12/06/2020

Tercerizada de limpieza de aeropuerto de Ezeiza deposita menos del 15% del salario

Los trabajadores de Serza, la empresa tercerizada de limpieza del Aeropuerto de Ezeiza, han cobrado este mes entre $1.600 y $3.500, incluso aquellos que han sido convocados a trabajar durante el mes de mayo en el marco de la pandemia.


La patronal está violando todas las leyes laborales existentes, con la complicidad de Aeropuertos Argentina 2000, de los entes estatales encargados de controlar las licitaciones y del Ministerio de Trabajo.


El Sindicato de Obreros de Maestranza y la cámara patronal firmaron un acuerdo nefasto en abril que establece el pago de $20.101, equivalentes al 75% del básico para el personal suspendido que trabajaba 8 horas, pero dice explícitamente que ese personal de limpieza suspendido puede ser convocado a trabajar… ¡sin que se le levante la suspensión! Todo por la módica cifra de $300 pesos por día sobre el monto pagado de la suspensión -si fueron a trabajar menos de 16 días al mes. A esto hay que agregar que mientras están “suspendidos” no se les pagan adicionales como presentismo, viáticos o refrigerio, y que la mitad de la plata de la suspensión es pagada por la Anses. Una estafa por donde se lo mire.


Pero la patronal de Serza ha incumplido incluso ese acuerdo anti-obrero, y no deposita siquiera la pactado para las suspensiones. Muchos de los trabajadores desarrollan tareas indefectiblemente ligadas al personal aeronáutico, como colaborar con el cambio de combustible de los aviones o el lavado de aviones con sustancias especiales con un elevado grado de toxicidad, para las cuales se necesita un conocimiento especial para su desarrollo.


Muchos de los trabajadores a los que se les ha depositado menos de $3.500 fueron parte de los que el gobierno y la conducción de Aerolíneas Argentinas denominaron “héroes” por colaborar en las tareas enunciadas más arriba en los vuelos de repatriación o los que traían elementos sanitarios.


Mientras todo esto ocurre, desde la empresa y el sindicato le dicen a los compañeros que no van a recibir el sueldo, “que se resignen, que no hay nada que hacer”. Desde la agrupación de aeronáuticos La Pista exigimos a la empresa Serza, a Aeropuertos Argentinos 2000 y al gobierno -responsable de la gestión del Aeropuerto Internacional de Ezeiza- el inmediato pago de todos los salarios, y planeamos la convocatoria a asambleas presenciales y virtuales para discutir acciones de lucha para garantizarlo.

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12/06/2020

Coto Quilmes con 20 contagios de Covid-19

Luego de la clausura el día martes, frente a la denuncia y acciones de lucha por parte de los trabajadores, se estarían confirmando más de 20 casos de contagio de Covid-19 en la sede del hipermercado Coto, ubicado en el distrito de Quilmes.


Las denuncias comenzaron la semana pasada, pero la patronal se negó a tomar las medidas sanitarias correspondientes, manteniendo abierto el hipermercado y convocando a todo el personal, incluso a quienes habían tenido contacto estrecho con los casos confirmados, provocando así la expansión del virus a otros trabajadores y poniendo en riesgo la salud de miles de vecinos que realizan sus compras en el lugar.


Los trabajadores hicieron un piquete en las puertas, con bombos y redoblantes, reclamando el cierre y desinfección ante el avance de los casos. Mediante esta acción de lucha se logró que la patronal otorgue licencia por 15 días a todo el personal. Pero solo se cerró el supermercado por un día nada más, luego de lo cual, seguiría atendiendo con personal de otras sucursales con el aval de municipio que dirige la intendenta Mayra Mendoza.


La situación de Quilmes se sigue agravando día tras día ante el avance incontenible de los casos de coronavirus: se trata del segundo distrito con más casos, detrás de La Matanza; pero, en relación a su población, ocupa el primer lugar en las estadísticas de contagio.


Con casos extremos como Villa Azul y Villa Itatí. Y los 14 casos de contagio en Cattorini, donde las medidas que se tomaron por parte de la patronal se han revelado insuficientes ya que se recurrió a licenciar un sector minoritario de trabajadores mientras el virus se sigue expandiendo. El municipio se limita a observar cómo el virus se propaga sin adoptar ninguna medida efectiva para evitarlo. Más bien todo lo contrario, dejan operar a las patronales con total libertad.


Otros contagios se produjeron en la refinería Sudamericana, empresa que procesa grasa, ubicada en  Camino General Belgrano, donde hubo 6 casos de Covid-19. Los trabajadores, sin representación sindical, piden que las autoridades se hagan cargo y se tomen medidas urgentes ante la total indiferencia de la patronal.


El avance de la pandemia en el municipio ocurre al mismo tiempo que el reinicio de la actividad comercial en la zona. Ante la cacareada “es más importante la salud que la economía” parece que ganó ampliamente la segunda.


Si para muestra basta un botón, lo sucedido en Coto Quilmes demuestra que son los trabajadores los que deben organizarse y conquistar sus reivindicaciones mediante la movilización, para torcer el brazo de la patronal y la burocracia sindical y el Estado.



 




 

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12/06/2020

Neuquén: el 16 las luchas obreras dirán presente

La jornada de lucha del Plenario Sindical Combativo se ha transformado en una actividad donde se nuclearán los conflictos obreros que se desarrollan en la provincia.


Con el voto de las asambleas estará el sindicato ceramista, además de los camioneros de Expreso en acampe desde hace semanas y que hoy viernes se movilizan. Convocan las trabajadoras despedidas de la Clínica Cutral Co. También convocan las seccionales opositoras de Aten (Zapala, El Chañar, Picun Leufu y las minorías de Capital, Plottier y Cutral Co-Plaza Huincul), el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras.


Estas últimas vienen de protagonizar una gran movilización con centenares de compañeras/os en las puertas de la municipalidad reclamando por la incorporación a los planes de trabajo y la ayuda social.


La jornada del Plenario del Sindicalismo Combativo tendrá lugar en el marco de una situación provincial que, ante la llegada del invierno, expone la situación de miseria que viven las barriadas. A lo que se suma el pago de salarios atrasados y anuncios del pago desdoblado del aguinaldo.


Ayer, en diversas empresas petroleras hubo paros parciales ante incumplimiento de normas de seguridad o empresas que siguen con guardias mínimas a pesar que la actividad está liberada de la cuarentena y con la producción gasífera sin trabas.


Por su parte una gran parte de comercios anuncian su cierre, con el consiguiente despido hormiga de sus empleados.


La liberación del 90% de la actividad económica ha disparado los casos de Covid-19, y hasta se debió cerrar el policlínico Ados por un brote de contagios, y en Plaza Huincul se han registrado casos en otro sanatorio. En la capital se cerró el Ministerio de Desarrollo Social por otro brote y se detectó un caso en la Clínica Plaza Huincul del sindicato petrolero.


La jornada del clasismo del 16 de junio contrasta con los esfuerzos de contención que realizan las burocracias sindicales, desde la CGT hasta la CTA. Al revistar políticamente en las filas del oficialismo nacional, las burocracias locales, para enfrentar la política del MPN, deberían enfrentar la política del Frente de Todos, pero luego de la visita del presidente a la provincia y los mutuos elogios con el gobernador Omar Gutiérrez han quedado más atadas que nunca a ser un factor de regimentación social y laboral.


Invierno, Covid-19, miseria y desocupación son un cóctel explosivo que la jornada del Plenario Sindical Combativo pondrá sobre el tapete, así como los planteos para una salida obrera a la crisis.



 

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12/06/2020

Legislatura de Córdoba vota masivo uso de cámaras policiales

Un Gran Hermano al servicio del ajuste.

El pasado miércoles 10 de junio la Legislatura de Córdoba aprobó un masivo uso de cámaras policiales en toda la provincia. La medida se establece mediante la modificación de ley 9.380, que regula el tratamiento de imágenes y sonidos que captan las fuerzas de seguridad en todo el territorio de la provincia. Cabe desatacar que el 81% de la población se encuentra bajo video vigilancia durante las 24 horas del día.


Según lo sancionado en la Legislatura, ahora los municipios y comunas tendrían acceso a las imágenes no solo para el control social sino para desarrollar una mayor recaudación. En momentos en que los Estados se encuentran en crisis, pretenden subsanar sus cuentas con un nuevo zarpazo a los contribuyentes de la mano de las foto multas.


En Córdoba funcionan 2.259 cámaras de las fuerzas de seguridad, de las cuales 1.100 están instaladas en la capital, y el corredor de las sierras chicas (las ciudades de La Calera, Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo). Las 1.159 restantes se encuentran repartidas en 102 municipios del interior.


Hasta esta modificación el control solo estaba en manos de las fuerzas represivas del Estado. La aprobación de la modificación de la ley contó solo con el voto positivo del bloque oficialista.


Al respecto, la legisladora del Frente de Izquierda, Soledad Díaz, cuestionó la norma planteando que “van a transformar a la provincia en un Gran Hermano para controlar a los ciudadanos mientras el Poder Ejecutivo no tiene control”.



“Es falso que el planteo sea para terminar con los problemas de seguridad. En la Capital no hay luminarias, no hay desmalezamiento, y que se venga a arengar esta iniciativa bajo el lema de una ciudad inteligente, creando un Estado al que nadie controla. Deberían empezar por controlar el aparato represivo vinculado al narcotráfico, al robo de automóviles, a la prostitución”, concluyó Soledad Díaz.


Estamos ante una nueva avanzada sobre el derecho a la privacidad de la población. Con esta medida también se pretende reforzar la política de Schiaretti de imponer un Estado policial al servicio de atacar las luchas que se ponen en pie contra las medidas de ajuste.





 

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12/06/2020

Gran Buenos Aires: la zona sur se prepara para la jornada del 16

La jornada que votó el Plenario del Sindicalismo Combativo está tomando fuerza, en un cuadro de parálisis de la burocracia sindical y de luchas y reacciones de los trabajadores contra los ataques al salario y por condiciones de higiene. La consigna “¡Sin salario, salud, trabajo y alimentos no hay cuarentena!” atraviesa todos los conflictos que se han desatado en la zona en este último período.


Los trabajadores del frigorífico Penta, que vienen de cortar el Puente Pueyrredón, luego de más de 80 días de conflicto y que participaron del plenario, encontrarán en la movilización a Plaza de Mayo un punto de apoyo en su lucha por la reapertura del frigorífico con los 240 trabajadores adentro y el pago inmediato de salarios, lo que hace muy importante su masiva participación.


Los ferroviarios de la Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra Lista Gris vienen de una serie de plenarios preparatorios de esta jornada, a la vez de una fuerte intervención en el ferrocarril donde crecen los contagios y surgen luchas firmes como la de los tercerizados de MCM que estarán en la movilización. Del mismo modo, los gráficos de Morvillo que lograron defender la integralidad de su salario con asambleas generales masivas y el paro de toda la planta, y los papeleros de Kimberly Clark que reclaman la reapertura de la planta hoy más necesaria que nunca por su esencialidad en el marco de la pandemia.


Por su parte, el Sutna, que encabezará la movilización, ha generado un impacto en el activismo de la zona sur con el paro de 24 horas en defensa de la salud de los trabajadores del neumático desde Firestone y en todas sus plantas (que al momento de escribir esta nota recién comienza) por la contraposición frente a la inacción completa de otros gremios, mientras crecen los contagios en Cattorini con 15 casos, Coto Quilmes con 20, San Cayetano con 10, Guidi, Ball y otras plantas que, lejos de parar la producción, las patronales presionan por seguir con el trabajo licenciando a sectores mínimos del personal.


El Polo Obrero que viene de otra gran jornada nacional de lucha, y en particular en la zona sur de impulsar reclamos a los municipios con un importante corte en Puente La Noria, se movilizará junto al sindicalismo combativo concretando una vez más la unidad de acción de lucha de ocupados y desocupados.


Vamos a una jornada de lucha que será un hecho político en todo el país.

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Salta: Sáenz reprime a remiseros en lucha en las puertas de la Legislatura

Hace varios días que los trabajadores remiseros de Salta están exigiendo en las puertas de la Legislatura salteña que el gobernador Gustavo Sáenz los reciba para brindarles una solución a la angustiante situación que están viviendo, producto de la usura y los exorbitantes montos que deben pagar sistemáticamente a las agencias de remises que monopolizan las licencias.


Estos trabajadores fueron recibidos el jueves 11 por Esteban Amat, presidente de la Cámara de Diputados, pero no se le dio respuesta alguna a sus reclamos.


Tras días de manifestarse y de realizar un acampe, por la noche del jueves la policía arremetió y reprimió a los manifestantes, procediendo a la detención de por lo menos siete remiseros, que serán llevados al Juzgado de Garantía n°4. Durante el operativo, impidieron que los medios de prensa pudieran registrar los hechos, agrediendo a algunos periodistas. Esa es la única respuesta concreta que obtuvieron por parte del gobierno de Sáenz.


Actualmente existen 53 agencias que cuentan con 1.700 licencias, que en su gran mayoría son usadas para ser alquiladas entre $3.500 y $5.000 semanales, es decir que son utilizadas para un mecanismo completamente confiscatorio y usurario contra el trabajador. Es una situación vivida desde hace muchos años por todos los trabajadores del volante, ya que los diferentes gobiernos son los que han favorecido a las agencias con la posibilidad de ostentar el monopolio de las licencias de remises.


La represión en las puertas de la Legislatura ante un reclamo justo de los trabajadores debe enmarcarse en un aumento exponencial de los abusos policiales tanto en el interior como en la capital. Repudiamos rotundamente la represión sufrida por los trabajadores remiseros y nos solidarizamos con su lucha, exigimos la inmediata liberación de los detenidos y hacemos responsable al gobierno de Sáenz por la seguridad de estos trabajadores.



  



  


En esta nota

12/06/2020

Hurlingham: alza vertiginosa en los casos de Covid-19

El municipio de Hurlingham, encabezado por el intendente Juan Zabaleta (Frente de Todos) tuvo en los primeros días de junio una suba acelerada en los casos de Covid-19. Hacia fines de mayo el distrito mostraba un total de 63 casos confirmados, pero este número ha trepado a 108 en lo que lleva el mes de junio. Es decir, sólo en los últimos once días se han manifestado el 44% de los casos totales. Observamos, a su vez, que los casos diagnosticados en este período equivalen a la misma cantidad resultante de los primeros 59 días, tomando en cuenta la detección del primer caso en el municipio. La tendencia, como muestran estas cifras, es hacia un crecimiento exponencial. Frente a esto, las respuestas de la Municipalidad son contraproducentes. Las constantes flexibilizaciones aplicadas parecieran ignorar que los números, lejos de haberse aplanado, se encuentran en su máxima precipitación.



El desarrollo de la pandemia en el distrito


Hacia mediados de abril, Hurlingham sufría la aparición de los primeros casos autóctonos, pero la particularidad es que ellos tenían su foco en los geriátricos. En otras palabras, donde mayor precaución y cuidados debían tomarse, fue donde el virus comenzó a expandirse. Para colmo, la respuesta por parte de las autoridades llamó la atención, no por su efectividad sino por lo contrario. Sin testear a nadie que no presentase síntomas, se decidió el “aislamiento comunitario” de geriátricos, cuyos ocupantes comparten, entre otras cosas, baños y habitaciones. Es decir que aquellos abuelos que no mostraban ningún indicio de contagio estaban obligados a compartir espacio con posibles infectados asintomáticos. Esta medida no sólo afectó a quienes allí viven, sino al propio personal de salud de la institución. Los hogares “La Nonna Katy” y “El Parque” fueron ejemplos de esta forma de proceder. Este último obtuvo como resultado siete contagiados, incluyendo cuatro trabajadores del lugar.


A partir de la segunda quincena de mayo los casos positivos comenzaron a mostrar una suba ininterrumpida, que se tradujo en un aumento del 52% en los últimos quince días de ese mismo mes. No obstante, siguiendo la línea aplicada por el gobierno nacional, Zabaleta comenzó en ese mismo período a flexibilizar el aislamiento obligatorio y las calles comenzaron a transitarse con completa normalidad. Múltiples ramas fueron habilitadas para volver a sus tareas. Simultáneamente, el intendente no ofrecía ninguna respuesta ante el pedido urgente del Polo Obrero, que solicitaba kits sanitarios y mercadería para los barrios carenciados del distrito. Esto torna muy grave la situación, ya que los brotes en Villa Tesei, Barrio Mitre y Malvinas son cada vez más alarmantes.


La línea ascendente de casos siguió su curso en los primeros días de junio, como remarcábamos anteriormente. Sin embargo, Zabaleta continúa manifestando intenciones de continuar con la flexibilización. La manera de proceder de las autoridades refleja, por ende, un interés ajeno al de los trabajadores, a quienes más impacta la cuarentena, tanto por la pobreza de las condiciones de vida en la que deben atravesar el aislamiento, como por la falta de ingresos (dada la altísima cantidad de trabajadores en negro). Testigos de esto fueron los choferes de la principal empresa del transporte de la zona, Empresa del Oeste SA que luego de reclamar por la falta de aplicación de cuidados sanitarios fueron responsabilizados en televisión por el intendente por haberse contagiado.


Vamos por una salida real para los trabajadores del distrito


Desde el Partido Obrero llamamos a defender la cuarentena para preservar la salud de los trabajadores del distrito. Para que ninguno padezca la falta de ingresos por trabajar en la informalidad o por el desempleo, proponemos un seguro al parado de $30.000. Reclamamos que sean realizados los tests correspondientes y que se garanticen las licencias y las prevenciones en todos los lugares de trabajo, en donde se presente un caso positivo. Llamamos a crear comisiones de higiene y salubridad en todos los establecimientos, en manos de los trabajadores, con el propósito de preservar las condiciones laborales.





 

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12/06/2020

Fasta-Tucumán: exdocentes y estudiantes denuncian violencia, abusos y discriminación

A raíz de las denuncias realizadas contra la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta) y su brazo miliciano Ruca, ex estudiantes de los colegios que este movimiento tiene en Tucumán, decidieron crear cuentas en redes sociales en las que canalizaron testimonios sobre la violencia, discriminaciones y abusos que padecieron puertas adentro.


La organización oscurantista fue fundada en esta provincia a comienzo de los ’60 por el sacerdote dominico Aníbal Ernesto Fosbery. Además del Colegio Reina de la Paz (en la Capital) y Boisdron (Yerba Buena), poseen la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), la cual viene compitiendo año tras año con la oferta educativa de la Universidad Nacional de Tucumán. “Casualmente”, mientras carreras de la universidad pública aplican cada vez más restricciones (bonos y exámenes de ingreso) la Unsta va incorporando esas mismas carreras.


Sumado a esto, el exdirector del colegio Boisdron y fuerte aliado de Fosbery, César Enrique Claps (del Opus Dei), es dueño del Colegio Pablo Apóstol, que se hizo conocido a nivel nacional tras el escrache realizado hacia una docente que enseñaba que “la homosexualidad es una enfermedad a ser curada con terapia”, algo que las autoridades reconocen como parte del ideario institucional). También se difundió que allí se dedican oraciones al descanso eterno del alma de Antonio Domingo Bussi, cabeza del Operativo Independencia y condenado por genocidio.


Cientos de exestudiantes y docentes expusieron sus experiencias traumáticas en estas instituciones, y otras ligadas a la Iglesia Católica como los Exploradores de Don Bosco. Desde humillaciones públicas, discriminaciones por la orientación sexual, color de piel, cuerpos no hegemónicos, accionares militaristas, entre otras. Se destaca el repudio hacia la Educación Para el Amor (EPA), una contrapropuesta a la educación sexual, con contenido homolesbotransfóbico y de desprecio hacia el movimiento de mujeres.


Algunos testimonios afirman que además protegen a abusadores. Un docente del Pablo Apóstol fue apresado por intentar abusar de un niño en situación de calle que abordó en un semáforo, y las autoridades del establecimiento pedían rezar por la injusticia contra el abusador. Otro caso de abusos de niñes de jardín de infantes por parte de un profesor de religión fue denunciado por padres y docentes de una institución ante la arquidiócesis tucumana, donde junto con las autoridades educativas se resolvió solo separar de ese cargo al abusador y permitir que siga trabajando en otros colegios.


A pesar de todo esto, el Estado cede el manejo de hogares y organizaciones a Fasta y a la Iglesia, como el hogar para adolescentes madres y embarazadas “Santa Micaela”, incluida en la cartilla de la arquidiócesis como una de sus instituciones femeninas “de vida consagrada”. La tortura que sufrió Lucía -la niña de 11 años obligada llevar a término su embarazo producto de una violación- es un accionar sistemático de la Iglesia sobre estas jóvenes en situaciones vulnerables.


Es imposible de reproducir la cantidad de testimonios que describen los horrores que se viven dentro de estas instituciones, las cuales proliferan cada vez más en la provincia -algunas 100% subvencionadas. Pese al repudio que algunos políticos patronales manifestaron, ninguno realmente propone quitar estos subsidios.


Con el aumento de las denuncias de abusos intrafamiliares, femicidios y crímenes de odio hacia las personas Lgbt durante la cuarentena, se pone de manifiesto las consecuencias de estas relaciones de opresión que son defendidas y promovidas por el clero. Es necesario profundizar la lucha para que se deje de financiar a estas organizaciones oscurantistas enemigas de los derechos de las mujeres y disidencias. Junto con ello, se evidencia la necesidad de la aplicación obligatoria de una educación sexual laica y científica en todos los niveles, terminar con la impronta militar en la educación y prohibir la regimentación de las infancias dentro de esta educación opresiva; además de reclamar el presupuesto para la Ley de Identidad de Género y, en definitiva, la inmediata separación de las iglesias del Estado.



 

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Había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión.
12/06/2020

16J en Córdoba: el sindicalismo combativo moviliza contra el ajuste de Schiaretti, Llaryora y Fernández

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo, el próximo 16 de junio, en Córdoba, se está preparando una importante movilización por el centro de la ciudad que agrupará al conjunto del clasismo y los luchadores que intervienen en los principales procesos de la provincia. De la misma participará el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), el Sindicato de Trabajadores Municipales de Jesús María, la oposición docente, estatales y municipales de la ciudad de Córdoba, el Polo Obrero junto a otros sectores del movimiento piquetero independiente, conformando una enorme convocatoria. En el día de hoy una asamblea general de la CTA Regional Córdoba discutirá su participación.


La jornada tendrá lugar en una provincia fuertemente movilizada. En las últimas semanas se han realizado varias marchas masivas de las y los trabajadores municipales contra los ataques del intendente LLaryora, mientras se multiplican las acciones de lucha en las diferentes dependencias municipales. Se extienden las expresiones de repudio a la reforma jubilatoria de Shchiaretti, de la mano del activismo docente y agrupaciones de jubilados, que ya prepara una nueva acción frente a la Caja de Jubilaciones para el 22 de junio. Y crece el plan de lucha entre el personal de salud, que viene de protagonizar una nueva jornada nacional el pasado 9 y 10, luego de las multitudinarias caravanas en Córdoba. La reciente movilización de más de 1.500 compañeros del Polo Obrero profundiza la perspectiva de movilización que empuja a las calles a ocupados y desocupados.


La reacción obrera y popular en la provincia responde a una fuerte avanzada de los gobiernos locales, comandados por el gobernador Juan Schiaretti, quienes han aprovechado la cuarentena para descargar una agenda antiobrera a la medida de empresarios, especuladores y usureros. Con el hachazo a las jubilaciones y el ataque a los salarios estatales, el gobierno no solo busca desesperadamente hacerse de los recursos para responder a los vencimientos de deuda, en una provincia al borde que la quiebra, sino que marca un curso de acción para el conjunto de las patronales, que reclaman desde hace semanas el levantamiento total de la cuarentena, para poner en marcha el aparato productivo sobre la base de la precarización laboral y el congelamiento salarial.


Esta agenda patronal, ha procedido sobre la base de la completa inacción de las burocracias sindicales que mantienen paralizadas las centrales obreras, mientras el gobierno avanza en imputaciones a las y los trabajadores que salen a la lucha. La completa complicidad de esta burocracia adicta quedó al desnudo con el respaldo de todo el arco burocrático a José Pihen, quién a la cabeza de la CGT Córdoba se jubiló dos días antes de que se aprobara la reforma reaccionaria en la Legislatura para así preservar su jubilación de privilegio de $250.000.


El pacto social de la UIA, los gobiernos y las burocracias, solo puede ser quebrado por la acción unificada del clasismo y los luchadores, para así convertirse en un factor político decisivo dentro del escenario de bancarrota nacional, provincial y municipal.


La jornada del 16, sin duda, marcará una perspectiva para toda la clase obrera cordobesa, que se bate entre las medidas de ajuste de Schiaretti y Llaryora, y la tregua de la burocracia sindical. Desde la Coordinadora Sindical Clasista y sus agrupaciones hemos lanzado una serie de iniciativas para preparar esta gran acción de lucha. Impulsamos los plenarios de la oposición docente que han resuelto participar con un documento unificado y un nuevo plenario de las agrupaciones de jubilados en lucha contra la reforma jubilatoria de Schiaretti que sesionará el próximo sábado para discutir ser parte de la jornada. Una importante audiencia pública contra las imputaciones y por la libertad sindical que agrupó a médicos, docentes y municipales en lucha. Y una serie de reuniones y plenarios en diferentes frentes estatales, industriales y de precarizados, que preparan su participación levantando sus principales reivindicaciones.


Vamos por una contundente movilización que reclame el plenario de delegados mandatados por la base para discutir y organizar un plan de lucha que rompa con el pacto de las burocracias con el gobierno, contra el plan de ajuste patronal, por el no pago de la deuda externa y para reorganizar el país en función de los intereses de las mayorías populares.





 

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12/06/2020

"La lucha de lxs artistas y lxs trabajadorxs de la cultura en cuarentena"

#FacebookLive Presentación del proyecto de Ley del FIT-Unidad, con trabajadores y artistas de la cultura y la diputada Romina Del Plá

Actuemos

A las 18 hs. de hoy y mediante Facebook live se hará la presentación del proyecto de ley que contempla dar respuesta a un conjunto de necesidades crecientes de les trabajadores de la cultura y artistas que desde hace tres meses no perciben ingreso alguno, por razones de público dominio.


La característica distintiva de éste proyecto –como todos aquellos producidos y vehiculizados por les diputades de la clase obrera-, es que surge como producto de una lucha real, existente, que encuentra a miles de artistas y técnicos organizándose por su subsistencia inmediata.


Plasma en cada uno de sus nueve artículos las reivindicaciones votadas en las multitudinarias asambleas que músicos, artistas escénicxs, fotografes y realizadores visuales vienen desarrollando ante la “borrada” general de las burocracias sindicales del sector o ante la ausencia de una organización sindical (fotógrafes) a través de quien canalizar los reclamos.



La compensación salarial de $30.000 que se ha constituido en un estandarte de la lucha contra la falta de ingresos, la eximición del pago del monotributo y la suspensión del pago de alquileres hasta disponer del dinero con que hacer frente a ello entre otras reivindicaciones, están contenidas en el texto del proyecto. Como también la imposición de un tributo excepcional a las plataformas digitales (OTT) quienes no capitan por la distribución de contenidos que, ante la multiplicación del consumo por parte de un  público mundial cautivo por las diferentes cuarentenas implementadas, se han convertido en unas de las grandes ganadoras económicas de la pandemia.


Con la presencia de la diputada Del Plá, la actriz y directora Natalia Badgen por ACTUEMOS,  Francisco Rizzi del Ojo Obrero integrante de la Asamblea de Trabajadorxs Audiovisuales Precarizadxs TAP, Sofía Bordone del Ojo Obrero Fotografía integrante de la Asamblea de Trabajadorxs de la Fotografía ATF y Luis Máuregui por MUSICOS ORGANIZADOS se hará la presentación hoy del proyecto de ley, al que se prevé impulsar con una intensa campaña de apoyos y pronunciamientos, tanto como de solicitud de acompañamiento a legisladores cuyos espacios políticos y referentes ( por caso el propio Presidente Fernández)  cotidianamente destacan la vital importancia de nuestro trabajo. Tienen la oportunidad ahora de poner en acto tales enunciaciones. Lo propio se llevó a cabo en el día de ayer por parte de la legisladora provincial de Neuquén por el FIT-U, Patricia Jure quien presentara en el pleno de la Legislatura un proyecto de ley de características similares, con las reivindicaciones regionales que levantan les artistas de aquella provincia patagónica.


Debemos redoblar la lucha y la organización para conseguir lo que nos corresponde. El de hoy es un hecho importante para colocar la acción parlamentaria al servicio de la lucha de les trabajadores. Les artistas lo somos, y sin ingresos no podemos vivir.


 



Mirá las charlas anteriores:



 















 

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12/06/2020

Tucumán: explosión en el ingenio Aguilares deja dos obreros heridos

La precarización laboral pone en peligro a los trabajadores.

Se produjeron explosiones en instalaciones del ingenio Aguilares, en el sur de Tucumán, durante la mañana del último jueves. Como resultado de estos, dos obreros resultaron heridos.


No hay claridad respecto de lo que realmente ocurrió puertas adentro, lo que sí se conoce es que los obreros fueron trasladados a un hospital de la zona, con quemaduras y golpes.


La zafra tucumana comenzó a las apuradas en varios ingenios y con varias denuncias. Así fue el caso del Concepción, donde los trabajadores revelaron que las condiciones sanitarias, en el contexto de cuarentena, no se cumplían. Esto es, por supuesto, la regla y no la excepción.


La precarización laboral se ha extendido por los ingenios tucumanos. Cada vez menos trabajadores revisten la categoría de permanentes, las condiciones de salubridad están abandonadas y hay un acentuado aumento de los accidentes laborales. La complicidad de los sindicatos Fotia y Feia y, particularmente, del dirigente oficialista Roberto Palina, han sido fundamentales en la debacle de las condiciones laborales de los trabajadores azucareros.


El ingenio Aguilares, donde ocurrieron las explosiones, es propiedad del Grupo Los Balcanes, una firma de Jorge Rochia Ferro, que además abarca otros dos ingenios, una empresa de logística, transporte, generación de energía, alcohol, biocombustibles y cuanto negocio exista alrededor de la caña de azúcar.


A través de un comunicado los directivos del ingenio lamentan el accidente ocurrido y anuncian que ¡han concurrido a la Justicia para dilucidar los hechos! A renglón seguido, dicen “esperamos conocer pronto a los responsables de este atentado”. ¿Cómo, no se trataba de un accidente? Un accidente y un atentado son cosas muy distintas. Uno sería un caso fortuito y lo segundo una acción provocada.


Durante los últimos días salieron a la luz intentos por parte de Rochia Ferro de quedarse con otro ingenio ubicado en la zona de Aguilares: el Santa Bárbara, propiedad de la familia Colombres. El año pasado este no molió debido a sus impagables deudas. Históricamente el Santa Bárbara fue un coto de caza de Roberto Palina. El legislador, que responde al gobernador Juan Manzur, ha metido allí sus garfios con mayor ahínco. Él y sus amigos de la burocracia azucarera tienen allí extensos negocios montados.


Durante el año pasado, Palina salió en defensa de sus socios patronales justificando de mil maneras que cientos de trabajadores se quedaron sin zafra y sin ingresos. Ahora el ingenio Santa Bárbara ha vuelto a moler y la burocracia no quiere compartir sus ganancias con Rochia Ferro.


¿Se inscribe este “accidente” en una pelea entre patrones? Seguramente eso se dilucidará durante los próximos días.


Lo incuestionable es que los obreros azucareros son los únicos perjudicados en este entuerto. Dos obreros han sido hospitalizados y muchos más comenzaron la zafra en precarias condiciones. La burocracia de Palina y compañía se ha encargado de dejar pasar la paritaria 2020 con la excusa del coronavirus. Los trabajadores azucareros están trabajando con los mismos salarios de zafras anteriores, lo que implica, objetivamente, una rebaja salarial. Necesitamos asambleas por ingenio para discutir las condiciones laborales y armar un plan de lucha por una recomposición salarial en el marco de la paritaria azucarera 2020.





 

12/06/2020

Municipalidad de Córdoba: congelan paritarias, reducen personal y eliminan horas extras para sostener a los empresarios

Un nuevo ataque del intendente Martín Llaryora contra las y los trabajadores de la ciudad.

En otro capítulo de su avanzada contra las y los municipales de la Ciudad de Córdoba, el intendente Martín Miguel Llaryora se despachó con nuevos anuncios de congelamiento salarial, la eliminación de horas extras y la reducción de personal en las dependencias municipales. Las medidas no solo implican profundizar el ataque a las condiciones laborales, sino que afectan de manera directa a servicios esenciales que, en plena pandemia, resultan claves para la asistencia a la población.


Sumado a la reducción de jornada, que implicó un recorte del 15% en el salario municipal, el Ejecutivo dispuso la supresión de la totalidad de las horas extras; la eliminación casi total de la prolongación de jornada; el congelamiento de la paritaria para 2020; una ampliación del Régimen de Pasividad Anticipada (RPA) dirigido a los docentes que desarrollan tareas pasivas y la suplantación de la modalidad de contratación directa por un régimen de monotributistas.


El caso de la pasividad anticipada en educación es una muestra más del ajuste. Quienes adhieran verían reducidos sus ingresos, pasando a cobrar el 50% del salario en blanco del activo. Esta posibilidad se abrió en la última semana para docentes en tareas pasivas permanentes que desarrollan en las escuelas tareas administrativas y de apoyo a la gestión pedagógica (atención de biblioteca, laboratorio, etc), todas necesarias para la vida institucional.


La suplantación de las contrataciones directas por monotributistas es otra vía para profundizar la precarización laboral y atacar el convenio de las y los municipales. Con esta modalidad se pretende golpear a los trabajadores de las áreas administrativas ligadas al área contable, de Recursos Humanos y a las áreas operativas de tránsito y control de la vía pública, para generar una municipalidad “paralela” que deja fuera de funciones específicas a un gran número de trabajadores. Sin embargo, los nombramientos en curso no son para cubrir la falta de personal que hay en numerosas reparticiones; son para fracturar el convenio municipal, ya que se realizan precarizando trabajadores.


Debido a que los trabajadores comprenden la magnitud del ataque, crecen las acciones de protesta en todas las reparticiones, en reclamo de equipamiento, insumos y de personal necesario. En salud, por equipos de protección personal y más personal y en educación, por actos públicos virtuales y seguridad.


Estos nuevos ataques sobre las y los municipales fueron largamente reclamados por todo el arco patronal que opera en la ciudad. En un reciente informe, la Cámara de la Construcción y el economista Gastón Utrera apuntaron contra los salarios y la planta municipal, contraponiendo el gasto salarial al presupuesto invertido en obra pública. De esta forma, los especuladores que se han apropiado del suelo urbano en la ciudad, se enfilan junto a las empresas concesionarias del transporte y la basura, para reclamar aumentos de subsidios, exenciones impositivas y una mayor asistencia estatal.


Llaryora, en plena sintonía con las medidas del gobernador Juan Schiaretti en la provincia, está decidido a avanzar en la liquidación del salario y el convenio municipal, como primer paso para hacerse de los recursos que reclaman acreedores y empresas concesionarias de la municipalidad. Para esto ha recurrido a las imputaciones de más de una decena de municipales y a un brutal operativo mediático que coloca el salario de las y los trabajadores como el principal factor de la bancarrota municipal.


La potencia de movilización y lucha que han demostrado las y los municipales con dos masivas marchas y decenas de acciones de lucha en las diferentes dependencias, contrasta con la pasividad de la conducción gremial, que es reticente a unificar al conjunto de las y los municipales en un plan de acción progresivo.


Urge que las acciones de movilización sean direccionadas con una asamblea general de trabajadores y trabajadoras, que delibere y resuelva un plan de lucha para que la crisis no la paguen ni los trabajadores, ni los vecinos. Que la crisis la paguen los especuladores, los grandes empresarios y las concesionarias corruptas.

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¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
12/06/2020

Río Negro: una primera conquista de les trabajadores de La Reginense

El monto depositado en sus cuentas fue superior al acordado a sus espaldas por la burocracia sindical.

Hace minutos se conoció de boca de los y las trabajadoras de La Reginense que en sus cuentas estaba depositado un monto que cubría parte de la deuda que tiene con ellos y ellas el gobierno provincial, que mantiene intervenida la fábrica desde principio de año, superior a los pactado a sus espaldas por parte de la burocracia sindical. Si bien las promesas, del propio gobierno, de la actual conducción sindical y del interventor, eran garantizar los sueldos, esto no se cumplió por parte de la patronal que tomó los servicios del empaque, ni por parte del gobierno provincial. Es decir, la patronal produjo, ganó y se fue, y el gobierno se endeuda para pagarle a especuladores y no a los y las trabajadoras de La Reginense. El gobierno no cumplió con el total de los salarios adeudados,y tampoco le exigió explicaciones ni a la expatronal, ni a Zavecom, Emelka o Hernández, que operaron esta temporada. La intervención provincial, que con bombos y platillos venía a blanquear las cuentas de la empresa, fue solo humo y ha generado impunidad y atropello patronal sistemático. Además, la situación por la cobertura social está en debate, debido a que dirigentes de la actual conducción sindical informaron que hay patronales que adeudan aportes desde hace 5 años.


La conquista del módulo alimenticio y de este depósito es gracias a la organización y lucha independiente de los y las trabajadoras de La Reginense. Mañana, en una reunión que se llevará a cabo para presentar una nueva intervención provincial, los y las trabajadoras acercarán todos estos reclamos, y exigirán una inmediata solución. Solo allí, según se plantea dentro del sector en lucha, se podrá proyectar una salida a está situación. Las posibilidades que se debaten entre los y las trabajadoras son diversas y el escenario se mantiene abierto y con trabajadoras en alerta y asamblea permanente.


Apoyamos todos los reclamos de los y las trabajadoras de La Reginense. Cancelación de todo lo adeudado y cobertura social para cada trabajador y trabajadora de manera irrestricta, sin cobro de ningún tipo de plus.




 

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Además exigen el pago de la productividad al 100% y de los días caídos por cierre anticipado de la temporada.
La familia cuestiona toda la investigación. Exigimos su aparición con vida ya.
12/06/2020

CABA: 83% de los centros de salud no tiene los insumos necesarios

Un relevamiento de la Asamblea de Residentes y Concurrentes expone la crisis sanitaria de la ciudad.

Foto: Sofía Bordone - Ojo Obrero Fotografía.

La Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA dio a conocer un relevamiento de los centros de salud de la ciudad, en base a encuestas a trabajadores de los mismos, que traza toda una radiografía de la crisis del sistema sanitario. Y de cómo esta afecta a los residentes y concurrentes, exponiéndolos a un mayor contagio de coronavirus.


De un total de 35 efectores encuestados, 27 corresponden a hospitales y 8 a centros de atención primaria (Cesacs). En el relevamiento se pone de manifiesto que el 83% no cuenta con todos los insumos necesarios, mientras que en el 65% hay déficit de equipos de protección personal de calidad y/o cantidad.


La sobrecarga laboral se entrelaza con residencias que sufren la autogestión, con directivos y funcionarios ausentes. Pasados tres meses del primer caso detectado en país, numerosos efectores manifiestan no contar con protocolos, o que estos varían constantemente. El 63% señala que no se cumplen los protocolos de atención para pacientes Covid. Y más de la mitad expone no contar tampoco con garantías para la atención no Covid.


Quienes deben dirigir, capacitar y organizar las tareas hospitalarias brillan por su ausencia, frente a trabajadores que ponen el cuerpo en la primera línea mientras realizan la extenuante tarea de autocapacitarse. Esta situación no sorprende, ya que no existe en salud alguna capacitación que no se desarrolle de dicha manera, o represente gastos exorbitantes a costa del salario. El Estado no garantiza los medios necesarios para la formación gratuita y de calidad de sus profesionales. En la misma línea, la Universidad de Buenos Aires ha lanzado en complicidad con el gobierno porteño la cobertura de puestos de trabajo necesarios en las Unidades Febriles de Emergencia y en el plan Detectar con estudiantes que cursan el Internado Anual Rotatorio (IAR), disfrazando el trabajo gratuito de voluntariado.


La tareas se cumplen en servicios sin equipamiento. Durmiendo en bancos, camillas, sectores sin calefacción para trabajadores ni pacientes. La falta de ventilación se intercala con la exposición a la epidemia del dengue, por ausencia de algo tan elemental como mosquiteros.  La falta de espacio, de medidas para garantizar la cohortizacion (distribución adecuada de pacientes) en áreas limpias y sucias expone a trabajadores y pacientes al contagio intrahospitalario.


Un problema sustancial resulta la escasez de recurso humano. El gobierno de la ciudad encuentra la solución inmediata en la infinita jornada laboral de residentes y concurrentes, que en época de pandemia son despojades de cualquier otro tipo de cualidad humana, dejando su vida física y psíquica dentro del hospital. Recientemente, se ha publicado una resolución que amplia las áreas dispuestas al supuesto proceso formativo de residentes y concurrentes. Es decir, más explotación laboral. Se denuncia la falta de pago de guardias extras a jefes y residentes de últimos años; algo que, si bien fue establecido hace tiempo, no se cumple, ya que las residencias realizan normalmente un sinfín de guardias como parte de la currícula que no son remuneradas. En vez de contratar a residentes y concurrentes especialistas que ya terminaron su formación, el gobierno los sigue exprimiendo para tapar la falta de personal.


El informe expresó cómo en nombre de la pandemia se atenta contra la garantía de prácticas fundamentales, tergiversando las funciones. Se obliga a residentes a cumplir tareas de otras áreas o especialidades, como es el caso de la reubicación que sufrieron médiques generalistas, entre otras especialidades. El trabajo territorial de los Cesacs se ve fuertemente afectado, profundizando la crisis que se vive en los barrios vulnerables, también responsabilidad de la desidia del Estado. Se suma a esto la desatención que sufre la salud mental: hospitales abandonados, pacientes sin circulación segura, sin equipos de protección personal ni higiene garantizados. También en esta situación están los efectores de rehabilitación, donde la exposición de pacientes y profesionales está a la orden del día.


Una fuerte denuncia son los números relacionados al contagio del personal, que son ocultados por  el Ejecutivo porteño. Frente a un caso, se estigmatiza, responsabiliza y persigue a les trabajadores. Al cierre del informe, la cuenta supera los 100 trabajaodres contagiades, y 10 servicios cerrados temporalmente. La peor consecuencia de la falta de insumos, la sobrecarga laboral, el pluriempleo y las malas condiciones edilicias.


Otro dato importante, que a la asamblea le fue muy arduo recabar, es la cantidad de números de camas disponibles y ocupadas para pacientes Covid. El gobierno esconde estos números mientras se jacta de haber contratado a miles de trabajadores y abierto 150 camas nuevas de UTI. Pero, en general, lo que el gobierno hizo fue “comer” sectores, reconvirtiéndolos para la atención Covid. Es decir, ni camas ni personal ni equipamiento extra. Así y todo, los números distan mucho de las declaraciones de Quirós y compañía.


El apartado sobre concurrentes expone la urgencia de la situación, con  1.440 compañeres trabajando gratis, totalmente expuestos a la pandemia, a perder sus trabajos remunerados y a contagiarse. Denunciamos la falta de respuesta del gobierno de Rodríguez Larreta, que luego de siete meses de lucha, desconoce los acuerdos logrados por la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA.


Este informe ha sido elaborado por trabajadores de la salud precarizades, que todos los días ponen el cuerpo para enfrentar la crisis, y  luchan por una salud pública para toda la población. La seriedad del mismo habla de la enorme preparación y conocimiento que les trabajadores tienen del estado de situación de la salud pública.


Mientras la conducción burocrática de la Asociación de Médicos Municipales plantea que “llegarán” los equipos de protección personal importados y arregla el congelamiento de paritarias, y la Federación permanece en silencio, una organización independiente pone sobre la mesa un informe que alarma, y lo convierte en una herramienta para que los trabajadores puedan expresar sus condiciones laborales y presionar al gobierno a dar explicaciones. La organización, la asamblea y la lucha, nuevamente, marcan el camino.





 

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La Plata: nueva represión policial contra los manteros senegaleses

Una movilización en Fiscalía reclamó la libertad del detenido.

Un feroz operativo policial fue desplegado el miércoles 10 en el centro de La Plata para correr a los vendedores ambulantes, y en especial a los senegaleses, de la zona de mayor circulación comercial de la ciudad. Según testigos, más de 50 efectivos de la Policía Bonaerense y de Control Ciudadano del municipio irrumpieron para detener y despojar de sus mercancías a los manteros, cortando el tránsito por varios minutos y reprimiendo.


Mbake Ndao, de 45 años, fue violentamente arrestado y acusado de violar la cuarentena y de resistencia a la autoridad, cuando se encontraba trabajando en las inmediaciones de 7 y 46 vendiendo sus productos junto a otros manteros de la comunidad senegalés de La Plata. Una manifestación se dirigió a la Fiscalía, donde fue trasladado Mbake para declarar, para exigir su liberación, lo que finalmente fue logrado. Sin embargo, la Justicia Federal caratuló la causa como “atentado y resistencia a la autoridad, daños, lesiones, infracción a la Ordenanza Municipal e infracción al artículo 205 del Código Penal”.


Esta criminalización se lleva adelante contra los trabajadores más vulnerables, que son empujados a este trabajo “ilegal” que en 2019 creció un 263% ante la profundización de la crisis y la desocupación. Es el mismo Estado que no garantiza a estos sectores la asistencia social necesaria para cumplir la cuarentena el que despliega estos operativos represivos a cuenta del compromiso del intendente Julio Garro (Cambiemos) con los grandes comerciantes de la ciudad, para lo cual cuenta con el apoyo de la Bonaerense de Sergio Berni y Kicillof.


Para este accionar se valió del represivo Código de Convivencia que blinda los atropellos policiales contra manteros y artistas callejeros mediante multas a quienes “obstaculicen, perturben o impidan” el ejercicio de los efectivos. Es la misma política por la que fue militarizado todo el centro comercial platense durante el mes de diciembre, con alrededor de 1.000 efectivos policiales, para impedir que los manteros y vendedores ambulantes se instalaran durante la temporada de fiestas.


En momentos en los que crece en todo el mundo el rechazo al racismo y la represión con la lucha del movimiento popular Blacks Lives Matter, en respuesta al asesinato de Gorge Floyd a manos de un policía, crece también la solidaridad con la comunidad senegalés y los inmigrantes en general que buscan un medio de vida.


Exigimos el desprocesamiento de Mbake Ndao y el fin de la represión a los vendedores ambulantes. Reclamamos un subsidio de $40.000 mensuales para todos los desocupados y el reparto de alimentos y kits de higiene en barrios y comedores para garantizar una efectiva cuarentena.


 


 


 


 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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12/06/2020

Lomas de Zamora: La Cava, en Villa Fiorito, es otro foco infeccioso de coronavirus

En los primeros días de junio, la Villa La Cava, ubicada en Villa Fiorito, fue noticia por el fallecimiento de un vecino producto de Covid-19, dando cuenta de la posibilidad de la existencia de un foco infeccioso en esta barriada carenciada del distrito de Lomas de Zamora. Rápidamente se confirmó la propagación del virus. En todo este lapso de tiempo hubo una intervención nula por parte del municipio a cargo del intendente Martin Insaurralde, el cual recién ahora empieza a tomar cartas en el asunto, pero lo hace de forma insuficiente.


Los habitantes, que denuncian décadas de abandono en cuanto a obras públicas y asistencia del Estado, sufren hoy la deficiencia del operativo Detectar, con un despliegue de funcionarios que solo sirve para luego propagandizar en la página oficial del municipio un “operativo integral de todas las áreas”. Según el secretario de Obras Públicas de Lomas de Zamora, Piergiovanni, estos operativos incluyen testeos y asistencia de elementos de higiene en toda la zona, pero los dichos del funcionario lejos están de coincidir con la realidad. Son los propios vecinos del lugar los que señalan que, siendo miles los habitantes de la villa, son muy pocos los hisopados realizados y que a una semana de confirmado el foco infeccioso tuvieron que exigir al delegado municipal para que llegue la asistencia alimentaria a esas familias y las viandas necesarias para que los casos confirmados puedan cumplir con el aislamiento dentro de su casa. Incluso se ha constatado que la pistola que se utiliza para medir la temperatura no funciona.


La irresponsabilidad municipal es mayúscula


El mismo secretario de Salud, Mariano Ortega Soler, que admitió la mayor circulación de gente en el distrito (que preocupa a la mayoría de los lomenses) y justificó dicha situación afirmando que “nuestra responsabilidad es que el virus se haga normal en las comunidades”, enuncia ahora que en toda La Cava se realizarán encuestas casa por casa en búsqueda de pacientes sintomáticos y asintomáticos, para realizar los hisopados. Como han denunciado los propios vecinos damnificados, son ellos quienes se acercaron a la posta sanitaria para garantizar que recorran los pasillos y aún quedan sectores sin cubrir. Pero al mismo tiempo, su afirmación de que el virus se haga normal en las comunidades es simplemente criminal, ya que se va conociendo con la evolución de la pandemia que los porcentajes de mortalidad aumentan cuando las condiciones sociales son paupérrimas y la gente tiene mala alimentación.



Al mismo tiempo que sufren estos avatares, algunos vecinos son obligados a cumplir el aislamiento preventivo en el club Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora. Son ellos mismos los que denuncian las pésimas condiciones de infraestructura y sanidad en las que están, que van desde tener un solo baño para todos, tener que poner la comida y cosas personales en el suelo, hasta la posibilidad de enfermarse de otras causas producto de estar dentro de un tinglado con sectores abiertos, lo que lleva a convertir al lugar en una gran heladera en un período donde se acerca el invierno y las temperaturas son bajas.



La Cava, como el resto de las villas, está compuesta por pasillos con casillas donde viven familias que en su mayoría no cuentan ni con el espacio ni las condiciones para cumplir con el aislamiento y distanciamiento social.


El operativo Detectar se estaría retirando este viernes sin cumplir el objetivo. De la zona del foco detectado al inicio, es de donde salen la mayor cantidad de reclamos.


Es urgente que se realicen los hisopados que permitirán detectar los casos positivos en toda La Cava. Que se garantice la atención sanitaria de todos los casos en condiciones dignas. Subsidio a las familias desocupadas de $30.000 para que no tengan que salir a la calle a buscarse el sustento. Asistencia alimentaria y de elementos de higiene y protección. Obras públicas y plan de viviendas.





 

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12/06/2020

“What we are seeing in the mobilizations today is the US security state’s greatest nightmare”

Testimonies of the popular rebellion; interview with Bilal Ali, of the Black Alliance for Peace, Oakland

Versión en español


We’ve done an interview for Prensa Obrera with Bilal Mafundi Ali, a veteran militant in the black liberation movement. Bilal is currently part of the Organizing Committee of the Black Alliance for Peace and part of projects to assist the homeless in the Oakland-San Francisco area, as well as a speaker in several Universities and political education projects in the area.


-First I would like to extend my appreciation to the people in Argentina who have expressed their solidarity with the masses in the streets here in America, and to say your international solidarity is exemplary. I saw the videos from Argentina [of the Left Front act in support of the rebellion], I disseminated that to my comrades here. And they were very happy to see that. We’re internationalists, so we understand that the struggle is not just a local struggle. It’s a global struggle and it’s going to take global solidarity to dismantle this terrorist, capitalist, imperialist system that plagues all of humanity.


– How has the conflict evolved in the San Francisco-Oakland Bay area these days?


 - The ongoing street demonstrations and protests, that had been sparked by the – we say “lynching” - , the murder of George Floyd. This was not an isolated event. We see that the masses in the street represent the culmination of over four hundred years of black people’s oppressed experiences in America. That experience has been political oppression, economic exploitation and social denigration. That has not only affected black people here but black people abroad. So are we seeing that the state of what is going on here, this response, to the Covid-19 pandemic, which was weaponized and being policed. We’ve seen black people dying out of the proportion of their representation in the population. They are dying two and a half times to three times more than whites. This is based on the racism in the health care in this country.


So there is tension around that, also there was another tensions around this brother who was killed by some whites in the South, Ahmaud Arbery. And then this current thing with the police in Minneapolis. So this all has culminated because of the simmering tensions because of the conditions in which we are living in this so-called free country, the richest country in the world. And it just came to a head. It’s been simmering for a long time. It’s like a powder keg. And the police action is just the wick. Historically in this country, in any civil outrage the police has always been the catalyst, the wick to the poder keg, right? The police has provided that spark. So we are seeing people out in the streets, they imposed curfews, people have broken the curfews. That was a mistake, people defied the curfews. We are going to go out there. You are not going to limit our participation in protests and demonstrations. So we are seeing all of this that is going on right now. And like I said, this has been years in the making and finally that spark hit. I have gone through this, I’m sixty eight years old, I have lived two thirds of this century and in my lifetime have seen the 1965 Watts Rebellion which was sparked by police terror, I lived the what they call the 1992 Rodney King riots- we don’t call it that, we call them uprisings and rebellions and now, here we are again. The 2014 it was a mass demonstration behind the killing of Mike Brown and Eric Gardener and those folks and here we are again. Back at this moment. But what’s going on now, which is kind of unique. What we are seeing in the mobilizations today reflects the United States security state’s greatest nightmare. We are seeing multiracial actions, initiated by black people, with black leadership. So we are not just seeing black people like it was in 1965 in the street but we are seeing multinational, multiethnic groups, organizations in the streets right now. Like I said, this is their greatest nightmare.


-What effect do you think the attempt to crush the current rebellion through repression has had?


– It hasn’t had any effect. Like I said, they issued curfews and we have defied those curfews. People have been beaten, have been even shot but, as we are speaking, people are back on the streets today. And it is constantly expanding, we are looking around in this country, around 500 cities are out in the streets in one form or another, rebelling in something like 20 states. So we are seeing something that we hadn’t seen before with this scope and breadth and people are out there demanding change. A lot of people are focusing on police brutality, - I don’t like that term though because it emphasizes that the problem is that there are a few rotten apples in the orchard and we say that the whole fucking orchard (excuse my language) is rotten. So people have become aware and there’s talk now of defunding police. That’s kind of vague. We don’t just want to defund the police, we want to disempower, disarm and disband the police. We are abolitionists.


Now we are seeing some of the same politicians, and what I want to talk about is the black misleadership class in this country. These are black politicians who have capitalized on those ancestors like Malcolm X and Martin Luther King and Fannie Lou Hamer, people like that. They have walked over their graves and are basically neocolonialist puppets. They have been put in place to steer us away from any real resistance to dismantle this system. So now  they are coming out saying “yeah we need to defund the police”. We have the mayor of San Francisco, the mayor of Los Angeles saying this. “We are going to take 150 million dollars from the LAPD”, which leads the numbers in this country in the killing of black people. That’s only 5% of the budget for the LAPD, it’s a spit in the bucket. But the black mayors that are also on the Democratic Party are now coming out. These same mayors that have always supported the police, have had the police doing homeless sweeps, and right now they are coming out as if they were champions of the cause.


But we understand that this system, capitalism, is resilient because it has the ability to coopt popular resistance. So we are seeing the enemy, it’s nothing new. I teach my students “this is historically what they’ll do, beware of this”. So now they are coming out like this, and being in the forefront. We say that if there’s any defunding of the police it has to come from the people of the bottom of society to make the decision of how that is done. Not the same people who have been in power and have done nothing to better the living conditions of their constituents here, in this country. The jury is still out for a lot of us about what this defunding the police looks like. We want to not just defund, we want to demolish the police because we understand the police is an occupying force in our communities and they are here not to enforce the law, but to enforce white supremacy. So this is where a lot of us are at and this is what we are talking about so, you know, people do not get fooled and get coopted, which is going to happen, they will try to do that.


We have the Congressional Black Caucus in Congress and Nancy Pelosi, who is the leader of the democrats. She has told the Congressional Black Caucus that they need to come out with reforms. And one of those reforms is a better training for the police. What better training do they need? But the Congressional Black Caucus are the same who voted in 2014, two weeks before the murder of Mike Brown by the cop in Ferguson, they voted 80% for what’s called the 1033 Program and that gives the local police forces the access to military grade weapons, 80% of the Congress voted for this.


Recently, last year I believe, 75% of the Congressional Black Caucus voted to give the police in this country a protective status when major federal crimes are committed by law enforcement officers. So now these people are being pushed out and saying, “we are going to take care of this”, “we are going to make the reforms and so on and so forth”. Many of us are not going for that and we are educating our people on why we are not supporting that. You cannot trust the people that have given the police the right to use military weapons on our communities and given the police a protective status. They cannot come out and jump ahead of this movement that’s going on right now. So this is the other battle. The comprador class.


So people are asking to defund the police, they are demanding to abolish the qualified immunity the police have that protects them from any liability when they are out killing and beating us, and so we are saying no. We need much more, but any movement, any decision on how we are going to deal with this problem has to come from the bottom, not from the top. Those days are over with. The people that are mostly affected by these conditions are the ones who have to be making these decisions and determine where we’re going to go from here.


–What social or political groups are influential in the movement?


– Well the groups that are involved here in Oakland are the Anti Police-Terror Project which was formed in 2014 and there are other groups involved that may not work exclusively in anti police terror projects, groups that are working on housing, work on the homeless community. These people are also out on the streets. People who fight eviction of tenants. So we have a multi-issue collaboration that’s happening. I don’t know how much attention you have on what they call the left here. A friend of mine used to say, “The problem with the left is that it has left here”. The left is very fragmented, you know, they narrow in on one particular issue, they don’t connect that issue with other issues. So we are seeing that it is being changed now with the rebellions and the protests, and demonstrations.


I’m a member of the Organizing Committee of the Black Alliance for Peace and we have since 2014 our inception. We have made those connection with imperialism aboard and imperialism right here at home, we made those connections with militarization in the bases in Africa, and what happens here with the police. So we are making those connections and through that work, people now are seeing those connections. There is no such a thing as a single issue action because we don’t live a single issue lives, right?


I came from the black liberation movement, I was a member of the Black Panther Party for Self-Defense when I was sixteen years old and we’ve seen how this country made that type of activity illegal and it gave concessions to a particular class. The civil rights movement was a collaboration of elements of the black petty bourgeoisie and elements of the liberal bourgeoisie of the Democratic Party. That collaboration created this comprador class, and steered our people away from righteous resistance. And now that’s being put on its head, because people are seeing the hypocrisy of their elected officials.


I don’t know if you know about this, but I’ve been needling a lot of the folks here that were supporting Bernie Sanders and his latest statement is that he wants to give the police a raise. He says that’s one of the solutions. Well somehow he relates police terrorism with police wages but the police are some of the best payed public employees. Right here in San Francisco, in Oakland, the police make over a hundred and eighty thousand dollars a year. So a lot of people are upset with Bernie for that. And we say “hey, we told about this guy”.


I explained to a student the difference between democratic socialist and socialist democrat and I told him Bernie Sanders is not a socialist, he is not for abolishing the economic order here. He wants to tweak it. He’s like Roosevelt, he wants to save capitalism. You know, like, capitalism itself is not the problem. There are some things wrong that we have to correct. So I gave him an example: when Bernie Sanders proposed a 15 dollar minimum wage, I said, in socialism, the workers will determine their wages. 15 dollars is not much here, you can’t live in the Bay area with that. A one-bedroom apartment in San Francisco is four thousand dollars… and then how can he determine the wages of those producing the wealth, right? So, you know, is bullshit. In my group we call him a sheep dog, herding people back into the Democratic Party.


So, yes. A lot of people are disappointed with him. There is a new party formed with Bernie’s people. They split and started a new party but they are not a revolutionary radical party, they are more like Democratic Socialists. They are socialist on paper but their practice is not really about socialism.


–The rebellion is obviously centered on the racism of the state and police killings but what role do you think social and economic concerns play in this upraising?


– Well, a lot of people are upset. They focus on the police and George Floyd’s murder. We try to get people to understand to not individualize this. Do not individualize his death, this has been happening for over four hundred years for black people. There has not been a time on this earth, since I’ve been on this country that the police have not killed black people. So we don’t want to let this individualize, it is not about him. We have Breonna Taylor, the black woman that has been killed in her apartment and we have had another killings since up to that. So we don’t want people to individualize and take this to reform again, right? Reform keeps us in this bullshit reform, in this trick bag. So we have different elements there, we have situation which unequal development and growth and people are understanding how economic and political apparatus is in play. But people are putting it together, there is a lot of political education going on. The police are there for economic reasons so we say politics is basically concentrated economics, right? Police are there to uphold the status quo, to protect the corporations, and the businessman and the developer. These are the same people who are causing gentrification. The same people who have caused the homeless situation. That the police are there to enforce those economic arrangements. They are also there to enforce the social arrangements of white supremacy.


So we are putting information out, we’ve been talking about this for a long time and some of the people that are on the streets now, they have been the reading and they have been hearing. A lot of people are addressing the situation to social and economic situation that is affecting our communities. So like I said, it is not about him, yes, we are hurt that it happened, because we had to witness that on video. But we don’t want this to be about him, it’s about all of us. Not only locally, nationally but internationally. We have seen the same happening in Haiti, in Venezuela. We see this hegemon. This paneuropean project to continue to dominate the rest of us, even though they are in a crisis. We have been predicting this was going to happen sooner or later because capitalism is in a crisis. The Black Alliance for Peace says because it is in a crisis we are going to see the heightening of the repressive apparatus of this country. We are going to see more shootings and more killings. We want people to understand that and put those variables together. We want to dismount the system, not just the police. We went it all totally gone.


–Are there any initiatives to coordinate the protests, write common platforms, political deliberations among those who are struggling in order to have their voices heard on the national scenario?


– In Oakland the platform has been written during the Covid-19 before George Floyd’s killing but it is a part of that and is called the Black New Deal Platform. It is a very long platform but it is a platform that address issues that we have been talking about. There is also The Black is Back Coalition, with Omali Yeshitela of the African People’s Socialist Party. He is the chair of the Black is Back Coalition but it also has members of the Black Alliance for Peace and they have developed a Black Agenda for the XXI Century. Both these documents, that one and the one here in Oakland, the Black New Deal, address a lot of these issues we’ve talked about. We’ve been able to use this documents to organize our people and do political education. So people do connect all these issues together and see that they are all emanating from the same source. So that is where our work is really focused on, we will continue to focus on radicalizing our people and saying that Democratic Party is not going to save them, that the police is definitely not going to help them and this country as it is constituted was never for us, right? And we need real fundamental change by any means necessary but first we have to understand and articulate what those exact means will be. So this is where we are at now.


So we say that conditions radicalize people. I tell my students that white supremacy and imperialism will create more revolutionaries than I ever could. I asked my students who was the greatest recruiter to the Black Panther Party and they say, you guys did radical education on the street and I said, well that was part of it but the major recruiter to the Black Panther Party was the police because a lot of people had experiences with the police and that’s how they came. The best example is Mumia Abu Jamal, he was a Black Panther in Philadelphia at fifteen. And it was the racist Philadelphia police under the racist Frank Rizzo, who’s statue just got taken down, he was beaten and after that he joined the Black Panther Party. So that’s dialectial, right?


I could stay here and talk till I’m blue, but it’s those conditions that create the revolutionaries. And now people are seeing the police and their true character and nature. Especially on all these videos that have come out showing the police brutality, how they treat people who have the so-called right to demonstrate in this “free country”. They are seeing the police knocking down a 75 year old man unconscious, they are seeing children being tear gassed and shot in the face with rubber bullets. So that is going to radicalize people more than me, my organization or any other organization have been able to. Again, dialectics. It proves the dialectial statement that where there’s oppression, there is resistance.

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12/06/2020

“Lo que estamos viendo en las movilizaciones hoy es la pesadilla más grande para EEUU y su Estado policial”

Testimonios de la rebelión popular; entrevista a Bilal Ali, de Black Alliance for Peace, Oakland

Entevista realizada por Guillermo Kane 

English version


Entrevistamos para Prensa Obrera a Bilal Mafundi Ali, un veterano militante del movimiento por la liberación negra. Actualmente Bilal es miembro del Comité Organizador de Black Alliance for Peace (Alianza Negra por la Paz), e integra proyectos de asistencia a los sin techo en la región de Oakland y San Francisco, así como da clases en varias Universidades y proyectos de educación política de la zona.


-Primero quiero dar mi agradecimiento a la gente en Argentina que han expresado su solidaridad con las masas movilizadas acá en Estados Unidos y decirles que su solidaridad internacional ha sido ejemplar. Vi los vídeos de Argentina [del acto del Frente de Izquierda en apoyo a la rebelión], y lo difundí a mis camaradas acá. Y estaban muy contentos de verlo. Somos internacionalistas, así que entendemos que la lucha no es una lucha local, es una lucha global y va a ser necesaria la solidaridad global para desmantelar este sistema terrorista, capitalista, imperialista que es una plaga para toda la humanidad.


– ¿Cómo se está desarrollando el conflicto actualmente en el área de la Bahía de Oakland y San Francisco?


– Las manifestaciones de protesta en curso, que fueron desatadas por lo que nosotros llamamos el linchamiento, el asesinato de George Floyd, no son un hecho aislado. Vemos que las masas en las calles reflejan la culminación de casi 400 años de experiencias de opresión a la gente negra en América. Esta experiencia ha sido de opresión política, explotación económica y denigración social. Esto no solo ha afectado a la gente negra de este país sino también del extranjero. Entonces vemos que lo que está ocurriendo aquí, con la pandemia del Covid-19, es que la respuesta del Estado ha sido transformarlo en un arma, establecer un control policial. Los negros están muriendo de manera desproporcionada en relación a su peso en la población. Están muriendo 2,5 o 3 veces más que los blancos. La razón es el racismo en el acceso a la salud en este país.


Entonces hay tensión alrededor de eso, que se suma a otra tensión originada a raíz del hermano que fue asesinado a manos de blancos en el Sur, Ahmaud Arbery. Y este hecho reciente con la policía de Minneapolis. Entonces todo esto ha terminado así por las tensiones que hicieron ebullición por causa de las condiciones en las que estamos viviendo en este país que se jacta de ser un “país libre”, el país más rico del mundo. Las tensiones estuvieron en ebullición y ahora pasaron al frente. Es un polvorín y la policía, en realidad, es solo la mecha. En este país, históricamente, la policía ha sido el catalizador de cualquier estallido social, la mecha del polvorín, ¿se entiende? La policía encendió la chispa. Entonces estamos viendo a la gente en las calles. Impusieron el toque de queda y la gente lo ha violado. Cometieron un error tratando de imponer los toques de queda. Nosotros vamos a salir. No van a limitar nuestra participación en las protestas y manifestaciones. Entonces vemos lo que está sucediendo ahora. Y como dije, se ha estado gestando por años y finalmente, la chispa prendió.


Yo he pasado por estas cosas, tengo 68 años, he vivido dos tercios de este siglo. En mi vida he visto la rebelión de Watts de 1965 que fue provocada por el terror policial. He vivido lo que llamaron los motines por Rodney King en 1992. Nosotros los llamamos rebeliones, levantamientos. La movilización de masas a partir del asesinato de Mike Brown en 2014. Y aquí estamos, de nuevo. Pero lo que sucede ahora, de algún modo, es único. Lo que estamos viendo en las movilizaciones hoy es la pesadilla más grande para los Estados Unidos y su Estado policial. Estamos viendo acciones multirraciales, iniciadas por gente negra y con direcciones negras. Entonces no está solo la gente negra en la calle como lo fue en 1965. Estamos viendo grupos multinacionales, multiétnicos en las calles ahora.



–¿Qué efectos pensás que tuvo el intento de aplastar la rebelión actual mediante la represión?


– ¡No ha tenido ningún efecto! Como dije, ellos impusieron el toque de queda y nosotros desafiamos al toque de queda. La gente fue golpeada, incluso han disparado sobre ella y sin embargo, en este mismo momento, están volviendo a la calle. Y la protesta se está expandiendo constantemente, lo vemos por todo el país, en alrededor de 500 ciudades la gente está en la calle protestando de algún modo u otro, rebelándose en algo así como 20 estados. Entonces estamos viendo algo que no había pasado antes con este alcance y profundidad, y la gente está reclamando cambios.


Mucha gente se está enfocando en la brutalidad policial – a mí no me gusta mucho ese término porque pone el énfasis en que el problema es que hay algunas manzanas podridas en el árbol y nosotros decimos que todo el maldito árbol está podrido. Y la gente se está dando cuenta, y ahora se está hablando de desfinanciar a la policía. Eso es un poco vago. No queremos sólo desfinanciar la policía, queremos desempoderarla, desarmarla y desmantelarla. Somos abolicionistas.


Ahora estamos viendo algunos de los políticos de siempre, y me refiero a la clase de malos dirigentes negros de este país. Hay políticos negros que dicen estar tomando el legado de ancestros como Malcolm X, Martin Luther King y Fannie Lou Hamer. Han caminado sobre sus tumbas y son básicamente marionetas neo-colonialistas. Ellos han sido colocados allí para mantenernos lejos de la verdadera resistencia, la que pretende desmantelar al sistema. Entonces salen ahora a decir “sí, necesitamos desfinanciar a la policía”. Salen a decir esto el alcalde de San Francisco, al alcalde de Los Ángeles. Dicen “vamos a sacar 150 millones de dólares del presupuesto al Departamento de Policía de Los Ángeles”, que es líder en las estadísticas de asesinatos de gente negra en este país. Eso es solo el 5% del presupuesto del Departamento de Policía de Los Ángeles, una escupida en un balde. Pero los alcaldes negros que están en el Partido Democrático están saliendo. Estos son alcaldes que siempre apoyaron a la policía, que han ordenado a la policía a hacer redadas de gente sin techo, y ahora vienen como si fueran campeones de la causa.


Pero nosotros entendemos que este sistema, el capitalismo, es resistente porque tiene la habilidad de cooptar la resistencia popular. Estamos viendo a nuestro enemigo, no hay nada nuevo. Yo les enseño a mis estudiantes  “Esto es lo que han hecho históricamente, estén en guardia frente a esto”. Entonces ahora se quieren poner al frente. Nosotros decimos que el desfinanciamento de la policía, la tienen que decidir lo de abajo en la sociedad. No la misma gente que ha estado en el poder y no ha hecho nada para mejorar las condiciones de vida de sus electores en este país. Para muchos todavía no está dicha la última palabra sobre qué es esto de desfinanciar la policía. Nosotros no queremos sólo desfinanciar la policía, queremos demolerla porque entendemos que la policía es una fuerza de ocupación en nuestras comunidades y que no están aquí para hacer valer la ley sino para imponer la supremacía blanca. Entonces este es el debate que estamos dando actualmente y estamos hablando del tema, diciéndole a la gente que quieren engañarlos y cooptarlos. Y es lo que está pasando, están intentando hacer eso.


Está el Congressional Black Caucus [Bloque Parlamentario de Diputados Negros]  y Nancy Pelosi, que es la líder de los demócratas, le ha dicho al Congressional Black Caucus que necesitan elaborar reformas. Y una de esas reformas es un mejor entrenamiento a la policía. ¡¿Qué mejor entrenamiento necesitan?! Pero el Congressional Black Caucus es el mismo que en 2014, dos semanas antes del asesinato de Mike Brown a manos de un policía en Ferguson, un 80% de sus integrantes votaron el llamado Programa 1033 para otorgar a las fuerzas policiales locales acceso a armas de grado militar.


Recientemente, creo que el año pasado, el 75% del Congressional Black Caucus votó darle a la policía un estatus de protección cuando un oficiales policial es acusado de un crimen federal grave. Entonces ahora hicieron salir a esta gente a que digan “nosotros nos vamos a ocupar de esto”, “vamos a hacer reformas” y así sucesivamente. Muchos de nosotros no vamos a caer en eso y estamos educando a nuestra gente sobre por qué no apoyamos eso. No se puede confiar en gente que le ha dado a la policía el derecho de usar armamento militar sobre nuestras comunidades y le han dado estatus de protección legal a la policía. No pueden venir y pasar por encima del movimiento que se está desarrollando ahora. Entonces esta es otra batalla. La batalla contra la “burguesía compradora”.


Entonces la gente pide desfinanciar la policía, reclaman abolir su protección calificada, que hace que no los puedan procesar por lo que suceda cuando nos están matando y golpeando, entonces estamos diciendo NO. Necesitamos mucho más, pero cualquier movimiento, cualquier decisión sobre cómo vamos a manejar este problema tiene que venir desde abajo, no desde arriba. Esos días terminaron. La gente mayormente afectada por estas condiciones es la que debe tomar estas decisiones y determinar hacia dónde vamos.


– ¿Qué grupos políticos o sociales tienen influencia dentro del movimiento?


– Bueno, los grupos involucrados aquí en Oakland son el Anti-Police Terror Project [Proyecto contra el terror policial] que fue formado en 2014 y hay otros grupos involucrados que no militan exclusivamente en proyectos contra el terror policial. Esta la gente que lucha por vivienda, la que trabaja con la gente sin techo, los que resisten los desalojos de inquilinos. Esta gente también está en las calles. Entonces tenemos una colaboración entre grupos que trabajan múltiples reclamos. No sé cuánta siguen la política de este país y lo que llaman “la izquierda” aquí. Un amigo mío solía decir que “el problema con la izquierda es que se fue de aquí” [juego de palabras con el término “left”, izquierda e irse]. La izquierda está muy fragmentada, sabés, se cierran en una demanda específica, estrecha. No conectan un problema con el otro. Pero estamos viendo que esto está cambiando con las rebeliones, protestas y manifestaciones ahora.


Yo formo parte del Comité Organizador de Black Alliance for Peace[Alianza Negra por la Paz], que iniciamos en 2014. Establecemos las conexiones que existen entre el imperialismo en el mundo y el imperialismo dentro del país. Entre las bases militares en África, y lo que sucede aquí con la policía. Entonces estamos estableciendo esas conexiones y, como resultado de ese trabajo, la gente ahora está estableciendo esas conexiones. No existe tal cosa como una acción por un problema aislado, porque no tenemos una vida de problemas aislados, ¿no?


Yo vengo del movimiento de liberación negra, fui miembro del Partido de Panteras Negras por la Autodefensa cuando tenía 16 años y vimos cómo este país transformó ese tipo de actividad en ilegal y le dio concesiones a una clase en particular. El movimiento de derechos civiles fue una colaboración de elementos de la pequeño burguesía negra y elementos de la burguesía liberal del Partido Demócrata. Esta colaboración creó la clase de burguesía compradora, y desvío a nuestro pueblo de su justa resistencia. Pero ahora eso ha sido puesto de cabeza, y la gente está viendo la hipocresía de sus funcionarios electos.


No sé si sabés esto, pero yo estoy pinchando con esto a muchos de los que acá estaban apoyando a Bernie Sanders. La última declaración que hizo fue que quería darle a la policía un aumento. Dice que esa es una de las soluciones al tema. Bueno de algún modo, él relaciona el terrorismo policial con el salario de los policías. Pero los policías están entre los empleados públicos mejor pagos. Aquí en San Francisco, en Oakland, la policía gana más de 180 mil dólares al año. Entonces mucha gente está enojada con Bernie por eso. Y nosotros les decimos “Ey, nosotros les avisamos sobre este tipo”.


A un alumno mío le expliqué la diferencia entre demócrata socialista y socialdemócrata y le dije que Bernie Sanders no es socialista. No está a favor de abolir el orden económico existente. Quiere retocarlo. Es como Roosevelt, quiere salvar al capitalismo. Sabés, para él el capitalismo en sí mismo no es el problema, tiene algunas cosas malas que hay que corregir. Entonces le expliqué, y le di un ejemplo; cuando Bernie Sanders propuso un salario mínimo de 15 dólares, le dije, en el socialismo, los trabajadores van a determinar sus propios salarios. 15 dólares no es mucho acá, no podés vivir en el área de la Bahía con eso. Un departamento de un ambiente en San Francisco sale 4 mil dólares… y además, cómo puede determinar él los salarios de los que producen la riqueza, no? Entonces, sabés, es pura mierda. En mi grupo lo llamamos “perro ovejero”, que quiere conduce a la gente de vuelta al Partido Demócrata. Así que, sí. Mucha gente está decepcionada con él. Hay un nuevo partido formado por la gente de Bernie. Rompieron con él y organizaron un nuevo partido, pero no son un partido revolucionario radical, son más bien demócratas socialistas. Socialistas en los papeles pero su práctica no tiene nada que ver con el socialismo.


–La rebelión está obviamente centrada en el racismo del Estado y los asesinatos de la policía pero, ¿qué rol crees que tienen en este levantamiento los problemas económicos y sociales?


– Bueno, mucha gente está enojada. Se centran en la policía y el asesinato de George Floyd. Nosotros tratamos de que la gente entienda que no se puede individualizar esto. No se puede individualizar su muerte, esto le ha estado pasando a la gente negra por más de 400 años. Desde que yo estoy en este país, desde que nací, no ha habido un momento en el que la policía no mate gente negra. Entonces no queremos que esto se individualice, no se trata de él. Tenemos también a Breonna Taylor, la mujer negra que fue asesinada en su departamento y hemos tenido otros asesinatos desde ese momento. Entonces no queremos que la gente individualice y que esto sea conducido a una reforma, ¿no?  Las reformas nos mantienen en esta mierda, son un engaño. Entonces tenemos diferentes elementos, tenemos una situación de desigualdad de desarrollo y crecimiento y la gente está entendiendo el rol que juega el aparato económico y policial. Están relacionando una cosa con la otra, hay una educación política en curso. La policía está por razones económicas, entonces decimos que la política es básicamente economía concentrada, ¿no? La policía está para mantener el statu quo, está para proteger a las corporaciones, a los empresarios, a los emprendedores inmobiliarios. Los que han promovido la gentrificación [proceso de desalojo de los barrios de clase obrera de las ciudades por especulación inmobiliaria]. Los que han causado que haya gente sin techo. La policía está para sostener esa estructura económica. También está para sostener la estructura social, la supremacía blanca.


Entonces nosotros estamos publicando información, estamos hablando de esto desde hace mucho tiempo y mucha de la gente que está en las calles ahora ha estado leyendo y escuchando. Mucha gente está planteando la situación económica y social que sufren nuestras comunidades. Entonces, como dije, no es sobre él. Sí, estamos muy dolidos por lo que pasó. Porque tuvimos que ser testigos de eso mediante el video. Pero no queremos que sea sobre él, es sobre todos nosotros. No solo local o nacionalmente, sino internacionalmente. Hemos visto pasar lo mismo en Haití, en Venezuela. Esto es un hegemón. Un proyecto paneuropeo para dominarnos a todos, a pesar de que están en crisis. Nosotros predijimos que esto iba a pasar más tarde o más temprano porque el capitalismo está en crisis y porque está en crisis vamos a ver un incremento en el aparato represivo de este país. Vamos a ver más balas y más asesinatos y queremos que la gente entienda y ponga todas esas variables juntas. Queremos desmantelar este sistema, no solo a la policía. Queremos que se vaya en su totalidad.



– ¿Hay iniciativas para coordinar las protestas? ¿Para escribir plataformas comunes? ¿Hay una deliberación política entre los luchadores para que sus voces se escuchen en el escenario nacional?


– La plataforma en Oakland ha sido escrita durante la crisis de la pandemia del Covid-19, pero antes del asesinato de George Floyd. Pero es parte de eso y se llama la Plataforma del New Deal Negro. Es una plataforma larga pero que toma todos los problemas que hemos estado hablando. También está la Black is Back Coalition, que la preside Omali Yeshitela, del Partido Socialista de los Pueblos Africanos y también tiene miembros de Black Alliance for Peace y han desarrollado una Agenda Negra para el siglo XXI. Ambos documentos, ese y el de aquí, el Black New Deal, toman muchos de estos problemas. Hemos podido utilizar estos documentos para organizar a nuestra gente y brindar educación política. Para que la gente relacione todos estos problemas y vean que todo emana de la misma fuente. Ahí es donde nuestro trabajo se centra. Vamos a continuar centrándonos en radicalizar a nuestro pueblo y decirle que el Partido Demócrata no va a salvarlos, que la policía definitivamente no va a ayudarlos y que este país como está constituido, nunca fue para nosotros, ¿no? Y necesitamos un cambio radical a través del medio que sea necesario pero primero tenemos que entender y articular cuáles van a ser esos medios.


Entonces, en este punto nos encontramos ahora. Nosotros decimos que las condiciones radicalizan a la gente. Les digo a mis alumnos que la supremacía blanca y el imperialismo van a formar más revolucionarios de los que yo he podido formar alguna vez. Les pregunto a mis estudiantes quién fue el reclutador más grande del Partido de las Panteras Negras y ellos dicen “ustedes, brindando educación radical en las calles”. Pero yo les respondo que eso fue solo una parte, que el mejor reclutador para el Partido de las Panteras Negras fue la policía porque mucha gente ha tenido experiencias con la policía y así es cómo se acercaron. El mejor ejemplo es el de Mumia Abu Jamal, él tenía 15 años cuando se unió a los Pantera Negra en Filadelfia. Lo golpeó la policía racista de Filadelfia encabezada por el racista Frank Rizzo, cuya estatua ahora fue tirada abajo y luego de eso se unió. Eso es dialéctica, ¿no? Son aquellas condiciones que forman a los revolucionarios y ahora la gente está viendo la verdadera naturaleza y el verdadero carácter de la policía. Especialmente en todos esos videos que muestran la brutalidad policial, como tratan a la gente que trata de ejercer su supuesto derecho a manifestarse en este “país libre”. Están viendo a la policía tirar al piso y dejar inconsciente a un hombre de 75 años, cómo tiran gases lacrimógenos a niños, o les tiran con balas de goma a la cara. Yo puedo hablar hasta quedarme sin aire. Pero eso va a radicalizar a mucha más gente de lo que mi organización, o cualquier otra organización, haya podido. Otra vez, dialéctica. Es una comprobación de la tesis dialéctica de que donde hay opresión, hay resistencia.




 

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11/06/2020

Observatorio de los trabajadores – Octavo Informe

Protocolos obreros de seguridad sanitaria como en el Sutna, para cuidar la salud y la vida. Defensa de los puestos de trabajo frente a la ola de despidos. El 16 con el Plenario del Sindicalismo Combativo.

La última semana ha estado marcada por la multiplicación de casos positivos de coronavirus. No solo se llegó al pico máximo desde el inicio de la pandemia en el país, sino que también apareció una gran cantidad de casos en distintos lugares de trabajo -con la consecuencia de varias muertes-, acompañando la creciente apertura de las actividades económicas decidida por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales (en particular el bonaerense) y el de la Ciudad de Buenos Aires.


Esta semana también han comenzado a aparecer datos y manifestaciones empresarias que muestran el cuadro de profundización de la crisis que ha producido la pandemia y las consecuencias que está teniendo ya sobre los puestos de trabajo y el agravamiento del cuadro que vendrá en los próximos meses.A las suspensiones con recortes brutales de salarios, la anulación de paritarias, se le suma la creciente cantidad de despidos y cierres, sin importar la disposición oficial de prohibición.


La parálisis de las burocracias sindicales, que actúan como apéndices de las políticas oficiales y de los capitalistas,es una valla a superar para poder hacer frente a este cuadro de catástrofe. En ese terreno se ubica la jornada de lucha convocada para el próximo martes 16 de junio por el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), que se llevará a cabo en simultáneo en distintos puntos del país y que agrupará a trabajadores ocupados y desocupados, junto a las luchas que hoy se están desarrollando contra el hambre y la desocupación.


El mapa se ve mejor con el celular horizontal



También se coloca en este terreno de lucha la movilización del Polo Obrero y las demás organizaciones piqueteras combativas, que han conmovido en el día de hoy con la salida a las calles de ciudades y localidades de todo el país para reclamar al Estado porque las condiciones de vida se han agravado para las familias obreras por falta del suministro de alimentos, insumos sanitarios, testeos en los barrios carenciados y un ingreso económico suficiente para poder paliar los efectos de la crisis. 


En defensa de la salud y de la vida


Detrás de la culpabilización a los que no respetan los protocolos en las calles tratan de esconderse las consecuencias de una vuelta a los lugares de trabajo para la cual se establecen condiciones de seguridad sanitaria que ningún organismo oficial se encarga de controlar. Lejos de eso, son justamente las autoridades oficiales las responsables de una enorme cantidad de contagios en lugares en extremo críticos como son los centros de salud, entre los cuales están los hospitales que dependen de los distintos gobiernos.Entre otros de esta semana, están el Hospital Fiorito, de Avellaneda y el neurosiquiátrico Moyano, en CABA.


En el marco de la gran jornada de lucha del 10 de junio de los trabajadores de la Salud, la Asamblea de Residentes y Concurrentes CABA denunció que más del 80% de los empleados del sector, a más de 80 días de iniciada la cuarentena, aún no cuenta con los insumos necesarios para la atención de los casos de coronavirus, y más del 60% no posee Equipos de Protección Personal de calidad y cantidad necesarios. Con este cuadro replicado en todo el país, se siguen multiplicando los casos de infectados entre los trabajadores de la Salud.


Entre los privados, en el Hospital Italiano, un gran centro de contagios en sus sedes de CABA, La Plata y Córdoba, por la desidia patronal, los y las trabajadoras de Enfermería están en una dura lucha para imponer condiciones de trabajo ante el crecimiento de pacientes con coronavirus y la falta de cuidados por parte de la empresa y otro tanto sucede en otros centros de atención privados como el Centro Médico Talar, de Tigre donde, ante la organización del personal y los reclamos por seguridad sanitaria, la patronal amenazó a los trabajadores y desconoce a los delegados elegidos.


Política de ocultamiento


Empresas y gobiernos se coaligan también para ocultar la cantidad de contagiados por la ausencia o falta de cumplimiento de protocolos sanitarios en los lugares de labor, que han comenzado a cobrarse vidas de trabajadores como las de los dos empleados muertos por el coronavirus en la empresa Murata, la de un trabajador ferroviario de la cuadrilla de vías y obras de Campana, del ferrocarril Mitre y la de un chofer de la línea 520 de Micro Ómnibus Avenida.


Los trabajadores ferroviarios denuncian que ya hay más de 50 infectados en distintas líneas suburbanas de los cuales las empresas no dan cuenta y los del subte denunciaron y pararon por contagiados en las líneas D, H, E y de limpieza de la A, pese a lo cual la concesionariade los Roggio no aplicaba el protocolo de seguridad y aislamiento.


Otro tanto sucede en el sector de los supermercados donde los trabajadores denuncian que ya se está llegando a los 150 trabajadores contagiados, mayoritariamente en los lugares de trabajo, que las empresas ocultan o tratan de culpabilizar a los empleados de haberse infectado afuera y haber contagiado a otros compañeros al ir a cumplir con sus tareas. Esto pese a que -denuncian los compañeros-, en muchos casos se trató de trabajadores a los cuales las empresas obligaron a desarrollar sus tareas pese a presentar claros síntomas compatibles con la enfermedad.


Delegados y trabajadores de Coto y Carrefour han denunciado de decenas de contagiados que las empresas ocultan y que no cierran los lugares de trabajo ni siquiera para una desinfección, colocando en riesgo no solo a los empleados sino también a los clientes.


Trabajadores del supermercado Vea, de Merlo (Buenos Aires) denunciaron que pese a un caso positivo la patronal se negó a cerrar, -con el aval del sindicato-, para desinfectar y realizar chequeos. Días después otras compañeras cercanas a la trabajadora con coronavirus empezaron con síntomas, fueron chequeadas y dieron positivo también. Recién entonces se vieron obligados a cerrar.


Ante esto, aparece la gran responsabilidad del Estado que no solo no controla nada, sino que el “protocolo” oficial para el sector es unmanojo de “recomendaciones” no obligatorias.A la desidia patronal se le suma la clara desidia de los respectivos gobiernos y autoridades oficiales.


La pelea por comisiones obreras de control aparece como de crucial importancia. Y se destaca el tremendo valor de la directiva clasista y combativa del Neumático que -en contraste con la burocracia sindical de todos los colores, que deja hacer a las patronales- ha preparado un protocolo de seguridad sanitaria para el trabajo en las plantas y que, ante la reticencia patronal, ha lanzado un paro general en todas las fábricas de la actividad para que se cumplan las condiciones establecidas en el mismo.


Los puestos de trabajo


Los escasos datos oficiales que se conocen sobre pérdidas de empleo en estos últimos meses muestran que,desde que se iniciara el año, los despidos se incrementaron con rapidez. Así, esta semana se publicaron los datos correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, de donde surge que la desocupación en CABA ha crecido hasta llegar en el trimestre enero-marzo a más del 11%, con un salto de casi 30 mil desempleados más respecto del último trimestre del 2019. Esto con la particularidad de que en la zona Sur, la de mayor composición obrera tenía, en marzo,al iniciarse la cuarentena, una desocupación de casi el 16%, sumado a que el trabajo informal allí llegaba al 31% y los subocupados superaban el 10 por ciento.


Estimaciones no oficiales indican que en lo que va de la cuarentena se han perdido aproximadamente 150 mil puestos de trabajo, producto de cierres de empresas y despidos que las patronales -con la mirada cómplice de los gobiernos- han llevado a cabo sin respetar en lo más mínimo la medida oficial de prohibición.


En una muestra de la creciente contracción del mercado laboral, un estudio del instituto de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín, realizado sobre datos del Ministerio de Trabajo, indica que, solo en el mes de abril, no habrían sido cubiertos más de 70 mil puestos de trabajo que –dice- todos los meses se producen por renuncias, jubilaciones, finalización de contrato, en lo que –destaca- fue la caída porcentual más grande en un mes desde abril del 2002.


En cuanto al futuro que aventuran desde los sectores empresarios, la consultora Analytica, citada por el diario Clarín (7/6) estima un aumento de entre 2 y 4 por ciento en el desempleo para fines de este año, que lo ubicaría entre el 12 y el 14 por ciento de la población económicamente activa. Para la consultora ACM el escenario base es de un desempleo del 13,5% en el cierre del año y para Ecolatina será del 13 por ciento. Esto supone que habría entre 400.000 y 800.000 nuevos desocupados.


Analytica estima que hasta ahora no se observa un número masivo de empresas que cierren por el “pago oficial de media nómina salarial y créditos blandos” (a lo cual hay que agregarle los descuentos acordados con la burocraciade los sindicatos) y por “la postergación de impuestos, las políticas fiscal y crediticia (que) están sosteniendo la supervivencia empresaria”. Es decir, una estabilidad con pies de barro.


Y otro aspecto que las consultoras empresarias estiman es que el salario real va a tener una caída abrupta este año. Es ese el objetivo de las patronales que se juegan a liquidar las paritarias hasta el año próximo y a las cuales el gobierno les dio un espaldarazo con la postergación sin fecha de la discusión salarial para los empleados estatales.


Nuestra salida


Este cuadro requiere de una acción enérgica de los trabajadores. Se trata de la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo. El activismo, las corrientes combativas y clasistas y los sindicatos recuperados tienen por delante la tarea de organizar las fuerzas de los trabajadores.


En este camino juega un papel muy importante el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). El próximo 16 está planteada una gran jornada de lucha a nivel nacionaldel PSC en apoyo a los que hoy están dando batalla y en defensa del conjunto de la clase obrera, ocupada y desocupada, activa o pasiva.


Será una gran jornada por las reivindicaciones más urgentes, pero también con un programa de salida para los trabajadores que requiere la crisis actual. Iremos por la defensa de la salud y de la vida, por salarios y jubilaciones que alcancen a cubrir las necesidades de los hogares obreros, por la defensa de los puestos de trabajo, el no pago de la deuda externa, un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas,la nacionalización de la banca, el comercio exterior,los recursos naturales y el sistema de salud, para que se terminen la fuga de capitales, las ganancias de la banca, de los pulpos energéticos y los de la salud. Una salida de y para los trabajadores.




En el sector Salud


 


Se llevó a cabo el 10 de junio una jornada nacional de lucha de trabajadores de la Salud, que incluyó una conferencia de prensa en el Obelisco. Impulsada por gremios y organizaciones combativas del sector, la conferencia contó con la presencia de la gremial Cicop (salud bonaerense), la Asociación de Profesionales de Servicio Social, ATE Garrahan y la Asociación de Profesionales del Garrahan, la comisión interna del Hospital Italiano, la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, la Comisión Provincial de Residentes, la seccional de la Asociación de Médicos Municipales de la Maternidad Sardá y la Asociación de Licenciados de Enfermería, entre otras organizaciones sindicales y políticas. Hubo aplausazos en los hospitales Gutiérrez, Zubizarreta, IREP, CeSAC 7, CeSAC 12, entre otros, y una actividad con corte de calle en el Hospital Piñero y el Área programática, donde confluyen en una asamblea trabajadores y vecinos de los barrios más golpeados por la crisis y el Covid-19.



Luego de varios meses de salarios adeudados y un sin fin de irregularidades, trabajadores de la salud de la clínica Sanatorio Fueguino van a la huelga por 24 horas con movilización este jueves 11, en defensa de los puestos de trabajos y de los salarios, convocado desde el gremio de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina). La misma tendrá como punto final la Legislatura provincial y el Consejo Deliberante municipal, en dónde se hará llegar un petitorio solicitando un refuerzo económico para paliar la situación compleja de haberes que se les deben. La clínica emplea a unos 200 trabajadores de distintas áreas: administración, personal de limpieza y profesionales de la salud monotributistas.



La jornada de lucha de los trabajadores de la salud que se llevó a cabo el lunes 8 de mayo en varias provincias y tuvo su réplica en Chaco tuvo como reclamos la apertura de paritarias; el aumento salarial; el fin de la precarización laboral; el cobro del bono estímulo; el rechazo a la persecución judicial; el cumplimiento de la ley e inversiones necesarias para garantizar los insumos y elementos de bioseguridad, indispensables para enfrentar la pandemia. Los trabajadores de Resistencia concentraron frente al Hospital Pediátrico y en hospitales y centros de salud del interior, como en el Hospital del Bicentenario de Castelli, donde se realizó una nutrida movilización. En el Hospital Perrando los médicos residentes reclamaron contra la precarización laboral a la que son sometidos.



Luego de que las y los trabajadores del Hospital Italiano (CABA) denunciaran la negligencia patronal responsable de decenas de contagios entre les propies trabajadores, la voracidad patronal en el Hospital Italiano vuelve a traer consecuencias. El sector de enfermería se encuentra en una lucha tenaz por garantizar las condiciones de bioseguridad contra la “ignorancia empresarial”. La denuncia en enfermería es muy concreta. Por un lado, tiene que haber una dotación necesaria de personal por piso, en especial en aquellos con pacientes positivos de Covid-19, y en aquellos donde se encuentran los sospechosos. La asamblea, recientemente realizada del sector, reclamó un enfermero cada cinco pacientes y no cada ocho. Por otro lado, enfermería se está negando a las rotaciones. Esto tiene especial importancia para aquellas enfermeras que trabajan en los pisos positivos y sospechosos.



Luego del cierre del Centro de Salud Norte de Villa Adelina, tras la ola de contagios de Covid-19 escandalosamente manejada por el dueño Benjamín Teitelbaum, las autoridades municipales decidieron clausurar preventivamente la otra clínica del mismo empresario, el Sanatorio Mariano Pelliza de Munro. Sin embargo, la Municipalidad de Vicente López y el Ministerio de Salud bonaerense no dan una salida para que 500 trabajadores no queden en la calle y con salarios adeudados.



Ante los resultados positivos a los testeos de dos médicos de oncología, autoridades del Hospital Fiorito tomaron la decisión de cerrar el área por completo. De este modo, decenas de enfermos crónicos y críticos han quedado a la deriva. Ni desde el hospital, ni desde el gobierno provincial o el municipio han informado a qué centro hospitalario serán derivados. Según informan representantes de la gremial médica Cicop, hasta el momento se han efectuado 106 testeos, obteniendo 20 casos positivos; es decir que el 20% de los analizados se encuentran infectados. A la vez, se denuncian aprietes y maltratos por parte de los directivos, en especial a los trabajadores con casos positivos, tratando de responsabilizarlos de su propio contagio.



Luego del primer caso de Covid-19 en una paciente trasladada al Hospital Penna, y fallecida allí, los casos positivos en las internas del Hospital Moyano (CABA) van en aumento y se suman los casos sospechosos. Se improvisan aislamientos que no son tales y no resultan ser eficaces. En salas con 7 u 8 pacientes que, además, comparten los baños, el contagio parece casi inevitable. El personal de enfermería está sin el equipo de protección completo, la entrega de barbijos es a cuenta gotas, sin camisolines, botas, ni antiparras, es imposible que el virus no se propague.Con personal aislado, varios contagiados y otros en espera de resultados, también se dieron a conocer al menos nueve casos positivos en empleados de la tercerizada de maestranza, un psicólogo y una médica. En este cuadro de situación en cada servicio se cuenta con tan solo un kit para coronavirus.



Un reciente artículo del diario cordobés La Voz del Interior, titulado “Ocho de cada 10 médicos tienen más de un empleo”, destaca que, en la provincia, “el sistema ya estaba atado con alambre” y da cuenta de un sinfín de reclamos que las y los trabajadores veníamos planteando y que con la pandemia se han agudizado. El sistema de salud se encuentra en crisis y los gobiernos cortan por lo más fino, sometiendo a les trabajadores de la salud a la precarización laboral. La multitudinaria caravana de médicos del pasado 25 de mayo en Córdoba (en consonancia con otras en variados puntos del país) reunió la indignación de miles y expresó todas las problemáticas que atravesamos; la menos visible, pero más naturalizado, es la del pluriempleo.



Entre enfermeras, camilleros, médicos y personal de maestranza, ya son veinte los y las trabajadoras contagiadas de coronavirus en el Centro Médico Talar (Tigre, Buenos Aires). Ante esta situación, trabajadoras, vecinos y organizaciones se concentraron el 8 de junio frente a la puerta de la clínica, para reclamar por las medidas sanitarias y una mejora en las condiciones de trabajo. Desde que comenzó la pandemia vienen denunciando que la patronal no ha brindado los materiales de seguridad y protección obligándolos a procurárselos ellos mismos. Mientras se desarrollaba la protesta, la patronal amedrentó a los y las trabajadores, haciéndoles firmar una declaración de que estaban conformes con los materiales de seguridad entregados por la clínica -que recién fueron distribuidos al día siguiente-, y por la que rechazaban la representación gremial elegida democráticamente.



En la última semana, bajo el título de “Medidas de cumplimiento para el personal de salud”, la dirección del Hospital Houssay (Vicente López, Buenos Aires) hizo circular entre sus trabajadores un reglamento dictado por el municipio que, por su contenido, constituye una clara amenaza. indica que no se pueden utilizar las instalaciones para otro fin que no sea “actividades asistenciales o académicas”, permitiría deducir que cualquier reunión entre los trabajadores para discutir su precaria situación laboral no estaría permitida, o dicho más claro, el reglamento busca prohibir la actividad sindical. Esto viene luego de que al principio de la cuarentena se realizaran aplausazos para reclamar por falta de insumos de prevención, licencias por riesgo que eran negadas y la precarización general del personal no profesional.



En una nueva jornada de lucha, los y las trabajadoras de Clínica Cutral Co (Neuquén) se concentraron en las puertas del municipio de Plaza Huincul para denunciar al vaciador Ricardo Corradi Diez, socio mayoritario de la clínica y Ministro de Ciudadanía en el gobierno provincial del MPN. Producto de la movilización, dos delegadas de la Clínica fueron recibidas por el secretario de Gobierno del municipio, Guillermo Pérez, quien ratificó el pago de un aporte económico por tres meses de carácter renovable. También se comprometió a tratar en la próxima sesión del Concejo Deliberante un proyecto de comunicación en apoyo a la resolución 1058 de la Legislatura que insta al Ejecutivo provincial a garantizar los salarios y la continuidad laboral, presentada por la diputada del Frente de Izquierda, Patricia Jure, quien estuvo presente durante toda la jornada.



El viernes 5, el Concejo Deliberante de la ciudad de Cutral Co aprobó un proyecto de comunicación en adhesión a la resolución 1058 presentada en la legislatura neuquina por Patricia Jure del FIT-U en la cual se insta al Ejecutivo Provincial al pago inmediato de salarios adeudados, aguinaldos, la continuidad de los puestos de trabajo y la reapertura de Clínica Cutral Co. Para lograr esto los y las trabajadoras de la Clínica tomaron la iniciativa de montar un piquete con olla popular en las puertas de la municipalidad de Cutral Co.



El 4 de junio, 50 trabajadores del Hospital Municipal San Luis y CAPs (Centros de Atención Primaria) participaron de un nuevo bocinazo por la ciudad de Bragado (Buenos Aires) en rechazo a la oferta paritaria de miseria que la intendencia de Vicente Gatica les ofreció a los tres gremios municipales (3 mil pesos en negro o 2 mil en blanco). La marcha culminó en el Palacio Municipal, sin nadie que los recibiera. Los sindicatos ATE, STM y Semb volvieron a darle la espalda a la lucha.



En el sector Estatal


La empresa estatal Astilleros Río Santiago ha iniciado el regreso parcial a las actividades de la fábrica, ubicada en la localidad bonaerense de Ensenada, cuyo propósito sería continuar realizando tareas esenciales para la lucha contra el coronavirus. En plena creciente del pico de contagios de Covid-19, particularmente en Ensenada y Berisso, donde vive buena parte de los trabajadores de la planta naval, este retome se realiza sin un protocolo de trabajo debatido por ellos. En la práctica, se levanta la cuarentena sin garantías para resguardar la salud de las y los trabajadores del astillero. Pese a todo esto, el retome ha contado con el visto bueno de la conducción gremial, de ATE Ensenada.



El lunes 8, los trabajadores estatales autoconvocados de Tierra del Fuego realizamos una nueva caravana de automóviles, haciendo bocinazos y reclamando el pago del aumento acordado en paritaria para el sector del escalafón seco, docentes y jubilados. Demandamos la liquidación por boletas complementarias del pago del aumento y, solicitamos que se deje sin efecto el acto administrativo que estipula la suspensión por otros 60 días más del pago de la recomposición salarial acordados por el gobierno con los gremios ATE, Upcn y Sutef (trabajadores de la educación). Además de ello, pedimos que se reactive el protocolo para los empleados estatales y se provea de todos los elementos de protección idóneos para comenzar a trabajar.



El hecho desfachatado de que José Pihen, secretario general del CGT Córdoba, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos y actual legislador por el bloque “Hacemos por Córdoba”, se haya jubilado dos días antes de la sanción de la ley 10.694 que implica un recorte brutal a las jubilaciones del conjunto de los estatales, generó una profunda indignación entre les trabajadores. No es para menos, con esta maniobra, se aseguró una jubilación de privilegio de $250.000 mensuales, mientras las jubilaciones de los estatales caerán drásticamente.



Trabajadores monotributistas del área informática del Ministerio de Economía -la Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera- (CABA) desarrollaron un paro de 48 horas durante el martes 2 y miércoles 3, contra el congelamiento salarial y en reclamo de la aplicación completa de las paritarias… ¡¡2018 y 2019!! Algunos tienen el sueldo congelado desde 2017. Se trata de trabajadores encargados del mantenimiento de sistemas informáticos para la administración financiera del Estado, declaradas críticas por el ministro Martín Guzmán.



Los despedidos de Educación volvieron a concentrar frente a la Gobernación bonaerense en La Plata, el viernes 5, para reclamar a Kicillof su reincorporación, tras cinco meses sin ingresos. Con esta acción se logró arrancar un avance en el proceso de recontratación de una parte de los despedidos. Luego de la concentración, desde la Dirección Provincial de Recursos Humanos se comunicaron con 15 despedidos para citarlos a entrevistas individuales, buscando eludir la representación sindical de la Junta Interna de ATE Educación Sede en el conflicto. Se les informó a que serían reincorporados bajo diferentes formas contractuales según las necesidades de usos y funciones de diversas direcciones de la Dirección General de Cultura y Educación.



El lunes 8 de mayo entran en paro un grupo de farmacéuticos de atención de CABA ante el atraso en el pago de sus salarios. Los trabajadores denuncian que este problema lo sufren todos los meses. Cobran sus haberes con dos meses de atraso. En mayo recibieron su salario de marzo a mitad de mes. Estos profesionales, que se desempeñan en las farmacias de los centros de salud (CeSACs) y hospitales de la ciudad. El gobierno de Larreta los mantiene como monotributistas, sin ART, obra social o aportes jubilatorios, con salarios muy por debajo de los de un trabajador de planta y con la misma carga laboral. 



Los trabajadores de la Subsecretaria Integral de los Derechos de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes realizaron este lunes 8/6 un ruidazo frente al palacio municipal de la localidad bonaerense de Moreno. Unos 55 trabajadores de esta área debieron salir a la calle para manifestarse debido a falta de respuestas de parte del municipio frente a los reclamos pendientes. Reclaman por descuentos sufridos, el pago de sus salarios y por la firma de los contratos. La problemática es muy variada: los denominados “becados” no cobran desde diciembre, a los monotributistas les deben varios meses y hay trabajadores a los que se les venció el contrato y que reclaman la firma del mismo para la continuidad laboral.



Luego de varias reuniones con la Municipalidad donde se discutió el salario del mes de mayo, el combativo sindicato de municipales Sitram, de Jesús María (Córdoba) firmó un acta acuerdo en la que siguen defendiendo el salario de las y los trabajadores. En el acta se dispone que todos los municipales van a percibir una suma de $5.000 el día 10 de junio, en compensación por el no pago de los aumentos acordados oportunamente.



 


El 4 de junio volvió a concretarse una multitudinaria manifestación de municipales en la ciudad de Córdoba. A escasas horas de haber percibido sus salarios y advertido el enorme recorte en ellos, los trabajadores repudiaron en las calles al intendente Martín Llaryora, quien se excusa en la pandemia y en el déficit de la recaudación, mientras no para de atacar el convenio colectivo. Esta vez el objetivo de la movilización fue la sede del Tribunal de Faltas, en repudio a la escandalosa contratación de 42 abogados monotributistas para realizar funciones que por ordenanza corresponden a los inspectores de tránsito.



La intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero, no garantiza los elementos necesarios para realizar las tareas en los cementerios de La Santa Cruz y San Antonio de Padua, y presiona a los trabajadores para que asistan a los lugares de trabajo aunque estén en edad de riesgo. Quisieron hacerles firmar un acta donde se establecía que los trabajadores se hacían responsables ante un eventual contagio y que iban de forma voluntaria, lo que fue rechazado en asamblea, donde se reclamó el inmediato equipamiento de insumos de seguridad y elementos necesarios para enfrentar la pandemia; vacunación antigripal, antitetánica y anti neumococo a todos los trabajadores; aumento al básico del 50% y pago de las horas extras realizadas en días especiales como el de la Madre, del Padre y de las Almas, entre otros.



El día 3 de mayo se reunió la patronal de Aerolíneas con la Asociación Argentina de Aeronavegantes para tratar las suspensiones por dos meses con rebaja salarial anunciada por la empresa el 1° de junio. Una delegada de la oposición al secretario general, Juan Pablo Brey, solicitó participar, lo que fue rechazado. El pedido es legítimo dada la gravedad de la situación pero la dirección del gremio prefiere el secretismo ante una oposición que cuenta con 9 delegados sobre 19 y prefiere mantener desinformados a las y los Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) , uno de los sectores que se ven más afectados por la parálisis de los vuelos, su incierta reanudación y la probable lentitud del ritmo de normalización de los mismos.



El lunes 8 de junio se llevó a cabo una masiva reunión provincial convocada por las seccionales de la gremial Suteba dirigidas por la Lista Multicolor para resolver la continuidad del plan de lucha que la Multicolor viene desarrollando desde marzo pasado, en contraste absoluto con la pasividad de la conducción Celeste de Suteba. Participaron más de 100 representantes de 29 distritos de la provincia de Buenos Aires, que deliberaron durante más de tres horas. Se votó unánimemente la tarea de organizar el paro y apagón virtual del 12 de junio.



En una asamblea docente modalidad virtual, de las que organiza con regularidad el sindicato docente porteño Ademys, se resolvió apoyar el proyecto de gravamen a las grandes fortunas, patrimonios, rentas, ganancias bancarias y tierras y viviendas ociosas presentado por el Frente de Izquierda en el Congreso. En la asamblea se debatió fundamentalmente la participación en la jornada nacional de lucha que convoca el Plenario del Sindicalismo Combativo para el 16 de junio, además de otra cuestiones como las implicancias de la avanzada del gobierno de Larreta contra el acceso a los cargos de trabajo, la situación laboral de los docentes y reivindicaciones de diferentes sectores de trabajadores.



A pocos días de que el intendente de Avellaneda (Buenos Aires), Jorge Ferraresi, se viera obligado a dar marcha atrás con la ordenanza firmada por él mismo en el cual cesaba a 27 docentes municipales de forma ilegal y sin motivos, se dio a conocer la situación de otra veintena de docentes municipales del Instituto de Arte que no perciben sus salarios hace meses. El reclamo ante la falta de cobro fue dirigido al director de Enseñanza Artística, Gonzalo Vásquez Flores, por todos los canales correspondientes, para que luego de varios meses se convocara a los trabajadores para informarles que “no estaban dados de alta y que dejaran de trabajar porque no iban a cobrar”. 



Tribuna Docente Hurlingham (Buenos Aires) movilizó, el pasado martes 2, con las medidas pertinentes del aislamiento social al Consejo Escolar del distrito. La medida tuvo el objetivo de presentar por escrito un petitorio firmado por gran cantidad de docentes pidiendo la urgente implementación de actos públicos virtuales, respetando el estatuto docente, para que los miles de trabajadores de la educación cesados puedan tomar horas de trabajo y cubrir cargos jerárquicos. También, llevamos una solicitud con problemáticas que se desprenden del contexto pandémico, para que las autoridades competentes resuelvan con premura.



La realidad de los trabajadores docentes de Neuquén que están desocupados es dramática. Es que con más de 70 días de cuarentena, las dificultades sociales de no contar con salarios se hacen sentir con fuerza, más aún cuando no tienen acceso al Ingreso Familiar de Emergencia. Ha llegado a plantearse el problema del hambre para muchos compañeros, así como el tener que dejar los alquileres y volver a las casas de los padres. Se trata más de 500 cargos y miles de horas sin cubrir.



Lxs docentes reemplazantes nucleados en Amsafe Rosario, realizaron el viernes 5, un nuevo corte de calle y una segunda olla popular -esta vez frente a Gobernación- en reclamo de un salario de emergencia y la continuidad de la obra social como parte de un pliego reivindicativo más amplio. La acción, que fue votada en la última asamblea de docentes reemplazantes convocada por Amsafe Rosario, muestra el contraste con el ostracismo absoluto de la conducción celeste de la Comisión Directiva Provincial, que puso en cuarentena los reclamos de la docencia en el marco de la pandemia.



La conducción Celeste de Suteba La Plata, después de casi 90 días de cuarentena, se decidió a llamar a reunión virtual de delegades. La lista de puntos tomados por la mesa ignoró la necesidad de la reapertura de paritarias por aumento salarial y la implementación de la cláusula de actualización automática por inflación. Tampoco dio respuesta al reclamo de actos públicos virtuales para la cobertura de cargos y/o módulos, fines y escuelas de oficios mientras miles de docentes no perciben salario alguno o se les han reducido drásticamente y negó que haya un avance sobre el IPS, ni sobre el régimen jubilatorio. La Multicolor con este cuadro planteó la necesidad de realizar una medida de fuerza con un paro virtual o "apagón" el 12 de junio en función de todo el conjunto de reclamos. La Celeste apeló a la solidaridad y a "tener paciencia" por la “herencia recibida”.



En el sector Privado


Docentes/ceramistas/camioneros


En la mañana del viernes 5 de mayo se realizó una importante movilización de trabajadores de la educación, obreros y obreras ceramistas y compañeros de Expreso Argentino en la capital neuquina. Las columnas salieron del Monumento General San Martin, pasando por el ISSN (Instituto de jubilaciones y obra social) para finalizar en Casa de Gobierno donde se desarrolló una olla popular. La actividad fue convocada por la minoría de Aten capital y agrupaciones combativas en el marco del “apagón virtual” que convocó la dirección del gremio. Mediante esta iniciativa, se le dio un carácter activo y de paro a una medida estéril que impulsó la cúpula de Aten.



Subte


El 10 de junio se conocieron cuatro nuevos casos positivos (una compañera de tráfico y tres supervisores) en la línea H del subte porteño. El primer caso fue ocultado y luego informado, tardíamente, por Metrovías, violando los mecanismos dispuestos y evitando activar los protocolos en tiempo y forma para protección y prevención de todo el personal. Con este proceder violatorio, la patronal facilita la circulación del virus en la línea. Esta situación se suma a lo ocurrido en la línea D hace dos semanas, con cuatro contagios confirmados, a los dos trabajadores de la línea E y al reciente aislamiento de trabajadores de limpieza en la línea A, ante contacto con personal policial diagnosticado positivo.



Comercio


Luego de la conciliación obligatoria que neutralizó un paro masivo que surgió desde la base de trabajadores y delegados por un bono de $20.000, la patronal de Carrefour se comprometió a pagar un bono de $5.000 por mes, pero en junio no lo pagó. Carrefour pretende negar el pago del bono porque dice que a fin de mes va a pagar el aguinaldo. Una verdadera provocación si tenemos en cuenta que este sector de comercio, desde que arrancó la cuarentena, viene aumentando un 50% su facturación. Tampoco les vino mal que la conducción del sindicato del burocrata de Cavallieri no haya discutido -ni piense discutir- la paritaria, mientras continúa aumentando la inflación.



Comercio


Los contagios de trabajadores de supermercados se acercan al centenar y medio (además de un número indeterminado de vecinos), con lo cual ya se puede considerar que los centros de distribución de alimentos son también centros de distribución de virus. Coto oculta los casos y apela a matones para acallar las protestas y Carrefour sostiene, cínicamente, que todos los trabajadores infectados de la cadena se contagiaron fuera del lugar de tareas. La responsabilidad del Estado está en que el “protocolo”oficial es un manojo de “recomendaciones” no obligatorias.



Comercio


Una trabajadora de una sucursal del supermercado Vea de Merlo (Buenos Aires), que concurre todos los sábados, había dado positivo hace más de dos semanas. Recursos Humanos sostuvo que no podía haber contagiado a nadie porque “viene muy poco a la sucursal”. La delegada gremial del sindicato avaló este accionar, pese a que los trabajadores exigieron que se les realicen los tests -algo a lo que la patronal se negó. Hace unos días, algunas trabajadoras presentaron síntomas; la empresa testeó a cuatro empleados que habrían tenido contacto estrecho con la primer contagiada, y tres de ellos dieron positivo. Recién entonces, el supermercado cerró sus puertas este miércoles 10 de junio, desinfectó y arbitró los recursos para realizarle el hisopado a todos.



Comercio


Ante la confirmación de un nuevo caso positivo de coronavirus en otra sucursal del supermercado Coto, esta vez en Ramos Mejía (zona oeste del conurbano bonaerense), se pone nuevamente en evidencia la falta de protocolos sanitarios frente a la pandemia por parte de la empresa, que deja librados a su suerte a las y los trabajadores. Se trata de una cajera de la sucursal 51 de esa localidad, que reside en el partido de Moreno y que ya el 31 de mayo había dado aviso a los supervisores de que podría haber contraído Covid-19, ya que presentaba síntomas 



Comercio


Mientras los medios masivos de comunicación abundan en noticias sobre el coronavirus en el país y en el mundo, no aparecen notas sobre la escalada de contagios en los supermercados. Se conocen al menos 124 casos, aunque la estadística es limitada porque el Sindicato de Comercio y las empresas, con el soporte del gobierno y la prensa, los esconden y aprietan a los trabajadores. Tampoco hay registro de cuántos clientes se han contagiado. Hay 11 casos en el Carrefour de Scalabrini Ortiz 3128, en el barrio porteño de Palermo y 10 en el Disco de Uriburu 1230, barrio de Recoleta. Decenas de supermercados se están transformando en un gran foco de contagio.



Transporte


El 8 de junio se conoció la muerte por Covid-19 de dos trabajadores del transporte: el ferroviario Honorario Andrades, de la cuadrilla de vías y obras de Campana del ferrocarril Mitre en Trenes Argentinos, y el colectivero Norberto Fernando “Chuli” Lagos, de la línea 520 de Micro Ómnibus Avenida. Ambas muertes son un duro golpe para los trabajadores y una cachetada para el ministro de Transporte, Mario Meoni, que viene de afirmar que no existían casos de coronavirus en ninguna modalidad del transporte. Por el contrario, los trabajadores contabilizan alrededor de 50 contagios en todas las áreas, entre trabajadores permanentes y personal tercerizado, incluidos alrededor de 30 ferroviarios. El ministro pretende darles garantías a los empresarios para la liberación de más actividades económicas no esenciales, aunque esto suponga un mayor riesgo de contagios para los trabajadores.



Transporte


Respecto de la incidencia del coronavirus en su área, el ministro de Transporte Meoni mintió a los medios diciendo que, en nuestro país, “no hay trabajadores infectados en ninguna de las modalidades del transporte”. Sin embargo, los trabajadores de distintas áreas contabilizan 13 contagios en el ferrocarril Roca; 11 en el San Martín; 10 en el Mitre; 7 en el Belgrano Norte; 2 en el Urquiza; 7 casos positivos en el subte,;13 contagios en el transporte automotor del Amba y 19 casos en Aeroparque y Ezeiza, entre trabajadores de Aerolíneas, tercerizados de seguridad y policía aeroportuaria. Si no se conocen más, es porque las empresas hacen esfuerzos en ocultar a la opinión pública y a los propios trabajadores tanto los casos positivos como los procedimientos que se adoptan.



Transporte


Los trabajadores de la empresa de transporte 18 de Mayo de General Roca, provincia de Río Negro, marcharon por las calles céntricas exigiendo la reapertura inmediata del servicio de transporte público. Las fuentes laborales que peligran son cerca de 100. Mientras tanto, las respuestas del gobierno local de María Emilia Soria del FdT tardan en llegar, luego de que la patronal, a la cual la misma Soria giró fondos públicos millonarios que se fugaron y no fueron a salarios, abandonara el barco.



Choferes


Los choferes de colectivos pertenecientes a la empresa Nuevo Halcón (Quilmes, Buenos Aires), que gestiona la línea 148, continúan hoy 8 de junio con la medida de fuerza que comenzó a las cero horas del viernes 5 de junio. Reclaman pago de salarios atrasados y mejoras en las condiciones de higiene y trabajo, adelanto de haberes, desinfección de las unidades, pago de la obra social, etc. También se suma la falta de unidades para lograr mayor frecuencia en los recorridos que unen CABA con barrios del sur del Conurbano bonaerense.



Choferes


Trabajadores del transporte interurbano de Córdoba realizaron una manifestación por el centro y la terminal de la capital provincial, el pasado viernes 5. La medida fue en respuesta al incumplimiento del acuerdo por parte de las patronales, que establecía el pago integral del 100 % de sueldo de marzo, y del 75 % de salario de abril y mayo, en cuotas. Enzo Noriega, vocero de los empresarios nucleados en Fatap, declaró a los medios que no pagaron porque no tienen la plata, y que esperan por más subsidios nacionales. La movilización fue la primera protesta callejera en 56 días de paro. Previamente, la conducción de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) había levantado acciones, argumentando que eran imposibles por la pandemia. 



Metalúrgicos


Siderca (Campana, Buenos Aires), el gigante siderúrgico, se ha convertido junto con las otras grandes metalúrgicas (Aluar y Acindar) en la nave insignia de la aplicación de hecho de la reforma laboral, con despidos, suspensiones, sobrecarga de tareas, y ahora la amenaza de pagar el aguinaldo en cuotas. El régimen de suspensiones se instaló en Siderca desde 2014 y fue tomando carácter rotativo en algunos sectores y lejos de evitar despidos preparó el terreno para cientos de ellos que se dieron mediante la finalización de “contratos” y también de personal de planta, (en febrero, 191 de distintos sectores). Ahora, el anunciado “Black out” (apagón) y el plan de “redimensionamiento” del holding, no son más que eufemismos para perpetuar este régimen de despidos, suspensiones con rebaja salarial y de flexibilización extrema. 



Construcción


Una nueva crisis sacude la interna de patotas al interior de la Uocra (Río Gallegos, Santa Cruz). Hace pocos días se registró un episodio violento cerca de la casa del referente de la Uocra y secretario de la CGT local, Laky Quinteros, con destrozos y balazos de por medio. La semana pasada se anunció el desplazamiento de este por parte de la Uocra central. Detrás están los negocios en una de las más grandes obras del país, las represas sobre el Río Santa Cruz, donde la Uocra controla los comedores, el tráfico de drogas y otros “kioscos”. Decenas de trabajadores acampan hace casi una semana cortando la calle, en las puertas de la Uocra. Hoy 10 de junio, se produjo una agresión contra los manifestantes incluyendo la golpiza a una mujer por parte de los custodios del gremio.



Construcción


La empresa Ucsa Maquivest, que realiza obras de mantenimiento y reparaciones en las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el tramo entre Talavera y Pichanal (en los departamentos salteños de Anta y Orán, respectivamente) decidió no pagar la segunda quincena de mayo y anunció el despido de 700 trabajadores que corresponden a Uocra, Uecara y otros sin convenio. La empresa aduce una deuda de $1.500 millones por parte del estado nacional.



Repartidores


El pasado 8 de mayo tuvo lugar el plenario nacional abierto de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) que contó con la presencia de repartidores de todo el país. Compañeros de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén, CABA, La Plata, Villa Ballester y la zona Noroeste de PBA, debatieron a fondo los próximos desafíos para continuar la lucha por la conquista de los reclamos más urgentes y sobre cómo reforzar la organización y las acciones de lucha en todo el país. A sabiendas de la intención del gobierno de Alberto Fernández de impulsar una regulación de la actividad sin consultarle al conjunto de repartidores, el plenario permitió profundizar debates de importancia y darle curso a iniciativas y comisiones.



Teleoperadores


Los y las teleoperadoras tercerizados, encuadrados en el convenio de Empleados de Comercio, se encuentran en un nuevo escenario de mayor explotación laboral. La modalidad de “home office” (trabajo desde casa) fue forzada por la pandemia, que trajo nuevos problemas y peores condiciones de trabajo, con exigencias de productividad sin límite, ante la ausencia de toda respuesta sindical de una estructura completamente burocrática y de espalda a los/as trabajadores/as. Las empresas atomizaron los “centros” en los domicilios particulares de miles de teleoperadores que atienden los servicios de organismos del Estado y de empresas privadas de todo tipo y eso les permite ahorrarse millones de pesos en energía, conectividad (obligan a usar y consumir los datos propios), recursos tecnológicos, alquiler, limpieza, mantenimiento de las oficinas, etc. 



Bancarios


Los trabajadores del Banco Galicia enfrentan una situación doblemente crítica. Al desguace de la red de sucursales que se viene llevando adelante desde hace años, y el ataque sistemático al convenio colectivo (en lo que respecta al ordenamiento interno, tanto en relación a la dotación mínima de personal, como a los cargos a cubrir), se suman ahora nuevas avanzadas patronales en el contexto de pandemia. El licenciamiento del personal que es parte de los grupos de riesgo no ha sido acompañado por un aumento de personal y la cobertura de puestos según la normativa. Si a ello le agregamos la prerrogativa del Banco Central a partir de la cual los bancos privados deberán aumentar su cartera de jubilaciones, pensiones y asignaciones, el horizonte para los trabajadores de las sucursales Galicia se revela muy complejo.



Carne


Frente al reclamo de los trabajadores del frigorífico Penta (Quilmes, Buenos Aires) de expropiación de la planta de faena ubicada en Quilmes para su puesta en funcionamiento inmediato, la bancada de la diputada nacional Romina Del Plá, del Frente de Izquierda-Partido Obrero, le acercó una propuesta de proyecto de ley a los trabajadores para comenzar un debate al respecto y avanzar en una presentación en el Congreso. El proyecto pone el eje en la defensa de todos los puestos de trabajo, el pago de la deuda salarial y la garantía de los salarios íntegros.



Carne


Luego del corte en el Puente Pueyrredón, donde los trabajadores del frigorífico Penta (Quilmes, Buenos Aires) denunciaron la impunidad con la que se maneja el patrón Ricardo Bruzzese, gracias al amparo de la intendenta Mayra Mendoza, del gobernador Axel Kicillof y de Alberto Fernández, la lucha sigue en pie. Tras el anuncio de la intervención del gobierno nacional sobre la empresa Vicentín, los trabajadores plantean la expropiación del frigorífico.



Neumático


Luego de un mes de que la producción de neumáticos en la Argentina por decreto presidencial fuera declarada “actividad esencial”, se pusieron en funcionamiento las grandes plantas. Durante ese lapso, las discusiones y tensiones con las patronales se desarrollaron en dos planos. Por un lado, el Sutna enfrentó las tentativas de reducir el salario por parte de las patronales, conquistando que todos los trabajadores cuenten con el 100×100 del salario de abril, mayo y junio. En paralelo a esta lucha, el Sutna presentó a las patronales un pliego de reclamos sanitarios con el objetivo de evitar que un posible retorno a la producción fuera en las condiciones habituales de trabajo, poniendo en peligro la salud de los trabajadores. 



Empaque


La patronal de la empresa de empaque de fruta La Reginense (Villa Regina, Río Negro) debe entre dos y tres millones de pesos al sindicato en concepto de aportes patronales , lo que produjo el desamparo social para trabajadoras con diagnósticos oncológicos. En este caso se suma, la deuda de salarios de hace mas de dos meses. La patronal que operó en La Reginense (Zavecom, Emelka y Hernández) se fue llevándose la ganancia, sin pagar sueldos y sin pagar aportes. 



Empaque


La propuesta que el interventor José Pérez (en sus últimas horas en ese rol) y el secretario general Máximo Santibañez, del sindicato de empacadores de la fruta, han acercado al gobierno provincial, supuestamente en nombre de los y las trabajadoras del empaque La Reginense (Villa Regina, Río Negro), es insuficiente, en palabras de los y las trabajadoras que siguen organizándose por sus derechos. Por este acuerdo los y las trabajadoras percibirían en las próximas horas entre $15.000 y $20.000 a cuenta de todo lo adeudado. El importe ofrecido como solución es menor al 50% de lo que se le debe a cada trabajador y trabajadora desde hace dos meses. En este cuadro de cuarentena, es verdaderamente una vergüenza. 



Comercio/Camioneros


Momentos de preocupación e incertidumbre se viven en la planta Sur de Prosegur, ubicada en el barrio de Constitución (CABA): 11 casos positivos de Covid-19 en la rama camiones y un sinnúmero de sospechosos, según dió a conocer, éste lunes 8 de Junio, el cuerpo de delegados de Camioneros de la sucursal. Tal es la gravedad que la gerencia debió suspender las tareas de la mayoría de los sectores hasta el día 16 de junio. En ésta planta, un enorme caudal de trabajadores se cruza día y noche, con turnos rotativos, manipulando los mismos bultos y materiales. La mayoría de las tareas se hacen en espacios reducidos, hasta herméticos, y sin ventilación. Las licencias otorgadas han redundado en una reducción salarial porque no se cobran los adicionales y premios y aprovechan la pandemia para imponer retiros voluntarios.



Camioneros


La Legislatura del Neuquén aprobó por unanimidad un proyecto de declaración presentado por la diputada Patricia Jure, del Partido Obrero-Frente de Izquierda, que estipula el pago de los salarios adeudados de los meses de marzo, abril y mayo y la continuidad de los puestos de trabajo para los trabajadores de Expreso Argentino, empresa de logística y transporte. La sanción de la declaración se produce en momentos donde aumentan las provocaciones empresariales, con el apoyo de la fiscalía y la policía provinciales: la patronal busca sacar la mercadería de los depósitos, desarmando el acampe que sostienen los compañeros en los portones de la empresa. Por otra parte, sostiene su postura de despedirlos, pagándoles una indemnización al 50% en 12 cuotas – y ya han comenzado a llegar telegramas de despidos.



Movilización


La CTA de Santa Cruz, que integra a nivel nacional el Plenario del Sindicalismo Combativo, organizó un Encuentro Provincial el lunes 8 de mayo, para delinear la participación en la jornada de lucha del próximo 16 de junio y comenzar a organizar el PSC en Santa Cruz, para lo cual se conformó una Coordinación Provincial. Participaron dirigentes de la CTA Santa Cruz provincial y de las regionales de Río Turbio, Zona Centro y Zona Norte; dirigentes de las filiales Pico Truncado, Los Antiguos, San Julián y Perito Moreno de la Adosac; el Sipren (sindicato de prensa), el Soem de Perito Moreno; el Polo Obrero; los movimientos de despedidos de Ycrt; los despedidos municipales de Pico Truncado y de Río Gallegos; la Agrupación minera 27 de julio, de Aoma; la petrolera Ahonikenk, Tribuna Docente, Docentes en Marcha y Alternativa Docente, congresales por la minoría multicolor en Adosac Río Gallegos, el movimiento Ancla, la CSC, la Corriente sindical de IS y Tribuna Estatal, entre otros.



Vidrio


Los casos confirmados en Cattorini (Quilmes, Buenos Aires), planta de vidrio ubicada en la localidad de bonaerense de Quilmes, casi se triplicaron en diez días, pasando de 5 a 14 y mostrando una situación preocupante para los trabajadores. Como la fábrica comparte el depósito con la fábrica Rigolleau, ubicada en Berazategui y perteneciente a la misma empresa, los trabajadores licenciados de las dos fábricas llegarían a 50 por mantener vínculos estrechos con los casos confirmados. Sin embargo, el criterio que define quienes deben ser licenciados preventivamente está en manos de la misma patronal, que obliga a muchos trabajadores mayores de 60 años a seguir asistiendo a las plantas. En una actitud criminal, extorsionan con recortar el salario en un 40%, como hicieron desde el comienzo de la cuarentena.



Vidrio


Un trabajador de 37 años de la fábrica de artículos de vidrio Rigolleau, ubicada en el distrito de Berazategui (Buenos Aires), perdió la vida al ser alcanzado por un bolsón de cuarzo de 1.500 kg que cayó sobre él mientras se encontraba realizando tareas en el depósito de la empresa. El trabajador fue encontrado recién pasadas unas 2 horas desde el siniestro debido a que se encontraba trabajando solo, por lo cual no pudo tener asistencia en el momento de ocurrido el mismo. La tarea que realizaba el operario antes ocupaba a dos personas, sin embargo las políticas de ajuste de la empresa llevaron al recorte de ese puesto de trabajo.



Textiles


El lunes 8 de mayo los trabajadores de la Textil Río Grande (Tierra del Fuego) se movilizaron para llevar un petitorio al concejo deliberante local. La empresa viene con atrasos en sus pagos desde el año pasado, abonando de forma irregular, escalonada y en cuotas, adeudándoles actualmente cuatro quincenas del corriente año y tiene la clara intención de no continuar produciendo en la provincia. Los trabajadores solicitan que se gestionen subsidios para ayudarlos a sobrellevar esta difícil situación, hasta tanto se arribe a una solución de fondo ya que se hallan endeudados y sin obra social. Y si la empresa se retira se expropie el espacio físico y las correspondientes maquinarias de la fábrica, en aras de que los trabajadores puedan conformar una cooperativa de trabajo.



Textiles


La algodonera Aconcagua Wilde (Buenos Aires) no ha cambiado para nada su ritmo de producción con la pandemia. Tampoco se ha elaborado protocolo alguno de rotación de trabajadores ni se cumplen las normas básicas de bioseguridad dentro de la planta. El crecimiento en la cantidad de maquinarias en algunos sectores limitó los espacios y hace imposible el distanciamiento. Se cobran salarios por debajo de la canasta básica y quienes fueron licenciados por tener hijes o familiares a cargo cobran menos del 70% de sus salarios. Fueron confirmados casos de Coronavirus en los últimos días, por lo que algunos de los trabajadores que habían estado en contacto con ellos debieron realizar el aislamiento domiciliario. Pero pocos días después la empresa se dio la tarea de presionar a varios trabajadores para que volvieran a sus puestos, 



Limpieza


La empresa de limpieza Grub, una tercerizada que actúa en el Inti (San Martín, Buenos Aires), depositó solo $5.800, por el salario de mayo. Las trabajadoras de la empresa, en su mayoría mujeres, sostienen sus hogares. En las oficinas de Grub no hay nadie que lxs atienda. La empresa fue beneficiada con el pago de los ATPs con el que el gobierno nacional se hace cargo de la mitad del salario de cada trabajador de las empresas que “tienen problemas económicos debido a la pandemia”. Grub es muy conocida en Inti porque arribó a partir de un negociado del macrismo, en el que se disolvió el sector de limpieza y se lo tercerizó, pagando un contrato de $80 millones por un año.



Prensa


Los trabajadores de El Cronista Comercial, Cronista.com, Apertura e InfoTechnology, (CABA) reunidos en una asamblea virtual resolvieron un paro general de actividades de 24 horas, iniciado el 4 de junio y que se extendió hasta a las 17 horas del viernes. El motivo es la comunicación de la empresa de que el cuarto día hábil en el cual, por ley, se debía cobrar el salario completo, no se pagará en su totalidad, sino que el sueldo total será abonado en parte por el Estado, mediante ATP, lo cual podría demorarse. Resolverán nuevas medidas a partir del lunes 8 hasta que se deposite la totalidad del sueldo y la empresa atienda, además, el reclamo de aumento salarial que los trabajadores sostienen desde febrero.



Pasteleros


El sábado 6 de mayo, Romina Del Plá, diputada nacional por el Frente de Izquierda, junto a una delegación del Partido Obrero de La Matanza, visitó a los compañeros y compañeras de La Nirva, que se encuentran en asamblea permanente. En un intercambio con más de 30 trabajadores se habló de la necesidad de la vuelta a la producción y la continuidad de la lucha por la pronta paga de los salarios adeudados. El fondo de huelga ya ha recibido aportes de sindicatos combativos y organizaciones como Suteba de La Matanza, el Polo Obrero, Adosac, Ademys, y Barrios de Pie y de la banca del PO-FIT. Se planteó la necesidad de una campaña nacional en apoyo a esta iniciativa. El sindicato de pasteleros se mantuvo ajeno a todo el conflicto.



Alimentación


Los trabajadores de la fábrica “El Orden” cortaron la Ruta 3. Se desató un nuevo conflicto en la planta de productos de alimentación perteneciente al grupo empresarial Lagomarsino a causa de suspensiones y rebajas salariales. Durante abril y mayo la empresa ubicada en San Justo suspendió 130 trabajadores bajo el argumento de la crisis del Covid-19, pero la irregularidad de los pagos viene desde el 2018 donde despidieron a 10 y comenzaron a depositar las quincenas en cuotas. Ahora, los Lagomarsino pretenden abonar solo el 20% de los sueldos. Se realizó el reclamo ante el Ministerio de Trabajo y todavía no hay respuesta.



 



 

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11/06/2020

Volvemos a presentar el proyecto de ley de Inclusión Laboral Travesti-Trans en el Congreso

Ante el crecimiento de la desocupación y los crímenes de odio.

Agrupación Lgbti 1969

Ante la multiplicación de los crímenes de odio y el crecimiento la desocupación, desde el Partido Obrero y la Agrupación Lgbti 1969 hemos presentado, por tercera vez, el proyecto de ley de Inclusión Laboral Travesti-Trans en el Congreso, a través de nuestra diputada del FIT Romina Del Plá. Vamos a una campaña por su aprobación urgente, ya que sistemáticamente fue cajoneado por los gobiernos tanto peronistas como macristas.


La población travesti-trans tiene una expectativa de vida de 35 años y es excluida de todo ámbito social y laboral y carece de acceso a la educación y la salud. Cuando hablamos de “genocidio silencioso” nos referimos al encubrimiento del Estado ante los crímenes de odio y en la perpetuación de esta exclusión social.


Por todo lo mencionado, la mayoría de las personas travesti-trans encuentran como única salida laboral la prostitución, donde son doblemente violentades en este contexto de cuarentena por el hostigamiento de las fuerzas represivas en nombre de hacer “respetar la cuarentena”. En la mayoría de las provincias continúan vigente los códigos contravencionales de la dictadura que penalizan a las diversidades sexuales y de género. Aunque se ha derogado el Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.g.b.t.i. de Patricia Bullrich, la situación de persecución y criminalización se sigue incrementando. Cada día aumentan los casos en que las personas detenidas son golpeadas y torturadas en las comisarías de todo el país; y tampoco se contempla su identidad de género autopercibida a la hora de ser detenidas, por lo cual una gran mayoría termina en calabozos de varones, poniendo en riesgo sus vidas.


La población Lgbt+ no cuenta con refugios proporcionados por el Estado para situaciones de emergencia, y además sufre el recorte de los pocos “consultorios amigables” que existen para la población travesti-trans. El ejercicio de la prostitución las expone asimismo a toda clase de enfermedades venéreas, arriesgando seriamente su salud cuando se restringe su acceso al sistema sanitario. La no implementación y el desfinanciamiento de la Ley de Identidad de Género también expone la salud y la vida de este colectivo, por el recorte en los tratamientos hormonales -mientras siguen los negociados del Estado con los laboratorios privados.


A pesar de que la ley del Cupo Laboral Travesti Trans existe en varios distritos y provincias, en su gran mayoría no se implementa. Es lo que sucede en La Matanza, donde la exintendenta peronista, y actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario incumple su promesa de implementarlo, mientras crea secretarías para lasiglesias evangélicas y fomenta que penetren en la Universidad de La Matanza, donde continúan reproduciendo el odio y la demagogia hacia nuestras identidades con la complicidad del Estado.


La ausencia de una educación sexual laica, científica y que contemple a la diversidad sexual y de género, sin intromisión de las iglesias Católica y Evangélica, colabora a formar la estigmatización hacia las personas travesti-trans y el rechazo de su identidad autopercibida. Esto concluye en que los derechos sean vulnerados desde la niñez, condenándoles a una vida material precaria, repleta de riesgos cotidianos y violencias de todo tipo, comenzando por la que emana el propio Estado y sus instituciones.


Contra el cajoneo que imponen los bloques mayoritarios en el Congreso, el reclamo por el Cupo Laboral Travesti-Trans se hizo presente en todas las grandes movilizaciones del movimiento de mujeres y del movimiento Lgbt+. Sin embargo, hay agrupamiento dentro de esos movimientos que se declaran partidarios de la regularización de la prostitución y reivindican la “economía popular”, todo lo cual embellece la explotación y la precariedad en que viven las personas travesti-trans y encubre la responsabilidad del Estado en ello.


Desde la Agrupación Lgbti 1969 y el Partido Obrero creemos que, si bien esta iniciativa no es la solución a todas las problemáticas de la población travesti trans, la lucha por este reclamo es un paso al frente para revertir la situación en la que se encuentra este sector, contra un Estado opresor y violento, en el camino hacia una transformación social profunda contra toda forma de explotación y opresión social.


El 28 de junio, en un nuevo aniversario de la rebelión de Stonewall, seguiremos levantando estas banderas y luchando por trabajo genuino en iguales condiciones para las personas travestis y trans.



 




 

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Masiva presencia del Polo Obrero cordobés en la jornada nacional de lucha piquetera

La jornada nacional de lucha piquetera tuvo en Córdoba una manifestación contundente. Con un gran acto en la zona céntrica del Patio Olmos, el Frente de Lucha piquetero salió a las calles para señalar que con hambre no hay cuarentena. El Polo Obrero participó de la convocatoria con más de mil compañeras y compañeros


Pasado el mediodía, se desarrolló un acto en el cual Emanuel Berardo denunció que “con hambre no hay cuarentena posible, basta de pagar la crisis con el hambre del pueblo”. Además remarcó la utilización de la cuarentena para implementar el ajuste mediante un Estado policial, que el gobierno de Schiaretti pretende terminar de montar.


En tanto que la legisladora del Frente de Izquierda, Soledad Díaz se referió a la movilización señalando: “los trabajadores no soportan más una cuarentena sin alimentos, se abandona a la población de los barrios a su suerte sin ninguna condición para evitar el contagio mientras la única respuesta ante la propagación del virus es la militarización y los cercos policiales, como ocurrió en Nuestro Hogar III.”


La política de ajuste del gobierno encontró una respuesta desde el pleno centro de la capital provincial. La movilización de hoy no podía haber sido más oportuna. Es que a la falta de respuestas a los reclamos, el gobierno le agregó una impostura política.


En la previa de la jornada de lucha, el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei, presentó un informe en el cual decía que el gobierno provincial había brindado una respuesta rápida, así como una coordinada asistencia para que las familias de las barriadas populares puedan pasar la cuarentena.


La operación política del gobierno fue respondida en las calles con una gran movilización popular. Con este impulso, el Polo Obrero se prepara para participar de las jornadas del sindicalismo combativo del próximo 16 y 22 de Junio.




 




 

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La banca de la concejala Cintia Frencia fue la única que en soledad presentó e insistió a viva voz con el procedimiento de expulsión que implica la conformación de una comisión investigadora.
Alzó la voz en el recinto para exigir la expulsión y apeló a la movilización popular hasta que caigan todos los responsables, materiales, ideológicos y políticos del crimen de Agostina.
Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
11/06/2020

Los estudiantes del Isfd 9 de La Plata en estado de asamblea

Conducción del Centro de Estudiantes del Isfd 9

Hace semanas que los estudiantes del Instituto 9 nos venimos reuniendo en asambleas, cuyo antecedente fueron las reuniones del cuerpo de delegados convocadas por el CEI9.  Debatimos en conjunto las principales problemáticas que nos atraviesan.  En primer lugar está el ataque de la Dirección de Educación Superior (DES) y la Comunicación Conjunta Técnica 01/2020 la cual elimina las promociones directas en las materias (es decir aquellas materias que son sin exámenes finales). Este documento trajo gran preocupación entre los estudiantes que venimos haciendo un gran esfuerzo para poder llevar las materias al día en este contexto de pandemia.


También hay que decir que la asamblea pasada votó  llevar a cabo una campaña de fotos en las redes el día viernes por los reclamos más acuciantes que tenemos: por la ayuda alimentaria para les terciaries, por dispositivos como notebooks e internet para poder seguir con las clases virtuales. Está campaña tuvo una gran adhesión con decenas de fotos y fue muy compartida. También se decidió empezar con una colecta de alimentos para poder ayudar a los estudiantes que más lo necesiten.


El último martes se realizó una segunda asamblea virtual que volvió manifestar que no acepta la eliminación de las materias por promoción. Luego de un fin de semana en donde desde la dirección del instituto redoblaron su apuesta y decidieron acatar la comunicación anti estudiantil de la DES desoyendo a les estudiantes que nos venimos manifestando en contra. Cabe mencionar que en el Isfd 95 de La Plata se definió rechazar la eliminación de las promociones. Lejos de torcernos el brazo vamos a fortalecer nuestra lucha. Y continuaremos la pelea por estos reclamos hasta conseguir que se respeten nuestros derechos. Vamos por un petitorio online para reunir firmas para que no eliminen las promociones, para que se garanticen las mesas de finales. Seguiremos con la colecta a la vez que reclamaremos en todos los lugares posibles por el SAE. Si algo sabemos les estudiantes del 9 es de lucha. Así logramos nuestras metas.



 

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Neuquén: enorme jornada unitaria piquetera y ceramista

Una importante movilización unitaria marchó a las puertas de la Municipalidad de Neuquén en el marco de la jornada nacional de lucha contra el hambre. Participaron más de 800 compañeros y compañeras del Polo Obrero, FOL, Frente Popular Darío Santillán y delegaciones de las fábricas ceramistas, textiles y Expreso Argentino. La actividad se replicó en Plottier con el Polo y el Fol. La importancia de la iniciativa de lucha fue reflejada por una amplia cobertura de medios.


La actividad puso de manifiesto grandes reclamos que recorren a las fábricas recuperadas, trabajadores despedidos y la situación social que sufren las familias sin trabajo y sin salario. Por un lado, el reclamo de apertura y aumento de los programas nacionales se hizo sentir con fuerza, rechazando el congelamiento que mantiene el gobierno de Alberto Fernández en un cuadro de párate económico y de aumento de la inflación en los alimentos. Asimismo, el movimiento piquetero plantó bandera por los puestos de trabajo a través de la obra pública y la construcción de viviendas populares.


Los compañeros de Expreso Argentino encabezaron la marcha con el reclamo del pago de los salarios y la recuperación de los puestos de trabajo.



Los ceramistas hicieron hincapié en la compra de materiales para que sean destinados a la obra pública de la ciudad y denunciaron al gobierno nacional por la doble vara con la cual trata a las fabricas recuperadas. Es que mientras se otorgan millones de subsidios a las grandes empresas con dineros de la Anses, las fabricas ceramistas fueron descartas del subsidio ATP. Esta discriminación se suma a una política sistemática del Estado de mantener un ahogo financiero sobre los ceramistas.


La jornada fue un paso importante en la unidad de los que luchan con independencia del gobierno provincial y nacional. La acción unitaria continuará mañana en apoyo a los trabajadores de Expreso y el martes en la jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo.




 

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11/06/2020

Tucumán: empleados de call centers marchan contra despidos y recortes salariales

“Los empleados de la gigantesca firma Teleperformance y Aegis venimos sufriendo un humillante ataque a nuestra condición de trabajadores. Es por esto que decidimos movilizar el viernes 12 de Junio a la Secretaria de Trabajo”: de esta forma se expresaron los delegados y trabajadores de call centers en la provincia de Tucumán.


La carestía y la dura situación económica que atraviesan los tucumanos durante la cuarentena no fue un inconveniente para que Teleperformance decida despedir y recortar salarios. La medida, que supuestamente estaría prohibida por un decreto presidencial, se dio vía libre en la empresa de la mano  del gerente general de Norberto Brousse, y con la complicidad silenciosa del gobernador Juan Manzur.



Durante el conflicto, que lleva una semana, los empleados que mantenían la medida de fuerza eligieron sus propios delegados para dialogar con la empresa -que se encargó de ningunearlos, al punto de no dejar entrar a una reunión a los representantes por los despedidos. Es el caso de Alejandra, quien fuera despedida el 13 de abril. La empresa no le permitió ingresar, al igual que a otra compañera a la que se habían comprometido a recibirla el día martes 9. Como se ve, la empresa no tiene pensado dialogar sobre el tema.


Alejandra comentó a Prensa Obrera que “estamos reclamando el pago íntegro de los sueldos, la reincorporación de los despedidos y el pase a planta permanente de los contratados. Que se acabe el fraude laboral que hacen al contratarnos por mes a mes, durante todo el año, ya que esta forma les permite despedir sin ningún problema, precarizando aún más la fuente laboral. Algo que debería estar prohibido. Por eso convocamos el viernes, a las 9 de la mañana, a todos los compañeros y a las organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles e independientes a las puertas de Teleperformance [en Avenida Adolfo de la Vega y Calle Piedras]. Queremos escuchar qué respuestas tiene la empresa; en caso contrario, movilizamos a Secretaría de Trabajo. Hemos logrado que el mismo Seoc [Sindicato de empleados y obreros de Comercio], bajo la presión del conflicto, avale el paro. Es absolutamente legal y no pueden descontar un peso a aquellos que decidan apoyar. No podemos permitir semejante atropello”


Salario de convenio y ninguna precarización laboral.


Basta de despidos y suspensiones en Teleperformance y Aegis.


Materiales de trabajo y condiciones laborales para todos los compañeros.

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Río Negro: acciones en Villa Regina y Fiske Menuco en la jornada nacional de lucha contra el hambre

La jornada de lucha nacional del frente piquetero tuvo su expresión en Río Negro. La jornada comenzó con concentraciones a las 11 horas, como en gran parte del país, y con marchas, piquetes y ollas populares que pusieron en la agenda política la falta de atención estatal y gubernamental respecto del desempleo que crece, la falta de alimentos o el acceso a servicios básicos. Carteles con frases como “La deuda o la vida”, “Con hambre no hay cuarentena” y “Fuera el FMI” marcaron la jornada.


En el caso de Fiske Menuco la jornada de lucha se desarrolló en las puertas de la sede del Ministerio de Desarrollo Social provincial, mientras que en Villa Regina fue en las puertas del municipio de la localidad.



En Fiske, tras una hora de espera el Polo Obrero local logró una entrevista con el delegado zonal, arrancando el compromiso de 30 módulos alimentarios para la semana que viene. Está localidad afronta un creciente número de contagios por Covid-19 y los barrios de zona norte fueron aislados, creando guetos, luego de un acuerdo entre Juntos Somos Río Negro y el Frente de Todos, sin permitir acceder a alimentos, agua potable o trabajo. La situación no ha mejorado y la exigencia de respuestas fue puesta sobre la mesa por los representantes del Polo Obrero.


En Villa Regina, luego de responder consultas y contar sobre la jornada nacional de lucha, representantes del Polo Obrero exigieron la presencia del intendente Marcelo Orazi, de Juntos Somos Río Negro, que le debe a la Asamblea por el Techo Propio N°2 una audiencia pedida hace más de dos meses por el loteo comprometido por la exgestión municipal de Villa Regina y la actual gestión de General Godoy. Al día de hoy más de 200 familias esperan el acceso a un terreno y una vivienda digna. Orazi bajó y prometió una audiencia para la próxima semana, a la vuelta de su viaje por Viedma.


En ambas localidades quedó planteada la tarea de convocar a la jornada del 16 del sindicalismo combativo, para poner en la calle y de manera unificada todas las luchas, por salarios, trabajo genuino, alimentos y salud. Con hambre, sin trabajo y salud no hay cuarentena.


 

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11/06/2020

Aerolíneas-Austral: la burocracia sindical firmó las suspensiones

La lucha recién comienza.

Agrupación La Pista

Con el acuerdo de todas las direcciones de los sindicatos aeronáuticos, Aerolíneas-Austral formalizó la suspensión de unos 8.000 trabajadores durante los meses de junio y julio.


A través de un comunicado, la patronal aclara que se cobrará el 100% del ingreso de bolsillo como suma no remunerativa, es decir, sin pagar los aportes y contribuciones previsionales, ART, y otros ítems. Los sindicatos, en otro comunicado, celebraron que las suspensiones serán “sin afectar los ingresos de bolsillo y asegurando el pago total del aguinaldo”, y expresaron su satisfacción: “Nuevamente, entablando un diálogo maduro… demostramos ser parte de las soluciones, sin resignar nunca la defensa de los intereses de los trabajadores “. ¿Es así?


Llamativamente, fuera de estos comunicados no se conocen los detalles del acuerdo hasta el momento. Si nos atenemos a lo manifestado por la patronal, el pago del 100% se hará sobre los salarios de mayo, que sufrieron una poda del 10% por no abonarse los viáticos ni los rubros correspondientes a tarea específica. Ese descuento lo sufren también quienes sin estar suspendidos ingresaron a la condición de licenciados por ser mayores de 60 años o por pertenecer a grupos de riesgo por afecciones crónicas (diabetes, asma, cardiovasculares, etc.). Tampoco se sabe si ese 100% será calculado según el neto antes o después del descuento por impuesto al salario (Ganancias), lo que puede llevar bien abajo la suma final percibida.


Pero lo que destruye completamente cualquier intento de embellecer lo firmado a espaldas de todos es que el salario de los trabajadores de Aerolíneas-Austral perdió desde el último acuerdo un 40% respecto de la inflación, y con esto se pretende archivar indefinidamente la discusión de la paritaria que venció en septiembre. Es decir que la patronal se alzó con una rebaja salarial real del 50% respecto de la inflación, mientras que solo por los descuentos a los 8.000 suspendidos se ahorrará unos 130 millones de pesos en dos meses, y por no pagar los aportes previsionales otros 270 millones. Son 400 millones de pesos que irán a los bolsillos de los bonistas o a subsidiar a los capitalistas.


Para imponer esta histórica entrega, la patronal y la burocracia sindical se valieron del cuco de las suspensiones, sembrando la alarma, así como de los rumores de “vacaciones anticipadas ” y “retiros voluntarios”.


Si bien el acuerdo refleja los límites de la patronal camporista -cuyo plan original era la rebaja salarial nominal del 25% y la destrucción de los convenios colectivos de trabajo-, las suspensiones serán usadas para dividir a los trabajadores y avanzar con la fusión/desguace de la empresa estatal. La incertidumbre sobre el futuro de los suspendidos y la ausencia completa de un plan consensuado de quiénes y en qué sectores se verán afectados son una vía libre a las gerencias para toda clase de discrecionalidad.


En un escenario de quiebras y despidos en Latam y Avianca, y con la actividad aérea paralizada, es presentado como lógico que los trabajadores acepten una rebaja salarial indirecta como el mal menor. Pero esto es el resultado exclusivo de la desinformación y desorganización promovida por la burocracia sindical. Otra escenario hubiera surgido de la realización de asambleas, presenciales o virtuales. Nuestro reclamo de que nada se firme sin mandato ni consulta a los trabajadores se muestra más acertado que nunca.


El rechazo generalizado a las demandas de “productividad”, “competitividad” y “rentabilidad” del presidente Pablo Ceriani (discurso esgrimido hasta diciembre por el ajustador macrista Luis Malvido) se expresó en todos los sectores, pero sobre todo en Austral. El comunicado del Cuerpo de Delegados de Austral APTA denunciando la política del gobierno que financia a las empresas, paga la deuda y ajusta a los trabajadores, es un reflejo de lo que ocurre por abajo en todos los sectores.


La lucha recién comienza. La confusión inicial será superada si ponemos en marcha una deliberación organizada en cada sector, para rechazar lo firmado. El centro del debate es rechazar la idea de que Aerolíneas debe ser rentable y no una empresa que garantice los servicios de transporte aéreo como impulso de la economía del país, su conectividad y accesible a los trabajadores.


La plata que nos saca el gobierno irá al pago a los buitres, no a la atención de la salud ante la crisis sanitaria. En oposición a este ajuste, desde La Pista apoyamos el proyecto del FIT-U para aplicar un verdadero impuesto a las grandes fortunas, empresas y bancos que han fugado sistemáticamente la riqueza del país, y rechazamos el pago de una deuda usuraria e ilegitima que es un aspecto central del sometimiento nacional.




 

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11/06/2020

Fantino y el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)

Durante el día 9 de junio por la tarde las redes sociales comenzaron a inundarse de estupor ante la decisión de Alejandro Fantino de convocar a “especialistas” a hablar sobre un supuesto peligroso avance del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en el cuadro de la cuarentena obligatoria de España. El síndrome en cuestión no existe, fue cuestionado por todas las asociaciones científicas existentes y es usado para encubrir y justificar el abuso y violación de niños.


Más estupor se produce al recordar que Fantino es el conductor televisivo que, entre otros famosos, había sido sindicado por la fallecida Natacha Jait como integrante de la red de pedofilia del Club Independiente, escandalosa causa sobre la que cayó un manto cómplice de silencio.


La incursión mediática fue repudiada por el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn) y por su presidenta ejecutiva Nora Shurman, pero su protesta apenas se conoció por una nota del diario Tiempo Argentino, el único de reconocimiento público que levantó el tema. Más silencio no es posible conseguir.


El abuso a menores es una institución del régimen que se sostiene con discursos hipócritas sobre la defensa de los niñxs. Ni los abusos al interior de la Iglesia católica ni los que ocurren en el entorno familiar, menos el “derecho de pernada” que aún rige en nuestro país, son seriamente seguidos por los medios. Meterse con ellos es meterse con mafias que tienen poder institucional y material y es meterse con un tema lacerante que muchos prefieren negar.


El SAP es un fraude, una construcción seudocientífica, una pose psicoanalítica, un ardid jurídico inventado por el psiquiatra norteamericano Richard Gardner, quien dedicó gran parte de su vida a ser perito de la parte abusadora en el campo judicial tanto de padres abusadores, como de docentes y religiosos acusados.


Richard Gardner fue parte de una extendida corriente que busca naturalizar y normalizar el abuso hacia niñxs, que actúa en diferentes niveles, que tuvo un auge entre los años 70 y 80, que desde hace años lleva adelante la justificación del abuso en la infancia presentando lo que ellos caracterizan como una “resistencia” como algo que existe en la sociedad, como un prejuicio construido que en el futuro será removido, como ocurrió con la homosexualidad. En torno a estas teorías se apilan catedráticos de universidades de prestigio mundial e incluso intentos de poner en pie partidos políticos guiados por esta máxima.



Pero esta farsa o construcción es palabra oficial en el Estado argentino, particularmente entre los jueces a la hora de analizar reclamos de madres para que les restituyan a sus hijos o para que se disponga la cárcel o al menos el distanciamiento obligatorio contra padres que abusan de sus hijos. En la justicia argentina se apilan las revinculaciones entre niños violados con sus padres violadores sustentadas en fallos con explicaciones de pseudociencia. La acción es tan sistemática que a las madres que deben pasar años peregrinando por tribunales y luchando por la tenencia se las bautizó “madres protectoras”. Ellas luchan cotidianamente no solo contra el poder judicial, sino contra las poderosas asociaciones de abogados que la iglesia y los pederastas tienen y con las cuales hacen lobby en el Estado.


Dentro de la Iglesia católica y de otros cultos, existe una corriente que milita la causa de la pederastía afirmando que todo vínculo sexual que se produzca luego de los 5 años de edad no es abuso. En Argentina una de las marchas organizadas conjuntamente por evangélicos y católicos tuvo como vocero a un cura que usó los canales de TV para llevar adelante estas afirmaciones que se repiten en todo el mundo. El renacimiento del movimiento de mujeres y la lucha por el aborto legal lograron exhibir esta práctica cotidiana que se desarrolla en el silencio y en la tortura del abuso aquí y en el mundo.



“Un cura de Rhode Island (Estados Unidos) generó una fuerte polémica al declarar a un medio local que ‘la pedofilia no mata a nadie, pero el aborto sí lo hace’.” En una entrevista con el canal local WJAR, Richard Bucci,de 72 años, fue más allá y aseguró que “hay más muertos por culpa del aborto que niños de lo que se ha abusado”. El cura realizó estas declaraciones en febrero del 2020 en el marco de la discusión legislativa de la cuestión del aborto en el Estado norteamericano.


En nuestro país, Apadeshi (Asociación de Padres Alejados de sus Hijos) es la madre de todas las organizaciones de juristas y otros profesionales dedicados a la protección de los abusadores. Cierto es que sus integrantes muchas veces se entrecruzan con defensores de genocidas y con adinerados abogados cuya institución de pertenencia es la Iglesia católica, un perfil político presente a ambos lados de “la grieta”. Junto a Apadeshi aparecen y desaparecen otros reagrupamientos como el de “Los padres del Obelisco” y su documental “Borrando a papá”. Lo común a todos los gobiernos es la completa inacción ante este flagelo.


Ni la Asociación Psiquiátrica ni la Asociación Médica de EE.UU. lo han reconocido como síndrome. Tampoco otras prestigiosas asociaciones médicas y psicoanalíticas internacionales han aceptado este planteo y lejos de eso lo han denunciado como un artilugio para justificar la violación de niñxs. El rechazo a esta teoría es total en el campo científico, pero ni este ni ningún gobierno intervienen para terminar con esta barbarie.


El SAP es letra oficial para el Estado y para la Iglesia. Y esto es lo que explica que este apoyo de un conocido conductor televisivo como Fantino a una teoría que respalda la pedofilia no haya trascendido más allá de la protesta durante algunas horas en algunas redes. Hay ciertas aguas a las que a nadie le interesa agitar, incluso para salvar la vida de los niños, a los que en el discurso del Estado se trata como privilegiados, mientras que los hambrea y somete a violaciones, que es lo que ocurre hoy con más del 50% de los pibes en la pobreza y con cifras que muestran que más del 20% de las niñas son abusadas en su infancia (Unicef) y con el discurso oficial centrado en la defensa de la familia aun cuando dentro de esta se viva un verdadero infierno. Una niñez atravesada por el abuso de todos los que debían cuidarnos es una excelente forma de condicionar a una sociedad, formatear sus preocupaciones, traumas y problemáticas.


La lógica del discurso del SAP conforma en el plano judicial la tormenta perfecta. El niño que denuncie estar siendo abusado no será considerado porque hablaría por aquello que le inoculó su madre, quien denuncia falsamente al padre de sus hijos como abusador para ocultar celos u otros sentimientos de venganza. De esta forma quedan anulados los testimonios del niño y de la madre. Quedando solo en pie el testimonio del abusador, único que preserva la institución familiar. “Revincúlese al niño con su padre” dictaminará el juez y fin de la historia judicial y la continuación de una larga lucha que tienen a miles de mujeres condicionadas totalmente a vivir teniendo que resistir la acción del Estado en favor de vincular a sus hijos con violentos y con abusadores.


El silencio en el caso Fantino es la continuidad del silencio en el caso del cura Eduardo Lorenzo suicidado en la sede de Cáritas La Plata, acusado de decenas de abusos y el de la causa de la red de trata de niños vulnerables del Club Independiente.


Un régimen que hunde sus cimientos en una niñez abusada y hambreada es un régimen con el que hay que terminar sin atenuantes.



 

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11/06/2020

Justicia y protección para Agustina

A raíz de un video publicado en las redes Agustina hizo pública su situación de violencia.

Agustina denunció en más de una oportunidad a Héctor Leonardo Ponce, alias “Tomi”, el cual abusó de ella en el 2017 y hasta el día de la fecha sufre un hostigamiento constante, siendo amenazada de muerte ella y su familia.


Se conocieron en el 2016 cuando Agustina se comunicó con el Pai Umbanda “Tomi” para hacer una limpieza en su casa, ya que se escuchaban ruidos extraños. Desde ese momento se generó una relación cercana donde Ponce, un tiempo después, le propone a Agustina que vaya a su casa a tirarse las cartas ya que la víctima estaba atravesando un mal momento.


Agustina y Ponce, además son vecinos, viven a cuatro cuadras de distancia. Esa noche ella accede a ir. Ponce le da algo de tomar a lo que Agustina comienza a sentirse rara, el cuerpo no le respondía y no podía hablar. Fue allí cuando él trabó la puerta y la arrastró hacia el cuarto. Recuerda que la violó, que mientras lo hacía la amenazaba con que iba a pegarle un tiro para que no diga lo que estaba pasando y, como si fuera poco, la fotografió para luego utilizar esas fotos para hostigarla. Luego la arrastró hasta su casa porque no podía caminar bien. 


 


 


 


 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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Desde ese momento Agustina sufre un hostigamiento constante. Se lo cruza en la calle y él le muestra un arma, recibe amenazas de muerte, mensajes que dicen que la están vigilando, entre otras cosas.


En marzo del 2020 Agustina decidió realizar la denuncia en la comisaría de la mujer en Martínez (provincia de Buenos Aires) como consecuencia de que su agresor ingresara impunemente a su domicilio. En la comisaria no recibe ninguna respuesta, únicamente le brindaron, desde municipio de San Fernando, el botón DAMA, el cual la primera vez que lo utilizó estaba “fallado”.


Posterior a esto vuelve a denunciar a su agresor pidiendo una perimetral, la cual no se la brindaron ya que no mantenía un vínculo directo con él. Por esto es que Agustina decide buscar una abogada para que intervenga y como resultado le brinden la perimetral.


A raíz de la denuncia que realizó, su causa cae en el juzgado N° 6 de San Isidro con la fiscal Bibiana Santella a la que le describe toda la situación, presenta números telefónicos de otras mujeres también violentadas por Ponce, que tomaron contacto con Agustina como resultado de que ella decide hacer público su caso en las redes sociales, ya que no recibe respuestas por parte de la fiscal y teme por su vida y la de su familia.


Esta situación deja al descubierto la desprotección que sufrimos las mujeres dado que ni siquiera se puede recurrir a “casas refugios” -San Fernando carece de las mismas-, lo que agrava la situación de Agustina, ya que su agresor vive a pocas cuadras de su casa y conoce el domicilio de la víctima.


Queda expuesta la complicidad del Estado ante la violencia que sufrimos las mujeres constantemente donde somos re victimizadas una y otra vez a la hora de denunciar.


Exigimos la inmediata intervención de la justicia para garantizar la seguridad e integridad física de Agustina. Así como la detención inmediata de Héctor Ponce y la investigación de todos los casos y denuncias a su alrededor.

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Policías acusados de abusar a mujeres en una comisaría de La Matanza

Recientemente, se confirmó la prisión preventiva de nueve policías por abusar de 28 mujeres detenidas por delitos menores, en la Comisaría Distrital Noreste Tercera de la localidad de La Tablada, entre septiembre del 2019 y enero del 2020.


El subcomisario a cargo de la seccional, Lionel Gómez, está imputado como “coautor” de los delitos de “severidades, vejaciones y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial -ocho hechos-, todos ellos en concurso real entre sí” junto con otros 8 policías más, hombres y mujeres. En mayo, cuatro de ellos habían negado los cargos en su contra.


La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) actúa como denunciante. En enero, el Ministerio de Seguridad de la provincia intervino la comisaría y desafectó a algunos implicados, pero recién en mayo dictó la prisión preventiva  la jueza de Garantías N°1 de La Matanza, quien declaró la probabilidad de que se entorpeciera la causa de lo contrario. Sin embargo, el tiempo transcurrido entre los hechos y la respuesta por parte del Estado han sido más que suficientes para que las víctimas fueran amenazadas para evitar que narren lo que padecieron. Al momento de la detención, cuatro acusados estaban aún en funciones.


El Estado y sus instituciones, el primer violento


En la comisaría matancera, las mujeres fueron víctimas de requisas que conllevaban una serie de torturas, incluyendo el abuso sexual sobre varias de ellas. La CPM agregó que estas requisas “fueron provocadas por agentes policiales mujeres y varones que en gran número  presenciaban los actos aberrantes golpeando, amenazando, insultando y burlándose mediante frases estigmatizantes, racistas y prejuiciosas”. Las víctimas señalaron reiteradamente a una mujer policía como la que llevaba adelante los abusos sobre los cuerpos de las detenidas, lo que muestra que para una institución del Estado no hay diferencia de género que valga a la hora de desplegar el ejercicio de la opresión. A ello se sumaron las condiciones en las que se encontraban las detenidas, que la CPM caracterizó “como un campo de concentración”, y las amenazas e intimidación posterior para que las detenidas no denuncien lo que vivieron.


Este no es un caso aislado. Durante estos días hemos visto en distintos puntos del país y del mundo cómo se reitera el abuso policial. El accionar represivo hacia los trabajadores en general y las mujeres en particular, que está doblemente agravado en la opresión sexual utilizada como método de control social, está legitimado por el Estado. Se suma a ello el hacinamiento en las comisarías, las detenciones sin condenas de las presas sociales, etc.


Luchemos contra un régimen de sometimiento y opresión


La prisión para los responsables materiales puede encontrar rápidamente sus límites en la medida en que los responsables políticos, actualmente Fernando Espinoza y Axel Kicillof, sigan fogoneando la injerencia de las fuerzas policiales en el municipio, de la mano del discurso de la “policía del cuidado” de Alberto Fernández, en un intento de lavado de cara del accionar represivo.


A lo máximo que pudo aspirar el Estado capitalista cuando ocurren estos hechos es a sancionar a los autores una vez que han sido cometidos, si es que lo hace, pero tiene un límite para erradicar la violencia, pues las fuerzas de seguridad y la justicia reproducen el interés del Estado capitalista del que son parte. Es así como se explica, por ejemplo, que el comisario Ricardo Triches, responsable de la comisaría de Miramar cuando asesinaron a Natalia Melmann, lejos de ser procesado inmediatamente fue relevado, y apareció años después como Secretario de Seguridad en Monte Hermoso cuando asesinaron a otra mujer, Katherine Moscoso, quien estuvo seis días desaparecida.


Exigimos juicio y castigo para todos a los responsables. Elección por voto popular y con mandato revocable de jueces, fiscales, comisarios y funcionarios ¡Basta de violencia, abusos y femicidios!


Valernos de un Consejo Autónomo de Mujeres será una herramienta de organización política para que, con autonomía frente al Estado y presupuesto, seamos nosotras quienes tomemos en nuestras manos la batalla contra la opresión y la violencia.


¡Ni una Menos! ¡El Estado es responsable!





 

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11/06/2020

Primer chofer muerto por coronavirus

Norberto Lagos tenía 45 años y trabajaba en la línea 520, de Dota. Crecen los contagios en el gremio.

En momentos en los que la pandemia por coronavirus hace estragos en la población trabajadora, con miles de contagiados diarios, se produjo la primera muerte de un trabajador del transporte.


El compañero Norberto Lagos, de 45 años, trabajaba en la línea 520 de la zona sur del conurbano bonaerense, con cabecera en Lanús, cuya propietaria es la empresa Dota. Había estado varios días de internado.


El antecedente en el gremio es el de decenas de contagiados, en numerosas empresas de la zona AMBA. El gobierno, a través del ministro de Transporte Mario Meoni, decía tan sólo hace unos días que no había trabajadores del transporte contagiados por coronavirus, un ocultamiento deliberado de la situación real que recorre la actividad.


Los trabajadores de la empresa denunciaron que, tras conocerse el contagio del chofer, la patronal se negó a aislar a los trabajadores con contacto estrecho, los cuales siguieron obligados a presentarse a trabajar. Esta situación instaló el reclamo de una asamblea por parte de los choferes, ante el cual la gremial Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la patronal negaron su realización con el pretexto de “no hacer reuniones con mucha gente” por su peligrosidad, precisamente cuando la patronal los usa de carne de cañón para sostener el servicio y sus ganancias.


De parte de UTA, una actitud más antiobrera es difícil de conseguir. Numerosas asambleas han transcurrido en lugares de trabajo, respetando las normas de seguridad y la distancia social, y más cuando su carácter es tan vital como reclamar medidas de seguridad ante el constante incumplimiento de las patronales o la defensa del salario, que es el sustento diario de las familias de los trabajadores. Ninguna de las alas de la burocracia en que se divide la UTA se ha hecho siquiera eco de esta noticia. El secretario general Roberto Fernández y su contendiente Miguel Bustinduy mantienen al gremio en la total parálisis frente a este caso tan grave.


El incumplimiento de las normas de seguridad frente a la pandemia plantea en primer lugar la lucha por protocolos y medidas de seguridad garantizadas e inclusos elaboradas por los propios trabajadores a través de comisiones organizadas a tal fin, con poder de paralizar las actividades en caso de incumplimiento patronal.



La caracterización adecuada frente a la muerte del compañero Lagos es la de un crimen social, perpetrado a partir de las condiciones de vida generales y también de trabajo impuestas a los trabajadores durante la pandemia y más allá también.


La falta de medidas de seguridad en los lugares de trabajo, considerados gastos por la patronal, va de la mano con el hacinamiento en las barriadas, la falta de acceso a la salud de la población, la falta de agua potable y tantas otras situaciones que quedaron más al desnudo que nunca durante estos meses. No son fatalidades, sino condiciones impuestas por la patronal, el gobierno y el Estado a los que vivimos de nuestro trabajo.


En este carácter son verdaderos crímenes.


Registro de casos de coronavirus en el gremio (actualizado al 11/06)



 

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Mendoza: más de 800 compañeros movilizaron contra el hambre

Los luchadores marcan el camino.

Las calles mendocinas fueron el escenario de la movilización más importante desde el inicio de la cuarentena. Al acto piquetero se sumó la solidaridad de los trabajadores estatales que ese mismo día también realizaron una actividad de lucha. Así, más de ochocientos compañeros del Polo Obrero y otras organizaciones se movilizaron este jueves 11 contra el hambre. También en el este de la provincia las y los compañeros realizaron una actividad en el mismo sentido. Los luchadores marcan el camino.


La pobreza en la que está sumida la población mendocina avanza día a día. Las asambleas del Polo Obrero y los comedores han crecido de manera sostenida desde el comienzo de la cuarentena y ya no dan abasto. El gobierno provincial y el nacional han hecho oídos sordos a los reclamos de las organizaciones piqueteras por comida, materiales para los comedores y trabajo genuino. El gobierno nacional no soluciona aún la crisis de alimentos y esto afecta el desabastecimiento. A su vez, el gobierno provincial solo expresa compromisos que luego dilatan en el tiempo. Pero sí está claro que escuchan los reclamos de los acreedores de la deuda provincial y nacional a quienes pagan religiosamente en detrimento de las necesidades populares.


Con distanciamiento social y en conjunto con otras organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional nos movilizamos por nuestras reivindicaciones más urgentes y marcamos al conjunto del movimiento obrero ocupado y desocupado un camino de organización y de lucha contra las entregas y ataques de los gobiernos. En esa perspectiva el Polo Obrero se prepara para la jornada de lucha del 16 de junio del Plenario del Sindicalismo Combativo para que la crisis la paguen quienes la generaron y los que ponen los intereses del capital por delante del hambre y la desocupación.







 

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11/06/2020

Grave: la Federación Argentina LGBT compara al abolicionismo con los sectores antiderechos

, Agrupación LGBTI 1969

Esta semana el lobby político no está de cuarentena. Entre la flexibilización de la misma y el crecimiento de los contagios por el Covid-19, Alberto Fernández y su ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, resolvieron incluir a la prostitución dentro del monotributo social para la economía popular.


Esto revivió el debate, para nada saldado, sobre el abolicionismo y el regulacionismo de la prostitución en Argentina. Y con él los posicionamientos de figuras políticas, distintos personajes mediáticos y, por supuesto, agrupaciones y federaciones.


En ese sentido, desde la agrupación Lgbti 1969 del Partido Obrero alertamos sobre la postura que tomó la Federación Argentina Lgbt (Falgbt), posicionándose a favor del regulacionismo y (aún peor) poniendo en una misma línea a quienes defienden la abolición de la prostitución con los antiderechos que niegan el aborto legal y la identidad de género, la Iglesia y hasta la misma policía.


Está claro que esta comparación denota una desviación política importante. La Falgbt agrega el típico discurso, sostenido varias veces por la representante de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar), Georgina Orellano, de que en el capitalismo todos los trabajos esconden explotación,  y por ello daría lo mismo ser prostituta que -por ejemplo- albañil o empleada doméstica, afirmando que nadie elegiría dichas profesiones “para sus hijes”. El argumento, que posa de antisistema, es por el contrario un llamado a la resignación ante toda explotación capitalista -la propia Orellano sostuvo en una charla reciente que quienes están en situación de prostitución no tienen por qué luchar contra el capitalismo, y apoya ella misma al gobierno indiscutidamente capitalista de Alberto Fernández-, al tiempo que banaliza la barbarie que representa la prostitución. Algo que se ve, entre otros elementos, en el accionar de las redes de trata y en los elevadísimos índices de estrés postraumático que se registran entre quienes ejercen o han ejercido la prostitución (en algunos casos, superiores a los de veteranos de guerra).



Lo cierto es que si dentro de una sociedad capitalista siempre hay un patrón que explota la fuerza de trabajo de su empleado todo lo que puede, es ingenuo pensar que no ocurriría lo mismo con la prostitución. Países como Alemania y Holanda, donde fue legalizada, son un claro ejemplo de cómo la prostitución beneficia a proxenetas y al mismo Estado que se beneficia de sus ingresos, mientras que empeoran cada vez más las condiciones de quienes la ejercen.


En la resolución del Ministerio de Desarrollo Social que la Falgbt apoya, se utiliza el eufemismo de “trabajo sexual”, cuando lo cierto es que la gran cantidad de compañeras travesti-trans en situación de prostitución sufren la falta de un cupo laboral trans (ya sea porque no ha sido legislada o porque no se aplican las legislaciones en este sentido), mientras les son negados derechos básicos de existencia como el acceso a la salud y educación, viéndose condenadas a una expectativa de vida de 35 años. La Falgbt se ha ausentado en los hechos del reclamo de este cupo, dando la espalda a una exigencia sentida del movimiento.


Este documento termina de maquillar la trata de personas, los travesticidios-transfemicidios y las violaciones a miles de compañeras. Embellece a un Estado que busca lavarse las manos de su responsabilidad, cuando es este Estado el que lleva a las compañeras travesti-trans a condiciones de vidas precarias, para luego empujarlas a la prostitución y condenarlas por ello.


Sin querer ahondar en un extenso debate sobre la mercantilización de los cuerpos, sostenemos que la regulación por parte del Estado no mejorará las condiciones de vida de las compañeras en situación de prostitución, en la medida en que es la necesidad económica la causa que con mayor frecuencia las empuja a la misma. Tenemos muy presente los límites que el mismo Estado tiene a la hora de proteger a las mujeres, y sobre todo a las mujeres trans, teniendo en cuenta que es el mismo quien encubre las redes de trata y la miseria de las personas que ejercen la prostitución, violentándolas frecuentemente con las fuerzas de seguridad -a quienes deben entregar parte de sus ingresos para que las dejen en paz.


Entendemos que el proclamado “derecho individual de ejercer la prostitución” no puede estar por encima del derecho colectivo, como se ve en la mayor parte de la comunidad travesti trans. Nuestro planteo como agrupación Lgbti 1969, dentro del Partido Obrero, es simple: que tengan acceso a un bono de 30 mil pesos por desocupación, implementación de cupo laboral travesti-trans, desmantelamiento las redes de trata, ESI laica y científica, real implementación de la Ley de Identidad de género, y separación de la Iglesia del Estado, mientras luchamos contra todo tipo de opresión y por el fin del sistema capitalista y la abolición del trabajo asalariado.

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11/06/2020

Suteba Quilmes: balance de la reunión de delegados docentes

Con la concurrencia virtual de cerca de 50 delegados sesionó, luego de cuatro meses sin ser convocado, el cuerpo de delegados de Suteba Quilmes.


Entre la mayoría de los delegados primaron los reclamos que desde inicios de la cuarentena vienen reclamando las seccionales multicolor: universalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE), falta de cobertura de cargos, necesidad de actos públicos virtuales, sobrecarga laboral por teletrabajo y la reforma del artículo 109 de la ley de educación, la falta de bioseguridad para el armado y reparto de alimentos, el problema de conectividad que tienen nuestros alumnxs, el problema de la infraestructura escolar que continua en las mismas condiciones que antes de la pandemia y la defensa del IPS.


Además, se repudió la represión y militarización de los barrios y se expresó el repudio al fallo del fiscal Rivarola, que dejó libres a violadores en manada en la provincia de Chubut, y del asesinato de George Floyd; junto a la solidaridad con las luchas que están en auge en todo Latinoamérica y EE.UU, la solidaridad con los docentes de Chubut que sufren una irregularidad de pago de sueldos desde el 2019, y continúan sin cobrar su sueldos del mes de febrero; el apoyo de la lucha del Penta, etc.


Un reclamo, dos políticas


Prácticamente no hubo delegado y delegada que no mencionara estos puntos, el conjunto de ellos responsabilidad del gobierno nacional y del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que, mientras tanto, pagan la deuda externa y subsidian a los empresarios pagando la inmensa mayoría de los salarios con dinero de los jubilados (Anses).


Tribuna Docente Quilmes planteó la necesidad de resolver un plan de lucha y de medidas de acción que reviertan la pasividad de la dirección provincial del Suteba, completamente integrada al gobierno, que ha paralizado al gremio dejando pasar esta ofensiva. Planteamos retomar la acción junto con el resto de los Sutebas Multicolor, que convocaron a un paro virtual el próximo 12, acción que luego ratificaron más de 100 representantes de 29 seccionales del Suteba en una reunión multicolor provincial convocada a tal efecto.


Postura contraria, rompiendo con la tradición del Suteba Quilmes de los últimos años, fue sostenida por los directivos de la agrupación Azul y Blanca (mayoría en la Comisión Directiva), según la cual el gobierno toma medidas correctas pero con limitaciones, e insuficientes, en un cuadro de descalabro por la herencia recibida del gobierno macrista, y que realizar un paro hoy (virtual) a este gobierno era favorecer el avance de la derecha que está al acecho. Un apoyo al gobierno y un rechazo a enfrentar las políticas antiobreras que éste implementa.


Esta definición, resultado del giro al apoyo del gobierno de Frente de Todos por parte de la Azul y Blanca del PCR, lógicamente fue acompañada fervientemente por los representantes de la Celeste que estaban presentes, moción que fue aprobada por 32 votos contra 12.


Con esta postura, contraria a la independencia política de los gobiernos y de la burocracia sindical -que caracterizó al Suteba Quilmes hasta el giro del sector mayoritario de la directiva hacia el Frente de Todos- la mayoría Azul y Blanca llevó a nuestra seccional a la política de parálisis que le impuso la dirección Celeste al Suteba y a la Ctera. Se trata de un balance necesario, cuando la inacción nos condena a la profundización de los ataques que, casi por unanimidad, fueron denunciados por todos los delegados presentes, excepto los celestes.


Este viernes 12 las seccionales Multicolor llevaran adelante una jornada de lucha con paro virtual por todos los reclamos ya señalados. Quilmes y Berazategui, de conducción mayoritaria Azul y Blanca, no estarán en esta jornada. Tribuna Docente invita a todos los docentes de Quilmes a sumarse a esta medida de fuerza tan justa como necesaria.


Una reflexión necesaria


Es importante una reflexión del cuerpo de delegados sobre lo ocurrido, y también de los compañeros de la Azul y blanca, con quienes defendimos un Suteba Quilmes Independiente del gobierno y de una burocracia sindical que ha entregado todas las reivindicaciones de la docencia.


La parálisis que emerge de colocar a la seccional en el campo del gobierno –la patronal de los docentes- impide luchar por los reclamos expuestos por la mayoría de los asistentes.


Es la misma razón que ha llevado a que no fueran convocadas reuniones de delegados sistemáticas, con cuatro meses sin funcionamiento del cuerpo de delegados, en medio de los ataques que están recibiendo los docentes, lo que incluye un pelotón de miles de miles de compañeros sin cargos y sin sostenimiento salarial.


Desde Tribuna Docente nos pronunciamos por retomar un funcionamiento regular del cuerpo de delegados y de la Comisión Directiva, en defensa del método democrático que caracteriza a nuestra seccional. Llamamos a los compañeros a defender la vida de nuestra seccional y a los compañeros de la Azul y Blanca a revertir este derrotero.





 

11/06/2020

Río Cuarto: hay que estatizar el transporte bajo control de trabajadores y usuarios

Un servicio mínimo de transporte recorre la ciudad cordobesa de Río Cuarto, con el sacrificio de trabajadores a quienes les adeudan meses de salarios y para colmo la directiva del gremio aceptó una rebaja salarial del 25%. El pueblo trabajador se ve obligado a un esfuerzo extra para poder ir a laburar, teniendo que elegir entre esperar un tiempo prolongado por las pocas unidades que circulan o caminar kilómetros. Los trabajadores realizaron una movilización por las calles de la ciudad para reclamar el pago de los salarios atrasado.


Mientras tanto, el intendente Juan Manuel Llamosas posa de imparcial pero le deja pasar a la empresa todas y cada una de sus faltas, que la colocan por fuera de la ley y de los contratos de concesión. La Municipalidad tiene facultades de “fiscalización, supervisión, inspección y auditoría de operación, de funcionamiento y mantenimiento del servicio”, mientras que “los concesionarios están obligados a prestar el servicio garantizando la regularidad y continuidad en todas las circunstancias”. Serán consideradas faltas gravísimas el abandono de los servicios sin la previa autorización de la Autoridad de Aplicación”. Por lo cual, con solo cumplir el marco regulatorio, se debería quitar la concesión del servicio a la SAT.


El contrato de concesión establece que la empresa debe “responder civil y administrativamente conforme a la normativa vigente”, y que la SAT debe “entregar toda información técnica y documentación que la autoridad de aplicación solicite, debiendo ser suministrada en los tiempos y formas requeridos”. Es decir que los incumplimientos de la empresas inculpan también a Llamosas. El Concejo Deliberante está pintado, ya que el bloque de radicales y macristas no va a innovar en su política a favor de la empresa, mientras que el partido Respeto no plantea ponerle fin a la concesión del servicio a una empresa parasitaria.


La SAT embolsa la plata de los subsidios estatales provinciales y el dinero de les usuaries sin hacer frente al pago de salarios, ya que los paros por sueldos impagos vienen de larga data. Estos subsidios que administra la empresa de manera discrecional tampoco son utilizados en mantener un servicio que garantice los derechos de les usuaries.


Para darle una salida definitiva a esta situación es necesaria la apertura de los libros de la empresa, para sacar a la luz los desmanejos con los subsidios, terminar con la concesión del servicio para la SAT y estatizarlo bajo control de trabajadores y usuaries. Esta medida se puede llevar adelante mediante un órgano de contralor integrado por representantes electos de los trabajadores que prestan servicios en el transporte colectivo urbano de pasajeros, y representantes de la población de la ciudad de Río Cuarto elegidos por voto directo y secreto. Terminando con el costo empresario se puede garantizar el derecho al transporte, respetar el convenio colectivo de trabajo de los colectiveros y defender sus salarios y jubilaciones.



 

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11/06/2020

Morón: Castelar Bus adeuda sueldos y peligran los puestos de trabajo

La empresa Castelar Bus, que se dedica al traslado de pasajeros en combis desde el barrio Castelar en Morón, definió no pagar los sueldos desde el 19 de marzo, lo cual deja a unas 25 familias en una situación de extrema vulnerabilidad. Es un ataque patronal contra los derechos laborales más elementales, que ya se ha convertido en moneda corriente en la recesión económica agravada por la pandemia.


Como bien señalan los trabajadores, este hecho, sumado a la venta de las 10 camionetas que opera Castelar Bus, muestran que estamos ante un claro vaciamiento que anticipa un posible cierre, a pesar de que la empresa en sus comunicados oficiales busca desmentir esta denuncia. Aducen que están abocados a “regularizar el servicio a la brevedad”, pero no dicen una sola palabra de por qué no le pagan a sus trabajadores de planta y a los que contrataban con vehículos propios, teóricamente suspendidos en el marco del aislamiento por el Covid-19.


Esta incertidumbre sobre la continuidad de los puestos de trabajo debe ser resuelta inmediatamente de la forma más directa: abriendo los libros contables de la firma bajo control de los trabajadores para conocer los costos reales, ver el alcance de la descapitalización y garantizando que se cubran los salarios al 100%. Para esto es necesario que se desenvuelva la organización independiente de los trabajadores, impulsando un plan de lucha y exigiendo a la UTA un paro general. Ejemplos de organización como los de Fate o Morvillo marcan que se puede hacer frente a la ofensiva patronal en la pandemia.


El sabbatellismo y los personeros de la burocracia sindical, que se pretenden “a favor” de los choferes, no son más que la correa de transmisión de la política del gobierno nacional -que, entre otras cosas, acordó con la Unión Industrial y la CGT reducir al 60% los salarios, y que homologa desde el Ministerio de Trabajo miles de despidos ilegales que contrarían el decreto presidencial de prohibición. Quienes dejan que sea descargada la crisis sobre los trabajadores mientras impulsan un vasto plan de rescate al capital, nada tienen que ofrecer a los trabajadores, más que dilatar y desgastar el conflicto.


Desde el Partido Obrero de Morón expresamos toda nuestra solidaridad incondicional y nos ponemos a disposición de los trabajadores, por el inmediato pago de los salarios adeudados al 100% y en defensa de los puestos de trabajo.



 

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11/06/2020

The United States: the repressive apparatus at the center of the political crisis

Political camouflage and cooptation on the move

Versión en castellano


Since May 25th, the day George Floyd was murdered in Minneapolis, there has been ongoing mobilizations of hundreds of thousands of protesters in the United States. Also as a result, there are 9,000 prisoners in various jails. And it is worth noting that the governors of several states have added 43,000 National Guard troops to the streets of many U.S. cities to guarantee order and curfew. However, Trump has not been able to get the army out on the streets, as the Pentagon itself has overruled him in his handling of the crisis. His Secretary of Defense, Mark Esper, was the spokesman for the decision. Evidently, the commanders of the armed forces have considered it inappropriate to add fuel to the fire of popular discontent that is spreading throughout the vast American territory, a mixture of dissatisfaction for the 1,900,000 infected, and 110,000 deaths from Covid-19, the 40 million unemployed and the racist police action. Deploying the army for internal repression would have meant exposing it to the same generalized social repudiation that the police is suffering and, potentially, to a breakdown of the order of command, as it happened when the army was used to repress demonstrators in 1968.


The breakdowns in police institutions and the National Guard itself have been an expression of the enormous popular momentum.


A sudden fit of conscience?


The New York City police chief, who has presided over bloody repression against the protesters, knelt before them, rehearsing a fraternization in full view of the media cameras. The same scene was played out in city after city, from one end of the country to the other.


The sheriff of Genesee County, Michigan, spoke in front of a demonstration, and the riot cops who accompanied him joined the protesters. Houston (TX) police chief Art Aceno took part in protests repudiating the murder of George Floyd. In Santa Cruz (CA) the police chief knelt before protesters. Virginia Governor Ralph Northam refused to send the National Guard to repress a protest. In Spokane County (WA), police officers knelt before protesters, and the same thing happened in Portland. The scene repeated in Des Moines. Escondido (CA) police chief condemned the murder of George Floyd. The San Diego Union Tribune reports that Sheriff Bill Gore emphasized that police will ban the use of chokeholds, which is common among police in all states, and was the method of murder used against George Floyd. This hold has now been prohibited by the New York City Council, where, in 2014 it was used to murder Eric Garner. The impact of the rebellion has been greatest in Minneapolis, where the city's mayor was repudiated for having declared that he “opposed abolishing the police”when he tried to approach protesters. The city council later approved the dissolution of the city's police force to which the murderers of George Floyd belonged. Beyond the fact that it is not clear what will be the form of the “community-led force” that will replace it, this is a step backwards of a political regime that has been unable to defeat the movement through repression.


New York mayor, Bill de Blasio, has refused to accept the presence of the National Guard in the city, and the state governor declared that he would abide by this position.  Muriel Bowser, the mayor of Washington, renamed the street in front of the White House to Black Lives Matter in an act of opposition to Trump and of demagogic flirtation with the protesters.


After two weeks full of repression and arrests, the mobilizations continue, massive and more peaceful. At the same time, most cities lifted their curfews. In response to the proposals raised by large sectors of those taking to the streets to abolish the police force and prisons, a wide range of proposals for partial reforms have been deployed, aimed at appeasing the movement. From the movement itself emerged proposals to reduce the police budget. This measure, a lesser evil, has already been adopted by the city of Los Angeles. The $100 million dollars cut to the LAPD, one of the largest in the history of violent crime against the population, sounds strong but only means a little more than a 5 % reduction.


Democrat Nancy Pelosi, the speaker of the House, told the media that she advocates for police reform laws, and has asked her party's black caucus to prepare bills that would appeal to protesters. The presented bill modifies elements of legal protection that make it difficult to bring a police officer to trial, includes the creation of violent police officers records and puts divisions in charge of speeding up investigations. With demonstrators who have drawn the conclusion of the racist and oppressive nature of the state, it is undeniable that with the Justice Department and the judges as guarantors, the fox is still guarding the henhouse. The package for a “more humane” police force put forward by the self-called socialist democrat Senator Bernie Sanders lays on a general increase in police salaries, contrary to the people's rebellion.


In turn, two former Democratic presidents, Carter and Obama, spoke about police reforms. One of them is that false allegations based on race will be considered hate crimes. New York State Governor, Andrew Cuomo, said that to combat police abuse, the secrecy of police records had to be released. Is it that governors and police suddenly changed their nature? Not at all. What has changed is the political situation, essentially the mood of the masses, which forces them to disguise without changing anything, but also pierces police discipline. But we have to keep in mind that while these events are taking place in the midst of almost two million infected, and more than a hundred thousand dead, and the misery is deepening, a section of the population has had enough and its institutions have begun to break down. Yet, those who are pushing these reforms have not demanded the prisoners’ freedom and have condemned the “violence” of the protesters.


The people's rebellion has struck a blow to Donald Trump's Bonapartist attempt. To be able to defend the regime questioned by the revolts, the famous recipe of the novel Il Gattopardo is imposed -to change something, so that nothing changes. The American opposition bourgeoisie is looking for a change of front, trying to reach the November elections, as a way to disarm the movement. The movement will have to overcome the traps and maneuvers presented by the Obamas, the Clintons or the Sanders or the current Democratic candidate, Joe Biden.


To overcome this attempt to strangle the movement into a bourgeois perspective, it must clearly demand the immediate release of prisoners, including the 54 political prisoners imprisoned since the 1970s. For the opening of police duty books to be investigated by the fighting masses organized in commissions, in order to unrestrainedly and energetically punish the police who torture and kill in all American cities. For the constitution of citizen security organizations emerged from the mobilizations, controlled by them and with revocable power positions, aimed to combat police torture and killings and racism, independent of the state, the governors and the mayors -a step towards the police dissolution. And for the immediate removal of the National Guard from the streets. This program of democratic nature must be integrated into a program of demands that includes the prohibition of layoffs and salary reductions, insurance for the unemployed that covers a family living costs, the conversion of the arms industry into an industry at the service of the Covid-19 fight, under workers' control, the nationalization of pharmaceutical laboratories and the health system also under workers' control to impose free health care, as well as the resolution of the housing problems of the homeless. In short, the struggle for George Floyd in the present crisis must have as its perspective the destruction of the imperialist colossus in its own guts and the opening of a workers’ government on the basis of the destruction of its state as part of the world socialist revolution. The construction of a revolutionary workers party, thus, is decisive.

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11/06/2020

Rodeemos de solidaridad la lucha por la reincorporación de los obreros despedidos de Mina Lindero

En estos momentos, obreros despedidos de Mina Lindero iniciaron una huelga de hambre en las puertas de las oficinas de Mansfield Minerals, en Salta, en reclamo de la reincorporación a sus puestos de trabajo por haber sido despidos por Edvsa, tercerizada de la minera. El reclamo de los trabajadores se produce por fuera de la Uocra,(sindicato de la construcción) que permitió que pasen los despidos.


Los trabajadores denunciaron presiones y amenazas por haber revelado en los medios de comunicación la violación de derechos laborales cuando eran trabajadores activos, y los despidos se hicieron sin que se les haya efectivizado el pago del fondo de desempleo. La omisión de una posición pública del Ministerio de Trabajo sobre estos despidos manifiesta que los mismos se producen con su anuencia.


Huidobro, gerente de Mansfield y vicepresidente de la Cámara Minera, evadió su responsabilidad señalando que Mansfield rescindió el contrato con Edvsa. No solo no cuestionó los despidos, los justificó. Sin embargo, de acuerdo a la ley, la empresa madre debe hacerse cargo de responder a los despidos de sus empresas tercerizadas.


La política de despidos masivos es una constante para Edvsa: en Neuquén se declaró en quiebra y dejó en la calle a 800 trabajadores. Además, el Directorio de Edvsa, presidido por Osvaldo Nunzi, fue denunciado penalmente en la Justicia Federal por la millonaria deuda contraída con 522 razones sociales, en su mayoría pymes, de áreas de metalúrgica, servicios de catering, alquiler de bombas, publicidad y diversos servicios por más de $700.000.000.


Los despidos y las denuncias sobre salarios por debajo de la canasta familiar, percibidos por los obreros, demuestra las mentiras que los lobistas de las mineras, como Ricardo Alonso -actual secretario de minería del gobierno de Sáenz- desenvuelven sobre la generación de puestos de trabajo y salarios superiores a los $100.000, para favorecer la continuidad del saqueo de nuestros recursos y la puesta en pie de Mina Lindero, que pretende extraer oro de la puna salteña con el método de la minería a cielo abierto y el uso del cianuro.


La organización de asambleas y elección de cuerpo de delegados es una tarea que está a la orden del día para discutir un plan de lucha por el triunfo del reclamo de los obreros: reincorporación inmediata de todos los despedidos por parte de Mansfield Minerals; ninguna amenaza a los trabajadores; liquidación del fondo de desempleo por parte de Edvsa; pago de horas extras y horas adeudadas; reconocimiento de zona desfavorable.




 

11/06/2020

Talleres de Escalada: nuevo caso de coronavirus

Se extienden los contagios en el ferrocarril Roca.

Fuera de horario de servicio, un compañero artesano de los Talleres de Remedios de Escalada (Lanús), entre el sábado 6 de junio y el domingo, se sintió mal y fue a la Clínica Espora. Allí quedó internado tras el diagnóstico positivo de Covid-19.


Tres compañeros más del turno tarde fueron sometidos a aislamiento a la espera de los resultados del hisopado.


Los talleres ya reportan los siguientes casos positivos de coronavirus: un compañero de nave motores eléctricos, un trabajador tercerizado y dos de la planta de afluentes, un compañero de la nave pintura y un artesano. Junto con Plaza Constitución, concentra la mayoría de los casos en la Línea Roca del ferrocarril. El reporte proviene de los propios trabajadores, porque ni Trenes Argentinos ni la Unión Ferroviaria informan los casos que se suceden ni los procedimientos adoptados para resguardo del personal.


Llamamos a autoconvocarse para impulsar el reclamo de testeo preventivo de todos los compañeros del sector y el siguiente planteo:


Instalación de cabinas sanitizantes para desinfección y control del Covid-19 (temperatura y saturación de oxígeno en sangre), para todo el personal del transporte al ingresar al servicio.


– Licenciamiento con pago íntegro del salario y testeo de todos los trabajadores de contacto estrecho con casos positivos.


– Conformación de comités obreros de seguridad e higiene electos en asambleas, con poder de veto, en cada lugar de trabajo, para garantizar las medidas de protección de la salud de los trabajadores del transporte y de los pasajeros.





 

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11/06/2020

Domiciliaria para Rodrigo Eguillor: otro caso de impunidad a hijos del poder

Acusado por violación, privación de la libertad y lesiones agravadas, le otorgan prisión domiciliaria en un country.

Esta mañana Rodrigo Eguillor, quien habría violado y privado de su libertad a una joven de 22 años a fines de 2018, fue trasladado al country donde vive con su mamá, la fiscal de los Tribunales de Lomas de Zamora, en la localidad bonaerense de Canning.


Luego de un año en la cárcel, con infinidad de beneficios, y de pasar gran parte en una clínica psiquiátrica privada, le otorgaron la prisión domiciliaria para que continúe su tratamiento psiquiátrico en la comodidad de su casa en un barrio privado.


La medida adoptada se suma a los ya cotidianos privilegios que tienen los hijos del poder a la hora de ser juzgados por el Poder Judicial. Un ejemplo claro es el reciente caso de Chubut, donde el fiscal Fernando Rivarola catalogó como “desahogo sexual” la violación en manada a una mujer, por parte de un grupo de seis personas, hijos de políticos y grandes empresarios, y sobreseyó a varios de ellos.


Una causa a disposición del agresor


Eguillor fue denunciado en 2018 por encerrar a una chica en su departamento en San Telmo, y después abusar sexualmente de ella. Posteriormente él desmintió los hechos en un video de la red social Instagram, el cual se viralizó rápidamente por la gran indignación que generó su lenguaje sexista, xenófobo, racista y clasista. Entre otras cosas, coloca a las mujeres en un lugar sumamente opresivo; desmiente e intenta humillar a la denunciante, asignándole patologías psicológicas; habla de “relaciones sexuales sin consentimiento”, naturalizándolas y omitiendo que se trata de un desmán contra la integridad física y psicológica de las víctimas.


Si bien su propio accionar, dichos e ideología denotan la reproducción de un mundo de privilegios donde mujeres o trabajadores deben vivir e incluso someterse para el disfrute de quienes poseen el poder económico o social, es también la justicia quien ha reafirmado a lo largo del caso esta postura.


A pesar de que ya se había detenido, imputado y procesado a Eguillor, el titular a cargo de la causa en ese momento, Eduardo Cubría, aceptó el pedido de la defensa de discontinuar el proceso del juicio debido a que “las facultades mentales de Rodrigo Eguillor no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales, desde la perspectiva médico legal”.  De esta manera resolvieron trasladarlo primero al sector psiquiátrico de la Cárcel de Ezeiza, conocido como “Prisma”. Luego Alejandro Noceti, titular del Tribunal Oral Nº 10, concedió también el traslado a una clínica psiquiátrica privada. Si bien esta es una medida legal, es un mismo juez quien estudia los reportes médicos y determina la imputabilidad de Eguillor, lo cual da lugar a todo tipo de manipulaciones.


La actual decisión del tribunal de brindar el privilegio de la cárcel domiciliaria fue justificada a partir de la situación que genera en las cárceles y lugares de internación la pandemia, resolviendo también que así va a continuar hasta que se discuta y dictamine si Eguillor es o no inimputable, debate que aún no tiene fecha de inicio.


Cabe remarcar que la cárcel domiciliaria no es la forma de proceder con los miles de carcelarios que pasan hoy por un hacinamiento del 110% en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, sin elementos de higiene y cuidado ante el coronavirus, ni tampoco para quienes están en los sectores carcelarios psiquiátricos. Esto no es menor, teniendo en cuenta que por otro lado la mayoría de quienes son procesados, enjuiciados y encarcelados (en gran medida sin condena firme) son de la clase trabajadora, mientras que los crímenes cometidos por funcionarios, empresarios o allegados son sancionados de manera leve, garantizando primacía y beneficios. Es así que tenemos casos impunes como el de Anahí Benitez, Paulina Lebbos, Lucía Pérez o el de “la Manada de Chubut”.


Nuevamente la garantía de impunidad que se brinda a los hijos del poder, deja en manos del movimiento de mujeres independiente, ponerse a la cabeza de repudiar el trasfondo de la prisión domiciliaria a Eguillor, como así también de organizarnos por la destitución de fiscales como Rivarola. Se hace necesaria la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres con presupuesto propio para organizarnos políticamente y tomar riendas en la pelea contra los abusos, la violencia y opresión. Por una comisión investigadora independiente que estudie las resoluciones tomadas. Por la revocabilidad de jueces, fiscales y funcionarios. Juicio y condena efectiva.



 

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La familia repudió una nueva audiencia destinada a otorgarle permisos a Miguel Antonio Murer.
Fue condenado a 25 años de prisión por siete casos de abuso, pero la Corte Suprema dictaminó en julio de 2025 que los hechos habían prescrito.
El caso se dió a conocer a horas de que se aparte a Pablo Esquivel, director de seguridad capital por violencia de género.
Agredió a su esposa en medio de un evento público, y debió ser asistida en la posta sanitaria del lugar.
11/06/2020

Misiones: el acuerdo de Agricultura Familiar con la multinacional Syngenta

Debatamos un programa de las familias trabajadoras para la producción agrícola.

A principios de junio la página del Ministerio de Agricultura Familiar de la provincia de Misiones anunció un acuerdo entre el gobierno y la multinacional suiza Syngenta -tercera empresa en el mercado mundial de semillas- para la producción de alimentos y el cuidado del medio ambiente. Según las fuentes oficiales, la multinacional donaría semillas varias “para promover las huertas familiares y el desarrollo de pequeños productores de la provincia” con el objetivo del autoabastecimiento de las familias productoras y que puedan “abastecer la demanda de los municipios”. El acuerdo también constaría de entrenamientos y capacitaciones a pequeños productores en el uso seguro de insumos agrícolas, y la introducción de una agricultura sustentable por medio de programas junto a ONGs.


El anuncio generó un repudio generalizado por parte de la comunidad de productores agroecológicos de la Red Slow Food, por parte de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra) y demás organizaciones y agrupaciones de defensa del ambiente.  La organización Productores Independientes de Piray -nucleados en la UTT- salió a la ruta a pesar del anuncio de la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, de que la “propuesta de Syngenta queda sin efecto”. En una circular del Ministerio también se dice que el gobernador instruyó “no avalar nada que atente contra la Soberanía Alimentaria. Todo material genético deberá estar avalado por Biofábrica Misiones S.A”.


A pesar de este recule en chancletas del gobierno ante las organizaciones de pequeños productores y campesinos -las cuales le dieron la pelea al Estado para recuperar tierras en manos de la empresa multinacional Arauco-, el (posible) convenio con Syngenta no se ha hecho público. El gobierno de la Renovación siempre procuró mostrarse como un promotor de la llamada agricultura familiar, como con la apertura de las ferias francas, pero mientras tanto permite desalojos de familias campesinas en el interior de la provincia, subsidia a los grandes productores y mantiene la superexplotación tarefera; abre programas de fomento a pequeños productores por medio del Insituto de Fomento Agropecuario e Industrial, pero al mismo tiempo habilita la siembra del maíz transgénico de Maizar. Este doble discurso busca esconder el objetivo de abrir paso a la renta agraria y a la producción de granos.


La lucha por un modelo de producción agroecológica requiere de un programa propio de toda la población trabajadora contra el dominio de los pooles de siembra y las multinacionales de agroinsumos, que incluya la apertura de los libros de las empresas de toda la cadena de comercialización de la producción agrícola y el fin de la gran propiedad terrateniente. Es una salida que debe inscribirse en el marco de un plan económico de los trabajadores, que incluya entre otras medidas la nacionalización del comercio exterior.




 

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11/06/2020

Córdoba: avanza la reforma laboral en el nivel superior

,Tribuna Docente

Hace más de dos meses que venimos exigiendo en Córdoba la cobertura de vacantes de cargos docentes en los distintos niveles educativos.


En el superior, han comenzado las convocatorias aunque de una forma muy limitada: solo se contemplan las vacantes correspondientes al último año de cada carrera.


Sin embargo, el marco de excepcionalidad ha servido como excusa para la introducción de reformas respecto a la modalidad de cobertura de cargos y horas cátedra.


La reciente resolución ministerial 194/20, del 18 de mayo, avanza en un viejo anhelo del Ministerio de Educación expresado en el borrador titulado “Concursos horas Cátedra Nivel Superior” del año 2019. Por medio de la misma, se desplaza al Consejo Institucional Consultivo en la evaluación de los antecedentes, pasándose a constituir una “comisión ad hoc” integrada por representantes del ministerio y de la Uepc (Sindicato docente). Asimismo, comienza a ser requisito la presentación de un “proyecto” para la unidad curricular o cargo, a ser evaluado por la comisión “ad hoc” junto con el currículum que normalmente se presenta. Es decir, se introduce en nivel superior la modalidad de cobertura ya existente en las Escuelas ProA (del Programa Avanzado en Educación, que hace foco en las Tecnologías de Información y Comunicación -Tics- y en el desarrollo de software).


La posición que ha adoptado la Uepc ha sido la de una completa adaptación a lo planteado por el ministerio. En un documento titulado “Propuesta Uepc”, del 12 de mayo, expresa un conjunto de consideraciones respecto al por entonces borrador de la futura resolución 194/20. Dentro de la propuesta elaborada por la flamante Secretaría de Nivel Superior, se encuentra la incorporación del “proyecto” con agregados de gravedad. Uno de ellos se da en el apartado referido a los aspirantes, donde la Uepc plantea que en el “proyecto” el docente deberá incluir “su posición con relación al contexto de emergencia sanitaria actual y el rol que debería tener en este escenario, y los argumentos desde los cuales ha estructurado su propuesta – marco teórico…”. Es decir que, por propia iniciativa del sindicato, la patronal definiría las designaciones según le guste o no la posición crítica y el marco teórico del postulante, cuestión que lesiona gravemente los derechos gremiales y la libertad de cátedra. La iniciativa busca disciplinar a la docencia mediante una comisión “ad hoc” con criterios arbitrarios y en detrimento de las titulaciones. La Uepc expresa que, formalmente, no acuerda con el desplazamiento del Consejo Institucional, pero eso no le impide rápidamente pasar a participar activamente de la comisión que lo desplaza, como ya lo hace en las Escuelas ProA.


Toda esta secuencia es presentada a la docencia una vez cocinada y con la resolución 194/20 ya publicada. Es decir, la posición de la Uepc se construyó sin que la docencia pueda conocer, deliberar e intervenir al respecto. Una vez cocinada la resolución, ahora el sindicato llama a consultas regionales para principios de junio -una impostura. El gobierno reconoce a la conducción -Lista Celeste- de la gremial como una pata necesaria en la “comisión” para avanzar contra los docentes. La Secretaría de Niver Superior del sindicato debuta, así, como una mera escribanía del Ministerio.


La docencia de nivel superior no puede seguir este camino. La precarización se profundiza cada día, cada vez más a término, con designaciones ahora más lejos del control de los institutos. Resulta indispensable exigir un plenario provincial de delegados de nivel superior con mandato, tal como lo vienen reclamando el IES “Arturo Capdevila” de Cruz del Eje y el ITSC de Juarez Celman, para deliberar e intervenir por el avance de nuestras reivindicaciones. Debemos partir del rechazo al contubernio Celeste-mnisterio, rechazar la comisión “ad hoc” y el requisito del proyecto para las postulaciones.


Desde la agrupación Tribuna Docente promovemos la coordinación de los institutos de nivel superior y proponemos los siguientes puntos programáticos, ya esbozados en el programa del Frente de Unidad por la Recuperación de Uepc:


  • Titularización de los cargos/horas cátedra interinas. Eliminación de interinatos y contratos a término. No a la precarización laboral: por el cumplimiento de la estabilidad garantizada en el estatuto. Derogación del Memo 01/19 para la Educación Artística.
  • Basta de carreras a término, no a la especulación con la currícula. Queremos carreras permanentes.
  • Por la defensa de los consejos institucionales ¡que sean resolutivos! Horas pagas para docentes que participen del Consejo Institucional y para su formación. Elección de junta de clasificación para el nivel superior. No a las comisiones “ad hoc”.
  • Estabilidad y sostenimiento de los Institutos de Educación Superior. Reapertura de trayectos pedagógicos, sin cupos. Abajo la privatización de la formación docente. Por la autonomía institucional para ofrecer capacitación continua con puntaje. Para que los y las docentes definamos qué necesitamos saber y profundizar, necesitamos cursos pensados desde los Institutos.
  • Cargos para jardines maternales. Becas para estudiantes. En defensa de la educación pública y gratuita, no a la matriculación “voluntariamente arancelada”.




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11/06/2020

Mendoza: pagarán el aguinaldo de manera escalonada y con demora

Todos los fondos para pagar la deuda provincial.

El gobierno de Mendoza confirmó que el pago del aguinaldo comenzará a efectuarse recién desde el mes de septiembre y en forma escalonada, de acuerdo al monto de los ingresos percibidos.


En septiembre cobrarán quienes perciban menos de $40 mil pesos de bolsillo; en octubre, los de sueldos de hasta $60 mil, en noviembre los de hasta $80 mil y en diciembre quienes perciban más de $100 mil pesos y funcionarios.


Esta medida significa un salto en calidad del ataque a los trabajadores, luego de los antecedentes de reducciones salariales a empleados de la Agencia Tributaria Mendoza, de las barreras fitosanitarias (Iscamen) y del Instituto de Juegos y Casinos. El gobernador Rodolfo Suárez mete mano en el ingreso de los estatales, modificando de forma unilateral las condiciones de remuneración.


Estamos frente a una reducción, vía inflación, del salario y el aguinaldo. Los trabajadores del Estado tienen congelados sus salarios desde el mes de diciembre. Suárez suspendió las paritarias unilateralmente y no estableció ningún aumento en 6 meses. Esta política significa una reducción del poder adquisitivo que en algunos casos llega al 55% del salario, sin distinción de gremio -y confirmando lo falaz de la “cláusulas gatillo”, que claramente no se gatillan.


La inflación, en el cálculo más optimista, no sería menor al 45% anual. Así, quienes cobren su aguinaldo en septiembre habrán perdido más de un 11% del mismo, y más de 22% quienes lo hagan en diciembre.


Todos bancan a “Rody” Suárez


Los intendentes del Frente de Todos de San Rafael y Malargüe habían anunciado que pagarían en tiempo y forma el aguinaldo. Pero luego de una reunión en Casa de Gobierno con Suárez, todos los municipios, incluidos los gobernados por el Frente de Todos, se plegaron a la decisión del gobernador de pago escalonado y atrasado.


La confiscación del ingreso de los trabajadores se trasforma en política de Estado. Unos y otros priorizan los acuerdos con los acreedores por encima de la necesidades populares. La única oposición, como no podía ser de otra forma, es la del Frente de Izquierda.


La provincia viene ejecutando la misma orientación que Nación frente a los vencimientos de intereses y capital de la deuda provincial. Hace algunos días, Mendoza canceló los vencimientos de intereses de deuda provincial bajo jurisdicción nacional, centralmente con Anses y el Banco Nación, ambos bajo la órbita de Alberto Fernández. Pero lo que es más importante: “reperfila” la deuda en dólares al ritmo de Guzmán, cediendo a todos los reclamos del gran capital.


Otro aspecto no menor, es que una posición unificada de los gobiernos municipales con la provincia es un guiño al capital privado para pagar en cuotas o no pagar el aguinaldo -algo que viene reclamando a cuatro vientos.


El 16, a Casa de Gobierno


El anuncio del gobierno provincial es la crónica de una muerte anunciada, que requiere la respuesta más contundente posible de parte de la organización de trabajadores. Frente al fracaso rotundo de la virtualización de los reclamos, cobra doble valor la convocatoria que vienen preparando el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), la CTA Autónoma y la Coordinadora Sindical Clasista para el martes 16, en consonancia con la acción del Plenario Sindical Combativo en todo el país.


La acción, frente a Casa de Gobierno, busca darle un cauce autónomo al reclamo de los trabajadores que atraviesa la provincia. Es el caso de los prestadores autoconvocados de salud, que vienen de imponer un triunfo parcial al conseguir el reconocimiento de 2.100 compañeros en planta transitoria. De los profesionales de la salud autoconvocados, que reclaman por insumos y medidas de seguridad, al mismo tiempo que denuncian la precarización del área. De los trabajadores municipales, que enfrentan en los galpones las apretadas de funcionarios y punteros para salir a trabajar “voluntariamente”.


En este cuadro es destacable la acción callejera de la seccional Las Heras de la gremial Sute, de hace algunos días, por aumento de emergencia, la cobertura de cargos vacantes y contra la precarización laboral que significa la virtualización de las tareas, entre otros reclamos.


Frente al cuadro impuesto por el gobierno radical y la “oposición” del Frente de Todos, se impone la unidad por debajo de los trabajadores para defender el salario y rechazar el pago de la usurera deuda provincial.


 

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11/06/2020

Universidad de Mar del Plata: cursadas virtuales y deserción estudiantil

En la Universidad Nacional de Mar del Plata la modalidad de cursadas virtuales y su extensión en el tiempo producto de la pandemia está dejando como consecuencia una importante deserción en los primeros años de todas las carreras y una mayor flexibilización laboral de los docentes. Esta situación pone en evidencia además las dificultades técnicas y económicas que sufrimos los estudiantes, condenados a trabajos precarizados como ejemplifican los trabajadores de reparto, en su amplia mayoría jóvenes.


Desde la implementación de la virtualidad forzada, los estudiantes marplatenses hemos sido abandonados a nuestra suerte. Lo demuestra el intento de las autoridades de tomar exámenes finales de manera virtual -rechazado por el conjunto de la comunidad educativa-, la negativa a la participación de la comunidad en las sesiones del Consejo Académico, y el cierre del comedor universitario sin prever el reparto de viandas a les compañeres que dependían de esa asistencia alimentaria.


La improvisación de las autoridades es total, ya que no se ofrece salida alguna a los problemas de conectividad que se presentan. Solo se apela a la voluntad de les docentes para que acuerden un criterio de evaluación con trabajos prácticos y parciales domiciliarios para sostener las cursadas. Hay muchos estudiantes que cursan sin claridad de si serán evaluados y cómo, mientras que en otros casos pretende evaluarse de una sola vez el contenido que antes era dividido en dos cuatrimestres. La situación es más incierta para los estudiantes con materias que solo pueden ser aprobadas de manera presencial, como Económicas o Arquitectura.


Los centros de estudiantes de la Unmdp y la Federación (FUM) brillan por su ausencia. Solo en los primeros días de cuarentena llamaron a la comunidad educativa a donar dispositivos electrónicos para “tejer redes estudiantiles”. En Humanidades, una de las facultades donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes, el centro conducido por Humanidades por el Proyecto (K) no convocó una sola asamblea ni instancia alguna de debate colectivo. Es urgente que en todas las facultades estudiantes y docentes tengamos instancias donde podamos debatir cómo enfrentar esta situación.


Desde la UJS planteamos en primer lugar la defensa de la regularidad de todes les estudiantes, incluso para aquellos que no han podido acceder a las cursadas virtuales, y proponemos prorrogar todos los vencimientos de cursada durante la cuarentena, respetando todas las instancias de promoción ya establecidas. Consideramos importante que pueda llegarse a un acuerdo entre estudiantes y docentes para establecer algún método de evaluación, y en los casos que no lo permita la virtualidad rechazamos cualquier imposición para acreditar las materias en este período, contemplando la posibilidad de rendir los exámenes al final de la cursada con clases de apoyo -incluidas en la jornada laboral docente. Como lo planteamos desde el primer momento, seguimos exigiendo la entrega de computadoras, internet y dispositivos electrónicos como herramientas fundamentales para sostener esta modalidad durante la cuarentena.


Estas problemáticas dejan en evidencia el abandono de la educación pública, y no se solucionarán mágicamente con un potencial regreso de las clases presenciales. La falta de elementos de higiene básicos como jabón, papel higiénico y alcohol en gel es moneda corriente en las facultades, y no puede solucionarse con un presupuesto congelado desde el año pasado. El distanciamiento social es imposible cuando sufrimos la sobrepoblación de las aulas, y las autoridades se oponen desde hace años a nuestros reclamos de creación de nuevas sedes y la implementación de la triple franja horaria para distribuir las cursadas.


Para combatir la deserción es necesario reforzar la asistencia económica. Exigimos la adjudicación irrestricta de la beca Progresar para todes les estudiantes que la soliciten, con un aumento a 10.000 pesos, y la implementación de becas alimentarias ante el cierre de los comedores universitarios, junto con la ampliación de todas las becas acordes a las necesidades estudiantiles.


Les estudiantes tenemos como primera tarea organizarnos para defender nuestro derecho a estudiar, de manera independiente de las autoridades y el gobierno que prioriza el acuerdo para pagar la deuda a los bonistas y el FMI.



 

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11/06/2020

Mar del Plata: enfrentamientos en la Zona Roja, el Estado es responsable

Hace más de un mes, vecinos lindantes a la Zona Roja de la ciudad de Mar del Plata vienen denunciando su desborde y una serie de incidentes que involucran tanto situaciones relacionadas con la prostitución como también al narcotráfico. La situación de desempleo y precariedad que atraviesa el país, agravada por la crisis desatada a partir de la pandemia, ha hecho crecer a gran escala la Zona Roja, empujando a cientos de personas a la prostitución y, como consecuencia, también a ser utilizadas en el narcotráfico por los proxenetas y los punteros.


Las tensiones y ataques entre las personas en situación de prostitución, los traficantes, la policía y los mismos vecinos aumentaron notoriamente este último tiempo. Luego de varios episodios, los vecinos decidieron manifestarse exigiendo la intervención del gobierno municipal, exigiéndoles “correr” la Zona Roja y un mayor control policial.


La Zona Roja es un territorio delimitado por las avenidas Colón, Luro, Jara y Champagnat, que recientemente vivió una expansión de su superficie, abarcando partes de barrios adyacentes. Éste tiene su eje sobre avenida Luro, donde se dividen dos sectores claramente marcados: hacia un lado predomina la prostitución de mujeres cis y hombres cis, hacia el otro se encuentra una zona compuesta casi en su totalidad por población perteneciente a la comunidad travesti-trans.


Esta zona ha sido liberada por las propias fuerzas de seguridad para dar vía libre a los negocios ilegales de los narcos. A pesar de esto, la policía mantiene un fuerte control para garantizar la continuación de la venta de estupefacientes y el regenteo, con varias patrullas colocadas a lo largo de las cuadras. La connivencia entre las fuerzas policiales y los narcos, avalada por el gobierno municipal, es abiertamente conocida por los vecinos de Mar del Plata.


A pesar de esto, desde el entorno del actual intendente Guillermo Montenegro (Cambiemos) se asegura que van a “controlar y correr la zona”. En primer lugar, omiten el hecho de que la zona ya está controlada por las fuerzas de seguridad, quienes constituyen el actor social garante de su funcionamiento, avalando el proxenetismo y la inserción del narcotráfico en la sociedad y principalmente en sectores vulnerables como es la población travesti-trans que es regenteada en la zona. Por otro lado, no ofrecen ninguna salida para desarmar la zona a partir de políticas de asistencia reales a las personas que deben someterse a la prostitución para poder sobrevivir, no hablan de desmantelar ninguna de las redes de trata que operan en la zona, ni ninguna de las redes de narcotráfico.


En las últimas semanas se creó una Mesa de Trabajo en la que participan la Secretaría de Seguridad Municipal, Desarrollo Social de Nación, Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el objetivo de “trasladar” la Zona Roja.


La naturalización por parte del municipio de la existencia de la Zona Roja habla de una política sistemática de aval a estos negocios altamente redituables, donde las personas en situación de prostitución terminan siendo las principales víctimas, expuestas a todo tipo de violencias. Esto se recrudece particularmente entre las personas travesti-trans, siendo la prostitución casi su única fuente de ingreso. Por otro lado, con la excusa de “trasladar” la zona, buscan tener una mayor penetración en los barrios carenciados lindantes e incrementar su política de persecución hacia las personas en situación de prostitución y, en particular, a las diversidades de género.


Mientras el actual gobierno propone salir de esta situación otorgándole mayor poder a las fuerzas represivas que garantizan las zonas liberadas y son autoras de los maltratos a las personas en situación de prostitución, y en particular arremetiendo contra la integridad de la comunidad travesti-trans, desde el Plenario de Trabajadoras y la agrupación LGBTI 1969 vemos fundamental organizarnos de manera independiente del Estado ajustador y el gobierno municipal, principales responsables de nuestra vulnerabilidad.


A días del 28J, día de lucha contra los travesticidios y transfemicidios, seguimos exigiendo un subsidio de $30.000 a les desocupades y la aprobación e implementación inmediata del cupo laboral travesti-trans para garantizar trabajo genuino para todas las compañeras. También, la eliminación de todos los códigos contravencionales que criminalicen a las personas en situación de prostitución y el desmantelamiento de las redes de trata y narcotráfico.


Más que nunca es necesario luchar por un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades sexuales y de género, con cargos revocables y votados por nosotres, que resuelva e implemente las políticas sociales y económicas necesarias para garantizar nuestras condiciones de vida. Para ello, el no pago a la deuda externa y un impuesto a las grandes fortunas, para destinar el ahorro nacional a la asistencia inmediata de todes les trabajadores y desocupades se vuelve una cuestión de primer orden.





 

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11/06/2020

Las trabajadoras de reparto y la violencia de género laboral

Comisión de Género ATR

Terminado el Plenario abierto de la Agrupación de Trabajadorxs de Reparto (ATR), del lunes 8 de junio, la Comisión de Género puso manos a la obra elaborando su primer comunicado y posicionamiento sobre el acoso laboral que sufren a diario las trabajadoras de reparto.


En las jornadas laborales las trabajadoras de reparto nos exponemos a diario a múltiples situaciones de violencia de género.


La particularidad del trabajo hace que las apps distribuyan nuestro número celular tanto a usuarios como a trabajadores de locales a los que debemos ir a retirar los pedidos. Es así como es moneda corriente recibir mensajes fuera de lugar que corresponden ser llamados acoso. También sucede en varios casos donde o el cliente o en el local de comida se nos falta el respeto, maltrata, violenta exponiéndonos a situaciones traumáticas e inapropiadas en un ámbito laboral.


Si bien todas las apps permiten a usuarios calificar a la repartidora aplicando sanciones si la calificación es negativa, no todas las apps permiten hacer un descargo a las trabajadoras sobre clientes o locales de comida. Además el protocolo que utiliza el soporte de cada una de las empresas es de código cerrado, es decir no tenemos acceso a él, no sabemos cómo proceden las apps en las que sí podemos denunciar el mal trato.


Es por esto que desde la Comisión de Género de la Agrupación de Trabajadorxs de Reparto exigimos en primer lugar dar a conocer el protocolo con el que debe operar soporte en todos los casos. En segundo lugar exigimos una inmediata baja de cuenta de los usuarios denunciados por violencia de género. En el caso de los locales, suspender el servicio de apps con el local hasta tanto no estemos en riesgo las trabajadoras de reparto. Entre pares repartidores creemos necesario también poder alertar a soporte y que se suspenda al repartidor denunciado hasta clarificar la situación y de ser necesario no restituirle la cuenta.


Exigimos que las empresas se hagan cargo de tratamientos médicos, psicológicos y hasta un compensatorio económico para afrontar, de ser necesarias, licencias médicas para todas las trabajadoras víctimas de violencia de género producto de la relación laboral.


Para sumarte a nuestras comisiones de trabajo escribimos a nuestras redes sociales @agrupacionatr  en fb Twitter Instagram.





 

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11/06/2020

Río Negro: la lucha del movimiento de mujeres crece y se organiza

El inicio de la cuarentena por el Covid-19 provocó que las cifras de femicidios y denuncias por violencia de Género crecieran en todo el mundo, y que se profundizaran en el país. En Río Negro, el propio gobierno evidenciaba la saturación del 144 (línea pública) de denuncias por violencia de género.


En este cuadro, el Plenario de Trabajadoras (PdT) provincial ha tenido una importante y creciente intervención en el movimiento de mujeres provincial durante el 2019, con puntos de inflexión en ciudades como Cipolletti, en batallas políticas hacía dentro de la asamblea de mujeres local. En este marco, un taller de ESI a cargo de Nora Biaggio y Tamara Sotelo fue la primer experiencia de esta magnitud y y otro paso del PdT. La actividad contó con 60 inscriptas/os de diversos puntos de la provincia, como Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, Fisque Menuco, Villa Regina, Conesa. En el curso del taller, Nora abordó diversos puntos plasmados en un material de Tribuna Docente, donde se desarrolla el rol de la mujer históricamente hasta nuestros días, las dificultades en relación a la aplicación de la ESI en los diferentes niveles, el carácter científico que exigimos, el aborto legal, entre otros. Tamara aportó al debate que se dio con preguntas de participantes dando ejemplos de obras literarias que abordan algunos temas expuestos por Nora Biaggio, para niveles iniciales y medios.


La charla al finalizar convocó para el día 28 de mayo a una asamblea provincial de mujeres y disidencias en el marco del Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres -emblema de la lucha por el derecho al aborto legal- y de cara a la organización de las actividades por el 3J fecha del #NiUnaMenos. Dicha asamblea contó con participantes de Cipolletti, Fisque Menuco, Bolsón y Villa Regina. Se acordaron actividades callejeras el 3J para Regina, Bariloche y Cipolletti, que terminaron teniendo una importante cobertura en medios de la provincia.


Como resultado de las acciones callejeras, los videos y las fotos testimonian nuestra continuidad en la lucha por las reivindicaciones de las mujeres y de las disidencias con la consigna “la lucha de las mujeres no está en cuarentena”. Se plantea profundizar las relaciones con otros sectores en lucha en las asambleas de mujeres. Este 3 de junio, la pandemia no nos impidió seguir movilizadas y organizadas. Sabemos que los derechos se arrancan con lucha, por lo cuál, desde el Plenario de Trabajadoras convocamos a acompañar la jornada de lucha convocada por el Plenario Sindical Combativo el día 16 en todo el país.



 



 

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11/06/2020

Córdoba: la Justicia misógina esconde su oscurantismo

Un informe del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, publicado en el medio Comercio y Justicia, difunde que en promedio ingresan cinco causas relacionadas a aborto por año. Según el mencionado texto, en la última década solo fueron investigados 53 casos sobre hechos de aborto, que sólo representaría el 0,01% del total de causas anualmente investigadas en la provincia. De acuerdo al informe se desarrollan en la justicia menos causas que las denunciadas en los centros de salud, lo que es presentado como muestra de una Justicia condescendiente.


Para Comercio y Justicia, “el informe advierte, asimismo, que pese a realizarse todas las prácticas en un contexto de clandestinidad, aquellos casos en los que se realizó una intervención quirúrgica con aparentes mejores condiciones sanitarias el acceso al aborto implicó el pago de una contraprestación monetaria de montos variables pero significativos”. Además, en el caso de abortos contra la voluntad de la mujer “fueron principalmente realizados en su propia vivienda (70%) y mediante empleo de la fuerza física (75%) perpetrada por su pareja o ex pareja”. No hay estadísticas sobre la condena recibida por parte de los agresores.


Sin embargo, esta Justicia es la misma que bloqueó la Interrupción Legal del Embarazo y el acceso a la pastilla del día después y la anticoncepción gratuita. Es decir que es responsable por favorecer los embarazos no deseados y obligar a la clandestinidad del aborto. El Poder Judicial defiende un interés de clase que es el que liga a las Iglesias y el Estado, intereses a los cuales sirve la opresión que sufrimos las mujeres. Ha sido la ola verde la que arrancó que en la provincia se cumpla con la ILE, hace tan solo un año, cuando fue denegado el recurso extraordinario presentado por la ONG católica Portal de Belén que bloqueaba la adhesión al protocolo de aborto no punible.


Para terminar con la criminalización del aborto y garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva es necesario luchar por la inmediata la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres, independiente de los gobiernos y con presupuesto, para que sean las propias mujeres las que organicen la defensa y vigencia de todos nuestros derechos.



 

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11/06/2020

Merlo: supermercado VEA siguió funcionando pese a casos de coronavirus

La complicidad de la gremial Seoca y del intendente Menéndez, en uno de los distritos del oeste bonaerense con mayor nivel de positivos.

Con 364 positivos de Covid-19, el distrito de Merlo es el segundo con mayor cantidad de casos en el oeste del conurbano, solo antecedido por La Matanza.


Las presiones del capital para flexibilizar la cuarentena y la búsqueda del lucro empresarial son algunos fundamentos de este número que preocupa, como se ve en la situación de los supermercados VEA, pertenecientes a Cencosud.


Entre la semana pasada y esta , dos sucursales tuvieron que cerrar sus puertas, porque se detectó que algunos de sus empleados habían contraído el virus. Pero mientras que el VEA “del Mastil” -como se lo conoce en la localidad- actuó rápido y cerró sus puertas para desinfectar y testear a los trabajadores que habían tenido contacto estrecho con el contagiado; el VEA “de Suipacha” tardó ¡más de 15 días en cerrar sus puertas!


Una trabajadora de allí, que concurre todos los sábados, había dado positivo hace más de dos semanas. El supermercado desinfectó la sucursal pero siguió funcionando, y Recursos Humanos sostuvo que no podía haber contagiado a nadie porque “viene muy poco a la sucursal”. La delegada gremial, del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste (Seoca) avaló este accionar, pese a que los trabajadores exigieron que se les realicen los tests -algo a lo que la patronal se negó. Hace unos días, algunas trabajadoras presentaron síntomas; la empresa testeó a cuatro empleados que habrían tenido contacto estrecho con la primer contagiada, y tres de ellos dieron positivo. Al fin, el supermercado cerró sus puertas este miércoles 10 de junio, desinfectó y arbitró los recursos para realizarle el hisopado a todos.


A esto se suma el desconocimiento de un trabajador de seguridad tercerizado (que pertenece a la empresa Cazadores) como “caso sospechoso”. La semana pasada, el hombre fue al hospital con síntomas. Le realizaron el hisopado, lo colocaron en aislamiento preventivo y está a la espera de los resultados. El gerente de VEA Suipacha, con la colaboración de la delegada, montó una campaña contra él, tildándolo de “mentiroso”. El compañero tiene todos los certificados que avalan el diagnóstico. La patronal llegó al punto de comunicarse con la empresa tercerizada para “prescindir de este empleado en su sucursal”.


La patronal de Cencosud incumple con varios puntos. No protege a sus trabajadores, obligándolos a continuar trabajando en pos del lucro y, por otra parte, pone en peligro a los vecinos de Merlo que continuaban comprando en esta sucursal. Si el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, permite que las patronales incumplan los protocolos de seguridad, nuestro distrito va seguir estando en el top ten de los distritos con más infectados. El Seoca también es responsable: la salud de sus afiliados se puso en juego por la connivencia entre la empresa y la delegada.


A la espera de los resultados de los trabajadores en aislamiento preventivo, el VEA Suipacha no va a perder ni un centavo. Ya está haciendo maniobras para reabrir en estos días, con empleados provenientes de otras sucursales.


Los trabajadores de los sectores de la producción que fueron habilitados y aquellos denominados “esenciales” no pueden confiar en la burocracia sindical para el cuidado de su salud. Es necesaria la discusión colectiva de los protocolos; y comités de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo, para controlar que esos protocolos se cumplan.


 

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11/06/2020

Desidia en clínica privada de Martín Coronado

La semana pasada se produjo un allanamiento en la Clínica Nuestra Señora de la Merced. La policía federal intervino junto al Same debido a contagios que se produjeron dentro del centro de salud.


“El operativo, ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Martín, consistió en realizarle un hisopado a una joven, junto al secuestro de su historia clínica y los registros de visitas y personas con las cuales la paciente estuvo en contacto.”(N3F 4/6)


A su vez, hoy se viralizó el video de un vecino de Martín Coronado posiblemente infectado con Covid-19 intentando escapar.


La Clínica Nuestra Señora de la Merced de Martín Coronado es conocida en todo el barrio por su enorme carencia en la atención y las constantes denuncias de mala praxis. Las mismas condiciones que se replican en la mayoría de las salitas privadas las cuales no garantizan el distanciamiento necesario o los insumos pertinentes ante la pandemia. Se registran casos de pacientes que salen de allí contagiados de coronavirus


Esto representa un peligro de focos potenciales de Covid-19 como se expresa en este caso mencionado. Mientras tanto, el anuncio de “integración” del gobernador Axel Kicillof a las salitas privadas no es otra cosa que un rescate a un sector empresarial y especulador que poco se preocupa por sus pacientes y por la salud.


Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda planteamos deben tomarse medidas extraordinarias al servicio de la salud de los trabajadores y bajo su propio control con un sistema de salud unificado.



 



 

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Córdoba: el ministro Massei y su planteo de una política de hambre

Desde Desarrollo Social no dan respuesta a las necesidades de la población trabajadora.

El martes pasado, durante una reunión virtual de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Unicameral, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, Juan Carlos Massei, explicó los alcances, en el marco del aislamiento social, de los programas de la cartera que preside. El planteo es una política de hambre por parte del Estado en su conjunto, contra las familias que no pueden hacer frente a la cuarentena sin asistencia.


El ministro informó que 1,7 millones de personas son asistidas por el Estado nacional y provincial en Córdoba: ya que no cubren sus necesidades básicas alimentarias sostienen a más del 40%, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. El reconocimiento de que el 40% de los cordobeses necesitan asistencia alimentaria es la confesión del fracaso de las políticas del PJ cordobés, que gobierna la provincia desde hace más de 20 años. El ministro también reconoció que de la pandemia se saldrá con más pobres e indigentes, sin plantear cual será el plan para afrontar este problema.


El informe no dio cuenta de por qué el ministerio dejó de funcionar durante la cuarentena, tampoco de por qué se cortó la asistencia a comedores y merenderos. Tampoco se explicó el recorte en las tarjetas alimentarias, en vez de ampliar los beneficiarios ante esta situación. Massei no dio cuenta de por qué la provincia suspendió el pago de los programas socio laborales provinciales.


El ministro, hombre de confianza del gobernador Schiaretti, no desconoce que ya en marzo de este año la Defensoría del Pueblo de Córdoba publicaba que una familia para subsistir necesita como mínimo $16 mil por mes. Sin embargo, se plantea como un logro las tarjetas sociales de $2 mil para 61.700 beneficiarios: muy lejos de lo que necesita una familia para comer durante el mes. El gobierno no garantiza el derecho al trabajo, y da tarjetas miserables. Claramente esta política alimentaria es una política de miseria y hambre.


Desde el gobierno también plantearon como un gran logro el Paicor que asiste a 270.000 niños de los casi 650.000 estudiantes de escuelas públicas provinciales. Desde la juventud del Polo Obrero nos hemos movilizado y denunciado que se excluye niños por tener a hermanitos que asisten a ese programa alimentario; también se excluye niños por tener a los padres con trabajo registrado. Además, hemos denunciado que los módulos para cubrir las necesidades de un niño por 45 días, son totalmente insuficientes, menos aún podrían alimentar a una familia que se encuentra sin ingresos.


El ministro también reconoció que con la cuarentena apareció una franja social que antes no recurría a la ayuda del Estado. Son personas de la economía informal, que en Córdoba alcanzan al 40% de la población trabajadora. Con la cuarentena quedaron en cero, sin la ayuda del Estado. Massei no planteó una solución para estas familias, dejando entrever que entienden que están cubiertos por Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que abarca a 651.560 personas en la provincia. En este punto es necesario tomar en cuenta que el IFE se ha cobrado una sola vez en casi 90 días de cuarentena, es decir $3.333 por mes, muy lejos de los $16.502 de subsistencia.


El informe de Massei se dio dos días antes de que el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero y organizaciones sociales desarrollemos una jornada nacional de lucha en reclamo de provisión integral y preventiva de elementos y kits sanitarios para comedores, para toda persona que lo necesite y no pueda acceder a estos. También solicitamos alimentos para los comedores populares, incremento de testeos, seguro al parado de $30.000, para todos los que lo necesiten y que la crisis la páguenlos capitalistas, porque con hambre no hay cuarentena.





 

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11/06/2020

Junín: dio positivo de Covid-19 y el hospital le negó atención por falta de camas

Partido Obrero Junín

Una joven de 19 años, contagiada de coronavirus, fue rechazada en la tarde de este miércoles por el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro” (Higa) de Junín (Provincia de Buenos Aires) por falta de camas.


La mujer es la hermana de uno de los cuatro casos positivos que hasta hoy contabiliza la ciudad. Hay en total 62 personas en aislamiento preventivo, pero internados en el hospital solo cuatro casos sospechosos y un paciente confirmado.


Ante el escándalo que generó la noticia en la ciudad, el intendente Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio) debió derivarla a una clínica privada.


La salud pública en bancarrota


A fines de marzo, las autoridades del Higa habían anunciado el armado, por parte del Ejército Nacional, de una carpa sanitaria con capacidad para recibir hasta 100 pacientes infectados, inaugurada con bombos y platillos por funcionarios provinciales del Frente de Todos.


Sin embargo, ante este nuevo caso positivo, la directora y el director ejecutivo del centro de salud, Cristina Tejo y Sebastián Meneses, enviaron un fax a la Secretaría de Salud explicando que no contaban con camas de aislamiento y solicitando que sea trasladada a otra institución. El comunicado que dio a conocer el hospital es igual de lamentable: “el martes por la noche, una joven con síntomas del coronavirus arribó al Hospital en un momento donde no estaban las condiciones dadas para garantizar un aislamiento eficiente. Esa falta de garantía estuvo relacionada a la capacidad operativa del Hospital y a una situación dinámica que se modifica por la rotación de camas que se liberan ante resultados negativos de Covid-19 y ante el alta médica de pacientes con otras patologías”



Luego de 80 días de cuarentena y “picos” que no terminan de llegar, el hospital se satura con unos pocos casos, dejando al desnudo el vaciamiento al que los distintos gobiernos han condenado al sistema de salud público, desfinanciándolo año a año. No solo por la falta de camas e insumos sino, como lo deja entrever el propio comunicado del instituto y lo denuncian semana a semana los propios profesionales de la salud en las marchas y caravanas que se realizan en Junín, por ausencia de profesionales y de condiciones dignas de trabajo (polifunción, gran retraso en las paritarias, no pago del bono de 5 mil pesos que el gobierno anunciara en abril, elementos de protección insuficientes)


Que Petrecca y Kicillof se hagan cargo


Ante la aparición esta semana de los mencionados cuatro casos positivos, Petrecca intentó mostrarse activo y preocupado por la salud de la población. Pero lo cierto es que las partidas extraordinarias para el área de Salud no aparecen; de hecho, el lunes dijo en una entrevista que si el municipio no se endeuda, no puede pagar los salarios estatales de junio. Tampoco conocemos a ciencia exacta el número de camas con respiradores o de kits sanitarios, ni la totalidad de profesionales disponibles de terapia intensiva. Al ser un hospital provincial, el intendente delega la responsabilidad en el gobernador Axel Kicillof -más preocupado, en pleno contagio masivo y con récord de casos en la provincia, en arreglar con los organismos internacionales el pago de la deuda externa.


Necesitamos que el municipio abra los libros. Que se destinen partidas extraordinarias al área de Salud, sobre la base de impuestos progresivos al gran capital y al agro, que en Junín están a todo vapor. Los médicos y enfermeros deben contar con todos los elementos de protección adecuados. Por la reapertura de paritarias sin techo, que permitan un salario igual al costo de la canasta básica. Es urgente la centralización del sistema de salud bajo control de los trabajadores.

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11/06/2020

9 y 10 de junio: las jornadas nacionales de lucha por la salud pública en Córdoba

Con jornadas en varios hospitales de la provincia les trabajadores de la salud continúan en pie de lucha. La actividad central en la capital de la provincia fue una concentración y marcha de antorchas desde el polo sanitario.


Cabe señalar que, desde la madrugada del martes 9, en el marco de las jornadas nacionales de lucha votadas en asambleas a lo largo del país por gremios integrantes de la Fesprosa, se vienen desarrollando acciones de lucha en diferentes hospitales provinciales.


La jornada de lucha de les trabajadores de la salud recogió la solidaridad y apoyo de amplios sectores, incluida la Asamblea Ni una Menos Córdoba que ya había sacado un pronunciamiento en apoyo al sector al inicio de la pandemia, atento al agravamiento de la actual situación de la Salud Publica en un cuadro de hospitales vaciados, sin personal ni insumos.


Uno de los reclamos centrales que recorrió las jornadas de lucha que además tuvieron eco en varios puntos del país, es el salarial; un aumento de emergencia en la provincia, junto al cobro urgente del bono incentivo que hace más de 2 meses anunció y nunca pagó el Gobierno Nacional.


El reclamo salarial cobra relevancia en un cuadro de una paritaria cerrada por Jose Pihen, secretario general del Sindicato de empleados públicos por un 17% anual y en cuotas para un salario que ya venía perdiendo frente a la inflación y que tiene a un vasto sector de les trabajadores bajo la línea de pobreza, empujando a gran parte de les trabajadores estatales al pluriempleo.


La provisión de equipos de protección personal de calidad y en cantidad suficientes para todes les trabajadores del sector, como la no judicialización de los trabajadores de la salud y el cese de las persecuciones estuvieron a la orden del día.


La lucha en toda la provincia


La Maternidad provincial amaneció con una carteleada reclamando salario y pago del bono, como así los EPP y testeos en los hospitales, además de rechazar la reforma jubilatoria provincial que se votara entre gallos y medianoche en la legislatura provincial. Por su parte el hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla impulsó una acción de características similares con las mismas consignas.


En el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Rio Cuarto se desarrollaron acciones en el mismo sentido. En el hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita se impulsó una campaña de afiliación al gremio UTS quienes definieron una acción central en Córdoba capital para el día 10 que constará de una concentración de antorchas en el Polo Sanitario.


Una acción en el parlamento y en las calles


Desde Tribuna de Salud hemos impulsado y acompañado cada una de las acciones votadas por les trabajadores, y junto a la legisladora del Frente de Izquierda, Soledad Díaz García, hemos presentado pedidos de informe respecto de todas las denuncias desde los sectores de trabajadores hospitalarios.


Es necesario unificar las luchas junto a los sectores en lucha, ya que tanto empresarios como el propio gobierno están aprovechando la pandemia para avanzar en recortes, como ya han hecho con el robo a los jubilados. En ese sentido convocamos a participar de la movilización que el plenario del sindicalismo votó para el 16 de junio, jornada en la cual continuaremos la lucha.

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11/06/2020

Estibadores, defaulteados por Vicentin: paro y piquete en Terminal Puerto Rosario

Los estibadores de Terminal Puerto Rosario (TPR), de la que Vicentin es propietario junto a Ultramar, decretaron el paro por tiempo indeterminado y realizan un piquete en los portones desde hoy a la mañana.


Denuncian que la patronal amenaza con suspender trabajadores si el sindicato (Supa) no acepta una rebaja salarial, en relación a lo acordado en la paritaria del sector. La extorsión afecta a 1.500 trabajadores: “Fueron corriendo el arco continuamente. Ayer teníamos un principio de acuerdo y media hora después me llamaron para decirme que, si no aceptábamos suspensiones rotativas, era imposible seguir pagando sueldos”, dijo a los medios el secretario general del Supa Rosario, César Ayba.


Los estibadores fueron declarados personal esencial durante la pandemia, una exigencia de las agroexportadoras que no dejaron de operar y vienen reteniendo su producción presionando por una nueva devaluación. En San Lorenzo, se conoció que Cargill violentó los protocolos de seguridad e higiene debido a la denuncia que hizo un estibador contagiado de Covid-19.


Juez y parte


La privatización de los principales puertos del país a manos de las mismas empresas que acaparan el grano, la molienda y la exportación es una política que todos los gobiernos vienen sosteniendo desde los ’90. El Ente Administrador de Puertos Rosario (Enapro) fue denunciado por la última extensión del contrato de concesión de las Terminales I y II de Rosario, de parte del gobierno de Miguel Lifschitz que sin embargo firmó un “preacuerdo” antes de entregar el mando a Perotti que no ha tocado tampoco esos intereses.


El Enapro le llegó a pagar 60 millones de dólares a la concesionaria de TPR para que esta, a su vez, le pague a un privado de su elección el estudio de costos de las obras de reconstrucción de muelles que la empresa está obligada a hacer para mantener el contrato de concesión. No solo eso, el Estado también financió esas obras: “los 25 millones de dólares que debía poner TPR (léase Vicentin, NdR) para obtener 25 años más de concesión incluían intereses y costos impositivos por el crédito que tomarían para financiarlo, por lo que al final no llegaba a 10 millones el aporte de la concesionaria, quedando el Ente (el Estado, NdR) a cargo de desembolsar los 30 millones que faltaban para financiar la obra”, esto fue denunciado por el ministro de Infraestructura de Lifschitz.




 


Que la crisis la paguen ellos


Mientras el país debate los desaguisados del grupo Vicentin, los trabajadores salen a dar pelea contra el intento de descargar la crisis sobre sus espaldas. Es clave esta pelea en conexión con un debate de fondo sobre la complicidad de los sucesivos gobiernos con estos enormes privilegios que le permiten a los pulpos agroexportadores quedarse con una ganancia extraordinaria, mientras a lo largo de todo el cordón del Gran Rosario la situación laboral de lxs trabajadores es de extrema precariedad.


Está planteado recuperar el complejo agroexportador para las mayorías que viven y trabajan en Santa Fe y en todo el país. Nacionalización de los puertos. Estatización sin pago y puesta bajo control obrero de Vicentin.




 

11/06/2020

Salto: Pagani, de Bagley-Arcor, es responsable de la expansión del virus

Este miércoles se conoció un caso de un Covid positivo en la fábrica Bagley-Arcor de Salto.


La patronal salió con los tacones de punta a impedir que se concrete el paro resuelto por el Stia.


La empresa Bagley-Arcor y su dueño, Pagani, pasan a tener la total responsabilidad de que el coronavirus se expanda en la localidad de Salto.


A través de audios intimidatorios, el jefe de planta se dirigió a cada trabajador planteando que “la fábrica no está de paro” y, dejando de lado toda “empatía”, les decía que debían presentarse a su turno.


Finalmente, los trabajadores que se presentaron, en medio del enorme amedrentamiento y del constante repique desde el gobierno de que la enfermedad está controlada o que se avanzó hacia una cuarentena light, fueron recibidos por los delegados que impidieron todo ingreso a la planta.


La familia Pagani, dueña monopólica de empresas en Córdoba y Buenos Aires y que se extendió a diez países fue beneficiada con las excepciones de la esencialidad. No dejó de producir ni un día.


Y, como todas las empresas que vienen funcionando y las que se fueron agregando en las excepcionalidades, ha especulado al milímetro con no aplicar las medidas de seguridad e higiene que garantizarían que no se propague la enfermedad en caso de contagio. Medir la temperatura, poner alcohol en gel es totalmente insuficiente. Los trabajadores mantuvieron contactos, transitaron por áreas comunes, tomaron transportes, fueron a los mismos baños, se contactaron en los cambios de turno y en el fichaje. Les mezquinaron barbijos y los sometieron a controles con el argumento de que alguno se los llevaba en el bolsillo.


Esta empresa a diferencia de criterios usados en otros casos ha obligado a concurrir a la planta a trabajadores de otras localidades afectadas por coronavirus. No tomó medidas de cuarentena con los que venían de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Pergamino o Areco.


El propio trabajador contagiado sale al cruce de los escraches en curso y de la campaña que se está instrumentado para culpabilizarlo, explicando que él no ha hecho más que ir a trabajar, a una fábrica a la que venían trabajadores de localidades con casos de coronavirus confirmados.


El Stia resuelve a través de la Comisión Interna el paro ante la confirmación de este caso pero venía permitiendo que la patronal no aplicara los protocolos, por ejemplo en un caso anterior que luego dio negativo, ni respecto a los trabajadores de otras localidades. Tampoco actuó para frenar los niveles de producción que han sido enormemente aumentados para acumular stock. Tampoco garantizó medidas de seguridad e higiene para los camiones que transportan insumos y mercaderías. Han permitido la rebaja salarial de los trabajadores de riesgo.


El intendente Ricardo Alessandro (FdT) sale compungido ahora en los medios, cuando ha permitido esta situación de vulnerabilidad, de peligrosidad y de explotación sin límites en la empresa por la que circulan unos 1.500 trabajadores.


Sale a decir que “la alimenticia no es solidaria” pero no tomó ni toma medidas para imponer las condiciones para evitar los contagios.


No resuelve quién se hará cargo de los hisopados que deben realizarse a los contactos directos y cercanos y a sus familias.


No resuelve la obligación de cierre de la empresa hasta que se realicen los estudios necesarios al conjunto de los trabajadores y se cambie la forma de producción.


Esta en juego la salud de todo el pueblo de Salto.


Es imprescindible que se formen comités populares y obreros para intervenir en forma directa en función de garantizar la salud y la vida de los trabajadores.


Se plantea exigir los testeos, aislamiento en lugares adecuados, garantizar los alimentos y elementos de sanidad a los trabajadores y sus familias.


Hay que imponer que el sistema de producción garantice prioritariamente la salud. Horarios reducidos, distancia social entre los trabajadores, unidades de producción constantes, elementos de seguridad personal como máscaras, cofias, ropas descartables. Elementos de higiene.


Los trabajadores de Arcor deben coordinar su acción de exigencia de cuarentena en todos los casos cercanos, con los de las demás fábricas. Las familias obreras están entrelazadas en todas las fábricas de la localidad.


Hay que encarar la exigencia de las medidas y de la inversión necesaria que la intendencia, el gobernador Axel Kicillof, el presidente Alberto Fernández y las patronales no han garantizado.




 




 

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11/06/2020

Río Negro: Santibáñez, del sindicato de empaque de Villa Regina, nervioso por el impacto de Prensa Obrera entre los trabajadores

El debate se profundiza en el gremio, y crece el planteo por un plan de lucha contra los atropellos patronales y la burocracia sindical.

Santibáñez a la izquierda, Bilma a la derecha

El actual Secretario General  de Soefryn (Sindicato de obreros y empacadores de la fruta de Río Negro y Neuquén) de la seccional de Villa Regina (la más numerosa), Máximo Santibáñez, ha realizado un vergonzoso apriete contra los afiliados de su gremio, nervioso por el impacto de las denuncias de Prensa Obrera sobre la realidad que atraviesa. La nota que generó esta reacción aborda la falta de cobertura social de parte del sindicato para con miles de trabajadores y trabajadoras del empaque de las provincias de Río Negro y Neuquén.  En audios que trascendieron, solamente  minutos después de posteada la nota en la pagina, Santibáñez hacia girar dicha nota entre los y las trabajadoras, llamando a no creer nada de lo que esta contenía. Prensa Obrera ha venido siguiendo diariamente el conflicto en el empaque, y su inserción en el movimiento es cada día mayor, llegando a cientos de compañeros y compañeras que acuerdan con las denuncias y las posiciones del periódico.


La situación de miles de trabajadores del empaque respecto de la falta de cobertura social, debido exclusivamente a la falta de cumplimiento patronal con sus aportes sociales es tomada de manera totalmente irresponsable por dicho secretario general. La información de la nota es corroborada por los y las trabajadoras. Una trabajadora denunciaba la falta de cobertura a su grave problema oncológico a Prensa Obrera días atrás en medio del conflicto en La Reginense.


En los propios audios, donde llama a no leer y descreer del contenido de la nota, termina afirmando que la información es cierta. El Secretario afirma que en el caso del empaque, La Reginense, que se encuentra actualmente atravesada por la lucha de sus trabajadores y trabajadoras la patronal adeuda los aportes sociales ¡hace 5 años! Es decir, Santibáñez no desconoce esta situación y sin embargo la avala. Para Santibáñez, que no llama a luchar por los derechos arrebatados por la patronal, la crisis que profundizo la cuarentena tienen que pagarla los y las trabajadoras sin cobertura de salud. Santibáñez evidencia en definitiva lazos sanguíneos con la patronal, un denominador de la actual conducción encabezada por Bielma.


Prensa Obrera, un periódico que lleva mas de 50 años entre los y las trabajadoras, tiene una trayectoria que no puede ser desmentida en un audio. Las noticias obreras y populares que se levantan en él parten de la misma realidad, analizándola de cara al movimiento obrero del país y el mundo, planteando una perspectiva de salida, independiente y propia de toda la clase obrera, en términos socialistas.  Rechazamos los aprietes de parte de la burocracia del Soefryn y llamamos a seguir denunciando los atropellos y defendiendo la salud, y todos los derechos de los y las trabajadoras del empaque de Río Negro y Neuquén.


 

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En el Obelisco y en casi todo el país se realizó la jornada nacional de lucha contra el hambre

Organizaciones sociales y piqueteras manifestaron que “Con hambre no hay cuarentena”.

Foto de portada: Polo Obrero // Fotos de galería: Lidia Barán Ojo Obrero Fotografía

Nuevamente las organizaciones sociales y piqueteras se vieron obligadas a salir a las calles tras 80 días de cuarentena, denunciando que las condiciones de vida se han agravado para las familias obreras a falta del suministro de alimentos, insumos sanitarios, testeos en los barrios carenciados y un ingreso económico suficiente para poder paliar los efectos de la crisis. Las concentraciones comenzaron en horas de la mañana cuando cientos de desocupados y cooperativistas se congregaron en el Obelisco porteño y en otros 30 puntos distribuidos por todo el país.


No es la primera vez que las organizaciones piqueteras denuncian las condiciones en las que millones de trabajadores desocupados y sus familias enfrentan durante la cuarentena. El Polo obrero y el Frente de Lucha Piquetero ya han protagonizado otras acciones de este carácter, obteniendo que el gobierno nacional reciba los reclamos populares pero, sin embargo, a la fecha no se ha constatado el cumplimiento de esos compromisos que implicarían un refuerzo de la asistencia alimentarias, la provisión de elementos de higienización y desinfección y otras medidas de emergencia para atender los reclamos urgentes del sector más vulnerable de la población trabajadora.



La jornada del día de hoy, tuvo como aditamento la participación de todas las organizaciones sociales, con la excepción de los grupos integrados al gobierno y al Estado, que conforman el denominado “Triunvirato San Cayetano”. Síntoma de que la crisis es de tal magnitud que ha colocado a la mayoría de las organizaciones ante la necesidad de actuar para obtener una respuesta del Estado, en momentos en los que el gobierno financia a las patronales por medio de subsidios millonarios como los ATP, y rescata a empresarios en quiebra, como es el caso de Vicentin.


Desde las organizaciones piqueteras señalan que el Ingreso Familiar de Emergencia no cumple el papel anunciado por el gobierno, ya que en lo que va de la cuarentena se percibió una sola vez, por la módica suma de $10.000 y de su cobro quedaron exceptuados millones de desocupados, inclusos quienes ya perciben un magro programa social de $8.500.


 





También denunciaron la situación crítica que se vivencia en las villas, asentamientos y barrios carenciados, donde han muerto varios compañeros y compañeras a causa del contagio de Covid-19 que se produce en zonas donde no hay acceso al agua potable, a servicios escánciales, políticas sanitarias ni atención médica suficiente. Es lo que ocurre en la Villa 31 y las villas de CABA, que ahora se ha extendido a los barrios carenciados del Conurbano bonaerense donde empieza a detectarse un salto en los contagios, mal contabilizados por la ausencia de testeos efectivos. Villa Azul es la muestra del destrato a los sectores más vulnerables, con el cierre del barrio, su militarización, escasa provisión de alimentos y aislamiento en condiciones deplorables en “Unidades Sanitarias” improvisadas de la noche a la mañana.


Las actividades en el interior del país también manifestaron la responsabilidad de los gobernadores y de las intendencias, desde donde se desoyen los reclamos populares y donde se actúa en contra de los intereses obreros y populares. Es lo que ha sucedido en las provincias de Tucumán y Chaco, que vienen de ser víctimas de la represión estatal; o en Santa Fe, donde la pasada jornada se ordenó la detención de todos los manifestantes.




La insostenibilidad de la situación ha llevado que unos días atrás, desde el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones, se desarrollara un masivo corte en el Puente La Noria, denunciando la situación de las barriadas obreras de Lomas de Zamora y preanunciando la jornada nacional de lucha del día de hoy.


La manifestación que se dio en el centro porteño avanzó hacia Av. de Mayo para dirigirse hacia Plaza de Mayo y luego a Desarrollo Social, donde concluyó. Los principales reclamos fueron el aumento de las partidas de alimentos y la provisión de kits sanitarios; el cobro del IFE para todos los desocupados y el aumento de estos montos; su regularización y la duplicación de los montos que se perciben por los programas sociales. Ahora se espera que el ministro Daniel Arroyo atienda los reclamos de las organizaciones piqueteras y las miles de familias obreras que padecen esta crisis.









 

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11/06/2020

Córdoba: la UNC refuerza sus compromisos con el Vaticano

El rector Juri pone recursos a disposición de la Universidad del Sentido inaugurada por el Papa.

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri, dio a conocer un convenio de “cooperación” celebrado con la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes por el cual la casa de estudios cordobesa le brindará soporte técnico por medio del Campus Virtual y recursos humanos para la formación de directivos a la Universidad del Sentido inaugurada por el Papa.


Esta decisión fue tomada de espaldas a la comunidad educativa, y refuerza los compromisos de la UNC con la Iglesia Católica, poniendo a su disposición recursos materiales y humanos cuando el advenimiento de la pandemia y las cursadas remotas plantean enormes problemas para estudiantes y docentes, como consecuencia del ahogo presupuestario en las universidades del país.


El desembarco en Argentina de esta red mundial de institutos comunicados por internet y digitada por el propio Jorge Bergoglio data del 2014, y desde entonces ha sido beneficiada con subsidios, tanto durante el kirchnerismo como con el macrismo. En 2016 el gobierno nacional le otorgó 16,6 millones de pesos a esta entidad para el sostenimiento de sus actividades.


La injerencia del clero en la UNC tampoco es una novedad. El vicerrector, Yanzi Ferreira, tiene vínculos con el Opus Dei, mientras que el Decano de la Facultad de Derecho, Barrera Buteler, es uno de los camaristas que apoyó el amparo del Portal de Belén que nos bloqueó durante años el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo en nuestra provincia. Este estrecho vínculo de las camarillas universitarias con la Iglesia repercute en la formación académica, como puso de manifiesto la denuncia que tomó estado público sobre una catedrática de Derecho que dicta clases con un manual obligatorio que promueve el odio al colectivo LGBTI y rechaza el matrimonio igualitario. Es la manifestación más cabal, pero no es la excepción de lo que pasa en el conjunto de las unidades académicas.


El propio Juri declaró que la Universidad del Sentido formará en valores para la vida, cuando esa institución está en una ofensiva contra la lucha por nuestros derechos, el dictado de la educación sexual integral y el aborto legal. Es necesario que el movimiento de mujeres y disidencias junto al movimiento estudiantil nos movilicemos para rechazar este convenio.


El acuerdo con el vaticano también es un refuerzo al plan anti educativo que el Rectorado viene impulsando desde los inicios de su gestión con la reforma académica, cuyo objetivo es degradar la formación y avanzar en carreras chatarra. De hecho, esta “universidad” virtual cuya sede principal se encontrará en el Vaticano no da títulos, sino que se rige por el mentado sistema de créditos que el rector de la UNC defendió en la reforma privatista que impulsó en 2016. El propio Juri colaboró con la elaboración del proyecto.


Reivindicando el carácter laico conquistado en la reforma del ’18, redoblemos la lucha para echar a la iglesia de la UNC, por la separación de las Iglesias del Estado, por ESI laica y científica y por todos nuestros derechos.



 

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11/06/2020

Melania Buero entrevista a Dolores Fonzi en Instagram Live

Hoy desde las 19.30h, por las cuentas @prensaobrera y @lolafonca

Esta tarde, en la segunda entrevista del ciclo lanzado por @prensaobrera, Melania Buero, actriz y parte de la agrupación Actuemos, entrevistará a su compañera de Actrices Argentinas Dolores Fonzi, @lolafonca.


Dolores Fonzi tuvo una destacada participación en la lucha por el aborto legal, convirtiéndose en referente y vocera de este reclamo. A partir de ella, fue parte de la experiencia de organización asamblearia de las actrices en el colectivo de Actrices Argentinas. Actrices Argentinas y sus referentes impulsaron importantes denuncias públicas asociadas a la violencia de género que sufren en el gremio, entre otros reclamos de las diversas formas de opresión por cuestiones de género. A su vez, se han solidarizado y acompañado una gran cantidad de reclamos sociales.



La entrevista será en vivo, por la cuenta de IG de @prensaobrera. Todes les participantes podrán dejar sus comentarios y preguntas para la entrevistada. Prensa Obrera continúa el ciclo iniciado el martes 9 con la entrevista a Sergio Maldonado . A seguir con atención que la próxima semana seguimos con nuevas entrevistas.


 


 

En esta nota

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11/06/2020

La reunión de delegados del Suteba Matanza votó apoyar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas del FIT

El día 4/6 se realizó la tercera reunión de delegados en formato virtual en donde participaron más de 100 delegados de escuelas del distrito. En la reunión se llevó adelante un nutrido debate alrededor de las condiciones de trabajo en la que nos encontramos el conjunto de la docencia y la necesidad de organizarnos . Se votó casi por unanimidad (solo tres votos celestes en contra ) apoyar el  proyecto de impuesto a las grandes fortunas que presentó el FIT en el Congreso.


El Suteba Matanza junto a las seccionales multicolores resolvieron, además, un plan de lucha con un paro y apagón virtual  para el viernes 12, colocando como ejes de reclamos la necesidad de convocar a actos públicos virtuales para cubrir los cargos faltante, No a la precarización educativa y sobrecarga laboral, por la universalización de los cupos de comedor y en defensa del IPS. En éste sentido, también se votó  participar de la jornada de lucha convocada por El Plenario del Sindicalismo Combativo a plaza de mayo el día  16 de junio con el conjunto de la clase trabajadora.


El proyecto del FIT  es parte de un programa de conjunto que necesitamos para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social. Una salida que debe comenzar por el no pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta, para que los recursos del país se destinen a atender la emergencia social y sanitaria.  El proyecto del FIT parte de la posibilidad de obtener 20.000 millones de dólares sobre la base de un impuesto extraordinario no solo a las grandes fortunas personales, sino al gran capital, la banca, a los terratenientes y a las mineras.


Éste importante apoyo al proyecto a la grandes fortunas del  FIT responde a una gran campaña que venimos llevando adelante Tribuna Docente a nivel provincial con cientos de firmas, sumado la adhesión de la asamblea docente de Ademys y  a las  mas de 500 firmas de artistas e intelectuales que ya apoyaron este proyecto.


Mientras que el Kirchnerismo  agita con un limitado proyecto a las grandes fortunas (que nunca vió la luz), el gobierno de Alberto Fernández discute la reestructuración de la deuda con total concesión al capital financiero.


El único proyecto presentado hasta el momento es el que presentaron Romina del Plá y Nicolás del Caño desde la banca del FIT.


Vamos por la sanción del proyecto del frente de Izquierda y de los Trabajadores , que establezca un verdadero impuesto a las grandes fortunas para que en medio de esta crisis sanitaria, económica y social sean volcadas en beneficio de los trabajadores.


Sumate a la campaña!



 

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11/06/2020

Televisión: ofensiva patronal contra el salario

A casi 80 días de iniciado el aislamiento social obligatorio la situación de los trabajadores y trabajadoras de televisión, tanto de las productoras y canales de aire como de las cableras, continua empeorando de la mano del atraso salarial, los despidos, las suspensiones, los sueldos en cuotas o directamente el contagio del Covid-19 ante la desidia patronal y la complicidad sindical que mira hacia otro lado.


Clasificada la actividad como esencial, los trabajadores y trabajadoras de televisión continuamos trabajando diariamente desde el inicio de la pandemia sin ningún tipo de protocolo de salud ni cobrando ningún plus adicional por prestar tareas en medio de la pandemia.


Con las paritarias vencidas en los dos sectores de la actividad y con una inflación interanual según el Indec del orden del 45,6 % a abril de 2020, el salario se sigue depreciando y ha llevado a una situación en donde prácticamente la totalidad de los salarios básicos de televisión se encuentran bajo la línea de pobreza calculada a abril de 2020 en 42.593 pesos.


Productoras y canales de aire


Actualmente, los trabajadores y trabajadoras nucleados bajo convenio ATA-Capit continúan sin el ajuste paritario que debía ser resuelto en marzo luego de que se firmara un primer aumento de un 14%. La estrategia de la directiva nacional de firmar solo una primera parte y dejar para más adelante negociar un segundo tramo resultó un rotundo fracaso y hoy estamos sufriendo las consecuencias. De septiembre de 2019 a abril de 2020 mientras que nuestro salario aumentó un 14% la canasta básica total lo hizo en un 22% (Datos Indec).


Mientras tanto, el avance patronal continúa con cientos de compañeros y compañeras que han perdido su ingreso producto del cese de actividades en algunas empresas que se vieron obligadas a detener sus producciones. En este caso, la pandemia ha descubierto la gran precarización que envuelve todo el circuito de producción audiovisual donde una parte cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras son “eventuales” o “freelance”.


Los compañeros y compañeras afectadas no solo han quedado con cero ingresos, en muchísimos casos también se les ha caído la obra social por falta de aportes y muchísimos no han accedido a la ayuda estatal por haber facturado en el mes de abril. Ante tal situación desesperante, la directiva nacional del sindicato dispuso una ayuda de $3.000 pesos para comprar comida solo a los afiliados y elevo una queja a la cámara empresaria en forma de repudio. Apenas un número reducido de compañeros pudo acceder a esta mísera suma.


Mientras tanto, otra gran cantidad de trabajadores y trabajadoras también han visto reducido sus ingresos pese a que la mayor parte las empresas recurrió a la ayuda estatal para abonar los sueldos a través del programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción (ATP). Sin embargo, solo abonaron un 50% de la totalidad de los salarios y en algunos casos adelantando a sus trabajadores dinero en carácter de préstamo.


Los comunicados de repudio por parte de la directiva nacional continúan sin que las patronales se les mueva un pelo. Por abajo, las bases mastican bronca y comienzan a debatir y organizarse, como es el caso de los trabajadores y trabajadoras de los móviles de fútbol, los eventuales o de las empresas audiovisuales que están reclamando por un subsidio de 30.000 pesos para los compañeros y compañeras de la actividad.


Las cableras


Por el lado de las cableras la situación no es mejor. El último tramo de la paritaria también está vencido y aun no se sabe qué se está negociando con la cámara empresaria.


El avance de la pandemia también dejó a los trabajadores y trabajadoras de cable en una situación de riesgo por el carácter de esencial que asumió nuestra actividad y porque debieron continuar sus tareas sin elementos de seguridad ni protocolo alguno de trabajo. No solo circulaban por la vía pública sino entrando a los hogares de los clientes.


Muchos compañeros se vieron contagiados y varias bases operativas enteras debieron ser puestas en cuarentena como ha sucedido con el depósito de Cablevisión en Lugano o las bases de Telecentro en Flores, Lomas del Mirador o Chacharita por citar algunos.


Párrafo aparte merece la entrega de la directiva nacional, que firmó un acta con Cablevisión a espaldas de los compañeros y compañeras en la que se obliga a los técnicos a entrar en los hogares de los clientes y que merece nuestro más enorme rechazo y que fuera denunciada oportunamente desde La Naranja.


La situación es peor para los trabajadores y trabajadoras de las empresas tercerizadas que son utilizadas por las grandes compañías y que prestan sus funciones en condiciones de insalubridad total, sin elementos de seguridad, sin protocolo alguno, fuera del convenio de la actividad y que fueron el back up de las grandes compañías para hacer frente al aumento de la demanda que tuvieron durante al pandemia.


Una vez más, los trabajadores y trabajadoras somos los que ponemos el cuerpo para que las empresas embolsen sus millones.


El teletrabajo


El inicio de la pandemia dio lugar a un crecimiento generalizado del teletrabajo que agravó aun más la situación que venimos describiendo, ya que además es ahora el trabajador quien debe asumir los costos del proceso productivo ya sea a través del pago de la energía eléctrica consumida o el teléfono o los datos, por citar algunos ejemplos.


A esto se le debe sumar, en muchos casos, una intensificación de los ritmos del trabajo cuando no el aumento de la jornada laboral que redunda en una mayor explotación de la fuerza de trabajo.


Frente a esta situación, los trabajadores y trabajadoras de televisión no solo debemos exigir el pago de un extra para solventar estos gastos sino también el derecho a la desconexión y el respeto de la jornada laboral convenida, urgente en estos tiempos de conectividad permanente y donde el virus altero los ritmos y formas del trabajo.


Salida


La situación del carácter vencido de nuestra paritaria, pese a su lado negativo, nos ha dejado ante la posibilidad de poder unificar nuevamente las paritarias de circuito cerrado y productoras y canales de aire. Semejante posibilidad no solo otorgaría un mayor poder de presión al gremio sino que avanzaría en recomponer el colectivo de trabajadores y trabajadoras de televisión cada vez más atomizado.


La lucha por el salario y por nuestra salud nos obliga a reagruparnos para poder llevar adelante consecuentemente nuestros reclamos. La directiva nacional del sindicato ha abdicado hace rato de luchar por nuestros derechos y lo confirma la cruda realidad que enfrentamos los trabajadores y trabajadoras de la actividad.


La necesidad de poner en pie un reagrupamiento antiburocrático que luche por la recuperación de nuestro gremio se plantea objetivamente y desde La Naranja militamos incansablemente para llevarlo adelante.


En momentos donde la clase capitalista intenta descargar la crisis sobre las espadas de los trabajadores y trabajadoras de la mano de despidos masivos, suspensiones, precarización y reforma laboral incluida, con la complicidad de toda la burocracia sindical y los partidos políticos patronales, el reagrupamiento de los trabajadores es elemental.


En ese sentido, desde la Naranja de Televisión en la Coordinadora Sindical Clasista–PO llamamos a los compañeros y compañeras de televisión a participar de la movilización que desde nuestras agrupaciones impulsamos dentro del Plenario Sindical Combativo a realizarse este 16 de junio al centro político en reclamo de todas nuestras exigencias y para que la crisis la paguen los capitalistas.


No al ingreso en los domicilios a menos que sean tareas esenciales. Defensa de los convenios 131/75 y 223/75. Pase a planta de los “contratados” bajo Convenio Colectivo de Trabajo 131/75 y JD. Sostenimiento de la cobertura de salud para todos los compañeros y compañeras. Apertura de los libros de las empresas, canales o productoras que declaren estar en crisis o pretendan despedir o rebajar los salarios (exijamos que se cumpla el artículo 8 del DNU 297/2020). ¡No a la rebaja salarial! ¡No al pago en cuotas! Defendamos el poder adquisitivo del salario: apertura de la paritaria y, hasta que esto no suceda, ajuste automático del mismo por la inflación del Indec.


Por la organización independiente de los trabajadores.




 

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11/06/2020

El FIT presenta su propio proyecto: expropiación de Vicentin sin pago y bajo control de los trabajadores

Los diputados Romina Del Plá (Partido Obrero) y Nicolás Del Caño (PTS) presentaron hoy su propio proyecto de ley de expropiación de los activos de la empresa Vicentin S.A.I.C y Vicentin Family Group, de todas las compañías dependientes del holding y su estatización bajo control y gestión de los trabajadores.


El proyecto plantea la expropiación sin indemnización y establece una férrea defensa de la continuidad laboral y el cobro integral de los salarios para el total de los trabajadores, así como la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo. Dispone asimismo la apertura de los libros contables de la empresa, “para verificar las maniobras delictivas que se realizaron contra el pueblo de la Nación” y la creación de una Comisión investigadora –electa por los trabajadores- para inventariar la totalidad de los bienes y contribuir a la investigación sobre todos los ilícitos y maniobras fraudulentas comprometidos.


La estatización bajo control obrero no alcanza a los pasivos (que serían un rescate de la deuda empresaria), pero dispone un plan de devolución de la deuda contraída con la masa de productores agropecuarios que aún continúa impaga. Finalmente, inhibe y declara sujetos a embargo los bienes y fortunas personales de los accionistas para que dichos recursos se destinen al resarcimiento al fisco nacional, provincial y local y la banca pública por el dinero sustraído y las deudas contraídas con éstos.


Romina Del Plá, primera firmante y autora del proyecto, declaró: “No se conoce aún el proyecto oficialista, pero los anuncios realizados hasta el momento nos alertan sobre la posibilidad de un rescate encubierto de los defaulteadores, como ya vimos que ocurrió con Repsol (indemnizada por U$S 5.000 millones). Por lo pronto, trascendió que el gobierno argentino le habría propuesto a los fondos de inversión entregar un bono atado a las exportaciones agrícolas –que sería el telón de fondo de la medida, para que los ingresos y los dólares de la explotación de los activos del grupo Vicentin, vayan a pagar la deuda y no a promover un desarrollo independiente ni tampoco a la satisfacción de las necesidades populares”.


“En contraposición, desde nuestras bancas luchamos por recuperar el complejo agroexportador de las manos de las empresas parasitarias que defraudan y depredan los recursos humanos y naturales. Reclamamos que el Congreso trate este proyecto de ley y lo ponemos a disposición para debate de las asambleas obreras, cuya organización es el corazón de nuestro planteo de salida a la crisis abierta en Vincentin y en tantas empresas del país”.


Proyecto de ley


ARTÍCULO 1º Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los activos de la empresa VICENTIN S.A.I.C y VICENTIN FAMILY GROUP.


ARTÍCULO 2: Esta expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de este holding..


ARTÍCULO 3: Se prohíben los despidos y suspensiones de todo el personal, cualquiera sea su modalidad de contratación, que desempeña actividades laborales bajo la órbita de VICENTIN SAIC, VICENTIN FAMILY GROUP y firmas dependientes de ambos grupos societarios. Quedan expresamente garantizados los puestos de trabajo, salarios integrales sin mengua alguna y condiciones laborales de los Convenios Colectivos de Trabajo, de la totalidad de los trabajadores y empleados de las firmas mencionadas.


ARTÍCULO 4: La administración y explotación de los activos de las empresas expropiadas, en todas sus diversificaciones, quedará a cargo del Estado Nacional y su operatoria estará bajo la gestión directa de sus trabajadores. Su directores y gerentes no podrán percibir un salario mayor al máximo establecido en el convenio de los trabajadores aceiteros. La nueva administración, elegida en forma democrática por los trabajadores establecerá un plan de devolución de la deuda contraída por el grupo empresario expropiado con la masa de productores agropecuarios que aún continúa impaga, al igual que eventuales deudas que existieren sobre las cargas sociales de los trabajadores.


ARTÍCULO 5: Se dispone la eliminación del secreto bancario y la apertura de los libros de contabilidad de la empresa, bajo el control de los trabajadores, para verificar las eventuales maniobras delictivas contables o crediticias que se habrían realizado contra el pueblo de la Nación


ARTÍCULO 6: Se constituirá una Comisión Investigadora, integrada por trabajadores y electa por el voto directo de sus pares, quienes designarán a los profesionales y técnicos de su confianza para inventariar la totalidad de los bienes de la empresa, plantas industriales, puertos, sociedades de servicios y sociedades vinculadas de todo orden. Al mismo tiempo realizarán todas las acciones necesarias para contribuir a la investigación penal de los presuntos ilícitos que habrían realizado los directivos de las empresas mencionadas en el artículo 3 de la presente ley, así como también los funcionarios que habrían avalado este vaciamiento. Esta investigación de ilícitos y maniobras fraudulentas, varias de ellas ya denunciadas por el Directorio del Banco Nación deberá abarcar todas las maniobras de tipo financieras realizadas que condujeron a la quiebra fraudulenta de las empresas, como así también a toda operatoria fuera de la ley que se hubiera concretado mediante sociedades radicadas en el exterior para burlar la legislación nacional que rige exportaciones e importaciones. La Comisión Investigadora tendrá acceso irrestricto a toda la documentación pertinente tanto de los bancos y financieras involucradas como de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe y las instituciones u organismos que correspondiere.


ARTÍCULO 7: Por el presente artículo quedan inhibidos y sujetos a embargo la totalidad de los bienes y fortunas personales de los accionistas de los grupos empresarios comprendidos en esta ley radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden. Sobre ellos se realizará un relevamiento y con dichos recursos se creará un fondo especial destinado al resarcimiento al Estado nacional, el fisco nacional, provincial y local y la banca pública debido al dinero sustraído y las deudas contraídas con éstos por parte del grupo empresario.


ARTÍCULO 8: De forma.


FUNDAMENTOS


Sr. Presidente:


La crisis por el default de Vicentin ha llegado a su punto más alto, comprometiendo miles de puestos de trabajo vinculados a la agroexportadora y el propio patrimonio de la empresa.


La intervención anunciada por el gobierno de Alberto Fernández, quien personalmente comunicó que se enviará un proyecto de ley al Congreso declarando a la empresa concursada de utilidad pública y sujeta a expropiación, no fue clara en torno a la preservación de los puestos de trabajo de los 7.000 trabajadores que dependen de la propia Vicentin. Tampoco se conoce aún la “letra chica” del proyecto en cuestión, sino que por ahora lo que tenemos es un interventor designado, Gabriel Delgado, y que la empresa pasa a depender de YPF S.A., mediante YPF Agro.


La quiebra de Vicentin se trata del mayor default privado desde 2001. Del default de un pago de U$S 350 millones en diciembre, pasó a una convocatoria de acreedores en febrero, luego de que fracasara el acuerdo preventivo extrajudicial que había propuesto (pagar el 30% de la deuda ahora y el resto en 2027) que los acreedores calificaron de “irrisorio” – con una deuda estimada en U$S 1.350 millones de dólares. De ellos, $18.000 millones fueron contraídos con el Banco Nación en un caso absolutamente escandaloso de “capitalismo de amigos” bajo la gestión de González Fraga durante el gobierno de Macri, lo que ha dado origen a un voluminoso expediente judicial. El grupo Vicentin fue el principal aportante de la última campaña presidencial de Mauricio Macri, y, pese a que estaba demostrado que no se iban a poder pagar, estas maniobras crediticias se realizaron después de las elecciones primarias de agosto de 2019 cuyo resultado auguraba el fin de ese gobierno.


En los últimos tiempos el apalancamiento mediante la toma de deudas le permitió a Vicentin expandirse tremendamente: “posee, junto con Glencore, Renova, la fábrica de aceite más moderna y eficiente del mundo, el frigorífico Feriar, Algodón Avellaneda, Arsa, que maneja los yogures y postres que le compró a Sancor, además de oleagionosa San Lorenzo. Es dueña del Puerto Público de Rosario (…) bodegas (…) Y hasta tiene Renopack, una planta de envases para los aceites que elaboran desde Molinos (…) a Marolio” (Clarín, febrero de 2020). La diversificación llegó a la industria del cine, con una productora que realizó la película “El padre Jorge” (12/02). Contabiliza además sociedades en Paraguay, Brasil y España.


Vicentin comparte con la empresa suiza Glencore la propiedad de la citada Renova, que posee plantas de biodiesel y glicerina en San Lorenzo y molienda de soja en Timbúes. Renova es propiedad de Vicentin Family Groupe, una sociedad separada de Vicentin S.A.I.C. que acaba de ser intervenida por el gobierno de Fernández. Glencore ya es dueña del 66% de Renova y quería el otro tercio hasta que se declaró la pandemia y cambiaron las cosas. Por un lado EE.UU. cerró definitivamente la importación de biodiesel con aranceles proteccionistas estrafalarios y por otro lado cambió el mercado mundial. Todo indica que la intervención no abarca al conjunto del grupo y sus propiedades.


La facturación anual de este verdadero pulpo fue calculada en 4 mil millones de dólares, en tanto que el holding se divide en dos sociedades distintas, Vicentin Family Group y Vicentin SAIC.


Junto con la toma de deuda bancaria, Vicentin amasó su fortuna especulando con la compra venta de granos. Por un lado, bajo el mecanismo “precios a fijar”, por el cual “el productor por intermedio del corredor de granos entrega la mercadería y resuelve toda la operación pero sin cerrar el precio. La empresa recibe el grano, lo procesa, lo exporta, incluso lo cobra y recién luego lo paga al productor” (Letra P, 6/12/19). Es precisamente este último eslabón el que estalla sistemáticamente, las empresas “trabajan” el dinero financieramente antes de pagar, el problema llega cuando hay que fijar el precio y pagar en un país con megadevaluaciones y serios problemas financieros. Antes que Vicentin, habían defaulteado varias corredoras de granos importantes, como BLD. Por la cesación de pagos del pulpo, unos 2 mil productores directos quedaron meses sin cobrar.


El otro negociado de Vicentin consistía en blanquear soja, es decir, compraba porotos “en negro” o no declarados ante el fisco a menor valor. Según denuncian especialistas, una de sus principales proveedoras era Las Pircas SA, sobre cuyas autoridades radica un pedido de detención por evasión fiscal multimillonaria. El tema fue resuelto por la empresa evadiendo a su vez a la justicia: movieron su sede comercial de la provincia de Santa Fe a Chaco, donde tienen amañado al fiscal (PuntoBiz, 12/2014).


A la luz de esto, es imposible que alguien entienda cómo puede quebrar una empresa que resultó la cuarta mayor exportadora del país en 2018/2019, años durante los cuales liquidó 8,4 millones de toneladas de granos y en 2019 su cerealera exportó 2,6 millones de toneladas de granos, 5,9 millones de toneladas de subproductos y 1,4 millones de toneladas de aceites. Ocupó el cuarto lugar en el ranking general y primera en subproductos y aceites.


Entre la información anunciada por Fernández, Kulfas y la senadora Sagasti, se habló de la formación de un Fondo Fiduciario que gerenciará el departamento Agro de YPF. El modelo de “recuperación de la soberanía a lo YPF” ya lo conocemos: se trata de una sociedad “mixta”, que opera y cotiza en la bolsa de Nueva York y por lo tanto sujeta a sus normas y controles.


Lo explicitado y esbozado hasta el momento desde el Poder Ejecutivo, está inscripto según se ha informado en un plan de “incentivos” a la producción y exportación de alimentos. Otra definición destinada al “mercado” y a ubicar la maniobra como un verdadero rescate, cuyo final puede ser una reprivatización o una indemnización en el marco de asumir el pasivo descomunal de deuda con los bancos que serían los acreedores de unos U$S 1.000 millones y el resto con sociedad comerciales y productores privados.


Como ya señalamos, mucho menos precisiones conocemos respecto a la situación de los trabajadores. Los obreros aceiteros están trabajando de forma desigual según las plantas, en algunos casos con guardias mínimas, con una producción en algunas plantas reducida al 30/40% y el 3 de junio pasado recibieron según se informaron en el Ministerio de Trabajo una oferta de rebaja del 30%. La cuestión de continuidad incondicional de los puestos de trabajo, el respeto al convenio y el pago integral de salarios y de la paritaria firmada por Aceiteros aparece en el centro de la escena.


Las medidas anunciadas por el gobierno no aseguran ni la continuidad incondicional, ni las garantías a los trabajadores, ni el cobro de las deudas a las fortunas de todo el grupo. El plan anunciado puede terminar en un jugoso negocio como el que hizo Repsol (indemnizada por U$S 5.000 millones que se estiraron hasta casi el doble después de vaciar las reservas petroleras y dejar un pasivo indeterminado), pagando a los vaciadores. Por otro lado, sometiendo a una superexplotación de los trabajadores para pagar las deudas a los bancos y proveedores.


Lo anunciado está en las antípodas de una nacionalización al servicio del país y de los trabajadores. No se nos puede escapar que el proyecto que propone el Poder Ejecutivo tiene lugar en momentos en que el gobierno nacional está a punto de cerrar un acuerdo con los bonistas que han contraído deuda argentina bajo legislación extranjera, en las que se les reconoce prácticamente el 100 % del valor nominal de la deuda. En la misma línea, está en marcha una reestructuración general del resto de la deuda mientras persiste la fuga de capitales y las corridas cambiarias. En este contexto, los ingresos y los dólares que entren como resultado de la explotación de de los activos del grupo económico, irán a pagar la deuda y no a promover un desarrollo independiente ni tampoco a la satisfacción de las necesidades populares


Es necesario, por el contrario, recuperar el complejo agroexportador de las manos de las empresas parasitarias que defraudan y depredan los recursos humanos y naturales, y ponerlo verdaderamente al servicio de las mayorías que viven de su trabajo.


La exigencia de la apertura de los libros y del control de las operaciones debe convertirse en una plataforma para los trabajadores de toda la industria aceitera, y un punto de apoyo para un programa de reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales: la expropiación sin pago de todo el complejo exportador cerealero y de los puertos privados; el monopolio estatal del comercio exterior y la formación de una empresa única de comercio exterior bajo control obrero; el desconocimiento de la deuda usuraria y la nacionalización de la banca.


El Frente de Izquierda ha planteado desde el primer momento, en diciembre, la expropiación sin indemnización de todo el grupo y de las fortunas personales de las familias Padoán-Nardelli, sus dueños. Este Proyecto de Ley por lo tanto plasma este planteo, disponiendo el no pago a los defaulteadores y por el contrario, un resarcimiento del dinero sustraído al Estado por parte de este grupo empresarial. La defensa incondicional de los puestos de trabajos y las garantías salariales son otro punto fundamental que defendemos en esta ley. Y se dispone la apertura de las cuentas (libros contables) al control de los trabajadores, así como la gestión de la producción a pleno y bajo convenio colectivo bajo gestión de los propios trabajadores de la empresa estatizada.


Ofrecemos este Proyecto de ley para debate de las asambleas obreras, cuya organización es el corazón de nuestro planteo de salida a la crisis abierta en Vincentin.


Por estos motivos, solicitamos a los y las legisladores nacionales la aprobación de este Proyecto de Ley.




 

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11/06/2020 | 1597

16 de junio: jornada nacional de lucha

Sin salario, trabajo, salud y alimentos no hay cuarentena

La intervención temporaria de Vicentin cumple la función de rescatar las deudas del vaciado grupo económico, pero también de ocultar la realidad que sufren los trabajadores del país.


El gobierno posa de audaz defensor de la soberanía, cuando los acreedores de la deuda externa le están arrancando concesiones millonarias en la mesa de negociación.


Mientras el impuesto a las grandes fortunas se envió al cajón, el Ejecutivo envió un proyecto de ley de suspensión de la movilidad

jubilatoria por un año entero. Este año, los jubilados ya perdieron la mitad de la movilidad que les hubiera correspondido según la última fórmula.


En tanto, se prorroga el acuerdo UIA-CGT-gobierno para seguir con las suspensiones con rebaja de salarios, violando la legislación laboral a decretazo limpio.


Con la burocracia sindical adicta, aprovechando la cuarentena para jugar incluso más abiertamente su rol de auxiliar de los patrones.


Ya se han producido 150 mil despidos y se pronostica que la cifra pueda triplicarse o quintuplicarse en el año. Los precios de alimentos suben violentamente, muy por encima del promedio de inflación.


El gobierno sigue retaceando alimentos para los comedores populares. La segunda cuota de la IFE es un monto miserable y siguen quedando millones afuera.


Es en este cuadro que se torna tan importante la convocatoria resuelta por el Plenario del Sindicalismo Combativo, a marchar por los reclamos obreros a la Plaza de Mayo y a todas las plazas del país.


Las patronales y los gobiernos no han esperado el fin de la cuarentena para avanzar contra los derechos de los trabajadores ocupados, desocupados, precarizados y jubilados.


Una movilización central, que unifique las luchas en curso, nos permite hacer escuchar nuestra voz.


Allí estarán los docentes combativos de todo el país. Estarán las luchas del momento, como el frigorífico Penta, La Nirva o los mineros de Andacollo. Los luchadores del Polo Obrero y el frente piquetero. Los jubilados que se organizan en la combativa Córdoba.


En cada provincia se realizan reuniones preparatorias para extender la jornada de lucha.


Llevemos la convocatoria a cada lugar de trabajo, para irrumpir con los reclamos de nuestra clase trabajadora en el escenario nacional.

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11/06/2020 | 1597

¿Expropian a Vicentin para pagar la deuda?

La agencia Bloomberg acaba de brindar una información importante que permite analizar las razones que llevaron al gobierno a decidir la intervención de Vicentin y mandar al Congreso un proyecto de expropiación. Según Bloomberg (Infobae, 9/6) el gobierno argentino ha propuesto a los fondos de inversión entregar un bono atado a las exportaciones agrícolas. Este “endulzante” permitiría cerrar la brecha que aún separa a la propuesta presentada por Guzmán de las pretensiones de los principales acreedores del país. De acuerdo con los cálculos realizados por la propia agencia, con este bono atado a las exportaciones agrícolas, la quita de capital -que ya era muy reducida en la propuesta original presentada por el gobierno- quedaría virtualmente eliminada. Además, se reduciría el período de gracia a 2021, por lo cual el gobierno actual deberá asumir el pago de la deuda a partir del próximo año. Así las cosas, la reestructuración de la deuda terminaría en un gran triunfo de los fondos de inversión y en un arrugue completo del gobierno de los Fernández.


La idea de emitir un bono atado a las exportaciones agropecuarias surgió luego de que los BlackRock y compañía rechazaran recibir uno atado al crecimiento del PBI. Los fondos de inversión dijeron que Argentina, en el pasado, ha manipulado varias veces las estadísticas de crecimiento para alterar el pago de dicho cupón. Para superar ese rechazo, el gobierno argentino habría propuesto que las estadísticas de crecimiento sean controladas por el FMI pero, sin embargo, no lograron convencer a los acreedores. El PBI es un flujo que puede alterarse de diversos modos, por ejemplo, modificando el tipo de cambio. En cambio, las exportaciones, al medirse en la misma moneda que se realizan efectivamente las operaciones comerciales, ofrecen estadísticas más confiables.


Para los acreedores internacionales recibir un bono atado a las exportaciones agrícolas implica un triunfo enorme. Significa hacerse del control de lo que en la actualidad representa casi la única fuente de ingreso de divisas que tiene el país. Esto es así, sobre todo, luego del derrumbe del precio del petróleo, que ha sacado a Vaca Muerta de juego. Recordemos que los Fernández se habían esperanzado en que la explotación de Vaca Muerta iba a permitir superar la estructural falta de dólares que tiene el país y poder pagar la deuda por esa vía. Nada de esto sucedió.


Resumiendo, para hacer frente a los pagos de deuda, el gobierno necesita echar mano directamente a las exportaciones agropecuarias. La intervención de Vicentin es un paso en esa dirección. Es sabido que esta empresa venía desviando las exportaciones de sus plantas de Santa Fe por Paraguay, con el propósito de evitar el pago de impuestos y hacerse directamente de las divisas. Ahora, mediante la intervención, el gobierno pretende hacerse de esa fuente de dólares para poder hacer frente al pago de la deuda. Así sucedió también en el pasado, cuando el gobierno de Cristina Kirchner chocó con el capital agrario, para hacerse de los dólares para pagar la deuda y subsidiar a sectores del propio capital.


En la conferencia de prensa, el gobierno habló de que Vicentin podría ser usada como “empresa testigo” para poder intervenir en el mercado de granos y sus derivados, forzando a que se realicen exportaciones que están frenadas a la espera de una nueva devaluación. En comparación con el mismo período del año pasado, dichas exportaciones cayeron un 29%. Para ello, el único recurso que tiene una empresa aislada para lograrlo es ofrecer a los productores un precio superior de compra que el resto de las exportadoras. Sin embargo, una medida así implicaría reducir el margen de beneficio de la propia empresa y, por otro lado, incrementar el costo interno de los alimentos que se consumen dentro del país. O sea, todo lo contrario de “defender la mesa de los argentinos”.


Como se ve, las alusiones a la “soberanía alimentaria” son un engañapichanga para entretener a la platea. Los intereses que mueven al gobierno están dictados por un creciente sometimiento a los dictados de los acreedores internacionales. Entre ellos, a los acreedores internacionales de la propia Vicentin, que acaban de emitir un comunicado saludando la intervención, porque ven en ella la garantía de pago que no le ofrecía la empresa, que estaba en concurso de acreedores. Entre estos se destacan el Banco Mundial, el francés Credit Agricole y el ING de Tokio.


Para que la intervención y expropiación de Vicentin sea una medida progresiva requiere que forme parte de una política opuesta a la del gobierno de los Fernández. En primer lugar, que esa expropiación sea sin indemnización alguna a los bancos acreedores. Segundo, que sea parte de un plan económico de los trabajadores que parta de desconocer la deuda usuraria, nacionalizar la banca y el comercio exterior y todo el complejo agroindustrial para utilizar esos recursos como parte de un plan de desarrollo nacional. Con estos planteos, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda presentarán su propio proyecto en el Congreso, para confrontar con el gobierno y la oposición derechista.

 

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11/06/2020 | 1597

Avanza la campaña por el impuesto a las grandes fortunas

Avanza la campaña por el proyecto del Frente de Izquierda, que establece un gravamen progresivo a las grandes rentas, fortunas y a toda la clase capitalista, que podría recaudar más de 15.000 millones de dólares. 


La asamblea de Ademys, de los docentes de Capital, se pronunció por el proyecto, lo mismo que el plenario de delegados del Suteba Matanza, con 113 votos a favor y tres en contra. En ambos casos, el planteo va unido a la adhesión militante a la movilización del 16, del Plenario Sindical Combativo. 


Por otro lado, progresa la campaña en la base de diferentes gremios, con 1.500 adhesiones de delegados y activistas del movimiento obrero de todo el país. Entre los gráficos, por ejemplo, en Morvillo, el proyecto gana importantes adhesiones. En el Sutna (Neumáticos), el pronunciamiento del secretario general, Alejandro Crespo, se suma al de otros importantes directivos del sindicato.


Entre los trabajadores de la salud de la Capital, el proyecto circula con numerosos compañeros que difunden el pronunciamiento, asociando la lucha por la defensa de la salud pública y las condiciones de trabajo a la campaña por un impuesto a las grandes fortunas que afecte a los grupos que, a decir de un compañero: “hicieron su fortuna mediante los fraudes y el trabajo esclavo”. 


En Neuquén, además de importantes pronunciamientos docentes de Aten, avanza el debate con petroleros y mineros. En Entre Ríos avanza con empuje la campaña entre docentes de Agmer. 


Entre la juventud comenzó una campaña que abarca a centros de estudiantes terciarios y universitarios y pronunciamientos de numerosos estudiantes. 


En Salta avanza, además, el proyecto presentado por Claudio del Plá en la Legislatura provincial. En el Chaco, una provincia con pico de contagios y condiciones sociales explosivas, la Cámara de Diputados se sigue negando a tratar el proyecto provincial presentado por Aurelio Díaz, del Partido Obrero. 


Con la movilización del 16, el Plenario Sindical Combativo ganará la calle por todos los reclamos del movimiento obrero. La campaña por el impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, por el impuesto presentado por el FIT-Unidad, asociado al no pago de la deuda y a una reorganización económica en favor de los trabajadores, es una vía para obtener los recursos necesarios para defender la salud, las fuentes de trabajo y los salarios para que la crisis la paguen los capitalistas. 




 

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11/06/2020 | 1597

EDITORIAL La función política del rescate (de los acreedores) de Vicentin

Oponemos la estatización sin pago bajo control obrero, como parte de un plan económico de los trabajadores

Pocos días como éstos han servido para retratar el carácter de “bonapartismo en tiempos de default”, como definió tempranamente Prensa Obrera al gobierno de Alberto y Cristina Fernández. La impactante intervención a la quebrada Vicentin es ella misma una viva expresión de ello, además de su función política en el conjunto de la política que improvisa el gobierno.


Una ayuda para comprenderlo nos la da el comunicado del Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales de la firma agroexportadora por unos 500 millones de dólares que expresa “disposición al diálogo constructivo con las autoridades para discutir la regularización de la deuda… que contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía” (Ambito, 9/6). 


La intervención y posterior expropiación del conjunto del paquete accionario de Vincentin SAIC significa que el Estado se hace cargo del pasivo total de la convocatoria de acreedores, unos 1.400 millones de dólares que pasan a engrosar el endeudamiento público argentino, mientras se proclama el carácter impagable de ese endeudamiento. En tanto, la expropiación será onerosa, como lo fue la de YPF, y por lo tanto estará sujeta al largo proceso judicial que ya mismo comienza, donde las familias Padoán-Nardelli cumplirán el papel de Repsol, que se alzó con un botín al cabo de pocos años, de la mano de Kicillof.


El argumento “nacional y popular” de la “soberanía alimentaria” no ha podido ser explicado en los largos reportajes defensivos de un Alberto Fernández empeñado en explicar que es un rescate de tipo excepcional. De qué hablan Sagasti, Kulfas y Fernández no se sabe, porque Argentina produce alimentos para centenares de millones de personas, pero su problema es la falta de soberanía popular sobre las fuerzas productivas de esos alimentos y de su distribución. De tal suerte que el hambre ha golpeado a la puerta de por lo menos 12 millones de personas anotadas para cobrar la miserable IFE.


En cuanto a la intervención en el mercado de granos con una “firma testigo”, que algunos delirantes compararon con una Junta Nacional de Granos, no parece mover el amperímetro de un negocio agroexportador y de biodiesel donde operan unas 35 empresas. Por otro lado, si se pretende un precio sostén como los que garantizaba la Junta de Granos, entonces estaríamos ante una política de encarecimiento aún mayor de los alimentos, cuyos precios siguen por el ascensor. Respecto de la exportación de granos, aceites y biodiesel, Vicentin abarca apenas un 9% de la exportación dominada por Dreyfus, Bunge, Cargill, ADM Agro y otros pulpos internacionales, aunque haya estado en el sexto lugar en 2018 y en el cuarto en 2019, antes de su derrumbe en 2020.


Lo mismo vale para el ingreso de divisas, porque aunque se usara Vicentin para mostrar las maniobras fraudulentas de triangulación y subfacturación de exportaciones, algo que ya está en manos del Banco Nación y la Justicia en este caso, no significa que se termine con esa práctica por parte del resto, tampoco con la retención de dólares de exportaciones, como tampoco con los silo bolsas que se usan para forzar devaluaciones contra el pueblo argentino. No tiene Vicentin esa capacidad aunque se avanzara en su estatización que, como veremos, no es tal.


El gobierno anunció la formación de un Fondo Fiduciario que estará gerenciado por YPF Agro. O sea que no es una empresa del Estado, tampoco una sociedad de Estado de carácter público, como Trenes Argentinos que opera con privados asociados, sino que sería un híbrido capitalista bajo gerenciamiento de una sociedad anónima que opera en la Bolsa de Nueva York bajo sus normas y contraloría, como es YPF SA de mayoría accionaria estatal.


La intervención es por 60 días, habrá que examinar la ley de expropiación cómo es, pero ya podemos ver dos cosas muy importantes. Primero que solo se estaría expropiando la parte del grupo que está en la convocatoria y no la llamada Vicentín Family Group, donde Vicentin está asociado con la suiza Glencore. Entonces podrían quedar afuera de las medidas del gobierno importantes frigoríficos como Friar, partícipe del exclusivo club de la cuota Hilton; la Algodonera Avellaneda con plantas en tres provincias o la bodega Vicentin Family Wines de vinos de media y alta gama. 


El otro tema que está en las posibilidades es que se llegue a un acuerdo con Glencore como socia, de tal suerte que pase a jugar el rol de George Soros y los demás fondos de inversión y accionistas privados de YPF SA. Una variante que revela Ambito Financiero.


Como se puede apreciar, estamos lejos de una nacionalización que empieza un rumbo estatista, como agita la derecha y la Sociedad Rural. El propio frente patronal se ha dividido con un explícito apoyo de José Urtubey, de la Unión Industrial, la celebración de la Federación Agraria y un apoyo más condicionado de Coninagro.


La función política


Hasta aquí hemos visto el carácter mismo de las medidas respecto de Vicentin. Pero el volantazo nac&pop tiene un parecido importante con la crisis de la 125. No está opuesto al objetivo central del gobierno en lo económico, que es el rescate de la deuda que se negocia ya febrilmente en el último tramo de la reestructuración. Todo lo contrario, está al servicio de la reestructuración, aún para el caso de las vidriosas aspiraciones de mejorar el ingreso de divisas.


Pero la cosa va más allá. Varios medios han confirmado lo de la agencia financiera internacional Bloomberg, publicado anoche. En la mesa de negociación del canje, donde Argentina prepara la tercera propuesta, cediendo cada día algo más, habría sido rechazada la oferta de cupones de crecimiento del PBI con la que tan bien les fue a los acreedores del canje de Lavagna. En su lugar se estaría discutiendo un bono ligado a las exportaciones agrarias. Léase bien esto. Se trata de colocar al arbitrio del capital financiero internacional, justamente la joya que le queda al capitalismo argentino, que son sus exportaciones agropecuarias, desde luego con su bagaje de primarización, de paraíso de los agrotóxicos y los negocios de Monsanto, de trabajo en negro y superexplotación del obrero rural, de puertos privados y hasta contrabandos, de dólares que quedan en el exterior mediante maniobras de distinto tipo, de eternos conspiradores devaluacionistas, como están operando ahora mismo.


Un bono de este tipo haría de la reestructuración argentina un verdadero modelo colonial de garantía de apropiación de riquezas del suelo del tipo del endeudamiento contra las reservas petroleras. En ese sentido, la injerencia de YPF Agro no es menor, porque ese departamento de YPF actúa precisamente canjeando gasoil por semillas. 


Una primera función política del rescate de Vicentin quebrada es, entonces, hacer pasar una monumental entrega que se prepara cediendo a toda la extorsión del capital y las potencias internacionales en la reestructuración de deuda. Felipe Solá acaba de agradecer “el apoyo norteamericano” y del FMI a la propuesta argentina. Sin pudor, mientras el mundo se estremece y se moviliza ante las movilizaciones antirracistas del pueblo trabajador norteamericano, que no merecieron una sola palabra de apoyo del gobierno argentino. Se estaría achicando el plazo de gracia, diseñando un bono por los intereses devengados en ese plazo, reduciendo o eliminando la quita de capital, aumentando los intereses y acortando los vencimientos de los bonos de canje.


Nada gratis para los trabajadores


Mientras se agita la maniobra de rescate de Vicentin y sus acreedores como una herramienta nacional y popular, llega al Congreso el proyecto de ley de suspensión de la movilidad jubilatoria hasta el año que viene (que, desde luego, rechazaremos impulsando una movilización de trabajadores y jubilados contra él). Se prorroga por 60 días el pacto UIA-CGT-gobierno para seguir con las suspensiones con rebaja de salarios y para hacerlo posible se prepara un decretazo contra la ley de Contrato de Trabajo que fija en 75 días el plazo máximo de las suspensiones por fuerza mayor. Se decretó, para este junio, una reducción a la mitad de la movilidad jubilatoria. Se han producido 150 mil despidos en el primer semestre y ante la depresión económica se pronostican entre 400 y 800 mil para todo el año, transformando en papel mojado los decretos de prohibición y doble indemnización. Los precios de los alimentos debutaron, el lunes 8 de junio en los hipermercados, con aumentos de hasta el 15%.


Claro, la montaña de emisión monetaria ha ido en parte a la especulación con el dólar metiendo presión sobre los precios, especialmente de los alimentos. Aunque esa emisión no ha sido tanto para enfrentar la pandemia como para sostener el pago de la deuda en pesos que no se refinancia y que solo en junio tiene vencimientos por otros 350 mil millones de pesos. Esta situación será explosiva a medida que se habilitan actividades económicas en todo el país, aunque sea en el marco de aguda recesión. La inflación esperada para el caso de que se evite una hiperinflación, no baja de 40%, cuando en el primer semestre apenas pasaría del 10%.


Discutamos una salida de los trabajadores


Esto hay que darlo vuelta como una media. Los propios trabajadores de Vicentin tienen que exigir continuidad incondicional de salarios sin las rebajas y suspensiones que vienen sufriendo, el otorgamiento de sus aumentos paritarios, como el previsto en Aceiteros y de las condiciones de convenio. No acordamos con el reclamo de la Federación de Aceiteros de un lugar en el Directorio (¿del fideicomiso?), se trata de una política largamente fracasada. El movimiento obrero debería contribuir planteando la estatización sin indemnización alguna de los activos de todas las compañías y grupos, propios y asociados de Vicentin, sean parte del concurso de acreedores o no, abriendo los libros de las compañías al control obrero y comenzando una gestión de los trabajadores del grupo. No es la política de las burocracias sindicales en todas sus alas, incluido Aceiteros, absorbidas por la movida oficial. Esta política será parte de los planteamientos del Plenario Sindical Combativo que se moviliza el 16 próximo en todo el país.


Una estatización de este tipo debería estar acompañada del control por parte del Estado del comercio exterior y una banca pública única que verdaderamente sirvan para terminar con las maniobras devaluacionistas y la fuga de capitales, así como extender una verdadera soberanía a la nacionalización de los hidrocarburos y compañías energéticas.


Al servicio de esta lucha política, Romina Del Plá es cabecera de un proyecto del Frente de Izquierda que opondremos en Diputados a la estatización trucha del gobierno de los Fernández. El mismo papel cumple el proyecto de impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas y el no pago de la deuda, que ya reúne miles de firmas de apoyo entre activistas del movimiento sindical, de la cultura, de los jubilados y del movimiento estudiantil.


El 16, todos, desde cada lugar del país, en la calle o en la movida virtual, participemos de la jornada nacional de lucha del Plenario Sindical Combativo.





 

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11/06/2020 | 1597

Protocolo obrero en el Sutna y paro de 24 horas

Luego de un mes de que, por decreto presidencial, la producción de neumáticos en la Argentina fuera declarada “actividad esencial”, se pusieron en funcionamiento las grandes plantas. Durante ese lapso, las discusiones y tensiones con las patronales se desarrollaron en dos planos. Por un lado, el Sutna enfrentó las tentativas de reducir el salario por parte de las patronales, conquistando que todos los trabajadores cuenten con el 100 por ciento del salario de abril, mayo y junio. En paralelo a esta lucha, el Sutna presentó a las patronales un pliego de reclamos sanitarios con el objetivo de evitar que un posible retorno a la producción fuera en las condiciones habituales de trabajo, poniendo en peligro la salud de los trabajadores. El punto salarial colocó un problema clave para todo el movimiento obrero frente a la entrega de la CGT, que vuelve a pactar la extensión de las rebajas salariales para los trabajadores de la Argentina. De esta manera, la burocracia sindical monta un ataque sin precedentes a los trabajadores, incluyendo la extorsión generalizada al movimiento obrero, que para conquistar su salario y el sostén de sus familias son forzados a concurrir a las fábricas en cualquier condición sanitaria y de seguridad.


Puestas en marcha un conjunto de medidas en las fábricas del neumático quedó en evidencia que las medidas ajustadas a las reglamentaciones del gobierno nacional son insuficientes para resguardar la salud de los trabajadores. Aunque se comenzó la producción con una serie de medidas por encima de las reglamentaciones, muchas de las medidas exigidas por el Sutna no fueron aplicadas. El Sutna ha presentado un protocolo con cada especificidad de las plantas. Este protocolo obrero recoge una elaboración colectiva de los trabajadores de los sectores de cada planta, junto con la colaboración de profesionales de la salud y de distintos ámbitos, logrando un protocolo que restringiría al mínimo la posibilidad de contagio al interior de las plantas. Mientras los gremios liderados por la burocracia sindical miran para otro lado, el Sutna recuperado presenta el conjunto de medidas desde el punto de vista de los trabajadores y exige que se le dé cumplimiento. 


La clave del protocolo presentado por el Sutna es la comprensión que las fábricas no pueden ser, en ningún caso, focos de contagio masivo para los trabajadores. En sentido inverso, el conjunto de medidas que presenta el Sutna promueve la reducción del riesgo a la mínima expresión. Este protocolo tiene la particularidad de hacer un seguimiento minuto a minuto del trabajador, lo que permite la propia comprensión de cada compañero del problema que enfrenta durante cada día. Este punto es distintivo respecto de todo protocolo que circula hasta el momento. La concurrencia al trabajo debe ser menos riesgosa que cualquier actividad elemental que realiza cualquier trabajador, como ir al almacén o a la farmacia del barrio. Un centro del planteo es la conformación de grupos reducidos de compañeros que no tengan contacto con los diferentes grupos. A esto se suman exigencias de medidas desde el momento que el compañero sale de su casa, las distancias y cantidad de compañeros en cada chárter (implica la duplicación de transportes), medidas de detección al ingreso de la planta, desinfección y medidas en cada sector, la situación de los comedores, los vestuarios y muchas otras medidas de protección para los compañeros. El protocolo incluye un planteo que supera los límites de las reglamentaciones hasta ahora existentes sobre los contactos estrechos. En esta línea, el Sutna reclama tres tipos de testeos para los trabajadores. Presentado a las patronales, se presenta un período que debe ser de corto plazo para verificar qué posición toman las empresas respecto de este reclamo de conjunto y abrir una deliberación general entre los trabajadores para avanzar en cada reivindicación planteada.


Hasta el momento se registraron dos casos de coronavirus en la fábrica Bridgestone y otros tres en Fate. Se trata de casos de contagio externo, que fueron detectados a raíz de los síntomas que presentaron los compañeros en las plantas. Por lo pronto, las patronales han actuado de forma diferente. En el caso de Fate se procedió a la cuarentena de los contactos estrechos, tanto del chárter como del sector en la planta, y se procedió al testeo de todos los compañeros. Sin embargo, entre las medidas incumplidas está la división de grupos de compañeros para minimizar el contagio. En el caso de Bridgestone, la patronal ha testeado a todos los trabajadores en contacto estrecho con los compañeros, pero se niega a respetar los tiempos de cuarentena. Frente a este tipo de situaciones inadmisibles, el Sutna ha convocado un paro de 24 hs y anuncia nuevas medidas de no cumplirse con las exigencias.


La lista Violeta –y otras listas- ataca a la dirección del Sutna mintiendo sobre las características del protocolo presentado. Quienes dirigieron el gremio durante años sin tomar ninguna medida de lucha, entregando toda reivindicación obrera, ahora se montan en la pandemia de coronavirus para hacer demagogia.


La utilización de la pandemia para avanzar sobre los convenios colectivos y el salario de todos los trabajadores del país se encuentra en marcha de la mano de las patronales, las direcciones sindicales burocráticas y el propio gobierno que promueve los acuerdos de destrucción de las condiciones laborales. En ese plano, en los últimos días, el gobierno anunció el congelamiento salarial de todos los trabajadores estatales. La lucha por imponer este protocolo se presenta como una necesidad inmediata. La lucha de los trabajadores del Neumático se desarrolla en el marco del surgimiento de luchas en todo el país contra los despidos, cierres de fábricas, rebajas salariales y por la ausencia de medidas de resguardo de la salud de los trabajadores. El Plenario del Sindicalismo Combativo ha lanzado una jornada nacional que reunirá a todas estas expresiones de lucha. Apoyemos con todo las medidas de lucha del Sutna y todos los trabajadores del neumático.

 

11/06/2020 | 1597

Sin salario, salud, trabajo y alimentos no hay cuarentena

16 de junio jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo

sec.general AGD UBA

Foto de archivo Ojo Obrero Fotografía

El próximo martes 16 en diferentes puntos del país, y en simultáneo, se realizará una jornada de lucha de trabajadores ocupados y desocupados junto a las luchas que hoy se están desarrollando contra el hambre y la desocupación. La jornada, de acuerdo a la situación de la cuarentena en los distintos lugares, comprenderá movilizaciones, actos y radios abiertas. En el caso del Amba, con un cuidado riguroso del distanciamiento social, las distintas columnas de sindicatos, seccionales, comisiones internas y cuerpos de delegados junto al bloque de organizaciones piqueteras independientes y delegaciones de las distintas luchas, concentraremos en el Obelisco para marchar hacia Plaza de Mayo.


La medida del 16 es continuidad de las acciones que viene desarrollando el PSC, tanto en solidaridad con quienes enfrentan las ofensivas patronales o el ajuste flexibilizador del gobierno nacional, gobernadores, intendentes o municipios, que, montados en la cuarentena y avalados por el pacto UIA, CGT y Gobierno – que acaba de prorrogarse- avanzan en la aplicación de la reforma laboral por sector. El PSC e integrantes de su mesa, estuvimos acompañando al SUTNA en la defensa integral de su salario, a los trabajadores de la salud en sus distintas jornadas de lucha, a los docentes convocados por Ademys contra los recortes de Rodríguez Larreta, a los trabajadores del Frigorífico Penta, a los municipales de Jesús María que le torcieron el brazo al ajuste salarial. También marchamos con los mineros de Andacollo y sumamos nuestra fuerza por los reclamos del sindicato ceramista de la misma Neuquén. En Buenos Aires también acompañamos la lucha por la reapertura de La Nirva, a las obreras textiles de Mar del Plata, a los obreros de Penta y a las distintas convocatorias de las organizaciones piqueteras que salen en defensa de la salud y contra el hambre.


En particular, la jornada nacional del 16 fue aprobada en un gran plenario nacional virtual realizado hace 15 días, que permitió, en boca de sus protagonistas, dar cuenta de conjunto del grado de ataque al salario, con rebajas aducidas en la cuarentena, por suspensiones avaladas por la entrega de las burocracias sindicales, o directamente por la anulación de conquistas paritarias – docentes universitarios- y anulación de las futuras – estatales nacionales-. En las distintas intervenciones a lo largo de casi 4hs de plenario también se evidenciaron la sangría por los despidos y cierres, el nuevo robo a los jubilados mientras desfinancian al Anses para pagar la deuda externa y aliviar a patronales a quienes no les abren los libros, y el avance flexibilizador en numerosas áreas, fundamentalmente en la docencia. Por unanimidad el plenario resolvió luchar para que la crisis no la paguemos los trabajadores y se resolvió esta jornada del 16 a nivel nacional  en apoyo a los que hoy están dando batalla y en defensa del conjunto de la clase obrera, ocupada y desocupada, activa o pasiva,

Denunciamos que, mientras en los barrios falta comida o directamente agua; que mientras 4 millones de trabajadores han quedado fuera del miserable IFE de diez mil pesos para subsistir 3 meses!-; que mientras las familias obreras se ven empujadas a un brutal deterioro del salario o directamente a la calle, el gobierno sigue pagando la deuda externa mejorando día a día la oferta a los buitres y  destina  fondos públicos y de jubilados al rescate de patronales o entes financieros como a Vicentín y sus acreedores. 


Por eso el 16 no sólo será una jornada en defensa de nuestros derechos, de nuestras conquistas, sino que saldremos con un programa de salida para los trabajadores. Nos convocamos en defensa de nuestra salud, de nuestros salarios y jubilaciones, contra la desocupación y precarización,  exigiendo el no pago de la deuda externa, un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas,  la nacionalización de la banca , el comercio exterior,  los recursos naturales y el sistema de salud, para que se terminen la fuga de capitales, las ganancias de la banca, de pulpos energéticos y de la salud. Un programa ante la crisis que distingue al clasismo.


Marcharemos para que se escuchen los reclamos de las cooperativas bajo control obrero y de los jubilados que defienden la movilidad y el 82 % para todos.  Para exigir la apertura de las cuentas de las empresas que despiden cierran o suspenden. Para que llegue la ayuda, el salario, la comida y el agua a todos los hogares del país. Para que se termine con la violencia de las fuerzas represivas en las barriadas. Por el conjunto de los reclamos de la mujer trabajadora, las más castigadas económicamente y por la violencia durante la pandemia. 


Junto a la jornada del 11 de organizaciones piqueteras, la convocatoria del 16 será la única que ponga en pie los reclamos vitales del momento junto a un programa de reorganización integral para defender la vida y el futuro de nuestro pueblo en base una salida de los trabajadores a la crisis.


Para sumar tu lucha a la jornada nacional del 16: escribí al Facebook de la Coordinadora Sindical Clasista. 



 

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11/06/2020 | 1597

Les trabajadores de la salud salieron a las calles

Foto: Fede Imas, Ojo Obrero Fotografía

Este miércoles se llevó adelante una jornada nacional de lucha de trabajadores de la salud, con una conferencia de prensa en el Obelisco.


Impulsada por gremios y organizaciones combativas del sector, la conferencia contó con la presencia de la gremial Cicop (salud bonaerense), la Asociación de Profesionales de Servicio Social, ATE Garrahan y la Asociación de Profesionales del Garrahan, la comisión interna del Hospital Italiano, la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión Provincial de Residentes, la seccional de la Asociación de Médicos Municipales de la Maternidad Sardá y la Asociación de Licenciados de Enfermería, entre otras organizaciones sindicales y políticas.


En la Ciudad, la jornada se completó con aplausazos en los hospitales Gutiérrez, Zubizarreta, Irep, Cesac 7 y 12, entre otros, y con una importante actividad con corte de calle en el Hospital Piñero y el Area programática, donde confluyen en una asamblea trabajadores y vecinos de los barrios más golpeados por la crisis y el Covid-19.


Hubo una fuerte denuncia de la precarización laboral, conformada por salarios de miseria, el congelamiento de las paritarias y el pluriempleo, que opera como “salida” a la crisis, pero como entrada a la mayor exposición a contagios. La mentira del bono miserable de 5 mil pesos, que no hemos cobrado la mayoría de los trabajadores, habla del cinismo de quienes se llenan la boca hablando de un sistema de salud que “está preparado”. Fue muy sentido el reclamo por abolir la discriminación laboral de los enfermeros, que en la Ciudad significaría el pase a la carrera profesional. La enorme explotación de los trabajadores de la enfermería ya se cobró dos muertes por coronavirus en la provincia de Buenos Aires.


En esta jornada, la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad hizo público un informe epidemiológico entre trabajadores, del estado de situación de los efectores. Los números contrastan fuertemente con las declaraciones del ministro de Salud, Fernán Quiros, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Indican que más del 80% de los trabajadores no cuentan con insumos necesarios para la atención y más del 60% no poseen Equipos de Protección Personal de calidad y cantidad necesarios. El vaciamiento hospitalario y la falta de personal preexisten a la pandemia, y las medidas que se han tomado resultan cosméticas frente a años de mercantilización del sistema de salud.


Los trabajadores expresaron en profundidad la situación crítica que se vive en hospitales públicos y privados, contraponiendo la realidad a los dichos de los gobernantes. El cuadro de colapso se agrava con el pico de contagios y la flexibilización de la cuarentena, digitada por los grandes capitalistas. Mientas los contagios rompen la barrera de los 1.000 por día, el gobierno nacional y los provinciales garantizan la activación de casi el 80% de la actividad económica. A pesar de que Larreta, Fernández y sus ministros esconden números oficiales, los gremios convocantes denuncian falta de camas, de personal y de todo tipo de insumos.


Mientras la CGT y las conducciones burocráticas de los sindicatos hacen la vista gorda a la enorme crisis que atravesamos, las jornadas de lucha impulsadas por los sindicatos y sectores combativos marcan un camino. En este sentido, quedó planteada la cita para la jornada del próximo 16 de junio, donde el Plenario del Sindicalismo Combativo pondrá de relieve la lucha contra los despidos, suspensiones y explotación laboral que vivimos los trabajadores de todo el país. Los convocantes a la jornada de este miércoles debemos fortalecernos con asambleas de base y reuniones en los lugares de trabajo, para convocar fuertemente a las calles el próximo 16.

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11/06/2020 | 1597

Polo Obrero, Jueves 11: jornada de lucha de las organizaciones piqueteras

En 30 puntos de 21 provincias

Foto: Ojo Obrero Fotografía

El jueves 11 se realizarán piquetes en todo el país porque #ConHambreNoHayCuarentena.


Desde temprana hora de la mañana, en toda la geografía nacional se establecerán medidas de fuerza que involucran a miles de trabajadores desocupados, integrantes de la casi totalidad de las organizaciones sociales existentes, con la excepción obvia de las organizaciones oficialistas que integran el gobierno de Alberto Fernández.


Desde Tierra del Fuego, donde se hará la olla popular más austral del mundo, pasando por un piquete en Caleta Olivia, en la Santa Cruz de los Kirchner; en Chubut y en el Neuquén, en la que los mineros de Andacollo marcan el ritmo con su heroica lucha; por la Córdoba del parazo del transporte y de la lucha contra el robo a los jubilados; en Tucumán y en Chaco, que han sido blanco de la represión del Estado; en Jujuy y en seis puntos del interior de la provincia de Buenos Aires y en doce provincias más, los desocupados y sus organizaciones ganaremos las calles.


Porque el IFE no llega a todos, porque hay 3 millones de compañeros sin poder cobrarlo y porque los trabajadores con programas sociales han sido arbitrariamente excluidos y no pueden soportar la cuarentena sin changas y con un ingreso congelado en 8.500 pesos.

Porque los comedores y merenderos siguen sin la asistencia necesaria, y porque con 125 pesos por día para una familia (eso significó el IFE en estos 80 días), no se puede vivir.


Ahora, el gobierno ha anunciado un bono de 3.000 pesos para los “esenciales”, compañeros que trabajan en los comedores populares y que significan un “apoyo” de ¡27 pesos por día! por familia. El gobierno se burla de los que han venido luchando en la primera línea de fuego en los comedores populares y que ya tienen a sus víctimas, a sus mártires, en los compañeros que han muerto en las villas de Capital, siendo responsables de comedores populares, y han dado la vida en la lucha contra el virus.


En estos 80 días, mientras no llegaba la asistencia alimentaria y sanitaria necesaria, miles de compañeras y compañeros se la jugaron en la primera línea de lucha contra el hambre.


Este jueves se manifestará la bronca popular por todo esto. Los trabajadores que no aguantamos la cuarentena sin alimentos, sin elementos de higiene, no estamos dispuestos a seguir viendo cómo caen los compañeros por el virus y la desidia de los gobiernos, que luego apelan a los cercos policiales, como en Villa Azul, creando verdaderos guetos.


Con hambre no hay cuarentena


Mientras se subsidia a las patronales y se paga una usuraria y fraudulenta deuda externa, los trabajadores y jubilados han sido víctimas de descuentos y de despidos ilegales que, sin embargo, el gobierno deja pasar sin chistar.


Los trabajadores defendemos la cuarentena como una medida elemental de salud pública y reclamamos los protocolos de seguridad e higiene para los trabajadores esenciales. No tenemos nada que ver con las patronales que quieran reventar la cuarentena, mandándonos a laburar en trenes y subtes atestados; rechazamos a la derecha bolsonarista, que desprecia la vida humana para defender su rentabilidad y hace el ridículo con convocatorias reaccionarias a las que no acuden ni los cuatro que la convocan.


Advertimos que sin alimentos, sin elementos de higiene y sin el sustento material para miles de familias no hay cuarentena que aguante y es el propio gobierno el que está boicoteando las garantías para que se mantenga.


Salimos con un programa reivindicativo para garantizarlo y denunciamos al gobierno que sigue pagando la deuda, llamamos a la unidad con el movimiento obrero combativo, que el 16 ganará las calles, con un programa político, que plantea el no pago, el impuesto a las grandes fortunas y que la crisis la paguen los capitalistas, junto a un pliego de reivindicaciones para la emergencia.


Este jueves vamos a la calle, con barbijos, con cuidados y distanciamiento, pero con la necesidad de levantar nuestros reclamos.

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11/06/2020 | 1597

Lanzamos la campaña financiera de invierno

Por una salida obrera. Que la crisis la paguen los capitalistas

El Partido Obrero resolvió lanzar su Campaña Financiera y convocar a miles de simpatizantes a colaborar en la construcción de una salida obrera e independiente a la creciente crisis. 


Con la pandemia y la cuarentena, el gobierno nacional profundizó una política de rescate a los capitalistas, y su más clara expresión es la orientación que está siguiendo con la deuda: garantizar su pago a toda costa. En cambio, la orientación que se tiene hacia los trabajadores es toda la contraria: suspensión de la movilidad jubilatoria por decreto, extensión de las rebajas salariales y suspensiones mediante el acuerdo tripartito de la UIA, CGT y gobierno. La prolongación del pago de las ATP para pagar los salarios en ayuda a las patronales también contrasta con la demora en el pago de la IFE y la asistencia a comedores populares y los sectores más relegados de los barrios. Despidos, suspensiones, rebajas de salario y jubilaciones han sido la regla de esta cuarentena. Los medios, incluso, insisten en que se realizó una reforma laboral de hecho en los términos solicitados por los capitalistas, por el avance en las medidas de ataque a las conquistas obreras y la flexibilización laboral en la mayoría de los gremios. En la medida que avanzó la pandemia, el gobierno fue flexibilizando la cuarentena imponiendo de hecho las nuevas condiciones de las patronales.


Pero también avanzó la lucha de los trabajadores y de los sectores explotados. Desde el primer día se hizo sentir el reclamo de los barrios anticipando las catástrofes de Villa Azul y la Villa 31. El Polo Obrero estuvo a la cabeza de las denuncias por el desamparo en las barriadas de todo el país, los negociados con la comida y la falta de solución por parte de los gobiernos provinciales y nacionales. Las jornadas nacionales del Frente de Lucha hicieron de la consigna “Con hambre no hay cuarentena” una demostración de la realidad más general de nuestro país.


En el último período, las luchas obreras se fueron repitiendo día a día. La flexibilización brutal de los trabajadores de la salud, de los docentes en las escuelas y universidades, de los trabajadores de las Apps, el vaciamiento de las empresas mineras y petroleras, u otras como el frigorífico Penta, que fueron brutalmente reprimidas. Sólo por mencionar algunas que se fueron dando en todo el país y que tuvieron en Córdoba, hace unos días, su epicentro con paros y movilizaciones masivas. De acuerdo con estas luchas -y para impulsar su coordinación y triunfo-, los diferentes gremios que se organizan en el Plenario del Sindicalismo Combativo -como el Sutna, la AGD-UBA, el Suteba Matanza, entre otros- realizaron un plenario con cientos de activistas y luchadores de todos los rincones del país y convocaron a una jornada nacional de lucha el 16 de junio que viene.


Se destaca en el último tiempo la lucha que dio el movimiento de mujeres. El Ministerio de la Mujer dio continuidad a la política de desamparo del Estado y la violencia de género se acrecentó durante estos meses. Por eso, el Plenario de Trabajadoras impulsó activamente, a pesar de las restricciones de la cuarentena, las movilizaciones previas al “Ni una menos” y la propia del 3J en su quinto aniversario en Plaza de Mayo. 


Las luchas y los reclamos se extendieron por todo el país y nuestra prensa dio cauce a cada reclamo y denuncia, creciendo en su difusión y rol organizador de las luchas, como se demostró en las acciones represivas en Chaco y en varias provincias.


Nuestro partido, sumado a su participación activa en todas estas luchas, empezó a desarrollar la campaña por un verdadero impuesto a las grandes fortunas, en contraposición a los fuegos de artificio que lanzó el gobierno, cuyo proyecto ni siquiera presentó todavía. De la misma manera que estamos impulsando el rechazo al pago de la deuda a nivel nacional, lo estamos haciendo en cada provincia, para detener el ajuste y la profundización de la carestía que imponen los gobiernos sin importar su signo político. El resultado político de cada lucha debe servirnos para impulsar la intervención política independiente de los trabajadores, combatiendo por imponer que la crisis la paguen los capitalistas.


Llamamos a aportar a nuestra Campaña Financiera para impulsar cada lucha y cada acción de los explotados en la construcción de una salida propia a la crisis. Con la convicción que tenemos que construir una acción colectiva independiente, de acuerdo con un programa que defienda los intereses de la clase obrera y favorezca la construcción de agrupaciones en cada gremio, así como fortalecer cada lucha que están dando los luchadores en todo el país. 


¡Súmese a la campaña financiera, compañero!

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11/06/2020 | 1597

Espionaje: golpe al macrismo, continuidad de los servicios

Los aparatos de conspiración contra los trabajadores siguen intactos

La revelación de carpetas y carpetas de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo el gobierno de Mauricio Macri, por la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, combinada con la investigación del juez Villena, que también investiga el espionaje, volvieron a poner de manifiesto una realidad archiconocida: la dependencia del Estado, y del poder político, del aparato conspirativo montado en la AFI (exSide), para operar ampliamente contra dirigentes políticos oficialistas y opositores, organizaciones sociales y de trabajadores, y periodistas, entre otros.


Las denuncias de Caamaño fueron presentadas frente al juez Martínez de Giorgi en la misma semana que, por su parte, el juez Villena llamó a Cristina Kirchner (y otros dirigentes) a notificarse de la información del expediente que la involucra como objetivo del espionaje. Las pruebas de Caamaño fueron aportadas, además, frente a la bicameral de inteligencia que preside Leopoldo Moreau. El objetivo es evidente: golpear al macrismo con las denuncias de espionaje, provocando un largo proceso donde será expuesto el método de funcionamiento de la AFI contra una amplísima gama de personalidades, incluso pertenecientes al gobierno macrista, como Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó o Nicolás Massot.


El golpe al macrismo busca horadar, además, las grietas que recorren a la oposición de derecha, que separan a Rodríguez Larreta de Patricia Bullrich o Mauricio Macri. Los últimos quedan en evidencia en la denuncia como promotores de una operación de espionaje contra un arco amplio de personalidades del propio Cambiemos. Rodríguez Larreta declaró tratando de separar a Macri de las denuncias de espionaje. El espionaje denunciado abarca a una cantidad muy amplia de dirigentes políticos y periodistas. Abarca también, como ha sido una constante, a dirigentes y organizaciones sociales y a la izquierda. Se afirma el intento de infiltrar el MST Teresa Vive y se han presentado informes de la actividad del Movimiento de Agrupaciones Clasistas, en un plenario en el Hotel Bauen.


Pero la denuncia del gobierno tiene patas muy cortas. No solamente porque en sus cortos meses de mandato el gobierno de Fernández quedó expuesto varias veces por operativos de espionaje: la primera, con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, declarando la realización de “ciberpatrullaje”, y la segunda, con la Gendarmería, realizando operativos de espionaje contra los mineros de Andacollo. La revelación de los alcances del “espionaje macrista” tampoco puede hacer olvidar el espionaje kirchnerista, con el Proyecto X a cargo de Gendarmería, la larga convivencia con Jaime Stiusso o la rehabilitación de César Milani para llevar adelante tareas de inteligencia desde el Ejército.


Lo fundamental es que el aparato de espionaje está enquistado a fondo en el aparato del Estado. Todas las investigaciones en curso, que involucran a la Side/AFI bajo los gobiernos de todos los signos políticos, han puesto de manifiesto los vínculos recurrentes del aparato de espionaje con todas las fuerzas de seguridad. Ni hablar de los juzgados federales e incluso la Corte Suprema, de la cual depende la oficina de escuchas. Los jueces federales se apoyan en forma permanente en el aparato de espionaje en forma “legal” y han sido, históricamente, un punto de apoyo para el espionaje “ilegal”. El entrelazamiento alcanza al Congreso de la Nación, cuya comisión de seguimiento parlamentario de la actividad de inteligencia ha sido históricamente un cero a la izquierda. Y, por supuesto, al Poder Ejecutivo, responsable máximo de la continuidad de la estructura del espionaje.


En relación con esta situación, las denuncias de espionaje blanquean la continuidad de la acción conspirativa de los servicios de inteligencia. Se presenta al espionaje “ilegal” como un exceso, materia de investigación judicial, incluso cuando es responsabilidad directa del poder político. Mientras la Justicia investiga y el Parlamento discute, la actividad de los servicios continúa. Se presentan denuncias judiciales o parlamentarias, pero ninguna medida política destinada a desmantelar esta estructura, cuya acción contra las libertades democráticas ha quedado expuesta una y mil veces. Su desmantelamiento está por fuera de las perspectivas del gobierno, incluso, sólo podría llevarse adelante en forma consecuente desmantelando gran parte del aparato del Estado, del cual la exSide es una pata fundamental. Choca con los límites del carácter de clase del Estado.


Como ocurre con la cuestión de la deuda, mientras el gobierno denuncia el “megaendeudamiento” macrista, rescata la deuda impagable, arreglando con los bonistas la continuidad del pago. Aquí, la denuncia de la AFI “macrista” está puesta al servicio de garantizar la continuidad de estos aparatos de conspiración.


Para la izquierda, que nuevamente aparece como una de las víctimas del espionaje, el cese de toda actividad de espionaje y el desmantelamiento de la AFI y de todo el aparato estatal que se apoya en ella, va de la mano de un programa integral contra la represión: el desmantelamiento de los aparatos represivos, el juicio y castigo de todos los responsables de la represión policial e institucional, la derogación de la ley antiterrorista y toda la legislación represiva, así como el levantamiento de las causas contra los luchadores populares.

 

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11/06/2020 | 1597

El diálogo Felipe Solá-Mike Pompeo

La buena sintonía entre la Casa Rosada y la Casa Blanca

Un hecho que pasó relativamente desapercibido es la reciente videoconferencia mantenida por el canciller argentino Felipe Solá con su par norteamericano Mike Pompeo. Ambos funcionarios destacaron la buena “sintonía” entre ambos gobiernos, lo cual llama más la atención porque se da en momentos en que estamos frente a la rebelión popular que estremece a Estados Unidos y el mundo con motivo del asesinato de George Floyd. Recordemos que el gobierno argentino mantuvo un silencio sepulcral sobre el punto. No hubo un pronunciamiento y menos una condena del crimen. Obviamente, tampoco formó parte de la agenda en la “cordial” conversación entre los representantes de ambos países. 


El encuentro fue dado a conocer por el funcionario del gobierno de Donald Trump, quien calificó las relaciones con la Argentina como de “socios fuertes en el esfuerzo por expandir la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”. También se destacó desde el Departamento de Estado que en la charla de ambos cancilleres se habló del “desarrollo económico regional, incluidas las negociaciones de deuda en curso de Argentina”. Fuentes del gobierno argentino señalaron que se trató de una reunión por videoconferencia “muy positiva”, que pretende delinear una agenda común con vistas a los tiempos post pandemia.


La “buena onda” se explica porque el gobierno argentino está a punto de cerrar un arreglo con los bonistas, cediendo a las pretensiones de los fondos de inversión. Mientras se viene batiendo el parche sobre una política soberana y autónoma en el manejo de los asuntos del país, lo cierto es que el gobierno argentino se recostó en los buenos oficios del FMI, en el gobierno norteamericano y de las principales potencias europeas, mientras se fue desarrollando la renegociación de la deuda. Con semejantes aliados -que son ni más ni menos que los representantes del capital internacional- no se puede esperar otra cosa que el actual desenlace perjudicial para los intereses nacionales. 


A la par del rescate de la deuda, Argentina ya viene rindiendo tributo a las exigencias y dictados norteamericanos. Alberto Fernández viene de revisar su negativa a los tratados de libre comercio con Surcorea y Canadá, respondiendo a las presiones de los presidentes vecinos, aunque esto implica prácticamente la defunción el Mercosur. Detrás de esto viene también el tratado con Estados Unidos, que formó parte de las conversaciones de ambos cancilleres. Recordemos que Alberto Fernández ya había dado otras señales, permitiendo el ingreso de tropas extranjeras, dando visto bueno a los ejercicios conjuntos con la flota yanqui. Y la aceptación del golpe boliviano, dando reconocimiento al personal diplomático en la Argentina nombrado por Jeanine Añez. La Argentina, rompiendo la promesa de la campaña de Fernández, no se retiró del grupo Lima. La buena letra de la Casa Rosada no sirvió, sin embargo, para lograr el levantamiento de los aranceles impuestos al biodiésel argentino ni para influir en la decisión judicial respecto del litigio que tiene YPF por la nacionalización de la empresa, que va a ser finalmente ventilado en el ámbito de los tribunales norteamericanos. 


La agenda de la teleconferencia incluyó también la cuestión de Venezuela. El comunicado de Washington señala que se pasó revista a “los esfuerzos regionales para restaurar la democracia en Venezuela”. Respecto de este punto, Solá le dijo a Pompeo que la “Argentina está a favor de una solución pacífica, política y negociada por los propios venezolanos, que garantice el funcionamiento de sus instituciones y asegure su convivencia en paz, sin presiones ni condicionamientos externos”. Aunque Argentina formalmente mantiene su postura de “no injerencia” en los asuntos internos del país caribeño, Felipe Solá , con el guiño de Fernández, ya había interpuesto sus buenos oficios para armar una transición ordenada que culmine con el relevo de Maduro -o sea, un variante golpista, más elegante. Importa señalar que, en estos meses, la Cancillería se ha mandado guardar frente a desplazamiento de la flota norteamericana a las costas venezolanas. No hubo ningún reclamo y, por supuesto, tampoco formó parte de las conversaciones de días atrás. 


La política exterior, como se suele señalar, es una prolongación de la política interna. Y en este caso está hecha a medida del rescate de los bonistas. El siguiente paso es el plan económico que deberá negociarse con el Fondo y que reclaman los acreedores para asegurarse el pago de la deuda. Aunque se dice entrelíneas, el tema estuvo presente en la teleconferencia. El diálogo Solá-Pompeo prepara el terreno para el desembarco del FMI en Argentina.




 

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11/06/2020 | 1597

Rechacemos la nueva suspensión de la movilidad jubilatoria

Que no pase la ley enviada al Congreso

El gobierno de Alberto Fernández acaba de presentar el proyecto de ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la movilidad jubilatoria y seguir con los decretazos.


Estos decretos han llevado a que en marzo se otorgara un 2,3% más una suma de 1.500 pesos para la mínima y aumentos de porcentaje decrecientes que sacaron 5.000 millones de pesos mensuales de los bolsillos de los jubilados. En junio, otro decreto otorgó el 6,12%, rebanando casi la mitad de lo que hubiera correspondido.


Si se hubiera aplicado la fórmula anterior, basada en la inflación y en la variación salarial, en marzo hubiera correspondido 11,56% para todos los jubilados y en junio 10,91%. Un 23% acumulado, que ha sufrido un cercenamiento del 5 al 14%, según el monto jubilatorio.

Es bueno recordar que el 23% que debió aplicarse es reparatorio de la inflación del último semestre del año pasado. Es decir que sobre la inflación de este semestre de 2020, que acaba a fin de junio, la compensación sobre la inflación ha sido cero. Contra el relato “nacional y popular” de que a los jubilados les están dando más aumento que la inflación.


En la presentación judicial encarada por la Defensoría de la Tercera Edad, que adicionó una ampliación a la demanda colectiva presentada en marzo, se cuestionó la suspensión de la movilidad, ya que con esto los jubilados perdieron entre 541 y 14.022 pesos, según los distintos niveles de ingresos, desde los más bajos a los más altos (Infobae, 5/6).


La anulación de la movilidad fue una de las primeras medidas del gobierno, concretada a pocos días de la asunción presidencial de Fernández, con lo cual se avanza en la abolición de todo vínculo de las jubilaciones con los sueldos de los trabajadores en actividad (salario diferido) y consolida una pérdida anual enorme. Es una regresión, una desvalorización aún mayor a las de por sí miserables jubilaciones.


Como muestra se puede ver: lo que en mayo era de 15.892 pesos, por el decreto pasó a 16.864 y debería haber sido de 17.403. Una jubilación de 20.000 pesos pasó a 21.224 en junio y debió haber sido de 22.371. En el caso de una que en mayo era de 106.934 pesos, por decreto cobra en junio 113.478 y debería haber cobrado 127.498 por la movilidad anterior (abogados Bernabel & Asociados).


En el nuevo proyecto presentado, el gobierno plantea la continuación de la suspensión de la movilidad y en sus fundamentos aparece la excusa de la pandemia y con todo descaro que se pagaron las ATP (medio sueldo de cada trabajador de empresas que argumenten caídas económicas), por el cual se exime a las patronales de hacer los aportes y se han otorgado préstamos a tasa cero.


Es decir, Alberto Fernández; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; Sergio Massa y Cristina Kirchner se consideran con atribuciones y derechos para usar los fondos jubilatorios para rescatar y subsidiar a los patronales, a los capitalistas como los Techint, Clarín, Aluar, Coca-Cola y compañía, mientras imponen una nueva suspensión del derecho adquirido emergente de la movilidad establecida en la Ley 27.426.


Cuentan con la complicidad de las direcciones sindicales de la CGT y CTA, cuyas intervenciones son relativas a apoyar la política del gobierno en las negociaciones de la deuda con el FMI, que incluyen los recortes jubilatorios, así como las rebajas de sueldo del conjunto de los trabajadores o para reclamar salvatajes a las patronales. Todo lo cual está impactando de lleno en el sistema jubilatorio, creándole un estrés que lo coloca al borde del colapso.


Es claro que las exigencias de los banqueros y el FMI están en la motivación de fondo de estas medidas. El ajuste está en marcha y nosotros, los jubilados, en el centro de ese ajuste. Como lo expresa una hermosa canción: “El dinero de los jubilados está financiando las balas de la policía racista en Estados Unidos”.


Se plantea la intervención de los trabajadores jubilados y los trabajadores activos para rechazar este nuevo robo. Defendiendo la movilidad, apoyando el amparo colectivo, reclamando el 82% móvil, los 45.020 pesos de mínima, defendiendo las cajas provinciales y los regímenes especiales que también quieren ser considerados en la reforma previsional en marcha, como lo muestra Córdoba.


Se impone, junto a este programa, la restitución de los aportes patronales, la devolución de todas las deudas del gobierno con la Anses y terminar con el trabajo en negro y con las rebajas salariales. Anses y las demás cajas no pueden estar en manos de los voraces funcionarios al servicio de sortear el derrumbe fiscal con la plata de los jubilados. Otros son los lugares donde buscar recursos para enfrentar la pandemia: el no pago de la deuda o un impuesto a las grandes rentas y fortunas. Por eso, la Anses y las demás cajas deben ser administradas por trabajadores y jubilados, sus dueños. Los jubilados vamos también por estos objetivos de conjunto.


El 16 de junio, en la jornada nacional de lucha decidida por el Plenario Sindical Combativo, estos reclamos estarán en primera línea, del mismo modo que se hará desde la banca del FIT-U. Los jubilados cordobeses ya empezaron a ganar la calle. Marcan el camino.

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11/06/2020 | 1597

La economía mundial que se viene

“Los trabajadores van a estar más jodidos”

Esta expresión pertenece a Nouriel Roubini, el economista reconocido mundialmente por haber anticipado la crisis financiera de 2008, precipitada con la caída de Lehman Brothers y hombre de consulta del establishment internacional, quien en declaraciones recientes hace un retrato descarnado de lo que se viene. “Nos llevó diez años, entre 2009 y 2019, crear 22 millones de empleos. Y hemos perdido 30 millones de empleos en dos meses”. 


Recordemos que el diario inglés Financial Times, por boca de su columnista estrella, Martin Wolf, venía de pintar un cuadro similar, caracterizado por una depresión mundial de grandes dimensiones.


A diferencia del optimismo que reina en los círculos financieros y de negocios que hablan de una crisis pasajera, en el marco de la nueva euforia bursátil que reina en Wall Street, el economista nos traza un panorama sombrío, en que lo peor no está para atrás, sino para adelante. 


La visión de Roubini es que marchamos a una recuperación mediocre y una depresión global. Los mercados, según su punta de vista, están subiendo porque hay un estímulo monetario masivo y fiscal masivo. El boom bursátil no tiene relación alguna con la producción y la economía real. 


La salida de la pandemia va estimular que ciertos sectores que conservan un poder adquisitivo y venían absteniéndose en su consumo, empiecen a gastar más. Pero esto tiene patas cortas. Los incentivos no se prolongarán por mucho tiempo. Los subsidios por desempleo, por lo pronto, expiran en julio  en Estados Unidos. El gobierno de Trump ha salido exultante a señalar un descenso en la tasa de desempleo, pero ya hay muchos analistas que cuestionan esa cifra, pues incluye como personal ocupado aquel que está suspendido.


Como es sabido, muchas de esas suspensiones son la antesala de despidos. La tasa de desempleo en Estados Unidos es del 13,3% -o sea, más de un 33% por encima que en el pico más alto de la crisis de doce años atrás. Y si se incluye a aquéllos que desean trabajo a tiempo completo pero no pueden conseguirlo, entonces, la tasa de desempleo es del 21%, y hay que sumar a otros 3 millones de personas que no fueron clasificadas, por lo que la tasa de desempleo total en mayo sería más del 25%.


La nueva normalidad


Aunque esto se revierta parcialmente, los millones que vuelvan a ser recontratados, lo serán bajo condiciones muy diferentes a la actuales. En lugar de un empleo formal y beneficios sociales completos, va empezar a abrirse paso el contrato “por hora, a tiempo parcial sin beneficios y con un salario bajo”, que coexistiría con legiones de desocupados sin ingresos de ningún tipo. Este fenómeno ya estuvo presente en la década siguiente a la crisis de 2008, en que la recuperación se dio sobre la base trabajo precario y más barato, incluyendo a las corporaciones. En las automotrices, bajo el mandato de Barack Obama, los nuevos trabajadores fueron contratados por la mitad el sueldo del personal más antiguo. Roubini resume este panorama con una sentencia contundente: “Hay un conflicto entre trabajadores y capital. Durante una década, los trabajadores han sido jodidos. Ahora, van a estar más jodidos”.


No olvidemos que las empresas están tan altamente endeudadas, que necesitan “reducir costos, y el primer costo que se corta es la mano de obra”. Esta reducción tan drástica de desempleo y trabajo precario, según su óptica, va poner un freno a la demanda y se transformará en un escollo para abrir una perspectiva de reactivación. El optimismo inicial en círculos empresarios de una recuperación en forma de V han empezado a ceder a otros más cautelosos en forma de U.


En este contexto, según Roubini, los estímulos que viene implementado el Estado no van a evitar quiebras masivas. “Las pequeñas empresas van a desaparecer en la economía posterior al coronavirus”. Roubini llama la atención de que el rescate tiene como destinatario y beneficiario al gran capital. 


Incluso las personas de ingresos medios, dada la conmoción que acaba de ocurrir, aunque puedan tener haber un mayor consumo inicial, van a actuar con cautela y reservar más ahorros por precaución. Y reducir el gasto discrecional, en especial de bienes más caros como la compra de una casa o un auto. Cuarenta por ciento de los estadounidenses tienen menos de 400 dólares en efectivo líquido ahorrado para una emergencia. Está claro que no hay margen para una recuperación de largo aliento sobre esta base.


La recuperación económica que se produzca, inclusive, según la óptica del economista, ni siquiera asegura un crecimiento del empleo. Debido a que los costos laborales son más altos en Estados Unidos que sus rivales asiáticos, la tendencia que predomine, según su mirada, sea sustituir mano de obra por capital (maquinarias). Con las relocalizaciones de las empresas en suelo americano, que hoy están instaladas en el exterior, los estadounidenses comunes van a ser víctimas de la carestía (precios de consumo más altos), sin disfrutar de los beneficios aparentes (más oportunidades de trabajo y salarios más altos). De todos modos, esta hipótesis de Roubini está por verse, pues, es altamente improbable que las filiales de las corporaciones vuelvan a radicarse en Estados Unidos y menos aún que se produzca un incremento sensible de la tecnificación y productividad en momentos que estamos frente a una huelga de inversiones productivas, ante la crisis de sobreproducción y la declinación de los beneficios, que van a tender a agravarse sensiblemente en el próximo período. 


Roubini va más lejos y plantea que Estados Unidos va a “comenzar a tener disturbios por la comida “Las pocas tiendas que están abiertas, como mi Whole Foods, tienen guardias de seguridad, tanto dentro como fuera. Estamos a un paso de los disturbios alimentarios”. Esos comentarios fueron hechos por Roubini antes del estallido de las protestas por el asesinato de Floyd, pero basta tener presente este panorama para advertir que la explosión actual es inseparable de los estragos que viene provocando la crisis capitalista y la pandemia que golpea con más fuerza los sectores más vulnerables, empezando por la población negra y las minorías. 


Guerra fría y guerra caliente 


No está ausente en el análisis del economista el escenario de guerra comercial e incluso la emergencia de conflictos bélicos. Roubini habla del comienzo de una “guerra fría” entre Estados Unidos y China. “Ahora, tenemos una guerra comercial a gran escala, guerra tecnológica, guerra financiera, guerra monetaria”.


Estamos asistiendo, a un “desacoplamiento completo”, lo que lleva a una fractura del comercio internacional y de las cadenas de suministros y valor que están altamente integradas a escala global. Las autoridades norteamericanas decidieron que Huawei no tendrá acceso a semiconductores y tecnología en Estados Unidos. Están imponiendo restricciones totales a la transferencia de tecnología de Estados Unidos. Esto abre una escalada de alcances imprevisibles en la que el economista no descarta el uso de la fuerza. 


“El único debate es sobre si habrá una guerra fría o una caliente. Históricamente, estas cosas han llevado a una guerra caliente en 12 de 16 episodios en 2.000 años de historia”. Esto confirma lo que venimos sosteniendo desde el Partido Obrero: el impasse capitalista nutre las tendencias a la guerra. Estamos frente a la tentativa del imperialismo de superar este empantanamiento, sometiendo a China y el ex espacio soviético, avanzando en su colonización. La guerra, por un lado, y la revolución, por el otro, son dos manifestaciones extremas del estallido de las contradicciones irreprimibles e insuperables del capitalismo.

 

Recesión con inflación


El economista, asimismo, lanza una voz de alerta sobre los alcances explosivos que podría tener los actuales planes de estímulo. La emisión gigantesca, aunque en lo inmediato sus efectos queden mitigados por la actual retracción económica, podría terminar provocando un rebrote en la carestía. Estaríamos frente a una tormenta perfecta de una depresión con inflación. Esto, por supuesto, representaría un golpe para los bolsillos populares pero, al mismo tiempo, un escenario de esa clase obligaría a un aumento de la tasa de interés, lo que haría estremecer al conjunto de la economía altamente endeudada, que ha logrado prolongar su agonía gracias al crédito barato, con tasa de interés cercana a cero. “Hay tanta deuda, que si las tasas a largo plazo van de 0 a 3%, la economía va  a colapsar”.

Los trabajadores deben tomar nota sobre el escenario que se expone, lo cual es más elocuente viniendo de un hombre de confianza de los círculos de poder. Tenemos un retrato descarnado sobre el hundimiento del capitalismo y los límites insalvables del salvataje en curso. No obstante ello, Roubini apela a echar mano al intervencionismo estatal y a las viejas recetas keynesianas monetarias y fiscales, cuyas contradicciones, sin embargo, él mismo se encarga de demoler en sus reflexiones. Marchamos a una depresión mundial, que va a ir de la mano de sacrificios y privaciones inauditas contra las masas, mientras la pandemia sigue golpeando, en primer lugar, sobre la población más vulnerable. 


Estas penurias en el mundo empiezan a despertar las rebeliones de los pueblos. Es así como se desarrolla, ahora en el corazón del capitalismo mundial, una extraordinaria rebelión popular, que no se circunscribe al repudio de un crimen racial ejecutado por el aparato policial, sino que plantea la impugnación de todo un régimen político, económico y social y la reorganización del planeta sobre nuevas bases sociales. 


La rebelión en Estados Unidos tiene un punto de contacto y recoge el hilo de las rebeliones que estremecieron a Latinoamérica y que tuvieron su réplica en otras geografías del planeta. Estas rebeliones ponen de relieve el abismo que separa a los trabajadores, de un lado, y los capitalistas y sus gobiernos, del otro, y pone al rojo vivo la cuestión crucial de dirimir quién va a asumir los costos de la bancarrota capitalista.





 

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10/06/2020

Chaco: las y los municipales de Margarita Belén reclaman el pase a planta y el pago de salarios adeudados

Unos treinta trabajadores de la Municipalidad de Margarita Belén, muchos con varios años de antigüedad, denuncian que desde el mes de enero el intendente Javier Martínez les impide desarrollar sus tareas, frenó el pase a planta de los trabajadores con un recurso de amparo y a través de la persecución política por vincularlos con la conducción saliente.


Estas treinta familias llevan más de cinco meses sin percibir sus salarios. Las y los trabajadores se encuentran en una situación desesperante. Muchos son miembros de pueblos originarios, hay madres solteras (incluso con hijos prematuros o con discapacidad), hay jefes de familia que en medio de la pandemia no encuentran una alternativa.


El intendente Martínez, que asumió anunciando que iba a recortar el gasto público, copió la medida cautelar que realizó el gobernador Jorge Capitanich para frenar los pases a planta en el Estado provincial, la que luego fue revocada por la Cámara de Apelaciones de Resistencia con duros cuestionamientos al juez Flores.


Mientras el intendente ajusta con la excusa de que no hay presupuesto, ni bien asumió aumentó su sueldo y el de todo su gabinete, llevó a cabo contrataciones y una serie de gastos de reformas en el edificio municipal para beneficiar a las contratistas. Inclusive está violando la medida cautelar que aplicaron, ya que esta prohíbe todas las erogaciones del municipio hasta que se revisen las cuentas, lo que podría generar juicios millonarios para el municipio.


“La crisis de la pandemia y la situación económica que atraviesa nuestro país nos complica aún más, ya que se hace difícil encontrar fuentes de trabajo”, explican trabajadores municipales dados de baja, que actualmente se organizan solidariamente para asistir a merenderos y comedores ayudando a los más afectados por la crítica situación actual. Y comentan que esta situación “es aprovechada maliciosamente por el intendente Martínez, que juega con la desesperación de los compañeros buscando que renuncien al pase a planta, extorsionándonos a cambio de un contrato”.


Los trabajadores exigen que se revoque la medida cautelar y que se reconozcan los derechos contraídos con las resoluciones municipales 489 y 493 de octubre del año 2019, que decretan el pase a planta. Denuncian las maniobras por parte de la Justicia que benefició al intendente Javier Martínez con una cautelar en menos de tres días, cuando llevan seis meses las denuncias de los trabajadores sin que el juez Flores eleve las apelaciones a la Cámara para que revisen el fallo, perjudicando la subsistencia de estas treinta familias.


Desde el Partido Obrero llamamos a apoyar el reclamo de las y los trabajadores municipales de Margarita Belén, exigimos el pase a planta y que se paguen los salarios adeudados y el cese de la persecución política.




 

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10/06/2020

Docentes Plottier: la minoría Multicolor de Aten – Tribuna Docente logra ayuda social

Bonos para les docentes sin trabajo

Varies docentes desocupades de la localidad neuquina de Plottier informaron que hoy recibieron un bono para hacer compras en un supermercado local, tras el reclamo en este sentido que habíamos presentado desde la minoría de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten) Plottier.


El bono llega luego de que integrantes de la minoría concurriésemos a la sede de Desarrollo Social del municipio para solicitar ayuda económica y alimentaria del gobierno local, para aquelles compañeres que figuran en el padrón de trabajadores de la educación y están desocupades desde el mes de febrero -de quienes entregamos un listado hace un tiempo. Nos reunimos con la directora del organismo municipal, quien nos respondió que en breve daría respuestas a dicho pedido.


Mientras los integrantes de la mayoría de la directiva, de la Lista TEP (la misma que conduce la gremial a nivel provincial) se limitan a propagandizar cursos y borrarse de toda exigencia al Estado, nosotros partimos de la convicción de que la lucha y el reclamo debe ser organizados y en la calle, como lo demostraron los mineros de Andacollo, entre otras luchas.


Tomando todas las medidas de bioseguridad, entre ellos los barbijos, demostramos que estos nos cubren el rostro, pero no nos callan. Sabemos que esta ayuda será solo un paliativo a las necesidades, pero no deja de ser una conquista conseguida con los métodos de lucha.


Es un paso adelante. Mientras perseveramos en la lucha por:


  • Cobertura de todos los cargos y horas vacantes
  • Conectividad y dispositivos con internet para estudiantes y trabajadores de la Educación
  • Salarios actualizados acorde a la canasta familiar
  • Defensa de nuestro ISSN y las jubilaciones

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10/06/2020

En plena pandemia, Kicillof y el ministro Gollán financian a los capitalistas de la salud

Vaciamiento de la obra social de la provincia de Buenos Aires.

Kiciilof y su ministro de salud Daniel Gollán anunciaron un plan de rescate de las clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires por medio del Ioma, la obra social de los docentes y empleados del Estado bonaerense. En la conferencia de prensa, que sirvió de lanzamiento al paquete de subsidios, el gobierno provincial reconoció la fragilidad del sistema público de salud cuando crecen el número de infectados por coronavirus, a razón de 500 contagios por día.


Según Axel Kicillof “el sistema de salud está fragmentado, sin coordinación ni funcionamiento racional”. Ante este panorama crítico, el ministro Gollán festeja los subsidios a los privados porque dice que van a servir para “agregar” 1.500 camas al sistema de salud de la provincia. ¿Cuál es entonces la capacidad real de camas de terapia de las que dispone efectivamente el gobierno? Para Kicillof la superación de esta crisis no implica una centralización de todo el sistema sanitario bajo comando del Estado ni mucho menos la nacionalización o provincialización de clínicas, sanatorios y laboratorios sino asumir las deudas y “quiebras” de los capitales privados de la salud para pagarlas con los fondos aportados por los trabajadores a su obra social (Ioma). Si algo quedó claro es que las camas del sector privado no están integradas al sistema de salud y que los mercaderes de la salud privada ponen condiciones y exigencias de todo tipo.


En rigor el rechazo del gobierno del Frente de Todos a centralizar el sistema sanitario deja a millones de bonaerenses como rehenes de los privados. Son los sanatorios y clínicas privadas los que tienen una mayor oferta de camas de terapia e internación. Con el pico de la pandemia se agrava la crisis sanitaria y la saturación progresiva de camas en los hospitales provinciales y municipales (en La Plata los hospitales públicos están al borde del colapso). Kicillof ocultó esta fragmentación en las conferencias de prensa donde se congratulaba por la “cuarentena exitosa”. Se trata de un encubrimiento grave que pone en peligro a la población. Mientras Fernández y el gobernador discursean sobre la pospandemia para flexibilizar semanalmente la apertura de actividades económicas no esenciales (lo que a su turno favorece la propagación del virus) los contagios se multiplican en los barrios populares y se extienden en toda la provincia.


Nuevamente quién paga la crisis


Como ocurre con la deuda externa fraudulenta cuyo capital fue reconocido en un 97 % por el gobierno provincial, Kicillof, Gollán y la presidencia del Ioma también le pasan el trapo al vaciamiento de la obra social practicado por todos los gobiernos y agravado en extremo por Vidal. Se falsifica una pretendida centralización que solo existe para derivar fondos públicos convalidando el saqueo, sabotaje y vaciamiento del Ioma. El propio ministro de Salud, que denunció la deuda de $6.500 millones que dejó el macrismo con los proveedores y un faltante de $ 4.000 millones en caja, postula un nuevo sangrado a la obra social de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. ¡Se profundiza el vaciamiento estatizando las deudas y quiebras de los privados!


Como sucede con otros subsidios al capital, los empresarios de la salud privada se anotan en la cola para cobrar sin abrir los libros que deberían ser controlados por los trabajadores, otro tanto sucede con el Ioma. Lo que Gollán denomina “ahorro propio” para “auxiliar a las clínicas privadas” es en realidad un nuevo mazazo a los afiliados. El pedido de rescate a razón de $ 400 millones mensuales lo van a pagar los trabajadores con un aumento del 7% en todas las prácticas encareciendo las prestaciones y golpeando los salarios. Se trata de una suma millonaria para subsidiar a las casi 200 clínicas privadas con los recursos aportados por más de dos millones de afiliados al Ioma. A la saga de los capitalistas quedarán los monotributistas que no perciben sus ingresos, entre estos los acompañantes terapéuticos que trabajan en condiciones de absoluta precarización laboral.


Kicillof drena de recursos al Ioma y afecta los fondos de una provincia hipotecada y con las cuentas en rojo por exigencia del capital. El paquete de subsidios incluye, además del aumento en los nomencladores y los 400 millones de pesos mensuales a “devolver” en 12 cuotas sin interés, el pago de módulos específicos por la atención de pacientes con coronavirus. Este indulto a los vaciadores, y a un saqueo que creció exponencialmente con los sobreprecios en la compra de insumos, coimas y negociados de todo tipo con los monopolios privados de la salud, es además un golpe artero a los familiares de los fallecidos por la falta de medicamentos y la desidia estatal (solo bajo el gobierno de Vidal murieron 23 afiliados por no recibir la medicación necesaria a tiempo)


El vaciamiento del Ioma y ahora este nuevo drenaje son parte de una política integral para que los trabajadores paguemos la crisis y el derrumbe de una salud pública sin financiamiento. El gobierno habla de la pesada herencia de Vidal pero disimula que fueron los “nacionales y populares” los que prorrogaron el presupuesto de ajuste. Kicillof volvió a mejorar la oferta a los fondos buitre de la deuda externa bonaerense mientras prepara un paquetazo de nuevo endeudamiento equivalente a todo el presupuesto de salud del 2019. Los sindicatos tienen que intervenir para denunciar este saqueo, en particular aquellos que como Suteba tienen veedores en el Ioma . El silencio equivale a complicidad. Presentar el subsidio al capital como una vía de “centralización” del sistema de salud es no solo una impostura sino el anticipo de nuevos ajustes a los trabajadores y a la salud pública.


Inmediata apertura de los libros de las clínicas privadas. No al vaciamiento del Ioma. Cobertura de todas las prestaciones. Por un Ioma dirigido por los trabajadores.



 

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10/06/2020

Larreta y el espionaje a los docentes

Familias de las comunidades educativas de distintos distritos escolares de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron haber recibido llamadas intimidatorias desde el Ministerio de Educación, que apuntaban a relevar información acerca del desempeño de los docentes en medio de esta situación extraordinaria signada por el aislamiento social obligatorio.


Las denuncias contra Larreta llegaron a través de audios en los que explican que las llamadas se realizaron sistemáticamente y por fuera del conocimiento de directivos y supervisiones. Incluso en un posteo de redes sociales algunas autoridades ministeriales de direcciones de áreas se expidieron rechazando este tipo de procedimientos.


El legislador del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo responda cuáles fueron las motivaciones de este tipo de procedimientos. Al respecto, señaló que “es grave el pedido de datos personales de niños, madres, padres y docentes que hace el Ministerio” y que “lo que está buscando Larreta es una confrontación entre las familias y los docentes, al obligar a las primeras a evaluar el trabajo de los segundos haciendo abstracción de las condiciones difíciles que tiene la virtualización, como consecuencia de la falta de computadoras y de conectividad que no garantiza el propio gobierno de la Ciudad”. Estamos ante una clara persecución a los docentes queriendo utilizar a las familias, cuando ambas son víctimas ya que ninguno tiene las herramientas para la virtualización.


Desde Tribuna Docente y el Partido Obrero rechazamos cualquier intento de persecución, intimidación y regimentación de la docencia y la estigmatización de las familias.




 

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10/06/2020

CABA-Programa Fines: recorte y falta de pago en medio de la pandemia

Los trabajadores docentes del Programa Fines vienen realizando distintas acciones desde finales del año 2019 exigiendo al gobierno nacional de Alberto Fernández la continuidad y regularización de los cargos docentes, el pago de aguinaldo, vacaciones, y la garantía de continuidad pedagógica para las y los estudiantes. Sin embargo la respuesta por parte del Ministerio de Educación nacional a cargo de Trotta fue tardía y con el rasgo característico de un recorte presupuestario. La partida destinada al Programa es la misma ya de por sí deficitaria del 2019.


Este temperamento por parte del gobierno nacional, en la CABA fue el amparo justo para  la ministra de Educación Sol Acuña y Horacio Larreta quienes se desresponsabilizan de sus obligaciones argumentando que el programa depende de Nación. Esto desnuda la orientación social compartida de ajuste y recorte por parte del gobierno nacional y el de la CABA.


Desde la banca del bloque del Partido Obrero en el FIT-U el legislador Gabriel Solano presentó un proyecto de declaración que exige el cumplimiento con lo adeudado a los docentes del Programa de la CABA y expresa la preocupación por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Programa en todo el país por la precarización e inestabilidad laboral


Desde Tribuna Docente realizamos una entrevista a Ester Cohen, docente del Plan Fines en Sede Elefante Blanco (Lugano) y en Sede Villa 31 (Retiro) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien retrata la situación de extrema precarización laboral que atraviesan y denuncia que ya transcurrieron seis meses sin percibir sus salarios.


TD- Ester, ¿cuál es la situación que atraviesa hoy el Programa Fines?


EC_ Luego de varias asambleas y movilizaciones al Ministerio de Educación de la Nación, se logró en marzo que el Ministro Trotta firmara la Resolución que habilita el funcionamiento del Plan en todo el País, dado que había finalizado en diciembre de 2019. A partir de la Resolución, comenzó la tramitación de dar el alta a Referentes y Docentes, y comenzar la inscripción de alumnos. Lo que ya fue realizado. En CABA las altas de docentes se hicieron con fecha 15 de abril y las clases comenzaron a fines de abril.


TD- En la CABA esta situación, ¿cobra alguna forma particular a la luz de las diferentes pertenencias políticas entre el gobierno nacional y el de Larreta?


EC- En CABA si bien las clases han comenzado el 27 de abril, los docentes no hemos percibido ningún salario, nuestro reclamo es que hace cinco meses que no cobramos, porque nuestro reclamo histórico es que seamos considerados como todos los docentes, dentro del Estatuto, y que tengamos la misma situación de revista, por tanto, cobrar aguinaldo, vacaciones, y que la obra social Obsba no caduque cuando finaliza el contrato.


TD- ¿Es decir que no solo no hay reconocimiento de aguinaldo, vacaciones, antigüedad, ni retroactividad en el pago de los salarios sino que tampoco hay reconocimiento del carácter alimentario del salario ya que tampoco han abonado desde la fecha de alta de los cargos?


EC- El alta docente es de fecha 15 de abril, mínimamente, si no cambia nuestra condición frente al empleador solicitamos se nos pague por el trabajo ya realizado. Hemos hecho múltiples reclamos, en distintas formas: flyers, videos, fotos, comunicados, cartas destinadas a autoridades nacionales y de la Ciudad, llamadas telefónicas. No hemos obtenido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad. Cuando algún funcionario de la Ciudad responde informa que aún no ha llegado la partida presupuestaria de Nación. Y en Nación contestan que la Ciudad es autónoma, y que se maneja con fondos propios. En resumen, docentes del Plan Fines hace seis meses que no recibimos ningún ingreso, y hay muchos que han quedado fuera de la Obra Social.


TD- ¿Cuál es el impacto pedagógico en términos de continuidad y cómo afecta esto en los barrio más carenciados en los que se lleva a delante el programa?


EC- Respecto de la Continuidad Pedagógica, en el Plan Fines, cursan adultos que mayormente viven en los barrios más humildes de la Ciudad, y que por una razón u otra no han podido cursar estudios en el momento que les correspondía ahora, atravesados por la pandemia, la situación es muy difícil, tenemos muchos alumnos contagiados, pero los que pueden cursar, lo hacen a través del celular, vía whatsapp, mandamos algunos materiales que pueden leer en el celular y mandamos audios explicativos, cada docente se maneja como va pudiendo, sin ninguna ayuda del Ministerio


TD –¿Tienen acciones a realizar en los próximos días?


EC- Estamos analizando las medidas a seguir con las limitaciones que conlleva la situación ya que estamos en cuarentena, no podemos movilizar alumnos o docentes en grupo de riesgo completamente vulnerables o ya contagiados. Por otro lado seguimos insistiendo con el teléfono de los funcionarios, la única respuesta es que no hay número de expediente para liquidar sueldos dado que Nación no ha enviado partida.


Con estos reclamos la docencia del Programa Fines de CABA, el viernes, realizará un paro virtual y se concentrará a las 12 h frente a la Jefatura de Gobierno.



 



 

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10/06/2020

Jujuy: Morales pone en duda el pago del aguinaldo

Se profundiza el ajuste contra los estatales.

El gobernador jujeño Gerardo Morales puso en duda el pago del aguinaldo. Cuando fue consultado en una entrevista televisiva, dijo que no cuenta con los recursos para afrontarlo. Esas declaraciones, realizadas con mucha soltura, muestran la disposición a seguir llevando adelante un ajuste contra los estatales.


Los empleados públicos jujeños ya sufren un desdoblamiento del pago de salarios, e incluso se ha extendido el cronograma de pago. Morales también suspendió el pago a proveedores y pretende dejar sin pagar los juicios que enfrenta el Estado provincial.


El gobernador apuesta todas sus fichas a conseguir el otorgamiento de un crédito de $3.000 millones del gobierno nacional, para lo cual contó con los votos del Frente de Todos en la Legislatura en la habilitación de un nuevo endeudamiento. Profundiza así la política de los últimos años, en que aumentó la deuda y en particular la nominada en moneda extranjera.


Mientras tanto, Jujuy es la provincia con mayor pérdida de empleos privados en abril en comparación con el mes anterior y con el mismo mes de 2019. Según la Encuesta de Indicadores Laborales que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Gran Jujuy tuvo una caída del 2,6% respecto del mes anterior y del 8,5% en la comparación interanual. Esto cuando durante todo el 2019 la provincia estuvo siempre en los primeros lugares de la caída en estos indicadores (jujuyalmomento.com).


No pueden ser que los trabajadores y el pueblo jujeños sean los que paguen el costo de la crisis. Hay que establecer un impuesto a las grandes ganancias y riquezas, comenzando por las mineras y el ingenio Ledesma, para constituir un fondo que permita afrontar la crisis social y sanitaria, garantizando el pago íntegro de salarios y aguinaldos. Para eso es necesaria además la inmediata suspensión del pago de la deuda de la provincia.





 

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