14/01/2021 | 1613

Salud: en medio de la pandemia, los trabajadores se organizan

Sábado 27 de febrero, encuentro convocado por Tribuna de Salud.

El sábado 27 de febrero se desarrollará en forma virtual un encuentro convocado por la agrupación Tribuna de Salud que reunirá a trabajadores del sector. La pandemia ha extenuado al personal y ha puesto de relieve las enormes carencias del área (falta de personal, bajos salarios, pluriempleo, problemas de infraestructura).

Son varios los trabajadores que han fallecido en el curso de la pandemia. Para estos trabajadores de la primera línea, el gobierno no dispuso la cantidad de equipos de protección personal necesarios, aplica paritarias a la baja y un bono de apenas 5.000 pesos, que ni siquiera fue incorporado al básico. Además, niega el reconocimiento profesional a enfermería (en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias) o el pago a concurrentes.

Tribuna de Salud ha emitido una declaración en que señala como responsables del desmadre sanitario "a quienes gobernaron en las últimas décadas" -es decir, a radicales, peronistas y macristas. Plantea también la necesidad imperiosa de centralizar el sistema sanitario y cuestiona al gobierno de Alberto Fernández. "La más tibia mención a alguna centralización del sistema fue rápidamente archivada porque el gobierno es socio y cómplice de los mercaderes de la salud privada. El resultado fue posible de prevenir: hubo momentos de hospitales públicos saturados cuando había recursos privados disponibles. Además, los dueños de clínicas y prepagas mantuvieron bien guardado el secreto de la real magnitud de esas camas".

Los trabajadores han protagonizado distintas luchas por sus reivindicaciones a lo largo de esta pandemia. Enfermería ha salido a las calles por el reconocimiento de la carrera profesional. Hubo caravanas médicas en varias ciudades del país. Los trabajadores del Hospital Garrahan vienen desarrollando un plan de paros por un 50% de aumento y un inicial equivalente al costo de la canasta familiar. Residentes y concurrentes de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires han desarrollado movilizaciones masivas. "Si todas estas peleas no logran aún converger en un polo único -dice la declaración-, es responsabilidad de la burocracia sindical. En vez de defender a los trabajadores de la salud, bancan los ajustes del poder de turno. Antes que defender la centralización del sistema de salud, defienden el modelo privatista en que convirtieron las obras sociales". Por eso, llama a luchar para recuperar esos sindicatos y las obras sociales para los trabajadores.

Además de la centralización del sistema sanitario, Tribuna de Salud plantea un pliego de reclamos que incluye la triplicación inmediata del presupuesto sobre la base del no pago de la deuda y la eliminación de los negociados a costa de la privatización de la salud; un bono de 20 mil pesos mensuales para todo el personal; la reapertura de paritarias y un salario equivalente a la canasta familiar; la formación de comités de seguridad e higiene en todos los hospitales públicos y privados electos por los trabajadores; la entrega de EPP en cantidad y calidad; el pase a planta permanente de todo el personal hospitalario, cualquiera sea la tarea que realice, y el pase de Enfermería a la carrera profesional, entre otros.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCTdRjTM09pJb7I0nDusJszOmf6z3FOXAKz_ZH_fLHcTfdDw/viewform

 

https://prensaobrera.com/sindicales/acto-en-el-garrahan-en-repudio-a-las-declaraciones-de-gines-gonzalez-garcia/

https://prensaobrera.com/sindicales/larreta-despide-a-un-enfermero-de-la-maternidad-sarda-en-plena-pandemia/

 

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14/01/2021 | 1613

¿Hacia dónde va la economía mundial?

El alcance de la crisis capitalista.

Con la llegada de la vacuna, ha empezado a crecer en el mundo académico y de los negocios la esperanza de que lo peor ya ha pasado y que la economía mundial marcha a una recuperación. El agotamiento de stocks de reservas en China y la presión capitalista para volver al trabajo “esencial” en todo el mundo ha llevado a un aumento de los precios de las materias primas, particularmente de las alimenticias (soja, maíz, carne, etc.). Estos aumentos también se han visto incentivados por la disminución de la oferta debido a factores climáticos circunstanciales (sequía). Pero la segunda ola de la pandemia ha puesto paños fríos a ese optimismo y ha vuelto a colocar un freno y una vuelta atrás con la reapertura de la actividad económica. Pero más allá de ello, esta visión circunstancial tiende a encubrir que estamos ante una crisis de fondo del sistema capitalista, sólo comparable con la del '29 y que incluso tiene una dimensión superior a aquella. El mundo ya avanzaba a una recesión con anterioridad al estallido del coronavirus. La pandemia ha acelerado y agravado esta tendencia.

No estamos ante una crisis pasajera. La economía ha entrado en una depresión. El colapso actual echa sus raíces en contradicciones profundas y explosivas que ya estaban presentes en crisis anteriores y que, lejos de atenuarse y revertirse, se han agigantando, pavimentando el tsunami actual. Al respecto, Nouriel Roubini, conocido como el “Doctor Catástrofe”, por tratarse del economista que predijo el colapso financiero de 2008, viene advirtiendo que marchamos a una "tormenta perfecta". Lejos de un fenómeno transitorio, plantea que marchamos a un proceso prolongado, cuyas huellas se van a sentir durante toda la década. Según Roubini, hace rato que el mundo iba hacia una acumulación de factores financieros, políticos y sociales no resueltos, y el coronavirus solo agregó un problema adicional. Lejos de cambiar su pronóstico por algunos indicadores en ciertas economías desarrolladas, reforzó su perspectiva.

Aunque no descarta algún tipo de recuperación, en la hipótesis de que prosperara, sería débil y no pasaría de un rebote precario que no podría impedir que se abra paso a lo que denomina una “Grandísima Depresión”. Por lo pronto, si bien es cierto que una parte de la población afectada se reintegró a sus trabajos, en la actualidad, hay 11 millones de desocupados nuevos en Estados Unidos con respecto a marzo de 2020. Incluso en el escenario más optimista del Banco Mundial, se prevé que el nivel del producto interno bruto mundial en 2021 será un 5,3% inferior a la proyección prepandémica, lo que equivale a una pérdida de producción de 4,7 billones de dólares. El crecimiento, incluso, podría ser mucho menor. El informe advirtió que si las infecciones continuaban aumentando -la situación actual- y si los despliegues de vacunas experimentaban problemas logísticos -como ocurre ahora-, entonces el PBI mundial podría expandirse sólo en un 1,6 por ciento este año. Si la tensión financiera, causada por el aumento de la deuda, que fue identificada en el informe como un riesgo significativo, condujera a importantes incumplimientos de pago por parte de empresas y gobiernos, la economía mundial podría contraerse de nuevo en 2021. El informe señaló que incluso si la pandemia se controla, su efecto en el crecimiento mundial podría ser "más duradero de lo esperado". La deuda se ha disparado por encima de niveles ya elevados y, aunque los bancos están relativamente bien capitalizados, "una ola de quiebras podría erosionar las reservas bancarias, poniendo a algunos países en riesgo de crisis financiera".

Déficit fiscal y deuda

Roubini destaca, en primer lugar, el factor explosivo que representan los crecientes déficits fiscales, que ascenderían al 10% del PBI mundial o más, haciendo crecer la deuda pública que ya era insostenible. En el último año, éstos equivalieron al 230% del PBI mundial, potenciando los riesgos de default.

Esto pone de relieve que el rescate estatal al que se viene apelando no puede estirarse indefinidamente. Y que la cuerda, de tanto tensarla, se pude romper. La visión de Roubini contrasta con la predominante en los círculos gobernantes que vienen apelando a la ayuda del Estado, apuntando a un salvataje generalizado del capital. Algunos gurúes, por lo general de cuño neokeynesiano como Paul Krugman o Kenneth Rogdof, acompañan este línea de acción, planteando el aumento del gasto público como la gran panacea. Gran parte de la ayuda estatal a los capitalistas se vuelca a la Bolsa, donde las empresas recompran sus propias acciones y elevan artificiosamente los valores de la misma. Se están batiendo récords históricos en los valores de las acciones en el mismo momento en que no solo la economía, sino el sistema político norteamericano evidencia una crisis histórica (golpe de Trump, etc.). Estamos frente a una monstruosa burbuja financiera que, más bien temprano que tarde, volverá a explotar. Apuestan a la implementación de paquetes de estímulo de la economía apuntando a grandes obras de infraestructura, renovando y ampliando la ya existente, que en muchos casos ha quedado obsoleta. Esta salida obvia el hecho que el financiamiento de este paquete se hace cada vez más difícil y hacerlo a través del endeudamiento, tiende a encarecerse y presionar a la suba de la tasa de interés. Esta situación está obligando a los Estados a recurrir a una emisión, pero eso está lejos de ser inocuo, pues está llevando a una depreciación del dólar respecto del oro e incluso a otras monedas. Esto crea la condiciones -como advierte el economista- para un escenario de “estanflación” (estancamiento con inflación). Si persistiera esta tendencia, esto podría culminar en un abandono masivo del dólar y provocaría el naufragio de las relaciones económicas internacionales. La “tormenta perfecta” de la que habla Roubini no tiene nada de fantasiosa.

Este panorama se extiende al sector privado, cuyos niveles de deuda se volverán también insostenibles, lo cual “potencialmente conduce a defaults en masa y bancarrotas”. Recordemos que la deuda corporativa de Estados Unidos asciende a 16 billones de dólares y sacando un puñado selecto de empresas líderes, una mayoría de empresas enfrenta una situación financiera absolutamente vulnerable, y en el caso de muchas de ellas, su deuda ha pasado a ser de alto riesgo y revistan bajo la categoría de empresas zombis, cuyos beneficios no alcanzan para cubrir el pago de sus intereses. El sector privado está lejos de poder actuar como motor de la economía, más bien está pugnando por sobrevivir. Comparado con crisis anteriores, esta vez, la depuración del capital sobrante está llamada a ir más lejos, abriendo paso al escenario de quiebras generalizadas.

Al referiste al sector privado, Roubini incluye a los hogares, advirtiendo que como resultado de la pérdida de puestos de trabajo, suspensiones y paralización de la actividad económica, los niveles de endeudamiento de las familias están llamados a crecer, y eso ya está ocurriendo, aumentando las deudas en las tarjetas, y en el pago del alquiler (hay 6 millones de desalojos en puerta en Estados Unidos, que vienen siendo postergados por la emergencia). La demanda y el consumo privado, por lo tanto, están inhabilitados para oficiar como dinamizador de la economía. Tampoco es prometedor el comercio exterior. Recordemos que Trump, pese a todas sus promesas, no pudo revertir el desequilibrio de la balanza comercial. La introducción de aranceles concluyó trayendo más desventajas que ventajas. Biden va a continuar con la política de su antecesor de represalias comerciales, forzado por el impasse que afecta en primer lugar a Estados Unidos, en su condición de principal potencial capitalista, pero esto está lejos de permitir, como ya se constató en los cuatro años de mandato de Trump, una resurrección de la economía yanqui.

Caída de la tasa de beneficio

A la hora de bucear las causas, Roubini destaca que la crisis, además de causar recesión “también está creando un enorme estancamiento de bienes (máquinas y capacidad que no se utilizan) y de mercados de trabajo (desempleo masivo), a la vez que impulsa un colapso de los precios de commodities como el petróleo y los metales industriales”. “Eso hace que la deflación sea probable, e incrementa el riesgo de insolvencia”. Las tendencias deflacionarias de las que habla Roubini nos remiten a las causas estructurales de la crisis que están presididas por la caída de la rentabilidad capitalista. Como telón de fondo, asistimos a un crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales: un excedente de productos y capitales sobrantes que se traducen en una caída de precios y de la tasa de beneficio. Una confirmación empírica de la validez de la ley decreciente de la tasa de ganancia desarrollada por Marx en El capital, que dan cuenta de las tendencias al derrumbe, intrínsecos a la acumulación capitalista. El análisis marxista ha demostrado su realismo y superioridad con respecto los economistas y académicos burgueses, que han demostrado su ceguera y superficialidad en momentos que la economía navegaba en el Titanic".

La crisis capitalista -advierte el Dr. Catástrofe- va a ser descargada violentamente sobre las masas, haciendo retroceder sus condiciones de vida, que se va efectivizar a través del aumento de desempleo y recorte de los salarios. “Millones de personas han perdido sus empleos, o continúan trabajando pero ganan menos”, por lo cual “las brechas de ingresos y riqueza en la economía del siglo XXI se agrandarán más”. La desglobalización “acelerará el ritmo de la automatización, lo que ejercerá una presión a la baja en los salarios".

Guerra comercial y belicismo

El impasse capitalista, a su turno, está destinado a acentuar las tendencias a una balcanización y fragmentación “que van de la mano de un aumento de las represalias y guerra comercial. Esta tendencia tiene como principales actores a Estados Unidos y China, pero plantea que la mayoría de los países responderá “adoptando políticas aún más proteccionistas para ofrecer a las empresas locales y los trabajadores un escudo contra las disrupciones globales”. El escenario que se viene son “limitaciones más estrictas a la circulación de bienes, servicios, capital, trabajo, tecnología, datos e información”, pronostica. “Esto ya está sucediendo en los sectores de fármacos, equipamiento médico y alimentos, donde los gobiernos han impuesto restricciones a la exportación y otras medidas proteccionistas para responder a la crisis”.

El panorama descripto es un caldo de cultivo para que florezcan las tendencias bélicas, en las que Roubini coloca como posibles focos de conflicto, el enfrentamiento de Estados Unidos con China, pero también con Irán, Corea del Norte y hasta con Rusia. No olvidemos que el Pentágono define a China y Rusia como "amenazas estratégicas", lo cual es una pantalla para justificar un escalada militar contra ambas. El objetivo último del imperialismo apunta a a una colonización económica, política y diplomática del ex espacio soviético y del gigante asiático. En este contexto, Roubini advierte sobre la emergencia de una nueva “ guerra fría”, pero no descarta que una “ciberguerra” podría “potencialmente llegar incluso a choques militares convencionales”. En principio, “el sector privado tecnológico de  Estados Unidos se integrará cada vez más al complejo industrial de la seguridad nacional”.

No se puede obviar la cuestión ambiental al trazar este panorama. La pandemia no se origina en una fuerza o factor externo -como podría ser, por ejemplo, una catástrofe derivada del impacto de un meteorito. El actual brote está directamente emparentado con las alteraciones climáticas y del medio ambiente, alentados por la actual organización social vigente. Roubini enumera las epidemias que se han sucedido desde la década de 1980 -VIH, SARS, H1N1, MERS, Ebola y Covid-19- y las define como “desastres creados por el hombre, surgidos de los bajos estándares de salud y salubridad, el abuso de los sistemas naturales y la creciente interconectividad de un mundo globalizado”. El pronóstico que hace el economista es que “los numerosos síntomas mórbidos del cambio climático se volverán más frecuentes, graves y costosos en los años por venir”.

Crisis políticas

Semejante crisis ha terminado minando los cimientos del sistema político, sus instituciones y partidos. La creciente polarización económica y social se traslada al plano político. El distanciamiento, el descrédito de la población en el régimen vigente va aumentando a la par del deterioro de las condiciones de vida y la falta de perspectiva y posibilidades de progreso. En esas condiciones, asistimos al derrumbe de la democracia, incluida la de las metrópolis imperialistas, y la emergencia de tentativas bonapartistas, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. La toma del Capitolio y la crisis desatada en Estados Unidos habla de la actualidad de estas tendencias, que se repiten en los principales países de Europa. Roubini tiene presente esta circunstancia y advierte sobre una “reacción contra la democracia”, porque las situaciones de “debilidad económica, desempleo masivo y desigualdad creciente” constituyen el ámbito para la aparición en escena de, que él llama, líderes populistas.

La "tormenta perfecta" amenaza, según Roubini, con llevar a la humanidad a una "década de desesperanza". El retrato incisivo que hace Roubini contrasta con la falta de una propuesta de salida. Toda su propuesta se reduce a alentar una esperanza vaga de que “con la tecnología y un mejor liderazgo político podría reducirse o minimizar estos problemas”.

La apertura de un nuevo horizonte para la humanidad excede lo que puede ofrecer el economista. Dicha tarea está reservada a los trabajadores que deben tomar en sus manos la lucha por una reorganización integral del planeta sobre nuevas bases sociales.

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14/01/2021 | 1613

China en su laberinto

Entre la apertura, la intervención estatal y el default empresario.

La esperanza de una recuperación de la economía mundial se concentra crecientemente en China. Algunos pronósticos hablan de que en 2021 podría crecer hasta un 9 por ciento, pero esto es vidrioso y tiende a ocultar los escollos y contradicciones que se vienen abriendo paso en el país asiático.

Recordemos que en la crisis financiera de 2008, China ofició de locomotora, contrarrestando la recesión mundial cuyo corazón estaba en las grandes metrópolis imperialistas, empezando por Estados Unidos. Hubo grandes expectativas de que incluso China tenía la capacidad de sacar la economía mundial de la crisis. En lugar de ello, el gigante asiático terminó siendo arrastrado por ella. Ya antes de que estallara el coronavirus, China venía sufriendo una brusca desaceleración. Habían quedado atrás las tasas de dos dígitos y el país asiático estaba creciendo por debajo del 6%, habiendo quienes sostenían que la tasa real era más baja. E incluso este crecimiento más débil había sido sostenido por un endeudamiento de carácter explosivo. La deuda china asciende en la actualidad a casi el 300 por ciento del PBI. De modo tal que China ingresa en esta nueva crisis en una situación más endeble y con menor margen de maniobra que en el pasado y en esa medida, no está en condiciones de cumplir el mismo rol que jugó doce años antes.

Incumplimientos

Los medios de comunicación no le han dado la transcendencia que se merecía a una sucesión de incumplimientos de pago al final del año en los préstamos de empresas que se pensaba que tenían el respaldo del Estado. Esto que pasó relativamente inadvertido; sin embargo, estremeció el mercado financiero chino y disparó la inquietud de los grandes operadores internacionales.

Según la consultora Mitch Ratings, las empresas estatales incumplieron un récord de 6.100 millones de yuanes en bonos entre enero y octubre, una cantidad igual a la de los dos años anteriores juntos. Pero en noviembre, los problemas empeoraron significativamente, con incumplimientos de tres grandes empresas.

La primera señal de problemas más profundos apareció el mes pasado, cuando la empresa estatal de carbón Yongcheng Coal and Electricity Holding Group, ubicada en el centro de China, dejó de pagar un bono por valor de 152 millones de yuanes.

Dos semanas después, el grupo estatal de tecnología de alto perfil, Tsinghua Unigroup, dijo que no cumpliría con un bono nacional por el equivalente a 199 millones de yuanes. La semana pasada la compañía anunció que no esperaba pagar intereses o capital en bonos de 450 millones de yuanes. Esto también provocaría incumplimientos cruzados en otros 2.000 millones de yuanes en bonos que vencen entre 2021 y 2028. Tsinghua Unigroup es una firma importante en la fabricación local de semiconductores, una de las apuestas de China, que busca desembarazarse de la dependencia que tiene en el área con las metrópolis capitalistas. Es propiedad mayoritaria de la Universidad de Tsinghua, una de las instituciones académicas más prestigiosas de China y cuenta con el respaldo del gobierno.

Otro incumplimiento ocurrido en el cierre de 2020 corresponde a la firma respaldada por el Estado Brilliance Auto Holdings, que está ligada a la gran empresa alemana de automóviles BMW.

Esto representa un giro en la política del gobierno chino, que venía socorriendo a las empresas en apuro, en particular, aquellas más vinculadas al Estado. El interrogante que se ha abierto es hasta qué punto el Estado chino está dispuesto a dejar abandonadas a su suerte a las empresas con dificultades. La necesidad de cerrar el grifo es una cuestión que en particular en los últimos años está en la agenda de discusión de las autoridades chinas ante el hecho del crecimiento monumental de la deuda y el riesgo que esto representa en el sistema financiero, que viene otorgando préstamos de dudosa cobrabilidad. El temor fundado del gobierno, para dar ese paso, era el escenario de cierres y quiebras que este corte podría desencadenar y sus efectos sociales, con cierres y despidos masivos.

Tras los impagos nombrados, el viceprimer ministro chino Lie He advirtió a las empresas que Pekín adoptaría un enfoque de "tolerancia cero" frente a la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos. Importa señalar las repercusiones que la nueva política oficial podría tener, con más razón si tenemos presente que del total del endeudamiento corporativo las empresas estatales representan más de la mitad. Por lo pronto, una veintena de empresas chinas suspendieron los planes de nuevas emisiones de deuda por un total de 2.400 millones de yuanes.

El remedio, sin embargo, puede terminar siendo peor que la enfermedad. El hecho de que las empresas pierdan las garantías del Estado aumentará muy probablemente las dificultades para conseguir préstamos o un sensible encarecimiento de su costo, hasta el extremo de hacerlos prohibitivos. Incrementará la reticencia de las propias entidades crediticias a prestar a sus antiguos clientes. Este escenario potencia los riesgos de default, no solo de las empresas afectadas sino del propio sistema financiero, cuya cartera de préstamos está compuesta de este universo de firmas estatales. Es oportuno tener presente que un parte creciente de los préstamos tienen como propósito cancelar viejas deudas.

Sobreproducción

Pero mas allá de ello, una cuestión tanto o más importante es que las medidas de estímulo no están generando los incrementos del PBI como lo hicieron en el pasado, por lo que la carga de la deuda en la economía se hace cada vez mayor. China tropieza con la crisis de sobreproducción que atraviesa al conjunto de la economía capitalista, empezando en primer lugar por las grandes potencias. El país asiático enfrenta una capacidad sobrante en franjas enteras de la actividad económica, como la producción de acero, carbón o aluminio. Este sobrante se ha acentuado con la recesión en curso y la paralización económica provocada por la pandemia. El gigante asiático no puede escapar a las tendencias disolventes de la bancarrota capitalista y no cuenta con los mismos recursos que en el pasado puso para contrarrestarla.

Los problemas de deuda no se limitan a las grandes empresas. Moody's Investor Services, que hace un seguimiento de la deuda de gobiernos locales en China, emitió un informe a principios de este mes poniendo una "perspectiva negativa" para la deuda del gobierno local y regional para el próximo año. Tengamos presente que los gobiernos han debido recurrir a un mercado paralelo de financiamiento, los llamados bancos en la sombra y todo indicaría que las tensiones e incluso la amenaza de default estarían creciendo, pues los gobiernos locales no estarían en condiciones de generar suficientes ingresos para cubrir los reembolsos de la deuda.

Idas y vueltas

La crisis mundial ha acentuado las contradicciones de la burocracia dirigente china, que oscila entre adaptarse a las exigencias de una mayor apertura económica y a las leyes de mercado, por un lado, y recurrir al intervencionismo estatal para pilotear un descalabro económico y evitar que la situación social se desmadre, por el otro. Sin ir más lejos, estas idas y vueltas han quedado expuestas esta última semana en que China acaba de suscribir un acuerdo de libre comercio con Europa en que flexibiliza el proteccionismo económico reinante, permitiendo la radicación de empresas europeas, reconociéndoles una participación mayoritaria en esferas de la economía (hasta ahora solo se podía poseer hasta un 49 por ciento del paquete accionario).

Pero, simultáneamente con ello, se han reforzado los controles y el intervencionismo sobre la actividad privada. La desaparición del fundador de una de las corporaciones líderes (Alibaba, una réplica china de Amazon), Jack Ma, de la vista pública en los últimos dos meses, provocó una catarata de especulaciones en las redes sociales sobre su paradero, que se da en medio de una nueva legislación de regulación de los monopolios e injerencia del PCCh en la vida y funcionamiento de las empresas privadas. Otras grandes empresas, como JD Digits, Tencent, Baidu y Lufax reestructuraron y restringieron su operatoria para evitar represalias. Las tensiones con la burguesía china han ido en aumento.

El PC chino ha buscado tener una intervención más activa en las decisiones de negocios. Que podrían llegar hasta el extremo de una disolución de grupos económicos y el traspaso de su patrimonio al Estado. Lo de Jack Ma no es un caso aislado. El gobierno chino viene apelando a la persecución directa, encarcelamiento y a la desaparición de prominentes hombres de negocios de la floreciente burguesía china.

Esto corrobora que la burguesía todavía no ha logrado consolidarse como clase dirigente. Sigue oficiando de segundo violín en un escenario en que el Estado chino sigue concentrando las principales decisiones del país. Este hecho da cuenta -como venimos sosteniendo desde las páginas de Prensa Obrera y en los análisis que el Partido Obrero viene realizando- del carácter inconcluso de la restauración capitalista. La intervención creciente del Estado chino, que como vimos, coexiste con la apertura de la economía, tiene como propósito salvar la restauración capitalista -de ningún modo está dirigida a suprimirla. Pero ese arbitraje excepcional del Estado, contradictoriamente, es una fuente de choques con el gran capital internacional y con la propia burguesía china que creció a la sombra y bajo la protección de la élite dirigente oficial.

La crisis china es un componente cada vez más gravitante de la crisis mundial capitalista. A las contradicciones explosivas de la economía mundial capitalista se le unen las propias del gigante asiático. Ingresamos en un escenario convulsivo de la historia china, cuyo desenlace estará signado, como ya ocurrió en el pasado, por la lucha de clases nacional e internacional.

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12/01/2021

Israel: vacunas para todos, menos para los palestinos

Cisjordania y Gaza, por fuera del plan de inmunización contra el Covid-19.

El primer ministro Benjamin Netanyahu recibe la vacuna contra el coronavirus.

Israel ha recibido elogios por estos días debido a que se convirtió en el país con la mayor tasa de vacunación frente al Covid-19, alcanzando en menos de un mes al 18% de su población. Pero ha quedado relativamente oculto que el plan abarca a ciudadanos israelíes y a los colonos sionistas, dejando por fuera a cinco millones de palestinos que viven en Cisjordania y Franja de Gaza, territorios ocupados por Israel.

Varias organizaciones denunciaron la exclusión del gobierno israelí como una discriminación institucionalizada. Apelaron al artículo 56 del IV Convenio de Ginebra, según el cual Israel debería garantizar “los servicios médicos y hospitalarios, la salud pública y la higiene en el territorio ocupado, con especial referencia a la adopción y aplicación de las medidas preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias”.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania y el movimiento islamista Hamas en Gaza, pidieron a los mecanismos de cooperación internacional (Covax, programa de vacunación de la OMS en países pobres) asistencia sanitaria. A su vez, el ministerio de sanidad palestino arribó a un acuerdo con Rusia para la proporción de 4 millones de dosis de la Sputnik V.

La exclusión del gobierno israelí es una muestra más de una política sistemática de ataques contra el pueblo palestino. Una de sus últimas expresiones es el “acuerdo del siglo” que firmaron el primer ministro Benjamin Netanyahu y Trump para usurpar un 30% de territorios palestinos en Cisjordania, avanzando con su anexión.

Mientras tanto, el gobierno continúa habilitando la radicación de colonos en los asentamientos cisjordanos. Además, cabe recordar el atentado que sufrió el hospital infantil palestino en Franja de Gaza, durante el pasado diciembre.

Un dato a tener presente es que, con el plan masivo de vacunación, el primer ministro Benjamín Netanyahu intenta recomponer su imagen popular de cara a las elecciones parlamentarias de marzo. Israel va a su cuarta elección en dos años, una señal de la crisis política en ese país.

Frente a la barbarie sionista, hay que avanzar en la perspectiva de una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

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20 AÑOS

Hablan las delegadas y delegados del plenario del Polo Obrero

Este domingo 20, en Parque Lezama, el Polo Obrero realizó un importante plenario con la participación de cientos de compañeras y compañeros de distintos puntos del país, algunos de los cuales participaron vía Zoom. Prensa Obrera recogió el testimonio de delegadas y delegados.

"Vamos a tener un plenario con resoluciones de lo que vamos a hacer el año que viene, cómo vamos a seguir la lucha contra el ajuste, y un balance de estos 20 años de lucha", anticipó Mónica, delegada de Merlo. En este mes de diciembre, se cumple un nuevo aniversario de la fundación de la organización en un plenario desarrollado en la sede de la Fatpren (federación de trabajadores de prensa).

"Venimos con una delegación a festejar los 20 años de Polo Obrero, 20 años de lucha. Somos de la regional de Elsa Rodríguez [la compañera que fue herida de bala por una patota de la Unión Ferroviaria, durante la misma jornada en que fue asesinado Mariano Ferreyra]. Terminamos un año de luchas, de ajuste y de pandemia", nos contó Roxana, de Berazategui.

 

"Este año fue muy importante porque logramos la media sanción por el aborto legal en la Cámara de Diputados. Seguimos luchando para que sea ley", apuntó por su parte Ludmila, delegada del Polo Obrero de Lanús.

 

Entre los participantes del plenario de este domingo hubo también compañeros de la toma de Guernica, como Luis, quienes fueron brutalmente desalojados a fines de octubre por la policía del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni y el gobernador Axel Kicillof por defender su derecho a la tierra y la vivienda.

Sergio, del Polo Obrero de Presidente Perón, distrito en que se encuentra ubicada la localidad de Guernica, resaltó esa gran lucha e informó que se ha logrado ahora la apertura de una mesa de discusión con el gobierno bonaerense.

María del Carmen Díaz, delegada de la Villa 31, explicó que "el Polo Obrero lucha en todas las urbanizaciones de todos los barrios de CABA" y llamó a "seguir luchando por una urbanización real" de los barrios populares, al mismo tiempo que planteó la necesidad de una política obrera y socialista.

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20/12/2020

El teatro del pueblo

90 años no es nada.

Actuemos

La imaginación que despierta la palabra teatro ha sido confiscada a favor de paredes, plateas y fachadas. Espacios vacíos. Salas. La actividad teatral llega luego, a llenar esos vacíos. Es cierto, el teatro llega a llenar vacíos, faltas de sentido, angustias, tristezas, pesadumbres de conciencias que queman. El teatro es hijo de la desesperación, de las indignaciones, de los agotamientos del ser en los límites de cada una de sus sociedades, y en cada tragedia de sus particulares relaciones, máquina de los dramas y exorcismos.

Al teatro independiente de nuestro país se le ha impuesto un cumpleaños, como a las salas se les impone un nombre. Según Leopoldo Marechal, “quien recibe un nombre, recibe un destino”. Para los agentes que imponen cumpleaños, y que no ahorran palabras para destacar nuestra particular corriente teatral (tal como lo es, un fenómeno cultural único), la misma debió nacer hace 90 años con la primera sala así considerada: independiente. La actividad teatral no estaba ahí, pareciera, hasta que hubo sala, aseguran, sala para una nueva actividad teatral, del pueblo, independiente del Estado y los capitalistas, aseveran, la sala Teatro del Pueblo. El teatro del pueblo (con minúsculas) nació entonces como destino de una así llamada sala de teatro, que sin dudas, en su espíritu, y en el de su primer director, el izquierdista periodista y escritor Leónidas Barletta, habitaba el empuje para las expresiones liberadas, especialmente, contra la dictadura de José Félix Uriburu. Empuje y objetivos fáciles de encontrar en las generalizadas iniciativas hasta nuestros días para dar cauce a la actividad teatral.

No se necesita más que indagar un poco en nuestra historia para descubrir estas ricas iniciativas, gestas y en definitiva expresiones acabadas de la existencia previa de la actividad, y no por algunos años, sino por varias décadas, en el lógico pertenecer a un devenir histórico que caminando hacia atrás, no se le ve el fin en su conexión con la historia de la humanidad. Pero en esto de jugar a qué está primero, como si se tratara del huevo y la gallina, a no caer en otra trampa: no hay tal relación. Las salas teatrales, en el sentido de la industria moderna, son empresas erguidas en la proyección de negocios privados. Los espacios teatrales llamados “alternativos” (desde ya, mil veces más genuinos que los otros), como fenómeno particular, en la mayoría de los casos, y más allá de sus derroteros, incluso más allá de dónde se ubican luego muchos de estos espacios, son respuestas de la corriente teatral, es decir, de actrices y actores, en la búsqueda de la independencia artística. El teatro, su activismo, su aspecto central, la actuación, es decir, su arte, existe de espaldas, y sólo de espaldas, a las circunstancias de alienación. Las poéticas son fruto de las militancias, clandestinas a las relaciones sociales, y en su potencial singular teatral, se alzan paredes.

Pero no hay burbujas. Hay relaciones de fuerzas de composición y descomposición. Un firmamento heterogéneo en el que se halla, incluso, el Teatro del Pueblo, su fundación y su Fundación, sus agentes de cumpleaños y sus preocupaciones siempre por los autores argentinos. Por los Argentores. Más allá de sus nacientes, mucho más allá de sus nacientes. Mucho…

Muchos van quedando lejos de sus nacientes. Supervivencias, persecución de subsidios, alquileres, presión estatal para definir los hechos como emprendimientos comerciales, crisis, comidas y cervezas, rendimientos, ruidos contra toda debilidad de la poesía del teatro del pueblo. Pymes con decenas de docentes sin aguinaldo, elencos que llenan vacíos, y bolsillos.

Hay que tener alguna suerte para hacer pie sin desnaturalizar la fuerza poetizante, en su combinación con el sustento de la vida bajo las crecientes condiciones de desprecio en este borde con la catástrofe. Dice Thomas Bernhard, en relación a la burguesía: “A esas personas, a la hora de destruir el espíritu, todos los medios les parecen lícitos”.

También es cierto que el espíritu mejor parado, es el politizado. Nuestra extraordinaria historia teatral sigue (parece), tácitamente dirigida por aquellas y aquellos que formulan una política. Una política teatral, de composición artística. Una política para la poética teatral, antes que nada. Allí encuentra continuidad. Definitivamente en contra del mundo. Llenando otra vez el vacío de una política de quienes dominan los recursos. Un teatro del pueblo, de incierto destino en términos de Marechal, abandonado cada vez más al emprendimiento. Ramiro García Zacarías, quien está al frente del espacio Querida Elena (La Boca), junto a Rodrigo Mujico y al dueño de la casa, el artista plástico Eduardo Spíndola, reúne todos los elementos: “Pudimos mantener siempre una línea de apertura, que priorice el hecho artístico, incluso en sus necesidades materiales hasta donde nos da el cuero, y también pudimos mantener nuestras propias iniciativas artísticas, incluso sin venta de comidas y bebidas. Me queda muy claro que ha sido clave no tener que pagar alquiler. Algunos subsidios nos ayudan a generar y mantener las condiciones para que las actividades se puedan desarrollar, no pueden destinarse al pago de trabajadores”. Es muy claro que el Estado no quiere proteger este impulso genuino popular que podría crecer y alcanzar mayores públicos. Para Melania Buero, de Cultura del Sur (Temperley), donde sí se paga alquiler, las consecuencias son las que prevé el propio Ramiro: “Sostener mi vida y el espacio bajo las condiciones políticas a las que no pensamos renunciar, me demanda cuerpo y alma, por más que seamos un colectivo, apenas puedo pensar como actriz de vez en cuando. Este año casi no pudimos pagar el alquiler, tenemos una deuda gigante”. Ofrendas. Los espacios fueron formando parte de la corriente, y ya no podría pensarse la historia de la actividad sin sus condiciones, incluso sus características formales.

También forma parte de los ofrecidos, la búsqueda de afirmar la iniciativa individual en el espacio propio. Las actrices y los actores del movimiento desarrollan la tarea bajo las más inconcebibles condiciones de precarización. Los sindicatos prácticamente niegan en su estructura la existencia de esta naturaleza popular, reducidos a las cuestiones comerciales e industriales, completamente desmovilizados y entregados a las necesidades patronales y estatales. El harto repetido mote de fenómeno que jadea en las bocas de sindicalistas y colocadores de cumpleaños (a lo sumo), asume en los destinos presupuestarios una negación de clase e ideológica, como si los pueblos hubieran llegado a estas pampas a alguna otra cosa que no sea desarrollar sus sentidos asuntos. Una “autonomía” para la creación, la elaboración y el soporte para los aspectos de la vida orgánica, que el Estado intenta “proteger”, una y otra vez, con el disimulado abandono.

Los espacios para el teatro están en jaque. Pero no se trata de un aspecto central o aislado. La actividad teatral generalizada, multifacética y tan propia, la que llena tantos vacíos, está suspendida desde hace meses. Si hasta ahora se desarrollaba básicamente en el edén de la “autonomía”, hoy esta tierra no tiene más que leer unos listados de IFEs y abyectos Sostener Cultura, mientras, con el último aliento, escuchamos en nuestra antena, de papa y alambre, el Presupuesto 2021, esperando todavía el momento en el que nos mencionen.

Actrices y actores, por lo general, tenemos otros trabajos. Muchas y muchos hemos escuchado a funcionarios decir por lo bajo que se hace lo posible para que podamos realizar la actividad, contando ellos con esos otros trabajos nuestros. Como si esos otros trabajos nuestros no atentaran contra la genuina actividad, como si fuera fácil encontrarlos, y como si no fueran la causa principal por la que la gran mayoría de las y los trabajadores casi no pueden acercarse a una actividad artística. Y digo actividad artística en el más amplio de los sentidos, es decir, ese único sentido humano de la vida.

Las vocaciones no respetan nada. Desarrollan su gestación en el seno de la curiosidad deseosa. ¿Quién podría verse desprovisto de esta sustancia básica? ¿Por qué nos resistimos, una y otra vez, al yugo, a la pesadilla esclavizante, a la anulación del individuo? ¿Quién empuja allí, en la sombra del mismo ser? Las paredes que albergan el teatro del pueblo son parte de la obra, del incesante obrar contra la corriente, la otra, la social explotadora antipoética. Por generaciones, actrices y actores hemos puesto en valor poético cada muro, cada elemento, ingresados repetidas veces a la zona de composición, atravesados por la actuación, munidos de resonancias de maravillas. Tantas pequeñas salas han sido cuevas de las travesuras que extrañamos, de tantos atentados contra la sociedad, tanta locura conscientemente contagiosa. Los derechos son una contingencia bajo el dominio de una minoría criminal. Los pueblos y los individuos no buscamos componer nuestras locuras por derecho, sino por individuos y por pueblo. En circunstancias de crisis profunda, cuando el atentado material de la clase dominante amenaza llevarse todo puesto, Melania sentencia: “El teatro me enseñó que todo es posible”.

En definitiva, para regresarle valor al cumpleaños, el Teatro del Pueblo se fundó en dictadura y en plena crisis mundial del capitalismo. Cabe pensar que seguiremos ahí, en la ofrenda y en la lucha. Y en esta bifurcada crítica, me quedo con el “todo” de Melania, hallado en la escuela del teatro del pueblo. Todo: socialismo y liberación de la humanidad, para la organizada composición del mundo que dé paso al activismo curioso de todas las personas.

https://prensaobrera.com/cultura/norman-briski-todo-lo-que-sea-emancipatorio-responde-a-la-base-mas-amplia-del-teatro/

https://prensaobrera.com/cultura/andres-mangone-el-teatro-como-fenomeno-de-toma-de-ocupacion-de-intervencion-de-brecha/

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Una obra que documenta la vitalidad de la escena regional y la lucha de los trabajadores de la cultura.
Domingo 30 de noviembre, 17hs, en el Paraje Artesón
20/12/2020

“Lleno de ruido y dolor”: una potente recuperación del wéstern como género cinematográfico

Debajo de los crímenes de Foster, Román y Soria se revuelve un tembladeral social.

Situada históricamente en el año 1928, la película Lleno de ruido y dolor obtiene de la inmensidad agreste de la Patagonia el componente insustituible de la sólida cohesión de su argumento. La agitación anarquista y el bandidaje rural subvierten el orden de hierro (de la explotación) con el que los patrones regentan el territorio, por lo que los caudillos políticos hacen de las patrullas de policías y de la milicada el brazo ejecutor de la sofocación de esas amenazas. Un contexto que prefigura el destino final de dos curtidos bandoleros, Foster y Román, quienes para llevar al éxito el plan que los convierte en socios de tropelías arrastran al pusilánime Soria, alguien que conoce el uso de la dinamita.

Con un criterio económico formidable, el guion no abunda en demasiadas explicaciones. Lo constata la escena inicial: casi sin solución de continuidad suena un disparo y un caballo se desploma. Aunque, no obstante el lugar minúsculo que ocupan dentro del desenvolvimiento de la trama, de los escuetos coloquios del filme -en los que apenas se mascullan desesperadas confesiones- puede deducirse qué tipo de causas constituye el trasfondo de los crímenes cometidos a sangre fría por Foster y Román, mientras a Soria lo invade la náusea.

La ambición de ser dueños de algo colma el agujero que les provocó quedar excluidos de la repartija general; ellos no adquirieron riquezas ni recibieron heredades. Ignorante de las hipótesis lombrosianas con las que un petulante frenólogo traza el perfil de los delincuentes natos, el bandolero Foster se llama a sí mismo "malparido", palabra mediante la cual se adscribe a la clase de seres que carece de una genealogía reconocible, la que sólo posee prontuario (el que cuelga, en su caso, de una de las paredes del cuartel del comisario que anda detrás de él y sus compañeros). Pero los insultos que salen de su boca de dientes manchados contra Bairoletto -el Robin Hood de las pampas-, aclaran muy bien que no predica ninguna épica de la restitución. Al igual que sucede en el ominoso relato de traficantes y gánsteres que se lee en Santuario, la novela de 1931 del escritor norteamericano William Faulkner, un tembladeral social se revuelve debajo de la narración.

La justeza con la que el director Nacho Aguirre crea los pasajes de áspera violencia se ahorra la exhibición de crueldades gratuitas. En cada fragmento apuesta a renovar la tensión, cuidando de que el propósito original de Lleno de ruido y dolor no palidezca por efecto de la superposición de descripciones inconducentes -de las que está libre, de manera acertada, toda la película. Aun así, consigue plasmar ciertas audacias formales, entre éstas una especie de música incidental en la que se escuchan, sin que desvirtúen la atmósfera de naturaleza árida transmitida por las imágenes, arpegios distorsionados de guitarra o la vibración envolvente de un órgano Hammond.

Remontado El camino del gaucho, una producción de 1952 que rodó en Argentina el memorable Jacques Tourneur, esta ópera prima de Nacho Aguirre recupera la potencia que supo ofrecer el wéstern como género cinematográfico.

https://prensaobrera.com/cultura/su-casa-una-pelicula-sobre-el-horror-de-la-experiencia-migrante/

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Un plenario y acto del Polo Obrero celebraron 20 años de lucha

"La clase obrera es una sola".

Foto: Fede Imas @ojoobrerofotografia

Este domingo 20 se llevó a cabo en Parque Lezama un plenario de fin de año del Polo Obrero, en el marco del 20° aniversario de la organización, que se cumplió este mes. Participaron cientos de compañeras y compañeros de distintos puntos del país, algunos de ellos vía Zoom. Tras el plenario, que contó con una intervención de cierre de Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero y del Partido Obrero, hubo un acto en que dirigieron la palabra compañeras y compañeros del sindicalismo combativo, de otras organizaciones piqueteras y del PO.

En la jornada se entregó el diploma a compañeras y compañeros de las cuadrillas, luego del cumplimiento de más de seis meses de formación en los cursos correspondientes. Y se cerró a puro festival, con la presencia de bandas como Las Manos de Filippi.

Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero y uno de los fundadores del Polo Obrero, comenzó su intervención haciendo un repaso por los orígenes del movimiento piquetero, en los años '90. “Los obreros petroleros de Salta, de Neuquén, y de otros puntos del país; los ferroviarios, los siderúrgicos, que eran despedidos en masa en tiempos de las privatizaciones de Menem, se empezaron a organizar. Llevaron sus métodos, la asamblea, la elección de delegados, la movilización, al movimiento de los desocupados. Esos obreros habían sido entregados por la burocracia sindical y se habían organizado después por trabajo genuino o por un subsidio al desocupado. Nunca lucharon por planes sociales, estos fueron un invento de la clase capitalista y los distintos gobiernos para contener una situación de la que son responsables. El movimiento piquetero nació reclamando trabajo genuino o un subsidio al desocupado. Y se producía un intercambio extraordinario entre ocupados y desocupados. El trabajador desocupado le otorgó a la clase obrera el método del corte de ruta, porque ya no podían hacer huelgas, habían quedado desocupados, como pasa ahora con millones de trabajadores. Esos 'métodos piqueteros', de los que habla la canción de Las Manos de Filippi, se fueron metiendo abajo de la piel de toda la clase obrera y de todas las clases explotadas en la Argentina”.

Al respecto, Pitrola apuntó: “hoy en Chubut hay una enorme lucha del pueblo contra la megaminería, luchando en defensa del agua, del medio ambiente, contra la depredación capitalista; y ese pueblo de Chubut corta rutas, hace piquetes, y enfrenta a la policía con los métodos del movimiento piquetero. Lo mismo pasó en Mendoza. Este gobierno de los Fernández y los Massa debutó aprobándole al gobierno macrista mendocino una ley de megaminería en Mendoza y una pueblada los hizo retroceder. La Argentina se ha hecho piquetera, compañeras y compañeros del Polo Obrero. Este es un saldo extraordinario de estos 20 años de lucha. Como dijo la líder de una ocupación obrera, yo era 'grisinera' y ahora soy piquetera. Era la dirigente de la fábrica Grisinópoli, cooperativa de gestión obrera hasta el día de hoy, que salió a luchar con los piqueteros, y el Polo Obrero jugó un gran papel en esa lucha, plasmada en una enorme película documental del mismo nombre. Es absolutamente multifacética esta fusión política-metodológica de ocupados y desocupados”.

Mencionó el vínculo del Polo Obrero con importantes luchas obreras (Lavalán, Brukman, Zanon y el subte) y su participación en la lucha por la tierra, incluyendo a la emblemática toma de Guernica.

También dijo que “cuando el kirchnerismo se jacta de habernos transformado al movimiento de desocupados y a su historia gloriosa de lucha en 'organizaciones sociales', nosotros le respondemos: somos orgullos de llamarnos piqueteros y el Polo Obrero ha sido fundador del Frente de Lucha Piquetero que está luchando en estos días en la Argentina”. Y añadió que “a ese movimiento piquetero lo hemos visto siempre como una parte integral de la clase obrera. No participamos de la teoría de los 'excluidos' e 'incluidos'. El que labura hoy puede ser desocupado mañana, y el que es desocupado se organiza por trabajo genuino. Para nosotros, la clase obrera es una sola, y estamos orgullosos de integrar sindicatos clasistas que se reivindican piqueteros”.

Valorando el alcance del movimiento de desocupados, Pitrola sostuvo que “otro aspecto fundamental ha sido que desde los comienzos, el movimiento piquetero y el Polo Obrero en particular, le disputa en los barrios el control a los punteros y punteras de los partidos capitalistas ,en particular del PJ”. En tal sentido, recordó el quiebre del aparato asistencial de las “manzaneras” del duhaldismo, a fines de los '90 en la provincia de Buenos Aires, que buscaba regimentar a los explotados.

También se refirió a dos importantes acontecimientos históricos, el Argentinazo y los hechos de Puente Pueyrredón, un año más tarde. “En diciembre de 2001 el pueblo dijo basta y puso a Argentina en una ola de rebeliones populares en América Latina contra los regímenes entreguistas a los yanquis, al capital financiero. Y se vino a demostrar en esa experiencia el entreguismo de la alternancia argentina entre radicales y peronistas. El pueblo agarró las cacerolas el 19 y salió masivamente y el 20 bajaban los jóvenes desde todo el Gran Buenos Aires a la Capital para tomar la Plaza de Mayo”. Criticó la ausencia de la CCC y la CTA en esa jornada del 20 (“después del cacerolazo vieron que podía caer el gobierno y prefirieron defenderlo, en vez de defender a la clase obrera”) y lo contrastó con la actitud del Polo Obrero, que luchó en las calles hasta la caída de De la Rúa.

En cuanto a la masacre de Puente Pueyrredón, en que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Pitrola caracterizó que “el gobierno se jugó a ahogar en sangre al movimiento piquetero. [Pero] en la tarde del Puente Pueyrredón convocamos a movilizarnos al otro día, cuando estábamos aún atendiendo los heridos [NdR: se refiere a la movilización del 27, con decenas de miles de compañeros]. Y el que terminó fue el gobierno de Duhalde, no el movimiento piquetero. Duhalde se tuvo que ir y el Polo Obrero hoy cumple 20 años de existencia”, celebró.

Finalmente, en relación a los últimos años, Pitrola dijo que “en 2017 ya advertimos que Macri iba a llevar el país a la quiebra y con ello vendrían millones de desocupados y que la historia volvería a llamar a la puerta al Polo Obrero para transformarse como a comienzos de siglo en una organización de masas para organizar a la parte desocupada de la clase obrera. Qué acierto tuvimos: Macri quebraría el país y dejaría millones de desocupados que salir a organizar. Y qué acierto tuvimos cuando en el XXVI Congreso del Partido Obrero discutíamos que el peronismo venía a seguir gobernando de la mano del FMI. Este plenario, este Polo Obrero que se expresa de Jujuy a Tierra del Fuego, desde Salta hasta Santa Cruz, está llamado a seguirse desarrollando y politizar a lo más combativo de la clase obrera argentina, que es el movimiento de desocupados, que orgullosamente es para nosotros el movimiento piquetero”.

Guillermo Kane, quien también fue dirigente del Polo Obrero, marcó en su intervención el contraste entre las organizaciones de desocupados que se integraron al gobierno de Alberto Fernández y el Polo Obrero. “Nunca hubo tantos funcionarios surgidos del movimiento piquetero. Cada organización de esas, cuando se suma al gobierno, renuncia a la pelea por defender a las reivindicaciones. Ese abandono explica el crecimiento explosivo del Polo Obrero”, dijo. Defendió el frente único como método, que ha sido aplicado sistemáticamente, para golpear juntos al Estado en la lucha por las reivindicaciones.

Daniel Aguirre, del Movimiento Argentina Rebelde (MAR), integrante del Frente de Lucha Piquetero, indicó en su saludo que “somos parte de un frente de unidad en las calles contra los gobiernos y planes de miseria que quieren aplicar”. Y agregó que “la salida más allá de la lucha por las reivindicaciones inmediatas, [es] por una sociedad en que haya una vida que merezca ser vivida, por una Argentina socialista”.

Silvia Saravia, de Barrios de Pie-Libres del Sur, dijo que “hemos logrado mucho a pesar de nuestras diferencias” y añadió que “no vamos a dejar que los poderosos se apropien de lo que nos pertenece”.

Mónica Sulle, del Movimiento Teresa Vive, valoró la lucha común de las organizaciones piqueteras y dijo que “estamos del lado de la clase que lucha por cambiar la sociedad, por enfrentar a los gobiernos patronales y poder construir un sistema de igualdad donde se terminen los patrones y podamos construir una sociedad socialista”.

También se escucharon los saludos enviados por referentes del MTR 12 de Abril, del movimiento Torre (parte del Bloque Piquetero Nacional), y el FDU, que no pudieron estar presentes.

Ileana Celotto, que habló en nombre de la Coordinadora Sindical Clasista, comenzó reivindicando la jornada de lucha común del viernes 18 de ocupados y desocupados. También indicó que “durante estos 20 años hemos tenido que discutir y debatir en defensa de la unidad de ocupados y desocupados, frente a muchos otros que no la veían y despreciaron la organización de esos desocupados y la realización de acciones conjuntas”.

Finalmente, dijo que “los que militamos en el Partido Obrero, en las organizaciones sindicales, les prometemos que siempre defenderemos la unidad de clase, de ocupados y desocupados. Somos la misma fuerza que enfrentamos el poder de la burguesía y el capitalismo”.

Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras y el PO, se refirió al femicidio de Florencia Romano, cuyo caso, dijo, muestra que la inseguridad y la violencia vienen directamente desde el gobierno. “Esta tribuna la queremos para exigir la renuncia del ministro de seguridad de Mendoza [Raúl Levrino], y del jefe de policía [Roberto Munives], que tienen una tradición de persecución a las organizaciones que luchamos por el pan. El llamado al 911 de Florencia no fue respondido, la denuncia fue descartada. Por responsabilidad de la policía que dirige [el gobernador Rodolfo] Suárez es que murió Florencia”, denunció.

Por otro lado, cuestionó severamente al gobierno nacional, que “se pretende defensor de las mujeres” y estableció un techo salarial de 20 mil pesos para las trabajadoras de casas particulares. “La problemática de la mujer, si no está comprendida al problema de clase, no puede ser abordada adecuadamente”, concluyó. Y llamó a movilizarse para lograr la aprobación del aborto legal, que el 29 será tratado en el Senado.

Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, dijo que “este año hemos visto un Polo Obrero en pie en todo momento. Y desde el clasismo, desde el movimiento antiburocrático y los sindicatos, nos tocó estar codo a codo en las calles para que los intereses de los trabajadores estén en la agenda política por la presión enorme de las movilizaciones y acciones”. Resaltó la importancia de la unidad de ocupados y desocupados, a través de distintos plenarios, lo que “nos trajo mucha más fuerza”, y en particular recordó el apoyo del Polo Obrero a la lucha de los obreros de Fate contra el procedimiento preventivo de crisis.

Romina Del Plá cerró el acto y definió que ser piquetero es “un compromiso programático, de vida y de lucha por poner en pie un gobierno de trabajadores”, por lo que reivindicó ese legado, frente a la crítica de los enemigos de clase. Valoró la “total independencia respecto a los gobiernos y del Estado” y llamó a participar del acto del Frente de Izquierda-Unidad del martes 22, frente al Congreso, en defensa de las jubilaciones.

 

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18/12/2020

La jornada de lucha de ocupados y desocupados en Catamarca

En vísperas de un nuevo aniversario del Argentinazo, el viernes 18 por la mañana el Partido Obrero y el Polo Obrero se concentraron frente a la Ex Casa de Gobierno de San Fernando del Valle de Catamarca, para luego marchar hasta la sede del Anses y desde allí a la sede principal del Pami. Esta movilización por el centro de la ciudad se debió a la jornada nacional de lucha de ocupados y desocupados, en defensa del salario, las jubilaciones y trabajo genuino, con acciones desde Misiones hasta Tierra del Fuego, que fue votada en un plenario realizado en las instalaciones del sindicato del neumático (Sutna) el sábado 12.

Al finalizar la jornada en Catamarca, el dirigente del PO provincial, Pedro Saracho, denunció -megáfono en mano- que “estamos frente a un nuevo ataque a la clase trabajadora, en las narices de los sindicatos y una buena parte de las organizaciones sociales, que se mantienen inmóviles cuando el 50% de los argentinos somos pobres, con una inflación de al menos 40% y aumentos de salario de no más del 21%”. Por esos nuevos ataques, se refería, entre otros puntos, a la nueva movilidad jubilatoria (que divorcia la evolución de los haberes de la inflación), sobre la que apuntó: “repudiamos que se les roba a los jubilados, este es el camino de todos los gobiernos y hoy Fernández va contra los viejos, va a quitarles recursos a los que han aportado durante toda la vida y hoy tienen que vivir con una jubilación que es miserable”.

Saracho señaló que con este tipo de medidas de ajuste, el gobierno de Alberto Fernández busca pavimentar el acuerdo con el FMI.

Tras esta jornada de lucha, el lunes 21 nos movilizaremos en la provincia por alimentos, porque el gobierno está desoyendo los reclamos de los desocupados.

A seguir luchando por la unidad de los ocupados y desocupados.

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18/12/2020
Ocupados y desocupados

El clasismo se movilizó en defensa del salario, las jubilaciones y por trabajo genuino

Una gran tribuna de lucha.

Fotos: Ojo Obrero Fotografía - Willy Monea, Fede Imas - Andrés - Juan Cruz

Este viernes 18 se llevó a cabo una importante movilización desde el Obelisco hasta el Congreso en defensa de las jubilaciones y del salario, por paritarias libres, contra el impuesto a las ganancias en los sueldos, por un seguro al desocupado de $30 mil y trabajo genuino, y por el triunfo de todas las luchas, entre otros puntos. La acción formó parte de una jornada que se extendió por todo el país, desde Misiones hasta Tierra del Fuego.

En la calurosa tarde porteña se movilizaron el Sutna (Neumático); la AGD-UBA; los Sutebas combativos (docentes) de Ensenada, Tigre, La Matanza, y Escobar; Ademys (docentes de Capital); el Polo Obrero y otros movimientos piqueteros de lucha; el Plenario de Trabajadores Jubilados; trabajadores del Inti, del Hospital Garrahan, ferroviarios, telefónicos, del subte, judiciales, repartidores, de prensa, de la plástica Bed Time (ex Sealy); entre muchísimos otros.

En el Congreso, se dio lectura a un documento común que denuncia que “desde el comienzo de la pandemia las patronales han aprovechado la emergencia sanitaria para avanzar sobre las conquistas de los trabajadores en la mayor parte del movimiento obrero. Esto mientras el FMI reclama reformas estructurales contra la clase obrera”. También cuestiona el “nuevo intento de condenar a los jubilados a la pobreza”, con una nueva ley de movilidad que divorcia las jubilaciones de la inflación y la evolución de los salarios, "atándolas a la recaudación que está en caída libre”. Reclama el 82% móvil y “una fórmula que garantice su protección ante todo el proceso inflacionario”.

El documento contrasta la lucha de los trabajadores por protocolos de seguridad e higiene y en defensa de las condiciones de trabajo, con la actitud de la burocracia sindical, que posibilitó rebajas salariales a partir de un acuerdo con la Unión Industrial y el gobierno, y que suscribió paritarias de miseria.

Entre las luchas, hace una referencia a la gran huelga que llevan adelante los aceiteros. También se pronuncia contra la represión y reclama la absolución y desprocesamiento de César Arakaki, Daniel Ruiz y Sebastián Romero, perseguidos por luchar contra la reforma jubilatoria del macrismo en 2017.

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Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, señaló a Prensa Obrera que “hemos venido con muchos sindicatos de lucha, clasistas, que han venido a decir lo que tendrían que decir las centrales sindicales: la situación gravísima que se está viviendo en el movimiento obrero”. Se refirió a la miseria de las jubilaciones, al impuesto a las ganancias que carcome los aumentos salariales, y el aumento de los despidos.

Romina Del Plá, secretaria general del Suteba Matanza, presente también en la marcha, recordó que “hoy es el aniversario de aquella gran movilización contra la reforma jubilatoria del macrismo [en 2017]. Ganamos la calle nuevamente, frente a un nuevo gobierno que se apresta a desenvolver el mismo saqueo contra los jubilados”. El 29 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobaría la eliminación de la movilidad jubilatoria que ya tiene media sanción del Senado.

Néstor Pitrola, dirigente del PO, subrayó que “salimos a reclamar terminar con el ajuste del FMI que apoyan todos los que nos gobernaron en las últimas décadas, tanto el gobierno como la oposición de la derecha. Y también a reclamar la ruptura de las centrales y los sindicatos de ese pacto nefasto con la Unión Industrial y el gobierno que es un pacto social no escrito de entrega de todo el movimiento obrero”. Al mismo tiempo, demandó un paro nacional y un plan de lucha.

Ileana Celotto, secretaria general de la AGD-UBA, explicó que “reunir a las diferentes luchas que hemos venido peleando es fundamental”. Y, respecto a la docencia universitaria, denunció que “nos dieron un 7% que no es un aumento sino que es un ajuste”. Igualmente, criticó “la precarización laboral en la cual nos han sumergido aprovechando la pandemia, haciéndonos cargo a nosotros de todos los gastos por la conexión virtual que hemos tenido durante el cuatrimestre. Así que estamos aquí señalando la importancia de un plan de lucha y por supuesto planteando un programa de salida de conjunto para que la crisis no la paguemos los trabajadores”.

https://twitter.com/prensaobrera/status/1340033652961533952

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, destacó que “en vísperas de un nuevo aniversario del Argentinazo, estamos en las calles uniendo ocupados y desocupados en una acción imprescindible frente a lo que es la capitulación de las centrales obreras”.

Amanda Martín, de Ademys, indicó que “los docentes venimos perdiendo al menos un 15% respecto a la inflación de este año. Esta convocatoria pone de relieve la inflación creciente, la desvalorización del salario, y la necesidad de una reapertura de paritarias. Por eso una acción de conjunto de la clase obrera nos parece muy importante para poder intervenir en la crisis desde un campo de independencia política”.

Alejandro Lipcovich, delegado del Hospital Garrahan, cuya Junta Interna votó adherir a la convocatoria, comentó a Prensa Obrera que "nos han aplicado un 'aumento' del 7% (o sea, una rebaja salarial durante 2020). Al personal de salud, que atravesó la pandemia en las peores condiciones de trabajo. Pero estamos de pie. Ya hemos desarrollado un paro en el día de ayer, el más importante en muchísimos años, y mañana [sábado 19] también vamos a volver a parar. Estamos en este plan de lucha hasta conquistar el 50% de aumento salarial, el inicial igual a la canasta familiar, un régimen especial de insalubridad y una cantidad de reivindicaciones pendientes”.

Daniel Luna, de la Junta Interna de ATE-INTI, explicó que “el Estado va a a un ataque sin precedentes contra los trabajadores. En particular, en los gremios estatales, han cerrado una paritaria miserable para todo el 2020 del 7% y han cerrado también para el año que viene una paritaria del 18% en tres cuotas cuando se prevé una inflación general por arriba del 40%. Evidentemente los que estamos pagando la crisis somos los trabajadores”.

Jorge Hospital, de la Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra – Lista Gris, se refirió también a la miserable paritaria de su sector, que del mismo modo fue del 7%. “Venimos a poner en pie una referencia del movimiento obrero frente al ataque brutal que sufren los trabajadores”, resumió.

Una de las grandes luchas presentes en la movilización fue la de los trabajadores de Gri Calviño, metalúrgica ubicada en la zona sur del gran Buenos Aires. Allí, la patronal impuso un lock-out a mediados de septiembre y despidió a 66 obreros, los que debió reincorporar hace algunos días ante la tenacidad de los compañeros. Sin embargo, debido a la firma de la UOM, se introdujeron cláusulas de flexibilización laboral en el acuerdo de fin del conflicto.

“Después de estar con el acampe pacífico en la puerta de la fábrica reclamando la reincorporación de los trabajadores, lamentablemente tuvimos un revés de parte del sindicato que decidió firmar de forma inconsulta”, explicó a Prensa Obrera el delegado Jesús Sánchez.

 

 

18/12/2020

Túnez, a diez años del comienzo de la Primavera Árabe

Hace diez años, la inmolación del vendedor ambulante Mohamed Bouazizi en la plaza principal de Sidi Bouzid, una modesta ciudad del interior tunecino, daba inicio a un proceso de levantamientos que se extendería por toda la región y sería conocido como la primera Primavera Árabe. La policía le había confiscado a Bouazizi las frutas y legumbres que vendía, y su muerte fue la última gota que rebasó el vaso del malestar popular ante los atropellos estatales.

“El pueblo quiere la caída del régimen”, fue la consigna de mando de los miles que se volcaron a las calles del país del norte africano y lograron en pocas semanas la salida de Zine el Abidine Ben Ali, quien se encontraba apoltronado en el poder desde 1987. Ben Ali lideraba un gobierno que mantenía en la pobreza extrema a toda una parte de la población y se sostenía a fuerza de represión, torturas y elecciones fraudulentas. Este régimen era apañado por el imperialismo, que también apoyaba al vecino dictador Hosni Mubarak, eyectado de su cargo por la revolución egipcia.

El fin del gobierno de Ben Ali condujo a unas elecciones que fueron ganadas por la formación islamista Ennahda, quien establecería gobierno junto a otros dos partidos laicos. Sin embargo, el desarrollo de elecciones no canceló la movilización popular, que siguió siendo reprimida. En 2013, el asesinato de dos dirigentes del Frente Popular provocó enormes manifestaciones y dos masivos paros generales. En medio de una profunda crisis, el gobierno adelantó su salida del poder y dejó temporalmente el mando del país en manos de un grupo de tecnócratas, como parte de un acuerdo en que intervinieron los principales partidos del arco político, de izquierda a derecha, así como la burocracia sindical de la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT) y las cámaras patronales. Fue un intento de ahogar un nuevo levantamiento.

Las elecciones de 2014 llevaron al poder a Beji Caïd Essebsi, de Nida Tunís, un partido que reunía a varios miembros del viejo régimen de Ben Ali. Formó gobierno con los islamistas de Ennahda. Esta administración firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 2600 millones de euros, condicionado a la aplicación de medidas de ajuste. Al finalizar el mandato de esta coalición, la deuda pública se acercaba al 80% del PBI y el desempleo era del 18% (con niveles mucho mayores en el interior y entre la juventud).

El creciente descrédito del régimen político tuvo su expresión en las legislativas de 2019 en el importante retroceso en cantidad de bancas de Ennahda, y en el derrumbe de Nida Tunís, quien quedó restringido a tres escaños. Ninguno de estos dos partidos logró ingresar al ballotage de las elecciones presidenciales, que se desarrollaron casi en paralelo con las parlamentarias y le dieron el triunfo a Kais Said, una figura independiente y conservadora (defiende la penalización de la homosexualidad).

El nuevo gobierno surgido del parlamento (Túnez es un régimen semipresidencialista) es considerado por algunos como el más débil desde el levantamiento de 2011. El primer ministro, Elyes Fakhfakh, fue candidato en las elecciones presidenciales por un partido (Ettakatol) que solo obtuvo el 0,33% de los votos. La coalición está integrada -otra vez- por Ennahda y otras fuerzas menores.

Esta nueva administración ha debido pilotear la pandemia, con su consiguiente impacto en el turismo, una de las principales actividades económicas del país. Se estima una caída del PBI del 4% para este año. La situación social se ha agravado aún más. Al mismo tiempo, hay fuertes choques al interior del gobierno. El cuadro de crisis ha llevado a la UGTT a retomar el planteo de un “diálogo nacional”, semejante al de 2013, lo que es un indicio de la gravedad de la situación.

Muchos presentan a Túnez como un modelo exitoso de estabilidad política y transición democrática, por contraste con Egipto (donde se estableció en el poder el dictador al-Sisi), la guerra civil en Siria o la desintegración estatal en Libia. Pero lo cierto es que, aunque las masas lograron derribar al gobierno de Ben Ali, el nuevo régimen ha reciclado a muchas figuras de la etapa anterior, se caracteriza por la más honda corrupción, y todas las demandas sociales que motorizaron el levantamiento de 2010 siguen pendientes.

Túnez necesita una nueva primavera, en la línea de la nueva oleada que sacudió en el último período a Argelia, Sudán y Líbano.

La guerra en Etiopía y el riesgo de una desintegración nacional (prensaobrera.com)

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16/12/2020

Cuba, el impacto de la unificación monetaria

El presidente cubano Miguel Díaz Canel anunció el jueves 10, escoltado por Raúl Castro, la unificación monetaria en la isla a partir del 1 de enero de 2021. El peso convertible con el dólar (CUC) dejará de circular y en su lugar sólo quedará el otro peso (CUP), en una tasa de cambio de 24 a 1 con la divisa norteamericana.

La medida supone una enorme devaluación de la moneda y tendrá un fuerte impacto en las masas cubanas. El gobierno recurre a esta decisión para tratar de fomentar las exportaciones y captar divisas, que están en caída libre como resultado del derrumbe del turismo (a causa de la pandemia), la cancelación por parte de algunos países del programa de envío de médicos y la merma en la recepción de remesas, a raíz de la agudización de sanciones por parte del gobierno de Donald Trump. En este marco, el CUC ya se venía devaluando, cotizando en el mercado paralelo a 1,5 por dólar.

Una de las consecuencias de la unificación monetaria será un salto inflacionario, que el gobierno da por descontado, y que no podrá compensar el aumento de salarios que se anunció junto a la nueva política cambiaria. La otra cuestión es que se producirá una liquidación masiva de empresas públicas, dado que se pone fin al régimen especial por el cual accedían a dólares para la importación a 1 a 1. Esto puede dejar a miles de cubanos desocupados.

Las medidas del gobierno vienen precedidas de la instauración de tiendas donde se pueden comprar productos en dólares (no en efectivo, sino a través de tarjetas magnéticas), y que están mejor abastecidas que las otras. Todos estos cambios acentúan la diferenciación social en la isla entre quienes tienen acceso a la moneda norteamericana y quienes no.

Hay otras medidas de ajuste en carpeta, como la eliminación de la libreta de racionamiento, que asegura el acceso a productos básicos, y que por ahora no se toca porque sería una decisión sumamente impopular (Sin Permiso, 8/11).

Apertura

El gobierno cubano viene avanzando en un paquete de reformas para seducir la inversión extranjera. En estos días, eliminó el requisito de la participación mayoritaria del Estado en las empresas mixtas (excepto para extracción de recursos naturales y para brindar servicios públicos). Hace ya algunos años, habilitó la zona económica especial del puerto de Mariel para el desarrollo de negocios privados.

Al mismo tiempo, viene de habilitar al sector no estatal a exportar e importar (con la intermediación de empresas públicas especializadas en el tema, que actúan como asesoras), lo que supone una flexibilización del monopolio estatal del comercio exterior. También se modificó el Código de Trabajo, posibilitando el despido sin causa y flexibilizando la jornada de 8 horas hasta 9 horas (aunque hay jornadas de hasta 12 horas en el sector privado).

Actualmente, el 30% de la fuerza laboral cubana se desempeña en el sector cuentapropista. Esta categoría engloba tanto trabajadores por cuenta propia como microempresas. Pero no se descarta que se extiendan las actividades privadas permitidas y la formación de compañías privadas de una mucho mayor cantidad de empleados. En opinión del politólogo Samuel Farber, los gerentes de empresas industriales estatales, que ahora gozan de mayor autonomía, junto a cuadros empresariales de las Fuerzas Armadas (titulares del emporio empresario Gaesa), podrían verse favorecidos por esto último y poner en pie sus propios emprendimientos. Son -dice- “el núcleo de una burguesía capitalista cubana en desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista” (ídem, 15/11).

Bloqueo

El bloqueo económico contra Cuba recrudeció bajo la administración de Trump, quien dio marcha atrás con los contactos establecidos por Obama. Uno de los aspectos claves fue la activación del título III de la ley Helms-Burton, de la época de Bill Clinton, que establece sanciones para aquellas empresas que hagan negocios con bienes expropiados a ciudadanos estadounidenses por la Revolución Cubana. Esto ha derivado en juicios contra compañías europeas, que vienen ganando posiciones en la isla a expensas de los yanquis (lo mismo ocurre con Rusia y China).

Pero la agudización del bloqueo ha sido considerada por Joe Biden durante la campaña electoral como “un desastre inefectivo” (ABC Internacional, 2/5). Esto plantea la posibilidad de un cambio de táctica en el imperialismo, que retome una política de alivio de ciertas sanciones a cambio de un rumbo de restauración capitalista más decidido. Que el gobierno cubano adopte la decisión de acelerar las reformas cuando se acerca la asunción de Biden seguramente no es casualidad, y apunte a anudar ese acercamiento.

La creciente libertad que se la va concediendo en Cuba al sector privado no va acompañada de la libertad de organización para la clase obrera. Esta organización es una tarea planteada, lo mismo que el desarrollo de una fuerza revolucionaria y socialista que desplace a la burocracia restauracionista y abra paso a un gobierno de trabajadores. Es necesario, también, el repudio más enérgico al bloqueo norteamericano.

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14/12/2020

Pour une deuxième conférence latino-américaine et des EE.UU

Appel. Face à la nouvelle vague de révoltes populaires.

Foto: @Foncho_ss

Versión en español.

La tenue d'une conférence virtuelle latino-américaine et américaine en août de cette année a été un succès politique. Promue par le "Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad "d'Argentine, la conférence a réussi à regrouper plus de 50 organisations de 15 pays américains. Elle a ainsi fait un pas concret dans la lutte pour la mise en place d'un pôle d'indépendance de classe à l'échelle du continent, en réponse à la suite de révoltes qui ont secoué le continent pendant la dernière période.

Maintenant, la nécessité de donner une continuité à l'initiative est évidente, en promouvant une deuxième conférence. Il se trouve qu'à l'approche de la fin de 2020, on commence à recréer la scéne de 2019, dominée par l'émergence d'énormes rébellions populaires en Amérique latine. L'arrivée de la pandémie a établi une période d'attente pour les grands processus de soulèvement populaire. La classe dirigeante n'a pas hésité à utiliser les dangers d'une contagion massive pour enlever les masses de la rue et désactiver la mobilisation, au nom de l'urgence. Cette tentative n'a pas fait long feu et la pandémie est devenue un boomerang, car elle a mis en évidence l'antagonisme entre le régime social actuel et les gouvernements qui le représentent (quel que soit son signe politique), et la santé, la vie et les besoins populaires les plus fondamentaux de la population laborieuse.
Ces dernières semaines, plusieurs pays ont été secoués par des protestations suivies de graves crises politiques. Au Pérou, un coup d'État parlementaire a emporté le président Martin Vizcarra. Un processus de mobilisation populaire croissante est en cours, qui remet en question l'ensemble du régime, ses partis et la partie la plus importante de la communauté des affaires péruvienne, et le slogan "cassez-vous tous" commence à résonner dans les rues, obligeant le remplaçant de Vizcarra, Manuel Merino, à démissionner six jours plus tard. Une crise d'une ampleur considérable s'est ouverte. Au Chili, le 18 octobre, premier anniversaire du déclenchement de la rébellion, ont eu lieu les plus importantes mobilisations depuis l'arrivée du Covid-19. La journée du 18 a précédé le triomphe écrasant de l'Approbation dans le plébiscite : une déclaration populaire non seulement contre l'héritage de Pinochet mais aussi contre les 30 ans de gouvernements démocratiques, comme l'expriment les slogans scandés par les masses dans les rues lors des journées historiques d'il y a un an, mettant le doig accusateur sur la démocratie capitaliste et non seulement sur la dictature, la rendant responsable des difficultés des dernières décennies. En Colombie, des milliers de personnes se sont mobilisées le 21 octobre dernier dans tout le pays, dans le cadre d'une journée nationale de lutte convoquée par le Comité National de Grève, qui regroupe des syndicats ouvriers et des organisations sociales, dont les principaux slogans étaient la cessation des crimes contre les militants sociaux, l'annulation des décrets anti-travailleurs d'Ivan Duque (réforme du travail, habilitation des privatisations) et la demande de mesures d'urgence pour faire face à la crise sociale. Les principales villes équatoriennes ont, à leur tour, été le théâtre de manifestations contre le récent accord avec le FMI, qui a pour contrepartie la demande d'une austérité brutale, qui pourrait inclure une augmentation de la TVA, des licenciements massifs et des réductions de salaires dans le secteur public.

Le Brésil vient d'être secoué par la grève des postiers, qui a duré plus d'un mois et au cours de laquelle les travailleurs sont venus s'opposer aux plans de flexibilité et des privatisations que le gouvernement Bolsonaro a à l'esprit. L'Amérique centrale n'a pas échappé à cette situation : le Costa Rica est plongé dans un processus de mobilisation en réponse à l'annonce du président Carlos Alvarado, concernant le prêt du Fonds monétaire international, ainsi qu'une autre série d'impôts et de mesures qui s'attaquent aux poches de la classe ouvrière.

Le mouvement des femmes et des diversités, qui a été l'un des grands ferments qui ont ouvert la voie aux grandes rébellions populaires (Me too aux États-Unis, Ele Não au Brésil et la lutte en Argentine pour le droit à l'avortement), apparaît à nouveau comme le fer de lance de la recréation de ce phénomène. La revendication du droit à l'avortement et contre la violence à l'égard des femmes, contre la précarité du travail et pour la séparation de l'Église et de l'État sont des axes centraux de la lutte. Le mouvement des jeunes, précarisés et/ou sans emploi, qui a été le protagoniste de plusieures grèves internationales au cours des derniers mois, occupe également une place de choix, tout comme le mouvement de lutte environnementale, qui pose, en arrière-plan, un affrontement avec l'ensemble du régime social en place, qui est finalement responsable de la destruction de la planète au nom de l'accumulation capitaliste.

Cette nouvelle vague ascendante est indissociable de ce qui s'est passé aux États-Unis. La rébellion du peuple américain a ébranlé les fondements du système politique américain, de ses partis et de ses institutions, et a ouvert une nouvelle arène internationale. Non seulement elle a fini par accélérer l'effondrement de Trump, qui était déjà instable, mais elle est également destinée à conditionner la gestion de son successeur, le démocrate Joe Biden. La défaite de Trump révèle l'échec d'une tentative bonapartiste de forger un régime fort de pouvoir personnel, qui permettrait de piloter la crise dictée par le déclin historique des Etats-Unis et l'impact de la faillite capitaliste en développement. Le revers du magnat est un coup porté aux efforts de l'impérialisme pour consolider sa place de gendarme mondial. C'est particulièrement vrai pour l'Amérique latine, l'arrière-cour des Yankees. La défaite électorale des putschistes boliviens est la manifestation la plus palpable de ce processus. N'oublions pas que la Maison Blanche était derrière l'instigation et la préparation du coup d'État qui a renversé Evo Morales. La grève générale de douze jours a montré que la manière d'arrêter la droite n'est pas de rester assis et d'attendre les déclarations des organismes internationaux ou d'attendre de vaincre la droite lors de la prochaine compétition électorale, mais plutôt par la mobilisation et l'action directe, qui ont forcé la convocation des élections, et en rassemblant la majorité des exploités derrière les masses en lutte. Une grande différence avec Lula et le PT, qui ont accepté le coup d'État de cinquante sénateurs au Brésil contre Dilma et ont laissé avancer les réformes anti-ouvrières du travail et des retraites, sans déclarer de grève générale.

La révolte nord-américaine a agit comme une bouffée d'air frais et un encouragement pour les masses latino-américaines et a également laissé sa marque sur les Boliviens exploités. La mobilisation populaire du mois d'août, avec les 200 blocages qui ont secoué la Bolivie pendant douze jours, a obligé le gouvernement de Jeanine Añez à fixer une date pour les élections, qui avaient été reportées, et a supprimé l'obstacle que représentait la politique de frilosité, d'apaisement et de compromis qu'Evo Morales et le MAS avaient menée avec les putschistes.

Crise capitaliste

Les gouvernements d'Amérique latine ont été confrontés au développement d'une dépression mondiale, beaucoup plus importante que celle de 2008 et seulement comparable à la crise de 1929. Les espoirs d'un décollage économique ont été rapidement anéantis. Il n'y a pas d'issue pour les pays de la région par une intégration majeure dans le marché mondial ou une association, l'ouverture ou le débarquement de grands capitaux ou un commerce extérieur florissant à un moment où nous sommes confrontés à une grève des investissements par les capitalistes à l'échelle mondiale, où les marchés sont fermés, où la demande internationale est comprimée, où les mesures protectionnistes se multiplient et où nous assistons à une intensification de la guerre commerciale qui s'est aussi déplacée avec virulence vers l'Amérique latine. La faillite capitaliste accentue la pression et le conditionnement colonial sur les pays émergents et les tendances à l'appropriation de leurs ressources, qui se produisent dans le cadre d'une furieuse dispute de butin entre les puissances capitalistes et, en particulier, entre les États-Unis et la Chine. Nous assistons à une fuite croissante des capitaux de la périphérie vers les métropoles, tandis que les exigences léonines et la pression du capital international et du FMI pour le paiement de la dette augmentent, ce qui va de pair avec une attaque historique contre les conditions de vie des masses. Cette confiscation est à la base des soulèvements populaires qui ont secoué la région.

Contrairement à la faillite de 2008, cette fois-ci, les États capitalistes - principalement ceux des métropoles - n'ont pas la même capacité économique et la même marge de manœuvre qu'il y a douze ans. La Chine n'est pas en mesure d'agir comme une locomotive. Le sauvetage étatique, aussi grand qu'il soit, ne peut empêcher l'élimination des capitaux excédentaires et un scénario de faillite, avec son cortège de fermetures et de licenciements. Et ses conséquences en termes de crises politiques, de guerres et de révolutions. Malgré la reprise de l'emploi au cours des derniers mois, le chômage aux États-Unis est toujours deux fois plus élevé qu'avant le déclenchement de la pandémie.

Cette situation est exacerbée par la crise sanitaire. Loin de baisser  la courbe de contagion, nous sommes entrés en Europe et aux États-Unis dans ce que l'on appelle une deuxième vague, encore plus étendue que la précédente.

La combinaison de la crise capitaliste et de la crise sanitaire a provoqué une tempête parfaite. Les gouvernements, qu'ils soient nationalistes ou néolibéraux, sont dépassés par l'ampleur de l'effondrement actuel. Cela révèle les limites de la bourgeoisie nationale, dont les deux variantes sont tributaires, à ouvrir une perspective de dépassement pour sortir de la crise.

Le rôle du "progressisme"

Dans cette scéne le rôle stratégique d'endiguement des masses du nationalisme bourgeois et du centre-gauche, tant au gouvernement que dans l'opposition, est plus exposé. La gouvernance capitaliste de l'Amérique latine est basée sur ce rôle.

L'exemple du Chili, où la rébellion populaire est allée le plus loin, est instructif. Le fait que l'appel à une Assemblée constituante ait été forcé par la mobilisation ne réfute pas le fait qu'elle constitue une ressource pour sauver l'État capitaliste en crise. La Convention est le résultat de l'"Accord de paix sociale et de la nouvelle Constitution", que les parlementaires de la coalition officielle ont élaboré avec l'opposition politique en réponse à la rébellion populaire qui se développe et à la grève générale du 12 novembre. L'Assemblée constituante se tient avec le président Sebastián Pinera au pouvoir ; la Convention n'a pas le pouvoir d'exécuter ce qu'elle approuve et toutes les réformes doivent être ratifiées par un nouveau plébiscite.

Bien qu'il n'ait pas signé l'"Accord", le Parti communiste a joué un rôle crucial de frein, en tant que direction politique de la Centrale Unique des Travailleurs et de la Table d'unité sociale, en paralysant les organisations ouvrières et en canalisant, dès le départ, la lutte des masses dans l'arène parlementaire, en refusant de brandir la devise"hors de Piñera".

Le rôle d'Evo Morales et du MAS en Bolivie est emblématique. La ligne directrice de ce mouvement était la "pacification", qui consistait à essayer de faire sortir les masses de la rue et à chercher un pacte avec les chefs du coup d'État. Cette politique de compromis continue d'être présente dans l'agenda du nouveau président Luis Arce, qui a indiqué que la politique de son gouvernement est un accord avec les créanciers et le FMI. Evo Morales accompagne cette orientation.

Le "progressisme" latino-américain, centré sur le groupe Puebla - qui a actuellement pour principaux représentants l'Argentin Alberto Fernández et le Mexicain Andrés Manuel López Obrador - a fini par capituler devant le capital. Loin d'être un pôle alternatif comme le proclamaient ses promoteurs, il a mené une politique d'adaptation aux exigences de l'impérialisme, étant le vecteur d'un ajustement et d'une attaque des masses. M. López Obrador a validé l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada, qui a été adapté aux réformes encouragées par le gouvernement américain, et a fait du Mexique un État tampon pour la circulation des migrants, comme l'avait demandé la Maison Blanche. Alberto Fernández, à son tour, a encouragé le paiement de la dette extérieure, le sauvetage des détenteurs d'obligations "vautours" et a ouvert la voie à un accord avec le FMI.

Les défis de la gauche

Dans l'ensemble, il est clair que les prémisses qui, à l'époque, ont donné lieu aux grands soulèvements populaires sont non seulement encore ouvertes mais elles ont été renforcées. Nous entrons dans un scénario convulsif qui annonce une deuxième vague de rébellions populaires.

Ce cadre de nouveaux affrontements entre la classe capitaliste et ses gouvernements, d'une part, et les masses ouvrières et opprimées, d'autre part, pose une énorme responsabilité à la gauche révolutionnaire : regrouper les forces combatives, de classe et révolutionnaires. Ce serait une base importante pour mener les rébellions à la victoire et surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin.Les exploités sont appelés à avoir le dernier mot en ce moment, à condition qu'ils se libèrent des liens politiques qui les retiennent.

Cela souligne l'importance de convoquer une deuxième conférence latino-américaine et américaine. Il est urgent et essentiel de mettre en place un pôle alternatif qui défende l'indépendance politique des travailleurs, tant de la droite que du soi-disant "progressisme". La gauche révolutionnaire ne peut pas laisser ce poste vacant. Ce qui est en discussion dans les rangs de la gauche, c'est de savoir si elle se limitera simplement à agir comme groupe de pression et comme roue de soutien pour les blocs et les coalitions capitalistes, ou si elle prendra la tête de l'organisation des travailleurs et deviendra le moteur d'une stratégie visant à transformer la classe ouvrière en un pouvoir alternatif.

Ce dilemme était présent lors de la première conférence latino-américaine et américaine, où ce clivage a été exposé.

Le Front de gauche, avec ses contradictions et ses limites, a porté haut en Argentine pendant neuf ans la bannière de l'indépendance de classe et la lutte pour le gouvernement ouvrier. Le Partido Obrero s'est battu pour étendre l'action de la FIT-U à tous les domaines de la lutte des classes et pour ne pas la limiter exclusivement au domaine électoral.

Toutefois, cette expérience n'est pas la règle mais l'exception en Amérique latine et, d'une manière générale, au niveau international. Au lieu de l'indépendance politique, ce qui a prévalu, c'est la collaboration de classe. Au lieu de l'action directe et de la promotion de la lutte des classes, ce sont les tendances électoralistes qui ont prévalu. Au lieu de construire des partis combattants et révolutionnaires, ce qui a prospéré, c'est le support de "partis larges" et d'intégration dans des formations politiques aux frontières de classe diffuses, et de suivi et de confluence avec le nationalisme bourgeois ou de centre-gauche.

C'est d'une extrême actualité au moment où nous assistons à une crise profonde du PSOL et du NPA en France, deux "grands partis", probablement les plus emblématiques à l'échelle mondiale. Tous deux n'ont pas dépassé un appareil électoral, basé sur un accord superstructurel de tendances ; ils n'ont pas été constitués ni n'ont insisté pour être le moteur de la lutte des classes. La politique dominante de l'aile gauche de ces formations (dont certaines font partie de la FIT en Argentine) est de lutter pour une transformation interne progressive de ces "larges" partis. Il est évident qu'il s'agit d'un objectif non viable, qui ne sert que d'alibi pour continuer à prospérer en leur sein et tenter d'égratigner quelque fonction parlementaire. Les critiques de l'aile gauche de ces noyaux n'ont pas empêché d'intégrer les listes PSOL qui sont dirigées par des agents clairs de la bourgeoisie, comme Erundina in San Pablo ou les listes NPA, qui agissent en coalition avec le parti nationaliste "La France Insoumise", dirigé par Jean-Luc Mélenchon.

La dissolution de la gauche en fronts de collaboration de classe ou en partis  "larges"  de centre-gauche - qui regroupent sous un même toit des organisations aux politiques contradictoires et sont dirigées par des cliques aux seuls appétits électoraux - mine la lutte pour une structuration politique indépendante des travailleurs. C'est vrai pour l'Amérique latine, mais aussi pour les États-Unis, où nous entrons également dans une transition convulsive. Le gouvernement de Joe Biden est conditionné de trois façons : par la crise économique et sociale (et la division inter-bourgeoise), par la crise sanitaire qui est loin d'être terminée et, surtout, par la rébellion populaire latente et capable de prospérer à travers les fissures laissées par l'élection, qui a fini par ne devenir qu'un chapitre d'une énorme crise politique. Dans ce contexte, les limites insurmontables des liens de la gauche démocratique, en particulier des socialistes-démocrates, avec un homme de l'établishment comme Biden, seront rapidement exposées. Aux États-Unis, la lutte pour la mise en place d'une organisation politique indépendante des travailleurs et la jeunesse.

Pour une sortie des travailleurs

Le panorama présenté ici met à l'ordre du jour la lutte et la mobilisation politique autour d'un programme et d'une voie de sortie pour les travailleurs.

Face aux ravages sociaux que la crise provoque dans des dizaines de millions de foyers de la population active, il est impératif de répondre par un programme de revendications immédiates de la classe ouvrière et un plan d'action. Face au chômage massif, nous devons augmenter la demande d'assurance pour les chômeurs, équivalente au panier familial de base dans chaque pays, et lutter pour une répartition générale du temps de travail sans réduction des salaires. Mettre un terme aux licenciements implique notamment de promouvoir les métiers de chaque usine ou entreprise qui ferme ou licencie. Et de faire face à la pénurie implique d'organiser la lutte pour des salaires minimums et des pensions équivalentes au coût du panier familial dans chaque pays d'Amérique latine.

Cette bataille est étroitement liée à la lutte pour une nouvelle orientation du mouvement ouvrier. La promotion et la satisfaction de ces demandes pressantes exigent de se débarrasser des bureaucraties syndicales bradeures, de promouvoir des congrès de délégués élus par les assemblées de base de tous les syndicats de chaque pays d'Amérique latine, ainsi que des plans de lutte jusqu'à la grève générale pour les imposer.

Face à la crise sanitaire, nous appelons à la promotion de la lutte pour la centralisation des systèmes de santé de chaque pays, sous la direction des travailleurs et des professionnels de la santé eux-mêmes. Ce programme est proposé pour l'ensemble de l'Amérique latine. De même, la lutte pour la duplication des budgets de santé et pour les comités de santé et de sécurité des travailleurs dans chaque usine, entreprise et lieu de travail.

Un paragraphe spécial mérite la dénonciation de l'escalade impérialiste et de droite, qui n'a pas renoncé à son objectif de déposer le régime bolivarien au Venezuela. Le rapport Bachelet finit par être une imposture des gouvernements qui bafouent les droits de l'homme au quotidien et sont responsables des pires meurtres et exterminations, et n'est qu'un écran pour renverser le régime vénézuélien.

Nous appelons à l'écrasement du coup d'État de droite et réactionnaire, mais cela ne peut être confondu avec le soutien politique à Maduro et aux autres gouvernements nationalistes au pouvoir. Une partie importante de la répression du gouvernement vénézuélien est dirigée non pas contre la droite mais contre les combattants du peuple, les dirigeants syndicaux et les militants de gauche, qui ont fait face à la politique d'austérité enragée et ont contesté la brutale régulation politique et syndicale du régime Maduro. Les élections législatives truquées que Maduro prépare sont au service de la perpétuation d'une clique dont l'éloignement des travailleurs s'accroît et sera à terme un pas de plus vers la remise de la richesse nationale au capital financier international. Mais la démarcation nécessaire avec le nationalisme bourgeois ne peut jamais être faite en faisant cause commune avec la droite. De la main de l'impérialisme et de ses sbires, il ne peut y avoir d'issue progressive, mais des difficultés encore plus grandes pour les masses. La lutte contre l'offensive du coup d'État doit être menée de manière indépendante.

Donner la priorité qui correspond à ce programme met sur la sellette la nécessité d'une réorganisation globale du continent sur de nouvelles bases sociales. La lutte pour le non-paiement des dettes extérieures, pour la rupture avec le FMI et l'impérialisme, pour des impôts extraordinaires sur les gros revenus et les grandes fortunes, pour la nationalisation sans compensation des systèmes bancaires, du commerce extérieur et des ressources naturelles, ainsi que pour le contrôle général des travailleurs, a une portée universelle. Une forte lutte contre le militarisme répressif est également menée : emprisonnement, procès et punition des responsables des massacres de Senkata et Sacaba en Bolivie, de ceux qui répriment les mobilisations de la jeunesse et de masse au Chili, de ceux qui battent et gazent les protestations au Pérou, en Colombie, en Argentine, etc. Liberté pour tous les prisonniers politiques et syndicaux. Nous opposons aux régimes de pillage et de capitulation, qui ont déterminé le destin de la région, la lutte stratégique pour des gouvernements ouvriers et l'unité socialiste de l'Amérique latine.

Le Partido Obreror ouvre la discussion et appelle, en premier lieu le FIT-U, les organisations qui se réclament de la gauche révolutionnaire et/ou anti-impérialiste, les organisations ouvrières et populaires combatives, à promouvoir d'un commun accord une deuxième conférence latino-américaine et américaine dans le but de souder un front uni, basé sur l'indépendance de classe, afin de porter à la victoire la nouvelle vague de rébellions populaires qui s'annonce. Dans ce cadre d'action commune, nous revendiquons le débat et la clarification des stratégies politiques en danse au sein de la gauche, qui contribueront à surmonter la crise de direction du prolétariat.

Faisons un pas transcendantal avec un écho plus profond que celui obtenu par la première conférence latino-américaine et américaine.

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13/12/2020

Reino Unido: huelga estudiantil contra las matrículas

Los estudiantes se organizan para denunciar los negociados privatistas.

Desde el lunes 7, más de seiscientos estudiantes de veinte universidades (Oxford, Cambridge, Goldsmiths, Londres, etc.) se sumaron a la huelga de matrículas, el boicot de no pago más masivo en cuatro décadas. Los estudiantes proponen la reducción matricular del 30% durante todo un año, asistencia alimentaria, no acumulación de intereses por meses adeudados y reapertura de los campus y clases presenciales cuando se dispongan los cuidados necesarios que eviten el contagio masivo de Covid-19.

Según un informe de NUS Consulting, las universidades británicas obtuvieron alrededor de 2.500 millones de dólares durante el año pasado y esto solo a través de las residencias, que succionan casi el 80% del préstamo estudiantil. Sin embargo, no se invirtió una sola libra en protocolos o en la contratación de más docentes para fraccionar la cantidad de estudiantes por curso. Tampoco se garantizó una asistencia psicológica gratuita por contexto de encierro o herramientas tecnológicas y de conectividad.

Hasta el momento hablaron pocas universidades y se limitaron a anunciar “que los estudiantes pueden interrumpir su contrato de alojamiento sin una sanción financiera” (The Guardian, 6/12). La preservación de sus ganancias en detrimento de la educación y la salud de toda la comunidad no tienen disimulo.

Manchester y Bristol, a la cabeza

A mediados de julio, los estudiantes de la Universidad de Manchester se dieron a la lucha y festejaron la reducción matricular del 30% mientras el campus esté cerrado. Tras su retorno en noviembre, además de este panorama, se encontraron que el único protocolo era vallar todo el campus y ofrecer una única entrada-salida controlada por la policía. Los estudiantes se organizaron para derribarlas cuando, sin previo aviso ni palabra mediante, la policía detuvo a un estudiante afrodescendiente alegando que “portaba la apariencia de quienes trafican drogas” (ídem, 28/10). Esto caldeó aún más la situación: en cuestión de días, el boicot de matrículas saltó de 300 a más de 1.000 estudiantes, que también exigen la renuncia de los rectores Keith Brown y Nancy Rothwell por militarizar la universidad.

Por otro lado, cuando comenzó la cuarentena, la Universidad de Bristol cerró su campus y expulsó a todos los residentes con un aviso horas antes, prometiendo que enviarían bolsones de comida y otorgarían asistencia psicológica gratuita. La asistencia nunca llegó y los bolsones contenían escasos productos de limpieza y maníes (Epigram, 20/10). A mediados de octubre, la reapertura se dio en las mismas condiciones que en Manchester, con lo cual otro más de mil estudiantes concertaron el boicot a las matrículas y no aceptaron la reducción del 30% hasta enero (ídem, 3/12).

En defensa de la educación pública

En ambas oportunidades, los estudiantes rechazaron la propuesta del 30% hasta enero, ya que contempla sólo el período de recesión vacacional y no garantiza una vuelta a clases segura. A la luz de esta experiencia, otra veintena de universidades se sumaron con el mismo reclamo. Y, de conjunto, denuncian los negociados millonarios detrás de la educación privada. El activista Matthew Lee expuso muy bien el panorama que se vive: "los estudiantes estamos hartos de ser vacas de efectivo para las universidades". A esta situación, se le debe oponer la lucha por la educación pública y gratuita.

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13/12/2020

Un doble golpe contra el pueblo palestino y el pueblo saharaui

La normalización de relaciones entre Marruecos e Israel.

Benjamin Netanyahu (izq.), Donald Trump y Mohamed VI (der.)

La normalización de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel, en la que jugó un rol clave el gobierno norteamericano, es una afrenta contra el pueblo palestino y el pueblo saharaui. Esto por dos motivos: por un lado, porque la monarquía alauita reconoce a un Estado sionista que no cesa en su colonización y en sus crímenes. Por otro, porque para destrabar el acuerdo, Donald Trump legitimó la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, territorio ocupado desde 1976, a expensas de un pueblo que lucha por su independencia.

Los acuerdos se fueron tejiendo en los últimos años con la participación de emisarios del gobierno yanqui, como Jared Kushner (yerno de Trump) y Mike Pompeo. Marruecos se transforma en el cuarto país árabe en anunciar el restablecimiento de vínculos diplomáticos con el sionismo (que en su caso, estaban rotos desde la segunda intifada palestina, en el 2000). Ya lo habían hecho previamente Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán, si bien en este último caso el acuerdo “está aún en el aire” (El País, 11/12), dado que la nación africana reclama el levantamiento de sanciones norteamericanas como parte del trato.

Todos estos pactos, sin embargo, serían solo el preludio del premio mayor para el gobierno de Benjamin Netanyahu: una normalización con Arabia Saudita. Lo notable del caso es que la cascada de reaproximaciones se produce el mismo año en que Israel y Estados Unidos anunciaron el “acuerdo del siglo”, una iniciativa que representa un salto en la colonización del territorio palestino. Las burguesías árabes coronan un largo camino de traiciones y alineamiento con el imperialismo.

A través de estos acuerdos, Estados Unidos e Israel procuran no sólo afianzar la opresión del pueblo palestino, sino también aislar a Irán en la región. Sin embargo, la situación es compleja para ambos. El “acuerdo del siglo” debió ser puesto en el freezer como resultado del impacto del coronavirus en Israel y de la crisis política, en la que las dos cabezas del gobierno, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, se enfrentan violentamente, en lo que podría derivar en la convocatoria a una nueva elección (la cuarta en pocos años). El oxígeno que estos acuerdos suponen no compensan la magnitud de la crisis. Ni hablar para Estados Unidos, enfrascado en una transición tortuosa y devastado por la pandemia y la crisis económica.

En Marruecos, queda por verse el impacto del restablecimiento a nivel popular. Se trata de un país con una fuerte tradición de solidaridad con el pueblo palestino, a través de manifestaciones masivas. Las últimas de ellas, precisamente, fueron para rechazar el “acuerdo del siglo”. A raíz de este punto, se generó una controversia en el parlamento, donde el ministro del exterior dijo que no se puede ser “más palestinos que los palestinos”, para justificar la falta de una condena a dicho tratado.

Movilización en Rabat, la capital marroquí, contra el "acuerdo del siglo"

El actual gobierno marroquí es un gobierno de coalición liderado por el Partido Justicia y Desarrollo (PJD), un grupo que se suele caracterizar como islamista moderado. Sin embargo, varios ministros responden directamente al rey, quien posee además el control total de la política exterior, y fue por tanto uno de los artífices del pacto. Tras las movilizaciones de 2011, durante la Primavera Árabe, Mohamed VI cedió algunas atribuciones, pero sus prerrogativas siguen siendo enormes. Aún tiene la potestad de designar y destituir al primer ministro (lo que hizo en 2017) y a otros funcionarios. La corona es el baluarte de un régimen reaccionario que oprime a los trabajadores, a las mujeres y las diversidades.

El pueblo saharaui viene de protagonizar en noviembre un bloqueo de tres semanas sobre el paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania. El Ejército marroquí lo reprimió y desalojó brutalmente. La ocupación que efectúa Marruecos cuenta con la complicidad de España y de otras potencias, que se benefician del saqueo de los recursos naturales en la región. Además, la monarquía marroquí es un factor de contención de migrantes africanos que buscan escapar hacia el continente. A tal efecto, recibe financiamiento del gobierno español.

Frente a las conspiraciones de la diplomacia imperialista, redoblemos el apoyo al pueblo palestino y al pueblo saharaui. Abajo el sionismo y la monarquía marroquí.

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13/12/2020
SANTA FE-CORDOBA

Se realizó la charla por una 2° Conferencia latinoamericana

Movilización en Guatemala

En el marco de una agenda cargada de luchas y actividades, desarrollamos este viernes la charla titulada “La segunda ronda de rebeliones populares en marcha”, en el marco de la campaña internacional iniciada por el Partido Obrero “por una segunda conferencia latinoamericana y de Estados Unidos”. La exposición estuvo a cargo de Pablo Heller y el debate se desarrolló en torno a los desafíos que tiene el movimiento obrero y popular y la izquierda revolucionaria, en el marco de una crisis histórica del capitalismo y de rebeliones populares en toda América y en el mundo.

En el informe Pablo desarrolló, en forma contundente, los análisis de la situación económica, social y política a nivel internacional, y los pronósticos del Partido Obrero, que fundamentan el planteo de realización de una segunda conferencia. Entre ellos se destacan el abordaje de la crisis capitalista, solo comparable con la crisis del ´30, que llevó a la segunda guerra mundial; la caracterización de la crisis como una época de guerra y revoluciones; la irrupción de la lucha obrera y popular, que se desarrolla por medio de rebeliones como las ocurridas en Chile, Bolivia, Ecuador, o más recientemente en Perú, Guatemala y en el centro del imperialismo, y también por grandes huelgas como la de India que convocó a 250 millones de trabajadores; el papel de contención de las masas de parte del nacionalismo burgués y la centroizquierda, y la necesidad de construir partidos revolucionarios de la clase obrera y una internacional proletaria.

Durante el debate surgieron conclusiones de igual magnitud. El abordaje “catastrofista” del PO que ha sido ampliamente ratificado por la crisis y, sin embargo, no es una comprensión común de la izquierda, incluida la que integra el FIT-U. También se analizó el elemento subjetivo en la respuesta de las masas como una cuestión central y el papel jugado por el movimiento de mujeres y la juventud, como se ve en la rebelión de Perú. Asimismo, se describió la agenda de agresión a las masas del capital, que tiene puntos comunes en distintos países, como es la reforma previsional y laboral que impulsa el FMI.

La delimitación de los “partidos amplios” o “de tendencias” que impulsan o integran las fuerzas de izquierda como el Psol brasileño, el NPA francés o el FA peruano, ocupó gran espacio, analizando sobre todo el seguidismo de los mismos a formaciones nacionalistas o de centroizquierda.

Un punto importante fue la negativa de las fuerzas del FIT-U a avanzar en una segunda conferencia, luego del éxito de la desarrollada a comienzos de agosto, donde se convocaron más de 50 organizaciones de 15 países, y que fue un gran paso en el camino de poner en pie un polo de independencia política a nivel continental. El rechazo de estas organizaciones aparece ligado a la defensa de pequeños aparatos, lo que se opone a la tarea internacional histórica de los revolucionarios.

La charla fue muy importante, porque sentó las bases en las regionales para avanzar concretamente en la campaña en los frentes obreros y populares que tienen a su cargo. Los debates sobre la estrategia de la izquierda y entre los revolucionarios a nivel internacional, deben cobrar cuerpo de cara al activismo que pelea largamente en nuestro país. En ese sentido se resolvió una colocación especial del “Llamamiento” publicado por el Partido Obrero el 16/11/2020. Impulsaremos pronunciamientos de activistas y organizaciones, y también de referentes de lucha de las comunidades bolivianas y chilenas, entre otras, que vienen desarrollando distintas acciones en las provincias en solidaridad con las rebeliones en esos países hermanos.

También se resolvió avanzar en una agenda “internacionalista” con la presentación del libro “Los Desafíos de la Izquierda – crisis capitalista, pandemia y rebeliones populares” (que resume las posiciones y polémicas de la 1ª Conferencia) y de la revista “En Defensa del Marxismo” que se desarrollará durante el verano. ¡Vamos con fuerza a esta campaña, por la unidad internacional del proletariado!

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13/12/2020

Perú: obreros mineros en protesta indefinida

Contra los despidos y por la eliminación de las tercerizadas.

Agrupación Vilcapaza

Foto: Luis Javier Maguiña

Publicamos a continuación una colaboración enviada por la Agrupación Vilcapaza de Perú sobre las luchas y la agitación que recorre a los decisivos trabajadores mineros. Esto en el marco de un gobierno débil, un Congreso cuestionado y la impresionante huelga de los trabajadores rurales. En el Perú se va planteando de nuevo la lucha por “que se vayan todos”, por el paro nacional y la convocatoria a una asamblea constituyente (con poder).

El miércoles 9 de diciembre, después de más de un año de “mecidas” y gestiones públicas estériles (desde la huelga general del 11/9/19), se dio inicio a la protesta indefinida de los agremiados a la FNTMMSP, la federación de trabajadores mineros de Perú.

Es el caso de sindicatos como Nexa Resources – Atacocha, integrada por más de 160 obreros (que están con sus esposas), que han viajado desde Cerro de Pasco hasta la capital, para exigirle al gobierno de Francisco Sagasti que respete la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de respeto a los derechos laborales, las que se están infringiendo con la “política neoliberal” de protocolos ineficaces y suspensiones perfectas de labores y/o ceses colectivos. Asimismo, los trabajadores rechazan el despido selectivo de dirigentes sindicales, que se dan en el marco de una agresiva ofensiva pro patronal que aprovecha la pandemia y que tiene como fin la recuperación de su tasa de ganancia.

Además, se encuentran en lucha decenas de trabajadores del sindicato Contonga, que también fueron despedidos desde hace más de un año. Pese a que cuentan con tres resoluciones ministeriales a su favor, hasta ahora la empresa sigue esquivando la Ley sin que el Estado haga prevalecer su autoridad debido a su propio carácter pro élite.

La olla común

En el desarrollo de la lucha, las mujeres mineras, con sus hijos al hombro, decidieron acampar en las afueras del Congreso de la República en señal de protesta. Son familias, como señalamos, que perdieron la estabilidad laboral/ingreso salarial hace varios meses atrás frente a la arrogancia pro patronal y sus políticos profesionales. Y es así como también decidieron organizar su olla común para poder sobrevivir en una Lima elitista y miserable (y que fuera abordada en el libro titulado “Lima, la horrible” del ensayista Sebastián Salazar Bondy), pero que tuvo la solidaridad de algunos jóvenes como el fotógrafo L. M., el movimiento Secundaria Combativa, La Red, entre otros.

Olla común que continúa en la avenida Abancay, Lima. Al costado del Congreso de la República.

Un nuevo sindicalismo combativo

Fueron dos días y dos noches de miedo, preocupación (por dormir en la intemperie con sus niños), angustia y rabia. Ira que se expresó el día viernes pasado al decidir tomar una parte de las instalaciones de la cartera de Trabajo. Aproximadamente a las 8: 00 am. ocuparon las instalaciones del Ministerio en cuestión, demandando respeto a sus derechos laborales. Inmediatamente, fueron amedrentadas por la policía para que desalojen el lugar.

La clase obrera no tenía otra opción. Meses sin pan y leche para sus hijos produjeron una medida radical exigiendo la atención del ministro Javier Palacios, quien, a pesar de conocer las decenas de resoluciones de Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) multando a las empresas por infracciones laborales, hasta ahora se resiste a sentar en la mesa a la patronal y dar, de una vez por todas, soluciones concretas al drama humano que viven los trabajadores y sus familias.

Fueron 23 trabajadores (en su mayoría mujeres mineras), y el secretario general de la FNTMMSP, Jorge Juárez, quienes ocuparon las instalaciones hasta la tarde. Todo este tiempo les prohibieron alimentarse o tomar agua e ir al baño, lo que manifiesta el carácter represivo y reaccionario del régimen político policial. Este movimiento es parte del desarrollo del nuevo sindicalismo combativo.

Ese mismo día a las 2:00 pm se sumaron decenas de obreros del sindicato Raura por las mismas razones de lucha. Anteriormente hubo protestas de obreros de Scotiabank y Backus con quienes se hizo causa común frente a las abusivas políticas de Estado “neoliberales”. De esta forma, cientos de trabajadores bloquearon la av. Salaverry interrumpiendo el tránsito vehicular por algunas horas.

Momento en que las mujeres mineras y Jorge Juárez, sec. gral. de la FNTMMSP, “ocupan” el Ministerio

El rol de la cúpula de la CGTP

También estuvieron presentes algunos dirigentes de la cúpula de la CGTP, quienes a pesar de conocer que el secretario general Jorge Juárez y un grupo de trabajadores afiliados a la central habían ocupado el Ministerio en señal de protesta por la indiferencia del ministro, pues decidieron terminar con la toma de la avenida para luego retirarse sin sonrojarse ni mencionar en ninguna de sus declaraciones a la acción obrera combativa, demostrado su política de colaboración de clases.

Paralelismo sindical e ilegal

Y no es para menos, para los que ignoran y se reclaman mariateguistas, habría que informarles que, desde hace un tiempo atrás, se ha formado una autodenominada “Coordinadora de bases mineras” que en la práctica opera ilegalmente como un “paralelismo sindical” y que cuenta con la complacencia de la burocracia sindical que habla de “nueva Constitución”, pero que sigue en el Acuerdo Nacional que sostiene la Constitución reaccionaria de 1993.

En otras palabras, la FNTMMSP tiene que luchar, por un lado, contra la patronal imperialista minera, y por otro, contra el paralelismo sindical ilegal.

Nuevos sindicatos se suman a la protesta indefinida

La protesta indefinida convocada por la FNTMMSP (representa a 97 bases sindicales), también demanda que se transparenten las cifras de contagios y muertos por Covid-19, que se encontrarían entre una de las más grandes a nivel del sector laboral (según Convoca.pe, en agosto habían más de 12,000 contagiados), así como la simplificación del trámite de libertad y huelga sindical. Otra demanda es la regulación de las jornadas atípicas que se han impuesto arbitrariamente por parte de la patronal obligando a los trabajadores a laburar un mes (y hasta dos meses), violando las 8 horas diarias o 48 horas semanales (que exige la resolución 4635-2004 del Tribunal Constitucional de Toquepala).

Estas demandas, así como el esclarecimiento sobre dónde están los 800 millones de Fondoempleo, están vinculadas a la necesidad de instalar una Mesa Tripartita con el Ministerio de Trabajo y la SNMPE (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía), que la FNTMMSP está exigiendo hace tiempo. No obstante, hasta la actualidad no existe ninguna voluntad de diálogo. Esto, a pesar que la minería ha sido uno de los sectores económicos que no ha paralizado durante la cuarentena (a pesar de no ser servicio esencial) y ha seguido acumulando millonarias ganancias.

Justamente, Nexa Resources, que obtuvo 95 millones de soles en ventas, también fue beneficiada por el plan de salvataje estatista Reactiva Perú con 10 millones (que a pesar de tener como fin evitar los despidos, termina haciendo lo que se le da la gana por tener al régimen político capitalista de su lado).

Sin embargo, la acción directa del viernes demuestra varias cosas. Primero, la combatividad de la clase obrera minera que rompe con el método aggiornado al régimen “neoliberal” de la burocracia cegetepista, lo que es una expresión de la nueva etapa de recomposición del movimiento obrero. Y segundo, una manifestación de la conflictividad que se está incubando en este sector que es uno de los más golpeados por la pandemia y la crisis política y económica.

Durante los próximos días, otros sindicatos como el de Shouxin Perú, Santa Luis de Huanzalá, entre otros, se estarán sumando a la protesta por las demandas ya señaladas como aumento de salarios y por el respeto a la jornada laboral y negociación colectiva.

Esta lucha recién comienza. Y la solidaridad combativa y de clase será un factor importante para conquistar la victoria.

Por una coordinadora por el plan de lucha y el paro nacional

Bajo este nuevo escenario de debilidad del régimen político, de explosividad y de ascenso de la lucha de clases (con tendencia a favor de la clase obrera), urge la organización de un plan de lucha y un paro nacional que articule todas las demandas populares embalsamadas que le dé una perspectiva de “poder popular” y de desarrollo de una correlación de fuerzas con el fin de conquistar un gobierno de los (as) trabajadores (as). Para esta tarea, se hace menester que todas las centrales sindicales y el movimiento juvenil y popular desarrollen una coordinadora nacional como embrión del “nuevo orden socialista”.

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12/12/2020

“Las islas verdes cumplen el rol fundamental de mitigar el cambio climático”

Hablan referentes de El Palomar en lucha por una reserva natural.

Tribuna Ambiental - Oeste

Entrevistamos a uno de los referentes de la agrupación Isla Verde, en el marco de las jornadas de difusión y lucha que se vienen impulsando. Nos cuenta de qué se trata su organización en el gran espacio natural ubicado en El Palomar, y cómo continúa su lucha luego del reconocimiento de los terrenos como Reserva Urbana.

¿Qué es Isla Verde?

Isla Verde es una organización ambientalista que nace alrededor de fines de 2013, por un grupo de vecinos y vecinas de El Palomar, Haedo y aledaños, que conocíamos los terrenos naturales de la base aérea del Palomar desde niñes y nos dimos cuenta de que en el espacio se estaban desarrollando quemas, basurales ilegales, cazadores y diversos emprendimientos que comenzaban a asomar como a la vista de querer hacer algo en el predio.

Con un grupo reducido de compañeros en aquel entonces, empezamos a redactar las bases de lo que sería la organización, nos dimos cuenta de que teníamos que fundar una organización, una asociación civil, una ONG que tenga nuestros valores y lineamientos en pos de la defensa de la biodiversidad. Y así nace Isla Verde en octubre de 2013, abrimos las redes sociales y empezamos a convocar a vecinos y vecinas de la zona, y no tan de la zona, que tengan este llamado a la conciencia ambiental y no hayan encontrado su espacio de activismo en el conurbano. Así, al día de hoy fue creciendo la organización.

¿Cuál es la importancia de mantener esta reserva en un sector urbano?

Las islas verdes que quedan hoy día en todo este mar de cemento inmenso, que son ni más ni menos que las reservas naturales, los corredores biológicos, los grandes parques y áreas verdes que quizás no están declarados reserva pero que son muy importantes, cumplen el rol fundamental de mitigar el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Además de brindarnos oxígeno, salud, regular la temperatura y evitar las inundaciones, fijan el carbono atmosférico, que es producto de nuestras emisiones planetarias como seres humanos, en el suelo y en sus plantas, lo que lo quita de la atmósfera. Es un gran beneficio para la humanidad. Y obviamente, lo más importante para todo lo que venimos trabajando es el reservorio de biodiversidad que son estos sitios.

La biodiversidad, que es un indicador biológico de la vida de las personas en el planeta (sin biodiversidad no podemos vivir), se resguarda en las ciudades gracias a estos corredores biológicos, reservas, a estas islas verdes. Cuando hablamos de la isla verde de Palomar, no podemos mirar para otro lado de lo que pasa en las demás islas verdes de las ciudades de todo el mundo, ni más ni menos todas cumplen las mismas funcionalidades.

¿Qué intereses económicos buscan penetrar en el espacio?

Principalmente el desarrollo inmobiliario en todas sus aristas. Después hay una fuerte presión por parte de los negociados de volquetes, de rellenos, toda la descarga de basura ilegal mueve muchísima guita y es un interés muy grande que históricamente en el sitio ha sido rellenado incontable cantidad de veces por diversos “entongados” de rellenos. Después intereses sociales negativos como los cazadores, increíble que en 2020 haya gente que se dedique a ir a un espacio natural a robarse los pajaritos de la naturaleza. Y es un problema grave porque estas islas verdes sufren el problema de la fragmentación de los ambientes, como se fragmenta las poblaciones de los animales quedan reducidas a esos espacios. Vos sacás uno, diez o veinte pájaros de una determinada especie de ese lugar y estás afectando a la descendencia de toda esa población.

¿Cuál es la situación actual de la isla? ¿Qué respuesta les dio el gobierno?

Es un gran paso burocrático que acepte la existencia de la reserva como tal. Hasta ahora nunca el Estado había aceptado la existencia de la reserva, literalmente no existíamos, era un mapa en blanco. A partir de ahora [tenemos] esta firma entre el municipio y el Ministerio de Defensa [se refiere al convenio entre ambos que avanza en la creación de la reserva].

Dicho sea de paso, todavía resta la participación de la organización civil como tal dentro de un convenio, no estamos participando aún, pero sí tenemos el reconocimiento por parte de las autoridades; es innegable que todo esto es gracias al laburo que venimos haciendo. Pero lo recalco porque hay lugares en donde no sucedió: la laguna de Rocha, Santa Catalina, Laferrere, Ciudad Evita. Hay sitios que sí están declarados como reserva y hay un colectivo que hizo un laburo territorial de añares y sin embargo el Estado mira para otro lado, no los ve. Por suerte, la organización tiene tanto laburo hecho en la zona que es innegable para la política local lo que venimos haciendo.

¿Cuál es la propuesta exactamente?

En este momento el Estado está avanzando en una de las posibilidades de creación de la reserva como “Reserva Natural Urbana de la Defensa”, que sería una nueva carátula que irían a adoptar de ahora en adelante áreas naturales que pertenezcan al Ministerio de Defensa pero que, por ser áreas de susceptible importancia para la defensa nacional, entre comillas, las fuerzas armadas no pueden prescindir de esos terrenos.

Hay otros lugares en donde sí los cede al municipio, pero acá en este caso en Palomar no. Sería una reserva urbana, que estaría abierta y podría tener participación ciudadana, pero manteniendo la potestad del Ministerio de Defensa como titular de las tierras. Lo mismo va a suceder en Campo de Mayo, quizás suceda también en Marcos Paz, en otros lugares de reservas naturales que por estar bajo jurisdicción militar se protegieron de la urbanización. En este caso entraría dentro de una nueva figura que estamos en la lucha para que se sancione la ley, que todavía no está sancionada, esto es un convenio marco de participación. Es algo previo, falta todavía la sanción de la ley y la instrumentación de la ley, seguimos firmes en la lucha por la aprobación y la instrumentación de la misma. Y la participación ciudadana, que consideramos innegociable para todo esto, porque si no la reserva termina muriendo.

https://prensaobrera.com/ambiente/no-habra-ley-de-humedales-ni-prohibicion-de-la-deforestacion/

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10/12/2020

La vigilia por el aborto legal, en imágenes

Foto: Juan Diez, Ojo Obrero Fotografía

Cae la noche sobre Buenos Aires y son miles las compañeras y compañeros que participan de la vigilia en la Plaza del Congreso, a la espera del fin de la sesión de la Cámara de Diputados, que se estima culminará alrededor de las 4 de la madrugada.

Desde temprano, la "marea verde" ganó las calles para hacer sentir el reclamo de que el aborto sea ley. "Vinimos miles de personas a arrancar el aborto legal movilizadas y en las calles", señaló Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras y del PO. Criticó la introducción de cambios de último momento a la ley por parte del gobierno (objeción por ideario institucional para los establecimientos de salud), pero dijo que "igualmente con la movilización vamos a conquistar que todos los efectores de salud puedan practicar el aborto legal en forma segura para todas las mujeres y en todos los rincones del país vamos a arrancar que sea despenalizado completamente". Y reclamó la separación de las iglesias del Estado.

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10/12/2020

“Vinimos miles a arrancar el aborto legal movilizadas y en las calles”

La voz de las referentes de una gran lucha, desde la Plaza del Congreso.

Foto: Daniel Peluffo

Bajo un sol abrasador, con 35 grados de temperatura, miles de compañeras iban arribando a la Plaza del Congreso para reclamar que la Cámara de Diputados dé media sanción al proyecto de aborto legal. Prensa Obrera recogió allí el testimonio de algunas de las referentes de este gran movimiento de lucha.

Vanina Biasi (dirigente del PO y del Plenario de Trabajadoras) señaló que "vinimos miles de personas a arrancar el aborto legal movilizadas y en las calles". Criticó la introducción de cambios de último momento a la ley por parte del gobierno (objeción por ideario institucional para los establecimientos de salud), pero dijo que "igualmente con la movilización vamos a conquistar que todos los efectores de salud puedan practicar el aborto legal en forma segura para todas las mujeres, y en todos los rincones del país vamos a arrancar que sea despenalizado completamente. Y vamos a conseguir también la educación sexual integral y la separación de las iglesias del Estado, que es de lo que se trata este debate".

Gabriela de la Rosa, dirigente del Polo Obrero, defendió el aborto legal "para que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, porque somos las mujeres pobres las que dejamos la vida en un aborto clandestino". Y agregó que "también pedimos educación sexual. La juventud del Polo Obrero está presente y movilizada porque entendemos que es un reclamo genuino de la clase obrera poder acceder a la educación sexual, a los anticonceptivos y al aborto legal para no morir".

https://twitter.com/prensaobrera/status/1337081349195370497

El colectivo de actrices forma parte de la jornada. Anabel Cherubito le comentó a Prensa Obrera que se hacían presentes "como todas las mujeres y diversidades, peleando y esperando que esta ley salga". En el mismo sentido, Natalia Bagden recordó que una de las primeras actividades del agrupamiento -creado hace casi tres años- fue firmar una carta apoyando el proyecto de ley. "Muy contentas en esta lucha. A pesar de algunas concesiones que se hicieron en el día de ayer en el dictamen, se muestra claramente en la calle cómo somos cientos de miles las que reclamamos que el aborto sea ley y que dejen de morir mujeres por abortos mal practicados".

"Era imposible desoír el movimiento de mujeres y diversidades que puso en la calle y en la agenda social este tema. Celebramos este día y estamos aquí para seguir paso a paso cada una de las exposiciones de diputados y por supuesto que estaremos también en Senadores porque hoy vamos a tener la media sanción y porque va a ser ley", completó la actriz Laura Azcurra.

Tatiana Fernández Martí, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (Cenba), destacó que "es fundamental nuestra acción en la calle y solo dependiendo de nuestra fuerza, nosotras y nosotres, con la potencia de la marea verde vamos a poder conquistar este derecho".

En tanto, Amanda Martín, de Ademys (docentes de la Capital Federal), calificó como "histórica" la jornada. "Fue la marea verde la que logró que se trate nuevamente este proyecto. Y por eso la movilización es clave. Las maniobras de la Iglesia continúan y por eso el movimiento de mujeres no se puede detener". También criticó las modificaciones al proyecto introducidas por el gobierno. "En las últimas horas ha sufrido restricciones, como la inclusión de la objeción institucional. Previamente habíamos denunciado la objeción individual como una puerta a nuevas concesiones y devaluaciones del proyecto que mediante los lobbies clericales, la Iglesia, le han abierto las puertas a estas nuevas introducciones que indudablemente van a ser regresivas y vamos a tener que seguir luchando".

 

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Reproducimos el texto difundido por la delegación argentina que fue deportada en Bolivia este 15 de junio.
Mordaza judicial contra Vanina Biasi. Martínez de Giorgi se inhibe como juez de una causa que no debiera existir y mucho menos en el fuero federal. La aparición de Cúneo Libarona como testigo de la Daia.
En la Legislatura porteña, Vanina Biasi cruzó las infames acusaciones sionistas.
10/12/2020

Crece la lucha de los trabajadores de maestranza

Realicemos asambleas, votemos un plan de lucha.

La Naranja de Maestranza

Este último sábado se realizó en el Obelisco una movilización autoconvocada de trabajadores de maestranza reclamando una recomposición salarial, un bono de fin de año, entre otras reivindicaciones, en el marco de la negociación paritaria y la escalada inflacionaria. La movilización fue mayor a la que tuvo lugar los días previos en la sede del SOMRA de Parque Patricios, donde se hicieron presentes ante la falta de respuestas por parte de la burocracia que dirige el sindicato. En esa oportunidad, los trabajadores fueron atacados salvajemente por una patota, con el saldo de un trabajador herido por una puñalada y múltiples amenazas. El rechazo se hizo sentir con fuerza en la calle.

Salarios de miseria y precarización

En estos días el reclamo que gana peso es el del salario. El ingreso inicial de un trabajador de maestranza es de 26.812 pesos por una jornada completa. Es decir, un salario por debajo de la línea de pobreza, que se estima en 50.000 pesos de acuerdo a la canasta básica. Mientras la inflación se dispara, y se espera una espiral mayor al ritmo de distintos tarifazos, el salario de maestranza estuvo congelado todo el año. En este cuadro la conducción del sindicato negocia un mísero aumento de 2.000 pesos, que recién se completaría en abril. En la paritaria anterior el acuerdo fue de alrededor del 20%, contra una inflación que superó el 50%. Además, en miserables cuotas, y con una división del porcentaje entre el básico, el presentismo y los viáticos, que en el caso de los dos últimos se descuentan ante licencias. Con o sin pandemia, la miseria salarial es la regla.

Vale recordar que el personal de maestranza fue y sigue siendo esencial en la pandemia. Sin embargo, está sometido a la más brutal precarización. En el pico de contagios, los trabajadores estuvieron sumamente expuestos ante la falta o defecto de elementos de protección personal, la carencia de protocolos y el pluriempleo al que empujan los salarios de miseria. Las patronales no se hicieron cargo, limitando los aislamientos y empujando a los trabajadores al virus. Asimismo, la solicitud de ATP por parte de las empresas, algunas de ellas tercerizadas del Estado (como Sehos del GCBA), convirtió el cobro de los salarios en una lotería, sin siquiera la asistencia de una oficina de recursos humanos. En estos meses la desidia patronal fue completa, y la complicidad de la burocracia sindical del SOMRA quedó de manifiesto en la más completa inacción.

La burocracia del SOMRA: barrabravas, patotas, amenazas y provocaciones

El SOMRA está liderado por Oscar Guillermo Rojas desde hace ya casi dos décadas y en diversos períodos. Hay quienes manifestaron eventualmente sus sospechas por la muerte del tesorero del sindicato, luego de que había planteado formar una lista opositora. Rojas, acérrimo amigo de Luis Barrionuevo, echó en su momento a opositores de la junta electoral del sindicato a través de barrabravas de Independiente. El salvaje ataque de una patota a los trabajadores autoconvocados de los últimos días claramente es un modus operandi de una burocracia que no se diferencia de la portuaria, de la Uocra, o de la propia burocracia de José Pedraza que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra.

Ante los reclamos por los salarios y la paritaria, la conducción del sindicato expresó en sus redes “del problema se sale trabajando”, en una clara provocación. Las amenazas también estuvieron presentes con frases como “no pongas en riesgo tu continuidad laboral”. Es así que el destrato de la burocracia sindical ha dado lugar a planteos de desafiliación. Pero ésta sólo puede ser un paso adelante si es colectiva y conduce a una afiliación en masa en otro sindicato donde se puedan conformar juntas internas democráticas. De lo contrario, la desafiliación puede dar lugar a la atomización o a reemplazar una burocracia sindical por otra, objetivo que parecieran perseguir algunos mentores del planteo.

Por asambleas en los lugares de trabajo y un plan de lucha

La movilización del último sábado reflejó que hay fuerzas para pelear por una recomposición salarial del 40%, por un bono de fin de año, por los elementos sanitarios y las condiciones de trabajo. La burocracia sindical del SOMRA no tiene ninguna autoridad para encarar la negociación paritaria. Para reforzar esta pelea es necesario abrir paso a una organización colectiva en cada lugar de trabajo, convocando a asambleas que resuelvan medidas de acción directa -cortes de calle, movilizaciones, entre otras- y elijan delegados. Es el camino para un plenario de delegados que pueda resolver un paro de actividades y un plan de lucha de conjunto.

Se fundó la agrupación Naranja de Maestranza (prensaobrera.com)

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10/12/2020

Chile: jornada de lucha por la salud y la libertad de lxs presos políticos

Convocada por los trabajadores del sector.

Para este jueves 10 la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), organismo sindical que nuclea a las y los trabajadores de atención primaria de la salud de todo Chile, convoca a una nueva jornada de lucha en el marco del día internacional de los derechos humanos. La convocatoria fue realizada mediante un comunicado donde se hace un llamado al pueblo chileno no solo a apoyar los reclamos del sector (que desde antes de la llegada de la pandemia al país se encuentra en una profunda crisis producto de los sucesivos recortes presupuestarios que impactan directamente en sus condiciones laborales), sino por todos los derechos humanos violentados por el gobierno, para exigir la libertad de lxs presxs políticos y el retiro del 10% de los fondos de pensión antes de navidad.

El llamado a coordinar y sumarse a la movilización está dirigido no solo a la población en general, como titular del derecho a la salud, sino en particular a la Unión Portuaria. Ello no sorprende ya que se trata de un sector de trabajadorxs organizados que ha dado sobradas muestras de su combatividad paralizando los puertos del país en varias oportunidades, en el devenir de la profunda crisis política en que se encuentra el gobierno de Sebastián Piñera desde el estallido de la rebelión popular en octubre del 2019.

La incorporación de consignas que exceden el marco de los reclamos laborales, como el caso de la libertad de aquellos que continúan presos por participar de la revuelta, es un dato que da cuenta de lo profundo que ha calado el rechazo a las políticas represivas del gobierno. La lucha por la libertad de las y los presos políticos ha movilizado a chilenas y chilenos de todo el país en las últimas semanas particularmente.

En tanto, el nutrido calendario electoral que se inició con el plebiscito para la reforma constitucional del pasado 25 de octubre, orquestado entre la coalición gobernante y la oposición comprometida en sostener a Piñera, cuyo objetivo es encauzar la bronca popular con el régimen político por medio de un cronograma de elecciones sin fin, se va  topando con muchas dificultades. En las elecciones primarias para alcaldes y gobernadores regionales realizadas el pasado 29/11 solo concurrió a emitir su voto el 5% del padrón electoral -en contraste con el 50% que lo hizo para el plebiscito. El abstencionismo que marcó a las elecciones primarias contrasta también con las movilizaciones que han tenido lugar en el último período reclamando, entre otras demandas, la salida de Piñera.

La ínfima participación en las primarias del 29 de noviembre no puede ser interpretada como una simple abstención, sino como un contundente pronunciamiento en contra de las maniobras electoreras de los partidos del régimen, responsables de las políticas que han hundido a las masas trabajadoras en las últimas décadas. Y, sin embargo, empieza la danza de nombres y a tejerse los acuerdos de cara a las presidenciales de noviembre del 2021, siendo el PC el que picó en punta lanzando hace meses la candidatura de Daniel Jadue, actual alcalde de Recoleta.

La convocatoria de la Confusam coincide con el aumento alarmante de los contagios que obligó al gobierno de Chile a decretar el retroceso de fase en varios municipios para evitar lo que ya se considera el inicio de la segunda ola de contagios, es decir, cuando se encienden las alarmas sobre el sistema de salud, que reposa en las tareas del trabajadoras y trabajadores que, pese a estar en la primera línea de combate a la pandemia, deben soportar jornadas extenuantes de trabajo mal pagas. Frente a la combatividad de este sector de trabajadores, el silencio de la CUT y la Mesa de Unidad Social es ensordecedor.

En este cuadro, es una tarea fundamental de toda la clase obrera y el movimiento estudiantil poner en pie este jueves una gran jornada de lucha por el derecho a la salud y para exigir la libertad de las y los presos de la rebelión y todas las demandas pendientes del pueblo trabajador. Por un congreso de delegados de base que defina un plan de lucha y exija a las centrales la convocatoria a un paro general hasta que se vaya Piñera.

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09/12/2020 | 1611

Balance de la lucha contra la pandemia

Con 1.466.300 casos y casi 40.000 fallecidos (882 por millón de habitantes), Argentina está en el pelotón de países líderes en materia del daño provocado por la pandemia. La curva actual general de casos en el país es descendente, pero lentamente, con cifras todavía altas -6.000 casos diarios- y con crecimiento todavía en algunas provincias. Datos estos importantes al momento de realizar un pronóstico, que incluye un rebrote en la medida que crece la apertura de actividades, se flexibilizan medidas de aislamiento y se acercan las vacaciones de verano.

Como balance general de la política sanitaria aplicada por el gobierno nacional y los provinciales se debe caracterizar que el interés capitalista por preservar el beneficio, amenazado por la crisis mundial, prevaleció por sobre las necesidades sanitarias de la gran masa de la población. Se evidencia en la ausencia de un plan único nacional de lucha -que incluya operativos masivos de detección y aislamiento-; en los bajos recursos invertidos, tanto en el sistema de salud como en el sostenimiento económico de los sectores más desprotegidos; y en la aplicación anárquica y desigual en el país, de los regímenes de cuarentena o confinamientos y los protocolos preventivos, sistemáticamente saboteados por la presión de las cámaras empresarias y los medios afines.

Nunca existió un plan de combate al Covid-19

La primera gran falencia fue la ausencia de un plan unificado de los sistemas de salud, público, privado y de las obras sociales. Este defecto central impidió tener un conocimiento y control eficaz del curso de la enfermedad, de la valoración de las medidas terapéuticas y, fundamental, de la distribución de recursos. Una tibia propuesta del inefable Ginés, al comienzo del proceso, para apenas centralizar la información de los sistemas de salud fue rechazada “in limine” por las prepagas y la burocracia de las obras sociales.

Una grave consecuencia de ello fue el caos estadístico. La superposición de sistemas y el déficit en la carga de datos en regiones, provincias y municipios llevó a todo tipo de deformaciones. Ante el subregistro de fallecimientos, la provincia de Buenos Aires tuvo que sumar 3.500 muertes no registradas a mitad de camino. Los errores en la ponderación estadística de los testeos provocaron que institutos de estadísticas internacionales eliminaran a la Argentina de sus cómputos.

Otra implicancia: la estimación de camas y de camas críticas disponibles fue y sigue siendo imprecisa e incomprobable, porque la información del sistema público y el privado van por cuerdas separadas. Las cifras oficiales de camas ocupadas de terapia no dan cuenta de cuántos pacientes esperan turno en salas generales -o sobre una ambulancia-, empeorando con la demora su pronóstico. Médicos y residentes denunciaron que la disponibilidad de camas críticas estaba inflada con unidades no apropiadas o con falta de personal intensivista que pudiera atenderlas.

Detectar, herramienta clave desatendida

En este cuadro, la epidemia en el país llegó por una vía de curva aplanada o lenta a los estándares que países de Europa o del resto de América alcanzaron por la vía de “pico agudo”. La cuarentena larga para “aplanar” la curva de contagios, que fue efectiva en realidad solo de marzo a junio, contribuyó a evitar el colapso general de los sistemas de salud, que estuvo sin embargo al límite, saturándose en localidades de provincias del interior (Salta, Jujuy, Río Negro).

Pero robustecer la atención médica -tema en el que focalizan los informes oficiales- no frena por sí misma el progreso de los contagios. Sólo el rastreo de casos, contactos estrechos y asintomáticos, y su aislamiento, puede mitigar de verdad el avance de la pandemia. La combinación de una extrema insuficiencia en ese aspecto, con la apertura de las restricciones de circulación, producto de la presión capitalista, produjo el fracaso en mitigar fuertemente la pandemia. Combinación fatal, además, para la generalización de los contagios a todo el país. Cuando las provincias tenían sus primeros casos, se pudo haber neutralizado allí, con rastreo y aislamientos, la expansión. No se hizo y en su lugar se dejó que los contagios migraran desde el AMBA a las provincias, donde -con sus actividades abiertas al 100% - se produjo un verdadero incendio epidemiológico. En Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, el crecimiento exponencial de casos, lentificó la llegada del “pico” general en el país y produjo cantidades de internaciones y decesos, que sus sistemas de salud, colapsados, no pudieron atenuar. El Operativo Detectar Federal actuó como un más que tardío sucedáneo, del que no existen balances conocidos.

La insuficiencia, aplicación tardía y desigualdad de los operativos Detectar sigue sin explicación. No se puede alegar desconocimiento, la OMS y la experiencia en todo el mundo lo pregonaban sin pausa. El récord de testeos en Argentina de 80.000 por millón de habitantes, contrasta con países de Europa y América, cuyos valores medios han sido cinco veces mayores; Chile, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Venezuela testean mucho más que Argentina.

El aislamiento de casos en hoteles o alojamientos ad hoc fue también muy débil. Su reemplazo por el seguimiento telefónico de casos en sus domicilios es una alternativa precaria y de efectos dudosos. Tecnópolis, con 2.500 camas preparadas para ese fin, fue cerrado porque en 146 días solo llegó a alojar 1.347 pacientes.

El motivo de tanta inconsistencia en este plano, hoy reconocida por la elite infectológica, es nebuloso. Off the record, funcionarios lo atribuyeron a “razones económicas”. Es indudable que operativos nacionales masivos requieren de recursos que no fueron invertidos. A lo que se pueden agregar intereses más mezquinos. Existe una denuncia contra el ministerio nacional, por haber desechado la compra del Test Neokit molecular, desarrollado por el Instituto Milstein-Conicet, utilizado en la provincia de Buenos Aires y otras provincias, en beneficio de un test de Laboratorios Abott, solo aplicable a casos sintomáticos y por lo tanto menos eficaz para detección en terreno. El rastreo de casos asintomáticos no forma parte del protocolo del ministerio.

Recursos: pandemia vs. deuda externa

La otra falla central, producto de la supremacía de los intereses capitalistas, fue el paupérrimo aporte de recursos. Pocos países invirtieron tan poco. A lo ya referido para los operativos Detectar, se suma la paupérrima inversión en el sistema sanitario que requiere la jerarquización del personal de salud que, con salarios de pobreza, apela a varios empleos con la consecuencia de debilitamiento del sistema por stress, aumento de contagios, aislamientos e internaciones. Al día de hoy, en la la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ofrece a los médicos un 5% de aumento salarial (!)

La miserable ayuda económica a desocupados, cuentapropistas, pequeños comerciantes y barriadas pobres, para aguantar las medidas de confinamiento, ha dado otro paso atrás con la eliminación del “gasto Covid” (suspensión del IFE y ATP). Un gobierno que, por el contrario, está centrado en pagar la deuda fraudulenta y conformar al FMI, no califica para encarar un flagelo como este. Su subordinación a la presión “bolsonarista” de los capitalistas para boicotear la lucha anti-Covid, juega un papel central en el abordaje general de la pandemia en Argentina.

Lo que vendrá

La enfermedad no solo no está derrotada, como repite el lugar común, sino que la lucha contra ella, conserva las mismas fallas y requiere los mismos fuertes cambios que venimos proponiendo. El hecho, por ejemplo, de que se deje en manos de intendentes, que son representantes directos de las cámaras empresarias, la organización sanitaria en los lugares de veraneo es motivo de liberalidad y negligencia, explosivos en materia de prevención. Sin fuertes campañas de detección y testeo, la apertura de los colegios es aventurera. En esas condiciones, la declinación general en la curva de contagios puede muy probablemente retroceder a un rebrote (“segunda ola”), si se tiene en cuenta la actual experiencia europea y el hecho de que en Argentina, según comprobaciones en el AMBA, solo un 14 a 15% de la población se ha contagiado, dejando un amplio campo virgen para que el virus retome con fuerza su circulación.

Hay que luchar

La expectativa de que el comienzo de la vacunación ponga un límite importante a ese curso de la pandemia no se sustenta en los hechos. Aunque alguna de ellas estuviera disponible sobre el fin de año, no lo sería en cantidad ni en condiciones logísticas suficientes como para eliminar la posibilidad de un rebrote, si las condiciones generales de prevención siguen siendo las actuales.

Hay que dar un viraje. Confinamientos selectivos en zonas de alta circulación del virus y un programa nacional masivo de detección y aislamientos deben formar parte de un plan único y centralizado nacional de combate al Covid–19 y neutralización de una segunda ola. Los recursos necesarios para el mismo deben salir del redireccionamiento de la recaudación del impuesto a la riqueza y la suspensión del pago de la deuda externa. Y, fundamental, en cada empresa, hospital y sistema de transporte, los trabajadores deben controlar la aplicación de los protocolos sanitarios.

https://prensaobrera.com/salud/pandemia-el-gobierno-baja-los-brazos/

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09/12/2020 | 1611

La Educación Sexual Integral para lxs pibxs ¡ya!

PH Juan Diez

La diputada Romina Del Plá es autora de un proyecto para erradicar el obstáculo (artículo 5 de la ESI) que habilita a que las empresas educativas e instituciones con directivos clericales no dicten educación sexual con contenido científico y desprovisto de discriminaciones por género o elección sexual.

Dicho artículo señala que cualquier institución podrá impartir dicha educación según su ideario institucional. Con más del 50% de los chicos en la provincia de Buenos Aires cursando en escuelas confesionales, este artículo lisa y llanamente echa por tierra la propia ley. Más de un millón y medio de chicos son educados en el tabú del sexo o en la idea de que tener relaciones es pecaminoso, o en el principio de que la homosexualidad es una enfermedad, bajo la subvención y apoyo de los gobiernos de turno.

El proyecto fue cajoneado por la bancada mayoritaria del Frente para la Victoria, como antes lo hizo el macrismo. Necesitamos enfrentar la agenda clerical del gobierno siguiendo el ejemplo de la gran marea verde que se apresta a arrancar el derecho al aborto legal en las calles.

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09/12/2020 | 1611

¿De dónde viene la justicia injusta?

A propósito de un fallo contra profesionales de la salud que practicaron un aborto no punible.

“El pasado 24 de septiembre, Luis María Rizzi y Javier Anzoátegui -jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº8- ordenaron extraer testimonios en el marco de una sentencia que condenó a un hombre a 35 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas y homicidio. En ese entonces pidieron que se investigue la comisión de 'un delito de homicidio' en el contexto de la aplicación de una Interrupción Legal del Embarazo a la víctima de la violación. En su denuncia, calificaron de 'sicarios” y 'asesinos a sueldo' a los profesionales de la salud intervinientes (...)”.

“Anzoátegui fue ascendido en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner por el entonces ministro de Justicia Julio Alak al cargo de Juez de Cámara luego de llevar la investigación por la cual Fernando Carrera fuera condenado injustamente a 30 años de prisión en el caso documentado en el Rati Horror Show de Enrique Piñeyro.”

Estos extractos de una nota original de la Agrupación Bermellón de empleados judiciales en Prensa Obrera, ilustra al respecto de que quien designa a los jueces es el poder político y que su responsabilidad debe ser puesta en evidencia ante la oleada de persecuciones contra las mujeres pobres que se suceden por parte de dicho poder del Estado.

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09/12/2020 | 1611

El Brexit, en la cuenta regresiva

Las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para evitar un Brexit desordenado se multiplican. Para este miércoles se esperaba un encuentro clave entre el primer ministro Boris Johnson y Ursula von der Leyen, titular de la comisión que regentea el viejo continente. Si no hay un acuerdo antes de fin de mes, el vínculo entre ambas entidades pasará a regirse por las normas de la Organización Mundial de Comercio, lo que supone cuotas y aranceles, y puede tener graves consecuencias económicas a ambos lados del canal de la Mancha.

El 31 de diciembre culmina el período de transición establecido por los acuerdos de retirada, que fueron votados por la Cámara de los Comunes y el Parlamento Europeo. Desde entonces, las partes vienen negociando infructuosamente un acuerdo de libre comercio.

Uno de los principales motivos que traba las deliberaciones, según los medios, es la política de subsidios a empresas por parte de Londres. Bruselas reclama un control semejante al que rige en el continente, pero el primer ministro británico Boris Johnson lo resiste. La puja se da en un escenario global de guerra comercial, en que los Estados buscan favorecer a sus propias compañías y adoptan represalias contra las demás. La Unión Europea resolvió en octubre imponer aranceles a importaciones norteamericanas por 4 mil millones de dólares, como respuesta a los aranceles por 7,5 mil millones instituidos por Trump el año pasado. Ambas partes se atacan por las subvenciones respectivas a sus industrias aeronáuticas.

Además de la cuestión de los subsidios, los europeos reclaman la inclusión de una cláusula que obligue a mantener homologadas en el tiempo la legislación laboral y ambiental, de manera que su rival no pueda valerse de una mayor precarización de la fuerza de trabajo o depredación del medio como ventaja competitiva. Para la canciller alemana Angela Merkel, es una cuestión crucial. Lo que no dice es que su propio país es un precursor del deterioro de las condiciones laborales como mecanismo para reforzar a su propia burguesía en el mercado mundial.

Asimismo, sigue en el caldero la cuestión del futuro de Irlanda. El acuerdo de retirada había establecido que no hubiera controles aduaneros entre el sur y el norte, como una manera de impedir el resurgimiento de una frontera “dura”, que reactivara el conflicto histórico en la isla. De esta manera, quedarían rigiendo allí las normas europeas. Como alternativa, se acordó una especie de aduana en el mar -es decir, un control de las exportaciones e importaciones entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

Este pacto, sin embargo, entró en crisis por la posterior discusión de una ley de mercado interno en Londres, por el que la capital británica se autohabilitaba a controlar los subsidios de las empresas radicadas en el norte irlandés y a definir los trámites requeridos para las exportaciones a la isla. La Unión Europea puso el grito en el cielo, por lo que Johnson dio marcha atrás y anunció la eliminación de las cláusulas más cuestionadas de la ley. Pero con tantas idas y vueltas no conviene dar la cuestión por cerrada.

Está también en debate la cuestión pesquera. Los europeos quieren seguir manteniendo el acceso a las aguas británicas después del período de transición, mientras que, en sentido contrario, los pescadores del Reino no los quieren ver nunca más por allí. Francia se muestra como el gobierno más inflexible en defensa de sus intereses en el área, amenazando incluso con un veto a cualquier acuerdo que no contemple favorablemente esta cuestión.

Disgregación y crisis

El Brexit es la expresión más palmaria de las tendencias a la disgregación en la Unión Europea y acelera las propias tendencias centrífugas en el Reino. En Escocia se están reactivando los planteos para un nuevo referéndum independentista. La primera ministra Nicola Sturgeon exigió que este se desarrolle en 2021.

Al mismo tiempo, la crisis capitalista y la pandemia vienen haciendo estragos en uno y otro lugar. El Reino Unido se encamina a la mayor caída de su PBI en 300 años. Para contrarrestar la crisis, Johnson impulsó un salvataje de los capitalistas que disparó el endeudamiento a los niveles más altos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. También en el continente se están aplicando planes masivos de rescate a los grandes grupos económicos.

Mientras las negociaciones por el Brexit se tensionan, Johnson ha resuelto uno de los mayores aumentos del presupuesto militar de la historia británica, toda una señal en medio de las tensiones geopolíticas. Promete que el país volverá a ser la “primera potencia naval de Europa”. Y de la mano de este plan, reactivar la industria naval. El jefe del laborismo, Keir Starmer, expresó su apoyo a esta política militarista. Se lo ha leído también como un indicio de que el país abandona la Unión Europea, pero no saca los pies del plato de la Otan.

El Reino Unido apuesta a compensar la pérdida de vínculos con la Unión Europea con un mayor alineamiento con Estados Unidos, pero eso implicará una acentuación de su subordinación y la apertura para el capital yanqui de ciertas áreas de negocios (incluyendo la salud). Johnson, que apostó por Donald Trump, ya tuvo su primera reunión con Joe Biden.

La Unión Europea y Johnson rivalizan para sacarse ventajas y transferirse los costos de la crisis, mientras atacan a sus trabajadores. Es necesario oponerles la lucha por la unidad socialista del Reino Unido y de Europa.

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09/12/2020 | 1611

Noticiero internacional

India - Perú - Guatemala - Francia

Paro general en la India y agricultores en lucha

Cerca de 250 millones de trabajadores participaron el jueves 26 de un nuevo paro general en la India contra el gobierno ultraderechista de Narendra Modi. El principal motivo de la convocatoria fueron los nuevos códigos laborales, con los que el gobierno busca cercenar el derecho de huelga y avanzar en una mayor precarización laboral.

Como parte de la jornada, hubo piquetes en rutas y vías ferroviarias. Simultáneamente, los agricultores iniciaban un plan de lucha en la capital (Nueva Delhi) contra una nueva norma que los empuja a vender en forma directa al sector privado (actualmente, el Estado les compra la producción a precios garantizados). Acampan actualmente por miles en la ciudad, a la espera de una respuesta.

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Perú: trabajadores agrarios derrotan ley precarizadora

Tras cinco días de huelga y bloqueos, los trabajadores del campo de Perú lograron que el Parlamento derogue la “Ley de Protección Agrícola”, aprobada bajo el gobierno de Alberto Fujimori, que permitía a las patronales imponer condiciones laborales más desventajosas que las generales. La norma había sido prorrogada hasta 2031 por Martín Vizcarra, el mandatario recientemente destituido.

Gracias a este régimen especial, las agroexportadoras hicieron fortunas, mientras los obreros veían hundirse sus condiciones de vida. En el curso de la medida de fuerza, la represión contra uno de los piquetes se cobró la vida de Jorge Muñoz Jiménez, un empleado de 20 años. En tanto, el viernes 4 fueron desalojados de la Carretera Central los trabajadores del Complejo Metalúrgico Doe Run Perú, quienes reclaman el control obrero de la empresa para evitar un cierre que dejaría 2.500 despidos. El nuevo gobierno de Francisco Sagasti no tiene nada que envidiarle a sus predecesores en materia represiva.

Los trabajadores agrarios marcan el camino. Su gran lucha se produce a tan solo veinte días de la rebelión que expulsó del poder a Manuel Merino. Es necesario que la CGTP rompa la tregua con el nuevo gobierno y convoque a un congreso de delegados para votar un plan de lucha nacional, en la perspectiva de la huelga general.

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Guatemala: continúa la lucha contra el gobierno de Giammattei

El sábado 5, miles de guatemaltecos se movilizaron por tercera semana consecutiva para reclamar la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de los diputados del Congreso. La lucha comenzó el 21 de noviembre, cuando una movilización extraordinaria reclamó contra el Presupuesto 2021, que congelaba las partidas de educación y salud. Dicha ley de leyes se encuentra ahora en reformulación.

Como parte del clima de movilizaciones, los indígenas vienen realizando bloqueos en diferentes puntos del país. El presidente convocó a una misión de la OEA, que aceptó el llamado y visitó Guatemala para poner paños fríos. Hizo algunas críticas al gobierno, pero propulsó un reacercamiento entre el presidente y el vice, que se encontraban enfrentados, con el propósito de sostener el régimen político.

Está planteado profundizar la lucha para lograr la caída de Giammattei y su vice Guillermo Castillo.

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Francia: Macron, desafiado por masivas movilizaciones

El sábado 28, cientos de miles de personas ganaron las calles contra un proyecto de ley de seguridad nacional que pena con hasta un año de prisión y multas de hasta 45 mil euros a quienes difundan imágenes de operativos policiales con la intención de perjudicar a los agentes. Es un intento de amparar la acción de las fuerzas represivas.

En París, la movilización reunió a organizaciones obreras, de derechos humanos y de izquierda. Hubo reclamos para que renuncie el ministro del interior Gérald Darmanin, uno de los portavoces de la norma.

Frente a la profundidad del rechazo, el gobierno promete reformular los aspectos más controvertidos de la ley. Está planteada la posibilidad de derrotar toda la normativa y dar un fuerte golpe al gobierno reaccionario de Emmanuel Macron.

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A los 80 años, como consecuencia de un avanzado cáncer de pulmón, falleció Tabaré Vázquez, dos veces presidente de Uruguay bajo la bandera del Frente Amplio. Su muerte tocó a miles de uruguayos que lo ven como el símbolo de la llegada al poder de su corriente política, y por partida doble: tanto como primer intendente del FA en Montevideo (1989) como en la victoria en las presidenciales de 2004. Además, su impronta moderada fue destacada, con especial énfasis, por sus rivales políticos -burgueses- del último tiempo, como el actual presidente Luis Lacalle Pou, su derrotado contendiente electoral en 2014. ¿Qué puede aportar la trayectoria de esta figura para ayudar a comprender la actual crisis del Frente Amplio?

Integración al Estado

Tabaré Vázquez se sumó tardíamente a la intensa vida política uruguaya del “retorno” democrático. Destacado médico oncólogo y adscripto a la perspectiva de la medicina social, durante los ochentas se destacó como dirigente de asociaciones de médicos y también deportivas. A pesar de contar con su afiliación al Partido Socialista, no ocupó un lugar significativo en la lucha contra la dictadura. Su liderazgo comienza a cobrar más peso durante el fin de la década, como atestigua su rol en comisiones de derechos humanos. Luego de una crisis interna, participa como candidato del Frente Amplio a intendente de Montevideo, cargo que asume a comienzos de 1990.

Aquellas elecciones estuvieron signadas por derrotas de importantes huelgas y una baja en las luchas obreras. Contemporáneas de la caída del Muro de Berlín y del derrumbe del “socialismo real”, fueron un importante paso en la voluntad de la dirección del Frente Amplio para terminar de dejar atrás su vieja impronta “combativa” con el fin de obtener un progreso en los marcos más estrictos del régimen, ponderando como primeros puntos la necesidad de respetar los acuerdos con el FMI y la supervivencia del esquema general heredado de la dictadura.

Declamando estos principios, Tabaré Vázquez se erigió como vehículo para consumar esta política. Así, poco después de su asunción, uno de los gestos más emblemáticos fue la entrega de la llave de Montevideo al entonces presidente estadounidense George Bush (padre). La resonante fórmula del FA, terminar con el bipartidismo de Blancos y Colorados, fue saldada con su integración como tercera pata al Estado -y al rescate de sus crisis. La política de Tabaré y del FA -primero en Montevideo y luego en la presidencia- de gasto social (austera en comparación con otros gobiernos latinoamericanos), los sentidos discursos progresistas, y la regimentación de importantes sectores obreros, operaría como factor de salida ordenada a la crisis uruguaya de los 2000s, sin afectar los resortes del control capitalista.

Primera presidencia

Como Kirchner, como Lula, la presidencia de Tabaré se benefició del famoso “viento de cola” que impulsó, durante todo un periodo, el aumento del precio de los commodities. Esta situación internacional favorable hizo lo suyo para explicar la caída -tardía- en la desocupación uruguaya, cuyos índices comenzaron a bajar luego de alcanzar los máximos históricos, aunque ahora expuestos los trabajadores a una mayor precarización laboral y elevación del costo de vida. Con la derecha golpeada y deslegitimada, el FA se montó sobre la gestión estatal, lejos de las luchas y las transformaciones sociales de fondo.

Desde el inicio, Tabaré Vázquez dejó en claro que el suyo sería un gobierno al servicio del gran capital, de acuerdo con el FMI, y de rescate de la banca y la burguesía damnificada por la crisis -de los dos lados del charco. Así, un elemento importante fue el aumento en la extranjerización de las tierras que llegó, en cifras oficiales luego de 15 años de gobiernos del FA, a 8 de las 17 millones de hectáreas uruguayas. Los sojeros argentinos se cuentan entre los mayores beneficiados.

A la política de apertura fiscal, que profundizó el lugar subordinado de Uruguay como receptor de la fuga de divisas de las burguesías sudamericanas, se le sumaron las excepciones impositivas al sector inmobiliario y a la industria, incluso extractivista, por la vía de constitución de zonas francas. Uno de los conflictos más sentidos durante su gobierno se ligó a la instalación de las papeleras en los márgenes del río Uruguay. Mientras los trabajadores de ambas orillas se unían en una lucha común, Tabaré Vázquez buscaba y recibía el apoyo de George Bush (hijo), cuando este último fungía como presidente de Estados Unidos. Tabaré también garantizaría otros favores a las patronales, como la rebaja a los aportes de previsión social (del 12% al 7%). Mientras tanto, castigó a los trabajadores con la implementación del impuesto al salario.

En el terreno social y de derechos humanos, incluso quienes reivindican su gobierno desde un campo progresista no pueden obviar su veto a la despenalización del aborto, a pesar de contar con mayoría en el parlamento y un amplio consenso entre sus filas y en la sociedad. Con respecto a los genocidas de la dictadura, impulsó decididamente la reconciliación. El rechazo a la derogación de la ley de impunidad uruguaya (ley de Caducidad) frustró las expectativas de sectores que veían como un paso adelante algunos tibios procesos judiciales contra represores. Más aún, se rodeó de sujetos y funcionarios con vasos comunicantes con los militares.

¿Fin de ciclo?

La segunda presidencia de Tabaré Vázquez, luego de la elección de José Mujica, fue una continuidad, en lo esencial, con las anteriores gestiones del Frente Amplio. El cuadro financiero, que avecinaba nuevas turbulencias, le otorgó más primacía al entorno del poderoso ministro de Economía Danilo Astori, del ala derecha del FA. Fue un gobierno marcado por el crecimiento de la pobreza y de la desocupación, en las ciudades y en el precario entramado rural. También, de hechos importantes de corrupción. El gobierno sostuvo esta situación, como su predecesor, apelando a la represión y a la ilegalización de las huelgas, como la importante lucha educativa. En paralelo, los índices daban cuenta del sostenimiento de la rentabilidad empresarial.

El retorno de la derecha tradicional uruguaya al poder político en las elecciones de 2019 estuvo pavimentado por la integración de décadas del FA, que le dio aire a un régimen en una crisis terminal. El Frente Amplio se dedicó a encauzar las tendencias a la movilización y a la lucha imperantes en los trabajadores uruguayos hacia una domesticación parlamentaria y a una fraseología social.

El clima de concordia continúa incluso al día de hoy, cuando el FA “opositor” pacta la aprobación de la ley de Urgente Consideración (LUC) o frena cualquier acción sindical. Se trata de una política de fondo, esgrimida por una corriente que se distancia cada vez más de las bases obreras populares -lo cual no borra el hecho de que aún debe ser derrotada y superada por una fuerza obrera.

Tabaré Vázquez fue un moderado entre moderados. Pero los nuevos liderazgos que empiezan a asomar en el Frente Amplio, como el intendente de Canelones Yamandú Orsi (el delfín de Mujica) o Carolina Cosse (intendenta de Montevideo, independiente cercana al PC) prometen profundizar todavía más la derechización del FA.

Esta crisis está llevando al surgimiento de un incipiente nuevo activismo. También, a la desconfianza -y hasta rupturas- de cada vez más sectores con el FA.

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07/12/2020
VENEZUELA

Victoria amarga para Maduro

El balance electoral y la entrega que viene.

El gobierno venezolano logró finalmente desplazar a la oposición de la Asamblea Nacional, pero en unas elecciones marcadas por una bajísima participación electoral, de apenas el 30% (menos de la mitad que en 2015). El sector de Juan Guaidó, que boicoteó el comicio, salió a celebrar este dato, pero debe demostrar aún que tenga mayor capacidad de movilización que el oficialismo en la consulta popular propia que arranca hoy y se extiende hasta el sábado 12.

De acuerdo a los datos aportados por la Comisión Nacional Electoral, el Gran Polo Patriótico, la fuerza comandada por el oficialista PSUV, obtuvo casi el 70% de los sufragios este domingo. No tenía enfrente rivales de peso. Por un lado, el sector más representativo de la derecha no participaba de la elección. Por otro, la oposición que sí concurrió se presentaba dispersa en 15 listas, entre las cuales figuran partidos que fueron intervenidos por el gobierno, con el propósito de que sus sellos figuraran en el cuarto oscuro.

La Alianza Democrática, un bloque constituido entre otros por la intervenida Acción Democrática y por Avanzada Progresista, el partido del exgobernador de Lara Henri Falcón (quien participa de la Mesa de Diálogo Nacional con Maduro), quedó en segundo lugar con el 18% de los votos. En tercer puesto se ubicó la coalición Venezuela Unida, liderada por Primero Venezuela, partido de Luis Parra, un diputado que se proclamó presidente de la Asamblea Nacional en reemplazo de Guaidó, en una movida que contó con el visto bueno del gobierno venezolano. Aquel conflicto, en enero, dio origen a dos parlamentos, con sesiones paralelas.

La Alianza Popular Revolucionaria, un desprendimiento del oficialismo comandado por el Partido Comunista, obtuvo el 2,7% de los votos.

La baja concurrencia a las elecciones es un indicio de la pérdida de popularidad del oficialismo. Esto responde a un derrumbe económico que ha pulverizado los ingresos de los trabajadores (inflación del 70% mensual, devaluación, salario mínimo equivalente a 40 centavos de dólar).

Sin embargo, la oposición derechista sale golpeada porque pierde el recinto legislativo que había conquistado en 2015. Ya venía vapuleada por el fracaso de las intentonas golpistas de Guaidó.

En estas condiciones, crecen los reclamos de un cambio de política. En un reportaje con el diario La Nación (7/12), Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular (la fuerza de Guaidó), asegura que hoy la variante de la invasión militar “dividiría a la opinión pública. El punto de encuentro (…) es la promoción de unas elecciones presidenciales”. Se refiere a elecciones sin Maduro. No descarta, en el mismo sentido, algún tipo de transición pactada con sectores del régimen. El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, que exploró la posibilidad de presentarse en los comicios legislativos de este domingo, también insiste en la necesidad de una nueva orientación. En Estados Unidos, según algunos analistas, un gobierno de Joe Biden podría patrocinar algún tipo de negociación internacional para la salida de Maduro, involucrando a aliados venezolanos como Cuba y China y a los gobiernos argentino y mexicano (Clarín, 27/11).

Al frente de la nueva Asamblea Nacional, el gobierno venezolano redoblará el curso de ajuste y entrega que ha emprendido frente a la crisis. Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, anticipó que se revisará la ley de hidrocarburos para facilitar la privatización de empresas. En este sentido se inscribe también la recientemente aprobada “Ley Antibloqueo”. Justamente, el objetivo político de esta elección parlamentaria regimentada y amañada no es iniciar una nueva etapa de lucha antiimperialista, sino el de legalizar con un Congreso “elegido” por el voto popular, la firma de contratos de entrega de las riquezas petroleras y mineras venezolanas. Este ha sido un reclamo del capital financiero mundial, incluyendo el de potencias aliadas a Maduro (Rusia, China).

En paralelo, crece la represión y encarcelamiento de trabajadores en lucha.

Los trabajadores venezolanos necesitan emerger como un factor autónomo en esta crisis, frente a la derecha golpista y el gobierno ajustador.

https://prensaobrera.com/internacionales/venezuela-en-las-visperas-de-las-elecciones-legislativas/

 

05/12/2020

Se realizó caravana judicial por la recomposición salarial

Profundicemos la lucha contra el ajuste de la Corte y del gobierno.

Secretario Gremial CI Penal y Congresal UEJN - Delegado Obra Social PJN y Congresal UEJN -delegada CI Civil y Comercia Federal, Congresal UEJN

Luego de que la Directiva de la UEJN declarara una tregua de dos semanas en el plan de lucha que se venía sosteniendo ininterrumpidamente por 8 semanas, el jueves 3 de diciembre se realizó -en el marco de un paro de 36 horas- la caravana judicial que Julio Piumato había levantado porque el gobierno autorizó a la Corte a pagar un 10% de aumento después de 11 meses sin recomposición salarial alguna.

La agrupación Bermellón fue la única que planteó desde hace un tiempo la necesidad de combinar las movilizaciones que ya se venían realizando con una caravana. En efecto, esto permitió sacar a la calle el reclamo que Piumato encapsuló por dos meses de plan de lucha en Lavalle y Talcahuano.

Pero las vacilaciones de la burocracia se manifestaron hasta último momento. El día previo al paro, ante la previsión de que no contarían con los suficientes autos para realizar una caravana, informaron por comunicaciones internas que ya no se trataba de una caravana sino de un abrazo al Palacio con autos y movilización sobre la entrada del Palacio de Justicia. Fue solo ante la evidencia de que la movilización era más nutrida de lo esperada que se decidieron, finalmente, a realizar un breve recorrido por Lavalle y avenida Corrientes.

https://www.instagram.com/tv/CIbZaD2pI4z/?igshid=f4keqm1jno4r

Los paros, la única herramienta para luchar por el salario

Al dar la última tregua de dos semanas, Piumato declaró que lo hacía porque ya estaba en negociaciones con la Corte. Pues bien, en otra declaración de esta semana, manifestó que un representante del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, le informó que seguían negociando con el Ejecutivo y que no había novedades al respecto. Visto el resultado de la “negociación”, es claro que más que una muestra de “buena voluntad”, Piumato demostró sumisión.

Es que como ya señaláramos en Prensa Obrera cuando Piumato levantó el paro a cambio de poco y nada, mientras los judiciales no tengamos paritarias y convenio colectivo de trabajo, la única herramienta que tenemos son las medidas de fuerza.

Ahora, estando muy por detrás de los objetivos trazados en materia salarial y quedando por delante solo el mes diciembre que tiene pocos días hábiles, la alternativa que se presenta es la de profundizar las medidas a fin de emplazar a la Corte a que adelante la recomposición salarial con el multimillonario fondo anticíclico que los cortesanos tienen depositados en bancos y colocados en la timba financiera, algo que Piumato siempre rechazó en defensa del bolsillo de la Corte.

https://www.instagram.com/p/CIYyKiHpo4t/?igshid=kf4iu4ilsl7b

Profundizar las medidas de cara al paro de 36hs del 10/12

Mirando el calendario, es claro que solo queda la posibilidad de realizar dos medidas de fuerza antes de que comience la feria judicial de enero. En ese sentido, Piumato deslizó en la caravana que, si no había respuestas de la Corte luego del paro de la semana próxima, el 15 de diciembre se realizará un paro de 60 horas con movilización.

Es correcto desenvolver medidas hasta donde el calendario lo permita, pero ya no alcanza la modalidad de dar una vuelta al palacio o la caravana. Desde la Bermellón planteamos que esos paros deben ser acompañados masivamente con una ocupación con permanencia pacífica en el cuarto piso del Palacio y de la planta baja hasta tanto los cortesanos firmen el aumento.

Lo que proponemos no es una receta mágica para obtener la recomposición salarial, pero de mínima nos permitirá poner la lucha en una fase más elevada, de modo tal que al volver de la feria judicial podamos retomar el hilo de la lucha desde el punto donde lo dejamos. El 10 y 11 de diciembre todos/as al paro de 36 horas con movilización. Recomposición salarial ya.

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05/12/2020

Venezuela, en las vísperas de las elecciones legislativas

Este domingo 6 se desarrollarán en Venezuela las elecciones para renovar la Asamblea Nacional, convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro. El objetivo del oficialismo es retomar el control de ese organismo, que fue conquistado por la oposición en 2015.

El autoproclamado presidente Juan Guaidó y otros sectores enfrentados al chavismo boicotean el comicio y promueven, a partir del sábado 5, una consulta de una semana (en la que se podrá participar tanto en forma presencial como a través del canal Telegram) que pregunta a los electores si rechazan la “usurpación de Maduro” y si están a favor de acudir a la “comunidad internacional” para “rescatar a la democracia”.

La mayor parte de la oposición derechista rechaza el proceso electoral. Inclusive el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien se había mostrado inicialmente proclive a participar, se terminó retirando de la contienda. Capriles exploró su presentación como una alternativa a la política de Guaidó, debilitado tras el fracaso de dos intentonas golpistas sucesivas, y lo hizo en sintonía con la Unión Europea, que solicitó a Maduro una postergación de los comicios para preparar una misión observadora. Como estas tratativas fracasaron, la UE -y también Estados Unidos- optó por cuestionar la validez de la jornada y ratificó su aval a Guaidó.

Aunque el sector más representativo de la oposición derechista no participa de la elección, sí se presentan los partidos de la llamada Mesa de Diálogo Nacional (en negociaciones con Maduro).

Al mismo tiempo, el gobierno intervino una gran cantidad de partidos (entre ellos, Acción Democrática y Voluntad Popular), con el propósito de que sus sellos figuren en el cuarto oscuro y darle así a una mayor legitimidad a la convocatoria.

También se presenta la Alianza Popular Revolucionaria (APR), que es un desprendimiento del oficialismo integrado por el Partido Comunista, Patria Para Todos y Tupamaro, entre otros. A estas dos últimas fuerzas, sin embargo, Maduro también las intervino, por lo que sus sellos estarán en las boletas del Gran Polo Patriótico, liderado por el oficialista PSUV.

La APR no expresa una ruptura de fondo, toda vez que se mantiene en los marcos del chavismo, pero su presentación por fuera del gobierno es un indicativo de la erosión de Maduro, al calor de una profunda crisis económica.

La elección, en la que participa más de una docena de listas opositoras, se encuentra dominada (y amañada) por el gobierno, quien controla el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los medios dan por descontado que se asegurará la mayoría en la futura Asamblea Nacional. Las dudas están puestas más que nada en qué capacidad de movilización electoral exhibirá el oficialismo.

Derrumbe económico y entrega

Venezuela llega a la elección en un cuadro de derrumbe económico. La inflación mensual de los últimos meses bordea el 70%. El bolívar se devaluó un 100% solo en noviembre. La producción petrolera se ha desplomado a cerca de 400 mil barriles diarios, en los niveles de la década del '30. El poder adquisitivo de los trabajadores ha sido pulverizado: el salario mínimo equivale a alrededor de 40 centavos de dólar (es de 400 mil bolívares, mientras la cotización de la divisa norteamericana supera el millón de unidades de la moneda nacional).

Aunque el gobierno venezolano ha logrado resistir la embestida golpista de Guaidó y ha conservado el apoyo crucial de las Fuerzas Armadas, las sanciones económicas hacen sentir su efecto, a lo que se añade la propia crisis capitalista mundial y una administración estatal que está puesta al servicio no del desarrollo nacional sino del enriquecimiento de una “boliburguesía”.

El gobierno se enfrenta a la crisis con una política de ajuste y de entrega; tratando de mantener en pie un amplio aparato asistencial; y recostándose aún más sobre Rusia, China y ahora también Irán.

En el último mes se vendieron cuatro compañías del sector agroindustrial y una del sector turístico. Lo más relevante, sin embargo, es la apertura en el sector petrolero. En octubre, la Asamblea Nacional Constituyente (dominada por el oficialismo) aprobó la llamada Ley Antibloqueo, que habilita a avanzar en la privatización del sector a través de acuerdos reservados, esto con el argumento de evadir las sanciones norteamericanas. Rusia y China aprovecharían esta norma para ganar posiciones en la región.

Paralelamente, el gobierno empezó a recortar los subsidios en la perspectiva de “avanzar más temprano que tarde al cobro de la gasolina al precio internacional”, según Maduro.

En el mismo sentido que la Ley Antibloqueo, Nicolás Maduro Guerra, el hijo del mandatario, ha dicho a los medios que en caso de obtener la mayoría en la Asamblea Nacional, se revisará la ley de hidrocarburos para facilitar las privatizaciones (El Pitazo, 4/12).

¿Cuál será la política Joe Biden hacia Venezuela? Frente al fracaso de la línea de Trump, hay quienes mencionan que apuntará a una transición ordenada que desemboque en la salida de Maduro, por medio de negociaciones internacionales que incluyan a China, Cuba e incluso los gobiernos mexicano y argentino (Clarín, 27/11).

La clase obrera

El gobierno de Maduro ha adoptado un curso de entrega y ajuste que sólo cierra con represión hacia los sectores más explotados. Este miércoles 3, docentes, trabajadores de la salud, estatales y otros sectores reclamaron en Caracas por el salario y la liberación de todos los trabajadores presos. Uno de los casos más icónicos es el de los petroleros. Eudis Girot, director ejecutivo de la FUTPV, se encuentra detenido junto a otros trabajadores y será sometido a juicio con falsas acusaciones, como represalia por denunciar la corrupción en Pdvsa y la violación a los derechos laborales en el sector.

Las luchas reivindicativas, en medio del cuadro hiperinflacionario, así como la pelea por la libertad de los trabajadores presos, tienen una gran importancia.

Es necesario que la clase obrera emerja como un factor autónomo en la situación venezolana, frente a la derecha golpista y el gobierno hambreador y ajustador.

En esta nota

05/12/2020

Brasil: es hora de un balance de la izquierda

Las elecciones municipales lo plantean.

La segunda vuelta de las elecciones municipales realizadas el domingo 29 de noviembre ha confirmado la tendencia manifestada en la primera ronda. Los candidatos que apoyó el presidente Jair Bolsonaro (aunque difusos porque este no tiene, ni presentó, un partido propio sino que fue seleccionando a dedo en diferentes listas) en su gran mayoría cayeron. Lo mismo le sucedió al PT de Lula. Los grandes ganadores fueron los partidos del llamado “Centrao” de la derecha. Esto que ya había quedado evidenciado en la primera vuelta se ha profundizado ahora. La caída de los candidatos uninominales de Bolsonaro y el avance de la derecha del Centrao fue recibida con beneplácitos por muchos sectores que se reclaman de izquierda, como un progreso de la lucha contra el fascismo. Estaríamos saliendo de Guatepeor, para entrar en Guatemala, dicen.

Esta caracterización de la centroizquierda y sectores de la izquierda está subordinada a la estrategia ya fijada de que la lucha contra la reelección de Bolsonaro en el 2022 sería el centro de la actividad política. Para ello, propugnan la constitución de un frente amplio en el que se incluye no solo a la centroizquierda frentepopulista, sino también a sectores de la derecha “tradicional”. Algunos se han atrevido a decir que eran abiertos a la derecha “democrática”, como si esos partidos no fueran los que dieron el golpe que destituyó en el 2016 a la presidenta Dilma Rousseff del PT.

El apoyo a la derecha contra la ultraderecha ya fue puesto en práctica en estas elecciones. El PT, el PC do B y el PSOL centroizquierdistas llamaron a votar en Río de Janeiro, en esta segunda vuelta, por Eduardo Paes de la derecha contra Marcelo Crivella ligado directamente al bolsonarismo. El triunfo de Paes es considerado por varios de estos sectores como un parate al facismo. Lástima que a las horas de haberse anunciado su triunfo, Paes envió un saludo a Bolsonaro manifestando su interés en trabajar juntos.

Hay que caracterizar el actual régimen político teniendo en cuenta no solo al presidente Bolsonaro, sino también al apoyo con que ha contado (y cuenta) del Centrao en el parlamento. Es lo que le permitió avanzar en todas las medidas antiobreras (reforma jubilatoria reaccionaria, etc.) y en las que prepara llevar adelante ahora.

Detrás de esta “política” está la doctrina de lo que se llama “el mal menor”. Esto suplanta la lucha por la independencia política de la clase obrera y de los explotados respecto al Estado y a los partidos burgueses, por el apoyo a los “menos malos”. Un desastre para el futuro político de cualquier estrategia que pretenda acabar con la explotación y la dictadura de clase de la burguesía. Contraria a la estrategia de desarrollar la lucha de clases para defender las condiciones de vida de las masas e imponer un gobierno de los trabajadores. Pero la estrategia de recostarse sobre el “mal menor” tampoco es efectiva: termina paralizando a los trabajadores en su lucha y subordinándolos a la burguesía pseudo democrática (que en este caso es golpista) y que le abre el camino a las corrientes más fascistizantes. La lucha contra el fascismo se da en la calle, en la lucha de clases. Como en su momento lo entendieron las movilizaciones de las mujeres por “Ele nao” contra Bolsonaro entre la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2018 (no acompañadas por las centrales obreras y el PT). Las elecciones no pueden ser separadas de la lucha de clases: la intervención de la izquierda que se reclama revolucionaria debe continuarse en este terreno.

El fraude (y el peligro) político del PSOL

Uno de los centros fundamentales de atención en este proceso electoral fueron las elecciones de San Pablo. En la segunda vuelta se enfrentaron el actual alcalde derechista, Bruno Covas, contra el candidato del centroizquierdista PSOL, Guilherme Boulos. Este último había tenido un suceso cuando entró en la segunda vuelta desplazando a los candidatos directos de Bolsonaro y del PT de Lula, sacando poco más del 20% de los votos. Boulos fue acompañada para la viceprefectura por Erundina, que ya había sido alcaldesa de San Pablo con una trayectoria derechista y represiva frente a las luchas obreras. Toda la campaña de Boulos y el PSOL fue llevada adelante con “moderación”, tratando de cautivar a sectores de la burguesía, no buscando despertar, organizar y movilizar a los millones de trabajadores que sufren la descarga conjunta de la crisis capitalista y la pandemia. Pero desde que entró a la segunda vuelta, esta orientación procapitalista y proderechista se acentuó notoriamente. En el transcurso de la misma, Boulos conformó un nuevo frente político con partidos burgueses golpistas y reaccionarios (ver nota “El fraude preelectoral del PSOL”). Y se comprometió –en caso de ganar las elecciones- a incorporarlos a su gobierno. Traicionó así el mandato dado por los que creyeron votar una lista, si no socialista, por lo menos progresista.

La esforzada y consciente deriva derechista que adoptó el PSOL en el transcurso de la campaña electoral llevó a que un grupo de empresarios y ejecutivos de 50 importantes empresas sacara una declaración pública de apoyo. En la misma señalan, justamente, que Boulos “logró sumarse a las fuerzas progresistas del país en un amplio frente por la democracia”. Y ven esto como un gran progreso para el sistema porque “sabemos que los costos económicos, sociales y políticos de la ausencia de poder público en las regiones más pobres pueden incrementar la violencia urbana. La elección de un alcalde que conozca en profundidad los problemas de la periferia será clave para evitar que se profundice la desigualdad social”. Boulos fue impulsado no solo por empresarios, sino también por sectores de los grandes medios de prensa, como parte de un frente popular de contención de la lucha de clases, para prevenir y apagar incendios de la justa rebelión que se está incubando en San Pablo y que cuando estalle marcará el destino no solo de Brasil, sino de toda Latinoamérica.

¿La izquierda seguirá en el frentepopulismo?

Gran parte de la izquierda que se reclama revolucionaria integra, desde hace más de una década, el PSOL. Este es un “partido” centroizquierdista que tiene la característica típica de todo partido burgués. No es un partido militante que interviene activamente en la lucha de clases. Se jacta de que es un “partido de tendencias”, no necesita del centralismo para intervenir en las luchas y menos para guiar un proceso de lucha por un gobierno de trabajadores. Es un agrupamiento de tendencias organizado para intervenir en las contiendas electorales: donde encima las candidaturas centrales son decididas por acuerdos entre camarillas burocráticas.

El MES, una corriente que militaba hasta meses atrás junto con el MST de Argentina, se ha asimilado por completo no solo a este método, sino que es uno de los principales impulsores de la formación de un frente amplio. No solo no crítica la política derechista y los frentes con derechistas que se aplicaron en la campaña, sino que indirectamente los celebra saludando el “éxito” de las candidaturas. Mide, en particular su “desarrollo” por haber obtenido un total de alrededor de una decena de concejales en los 5.500 municipios donde hubo elecciones.

Ajeno, por completo, a las luchas del movimiento obrero, el MES considera que “los resultados del PSOL son también expresión de las luchas de los movimientos antirracistas, de las mujeres y por la diversidad que encontró en el partido un espacio para dar visibilidad a estos enfrentamientos. Son también expresión de una nueva situación, en la que nuevos dirigentes y figuras públicas dan un paso al frente y asumen nuevas responsabilidades” (subrayado nuestro).

¿Boulos sería el jefe del nuevo plantel de dirigentes? ¿De los que se orientan al frente amplio?

El MES deduce que si no ha habido un mayor crecimiento electoral del PSOL se debe “al atraso en la toma de conciencia de las masas en el país. La clase obrera está a la defensiva y eso frena el desarrollo de una conciencia socialista capaz, a partir del ascenso de las luchas democráticas en curso, de llegar a una comprensión global de la necesidad de luchar contra la dominación burguesa”.

¡Pero la campaña desarrollada por el PSOL no busca un mayor desarrollo de la conciencia socialista de las masas, ni la lucha contra la dominación burguesa!

Desde otro ángulo, Izquierda Socialista (IS) de Argentina ha planteado: “nuestra organización hermana, la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST), viene cuestionando esta política de la mayoría de resucitar al PT y un nuevo gobierno de conciliación de clases”.

Pero… la conclusión que sacan es que “la gran elección de Boulos y del PSOL en San Pablo y el nuevo fracaso del PT muestran que el camino es fortalecer al PSOL como una alternativa de izquierda independiente”. Solo que no lo es (como hemos tratado de demostrar más arriba).

El centrismo vergonzante confunde

El MRT (organización hermana del PTS argentino) ha reclamado reiteradamente su ingreso al PSOL (hasta ahora no aceptado) y también participó en varias de sus listas. Prometió poner a disposición de Boulos toda su fuerza y aparato para la segunda vuelta. Hacia el final de la campaña electoral entró a advertir que Boulos giraba aceleradamente hacia la derecha aún antes de asumir. Ahora ha planteado que las batallas que se avecinan plantean “la necesidad de reagrupar a la vanguardia en base a un programa y una estrategia socialista, para superar al PT por la izquierda (y también los fracasados partidos amplios) y dar pasos en la construcción de un verdadero partido revolucionario en Brasil”.

¿Estamos ante una rectificación del apoyo del PTS y su corriente internacional (FT – CI) a los “partidos amplios”? ¿Esto se verificará en su política de apoyo al NPA en Francia?

Agudización de la lucha de clases

La política brasileña, incluida de la casi totalidad de la izquierda, ha girado en torno a la cuestión electoral y a la búsqueda de frentes con el PT y más “amplios”, que les permitan conquistar alguna banca. No solo una política frentepopulista de conciliación de clases, sino electoralista, de búsqueda de bancas a cualquier coste.

La gran huelga de los trabajadores del Correo fue aislada. Para la izquierda no fue la oportunidad para constituir un frente de lucha que se movilizara activamente y reclamara a la central obrera (CUT) que rompiera su pasividad y convocara al paro nacional. Terminado el proceso electoral, el “derrotado” Bolsonaro en alianza con los “vencedores” del Centrao van por nuevos ataques contra los trabajadores. Se prepara la reforma administrativa que plantea terminar con la estabilidad y las conquistas de los trabajadores públicos. Los trabajadores de la Compañía de Electricidad de Brasilia (CEB) han iniciado el martes 1° una huelga general contra la privatización de la empresa y el ajuste que esto significara contra ellos y el pueblo trabajador.

Es necesario romper con la parálisis de la CUT y las organizaciones sindicales. Reclamar que se convoque a un congreso nacional y a congresos estaduales de delegados elegidos con mandatos de base para organizar un plan de lucha nacional en defensa de las condiciones de vida de los trabajadores y contra el gobierno y sus planes de entrega y superexplotación. Lograr que se vayan los Bolsonaro será obra de la clase obrera. Es hora de un balance para la izquierda y los sectores combativos.

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04/12/2020

El mensaje “ecologista” de Merkel y la presión para pactar con el FMI

La canciller Angela Merkel envió un mensaje grabado a la 26° conferencia de la Unión Industrial Argentina, que fue proyectado minutos antes del arribo del presidente Alberto Fernández a dicho cónclave. En él, la líder alemana se refirió a dos temas clave: la renegociación de la deuda con el FMI y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Con respecto al primer punto, hizo una referencia tácita, al afirmar que “es verdaderamente importante recuperar la confianza de los acreedores internacionales y de los actores del mercado”. En el mismo sentido, aseguró que ello “requiere que Argentina lance una clara señal política”. Traducido desde el lenguaje diplomático, la canciller alemana le reclama al gobierno un plan de ajuste que actúe como garantía de repago, con el consenso del resto de las fuerzas políticas. El gobierno viene dando indicios de ir en esa dirección, como lo muestran el ajuste a los jubilados, las restricciones en el IFE y la paritaria a la baja en el sector público.

Al mismo tiempo, Merkel dijo que Alemania “comparte el espíritu y la intención del acuerdo comercial UE-Mercosur”, pero que su aplicación está “seriamente cuestionada” por los incendios en el Amazonas. Y llamó a unirse “en defensa de la selva tropical”.

La invocación al medio ambiente es un pretexto para disfrazar intereses económicos. En la burguesía alemana existe una división respecto al tratado. La federación de comercios e industria (DIHK) lo alienta, ya que ve en él la oportunidad para ampliar los negocios de su industria exportadora, particularmente la automotriz. En cambio, es rechazado por los intereses agrarios, que temen no poder competir con los grupos de nuestra región. "La agricultura no debe ser sacrificada en favor de la industria del automóvil", dijo Joachim Rukwied, presidente de la Federación Alemana de Agricultores (Notiamérica, 29/6/19). Esta división de intereses se reproduce en otros países del viejo continente, lo que ha puesto al acuerdo en una crisis. El mensaje de Merkel permite ver esa contradicción de intereses.

Hay una doble vara en la defensa del medio ambiente por parte de la canciller. Cuestiona la deforestación e incendios intencionales en Brasil, que el gobierno de Bolsonaro ampara, puesto que es un defensor de los intereses agro-ganaderos, pero guarda silencio sobre el rol depredador de las compañías alemanas. Marcas como Bayer y BASF exportan plaguicidas muy tóxicos a Brasil y Argentina, para el cultivo de soja genéticamente modificada. En algunos casos, estos productos ni siquiera están aprobados en la UE. El negocio rondó los 900 millones de euros en 2019, tomando a la totalidad de empresas europeas involucradas (DW, 28/8).

También debemos decir que Merkel acusa recibo del desarrollo del movimiento ambiental en Europa. El endurecimiento discursivo de la canciller respecto al acuerdo se produjo tras una reunión con Greta Thunberg y el movimiento Fridays for Future en Berlín, en el mes de agosto (Página 12, 23/8). En tanto, el partido verde, una fuerza asimilada al régimen, ha logrado canalizar en las urnas la creciente inquietud popular por estos temas, obteniendo el segundo lugar en las euroelecciones de 2019 (20% de los votos) y en los comicios federales de Hamburgo. El gobierno alemán no quiere seguir cediéndoles terreno, lo que ayuda a explicar la demagogia política de la canciller.

Un dato curioso es que hasta cierto punto se está produciendo una inversión de posiciones entre los gobiernos de Argentina y Alemania respecto al acuerdo comercial. Si la canciller, que gobierna una de las grandes potencias automotrices del mundo, aparece ahora condicionando el tratado, el gobierno de Alberto Fernández, en cambio, parece girar en sentido contrario. De la crítica a Macri por alentar su firma, hecha desde la defensa de la burguesía industrial, pasó en los últimos días a una visión más contemplativa, como parte de su política en favor de las cerealeras y el gran capital agrario, en el marco de la estrategia de repago de la deuda a costa de la reprimarización productiva del país. El canciller Felipe Solá, en su participación en la conferencia de la UIA, dijo que “no estamos en condiciones de cortarnos solos y decirle que no a este tipo de acuerdos”. Y aseguró que promoverá “una modernización de la economía argentina” (La Nación, 3/12). A Solá le sale del alma su rol de defensor de los agronegocios.

Las presiones de Merkel por concesiones a los acreedores sin dudas encontrarán su eco en el gobierno argentino, al igual que las que viene ejerciendo el gobierno norteamericano. No hay que fiarse de la canciller: la lucha por el medio ambiente, como la lucha contra el ajuste fondomonetarista, es una tarea de los trabajadores y la juventud.

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03/12/2020

Perú: la huelga general de los trabajadores del campo marca el camino

La rebelión popular que sacudió Perú luego de que el Congreso destituyera mediante un golpe parlamentario a Martín Vizcarra sigue su rumbo. Luego de la vacancia, miles de jóvenes y trabajadores peruanos salieron a las calles con las consignas “ni Vizcarra ni Merino”, “que se vayan todos” y “Asamblea Constituyente”. Una brutal represión policial asesinó a dos jóvenes, y dejó centenares de heridos y detenidos.

Pero el nuevo presidente golpista, Manuel Merino, tuvo que renunciar corrido por la movilización de la juventud. El Congreso formó un gobierno de unidad nacional desde la derecha hasta sectores de centroizquierda como el Frente Amplio. Un frente popular cuyo objetivo fue detener las movilizaciones, calmar las aguas -lo que logró parcialmente- y encauzar la prevista realización de elecciones generales en abril próximo.

Los anuncios del nuevo presidente Francisco Sagasti fueron terminantes: no tiene ninguna intención de llevar a cabo una reforma constitucional, ni responder a los reclamos sociales de las masas. Por eso, detonaron movilizaciones como las de Lima Norte o Lima Oeste (barrios populares de la capital peruana), o las convocatorias de algunos sindicatos como FNTTP (textiles) o la FETIP (alimentación) reclamando la Constituyente.

Las protestas no se reducen solamente al problema de la Asamblea Constituyente, los trabajadores de la química Suiza y los mineros de la base Yauliyacu –Los Quenuales– de Glencore han convocado huelgas indefinidas y distintas acciones de protesta frente a los atropellos patronales.

Pero lo fundamental es la irrupción combativa de los trabajadores agrarios. Los trabajadores de Ica, en el sur de Perú, han iniciado una huelga general por tiempo indeterminado que se viene desarrollando hace ya tres días, cortando la Ruta Panamericana y organizando marchas hacia otras fincas para su extensión. Reclaman la derogación de la Ley de promoción Agraria, aprobada bajo la dictadura de Alberto Fujimori. Esta ley permite a las patronales condiciones de hiperexplotación sobre los trabajadores agrícolas (sueldos por debajo del salario mínimo, jornadas agobiantes, falta de seguridad ambiental-laboral -agrotóxicos-, etc.). Vizcarra, antes de irse, la volvió a prorrogar hasta el 2031.

La crisis no cesa

Para asentarse frente a la agitación popular, el gobierno ha iniciado una serie de maniobras. Entre ellas está la limpieza de una parte de la cúpula policial. Esto luego de las enormes movilizaciones en repudio a los asesinatos de Inti y Bryan por parte del gobierno de Merino. Pero esta maniobra está provocando malestar con sectores de la Policía que han amenazado con un paro -motín policial- buscando detener las investigaciones y destituciones. Esta crisis ya llevó a la renuncia del ministro del Interior, Rubén Vargas.

Saltan las provocaciones policiales contra el movimiento de lucha popular. Sorpresivamente, el nuevo general al frente de la Policía, ha detenido a 72 personas por supuestos vínculos terroristas con Sendero Luminoso (grupo guerrillero de los 90). Dijo que hace 5 años que se lo viene investigando. No es casualidad que esto haya sucedido en el cuadro de las más importantes movilizaciones en años. Se quiere amedrentar a las luchas en desarrollo.

Organicemos una salida de lucha independiente

El nuevo gobierno y el conjunto de la burguesía llaman a postergar los reclamos y esperar las elecciones de abril para resolver “la crisis institucional”. Pero no se trata de un problema meramente ‘institucional’. Los trabajadores rurales están marcando el camino: la huelga general para imponer sus reivindicaciones. Esta es la ruta: la acción directa para luchar por la derogación de las leyes antiobreras (suspensión perfecta, etc.) y los reclamos obreros (reincorporación de los despedidos, etc.). Frente a la fuerza del paro agrario el Congreso (y el gobierno) están maniobrando: postergaron la discusión de la ley agraria y lo mandaron a comisiones para sacar un dictamen de consenso: pretenderán una maniobra gatopardista, de retocar algunos puntos para mantener el edificio reaccionario en pie.

La central obrera (CGTP), luego de algunas acciones aisladas sin continuidad, usadas, objetivamente, para descomprimir la crisis política, se ha borrado de las movilizaciones (les da su apoyo formal).

Hay que unir todas las luchas en curso: paro general y coordinadoras zonales para organizarlo y sostenerlo. Los trabajadores en las calles marcan el camino, es crucial una dirección independiente del movimiento obrero que hoy se encuentra atomizado, las asambleas populares en curso son un puntapié importante. Es necesario llamar a la CGTP y a las organizaciones sindicales y de masas a romper la tregua, convocar a un inmediato congreso nacional con delegados elegidos en asambleas de base, para discutir la orientación a seguir y votar un plan de lucha hacia la huelga general. “Que se vayan todos” era el reclamo de la mesa movilizada. Por la Asamblea Constituyente soberana.

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03/12/2020

Tailandia: un noviembre de efervescencia popular

La lucha contra el gobierno monárquico-militar no se detiene.

La onda combativa en la que se ha sumergido un vasto contingente de las masas tailandesas se viene acrecentando al calor de un nuevo reverdecer de las intervenciones populares en el continente asiático, con sus expresiones más notables en la huelga obrera que se produjo en Indonesia hace unas semanas o en el formidable paro general de 250 millones de personas que sacudió a la India el pasado jueves.

En la antigua Siam se han desarrollado, en lo que va del año, más de 200 movilizaciones. El movimiento de lucha tailandés, cuya conformación contiene una mayoría estudiantil, viene siendo noticia por su combate sin tregua contra el andamiaje monárquico-militar del Estado. Se trata de un régimen ajustador, de fuerte autoritarismo político, y de regimentación de la clase obrera.

Los insumisos continúan reclamando la caída del premier golpista Prayuth Chan-o-cha, una reforma constitucional que limite el poder de la monarquía y del Ejército, y el fin de la persecución a los opositores políticos.

Las protestas

El día 8 de noviembre se desenvolvió una movilización que llegó a congregar a unos 10.000 luchadores en el Gran Palacio de Bangkok en repudio al rey Rama X. La jornada culminó con una feroz represión ejecutada por las fuerzas de seguridad (France 24, 9/11).

Asimismo, el sábado 14 tuvo lugar en el Monumento a la Democracia de Bangkok una movilización convocada por 20 grupos “pro-democracia” (nombre con el cual se denomina al movimiento de lucha), donde se alzaron las principales reivindicaciones del movimiento. Aquí aconteció una participación especial de las juventudes que luchan por los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Concentración del 14 en la capital tailandesa.

El jueves 17, día en que sesionara la Asamblea Nacional tailandesa para enmendar la Constitución, se desarrollaron movilizaciones que fueron fuertemente reprimidas por la policía a través del uso de cañones de agua y de gas lacrimógeno. Al menos 55 personas resultaron lesionadas, seis de ellas con heridas de bala. Aunque la policía niega haber utilizado armas de fuego, muchos adjudican estos ataques a los militantes de la realeza, los llamados camisas amarillas. Estas bandas vienen siendo utilizadas por la clique militar como una fuerza de choque contra el movimiento, con el fin de avivar motivos que justifiquen una represión aún mayor por parte de las fuerzas de seguridad.

Al día siguiente, como respuesta al rechazo que perpetrara la Asamblea a las demandas del movimiento y de la dura represión ensayada por el gobierno, más de 10.000 manifestantes cercaron el edificio correspondiente a la sede bangkokiana de la policía.

El 21, por otra parte, se llevó a cabo una inmensa movilización convocada por el movimiento estudiantil, que además de volver sobre una impugnación de conjunto al régimen político, puso en la mira al sistema educativo tailandés. Este posee un carácter profundamente reaccionario, pues refuerza la heteronorma y el contenido programático es afín a los intereses de la monarquía.

El día 25 se impulsó una movilización que reunió a más de 10.000 personas, en su mayoría jóvenes, cerca de los alrededores del Siam Commercial Bank, una institución financiera de la cual el monarca es el mayor accionista. Este tiene en sus manos un 23% del paquete accionario, cuyo valor total, tomando en cuenta el precio de hoy, asciende a unos 2.300 millones de dólares (Nikkei Asia, 25/11).

Movilización frente al Siam Commercial Bank.

La dirección del repudio popular pegó un nuevo giro cuando miles de personas se manifestaron el 29 de noviembre frente al cuartel del 11º Regimiento de Infantería, que fuera una de las unidades que el rey puso bajo su control. Cabe destacar, asimismo, que dos días antes otros miles de luchadores realizaron un “simulacro antigolpista” en el norte de Bangkok, donde los manifestantes estacionaron sus autos en lugares estratégicos, lo que sería, ante un posible golpe, una manera de evitar que las Fuerzas Armadas desplieguen sus tropas. Hace rato que en Tailandia se viene agitando el fantasma de un nuevo golpe de Estado, en particular desde los sectores afines a la monarquía. Es preciso señalar, además, que el primer ministro Prayuth no ha descartado la posibilidad de una salida de esta envergadura.

Estamos en presencia de un movimiento que no cesa en la lucha por sus objetivos y que dirige continuamente su rabia contra los símbolos del poder político y económico del régimen.

Manifestantes queman retrato del premier Prayuth Chan-o-cha. 

Panorama político

Un elemento novedoso de la situación política nacional es que finalmente el movimiento pro-democracia logró imponer en la Asamblea Nacional, el parlamento tailandés, el debate sobre la reforma constitucional. La Carta Magna de Tailandia fue modificada en 2017 en beneficio del gobierno militar después de la aprobación de un referéndum –cuyo proceso fue regimentado por el gobierno- el año anterior, de modo que le permitió garantizar una mayoría propia en el parlamento. La Asamblea Nacional cuenta con 750 escaños, de los cuales 500 pertenecen a la Cámara Baja y 250 corresponden a la Cámara Alta. Algunos de los frutos que ha dado la reforma constitucional se pueden observar en los escaños del Senado, que se encuentran copados por nombramientos militares, y en que el actual primer ministro pudo ser instalado en su lugar sin haberse presentado a elecciones.

El proceso constituyente abierto en este parlamento monopolizado por elementos del régimen se muestra como una farsa. Una propuesta levemente reformista presentada por una ONG (“ILaw”) , acompañada por 100.000 firmas que planteaba la reforma del Senado, la selección del primer ministro de entre los miembros de la Asamblea Nacional y la modificación de artículos concernientes a la monarquía, fue rechazada sin más. Solo 2 mociones, una de la realeza y otra de la oposición parlamentaria, fueron aprobadas, pero no implican ninguna modificación sustancial del Estado.

La oposición nucleada en el Pheu Thai (PT) se ha sumado a la intentona reaccionaria promovida por el premier Prayuth concerniente a institucionalizar los reclamos de los grupos “pro-democracia” para desactivar el proceso de movilización callejera. Somkid, su parlamentario, ha dicho que “los conflictos políticos y las protestas antigubernamentales se aliviarán después de que el proyecto de ley pase su tercera lectura” (Bangkok Post, 29/11). Pero todo indicaría que el proceso de reforma constitucional se consumaría a fines del próximo año, y con una elección general convocada bajo una nueva Carta a mediados de 2022. Por su parte, la portavoz del partido Future Forward (FF), subestimó la movilización popular tildándola de “simbólica” y señaló, de manera difusa, que la renuncia del primer ministro, quien actualmente se niega a dimitir, “podría poner fin al asunto”.

Cabe destacar que estos dos partidos despiertan, en algunos de los sectores que intervienen en la arena de la lucha de clases, simpatía política o algún tipo de confianza hacia ellos. Sin embargo, ambos bandos representan intereses antagónicos a los del proletariado tailandés. Thanathorn Juangroongruangkit, quien fuera líder del disoluto partido Anakot Mai y que hoy capitanea el partido FF, ha criticado recientemente el “capitalismo monopolista” de Tailandia, pero desde el punto de vista de que su política económica estaría orientada a una apertura en favor del capital extranjero, y de paso, haciéndose eco de algunos sectores de la burguesía nacional que vienen perdiendo posiciones con el gobierno de Prayuth. Por su parte, el PT ha gobernado (2001-2006, 2011-2014) defendiendo un régimen de beneficios al capital y no ha tocado un ápice la estructura monárquica del país. Además, bajo el gobierno de Thaksin Shinawatra (PT) se libró la llamada “guerra contra las drogas”, en la cual más de tres mil personas fueron fusiladas sin haber llegado a juicio, y por otro lado, ha llevado adelante una política represiva contra la población musulmana malaya –que dejó, a finales de 2004, más de 680 víctimas fatales- en las provincias sureñas del país.

Desafíos

Es necesario llevar más a fondo la lucha contra el régimen monárquico-militar. La clave de la etapa continúa siendo que el gigantesco movimiento obrero siamés irrumpa y se abra paso en el camino emprendido por la juventud y los luchadores que intervienen en este fabuloso proceso. Está planteada de inmediato la tarea de poner en pie una alternativa propia de los explotados, en el camino de un gobierno de trabajadores.

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02/12/2020

China: regulación antimonopolios y control a las empresas

Los vaivenes de la restauración capitalista.

El gobierno de Xi Jinping dio a conocer regulaciones para erradicar “prácticas monopólicas” en la industria de Internet, buscando reducir la creciente influencia de corporaciones como Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd. El gigante asiático ya venía intensificando los controles sobre las empresas, pero el dato nuevo es que el blanco han pasado a ser las tecnológicas, que hasta el momento estaban relativamente excluidas de la fiscalización estatal. A las autoridades les preocupa que las empresas se hayan vuelto “demasiado poderosas”, según la lectura coincidente de diversos analistas internacionales. Solo Alibaba, Ant y Tencent tenían una capitalización de mercado combinada de casi US$2 billones, superando fácilmente a gigantes estatales como Bank of China Ltd. como las empresas más valiosas del país.

Las nuevas normas antimonopolio, que provocaron la caída de las acciones tecnológicas y originaron una venta masiva en las acciones chinas, llegan aproximadamente una semana después de las nuevas restricciones en el sector financiero. Los nuevos anuncios coincidieron con la repentina suspensión de la oferta pública inicial de Ant Group Co, que tenía previsto comenzar su ingreso a las bolsas extranjeras. Ya hay estimaciones que señalan que la valoración de US$280.000 millones de Ant podría reducirse a la mitad debido a regulaciones más estrictas. Ant, concentrada en el negocio de los micropréstamos, al igual que Alibaba (una suerte de Amazon china), fueron cofundadas por el multimillonario Jack Ma, el empresario más importante de China.

La normativa antimonopolios apuntaría a frenar, según la propaganda oficial, el comportamiento anticompetitivo, como la colusión para compartir datos confidenciales de los consumidores, las alianzas que tienden a desplazar del mercado a los rivales más pequeños y los servicios de subsidio por debajo del costo para eliminar a los competidores. Las sanciones son muy severas pues los infractores pueden verse obligados a desinvertir activos, propiedad intelectual o tecnologías y abrir su infraestructura.

Pero la nueva regulación va más lejos, pues ataca los crecientes vínculos que se venían tejiendo entre las empresas chinas y el capital extranjero, en muchos casos burlando la legislación vigente. La normativa que se acaba de conocer apunta a restringir sensiblemente el uso por parte de las empresas chinas de la denominada “Entidad de Interés Variable” (EIV), un vehículo a través del cual prácticamente todas las principales empresas chinas de Internet atraen inversiones extranjeras y cotizan en el extranjero, que a partir de ahora deberán pasar por filtros más estrictos de las autoridades chinas.

“Una preocupación es que la incertidumbre en torno a las nuevas reglas enfriará la inversión, las adquisiciones y el financiamiento de capital de riesgo” (The Economist, 28/11). La estructura de EIV ha sido tolerada por mucho tiempo por las autoridades chinas pero sin pleno reconocimiento legal. Los extranjeros no tienen virtualmente ningún recurso en China para reclamar derechos sobre activos en los que han invertido. Los fondos extranjeros desconfían desde hace mucho de este marco, pero la mayoría de las compañías tecnológicas chinas aún lo usan para estructurar sus inversiones extranjeras.

Una relación conflictiva

La relación de Xi Jinping con la ascendente burguesía china siempre ha sido problemática. Si bien Xi Jinping trató de poner paños fríos y desmentir que el Estado hubiese declarado una guerra a los empresarios, lo cierto es que las tensiones han ido en aumento.

El PC chino ha buscado tener una intervención más activa en las decisiones de negocios. Un antecedente, en 2019, en lo que fue interpretado como un volantazo de la élite dirigente china, fue la decisión de colocar comisarios y células del partido en los principales conglomerados económicos.

Mas allá de la lectura que hacen diversos comentaristas sobre el alcance de la medida, hay una visión compartida de que estaríamos en un “punto de inflexión”. Los nuevos anuncios podrían estar indicando el pasaje de una política light de multas a otra más severa de intervención estatal y hasta disolución de grupos económicos y el traspaso de su patrimonio al Estado. Recordemos el antecedente de que la injerencia gubernamental ha llegado al extremo de apelar a la persecución directa y al encarcelamiento y hasta la desaparición de prominentes hombres de negocios de la floreciente burguesía china. Wu Xiaohui, el presidente de Anbang, que compró el Waldorf, entre otros activos, recibió una condena a 18 años de prisión en 2018 por crímenes financieros. Ye Jianming, que intentó comprar una participación en la petrolera rusa Rosneft, fue detenido a comienzos de 2018. Aún se desconoce el paradero de Xiao Jianhua, un broker al servicio de la élite política china que en un tiempo controló el banco Baoshang.

La coacción estatal se verifica en el abrupto final que se le ha dado al florecimiento explosivo de las inversiones y adquisiciones que venían haciendo empresas chinas privadas en el extranjero. De los 250.000 millones a las que habían ascendido en 2016, se pasó apenas a un quinto en 2019. Bajo presión del gobierno, grupos privados han desinvertido en activos por valor de miles de millones de dólares.

Los nuevos anuncios empalman con un nuevo impulso a la injerencia partidaria en el mundo empresario, reclamándole a firmas que lancen comités partidarios, que pueden opinar respecto de si una decisión corporativa estaba alineada con la política gubernamental. Hasta el momento, el número de empresas privadas que admitían la presencia del partido era baja comparada con la proporción mayoritaria de firmas de propiedad estatal.

En septiembre de este año Xi reclamó que el sector privado se "una en torno del partido". La Federación de Industria y Comercio, una organización poderosa controlada por el Partido Comunista, pidió que grupos privados establezcan departamentos de recursos humanos conducidos por el partido y unidades de control que permitan al PC auditar a los jefes de compañía. Este “pedido”, en los hechos, representa una instrucción compulsiva.

El panorama aquí descripto corrobora que la burguesía todavía no ha logrado consolidarse como clase dirigente. Sigue oficiando de segundo violín en un escenario en que el Estado chino sigue concentrando las principales decisiones del país. Este hecho da cuenta, como venimos sosteniendo desde las páginas de Prensa Obrera y en los análisis que el Partido Obrero viene realizando, del carácter inconcluso de la restauración capitalista.

El capital internacional tuvo inicialmente al Estado chino un aliado para integrar al gigante asiático al proceso mundial de acumulación capitalista; lo mismo puede decirse de la burguesía nativa china que creció a la sombra y bajo la protección del la elite dirigente del PCCh. Pero con el tiempo se ha ido transformando en un escollo para ambos sectores.

Reformas empantanadas

El imperialismo, por un lado, y la burguesía nacional, por el otro, cuyas aspiraciones, intereses y apetitos no son siempre coincidentes -y resultan en muchos casos antagónicos-, vienen pugnando por llevar a la práctica las reformas que pongan fin a las regulaciones y proteccionismo estatal aún vigente y, por esa vía, acelerar la restauración capitalista. Uno de los aspectos es afianzar la seguridad jurídica en materia de derechos de propiedad que está sometido en muchos caos a la discrecionalidad del gobierno chino.

“El dinamismo (económico) convive aún con los tentáculos de un Partido Comunista que lo abarca casi todo. China tiene unas 150.000 empresas estatales. Es una cantidad ínfima en comparación con el total de compañías que existen en el país, pero su poder es abrumador. Actúan en un régimen de casi monopolio en industrias clave, de las telecomunicaciones a la energía, y pese a ser menos eficientes y productivas nadie puede competir contra ellas por la protección del Partido” (El País, 8/1).

El sector financiero, también en manos del Estado, “reparte el crédito de forma desproporcionadamente favorable a estos grupos estatales. Las pequeñas y medianas empresas se encuentran con enormes dificultades para financiarse, lo que las ha llevado durante años a pedir prestado a la llamada banca en la sombra, intermediarios que no están sujetos a prácticamente ninguna regulación” (ídem). Las autoridades, temerosas de un colapso generalizado de este sistema informal, iniciaron una agresiva campaña hace dos años para terminar con el sector, algo que ha puesto en serios aprietos a muchas compañías porque no pueden financiarse y profundizado su visión de que el gobierno las discrimina.

Sobre el sistema financiero chino, el Banco Mundial decía lo siguiente en un informe del año 2015: “en todo el mundo, el Estado es importante para los sistemas financieros como promotor estratégico, propietario y regulador. Sin embargo, estos roles están mal alineados en China, especialmente el de promotor: en lugar de promover las bases para un desarrollo financiero sólido, el Estado ha interferido de manera extensa y directa en la asignación de recursos a través de controles administrativos y de precios, garantías, pautas al crédito, políticas regulatorias y propiedad ubicua de las instituciones financieras. Este nivel de intervención no encuentra comparación con ninguna de las economías de mercado modernas”. Nada ha cambiado desde que se escribieron estas líneas (ídem).

Otro de los puntos en los que apenas ha habido avances en el último lustro es en la apertura al capital foráneo de sectores protegidos. China ha flexibilizado sus restricciones en el sector bancario y en el del automóvil, pero los empresarios consideran que estos cambios saben a poco y llegan tarde. “Son reformas marginales y en áreas en las que el país ya ha alcanzado una posición dominante, con lo que su apertura no tiene un impacto en la industria. La estrategia parece basarse en retrasar el acceso al mercado hasta que las compañías locales sean tan fuertes que las extranjeras no puedan competir contra ellas. Las autoridades son muy selectivas sobre qué sectores abren y cuándo”, afirma Tim Stratford, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China (ídem).

Perspectivas

A las crecientes tensiones en el gigante asiático aquí señaladas no se las puede desligar del desarrollo de la bancarrota capitalista. Antes de estallar el coronavirus, China ya venía sufriendo una brusca desaceleración y un desempleo creciente en medio de una amenaza de quiebras, que el régimen chino no estaba en condiciones de evitar. Este panorama amenaza echar leña al fuego al descontento que ya viene abriéndose paso a través de un crecimiento de la conflictividad laboral. China no está en condiciones de oficiar de locomotora de la economía mundial, como ocurrió cuando estalló la crisis financiera de 2008. Esto ha acentuado las contradicciones de la burocracia dirigente china, que oscila entre adaptarse a las exigencias de una mayor apertura económica, por un lado, y recurrir al intervencionismo estatal para pilotear un descalabro económico y evitar que la situación social se desmadre, por el otro. La capacidad de arbitraje de Xi Jinping va ser puesta a prueba. Ingresamos en una nueva etapa convulsiva de la historia china, cuyo desenlace estará signado, como ya ocurrió en el pasado, por la lucha de clases nacional e internacional. En primer lugar, con la aparición en escena y la irrupción en la crisis del proletariado y los explotados chinos.

https://prensaobrera.com/internacionales/estados-unidos-china-entre-la-guerra-fria-y-la-guerra-caliente/

 

 

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02/12/2020
ARGENTINA - BRASIL

El acercamiento de Fernández y Bolsonaro

Alberto Fernández y su par brasileño Jair Bolsonaro mantuvieron su primer encuentro bilateral, que tuvo características virtuales. Al igual que el reciente asado con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, el propósito fue recomponer un vínculo deteriorado.

Hace apenas unos meses, Bolsonaro lamentaba la derrota electoral de Mauricio Macri y criticaba en duros términos al gobierno argentino. La línea de Fernández, sin embargo, ha sido la de ir acercando posiciones. En esa línea, fue designado como embajador Daniel Scioli.

A la hora de sacar a relucir las coincidencias, Fernández destacó en la reunión nada menos que los aspectos de defensa. “Seguimos avanzando en materia de seguridad y Fuerzas Armadas”, dijo el presidente (La Nación, 1/12), algo que fue correspondido por el mandatario brasileño. Si algo se le critica a Bolsonaro, precisamente, es su política de seguridad. Es un excapitán de navío que reivindica la dictadura militar, conocido por sus vínculos con grupos parapoliciales y su defensa del gatillo fácil.

Argentina, Brasil y Paraguay mantienen acuerdos de cooperación en la Triple Frontera, que entrelazan a los aparatos de seguridad con el pretexto de la lucha antiterrorista y antinarcótica. En julio de 2019, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo visitó el país para reimpulsar el operativo conjunto de seguridad “3 + 1”, afianzando su injerencia en una región estratégica. Esos son los acuerdos reaccionarios que se vienen tejiendo en el área en los últimos años.

Otro de los aspectos tratados en la reunión fue el Mercosur. Los mandatarios hablaron de darle un impulso al bloque, pero soslayaron que éste vive un proceso de disgregación. El ministro de economía brasileño, Paulo Guedes, dijo al asumir su mandato que el espacio no es una prioridad para su gobierno, y viene reclamando una rebaja del arancel externo común del 50%. Uruguay, por su parte, amenaza con avanzar en acuerdos bilaterales propios de libre comercio, con China y Estados Unidos, si los socios no lo hacen de manera conjunta. Las tratativas con Corea del Sur y otros países para un acuerdo comercial, enfrentan a la Argentina y el resto de los integrantes. Estas tendencias a la disgregación confirman la incapacidad de las clases dominantes para llevar a cabo un proceso serio de integración regional.

Fernández también se refirió a la necesidad de una cooperación ambiental, pero debería empezar por desistir del acuerdo porcino con China. Además, su socio Mariano Arcioni acaba de aprobar una ley que habilita la megaminería contaminante en parte de la cuenca del río Chubut.

El encuentro entre Fernández y Bolsonaro se inscribió en el Día de la Amistad argentina-brasileña, que conmemora una reunión de los expresidentes Raúl Alfonsín y José Sarney. A la amistad (y a la rivalidad) entre los gobiernos, opongámosle la fraternidad entre los trabajadores, en la lucha común contra el capital.

 

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02/12/2020
INTERNACIONALES

Los indígenas de Guatemala reclaman la renuncia del presidente y su gabinete

La OEA y un “macrista” salen al rescate.

La rebelión en Guatemala, luego de los intensos choques callejeros del fin de semana, continúa su curso. El dato saliente es la intensificación de la actividad de las numerosas comunidades indígenas, quienes constituyen la masa del campesinado guatemalteco. El reclamo: la renuncia del presidente y su gabinete, de los magistrados, de los legisladores y de los jefes policiales. También, por la libertad de los detenidos durante las protestas y de todos los presos políticos.

En las localidades de Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, entre otras, se sostienen piquetes indígenas que bloquean las principales rutas. Mientras tanto, en las segundas ciudades del país, Mixco y Villa Nueva, donde la pobreza es aún más fuerte que en la capital, crece el descontento y las manifestaciones, incluso con algunas expresiones de lucha en el movimiento obrero del transporte y la salud.

La presentación del controvertido presupuesto 2021 fue tan solo la gota que rebalsó el vaso. A la pandemia, se le sumó el paso de los huracanes. Un tercio de las tierras continúa bajo el agua. Cientos de pequeñas localidades basadas en la agricultura de subsistencia, y en zonas de difícil acceso, han quedado virtualmente aisladas. La pérdida de las cosechas augura una hambruna generalizada entre la población indígena.

Organizaciones sociales denunciaron que, ante la catástrofe, el gobierno utilizó al ejército para reprimir, mientras que las magras entregas de comida consistían en “bolsones” con gaseosas, golosinas y productos azucarados. El presupuesto 2021 recorta el gasto en alimentación, mientras que aumenta las asignaciones para el catering de los diputados.

Los dueños de la pelota

La segunda novedad política es que el presidente Alejandro Giammattei está “cabildeando” un autogolpe. Es decir, denuncia maniobras desestabilizadoras para reforzar su manejo personal del aparato del Estado. Para sustentar la idea de una conspiración, apela al fantasma de los “infiltrados” en las movilizaciones: tanto de elementos “terroristas” (la jerga del imperialismo para referirse a los ex grupos guerrilleros) como de sectores burgueses rivales.

Con este relato, el presidente solicitó a la OEA (Organización de Estados Americanos), el “ministerio de Colonias” de Estados Unidos -como fuera definida por el Che- que aplique la Carta Democrática Interamericana, destinada a la intervención del organismo ante golpes de Estado. Su secretario general Luis Almagro, alineado con el ala “dura” del imperialismo y figura clave del armado estadounidense en la región, respondió con el envío del argentino Fulvio Pompeo -un hombre de su riñón político- a las tierras ancestrales mayas.

Fulvio Pompeo, haciendo honor a su nombre, siempre se movió en los entresijos del poder “imperial”. Revistió el cargo -creado para él- de secretario de Asuntos Estratégicos bajo el gobierno de Macri, desde donde ejercía una cancillería paralela.

Pero la misión de la OEA, encabezada por el macrista Pompeo, está tomando un camino distinto al esperado por el presidente Giammattei. Donde él convocó a un diálogo amañado, con interlocutores amigos, Pompeo elige reunirse con las comunidades originarias Ixil y Xinca. Mientras que el presidente reprime periodistas y cubre los hechos de corrupción, la OEA procede al encuentro de todos los referentes liberales y de la pequeña burguesía.

La OEA acepta el pedido de Giammatei y sale en su rescate, pero al mismo tiempo busca ponerle límites.

Luego de Perú, Chile, el fracaso de los golpistas en Bolivia, y la rebelión estadounidense (que levanta una pesada hipoteca en la sucesión presidencial), hay una conciencia en el imperialismo de que no es el momento de tentar al destino con nuevas aventuras de dictadorzuelos trasnochados. Con la intervención de la OEA, es decir, de Estados Unidos, las diferentes alas de la burguesía han moderado sus choques. El gambito presidencial, a pesar de contar con el respaldo mayoritario de las cámaras empresariales y del aparato militar, no ha logrado prosperar.

Fuera Giammattei-Castillo y todo su gobierno

Junto con las consignas por la salida del presidente, su vice Guillermo Castillo -con quien está enfrentado- y la totalidad de las autoridades del régimen, en algunos sectores en lucha comienza a levantarse la perspectiva de la convocatoria a una constituyente plurinacional, cuya principal tarea sería la elaboración de una nueva constitución que termine con los cientos de años de vejámenes permanentes contra los pueblos ancestrales.

El problema de los pueblos originarios en Guatemala es, como en Bolivia, de primer orden. En algunas regiones aún subsiste una verdadera continuidad con los establecimientos coloniales y el trabajo indígena semi esclavo. Muchos activistas y organizaciones cifran sus esperanzas en que una reforma termine con estas y otras injusticias, como la preminencia del narcotráfico, la corrupción y las persecuciones a opositores, además de dar lugar a transformaciones económicas en beneficio de las mayorías.

Sin embargo, son los animadores de esta consigna, por el momento, quienes se encargan de encuadrarla como una constituyente dentro del régimen burgués. El caso de Chile es elocuente en cómo diferentes facciones dentro del sistema se están sirviendo de las expectativas de las masas para intentar encauzar la rebelión popular.

Una verdadera constituyente, como salida de transición, debe ser un planteo antagónico al Estado burgués, y con el poder necesario para derruir sus cimientos. Sea como fuere, la tarea de la hora continúa siendo la extensión y radicalización de la rebelión. Para ello, un llamamiento de lucha a las centrales indígenas, campesinas y obreras, por la convocatoria a la huelga general hasta la caída del gobierno y sus diferentes facciones burguesas, y por la expulsión de la OEA, podría jugar un rol destacado.

El desenvolvimiento de estos debates cruciales para la vanguardia combativa alienta la preparación de la Segunda Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos.

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02/12/2020
INTERNACIONALES

El asesinato del científico iraní y el futuro del plan nuclear

El reciente asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, el máximo responsable del programa nuclear iraní, ha desatado todo tipo de especulaciones acerca del futuro de ese plan y de la región.

Irán responsabiliza por el crimen a los servicios secretos israelíes, lo que aparece hasta el momento como la hipótesis más firme. El gobierno de Benjamin Netanyahu viene desarrollando un persistente sabotaje contra el plan nuclear de la nación persa.

Hay quienes creen que el propósito del atentado sería obligar a Irán a adoptar represalias, y de ese modo, abrir una espiral de confrontaciones que impida retomar los acuerdos de 2015, que establecieron el congelamiento del plan nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas contra Teherán. Ese pacto entró en crisis con la retirada unilateral del mismo por parte de Donald Trump, en 2018.

Tanto Trump como Netanyahu consideran que los acuerdos patrocinados por Obama y la Unión Europea fueron negativos, dado que el congelamiento estaba limitado en el tiempo y, sobre todo, no incluía el programa balístico iraní. Trump reimpuso las durísimas sanciones económicas contra el régimen de los ayatollahs, en tanto que éste retomó el plan, sobrepasando los límites de enriquecimiento de uranio establecidos en la ciudad suiza de Lausana.

Además de las sanciones financieras, el gobierno norteamericano apeló a medios militares, como se vio en el asesinato del general Qasem Soleimani. Incluso evaluó en las últimas semanas un ataque a las instalaciones del programa atómico. Si esto fue abandonado, probablemente obedeció al temor de abrir una guerra de imprevisibles consecuencias.

Rewind

Aunque Irán se ha visto severamente golpeado por las represalias, Trump no pudo frustrar su programa. En base a esta experiencia, y considerando los riesgos de una salida militar, Joe Biden expresó su disposición a retomar los acuerdos de 2015. Es la misma política imperialista con otro ropaje. “Nos guste o no, el mundo sencillamente no se organiza solo”, ha dicho Antony J. Blinken, asesor estrella del nuevo mandatario norteamericano, al anticipar los lineamientos de la futura política exterior (New York Times, 13/11). La Unión Europea, cuyos integrantes perdieron jugosos contratos económicos como consecuencia del hundimiento del pacto, seguramente secunden cualquier tentativa de resucitarlo.

La posibilidad de volver al statu quo anterior, sin embargo, enfrenta numerosos obstáculos. Por empezar, la propia crisis derivada del crimen de Fakhrizadeh, frente al cual Irán ha prometido respuestas. Tampoco pueden descartarse nuevas agresiones por parte de Trump y del sionismo.

Al mismo tiempo, el planteo de retomar los acuerdos choca con la voluntad de los principales socios norteamericanos en la región, Israel y Arabia Saudita, y con sectores del Partido Republicano, que presumiblemente dominen el Senado que se terminará de configurar en enero.

En estas condiciones, no debería descartarse que Biden quiera imponer mayores condiciones a Irán que en el pasado. Un columnista del New York Times, Thomas Friedman, ha señalado que el programa balístico iraní es más alarmante para Israel que el propio plan nuclear, dado que entre poseer una bomba atómica y lanzarla hay un largo trecho. En cambio, los misiles iraníes ya han mostrado su efectividad en la región. Trump le viene reclamando a Teherán que emprenda su desmantelamiento.

Pero un endurecimiento de las condiciones sería una afrenta para Irán, que exige el levantamiento de las penalidades como requisito para negociar, y en donde se han venido fortaleciendo, desde el naufragio de los acuerdos de 2015, los sectores más conservadores y más duros hacia Estados Unidos. En las últimas elecciones legislativas, este espacio se quedó con el 80% de las bancas en juego y es el favorito para las presidenciales de 2021.

A Biden le quedará siempre, de todos modos, la posibilidad de seguir por el camino actual del ahogo económico o la vía de un ataque militar, un asunto en el que no es un aprendiz (como presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado, apoyó la invasión de Irak). Pero los límites de estas variantes son precisamente los que han conducido a los debates actuales en Washington.

Irán, por dentro

Irán viene de ser sacudido por una ola de huelgas sin precedentes en las últimas décadas, por el pago de sueldos atrasados, contra la precarización laboral y las privatizaciones. El régimen islámico responde de manera brutal contra los reclamos populares, como lo mostró el baño sangre del año pasado hacia las manifestaciones contra el aumento de los combustibles. Las masas son las víctimas principales del impacto de las sanciones económicas y de las políticas de ajuste del gobierno. Es clave la profundización de estas luchas y el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.

A la vez, es necesario reclamar el levantamiento incondicional de todas las sanciones económicas, el cese de las provocaciones del imperialismo y su expulsión del Medio Oriente.

Abajo la avanzada sionista en Cisjordania (prensaobrera.com)

 

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30/11/2020

Francia: cientos de miles contra la ley de seguridad de Macron

Cientos de miles de personas se movilizaron en Francia este sábado 28 en rechazo a la ley de seguridad nacional que promueve el gobierno de Emmanuel Macron. Uno de los puntos más polémicos de la norma es su artículo 24, que penaliza con hasta un año de prisión y 45 mil euros de multa a quienes difundan imágenes de operativos policiales con la intención de perjudicar a los agentes. Es decir, la norma apunta a preservar el accionar de las fuerzas represivas.

La concentración más numerosa reunió en París a sindicatos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y fuerzas de izquierda. Las fuerzas de seguridad reprimieron y hubo choques en las inmediaciones de la plaza de la Bastilla. Un dato curioso: se pudo ver un cartel de Diego Maradona, con la leyenda “llenó de alegría el pueblo”.

Las vísperas de esta extraordinaria jornada de lucha estuvieron marcadas por una serie de atropellos policiales que conmovieron al país. Primeramente, el desalojo de un campamento de migrantes en París. Luego, la paliza racista de efectivos policiales contra Michel Zecler, un productor musical negro. Pero además, aún está fresca en la memoria popular la represión brutal contra las movilizaciones de los Chalecos Amarillos. Todos estos hechos galvanizaron la convocatoria del fin de semana, en la que también hubo reclamos para que renuncie el ministro del interior Gérald Darmanin.

La Asamblea Nacional ya aprobó en una primera votación el proyecto de ley de seguridad, con los votos positivos de casi todo el partido de Macron (La República en Marcha), de Los Republicanos (partido al que pertenece el expresidente Nicolas Sarkozy) e incluso del partido de Marine Le Pen (Reagrupamiento Nacional), quien ha hecho algunas críticas a la norma. Ahora, el proyecto debe ser tratado en enero por el Senado, y luego nuevamente por la Asamblea Nacional.

Sin embargo, los últimos episodios de violencia policial abrieron una crisis en el gobierno. Ocurre que la agresión contra Zecler se pudo conocer, justamente, gracias a la grabación de videos en teléfonos celulares, que se viralizaron por las redes. Con la nueva norma, esto podría haber sido penado.

En este marco, el primer ministro Jean Castex buscó despejar los crecientes cuestionamientos a la ley con el anuncio de la formación de una “comisión independiente” -con jueces, policías y periodistas- para revisar la redacción del artículo 24. Pero esto le valió una reprimenda de los titulares de la Asamblea Nacional y del Senado, quienes se sintieron paralelizados, por lo que dio marcha atrás con la propuesta. La crisis aún no se ha cerrado. El líder de los parlamentarios de La República en Marcha, Christophe Castaner, prometió el lunes 30 una reescritura completa del artículo cuestionado, ante la crítica de medios y periodistas por la vulneración de la libertad de prensa.

La ley de seguridad nacional debe ser leída como parte de una campaña derechista más general del gobierno. En esta línea, se inscribe el proyecto contra el “separatismo islámico”, que es presentado como una iniciativa para fortalecer el laicismo, pero que en realidad busca afianzar la autoridad del Estado imperialista y dividir a los explotados. Al mismo tiempo, intenta desviar la atención del impacto de la pandemia, que ya superó los 50 mil muertos.

Por lo pronto, el creciente repudio a la represión plantea la posibilidad de quebrar toda la ley de seguridad nacional. Sería un gran golpe al gobierno de Macron.

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30/11/2020

Haití: nueva movilización reclama la salida del gobierno

El 18 de noviembre, una importante movilización reclamó en las calles de Puerto Príncipe la salida del presidente Jovenal Moïse, un empresario bananero que llegó al poder tras unas elecciones fraudulentas en 2016. La represión dejó un muerto, por un disparo en la cabeza, y varios heridos.

Desde que está en el poder, Moïse ha enfrentado numerosas movilizaciones e inclusive levantamientos populares, como el ocurrido en octubre de 2019, cuando las masas se volcaron a las calles contra el desabastecimiento de combustibles, la malversación de los fondos de Petrocaribe y las paupérrimas condiciones de vida -el 70% vive en la pobreza (Clarín, 26/11).

Moïse viene gobernando por decreto desde comienzos de año, cuando se venció el mandato de los diputados y buena parte de los senadores. Aspira a reforzar sus atribuciones presidenciales por medio de una reforma constitucional, que incluiría un referéndum ratificatorio en febrero o marzo próximos.

Si Moïse ha logrado mantenerse en el poder, es fundamentalmente debido a la represión y el apoyo imperialista de Donald Trump y Estados Unidos. A cambio, el presidente da luz verde a continuar con la intervención yanqui en la región.

Sin embargo, conscientes de la necesidad de relegitimar el régimen político, tanto el gobierno norteamericano como la OEA le reclaman a Moïse la realización de elecciones legislativas.

El presidente haitiano se muestra dispuesto a convocar a elecciones legislativas e incluso presidenciales, tras el referéndum constitucional, pero asegura que culminará su mandato, que finaliza en 2022. La oposición recela del planteo de los norteamericanos, reclama la salida de Moïse y un gobierno de transición que permita una salida ordenada, con lo que se coloca en una línea de preservación del régimen social. Según la agencia Prensa Latina (12/11), en esta oposición prima actualmente un cuadro de dispersión.

Fuera Moïse y fuera el imperialismo. Por un gobierno de los trabajadores.

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30/11/2020

Berni atiza la crisis por la represión en el funeral de Diego Maradona

Con una columna publicada este domingo 29 en Infobae, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ha salido a tallar en la crisis abierta por la represión en la multitudinaria despedida a Diego Maradona en la Casa Rosada.

Tras cuestionar lo que considera la pasividad del operativo de seguridad (una crítica curiosa, si se tiene en cuenta que lo que no faltó el jueves fue represión), Berni critica el “piloto automático” en los asuntos de seguridad y habla de “falta de decisión, de coraje y de compromiso para involucrarse de cuerpo y alma”. Casi todo el artículo parece tácitamente dirigido contra la ministra de seguridad nacional, Sabina Frederic.

Berni también critica la violencia de los “barrabravas” presentes el jueves, lo que es una profunda hipocresía, considerando la ligazón de estas barras con el poder político.

Asimismo, vuelve a criticar las tomas de tierras del pueblo sin vivienda.

Recordemos que el accidentado funeral desató, en primer lugar, un choque entre el gobierno nacional y el de la Ciudad. A través de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno nacional denunció al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y al vice Diego Santilli, por intimidación pública y abuso de autoridad, a raíz de la represión ejercida por la Policía de la Ciudad, en las inmediaciones de Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Desde el gobierno porteño, responsabilizan al gobierno nacional: afirman que era este quien comandaba el operativo conjunto de las fuerzas represivas y, al mismo tiempo, aseguran que éste les dio la orden de cortar la fila en la esquina ya mencionada, al mediodía -cuando la cola para despedir a Maradona llegaba hasta Constitución-, debido a que el prematuro horario pautado para el fin del velorio (16 horas) no iba a permitir que toda esa gente pudiera ingresar a darle el último adiós.

El gobierno nacional niega haber dado esa orden. En cualquier caso, el cierre de la fila fue el detonante de los desbordes tanto en la zona de Avenida de Mayo como en la Casa Rosada, donde decenas de personas saltaron las vallas para acercarse al féretro.

Los gobiernos, que no supieron garantizar un velorio suficientemente dilatado para que la multitud pudiera despedirse, respondieron a la bronca resultante con una brutal represión.

Pero los hechos del funeral no solo enfrentaron a Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, quienes se responsabilizan mutuamente por la situación, sino que también abrieron una crisis al interior del gobierno nacional. El diario La Nación (29/11) informa que la ministra de seguridad nacional Sabina Frederic está siendo cuestionada por distintos aspectos del operativo. Es aquí donde entra a jugar el artículo de Berni, quien está enfrentado con la ministra.

Las declaraciones de Berni muestran también la impostura de la denuncia del gobierno nacional contra Horacio Rodríguez Larreta, con la que quiso lavarse las manos de su propia responsabilidad en la represión. Es un hombre de sus propias filas quien sale a reclamar más dureza por parte de las fuerzas de seguridad.

El desalojador de Guernica usa las páginas de Infobae para reposicionarse en la interna gubernamental y para reclamar una profundización de la represión, que ya está en marcha en todo el país, como se ve en los violentos desalojos de terrenos y en la persecución de los ambientalistas chubutenses. El artículo es un anticipo de lo que se viene en la provincia de Buenos Aires, donde es el mandamás del aparato de seguridad.

Hay que pararles la mano.

https://prensaobrera.com/sociedad/como-maradona-se-convirtio-en-el-idolo-de-los-pobres-del-mundo/

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"Abrazamos en solidaridad y nos ponemos a disposición de aquellas de las escuelas provinciales”, dijeron en un comunicado.
La acción de este comisario y su patota hay que ubicarla en el contexto nacional donde el gobierno nacional y los provinciales profundizan la represión.
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Un crimen policial y un operativo de impunidad, con Berni a la cabeza.
Plata para reprimir y ajuste para los trabajadores.
28/11/2020
Docentes

Integrada al gobierno, Ctera es un pilar del ajuste fondomonetarista

De la entrega de la huelga del 88 a la defensa del ajuste fondomonetarista.

Hugo Yasky, histórico secretario general de Ctera, diputado del Frente de Todos y secretario general de la CTA (T), realizó declaraciones en apoyo al segundo robo jubilatorio del peronismo. Es una contundente muestra del sostenimiento del ajuste del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por parte de la burocracia sindical docente.

Para Yasky, "tener una fórmula que no esté atada a la inflación significa que en algún momento se puede recuperar el poder adquisitivo"  y es favorable para los jubilados (FM Delta, 11/11). Pero es al revés: en un escenario de brutales aumentos de precios y tarifas (que se liberan definitivamente en diciembre), la nueva fórmula implicará una desvalorización de los haberes. Esta reforma ha sido encarada para congraciarse con el FMI.

2020, año de una entrega histórica

Este año Ctera permitió las cesantías de casi 100.000 docentes -que no pudieron tomar cargos-, acordó salarios de pobreza y entregó de hecho el estatuto al actuar como pilar de una mayor precarización laboral, apoyando nuevos y más flexibles programas socio-educativos en los que los docentes son contratados sin derechos con la excusa de la pandemia.

Toda la escala salarial docente del país está por debajo de la línea de la pobreza, y las cajas jubilatorias especiales –a las cuales los docentes hacen aportes mayores que el resto de los trabajadores- están vaciadas. En la provincia de Buenos Aires un maestro de grado con la máxima antigüedad cobrará recién a diciembre próximo $48.854.

Un largo camino de integración al Estado

En las “historias oficiales” sobre Ctera, el yaskysmo se presenta como continuador de la corriente que denomina “sindicalista”, haciendo una delimitación con las organizaciones sindicales del magisterio que, en 1958,  protagonizaron la lucha por el Estatuto Docente, a las que califica de “profesionalistas” y elitistas.

Sin embargo, hay que recordar que la lucha por el estatuto tuvo un claro carácter independiente de las patronales y del Estado, y que su conquista fue producto de grandes huelgas, incluyendo una por tiempo indeterminado que duró 45 días en la provincia de Buenos Aires. Parte de un proceso de lucha que comienza en 1956.

El Estatuto planteó, entre otras cosas, estabilidad en el cargo, concentración de tareas, acceso al cargo titular por concurso y publicidad de nóminas de aspirantes, orden de mérito, salario y jubilación actualizados anualmente y -algo poco conocido- año sabático de perfeccionamiento cada diez años (¿Lo sabrá la ministra Soledad Acuña?).

Lo que el peronismo no le perdona a los agrupamientos que conquistaron el Estatuto, además de su combatividad, sus huelgas y sus resultados, es que “sostenían la necesidad de la agremiación libre en sindicatos por ramas, niveles y modalidades” (Vázquez-Balduzzi, De Apóstoles a Trabajadores, Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte). Es decir, su negativa al unicato sindical.

Por el contrario, la corriente sindical que la Celeste reivindica para sí misma como sus orígenes, en sus propias palabras “si bien también consideraban al docente como profesional, al parecer tenían una concepción sobre el mismo más cercana a un ‘profesional-trabajador’ que al ‘profesional-liberal’”, motivo por el cual “postulaban que debían regirse por la Ley de Asociaciones Profesionales”. Es decir, a partir de la injerencia y regimentación de los sindicatos de parte del Estado.

Esta corriente, ya con los dirigentes de la actual Celeste actuando en su seno, “hacia fines de los años setenta comenzaron a formular la necesidad de sindicatos únicos por provincia” (ídem), regidos por la dictadura de los secretarios generales.

Vale aclarar que cuando se fundó la Ctera, el 11 de septiembre de 1973, todas las corrientes que fueron parte de este hecho histórico asumieron el carácter de trabajadores de los docentes, como lo refleja el nombre de nuestra central, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, algo que reivindicamos plenamente desde Tribuna Docente.

https://prensaobrera.com/politicas/los-trabajadores-y-jubilados-le-ganan-a-la-inflacion/

Fracturan Ctera y entregan la gran huelga del ‘88

Cuando en la actualidad los sindicatos conducidos por la Multicolor realizan acciones de lucha, superando la pasividad de la burocracia sindical Celeste, la dirección de Ctera los acusa de rupturistas. Pero, como dice el dicho, dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces.

Cuando en 1973 se conformó la Ctera, el punto crítico fue la discusión sobre el estatuto sindical, que circunstancialmente se estableció en base a los criterios de los sectores que defendían un funcionamiento de Ctera de respeto de las entidades de base y de democracia sindical. Esta controversia, como señalan los autores citados, será el centro de los conflictos al interior de Ctera de ahí en más. Para la futura Celeste “se jugaba la definición sobre el modelo de construcción sindical que se iba a llevar adelante: si la nueva organización avanzaba hacia la formación de sindicatos únicos o se edificaba sobre las estructuras pre-existentes” (ídem).

Ese conflicto estalló en 1987, en el IV Congreso Nacional de Ctera, en los prolegómenos de la gran huelga docente de 1988 que colocó al régimen de Raúl Alfonsín contra las cuerdas con 42 días de paro indeterminado hasta que se lograra un aumento salarial equivalente al deterioro por la inflación: 1.000 australes de básico y un nomenclador único nacional móvil que impidiera dejar a las provincias más pobres por fuera. La cifra era resultado de la actualización del salario de acuerdo a la inflación tomando como base el salario del ´83.

En ese congreso, en defensa de los sindicatos únicos (entre ellos el recientemente creado Suteba), la Lista Celeste, acaudillada por Marcos Garcetti del Sute Mendoza y Mary Sánchez de Suteba, rompe Ctera sin otro objetivo que una cuestión de defensa de su aparato. Surgen así dos Cteras, una dirigida por Garcetti y la lo otra por Wenceslao Arizcuren de Unter (Río Negro), de origen radical.

Apenas constituida, la Ctera-Garcetti resolvió que el Consejo Confederal, que era un órgano de decisión y de fiscalización especialmente para resolver planes de lucha, conformado por un delegado representante de cada entidad (en donde cada delegado tenía tantos votos como afiliados poseía la organización), era reemplazado por el Consejo de Secretarios Generales que, ejerciendo similares funciones, tomaba las decisiones por encima de las asambleas. También que el sistema de designación de los cargos de la Junta Ejecutiva dejaba de ser proporcional y se reemplazaba por un sistema de designación por lista completa. El unicato sindical.

Sobre esta base, y en función del acuerdo Raúl Alfónsín-Antonio Cafiero (gobernador peronista de Buenos Aires), la Ctera dirigida por Garcetti y Mary Sánchez entregó la gran huelga del ’88.

La derrota de la huelga produjo un reflujo docente que se extendió hasta fines de la década de los ’90 (sólo superada luego por las huelgas autoconvocadas de Salta, Santa Cruz y Neuquén del 2005 en adelante). La entrega del “Maestrazo” fortaleció la contención de la CGT de Saúl Ubaldini y pavimentó el ascenso y la consolidación del régimen menemista. En pago de los servicios prestados, la Ctera conquistó la personería gremial.

De ahí en adelante dejaron pasar la Ley Federal de Educación (LFE), mantuvieron bajo el kirchnerismo los preceptos centrales de esa norma con la nueva Ley de Educación Nacional del año 2006, y permitieron el deterioro de las condiciones salariales y laborales hasta el día de hoy, incluso, y muy especialmente, durante el régimen macrista.

Hoy, esta burocracia amiga del poder directamente es parte de él.

Recuperar nuestros sindicatos, tarea del clasismo docente

Tribuna Docente reivindica el pasado, independiente del Estado y de las patronales, de la Ctera de los orígenes. Por eso es parte indeleble de nuestro programa la derogación de la Ley de Asociaciones Sindicales, que le otorga al Ministerio de Trabajo potestad completa sobre el funcionamiento de los sindicatos. Y ampara –con el unicato sindical- el dominio de las burocracias sindicales. Es la contracara exacta de la política defendida por la Celeste.

Con esa orientación hemos impulsado y somos parte del frente único de clase y antiburocrático que representan los sindicatos y seccionales Multicolores, como los Sutebas Combativos, Ademys y las seccionales recuperadas de Aten, Amsafé-Rosario, los sindicatos opositores como Adosac, y el activismo combativo.

En esta perspectiva somos parte de la lucha de la oposición docente antiburocrática nacional, que enfrenta el objetivo de Estado de abrir las escuelas sin condiciones, profundizando el ajuste educativo  y la destrucción del salario, lo que se agudizará para el inicio del próximo ciclo lectivo.

Los docentes tenemos por delante una dura experiencia de ajuste del gobierno peronista, que deberemos superar por medio del frente único en la lucha, y también en la recuperación de nuestras organizaciones sindicales, de cara a las elecciones de Ctera, y de sindicatos claves como Suteba este próximo año 2021.

https://prensaobrera.com/politicas/cuando-el-relato-se-derrumba-sale-a-flote-el-ajuste/

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27/11/2020

Contundente paro general en la India

Cerca de 250 millones de huelguistas contra el gobierno derechista de Modi.

Los trabajadores de la India protagonizaron un masivo paro general este jueves 26 contra las reformas laborales y la política de privatizaciones del gobierno del ultraderechista Narendra Modi (del partido hinduista BJP). Se estima que participaron cerca de 250 millones de personas.

La convocatoria partió de casi la totalidad de las centrales sindicales. Hubo una destacada participación de mineros del carbón, ferroviarios y bancarios. En varias ciudades se produjeron movilizaciones, que en muchos casos fueron reprimidas por las fuerzas policiales. Además, hubo piquetes en las rutas y en algunas vías ferroviarias.

Lo que los trabajadores rechazan especialmente son los nuevos códigos laborales, con los que el gobierno pretende simplificar la legislación laboral actual en beneficio de las grandes patronales. Los cambios le dan un mayor impulso a los contratos temporales y restringen el derecho de huelga, entre otros puntos.

Entre las centrales que convocaron la medida de fuerza, figuran el Congreso de Sindicatos de toda la India (AITUC por sus siglas en inglés, ligada al Congreso Nacional Indio); la Federación Progresista de Trabajadores (LPF por sus iniciales en inglés, próxima al partido regional DMK de Tamil Nadu); y dos centrales sindicales ligadas a partidos de izquierda (el PC y el PC Marxista). También adhirieron otras centrales que no están tan directamente asociadas a un partido político. La federación ausente fue Bharatiya Mazadoor Sangh, cercana al partido de gobierno.

Este paro es el cuarto paro nacional contra el gobierno de Modi y uno de los más importantes. Sin embargo, estos paros se han dado de forma muy espaciada. No hay un plan de lucha progresivo, con lo que las medidas se parecen más a un intento de las centrales sindicales por descomprimir la bronca popular que a una firme decisión de revertir la ofensiva del gobierno. Y, seguramente, hay también un intento de ir horadando a Modi con la intención de un regreso al poder del Congreso Nacional Indio en las próximas elecciones. Esta fuerza política, aclaremos, gobernó durante décadas al servicio de la burguesía.

En coincidencia con el paro general, los agricultores realizaron una masiva movilización en Nueva Delhi contra los cambios en las leyes agrarias. Las nuevas normas apuntan a que los agricultores pasen a vender directamente al sector privado (actualmente, el Estado les compra productos básicos a precios garantizados). “El 85% de los agricultores pobres de la India, que poseen menos de 2 hectáreas”, según voceros del sector, “serán vulnerables a ser estafados por compradores privados” (agritotal.com, 25/9). La movida de los agricultores hizo que miles arribaran a la capital india desde regiones próximas de intensa actividad agraria, como Punjab. Pero en las inmediaciones de Delhi, el gobierno montó bloqueos de las fuerzas policiales para tratar de impedir su paso. Y los reprimieron con camiones hidrantes y gas pimienta.

La situación general

En el plano económico, la India, cuya economía venía en desaceleración, podría sufrir una caída estrepitosa de casi el 10% de su PBI este año, como consecuencia de la agudización de la crisis mundial y de la pandemia.

La pandemia ha hecho estragos en el país. Es el segundo más afectado del mundo en términos absolutos, con más de 9 millones de infectados y 135 mil muertos.

El gobierno de Modi añade a sus ataques a los trabajadores una política de discriminación y persecución de la población musulmana. Las bandas de su partido apalean a musulmanes en las calles. Algunos sectores derechistas están promoviendo el fin de los matrimonios mixtos entre hindúes y musulmanes. A su vez, Modi anuló la autonomía de la Cachemira india, de mayoría musulmana, y la militarizó completamente, lo que de paso agudizó las tensiones con la vecina Pakistán, que al igual que la India es una potencia atómica.

La retórica derechista de Modi inflama las tensiones sectarias y regionales para dividir a las masas y para que la atención se no se concentre en una impugnación de su gobierno antiobrero.

Este paro general, uniendo a trabajadores y agricultores sin distinciones confesionales, va en el sentido contrario.

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27/11/2020

Ordenan la libertad del fotógrafo argentino Facundo Molares

Estaba detenido en Bolivia. Podrá viajar al país.

Un tribunal boliviano autorizó este jueves 26 la liberación del fotógrafo argentino Facundo Molares, quien se encontraba detenido en el país hermano desde noviembre pasado, en una causa fabricada por el gobierno golpista de Jeanine Añez. Molares podrá viajar a la Argentina para recibir tratamiento médico, dado su delicado estado de salud, aunque sigue encausado y deberá presentarse periódicamente en el consulado boliviano en Buenos Aires.

Molares había viajado a Bolivia en octubre de 2019 para cubrir el proceso electoral en el país vecino y allí lo sorprendió el golpe de Estado contra Evo Morales. Fue detenido mientras se encontraba internado en un hospital de Santa Cruz de la Sierra, acusado de incitación a la violencia por su presunta participación en los incidentes acaecidos durante un bloqueo promovido por opositores al expresidente boliviano.

Molares estuvo detenido en el penal santacruceño de Palmasola y posteriormente en el de Chonchocoro en La Paz. Al contraer coronavirus, fue trasladado a un hospital de la capital boliviana. El ensañamiento de la justicia se revela en que fue esposado a la cama. Además, su padre fue amenazado con ser “masacrado” cuando viajó para ver a su hijo.

La persecución contra Molares es un hecho más de un gobierno criminal que dejó decenas de muertos que luchaban en las calles contra el golpe de Estado.

Este martes 24 se había desarrollado una jornada de movilización por la liberación y repatriación del fotógrafo. En Buenos Aires, una protesta unió la Embajada boliviana y la Cancillería. En las últimas semanas, también se habían iniciado gestiones entre el gobierno argentino y el nuevo gobierno boliviano en relación al caso.

Toda nuestra solidaridad con Facundo Molares. Cárcel a los responsables del golpe de Estado.

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26/11/2020
SALUD

Los reclamos de los trabajadores del Hospital Posadas frente al ajustazo oficial

Con más de 50 trabajadoras y trabajadores presentes, el miércoles 25 nuevamente se reanudó la Ronda del Hospital Posadas, que volvió a poner sobre la mesa los reclamos más sentidos en tiempos de pandemia y de crisis. La esencialidad de los trabajadores de la salud se ha traducido en una intensificación de tareas para enfermeros, estatales y profesionales y la presión para tolerar los ataques a las condiciones laborales y la precariedad preexistente. La actividad contó con el destacado apoyo de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora quien se solidarizó con todos los reclamos.

Contra la devaluación del salario

Con una inflación que en 2019 superó el 50%, el gobierno se jugó a cerrar todas las paritarias del sector a la baja. El 7% pactado con una parte de la burocracia de los estatales es un verdadero mazazo contra los trabajadores, cuyos salarios rondan los $30 mil por mes. A los profesionales de la salud que fueron ayer al paro activo, el gobierno de Kicillof quiere hacer pasar una oferta del 14% como una compensación de la inflación (apelando a aumentos producidos en abril y bonos), mientras se niega a reabrir las negociaciones de una paritaria ya muy retrasada. A eso se suman retrasos en el pago a residentes que ingresaron en el último período.

Como se ve, lejos de un “reconocimiento”, el Estado está viendo cómo hace para descargar su propia quiebra sobre las espaldas de los trabajadores. ¿Se puede pretender ocultar un ataque de estas magnitudes con el “aporte solidario”? De ninguna manera. Una ley que decide premiar a las petroleras antes que recomponer el golpeado bolsillo de los trabajadores es una estafa. Los trabajadores tenemos que discutir el impulso de un verdadero impuesto a la riqueza, progresivo, para financiar todas las deficiencias históricas y actuales del sistema de salud.

No a la precarización “nacional y popular”

No es menor que luego de los despidos a mansalva producidos durante el gobierno de Macri en el Hospital Posadas (y en general en el sector público), las nuevas autoridades, de cuño albertista, mantengan el régimen de contratación basura con el cual mantienen fuera de planta a miles de trabajadores que superan hasta los 30 años de antigüedad. Sin esta precarización, defendida a rajatabla por el kirchnerismo durante sus mandatos previos, el macrismo no hubiera podido despedir con extrema facilidad desde el punto de vista jurídico a más de mil compañeros en cuatro años sin siquiera pagar indemnización.

Si recapitulamos, veremos que de esta sangría el gobierno actual solo ha reincorporado a menos de un 10%, lo cual no obstante se trata de una conquista de la lucha sostenida hasta el final por parte de los compañeros. Alberto Fernández ha convalidado un gigantesco vaciamiento de la salud, contrariamente a lo que expone habitualmente. En este caso, no ceder al reclamo histórico de pase a planta, tan inserto en la conciencia de los trabajadores del Posadas, es evitar que el reclamo se extienda en todo el sector público, donde el gobierno se resguarda de poder utilizar la misma carta que Macri en caso de que los bonistas y el FMI soliciten avanzar en este sentido. Toda una orientación de fondo.

La Ronda del Posadas ha tenido el valor de haber puesto esto en cuestión junto al reclamo salarial.

Cómo seguimos

Esta primera acción al interior del Hospital ayuda a preparar la organización y conciencia de los trabajadores, mientras las expectativas iniciales en el gobierno se van desinflando. Para superar la tendencia al disciplinamiento que produjo la política de despidos del macrismo, la introducción de Gendarmería al establecimiento y la colaboración vergonzosa de las direcciones de ATE y UPCN, es necesario ir a una fuerte campaña de discusión con el conjunto de los compañeros.

Preparemos en común una gran asamblea de los trabajadores del Posadas, que resuelva un plan de lucha hasta ganar. Al pacto con el Fondo Monetario del gobierno, opongamos el paro nacional activo de las centrales sindicales.

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25/11/2020 | 1610

Perú, Guatemala y la necesidad de una segunda Conferencia latinoamericana

La rebelión peruana que volteó al gobierno de Manuel Merino y las grandes movilizaciones en Guatemala contra el presupuesto de ajuste han sido las dos últimas expresiones de un escenario convulsivo en América Latina.

En Guatemala, el Congreso se vio obligado a suspender el Presupuesto 2021 que congelaba las partidas de educación y salud, tras una masiva manifestación en el curso de la cual ardieron las instalaciones del palacio legislativo. El martes 24, una movilización indígena arribó a la capital guatemalteca para exigir la renuncia del Congreso y del presidente Alejandro Giammatei. La efervescencia popular se combina con una aguda crisis política: el vicepresidente, Guillermo Castillo, enfrentado al primer mandatario, propuso la renuncia de ambos y la formación de una “comisión de notables”, digitada por el clero, que proponga una terna al Congreso para elegir al nuevo Poder Ejecutivo. Giammatei, mientras tanto, denuncia un intento de golpe de Estado e invocó la carta democrática de la OEA, lo que podría abrir las puertas a una injerencia de ese organismo. Ambas variantes serían salidas reaccionarias.

 

 

En Perú, dos presidentes cayeron en el curso de apenas una semana. Primero fue Martín Vizcarra, destituido por el Congreso por “incapacidad moral”. Luego fue su sucesor, Manuel Merino, del centroderechista Acción Popular, quien debió renunciar ante la conmoción social que produjo el baño de sangre que desató contra las movilizaciones en su contra: dos jóvenes fallecieron tras recibir varios perdigonazos de plomo en la cabeza y el tórax, y otros cientos fueron heridos. En las movilizaciones se instaló la consigna “que se vayan todos”, una expresión del repudio al Congreso y todo el régimen político. Francisco Sagasti, el mandatario electo por el Congreso para suceder a Merino, es un hombre con un pasado como funcionario del Banco Mundial. Representa una tentativa por recomponer la situación hasta los comicios presidenciales de abril de 2021.

Colombia, en tanto, conmemoró esta semana el aniversario de la rebelión de noviembre con nuevas manifestaciones. Si bien están por debajo de los registros de aquel entonces, el país cafetero viene de una conmoción en septiembre, en ocasión del crimen a manos de la policía del abogado y taxista Javier Ordoñez, que derivó en la quema de numerosas instalaciones de las fuerzas represivas. El gobierno de Iván Duque respondió con una represión que dejó al menos 13 muertos.

El escenario de crisis políticas, rebeliones y manifestaciones es indisociable de la agudización de la crisis capitalista, que se ha agravado al calor de la pandemia. En Guatemala, el 60% de la población se encuentra en la pobreza. En Colombia, el desempleo asciende al 20%. En Perú, esa tasa se triplicó en el período julio-septiembre respecto al año pasado.

 

 

En estas condiciones, el Partido Obrero ha emitido un llamamiento planteando la necesidad de una segunda Conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos, que contribuya a poner en pie un polo de independencia de clase en el continente. La primera conferencia, convocada por el Frente de Izquierda-Unidad, reunió a más de 50 organizaciones de 15 países a fines de julio y comienzos de agosto. Es necesario darle continuidad a esta iniciativa.

El llamamiento destaca que “la combinación de la crisis capitalista y sanitaria ha provocado una tormenta perfecta. Los gobiernos, tanto de corte nacionalista como neoliberal, son sobrepasados por la envergadura del colapso actual. Esto revela los límites de la burguesía nacional, del cual ambas variantes son tributarias, para abrir una perspectiva superadora de salida a la crisis”.

La izquierda tiene que abrirse un rumbo independiente frente a este cuadro. “Lo que está en discusión en las filas de la izquierda es si simplemente va a quedar confinada a actuar como grupo de presión y una rueda auxiliar de los bloques y coaliciones capitalistas, o se pone a la cabeza de la organización de los trabajadores y se convierte en un motor impulsor de una estrategia dirigida a transformar a la clase obrera en alternativa de poder”, señala el llamamiento.

En este sentido, el texto retoma la polémica con los partidos y frentes “amplios” y los armados de colaboración de clases, subrayando la necesidad de poner en pie partidos revolucionarios.

Vamos por una segunda Conferencia que profundice el camino de la primera.

 

25/11/2020

Perú: Uníos rompió con el Frente Amplio

¿Un paso adelante?

La Conferencia de la Izquierda Latinoamericana y de los Estados Unidos, realizada a principios de agosto de este año, fue un paso adelante del movimiento revolucionario de nuestro continente. No solo porque reunió 50 organizaciones; sino también, porque desarrolló importantes debates políticos sobre los problemas estratégicos de la revolución latinoamericana y para la formación de partidos revolucionarios. Estas polémicas no son académicas, ayudan a delimitar políticas y avanzar en la claridad, en un accionar común. Extensivo el debate ante la vanguardia obrera y revolucionaria latinoamericana y mundial, solo un sectario podría repudiar esta realidad.

Una de las discusiones más importantes giró en torno a la participación de los revolucionarios en los llamados “partidos amplios” o de “tendencias” como el PSOL de Brasil o el Frente Amplio (FA) de Perú, enfrentados a la tarea histórica de construir partidos militantes, de acción, con el objetivo estratégico de la lucha por el poder para los trabajadores.

Respecto al Perú, la organización Uníos (integrante de la UIT-CI, hermana de Izquierda Socialista de Argentina) defendió su integración en el FA, señalando que lo hacía con una política independiente y tildando de sectarios a quienes –como el PO- lo criticaron.

Finalizada la Conferencia, la polémica continuó. Taylor Rojas, dirigente de Uníos, sacó el 15/8 un artículo (¿“Por qué y cómo participamos en el Frente Amplio?”), respondiendo a las críticas del PO, del Grupo Vilcapaza de Perú y de la CST peruana (organización ligada al PTS argentino).

Allí caracteriza que el FA “por su programa y composición, es una organización centrista, en contra del neoliberalismo, no clasista ni socialista revolucionaria”. Afirma que en el FA están los luchadores del Perú con los que quieren trabajar (“¿Podemos construirnos al margen de la realidad de los luchadores y luchadoras? ¡Para nosotros, no!”).

Pero, el 2 de noviembre, Uníos saca un comunicado anunciando que han roto con el FA, porque el FA “como fenómeno progresivo (…) no existe más”, “se agotó”.

¿Qué tenía de progresivo el FA? No era clasista: ¿era aclasista? No se trata de un debate escolástico sobre el sexo de los ángeles. El FA es una organización frentepopulista, contraria a la independencia de clase de los trabajadores, que trabaja por la conciliación (“pacto social”) y no la lucha de clases. En su plataforma no plantea la lucha por un gobierno de trabajadores, sino por una “democracia participativa”, sin ningún tipo –entre otros- de “discriminación socioeconómica”: los patrones junto a los trabajadores. Es un abuso usar para este tipo de organizaciones la caracterización de “centristas” y aducir –falsamente- que Trotsky planteaba como táctica, en la década del 30, realizar entrismo en estas. Son partidos frentepopulistas burgueses.

Pero no se trata solo de un análisis sociológico, sino político. En su corta trayectoria el FA apoyó en la segunda vuelta de las elecciones del 2016, al banquero derechista Pedro Pablo Kuczynski, elegido presidente. Y posteriormente, a partir del golpe del 2018, fue una pata auxiliar del presidente Vizcarra en todas sus maniobras semibonapartistas. No se le conoce ninguna acción protagónica de lucha de las masas (solo apoyos genéricos). Se presenta como el partido del “buen vivir”, con una verborragia genérica tendiente a engatusar al electorado, sin tomar medidas concretas, ni afectar los intereses del capital. Comparado con Proyecto Sur de la Argentina, al que IS y la UIT-CI criticó ferozmente hace una década, Pino Solanas, su líder, aparece como un ‘Lenin” luchador nacionalista contra la entrega (fue baleado por sus denuncias contra la privatización petrolera). Marcos Arana, el dirigente del FA peruano, no le llega a los tobillos.

¿Se agotó qué del FA?

El comunicado de ruptura de Uníos con el FA hace un eje en la división que se planteó en ese partido ante la selección de las candidaturas para las elecciones del año que viene. Se queja de que “lamentablemente nuestro llamado a la unidad no fue escuchado por las fracciones en pugna”. Y se lamenta porque “la presentación de la plancha presidencial y sus listas al Congreso, por su composición y su construcción sin un debate programático y sin una perspectiva de independencia de clase, demuestra la cristalización burocrática y desviaciones políticas que liquidaron al FA”. Como eje de diferenciación y ruptura es débil.

Es importante considerar que estas candidaturas fueron votadas en el III Congreso del FA que se realizó el 26 y 27 de septiembre y que se aprobó, al igual que la plataforma electoral, por unanimidad, con la presencia de Uníos. El comunicado final del Congreso y la prensa burguesa resalta la presencia y adhesión del diputado de Uníos, Enrique Fernández Chacón (Cochero).

Recién 5 semanas después Uníos se aleja del FA. Muchos señalan que ha sido por un problema de candidaturas.

En su comunicado del 2 de noviembre, Uníos proclama que ahora sí va a luchar por un nuevo partido “con un programa político consecuentemente anticapitalista” que intervenga “de forma consecuente (en) las luchas del pueblo trabajador (…) en el camino de la pelea por un gobierno de los trabajadores sin empresarios ni burócratas que nos permita poner a disposición todos los recursos del país con una planificación democrática de la economía para resolver las necesidades del pueblo trabajador y no de las ganancias de los grandes empresarios” (¿sin expropiación del gran capital?).

Todo paso de ruptura de un agrupamiento de izquierda con el ‘centrismo’ frentepopulista es, evidentemente, un progreso. Pero, para que sea real, debe analizar concretamente cómo ha caído en ese terreno. De lo contrario se le dificultará su corrección. Por otra parte, la UIT-CI (ver nota de Brasil) más que nunca plantea permanecer dentro del PSOL (una variante del Frente Amplio) que marcha aceleradamente hacia la formación de un frente popular.

Por último, las posiciones de Uníos frente a la crisis que se está desenvolviendo en el Perú, han sido contrarias a una política de independencia de clase. En el golpe que destituyó a Vizcarra, la bancada del FA se dividió: una parte votó a favor y otra en contra de la ‘vacancia’. Cochero, el diputado de Uníos votó con una parte del FA por la destitución de Vizcarra, se alió a uno de los bandos burgueses en disputa. También habría votado –de acuerdo a informaciones periodísticas- para que su ex compañera de bloque del FA, Mirtha Vázquez, asuma como presidenta de la Unicameral. La burguesía buscó entre los diputados que no votaron la destitución de Vizcarra para elegir a Sagasti (Partido Morado) y a Vázquez (FA) como presidentes de la Nación y de la Unicameral, respectivamente. Con una rebelión en la calle volteando al presidente Merino, elegir un diputado que apoyó el golpe hubiera sido una provocación al movimiento de lucha. Rápidamente, antes que el canto de un gallo, el FA, el partido del “buen vivir”, pasó a jugar un papel central en la constitución de un gobierno de emergencia para salvar al Estado burgués de los embates de las masas.

https://prensaobrera.com/internacionales/peru-tras-la-movilizacion-que-volteo-al-gobierno-de-merino/

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24/11/2020

Jornada por la libertad del fotógrafo argentino detenido en Bolivia

Hubo una movilización por Facundo Molares de la Embajada a la Cancillería.

Este martes 24 se realizó una concentración frente a la embajada boliviana y seguidamente una movilización a la Cancillería en reclamo de la liberación de Facundo Molares, fotógrafo que lleva alrededor de un año detenido en el país hermano.

Molares se encontraba en Santa Cruz de la Sierra cuando debió ser hospitalizado en el Hospital Japonés debido a una descompensación, en noviembre de 2019 -mes en que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales. Aún en terapia intensiva, Molares fue imputado en una causa fabricada por el gobierno golpista, que lo acusó de incitación a la violencia por su presunta participación en un bloqueo en el puente La Amistad. A fines de noviembre, fue trasladado al penal de Palmasola y posteriormente al de Chonchocoro en La Paz.

Recientemente, Molares contrajo Covid-19 y debió ser trasladado a un hospital. El ensañamiento de la justicia boliviana se revela en que fue esposado a su cama.

Todo el proceso se caracteriza por serias irregularidades. El padre de Facundo, Hugo, juez de Paz en Trevelin (Chubut), viajó en noviembre pasado y apenas le permitieron ver a su hijo. Fue maltratado y amenazado de muerte.

Por estos días, circulan versiones de negociaciones entre el gobierno argentino y el nuevo gobierno boliviano a efectos de lograr la libertad de Molares.

En la actividad realizada en Buenos Aires participó una delegación de la Agrupación de Trabajadores Bolivianos (Atrabol), el Partido Obrero, Quebracho, la CTD Aníbal Verón y la Coordinadora de Unidad Barrial (Cuba), entre otras organizaciones.

Reclamamos la libertad inmediata y la repatriación para Facundo Molares. Juicio y castigo a todos los responsables del golpe.

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24/11/2020

Se conformó la Agrupación de Trabajadores Peruanos

El Polo Obrero acompañó el domingo 15 la acción de la comunidad peruana en Plaza de Mayo.

El pasado sábado 21 de noviembre se llevó adelante un plenario con activistas peruanos del Polo Obrero y del Partido Obrero residentes en la Argentina y en Perú, que surge como iniciativa a raíz de la rebelión del pueblo trabajador desatada en Perú. Una rebelión con movilizaciones de masas que han tenido a la juventud como vanguardia de la lucha, reclamando una salida a esta crisis, denunciando a todo un régimen, sin defender al expresidente Martín Vizcarra, pero tampoco dando una cuota de confianza al Congreso plagado de corruptos. Levantando la consigna de “que se vayan todos” y por una asamblea constituyente. Esa lucha volteó al gobierno de Manuel Merino, sucesor de Vizcarra que provocó un baño de sangre contra los movilizados.

Entre las intervenciones del plenario se destacan las que denunciaron el rol de la prensa peruana con falsas noticias, o incluso la cobertura deformada sobre los acontecimientos; otras sobre el problema educativo, denunciando la privatización del sistema y la imposibilidad de acceder a la universidad para la población trabajadora.

Como una de la principales conclusiones de este plenario surgió la necesidad de la conformación de la Agrupación de Trabajadores Peruanos en la Argentina para organizar una intervención activa en este proceso de rebelión, convocando y participando en cada movilización, desarrollando un plan de lucha desde acá, y con el objetivo de la construcción de un partido obrero revolucionario en Perú, para profundizar la lucha por el juicio y castigo a los responsables de la represión y los asesinatos, que se vayan todos, y por una constituyente libre y soberana.

La comunidad peruana se movilizó y reclamó "que se vayan todos" (prensaobrera.com)

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24/11/2020

Perú, tras la movilización que volteó al gobierno de Merino

Que se vayan todos: Asamblea Constituyente soberana.

Foto: @Foncho_ss

El 10 del corriente, el gobierno de Martín Vizcarra fue volteado por un golpe operado desde el Parlamento. Inmediatamente, Manuel Merino pasó, de la presidencia de la Unicameral, a ser ‘elegido’ presidente del Perú.

Pero, 5 días después, el domingo 15, Merino presentó su renuncia como presidente y junto con él caía también el jefe de gabinete y los ministros que aún continuaban. Porque ya desde la noche del sábado la mayoría de ellos había ido renunciando. Desde el mismo momento que Merino asumió comenzaron las manifestaciones contra el golpe, en su mayoría protagonizadas por jóvenes universitarios. El nuevo gobierno respondió con represión. Esta, en lugar de hacer refluir las protestas, las incrementó, radicalizó y extendió a todas las ciudades del Perú. El sábado 14 fue el apogeo de las marchas… y de la represión. Más de 100 mil jóvenes, en su mayoría, hicieron recordar las escenas del ‘Argentinazo’, donde los choques policiales en las calles llevaron al gobierno de De la Rúa a decretar el estado de sitio primero y luego, ante el incremento de las movilizaciones que iban de cabeza a un levantamiento general, a renunciar y huir de la Casa de Gobierno en helicóptero. El sábado fueron asesinados por la policía, Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez (24 y 22 años), un centenar de jóvenes heridos y otra cantidad mayor detenida (varios secuestrados por personal civil).

Merino, acosado por la fiereza de la lucha juvenil, convocó el domingo a la mañana a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Como estos decidieron no concurrir, como se dice ‘soltándole la mano’, presentó su renuncia un par de horas más tarde. Fue acompañada, también, por la del presidente del parlamento que había sucedido a Merino en ese cargo. El Perú quedo acéfalo casi un día entero. Nerviosas negociaciones se realizaron durante la jornada y al día siguiente, bajo la amenaza directa de nuevas convocatorias a las marchas, el Congreso eligió presidente a Francisco Sagasti, del Partido Morado.

Nuevo cuadro político

Vizcarra cayó por un golpe. Pero la renuncia de Merino fue producto directo de las masivas y combativas movilizaciones de la juventud.

Intentos de algunos medios de prensa de encauzar las marchas contra el golpe como marchas por la restitución de Vizcarra, fracasaron. Las consignas de las marchas y los piquetes que se organizaron e hicieron frente a los ataques policiales, eran: “ni Vizcarra, ni Merino”, acompañadas en muchos casos por el “tampoco el Congreso corrupto y golpista” y por el “que se vayan todos”, “por una Asamblea Constituyente”.

El Congreso tuvo dificultades para encontrar el ‘candidato’ sucesorio. Porque la destitución de Vizcarra fue por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Casi todos los partidos actuantes votaron la destitución. El único que no lo hizo fue el Partido Morado, de centro derecha, que era la octava minoría en la Unicameral y que con un 7% en las elecciones tenía 9 diputados. Y el centroizquierdista Frente Amplio que con 5% de los votos, había descendido en las últimas elecciones de 20 a 9 diputados y era la minoría 11° del parlamento. El Frente Amplio votó dividido, unos por la destitución de Vizcarra y otros en contra.

No tuvieron más remedio que buscar entre estas dos fuerzas minoritarias a los postulantes para ‘elegir’ al nuevo presidente del Perú y al de la Unicameral. No había otros. Todos los demás habían votado por la destitución golpista de Vizcarra. Y si se elegía de esta cantera golpista, se corría el riesgo que se profundizara la movilización popular tras la consigna del “que se vayan todos”. La burguesía prefería no correr el riesgo. El Congreso votó que dos partidos minoritarios, los únicos que se opusieron a la destitución de Vizcarra, se hicieran cargo del Poder Ejecutivo y del Legislativo: Francisco Sagasti, del Partido Morado, como presidente nacional y Mirtha Vázquez, del Frente Amplio, presidente de la Unicameral.

El objetivo central del nuevo gobierno es contener, evitar que se continúe, profundice y extienda la movilización juvenil y las demandas obreras y populares. Trata de encauzar estas tras las convocadas elecciones de abril próximo. Pretende defender las ‘conquistas’ reaccionarias y antiobreras obtenidas en este período y recauchutar el aparato estatal golpeado por la irrupción de las masas.

Es un gobierno continuista. Algunos de sus ministros son, directamente, del gobierno de Vizcarra. En primer lugar, el ministro de Trabajo, responsable directo de dar el visto bueno con el cual las patronales -en el marco del sistema de la “suspensión perfecta” que él instaló- han cesanteado a miles de trabajadores. Otro es el de Salud, el que llevó al Perú al podio de los países más castigados por el Covid-19.

Violeta Bermúdez, la nueva jefa de gabinete, salió a plantear que se investigara, en el ámbito ‘administrativo’, el asesinato de los dos jóvenes y el carácter criminal de la represión. Señaló que el objetivo del esclarecimiento era salvar la “institución”: que no quedara manchada la misma por el accionar descontrolado de un grupo. Una ‘institución’ que consideró fundamental por ser parte del sistema de gobierno y de las “relaciones con la ciudadanía”.

En este contexto, cobran especial relevancia las consignas de: cárcel, juicio y castigo a los ejecutores y los responsables de la represión. Libertad a todos los detenidos. Indemnización del Estado a las víctimas. Disolución de los cuerpos represivos.

El gobierno de Vizcarra gobernó en acuerdo con las grandes mineras y la cámara empresaria Confiep (los llenó de subsidios) y llevó adelante fuertes ataques contra las conquistas y condiciones de vida de los trabajadores.

La crisis desatada en las alturas y la irrupción de masas que derribó al gobierno Merino, crean una nueva relación de fuerzas. Es hora de salir a reclamar por el salario, la derogación de la ‘suspensión perfecta’, la reincorporación de los cesanteados y suspendidos, la recuperación de las paritarias clausuradas por el gobierno, etc. Hay condiciones políticas y sociales favorables para encarar estos reclamos, reorganizar las filas del movimiento obrero y pasar a la acción directa para imponerlas.

La fuerza de la irrupción juvenil logró tirar abajo a Merino, pero no pudo avanzar para que se vayan todos. La burguesía ha maniobrado rápidamente. Los límites de la irrupción juvenil no están dados por su falta de valentía sino por la falta de una dirección política que arrastrara a todo el pueblo explotado y en primer lugar a los trabajadores a la huelga general por todos los reclamos de las masas, por el que se vayan todos, y por una Asamblea Constituyente soberana.

La burocracia stalinista de la central obrera (CGTP) inicialmente llamó al ‘diálogo’ con el gobierno Merino. Cuando las movilizaciones fueron creciendo se plegó al reclamo de la renuncia de este. Pero convocó a una jornada de lucha recién para… el miércoles 18 de noviembre (una semana después que empezara la irrupción combativa de la juventud). En el marco de una lucha tan fuerte, una semana es una eternidad. En el ínterin, se produjo el gran choque del sábado 14 y la renuncia de Merino el domingo 15. El movimiento obrero no fue organizado, ni convocado a parar y a salir a la calle junto a la juventud. Los jóvenes obreros que se plegaron lo hicieron por la propia, al margen de la pasividad de la CGTP y de las direcciones sindicales.

“Que se vayan todos”

Es la consigna central que mantiene vigencia. No sentarse a esperar las elecciones de abril, sino desarrollar la acción directa reclamando “que se vayan todos ¡ya!. Por una Asamblea Constituyente soberana”. Todo el aparato estatal está corrompido, no solo Vizcarra y Merino. El Congreso que votó la destitución golpista y el nombramiento de Merino, luego le aceptó su renuncia y nombró a Sagasti como presidente. Y la justicia cómplice: todos deben ser echados. Y esto solo será posible con la movilización general de los trabajadores, campesinos y estudiantes. Con la huelga general.

El nuevo presidente Sagasti ha declarado que la convocatoria a una Constituyente no es prioridad de su gobierno de transición. Lo que prevalece, al menos por ahora, es el temor fundado a que una Constituyente que funcione bajo el clima generado por la caída de Merino, pueda acelerar un desmadre de la situación y ser sometida a presiones y resoluciones fuera de su control. La burguesía quiere que se ‘mantengan todos’ y para eso propone esperar las elecciones de abril (donde se elegirán entre los partidos que los contienen a ‘todos’ y que se presentaron antes de la crisis y la caída de Merino, y, donde estarán proscriptas las nuevas fuerzas y la izquierda que se han destacado y surgido de las recientes luchas).

La consigna de la Constituyente no debe ser entendida solo para modificaciones en el plano institucional, sino para reformular toda la vida nacional. Para imponer las medidas que saquen a las masas trabajadoras de la crisis en que están sumergidas (nacionalización del sistema de salud, expropiación de las mineras, revolución agraria, control obrero, ingreso irrestricto de los hijos del pueblo trabajador a la Universidad pública y gratuita, nacionalización del sistema previsional: basta de AFP, no pago de la deuda pública: plan nacional de obras públicas y viviendas populares, etc.).

El problema central es entonces ayudar a dotar a las masas en lucha de direcciones consecuentes, de independencia de clase. En primer lugar es necesario reclamar a la dirección de la CGTP que rompa su subordinación a los gobiernos y frentes burgueses y lance un plan de lucha que culmine con la huelga general por los reclamos de las masas (derogación de la ‘suspensión perfecta’, etc.) y que se pronuncie por el “que se vayan todos” y por una Asamblea Constituyente soberana. Es necesario reorganizar al movimiento obrero hoy fuertemente atomizado: por un congreso de bases con delegados elegidos en las fábricas para discutir cuál es el programa y la orientación que deben asumir los trabajadores frente a esta crisis.

 

 

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23/11/2020
INTERNACIONALES

Colombia conmemora su rebelión con una semana de protestas

El 21 de noviembre se cumplió en Colombia el primer aniversario de una formidable jornada de paro y movilización contra las políticas de ajuste del gobierno de Iván Duque que sumaron al país cafetero a la ola de rebeliones que ya sacudía a Chile y Ecuador. El paro fue seguido por cacerolazos y nuevas protestas, en el curso de las cuales el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) asesinó al joven Dilan Cruz, quien se transformó en uno de los íconos de la revuelta.

Esta semana se están desarrollando en todo el país distintas medidas de lucha y conmemorativas de aquellos acontecimientos. El 19, el Comité Nacional de Paro, que nuclea a las centrales obreras y a otras organizaciones, realizó una jornada de movilizaciones que reclamó un subsidio equivalente al salario mínimo durante seis meses para los sectores más afectados económicamente por la pandemia; la anulación de un decreto precarizador que posibilita la contratación por horas; y el fin de los asesinatos contra activistas sociales (más de 250 en lo que va del año, según el registro de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz). El asesinato de Bayron Revelo, dirigente del Sindicato del Magisterio de Nariño (Simana), es el último de estos crímenes.

Algunos de los sectores del movimiento obrero colombiano que están en lucha son los maestros, que vienen de un paro de 48 horas en octubre contra el retorno a clases sin condiciones de seguridad e higiene; los petroleros, que luchan contra la privatización del área de distribución de combustibles de Ecopetrol; y los mineros de Sintracarbón de La Guajira, que llevan más de 80 días de huelga contra el intento patronal de imponer el “turno de la muerte”, que intensifica peligrosamente las jornadas de trabajo (de ahí su nombre) y barre con un turno, lo que podría dejar 2500 obreros despedidos.

El 21 se desarrollaron movilizaciones de los estudiantes, quienes pelean por la gratuidad de la educación universitaria. Para este 23 está programado un homenaje a Dilan Cruz impulsado por sus familiares, en el aniversario de su fallecimiento. A su vez, este 25 el movimiento de mujeres ganará las calles en el día de la no violencia.

La orientación del gobierno de Duque encuentra su más fiel expresión en el presupuesto 2021, que destina un 35% de los ingresos al pago de la deuda externa y al aparato de seguridad. La Fuerza Aérea viene de hacer maniobras conjuntas con tropas norteamericanas. Mientras tanto, la población trabajadora se hunde en la pobreza y en el desempleo, que ya asciende al 20%.

Duque impulsa una agenda de represión, privatizaciones y ajuste a gran escala que engendra una resistencia de las masas. Tras la rebelión de noviembre pasado, se vivieron otras importantes jornadas en septiembre, cuando el crimen del taxista y abogado Javier Ordoñez a manos de la policía desató una sublevación que dirigió su ira contra distintas dependencias de esa institución. El gobierno respondió con una represión que dejó más de una decena de muertos.

Las masas encuentran un obstáculo en su lucha en la dirección del Comité Nacional de Paro. Ya en noviembre pasado, en medio de los cacerolazos que seguían al 21N, el titular de la CGT, Julio Gómez, había declarado: “el paro terminó (…) hoy tiene que volver la normalidad” (Clarín, 23/11/19). Por estos días, el Comité Nacional de Paro centra sus energías en una ingenua petición de “diálogo” al gobierno de Duque. Viene desarrollando jornadas en forma espaciada que repiten un mismo formato, todo lo cual le resta contundencia a las medidas.

Para quebrar el ajuste es necesario profundizar las medidas de lucha, en la perspectiva de la huelga general.

 

Por una segunda Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos (prensaobrera.com)

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22/11/2020

Ya salió “Los desafíos de la izquierda”

Las resoluciones y la intervención del PO en la primera conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos.

Ya se encuentra disponible el libro Los desafíos de la izquierda – Crisis capitalista, pandemia y rebeliones populares, compilado por Pablo Heller y Pablo Giachello (dirigentes del Partido Obrero) y editado por Ediciones Rumbos, que ofrece una amplia cobertura de la primera Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, desarrollada virtualmente a fines de julio y comienzos de agosto, con la participación de más de 50 organizaciones de 15 países.

Aquella conferencia fue convocada por el Frente de Izquierda – Unidad de la Argentina y contó con mesas-debate (sobre la crisis mundial y la situación norteamericana, sobre el movimiento obrero y sobre la situación latinoamericana) y un plenario que adoptó resoluciones prácticas.

El libro reproduce los documentos que pavimentaron el camino hacia la conferencia, incluyendo la convocatoria común del FIT-U y un texto para el debate presentado conjuntamente por el PO, la Agrupación de Trabajadores Bolivianos (Atrabol) y organizaciones de Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica y México. Asimismo, cuenta con las principales intervenciones de los dirigentes del PO en las mesas-debate y en el plenario de cierre.

En el texto de balance de la conferencia que abre el libro, Pablo Giachello resalta que “la resolución de la Conferencia vuelve a reivindicar la defensa de la independencia política de los trabajadores, el rechazo a los frentes y organizaciones políticas basados en la colaboración de clases y la unidad internacional de los trabajadores”.

El material permite recorrer también los debates y divergencias en el curso de las jornadas, por ejemplo respecto al alcance del conflicto entre Estados Unidos y China (y la posibilidad de una guerra), el golpe en Bolivia, la consigna “fuera Trump” y muy especialmente la cuestión de los frentes y partidos “amplios”, así como la intervención de los revolucionarios en ellos. La delegación del PO enfatizó la necesidad de luchar por la construcción de partidos revolucionarios de combate, en contraposición a los armados oportunistas y de colaboración de clases (como el Psol brasileño y el NPA francés, sobre los cuales el libro ofrece dos textos críticos complementarios). Además, se puede encontrar un balance sobre la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI).

Los desafíos de la izquierda... ve la luz en momentos en que el Partido Obrero está empeñado en el desarrollo de una segunda conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos que dé una respuesta ante la agudización de la crisis capitalista y la nueva ola de rebeliones populares que se avecina.

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-884851400-los-desafios-de-la-izquierda-conferencia-latinoamericana-_JM

22/11/2020
INTERNACIONALES

Guatemala se suma a las rebeliones continentales

Abajo el presupuesto del ajuste. Libertad a todos los detenidos.

Las protestas contra el presupuesto 2021 de ajuste en Guatemala, el país más grande de Centroamérica, llegaron a la retina de todos los luchadores del continente por la firmeza de sus animadores. El sábado, decenas de miles se congregaron en las inmediaciones del Congreso, siguiendo la convocatoria de organizaciones sociales, estudiantiles, de mujeres y de derechos humanos. Lo más impactante fue el repudio a los símbolos del régimen, como el cinemático ingreso al recinto parlamentario -vitoreado por la multitud- que posteriormente derivó en el descuelgue de cuadros y retratos de los corrompidos mandatarios guatemaltecos. Mientras tanto, en las calles aledañas, miles saldaban sus cuentas con las insignias burguesas de la herencia colonial.

“Algo no anda bien”

La reacción gubernamental optó por una feroz represión policial, que derivó en una cacería -prolongada hasta la madrugada del domingo. La Policía Nacional Civil, el corrupto organismo armado con los resabios del pasado militar, se ensañó con los manifestantes, y no vaciló en violentar a periodistas, ancianos y niños. El saldo oficial contabiliza 37 detenidos, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian muchos más: varios manifestantes se encontrarían aún desaparecidos, mientras que a otros, heridos de gravedad y en riesgo de vida, se les estaría negando la atención médica adecuada.

Guatemala está inmersa en una prolongada crisis, que la asunción del actual presidente Alejandro Giammattei, hace escasos diez meses, no ha logrado zanjar. El regreso de la derecha conservadora y militarista al gobierno se produjo luego del descrédito del ex presidente Jimmy Morales, un conductor televisivo que se presentaba como “outsider” de manos limpias, pero que terminó sus días envuelto en nuevos escándalos de corrupción y protestas sociales. Giammattei es un hombre de Estado. Anteriormente, había encabezado la candidatura máxima con diferentes sellos y armados políticos, siempre ligados al núcleo concéntrico de la burguesía guatemalteca.

Pero es en el Congreso donde la crisis se manifiesta con mayor intensidad. Pocas semanas atrás, la derecha tradicional, haciendo gala de acuerdos y prebendas, imponía nuevamente la mayoría en la constitución interna del cuerpo. Justo cuando el gobierno se aprestaba a erguirse como garante del orden, la entrada en escena de protestas masivas, anticipadas por las valerosas luchas de campesinos y originarios contra las consecuencias devastadoras de los huracanes Iota y Eta, está trastocando todos sus planes.

Es en este marco que el vicepresidente Guillermo Castillo, en una disputa de camarillas con el primer mandatario, declaró a la prensa mundial que las cosas no estaban bien y que, atendiendo al malestar general, lo correcto era que ambos renunciaran para entregar el poder a una comisión de notables conformada por el parlamento. Esta maniobra, que el presidente Giammattei puede verse forzado a acatar, apunta a ensanchar la base de sustentación del gobierno, copado por figuras del riñón presidencial. El presupuesto 2021, con números dibujados, un tercio de su gasto solventado por deuda, erogaciones siderales para los capitalistas amigos y un recorte criminal a los fondos sociales, se ha demostrado inviable. La catástrofe económica y social está dando lugar a una nueva crisis política.

Por una Segunda Conferencia Latinoamericana

Al calor de las luchas contra el ajuste y la pandemia, está surgiendo un nuevo activismo juvenil y obrero en Guatemala que, en los últimos meses, ha dado pequeños pasos al conformar frentes de lucha universitarios y sindicales. Como en los aguerridos cortes de ruta contra el acuerdo con el FMI en Costa Rica, o las sendas manifestaciones contra el presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, se presenta una contradicción entre la combatividad de estos movimientos y sus direcciones políticas, en las cuales aún prima la intervención sin fronteras de clase.

El llamamiento a una segunda Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, que acaba de realizar nuestra corriente, está dirigido a las organizaciones revolucionarias, obreras y antiimperialistas que acuerden con la necesidad de constituir un fuerte polo de independencia política, cuyo objetivo sea contribuir al triunfo de la nueva tanda de rebeliones.

https://twitter.com/jovannagarcon/status/1330360918790770692

https://twitter.com/skyblue1990/status/1330355259848478723

 

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22/11/2020
SINDICALES

Nueva jornada de lucha contra la precarización en Chaco

Reclaman el pase a planta permanente.

Este viernes 20 de noviembre, en horas de la mañana, se realizó una nueva movilización en defensa del pase a planta. Esta movilización contó con la presencia de trabajadores del hospital Perrando, del hospital Pediátrico, precarizados de las escuelas, registro civil, de los geriátricos, Tribuna Estatal y APTASCH (Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco), quienes se manifestaron frente a la casa de gobierno del Chaco y en varias localidades del interior provincial. Nuevamente fueron recibidos por el aparato represivo del gobierno de Jorge Capitanich, que rodearon a los trabajadores para que no continúen con la movilización y el corte para visibilizar el reclamo, mientras esperaban una respuesta al pedido de audiencia con las autoridades provinciales que nunca aparecieron.

Son miles los precarizados dependientes de los distintos ministerios que están a la espera de sus pases a planta hace más de diez años, cobrando salarios que van de los 3 mil pesos hasta 17 mil pesos que es el salario actualizado de un trabajador de la salud que hace guardias de 16 horas por día. Personal esencial sin obra social, sin seguro, con sueldos de miseria. Mientras Capitanich anuncia con bombos y platillos un bono de 3 mil pesos que nunca llega, pacta con la burocracia sindical  un aumento que nuevamente hace perder el poder adquisitivo frente a la inflación, 7% anual frente a una inflación que se prevé alrededor del 40% este año.

La precarización en el sistema de salud está llevando a qué muchos trabajadores renuncien y busquen otras alternativas frente a la miseria salarial que cobran.

Terminada la jornada, que duró hasta la tarde, los trabajadores reunidos en asambleas decidieron continuar con un plan de lucha, seguir sumando compañeros y compañeras precarizadxs de los distintos ministerios, seguir con la campaña por el interior, y realizar una caravana por las calles para continuar con los reclamos.

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22/11/2020

Bahía Blanca: el genocidio de los adultos mayores

Ante la falta de una ambulancia, un hombre de 96 años debió ser trasladado por un vecino.

“Si tenés los síntomas de Covid-19 o necesitás información, llamá al 147 (de lunes a viernes de 9 a 15 horas). Por emergencias médicas, al 107”, informan los medios locales. ¡¡Y esperá sentado!!

Un joven bahiense, de nombre Tomás, contó en Twitter lo que estaba sucediendo con su vecino jubilado: "él es mi vecino (Uberto), tiene 96 años y desde hace unos días tiene malestar general. Ayer por la noche llamó a la ambulancia, vinieron, le tomaron la presión y temperatura y se fueron. Hoy se llegó a sentir tan mal que llamó al 107, pidió ayuda, cerró su casa y salió afuera esperando una ambulancia que nunca va a llegar porque lo llama una supuesta doctora que le pregunta mil cosas que ni siquiera puede responder del cansancio y se pasan la papa quemada de mano en mano para no enviar a nadie".

Entonces, Tomás decidió trasladar a Uberto por sus propios medios. "No tenemos ni las herramientas ni el conocimiento como para ayudarlo, presenta síntomas de Covid y nos dan mil vueltas de todos lados para no venir; están dejando morir a una persona en la calle, con síntomas y nadie se hace cargo, lo peor es que según me contaron esto pasa con todos los ancianos, no es un caso aislado, esto lo hacen con todos los ancianos que tengan un mínimo malestar". Tomás cuenta que se contactaron de otras partes del país y le relataron situaciones similares, desde San Juan y La Pampa, entre otros lugares.

La desidia que se abate sobre la población en general y los adultos mayores en particular se puede ver en Bahía Blanca en los más de trescientos geriátricos existentes de los cuales solo once están habilitados y que han sido y son un centro de contagio importante y permanente del Covid, además de las condiciones de precariedad laboral y la sobreexplotación en la que deben desenvolver sus tareas las trabajadoras y trabajadores del sector. Una actividad esencial, cuyas condiciones mínimas de seguridad y salubridad no son garantizadas ni por las patronales ni por el Estado, que tiene perfecto conocimiento de la irregularidad en la que se maneja la enorme mayoría de estos establecimientos, que operan pese a no tener la habilitación correspondiente.

La situación general de los adultos mayores se agrava con el ajuste que descarga el gobierno sobre los jubilados, otorgando por decreto un aumento miserable de treinta pesos por día, para llevar en diciembre la mínima a $19.025 ante una canasta de pobreza de $50.000. ¡Los jubilados están por debajo de la de indigencia!

El gobierno de los Fernández no esperó a firmar ningún plan de ajuste con el FMI; se ha anticipado como un buen lacayo. Por esto, planteamos realizar una concentración el día que se trate la nueva movilidad para impedir que se consume este robo.

Reclamamos a la CGT y a la CTA que rompan su pacto con el gobierno y convoquen un inmediato paro nacional para que no se sancione este nuevo saqueo que también afectará a los activos.

No al pacto con el FMI. No al proyecto de movilidad que hunde a las jubilaciones. Por el control de las cajas de jubilaciones y el Pami por los propios trabajadores.

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TIERRA PARA VIVIR

Córdoba: acampe por la inmediata libertad de las mujeres presas tras el desalojo en Estación Ferreyra

Frente a la Unidad de Contención del Aprehendido. El fiscal Casas actúa por fuera de todo marco legal.

El Polo Obrero y el Partido Obrero, en horas del mediodía, marcharon desde Tribunales I hacia la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) en donde están detenidas Karen y Marina, desde el pasado jueves, tras el desalojo ilegal de la ocupación de tierras ubicada en Estación Ferreyra.

Karen y Marina ya deberían estar libres. Sin embargo, hay un claro ensañamiento del poder judicial y político contra dos mujeres sin vivienda. Es grave que, habiéndose constatado a través de planilla prontuarial que ninguna de las detenidas tiene antecedentes penales, el fiscal Casas no ordene la libertad y tampoco disponga la prisión preventiva según establece el Código Penal.

Es evidente el ensañamiento y la misoginia con la que actúa el fiscal Casas luego de desalojar ilegalmente, reprimir y despojar de sus únicas pertenencias a las mujeres madres con niñes a cargo.

Es claro que apunta contra ellas para criminalizar y aleccionar a las familias pobres que luchan por la vivienda digna. Karen y Marina son presas políticas de una orientación de gobierno que niega la vivienda para favorecer el negociado de la especulación inmobiliaria.

El Partido Obrero y el Polo Obrero realizarán las acciones legales y parlamentarias correspondientes para denunciar este ataque a las libertades democráticas y al derecho a la vivienda. Llamamos a las organizaciones sociales, políticas, sindicales combativas y de Derechos Humanos a exigir la libertad inmediata de las compañeras.

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Y se prepara para movilizar el próximo 18 de junio, junto a la comunidad educativa, en defensa de las escuelas y contra su desfinanciamiento.
20/11/2020
ARGENTINA - URUGUAY

Fernández y Lacalle Pou, más allá de la grieta

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y el presidente argentino Alberto Fernández compartieron un asado en Colonia en el que, según el canciller charrúa Francisco Bustillo, se hablaron “solo generalidades”. Con el encuentro, interpretan los medios, se busca relanzar una relación que se había enfriado en los últimos meses (Fernández no asistió a la investidura del mandatario uruguayo).

Las “generalidades” de la reunión se tradujeron en la falta de cualquier definición sobre aquellos puntos controvertidos de la relación bilateral, como la política que se está dando Uruguay para atraer -vía mayores facilidades impositivas- inversiones argentinas. O la crisis del Mercosur, donde Uruguay -actual presidencia pro-témpore- promueve la firma de tratados de libre comercio entre el bloque sudamericano y China y Estados Unidos, y amenaza con avanzar en acuerdos bilaterales propios si aquello no prospera.

En ausencia de definiciones sobre los puntos críticos, queda apenas una vaga referencia de Alberto Fernández tras el encuentro a “trabajar juntos para que la región vuelva a unirse, respetando la diversidad ideológica y haciéndonos fuertes en un mundo que se globaliza”.

Esta superación de la “grieta” entre regímenes “nacionales y populares” y derechistas ya conoció un capítulo respecto a Venezuela, donde tanto el gobierno argentino como el uruguayo suscribieron el informe Bachelet que condena al país caribeño por violaciones a los derechos humanos, en lo que es en verdad solo una pantalla de la campaña golpista de Donald Trump y los Estados Unidos contra ese país.

Al mismo tiempo, ambos mandatarios han saludado el triunfo de Joe Biden, llegando a calificarlo Fernández como un “cambio de época” para las relaciones con América Latina. Biden, sin embargo, reasegura la continuidad del sometimiento para el subcontinente. En sus tiempos como senador, respaldó la guerra de Malvinas, la invasión de Afganistán y de Irak.

Digamos aquí de paso que la transición norteamericana deschava al Grupo de Puebla. Mientras Fernández se esmera por conseguir un contacto telefónico con el presidente electo, el mexicano Andrés Manuel López Obrador dilata el reconocimiento del demócrata debido a sus lazos con Donald Trump. Dos caras de un mismo sometimiento.

Otro punto de contacto entre las dos orillas del Plata es el ajuste. Mientras Fernández prepara el ajuste fiscal, la suba de tarifas y una nueva fórmula jubilatoria que perjudica a los jubilados, en aras de lograr un acuerdo con el FMI, en Uruguay la coalición que encabeza Lacalle Pou ha impuesto una Ley de Urgente Consideración que avanza en un recorte del gasto público y en el cercenamiento del derecho a huelga.

La clase trabajadora necesita emerger como un polo político independiente a los dos lados del anchuroso río.

https://prensaobrera.com/internacionales/por-una-segunda-conferencia-latinoamericana-y-de-los-ee-uu/

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19/11/2020
INTERNACIONALES

Acampe indígena en Paraguay

La lucha por la tierra y la vivienda en el país vecino.

Desde hace veinte días, un acampe de 400 indígenas permanece en la Plaza de las Armas, Asunción. Las comunidades de Mbya y Ava Guaraní vienen exigiendo desde 2019 la titularidad de sus tierras, que la producción ganadera pase a estar bajo su control y que se cumpla con la construcción de 300 viviendas sociales.

El gobierno convocó una única mesa de diálogo a través de Hugo Cáceres, coordinador de la Unidad de Gestión. Allí les ofrecieron retirarse de la plaza a cambio de planes sociales y prioridad en la construcción de sus viviendas, aunque sujetas al Presupuesto 2021, que ya anticipó un ajuste del 16% al Instituto Nacional del Indígena. Pero las familias, hartas de promesas incumplidas, respondieron que no se irían hasta ver concretados sus reclamos.

Con el objetivo de deslegitimar y quebrar su lucha, algunos medios de comunicación publicaron informes -de dudosa procedencia- donde aseveran que las familias indígenas ya aceptaron la propuesta del gobierno y que quienes sostienen el acampe “son okupas urbanos” (Última Hora, 13/11). En el mismo sentido, el Ministerio de la Niñez denunció a padres y madres alegando que exponen a sus hijos a los resfríos de la intemperie y al contagio de Covid-19 (ABC, 11/11).

Una impostura total. Desde hace años, los indígenas denuncian el desplazamiento de sus territorios a manos de grupos sojeros y ganaderos que superexplotan sus suelos y monopolizan el acceso a agua potable y servicios energéticos de la zona. Despojados de sus recursos laborales, el 76% de los indígenas vive en la pobreza extrema (EFE Noticias, 7/3) y uno de cada dos niños padece desnutrición (Última Hora, 3/2/2019). Estas cifras se agudizaron durante los meses de pandemia, donde además se agravaron las restricciones para acceder al sistema sanitario y tratar a los contagiados. En Paraguay, el 90% de la tierra está concentrada en el 5% de los propietarios más ricos (ídem, 27/3/17).

A mediados de octubre, la Unidad Campesina Indígena y Popular, integrada por la Coordinación Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena, había pactado con el Ejecutivo y el Legislativo paraguayo conformar una mesa de trabajo para dar solución a las problemáticas económicas ocasionadas por el impacto producido por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, los sectores campesinos e indígenas han manifestado que hasta la fecha el gobierno y el Congreso han invisibilizado las exigencias que ya habían expresado durante cuatro días continuos de intensas protestas desde el pasado 12 de octubre (Telesur, 28/10). Desde mediados de octubre, la Unidad Campesina Indígena y Popular se moviliza semanalmente para exigir que el gobierno cancele la deuda de préstamos productivos.

Por el derecho a la tierra y la vivienda, tanto en Paraguay como en Argentina. No a los desalojos. Por un plan de lucha de las centrales obrero-campesino-indígenas que venza el ajuste de Benítez.

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19/11/2020

Chile: cae el jefe de Carabineros tras represión en hogar de menores

Dos jóvenes heridos de bala. Una institución irreformable.

La brutal incursión de efectivos de Carabineros en un hogar de menores de la ciudad de Talcahuano, en donde balearon en las piernas a dos jóvenes de 14 y 17 años, precipitó la renuncia del jefe de esa fuerza, Mario Rozas, quien se alejó del cargo la mañana de este jueves 19.

Los hechos en el hogar Carlos Macera, dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename), se habían desenvuelto el miércoles. Los efectivos acudieron al lugar ante el llamado de un cuidador, debido a incidentes en la entidad, y allí descargaron la balacera. El presidente Sebastián Piñera tuvo que cancelar su participación en una ceremonia de ascensos de la fuerza y aceptó la renuncia de Rozas esta mañana, al que, sin embargo, despidió de este modo: “quiero expresar con toda la fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido” (La Tercera, 19/11).

Este reconocimiento responde a la tarea desarrollada por Carabineros en el curso de la rebelión abierta en octubre del año pasado. La institución represiva descargó un brutal ataque contra la población movilizada, que dejó varios muertos y acuñó la siniestra metodología de disparar a los ojos para cegar a los manifestantes (a enero de 2020, casi 400 manifestantes habían sufrido lesiones oculares). Más recientemente, a apenas dos semanas del primer aniversario de la rebelión, un efectivo de Carabineros empujó al río desde un puente a un manifestante.

Carabineros aparece involucrada también en los últimos años en el asesinato del referente mapuche Camilo Catrillanca (en 2018) y en la operación Huracán (2017), en la que se manipularon pruebas para acusar de terrorismo a referentes de la comunidad. Esto derivó en una investigación contra los propios uniformados por asociación ilícita.

La lista completa de abusos y ataques -que se han perpetrado tanto bajo los gobiernos de la derecha como los de la vieja Concertación- sería directamente interminable.

La salida de Rozas apunta a calmar las aguas ante la bronca popular. Mientras tanto, todo el arco político patronal -de derecha a izquierda- plantea algún tipo de reforma para salvar a la institución. Quien mejor lo resumió es el presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, al reclamar “una reforma profunda de Carabineros para que recuperen el aprecio que la ciudadanía les tenía en el pasado” (ídem). Incluso el PC es tributario de estos planteos “reformistas”, al reclamar una “reformación profunda” con un “interventor civil” al frente, según declaraciones del diputado Daniel Núñez (ídem).

Carabineros es una institución irreformable, dada su función de cuerpo armado del Estado burgués. Es necesaria su disolución, el juicio a todos los responsables de la represión, y el desprocesamiento de los luchadores y la libertad de los presos políticos. Todo ello, como parte de la lucha por echar a Piñera y por una asamblea constituyente realmente libre y soberana.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-de-la-evasion-de-molinetes-al-proceso-constituyente/

 

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18/11/2020
AJUSTE y DEVALUACIÓN

La canasta para no ser pobre alcanza a los $50 mil y a $65 mil con alquiler

Con dos salarios o jubilaciones mínimas, una familia queda 20% por debajo de la línea de pobreza. Con un solo ingreso, cae en la indigencia.

De acuerdo con los datos oficiales dados a conocer el martes 17 por el Indec, para no ser pobre, una familia de cuatro integrantes tenía que ganar, en octubre último, casi $50 mil pesos mensuales (el costo de la Canasta Básica Total, CBT), un 5,7% más que en el mes de setiembre. El mismo organismo indica que el 60% de los trabajadores cobra un salario que no supera los $29.000, es decir menos del 58% de ese valor.

Pero, aún más grave, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que una familia debe cubrir para no caer en la indigencia y que dio un salto mensual del 6,6%, alcanza a $20.710, es decir que un alto porcentaje de las familias trabajadoras está incluso cerca de que sus ingresos no le alcancen siquiera para el consumo básico de alimentos, lo cual muestra hasta dónde llega el deterioro del nivel de vida no solo de los desocupados sino incluso de aquellos que cuentan con un trabajo asalariado.

Pero, además, en ninguno de los dos indicadores oficiales está incluido el costo de un alquiler. Así, los sectores de más bajos ingresos, que no han logrado tener la casa propia, se ven crecientemente expulsados de sus viviendas por no poder pagar el alquiler.

Si se computa el gasto en alquiler de una vivienda modesta, el costo de la CBT, estimado por el propio Indec, se elevaría por encima de los $65.000 para la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que, en el caso de ese 60% de trabajadores de menores ingresos, el salario que hoy cobra apenas llega a cubrir el 44% de la Canasta Básica.

El cuadro dramático de las familias obreras lo muestra una encuesta nacional realizada por la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), de donde surge que los asalariados destinan, mientras pueden, un promedio del 47% de sus sueldos para pagar la renta de un lugar donde vivir.

Es, además, sobre las familias obreras donde más golpea el descontrolado incremento de los precios. Así, mientras el índice general de inflación creció en los primeros 10 meses de este año un 26.9%, el costo de la CBT acumuló un aumento del 28,1% y la de los sectores más pobres, la de los alimentos, mostró un alza del 32,9 por ciento.

Este es el cuadro, con una inflación para este año estimada en un 40% y al menos otro tanto para el 2021, en el cual el gobierno y las patronales, con la anuencia de la burocracia sindical de todos los colores, acuerdan paritarias miserables para cumplir con el mandato del FMI, que van del 7% para los estatales hasta no más del 30% para la mayoría de los trabajadores del sector privado.

La supervivencia de la familia trabajadora impone la necesidad de salir a la lucha por la apertura de las paritarias sin techo, por aumentos de salarios que compensen el alza inflacionaria, por un bono de fin de año que cubran las pérdidas salariales sufridas.

https://prensaobrera.com/politicas/alberto-fernandez-ya-aumento-la-deuda-en-20-000-millones-de-dolares/

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El aún elevado 2,6% de suba para abril no es representativo de los consumos de la población ni de los aumentos en transporte y tarifazos oficiales.
Un esquema armado para los exportadores y en contra de los trabajadores.
18/11/2020
INTERNACIONALES

Por una segunda Conferencia Latinoamericana y de los EE.UU.

Llamamiento. Frente a la nueva ola de rebeliones populares.

Foto: @Foncho_ss

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La realización de una Conferencia virtual latinoamericana y de los EE.UU., en agosto de este año, representó un acierto político. Impulsada por el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad de la Argentina, la conferencia logró reagrupar a más de 50 organizaciones de 15 países americanos. De esa manera, dio un paso concreto en la lucha por poner en pie un polo de independencia de clase a escala continental, como respuesta al reguero de rebeliones que sacudieron al continente durante todo el último período.

Ahora, se pone en evidencia la necesidad de darle continuidad a la iniciativa, impulsando una segunda conferencia. Sucede que cuando nos acercamos al final de 2020, empieza a recrearse el escenario de 2019, dominado por la emergencia de enormes rebeliones populares en América Latina. El desembarco de la pandemia estableció un compás de espera a los grandes procesos de irrupción popular. La clase dirigente no se privó de utilizar los peligros de contagios masivos para sacar a las masas de la calle y desactivar la movilización, en nombre de la emergencia. Esta tentativa ha tenido patas cortas y la pandemia se fue convirtiendo en un bumerán, pues puso de relieve el antagonismo existente entre el actual régimen social y los gobiernos que lo representan (cualquier sea su signo político), y la salud, la vida y las necesidades populares más elementales de la población trabajadora.

En las últimas semanas, diversos países se han visto estremecidos por protestas unidas a severas crisis políticas. En Perú, un golpe parlamentario se llevó puesto al presidente Martín Vizcarra. Se desarrolla un proceso de alza de la movilización popular, que cuestiona al conjunto del régimen, a sus partidos y a lo más granado del empresariado peruano, y empieza a resonar en las calles la consigna de que “se vayan todos”, que obligó al reemplazante de Vizcarra, Manuel Merino, a renunciar 6 días después. Se ha abierto una crisis de enorme alcance. En Chile, el 18 de octubre, en el primer aniversario del estallido de la rebelión, se produjeron las movilizaciones más importantes desde la llegada del Covid-19. La jornada del 18 precedió el triunfo aplastante del Apruebo en el plebiscito: un pronunciamiento popular no sólo contra la herencia pinochetista sino contra los 30 años de gobiernos democráticos, como quedó expresado en las consignas que coreaban las masas en la calle, en las históricas jornadas de un año atrás, colocando el dedo acusador contra la democracia capitalista y no sólo contra la dictadura, haciéndola responsable de las penurias de las últimas décadas. En Colombia, miles de personas se movilizaron, el pasado 21 de octubre en todo el país, en el marco de una jornada nacional de lucha convocada por el Comité Nacional de Paro, que reúne a las centrales obreras y organizaciones sociales, cuyas principales consignas fueron el cese de los crímenes contra activistas sociales, la anulación de los decretos antiobreros de Iván Duque (reforma laboral, habilitación de privatizaciones) y la demanda de medidas de emergencia frente a la crisis social. Las principales ciudades ecuatorianas, a su turno, fueron escenario de manifestaciones contra el reciente acuerdo con el FMI, que tiene como contrapartida la exigencia de un brutal ajuste, que podría incluir una suba del IVA, despidos masivos y reducciones salariales en el sector público.

Brasil viene de estar sacudida por la huelga del Correo, de más de un mes, en que los trabajadores salieron a enfrentar los planes de flexibilización laboral y privatizaciones que tiene en carpeta el gobierno Bolsonaro. Centroamérica no escapó a esta situación: Costa Rica se encuentra inmersa en un proceso de movilizaciones ante el anuncio del presidente Carlos Alvarado, respecto al préstamo del Fondo Monetario Internacional, al igual que otra serie de impuestos y medidas que atacan al bolsillo de la clase trabajadora.

El movimiento de la mujer y diversidades que fue uno de las grandes fermentos que pavimentó el camino de las grandes rebeliones populares (Me too en Estados Unidos, Ele Não en Brasil y la lucha librada en Argentina por el derecho al aborto), ahora nuevamente emerge como punta de lanza para la recreación de este fenómeno. La reivindicación del derecho al aborto y contra la violencia de la que es blanco la mujer, contra la precarización laboral y por la separación de la Iglesia del Estado constituyen ejes centrales en la lucha planteada. El movimiento de la juventud, precarizada y/o desocupada, que ha sido protagonista de varios paros internacionales en los últimos meses, viene ocupando también un lugar destacado, lo mismo que el movimiento de lucha ambiental, que plantea, de fondo, un choque con todo el régimen social imperante, que es el responsable último de la destrucción del planeta en aras de la acumulación capitalista.

Esta nueva onda ascendente es inseparable de lo ocurrido en Estados Unidos. La rebelión popular norteamericana ha estremecido los cimientos del sistema político norteamericano, sus partidos y sus instituciones y ha abierto un nuevo escenario internacional. No sólo ha terminado por acelerar el derrumbe de Trump, que ya andaba a los tumbos, sino que está llamada a condicionar la gestión de su sucesor, el demócrata Joe Biden. La derrota de Trump revela el fracaso de una tentativa bonapartista por forjar un régimen fuerte de poder personal, que permita pilotear la crisis dictada por la decadencia histórica de Estados Unidos y el impacto de la bancarrota capitalista en desarrollo. El revés del magnate constituye un golpe a los esfuerzos del imperialismo por apuntalar su lugar de gendarme mundial. Esto vale especialmente para América Latina, el patio trasero de los yanquis. La derrota electoral de los golpistas bolivianos es la manifestación más palpable de ese proceso. No olvidemos que la Casa Blanca estuvo detrás en la instigación y preparación del golpe que derrocó a Evo Morales. La huelga general de doce días demostró que el camino para frenar a la derecha no pasa por sentarse a esperar los pronunciamientos de organismos internacionales o por esperar a derrotar a la derecha en una próxima contienda electoral, sino por la movilización y la acción directa, que obligó a convocar las elecciones, y por agrupar a la mayoría de los explotados detrás de las masas en lucha. Una gran diferencia con los Lula y el PT, que aceptaron el golpe de medio centenar de senadores en Brasil contra Dilma y dejaron que avanzara -sin decretar la huelga general- las reformas laborales y previsionales antiobreras.

La rebelión norteamericana ha oficiado como una bocanada de aire fresco y estímulo para las masas latinoamericanas y ha dejado su marca también en los explotados bolivianos. La movilización popular de agosto con los 200 cortes que estremecieron Bolivia durante doce días, forzaron al gobierno de Jeanine Añez a ponerle fecha a las elecciones, que venían siendo postergadas, y removieron el escollo que representaba la política de paños fríos, apaciguamiento y compromisos que venían llevando adelante Evo Morales y el MAS con los golpistas.

Crisis capitalista

Los gobiernos latinoamericanos se vienen estrellando con el desarrollo de una depresión mundial, muy superior a la de 2008 y sólo comparable con la crisis del ’29. Las expectativas de lograr un despegue económico se han visto rápidamente pulverizadas. No hay salida para los países de la región por medio de una integración mayor en el mercado mundial o una asociación, apertura o desembarco del gran capital o un florecimiento del comercio exterior en momentos en que estamos frente a una huelga de inversiones de los capitalistas a escala global, se cierran los mercados, se comprime la demanda internacional, se multiplican las medidas proteccionistas y somos testigos de una intensificación de la guerra comercial que se ha trasladado también en forma virulenta a América Latina. La bancarrota capitalista acentúa la presión y los condicionamientos coloniales sobre los países emergentes y las tendencias a apropiarse de sus recursos, que se dan en el marco de una furiosa disputa por el botín entre las potencias capitalistas y, en especial, entre Estados Unidos y China. Asistimos a una creciente fuga de capitales de la periferia a las metrópolis, mientras aumentan las exigencias leoninas y la presión del capital internacional y el FMI para el pago de la deuda, que van de la mano de un ataque histórico a las condiciones de vida de las masas. Esta confiscación es la que está en la base de las sublevaciones populares que han estremecido la región.

A diferencia de la bancarrota de 2008, esta vez los Estados capitalistas -en primer lugar, los de las metrópolis- no cuentan con la misma capacidad económica y margen de maniobra que hace doce años atrás. China no está en condiciones de oficiar de locomotora. El recate estatal, por más que adopta grandes dimensiones, no puede evitar que haya una depuración del capital sobrante y atravesemos un escenario de quiebras, con su correlato de cierres y despidos. Y su secuela de crisis políticas, guerras y revoluciones. A pesar de la recuperación de puestos de trabajo ocurrida los últimos meses, el desempleo en Estados Unidos sigue siendo el doble que previo al estallido de la pandemia.

Esto se ve potenciado por la crisis sanitaria. Lejos de extinguirse la curva de contagios, hemos entrado en Europa y Estados Unidos en lo que se denomina una segunda ola, incluso más generalizada que la anterior.

La combinación de la crisis capitalista y sanitaria ha provocado una tormenta perfecta. Los gobiernos, tanto de corte nacionalista como neoliberal, son sobrepasados por la envergadura del colapso actual. Esto revela los límites de la burguesía nacional, del cual ambas variantes son tributarias, para abrir una perspectiva superadora de salida a la crisis.

El rol del “progresismo”

De cara a este escenario se pone más al descubierto el rol estratégico de contención de las masas del nacionalismo burgués y de la centroizquierda, tanto en el gobierno como en la oposición. La gobernabilidad capitalista de América Latina reposa en ese rol.

El ejemplo chileno, donde ha ido más lejos la rebelión popular, es aleccionador. Que la convocatoria a la Constituyente haya sido forzada por la movilización no desmiente el hecho de que se trata de un recurso para el salvataje del Estado capitalista en crisis. La Convención ha sido el fruto del “Acuerdo de Paz Social y la Nueva Constitución”, que los parlamentarios de la coalición oficial pergeñaron con la oposición política como respuesta a la rebelión popular en desarrollo y la huelga general del 12 de noviembre. La Constituyente se realiza con el presidente Sebastián Pinera en el poder; la Convención carece de poder para ejecutar lo que apruebe y todas las reformas deben ser ratificadas por un nuevo plebiscito.

Aunque no firmó el “Acuerdo”, el Partido Comunista ha jugado un papel crucial de freno, en tanto dirección política de la Central Única de Trabajadores y de la Mesa de Unidad Social, al conducir a las organizaciones obreras a una parálisis y encauzar, de entrada, la lucha de las masas al terreno parlamentario, renunciando a enarbolar la consigna “fuera Piñera”.

Es emblemático el rol de Evo Morales y el MAS en Bolivia. La línea maestra que tuvo esa corriente fue la de la "pacificación", procurando sacar a las masas de la calle y buscando un pacto con los golpistas. Esta política de compromiso continúa presente en la agenda del nuevo presidente Luis Arce, quien ha señalado que su política de gobierno es un acuerdo con acreedores y el FMI. Evo Morales acompaña esta orientación.

El “progresismo” latinoamericano, nucleado en el Grupo de Puebla -que tiene en la actualidad como principales exponentes a Alberto Fernández de Argentina y Andrés Manuel López Obrador de México-, ha terminado capitulando ante el capital. Lejos de ser un polo alternativo como proclamaban sus promotores, viene llevando adelante una política de adaptación a las exigencias del imperialismo, siendo el vehículo de un ajuste y ataque a las masas. López Obrador convalidó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, hecho a medida de las reformas alentadas por el gobierno norteamericano, y ha convertido a México en Estado tapón para la circulación de los migrantes, como venía exigiendo la Casa Blanca. Alberto Fernández, a su turno, ha promovido el pago de la deuda externa, el rescate de los bonistas buitres y abierto paso a un acuerdo con el FMI.

Los desafíos de la izquierda

Tomado el panorama de conjunto, salta a la vista que las premisas que en su momento dieron lugar a las grandes sublevaciones populares no solo siguen abiertas sino que se han potenciado. Entramos en un escenario convulsivo que anuncia una segunda ola de rebeliones populares.

Este escenario de renovados choques entre la clase capitalista y sus gobiernos, de un lado, y las masas trabajadoras y oprimidas, del otro, le plantea a la izquierda revolucionaria una enorme responsabilidad: reagrupar a las fuerzas combativas, clasistas y revolucionarias. Esta sería una base importante para llevar las rebeliones al triunfo y superar los escollos que se van colocando en el camino. Los explotados están llamados a tener la última palabra en la actual coyuntura, a condición de liberarse de las ataduras políticas que los frenan.

Esto realza la importancia de la convocatoria de una segunda Conferencia latinoamericana y de los EE.UU. Es urgente e imprescindible poner en pie un polo alternativo que defienda la independencia política de los trabajadores, tanto de la derecha como del llamado “progresismo”. La izquierda revolucionaria no puede dejar ese lugar vacante. Lo que está en discusión en las filas de la izquierda es si simplemente va a quedar confinada a actuar como grupo de presión y una rueda auxiliar de los bloques y coaliciones capitalistas, o se pone a la cabeza de la organización de los trabajadores y se convierte en un motor impulsor de una estrategia dirigida a transformar a la clase obrera en alternativa de poder.

Este dilema estuvo presente en la primera Conferencia latinoamericana y de los EE.UU., en la que quedó expuesta esta divisoria de aguas.

El Frente de Izquierda, con sus contradicciones y límites, mantuvo en alto en la Argentina, a lo largo de nueve años, la bandera de la independencia de clase y la lucha por el gobierno de trabajadores. El Partido Obrero viene luchando por extender la acción del FIT-U a todos los campos de la lucha de clases y no circunscribirlo exclusivamente al ámbito electoral.

Sin embargo, esta experiencia no es la regla sino la excepción en América Latina y, de un modo general a nivel internacional. En lugar de la independencia política, lo que ha primado es la colaboración de clases. En lugar de la acción directa y el impulso de la lucha de clases lo que se ha privilegiado son las tendencias electoralistas. En lugar de construir partidos de combate y revolucionarios, lo que ha prosperado es la reivindicación de "partidos amplios" y la integración en formaciones políticas con fronteras de clase difusas, y el seguidismo y la confluencia con el nacionalismo burgués o a la centroizquierda.

Esto tiene una tremenda actualidad en momentos en que asistimos a una profunda crisis del PSOL y a la del NPA de Francia, dos "partidos amplios", probablemente los más emblemáticos a escala global. Ambos no han pasado de un aparato electoral, basado en un acuerdo superestructural de tendencias; no se han constituido ni se han empeñado en ser motor de la lucha de clases. La política que impera en el ala de izquierda de estas formaciones (alguna de las cuales integran el FIT en Argentina) es pugnar por una transformación interna de carácter progresivo de estos partidos 'amplios'. Es evidente que se trata de un objetivo inviable, que solo sirve de coartada para seguir medrando en su seno y tratar de rasguñar algún cargo parlamentario. Las críticas del ala izquierda de estos nucleamientos no ha sido un impedimento para que integren las listas del PSOL que llevan a la cabeza a agentes claros de la burguesía, como Erundina en San Pablo o las listas del NPA, que actúan en coalición con el partido nacionalista “Francia Insumisa”, liderado por Jean-Luc Mélenchon.

La disolución de la izquierda en frentes de colaboración de clases o partidos ‘amplios’ de tinte centroizquierdista -que reagrupan bajo un mismo sello a organizaciones con políticas contradictorias y son liderados por camarillas con meros apetitos electorales- socava la lucha por la estructuración política independiente de los trabajadores. Esto vale para Latinoamérica pero también para Estados Unidos, donde entramos igualmente en una transición convulsiva. El gobierno de Joe Biden está condicionado por partida triple: por la crisis económica y social (y la división interburguesa), la crisis sanitaria que está lejos de haberse cerrado y, sobre todo, por la rebelión popular que está latente y que está en condiciones de prosperar a través de las grietas que viene dejando la elección, que ha terminado por convertirse solo en un capítulo de una enorme crisis política. En este contexto van a quedar rápidamente expuestos los límites insalvables de las ataduras de la izquierda demócrata, en especial de los demócratas socialistas, con un hombre de confianza del establishment como lo es Biden. En Estados Unidos está en el orden del día la lucha por poner en pie una organización política independiente de los trabajadores y la juventud.

Por una salida de los trabajadores

El panorama aquí expuesto pone en el orden del día la lucha y la movilización política alrededor de un programa y una salida de los trabajadores.

Frente a los estragos sociales que viene provocando la crisis en decenas de millones de hogares de la población laboriosa es imperioso responderle con un programa de reivindicaciones inmediatas de la clase obrera y un plan de acción. Enfrentar la desocupación masiva plantea levantar el reclamo de un seguro al parado, equivalente a la canasta básica familiar de cada país, y luchar por el reparto general de las horas de trabajo sin reducir los salarios. Poner un coto a las cesantías plantea impulsar las ocupaciones de toda fábrica o empresa que cierre o despida. Y enfrentar la carestía plantea organizar la lucha por salarios y jubilaciones mínimas equivalentes al costo de la canasta familiar de cada país latinoamericano.

Esta batalla está entrelazada a la lucha por una nueva dirección del movimiento obrero. El impulso y satisfacción de estas reivindicaciones apremiantes reclama sacarse de encima a las burocracias sindicales entreguistas, impulsando congresos de delegados electos por las asambleas de base de todos los gremios en cada país latinoamericano, así como de planes de lucha hasta la huelga general para imponerlos.

Frente a la crisis sanitaria llamamos a impulsar la lucha por la centralización de los sistemas sanitarios de cada país, bajo la dirección de los propios trabajadores y profesionales de la salud. Esto se plantea como un programa para toda América Latina. De igual modo, la lucha por la duplicación de los presupuestos sanitarios y por comités obreros de seguridad e higiene en cada fábrica, empresa y lugar de trabajo.

Un párrafo especial lo merece la denuncia a la escalada imperialista y derechista, que no ha renunciado a su objetivo de deponer al régimen bolivariano de Venezuela. El informe Bachelet termina siendo una impostura por parte de gobiernos que pisotean los derechos humanos todos los días y son responsables de las peores matanzas y exterminios, y es simplemente una pantalla para voltear al régimen venezolano.

Llamamos a aplastar el golpismo derechista y reaccionario, pero esto no puede confundirse con un apoyo político a Maduro y a otros gobiernos nacionalistas de turno. Una parte importante de la represión del gobierno venezolano está dirigida no contra la derecha sino contra los luchadores populares, dirigentes sindicales y activistas de izquierda, que vienen enfrentando la rabiosa política de ajuste y desafiando la regimentación política y sindical brutal del régimen de Maduro. Las elecciones parlamentarias amañadas que prepara Maduro están al servicio de la perpetuación de una camarilla, cuya distancia con los trabajadores es cada vez mayor y, eventualmente, serán un paso para avanzar en una mayor entrega de las riquezas nacionales al capital financiero internacional. Pero la delimitación necesaria con el nacionalismo burgués jamás puede hacerse haciendo causa común con la derecha. De la mano del imperialismo y sus secuaces no puede provenir una salida progresiva sino penurias aún mayores para las masas. La lucha contra la ofensiva golpista debe hacerse en forma independiente.

Darle la prioridad que corresponde a este programa pone al rojo vivo la necesidad de una reorganización integral del continente sobre nuevos bases sociales. La pelea por el no pago de las deudas externas, por la ruptura con el FMI y el imperialismo, por impuestos extraordinarios a las grandes rentas y fortunas, por la nacionalización sin indemnización de los sistemas bancarios, del comercio exterior y de los recursos naturales, así como el control obrero general, tiene un alcance universal. Se impone también una fuerte lucha contra el militarismo represivo: cárcel, juicio y castigo a los responsables de las masacres de Senkata y Sacaba en Bolivia, a los que vienen reprimiendo las movilizaciones juveniles y de masas en Chile, a los que apalean y gasifican las protestas en Perú, Colombia, Argentina, etc. Libertad a todos los presos políticos y gremiales. Oponemos a los regímenes de saqueo y entrega que vienen conduciendo los destinos de la región, la lucha estratégica por gobiernos de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.

El Partido Obrero abre la discusión y llama, en primer lugar al FIT-U, a las organizaciones que se reclaman de la izquierda revolucionaria y/o anti-imperialista, a las organizaciones obreras y populares combativas, a impulsar de común acuerdo una segunda Conferencia latinoamericana y de los EE.UU. con el objetivo de soldar un frente único, basado en la independencia de clase, con el objetivo de llevar a la victoria la nueva oleada de rebeliones populares que se avecina. En ese marco de acción común, reivindicamos el debate y la clarificación sobre las estrategias políticas en danza al interior de la izquierda, que contribuya a superar la crisis de dirección del proletariado.

Demos un paso trascendental y con un eco más profundo del obtenido por la Primera Conferencia Latinoamericana y de los EE.UU.

16 de noviembre

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18/11/2020
PANORAMA MUNDIAL

Kissinger advierte sobre el peligro de una situación similar a la I Guerra Mundial

La llegada de Biden y las tensiones EE.UU.-China.

Henry Kissinger es una de las voces más autorizadas en lo que se refiere a la política exterior norteamericana. Recordemos que en su condición de secretario de Estado de Richard Nixon, fue en su momento el artífice del acercamiento entre Estados y China, lo que abrió paso a la integración del gigante asiático al proceso de acumulación capitalista mundial.

Su pronóstico apocalíptico acerca de una situación similar a la de la Primera Guerra Mundial, a raíz de las tensiones entre Estados Unidos y China, fue ratificado apenas un mes atrás, cuando estábamos en la recta final de la campaña presidencial de EE.UU., al advertir que “si se permite que el conflicto se desarrolle sin restricciones, el resultado podría ser aún peor de lo que fue en Europa. La Primera Guerra Mundial estalló debido a una crisis relativamente menor..., y hoy las armas son más poderosas” (HispanTV, 8/10).

John Mearsheimer, otro de los analistas internacionales más reconocidos junto con el ex secretario de Estado, advierte también sobre ese riesgo: “es una posibilidad real. No creo que sea inevitable. Hay que recordar que Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron una intensa competición de seguridad durante 45 años en la Guerra Fría. Y estuvieron cerca de enfrentarse en la crisis de los misiles cubanos. Pero nunca hubo una guerra caliente en la que estuvieran directamente involucrados. Hubo guerras a través de proxies (…) Pero es posible que haya un conflicto armado, mucho más entre EE.UU. y China que entre EE.UU. y la URSS en la Guerra Fría” (ídem).

Mearsheimer no descarta un guerra limitada. “Si partimos de los puntos más elevados de fricción son el Mar del Sur de China, el Mar de China Oriental, Taiwán, y la península coreana. Allí es más fácil imaginar una guerra limitada entre China y Estados Unidos. No me sorprendería si se involucraran en un conflicto armado en algún momento del año que viene. No digo que sea probable que suceda, digo que es un escenario posible, porque implicaría una guerra en el agua que no llevaría a una escalada automática”.

Ambos analistas coinciden que bajo Joe Biden no se va a alterar la política de confrontación estadounidense con China. Mearsheimer llama la atención que, en realidad, la escalada yanqui no arrancó con Trump sino en 2011 cuando Barack Obama era presidente y Hillary Clinton secretaria de Estado. Los demócratas consideran a China como una amenaza seria que debe ser contenida.

El militarismo y la guerra comercial obedecen a una tendencia de fondo y responde a un interés común de la clase capitalista norteamericana.

La política exterior de Biden

La llegada de Biden al gobierno ha reavivado la deliberación interna de la burguesía sobre la hoja de ruta a seguir.

Los cuatro años de Trump indican un fracaso, de un modo general, del objetivo del por devolver a EE.UU. la vitalidad y el liderazgo perdido, sintetizada en la premisa de "America first". La intensificación de la guerra comercial no redundó en el crecimiento de la participación de EE.UU. en la economía y comercio mundial. La escaldada diplomática y militar con Corea del Norte no logró hacer retroceder al régimen norcoreano en su plan nuclear. EE.UU. tampoco pudo reconquistar una hegemonía en Medio Oriente. Tanto Rusia como Irán siguen manteniendo un protagonismo en la región. Un alineamiento mayor con Arabia Saudita e Israel, apostando a que jueguen un papel más determinante en Medio Oriente, no pudo compensar la pérdida de presencia con el retiro de sus tropas de Siria y su aislamiento en Irak, con el retiro de tropas aliadas europeas y el pedido del parlamento de ese país de que EE.UU. retire sus bases. No ha logrado avances significativos en la política de colonización económica y restauración capitalista en Rusia y China. Por el contrario, la escalda comercial terminó convirtiéndose en un bumerán, y convirtiéndose en un factor de fractura y división interna de la burguesía norteamericana.

Su política en Latinoamérica tampoco ha tenido avances. No lograron consumar el golpe en Venezuela a partir de la promoción internacional de Juan Guaidó y en Bolivia, el golpe consumado a fines de 2019 con apoyo de Bolsonaro y de la Casa Blanca no pudo consolidarse y tuvo que convocar elecciones, en las cuales fueron derrotados.

La agenda que empieza a discutirse apunta a revertir esta situación. Una de las apuestas es tratar de recauchutar una alianza con sus socios europeos y revitalizar la Otan, seriamente deteriorada bajo el gobierno de Trump. “Estados Unidos básicamente tiene que formar una coalición balanceadora para contener a China, muy parecida a lo que hizo en la Guerra Fría para contener a la Unión Soviética. Necesita una alianza militar en Asia similar a la Otan para contener el ascenso de China. La administración de Donald Trump hizo un trabajo pésimo al tratar que nuestros aliados se integrasen en una formidable alianza militar” (ídem).

De todos modos, es muy difícil restablecer un equilibrio en momentos en que avanza la depresión y por lo tanto la competencia entre los estados y las corporaciones por la sobrevivencia, lo cual solamente puede abrirse paso a expensas de sus rivales, trasladándole los costos de la crisis. Es una ilusión infundada restablecer un status anterior -una normalización, como la que proclama la administración demócrata entrante- en medio de un mundo convulsionado y la evolución que ha tenido la bancarrota capitalista.

En cuanto a Rusia, la política de Biden de retomar confrontaciones en los puntos de cruce de intereses entre ambos (Libia, Venezuela, Siria) podría forzar a Moscú a un alineamiento más decidido hacia China.

Nuevo bloque comercial y el desafío norteamericano

La segunda cuestión que está en debate es dar pasos más determinantes para neutralizar la incursión y desarrollo de China en las tecnologías más sofisticadas, en particular en Inteligencia Artificial, y 5G, lo cual implicaría que bajo Biden, marchamos a una política más agresiva.

Acaba de conformarse, bajo la égida de China, el mayor bloque comercial a escala global. El acuerdo, que lleva el nombre de RCEP (siglas en inglés de Regional Comprehensive Economic Partnership, Alianza Integradora Económica Regional), será mayor que el de T-MEC (Estados Unidos, México y Canadá) y que la Unión Europea. Incluye a los diez miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (Asean) además de China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Entre todos los miembros suman casi un tercio de la población mundial y el 29% del Producto Interno Bruto del planeta.

El RCEP eliminará aranceles a las importaciones por los próximos 20 años e incluye provisiones respecto a propiedad intelectual, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico y servicios profesionales. El RCEP fue concebido por China como una forma de contrarrestar la influencia que Estados Unidos estaba tomando en Asia-Pacífico bajo el gobierno de Barack Obama. El mismo había promovido el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership o TPP), del que formaban parte México, Chile y Perú, y no China. Trump, una vez asumida la presidencia, se retiró del TPP, haciendo que entre en agonía. Ahora se invierten los papeles y EE.UU. es el que ha quedado excluido, lo cual constituye un golpe a Washington.

Todavía no está claro cuál va ser la política de Biden, aunque ya hay voces que descartan que se vuelva a relanzar el TPP. El presidente entrante choca con tendencias existentes en sindicatos y sectores que respaldaron la elección de Biden y que están presentes en su equipo de transición que han expresado su recelo sobre los acuerdos de libre comercio. Entre esas tendencias proteccionistas figuran industrias vulnerables como el acero y el aluminio.

Crisis política y rebelión popular

Pero, además, no se nos puede escapar que la capacidad del gobierno demócrata para implementar esta ofensiva está condicionada por la crisis política interna, que ha pegado un nuevo salto con el conflicto que estalló en el desarrollo de las elecciones y el cuestionamiento de Trump de los resultados. La política exterior –como suele decirse- es una prolongación de la política interna. Desde un punto de vista general, la derrota de Trump revela el fracaso de una tentativa bonapartista por forjar un régimen fuerte de poder personal, que permita pilotear la crisis dictada por la decadencia histórica de Estados Unidos y el impacto de la bancarrota capitalista en desarrollo.

El revés del magnate constituye un golpe a los esfuerzos del imperialismo por apuntalar su lugar de gendarme mundial. Es necesario, por otra parte, tener presente que la rebelión popular norteamericana ha estremecido los cimientos del sistema político norteamericano, sus partidos y sus instituciones y ha abierto un nuevo escenario internacional. No sólo ha terminado por acelerar el derrumbe de Trump, que ya andaba a los tumbos, sino que está llamada a condicionar la gestión de su sucesor.

Estamos frente a un escenario contradictorio: la guerra comercial y las tendencias a la guerra misma, obedecen a una necesidad estratégica pero van a tener que pasar por la prueba y el filtro de la lucha de clases dentro de las fronteras de EE.UU. y a escala internacional.

Las depresiones anteriores condujeron a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también a crisis y levantamientos revolucionarios. La guerra no es un accidente, al igual que la revolución, son dos manifestaciones extremas del estallido de las contradicciones irreprimibles e insuperables del orden social vigente.

https://prensaobrera.com/internacionales/las-maniobras-aereas-conjuntas-entre-estados-unidos-y-colombia/

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17/11/2020
REBELION PERUANA

Perú: la movilización popular y la represión, en imágenes

Foto: Klebher Vásquez (@klebhervas)

El pasado domingo 15, Manuel Merino culminó su fugaz paso por la presidencia de Perú, en la que solo estuvo cinco días, no sin antes ordenar -junto a su primer ministro Antero Flores Araoz- un baño de sangre contra las movilizaciones que exigían su dimisión: dos jóvenes, Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, fallecieron tras recibir varios perdigonazos de plomo en la cabeza y el tórax. Otros 200 manifestantes debieron ser atendidos en los hospitales limeños, en algunos casos por disparos en la cara y la médula espinal. Hay 23 personas que aún permanecen internadas (La República, 17/11). Más de 70 manifestantes desaparecieron durante la jornada de lucha del sábado y sobre dos de ellos aún se desconoce su paradero.

El lunes, cientos de personas despidieron los restos de quienes ya son conocidos como los "héroes del Bicentenario" (este año se cumplen dos siglos del desembarco de la expedición sanmartiniana), a la vez que se repetían las movilizaciones en Lima y otros puntos del país en repudio al régimen político (la consigna "que se vayan todos" es una de las más coreadas en las calles). El Congreso ha elegido como sucesor de Merino a Francisco Sagasti, un hombre del Partido Morado que tiene un pasado como funcionario del Banco Mundial. El expresidente Martín Vizcarra, cuya destitución detonó la presente crisis política, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional con el propósito de poder volver a su cargo. Frente a la putrefacción del régimen, se hace necesaria una asamblea constituyente libre y soberana, con poder, que reorganice el país sobre nuevas bases sociales.

En las calles limeñas, los fotógrafos Klebher Vásquez (@klebhervas) y @Foncho_ss capturaron impactantes imágenes de las movilizaciones y la represión de estos días. Las compartimos a continuación.

https://www.instagram.com/p/CHq63xeBagn/?igshid=np9x686hpuuh

https://www.instagram.com/p/CHs1reoAL-3/?igshid=1xpcoy5qg3wew

https://www.instagram.com/p/CHtCvQ7ALzr/?igshid=8njvw21mqqei

 

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17/11/2020

El gobierno español ratifica las bases militares yanquis

De rodillas ante Biden y la Otan.

En el diario El País del 11 de noviembre, el periodista Miguel González explica que, aunque el “convenio de Defensa” con los EE.UU. vence el próximo 21 de mayo, tras ocho años de vigencia, el gobierno español ya ha decidido prorrogarlo por un año, “para dar tiempo a que la nueva Administración demócrata, presidida por Joe Biden, se forme y defina sus líneas políticas”.  Ese “convenio de defensa” permite la cesión de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) a los EE.UU., sin ningún control por parte del gobierno español sobre el equipamiento de esas bases. Ni siquiera se puede saber si albergan o no armas nucleares. Comenta el artículo que “tampoco el Gobierno tenía otra alternativa pues, de haber llegado al 22 de mayo sin un convenio en vigor, se habría iniciado el plazo de un año para que EE.UU. retirase sus tropas de España”.

Nadie espera que la administración Biden vaya a cambiar su política con respecto a las bases militares ni a la exigencia de que los “aliados” incrementen su gasto militar. De hecho, el proyecto de presupuestos de Sánchez-Iglesias-ERC y Bildu incluye un aumento del 5% en el gasto militar.

La política exterior de un gobierno es una buena muestra de su política en general; hay una relación estrecha entre este “regalo” al “nuevo” presidente norteamericano y la tonalidad general de los presupuestos, que no responden a los intereses de los trabajadores y los pueblos. Una vez más el gobierno del frente popular se pone del lado de la guerra imperialista que es la continuidad de las políticas de ajuste del Ibex35 (la bolsa de Madrid) y de la Unión Europea.

Las bases yanquis de Rota y Morón, una herencia viva de Franco

Por ese tratado, EE.UU. mantiene en la base de Rota (a 20 kms de Cádiz), de manera permanente, cuatro destructores armados con el sistema antimisiles Aegis (forman parte del “escudo antimisiles” de la Otan), pero que tienen libertad para participar en cualquier misión militar. Por ejemplo, se utilizaron para un ataque con misiles contra Siria en 2017. Ahora se ha instalado, además, un escuadrón de helicópteros de ataque. EE.UU. ha pedido al gobierno español aumentar con otros dos buques (y 600 marinos) el escuadrón de Rota, “para ahorrarse -dice Miguel González- la travesía del Atlántico en sus despliegues por el Mediterráneo Oriental, el Mar Negro o el Mar de Barents”. Pero esta ampliación exigía modificar el convenio, que al ser un tratado internacional requiere la aprobación del Parlamento. Por ello se ha aplazado la respuesta.

En Morón (a 75 kms de Sevilla) se mantiene la Fuerza Especial Tierra-Aire de Respuesta de Crisis del Cuerpo de Marines, con 8 aviones Osprey (capacitados para despegue y aterrizaje vertical) y 500 marines. Forman parte del Africom (comando de la Otan para África), y su objetivo declarado es poder intervenir en el norte de África, donde se plantarían en unas horas (desde el punto de vista estratégico-militar, se considera a Morón como parte de África). Además, hay aviones KC-130J para repostaje en vuelo, lo que le permite apoyar a misiones aéreas en África u Oriente Próximo.

Desde hace unos años, se está hablando de trasladar la sede del Africom –ahora en Stuttgart (Alemania)– a España. Se habló primero de Morón y en septiembre pasado, The Washington Post hablaba de Rota.

Mantener bases militares, que posiblemente alberguen armas nucleares de manera permanente o en tránsito, a 20 kms de Rota y 75 de Sevilla, supone, sin duda, una grave imprudencia.

Las bases militares estadounidenses existen en virtud de un Acuerdo Defensivo España-Estados Unidos del 26 de septiembre de 1953, firmado por el gobierno fascista de Franco. Con este convenio, Franco daba un paso más hacia el reconocimiento internacional de su régimen, proceso iniciado en 1945 cuando la Asamblea general de la ONU con la complicidad de Stalin revocó su condena al régimen franquista. A cambio, Franco se sometía al control militar del imperialismo norteamericano, algo que todos los gobiernos de la Monarquía y el régimen del 78 han mantenido. La responsabilidad penal e incluso civil del personal de las bases quedaba y queda  fuera de la jurisdicción española.

Fuera las bases y la Otan

La posición del movimiento obrero y de sus organizaciones era, de manera unánime, el rechazo a la integración en la Otan y la exigencia de cierre de las bases militares yanquis. Felipe González, que llegó al gobierno en 1982 con un compromiso de convocar un referéndum para salir de la Otan, traicionó ese mandato popular y, aunque convocó el referéndum, defendió que España se mantuviera dentro de ese organismo. El referéndum se celebró en 1986, y el gobierno de González puso todo su peso en la balanza, amenazando el presidente por televisión con dimitir si ganaba el no. Finalmente 9.054.509 votaron a favor, y 6.872.421  en contra. Casi 14 millones se abstuvieron, cerca de 200.000 votaron nulo y 1.127.673 en blanco. El No a  la Otan ganó en Canarias, Cataluña, País Vasco y Navarra.  Mantenerse en la Otan fue aprobado, por tanto, por un 31% del padrón electoral.

El rechazo social y la enorme movilización popular contra la Otan y las bases (hubo manifestaciones de hasta un millón de personas) obligó al gobierno a cerrar, en 1987, dos bases estadounidenses, la de Torrejón y la de Zaragoza.

El secretario general del Partido Comunista (partido que se había opuesto a las bases), Alberto Garzón -actual ministro de consumo del gobierno del frente popular-, declaró recientemente que “lo primero” es defender los empleos de las bases militares de EE.UU. y no su cierre. Pero Garzón no está sólo en este giro, al que se sumó el “trotskista” alcalde de Cádiz, José María González ("Kichi"), quien decía en 2013, como portavoz de la Marcha a Rota, lo siguiente: “para que a pesar del castigo que sufrimos aquí con el desempleo, nadie aquí sucumba al engaño de que el escudo antimisiles generará empleo en la zona…”. Luego pasó a defender la venta de corbetas a Arabia Saudí, escudándose en los puestos de trabajo de los astilleros, y no se le ha visto en ninguna de las últimas marchas a Rota.

¿Tantos son los puestos de trabajo implicados en las bases? En el caso de Morón llegó a haber 450 empleados españoles. En cuanto a Rota, la plantilla española está ahora alrededor del millar de empleados, aunque ha llegado a estar en unos 800. El presidente del comité de empresa, Manuel Urbina, lamentaba los bajos sueldos y las condiciones laborales de estas nuevas contrataciones. “Lo que se ha hecho es firmar contratos de 20 horas y con sueldos de 520 euros”. Esos empleados están fuera de la protección de los tribunales españoles. Como queda demostrado “la defensa de los puestos de trabajo” es una simple excusa de los integrantes del Frente Popular para postrase frente a los yanquis y la Otan.

Quienes viven de las instituciones del régimen franquista del 78 abandonan toda pretensión de patriotismo cuando se trata de abordar la sumisión militar al imperialismo norteamericano.

Los trabajadores y los pueblos necesitamos una dirección independiente de la Monarquía  que expulse a las bases yanquis, a la Otan y la UE y termine la  agresión contra los pueblos del Magreb, el norte de África y el Oriente Próximo.

https://prensaobrera.com/internacionales/las-maniobras-aereas-conjuntas-entre-estados-unidos-y-colombia/

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16/11/2020
CABA

Las burocracias de Médicos Municipales, al rescate de Rodríguez Larreta

Tanto el oficialismo del sindicato (lista 1) como la lista 10 rechazan movilizarse por el salario.

De izquierda a derecha: Jorge Gilardi, Horacio Rodríguez Larreta y Carlos Rojo.

Luego de una semana con asambleas, aplauzasos en las puertas de los hospitales y diversas actividades, el gremio (Asociación de Médicos Municipales) ha tenido que convocar a un paro el martes 17 de noviembre contra la oferta salarial de Horacio Rodríguez Larreta que era del 23% en tres cuotas y dos bonos de $12.000. Pero ni el oficialista Jorge Gilardi, ni su ex ladero Carlos Rojo han garantizado darle un carácter activo al paro para exigir un aumento salarial acorde en una cuota, retroactivo a abril y remunerativo. Esto quedó en manos de la Asamblea de residentes y concurrentes de CABA, las asambleas por hospitales y las gremiales independientes como la del hospital Sardá, demostrando la importancia de la deliberación de los trabajadores en esta etapa de pandemia y ajuste.

La demagogia de la lista 10 (Rojo) tiene patas cortas. Estuvieron toda la semana agitando que iban por el 100% pero a la hora de la verdad salieron a desarmar cualquier movilización posible. Esto pasó en la mayoría de los hospitales donde dirigen las filiales. En algunos lo pudieron votar, pero en la mayoría tuvieron que dejarlo a decisión personal de cada médico ante la posibilidad de perder las votaciones. Queda demostrado que en vez de usar las asambleas para que sean un canal organizativo y una herramienta para potenciar los reclamos, las utilizan para la demagogia electoral. Incluso en el Hospital Durand recién convocaron una asamblea para el jueves, de no creer.

Esta tesitura es la que también tomaron otras conducciones sindicales como la Federación de Profesionales, e incluso el propio ATE – Capital que “cesa” para movilizarse por el impuesto a las “grandes” fortunas que presentaría La Cámpora.

En esta etapa es muy importante reforzar las asambleas para torcerle el brazo al gobierno de CABA y lograr un aumento que saque los salarios de los niveles que están hoy en día, lo mismo reclamar el 82% móvil para los jubilados, el aumento de las guardias, el pago a término a los jefes de residentes e ingresantes y salarios y ART para concurrentes.

https://prensaobrera.com/sindicales/trabajadores-de-la-salud-paremos-y-ganemos-las-calles-por-nuestro-salario/

16/11/2020

Líbano, a un año de la rebelión popular

La (re)designación de Hariri como primer ministro no cierra el proceso.

Con una escasa mayoría de 65 parlamentarios sobre 128, el parlamento libanés ha votado recientemente la (re)designación de Saad Hariri para ocupar el cargo de primer ministro. La noticia ha causado una importante repercusión política, pues se trata de un elemento que fue destituido del mismo cargo como fruto del emblemático argentinazo libanés que tuviera lugar a fines del pasado año.

Se llega a este escenario luego de las inmensas convulsiones políticas, sociales y económicas que caracterizaron toda la etapa posterior a su dimisión, y cuyo cenit ha sido indudablemente la explosión en el puerto de Beirut, un crimen de clase que dejó a más de 6.500 personas heridas, 300.000 sin hogar y cientos de fallecidos, lo que pavimentó el camino para que, enormes movilizaciones mediante, se consume la caída de su heredero, el represor Hassan Diab.

Las masas libanesas, entretanto, ven suceder una profundización de la miseria social que ha arrastrado a más de la mitad de ellas bajo los umbrales de la pobreza. La fuerte tendencia alcista de los precios de los artículos básicos y el avance de una devaluación que ha trepado a un 80 por ciento forman parte de una dinámica expoliadora más general que se desarrolla en un cuadro donde se combina explosivamente el congelamiento de los salarios con una tasa de desempleo que oscila entre el 30 y el 60 por ciento.

Rosca política

La rebelión libanesa de 2019 dirigió su ira contra los bancos y el corrupto régimen de reparto del poder entre los distintos grupos confesionales (sunitas, chiítas, cristianos).

El acuerdo parlamentario que ungió a Hariri -suní- sigue el libreto de esa rosca política. Votaron por él las fuerzas sunitas (respaldadas a nivel regional por Arabia Saudita) y chiítas (de buenos vínculos con Irán), aunque esta vez no lo apoyó el arco cristiano. El hecho de que el régimen deba recurrir otra vez a una figura desacreditada ante las masas muestra la poca capacidad de recambio del mismo.

Hariri pretende formar un gabinete de 20 personas cuyos integrantes sean tecnócratas nombrados por los principales partidos del régimen y que, a su vez, estos elementos mantengan cierta “independencia” con respecto a sus tendencias políticas, puesto que se trataría de un gobierno de “competencias no partidistas”. De todas maneras, las contradicciones no tardaron en emerger. El principio de rotación de carteras entre los ministros de las diversas religiones viene siendo motivo de choques permanentes por obtener posiciones en el gobierno. Movimiento Patriótico Libre, el partido fundado por el presidente Michel Anoun (cristiano), se encuentra pugnando por la colocación de su líder Gebran Bassil en el esquema gubernamental a erigirse, así como por ubicar a sus partidarios en carteras como Defensa, Interior o Relaciones Exteriores. Por otro lado, Hezbollah busca aferrarse al ministerio de salud, lugar que también es reclamado por el líder del Partido Socialista Progresista, Walid Joumblatt.

Uno de los obstáculos más pronunciados para conformar el gabinete tuvo lugar a la hora de elegir el puesto de ministro de Finanzas, que tras la resistencia de determinados grupos terminó en manos de un musulmán chiíta afín a Hezbollah y Amal (Prensa Latina, 29/10).

Imperialismo

Como sucediera tras el estallido del puerto beirutí, el imperialismo francés y el norteamericano aparecen metiendo la cola en la transición abierta en el Líbano. La Unión Europea (UE) ha planteado la necesidad de formar un gobierno “creíble” so pretexto de aplicar “reformas económicas y políticas” (léase más ajuste) para superar el impasse en el que se encuentra sumido el país.

La UE, que es acreedora del país levantino, ha dicho que considera una prioridad que el gobierno libanés logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de la orientación que pregona el francés Macron, quien procura una transición tutelada por el imperialismo galo a fin de que el FMI desembolse unos 10.000 millones de dólares para intentar paliar la crisis. Líbano está sumergido en medio de una agudísima crisis financiera, su deuda con respecto al PBI (170 por ciento) ha adquirido una de las proporciones más altas del mundo y su economía dependiente de las importaciones ya no puede pagar los alimentos, que provienen del exterior (Foreign Policy, 22/10).

El cuadro de bancarrota económica ha llevado al gobierno libanés a emprender negociaciones –mediadas por el imperialismo yanqui- con Israel para delimitar su disputada frontera marítima en aras de avanzar en la explotación de hidrocarburos. Líbano viene de reclamar una zona sureña adicional de 1.430 kilómetros, en la cual el Estado sionista habría acordado llevar adelante la exploración del yacimiento gasífero de Karish. Las negociaciones entre ambos países, cabe destacar, se desenvuelven en el marco de un nuevo endurecimiento de las sanciones yanquis contra el Líbano. El gobierno del país levantino buscaría, de este modo, obtener divisas que le ayuden a pagar su cuantiosa deuda externa.

Lucha de clases

A raíz de los comentarios de unos pocos manifestantes, algunos analistas han tratado de presentar el escenario político configurado tras la vuelta –y permanencia- de Hariri como la expresión de un retroceso del movimiento de lucha libanés.

Lo cierto es que el proceso iniciado en octubre del pasado año no se ha cerrado. En este 2020 acontecieron jornadas de combate muy valiosas, que van desde la quema de bancos en Beirut y Trípoli hasta la rebelión popular que volteó al gobierno de Diab, lo que da cuenta de la continuidad de las posibilidades revolucionarias de la situación.

La labor que tienen los luchadores libaneses es retomar una gran e independiente acción de masas que voltee a todo el régimen político y ponga en pie un gobierno de trabajadores.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-reaccionario-acuerdo-entre-israel-y-emiratos-arabes-unidos/

 

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Un punto estratégico y símbolo de una larga historia de opresión colonial e imperialista sobre los pueblos árabes.
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16/11/2020

La comunidad peruana se movilizó y reclamó “que se vayan todos”

En Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Rosario.

Este domingo 15, la comunidad peruana en la Argentina se concentró en Plaza de Mayo y se movilizó también en La Plata, Rosario y Córdoba, para homenajear a los dos jóvenes caídos durante la represión ordenada por el gobierno de Manuel Merino. Los hashtags asociados a la convocatoria eran MerinoAsesino, MerinoNoesMiPresidente, QueSeVayanTodos y AsambleaConstituyente.

En las horas previas a la actividad, se conocía la renuncia de Merino, quien apenas estuvo cinco días en el cargo. Las movilizaciones y la represión sellaron la suerte del mandatario. Se agudiza la crisis abierta tras la destitución de Martín Vizcarra por parte del Congreso. Por estas horas, ese desprestigiado cuerpo evaluaba un sucesor para Merino, en tanto que Vizcarra había recurrido al Tribunal Constitucional.

En Plaza de Mayo, la convocatoria de Peruanas y Peruanos en Argentina nucleó a vecinos de la Villa 31, la 21-24 y el Playón de Chacarita, entre otros barrios. El Polo Obrero participó con una delegación. Se colocó un cartel en el piso con la leyenda “Perú está de luto” y la foto de los dos jóvenes asesinados por la represión policial del sábado (Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo). Jack murió por diez perdigones de plomo, algunos de ellos en el cráneo, la cara y el tórax. El ataque de las fuerzas represivas dejó más de un centenar de heridos y decenas de desaparecidos, sobre seis de los cuales aún se desconoce su paradero.

Cabe recordar que el breve Merino había designado como primer ministro a Antero Flores-Araoz, quien en 2009, como ministro de defensa de Alan García, fue responsable de una masacre contra una protesta indígena que dejó 34 muertos y lo obligó a salir del cargo.

Para este lunes por la tarde, estaba programada una nueva movilización en Lima. Frente a la actual crisis en Perú, es necesaria una asamblea constituyente soberana y con poder, que reorganice el país sobre otras bases sociales y barra con su corrompido y repudiado régimen político. Que se vayan todos.

https://prensaobrera.com/internacionales/organizar-la-huelga-general-para-echar-al-gobierno-golpista-e-imponer-una-asamblea-constituyente-soberana/

https://prensaobrera.com/internacionales/cgtp-dialogo-o-huelga-general/

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15/11/2020
PERU

CGTP: diálogo o huelga general

Los planteos de la central obrera peruana.

Apenas se produjo la destitución de Vizcarra la CGTP saca una declaración en la que plantea: “demandamos al Gobierno de transición y al Congreso de la República la derogatoria inmediata del D.S N° 345-2018-EF y de los inconstitucionales Decretos de Urgencia DU 043-2019, DU 014-2020, DU 016-2020, DU 038-2020 sobre suspensión perfecta de labores, DU 127-2020 y otros dictados por el Gobierno de Vizcarra y Gobiernos anteriores), y apertura al diálogo social para la búsqueda de soluciones a los problemas de los trabajadores y el pueblo peruano”. Se apresura a reconocer al nuevo gobierno de Merino (“al gobierno de transición”) y reclamarle que abra “un diálogo social” como lo vino haciendo dos años con el gobierno de Vizcarra.

Días más tarde, ante el desarrollo creciente de las movilizaciones de masas la CGTP “convoca con carácter de urgencia a jornadas nacionales de protesta los días 18 y 24 de noviembre del presente año”. ¿Urgencia? ¿Recién una semana después? ¿y a jornada de protesta? ¿y esto se continuaría otra semana más tarde con una nueva jornada de protesta? La CGTP no convoca, ni organiza la huelga general: instancia ineludible para producir un derrocamiento revolucionario del gobierno de Merino.

Por otra parte y, fundamental, la dirección burocrática de la CGTP plantea la “renuncia” de Merino y “la conformación de un gobierno de transición democrática”. Renuncia: ¿ante quién? El parlamento. ¿Y quién conformaría ese gobierno de transición democrática? El mismo Parlamento. En el planteo de la CGTP no está el que se vayan todos, incluido el parlamento venal que ha nominado a Merino. Para la CGTP una de las tareas centrales de ese “gobierno de transición democrática” sería la de “garantizar el cumplimiento del cronograma electoral que nos lleva a las elecciones del 2021”. Ese “gobierno de transición democrática” es el que –eventualmente- debiera dictar –para la dirección burocrática de la CGTP- también “la convocatoria a una Asamblea Constituyente”.

Es necesario reclamar a la CGTP que rompa con esta política de subordinación y conciliación de clases y convoque a la huelga general, bajo la consigna: fuera Merino y el Parlamento golpista. Asamblea Constituyente soberana y con poder.

Debiera convocarse de inmediato a un congreso de bases de la CGTP y el movimiento obrero para que apruebe un programa independiente con los reclamos de las masas y la necesidad de un plan de lucha que lleve en forma directa a la huelga general hasta que caiga el gobierno golpista y asuma un gobierno de las masas en lucha, un gobierno de trabajadores, que convoque a la Asamblea Constituyente soberana y con poder.

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15/11/2020
PERU

Organizar la huelga general para echar al gobierno golpista e imponer una asamblea constituyente soberana

Ni Vizcarra ni Merino. Que se vayan todos.

“El que a hierro mata, a hierro muere”, dice un dicho popular.

Martín Vizcarra asumió la presidencia del Perú, en el 2018, por obra de un golpe contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, del cual era el vicepresidente. Y esta semana ha sido derrocado por otro golpe. El parlamento unicameral resolvió por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la ‘vacancia’ de Vizcarra.

En su lugar, fue nominado por la Unicameral, el presidente de la misma, Manuel Merino.
A 5 meses de la convocatoria a elecciones generales (11/4/21), este recambio no ha cerrado la crisis política que se viene arrastrando en Perú, sino que la ha profundizado.
Un elemento nuevo es la irrupción de crecientes manifestaciones en Lima y en la mayoría de las ciudades del Perú que chocan con las fuerzas de seguridad con decenas de heridos (se habla de 2 muertos) y detenidos, incluso por personal parapolicial de civil. Perú está entrando de lleno al torrente latinoamericano de crisis y levantamientos populares.

La corrupción

Kuczynski fue destituido por acusaciones de corrupción. También este tema ha sido caballito de batalla de los que votaron la destitución de Vizcarra, acusado de numerosos episodios de corrupción.

La corrupción política en el Perú es endémica. Media docena de presidentes anteriores están presos y o procesados (uno se suicidó) por haber recibido coimas durante sus mandatos. Y la gran mayoría de los dirigentes de las agrupaciones políticas tradicionales, empezando por Keiko Fujimori (la hija del dictador depuesto en el 2000) también. En la Unicameral, el 60% de sus integrantes tienen procesos abiertos por esta causa. Las constructoras, las mineras, los bancos y aseguradoras que regentean la jubilación privada (AFP), la educación privada, son los ejecutores de este régimen de la corrupción generalizada.

Golpe

Desde el punto de vista formal, la destitución votada por el Parlamento, ha sido –incluso- inconstitucional. Ya que se plantea que los presidentes no pueden ser juzgados hasta que finalicen su mandato. ‘Constitucionalmente’ a Vizcarra se lo podía investigar, pero su juzgamiento y sentencia podía desarrollarse recién cuando finalice su mandato en julio 2021. Solo se puede dictar la “vacancia” si se vuelve loco o comete actos inmorales de primer nivel. Y esta fue la acusación que hizo el Parlamento: Vizcarra es destituido por “incapacidad moral permanente”.
No se trató, por lo tanto, de un procedimiento parlamentario sino de un golpe hecho y derecho.

En septiembre último ya el congreso peruano había intentado producir la “vacancia”. En ese momento, el presidente de la Unicameral, Manuel Merino, había hablado con comandantes de las Fuerzas Armadas para que le dieran su apoyo a la destitución y ante la negativa de estos, los diputados fueron desertando y la moción fracaso por amplia mayoría.

En cambio, ahora, solo dos meses después, el mismo hombre que había consultado con la comandancia militar en septiembre y ante su negativa se echó para atrás, avanza raudamente en votar y defenestrar al presidente Vizcarra. Ha contado con la neutralidad cómplice de los mandos militares. El presidente de la Unicameral, Manuel Merino, fue electo, de inmediato, presidente del Perú.

Derechismo represivo y reaccionario

El nuevo presidente Merino ha nombrado como jefe de gabinete a Antero Florez-Araoz, un viejo derechista reaccionario misógino, anti derecho al aborto y reconocido por su política de ‘mano dura’. Siendo ministro de Defensa fue el protagonista de “el baguazo” en el 2009, un resonante caso de represión a comunidades indígenas del Amazonas peruano que produjo 33 muertos. Desde entonces viene su relación con los mandos militares.

Un lobby que ha trabajado abiertamente por el golpe -tanto en el fracasado de septiembre, como ahora- es el de la educación privada. Producto de una ‘reforma universitaria’ han sido cerradas e inhabilitadas una serie de universidades privadas que no lograron pasar los estándares mínimos de calidad educativa.
Varios de los parlamentarios que fueron el motor para la destitución de Vizcarra y algunos ministros, incluido el presidente, están ligados a estos sectores desplazados de la educación privada. No casualmente, en las primeras declaraciones del nuevo gobierno se planteó revisar la ‘reforma universitaria’ y dar “una segunda oportunidad” a las universidades a las que le habían sido denegadas sus licencias.
La gran mayoría de los nuevos ministros son reconocidos elementos derechistas que participaron en anteriores gobiernos y que ahora pretenden ser reciclados. En un gabinete dirigido por Antero Florez, significa un reforzamiento de la política anti gay, contra el derecho al aborto y la mujer trabajadora.

La irrupción de la movilización popular y la crisis del golpe

Estos choques en las alturas y el golpe han incentivado el inicio de movilizaciones. La destitución golpista de Vizcarra fue el 10 y esa misma noche comenzaron los universitarios, pero cada día se va extendiendo a nuevos sectores. El gobierno responde a esto con la represión también creciente. Se habla que en el día de hoy habría dos muertos.

La burguesía tanto nacional como imperialista ha tomado el golpe con muchas precauciones. Unánimemente reclama que se confirmen las elecciones del 11 de abril. Teme una nueva aventura como la del golpe incentivado por Bolsonaro y Trump en Bolivia que destituyó a Evo Morales y puso en su lugar a Jeannine Añez. Y terminó descerrajando una resistencia de masas que acabó volteando al gobierno golpista.

Ante el desarrollo creciente desde hace 4 días de las movilizaciones populares ya hay ministros que están anunciando su renuncia, casi antes de asumir. Constitucionalmente, el gabinete debe recibir un voto de confianza del parlamento. Los números estarían dando que va a ser rechazado.

Ni Vizcarra, ni Merino: Asamblea Constituyente soberana y con poder

Vizcarra ha desarrollado una política abiertamente antiobrera y antipopular. Durante su mandato impuso una serie de leyes que favorecen abiertamente a las patronales: la llamada “suspensión perfecta” que autoriza a las patronales a los ceses y suspensiones masivas de trabajadores, la anulación o suspensión de paritarias, etc. Es el gobierno defensor de la Confiep y de las mineras, que se llevan la riqueza nacional a sus metrópolis. Ha sido ineficaz para contener la pandemia y ha sumido al Perú de las masas explotadas en una situación de desesperación social. Las cuarentenas y la falta de subsidios ha creado un fenómeno inédito: caravanas de habitantes de Lima caminan por las carreteras hacia sus terruños agrarios de origen para buscar un lugar donde obtener elemental sustento.
El nuevo gobierno viene a continuar con este proceso. Merino es dirigente del viejo partido Acción Popular (de Belaúnde Terry), ligado a sectores del capitalismo agrario y de la educación privada, que aparece ante los ojos de la población como quien viene a frenar y dotar de impunidad a los políticos corruptos.

El movimiento obrero y popular no puede movilizarse en defensa de ninguno de los dos sectores. Vizcarra –más allá de su accionar antiobrero directo- tampoco resistió el golpe de Merino. En las movilizaciones en marcha se está imponiendo la consigna de ni Vizcarra, ni Merino. Hay que desarrollarla: ¡Que se vaya todo el régimen de la corrupción, la entrega, la represión: presidente, parlamento y justicia venal! ¡Que se vayan todos!

Se plantea la emergencia de poner fin al gobierno de Merino, al parlamento cómplice y al régimen corrupto y la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana y con poder.
La consigna de la Constituyente está siendo levantada en forma creciente por las movilizaciones de masas y diversas organizaciones. Pero se trata de darle un carácter revolucionario. Enfrentar los intentos de que se ‘institucionalice’ como ha hecho Piñera en Chile para frenar y contener la insurgencia revolucionaria de las masas. Una convocatoria de Merino o del parlamento corrupto y golpista será usada para frenar y ‘encauzar’ una movilización de masas que amenace con transformarse en revolucionaria, convirtiendo en realidad el ¡Que se vayan todos!

La Constituyente no debe ser entendida como una reforma puramente institucional contra la Constitución vigente impuesta por Fujimori, sino como el poder para producir las transformaciones sociales y políticas reclamadas por las masas: nacionalización del sistema previsional y bancario, no pago de la deuda pública, nacionalización de las minas, control obrero de la economía, anulación de todas las leyes antiobreras y antisindicales (‘suspensión perfecta’, etc).; reincorporación de todos los cesanteados; nacionalización y centralización de todo el sistema de salud bajo gestión de profesionales y trabajadores sanitarios (que vienen llevando adelante huelgas contra el desmanejo frente a la pandemia, por aumento de presupuesto, nombramientos, etc.), bono para desocupados mensual, salario mínimo igual a la canasta familiar, etc.

Solo la caída revolucionaria de Merino o de los equipos que lo continúen y la instauración de un gobierno de las organizaciones que luchen y se creen tras este objetivo –que para nosotros es un gobierno de los trabajadores en alianza con los explotados del campo y la ciudad- podrá garantizar esta Constituyente soberana y con poder. Será una Constituyente revolucionaria o será una nueva frustración para la lucha obrera y popular.

El centro: la intervención independiente y organizada de los trabajadores

La clase obrera está interviniendo en forma atomizada en este proceso creciente de luchas. Y este es el problema fundamental: la necesidad de una intervención organizada e independiente de los trabajadores. Hay que votar en asambleas de empresa y sindicales la necesidad de elaborar una agenda de los trabajadores y movilizarse para imponerla: derogación de la ‘suspensión perfecta’, reincorporación de los despedidos y todo el programa arriba desarrollado.
Es necesario plantear la necesidad de la huelga general para acabar con este régimen podrido. Para ello impulsar la convocatoria a un congreso de bases de la CGTP (principal central obrera) y de todos los sindicatos y del movimiento obrero y los explotados.

Hay que hablar claro: la CGTP no está en esta perspectiva. Primero llamó a apoyar el golpe y planteó un “diálogo social” y cuando empezó a generalizarse la resistencia contra el nuevo gobierno, se reacomodó y comenzó a abogar por la renuncia de Merino y una transición ordenada de modo de evitar que la situación se desmadre.

La necesidad de centralizar la movilización en curso (en contra de los intentos de escindirla, etc.) y de darle a la insurgencia de masas un norte revolucionario pone a la orden del día la urgencia de crear una organización obrera, independiente y revolucionaria que se plantee la lucha por un gobierno de trabajadores. Todos los esfuerzos en ese sentido son esenciales.

14/11

https://bit.ly/32O6Cst

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15/11/2020

Voces del acto del Partido Obrero

El acto del Partido Obrero tuvo la presencia de destacados luchadores del movimiento obrero, piquetero, de la mujer y diversidades, de la juventud, de los derechos humanos y del medio ambiente. Compartimos algunos testimonios.

https://prensaobrera.com/partido/20-000-luchadores-por-el-paro-nacional-y-contra-el-regimen-de-hambre-y-entrega/

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13/11/2020

Las maniobras aéreas conjuntas entre Estados Unidos y Colombia

Nuevo capítulo de la injerencia imperialista en la región.

Fuerzas militares norteamericanas y colombianas vienen realizando en los últimos meses ejercicios aéreos conjuntos en el país sudamericano. El 8 de noviembre, según la página de la Fuerza Aérea Colombiana, hubo una operación común de aeronaves Kfir con los B-52 yanquis.

Esto corona un año con muchas operaciones conjuntas. A su vez, alrededor de 800 soldados yanquis arribaron al país en junio, con el pretexto del combate al narcotráfico. Pero, antes con Donald Trump o ahora con Joe Biden, está claro que, en realidad, Estados Unidos busca afianzar su dominación política a lo largo de todo el continente.

Las tareas de estas últimas tropas se habilitaron por un decreto del presidente Iván Duque. La injerencia imperialista en Colombia es indisociable de las tentativas golpistas contra Venezuela, que han incluido el despliegue de buques militares en las costas venezolanas y el Operativo Gedeón de desembarco de mercenarios. Duque fue uno de los primeros mandatarios en reconocer a Juan Guaidó como presidente.

Las organizaciones sociales colombianas denuncian que cuando aumenta la actividad militar, aumenta también el nivel de violencia dentro del país: la ofensiva sistemática para desalojar tierras indígenas (que luego pasan a manos de empresas multinacionales); la represión contra las manifestaciones populares, etc.

Según el último informe del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), unos 200 activistas resultaron asesinados en lo que va de 2020. En las últimas semanas, además, un niño de 13 años fue asesinado durante un operativo del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) en Cauca, donde supuestamente funcionaba una célula guerrillera, y fue amenazado el célebre rapero Camilo Álvarez, acérrimo detractor del gobierno en sus líricas.

Las masas colombianas se sublevaron contra este régimen criminal en noviembre pasado y volvieron a las calles en septiembre, tras el crimen a manos de la policía del taxista y abogado Javier Ordoñez. El 21 de octubre, miles se movilizaron en todo el país contra las políticas de ajuste del gobierno y un desempleo creciente que bordea el 20%.

Fuera las tropas yanquis de Colombia. Abajo el golpismo contra Venezuela. Por un paro efectivo y un plan de lucha de las centrales obreras contra el gobierno de Duque, en la perspectiva de la huelga general.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-libertad-para-bboy-mandu-y-todos-los-presos-politicos-de-la-rebelion-popular/

 

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12/11/2020

Qué quiere la nueva “Mesa de Enlace” de militares retirados

Un grupo de militares y policías retirados presentó este miércoles la Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, bajo el propósito declarado de “amalgamar a la familia de uniformados” y afines. También se autorreconoce como Mesa de Enlace, denominación que recuerda a la alianza de entidades ruralistas.

De acuerdo al documento público que han presentado y a las declaraciones en los medios, el espacio apunta a eliminar las fronteras entre la seguridad interior y exterior, incrementando las potestades de las Fuerzas Armadas en la represión interna, y a apadrinar reclamos corporativos.

“Somos uno de los pocos países que, por ejemplo, diferenciamos entre Defensa y Seguridad (…) nosotros hablamos de la Seguridad Integral. Es la defensa nacional y la seguridad pública, todo”, declaró a Clarín el militar retirado Ernesto Bossi, quien lidera el flamante conglomerado. Y añadió entre su área de intereses todos aquellos temas “que interesan y preocupan a militares, policías y fuerzas de seguridad en todo el país: haberes, vivienda, protección legal para actuar, obras sociales” (12/11). Tras el motín de la Bonaerense, ante el que el gobierno de Kicillof cedió en toda la línea, los uniformados van por más. La “protección legal para actuar” recuerda a los reclamos de impunidad del aparato represivo para el gatillo fácil.

El espacio adopta entre sus divisas la promoción de “el bien común, el bienestar y la concordia social”. La concordia ha sido el pretexto empleado mil veces para promover la “reconciliación” (impunidad) con los genocidas. Y también incorpora el “respeto de la propiedad privada”, lo que debe leerse como un pronunciamiento contra la oleada de tomas de tierras que recorren el país en defensa del derecho a la tierra y la vivienda.

Entre las figuras del agrupamiento están el exjefe de la Bonaerense durante la administración de María Eugenia Vidal, Pablo Bressi (quien salió del cargo en medio de denuncias por corrupción); Claudio Pasqualini (exjefe del Ejército durante los últimos años del macrismo); Daniel Raimundes (militar retirado que fue procesado por pinchaduras de mails a políticos y periodistas durante el kirchnerismo); y Ricardo Cundom (sucesor de César Milani en el Ejército tras la caída de este en 2015). Bossi, el jefe del espacio, fue secretario general del Ejército en tiempos de Martín Balza (allá por los '90) y funcionario de la Side (servicios de inteligencia) en épocas de la Alianza. El kirchnerismo lo acusa de organizar una reunión conspirativa en 2004 entre militares retirados, empresarios y políticos, tras la salida del jefe del Ejército Ricardo Brinzoni.

Cebar a la bestia

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió a criticar duramente al nuevo reagrupamiento como un nido de conspiración que apunta a paralelizar y desgastar a los jefes oficiales de las fuerzas y al gobierno. El presidente Alberto Fernández retuiteó algunos de esos mensajes.

Pero es importante tener presente que estos militares retirados se envalentonan aprovechando el lugar que les deja el gobierno. Después del motín de la Bonaerense, a la que Kicillof premió con el aumento del 40% que le niega al resto de los estatales, el gobierno nacional blanqueó todas las sumas no remunerativas del personal castrense, mientras esa clase de cifras siguen siendo habituales en el resto de la administración pública.

Por otra parte, el gobierno se deshace en elogios hacia las fuerzas armadas, siguiendo una línea de todas las últimas administraciones políticas tendiente a restaurar la imagen y la autoridad de una institución desprestigiada tras la dictadura y la guerra de Malvinas.

Este año, a pocas semanas del aniversario del golpe genocida, Fernández se congratuló de que “hoy todos los oficiales y suboficiales son hombres de la democracia”, como si eso fuera una garantía de algo. Finalmente, los desaparecidos en democracia se cuentan por decenas y las represiones y casos de gatillo fácil por miles. En esa misma ocasión, llamó a “dar vuelta la página”, en la misma línea de los defensores de la “reconciliación” y la impunidad de los genocidas. Cuando debió retractarse, ante la furia de las organizaciones de derechos humanos, habló de “inconductas de muchos oficiales” durante la dictadura, como si se hubiese tratado de “excesos” individuales y no de un plan sistemático. El gobierno también contribuye a restaurar la imagen de los militares con su elogio reiterado al trabajo de las fuerzas armadas en el marco de la pandemia.

Finalmente, está la cuestión del fortalecimiento del aparato policial, que el gobierno promueve para enfrentarse a los reclamos populares. Esto se vio en el desalojo violento de la toma de Guernica por parte de 4000 efectivos de la Bonaerense, con Sergio Berni a la cabeza, no muchas semanas después del motín y el aumentazo de Kicillof.

El envalentonamiento del aparato represivo tiene en el gobierno a su mayor responsable.

https://prensaobrera.com/politicas/san-martin-y-el-orgullo-de-alberto-fernandez-por-las-fuerzas-armadas/

https://prensaobrera.com/politicas/kicillof-cede-ante-los-bonistas-y-negocia-con-juntos-por-el-cambio/

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11/11/2020 | 1609

Noticiero internacional

Perú - Polonia - Indonesia

Perú: movilizaciones contra el ajuste

El pasado jueves 5, días antes de la destitución del presidente Martín Vizcarra en el Congreso, los trabajadores peruanos salieron a las calles en todo el país contra el ajuste presupuestario, las suspensiones sin goce de sueldo, por el pase a planta de contratados y por aumento salarial, en una jornada convocada por la CGTP y que contó con la participación de trabajadores del sector salud (muy golpeado debido a la pandemia), textiles y construcción, entre otros. Asimismo, rechazaron un reciente decreto que otorga subsidios a las empresas para promover la contratación de trabajadores, dado que solo incentiva el trabajo precario. Miles de personas se movilizaron en Lima y ciudades del interior. Las fuerzas policiales reprimieron las manifestaciones y detuvieron a diez trabajadores. La Confederación de Trabajadores Estatales anunció un paro para el 15 de noviembre ante la eliminación de las negociaciones paritarias.

El gobierno intenta descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Millones de personas han perdido sus puestos de trabajo en el marco de la pandemia y la crisis económica.

 

Polonia: logro del movimiento de mujeres

En Polonia, el movimiento de mujeres consiguió -tras varias jornadas de movilizaciones- que el gobierno ultraderechista de Ley y Justicia (PiS) retrocediera en el intento de restringir el aborto en casos de malformación fetal. Es un golpe a la poderosa Iglesia católica, que apoyaba los cambios.

Hace dos semanas, el Tribunal Constitucional, con jueces adictos al gobierno, había emitido un fallo que consideraba inconstitucional la interrupción del embarazo en caso de que el feto sufra una malformación o enfermedad. Esta restricción, impulsada por el oficialismo, colocaba la prohibición al derecho al aborto como casi total: según datos oficiales, el 97% de los abortos legales son por causa de malformación del feto.

Polonia tiene una de las legislaciones más restrictivas de Europa en cuanto al aborto legal. Aunque el gobierno retrocedió en su nuevo ataque, no descarta volver a la carga con la prohibición, por lo que el movimiento de mujeres deberá mantenerse en guardia.

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Indonesia: la lucha contra la reforma antiobrera y antiambiental

Los trabajadores de Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, han vuelto a movilizarse contra una reforma aprobada por el Parlamento a comienzos de octubre, que impone duros retrocesos en materia laboral (supresión de licencias, alargamiento de la jornada laboral, etc.) y ambiental (relaja las normas de protección). El presidente Joko Widodo promulgó la norma a comienzos de este mes.

El lunes 2 hubo movilizaciones de la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI), que reclama que el tema vuelva a ser tratado por el Parlamento y que la Justicia revise la medida. El 9 y 10 se repetían las protestas. A diferencia de octubre, esta vez no van acompañadas de un paro de actividades.

La huelga general es el camino para barrer con el ataque del gobierno.

https://prensaobrera.com/internacionales/noticiero-internacional-25/

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11/11/2020 | 1609

Argelia: fracasa la maniobra “constituyente” del régimen

Solo el 23,7% del padrón participó del plebiscito.

Por estos días, los funcionarios del gobierno argelino se muestran satisfechos por la victoria (66,8% a favor) que obtuvo su propuesta de modificación constitucional en el plebiscito celebrado el domingo 1° de noviembre. La fecha elegida, el aniversario del comienzo de la guerra de liberación nacional respecto de Francia, no es un dato menor, ya que la elite gobernante, encabezada por el presidente Abdelmadjid Tebboune, buscaba darle a la reforma constitucional un carácter refundacional para el país y encuadrar dentro de los marcos estatales a la gran energía popular desplegada desde 2019. No obstante, la escenificación montada no pudo ocultar el rotundo fracaso de su plan ya que solo el 23,7% del padrón habilitado participó de los comicios, reduciéndose el apoyo real a las enmiendas a una ínfima minoría de la población argelina.

Mientras el gobierno aduce que la escasa participación se debió a la voluntad de los electores de no exponerse al coronavirus, la realidad muestra que se trató de una respuesta organizada de parte de amplias franjas de trabajadores y jóvenes. Se trata de la descendencia política del Hirak (movimiento), nombre con el que se conoció a la rebelión popular desencadenada en el país magrebí en 2019, que formó parte de la segunda ola de la primavera árabe con réplicas en Sudán, Irak o el Líbano. En 2019, el movimiento popular logró terminar con la presidencia eterna de Abdelaziz Bouteflika, quien, luego de 20 años en el poder, buscaba un quinto mandato a pesar de que por problemas de salud casi no realizaba apariciones públicas desde 2013. El objetivo de las masas insumisas, sin embargo, no se agotaba en un mero recambio de la figura gobernante, sino que, junto con urgentes reivindicaciones sociales inflamadas con el recrudecimiento de la crisis mundial y de la caída del precio del principal commoditie nacional (el petróleo), se planteaba un cuestionamiento al régimen de conjunto. La bajísima participación de la población (60% de abstención electoral) en la votación que en diciembre de 2019 ungió como presidente a Tebboune fue un primer indicio de la continuidad del Hirak, confirmado con el boicot a la actual reforma constitucional.

Numerosas organizaciones civiles, de derechos humanos y una multitud de activistas hicieron público su rechazo al cambio constitucional y celebraron los resultados. Es que, detrás de algunos cambios, como la limitación a dos mandatos como máximo para el presidente y mayores prerrogativas para el primer ministro y el Parlamento se esconde la continuidad de los resortes fundamentales que hacen a un régimen profundamente opresivo. El peso de las fuerzas armadas como el poder político real en el país permanece intocable. El Frente de Liberación Nacional (FLN), el partido-ejército que lideró la independencia argelina, permanece en el poder desde 1962, construyendo elites político-militares desde entonces, a las que los argelinos se refieren como le pouvoir (el poder), que continúan dominando el país en acuerdo con una burguesía local fuertemente entrelazada con la clase capitalista francesa. De la mano de la búsqueda de la preservación de este entramado de dominación permanecen como facultades del presidente la designación a dedo de un tercio de la cámara alta del Parlamento, así como del primer ministro. Las dificultades para organizar tanto partidos políticos opositores como para realizar una agitación contra el gobierno persisten, existiendo decenas de presos políticos y numerosos medios periodísticos censurados.

De hecho, el rol del ejército ha sido resaltado en el nuevo texto constitucional ya que se lo nombra como “defensor de los intereses vitales y estratégicos" del país (Europa Press, 31/10) y se avala, aprobación parlamentaria mediante, su participación en misiones en el extranjero, lo que fue visto como una señal de cara a una posible intromisión argelina en el conflicto armado que transcurre en la vecina Libia.

El FLN ha recorrido el mismo sendero que la mayoría de los movimientos nacionalistas burgueses, pasando de un enfrentamiento con el imperialismo a asociarse al mismo, lo que se verifica en una alianza con la burguesía francesa, incluso prestando apoyo logístico a las aventuras militares del país europeo en el norte de Africa. Para los trabajadores y el pueblo de Argelia, el fracaso de la convocatoria electoral del régimen debe ser un aliciente para proceder a una nueva ola de levantamientos populares que debe darse bajo la égida de la independencia política de los explotados. 

https://prensaobrera.com/internacionales/costa-de-marfil-elecciones-fraudulentas-y-movilizaciones/

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10/11/2020

Perú: la destitución de Vizcarra

El Congreso lo desplazó de la presidencia el lunes por la noche.

Solo se necesitaban 87 votos, pero con los 105 votos a favor (de 132), 19 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso acaba de destituir [en la noche del lunes] al presidente de la República por “permanente incapacidad moral”. Esta nueva correlación de fuerzas se debe, entre otras cosas, a los últimos escándalos de corrupción que involucran a Martín Vizcarra (habría recibido casi 2 millones 300 mil de soles de “coima” por obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua), así como a la polarización que decidió profundizar el mandatario al meter en prisión al líder del partido Podemos Perú, Pepe Luna, en la persistente confrontación con el Legislativo.

La vacancia presidencial es una figura legal que está contemplada en el artículo 113, numeral 1, de la Constitución Política de 1993 donde señala que “el Presidente de la Republica vaca por su: permanente incapacidad moral o física”. A la misma vez, en el artículo 117, bajo el título de “excepción a la inmunidad presidencial”, dice: “el Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Justamente, es este último artículo el que ha sido mencionado por los defensores del gobierno para señalar que la vacancia no “tendría asidero”. Al contrario, la narrativa del vizcarrismo durante los últimos meses ha apuntado a señalar que “son los del Congreso los que quieren dilatar las elecciones y que estarían planeando un golpe de Estado”.

"Está haciendo una interpretación arbitraria de lo que dice la Constitución referente a lo que es la vacancia del presidente", declaró el ex general y actual premier Walter Martos (diario Exitosa, 11/9), cuando se presentó la moción de la primera vacancia por el escándalo “Richard Swing”. Luego, dijo: “en este momento hay muchos congresistas que están interesados en que estas leyes de impedimentos no se aprueben. Hay muchos intereses de que ciertas leyes populistas se aprueben de inmediato, creando una inestabilidad fiscal innecesaria. Hay muchos intereses de frenar toda la reforma política y de justicia”. Se refiere a leyes como la de la devolución de los aportes al sistema de jubilación privada como las AFPs o la estatal ONP donde están involucrados más de 4 millones de peruanos, y que sus aportantes demandan se les devuelva para afrontar la crisis económica.

Es cierto que hay varias bancadas parlamentarias que funcionan como mafias. Pero el Ejecutivo no se quedó atrás. Todo este tiempo de pandemia, solo ha beneficiado a la elite capitalista con leyes que vulneran los derechos de los trabajadores y con un salvataje de 60,000 millones de soles. Además, no hay que olvidar que este Congreso cedió facultades legislativas a Vizcarra “para enfrentar la pandemia” y hasta ahora no aprueba una ley que le imponga un impuesto a las grandes fortunas. Y ambos, Legislativo y Ejecutivo, juegan en pared con la banca usurera que cobra los intereses más caros de la región.

En su Mensaje a la Nación, Vizcarra, dijo que “hoy mismo dejaba Palacio”, sin dejar de denunciar los intereses subalternos que están detrás de los promotores de la vacancia. Y es que el desprestigio de los líderes de la vacancia es tal que varios líderes y candidatos presidenciales como Julio Guzmán, Verónica Mendoza, George Forzay, etc. están pronunciándose contra “el golpe de Estado del Congreso” y se están movilizando con cientos de militantes y ciudadanos en las afueras del Legislativo.

Al parecer, el desgaste político por las sucesivas denuncias de corrupción y sus aires “bonapartistas”, terminaron por quitarle la confianza de grupos empresariales importantes como el Grupo Miroquesada (dueño del 85% de la prensa nacional y vinculado a la construcción y escándalo Lavajato) y la OEA. A esto habría que agregarle sus ataques al equipo legal de Lavajato y al connotado periodista César Hildebrant.

Como siempre hemos señalado, esta es una pugna entre dos mafias por el poder político para lucrar y gobernar al servicio de la patronal Confiep. Los trabajadores no podemos confiar en el nuevo presidente Manuel Merino. Debemos confiar solo en nuestras fuerzas y el desarrollo del sindicalismo combativo y clasista.

En ese sentido, llamamos a la clase trabajadora a luchar organizadamente por asamblea de bases en los centros de trabajo que apunte a un Encuentro de trabajadores para desarrollar un plan de lucha que supera las luchas aisladas y combata por:

1.-Un plan integral de salud pública que convoque a más personal de salud (con 4 turnos, negociación colectiva y beneficios laborales).

2.-Derogatoria del DU 014, que elimina la negociación colectiva en el sector público.

3.-Una ley que regule los protocolos en los centros laborales y barrios bajo la dirección del Minsa (Ministerio de Salud).

4.-La triplicación del presupuesto de salud (que atienda las demandas del personal y la infraestructura).

5.-Salarios al nivel de la canasta básica

6.-Ningún despido ni cese colectivo

7.-Desjudicialización y operatividad de decenas de hospitales que están por “liquidar”.

8.-Organización de la distribución de los kits y víveres por los gremios populares.

9.-Rechazo a las leyes del “gatillo fácil”

. 10.-Que la banca privada, la minería y las farmacéuticas pasen al poder del control público.

11.-Desconocimiento de la deuda con el FMI y no pago de la deuda externa.

Lima, lunes 9, 22 horas

 

https://prensaobrera.com/internacionales/ecuador-bajo-la-tutela-del-fmi/

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09/11/2020

El movimiento obrero indonesio vuelve a irrumpir en la escena política

Nuevas movilizaciones contra la reforma laboral.

Finalmente, el presidente indonesio Joko Widodo ha promulgado este lunes por la noche la ajustadora “ley ómnibus”, un cúmulo legislativo de retrocesos en materia laboral y ambiental.

La tentativa antiobrera de Widodo fue enfrentada tenazmente por una irrupción de trabajadores que conmovió al mundo entero. El 6 de octubre, al día siguiente de la aprobación del proyecto, las centrales obreras llevaron adelante un paro de 72 horas con movilizaciones, cuyo desenvolvimiento fue duramente reprimido por el gobierno. El jueves 8, en las zonas aledañas al palacio presidencial de Jakarta (capital), los manifestantes se enfrentaron a las mesnadas de Widodo lanzando botellas y piedras a la policía, quienes defendían el alargamiento de la jornada laboral y la supresión de las licencias pagas a punta de gases lacrimógenos y cañones de agua (France 24, 8/10). Episodios represivos de este calibre se replicaron en otras ciudades como Yogyakarta, Medan, Makassa, Manado y Bandung, dejando como saldo a un centenar de detenidos.

El lunes 2 volvió a haber movilizaciones, aunque sin paro, en las que se sumó el reclamo por un aumento del salario mínimo. La Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI) reclama que el parlamento vuelva a tratar el tema y que la Corte Constitucional revise la ley. El presidente de la KSPI, Said Iqbal, advirtió que las protestas continuarán los días 9 y 10 de octubre (The Jakarta Post, 2/11).

Esta vía judicial y parlamentaria no promete resultados. Para quebrar la reforma antiobrera y antiambiental, sería más efectivo seguir el camino de octubre: la paralización de los lugares de trabajo, en la perspectiva de la huelga general.

En la encrucijada de la crisis mundial

La prensa local informó esta semana que Indonesia hallábase ingresando a una fase recesiva por primera vez desde la crisis financiera asiática de 1997, suceso que motorizó posteriormente una revolución que produjo la caída del entonces dictador Suharto. Su economía viene sufriendo retrocesos de manera consecutiva, a la contracción del 5,35% anual plasmada en el segundo trimestre de este año se agrega ahora una contracción del 3,49% anual concerniente al tercer trimestre. De acuerdo a la encuestadora Statistics Indonesia, el gasto de los hogares, cuya contribución al PBI asciende a más de un 50% del mismo, ha caído un 4,04%. Asimismo, las exportaciones e importaciones del país se han declinado en un 10,82% y 21,86%, respectivamente.

Del mismo modo, la inversión se contrajo un 6,48%. Los capitalistas se han lanzado en una reducción drástica del gasto en capital fijo y otros elementos (ídem, 5/11). Es por este conjunto de factores que el gobierno ha avanzado en una cruzada contra los trabajadores. Todo en nombre de “mejorar el clima empresarial”. Nos encontramos, pues, ante un ajuste de grandes magnitudes, que la clase obrera indonesia pagará con una regresión de sus condiciones de existencia, en un país en el cual además las autoridades gubernamentales han estimado que alrededor de 3,5 millones de habitantes perderán sus puestos de trabajo este año (Al Jazeera, 5/11).

Hay un motivo adicional para la reforma: Indonesia procura acercar las condiciones laborales al más bajo nivel de Vietnam y Tailandia, de manera de atraer la inversión extranjera. Este propósito, sin embargo, se encuentra condicionado por la propia crisis mundial.

La visita de Pompeo

Las nuevas protestas han coincidido con la gira por el sudeste asiático del secretario de Estado yanqui, Mike Pompeo, quien visitó la región a fines de octubre como parte de un intento de ganar posiciones frente a China. En Indonesia, apoyó a este país en su pelea con Beijing por las aguas territoriales de las islas Natuna, en el disputado Mar de China Meridional, donde el gigante asiático, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei, Taiwán e Indonesia tienen reclamos encontrados y Estados Unidos ha llegado a desplegar en junio de este año 3 portaviones para ejercer presión por el control de esa zona.

Indonesia y Estados Unidos venían de acordar un reforzamiento de la cooperación en seguridad, durante una visita del ministro de defensa Prabowo Subianto a Washington. Subianto es yerno del fallecido dictador Suharto y está involucrado en la desaparición de activistas en los años finales de la dictadura.

De todas maneras, Indonesia tiene como principal socio comercial a China, por lo que parece buscar un equilibrio entre los dos gigantes, siguiendo el mismo libreto de la vecina Tailandia.

Días decisivos

Los próximos días serán claves en el futuro de la reforma. La irrupción obrera en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, merece ser seguida con atención.

https://prensaobrera.com/internacionales/japon-nuevo-gobierno-profundizacion-de-la-crisis-y-de-las-tendencias-belicas/

https://prensaobrera.com/aniversarios/indonesia-50-anos-despues/

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09/11/2020

Joe Biden, un defensor de la guerra imperialista

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Joe Biden

La calamitosa presidencia de Donald Trump ha oscurecido hasta cierto punto la trayectoria del nuevo presidente norteamericano. ¿Quién es Joe Biden?

Biden es, antes que nada, un hombre de la “partidocracia” norteamericana. Fue senador de Delaware por el Partido Demócrata entre 1973 y 2009, es decir, por más de 30 años consecutivos. El elogio que recibe por su capacidad de buscar consensos es un embellecimiento de la rosca política entre los dos grandes partidos estadounidenses.

En su paso por el Senado, Biden fue durante mucho tiempo el presidente de la comisión de relaciones exteriores. Desde allí, convalidó los bombardeos de la Otan en la ex Yugoslavia, la invasión de Afganistán y la invasión de Irak en 2003, parte de la infame “guerra contra el terrorismo” que incluyó la instalación de centros de detención y tortura como Guantánamo, Abu Ghraib o Bagram. Más atrás en el tiempo, en 1982, apoyó al Reino Unido en la guerra de Malvinas señalando en una entrevista televisiva que “es claro que el agresor es Argentina y es claro que Inglaterra tiene razón, y debería ser claro para todo el mundo a quién apoya Estados Unidos”.

También fue presidente de la comisión de justicia del Senado. Desde allí, en 1994, impulsó una ley de endurecimiento de penas que provocó un salto extraordinario en las detenciones de negros y migrantes.

Biden probó suerte como precandidato presidencial en 1988, pero no tuvo éxito. Volvió a intentarlo en 2008, pero abandonó tras las primarias del Partido Demócrata de Iowa. Barack Obama, el ganador de aquella interna demócrata, lo sumó como candidato a vicepresidente.

Joe fue el vice de una gestión que se encargó de transferir la factura de la crisis de 2008 sobre las masas, mientras rescataba al capital, y cuyo presidente fue calificado -para envidia de Donald Trump- como “deportador en jefe” debido a las millones de expulsiones de migrantes. Ese gobierno participó de la invasión contra Libia, que condujo a la desintegración del país y a la actual guerra civil.

En simultáneo con la carrera política de Joe, el clan Biden fue desarrollando negocios, algunos de los cuales se mezclan con la Argentina. James, hermano del nuevo presidente, asumió la titularidad de un fondo de cobertura llamado Paradigm Global Advisors. “Ese fondo sirvió para que los Biden amasaran -o intentaran amasar- fortunas. Por ejemplo, al ofrecer sus supuestas influencias a tenedores de la deuda soberana argentina, como el fondo de inversión Gramercy”, informa el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación (8/11). James también trabajó junto a José Luis Manzano -empresario y funcionario menemista- en el auxilio de dos empresas locales endeudadas. Algunos de los socios del clan Biden aparecen involucrados en fraudes multimillonarios y uno de ellos en el soborno de un juez (ídem).

En el caso de Hunter, hijo del mandatario, obtuvo un cargo en la dirección de una empresa energética ucraniana (Burisma) desde el que hizo negocios multimillonarios mientras su padre era vicepresidente. Fue designado poco después de que éste ofreciera ayuda para que el país europeo incrementara su producción de gas natural. Los republicanos hicieron una campaña política, denunciando el aprovechamiento de la posición de poder para fines personales. Trump sostuvo una conversación que se hizo pública en que reclamaba insistentemente al presidente ucraniano Volodímir Zelensky que investigara a Hunter, motivo por el cual los demócratas iniciaron el fallido impeachment contra Trump por abuso de poder.

Bien mirado, lo que tiene en común el comportamiento de los Biden y Trump respecto a Ucrania es el modo imperialista de relacionarse con este país. Unos, con el desarrollo de negocios ligados a la restauración capitalista en el este europeo (el propietario de Burisma es un connotado oligarca). El otro, por medio del apriete liso y llano y la injerencia en asuntos internos de ese país.

Biden llega a la presidencia con un fuerte respaldo de Wall Street y será un continuador de la política imperialista que caracteriza a los Estados Unidos, lo que vuelve infundada cualquier expectativa en una mejora de las condiciones de vida del pueblo norteamericano o en una situación más favorable para América Latina.

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08/11/2020

La Matanza: la lucha contra la contaminación de la Ceamse y por un ambiente sano sigue vigente

A 14 años del "Catanazo".

Los basurales a cielo abierto se han instalado en distintos puntos del conurbano hace décadas, como en González Catán, y vienen afectando la salud y el ambiente en diferentes barrios de la clase obrera. A fines de octubre de 2006, los vecinos de González Catán iniciaban bloqueos de camiones en los accesos a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), centro de deposición de residuos. A 14 años de aquellos hechos, la lucha contra este negociado del Estado y grupos empresarios sigue en pie.

Contaminados desde la dictadura

Desde la última dictadura la estrategia de los diferentes gobiernos para gestionar los residuos sólidos urbanos del área metropolitana viene siendo el empleo de rellenos sanitarios. Para ello, se creó la empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) con participación de los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, la cual se encarga, en asociación con otras empresas, de transportar los residuos desde las zonas de acopio y realizar su disposición final, entre otras actividades.

Uno de los tres centros de deposición final de residuos se encuentra en González Catán, localidad que venía recibiendo un promedio de 17 mil toneladas por día de 14 municipios y de CABA hasta 2007 aproximadamente. El proyecto, inspirado y en beneficio de grupos empresarios como Techint y Benito Roggio, se impuso con la promesa de que se enmarcaría en un espacio parquizado y armonizado con el ambiente. El predio debía tener 25 hectáreas pero el Estado facilitó 50 más. En el área, además, hay cuatro cementerios privados, un negocio de los 90, y un conjunto de barrios sin una infraestructura acorde.

La Ceamse funciona desde 1979 y sigue operando con la complicidad de todos los gobiernos, tanto a nivel provincial como municipal, provocando contaminación en el aire, el suelo y el agua y, como consecuencia de ello, diversas enfermedades (cáncer de piel, de mama, leucemia, trastornos respiratorios, lupus, púrpura) que afectan a los habitantes de tres de los barrios linderos al cinturón ecológico: Las Marías, San Enrique y Nicol.

La crisis del 2001 y la organización contra la contaminación

Desde el año 2003 un grupo de vecinos comenzó a organizarse, conformándose como Vecinxs Autoconvocadxs contra el Ceamse y el Care (Centro Ambiental de Reconversión Energética), en el marco de la movilización de trabajadores ocupados y desocupados y las prácticas asamblearias que había alumbrado la crisis de 2001.

Ese mismo año, 2003, realizaron una denuncia, la cual llevó a que se abriera una causa penal en el Juzgado Federal Nº 3 de Morón. Pablo Salas, juez de la causa, ordenó realizar pericias a los pozos de agua de la zona, las cuales arrojaron que la misma no es apta para consumo humano. La misma resolución sentenció que el agua no debía utilizarse "ni para lavarse los dientes". De este modo, la Municipalidad de la Matanza y la Secretaría de Política Ambiental se veían obligadas a "implementar con carácter de urgencia las medidas sanitarias pertinentes con relación al suministro de agua potable" a los vecinos de los tres barrios afectados y a los colegios de la zona a través del Consejo Escolar. Al día de hoy, no se cuenta con un sistema de cloacas de cobertura plena ni una planta potabilizadora que se encargue de eliminar los metales pesados de las aguas de las napas contaminadas por los líquidos de la basura.

El "Catanazo"

Un antecedente inmediato al “Catanazo” de noviembre de 2006, fue la Interbarrial de González Catán, una de las primeras asambleas piqueteras de la zona, y de donde surgirían los cuadros que luego fundaron el Polo Obrero en Catán y en La Matanza. La lucha de la Interbarrial fue enorme por varios motivos, pero sin dudas, su victoria más apreciada y recordada ha sido la puesta en funcionamiento del Hospital del Km 32.

Las denuncias, los reclamos persistentes, la conciencia creciente sobre la contaminación y las responsabilidades políticas cada vez más claras, fueron confluyendo. Así es como los vecinos resolvieron en asamblea, como ya lo venían haciendo, el bloqueo de camiones en el ingreso del predio de la Ceamse por varios días a fines de octubre de 2006. La tenacidad del reclamo se encontró con un enorme despliegue policial que buscaba desalojar a los manifestantes. Fernando Espinoza, intendente en ese momento, intervino decretando "la emergencia sanitaria" dado que, con el bloqueo, la basura se acumulaba en las veredas de las viviendas y podría generar focos infecciosos. Como consecuencia, una orden impartida por el juez de Garantías de La Matanza, Marcelo Dau, habilitó el desalojo y la represión de los manifestantes. El brutal operativo contó con 500 efectivos y dio lugar a la detención de 40 compañeros, en su mayoría militantes del Polo y de la CCC. Las organizaciones habían sido sostenes claves del bloqueo, sumando a los reclamos la plena apertura del Hospital del km 32 y que se revierta el vaciamiento del Paroissien.

Sin embargo, el operativo tuvo el efecto adverso al que buscaban. La población de Catán protagonizó el 3 de noviembre una histórica movilización por la liberación de los detenidos, contra la contaminación del Ceamse, por su cierre y el saneamiento del lugar que llegó a congregar a miles de personas.

La movilización popular colocó la cuestión de la salud, la basura y su tratamiento en el primer plano de la situación política. Así es como, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, prometió el cierre definitivo de la planta para finales del año 2007. Sin embargo, las promesas no se cumplieron y un acuerdo entre el municipio y el gobierno provincial decidió extender las operaciones del basural a cielo abierto.

Las escuelas de Catán y sus comunidades fueron un factor fundamental en el "Catanazo". No sólo en la participación física en aquellas jornadas de enorme movilización sino también en el antes y el después. Muchas docentes detectaban en los estudiantes varias de las enfermedades que luego fueron asociando con el basural. Asimismo, fueron quienes colocaron el tema para trabajar en las aulas y dieron pasos importantes en lo que hoy se conoce y se demanda como educación ambiental.

Como resultado del "Catanazo" se dejó de ingresar residuos de unos 17 municipios del Conurbano y de Capital Federal, además de conseguir la provisión de agua potable para las escuelas de la zona, porque, si bien están conectadas a la red de Agua+Trabajo, es agua de pozo y está contaminada, nos cuenta uno de los referentes de esta lucha, Hugo Osores.

En relación al tratamiento de residuos, Osores plantea que, además del cierre inmediato de la planta y la remediación de la misma con la intervención del Estado y la participación de universidades, debe llevarse a cabo un plan integral del tratamiento de los residuos, el cual incluye la separación en origen y la recolección diferenciada. Plantea que podría abrirse un camino allí hacia el trabajo genuino para la población desocupada a través del reciclado. Además, propone que un sector del hospital del Km32 de Catán, el "Simplemente Evita" sea destinado al estudio, seguimiento y tratamiento de las enfermedades generadas por la contaminación ambiental de la Ceamse y otros como Klaukol, a través de un equipo interdisciplinario de profesionales.

El frente único como salida de los trabajadores por un ambiente sano

La extensa y profunda lucha que han llevado y continúan los trabajadores de González Catán ha dejado como saldo la instalación de la problemática que desde la dictadura funcionaba como un negocio "limpio". Con avances y retrocesos, la conciencia del perjuicio ambiental que implica el relleno sanitario sin el tratamiento adecuado y la conciencia de la unidad de distintos sectores de trabajadores es una marca que queda en las nuevas generaciones que continuamos en la misma senda.

Aún queda mucha lucha para terminar de eliminar este basural, así como también para la planificación de un sistema de tratamiento y reciclado de los residuos con control obrero y de los vecinos que efectivamente aborde integralmente esta problemática. Estamos atravesando un tiempo de crisis del capital que pone cada vez más en riesgo nuestros ambientes. El gobierno actual se acomoda a las necesidades del capital y un sistema en crisis y viene reciclando a funcionarios antiobreros como Felipe Solá, que hoy en día promueve el polémico acuerdo de megafactorías de cerdos con China.

Sin embargo, esa crisis está atravesada por diferentes procesos de lucha en La Matanza y en el país que bregamos por que se conjuguen para pegar juntos con el mismo puño. Siempre defendiendo una estricta independencia política de los gobiernos de turno, la lucha por el cierre de la Ceamse, el saneamiento y el tratamiento integral es una bandera más de los vecinos de González Catán y del conjunto de la clase obrera en el camino a tomar las riendas de nuestro propio destino.

En defensa de un ambiente sano para los trabajadores.

Abajo el régimen de la depredación ambiental.

https://prensaobrera.com/ambiente/a-los-actos-del-partido-obrero-tambien-por-los-reclamos-ambientales/

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08/11/2020

CABA: el martes 10, movilizamos por el fin de las restricciones al subsidio habitacional

A la Subsecretaría de Desarrollo Familiar y Comunitario.

Congreso por la vivienda, desarrollado en Plaza de Mayo el 16/10.

Luego de una gran jornada de lucha por la vivienda en la ciudad, donde decenas de organizaciones, vecinos de las villas de la ciudad y de casas recuperadas marchamos a la jefatura de Gobierno para exigirle al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que dé una respuesta frente a la crisis habitacional, movilizaremos este próximo martes 10/11 a la Subsecretaría de Desarrollo Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, para exigir el fin de las restricciones en el acceso a los subsidios habitacionales.

Con la creciente crisis social y económica que avanza en todo el país, que no deja por fuera a la ciudad, y teniendo a los trabajadores desocupados e informales como los más golpeados, el problema de la vivienda se coloca con más fuerza que nunca. La lucha por la tierra y la vivienda, que tuvo a Guernica como su principal exponente en los últimos meses, ha demostrado cuál es y cuál ha sido el carácter de todos aquellos que han gobernado hasta el momento. La especulación inmobiliaria y la privatización de espacios públicos ha sido la política que se ha llevado adelante en la ciudad, pactada entre el gobierno y la oposición patronal, como así también en todo el país.

La imposibilidad para pagar los alquileres para los miles de inquilinos que viven en la ciudad es una realidad que no ha tenido respuesta por parte del gobierno y que produjo que se lleven adelante numerosos desalojos en aquellos casos donde no se cuenta con un contrato formal de por medio. Las restricciones para acceder a un subsidio habitacional contemplado en la ley 690, que incluso plantea que para acceder al mismo se debe tener un contrato formal, deja a cientos de familias en la calle sin solución.

Es necesario que se dé una respuesta a esta problemática. La creación de un banco de tierras destinado a la construcción de viviendas sociales, que se avance con un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y al capital inmobiliario para financiar este plan de obras, la urbanización real de las villas, el relevamiento de los contratos de alquiler informal para darle a las familias una respuesta definitiva al derecho a la vivienda, entre otros puntos, son indispensables para avanzar en este sentido.

Como una de las resoluciones votadas en el congreso por la vivienda realizado en la ciudad, el próximo martes 10 a las 10hs nos movilizaremos a Entre Ríos y Pavón, exigiendo la universalización y el fin de las restricciones para acceder al subsidio habitacional para todas las familias que lo necesiten. Llamamos a todos los vecinos y organizaciones a que se sumen y a lanzar un gran empadronamiento por este reclamo.

https://prensaobrera.com/sociedad/como-fue-la-represion-en-guernica/

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