covid-19 ha sido el terreno para acelerar el rumbo hacia la depresión económica, y con ella hacia una nueva etapa en la lucha de clases. La clase obrera es empujada de manera más o menos desesperada a intervenir.


La “rebelión en el imperio” que atraviesa a EEUU, tras el crimen de George Floyd es inseparable de los 40 millones de desocupados que ya se ha cobrado la crisis y del proceso de huelgas y movilizaciones, sobre todo por afuera de los sindicatos, que venían ocurriendo. El desafío al estado de sitio en 40 de las principales ciudades norteamericanas da una pauta de ello. Su repercusión y réplica en Francia y más tarde en Inglaterra, en decenas de ciudades de países de Europa, el norte de África y hasta en Seúl, da una idea del alcance subjetivo en las masas explotadas de todo el planeta que produce el temblor en los cimientos de la mayor potencia imperialista. No se trata ahora de la rebelión en el “patio trasero” del imperialismo que ocurrió en América Latina en 2019, sino ya dentro de las entrañas mismas del monstruo.


Pero aquellas rebeliones del año pasado en América Latina fueron un anticipo de intervención de las masas, como ya ocurriera con las huelgas generales francesas de fines del 2019 y principios de este. Esas rebeliones en Latinoamérica fueron un laboratorio político que puso a prueba a las direcciones tradicionales, desbordándolas por completo en muchos casos, y replanteó los métodos de lucha, los programas -o sea, abrió una perspectiva. Esta memoria colectiva va a pesar en el período próximo en Chile, en Colombia, en Ecuador, en la Bolivia de un golpismo que también tuvo su resistencia al margen de la actitud de Evo Mortales. Y tendrá su influencia, sin duda, en el Brasil de un Bolsonaro que ya enfrenta las primeras manifestaciones callejeras, ante el desastre sanitario y social del que es responsable y que ha puesto en implosión a su propio régimen.


La cuarentena indudablemente ha sido, y aún es, un factor de contención de la irrupción movilizadora de los trabajadores, de la mujer, y de todos los movimientos populares que cruzaron a nuestro país. El desarrollo de la crisis y su descarga sobre los trabajadores comienza a acumular un efecto “resorte” de demandas y broncas contenidas que empiezan a expresarse bajo distintas circunstancias, pero todas unidas por la crisis sanitaria, económica y social; al rol liquidador de las burocracias sindicales y políticas; y pariendo el surgimiento de un nuevo activismo.


De la mano de la cuarentena se ha desplegado una ofensiva en regla contra la clase obrera, de despidos, suspensiones, rebajas salariales y atropellos a los convenios, esbozando una verdadera reforma laboral encubierta; en un nuevo ataque a la movilidad de los jubilados, en el no pago de salarios, o en la liquidación de centenares de miles de empleos en negro y cuentapropistas. Y se empiezan a dibujar los lineamientos de un verdadero plan económico fondomonetarista como lo anticipan la fusión Aerolíneas-Austral, la racionalización de la industria petrolera que se anticipa o el plan de racionalización privatista en las obras sociales que ha esbozado Ginés González García en reunión con la burocracia sindical y altos directivos de la salud privada.


El pacto colonial de la reestructuración de la deuda no resolverá este cuadro; todo lo contrario, porque conducirá por la ruta del ajuste.


La huelga y las ocupaciones de fábrica golpean la puerta


Los choferes de una amplia parte del interior del país, en grandes ciudades como Córdoba y Rosario, protagonizaron huelgas de varias semanas por falta de pago de sus salarios. En Rosario una movilización de unos 2.000 trabajadores recibió bocinazos y aplausos de apoyo popular. Desde luego, se trató de una huelga sui generis, porque las patronales del transporte hicieron su parte para no bancar la caída de la boletera, mientras el Estado no movía el componente de subsidios que en el interior es muy inferior al área metropolitana. No obstante, en la zona sur no menos de 30 líneas se rebelaron a la pasividad de UTA ante la pérdida de salarios. Un paro convocado en el AMBA para el 3 de junio en solidaridad con el interior, por el sector moyanista opositor a Roberto Fernández, no llegó a probar su alcance porque el gobierno –y la burocracia- se apuraron apagar el incendio liquidando los salarios de abril. Pero dos cuestiones muy grandes se pusieron arriba de la mesa en este enorme conflicto silenciado por los medios nacionales centrales: la estatización del transporte -un debate que llega para quedarse- y el método de la huelga general que llega para golpear la puerta del movimiento obrero en el comienzo de la depresión económica. El gran desafío en UTA es organizar al activismo que ha sido perseguido y entregado en todo el país sistemáticamente por la burocracia de UTA. que actúa con la patronal y mediante su estatuto cárcel.


Las patronales que directamente interrumpieron el pago de salarios han dado lugar a conflictos diversos, en algunos casos rumbo al cierre y el despido masivo (La Nirva), en otros casos para atacar la organización sindical (Frigorífico Penta), en otros para extorsionar en favor de las suspensiones con rebaja salarial (BedTime) o en casos para replantear por completo la explotación como la minera Trinder en Andacollo, Neuquén. Los mineros de Andacollo dieron una de las luchas más profundas de este nuevo período de la lucha de clases. A fuerza de piquetes y desafiando los operativos de la Gendarmería, rompieron el aislamiento geográfico y arrancaron una intervención del Estado para sobrevivir mediante un ingreso de sostenimiento que abre otra etapa en la lucha. Una enorme victoria en medio de la ofensiva capitalista.


En una movida relámpago, pero muy decidida, los ceramistas de Cerro Negro en Olavarría arrancaron el pago de sus salarios movilizados en los comienzos de la cuarentena.


Asambleas, piquetes y cortes de ruta


Los aguerridos compañeros de Penta chocan contra una patronal negrera con íntimos vínculos con el kirchnerismo, que cerró el frigorífico para desconocer la comisión interna, en una pulseada de tal alcance que obviamente está en juego qué condiciones de trabajo y salario se pretende imponer en esta industria esencial en la cuarentena, en una eventual vuelta a la producción. Los trabajadores han mostrado una enorme fibra de lucha, acampando y reagrupándose ante una de las represiones más brutales de la bonaerense de Sergio Berni contra un conflicto obrero. Y marcharon a la Plaza de Mayo, poniendo el ojo en la responsabilidad del poder político central para atender este emblemático conflicto. El conflicto desató un paro de 24 horas de la carne ante la represión, aunque de relativo acatamiento por la fragmentación de la burocracia de la carne. Pero esta lucha tenaz marca la voluntad de nuevos sectores del proletariado argentino de organizarse sindicalmente.


Los conflictos de BedTime y La Nirva, desde situaciones diversas, en fases diversas de la lucha, han apelado a la ocupación de fábrica. Indudablemente, la memoria histórica de las más de 200 ocupaciones de fábrica del período del “Argentinazo” de diciembre de 2001 está presente. Más aún cuando ocupaciones extraordinarias como AGR, Interpack y más recientemente Kimberly y Ansabo establecieron una continuidad histórica de este método de lucha. La cuestión de la ocupación de fábrica estará a la orden del día frente a los cierres o despidos masivos. Esto es así porque el actual estado de infinitos establecimientos es de una desocupación o cierres encubiertos. El Estado “nacional y popular” no tiene voluntad, ni propósito, ni condición de clase, para abrir las cuentas de las empresas y menos expropiarlas y ponerlas bajo control obrero como método de asegurar la continuidad de esas explotaciones. Vicentin no lo desmiente, lo confirma. Es una tarea que tendrá que imponer la clase obrera con la lucha y en esa batalla extrema de la defensa de la fuente de trabajo aparece la ocupación de fábrica, justamente para exigir al Estado todas las medidas necesarias para la continuidad productiva.


Un verdadero capítulo de las reacciones obreras desbordando las burocracia sindicales lo han marcado –otra vez- las obreras de Textilana, que se movilizaron para cobrar sus salarios ante la patronal negrera y corrupta de Mauro Sergio; y más aún el movimiento de cuerpos de delegados textiles en Trelew que fue uno de los primeros en ganar masivamente la calle desde las fábricas y que ha repetido la movilización. En este caso se pone de manifiesto la enorme vigencia de la política de la recuperación de los cuerpos de delegados, para enfrentar la ofensiva patronal asociada a la pandemia y a la crisis.


La salud en movimiento


En la salud se desarrolla y se desarrollará otro de los escenarios de esta nueva etapa de agudización de la lucha de clases. Tal vez la movilización de miles de médicos en Córdoba haya sido el vértice de este movimiento, pero han sido innumerables las asambleas conjuntas del personal de distintos hospitales. En Córdoba, movilizados por el pequeño pero combativo sindicato UTS; en CABA por los Residentes y Concurrentes, un movimiento que nació de la autoorganización de masas del sector contra una ley flexibilizadora de Horacio Rodríguez Larreta – que derrotaron- y ha vuelto a expresarse en los reclamos candentes de elementos, condiciones de trabajo y salariales que atraviesan especialmente la salud pública en todo el país. Es el lugar donde más se han abierto paso las asambleas de base y representaciones directamente elegidas o mandatadas por los trabajadores (Fernández, Piñero, etc) además de apelar a sus organizaciones tradicionales como la Comisión Interna del Garrahan, por ejemplo.


Pero también mediante sindicatos que empiezan a ocupar un lugar contra la entrega de un ATE cooptado por los gobiernos de todos los signos; como el Sitea en Mendoza, que se va transformando en un canal de organización de la salud pública y otros sectores estatales. No entramos acá en la puntualización de los reclamos que hemos abordado en otros artículos, como el de los testeos masivos y protocolos que no se implementan -algo que ha estallado ahora mismo en el Hospital Güemes, donde el sindicato de Daer (Sanidad) es directamente un factor de entrega. La recuperación de comisiones internas en la línea del Hospital Italiano se plantea como un objetivo, aunque la elección inmediata de comisiones de trabajadores para controlar la protección sanitaria está planteada ahora mismo; no puede esperar. Por lo que la tarea de la hora es organizar el personal de la salud a como dé lugar. No se trata de una tarea de “expertos” infectólogos: nadie mejor que el personal de salud sabe qué elementos, que métodos y qué inversión hace falta para cuidarlos y qué salario deberían ganar cuando se están jugando la vida. El “bono” al personal de salud sigue esperando, mientras tanto.


La organización de los precarizados


Los repartidores y trabajadores de comercio de los supermercados se han transformado en los héroes peor reconocidos de todos. Los primeros nunca dejaron de trajinar las calles, que al contrario los vieron correr como nunca ante el aislamiento masivo de la población. En este sector ha debutado un movimiento -que no es menor en la reacción de los trabajadores norteamericanos- y que ha llegado a la organización de medidas de autoorganización por afuera de los sindicatos que los han abandonado por completo, en un movimiento internacional con cabecera en la Argentina. Los paros de repartidores han ido creciendo y se están transformando en el trazado de un camino para la juventud precarizada de todas las actividades. La condición es el frente único y su autoreconocimiento como trabajadores en la exigencia de ART, de ser parte de la ley de contrato, de un salario y licencias pagas, etc. Es decir, la unificación en el objetivo de quebrar la “regulación” como trabajadores de segunda que se pretende desde la burguesía.


Los supermercados están acumulando presión entre sus trabajadores. Porque saltan cada vez más experiencias de alto contagio, cuando aparecen casos y se fuerzan testeos en sucursales enteras como Carrefour de Constitución. El nivel de contagio llega en casos al mismo nivel o más que el del personal de salud. Se hace urgente la superación de la burocracia de Cavalieri, que está pensando en una reforma laboral -como la que “viene inevitablemente en el país”, según sus propias declaraciones. Impulsemos allí las comisiones electas por los trabajadores para imponer las demandas de protocolos de protección y testeos masivos, sea ante la falta de delegados o ante la entrega a la patronal de los que están.


La ofensiva en Córdoba y las reacciones obreras


En el cuadro de derrumbe económico que abrió la pandemia en la Argentina, resalta Córdoba. La enorme ofensiva ajustadora del gobernador Juan Schiaretti ha llegado muy lejos. Atacando definitivamente las conquistas jubilatorias provinciales y pretendiendo ahogar con represión ciertas luchas como la de municipales de Jesús María -quienes, al contrario, terminaron arrancando un triunfo en sus demandas, mediante el paro, el piquete y el aguante ante la detención de más de 40 compañeros. Un movimiento de organizaciones de jubilados ha empezado a movilizarse a pesar de ser el sector de más riesgo ante la pandemia.


La ofensiva del “gringo” Schiaretti, adulado por Alberto Fernández, ha llevado a paros de bancarios, a un paro virtual docente con movilización autoconvocada de la oposición antiburocrática de la poderosa gremial UEPC y a un paro judicial de 48 horas en la vuelta al trabajo desde la cuarentena. Es decir que la presión de los trabajadores ha sacudido las estructuras sindicales tradicionales. Pero la burocracia sindical, de conjunto, está dejando pasar las “armonización”. Córdoba plantea el problema del Congreso de Bases de los Sindicatos para enfrentar la ofensiva de Schiaretti, mandatados por asambleas de los trabajadores. El clasismo tiene planteado desarrollar un trabajo en todos los sindicatos en la provincia del Cordobazo, que enfrenta al gobernador más macrista, de un peronismo nacional que gobierna de la mano del FMI y hará caer la crisis en cascada provincia tras provincia. Chubut, la más quebrada y explosiva de todas las provincias, está anotada para el efecto resorte en el marco de la cuarentena nacional.


El clasismo ante el pacto CGT-UIA-Gobierno


En este escenario, que no se agota ni remotamente en las luchas descriptas más arriba, la burocracia sindical está haciendo marchar el pacto social. Esto vale de lleno para los gordos de la CGT que dominan el escenario del pacto con el gobierno nacional y las cámaras patronales, ahora renovado por junio y julio, habilitando suspensiones, rebajas salariales y despidos encubiertos o abiertos.


Pero vale también, en otro rol, para el moyanismo y las CTAs. Este es un sector que declara con sordina que no comparte el pacto de la CGT, pero no lo denuncia ni convoca al movimiento obrero a repudiarlo y ponerse en pie contra él. El moyanismo tiene como premio cuantiosos fondos para su obra social en la repartija de lo que el Estado se queda de los aportes de los trabajadores. La CTA por su parte ha protestado, pero más por no ser convocada que por el contenido y las consecuencias del pacto que está hundiendo a los trabajadores. Todos han dejado pasar sin lucha alguna los nuevos 91.000 despidos de abril, después de los 40.000 de marzo. Son todos firmantes de las rebajas salariales en sus gremios. Y ahora refunfuñan sin lucha frente al congelamiento de salarios en el Estado y ante el robo -otra vez- de la mitad de la movilidad jubilatoria.


En este contexto, resaltan los sindicatos y cuerpos de delegados combativos que han organizado una resistencia a la ofensiva patronal como el Sutna, que paralizó un mes la industria del neumático declarada esencial, hasta imponer el cobro integral del salario neto, con protocolos bajo control obrero en la producción retomada. El incumplimiento patronal de los protocolos obreros, justamente, empujó a un paro general del neumático el 12 de junio. Resalta también la AGD-UBA, que con su campaña fulminante paró en el aire la liquidación de la movilidad en los regímenes especiales en la previa, y hoy es un factor de organización de los reclamos docentes y estudiantiles en la virtualidad forzosa impuesta en la UBA. Como resaltan los sindicatos combativos docentes y las oposiciones clasistas, luchando por los docentes sin cargos ni actos públicos ante la suspensión de clases.


Son todas luchas defensivas, por supuesto, como lo fue también la de los gráficos de Morvillo que arrancaron la integralidad salarial, o lo logrado por la interna de BedTime mediante una ocupación de planta. Pero que refuerzan los músculos de la clase obrera para enfrentar los tiempos que vienen. Donde no hay un “día después de la pandemia” a la vista, sino un enorme desafío de lucha para toda la clase obrera en medio de la crisis capitalista y el coronavirus. Que tendrá capítulos imprevisibles, pero que requerirán la intervención creciente de la clase obrera en la crisis.


Junto al movimiento obrero ocupado se ha desenvuelto un proceso de organización creciente de los desocupados y sectores sin ingresos, que están al frente de la lucha contra el hambre. Precisamente el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero ganaron la calle antes que nadie con la consigna “Con hambre no hay cuarentena”, marcando un rumbo ante millones de trabajadores afectados y constituyendo un canal de organización con métodos de lucha y de asamblea. El gobierno y la burocracia sindical, mientras hablaban de integración, han llevado la división entre ocupados y desocupados más lejos que nunca, constituyendo un funcionariado del Ministerio de Desarrollo Social con los dirigentes del Trío San Cayetano. La unidad de los desocupados y ocupados en el desarrollo de esta nueva etapa del movimiento obrero debe ser una bandera y una política sistemática.


El clasismo crecerá interviniendo en cada lucha y mostrando que su intervención se asocia a una salida de los trabajadores a la crisis, expresada en el programa del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Desde ese lugar impulsamos la campaña de apoyo al proyecto del impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, ligado al no pago de la deuda y a un plan económico y social de reorganización del país sobre nuevas bases, que confrontan con la salida fondomonetarista. Con esa política la Coordinadora Sindical Clasista está organizando al activismo en todos los gremios y sectores de trabajadores.


La jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo del 16 de junio, con las consignas “que la crisis no la paguen los trabajadores”, “fuera el pacto UIA-CGT-Gobierno” y “sin salarios, salud, trabajo y alimentos, no hay cuarentena”, presenta un fuerte punto de reagrupamiento frente a las luchas crecientes en curso. El plenario realizado, que nucleó a más de mil activistas entre los 300 participantes directos y los que pudieron participar viendo y escuchando el debate, fue un anticipo.


Clasismo y alternativa política


Indudablemente ha comenzado a toda marcha una experiencia en profundidad con el gobierno de los Fernández, que se acelera con la pandemia aunque en una primera fase se retrase. La confianza de los trabajadores, que votaron masivamente el recambio ante el derrumbe macrista, empieza su erosión. El régimen de poder bonapartista de dos cabezas y en tiempos de vacas flacas y ajustes se empezó a poner a prueba más temprano que tarde. Desde el primer día de gobierno con los superpoderes para gobernar con el presupuesto 2019 de Macri, suspender cláusulas paritarias, robar la movilidad a los jubilados, y atropellar todo tipo de necesidades populares en el altar de la reestructuración de la deuda, o mejor el rescate de los banqueros a costa de los trabajadores y del desarrollo nacional. Al punto que los “nacionales y populares” trajeron al FMI de vuelta y de la mano de la extorsión de las potencias imperialistas, a las cuales los Fernández tratan como “aliadas”, incluido el mismísimo Trump.


Incluso la medida que sería la más taquillera del repertorio nac&pop, la intervención y expropiación de Vicentin SAIC, resulta al momento en un desbarajuste interno de la coalición de gobierno, porque el rescate de las empresas quebradas y sus métodos divide a toda la burguesía. Y a poco de correr el velo de la demagogia aparece su función última, que es asegurar el rescate de los acreedores a expensas del Estado. Otras maniobras de corte nacionalista, como la propuesta de la kirchnerista Fernanda Vallejos de canjear por acciones del Estado los subsidios salariales, fueron tachadas de “ideas locas” por el propio Fernández. Y el meneado “impuesto a los ricos” no vio la luz a más de un mes de lanzado.


Así las cosas, las propuestas del Frente de Izquierda tienen un enorme valor para el desarrollo del clasismo, como la campaña por un verdadero impuesto a las grandes rentas, fortunas, a los bancos, la propiedad terrateniente y las propiedades ociosas. Como la cuestión del no pago de la deuda, ambas asociadas a un reorganización económica y social que la crisis pone en el tapete: control del comercio exterior, de los recursos energéticos, apertura de los libros, control obrero, centralización del sistema de salud.


En la carne viva de la crisis, este programa transicional hacia una salida de los trabajadores ayuda enormemente al desarrollo de una vanguardia obrera y de clase en el movimiento sindical y popular de todas las clases sociales agraviadas. La cuestión de qué clase paga la crisis, y qué clase le hace pagarla a la otra se abre paso. Nuestro norte es que la crisis la paguen los capitalistas abriendo una salida de los trabajadores a la decadencia y barbarie del sistema.

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14/06/2020

Demoliendo estatuas

Las protestas en Estados Unidos y el Reino Unido derriban símbolos del colonialismo y el esclavismo

En el marco de la rebelión norteamericana, desatada por el crimen de George Floyd,  las manifestaciones en Estados Unidos, Reino Unido y otros países del mundo han procedido también al derribo de distintos monumentos dedicados a personalidades racistas y esclavistas.


En el caso de Estados Unidos, el ataque se ha dirigido principalmente contra símbolos confederados, que celebran a figuras de la confederación esclavista que se escindió en 1860 de la unión americana, lo que derivaría en la guerra de secesión (1861-1865). Una marcha en Richmond, la capital del estado de Virginia, tiró abajo el domingo pasado una estatua de Williams Carter Wickham, un general confederado. También fue derribada en esa ciudad una estatua de Jefferson Davis, que fue presidente de la confederación. En Portsmouth, Virginia, los manifestantes destruyeron a mazazos un monumento dedicado a los soldados confederados. La furia ha alcanzado incluso a estatuas de Cristóbal Colón. En Saint-Paul, Minessota, militantes del Movimiento Indígena Estadounidense arrancaron una estatua del marinero genovés ubicada cerca del capitolio estatal (Democracy Now, 11/6). En Boston, la estatua del conquistador fue decapitada.


Las autoridades van detrás de los acontecimientos. En un intento por reacomodarse frente a las manifestaciones, ordenaron el derribo de algunos de los monumentos atacados, como el del general confederado Robert Lee, en la capital de Virginia. En el mismo sentido, la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, encabeza una petición para retirar una decena de símbolos esclavistas de la Galería Nacional de Estatuas del capitolio, en Washington DC. Es una maniobra distractiva, teniendo en cuenta que gobernadores y alcaldes de su partido impulsaron los toques de queda contra las protestas por el crimen de Floyd.


Los monumentos muestran las profundas raíces del racismo en Estados Unidos. Según el Southern Poverty Law Center, aún hay más de 1500 símbolos confederados (estatuas, monumentos, cementerios, etc.) en el país (BBC, 11/6).




En el Reino Unido, las manifestaciones han puesto en la mira a monumentos de comerciantes de esclavos y otros símbolos del colonialismo. Como en Bristol, donde la estatua de Edward Colston (que hizo una fortuna con el tráfico de esclavos) fue arrancada y arrojada al mar. En Londres, las manifestaciones lograron que se derribe el monumento a Robert Milligan, quien llegó a tener 500 esclavos en sus plantaciones azucareras de las Antillas. Una importante protesta reclamó en Oxford que se retire la estatua de Cecil Rhodes, dueño de una poderosísima compañía minera y figura clave en la colonización del sur africano, durante el siglo XIX. El sitio “Topple the racists” ha elaborado un mapa que registra 60 monumentos a esclavistas. Además, estatuas de la reina Victoria han sido grafiteadas con la sigla “BLM” (acrónimo de “Black Lives Matter”) y un monumento al ex primer ministro Winston Churchill fue pintado con la leyenda “era un racista”. En Amberes, Bélgica, los manifestantes tiraron abajo una estatua del rey Leopoldo II, responsable de la colonización del Congo que dejó 10 millones de muertos.


El primer ministro Boris Johnson criticó a los manifestantes de su país como “extremistas que intentan la violencia”. Amparados en este discurso, grupos derechistas preparan contra-manifestaciones para este fin de semana. El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha llamado a los manifestantes a “quedarse en casa” para evitar una confrontación. O sea, regalarle las calles a la derecha.


Como parte de un intento por contener el movimiento, los alcaldes del laborismo han planteado una revisión de todos los monumentos para retirar aquellos que tengan connotaciones racistas y colonialistas. Pero al mismo tiempo, algunos de ellos protegen las estatuas, como Khan, que les ha puesto custodia policial o las ha tapiado. Le temen, sobre todo, a la irrupción independiente de la juventud y los trabajadores en las calles.


Khan ha admitido que “es una verdad incómoda que nuestro país y ciudad deben gran parte de su riqueza a su papel en el comercio de esclavos”. Vale recordar aquí la vieja reflexión de Marx, quien señalaba, en polémica con la economía política clásica, que “los métodos de la acumulación originaria [del capital] son cualquier cosa menos idílicos” (El Capital, capítulo XXIV). El capital viene al mundo “chorreando sangre y lodo por todos sus poros”.


Las manifestaciones que derriban las estatuas ponen un ojo en el pasado y un ojo en el presente. El cuestionamiento de un pasado colonialista y esclavista está unido al cuestionamiento del racismo y la opresión social de hoy. Para terminar con toda forma de explotación y opresión, es necesario que gobiernen los trabajadores.



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14/06/2020

“Hubo una verdadera rebelión en las calles de Seattle”

Testimonios de la rebelión popular; entrevista a Joaquín Cienfuegos, activista de Seattle

Entrevista realizada por Guillermo Kane

English version


Entrevistamos para Prensa Obrera a Joaquín Cienfuegos. Joaquín ha sido impulsor del programa CopWatch (Patrullar a la Policía) en Los Angeles y actualmente es activista en Seattle. La entrevista fue realizada el 4/6.


-¿Cómo se estuvo desarrollando el conflicto en tu área estos días?


-Las protestas grandes comenzaron el viernes 29/5. Fue más como un levantamiento. Lo que pasó el sábado 30 fue la confrontación con la policía más grande que haya habido jamás en nuestra área. Había unos 4 patrulleros incendiados y gente en las calles enfrentando a la policía. Hubo varios negocios que fueron expropiados, en especial en lo que llamamos el Distrito Internacional de Seattle, donde están los shoppings y las grandes cadenas de locales. Esas áreas fueron el objetivo.


Está habiendo más debates y hay una dicotomía generada entre manifestante bueno y manifestante malo; o manifestante violento o manifestante no violento. Esto viene del gobierno, pero también “organizaciones profesionales” que toman la misma posición. Las acciones y las marchas acá crecieron, pero se convirtieron en más pacíficas. Todavía hay enfrentamientos. Estuvo habiendo muchos arrestos. Éstos fueron presentados como algo sólo dirigido a los manifestantes violentos. Hubo un toque de queda impuesto durante casi toda la semana y ahora se levantó, luego de que el departamento de policía de Seattle y el intendente dijeran que las protestas se volvieron más pacíficas.


Los primeros días hubo una verdadera rebelión en las calles de Seattle. Cientos de jóvenes negros y jóvenes de color, principalmente. La juventud trabajadora que conforma gran parte de población de Seattle. Seattle tiene una gran brecha salarial. Tenés una gran cantidad de la industria tecnológica acá, como Amazon. Tenés gente muy rica y adinerada y, después, la mayoría de la clase trabajadora. No hay clase media acá.


Ahora hay más manifestantes. Miles y miles en las calles. Y la policía parece haber retrocedido. Pero todavía ves a la policía y a la guardia nacional con equipo antidisturbios. La situación todavía está militarizada. Sé de otras partes del país donde todavía hay saqueos y peleas con la policía. Acá el mensaje de no violencia parece imponerse por ahora.


Estamos viviendo tiempos interesantes porque es un tiempo de rebelión y estos levantamientos están ocurriendo durante una pandemia y una crisis económica en proceso, lo que echa leña al fuego. En especial la crisis económica, porque la gente sabe que los millonarios y multimillonarios están recibiendo un salvataje y millones de dólares más. Y la gente sólo recibió USD 1.200 y siguen teniendo que pagar sus alquileres e hipotecas y alimentar a sus familias, lo que intensifica el enojo. Sumado a lo que el gobierno viene diciendo y la represión que cae sobre estas marchas que eran en un principio pacíficas.


En Seattle, las primeras protestas eran pacíficas y la policía salía y le tiraba gas pimienta hasta a los niños. Hay un vídeo de una nena de 9 o 10 siendo rociada con gas pimienta en la cara por el departamento de policía de Seattle. Comenzaron tirando granadas de gas lacrimógeno y aturdidoras sobre nosotros. Eso propagó la furia. Hay mucha desinformación circulando, teorías conspirativas sobre quién empezó las protestas. Obvio que Trump y la gente en el poder está esparciendo esa desinformación y culpando a los anarquistas, a Antifa. En sus mentes los anarquistas son blancos ¿sabías? Así que dicen que son los manifestantes blancos los que incitan la violencia. Lo que es una manera de despreciar a la gente negra y de color y su habilidad para organizarse y defenderse a sí mismos. Los choques serían creados por anarquistas blancos infiltrados.


-¿Cuáles son los principales grupos sociales y políticos activos en las protestas?


-Los primeros días no había organizaciones liderando. Las primeras acciones fueron convocadas por organizaciones comunitarias en Seattle. Principalmente, era la juventud negra y de color que nunca antes había formado parte de una protesta. Y creo que eso lo hace más poderoso. Hay colectivos haciendo ayuda mutua y apoyando en el área. A veces, tenés una situación donde estos activistas profesionales vienen y, en vez de contribuir al levantamiento, vigilan a estos jóvenes y tratan de controlar la manera en que se resisten y en que protestan, mientras están reaccionando a algo que pasa en sus comunidades.



-¿Qué efecto creés que tuvo la amenaza de Trump de movilizar al ejército?


-Pienso que creó incluso más enojo. Incluso los toques de queda que fueron impuestos en diferentes ciudades hicieron que la gente quisiera salir aún más. La gente que no se animaba a dar el paso antes vio que hay una diferencia entre la gente en las calles y los simpatizantes de Trump.


Hace unas semanas, tenías a estos manifestantes blancos exigiendo que se reabriese la economía y a Trump exigiendo la reapertura de negocios. Hubo una gran diferencia entre cómo Trump y la policía reaccionaron a las protestas anti cuarentena. Esas no fueron reprimidas con gas pimienta. Fueron contra el gobierno con armas y no se encontraron con ningún tipo de resistencia de la gente en el poder. No hubo gas lacrimógeno. Y se ponían en la cara de los policías, no usaban tapabocas o elementos de protección. Muchos se enfermaron porque creían que el Covid-19 era una mentira. Pienso que eso le muestra a la gente la diferencia. Muestra en qué clase de sociedad vivimos. Una sociedad militarizada, un estado policial.


Por el otro lado, creo que ayudo a terminar con la violencia en las protestas. A pesar de que once manifestantes fuesen asesinados estos días en el país.



-¿Qué consignas resuenan entre los manifestantes?


– Una de las principales demandas es desfinanciar los departamentos de policía. Otros están reclamando la abolición de la policía, una posición más radical. Esto es una manera de poner en perspectiva el rol de los departamentos de policía y de la policía en general y el hecho de que la gente piensa que no hay necesidad de ellos.


Y el otro planteo, desfinancien la policía, se busca a través de los concejos deliberantes y cosas así. Ese es el principal planteo que hacen las organizaciones y activistas profesionales.


-¿A qué llamás organizaciones profesionales?


-A las sin fines de lucro, las ONGs. En EEUU, estas organizaciones ven un movimiento revolucionario, personas pidiendo la liberación de sus comunidades, y lo ven como algo contrario a sus intereses. Reciben plata del aparato estatal, también. Sus demandas y programas se alinean con el Partido Demócrata, a pesar de ser un tanto más reformistas.


-¿Qué clase de organizaciones en Seattle cumplen esta descripción?


-No muchas organizaciones que se me vengan a la mente. Están por todas partes en otros lugares como Los Angeles, San Francisco u Oakland. A pesar de que no haya muchas organizaciones, hay personas más del lado pacifista que tienden a posicionarse con la policía cuando hay cosas como daño a la propiedad. Incluso hay casos donde estas personas se ponen violentas con aquellos que elijen activar o ser más confrontativos o sumarse a la destrucción de propiedad.


-¿Mencionaste que también están quienes piden la abolición de la policía?


-Sí, pienso que es una posición más abolicionista, más anti capitalista. Están planteando la abolición de la policía y el sistema de prisiones, porque las prisiones en EE.UU. son un negocio. Hay mucha gente encarcelada por crímenes de pobreza y todo ese sistema es una nueva forma de esclavitud. La policía no está para protegernos a nosotros, sino a la propiedad privada. La historia de la policía está ligada a recapturar esclavos y proteger plantaciones y organización supremacistas blancas.



-¿Qué rol juegan las preocupaciones sociales y económicas en esta rebelión?


-Una de las principales críticas del gobierno o la pequeña burguesía es que hubo saqueos y asocian esto con manifestantes violentos. El tema es que cuando hay una pandemia y te dicen que te quedes en casa, pero la mayoría de esta gente perdió sus empleos. Y el hecho de que el capitalismo no se preocupa por la gente, sino por las ganancias. Al mismo tiempo, se están ocupando de proteger a multimillonarios, pero, una vez que comiencen a abrir la economía, nosotros, los de abajo, nos vamos a empezar a enfermar de verdad. La juventud entiende esto, que los millonarios continúan ganando más y más dinero, así que en mi mente, sólo estaban expropiando a estas grandes corporaciones. Esto habla de que la gente entiende esto, o sea, estamos en una depresión y no hay otra forma de obtener comida o ropa…porque no hay plata. ¿Cómo se pueden permitir pagar el alquiler? Están en una situación donde tienen que hacer esto para sobrevivir. Así que esto presenta una oportunidad para chocar con la policía y, al mismo tiempo, con las corporaciones y los millonarios que son los verdaderos saqueadores.


-¿Estás al tanto de alguna iniciativa para coordinar las protestas en las ciudades o establecer un programa común entre las manifestaciones?


-Podrías decir que hay una organización, que es Black Lives Matter. No son una organización, sino más bien una red. El apoyo por ellos está creciendo. Creo que son ellos que, si bien no están coordinados, son los que más alzan la voz, que llaman a la gente a salir a las calles, aunque la gente no necesariamente los sigue, sino que sale por su cuenta.


-¿Son una dirección del movimiento?


-No diría eso. Son quienes más alzan su voz y están intentando tomar el liderazgo, pero, incluso así, cuando vas a las movilizaciones, tenés marchas en otras direcciones, tenés gente de todo tipo.  Podrías decir que una cosa positiva es que cuando hay rebeliones, usualmente comienzan a apagarse una vez que entra en acción la guardia nacional, pero acá no está pasando. Hay protestas todos los días, que es algo bueno.


-Trump puso todas las fichas a detener estas protestas por medio de la represión. ¿Qué pensás que la gente puede hacer para derrotarlo?


– Creo que estas protestas lograron más en los últimos días que lo que se logró en años. Toda la presión colocada sobre Trump y el gobierno logró cambios. En Minneapolis, por ejemplo, el concejo deliberante votó deshacerse del departamento de policía y cambiar a una fuerza de seguridad comunitaria. En Los Angeles, el intendente dijo que van a recortar 100 millones de dólares del presupuesto de su departamento de policía (que es sólo un 5% del presupuesto anual). Esto un intento de conciliación con la consigna de “Desfinancien la policía”. Lo mismo está pasando en otras ciudades. La pregunta es si estas medidas y compromisos van a desparecer en unos meses o semanas o si van a durar.


En términos de los planteos de Trump, no son algo que vaya a desaparecer cuando él se vaya, está arraigado en la sociedad. Obviamente, quiero ver un  mundo diferente, pero necesitamos un movimiento que crees las fundaciones para un mejor mundo donde la gente tenga ayuda mutua, autonomía y democracia directa en sus comunidades. Cuando tenés una comunidad fuerte, la policía se convierte en obsoleta. Si la gente tuviera todo lo que necesita, la policía no sería necesaria para defender la propiedad. Y creo que lo que está pasando en la Casa Blanca muestra que la gente comprendió que el Partido Demócrata no es diferente al Partido Republicano. Porque creo que la gente tenía sus esperanzas colocadas en alguien como Bernie Sanders, que era un demócrata socialista y que hablaba sobre todas estas cosas que la gente ya tiene en otras partes del mundo: educación gratuita, salud pública y gratuita y cosas así. Pero quedó demostrado que incluso esto es una amenaza para el Partido Demócrata, que lo saboteó y muestra que el sistema está corrompido y que no hay democracia acá. El sistema electoral también está corrompido. Van a ser tiempos interesantes, tenemos más trabajo que hacer, que organizarnos y realmente construir el mundo que queremos ver.


-Hay niveles de activismo y militancia que no vemos hace muchos años en EE.UU. Hablaste sobre cómo ven al Partido Demócrata como corrupto. ¿Qué discusiones ves que hay entre militantes y activistas sobre alguna organización política separada del sistema político bipartidista que vemos hoy?


-Creo que todo el debate se centra en las estrategias sobre las protestas, por ejemplo: protestas pacíficas vs. protestas violentas o que busquen la destrucción de propiedad. Pero este debate debe ocurrir, los activistas demócratas intentan mostrar que votar es la única solución, pero esto no viene funcionando, así que tenemos que empezar a ver más allá de este sistema y crear algo diferente. Y va a conllevar esta conversación. Estuve hablando con algunos camaradas sobre esto, sobre estar en las calles, hablar con la gente con folletos, con literatura sobre cómo podemos protegernos, pero también sobre la participación en cuestiones políticas y el mundo que queremos ver. De otra forma, vamos a volver a la normalidad en unos meses, con la promesa de una o dos concesiones y van a seguir matándonos.




 

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13/06/2020

Bolivia: ¿habrá elecciones el 6 de septiembre?

Terminar con el golpismo acorralado.

Finalmente, las elecciones bolivianas fueron convocadas para el domingo 6 de septiembre, a través de un acuerdo impulsado por el MAS de Evo Morales con los otros partidos y el Tribunal Electoral.


Las dos cámaras del Congreso ya lo ratificaron y el proyecto de convocatoria fue enviado al Poder Ejecutivo. La presidenta golpista Jeanine Añez lo está ‘aceptando’ a regañadientes. En una carta pública que distribuyó el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, se afirma que Añez y el gobierno “no obstaculizarán jamás la fecha de elecciones”. Pero… plantean a los dirigentes políticos y del Tribunal Electoral que “se hagan públicamente responsables de las consecuencias y los daños en salud que puedan generarse con la realización de las elecciones en el momento más grave de la pandemia” (ver facsímil). Pide -para promulgar la ley de convocatoria- ¡que el Parlamento le presente los estudios científicos de que la pandemia estará dominada para el 6 de septiembre! Deja abierta así la puerta para forzar -si logra cambiar la correlación de fuerzas- una nueva postergación continuista. Si Añez llegara a promulgar la ley de convocatoria, aún tendría que aprobarse un presupuesto extra por parte del Ministerio de Economía para hacer las elecciones con el mayor margen posible de bioseguridad. Pero la prensa ha hecho circular declaraciones de funcionarios planteando que “las elecciones no constituyen una función suprema y menos una responsabilidad financiera de prioridad”.


El golpismo derechista boliviano está acorralado, en retroceso. La crisis que afronta Trump a manos de la rebelión popular en los Estados Unidos repercute directamente sobre el gobierno golpista de Añez y sus planes fascistoides derechistas (como sobre los otros regímenes derechistas: Bolsonaro de Brasil, Piñera de Chile, etc.).


Hace 20 días en una nota que sacamos en Prensa Obrera caracterizábamos que Bolivia estaba yendo aceleradamente a una polarización política y social. La presidenta Añez rechazaba las elecciones, que el Tribunal Electoral y el Parlamento plantearon por segunda vez, para el 2 de agosto. Con la excusa de la pandemia, Añez levantó la convocatoria inicial para el 3 de mayo y planteaba postergarlas en forma indefinida, hasta que el problema sanitario estuviera resuelto.


Por su lado, los mandos militares, dirigidos por su comandante en jefe, general César Orellana, se apersonaron ante el parlamento, en ropa de combate, para hacer un planteo: el Congreso debía aprobar las listas de ascensos y promociones que le habían sido presentada por el alto mando y la presidenta. Si no lo hacían antes de una semana habría que “atenerse a las consecuencias”.


Pero la crisis capitalista mundial y la crisis política en Bolivia avanzan rápidamente. La situación sanitaria y social se ha descompuesto aceleradamente y la agitación social está creciendo. En la mayoría de las asambleas y acciones de lucha, junto a las reivindicaciones específicas, se planteaba que el gobierno golpista debía irse y se convocara de inmediato a elecciones.


Corrupción: la biblia y el calefón


La imagen del gobierno se ha venido abajo en forma acelerada. El recambio de ministros y funcionarios es permanente, acusados por su derechismo y corrupción. Hace un mes se denunció la compra de respiradores para enfrentar el coronavirus en terapias intensivas por 28 mil dólares la unidad, cuando costaban 8.000. El ministro de salud, patrón de tres sanatorios privados, no tuvo más remedio que renunciar.


Ahora ha saltado que en la compra de granadas de gas para reprimir manifestaciones, hicieron flor de negociado. En diciembre el gobierno golpista compró 100 mil unidades de granadas a un precio de 270 bolivianos la unidad, cuando el precio del ‘mercado’ es de 108 bolivianos por unidad. Intermedió la compra la empresa Bravo Tactical os Solutions LCC, con sede en Estados Unidos. Están en la picota las cabezas de los ministros de Defensa y de Gobierno.


En el medio, tuvo que renunciar el ministro de Minería, Fernando Vázquez, quien frente al señalamiento que tuvo un rol en ese rubro dentro del gobierno de Evo Morales (lo que evidencia que las mineras están paradas con uno u otro gobierno)  no tuvo mejor idea que mirarse al espejo, describir sus ojos verdes, su cabello crespo, decir que es blanco y que esas condiciones lo hacían incompatible “con el resto de personas del Movimiento al Socialismo”. El escándalo desatado por el racismo ministerial lo obligó a renunciar.


El viceministro de Trabajo, Franz Choque, también tuvo que renunciar cuando salió a la luz que su promesa de un plan de obras públicas que crearía 60 mil puestos de trabajo era una maniobra mentirosa para empadronar desocupados con la promesa de que entrarían a trabajar cuando Añez ganara la elección. Podríamos seguir… ¡Esto solo en 6 meses! Parte de la clase media que apoyó el golpe oponiéndose a la corrupción del gobierno del MAS, se ha ido realineando ahora en contra del gobierno derechista.


Añez levanta la emergencia sanitaria


La cuarentena se ha transformado en una trampa mortal para la familia trabajadora: las ‘ayudas’ estatales son claramente insuficientes, están condenando al hambre y la miseria. Lo que ha generado movilizaciones por reclamos concretos y por el levantamiento de la cuarentena para que se pueda salir a buscar trabajo y/o recursos para sobrevivir. El equipamiento sanitario está colapsado. En estos seis meses los golpistas se dedicaron al robo, la corrupción y la entrega, no a preparar el sistema sanitario para enfrentar la pandemia. La zona rural del Beni está totalmente colapsada. En Santa Cruz, 55 municipios han declarado que no cuentan con recursos para afrontar la pandemia.


En el momento más complicado, el gobierno -con el decreto 4245- decidió levantar la emergencia sanitaria nacional por la pandemia que se aplicó desde el 17 de marzo. Y dejó la responsabilidad a los municipios y a las gobernaciones, que están sin recursos económicos. Solo cinco de los nueve departamentos tienen laboratorios y casi todos están sin reactivos para pruebas de Covid-19. “Nos mandaron a la guerra sin municiones”, afirmó el presidente de la Federación de Municipios, Álvaro Ruiz.


Acabar con la plaga golpista


El gobierno golpista se ha transformado en un peso muerto, reaccionario en toda la línea e incapaz de intervenir incluso frente a los problemas más acuciantes. Es una carga que deben soportar las masas bolivianas, que tienen planteada la urgencia de sacárselo de encima en defensa de sus condiciones de vida más elementales. Un estudio del Banco Mundial afirma que Bolivia retrocederá este año 6% en su PBI. Lo que es más significativo si se tiene en cuenta que en el primer trimestre (enero-marzo) había desacelerado su crecimiento pero -a diferencia de Argentina, por ejemplo- había crecido un 0,55%. Lo que quiere decir que la caída es abrupta. El déficit fiscal este año se va a duplicar: del 6 al 13%. Cierres de empresas, despidos y suspensiones masivas de trabajadores. Todo es un coctel explosivo.


Evo Morales y la dirección del MAS pretendían llegar a las elecciones y para ello venían frenando las movilizaciones de masas por los problemas acuciantes que plantea la pandemia sanitaria y la crisis capitalista. Pero ahora tienen más claro que Añez no ha renunciado a sus planes continuistas: que se prepara para interrumpir el proceso electoral -que no se ha podido iniciar porque formalmente no ha sido convocado- a la primera de cambio. Por eso el Parlamento acaba de votar un proyecto que ‘reglamenta’ el estado de excepción (estado de sitio) dándole mayores atribuciones al Poder Legislativo en detrimento del Poder Ejecutivo (Añez).


Inmediatamente Añez y su ministro de gobierno Arturo Murillo declararon que la norma promulgada pretende “desestabilizar el país”. Murillo denuncia que la ley ata de manos a las Fuerzas Armadas y la Policía para seguir las órdenes de represión que emanen de la presidenta golpista.


La polarización está al rojo vivo. Es claro que no será con una ley que se detendrá el afán golpista continuista. Es necesario unir las reivindicaciones urgentes de las masas contra la crisis capitalista (prohibición de despidos, etc.) con la organización de la lucha nacional contra el coronavirus (centralización de todo el sistema hospitalario, nombramiento de médicos, etc.) y contra la entrega y la corrupción. Y todas ellas, con la lucha contra el poder político. Con el gobierno golpista no habrá elecciones elementalmente democráticas. Es necesario terminar con esta plaga golpista. De la misma manera que la población norteamericana se levantó contra Trump, esta tendencia también se está incubando en Bolivia. Para ello la vanguardia obrera, campesina y de la izquierda debe impulsar la realización de asambleas fabriles y barriales para votar una plataforma de lucha contra el gobierno golpista, que levante el reclamo directo de ¡fuera Añez!, se organice y prepare una movilización lo más organizada y consciente posible para hacerlo realidad.



 



Facsímil de la carta de la presidenta Jeanine Añez al Congreso


 

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13/06/2020

Paraguay: la movilización derrota intento de ajuste sobre los fondos jubilatorios

Luego de una jornada de caravanas encabezada por médicos y jubilados organizados en el sindicato de trabajadores del IPS (Instituto de Previsión Social), el senador Silvio Ovelar, del oficialista Partido Colorado, tuvo que retirar su proyecto de ataque a las jubilaciones, presentado el 26 de mayo en el Congreso de Paraguay. Más de 200 de vehículos formaron parte de esta iniciativa, partiendo desde la Costanera con destino al Congreso, que fue rodeado, y finalizó en las instalaciones del Ministerio Público (fiscalía), donde se presentaron denuncias contra Andrés Gubetich (actual presidente del consejo del IPS), Benigno López (actual Ministro de Hacienda–ex presidente del IPS) y Armando Rodríguez (ex presidente del IPS) por el vaciamiento del instituto.


La ofensiva contra los jubilados pretendía, a través de este proyecto de ley del partido del presidente Abdo Benítez, utilizar los fondos de las jubilaciones con el objetivo de realizar “inversiones financieras” fuera de todo control por parte de trabajadores y jubilados.


El IPS se encuentra en una situación terminal, el Estado paraguayo tiene una deuda histórica de 400 millones de dólares con el organismo y además sus ingresos están en caída debido a la ola de despidos fruto de la crisis económica. Sumado al refinanciamiento de las deudas patronales y al rescate empresarial que deviene del pago de sueldos a los trabajadores suspendidos con fondos del instituto, se ha perpetrado un desguace en regla del ente previsional. La combinación explosiva de estos factores podría poner en peligro el pago del salario de 17.000 trabajadores (11.000 empleados del sector salud y 6.000 administrativos) correspondiente al mes de julio (La Nación Py 4/6) que debe afrontar el organismo.


La antesala del ataque a las jubilaciones fue el dictado de la Ley de Emergencia, votada en abril, cuya espina dorsal fue la ejecución de un ajuste en la planta estatal con su secuela de despidos y rebajas salariales.


Las acusaciones realizadas por los trabajadores contra el presidente del Instituto de Previsión Social y los demás personajes afines dan cuenta de un enorme entramado de corrupción al interior del organismo público, vinculado a todos los elementos del poder político. Además de pedir la renuncia de Andrés Gubetich por su política de ajuste, se han denunciado licitaciones para la compra de insumos con sobreprecios astronómicos, las cuales fueron costeadas con fondos del IPS, como por ejemplo la adquisición de diez mesas para reunión a 54 millones de guaraníes cada una, cuando su costo real no supera los 10 millones de guaraníes. Lo mismo ocurrió con la compra de dos minibuses, cuyo costo unitario real es de 243 millones de guaraníes y por los cuales el organismo estatal pagó 897 millones (ABC Color, 8/6). Estamos ante una política completamente criminal cuando en Paraguay escasean los medicamentos y los insumos sanitarios básicos, y se hace necesario dotar al sistema de salud con el equipamiento necesario para combatir la pandemia.


El intento del gobierno paraguayo de avanzar en un ajuste contra los fondos del IPS forma parte de la guerra emprendida por los gobiernos capitalistas contra los regímenes jubilatorios en todo el mundo. La bancarrota del capital busca ser superada a través de la destrucción de los sistemas previsionales, a fin de transformar las jubilaciones en una pensión asistencial a la vejez. En Latinoamérica, esta orientación se desarrolla rápidamente al fragor de la pandemia de coronavirus, que exacerbó las contradicciones sociales preexistentes y motorizó a los gobiernos a salir al rescate de la clase capitalista profundizando sus ataques hacia las masas, como lo demuestra la suspensión de la movilidad jubilatoria con rebaja incluida consumada por Alberto Fernández en Argentina o la reciente reducción de aportes patronales votada en el parlamento ecuatoriano.


Es necesario rechazar toda tentativa de hacer pagar la crisis a los jubilados y trabajadores paraguayos. Las masas trabajadoras deben intervenir como un actor político independiente para imponer un programa propio y darle una salida a sus necesidades más urgentes.



 

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13/06/2020

[VIDEO] La policía fusila por la espalda a Rayshard Brooks

Un nuevo George Floyd en Estados Unidos

Cuando aún no se ha disipado la conmoción por el crimen de George Floyd, la policía de la ciudad de Atlanta, Georgia, disparó y mató por la espalda anoche a un joven negro que resistía su arresto, aparentemente tras dar positivo en un control de alcoholemia.


Un video que circula por las redes sociales permite ver el momento en que uno de los agentes realiza varios disparos contra Rayshard Brooks, de 27 años, quien fallecería más tarde en un hospital local. Los videos también han registrado la inmediata concentración de un grupo de personas, que repudiaron el accionar policial.



Brooks se suma a la larga lista de víctimas del gatillo fácil de las fuerzas de seguridad norteamericanas.


El crimen de Floyd desató una rebelión popular en los Estados Unidos que Trump no ha podido sofocar, a pesar de un monumental despliegue de fuerzas represivas. Este sábado había protestas en Filadelfia, Greenwich (Connecticut) y varias localidades del estado de Nueva Yersey. Uno de los puntos más altos de la lucha se encuentra ahora en Seattle, donde los manifestantes han expulsado a la policía -en el barrio de Capitol Hill- y han creado una “zona autónoma”.



Protestas este sábado en Filadelfia


Los gobernadores y alcaldes demócratas han sido también blanco del repudio popular por dictar toques de queda contra las protestas (el neoyorquino Bill de Blasio, por ejemplo, fue abucheado por una multitud de 10 mil personas durante un homenaje a Floyd). Ahora, intentan contener al movimiento y transformarlo en un apéndice de sus candidaturas, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.


Es necesario profundizar la organización y la movilización por justicia para George Floyd, por la libertad de todos los detenidos y contra el aparato represivo del Estado. Y ligar esta lucha a un programa obrero para enfrentar la pandemia. Todo esto, en la perspectiva de derrotar a Trump y abrir paso a un gobierno de los trabajadores. Para ello, es vital el desarrollo de una alternativa política propia.





 

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13/06/2020

CABA: quieren sancionar a docente por enseñar ESI en la escuela

Campaña por el cierre inmediato de expedientes y defensa de la ESI laica, científica y respetuosa de la diversidad sexual.

Secretaria gremial de Ademys

A raíz de una denuncia de una familia de la escuela media “Rodolfo Walsh” del barrio de Villa Pueyrredón, cuestionando el contenido de una película trabajada en el marco de la ESI que abordaba el respeto a la diversidad sexual y la identidad de género, se pretende avanzar contra un docente “sugiriendo” la separación del cargo del mismo. Si se formaliza esa decisión constituiría un grave antecedente para todo el cuerpo docente que se empeña en enseñar educación sexual desde una perspectiva laica y científica, un aval del Estado para que las Iglesias, por la vía de las familias, interfieran en la enseñanza pública del país. Esto ya está generando una fuerte campaña que tenemos que apoyar.


Vale recordar que estos atropellos han sido materia de denuncia de las estudiantes y docentes con motivo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en el año 2018. La campaña conocida como “Con mis hijos no te metas” cobró forma con persecuciones contra las jóvenes y profesoras que llevaban pañuelo verde a las escuelas. No es casual entonces que el acto administrativo contra el docente haya sido abierto justamente en el 2018 y ahora “reaparezca” recargado planteando pedido de informes y acciones de separación.


La campaña reaccionaria que recorre toda Latinoamérica es tan solo la punta del iceberg de una avanzada de las iglesias evangélicas y católicas contra los derechos de las mujeres y diversidades sexuales. Su expresión más concreta es la traba a la modificación misma de la Ley Nacional en su artículo 5to que permite el dictado de la ley adaptada a cada “cosmovisión” de las comunidades de las escuelas confesionales, pero que por el poder y el lobby de las iglesias en la Argentina tiene influencia en todo el sistema educativo nacional.


Las iglesias se movilizaron fuera del Congreso con esa misión: que no avance la ESI y por lo tanto que siga todo como está. Los límites de la actual legislación crean el terreno para que progrese también este tipo de persecuciones en las escuelas públicas, que no podemos permitir.


En la ciudad de Buenos Aires, donde posiblemente haya sido el epicentro de la “marea verde”, hay una lucha constante por defender la enseñanza de la ESI, aun contra el Estado y los gobiernos que tienen estos tipos de acuerdos con las Iglesias.


Por esta razón en pocos días miles de firmas se sumaron a acompañar el pedido de la comunidad educativa de la escuela media exigiendo que se cierren los expedientes y se retiren todo tipo de sanciones o avances contra el docente. La campaña ahora se propone llegar a un pronunciamiento masivo de personalidades del ámbito de la cultura, sindicatos y legisladores para expresarle directamente al gobierno que retire los expedientes y de modo general sea un apoyo a la lucha de la juventud y de la docencia por el derecho a recibir una educación sexual de contenido laico, científico y respetuosa de la diversidad sexual.


Desde Tribuna Docente y el Partido Obrero en el Frente de Izquierda ponemos a disposición nuestro apoyo para difundir esta campaña y retrotraer la acusación contra el docente y hacemos responsable al Ministerio de Educación de CABA, al gobierno en definitiva, exigiendo que se garanticen los derechos elementales de la docencia y el principio de no injerencia de las iglesias en la educación. Por una campaña masiva de apoyo a la educación sexual laica y científica y el defensa de la docencia que se organiza.




 

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13/06/2020

Chubut: trabajadores de salud en pie de guerra por la falta de pago

Como vienen denunciando los trabajadores de la salud de Chubut, las políticas que lleva adelante el gobierno de Mariano Arcioni  ponen en riesgo no solo al personal del área, sino también la salud de la comunidad toda.


Hace semanas los trabajadores de la salud llevan adelante movilizaciones, paros y retención de servicios para reclamar por los dos meses de deuda salarial que acumulan sin fechas ciertas de cobro. Esta situación fue ratificada en la Legislatura, que sancionó por unanimidad una ley de “Emergencia sanitaria”.


Las acciones se siguen desarrollando en Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel, impulsadas por trabajadores de la salud, personal de hospitales rurales y puestos sanitarios de localidades de toda la provincia, que hacen sentir su reclamo y le han generado al gobierno una crisis política que casi desemboca en la renuncia de todos los directivos de las áreas programáticas, los directores de hospitales y del mismo ministro de Salud, Fabián Puratich.


Pese a la prioridad por esencialidad, el gobierno de Chubut depositó el miércoles 10 de junio los salarios de abril del personal de salud de la provincia. Mayo sigue sin aparecer, y ni hablar de junio y el aguinaldo.


Las medidas cuentan con el apoyo de otros trabajadores de la administración pública, docentes y vecinos, como en la meseta central (Gan Gan, Paso de Indios, Telsen) Comarca Andina, Camarones. Los trabajadores del puesto sanitario de 28 de Julio y Hospital Rural de Dolavon sostuvieron durante siete días un acampe y han resuelto continuar con medidas de lucha, en asamblea permanente, hasta que el gobierno provincial deposite todo lo que adeuda. En Comodoro Rivadavia trabajadores de los hospitales Regional y Alvear, de los centros de salud barriales y del Área Programática Sur continuarán con retención de servicios, como quedó establecido en la asamblea que desarrollaron el lunes pasado. Por su parte los trabajadores del Hospital Zonal de Esquel denunciaron tras una asamblea y conferencia de prensa los atrasos salariales y las deudas de la paritaria 2019.



Con la presencia de los trabajadores del Hospital Rural de Trevelin en lucha, funcionarios, vecinos/as, docentes, jubilados, sindicatos y organizaciones, los trabajadores del HZE leyeron un documento y anunciaron que continuarán con el paro por tiempo indeterminado. Resaltaron que los recursos para hacer frente a la contingencia Covid-19 están siendo garantizados por la cooperadora y por colaboraciones de la comunidad. Señalan que los insumos enviados por el Ministerio de Salud son inapropiados y llegaron en forma tardía, y que en todos los hospitales y centros de salud de Chubut hay faltantes de insumos y medicamentos básicos para cubrir tratamientos crónicos -como por ejemplo el de la diabetes-, al contrario de lo que Arcioni dice públicamente.


Crecen también las denuncias de precarización del personal de enfermería, cocina, lavadero, servicio de limpieza y camareras a través de contratos de Prosate, como la falta de recursos humanos en áreas críticas del hospital y los centros de salud de la ciudad.



A 80 días de iniciarse el aislamiento obligatorio por la pandemia, los casos de Covid-19 crecen de manera exponencial y se ha registrado la circulación comunitaria del virus en la ciudad de Trelew, que cuenta con solo 40 respiradores. Allí ha aparecido un caso de un barco pesquero de Rawson, donde todos los tripulantes resultaron contagiados ante la falla de los protocolos en el sector. Además, se ha conocido el primer contagio de personal de la salud, una médica de Puerto Madryn.


Esta situación, no es consecuencia de la pandemia, sino de una sistemática política sanitaria de vaciamiento del hospital público. Denunciamos también la precariedad edilicia, tecnológica y la falta de elementos de protección que se padecen en los hospitales y clínicas, a pesar del tiempo ganado por la cuarentena no se han invertido los recursos para revertir esta situación.


Los trabajadores de la salud pública deben superar el cepo que colocan las conducciones burocráticas, como la Mesa de Unidad Sindical, y dar un paso adelante en la organización independiente para enfrentar no sólo el problema de los salarios, sino también el pluriempleo, la falta de presupuesto y la necesidad de terminar con un sistema fragmentado entre las provincias, los privados y las obras sociales, que empuja hacia abajo las condiciones laborales y la atención de la población.


Vamos por el pago inmediato de los salarios, por el cumplimiento de los acuerdo paritarios, el fin del pago escalonado, el pago inmediato de las deudas, el ingreso de compañeros y compañeras que aún se encuentran precarizados a planta permanente, por la regularización del Issys Seros para activos y pasivos. Contra el vaciamiento, la privatización y el pacto entre el gobierno de Arcioni y la salud privada para sostener el esquema de negocios de las clínicas privadas a costa de los fondos de Seros durante abril, mayo y junio.


Para garantizar en tiempo y forma el salario de los trabajadores de la salud, y del resto de las y los trabajadores del Estado, hay que dejar de pagar la deuda y fijar un impuesto progresivo a los grandes capitales provinciales.


Por la centralización del sistema de salud, rechacemos el sostenimiento a costa de los fondos de Seros e Issys de las ganancias de las clínicas privadas, en el marco de la pandemia. Por la puesta en pie de comités de bioseguridad en los lugares de trabajo, dirigidos por los y las trabajadoras de la salud.


Arcioni y su ministro Puratich no pueden garantizar estas medidas, se tienen que ir. Por un comité de emergencia sanitaria bajo control de los trabajadores; por un congreso de delegado de bases de todos los sindicatos, que discuta un plan de lucha unificado y un programa de salida a la crisis.


#FueraArcioni



 

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13/06/2020

Sistema sanitario en Almirante Brown: precarización, desidia y vaciamiento

Almirante Brown

Los números de contagiados de Covid-19 crecen en Almirante Brown, solo en lo que va de la última semana se han sumado más de 50 personas, contabilizándose un total de 415 casos positivos. ¿Cuál es la situación del sistema sanitario local que debe dar respuesta a este grave cuadro? En esta nota lo repasamos brevemente.


Realidades hospitalarias:


Almirante Brown contaba con dos hospitales para una población de más de 500 mil habitantes: el Oñativia de Rafael Calzada y el Lucio Meléndez de Adrogue, a ellos, en el último mes, se sumaron el modular N° 9 del Upa N° 5, que a pesar de haber sido visitado por Alberto Fernández y Kicillof, aún no se inauguró y el reacondicionado hospital vecinal de Longchamps Emilio Burgwardt.


El Oñativia hace poco más de un año sufrió un grave incendio de un gran sector del edificio, al día de hoy aún no se ha vuelto a reabrir por completo, y varios de sus servicios sanitarios no se han reestablecido. Las promesas de obras de refacción fueron incumplidas primero por María Eugenia Vidal y en la actualidad por el gobierno de Kicillof.


Este cuadro afecto al otro hospital provincial, el Lucio Meléndez, que al recibir a todos aquellos pacientes que no pueden atenderse en el Oñativia viene trabajando el doble de lo habitual, a esto se suma la crisis expuesta por la pandemia, en relación a falta de insumos, condiciones edilicias deficitarias e insuficiencia de personal. El “Lucio” a la vez debe coordinar el trabajo con el UPA5.


Los hospitales recientemente incorporados al sistema sanitario de Brown, ambos de Longchamps, el Burgwardt y el UPA 5/modular 9, también tienen sus propias problemáticas; en el primer caso, los trabajadores denunciaron que hace meses que no cobran sus sueldos y en el segundo caso ni siquiera se ha puesto en funcionamiento.


A todos estos distintos establecimientos los une un denominador común, se trata de la falta de insumos para llevar adelante las medidas de seguridad pertinentes y evitar la propagación de los contagios. Debido a esta situación en este tiempo han dado positivo en Covid varios empleados de estos hospitales (Meléndez y UPA 5), lo cual motivó la exigencia de la aplicación adecuada de los protocolos y tests masivos a el conjunto del personal.


Precarización y falta de pago: los trabajadores de la salud se organizan


Con la excusa del incremento de trabajo temporario, debido a la pandemia, en sanidad, el gobierno ha incorporado a una gran cantidad de personal de manera completamente precarizada, fundamentalmente bajo la modalidad de monotributo, esto no solo significa inestabilidad, sino que cercena el derecho de estos trabajadores dejándolos fuera del convenio colectivo de su rama e impidiéndoles cobrar el bono otorgado a quienes se desempeñan en este servicio esencial.


Esta política de precarización tiene uno de sus casos más ejemplares en la situación que atraviesan quienes son contratados para atender en los centros de aislamiento de personas con Covid pero que no presentan síntomas o lo hacen de forma leve; uno de estos lugares funciona en el nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) 41, en Adrogué, allí las condiciones de alojamiento demostraron una absoluta precariedad y hasta una improvisación en términos de protocolo, además el personal que se desempeña allí no cobró durante más de dos meses.


Con manifestaciones en la puerta de los hospitales, comunicados, asambleas de personal y campañas a través de las redes, los trabajadores de la salud han puesto de manifiesto esta crítica situación y han resuelto iniciativas para exigir a las autoridades de los distintos niveles del estado, las principales reivindicaciones del sector.


Desde Tribuna Estatal y Tribuna Salud apoyamos todas estas medidas de las bases y llamamos a impulsarlas y darle continuidad, poniendo en pie un plan de lucha que le arranque al estado los siguientes puntos:


*Centralización del sistema de salud.


*Aumento de la partida presupuestaria a hospitales para combatir la pandemia.


*Abastecimiento de material esencial y de insumos de bioseguridad.


*El cobro del Samo para todos los trabajadores de la salud.


*Pase a planta a todos los trabajadores.


*Testeo para todo el personal de la Salud.




 

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Neuquén: crecen los contagios de Covid-19 mientras continúa el levantamiento de la cuarentena

Con un 90% de las actividades productivas y económicas ya funcionando, la provincia de Neuquén registra un importante aumento de contagios de Covid-19. El gobierno descarga sobre la responsabilidad individual de la población la propagación del virus. Paralelo a esto, crecen los despidos, suspensiones, rebajas y congelamientos salariales.


La provincia alcanzó este viernes 12 de junio los 201 casos de Covid-19, lo que representa un aumento significativo en las últimas dos semanas. Desde el 25 de mayo, fecha en que apareció un caso positivo en la comisaria de Balsa Las Perlas (comuna de Río Negro lindante a Neuquén capital y Plottier), se creó un nuevo foco de contagio. El lunes 8 de junio se conocieron siete casos en el policlínico Ados, motivo por el cual se cerraron sectores de la institución. Por último, nuevos casos fueron confirmados en el sanatorio de Clínica Pasteur, Sanatorio Huincul y Desarrollo Social. En la actualidad permanecen 86 casos activos.


Ante el aumento de los casos, el gobernador Omar Gutiérrez señaló en conferencia de prensa que “basta una excepción y un error para que se multiplique el virus y genere una tensión en todo el sistema de salud”, descargando toda responsabilidad en voluntades individuales y limitándose a indicar la prohibición de tomar mate y compartir el vaso. La ministra de Salud, Andrea Peve, negó la existencia de circulación comunitaria del virus, caracterizando la situación de “circulación por conglomerado”.


En efecto, aunque el aumento de los casos esté circunscrito a contactos estrechos de los focos mencionados, el levantamiento de las actividades en la cuarentena cuestiona fuertemente que pueda evitarse el pase de circulación por conglomerado a comunitaria. Las actividades en Neuquén se habilitaron en gran parte desde el lunes 18 de mayo, amparado por la política del gobierno nacional, lo que responde a la presión patronal y no a un mandato no sanitario. Es que fueron más de 400 empresas las que en un comunicado presionaron para liberación de la producción y el comercio. Ahora, estas mismas entidades son las que anuncian que está en riesgo el pago de los salarios de junio y el aguinaldo.


En paralelo a esta situación, la cuarentena ha quedado como un mecanismo de regimentación de la protesta social y de la inquietud popular en momentos donde se desarrollan despidos, suspensiones y rebajas salariales. El gobierno se vale de la pandemia para reforzar su política de ajuste, teniendo a miles de trabajadores de la educación desocupados, trabajadores estatales con los salarios congelados, la asistencia social totalmente reducida, todo mientras cumple religiosamente los pagos de deuda provincial.


Defendemos la cuarentena, pero con todas las condiciones sociales, empezando por garantizar el trabajo y el salario. Este planteo es el que impulsaremos el próximo martes en la jornada nacional que convoca el Plenario del Sindicalismo Combativo, que llevaremos adelante en la provincia junto a ceramistas, Clínica Cutral Co, Expreso Argentino, docentes y el Polo Obrero.




 

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13/06/2020

Comuna Argentina, o la búsqueda de un capitalismo “donde ganemos todos”

Hace unos días el presidente Alberto Fernández sostuvo en un discurso ese anhelo. Evidentemente el profesor en Derecho poco estudió de economía, historia o sociología, aunque no está bien personalizar teniendo en cuenta que unos días después varios intelectuales de distintas disciplinas salieron a “bancar el proyecto”.


Los comuneros, con perdón de los parisinos de fines del siglo XIX, dicen ya en las primeras líneas de su largo manifiesto que estamos ante la “mayor crisis de la historia del capitalismo, que pone al desnudo las relaciones de producción y compromete las relaciones entre trabajo y capital”. Y aunque a lo largo del documento esta preocupación tan claramente expresada se opaca tras guiños filosóficos, una épica latinoamericanista y un reconocimiento a las luchas de los oprimidos, es sin duda el objetivo que expresa este agrupamiento: recomponer las relaciones entre el trabajo y el capital.


Crisis capitalista


En el documento se caracteriza a la “crisis civilizatoria del capitalismo” como una crisis “fundamentalmente política en el sentido más hondo de su expresión”, de este modo, esta crisis económica y social que lleva a cuestionar los fundamentos mismos de nuestro orden social, es anclada “fundamentalmente” en la esfera de la representación.


Aunque los comuneros dicen que “el capitalismo es desigualdad, desesperación, hambre, explotación y muerte”, es “una máquina de guerra que funciona a través de la explotación, la desposesión y la concentración de la riqueza en pocas manos”, paradójicamente en ningún momento plantean la necesidad de superarlo.


El documento aboga por una economía igualitaria que “no será una economía de la escasez sino una economía de la abundancia, vitalista” soslayando así que no es la escasez, sino la sobreproducción y el desequilibrio lo que caracterizan a la economía capitalista, lo que aparece para las masas oprimidas como escasez se debe a la apropiación privada de la riqueza socialmente generada, y está claro que eso justamente es lo que nuestros comuneros se niegan a cuestionar.


Y esto es así porque su objetivo es conciliar el capital y el trabajo, por lo tanto no atacan los fundamentos de este sistema, a saber: la propiedad privada de los medios de producción sobre la que se fundamenta la existencia de las clases sociales.


Neoliberalismo: el capitalismo malo


Según el documento el capitalismo es malo, pero lo verdaderamente malo es el neoliberalismo, que “minó todo proyecto social alternativo” y es incompatible con la democracia. Sin embargo la democracia burguesa es perfectamente compatible con el capitalismo neoliberal, latinoamericanista, demócrata, republicano… la democracia burguesa lejos de cuestionar el orden social lo encubre y llegamos nuevamente al problema de este manifiesto: el capitalismo es capitalismo, es un sistema basado en la explotación y por lo tanto en la desigualdad, no hay modo de que en él ganemos todos.


Pero la utilización del neoliberalismo tiene el objetivo de definir un enemigo que distraiga las energías de los oprimidos y permita al capitalismo seguir operando, nada nuevo bajo el sol: el viejo libreto del reformismo y del estalinismo con su “enemigo principal”.


Más democracia o expropiación de los medios de producción


Frente a tanta destrucción, guerra y miseria este nuevo agrupamiento propone… abrir “un espacio de discusión democrática”, pero una democracia “radical”, dado que para lxs firmantes “democracia radical significa igualdad, libertad, felicidad, relaciones armónicas con la naturaleza y la comunidad, el quiebre definitivo de las explotaciones”


¿Desconocen los comuneros la naturaleza de nuestro modo de producción?, ¿creen realmente que la igualdad y el fin de la explotación sobrevendrán con la “imaginación democrática”?


Los comuneros caen en una suerte de voluntarismo utópico cuando sostienen que “democracia es la forma de sociedad en la que cualquiera puede hacer política y elegir libremente su forma de vida”. En su utopía de democracia “libertaria, social, plebeya, plurinacional, republicana, hospitalaria, plural, feminista y antipatriarcal” ya no habría clases sociales, de otro modo sería imposible una verdadera libertad para elegir nuestra forma de vida. Esperamos que en un próximo manifiesto nos digan cómo pasaríamos del estado actual a esa democracia tan adjetivada.


El Estado


En un momento histórico de una profunda crisis agudizada por una pandemia, que puso de relieve en todo mundo el rol del Estado en tanto garante de las relaciones sociales de una manera brutal por medio de la represión, del envío al trabajo de millones de trabajadores sin las medidas de prevención necesarias, incluidos los trabajadores de la salud, del mantenimiento de los sistemas de salud privados, del pago de deudas especulativas con fondos soberanos, etc., los comuneros nos dicen que el Estado “puede devenir plebeyo”.


También sostienen que “las desiguales condiciones de existencia material precisan un Estado activo en el cuidado de los sectores precarizados”. Es decir que los comuneros no bregan por el fin de la precarización, sino por el cuidado de los precarizados…


Cuarentena


Pero como los comuneros no quieren solo hablar de utopías, sino también de la actualidad dicen que la cuarentena “es una forma de resguardar la libertad sustantiva en nombre de restringir provisoriamente los movimientos que ahora conducen al contagio y pueden provocar la muerte. (…) Es la libertad comunitaria que limita por libre decisión una parte de sus movimientos para resguardar la libertad esencial de vida completa de un vasto conjunto humano.” Con este neocontractualismo los firmantes del documento se cuidan de no denunciar el lobby empresarial contra la cuarentena, y la responsabilidad estatal en los contagios en el sistema de salud, así como las violaciones a la prohibición de despidos y el pago de la doble indemnización. Nuevamente hacen abstracción de las relaciones sociales, algo que suele ocurrir cuando se defiende un orden social basado en la opresión.


La nueva economía


“Aún no sabemos el nombre que deberá tener esa ‘nueva economía’: economía social, solidaria, humanista o de bienes comunes son, sin dudas, algunos de los nombres que deberán surgir de una gran conversación colectiva. Pero seguro no deberá ser ya una economía de explotación y dominio al servicio del gran capital, sino una economía al servicio de la vida, de la sociedad y de la nación.”


El capitalismo lleva a la concentración del capital: que la economía esté al servicio del pequeño y mediano y no del gran capital es una utopía reaccionaria, y que esté a favor “de la nación” soslaya bajo un barniz nacionalista la desigualdad de clases, algo que los socialistas discutimos hasta el hartazgo: la principal contradicción en el capitalismo es entre clases, no entre países. Claro que para quienes aspiran a “la elaboración de un discurso público que sea expresión de clases convergentes en un conjunto social abigarrado”, puede ser diferente.


Pero lo que realmente importa no es el nombre que tendrá la nueva economía, sino justamente lo que los comuneros no quieren decir: no habrá ninguna nueva economía a favor de los explotados que surja del diálogo democrático. Para terminar con las desiguales condiciones de existencia material lxs trabajadorxs precisamos expropiar el capital y reorganizar la sociedad en base a las necesidades humanas y no en base a la obtención de ganancias, y eso no lo haremos con el diálogo ni con la imaginación, lo haremos como lo han hecho los oprimidos a lo largo de la historia: por medio de la organización y la lucha revolucionaria.


Finalmente, en los últimos renglones del largo manifiesto dicen que “se sienten” parte del Frente de Todos, con lo que queda claro el por qué dan tantas vueltas para condenar al capitalismo, ¿cómo podrían hacerlo si son parte de un espacio político que nunca lo hizo y que defendió la subordinación de la clase obrera al capital “nacional”?



 

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Córdoba: Schiaretti y su policía desalojan a familias sin vivienda

Tierra para los trabajadores, no para los especuladores.

Desde hace semanas, 150 familias vienen desarrollando una ocupación pacífica de terrenos fiscales camino a Capilla de los Remedios, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La ocupación, con carpas y casillas de madera, sufrió horas de tensión por el atropello realizado por la policía del gobernador Juan Schiaretti. La arremetida policial se topó con la resistencia de las familias, que evitaron el desalojo.


La grave situación habitacional y el aumento de la pobreza en Córdoba, profundizado por la pandemia, provocó ocupaciones de terrenos por parte de familias que ya no pueden pagar un alquiler o que ya no pueden vivir hacinadas. El gobierno de Schiaretti no da respuestas pero envía a la policía a hostigar las ocupaciones.


Este accionar por parte de la policía provincial lleva años. También sufrieron represión las familias de Juárez Celman, que fueron desalojadas con topadoras. Situaciones de la misma características se viveron recientemente en otros asentamientos e intentos de ocupaciones en la ciudad.


El ensañamiento de Schiaretti contra las ocupaciones responde a una orientación política en beneficio de la especulación inmobiliaria, que comparte con el intendente Martín Llaryora que arremetió contra los feriantes del Parque Las Heras. Esta política tiene como fin garantizar un entorno favorable para los especuladores inmobiliarios, que pretenden hacer grandes ganancias quedándose con los terrenos frente al parque más cercano al centro de la ciudad. La puesta en valor de esta zona será costeada por los cordobeses mediante la elevación de la cotización de los terrenos del sector.


La actuación policial por parte del gobierno provincial da cuenta de que busca evitar que en la grave situación se profundice esta tendencia hacia una ola de ocupaciones, tal como se produjo luego de la toma de Cabildo del Polo Obrero cuando se produjeron más de 20 ocupaciones. El gobierno logró desactivar tomas no sin un costo político.


Desde el Polo Obrero planteamos la defensa de todas las ocupaciones de tierra por parte de las familias sin vivienda, y levantamos más que nunca la consigna “tierra para los trabajadores, no para los especuladores”. Reclamamos la ejecución de un plan de obra pública que incluya la construcción de viviendas populares, que generaría gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos.


También plateamos que todos los terrenos disponibles para la construcción de viviendas se pongan al servicio de un plan habitacional bajo control de los trabajadores. En este sentido, es necesario que se cobre un impuesto real a las grandes fortunas y a los especuladores inmobiliarios, y que el banco de Córdoba sea puesto al servicio de los trabajadores cordobeses y no del salvataje de los capitalistas y el pago de la deuda fraudulenta de la provincia.



 

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13/06/2020

Quilmes: con más de 1.200 casos es el segundo distrito en cantidad de infectados

Mayra Mendoza, intendenta del partido de Quilmes en la provincia de Buenos Aires, esta semana levantó en forma “escalonada” lo poco que quedaba de la cuarentena. Es la respuesta que dio al estallido de casos en Villa ItatíCotoCattoriniRefineria Sudamericana, los contagios en el maternal Oller y el hospital Iriarte.


No obstante, la mandataria local responsabiliza a los vecinos de Quilmes de la existencia de una mayor circulación de personas, y de que el “Estado presente” no puede hacer nada si la gente es irresponsable. El “Estado presente” del Frente de Todos es el que está rescatando religiosamente a los capitalistas con subsidios del 50 % del salario, y con el permiso de que las patronales no paguen más de un 25% del salario restante, sin frenar la producción. No frenó un despido, ni suspensiones, a su vez, millones de familias dependen de un mísero ingreso de $10.000 (IFE) que se cobró solo una vez en 84 días de cuarentena.


En el plano de la salud, enfermeros y médicos, en su mayoría, trabajan con los elementos de bioseguridad que ellos mismos compran, al momento recién comienzan a cobrar el bono $5.000 en estos días. Sin testeos, con el fallecimiento de un enfermero del hospital Oller, y el contagio sistemático de enfermeros, están desarrollando su labor.


Otro párrafo merece la lucha del Penta, del sanatorio Modelo Quilmes, contra los despidos y por el cobro de salarios. Es decir, un ataque patronal que rompe la cuarentena.


Es de notar que si los datos de contagios y muertes en Argentina, comparado con otros países, es menor, esto se debe a que existía una cuarentena, que el gobierno relajó al ritmo de la propagación del virus, el levantamiento de la misma ya está generando el efecto contrario. Los 1.200 contagios en Quilmes se dieron en las últimas semanas, donde a nivel nacional fueron 28.700. La provincia esta ingresando a los 600 casos por días. Existe una especulación entre cantidad de infectados y muertes, pero comparándose con países como EE.UU., Brasil o Chile, como si la pérdida de vidas sea una competencia de cifras.


Cuando Fernández –Kicillof fueron habilitando nuevas actividades, por ceder aun mas a las patronales, con ello llevaron a una mayor circulación de personas, es así como a nivel local se incrementaron los casos. Mayra Mendoza sigue este camino en un cuadro de gravedad.


Es necesario el control popular de la cuarentena: el hisopado en los lugares de trabajo donde existen casos, freno de la producción con el respeto al cobro íntegro de salarios, prohibición de despidos, subsidio al parado de $30.000 mensual, por un impuesto a las grandes fortunas. No al pago de la deuda externa.




 

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13/06/2020

Córdoba: importante movilización de gastronómicos por el pago de salarios

Unos 300 gastronómicos se movilizaron el 10 de junio desde la sede del sindicato UTHGRA hasta la Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba. Reclamaron el pago de salarios, denunciando que el gobierno incumple con el pago del ATP prometido. Exigieron respuestas también a las autoridades provinciales.


Con pancartas que pedían por “Pan y Trabajo” se nutrió la movilización para reclamar el cumplimiento del subsidio del 50% de los salarios, tras tres meses en los que además vienen de sufrir el recorte del 25% del salario conforme al acuerdo UIA- CGT. La situación se agrava por el pago irregular y/o en cuotas del 25% a cargo del empleador, lo que deja a los trabajadores sin ningún ingreso para poder afrontar los gastos de sus familias.


El otorgamiento del ATP por parte del gobierno es un subsidio a las patronales sin ningún tipo de control sobre las empresas, que se valen de la crisis para despedir, recortar salarios y atacar los convenios colectivos. Colocan un signo igual entre una rotisería y las grandes cadenas hoteleras, como se ha demostrado con la asignación del subsidio a “los miserables” de Techint, Coca-Cola o Clarín.


En el sector gastronómico la pandemia ha agravado una situación que viene de antes. Desde la conducción del sindicato reconocen que ha habido un 30% de cierres y reconversiones de locales, y afirman que vienen “de ocho años de recesión”. Aseguran que incluso luego de la cuarentena va a ser difícil remontar, cuando “son 40.000 familias las que viven de esto”. Esto implica despidos y una mayor precarización de los trabajadores mediante las multitareas. Pero la conducción no atina un plan de lucha.


En contraposición, la movilización se dejó ver a muchos trabajadores movilizados por fuera del cuerpo orgánico de UTHGRA y sus interventores, mostrando las reservas para darle una continuidad a la lucha. Sin embargo, en las intervenciones desde el palco no plantearon ninguna acción hacia adelante. La conducción de UTHGRA levanta el programa de las patronales que presionan por subsidios, situación que se graficó en la movilización con la presencia de Gabino Escribano, titular de la cámara patronal del sector; es la unidad que ha permitido los recortes salariales a los trabajadores.


Es necesario darle continuidad a la movilización con una asamblea de todos los trabajadores y afiliados que defina un plan de lucha y un programa ante cada situación que parta del pago del 100% del salario y el pago del aguinaldo en tiempo y forma. Reclamamos un ingreso garantizado de $30.000 pesos en el caso de los pequeños locales, y por el fin de la precarización laboral –como exigen los repartidores. Está planteada además la pelea apertura de los libros de las grandes cadenas de locales que pida el ATP o despida, para evitar el fraude patronal y que los recursos sean destinados a cubrir los compromisos con los trabajadores.


Sobre la base de los planteos señalados es necesario impulsar la organización de los gastronómicos, independiente de la burocracia sindical y de los gobiernos. Es una tarea de primer orden, ante la entrega de la burocracia en este cuadro de ofensiva patronal.


Para darle mayor fuerza a estos reclamos es necesaria la unidad de los trabajadores. La unidad con los repartidores que hace meses vienen luchando por sus reclamos y la participación en la movilización del 16 de junio convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo con nuestros reclamos.


Desde la Coordinadora Sindical Clasista y el Partido Obrero acompañamos la movilización y ponemos a disposición la banca en la Legislatura de Soledad Díaz García del Frente de Izquierda, que es una tribuna para impulsar los reclamos de los trabajadores.



 

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13/06/2020

Rappi discrimina a los trabajadores venezolanos

Se niegan a habilitar cuentas a trabajadores por ser migrantes.

Una captura de pantalla dejó al descubierto la política discriminatoria de Rappi Argentina. Sin razón alguna, la empresa solo activa nuevas cuentas de usuarios argentinos durante la cuarentena, discriminando a todo repartidor extranjero por más que cumpla con la documentación necesaria para el registro en la aplicación. “Por el momento no estamos activando venezolanos”, fue la respuesta que obtuvo de Rappi un joven que consultó por qué estaba inhabilitado a pesar de haber finalizado el curso.


Este hecho no es un caso aislado. Es parte de un método de discriminación laboral que desde hace décadas condena a los trabajadores migrantes a puestos fuera del marco de los convenios colectivos de trabajo. Este sector es para las patronales una reserva de mano de obra precarizable. Por eso los migrantes crecen exponencialmente en gremios como la construcción, gastronomía, empleo doméstico y aplicaciones de reparto. El refuerzo de la carga discriminatoria parte del propio Estado, que niega sus derechos y obstaculiza sus trámites, como se vio en la exclusión masiva de los trabajadores extranjeros del Ingreso Familiar de Emergencia.


Por eso desde la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) llamamos a reforzar la organización de los trabajadores contra la discriminación, por la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento laboral bajo la ley del contrato de trabajo, por un ingreso igual al costo de la canasta familiar, elementos de seguridad e higiene, por ART para todos los trabajadores de reparto. Basta de bloqueos de cuentas, basta de zonas liberadas y justicia por justicia por Emma, Franco y Miguel.


Abajo la discriminación de Rappi Argentina.



 

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Rosario: feroz represión contra vecinxs del Barrio Toba

Repudiamos el ataque a vecinos y compañeros del Cuba-MTR.

Este viernes 12 con un fuerte operativo policial de la policía del gobernador Omar Perotti, en la ciudad del intendente Pablo Javkin, reprimieron ferozmente a compañerxs de la Cuba-MTR y vecinos que viven en el barrio Toba  a raíz de que un grupo de vecino de la comunidad qom de manera autoconvocada decidió intentar ocupar un terreno abandonado ante la dramática situación habitacional de nuestra ciudad.


Luis vecino del barrio y referente de comunidad moqoit destacó para Prensa Obrera: “en el barrio más de 300 familias se encuentran viviendo en condición de hacinamiento, las promesas de los diferentes gobiernos de la región siempre han sido moneda corriente muriendo en promesas ya que nunca ninguno les dio una solución concreta, tenemos papeles firmados y todo… en una habitación viven cinco familias hacinadas; la situación es desesperante y por parte de la policía siempre hemos tenido el mismo trato”.



 


En Rosario existen más de 112 asentamientos donde 100 mil personas viven hacinadas y en condiciones miserables. Mientras que costeando el río se montan enormes edificios fantasmas sin habitar como puerto Norte con el fin de abonar al negociado capitalista de la especulación inmobiliaria


Denunciamos la feroz represión llevada adelante por la policía santafesina y desde el Polo Obrero nos solidarizamos con lxs compañerxs de la Cuba-MTR y con lxs vecinos heridos y pedimos la inmediata libertad de todos los detenidos en la seccional 32.





 

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13/06/2020

16 casos de Covid-19 en metalúrgicas del parque industrial de Almirante Brown

16 casos positivos de Covid-19 fueron confirmados entre los trabajadores del parque industrial de Almirante Brown, donde se ubican centenares de empresas. En San Cayetano se registraron 13 casos, Guidi 2 y en Ball 1. Se les suman a ellos decenas de casos sospechosos.


Las patronales se niegan a licenciar a los trabajadores para no frenar la producción, fomentando la expansión del virus y poniendo en peligro la salud de los trabajadores, sus familias y de toda la comunidad.


A 9 trabajadores de Ball se les realizarán hisopados. En San Cayetano, el estado público de los contagios obligó a la empresa a anunciar que desde el lunes 15 de junio mantendrán una guardia mínima, hasta el día 28. La autopartista Guidi ocultó la información del primer caso contagiado y sacó un comunicado acusando a los trabajadores de haber filtrado la información, una patronal que acostumbra a atropellar a los trabajadores con recortes salariales y ataques contra las condiciones de trabajo.


El intento de encubrimiento de casos de Covid-19 busca evitar que la presión social, y en particular de los trabajadores, empuje al licenciamiento masivo de las plantas, que es lo que debería hacerse en estos casos. La parálisis completa de la UOM seccional Avellaneda, que frente a todo esto solo colgó un cartel en su cuenta de Facebook anunciando que por temas gremiales se comuniquen con los directivos de manera telefónica. Esto pone de manifiesto la complicidad de la burocracia con las patronales a costa de la salud de los trabajadores. Es un contraste total con la actuación de la conducción clasista Sutna, que fue a un paro de 24 horas en las tres plantas por incumplimiento patronal de medidas de higiene.


El municipio que lidera el pejotista Mariano Cascallares deja que el parque industrial como una zona liberada para los atropellos de las patronales.


El reclamo por el licenciamiento de todos los trabajadores que hayan tenido contacto estrecho con los casos confirmados de estas plantas, e incluso el cierre temporario si corresponde, empalma con el planteo de la puesta en pie de comisiones de seguridad e higiene electas por los propios trabajadores, con potestad de parar la producción cuando no se cumplan las medidas sanitarias. Por otra parte, reclamamos el testeo masivo a todos los trabajadores de estas fábricas, y que se garantice el pago íntegro de salario, ya que las suspensiones con rebaja salarial que firmó Antonio Caló de la UOM con las patronales de manera inconsulta no pueden ser un castigo a estas familias obreras que deberán mantener la cuarentena pero adquieren el virus por la imprudencia patronal.


Que se convoque a un urgente plenario de delegados con mandato, cuidando las medidas sanitarias, para resolver un plan de acción por estos reclamos.




 

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13/06/2020

Reconquista (Santa Fe): trabajadores bloquean algodonera del grupo Vicentin

“Hay un exceso de trabajo, la gente se cansó, decidió parar y tratar de negociar”, con ese reclamo lxs trabajadores de la Algodonera Avellaneda propiedad de Vicentín SAIC, intervenida por el gobierno nacional, fueron al paro y bloquearon las puertas del portón de la planta ubicada en Reconquista, al norte de Santa Fe. El Ministerio de Trabajo de la provincia ya dictó la conciliación obligatoria.


Reclaman que les paguen lo pactado en paritarias, y se respeten los bonos y aumentos que se otorgaron que la patronal ahora desconoce y no paga. Por ejemplo, en 2019 cerraron un aumento salarial del 34% que se terminó de pagar en 11 meses. El último aumento del 19% que tenían que cobrar en diciembre lo cobraron recién en mayo de este año. Generalmente lxs trabajadores cobran 8 mil pesos en negro. Además de lo salarial, exigen seguridad, higiene y mejores condiciones de trabajo. La empresa invirtió en maquinarias en 2017-2018, triplicando la producción mensual pero no hubo ninguna mejora en las condiciones de trabajo. Denuncian también el maltrato de los jefes y de Recursos Humanos, en relación a los pedidos de ropa de trabajo y capacitación para el uso de las maquinarias.



Juan Manuel Pusineri, secretario de Trabajo, sostuvo que “se trata de una empresa del grupo Vicentin que no se encuentra dentro de las que fueron objeto de intervención por parte del Gobierno Nacional y cuenta con un plantel total de alrededor de 400 trabajadores”. El funcionario da a conocer algo que es poco conocido y es una irregularidad de la intervención del Estado, porque la algodonera forma parte del paquete de activos de la rama intervenida del pulpo Vicentín. La otra, Vicentín Family Group, que posee bodegas, productoras de cine, absolutamente integrada a los negociados de la agroexportadora está sin embargo por fuera de la intervención que reconoce esta maniobra ilegal del grupo vaciador.


No es el primero conflicto obrero que existe desde que se anunció la intervención. Ayer, los estibadores del puerto Terminal Puerto Rosario pararon e hicieron un piquete con quema de llantas también en los portones, denunciando que la patronal (50% y seguramente más, de Vicentin) los extorsiona: si no aceptan suspensiones rotativas, les rebajan el salario. El tema económico también un trasfondo oscuro y la corrupción con la concesión otorgada por los sucesivos gobiernos durante los últimos 30 años.


La empresa está aprovechando esta transición para apretar las clavijas y lxs trabajadores le dirigen sus reclamos a la patronal y al Estado, que dijo que iba a estatizar para rescatar a la empresa y las fuentes de trabajo, pero solo se ha reunido para escuchar las reclamaciones de los Padoán-Nardelli, el heredero del negocio familiar. Mientras, se acumulan deudas salariales desde la bota santafecina en San Lorenzo hasta el norte lindante con Chaco. Una provincia estallada de reclamos sectoriales sin que las direcciones sindicales, a excepción del sindicalismo combativo que llama a movilizar en todo el país y en Rosario mediante la convocatoria de Amsafe Rosario, enfrente este ajuste que descargan capitalistas y gobiernos sobre las extenuadas espaldas obreras.


Los trabajadores de Algodonera Avellaneda denuncian por eso a la burocracia sindical, por haberlos abandonado. Están presente algunos gremios representativos de sector, ya que al interior de la planta están encuadrados en varios convenios. A las 13 h habrá una asamblea y van a definir si acatan o no la conciliación obligatoria que dictó el gobierno.


(Sobre informe de Eliana Ibarra, militante del Partido Obrero presente en los portones de la Algodonera.) (Noticia en desarrollo)




 

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13/06/2020

Schiaretti contra los residentes cordobeses

Fueron excluidos del bono nacional, organicemos asambleas y un plan de lucha

Con dos meses de demora finalmente se liquidó la primera cuota del bono estímulo a les trabajadores de la salud. Sin embargo, en la provincia de Córdoba se han excluido a residentes de los hospitales públicos como así también a los sectores tercerizados como limpieza y cocina en algunos hospitales. La exclusión es brutal, porque apunta en particular a los sectores más precarizados y de menor ingreso de la salud pública.


A pesar de haber sido incorporados expresamente en el decreto presidencial, el gobierno de Schiaretti consumó una discriminación escandalosa que excluye a más de 950 residentes que son los pilares de los principales hospitales provinciales. Se les niega el bono a trabajadores que soportan jornadas de hasta 36 horas de atención por un salario de $35.000, en la primera línea de exposición al virus, incluso estando a cargo del triage (selección) e hisopados de casos sospechosos, en las guardias generales y en las “covideras” (nombre con el que se denomina entre el personal de salud al lugar especialmente designado para atención de casos sospechosos de Covid). Son además quienes están garantizando en las barriadas populares los operativos “Identificar” con los que el gobierno provincial busca contener la pandemia, la mayoría de veces sin las condiciones laborales y de higiene adecuadas.


Tenemos entonces un cuadro donde el sector de la salud más explotado, más precarizado, más perseguido, más expuesto y más ninguneado por el gobierno recibe un nuevo e indignante golpe de parte de Schiaretti y el ministro de Salud, Cardozo. La nota que cierra un cuadro de discriminación inaudito tiene que ver con que los residentes del sector privado sí han recibido el bono estímulo lo que configura además un ataque a la salud pública y sus trabajadores.


Desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) venimos dando la batalla por el pago del Bono Nacional para todos y contra la discriminación y la exclusión a cualquier sector de la salud del mismo desde hace dos meses, donde participamos en grandes jornadas de lucha nacionales impulsadas por nuestra federación (Fesprosa) y números gremios y agrupaciones de salud de todo el país y por lo tanto rechazamos de plano la exclusión deliberada de estos sectores cruciales de trabajadores de los hospitales.


En la provincia donde se produjo una de las manifestaciones más grandes del país en este período de cuarentena justamente del sector de profesionales de la salud contra la injusta imputación a dos médicos por los contagios en un geriátrico, la actitud del gobierno de Schiaretti debe ser leída en términos de una nueva provocación del gobierno provincial hacia el sector y debe encontrar una respuesta contundente que frene esta arbitrariedad y atropello al sector salud.


Hay que avanzar con asambleas de residentes por hospital, sumando al resto de los sectores excluidos, que resuelva medidas de lucha que demuestren el malestar por tamaña discriminación y obligue al gobierno a dar marcha atrás. El camino marcado por la combativa Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA que logró torcer el brazo del gobierno de Larreta es el que hay que seguir.


Ya dijimos “Basta de Maltrato al Sector Salud” y todos sabemos que”Sin Residentes No Hay Hospital”, no permitamos ni un golpe más del gobierno.





 

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13/06/2020

La institucionalización del racismo en el sur brasileño

Desde Rio Grande do Sul

El crimen de George Floyd en Estados Unidos, además de desatar una rebelión popular en ese país, ha dado lugar también a movilizaciones antirracistas en todo el mundo.


En el caso de Brasil, el reclamo de justicia por Floyd estuvo presente en las manifestaciones antifascistas y antirracistas que repudiaron al gobierno de Bolsonaro.


En Brasil, la población negra es la que más padece la represión estatal y la pobreza. Casi ocho de cada diez víctimas a manos de la policía son negros, pese a ser apenas la mitad de la población (BBC Mundo, 9/6).


En cuanto a los indicadores laborales, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) difundió un informe en noviembre de 2019 que muestra que la informalidad laboral afecta a casi el 50% de la población negra que trabaja, contra un 34,6% en el caso de los blancos. A su vez, la población negra constituye el 64% de los desempleados, pese a ser el 55% de la población activa. Y es la más dependiente del Sistema Unico de Salud estatal. Los niveles de pobreza en la población negra, en tanto, se duplican (Agencia Brasil, 13/11/19).


El racismo en Brasil tiene raíces profundas. Para poder entender la realidad del sur del país en cuanto al racismo, tenemos que sumergirnos en su pasado y saber que fue uno de los principales lugares en los que desembarcaron inmigrantes portugueses con sus esclavos. En el imaginario colectivo, el Estado del sur fue constituido por inmigrantes alemanes, italianos y portugueses, soslayando el peso decisivo de la población negra. La historia que se aprende en los colegios de que el desarrollo del sur fue conseguido por los inmigrantes, omitiendo el rol de la población esclava, es sepultar las raíces de la región y esconder una historia de opresión.


En Brasil, el racismo se encuentra completamente institucionalizado.





 

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Neuquén: el frente único piquetero conquista importantes reclamos

Continúa la lucha contra el ajuste y la unidad con la clase obrera ocupada.

Luego de cinco jornadas consecutivas de lucha provincial, con movilizaciones y piquetes, el Polo Obrero, FOL, FPDS (Frente Popular Darío Santillán) y CTEP, junto a ceramistas, han arrancado una respuesta ante importantes reclamos. Se trata de beneficios concretos para cientos de compañeros y compañeras que incluirá la apertura de los programas sociales, aumento en un 50% de comedores y merenderos, mayor cantidad de bonos de gas, leña y aumento del valor de los programas. Este aumento, aunque aún sigue siendo insuficiente y alejado de las necesidades populares, representa una victoria porque fue conquistado con una lucha tenaz. Y no fue cualquier lucha, porque en época de pandemia, las combativas iniciativas incluyeron concentraciones en Casa de Gobierno, conferencias de prensa, movilizaciones en varias ciudades de la provincia, una jornada de cortes de 24 horas y luego de 48 horas. Este último corte, soportando condiciones climáticas muy difíciles, aguantó tres órdenes de desalojo.


Luego de dos meses de lucha unitaria y con la conciencia de que las medidas se extenderían, el gobierno debió ceder para evitar una mayor envergadura de las movilizaciones. Es que si los funcionarios seguían sin respuestas, estaba planteada una jornada de cortes en los puentes carreteros y en la autovía por unas nuevas 48 horas.


Con este logro concreto, el frente único ha reforzado el compromiso de continuar la batalla contra el ajuste, por la apertura de los programas nacionales y por los puestos de trabajo. Para el Polo Obrero se trata de impulsar una lucha con independencia de los gobiernos y rechazando cualquier tentativa de encubrir la precarización laboral bajo el eufemismo de “economía popular”.


Además de las conquistas que representan un alivio para una enorme cantidad de compañeros y compañeras que lucharon en largas horas de piquete, otro gran logro es que se fortalece un frente único de lucha con claras reivindicaciones y en total hermandad con los obreros y obreras ceramistas que están defendiendo a muerte sus puestos de trabajo y sus salarios ante el ahogo financiero del Estado.


La lucha continúa y con grandes reclamos. El proceso inflacionario en los alimentos no cesa, lo cual representa un crecimiento de la pobreza y la carestía. Los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales son las armas que utilizan los capitalistas y los gobiernos para descargar los costos de una crisis histórica sobre las espaldas de los que viven de su trabajo. Para el Polo Obrero está planteado fortalecer su iniciativa en unidad con la clase obrera ocupada, teniendo una cita clave el próximo 16 de junio, día de la jornada convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, cuando todos los sectores en lucha golpeemos como un solo puño por todos nuestros reclamos.



 

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13/06/2020

San Martín superó los 500 contagios

Según las cifras oficiales San Martín, el municipio más poblado de la zona norte, alcanzó los 520 casos confirmados de Covid-19, en solo 24 horas se registran 28 nuevos casos y encabeza la lista de contagios de todo el corredor. Detrás lo sigue Tres de Febrero con 356, Tigre con 316 y San Isidro con 269.


La alarmante situación actual evidencia la inacción de los gobiernos nacional, provincial y municipal desde que comenzó la pandemia. En el primer mes de aislamiento comenzaron los contagios masivos en el hospital Belgrano, donde la precarización laboral –ya que no solo faltaba personal médico sino que tampoco contaban con elementos de seguridad necesarios- y la negligencia estatal dieron como resultado más 19 trabajadores infectados y el cierre temporal de la guardia.


Otro caso grave ocurrió en el geriátrico “El amanecer” donde a partir de la detección de 19 casos las autoridades municipales solo realizaron 40 testeos a pesar que viven 80 adultos mayores que comparten el mismo espacio. El saldo fue más de 20 contagios y cinco muertos. Estos focos de contagio no fueron los únicos, hace solo cuatro días el “Hogar Puentes”, un centro de salud para personas con capacidades diferentes, registró 43 casos positivos de los 49 residentes del lugar.


En este sentido, es conveniente mencionar que la impericia del operativo Detectar llevado a cabo en el distrito ayudó a la propagación de la enfermedad con la realización de sólo 33 testeos a los 11.000 vecinos controlados de los barrios más carenciados.


Años de políticas de ajuste en materia de vivienda y salud pública aplicadas por el exintendente Gabriel Katopodis y ahora continuadas por su sucesor Fernando Moreira –ambos del Frente de Todos- pavimentaron el camino para que San Martín se sumerja en una profunda crisis sanitaria y social de la que ya se pueden ver las consecuencias. El aumento de los barrios de emergencia donde priman la falta de agua potable, el hacinamiento y la situación de precariedad absoluta de los hospitales municipales son ejemplos de una larga lista.


La flexibilización de la cuarentena


Por otro lado, la rápida escalada de contagios se corresponde también con las políticas de reapertura de actividades económicas a nivel nacional y provincial. Lejos de aplicar una cuarentena estricta, como pregona el gobernador Axel Kicillof, cada día son más las industrias exceptuadas con el fin de no detener la producción.


De esta manera los gobiernos no hacen otra cosa que ceder ante las presiones de las distintas patronales. Esto expone a los trabajadores al contagio, ya que no hay ningún tipo de control estatal, sobre los protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo. Lo mismo sucede en las fábricas que nunca fueron consideradas esenciales – como la textil Cladd ubicada en Villa Lynch- pero que a pesar de eso, las patronales decidieron no respetar la cuarentena y continuar produciendo en condiciones de seguridad e higiene deficientes o inexistentes.


La desidia patronal y estatal devela el objetivo de descargar la enorme crisis económica y social sobre las espaldas de los trabajadores. En este marco es imperativa la centralización de todo el sistema de salud, testeos masivos y el control popular de la cuarentena. Exigimos la apertura de los libros del municipio y la reorientación de todos los recursos para atender la crisis.



 



 

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13/06/2020

Cuando la Ola Verde se impuso sobre el clero

A dos años de la media sanción de Diputados a la legalización del aborto.

Ojo Obrero Fotografía

La noche del 13 de junio de 2018 hacía un frío polar, pero centenares de miles de personas en todo el país durmieron fuera de sus hogares, en las vigilias que colmaron plazas, colegios y facultades para imponer a la Cámara de Diputados el aplastante apoyo popular a la legalización del aborto. Los votos positivos no alcanzaban todavía a la madrugada, tras meses de tratamiento parlamentario, pero aparecieron cuando una marea verde de más de un millón de personas mantuvo rodeado el Congreso hasta el final de la sesión. Fue el día en que la presión del impactante ascenso del movimiento de mujeres fue más fuerte que todos los vasos comunicantes de las iglesias sobre los partidos del régimen.


Las columnas de secundarias que llegaban movilizadas desde sus colegios, las activistas sindicales y piqueteras, familias enteras,  formaron una inmensa columna que desde la esquina de Rivadavia y Callao llegó hasta la 9 de Julio y la Avenida Corrientes. Como durante cada audiencia en la que se debatió en torno al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la multitud hizo saber que estaba atenta a cada posición y a cada voto. Del otro lado del vallado policial, la movilización con pañuelos celestes para defender la clandestinidad del aborto, organizada con el financiamiento y el aparato institucional de las iglesias, fue marginal. Por la mañana del 14, la euforia por la media sanción fue unánime.



Ese hito en una lucha de décadas, que tomó un fuerte envión desde aquel 3 de junio de 2015 en que irrumpió el multitudinario grito del Ni Una Menos, mostró a un vastísimo movimiento que la movilización popular puede doblegar a un parlamento no solo sometido al clero sino además responsable de los mayores atropellos contras las condiciones de vida del pueblo trabajador.


El intenso debate que recorrió los lugares de trabajo y estudio, barrios y casas, sacó a la luz que le dicotomía planteada es “legal o clandestino”, y que además de una cuestión de salud pública es una lucha fundamental “por terminar con un instrumento del Estado contra las mayorías populares, que intenta disciplinar y establecer las bases de dominio de una gran parte de la población bajo principios de tutelaje, discriminación jurídica, imposición de roles a las mujeres”, como planteó Romina Del Plá en el propio recinto de Diputados. Desde esa perspectiva, alegó que “esta irrupción de la ola verde tiene que ver con romper ese tutelaje de la Iglesia y del Estado. Somos parte de esa lucha como parte de la lucha por la emancipación de la mujer, de la mano de la lucha contra toda explotación del hombre por el hombre”.


 



Dos meses después el rechazo del Senado mostraría que no hay uno solo de los partidos del régimen dispuesto a romper con el clero. Hoy, cuando Alberto Fernández posterga la presentación que anunció enfáticamente en su discurso de apertura de sesiones legislativas, el movimiento afronta nuevos desafíos. La fortaleza de una ola verde que se expresa por la vía de la movilización callejera de masas es el terreno para superar todos los bloqueos políticos e imponerse finalmente sobre el Estado y sus partidos, para conquistar el aborto legal, la educación sexual y la anticoncepción gratuita, como mojones hacia la emancipación de la sociedad toda de la opresión



 






 

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13/06/2020

Se dispararon los contagios en Salto: Arcor y la intendencia son los responsables

Catorce casos positivos y más 400 aislados en pocos días.

En el marco de la pandemia mundial, el intendente saltense le da la potestad de decidir sobre la salud pública de la ciudad a la patronal Bagley. Tras el primer caso positivo de Covid-19 en la ciudad de Salto, es importante clarificar las responsabilidades políticas.


Si recordamos la aparición publica del intendente Ricardo Alessandro en los días previos a la situación que hoy se vive, en los medios locales hacía mención de estar cuidando a la población pero incapacitado de negociar con la patronal Arcor-Bagley, quien decidió actuar negligentemente y exponer a los trabajadores y población en general priorizando las necesidades económicas del Grupo y no atender la prevención primaria de la salud de la población de Salto, que aún no estaba infectada.



 


Cuando planteamos la negligencia de la patronal, nos referimos a la cantidad de medidas sanitarias de prevención que decidió ignorar, como no higienizar debidamente los transportes de materia prima, brindar solo barbijo y alcohol a los empleados, sin realizar la limpieza extrema que una fábrica alimenticia requiere y a su vez precarizar a los trabajadores negándose a licenciar a los provenientes de ciudades vecinas con casos positivos de Covid-19. A través de audios intimidatorios, el jefe de planta se dirigió a los trabajadores planteando que ”la fábrica no está de paro” y dejando de lado toda “empatía”, les decía que debían presentarse a su turno. Finalmente, los trabajadores que se presentaron en medio del enorme amedrentamiento y del constante repique desde el gobierno de que la enfermedad está controlada o que se avanzó hacia una cuarentena light, fueron recibidos por los delegados que impidieron todo ingreso a la planta. El empresario Pagani, dueño monopólico de empresas en Córdoba y Buenos Aires y que se extendió a diez países fue beneficiado con las excepciones de la esencialidad. Nunca paró su producción, produciendo mercaderías que no son de primera necesidad.


Como sabemos de antemano, el sol no puede taparse con un dedo y el municipio viene fallando en la promoción y protección de los derechos de la población, intentando lavar culpas. El encargado de representarnos como comunidad y cuidar la salud de la misma, porque para eso cobra un gran sueldo, a las 23 horas estaba alegando en los medios nacionales de comunicación (Crónica TV), que “la empresa no entiende que está manejando humanos”, tan escasa es la formación del funcionario que piensa y expresa que pueden manejarnos a su antojo y así lo remarca en los medios diciendo que la empresa no entiende cómo hacerlo. Por otro lado refiere “son empresarios mezquinos. La empresa no fue solidaria”. ¡Por favor señor Intendente! cuándo los empresarios que explotan a las trabajadoras/es fueron solidarios, cuándo vio un empresario defendiendo los intereses de la clase trabajadora, parece que no le alcanza con el desborde sanitario local, que puede producirse, entonces sale a mentir en la cara de la gente, además de violento, negligente e incapaz, mentiroso.


Otra referencia interesante que menciona el referente comunal fue la siguiente: “trabajamos mucho pero la empresa no acompañó”, podemos visualizar por sus propias acciones que para el municipio trabajar en prevención sanitaria es repartir en un auto barbijos en los barrios, quizás confiando que así estaba trabajando en prevención o quizás para ser un líder carismático, no se sabe, pero ninguna de las dos cosas pudo concretarse. Quizás para el municipio trabajar en prevención es reunirse con las patronales y apelar a la solidaridad y buena predisposición de las mismas; Bagley actúo negligentemente frente a esta situación y el municipio cómo podía negarse frente a su séquito de empresarios predilectos.


Los sectores afines y consecuentes con el municipio afirman que el gobierno local de turno no pudo hacer nada porque la empresa podía decidir no continuar en Salto, olvidando que sí pudieron hacer negociaciones económicas, liberarla de impuestos o dar pase libre a que se contamine la ciudad, pero cuando tienen que exigile el cuidado poblacional aducen tener “las manos atadas”.


La realidad local es que Salto esta en mano de comerciantes del Estado o Municipio como quieran llamarle y empresarios privados o Bagley, que lejos de estar ocupándose de garantizar la salud pública lucran con la necesidad de la gente. Si el municipio va a decir que estaba realizando controles en los accesos a la ciudad, se puede visualizar con claridad que no todos los vehículos que circulaban eran desinfectados oportunamente. Por otro lado rápidamente circulan versiones de que la persona infectada realizó una reunión clandestina, exponiéndolo a una condena social innecesaria, porque de ser así el municipio hubiera sido doblemente negligente que no habría controlado debidamente el flujo de personas que acceden a la ciudad. No obstante la persona infectada desmintió los hechos a través de un audio de whatssapp.


Desde el Partido Obrero exigimos que se realicen los controles sanitarios pertinentes, con test para la población comprometida, que Bagley y demás patronales asuman las consecuencias económicas y civiles correspondientes. Máxime cuando al día siguiente del caso de Bagley surgen contactos cercanos en otras fábricas como en Acoplados, en donde la patronal licencia a un sector y obliga a quedarse trabajando al resto de los obreros. Exigimos que se priorice la vida y se garanticen el salario y la salud de las trabajadoras/es por sobre los negociados económicos, porque los recursos están.




 

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13/06/2020

El Covid-19 y la alarmante situación en África

El continente africano llegó el 7 de junio a 202.782 infectados por el Covid 19 (Sudáfica, 52.991 casos, especialmente en la provincia de Cabo Occidental; Egipto,52.991; Nigeria, 13.460). Esto parece no ser preocupante en razón de que constituye el 5% de los infectados mundialmente. No obstante, si no se toman las medidas adecuadas, las muertes pueden llegar a 83.000 o 190.000, según la opinión de la Organización Mundial de la Salud. De esto se trata precisamente. Y, en efecto, esas medidas están muy lejos de ser tomadas. En África subsahariana el 40% de la población (300 millones de personas) no tienen agua. Allí mismo, por este motivo, las enfermedades diarreicas son la tercera causa de muerte después de las respiratorias y el Sida. Los sistemas de salud africanos funcionan al 49% de sus posibilidades. La cantidad de trabajadores de la salud en África ocupa solo el 3% de la totalidad existente en el mundo.


La situación africana, como ya lo mencionáramos en otros artículos, es el fruto del despiadado saqueo histórico y actual por parte de las potencias coloniales e imperialistas, a partir de la trata de esclavos y el secuestro de millones de sus habitantes con esa finalidad , y hoy con las guerras locales por el botín de los recursos naturales africanos (minerales, petróleo y gas). Esto tiene sus consecuencias en términos de vivienda, desocupación, miseria salarial y va de suyo: salud.


Aunque el coronavirus no aparezca hoy como la principal causa de mortalidad en África, hay otras que han tenido un rebrote. En el Congo reapareció el ébola y con él la fiebre hemorrágica con una mortalidad del 90%. Los profesionales de la provincia de Cabo Occidental, en Sudáfrica, temen un aumento de otras patologías graves, en una provincia que representa las tres cuartas partes de la totalidad de los casos de Covid 19. El pico se aguarda para fines de junio o principios de julio. El presidente Cyril Ramaphosa ha declarado que lo peor está por venir.


Jeanette Parker, jefa del servicio de oncología del hospital de la Universidad de El Cabo, dice que no se atienden a los pacientes oncológicos, en virtud de la prioridad que tiene el Covid 19, y que no se hacen biopsias. Agrega que si se los hubiera atendido oportunamente se hubieran podido salvar muchas vidas. Y finaliza: “siempre hemos tenido que escoger quién debía ser tratado porque no se tiene capacidad”. Todo un retrato del hundimiento de la sociedad capitalista, que desnuda que una de las cuestiones fundamentales que es la vida es completamente abandonado por la ganancia de las grandes empresas petroleras y mineras que arrasan la economía y las condiciones de existencia de las grandes masas del continente. Bruce Biccard del Hospital Groote Shuur y  Lydia Cavincross de la UCT (Universidad de Ciudad del Cabo) declararon al sitio Daily Maverick que hay 150.000 operaciones aplazadas. Y añadieron: “si logramos aumentar el 10% de nuestra capacidad quirúrgica, pasada la pandemia, tomaría 90 semanas (casi dos años) ponerse al día”. Una verdadera catástrofe.


El mundo está pagando con millones de infectados y centenares de miles de muertos la barbarie capitalista.


La población africana, sus desposeídos, sus trabajadores, sus campesinos pobres están acorralados por siglos de explotación, opresión y saqueos. La deuda externa de los países africanos es una más de las crudas expresiones de ese saqueo (365.000 millones de dólares).


La lucha contra el Covid 19 implica en primer lugar terminar con las clínicas privadas del continente expropiándolas y colocándolas bajo un sistema único de salud estatal bajo gestión de los trabajadores de la salud; no pagar la deuda externa para dedicar ese dinero a la lucha contra el virus; nacionalizar la banca y el comercio exterior; un plan de desarrollo hidráulico, redes de agua potable y un plan de viviendas para las grandes masas desposeídas; la expropiación de los grandes pulpos petroleros y mineros sin compensación; expropiar a los grandes propietarios de la tierra, que han expulsado a los campesinos de sus tierras (por ejemplo en Sudán). Y desde luego, colocar los salarios al nivel de la canasta familiar y prohibir los despidos, en un continente donde la desocupación y el cuentapropismo son moneda corriente. Asimismo, un seguro universal a los desocupados igual al costo de la canasta familiar.


La lucha por derrotar al Covid debe formar parte de la lucha por expulsar al imperialismo y emancipar al continente. Las luchas recientes en el norte de África son un antecedente alentador. Han sido la expresión profunda de una tendencia mundial, que no tardará en volver a ponerse en marcha. La perspectiva es llevarlas a la victoria sobre la base de un gobierno de trabajadores en el continente y la unidad obrera socialista de ese continente. La herramienta necesaria para ese objetivo es la construcción de un partido de la clase obrera en todo el territorio africano y a escala mundial.



 

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13/06/2020

“Es un paro total por la salud de los trabajadores del neumático”

Entrevista a Jorge Toledo, secretario adjunto del Sutna.

Tras la medida de fuerza nacional realizada por los trabajadores del neumático, entrevistamos a Jorge Toledo, trabajador de Firestone, secretario adjunto del Sutna y candidato a secretario ejecutivo de la seccional Llavallol por la Lista Negra.

 

¿Por qué motivo se realizó el paro de 24hs en todo el Sutna y paticularmente en Firestone?

 

El motivo por el cual se realizó el paro a nivel nacional dentro del gremio del neumático es el tratamiento irresponsable de la patronal ante los casos positivos de Covid-19 que han surgido. Se trata de graves incumplimientos con respecto a las medidas de protección. Esto llevó a que al surgir los primeros casos, en el caso particular de Bridgestone, la empresa se haya negado a darle una cuarentena obligatoria a trabajadores que habían mantenido contacto estrecho con los casos positivos, y los haya convocado a trabajar sin resguardar ni al resto delos compañeros, ni a sus familias, ni a la sociedad en general.

 

El Sutna elaboró un protocolo obrero frente a la pandemia, ¿cómo continúa la lucha por su cumplimiento?

 

El protocolo obrero del Sutna frente a la pandemia se elaboró con el respaldo y la colaboración de profesionales y personas idóneas en el tema, junto con la apreciación de decenas de compañeros. Este protocolo fue presentado ante las tres grandes fábricas del neumático, y en particular en Bridgestone este paro es una medida para que se cumplan las medidas necesarias. El protocolo que hemos eleaborado tiene respaldo profesional y tiene como objetivo resguardar de manera concreta la salud de los trabajadores y sus familias.

 

¿Entonces todavía no hay un entendimiento por parte de las patronales respecto al protocolo que elaboró el Sutna?

 

No hay un entendimiento, pero la medida que hemos tomado apunta a que las patronales entiendan esta situación y se avance en las medidas. Hay un montón de situaciones que han sido observadas, advertidas y exigidas por el Sutna frente al cuadro que nos toca atravesar, que es nada menos que el avance de contagios del Covid-19, y este protocolo lo que busca es, no solo intentar que no se propague el contagio hacia adentro de la planta, sino también que los trabajadores puedan por fuera de la planta puedan tener todos los cuidados posibles en lo que respecta en la ida y vuelta del trabajo.

 

¿Como fue la adhesión al paro?

 

La adhesión fue tremenda, la adhesión al paro fue total, total, es un golpazo a la patronal. En estos mismo momentos la patronal ha sacado un comunicado informativo con respecto a los primeros cuatro casos de Covid-19, pero esto es después de las denuncias del Sutna, porque durante todo este tiempo frente a todo el pliego de reclamos la empresa se negó a dar información, e inclusive ocultó hechos gravísimos, que van a ser denunciados.

 

¿Cómo seguirán esta lucha?

 

Nosotros lo que buscamos con este paro es que las empresas entiendan que hay que dar una respuesta concreta a los trabajadores, más cuando se trata de la salud de cada trabajador y de sus familias, y hasta de la comunidad. Concretamente, buscamos que se desarrolle una mesa de negociación donde se empiece a discutir y a implementar las medidas rápidamente, tiene que haber cambios profundos en la manera de proceder, tanto en la prevención como cuando se presenta un contagio de Covid-19. De no ser así, si las empresas siguen negándose a escuchar a los trabajadores del neumático, el sindicato va a determinar nuevas medidas de fuerza que se irán incrementando hasta que se oiga la voz de los trabajadores del neumático.

 

 

 

 

 

13/06/2020

Vicentin: cuáles son los intereses en juego

El anuncio de expropiación de Vicentin desató una crisis política, que no solamente abarca los choques con la oposición y un choque entre el gobierno y un sector de la burguesía, sino que además ha derivado en un fuerte choque político al interior del propio oficialismo. El gobierno citó al CEO de Vicentin, Nardelli, y al gobernador santafesino Perotti en la Casa Rosada, en la búsqueda de un acuerdo con los vaciadores. Perotti apunta contra la expropiación. Mientras negocia, Fernández afirma que continúa con el proyecto de expropiación, el cual, sin embargo, no está presentado. La cuestión de Vicentin abrió una crisis política. ¿Cuáles son los intereses en juego?


El kirchnerismo levanta la expropiación. La expropiación que propone implica que el Estado se hace cargo de la totalidad de la operación de la empresa, incluidas sus deudas. En un cuadro en el cual la empresa está en concurso de acreedores, y no tiene condiciones de cumplir con sus pagos comprometidos, la expropiación es una vía para rescatar a los acreedores. Entre ellos se encuentra el propio Estado, que financió ampliamente a los Nardelli tanto bajo el kirchnerismo como bajo el macrismo, pero también bancos internacionales y un sector amplio de la banca privada “nacional”. La deuda total llega a 1.350 millones de dólares.


Además de ello, la expropiación obligaría a pagar los activos de la empresa, de acuerdo a una valuación que, de no haber acuerdo, derivará en un juicio. La expropiación con pago implicará una confiscación a las arcas públicas, como ya lo fue la de Repsol para la cual el gobierno terminó pagando 5.000 millones de dólares a los vaciadores de YPF. Las deudas de los Nardelli irían a engrosar la deuda pública, ya impagable.



Por último, no se trataría de una empresa estatal, sino que al intervenir YPF sería parte del armado empresarial de esta última, que es una sociedad anónima de mayoría estatal, que cotiza en la bolsa de Nueva York y está sometida a las reglamentaciones correspondientes.


El anuncio de la expropiación derivó en un rechazo generalizado de la oposición y de entidades agrarias, pero en la UIA abrió un debate más complejo, porque las quiebras industriales generalizadas plantean que el Estado intervenga en rescate de empresas en esa situación. Un sector de la Unión Industrial Argentina (José Urtubey) respaldó implícitamente la medida, sosteniendo que es un mecanismo de “salvataje previsto en la Constitución”. Efectivamente, la burguesía reclama un rescate masivo por parte del Estado, algo que ya se está llevando adelante mediante la ATP, que vuelca los recursos de la Anses al pago de salarios.


Del otro lado, el gobierno de Santa Fe fue el canal de un intento de mediación con la empresa. La reunión del día de ayer entre Fernández y Nardelli tuvo el objetivo de explorar la llamada “alternativa superadora”. Dicha “alternativa” consistiría en que el Estado ponga recursos masivamente para el rescate, pero bajo un esquema de explotación en donde la empresa quede bajo control de sus actuales accionistas e intervengan otros capitales privados. El gran capital agrario está tras esta variante, como se mostró con el interés de fondos de inversión vinculados a Cargill, en asociación con empresas nacionales. En esta variante entra a estar en carpeta un achique y desguace de la empresa, para viabilizar la recuperación de sus áreas más rentables. Pero fue el fracaso de las negociaciones tendientes a una salida en estas condiciones  lo que llevó al anuncio de la expropiación.


Choque y crisis política


La crisis política que se armó en torno a la cuestión de Vicentin tiende a quebrar al gobierno y a la propia burguesía. Es un debate de alcance general, internacional, en la crisis mundial: el del rol del Estado en la cadena de quiebras que se avecina. Plantea problemas estratégicos para la burguesía. Viabilizar la quiebra de Vicentin sería una señal de peso de cara a la depresión que atraviesa el país, en el sentido de habilitar una cadena de quiebras. El sector de la burguesía que respalda la expropiación mira con ansias los recursos estatales como vía de salvataje.


La intervención en el mercado agrario, aunque muy limitada, es resistida por la Sociedad Rural y el capital financiero que actúa en ese rubro. Después de todo, se trata del sector capitalista menos golpeado por la crisis. Denuncian un “giro chavista” que no tiene sustento para un gobierno que está poniendo todos los cañones en un acuerdo por la deuda externa, con todos los condicionamientos que implica. El gobierno apunta al mercado agrario para hacerse de dólares para el pago de la deuda. Habrá que ver cómo impacta la eventual expropiación en los acuerdos en marcha con los acreedores.



Desde el punto de vista político, un avance del gobierno implica un choque con el gobierno de Perotti y un choque interno para el propio peronismo santafesino. Impacta en el bloque de Consenso Federal, con Lavagna en contra y el bloque de diputados de Córdoba sin definición y bajo presiones opuestas. Podría dar aire a la oposición patronal, en la medida que un sector amplio de la burguesía y la pequeña burguesía toma una iniciativa contra el gobierno. Un sector del radicalismo (Storani) apoya, por el contrario, la expropiación.


¿Cuál es la agenda de los trabajadores en esta crisis?


El choque tiende a desarrollar una polarización de posiciones, pero es una polarización entre sectores capitalistas. Para los trabajadores lo esencial es la defensa de los salarios y las fuentes de trabajo, pero la misma no puede confundirse con el rescate de los Nardelli y la banca internacional asociada a Vicentin. Este rescate a los intereses capitalistas será, a su turno, pagado con sangre, sudor y lágrimas por la clase trabajadora.


Por otro lado, por su método, el avance de la expropiación tiende a consolidar un régimen político bonapartista: una intervención extrema del gobierno de rescate al capital, incluso con choques con la propia burguesía. El apoyo de la burocracia sindical es un espaldarazo a esta política. Bajo el paraguas de esta política de rescate al capital, la CGT firmó la reducción al 75% de los salarios y se prepara para entregar los convenios bajo la consigna del teletrabajo. No se puede aislar a Vicentin de este cuadro general.


Es necesario más que nunca un programa de independencia de clase, para colocar las organizaciones obreras como un puntal de la defensa irrestricta de los salarios y las fuentes de trabajo. El proyecto del Frente de Izquierda apunta en esta dirección: la expropiación de los activos, pero la investigación y el desconocimiento de las deudas fraudulentas de Nardelli, es una medida que apunta a colocar la empresa bajo control de sus trabajadores, sobre la base de la confiscación de sus vaciadores, entre ellos, los propios bancos que han financiado una expansión inviable y fraudulenta. Los recursos del agro deben ser el puntal fundamental para reorganizar el país en función de las necesidades de los trabajadores. Por eso unimos nuestro proyecto de expropiación a la nacionalización del comercio exterior y la banca, afectando especialmente a los grandes monopolios imperialistas que manejan el comercio de cereales en el país.




 

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13/06/2020

Rebelión en EE.UU: el pueblo de Seattle expulsa a la policía y crea una “zona autónoma”

Las fuerzas represivas debieron abandonar el barrio Capitol Hill ante la masividad de las protestas.

Desde hace cuatro días, el barrio Capitol Hill, al este del centro de Seattle, se encuentra declarado como ‘zona autónoma’, es decir libre de represión y presencia policial. Los jóvenes y trabajadores de la ciudad, la más poblada y de mayor peso económico del estado de Washington, están participando con particular intensidad y masividad de la rebelión popular que está teniendo lugar en Estados Unidos como consecuencia del asesinato racista de George Floyd a manos de la policía. Como en todo el país, al repudio a la violencia policial sistemática contra las minorías, se le suman consignas relacionadas con la situación social y sanitaria lo que refleja que la rebelión en curso tiene raíces profundas.


Capitol Hill, un barrio residencial que se caracteriza por una viva presencia artística y cultural, protagonizó intensos choques con la policía ante el intento por parte de la misma de impedir las protestas mediante la utilización masiva de gas lacrimógeno (a pesar de haber sido prohibido en la ciudad), gas pimienta y balas de goma. Los habitantes del barrio vivieron la represión en las puertas de sus propios hogares, lo que los hizo sentirse invadidos en su propio vecindario. La comisaría local se transformó en un punto inevitable de protestas contra la policía y de represión a las mismas. Ante la tenacidad de la resistencia popular, la misma fue abandonada por las fuerzas represivas. Y las barricadas dispuestas fueron levantadas. De esta manera fue declarada la ‘Zona autónoma de Capitol Hill’, verdadero ejemplo del impasse que sufre la tentativa de Trump de derrotar a la rebelión por la vía represiva.


En la zona autónoma se está dando un proceso de organización popular cuyo centro es la comisaría ahora rebautizada como centro comunitario. La salud, la provisión de alimentos a los sin techo y la seguridad son garantizadas por los propios vecinos. Las consignas como “basta de dinero para la policía, que el dinero se destine a la salud” y por el desprocesamiento de los manifestantes se repiten por todo el barrio.


Seattle y el protagonismo de sus trabajadores y vecinos despertaron la ira de Trump que a través de Twitter emplazó al gobernador del estado de Washington, Jay Inslee y a la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, a “recuperar” la ciudad, caso contrario se encargaría él mismo de hacerlo. El gobernador y la alcaldesa, del Partido Demócrata, le respondieron a Trump que retorne a su bunker para que así la sociedad esté más segura. Sin embargo, han sido los responsables de la brutalidad policial inicial y no plantean el levantamiento de los cargos contra quienes participan de las movilizaciones.


En el mismo sentido, la jefa de policía de Seattle, la afrodescendiente Carmen Best, ha expresado que la retirada de la comisaría y de Capitol Hill por parte de la policía no fue algo buscado por ella y se ha encargado de difundir noticias falsas acerca de la realización de crímenes en la zona autónoma con el objetivo de emprender una acción represiva (New York Times, 11/6).


Los jóvenes y trabajadores de Seattle tienen una larga experiencia de lucha, luego de haber protagonizado en la década de 1990 las movilizaciones ‘antiglobalización’ y en 2011 el movimiento Ocuppy contra las consecuencias de la bancarrota capitalista iniciada en 2008. Para que esta nueva rebelión, en este caso de alcance nacional, llegue a sus objetivos, las iniciativas y la intervención popular deben profundizarse y organizarse de manera unitaria detrás de un programa que debe partir del desmantelamiento del aparato represivo y del conjunto de las reivindicaciones democráticas, pero también incluir las demandas sociales ante la crisis económica y sanitaria, como la atención médica gratuita y un seguro de desempleo equivalente a la canasta familiar. Es necesario sortear la política del Partido Demócrata basada en desviar a la rebelión hacia un apoyo electoral contra Trump, mientras se preservan todas las bases reaccionarias del estado yanqui. La puesta en pie de una alternativa política propia de los trabajadores es la tarea de la hora.




 

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12/06/2020

“La conciencia de clase está cambiando mucho”

Entrevista al grupo Speak Out Now, de Estados Unidos.

Entrevistamos para Prensa Obrera a Ann y Chayo, militantes de Speak Out Now/ Revolutionary Workers Group, una organización socialista y revolucionaria de Estados Unidos que desarrolla su labor política en el área de la bahía de San Francisco, en Nueva York y en otras regiones del país.


– ¿Qué apreciación política tienen de esta gigantesca rebelión?


Ann: -Hemos tenido tantísimas veces esta explosión de furia en la comunidad negra, y también en la comunidad latina, pero lo diferente de este momento es que no es solamente la comunidad negra. Es que las protestas están por todos lados, y que en todas las clases sociales hay gente que sale a las calles. Es mucho más profundo que cualquier movimiento que yo haya visto en mi vida.


Claro, pasaron solamente dos semanas, y no sabemos si va a ser un movimiento de protesta que viene y va, pero, con las dos otras crisis, económica y del Covid, que nos están impactando al mismo tiempo, es muy posible que estemos empezando a vivir algo que no se ha vivido en los EEUU desde los años ‘30. Es posible que esto sea algo realmente muy importante.


Ha habido un cambio de conciencia en nuestra sociedad luego del Black Lives Matter. Pero es sólo una de las razones por las cuales se produjo ese cambio. El Black Lives Matter comenzó, digamos, con Trayvon Martin [joven asesinado en 2012]. En ese período, los movimientos eran sobre todo movimientos de la población negra. Y, en nuestro entorno, en la clase obrera, la gente decía que “el racismo es horrible”, pero que las protestas son “muy violentas, muy peligrosas, esa gente se pone loca y rompe las vidrieras”. Pero, tras años y años de ver asesinatos contra la comunidad negra por televisión, la gente abandonó la idea que los que rompen las vidrieras sean efectivamente los verdaderos asesinos y los verdaderos culpables de la violencia en nuestra sociedad.


Y esto señala un cambio de conciencia muy grande. Desde la muerte de Trayvon Martin hasta ahora, los jóvenes han escuchado toda su vida esta narrativa de que la violencia racial es inaceptable, totalmente inaceptable. Es, entonces, una generación muy diferente. Está este trasfondo, la increíble violencia del racismo en nuestro país, pero, además de esto, hemos tenido la crisis económica del 2008.


La conciencia de clase en nuestra sociedad está cambiando mucho en este momento. Hace tres meses, la clase obrera vivía en un desierto político. La gente en la fábrica, la gente en los hospitales, quizás en la clase media es un poquito diferente, pero realmente en la clase obrera no hay ideas políticas. Las únicas ideas que la gente tiene son las que vienen de los medios de comunicación de la prensa burguesa. Estamos viendo un cambio de conciencia social fascinante, y muy interesante.


Chayo: -El impacto político que ha tenido este movimiento se nota, primero que nada, en la efectividad alrededor de las demandas que se han hecho. El arresto del policía que asesinó al hombre; luego, de los otros tres policías; el hecho que se haya hecho velozmente, a diferencia de otros momentos en que se han tomado cinco años y ni siquiera ha habido una condena al final del juicio. Eso es algo dramáticamente diferente y, a la vez, un intento de aplacar a las masas y de decirles “vamos a darles lo que están pidiendo”. Sin embargo, está teniendo un efecto aún más incendiario. Las personas dicen que ahora quieren más: si podemos lograr esto, queremos que esto se resuelva, porque sabemos que va a volver a suceder.


– ¿Qué fuerzas políticas intervienen en este proceso y qué posturas sostienen?


Chayo: -Al principio, el Partido Demócrata estaba, básicamente, observando desde lejos cómo evolucionaba todo esto. Poco a poco, han visto cómo ingresar y motivar su plan, que sería sacar a Trump de la presidencia. Porque, obviamente, él es el culpable de todo esto -y no el sistema capitalista-, y ellos serán los salvadores de todos nosotros -si tan solo concurrimos a votar en noviembre. Y ese ha sido el mensaje: votar, votar, votar. Y, a la vez, mostrar que pueden ser muy progresistas en ciertas ciudades, en ciertos Estados, y hacer reformas “drásticas” en la policía, quitando 1,5 millones de dólares sobre un presupuesto total de 300 millones. El Partido Demócrata, como estructura general, está muy enfocado en ingresarse al movimiento de esta manera para cooptarlo.


Luego, pienso que es muy importante hablar de las personas que se podrían considerar en la izquierda del partido, las personas que estaban en la campaña de Bernie Sanders. Básicamente, mucho de eso se ha disuelto, y están activando en diferentes organizaciones. La más importante sería DSA [Demócratas Socialistas]. Sus metas más visibles son las campañas electorales. Por ejemplo, la de Bernie Sanders, o campañas más pequeñas, locales. Pero, a la vez, con muchísimo activismo. Se encargan de hacer trabajo reformista, con el fin de mostrar que realmente se puede cambiar el sistema capitalista de una manera socialdemócrata y proveer a la gente los servicios que necesitan para vivir una vida más estable.



Pero no se ve de ninguna manera que haya algún partido político o alguien que salga con una plataforma específica alrededor del movimiento.


Ann: -Pero nosotros, a diferencia de ellos, y a pesar de ser un grupo pequeño, estamos tratando de agrupar a gente obrera, gente trabajadora, gente en los transportes. Es una diferencia enorme.


Ahora en Zoom, porque así nos comunicamos. Pero, antes del coronavirus, distribuíamos propaganda en autobuses, en el metro y, con nuestros contactos que trabajan dentro, diseminábamos información socialista. Antes, había muy poca gente que realmente quisiera reunirse. Pero, en estos momentos, podemos organizar nutridas reuniones semanales, hablando sobre lo que podemos hacer para defendernos ante los grandes ataques que estamos previendo, que esperamos a causa de la crisis económica que nos está afectando, y, claro, sobre el estallido de la lucha contra el racismo.


La mayoría de los que manejan los autobuses y los que trabajan en el sistema de transporte son negros. También hay latinos, pakistaníes, un poco de todo. Pero la mayoría es gente negra. En estos momentos, estamos logrando organizar a esta gente, y esa es nuestra política. Tenemos que organizarnos para dar conciencia de clase a la clase trabajadora. El Partido Demócrata va a tratar de canalizar todo el movimiento en estas reformas. Está muy bien que se quite, no sé, cien millones de dólares de la policía y que se lo dé a servicios sociales, no estamos en contra de eso. Pero ellos quieren que todo pare allí, y nosotros queremos que todo empiece allí.


En el periódico New York Times de esta semana escribieron dos mujeres negras bastante famosas en ciertos ámbitos: Michelle Alexander, autora de un libro muy importante que se llama “The New Jim Crow”, sobre el sistema carcelario; y Keeanga-Yamahtta Taylor, que fue trotskysta, de una organización que se disolvió, la más grande de las que se decían trotskystas en nuestro país. Ambas dijeron que las reformas no bastan, que es necesario un cambio del sistema económico de la sociedad, que esta es la base del racismo, y que, sin tocarlo, nunca se podrá eliminar el racismo. Obviamente, no todos los días se ven estas publicaciones en el New York Times.


Van a tratar de proponer más, van a quitar símbolos, por ejemplo, la bandera de la Confederación, que es la bandera del Sur en la guerra civil norteamericana, para que la gente vuelva a sus casas. Pero creo que estamos en un momento con enormes oportunidades. Mucha gente lo aceptará, pero habrá toda una generación de intelectuales, de jóvenes, de trabajadores que van a pensar esto más profundamente.


– ¿Cuál es la situación del movimiento obrero?


Chayo: -A causa del bajo nivel de sindicalización en Estados Unidos, los sindicatos tienen una influencia muy circunscripta y localizada. En las manifestaciones, han organizado sus propios contingentes, pero han sido bastante pequeños. Por ejemplo, el sindicato de las enfermeras, en California, que por muchos años ha sido el más radical o el más involucrado en problemas sociales y políticos, tuvo una participación mínima.



Ann: -Quería añadir que estas organizaciones son totalmente reformistas, a veces súper conservadoras, a veces hasta racistas. No hay nada realmente de izquierda. El sindicato de las enfermeras es progresista, cercano al Partido Demócrata. Un poquito progresista. Pero esto es lo mejor de todo. Fuera de esto, son conservadores.


Pero, a pesar todo, hubo intervenciones de la clase obrera en su propio nombre, independientemente de los sindicatos. Por ejemplo, a veces por el Covid, a veces por el racismo, en Minneapolis, en San Francisco, y en otro lugar, en el este, los choferes de autobús protestaron y se resistieron a transportar policías y detenidos. No quieren participar en esta política de la policía y del Estado. Y esto vale. También, a causa de Covid-19, hay muchos lugares en los que la gente trabaja en condiciones que son terribles, que son realmente peligrosas. Y, en estas circunstancias, las enfermeras, o los trabajadores de las fábricas de ensamblajes, frenaron el trabajo. Aquí, en Oakland, hay un McDonald’s donde también se paró el trabajo. Y esto parece muy pequeño, pero, en nuestro país, significa mucho. Es algo totalmente nuevo. Y que la gente tenga este instinto de rechazar la obligación de trabajar en cualquier condición es, para nosotros, un paso adelante.


– ¿Cuáles son las perspectivas para la izquierda en esta etapa política?


Ann: -Esto es exactamente lo que nosotros mismos nos estamos preguntando en este momento. Estamos lidiando con este problema que, para nosotros, no es fácil, porque somos un grupo pequeño. Aunque existimos en varias ciudades, este es un país de 340 millones de personas, y estamos muy aislados. Al mismo tiempo, lidiamos con este problema allí donde tenemos presencia, cuidando los detalles y no las grandes generalizaciones. Claro, están bien las grandes generalizaciones: “abajo el capitalismo”, “las reformas no bastan”. Pero esto no es suficiente. Al mismo tiempo, hay que protestar por las condiciones particulares y por los problemas particulares.


Por ejemplo, en Oakland, no solamente tenemos violencia policial, no solamente tenemos asesinatos. En las protestas, acaba de morir un joven cerca de aquí, en Vallejo. Lo mataron. Estaba arrodillado, con las manos levantadas, y lo mataron. Hay que protestar por esto. Pero, al mismo tiempo, están proponiendo cerrar 28 escuelas públicas en nuestra ciudad. ¡28! Es inimaginable. Además, van a recortar el presupuesto para el funcionamiento de las que quedan. Es, también, una políticamente totalmente racista. Y hay que criticar esta política racista, y hay que organizarse. No solamente la gente, las familias, los docentes y todos los trabajan en la escuela. Tenemos que trabajar conectando esta lucha con toda la clase obrera que sufre este ataque en Oakland. En estos momentos, nos estamos organizando en reuniones con muchas familias, con quienes trabajan en los establecimientos, hablando de este asunto y preparándonos para rechazar el cierre de las escuelas.


Entonces, estamos lidiando con este problema de cómo formular demandas que puedan resonar con impacto, y cómo darle a la clase obrera la manera, allí donde tenemos presencia y sin caer en generalidades, de luchar juntos y, de ser posible, de ganar. Todo lo cual podría darle aún más confianza y posibilidades.



 

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12/06/2020

Córdoba: autoconvocatoria en la puerta de la UTA en reclamo del salario adeudado

Una autoconvocatoria copó las puertas del sindicato de la UTA. Alrededor de un centenar de trabajadores se hizo presentes reclamando que la conducción del gremio dé cuenta de lo que viene acordando con el gobierno y las empresas, en momentos en que se les está adeudando a los trabajadores el mes de abril, el mes de mayo y un no remunerativo de los dos meses de $4.000 por mes.


Por eso en la jornada de hoy el cuadro de deliberación que recorre la UTA se expresó en una autoconvocatoria en la que llovieron las críticas a una conducción a la que le colgaron banderas con consignas tales como: “den la cara o  váyanse”. La bronca de los trabajadores crece a medida que los empresarios incumplen, y el gremio no desenvuelve a un plan de lucha para garantizar lo adeudado y defender el convenio colectivo de trabajo.


También hubo reclamos para que el gobierno municipal haga cumplir el pliego de licitación. Los trabajadores le recordaron el planteo realizado en su momento por el intendente Martín Llaryora, quien a poco de asumido manifestó que a la empresa que no cumpla con el marco legal se le quitará la licitación. Sin embargo en lugar de hacer respetar el marco regulatorio, Llaryora pasó a ser un vocero de las patronales al reclamar más subsidios y recortó boletos gratuitos a trabajadores esenciales.


La actuación de las patronales y del gobierno municipal dan cuenta de que se preparan para continuar desarrollando a fondo un ataque contra trabajadores del transporte, reduciendo sueldos y jubilaciones. También se desarrolla una agresión al pueblo en general, porque hay una mayor espera de las y los pasajeros como resultado de una amplitud de las frecuencias. Hay líneas troncales que han pasado de 10 minutos a más de 40.


Vale recordar que durante los días de paro, el gobierno se negó a tratar un proyecto presentado por la legisladora Soledad Díaz, para que las patronales les paguen el viático del transporte a los usuarios y otro proyecto de estatización del servicio. El PJ bloqueó la iniciativa, y para peor su orientación de más subsidios termina sacándole al conjunto de contribuyentes más dinero para financiar empresas sobre las cuales no hay ningún tipo de control.


Exigimos el pago inmediato de los salarios adeudados que reclaman los trabajadores y el rechazo a cualquier intento de modificar el convenio laboral para liquidar conquistas como las 7 horas de trabajo.


La división entre usuarios y trabajadores del transporte es enteramente funcional a la política de los gobiernos ajustadores y de las patronales miserables. En oposición esa política el Partido Obrero en el Frente de Izquierda levanta el estratégico planteo de la estatización bajo control de trabajadores y usuarios, para terminar con el costo empresarial, garantizar el salario, jubilaciones, y el derecho al transporte del pueblo trabajador.




 

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La banca de la concejala Cintia Frencia fue la única que en soledad presentó e insistió a viva voz con el procedimiento de expulsión que implica la conformación de una comisión investigadora.
Alzó la voz en el recinto para exigir la expulsión y apeló a la movilización popular hasta que caigan todos los responsables, materiales, ideológicos y políticos del crimen de Agostina.
Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
Los fondos que se retacean en salarios se destinan al lucro capitalista.
12/06/2020

“Nissan no se cierra”: lucha contra los despidos en las automotrices españolas

En marzo, el gobierno español decretó la prohibición de despidos. Sin embargo, al igual que en Argentina, se siguen produciendo por montones. Sucedieron en las aerolíneas y las empresas de turismo; el turno ahora es de las automotrices. La multinacional Nissan anunció, para diciembre de este año, el cierre de todas sus plantas ubicadas en Barcelona. Esta medida afectará a 3.000 trabajadores directos y otros 20.000 subcontratados.


Ante esta situación, los trabajadores se organizaron en asambleas virtuales para deliberar qué medida de fuerza llevar a cabo, votando una huelga indefinida a comienzos de mayo. El jueves 11, una enorme caravana de autos recorrió las principales calles de Barcelona, decantando luego en una movilización a pie. El viernes 12 al mediodía, hubo una protesta en la Zona Franca. En la manifestación se vieron decenas de pancartas con el rostro de Makoto Uchida, presidente de la empresa, junto a la consigna “Nissan no se cierra”. En la lucha convergen los trabajadores directos de Nissan y los de las subcontratistas (como Lear y Gestamp), que hace varios años vienen reclamando por iguales condiciones laborales.


La empresa nipona, que hizo fabulosas ganancias en los últimos años, arguye como uno de los motivos del cierre las caídas en las ventas que produjo el coronavirus. Pero, en realidad, el coronavirus aceleró una decisión que ya estaba tomada. El trípode Nissan-Renault-Mitsubishi acordó en febrero que Nissan se reorientara fuera de la Unión Europea, sobre todo en el continente asiático.


El gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno catalán han asumido una actitud lastimosa, tratando de hacer entrar en razones a la empresa. Las conducciones sindicales de la UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.), en tanto, se han ido adaptando a los ataques de la patronal, firmando por ejemplo en marzo el Expediente de Regulación Temporal del Empleo (Erte) que suspendió a los trabajadores con una rebaja salarial del 15%.


Nissan es sólo el puntal de una avanzada patronal. Ford, Mercedes Benz e Iveco también preparan despidos. Ya son 700 mil los catalanes afectados por Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (Erte).


Los trabajadores de Nissan, con su lucha, marcan un camino en la defensa de los puestos de trabajo.



 

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Informes confirman que cada vez son más los trabajadores con más de un empleo o que pierden el trabajo y migran al “monotributo”.
12/06/2020

CABA: Larreta huye del hospital Durand

En un recorrido por el hospital Durand el jefe de gobierno huyó sin dar respuesta a los trabajadores.

Se viralizó en las últimas horas un video donde el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, huye del Hospital Durand luego de los reclamos realizados por los trabajadores del mismo. En el video se ve cómo un trabajador con guardapolvo blanco le pide explicaciones por la falta de insumos de bioseguridad y EPP pero también por la falta de personal de enfermería. Ante la falta de respuesta el jefe de Gobierno acelera el paso sin responder ninguno de los reclamos y en segundos se escapa del hospital.


El hospital es uno de los más críticos en relación a la ocupación  de camas de terapia intensiva por pacientes con Covid-19. Incluso desde hace semanas colapsó el piso de internación por la alta demanda. A su vez trabajadores del hospital han realizado recursos de amparo pidiendo por EPP de calidad y en cantidad necesaria ante la deficiencia de los mismos.



Otro punto crítico, al igual que en todos los hospitales porteños, es la escasez de recursos humanos. Principalmente enfermería el sector más denigrado por el gobierno de Larreta ya que los somete a una discriminación laboral al negarle el pase. Ala carrera profesional que disminuiría la jornada laboral y mejoraría los salarios. La falta de personal de este sector es moneda corriente en todos los hospitales.




 

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Con lo justo, se impuso Marcelo Culotta, en medio de un club acechado por los privatistas.

Salta: “patadas, golpes de puño, asfixia”, los abusos policiales a la orden del día

Seis casos de gravísimos en Rosario de la Frontera. constatados por el diputado del Partido Obrero, Claudio Del Plá.

En una recorrida por Rosario de la Frontera, nuestro diputado Claudio Del Plá recogió valientes testimonios de gravísimos abusos policiales contra la población con el argumento del control en cuarentena.


Los relatos pintan procedimientos similares al que llevaron al asesinato de George Floyd en Estados Unidos y contra la comunidad qom en el Chaco, solo por señalar los casos que han conmovido fuertemente en los últimos días.


Del Plá destaca que Rosario de la Frontera no es una excepción dentro de Salta, pero que en particular hay una política de amedrentamiento, sembrando el miedo para impedir además las denuncias, por parte de la policía que está amparada por el diputado de ese Departamento, Orozco, que está a punto de ser juzgado por apremios ilegales y torturas.


Reproducimos un video con las denuncias de Claudio Del Plá y el llamado a la organización de las víctimas del abuso policial:




 




 

12/06/2020

Dolores Fonzi: “la unión de las mujeres y la concepción del trabajo colectivo cambian la vida de cualquiera”

El jueves 11 tuvo lugar la segunda entrevista por Instagram Live de Prensa Obrera. Esta vez, las protagonistas fueron las actrices Melania Buero y Dolores Fonzi, de la colectiva Actrices Argentinas, junto con con una gran cantidad de participantes que opinaron e intervinieron en Instagram y Facebook.

En casi una hora de conversación, Melania y Dolores recordaron el nacimiento e inicios de la colectiva de Actrices Argentinas, espacio que ambas comparten hace más de 2 años. Dolores destacó el modo en que la urgencia del tratamiento de la ley del aborto legal en el Congreso fue un puntapié para que actrices de toda índole firmaran primero una carta en apoyo y luego se sumaran a un chat que terminó nucleando a más de 500 compañeras.

Dolores Fonzi recordó que aquella iniciativa de firmar una carta que se envió al Congreso, se expandió a otras organizaciones de mujeres y disidencias de distintos gremios y disciplinas y que se llegaron a firmar 70.000 firmas y que se llevaron, junto con compañeras miembro de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, literalmente, en carretilla al Congreso nacional. “Fue un momento bastante emocionante”, recordó Fonzi. “También expusimos en las intervenciones en el Congreso a favor del aborto. Yo hablé. Fue de las cosas que más nerviosa me pusieron en la vida. Una cosa es actuar y otra tratar de cambiar algo. Fue muy intenso. Recuerdo todo con mucho cariño, cambió mi vida bastante. La unión de las mujeres y la concepción del trabajo colectivo cambian la vida de cualquiera. Juntas, la suma de todas daba mucho más poder del que creíamos. Y todavía sigue sucediendo que tenemos coletazos. No nos damos cuenta, pero nos caen contraofensivas y ese sopesar de entender de cuál es nuestro trabajo, de qué manera queremos cambiar, visibilizar cosas, ponernos al servicio de lo colectivo e intentar hacer un mundo mejor”.

 

 

 

 

Dolores Fonzi comentó que muchas de las actrices de Actrices Argentinas aprendieron de las compañeras militantes el método de funcionamiento de las asambleas y sus formas de organización. “Eso lo aprendimos de vos, Mela y de tus compañeras que militan, quedo clarísimo.”

Melania subrayó la importancia de la organización colectiva y las asambleas y conversaron sobre el gran trabajo –“el laburon”- que es la demanda y la actividad que tiene el espacio. Ambas destacaron que lo interesante es el modo en que aprenden y enriquece el debate colectivo y que constituir la organización les permite abordar más, delegar entre todas y descansar en la confianza en las compañeras. “Va más allá de nosotras, el trabajo colectivo, supera cualquier cosa individual.”

En un ping pong constante con el público conectado, con participantes de Argentina y Uruguay, la conversación atravesó el problema de los femicidios en cuarentena y cómo el confinamiento agudiza las demandas que llegan a Actrices Argentinas. También se habló de la necesidad de una separación inmediata de la iglesia y el Estado, el rol de los sectores antiderechos y la forma en la que operan de forma violenta en las redes sociales.

Entre las preguntas e inquietudes de los participantes se planteó el problema del racismo en el mundo y su vinculación con la persecución a la comunidad Qom en Argentina y el tema del control social y el ciberpatrullaje, que Melania Bruero explicó y denunció.

Melania y Dolores también intercambiaron sobre la maternidad en la cuarentena y las complejidades de trabajar y educar en un contexto de confinamiento.

En un momento, Dolores entrevistó a Melania y le preguntó sobre sobre la situación del centro cultural que ella dirige hace más de 12 años en Temperley, Cultura del sur, que se volvió una referencia de la lucha de los espacios y trabajadores de la cultura en zona sur y que refleja las demandas tan sentidas por el sector. Melania hizo mención al proyecto de ley de emergencia impulsado por Romina Del Plá en el Congreso de la nación y que se presentaba el día siguiente. El proyecto, propone un impuesto extraordinario a las plataformas digitales con el que crearse un fondo para los artistas y trabajadores de la cultura perjudicados durante la cuarentena. Fonzi explicó de que se trata su nuevo proyecto laboral “Amor de cuarentena”, que, a propósito del Aislamiento Obligatorio, ficcionaliza personajes que el público conoce vía audios de whatsapp.

https://prensaobrera.com/cultura/laura-azcurra-es-momento-para-activar-no-nos-podemos-quedar-sentades/

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https://prensaobrera.com/cultura/barone-y-gonzalez-con-la-lucha-politica-con-el-arte-sostenemos-este-momento-de-derrumbe-general/

https://prensaobrera.com/cultura/me-gano-al-partido-la-cuestion-de-organizarme-para-luchar-como-artista-como-trabajador-de-la-cultura

 

 

 

 

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Actividades Escénicas con Temáticas de Género. Del 13 al 17 de mayo, en Temperley.
El caso se dió a conocer a horas de que se aparte a Pablo Esquivel, director de seguridad capital por violencia de género.
Agredió a su esposa en medio de un evento público, y debió ser asistida en la posta sanitaria del lugar.
Se presenta el miércoles 13 de mayo a las 19.00, en la sala Paraje Artesón, CABA, con entrada gratuita.
Una obra que documenta la vitalidad de la escena regional y la lucha de los trabajadores de la cultura.

Santa Fe: gran jornada piquetera en Rosario, Villa Constitución y Fray Luis Beltrán

La jornada nacional de lucha del jueves 11, organizada por el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero, tuvo una importante expresión en la provincia de Santa Fe. En Rosario, Villa Constitución y Fray Luis Beltrán, salimos a las calles bajo la consigna “con hambre no hay cuarentena”, siendo una de las de las 21 provincias de nuestro país que contó con cortes, movilizaciones y concentraciones.


En las convocatorias, señalamos que hoy salimos a las calles porque en dos meses se sucedieron 100 mil despidos y más de cuatro de millones personas han sido excluidas del Ingreso Familiar de Emergencia -y, para quienes lo reciben, representan 125$ por día para familias enteras desde que arrancó la cuarentena. Levantamos los reclamos de un seguro al parado de 30 mil y de reapertura de los programas sociales, señalando en este marco que la mayoría de las compañeras y compañeros que están en la primera línea parando la olla en el barrio trabajan sin ser beneficiarias de programas sociales. Denunciamos que las compañeras que cobran salario social complementario para atender a meredenderos y comedores, llamadas heroínas por el gobierno, son trabajadoras precarizadas que están arriesgando su vida por $8.500, por lo que exigimos la inmediata duplicación de este monto, al igual que el de las AUH (congeladas hace meses). Finalmente, manifestamos que no han llegado kits de higiene a los barrios para poder higienizarnos en el medio de la pandemia. Dejemos en claro que el gobierno empuja a los trabajadores a la miseria, mientras se paga la deuda externa y se destinan subsidios millonarios a las grandes empresas.


En Rosario, organizamos junto a nuestro frente piquetero (Cuba-MTR, 17 de noviembre, MTR Histórico) y el MST-Teresa Vive una movilización unitaria que partió desde la sede de Gobernación para concentrarnos en el área de Desarrollo Social de Nación. A la jornada se sumaron también los compañeros de Barrios de Pie.


La nutrida columna marchó por el centro rosarino, con distanciamiento social y tapabocas, denunciando el hambre y la pobreza. Un termómetro de ello son nuestros merenderos y comedores, que desde que arrancó la cuarentena duplican sus raciones; ello cuando, como denunciamos en el acto realizado en puertas de Desarrollo Social, asistimos al recorte de los alimentos para los mismos por parte del intendente del Frente Progresista Pablo Javkin, del gobernador Omar Perotti y de Alberto Fernández. En relación con el municipio, denunciamos que por el convenio con el Banco de Alimentos, para cumplir las actividades esenciales de merenderos y comedores, se nos entregan alimentos a puntos de vencer y nada de productos elementales como leche y alimentos frescos, que son la columna vertebral de nuestras comidas.






En Villa Constitución, 50 compañerxs del Polo Obrero nos concentramos en la plaza principal de la ciudad para realizar una olla popular en las puertas del municipio. A pesar de estar cumpliendo el distanciamiento social y contar con tapabocas, un inaudito despliegue policial impidió que lleguemos a las puertas del municipio (ya en una jornada anterior por estos reclamos, la fuerza se había llevado detenidos e imputado a nuestrxs compañerxs). Sin poder avanzar, hicimos un aplausazo y con cánticos denunciamos al Estado policial que se ha montado en la ciudad.




En Fray Luis Beltrán, las compañeras organizadas en las asambleas del Polo Öbrero se hicieron presentes en las puertas de la municipalidad, plasmando con carteles los reclamos sentidos de falta de agua potable en el barrio ,y de que reabran la salita sanitaria -ya que hoy se encuentran sin atención médica.






Con esta jornada, el Polo Obrero de Santa Fe puso blanco sobre negro la miseria y la precariedad de la vida que viven miles de familias de trabajadoras en la provincia. Nos preparamos y hemos hecho la invitación a las organizaciones piqueteras de participar a la gran jornada convocada para el 16 de junio por el Plenario del Sindicalismo Combativo, profundizando el camino de lucha de los trabajadores, para que quienes paguen la crisis sean los capitalistas y no nosotros.

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Siete maestras fallecieron un 27 de mayo de 2013. El siniestro puso de manifiesto las precarias condiciones laborales del sector.
Trabajadores de los efectores de salud municipales y provinciales de Rosario se manifestaron el miércoles 20 de mayo, por la defensa del sistema sanitario y sus derechos.
Una infame causa judicial contra la organización que enfrenta el hambre en los barrios y el ajuste.
12/06/2020

Cae la nieta de Pinochet del Ministerio de la Mujer de Chile

Asume en su reemplazo Mónica Zalaquett, otra derechista de la UDI.

Este martes 9 de junio, el presidente chileno Sebastián Piñera nombró en un recambio repentino a Mónica Zalaquett como Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, tras la dimisión forzada de Macarena Santelices, nieta de Pinochet, sólo 34 días después de asumir el cargo. Piñera se vio obligado a soltarle la mano a la funcionaria ante la implacable denuncia del movimiento de mujeres, que la enfrentó desde el primer día de su corta gestión.


Sin embargo, ante este relevo, no puede dejar de advertirse un claro hilo de continuidad: tanto su predecesora en el cargo, Isabel Plá, como ahora también Zalaquett pertenecen a la derechista y clerical Unión Democrática Independiente, integrante de la coalición de gobierno. Plá, recordemos, se había negado a condenar los casos de abusos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes detenidas, en el curso de la rebelión que estalló en octubre pasado.


Un mandato efímero


El nombramiento de Santelices suscitó un rechazo generalizado desde el comienzo: ni bien asumió el cargo se recordaron sus declaraciones pro-dictadura. Principalmente, por decir en 2016 que “no se puede desconocer que el régimen militar tuvo cosas buenas”. A las críticas se sumaron en aquel entonces, por ejemplo, las integrantes del colectivo Las Tésis, autoras del cántico “el violador eres tú”.


Tan sólo una semana después de asumir, la ministra declaró en una entrevista con CNN Chile que hay sectores del movimiento de mujeres que “buscan el caos, la destrucción y la descalificación”. Lógicamente, estas declaraciones echaron de manera temprana más leña a un fuego que ya era vívido. Además, agregó que “luchar por los derechos de la mujer no significa tener un color político”. Lo que molesta a Santelices es que el grito de lucha de las mujeres del país trasandino apunta fundamentalmente al Estado; a sus fuerzas represivas, sus instituciones, y sus partidos.


Luego de su primera y agitada semana, la ministra volvió a verse envuelta en el escándalo. Una propaganda lanzada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, donde un anciano le confiesa a su nieta (a quien llama “princesa”) haber ejercido violencia contra su esposa, fue enormemente criticada, porque la realización audiovisual envolvía al mismo en un aura de inocencia que buscaba victimizar al victimario. Tal fue así que la propia Santelices salió a desligarse públicamente y dio la orden de bajar la propaganda. Empezaba entonces a caminar lentamente por la cuerda floja.


Así fue que, por último, el lunes tuvo su paso en falso definitorio, ante un movimiento de mujeres en pie de guerra que no estuvo nunca dispuesto a negociar con lo que representa su figura ni su trayectoria. Ese mismo día, trascendió públicamente que la ministra nombró a Jorge Ruz como jefe de la División de Estudios del ministerio. Ruz es conocido por ser productor del festival Viña del Mar, y fue el encargado de organizar la elección del ‘reinado’ del mismo. Es decir, elegir a la ‘reina’ del evento, claro que según criterios de belleza hegemónica y de “tapa de revista”, para lanzarse en bikini a una pileta ante las miradas del público. Un acto de cosificación sexual a todas luces. Sólo un día después de esto, se produce el recambio.


Otra cara de una misma moneda


Zalaquett pertenece a la misma calaña reaccionaria que Santelices. Nuevamente, otra ministra de la mujer de Chile asume de entrada en medio de un rechazo masivo por lo que su figura y su trayectoria representan. Es contraria al derecho al aborto (en Chile se encuentra penalizado y recién en 2017, tras una larga lucha, se logró la aprobación de una ley que lo despenaliza en tres causales -violación, inviabilidad fetal y peligro de la vida de la madre) e impulsó un cambio constitucional para añadir que “todo menor tendrá como padres a un hombre y una mujer”, un ataque directo al movimiento LGTBI. Y calificó de “valiente” a una menor embarazada, fruto de una violación, por continuar el embarazo, en momentos en que el aborto estaba prohibido bajo cualquier causal en el país.


Esta sucesión de tres ministras en tres meses deja algunas enseñanzas. Fundamentalmente, que no hay salidas a todas estas formas de opresión bajo los límites del actual poder político. La tarea fundamental del movimiento de mujeres chileno es, entonces, organizarse de manera independiente por todas sus reivindicaciones, como parte de la lucha por echar al gobierno represor y hambreador de Piñera.

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12/06/2020

La “Argentina armónica” del Movimiento Evita y Grobocopatel

Un planteo agroindustrial firmado por el Rey de la Soja y el “Chino” Navarro.

Un curioso documento fue elaborado por el presidente del pulpo agropecuario Los Grobo, el dirigente del Movimiento Evita y un emisario del Papa.


Gustavo Grobocopatel, Fernando “Chino” Navarro y Enrique Palmeyro (director de Scholas Ocurrentes) firmaron un texto común en el marco de los encuentros promocionados por el programa nacional “Argentina armónica”, a cargo de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias que preside Navarro. El objetivo de ese programa es avanzar en una suerte de superación de “la grieta”, para lo cual reúne en conferencias a grandes empresarios, rectores de universidades, funcionarios y hasta burócratas sindicales.


El documento en cuestión pretende “armonizar”, como es evidente por sus firmantes, a los pooles de siembra y los pulpos de los agronegocios con la llamada agricultura familiar, en un desarrollo de la agroindustria basada en los progresos técnicos de la denominada economía del conocimiento. De esta manera, afirman, podría incrementar en 30.000 millones de dólares las exportaciones agropecuarias y agroindustriales y generar miles de nuevos puestos de trabajo, e incluso hasta duplicar el PBI argentino en una década. En momentos en que todo se desploma, tamaño optimismo llama la atención.


Resumiendo, el texto señala que ninguna de las formas de organización social pudo hasta ahora “compatibilizar adecuadamente el progreso individual con el colectivo”, y concluye señalando que “nos planteamos juntos si la economía popular y su permanente evolución puede ser un factor decisivo para la transformación que anhelamos”. Entre las escasas definiciones sostiene que se debe “recrear un modo de financiación del sector productivo”, porque “sea cual sea la evaluación del capitalismo hay que incentivar la competencia, una mayor participación de los usuarios y, por supuesto, un Estado inteligente para poner límites a los monopolios” (Clarín, 7/6).


Con la intervención estatal sobre Vicentin el asunto suma mayor atracción, porque se puso a este “sector estratégico” de la economía en el centro del debate. La alusión sirve, además, porque detrás de la inexplicable quiebra de una de las mayores exportadoras de oleaginosas del país como Vicentin, le sigue de cerca la crisis de Los Grobo. El grupo hace cuatro años que arroja balances negativos por el peso de su deuda dolarizada, y debió afrontar entre fines 2019 y principios del 2020 una pérdida de 300 millones de pesos. La caída de los precios internacionales pone al “Rey de la Soja” en la cuerda floja, antes que en posición de capitanear una disputa por una mejor inserción en el mercado mundial.


El cuadro del sector es más grave si se considera el cierre del mercado estadounidense de biocombustibles por las restricciones fijadas por Trump y la contracción de la demanda europea por la cuarentena, lo que derivará en una caída de un cuarto de la producción nacional (Comercio y Justicia, 8/6). Agreguemos de paso que otro gigante como Molinos Cañuelas tiene una deuda en dólares mayor que la llevó a la quiebra de Vicentin.


En este escenario, el nivel de inversiones en todo el sector está por el suelo y lo que prima es la retención de las cosechas a la espera de una fuerte devaluación del peso. Lo dicho muestra que la ilusión en que el gran capital nacional motorice un desarrollo agroindustrial que beneficie a la agricultura familiar y al país en general es una “utopía reaccionaria”, porque esconde que los empresarios criollos se benefician como socios menores de un régimen de saqueo del país por el imperialismo -en crisis con la guerra comercial y la depresión mundial-, y porque coloca a los pequeños productores como furgón de cola de los reclamos de la gran patronal agraria –como un tipo de cambio “más competitivo”.


Lo demuestra, sin ir más lejos, que el propio Gustavo Grobocopatel defendió el año pasado el principio de acuerdo Mercosur–Unión Europea sosteniendo que “hay que permitir que algunos sectores desaparezcan”, sumándose al lobby de la reforma laboral, en aras de “mejorar la competitividad”. De eso hablan los Grobo cuando reclaman “incentivos a la competencia”, lo que para los trabajadores del campo y la ciudad solo puede ser más desocupación y flexibilidad laboral.



El proyecto de un desarrollo “armónico” del país finge desconocer que la sociedad argentina (como a nivel mundial) está divida en clases sociales con intereses antagónicos. El carácter conservador de este planteo se desprende del hecho de que pretende encubrir que la mentada burguesía nacional fracasó en abrir paso a un desarrollo autónomo del país. Los empresarios del sector agropecuario, en particular, son el mayor ejemplo de la posición subordinada de la economía nacional frente al capital imperialista, que caracteriza toda la infraestructura productiva desde que Argentina es Argentina.


El hecho de que la intervención sobre Vicentin por el gobierno de Alberto Fernández dé paso a una sociedad entre el Estado argentino y el gigante suizo Glencore, en una reversión agraria del pacto YPF–Chevron, evidencia que no se trata de una cuestión de “presencia” estatal. El reciente intento del Ministerio de Agricultura Familiar de Misiones de poner a todos los productores a depender de la provisión de semillas de la multinacional Syngenta -y por ende de todo su paquete de insumos agrícolas-, es otra muestra de que no es el Estado el que “pone límites a los monopolios” si no al revés. La movilización de las familias productoras, que hizo retroceder al gobierno provincial, es una muestra de que la lucha contra la superexplotación de los productores rurales es una pelea contra el Estado, que sostiene el dominio de los Deryfus y Cargill.


Bajo el rótulo de agricultura familiar, por otra parte, se encuadra un espectro muy heterogéneo de productores, la mayoría en los grandes cordones frutihortícolas. Un sector, propietario de las tierras que explota y de mayor capitalización, contrasta con un amplio número de familias arrendatarias que trabaja de sol a sol sin convenio colectivo ni tener garantizados sus ingresos, víctimas de los pulpos que controlan la logística y la comercialización de la producción. El planteo pequeñoburgués de elevar la agricultura familiar al rango de modelo agrícola “alternativo” es utilizado no para una pelea contra los pooles de siembra y las exportadoras en pos de mejorar la posición de las familias trabajadoras, sino para justificar la integración al Estado y la asociación con los Grobocopatel -que son quienes hacen jugosos negocios en base a la venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes y agroinsumos a… los pequeños productores. Este derrotero es un testimonio de los límites de clase de quienes reivindican como “economía popular” la precarización laboral y la informalidad a la que son condenados millones de trabajadores.


El acuerdo que está tejiendo el gobierno de Alberto Fernández con los bonistas y el FMI para el rescate de la deuda externa no mejorará sustancialmente las posibilidades de acceso las empresas argentinas al crédito internacional, pero menos aún permitirá “recrear la financiación del sector productivo” porque agudiza la dependencia del país a los dictados de capital financiero. La impotencia del gobierno en evitar la corrida al dólar y la fuga de capitales lo ejemplifican. En definitiva, los únicos roces que el gobierno tiene con la patria sojera son en función de la captación de una parte de las divisas para garantizar el repago de la deuda, no para la reinversión en un desarrollo productivo que mejore la posición de Argentina en el mercado mundial.


La única salida ventajosa para el país solo puede partir de la nacionalización del comercio exterior y la apertura de los libros de toda la cadena de producción y comercialización agropecuaria para terminar con la especulación de precios que afecta a los pequeños productores y encarece el costo de vida de las familias trabajadoras. Un comercio exterior nacionalizado y bajo control obrero permitiría invertir la riqueza del país en un desarrollo de la infraestructura productiva que abarate los costos, y en un desarrollo de la agroindustria que no sea a costa de los pequeños productores. Un plan de créditos a bajo costo para invertir en mejorar la producción de las pequeñas explotaciones exige la nacionalización y centralización de la banca, bajo control obrero. La ejecución de un plan integral de desarrollo agroindustrial requiere, además, de la expropiación de la gran propiedad terrateniente y de las tierras ociosas, para ponerlas a disposición de un plan económico debatido y dirigido por los trabajadores.


Para “compatibilizar el progreso individual con el colectivo” hay que quebrar el dominio del capital y su Estado. La “armonía” de la conciliación de clases, como muestra ahora el Movimiento Evita, termina en la subordinación a la clase explotadora.



 

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12/06/2020

Córdoba: empleadas domésticas vuelven al trabajo, con mayores ataques del gobierno

Reclaman protocolo de bioseguridad y condiciones salariales.

Luego de 80 días de cuarentena, los reclamos del amplio sector de empleadas domésticas continúan sin satisfacción en Córdoba y en todo el país. Durante este período han denunciado de manera permanente todo tipo de atropellos patronales, que van desde la modificación unilateral de la categoría laboral para obligarlas a retomar tareas laborales durante la cuarentena, hasta humillaciones, recortes salariales y despidos. La gran mayoría no tuvo acceso al Ingreso Familiar de Emergencia, y las que lo percibieron lo hicieron como parte del salario que debían abonar los empleadores. El sindicato mantuvo las puertas cerradas y toda respuesta fue la derivación al abogado de la entidad gremial para llevar las denuncias de forma aislada al Ministerio de Trabajo; el mismo que junto al gobierno provincial avaló el congelamiento indefinido de la paritaria salarial 2020.

 

Pero no conforme, el gobierno de Juan Schiaretti, con el silencio cómplice de la burocracia sindical, pretende ir más lejos en la vulneración de derechos, legitimando un régimen de servidumbre por fuera de la reglamentación laboral y gremial. Recientemente el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) definió un “protocolo” que deberán respetar las trabajadoras domésticas de casas particulares a partir de la vuelta al trabajo, establecida a partir de este jueves 11 de junio en las “zonas blancas” de toda la provincia de Córdoba.

 

 

Tras la pantalla de una serie de “sugerencias” y “recomendaciones” para evitar posibles contagios, el protocolo constituye un compilado de obligaciones y deberes que solo alcanzan a las trabajadoras, sin imponer ninguna carga al empleador. Se reglamenta exhaustivamente los deberes de seguridad que deberán respetar ante cada actividad por realizar, como ir de compras, las tareas de cocina, el lavado, el planchado, entre otras. Por ejemplo, establece que antes de salir de su domicilio, el personal debe tomarse la temperatura y, si tiene más de 37,5°C, no debe concurrir a trabajar, pero no establece la obligatoriedad del pago de salario correspondiente. Es un aspecto central, porque durante la cuarentena los descuentos salariales han sido el denominador común.

 

Por otro lado, se establecen directivas para el traslado del personal desde su vivienda hasta el domicilio de trabajo, entre los que sugiere el no uso del transporte público de pasajeros y “coordinar” con el empleador medios alternativos. En la provincia hace dos meses que el transporte interurbano está de paro, y un mes en el caso del urbano de la ciudad de Córdoba, porque los trabajadores no cobran salarios. Durante todo este tiempo los usuarios-trabajadores han costeado de su bolsillo el gasto de los traslados; nunca existió obligación patronal al respecto. No es descabellado presumir que no hay posibilidad alguna de “coordinación” en disparidad de condiciones, y que se está legitimando esa situación usando la pandemia como excusa.

 

Entre las nuevas cargas que deberán asumir las trabajadoras se establece la de contar con un kit de higiene personal y el uso permanente de barbijo, y se imponen varios cambios de ropa e indumentaria para el traslado y durante las tareas laborales del día, que incluyen salidas a hacer las compras. No solo la responsabilidad de todo esto recae sobre la parte trabajadora, sino también los gastos que implica.

 

Cabe destacar que recién en mayo las trabajadoras domesticas debían percibir el segundo tramo del aumento salarial dispuesto por el gobierno nacional durante la emergencia sanitaria, completando el 10% de aumento contra una inflación que ya supera 11% en lo que va del año. De esta manera, las trabajadoras que integran a la quinta categoría (la más numerosa del ramo, que realizan tareas generales, limpieza, mantenimiento, lavado, planchado, cocina, etc) cobran por hora $ 144,50 y un salario mensual de $ 17.758,50, muy por debajo de la canasta familiar.

 

 

Ante esta situación, un agrupamiento de empleadas domésticas autoconvocadas salió al cruce de este documento oficial antiobrero  que pretenden instituir como protocolo de bioseguridad. Han organizado una juntada de firmas para rechazarlo y reclamar la creación de un verdadero protocolo de bioseguridad a cargo de las trabajadoras, para que se les provea de la ropa, el calzado e indumentaria de trabajo, kits de protección  personal y que se abonen los gastos de traslados. Ante la grave situación económica y de vulnerabilidad que atraviesan, en su mayoría jefas de hogar, reclaman la apertura de las paritarias 2020 y una adecuada recomposición salarial de acuerdo a la inflación y al elevado costo de la canasta familiar. Con todos estos reclamos preparan presentaciones ante la entidad gremial Sinpecaf, el COE, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno provincial.

 

Desde la banca del Partido Obrero-Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto de ley en la legislatura para la protección integral de las trabajadoras domésticas durante la pandemia. Exigimos su tratamiento y aprobación inmediata, y apoyamos el proceso de lucha hasta conquistar cada uno de sus reclamos. El 16 de mayo, sus reclamos serán parte del pliego de reivindicaciones que levantará el Plenario del Sindicalismo Combativo en la provincia.

 

 

 

 

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12/06/2020

Córdoba: 61 días de paro del transporte interurbano

La estatización, sin pago, bajo control de trabajadores y usuarios, es la salida.

Ya van 61 días de paro en el transporte interurbano de pasajeros de Córdoba. También está parado el servicio urbano en grandes ciudades del interior cordobés, a excepción de Rio Cuarto, en donde hay un servicio limitado. Los choferes han hecho movilizaciones y realizarían otra manifestación en la capital provincial para la semana que viene. La crisis en el sistema del transporte es un episodio de la Córdoba caliente.


Desde la conducción del gremio se pide por la intervención de un gobierno provincial que se viene negando a innovar en su política de defensa de un sistema de transporte sostenido desde los fondos estatales para las patronales. Los intendentes del PJ, como Llaryora, han sido voceros de peticionar más subsidios, es decir que desde los contribuyentes se aporte más dinero para sostener a las empresas parasitarias.


En todos estos meses, la apertura de las cuentas de las empresas viene siendo dejada de lado por el oficialismo provincial que siguió otorgando subsidios sin oponer el más mínimo control. En este marco, Soledad Díaz, legisladora por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentó un proyecto de estatización del servicio, como salida en defensa de los derechos de las y los trabajadores del transporte y del conjunto del pueblo. El PJ se niega a tratar la salida en defensa de los trabajadores, que le ponga fin al “costo empresario”, y la UCR y el macrismo le hacen seguidismo.


En este punto, vale recordar las definiciones del ministro de Trabajo provincial, Omar Sereno, para quien el “servicio público en manos de privados, que como corresponde a todo servicio público en manos de privado es un servicio de mafias asociadas en el negocio con la mafia del Estado”. Es ese esquema el que no puede seguir toda vez que su continuidad es un atentando contra el conjunto de trabajadores del transporte y la población.


De momento los subsidios estatales no se incrementan y los empresarios están aprovechando ese panorama para desarrollar un ataque al convenio colectivo, salarios y jubilaciones de los trabajadores: una línea de acción que se impulsa desde el mismo Estado. Por eso no sorprende el incumplimiento patronal de un acuerdo del pago del 100% de marzo y del 75% del salario de abril y mayo. Los empresarios quieren más. Quieren la reforma laboral en el transporte. Las patronales quieren recomponer sus beneficios explotado más al conjunto de trabajadores.


La intervención obrera y popular es la clave para darle a esta crisis una salida desde el campo de trabajadores. En ese sentido, la estatización bajo control de trabajadores y usuarios es la única salida.




 



 

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12/06/2020

Quilmes: contagios y preocupación en la Refinería Sudamericana

Los trabajadores denuncian la desidia de la patronal que los expone al contagio del Covid-19.

Con seis casos de coronavirus confirmados al interior de la fábrica, los trabajadores de la refinería Sudamericana, ubicada en Camino General Belgrano en la localidad bonaerense de Quilmes, manifiestan su preocupación y temor ante la desidia de la patronal, y reclaman medidas de prevención.


Se trata de un nuevo caso de multiplicación del Covid-19 en los puestos laborales, producto de que las patronales no dan ningún tipo de insumo a los trabajadores para que no se contagien de la pandemia que nos acecha.


Las personas infectadas serían trabajadores del área de laboratorio, aunque ahora se detectaron casos sospechosos del sector de Refinería que están en estudio. “A los seis infectados los aislaron, pero a nosotros no nos dicen nada. La administradora nos dice que es una gripe normal, que no pasa nada ¿como no nos vamos a preocupar?, tenemos familia (…) nos dicen eso para que nos callemos la boca y no digamos nada” dijo a El Termómetro WEB un trabajador de la fábrica (9/6). Asimismo, denunció que recién después de dos meses y medio de cuarentena nacional les brindaron barbijos -un insumo básico para la prevención del virus, cuando no se puede recurrir al aislamiento.


Al interior de la fábrica hay un contacto estrecho entre los trabajadores de los distintos sectores, ya que al entrar y salir todos deben hacerlo mediante el mismo portón. “En una misma fila tenías empleados con tapabocas y sin (…) varios de los que son sospechosos no usaban barbijos y nos los cruzábamos todos los días”, señaló también el trabajador citado.


En el marco de un aumento exponencial de casos en el país, con mas de 1.000 por día, crece la preocupación de los trabajadores a contagiarse y llevar el virus a sus casas, pero la patronal y el gobierno municipal hacen oídos sordos. La única medida que se ha tomado es poner en cuarentena a oficinistas, gerentes y jefes con rotación. No se brindaron protocolos de seguridad para prevenir a los operarios que aún continúan trabajando, ni elementos de higiene o desinfección. La patronal anunció que el domingo pasado desinfectarían, pero quienes cumplían ese turno no vieron que sucediera realmente.


Por otro lado, hace pocos días el personal del Ministerio de Salud se hizo presente en la refinería. Pero lejos de brindar tranquilidad y escuchar las demandas de salubridad de los trabajadores, los funcionarios tuvieron una reunión con la patronal, sin siquiera cruzar palabra con los empleados. A esto se le suma que ni el gobierno municipal de Mayra Mendoza ni Nación brindan hisopados para el resto de la fábrica, desoyendo el pedido de los obreros.


La salida es organizándonos


El distrito de Quilmes es, al día de la fecha, el segundo más afectado del Gran Buenos Aires después de La Matanza, con casos muy graves como Villa Itatí y Villa Azul. Las fábricas y lugares de trabajo son de los principales focos de contagio: es así que hoy tenemos más de 20 casos en el Coto del distrito -clausurado gracias a la lucha y denuncias del personal-  y 14 en la fábrica de vidrio Cattorini, donde las medidas de prevención son insuficientes, exponiendo a los empleados y sus familias, en pos de que las patronales no pierdan un solo peso.


Estos no representan casos aislados. El aumento exponencial de contagios en los lugares de trabajo en toda la provincia es consecuencia directa de la política de Alberto Fernández y Axel Kicillof de reabrir la economía en diversos rubros para responder a las demandas de los empresarios de no paralizar la producción. Una política en favor de las patronales que se completa con los subsidios de pago de salarios otorgados a través de la Anses, y con el acuerdo de suspensiones con rebaja salarial que firmó la CGT.


Se hace fundamental el resguardo del personal de la Refinería Sudamericana, mediante hisopados a todos los trabajadores y licencias, garantizando el pago íntegro de salario por parte de la empresa. Es necesaria una acción del gremio bajo estas reivindicaciones, como así también abrir una deliberación general entre los trabajadores para avanzar en cada reclamo planteado.




 

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12/06/2020

Francia: la rebelión popular se fortalece; el gobierno se descompone

La rebelión popular contra la crisis capitalista y el gobierno de Macron se extiende, mientras el gobierno entró en una fase de desarticulación. Día a día se producen nuevos episodios y las semanas y meses próximos del verano serán muy agitados. Macron va a tomar “solemnemente” la palabra el domingo 14 para anunciar el levantamiento cuasitotal del confinamiento y el programa de recuperación de la actividad económica, la explotación capitalista, y lo hará nuevamente en la primera quincena de julio para explicitar, si puede, su nuevo programa político. El verano será caliente. Es muy posible que Francia esté nuevamente en el ojo de la tormenta de la crisis capitalista en Europa y en el mundo en los próximos meses.


Juventud divino tesoro… que odia a la policía


Como ya indicamos en una nota anterior, la masiva y combativa movilización de la juventud y los barrios contra el racismo del martes 2 de junio marcó un viraje político. El pánico ganó al gobierno y la consigna fue “no hay que perder la juventud”. El resultado ha sido desastroso.


A diferencia de otros gobiernos burgueses de Europa, Macron permaneció en silencio ante el asesinato de Floyd y las bestialidades de Trump, convencido de su omnipotencia de monarca de la Va República y para no empeorar sus relaciones con Washington. Tuvo que moverse luego de la manifestación y ordenó a su ministro del Interior, Castaner, que hiciera gala del humanismo del gobierno. Unas simples palabras y alguna medida menor iban a calmar los malos vientos.


Castaner convocó a una conferencia de prensa el lunes y enunció que Francia no es Estados Unidos, que la policía no era racista pero que de todos modos iba a sancionar las sospechas de actitudes y palabras racistas y que iba a prohibir la detención de personas con la “técnica del estrangulamiento”. No convenció a nadie, por supuesto, de sus buenas intenciones pero la policía reaccionó con una dureza a la altura de la hipocresía del Ministro.


Se sucedieron las manifestaciones policiales, con las esposas arrojadas a las calles, y las entrevistas sin ningún acuerdo, en las cuales los llamados sindicatos de policías pronunciaron su “desconfianza” hacia el Ministro.


El enfrentamiento no tiene antecedentes en las últimas décadas y hay que retroceder a Mitterrand y Badinter en los años 80 para encontrar un antecedente similar.


El gobierno utilizó a la policía como tropa de asalto durante las manifestaciones de los chalecos amarillos y contra la reforma de las jubilaciones. Todos los días, esta policía práctica el racismo en los barrios populares contra los jóvenes negros y magrebinos. Los golpes, los insultos e incluso las muertes se han vuelto cotidianas en Francia. Pero el Ministro dice que la policía no es racista y los “sindicatos” no aceptan ninguna observación, ninguna demagogia de buenas intenciones ante las manifestaciones y las críticas. Estos sindicatos llaman a que la policía se comporte como milicia, si es necesario. Este conflicto político significa un enorme deterioro del gobierno y de Macron.


Esta misma semana hubo nuevos atropellos policiales, como la detención y la golpiza de cuatro jóvenes de 15 años en un pueblo de los suburbios parisinos, por simple portación de cara y de piel. En los barrios, los padres tienen miedo a dejar salir de las casas a los jóvenes adolescentes y la policía les da la razón.


La movilización antirracista


El gobierno no va a saldar esta crisis con dos o tres concesiones menores. La represión y la policía que ataca violentamente a los jóvenes, los inmigrantes y las movilizaciones son un elemento constitutivo de la política del gobierno y de las exigencias de la burguesía. Francia tiende a vivir en un estado de excepción desde los atentados del 2015. La emergencia sanitaria ha sido el pretexto para anular libertades públicas fundamentales.


Vale la pena subrayar que el gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que prorroga el estado de emergencia sanitaria hasta el 10 de julio pero prolonga por cuatro meses algunas de sus principales medidas restrictivas: el control de la libertad de circulación de personas y vehículos y la limitación y/o prohibición de las concentraciones en la vía pública y de todo tipo de reuniones. Puede decirse sin exageración que Francia vive un estado de sitio cuya prolongación está sujeta al capricho de los gobiernos. La izquierda guarda un silencio cómplice ante esta descomposición.


La movilización antirracista y contra las violencias policiales es más que una fisura en esta armadura represiva. Es la vía que ha tomado ahora el movimiento de rebelión. El Comité Adama, que llamó a la manifestación del martes 2, llama a una nueva movilización para el sábado 13 y en la semana rechazó todas las ofertas del gobierno de reuniones con los ministros para entretener a la platea. La hermana de Adama proclama “queremos actos y no palabras”.


La intervención del Comité Adama contrasta con la política de los partidos institucionales de izquierda, incluida la Francia Rebelde de Melenchon. El gobierno “autorizó” un encuentro en la Plaza de la República de solidaridad con Georges Floyd y los partidos de izquierda participaron en esta oportunidad. El Comité Adama se negó a estar presente. Esta izquierda se presta a los debates institucionales sin ninguna trascendencia y se acopla a las movilizaciones populares cuando toman fuerza, para encausarlas.


Mientras tanto, otros sectores están entrando en la lucha y el más importante es el personal hospitalario. Las movilizaciones se repiten los jueves en los hospitales y una gran manifestación unitaria está llamada para el martes 16, que va a ser también un canal de expresión de las reivindicaciones obreras y de la ira de la población contra el gobierno. Los sectores sindicales de oposición a las direcciones, como la Federación Química de la CGT, llaman a convertir este movimiento en una jornada de huelga general.


El gobierno tiene a su favor, o piensa tener, la disposición de las centrales sindicales y los partidos de izquierda a sentarse a negociar -y hasta a sentarse a tomar café- y a aceptar su legitimidad democrática. Se dedican a redactar manifiestos por “un mundo mejor, más solidario” y son una fuente de dispersión y confusión.


La dispersión de los grupos militantes, de lucha de clases, revolucionarios, impide que sean una fuerte palanca en este proceso de movilización. Con sus orígenes, tradiciones, modos de militancia y políticas diversas y divergentes, no logran estructurar siquiera un cuadro unitario que facilite un reagrupamiento de la vanguardia obrera y militante. El NPA no puede tampoco convertirse en este instrumento, porque su dirección mayoritaria está permanentemente a la búsqueda de un “frente democratizante de izquierda” y sus minorías están divididas. La trayectoria de Podemos, del movimientismo a la participación en un gobierno burgués de salvataje del capitalismo, es ilustrativa y está demasiado presente. Hay que avanzar en iniciativas comunes de reagrupamiento, en lugar de refugiarse en las fórmulas que cada grupo se ha dado y que devienen una rutina. Las energías militantes de la juventud, el movimiento obrero y la población pobre se están desplegando y pueden cristalizar en una gran ola de movilización, con una huelga política de masas que pondrá al día la caída del gobierno y la apertura de una situación revolucionaria.


París, 12 de junio 2020



 

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12/06/2020

Neuquén: los reclamos de les trabajadores de la cultura en el proyecto de ley del FIT

Organicemos la lucha.

La diputada provincial del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero, Patricia Jure, presentó en Neuquén un proyecto de ley que expresa las necesidades y los grandes reclamos de les trabajadores de la cultura, en un momento en que la cuarentena ha mostrado como nunca la extrema precarización en la que trabajan las y los artistas de todas las disciplinas en la provincia.


La iniciativa estipula la creación de un registro provincial de trabajadores y trabajadoras de la cultura, quienes tendrán posibilidad de inscribirse en el mismo por vía virtual mientras dure el aislamiento social obligatorio y la suspensión de actividades artísticas. A su vez, el proyecto crea un comité de trabajadores de la cultura, electo por sus propios inscriptos, para poder controlar las medidas, dirigir y supervisar los fondos y destinos establecidos en esta ley.


Por otra parte, también se establece un bono de $30.000 por un plazo de seis meses que pueden ser prorrogables en el caso de que esta situación continúe, ya que será una de las últimas actividades que se reincorporen a sus labores. Asimismo, el proyecto 13.397 implementa medidas importantes de protección, como ser el no pago de los alquileres, exenciones impositivas, partidas presupuestarias extraordinarias para la creación de los circuitos virtuales. Por último, establece la prohibición de suspensiones, rebajas salariales, despidos y reducciones de contratos en el área de cultura.



Esto es un aporte al debate y a los reclamos de cientos y cientos de trabajadores del sector que ven hoy su actividad y su sustento cotidiano verdaderamente cuestionado. Vamos por una gran campaña para su tratamiento y su aprobación, el cual será una herramienta para la conquistas de los derechos planteados.


Texto completo del proyecto:

 



 

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12/06/2020

Tigre: el barrio San Jorge, entre el encierro y el aumento de contagios

Ante los 92 casos registrados, "responden" como en Villa Azul, con militarización y confinamiento.

El municipio de Tigre anunció que el barrio San Jorge, ubicado en la localidad de Don Torcuato, entrará en una etapa de “aislamiento focalizado”, en respuesta ante un brote de coronavirus que ya registra 92 casos positivos hasta el momento. La medida se asemeja a la que se realizó en la Villa Azul de Quilmes, imponiendo el encierro y la militarización contra los vecinos; para ello se disponen agentes de Gendarmería y del Centro de Operaciones Tigre (la policía local).


Hace varios días, el martes 9, se habían confirmado 36 casos positivos en el barrio, donde viven 1700 personas; los testeos se hicieron como resultado de una protesta organizada por los habitantes del barrio, que cortaron las vías del tren Belgrano Norte. El aumento de estos estudios va a la par con los nuevos registros positivos.


Con estos, Tigre pasó a ser el segundo distrito con más contagios del conurbano bonaerense, con 340 casos y 14 fallecimientos.


Las más de 50 villas y asentamientos del distrito estan en una pésima situación de vivienda e infraestructura, sin contar con los servicios básicos como agua, luz, gas y cloacas (en un fuerte constraste con la situación de los barrios cerrados y countries como Nordelta y otros, que ocupan más del 50% del territorio municipal). Tampoco se entrega la mercadería para paliar el hambre, ni los kits de seguridad e higiene necesarios para prevenir el virus.


Esta propagación del virus está directamente ligada al levantamiento de la cuarentena que viene llevando adelante el gobierno de Axel Kicillof, y que tiene un enérgico impulsor en el intendente Julio Zamora -quien desde hace varias semanas viene permitiendo la reanudación de las actividades industriales del distrito.



Rechazamos el encierro de San Jorge que se plantea con el “aislamiento focalizado” y su  militarización, que representa un confinamiento, convirtiendo al barrio en un gueto de pobres, donde no tienen los servicios básicos para enfrentar el virus. La salida para el problema de la pandemia y la grave situación social es darle respuestas a los reclamos de las vecinas y vecinos de soluciones de vivienda, trabajo, salud y educación.


Reclamamos un subsidio al trabajador desocupado de $30.000, además de la apertura y aumento de los planes sociales. Provisión integral y preventiva de kits sanitarios, como así también de alimentos en cantidad necesaria. Se requiere de un verdadero operativo sanitario, que dote de insumos, recursos y personal, a los centros de salud y hospitales de la zona. Plan de obras públicas y vivienda que solucione los problemas históricos de los habitantes del barrio.


 

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12/06/2020

Martin Insaurralde contrajo Covid-19: la crisis de Lomas de Zamora no se puede tapar

El distrito estalla de denuncias en los barrios, mientras se retacean los testeos y los insumos sanitarios y alimentarios.

La gravosa situación que atraviesa el distrito de Lomas de Zamora es tal que hasta el propio intendente Martín Insaurralde acaba de anunciar que fue contagiado de Covid-19. Esto revela que las organizaciones sociales y piqueteras y los vecinos que vienen denunciando una crisis sanitaria en los barrios lomenses no se equivocan: con testeos a cuentagotas y operativos marketineros se intenta disfrazar una realidad que escapa al control de las autoridades lomenses.


El distrito padece un raid de sucesos y contagios que ponen de manifiesto esta crisis. El contagio y posterior muerte de la trabajadora de la salud, María Esther Ledesma, del Hospital Gandulfo; el contagio de los concurrentes al Servicio Alimentarios Escolarbarrio La Cava, en Villa Fioritocorte del Puente La Noria con vecinos de las barriadas carenciadas de Cuartel IX, en reclamo por alimentos e insumos sanitarios; cuatro casos de contagios en Firestone, ubicada en Llavallol; se trata de un cuadro generalizado donde prima la desidia del Estado municipal, provincial y nacional.




 


El Ejecutivo de Insaurralde ha tratado de tapar el sol con las manos, desoyendo los reclamos populares y las necesidades de los vecinos, y montando operativos cosméticos en algunos barrios. Sin embargo, la realidad no puede ser ocultada: el distrito asiste a una crisis sanitaria y alimentaria de magnitudes incalculables.


Con tan solo 4.295 testeos realizados se han confirmado unos 509 casos de contagio. Estos datos omiten señalar que el distrito alberga a más de 500.000 habitantes, con algunas zonas donde el hacinamiento y las condiciones de vida son factores que multiplican la propagación del virus. Las encuestas casa por casa no juegan ningún papel para controlar el virus ya que no detectan los casos asintomáticos y muchas veces los vecinos no brindan toda la información por miedo a ser trasladados a “Unidades Sanitarias” improvisadas, donde los pacientes confirmados denuncian que pasan frio y se encuentran en precarias condiciones. A su vez, el Hospital Gandulfo (principal del distrito) se encuentra absolutamente desfinanciado y deteriorado debido a las políticas de vaciamiento de la salud pública. Allí recae la atención sanitaria de la población pobre del distrito.


Reclamamos urgentemente la implementación de testeos masivos en los barrios carenciados del distrito y en todo lugar donde se reproduzcan casos de contagio; el aumento del presupuesto destinado al Hospital Gandulfo y a los hospitales y centros de salud distritales, para que se arbitren todas las medidas preventivas contra el virus; la provisión de elementos sanitarios en los barrios para las familias que no pueden valerse de los mismos; la entrega de alimentos para los vecinos lomenses. Lomas de Zamora requiere un plan integral para enfrentar la cuarentena cuyo control, ha quedado de manifiesto, no puede estar en manos del Ejecutivo municipal y sus “comités de emergencia”. Reclamamos el control obrero y popular de la cuarentena, para enfrentar esta crisis.



 

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12/06/2020

Joaquín V. González: que nadie quede afuera

La comunidad educativa se pronuncia por el presupuesto.

Consejera Directiva Joaquín V. González, UJS Joaquín V. González

El gobierno de la Ciudad emitió la Resolución 1585-2020, que insta a cada profesorado a elaborar un “Plan excepcional de continuidad de la formación en contexto de emergencia sanitaria”. Lejos de algún tipo de autonomía, con esta resolución el gobierno busca desligarse de su responsabilidad ante el hecho de que cientos de docentes y estudiantes no cuentan con wifi, computadora ni capacitación, por lo que están prácticamente afuera de dicha continuidad pedagógica.


El día martes 9 hubo una sesión virtual extraordinaria de Consejo Directivo en el Joaquín V. González. Desde nuestra representación estudiantil y graduada (PO-Lista 17) pedimos que sea abierta y participativa pero el Rectorado se negó alegando “cuestiones de seguridad”.


El gobierno insta a avanzar en la evaluación y acreditación a la vez que reconoce no pensar poner un peso. En la sesión, el Rectorado reconoce que hay más de 800 estudiantes que están quedando por fuera de los contactos virtuales, y propone “distintas estrategias docentes” para remediarlo. La situación de la deserción en masa y desgranamiento en la matrícula del Joaquín responde a una problemática que señalamos desde el comienzo de la pandemia: los estudiantes somos a la vez trabajadorxs precarizadxs y en negro, madres y padres o monotributistas. El ajuste y la flexibilización de las condiciones laborales es una política preexistente que repercute sobre la formación docente.


En este sentido, hemos desarrollado campañas exigiendo al gobierno por apertura, cobro inmediato y aumento de las Becas Progresar y Ciudad a $10.000, computadoras y wifi para estudiantes y capacitaciones docentes pagas; para que nadie se quede afuera.



Plan de excepcionalidad: rechazamos la resolución de Larreta y exigimos presupuesto para los terciarios


El Plan de excepcionalidad votado en el Consejo Directivo a grandes rasgos refleja las discusiones estudiantiles, que luego de asambleas autoconvocadas y diferentes reuniones con docentes, estudiantes y graduades, llevamos a las instancias formales. Garantizar la regularidad para todes, un régimen de levantamiento de correlativas según discusiones departamentales, y fundamentalmente, una aprobación y validación de los contactos virtuales de manera presencial- a la vuelta del ciclo lectivo. Es importante haber llegado a este acuerdo, y desde UJS-Tribuna docente propusimos un rechazo a la “educación a distancia” como modalidad, para ejecutar las materias o carreras.


Planteamos una exigencia concreta al gobierno: sin presupuesto, no hay acceso a la educación. También es importante mencionar que esta partida presupuestaria debe incluir salarios para lxs trabajadorxs del Área de géneros y de facilitadoras institucionales, quienes actualmente están trabajando ad honorem.


Victoria de la organización estudiantil: se suspende la caducidad de Planes de estudio 2005/12


En la sesión virtual se consiguió el compromiso del Rectorado de anular la Resolución 2-2020 que daba caducidad a los Planes de Estudio 2005-2012. Haber llegado a esta suspensión significa un gran avance en materia de organización estudiantil y docente independiente.


Recapitulemos, en febrero de este año y a dos semanas del inicio de cursada, el Rectorado en connivencia con la mayoría de las representaciones docentes, administrativxs, graduadxs y estudiantiles (La Caravana como conducción del Centro de Estudiantes y mayoría en Consejerxs y la lista 50- “La 28-Estudiantes por la liberación”), excepto la izquierda, votaban la caducidad de planes de estudio 2005/2012 en un plazo de 3 años. Sin ninguna presión externa aparente, la medida de ajuste interno de caducidad a planes viejos no era más que una tarea gratuita para el gobierno de la Ciudad.


En la sesión virtual, el conjunto de consejerxs que votaron la caducidad de planes tuvo que dar marcha atrás con su propia resolución. Producto de la organización docente-estudiantil en asambleas autoconvocadas, logramos esta victoria parcial. ¡Ningún estudiante es residual!


Pongamos de pie la organización estudiantil independiente para que nadie se quede afuera


¿Qué propone La Caravana como conducción del Centro de Estudiantes y mayoría en la representación estudiantil en el Consejo (con cuatro consejerxs) para que nadie se quede afuera? Nada. Se limitan a hacer circular apuntes online. Solo convocaron una asamblea, prepandemia, para legitimar en público y de manera incinerante la susodicha resolución. De este modo, esquivan los métodos asamblearios porque se niegan a la organización y lucha estudiantil para garantizar el acceso a la educación: wifi, computadoras, becas. En una política de adaptación al Rectorado, tampoco denuncian la falta de presupuesto de la resolución de Larreta.


Tenemos que enfrentar esta política de ajuste y flexibilización: exigimos a la Caravana que llame a una asamblea del centro de estudiantes del Joaquín V. González. Luchemos por el adelanto, el acceso irrestricto, pago inmediato y aumento a Becas Progresar y Ciudad a $10.000; por la entrega de dispositivos tecnológicos y liberación de datos para estudiantes y docentes; por concursos virtuales para les docentes sin cargos.


¡Que nadie se quede afuera! ¡Defendamos la formación docente! ¡No a la Unicaba!



 

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12/06/2020

El silencio del régimen ante los abusos en la infancia: los auxiliares del falso SAP

El "Síndrome de Alienación Parental" y los medios masivos de comunicación. Una revictimización constante también en pandemia.

1º Coordinadora Centro de Estudiantes Terciario del Juan B. Justo, Comisión de Géneros del IES

Hace unos días, en el programa de Alejandro Fantino “Fantino a la tarde” (el cual sale por América TV), se difundió información sobre el falso SAP (síndrome de alienación parental). La difusión de una problemática tan grave como son los abusos en las infancias atenta de lleno contra todes les que lo vivieron, así también contra todas las infancias y los derechos que venimos peleando dentro del movimiento de mujeres y disidencias en las calles.

 

Alejandro Fantino, junto con otros panelistas, se dedicó a validar los típicos discursos mentirosos y misóginos de la cultura y justicia patriarcal dentro de este régimen social. El tema fue presentado como “una noticia bomba” que viene de España, y es que se dispararon los supuestos casos de Síndrome de Alienación Parental (SAP) como uno de los efectos colaterales de las medidas de aislamiento por la pandemia de Covid-19.

 

Ahora, ¿qué es el SAP?

 

Su precaria definición dice que es aquella situación que sucede cuando “el padre o la madre” manipulan al menor para ponerlo en contra del otro o la otra. La misma fue creada por el pedófilo confeso y médico psiquiatra yanki Richard Gardner en el año 1985, quien creó la Fundación de la Falsa Memoria para la CIA, donde se realizaban torturas a niños. Se suicidó antes de que lo condenarán por sus crímenes de abuso sexual infantil.

 

En la práctica actual, es una bandera de los sectores antiderechos y una figura judicial que invocan los acusados de abuso sexual. Hasta el día de hoy, y luego de grandes batallas conquistadas por el movimiento de mujeres y disidencias, las madres (que son muchas) cuando denuncian los abusos sexuales que padecen les niñes son perseguidas por la justicia y todo su lobby clerical por “llenarle la cabeza a sus hijes” en contra del progenitor o algún varón de la familia. Hemos visto que los carteles contra el Abuso Sexual Infantil (ASI) y el Falso SAP levantados en cada marcha cada vez son más.

 

Es de gran relevancia aclarar que parte de la comunidad científica internacional sigue rechazando las ideas de Richard Gardner, fueron cuestionadas por algunos profesionales que consideran al SAP (PAS) un invento pseudocientífico para enmascarar el abuso sexual infantil. Según la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación Médica Americana, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría -que publica el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales- el SAP no constituye una entidad médica ni clínica.

 

Los límites de la Ley Micaela y la lavada de cara a un estado responsable

 

Hace más de dos años, se aprobó la Ley Micaela a nivel nacional. La misma prevé capacitación en cuestiones de género y violencia hacia las mujeres a todas aquellas personas que desempeñen funciones públicas en los tres poderes del Estado.

 

La aprobación de dicha ley se enmarca en una profundización de la lucha del movimiento de mujeres y disidencias, como una respuesta “deformada” del parlamento, porque ninguna capacitación va a revertir la hostilidad de clase y género de sus instituciones, que sistemáticamente se colocan por fuera de las reivindicaciones del movimiento. Incluso, a pesar de la ardua lucha que dan las madres y familiares de las víctimas de ASI, son los mismos funcionarios del poder quienes se amparan judicialmente de este falso síndrome para perseguir, hostigar y revictimizar -a punto tal de absolver y dejar sin cargos ni penalidad- a los abusadores denunciados.

 

Hablar del SAP y darlo como algo que sucede, es decir una entidad equivoca, es sin duda no considerar al niñe como sujeto de derechos, que porta una voz y cuenta lo que padece. Desestimar una denuncia por Abuso Sexual Infantil  con el argumento de que “les pibes son fácilmente manipulables” es común en la violencia machista y en el exceso de poder, el esclavismo que se ejerce sobre les que (dado el origen patriarcal de nuestra sociedad) son más vulnerables.

 

De hecho, la mayoría de los abusadores que la justicia deja libres presenta una estructura neurótica-obsesiva y se desarrolla en un ambiente familiar que naturaliza ciertas prácticas y abusos de poder desde la temprana infancia. Las madres, que caminamos los pasillos de tribunales, sabemos que les auxiliares de la justicia del Cuerpo Médico Forense nunca encuentran pruebas suficientes para procesar a los imputados por abuso sexual infantil -sería más fácil concluir que son todes cómplices ¿no? El séquito que ampara a los abusadores se amiga con los peritos de la defensa, compran fiscales o tienen una estructura más alta que les permite encasillar a les jueces -porque también hay funcionarias mujeres que responden a los intereses más intrínsecos del poder que condenan a las madres y sus hijes. De acuerdo a un informe de Unicef sobre ASI, de cada 1.000 abusos que se comenten, se condena a uno solo. Las estadísticas oficiales han revelado que la gran mayoría de los abusos sexuales contra niñes y adolescentes sucede en el entorno intrafamiliar (80% y 75%) acorde al programa “Las víctimas contra las violencias” (Ministerio de Justicia).

 

La Ley Micaela, como todas las políticas públicas del “innovador” Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, desde el barbijo rojo y el whatsapp a la línea 144 (donde sus trabajadoras realizaron hace poco una huelga por sus derechos laborales denunciando la precarización laboral a la cual se someten), son una herramienta modesta para tapar con cinta scotch una verdadera herida que oprime a las mujeres, a las infancias y a las trabajadoras.

 

 

La iglesia: entre las concesiones con los bloques del parlamento y los auxiliares de pedofilia

 

Si empezamos a derribar estructuras, vemos que en los pasillos del Poder Judicial, desfilan operadores de la pornografía infantil, de la prostitución, de la pedofilia y la corrupción de menores. En nuestro país, como en el mundo entero, hay muchas fundaciones que se ocultan bajo la supuesta defensa de los derechos del niñe y en realidad operan la pedofilia.

 

No es nuevo que bajo la potestad de defender la institución “familia” heteronormativa y el “matrimonio sagrado”, las iglesias operan con un rol de contención social y oscurantista para convencer a las madres -e incluso encubrir a los curas abusadores en sus filas- de que no lleven adelante la denuncia.

 

En una misa que protagonizó el Papa Bergoglio el año pasado tuvo comentarios como: “el Santo Padre comprende que para muchos sobrevivientes y víctimas es difícil encontrar una señal de misericordia, pero él sabe que el mensaje de misericordia del Evangelio es, en última instancia, una poderosa fuente de sanación y de gracia”. Queda en evidencia que es el propio Vaticano quien elabora un sistema de encubrimiento de pederastas y pedófilos mundial.

 

El agrupamiento más conocido de encubridores y protectores de abusadores hace llamarse “Los Padres del Obelisco”, quienes realizaron un documental llamado “Borrando a papá”. Apadeshi (padres alejados de sus hijos) en su página se enorgullecen diciendo “27 años en defensa de la Familia y sus derechos”. José María Bouza es fundador, abogado y presidente de Apadeshi, que en 1988 conoce a Gardner en Columbia, traduce su obra y repite el negocio brindando patrocinio jurídico y asistencia psicológica, con el fin de llenarse los bolsillos a costa de la defensa de pedófilos. Fue repudiado en su participación de la 1°Jornada Nacional de Salud y FF.HH., mesa redonda “Infancia y DDHH”, justamente por sostener el Falso SAP.

 

Miles de definiciones reciben las madres a la hora de acusar (con todo el proceso psicológico que conlleva para ellas y sus hijes) a un violador: locas, alienadoras, rebeldes, despechadas, feministas y zurdas. Les auxiliares que cumplen con el trabajo de juzgar y perseguirlas sostienen que, “por despecho o venganza”, inventaron la historia y se la implantaron a sus hijes para alejarles de sus progenitores (teniendo en cuenta que uno de cada cinco niñes son abusades sexualmente).

 

Incluso, vale aclarar que para llevar a cabo los distintos procedimientos judiciales (abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, perito psicológico, entre otros), las madres -que integran la clase trabajadora- deben afrontar solas todos estos gastos. Muchas de ellas incluso, desocupadas o perciben un salario por debajo de la canasta básica familiar.

 

Como si fuera poco tanto sufrimiento y tanta revictimización, los violadores vuelven por más. Piden a la justicia la tenencia de les niñes, enjuician a sus madres y se pasean por la vida con total impunidad como si nada hubiera pasado. ¿Y saben qué? La justicia se los concede realizando revinculaciones forzadas, desoyendo una vez más la voz de les niñes y la de sus madres. Incluso hoy, vemos como los canales de televisión son funcionales y se encargan de venderlos como pobres corderitos, pero la realidad encubren su verdadera faceta: son lobos. Y muchísimas veces, estos lobos, con la complicidad clerical y judicial, vuelven a convivir con les niñes abusades.

 

La violencia intrafamiliar aumenta en cuarentena y la ESI se corta como el wifi

 

Producto de la pandemia y el Aspo (aislamiento social preventivo y obligatorio) en los hogares, los casos de abuso sexual infantil se dispararon ampliamente y reflejan que la violencia hacia les niñes y las mujeres no se tomó cuarentena.

 

El rol importante de la escuela quedó demostrado en una estadística que llevó el año pasado el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, mostrando que casi el 80% de los niños, niñas y adolescentes pudo comprender que fueron abusades después de recibir clases de Educación Sexual Integral en el colegio.

 

Sin embargo, hace 14 años que se implementa la ESI y no se logra que sea en su totalidad. Un motivo central es la existencia del artículo 5 de la ley correspondiente, que permite que cada institución dicte ESI “acorde al ideario institucional”, permitiendo la injerencia directa de las iglesias en los contenidos con un manto oscurantista. Esto se ha visto extremado en la intromisión en las escuelas de la violenta campaña “Con mis hijos no te metas”, en contra de los que ellos denominan “ideología de género”.

 

El ataque a la ESI se ve también en la formación docente, no solo por escasa implementación sino que es atacada en los lugares donde se dicta -es el caso del reciente cierre del postítulo gratuito de ESI del terciario porteño Joaquín V. González para docentes. Les educadores no contamos con capacitaciones en servicio que nos doten de las herramientas teóricas y prácticas para trabajar.

 

La educación sexual integral en nuestra formación docente como así también en todos los niveles del sistema educativo es una herramienta fundamental y clave para poder brindar contención, información y detectar muchas veces el abuso sexual que padecen nuestres alumnes.

 

Sigamos organizándonos por poner en pie un movimiento de mujeres y disidencias independiente de los gobiernos de turno, por un Consejo Autónomo de Mujeres a partir de los 13 años, promoviendo la elección popular de jueces y fiscales con revocabilidad y procesamiento. No al pago de la deuda externa. Por la separación de la Iglesia y el Estado, como así también la implementación real de la Educación Sexual Integral: científica, laica y respetuosa de las diversidades sexuales. Subsidios para las víctimas de ASI para afrontar los procesos judiciales, como así también, refugios ya para todas las víctimas de violencia de género. Apertura ya del postítulo de ESI del Joaquín V. Gonzalez. Construyamos en todos los ámbitos estudiantiles y lugares de trabajo comisiones de género con presupuesto propio y gabinetes interdisciplinarios.

 

¡Nuestra lucha y la emancipación de toda la clase obrera no se toma cuarentena! El Estado es responsable.

 

 

 

 

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12/06/2020

Entra en vigencia la Ley de Alquileres, siguen la crisis de vivienda y el lobby inmobiliario

Fue promulgada este martes 30. Una norma cuestionada desde el vamos, tras el incumplimiento de los decretos que prohíben los desalojos.

Este martes 30 se promulgó la Ley de Alquileres.


La norma había sido aprobada el 11 de junio en el Senado, tras casi siete meses de su media sanción en Diputados y luego de años de idas y vueltas sobre el tema (incluido un proyecto votado en 2016 por la Cámara Alta que luego caducó sin llegar a Diputados).


En ese plazo, la enorme crisis de vivienda que atraviesa el país no ha hecho más que agravarse, en el marco de una crisis económica imparable. Un relevamiento reciente de Inquilinos Agrupados, en base a una encuesta realizada a 3.000 inquilinos de todo el país, arrojó que el 68% cuenta con menos ingresos –o los perdió por completo- que en el período previo, y que el 50% de los encuestados no pudo pagar el alquiler de junio por este motivo. La devaluación del salario y los despidos presionan cada vez más contra el derecho a la vivienda, como muestran –entre otros fenómenos- las recientes tomas de terrenos de familias desesperadas, desde Salta hasta La Matanza y Neuquén, luego víctimas del desalojo policial. El desplazamiento a villas y zonas alejadas, así como la vuelta a los hogares familiares, siguen a la orden del día.


La ley aprobada extiende los contratos de alquiler de dos a tres años (pese a que en otros países estos llegan a extenderse a entre cinco y ocho) y determina que el alquiler no podrá ser aumentado arbitrariamente, sino de un índice que se establecerá mitad por la inflación de Indec y mitad por las modificaciones salariales medidas en el registro Ripte (uno de los retrocesos sobre planteos anteriores, que ponían al salario como único parámetro). Junto a ello, establece nuevas posibilidades de garantía; fija un límite al anticipo y depósito inicial; y marca que este deberá ser devuelto con un valor actualizado.



Se trata de un paliativo mínimo ante el escenario descripto y para los nueve millones de inquilinos que se contabilizan en el país. Así lo marcó la diputada Romina Del Pla en ocasión de la primera votación, en que el Partido Obrero-Frente de Izquierda votó a favor sin dejar de señalar que constituía “una aspirina para un cáncer”, y contraponiendo un programa integral para responder a la crisis de vivienda, afectando a los capitalistas y en beneficio de los inquilinos, de quienes carecen de hogar y de los trabajadores que posean una propiedad.


En la ley se impone un registro legal de alquileres, que debería servir al fin de blanquear las operaciones en negro que son moneda corriente en el rubro. Pero con ello “se acelerarán las posibilidades de desalojo”, como se apuró a señalar Ámbito (11/6) para calmar las quejas del capital inmobiliario.


Protestas o no, ya puede anticiparse que la norma no implicará mayores afectaciones al poder de presión de los especuladores inmobiliarios, a los que los gobiernos benefician sistemáticamente con la entrega de tierras públicas, las “puestas en valor” que encarecen el precio del suelo y los alquileres, y los negociados de todo tipo.


Sin ir más lejos, Ana Almirón, senadora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación General, reconoció en la sesión que aprobó la norma que pese a la vigencia del decreto presidencial 320/20, que debía congelar los alquileres y prohibir desalojos, “siguen habiendo abusos para nuestros inquilinos y siguen habiendo desalojos violentos”. Con ese antecedente, la efectividad de la nueva ley aparece severamente cuestionada. Y más si se atiende al derrotero de otro decreto reciente, el de “prohibición de despidos”.


Preocupada por dotarse de nuevos atractivos para la clase capitalista, en momentos en que la misma apuesta mayoritariamente por tramitar sus demandas a través del gobierno (desde el pago de la deuda hasta el festival de ATP), la oposición del macrismo y compañía se había retirado antes de votar el proyecto, pese a que ya le había dado su voto favorable en noviembre, celebrando el “consenso” con la fuerza presidencial por venir. Su argumento para retirarse fue que se negaban a tratar cualquier medida que no esté ligada directamente a la crisis del coronavirus. Lo hicieron, claro, luego de aprobar la Ley de Educación a Distancia, que atenta contra los derechos de la docencia y alimenta el negocio de las corporaciones del rubro.


En sintonía con su intervención en cada una de las luchas que abre la crisis de vivienda, el Partido Obrero continuará defendiendo un programa integral para resolverla. Este incluye un límite a los alquileres, que no pueden superar más de un 10% del salario; un plan de viviendas populares –y de consiguiente empleo para obreros de la construcción- bajo control de los trabajadores; la quita de los impuestos inmobiliarios a trabajadores con una propiedad; la imposición de un impuesto progresivo a las viviendas ociosas y su entrega en comodato a los jubilados; el cese de la entrega de terrenos públicos al capital inmobiliario.


Como parte de esta política, presentamos a principio de la cuarentena, dentro de un paquete de normas ante la crisis en curso, un proyecto que para un plazo de seis meses (prorrogable) prohíbe las ejecuciones hipotecarias y los desalojos; congela el valor y suspende el pago de alquileres y pensiones -con un resarcimiento estatal para dueños que sean trabajadores-; suspende el pago de créditos hipotecarios de vivienda única familiar, así como el valor de la cuota; y exime de impuestos a la vivienda única.


La salida a este cuadro desesperante vendrá de la mano de una pelea por una transformación integral de la sociedad, dirigida por los trabajadores.




 

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12/06/2020

Mendoza: el bono a trabajadores de salud es tardío, escaso y discriminatorio

Habiendo pasado 78 días desde la publicación del decreto nacional en ese sentido, algunos trabajadores de la salud de Mendoza (y de la mayor parte del país) cobraron hoy la primera cuota de $5.000 de la tan anunciada “asignación estímulo” por ser la primera línea de batalla contra el Coronavirus. Esta primera cuota sería la correspondiente al mes de abril, cuando ya estamos promediando junio.


La tardanza en el depósito, que realiza directamente Nación sin pasar por las arcas provinciales, devalúa aún más el ya de por sí escaso bono. Esos $5.000 ya valen menos que en abril. Ni que hablar de la última cuota que, de cumplirse la mensualidad a partir de ahora, se cobraría recién en septiembre.


Un anuncio realizado por Alberto Fernández “con bombos y platillos”, pero que poco tuvo de real.


Hay trabajadores de la salud… y trabajadores de la salud


El punto clave es la discriminación que se hace entre los propios trabajadores de la salud. Durante estos meses hubo muchas idas y vueltas sobre quiénes lo cobrarían, pero tuvo que aparecer el depósito para ver la realidad.


En Mendoza particularmente -en esto sí pareciera depender de cada provincia- no han cobrado el bono las y los prestadores de los hospitales, cuando muchos de ellos trabajan en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) o en emergencia clínica, por lo que han estado fuertemente expuestos al Covid-19.


Tampoco lo cobraron, al menos hasta ahora, los trabajadores de los centros de salud, quienes reciben a los pacientes con síntomas y determinan si son o no sospechosos (como el resonante caso de Las Heras de las últimas semanas).


Finalmente, tampoco han visto el depósito quienes trabajan en la ex Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y los Órganos Administrativos Locales (Oales)-cuando son quienes, por ejemplo, acompañan a los niños a los hospitales.


La deuda o el salario


La tardanza y arbitrariedad en el pago del “bono de Nación” se suman a los anuncios recientes del gobernador Rodolfo Suárez sobre el pago escalonado del medio aguinaldo, y a la suspensión de paritarias, el congelamiento salarial y la insistencia en sostener la precariedad laboral en el Estado.


Mientras tanto, mejora día a día la oferta a los bonistas internacionales para “honrar las deudas”.


Con la jornada de lucha del 11 de junio, se logró que varios intendentes dieran marcha atrás con los anuncios sobre el aguinaldo.


Este martes 16 vamos de nuevo, con más fuerza, a Casa de Gobierno, con la convicción de que la primera deuda que hay que honrar es con los trabajadores.



 

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12/06/2020

San Martín: el colegio Tierra de Crecimiento paga solo el 30% de los salarios

El colegio Tierra de Crecimiento, ubicado en la localidad de Villa Ballester del partido bonaerense de San Martín, informó a la docencia que, debido a la demora del pago del subsidio de la Anses por el programa ATP y considerando el atraso en el pago de las cuotas por parte de las familias, solo depositarían el 30% del salario.


Esta institución, establecida hace 24 años en la provincia de Buenos Aires, comunicó a los trabajadores por medio de un mensaje de WhatsApp de esta situación, e informó que “cuando se paguen los ATP depositarían el resto”. El colegio privado alega no poder pagar los salarios, pero el Estado no realiza ningún tipo de investigación para verificar si esto es así, antes de habilitar el subsidio.


Ante este atropello, es necesario que la docencia se organice en asamblea para pelear por el cobro íntegro de salarios, y por la inmediata reapertura de las paritarias para imponer un salario básico unificado nacional de $ 40.000 y una clásula gatillo para no perder ante la inflación. Además, exigimos al Estado la continuidad salarial de todos los docentes que perdieron cargos u horas y un reaseguro salarial para los docentes sin cargo completo de $30.000.


Además, esta organización es fundamental para lograr que se respete el horario laboral, y esta preparados para rechazar cualquier intento de despidos, además de exigir que se retrotraigan los ceses efectuados al 13 de marzo dejando sin efecto los mismos y regularizando el pago salarial correspondiente. Reclamamos la estatización de los establecimientos educativos privados que cierren, despidan o aleguen insolvencia para el pago de salarios. La continuidad pedagógica, en todas sus formas, debe realizarse en el marco de una actividad institucional garantizada por el Estado, mediante el abastecimiento de instrumentos tecnológicos y conectividad para todos los alumnos y docentes.



 

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12/06/2020

Avanza la organización de los trabajadores del Instituto de Rehabilitación Psicofísica de CABA

El Irep participó de la jornada nacional de lucha de trabajadores de la salud.

El pasado 10 de junio, trabajadores del Instituto de Rehabilitación Psicofísica (Irep) de la Ciudad de Buenos Aires se sumaron a la jornada nacional de lucha de los trabajadores de la salud. Con carteles con las distintas reivindicaciones del Irep, y de los trabajadores de la salud en general, el reclamo se hizo sentir en las puertas del Instituto y varios de sus servicios. De esta manera, el Irep formó parte de una jornada que constó de una concentración y conferencia de prensa en el Obelisco y de distintas medidas de lucha en hospitales y centros de salud.

 

Los reclamos: EPP, testeos y aumento salarial

 

Uno de los reclamos del Irep fue la entrega de elementos de protección personal (EPP) completos, en cantidad y calidad. Esto porque se entregan solamente insumos básicos (barbijo, camisolín, guantes) y de baja calidad. El equipamiento completo se retacea y se entrega solamente para atender casos confirmados. Pero como no se testea ni a los pacientes que se internan (incluso siendo derivados de efectores que atienden Covid-19) ni a las visitas, el reclamo de los EPP surge como elemental.

 

 

Otro de los reclamos que se destacaron es el de testeos para el personal, pacientes y visitas. Como se dijo, hoy en día no se testea a los pacientes que ingresan, e incluso tampoco a aquellos que presentan síntomas que, por su cuadro, pueden ser comunes con los de Covid-19 y ameritarían ser analizados. En el caso de las visitas, si bien se prohibieron, siguen asistiendo, pero ingresan sin testeo. En cuanto al personal, se pusieron límites a los aislamientos y testeos de contactos estrechos ante casos positivos y sospechosos.

 

Otro reclamo fue el de un aumento salarial de emergencia. Los salarios están congelados desde febrero, con una inflación que no cesa, y el bono, cobrado con muchísima demora, no compensa ni por asomo los riesgos y el desgaste del trabajo en estas condiciones. Los bajos salarios llevan al multiempleo, que en el Irep ya produjo un caso de contagio. En el caso de enfermería, bono incluido, los salarios están por debajo de la canasta básica. No es por casualidad que se haya relanzado la pelea por el pase a la carrera profesional.

 

 

El reclamo de las rotaciones y la falta de personal

 

Días atrás un grupo de enfermeros presentó una nota a las autoridades del Irep para que se pongan en marcha rotaciones del personal. La rotación (o formación de cohortes) permitiría reducir el tiempo de exposición al virus a la vez que garantiza la continuidad del funcionamiento de los servicios ante casos positivos. En algunos hospitales, en enfermería se asignó un insuficiente franco semanal. En el Irep ni siquiera eso.

 

El problema de fondo es la falta de personal. Como hemos expresado previamente, el vaciamiento del Irep por parte del gobierno de Larreta continúa. Si previamente se transfirió personal y se quiso cerrar el Instituto, las incorporaciones actuales son insuficientes, a la vez que transitorias y precarias. Todo este cuadro desmiente el proselitismo oficial de que el sistema de salud de la Ciudad fue reforzado y que no queda más que apostar a la responsabilidad individual (cuarentena responsable).

 

A seguirla

 

Los avances en la lucha de los trabajadores del Irep poco y nada tuvieron que ver con la acción de las conducciones sindicales. Ni los cartelazos ni el reclamo por las rotaciones tuvieron como organizadores a la Celeste y Blanca de Sutecba o a la Verde de ATE (que viene de firmar el congelamiento de la paritaria estatal nacional). Desde Tribuna Municipal apoyamos estas acciones de lucha y apostamos a llevarlas a un terreno más amplio por todas las reivindicaciones planteadas.

 

 

 

 

 

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12/06/2020

El negociado del fútbol cada vez más cerca de la explotación sexual

El caso de los siete jóvenes que encontraron en España resuena en todo mundo.

UJS Medicina UBA

frente de la vivienda

En las últimas horas se difundió en los medios de comunicación argentinos e internacionales que las autoridades de España encontraron a siete jóvenes sudamericanos (entre ellos, un menor argentino) viviendo hacinados en una casa en Prado del Rey, una localidad pequeña de cerca de 5.000 habitantes, los cuales eran explotados sexualmente por una red de trata. Según el relato de las autoridades, habían llegado al país europeo entre agosto y septiembre del año pasado con la esperanza de ascender en su carrera como futbolistas; de hecho, habían sido “fichados” en sus propios países de origen. Pero, una vez llegados a Cádiz, los jóvenes fueron obligados a entregar su documentación y el dinero que llevaban consigo, para luego ser forzados a participar de chats y concretar encuentros sexuales con el fin de “cubrir sus gastos” a la espera de que puedan empezar a jugar en algún equipo. Por supuesto que sus explotadores no tenían intención de que esto sucediera, su objetivo era continuar jugando con la necesidad de ingresos de la juventud precarizada, agobiada por la crisis social y económica que afronta el mundo, y su esperanza de escapar de ella.



La historia de terror continúa cuando se pone la mira en la situación de la vivienda donde se encontraban los jóvenes: hacinamiento, condiciones de máximo abandono y negligencia son algunas de las cuestiones a las que se enfrentaban diariamente.


No se puede dejar de ligar este caso con los antecedentes en nuestro país con respecto a la relación entre el fútbol y la explotación con fines sexuales. En 2018 se descubrió una red de trata que tuvo en el ojo de la tormenta a uno de los clubes más importantes de Argentina, el Club Atlético Independiente, la cual operaba prostituyendo a los jóvenes que vivían en la pensión de la institución con la complicidad de los dirigentes del mismo. No sorprende que hoy en día el principal acusado del caso esté cumpliendo prisión domiciliaria, después de que la justicia entendiera que los jóvenes habían dado su consentimiento, transformándose una vez más en cómplice y encubridora de las redes de trata y prostitución.


Se pueden encontrar muchísimos casos en todo el mundo con características particulares, pero todos tienen en común la promesa de un futuro brillante en el fútbol como engaño para acercar a la juventud a las redes de trata, con la complicidad de toda la dirigencia de los clubes y política de los distintos países donde se dieron estos casos.


La barbarie capitalista llega a su máximo esplendor en momentos de crisis, donde se utiliza la superexplotación de los cuerpos para mantener las ganancias. El escenario pone de manifiesto que el desmantelamiento de todas las redes de trata forma parte del camino para la emancipación de toda la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud.



 

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12/06/2020

Coronavirus y flexibilización en Toyota

Este jueves 11 se dió a conocer la existencia de cinco casos positivos más de Covid-19 en Toyota, que totalizan siete si sumamos uno reciente y al primer confirmado, apenas un día después de la visita del presidente Alberto Fernández a la automotriz japonesa radicada en la localidad bonaerense de Zarate.


El 18 de mayo, Toyota reinició sus actividades sorteando las débiles restricciones del decreto de cuarentena y ubicándose como empresa exceptuada, por lo que se elaboró un protocolo, del cual se decía que era de lo mejor en la industria zonal.


La presentación con bombos y platillos de este protocolo, y la parafernalia montada en las porterías de ingreso, no solo no fueron suficientes para prevenir, sino que quedó demostrado que estos procedimientos, al igual que en el resto de la industria, solo se han elaborado para poder iniciar la producción, con la consecuente exposición sobre los trabajadores.


Al día siguiente de la visita presidencial se confirmó el primer caso positivo Covid-19 en Toyota, de un operario que se desempeña en el sector de motores. La dirección del Smata (sindicato de metalmecánicos), que había anunciado que se pararía la producción ante el primer caso, cumplió a medias con lo dicho y solo se aislaron los compañeros de los trabajadores contagiados, activando un “back up” con los suspendidos que se encontraban en espera de ser convocados.


El protocolo ante el hecho fue, simplemente, desinfectar la línea en cuestión, sin detener la producción.


El 27 de mayo, Alberto Fernandez visitó la planta de Toyota en Zárate junto con el gobernador Axel Kicillof, avalando la habilitación de las automotrices y en especial la marca japonesa, que no brindan ningún servicio esencial.


La flexibilización sobre ruedas


El mismo día de la recorrida del presidente por la fábrica, cuadrillas reducidas de cinco  compañeros realizaban tareas de limpieza, que fueron reasignados a esas funciones con personal proveniente de sectores parados para “evitar” las suspensiones y mantener los puestos de trabajo.


En la primer semana de junio, en las charlas de cinco minutos que dan los supervisores por cuestiones relacionadas a seguridad o calidad, se da lectura a una nota que semanalmente escribe el director de planta, en la que se mencionaba la visita de los mandatarios y el reconocimiento de ambos al protocolo que Toyota había elaborado para la prevención del coronavirus. En la misma semana, la empresa da a conocer un plan de “8 sábados”, en los que se trabajará a pesar de un régimen reducido, hoy por hoy, a un turno de lunes a viernes.


Este plan de 8 sábados, a iniciar en esa misma semana, comprende cuatro jornadas para “devolver” horas del banco de horas que el convenio Toyota-Smata tiene en su haber y que corresponderían a las licencias por la cuarentena. La otra mitad de este plan de 8 sábados, correspondería a extras.


El motivo, o excusa, para este plan, y a pesar de la reducción del 50% de la industria automotriz y sus correspondientes ventas, es cumplir con pedidos y operaciones ya contraídas por la empresa.


En simultáneo a estos acontecimientos, la comisión interna del Smata Toyota dio a conocer un pedido de un bono extraordinario de $45.000, que estaría prácticamente acordado, pero, siempre hay un pero: este premio solo lo cobrarían quienes cumplan con al menos cuatro de los ocho sábados, quedando fuera del alcance quienes no lleguen a ese mínimo y los trabajadores suspendidos o con alguna licencia.


Toyota no escapa a la reforma laboral de hecho


Tal como ocurre en Siderca, y otros gigantes industriales, la crisis ocasionada por la irrupción del coronavirus ha servido como autopista para desplegar un plan ajustador sobre los trabajadores, que pretende barrer con conquistas históricas y obtener la destrucción del convenio. Con la industria automotriz al 50% y con mayoría del personal suspendido, la reactivación de Toyota en plena pandemia apunta a una reducción de personal con la consiguiente sobrecarga y flexibilización para los que mantengan su puesto de trabajo.


Como es habitual, los principales perjudicados serán los contratados, pero no hay que descartar un plan de retiros voluntarios, particularmente apuntando a quienes por diferentes dolencias, ocasionadas por las tareas altamente repetitivas, esperan reubicación en sus casas. Sabido es que en cualquier empresa estos “gastos” quieren ser eliminados a expensas de las ART y sus limitaciones cada vez más severas.


También en Toyota es necesaria una comisión de seguridad e higiene, compuesta por trabajadores, que evalúe y pongan en pie un protocolo que cuide la integridad de cada compañero.


La reforma laboral de hecho, que se impone también aquí, debe ser enfrentada superando la innegable colaboración de la dirección sindical burocrática que permite flexibilizaciones como el banco de horas o la negociación de premios y salario con referencias al trabajo a destajo y que solo alcanzan a una parte del plantel de obreros.


Los trabajadores de Toyota necesitan organizarse independientemente de su conducción, que acompaña las medidas de la empresa. Por una comisión obrera de seguridad; por la reapertura de paritarias y premios para todos los trabajadores sin estar atados a objetivos de producción; por el pase a planta de los contratados; ninguna suspensión, ningún despido; reparto de horas de trabajo sin pérdida de salario. Luchemos contra la reforma laboral flexibilizadora.





 

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12/06/2020

El operativo Detectar en primera persona

Entrevistamos a una vecina del Playón de Chacarita.

Desde Prensa Obrera hablamos con una vecina del Playón de Chacarita, un barrio que ya acumula 62 casos positivos y 116 hisopados. Dialogamos sobre cómo es el operativo Detectar según su experiencia personal, ya que varias organizaciones en diferentes barrios de la Ciudad vienen denunciando la negligencia de este tipo de operativos que convierten la atención y los traslados en fuentes de contagio.


¿Cómo fuiste detectada cómo caso sospechoso de Covid-19?


No fui detectada. De mí salió preguntar, porque estuve en contacto con una vecina que está aislada a la espera de un nuevo testeo. Ante la incertidumbre me acerqué a la posta sanitaria ubicada en la plazoleta de Teodoro García, para no quedarme con el “quédate tranquila que no pasa nada“ de los funcionarios del Instituto de la Vivienda y del personal que estuvo pasando puerta por puerta a preguntar síntomas y si habíamos tenido contacto con alguien. En todo momento planteé mi miedo, no por estar enferma sino porque entiendo que puedo seguir contagiando al no aislarme a tiempo, entendiendo que estamos en una situación crítica y somos uno de los barrios vulnerables de la Ciudad.


Un vez en la posta sanitaria planteé los contactos que había tenido, tanto en el trabajo con un caso similar como en el barrio, y que tenía algunos síntomas. Es así cómo determinaron derivarme al UFU del Hospital Tornú.


¿Cuántas postas sanitarias hay? ¿Cuentan con personal de salud?


Hay una sola y es un trailer (que era del Instituto de la Vivienda) donde te atienden con la puerta abierta. Hay dos personas que tengo entendido son médicas, y una vecina del barrio que me dijeron que es promotora de salud.


¿Y desde ahí cómo es el traslado a las UFU?


Te dicen que prepares un bolsito con una muda de ropa y que te van a llamar cuando llegue el “Coronabus”. Así llaman a los micros escolares que transportan a los vecinos y vecinas del barrio a los hospitales para hisoparlos.


En mi caso personal, me notificaron a los 20 minutos que el micro me estaba esperando. Cuando llegué había como 15 personas en el micro y me sorprendí. Pensé que ya nos iríamos, pero la promotora de salud siguió subiendo gente. Llegamos a ser 19 personas arriba del micro. Le planteé a la promotora que no nos pueden llevar a tantas personas sabiendo ella -como personal contratado por el Ministerio de Salud- que existen protocolos a nivel nacional. La respuesta fue que el micro está habilitado para 20 personas.


Una vez en el hospital me entero que el protocolo de Ciudad habilita hasta 15 personas, pero nadie del personal del gobierno audita los traslados y en este caso en el micro había casos positivos de Covid-19, todo el personal lo sabía, y aún así lo subieron al micro con nosotros. Lloré de la impotencia y bronca porque no me dejaron ir sola, ya que me habían dicho que el sistema con el cual se manejaban dentro del barrio dejaba mucho que desear a nivel organizativo y que convierten los traslados en fuentes de contagio.


¿Una vez en la UFU como es el procedimiento?


Una vez que llegamos al Hospital Tornú -además de seguir compartiendo el mismo espacio con el vecino ya confirmado como positivo hasta las 18:00- nos tuvieron hasta las 21:00 en un domo en pésimas condiciones, sin cuidados especiales de aislamiento. Con los vecinos allí presentes coincidimos en que nos estaban haciendo sentir como perros abandonados, o como si tuviésemos que pagar por el hecho de vivir donde vivimos.


Desde el Polo Obrero rechazamos estos traslados colectivos y exigimos que los operativos de detección y traslados estén realizados por personal de salud bajo convenio de trabajo, incluida como tarea insalubre con todas las medidas necesarias para evitar que se exponga su salud.




 

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12/06/2020

Olavarría registró su primer muerto por Covid

Se convierte en la ciudad con más casos del interior bonaerense.

Este jueves por la noche, en conferencia de prensa, el intendente Ezequiel Galli y sus funcionarios anunciaron que falleció un hombre de 81 años (residente de un geriátrico) por un paro cardiorrespiratorio. Fue testeado por Covid-19 y resultó positivo.


La primera muerte con coronavirus se produjo el mismo día que se anunciaron 25 nuevos casos locales, elevando la cuenta a un total de 76 y convirtiendo a Olavarría en el municipio del interior bonaerense con más casos activos. Superó en términos absolutos a Mar del Plata y Bahía Blanca (las dos ciudades más grandes por fuera del Amba, con una población de tres a seis veces mayor), siendo mayor la diferencia en términos relativos.


Como informábamos a principios de esta semana, en la ciudad se vive una explosión de casos desde que se detectaran cuatro contagiados el miércoles 3 de junio. En una semana, la cantidad de contagios confirmados se multiplicó por 20, y aún se están realizando los estudios epidemiológicos necesarios para aislar la proliferación de contagios. Ya se anunció la implementación, desde este viernes, del plan Detectar para buscar nuevos casos en tres barrios del radio urbano. Olavarría aún no es considerada una zona de circulación comunitaria del virus por las autoridades sanitarias de la Provincia; por ahora se consideran transmisiones por contacto estrecho en reuniones sociales.


Según los datos oficiales, un 10% de los contagiados se encuentra internado, ocupando un porcentaje similar de la capacidad hospitalaria disponible. A principios de esta semana, la capacidad hospitalaria ocupada por casos de Covid-19 era del 2%. Esta explosión de casos repercute en la capacidad de respuesta del sistema público de salud que cuenta con 143 camas de internación y solo nueve de terapia intensiva.


Además del hombre fallecido, se encuentran internados tres adultos mayores en la sala de cuidados intermedios. El virus ya fue detectado tanto en pacientes como en el personal de dos geriátricos, en los cuales el coronavirus encuentra un ambiente sobradamente favorable para el contagio mutuo entre los internados y los trabajadores. Se hacen necesarios los testeos masivos en estos centros y en todos los focos de contagio.


Galli es responsable y debe rendir cuentas


Galli y su equipo apuntan a responsabilizar de los contagios a la población por “relajar los cuidados” en la etapa previa y tener conductas irresponsables. Se trata de una hipocresía absoluta de parte de quien promovió el levantamiento de la cuarentena con una encuesta fallida por redes sociales. El intendente quedó en “offside” porque largó su tuit anticuarentena el mismo día que se detectaron los primeros casos luego de dos meses sin contagios.


Si algo destacó a Olavarría por sobre el resto de la provincia no fue la supuesta irresponsabilidad de sus vecinos/as sino de su intendente, que se embarcó en la apertura de la cuarentena a pedido de las patronales y relajó los controles sanitarios de los accesos a la ciudad y las localidades aledañas. Esta política no está “desacoplada” de la flexibilización que llevaron adelante los gobiernos provincial y nacional, que explican a su vez las cifras récord de contagios y de muertes en el Amba.


Aún hoy, habiendo decretado el regreso a la Fase 1 de aislamiento, se permite el funcionamiento de actividades como las industrias cementera, ceramista, metalúrgica, el peaje, etc. Por el contrario, deben conformarse comités de trabajadores/as para efectivizar las medidas de seguridad e higiene de las actividades esenciales y deben ser suspendidas las no esenciales, garantizando la integralidad del salario de los trabajadores y prohibiendo los despidos.


En la conferencia de prensa de anoche, Galli apuntó contra la circulación innecesaria de la gente como un factor que acrecienta los contagios. Su intención es descargar la culpa sobre la población ocultando que las/os trabajadores desocupados y precarizados no cuentan prácticamente con asistencia de parte del gobierno y se ven forzados a buscar su sustento o pasar hambre y frío. El Polo Obrero y organizaciones que conforman la Mesa de Emergencia de la ciudad vienen denunciando la total insuficiencia de los recursos volcados a la asistencia alimentaria y la falta de entrega de kits sanitarios, leña y garrafas.



Desde el Partido Obrero de Olavarría reclamamos la  provisión de asistencia alimentaria, sanitaria y de leña y garrafas, bajo control vecinal; testeos masivos; protocolos discutidos y controlados por los trabajadores para cada actividad; suspensión inmediata de actividades no esenciales, como el peaje, sin reducción de salarios; puesta de todo el sistema de salud a disposición de un comité integrado por representantes electos de los trabajadores de la salud y las organizaciones populares; controles sanitarios estrictos en los accesos y egresos de la ciudad.


La crisis sanitaria que vivimos tiene responsables políticos. Que Galli y sus funcionarios rindan cuentas ante el pueblo de Olavarría en una interpelación pública con la participación de las organizaciones populares de la ciudad. Que se establezca el control popular de la cuarentena para defenderla como medida elemental de cuidado ante la explosión de contagios.



 

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12/06/2020

Deserción en el CBC de la Universidad de Buenos Aires

La dirección de la Fuba, de Nuevo Espacio y la UES, es cómplice.

La cursada virtual en el CBC de la Universidad de Buenos Aires (UBA) inició hace casi dos semanas (con un mes previo de un acompañamiento virtual no obligatorio) y los problemas para estudiantes y docentes no han cesado de multiplicarse.


El colapso de la página del CBC al momento de las asignaciones, la caída del Campus Virtual, la no asignación de comisiones son solo algunos de los problemas que tienen les estudiantes que pueden acceder a una computadora con internet. Al mismo tiempo, hay miles que se quedan por fuera porque la situación económica los ha obligado, porque no tienen computadora personal o porque no tienen ningún tipo de conectividad.


Las mismas autoridades de la UBA, que vienen asfixiando presupuestariamente al CBC hace años, son las responsables de este desastre, ya que mientras los docentes no dan abasto las designaciones de profesores están congeladas. De la misma manera, cientos de estudiantes que se inscribieron a la beca Sarmiento se encuentran sin cobrarla. En resumen, la UBA y las autoridades del CBC no ponen un peso para que la virtualidad funcione para todes.


¿Y la Fuba?


La Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), que durante los últimos 18 años se caracterizó por su independencia política y por organizar al conjunto de los estudiantes por sus reclamos, hoy en día está lejos de cumplir ese rol bajo la conducción de la dupla Nuevo Espacio-UES.


Queda claro, en el contexto de la pandemia, el rol que está jugando esta nueva conducción. Mientras les estudiantes quedan por fuera de las cursadas por no tener garantizadas las mínimas condiciones para acceder a la virtualización, la Fuba no ha movido un dedo por los reclamos que venimos impulsando; ya sea que la facultad garantice computadoras o acceso al servicio de internet, tanto para estudiantes como para docentes, o garantizar la regularidad incondicional de les estudiantes que no puedan cursar, por el motivo que sea. Están “emparchando” el sálvese quien pueda que es la UBA en este contexto.


La Fuba de Nuevo Espacio-UES omite cualquier denuncia tanto a las autoridades, por la falta de respuestas a los reclamos de becas y computadoras, como al gobierno nacional que continúa operando con el presupuesto de miseria del 2019 del macrismo. En cambio, de lo que sí se ha encargado es de censurar en los grupos de las materias a les estudiantes que opinan distinto. La nueva Fuba solo ha salido al rescate de las autoridades a la par que organiza “voluntariados”, que no son otra cosa que trabajo gratuito de estudiantes con nulas medidas de seguridad e higiene para quienes participan de los mismos, eximiendo al Estado de la responsabilidad de ser quien garantice personal para el cumplimiento de estas tareas.


Les estudiantes ponemos de pie nuestros reclamos


La UJS, por el contrario, se ha organizado desde el minuto cero, convocando reuniones abiertas, donde han participado estudiantes de todas las sedes, para discutir una campaña. Este es el camino que queremos profundizar e invitamos a todes les estudiantes a sumarse a esta campaña.


Aumento de la beca Progresar a $10.000.


Regularidad incondicional para todes les estudiantes inscriptes. Derecho a promoción directa.


Garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas y la conectividad para la totalidad de estudiantes y docentes. Pago de todas las horas extra que les docentes deban trabajar con la modalidad virtual. Cumplimiento y pago efectivo de la cláusula gatillo. Aumento y asignación inmediata de la beca Sarmiento.





 

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12/06/2020

La gestión de la Unsam privatiza la Educación Sexual Integral

La Caldera Unsam en Humanidades

Desde el año 2019 en la Universidad Nacional de San Martín existe la Diplomatura en Educación Sexual Integral, dependiente de la Escuela de Humanidades. Sin embargo, a pesar de que el reclamo de más espacios de formación en ESI sea una lucha histórica del movimiento de mujeres y diversidades sexuales y de género, la gestión de la Universidad ha logrado hacer un negociado alrededor de este.


Educación Sexual Integral ¿para todes?


El #NiUnaMenos, la ola verde y el movimiento de mujeres y diversidades han puesto sobre la mesa una demanda fundamental la necesidad de avanzar hacia una educación laica y científica en todos los planos. En un país donde una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños es víctima de abuso sexual infantil, donde proliferan ideas misóginas y lgbt odiantes que favorecen la reproducción de violencias de todo tipo, donde las tasas de embarazo adolescente llegan a uno de cada seis nacimientos, la ESI aparece como fundamental no solo en la formación y en el ejercicio de la sexualidad de cada une, en el desarrollo libre de las identidades, formándonos en la no discriminación, sino también como una poderosa herramienta de detección de situaciones de abuso.


A pesar de la importancia que conlleva para cualquier persona acceder a esta información, la Diplomatura en ESI, presentada como un avance progresivo por la gestión de la Universidad, que ni siquiera cuenta con una resolución ministerial (o sea, se presenta como un curso más), esconde detrás de si la privatización de nuestra formación. Si bien es gratuita para estudiantes regulares de las carreras de Humanidades, no lo es para el resto de les estudiantes, graduades, trabajadores de la Universidad y otras personas que quieran cursarla. Esto presenta un primer problema: no es posible para todes costear la cursada.


El arancelamiento de la Educación Sexual muestra una vez más que las camarillas universitarias pretenden hacer caja alrededor de los contenidos que ellos mismos no introducen en nuestros planes de estudio. El hecho de que sea presentado como una Diplomatura deja la responsabilidad de formarse en temáticas referidas al género y las diversidades sexuales a los estudiantes, cuando debiera ser obligatorio y accesible para el conjunto de la comunidad educativa. Por otro lado, no sabemos a donde se destinan los fondos recaudados por los cursos pagos de la Unsam. Mientras tanto, la Universidad no invierte en políticas de género: siguen sin contemplar becas para las víctimas de violencia de género (en su mayoría afectadas al mismo tiempo por una dependencia económica hacia los violentos).


Es la misma gestión de la Universidad que a lo largo de los años ha formado un negociado alrededor de la ESI (a través de seminarios, cursos y ahora esta Diplomatura, siempre arancelados) la que termina decidiendo qué contenidos se ven y cómo nos formaremos. Los mismos que siguen sin invertir en la iluminación del campus y sus alrededores a pesar de que hace tres años asistimos a distintas situaciones de violencia en la Universidad, ignorando nuestros reclamos como estudiantes y trabajadoras (pero si destinando fondos a la iluminación de las canchas nuevas), no abren ninguna instancia de debate al interior de la comunidad educativa junto con las organizaciones de mujeres y lgbt+, y trabajadorxs formades en género, para discutir qué tipo de formación necesitamos les estudiantes de la Unsam.


¿Qué salida le damos?



Desde la UJS y La Caldera Unsam en Humanidades nos venimos organizando para que los contenidos referidos a Educación Sexual Integral sean incorporados a los planes de estudios de todas las carreras en formato de talleres obligatorios. Les estudiantes necesitamos ser formados en una ESI laica, científica y que contemple a las diversidades sexuales y de género, que colabore a repensar las relaciones interpersonales y la cisheteronormatividad que se nos imponen desde el Estado.


Exigimos así también la democratización de la Universidad, es decir, la apertura de espacios de debate y resolución abiertos a todos los claustros, con una real representación, para que toda la comunidad educativa esté involucrada en las discusiones en torno a los planes de estudio y la implementación de estos contenidos.


 

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