23/02/2021

Fernández y López Obrador, la debacle del Grupo de Puebla

Sobre la visita del presidente argentino a México.

El presidente Alberto Fernández se encuentra desde el lunes en México, donde participará de las celebraciones del bicentenario de la independencia. Ayer se reunió con empresarios e intelectuales, mientras que hoy participó de una conferencia de prensa junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

La visita de Fernández no logró sustraerse al escándalo de la vacunación vip, por el que fue consultado en la conferencia. El mandatario intentó contraatacar aludiendo a la corrupción del gobierno macrista y el ajuste en salud de la gestión anterior. El lunes, AMLO se había desmarcado públicamente, al criticar la “vacunación secreta” en varios países. Así como Fernández llegó a México golpeado por el "vacunagate", López Obrador se encuentra cuestionado por respaldar a un candidato a gobernador del Morena, Félix Salgado Macedonio, que está acusado de delitos sexuales graves contra cinco mujeres, según denuncian diputadas de ese mismo partido.

La conferencia conjunta se caracterizó por referencias críticas a los gobiernos “neoliberales” anteriores y a los grandes medios que los acompañaron. Alberto incluso señaló que el préstamo del FMI fue destrabado para favorecer la fallida reelección de Mauricio Macri. López Obrador denunció a dos expresidentes (Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) como agentes de ciertas compañías extranjeras.

Pero del dicho al hecho hay un largo trecho, según reza el refrán.

Porque a la hora de la verdad, el gobierno argentino está negociando un acuerdo con el FMI para pagar esa deuda, que tendrá como contrapartida una acentuación del ajuste. Además, ya llegó a un compromiso de reestructuración con los bonistas que les reconoció la totalidad del capital de la supuesta deuda. Ambos mandatarios, por su parte, están buscando tejer vínculos con el nuevo gobierno norteamericano, muy lejos de cualquier planteo antiimperialista.

A los empresarios, Fernández les dijo el lunes que “somos socios de ustedes. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien”. En la reunión estuvieron representantes de compañías como Bimbo, Ternium (del grupo Techint) y Coca-Cola Femsa. Esta agenda de contactos con el gran capital se completaba el martes con una reunión mano a mano con el multimillonario Carlos Slim, dueño de Claro. A esta reunión, Fernández llega con un paquete bajo el brazo, dado que autorizó la semana pasada un aumento de casi el 10% de la telefonía móvil para febrero y marzo.

Los presidentes del Grupo de Puebla no cuestionan la dominación del gran capital. Este “eje progresista” (del que sin embargo, AMLO estuvo ausente en sus últimas reuniones) se ha venido desluciendo como resultado del impacto de la crisis en sus respectivos países. Y por la propia agenda de ambos mandatarios, uno de los cuales viene impulsando acercamientos con los mandatarios derechistas de la región (Alberto se reunió con el chileno Sebastián Piñera, el uruguayo Luis Lacalle Pou, y se prepara para un encuentro con el brasileño Jair Bolsonaro) y otro que apoyó hasta el último minuto a Donald Trump, con el que pactó el control de los migrantes centroamericanos, y ahora busca un vínculo semejante con Joe Biden.

Es necesaria la superación de este nacionalismo burgués, por medio del desarrollo de un polo continental alternativo de los trabajadores. La necesidad de convocar a una segunda Conferencia Latinoamericana de la Izquierda y del movimiento obrero combativo es un objetivo de primer orden.

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22/02/2021

Perú: vacuna vip y crisis política

Dejen respirar al pueblo.

De manera similar a como ha sucedido en Argentina con los “vacunatorios VIP”, se ha destapado la olla en Perú revelando que cientos de funcionarios, burócratas sindicales y empresarios han recibido a escondidas la vacuna contra el Covid-19.

En este selecto grupo podemos encontrar al destituido expresidente Martín Vizcarra y su familia; Pilar Mazzeti, Alejandro Aguinaga y Patricia García (tres ex ministros de Salud); el dirigente de la central obrera (CGTP) Pablo Checa (quien fuese viceministro de Trabajo de Ollanta Humala); y numerosos empresarios que fueron beneficiados en los últimos años por los distintos gobiernos.

El “vacunagate” se da en un momento de grave crisis sanitaria; las denuncias de faltantes de tubos de oxígeno se han vuelto moneda corriente. Mientras el pueblo trabajador muere asfixiado los representantes de las patronales se vacunan de forma exclusiva. Las empresas farmacéuticas se encuentran también en la mira por sus implicancias en el tráfico clandestino de vacunas, usado como soborno, con el objetivo de obtener favores políticos.

El camino hacia las elecciones

Este cuadro se ve agravado por la cercanía de las elecciones. Numerosos funcionarios, diputados y jueces han tenido que afirmar bajo juramento no haber recibido la vacuna de manera clandestina. No lo hacen por una cuestión moral, sino por las amenazas de revisión e inhabilitación política que se ciñe sobre los funcionarios implicados.

La crisis política, sin embargo, no es solo por el escándalo de las vacunas. La rebelión que sacudió al país en 2020 (donde un golpe parlamentario volteó a un presidente y otro renunció presionado por combativas movilizaciones populares) se ha hecho notar: se han presentado 17 candidaturas a la presidencia y ninguna encuesta arroja algún candidato con más del 20% de los votos, con solo dos superando el 10%.

La candidatura que lideraba las encuestas, George Forsyth, fue congelada por el Jurado Electoral. El candidato derechista del Partido Victoria Nacional que tenía cierto apoyo por su popularidad como ex jugador de fútbol, omitió-escondió información sobre sus bienes e ingresos en la declaración jurada. Ya de entrada evidencia su tendencia a la corrupción. De la misma manera muchos candidatos vieron tambalear su candidatura por motivos similares.

Pese a que Forsyth es el favorito en las encuestas, sectores de la burguesía peruana han empezado a inclinar su apoyo a Yonhy Lescano del partido conservador Acción Popular que subió en los últimos meses de 3% a 10% en la intención de voto, apenas por debajo de Victoria Nacional. Lescano es del mismo partido que el golpista destituido Manuel Merino.

Verónika Mendoza, quien está tercera en las encuestas, es apoyada por el Grupo Latinoamericano de Puebla (integrado por el presidente argentino Fernández, Lula y Dilma de Brasil, Evo Morales de Bolivia, etc.) y diversos sectores de la centroizquierda peruana. La candidata de Juntos por el Perú le había pedido al presidente de Argentina, Alberto Fernández, pocos días antes de que estalle el escándalo de las vacunas en ambos países, ayuda para que el Perú reciba la vacuna de AstraZeneca.

Lo concreto es que las elecciones del 11 abril no han concitado entusiasmo en las masas sufrientes por la gravedad de la crisis sanitaria, económica y social.

Según diversos análisis, el 60% de los hogares con niños no tuvieron en muchos momentos para comer. Y los ingresos de los sin trabajo, que changuean, se han reducido en un 50%. Frente a esto la acción del gobierno es casi nula. No faltan solo vacunas, sino oxígeno (se ha establecido una especie de mercado negro para conseguir el llenado de tubos de oxígeno y salvar, precariamente, a un familiar afectado). Y todo tipo de insumos. Los médicos denuncian que no se les paga, en algunos casos varios meses, sus magros salarios y que se mantiene un sistema de tercerización y precarización del personal sanitario. El presupuesto de salud está en sus mínimos históricos. La cámara empresarial, Confiep, reclama la flexibilización, permitiendo intervenir a empresas privadas en la obtención y distribución de la vacuna. Sin vergüenza alguna, afirma que esta privatización servirá “para reactivar la economía”. En medio de la pandemia la corrupta burguesía peruana piensa en una nueva fuente de ganancias y en obtener garantías de que los miembros de su clase puedan recibir el tratamiento vacunatorio, dejando al pueblo pobre y trabajador librado a los designios del “mercado”. Quieren legalizar la corrupción de clase que hoy en día es criticada por la vacunación clandestina llevada adelante.

Organizar la acción de masas ante la crisis

Solo el 18% de la población sabe a quién votará. Para la vanguardia obrera y la izquierda no hay alternativa obrera o de izquierda en el próximo evento electoral. Su eje debiera estar centrado en la necesidad de organizar la resistencia y movilización para enfrentar la degradación sanitaria, económica y social y su descarga contra el pueblo.

La rebelión que tumbó a Merino, la huelga general y los piquetes de los trabajadores agrícolas o las movilizaciones de los trabajadores de la salud, son muestra de las reservas de lucha del pueblo peruano. El colapso sanitario y el descontrol de la plaga de Covid ha obligado al gobierno a reinstalar una cuarentena más severa. Pero quiere imponerla a través de la represión y regimentación. Lo cual ha provocado importantes movilizaciones en diversas zonas (Cuzco, Puno, etc.), incluyendo a trabajadores y desocupados, a los que no se les brinda las condiciones materiales necesarias para sobrellevar esa cuarentena.

Es necesario un Bono Universal automático para todo ciudadano sin ingreso salarial, igual al salario mínimo y con un plus del 20% por cada hijo menor de 16 años. Comedores populares en todos los barrios y localidades gestionados directamente por los vecinos y provisionados por el Estado. Formación de Comités de Defensa de la Salud Pública en todos los barrios y su coordinación. Ellos deben organizar la lucha por estos reclamos y el control directo de los fondos del Estado: control obrero y popular. Creación acelerada de empresas estatales de fabricación de tubos, de oxígeno y de los insumos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria. Duplicación inmediata del presupuesto de salud, regularización de su situación salarial (aumento salarial) y laboral (incorporación a planta permanente, tomar urgente varios miles de nuevos profesionales y auxiliares). Todo el plan sanitario debe estar bajo control y gestión directa de los trabajadores de la salud. Prohibir los despidos, reincorporar de inmediato a los cesanteados. derogar el sistema de “suspensión perfecta”. Pese a la irrupción popular de los últimos meses (caída del golpista Merino, poderosa huelga de los trabajadores de la fruta, etc.) no se ha podido constituir una alternativa política independiente. Las listas que se hacen llamar de izquierda (Juntos por el Perú y el Frente Amplio) son solo la pata izquierda del régimen.

La vanguardia obrera y la izquierda que se reclama revolucionaria deben coordinar todos los sectores que se reclaman combativos (sindicatos, agrupaciones, estudiantes, organizaciones independientes, asambleas populares, etc.) para intervenir en la crisis que cada vez se agudiza más con la perspectiva de un plan de lucha y la huelga general y no dejarse atrapar por la demagogia electorera.

https://prensaobrera.com/salud/no-a-las-patentes-vacunas-para-todxs/

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21/02/2021

Vacunación en negro, la punta del iceberg

El vacunatorio vip armado por Ginés González García en el Ministerio de Salud y su sucursal en el Hospital Posadas, para inocular “por debajo de la mesa” a empresarios amigos, familiares y correligionarios, no es, con toda la genuina indignación pública que despierta, sino la punta de un iceberg gigantesco.

A diario, desde la llegada de los primeros embarques de vacuna, se han sucedido denuncias sobre intendentes, concejales, militantes, burócratas sindicales, más sus familiares y hasta sus choferes, que saltearon todo tipo de turnos y programas de vacunación, que deberían privilegiar a los grupos de mayor riesgo de enfermar gravemente e incluso morir. La extensión de estos hechos, a los más diversos municipios y provincias, habla de un sistema general de corrupción, amiguismo y arbitrariedad, que incluyó “reservas” de partidas para uso extraoficial y sospechosas vacunaciones supernumerarias por “sobrante de dosis”. Pero indica, sobre todo, el desprecio por la salud pública y, en su lugar, el predominio de los intereses capitalistas que han minado la totalidad de la campaña de lucha contra la pandemia de Covid – 19. Si el interés dominante no es el de la salud del pueblo sino el del gran capital, es inevitable que sus servidores de turno en el poder se cobren su comisión aunque sea a un nivel de rateros. No son sucesos meramente nativos, sino propios de una descomposición capitalista general. En Perú un “Vacunagate” terminó con dos ministros y 100 funcionarios; en España “… alcaldes, consejeros, funcionarios, gerentes de hospitales, curas (…) han pasado por delante de los grupos prioritarios establecidos por el Ministerio de Sanidad y ya se han vacunado. Unos por un malentendido, otros para 'dar confianza', también porque sobraban dosis” (El País del 21/1, que lo titula “Picaresca”). Hasta las excusas se repiten: el ministro Daniel Gollán (provincia de Buenos Aires) explicó a propósito de la vacunación en Henderson de funcionarios municipales y militantes del Frente de Todos, que se trató de sobrantes de dosis que si no habría que haber tirado (Crónica Comodoro Rivadavia, 20/2). Y el “dar confianza” fue lo que se argumentó para la extendida vacunación de la clique del gobierno de Kicillof.

El oscuro vía crucis de la vacunación

El manejo de la provisión de vacunas fue más que oscuro y recorrido por la guerra de los laboratorios. El acuerdo firmado con Pfizer terminó en frustración, sin conocerse todavía, a ciencia cierta, por qué. Y menos luego de haber aportado voluntarios a su prueba de fase III y de haberse votado en el Congreso una ley especial de inmunidad del laboratorio ante posibles efectos indeseados de la aplicación de su producto. Luego vino la exaltación a toda orquesta de la de AstraZéneca – Oxford y su producción en el país por el laboratorio Mabxience del grupo Insud. Su propietario es Hugo Sigman, multimillonario, íntimo de Ginés y allegado al impresentable gobernador de Tucumán, Juan Manzur, de muy buena relación con laboratorios farmacéuticos y lamentable paso por el Ministerio de Salud de CFK. Su producción que ya habría salido para México para su envasado y distribución, no tiene fecha precisa de llegada a nuestro país. Finalmente, se produjo el precipitado recurso a la Sputnik V. Llegaron 1.220.000 entre ambas dosis, un 6% del contrato firmado con Rusia por 20 millones de dosis. No hay precisiones sobre la reanudación de los envíos. Lo que sí se sabe es que Rusia no podrá cumplir en tiempo y forma con lo acordado. A esto se sumó 580.000 dosis de una AstraZéneca producida en la India, sin que se sepa cuándo llegarían más. A 15/2 se habían aplicado un total de 609.605 dosis: 372.122 de la primera y 237.483 de la segunda. Esto implica que el 0,82% de la población recibió la primera dosis y solo el 0,52% ambas (Infobae, 15/2). En un país con más de 2 millones de infectados y más de 50 mil muertos, estamos a años luz del 44% vacunado en Israel (1era dosis), pero también lejos de Chile, que cubrió un 10%. Con una inmunización a cuentagotas, estamos desguarnecidos, en términos de vacunación, ante una segunda ola prevista para abril – mayo. De los avances en las promisorias investigaciones y logros en la materia de científicos argentinos del Instituto Leloir y el Conicet, ni noticia. No deben ser rentables.

A grandes dificultades, medidas extraordinarias

Es cierto que la Argentina, país atrasado, es víctima de la opresión de los países imperialistas, que ejercen el monopolio de la tecnología y acaparan la producción de los laboratorios que dominan, agravada por la guerra interimperialista que caracteriza la etapa. Razón de más para tomar medidas defensivas comenzando por la transparencia de la información, como condición para la previsión y la formulación de estrategias. La desinformación ha recorrido un año de pandemia manipulada en beneficio de intereses privados o parcialidades electoralistas -cantidad de testeos, ocupación de camas, provisión de vacunas – creando mayor incertidumbre y desprotección. La información genuina a la población y las decisiones que se deriven, requieren del control por los interesados: la mayoría trabajadora del país. Debe ser un reclamo elemental de las organizaciones obreras y barriales. Si se constata que el proceso de la vacunación será lento y se pronostica una segunda ola, se deben decidir, con más razón, medidas extraordinarias de acción: aislamientos focalizados de zonas de gran contagio, campañas masivas de detección y aislamientos, control de protocolos en fábricas y transportes. Nada hay de todo eso. Las “fake news” sobre inciertas metas de vacunación, encubre el desentendimiento total en materia de prevención y mitigación de la enfermedad. Los infectólogos de élite, asesores y propagandistas del gobierno, hicieron mutis por el foro.

Ginés, ícono del sanitarismo Nac&Pop

La política del ministerio Ginés – y del gobierno que lo nombró y lo sostuvo más de un año – va mucho más allá del vacunatorio vip. Estuvo totalmente determinada por intereses empresarios. Empezando por la ausencia de un plan centralizador de los diferentes sistemas de salud y recursos, que respondió a la imposición sin resistencia de los CEOS de la medicina privada. En el mes de mayo, con la pandemia en pleno ascenso Ginés se reunía con las cámaras de la salud privada y los burócratas de las obras sociales, para recortar las prestaciones del Programa Médico Obligatorio para los agentes de salud, bajo el eufemismo de “rediseñar los mecanismos de financiamiento y gestión” (Ambito.com, 28/5/20). Mencionemos también el desfinanciamiento de la salud pública, en particular de la jerarquización y los sueldos del personal, para evitar el pluriempleo y, con ello, lograr la optimización de equipos que manejen las áreas críticas y respiradores (como consecuencia de lo mencionado, en gran parte inactivos). Y el raquitismo nunca explicado de campañas de detección, testeo y aislamiento, decisivos por consenso internacional para mitigar los contagios. "Tal vez tendríamos que haber empezado un poco antes con el rastreo", dijo Ginés (La Nación, 13/6), un cinismo reincidente cuando llamó “travesuras” a las vacunaciones “en negro” que él mismo promovía.

Sobran las razones para echar a Ginés, la corruptela es un epifenómeno. No acertó ni una, el operador Horacio Verbitsky remató con su sincericidio una gestión fracasada. La sucesión, a cargo de la Dra. Carla Vizzotti, abre interrogantes: ¿cómo desconocer lo que sucedía en el Ministerio donde desempeñaba el cargo de vice ministra? Raro. Y más importante aún, qué papel jugará en el entramado de intereses capitalista que dominan el escenario de la política sanitaria oficial. Como antecedente, es miembro y asesora en la Fundación y Universidad Isalud, una entidad privada de educación y auditoría médica, fundada por Ginés, de la que fue vicepresidente Eugenio Zanarini, hasta ahora Superintendente de Servicios de Salud, donde se distribuyen los fondos de las obras sociales. Todo queda en familia.

El muerto se ríe del degollado

La denuncia de la oposición cambiemista contra Ginés y el gobierno nacional es de una impostura y una hipocresía total, viniendo de quienes militaron en los medios y en las calles contra medidas elementales de confinamientos, distanciamiento social y uso de barbijos. Y que realizaron una ofensiva brutal contra la vacunación con la Sputnik V, por cuenta de los laboratorios yanquis y de la que ahora aparecen entusiastas defensores. Paladines de la transparencia, funcionarios del gobierno capitalino, allegados a Horacio Rodríguez Larreta y familiares, fueron sorprendidos con el armado de negociados alrededor de la provisión de insumos. Barbijos con 4 años de vencimiento a 3000 pesos cada uno; sobreprecios pagados a hoteles de familiares de Larreta para alojamiento de infectados. Ninguno fue preso. Por otro lado, todas las críticas al gobierno nacional en materia epidemiológica, se aplican al gobierno porteño, que fue vanguardia de una apertura de la economía -comercio, restoranes, gimnasios y ahora escuelas- que neutralizó en gran medida, los efectos de la cuarentena que estrictamente duró menos de dos meses. Si Ginés hizo oídos sordos a las demandas dramáticas del personal de salud al que nunca recibió y hasta hizo reprimir en la puerta del ministerio, Fernán Quirós mantiene bajo la línea de pobreza a los trabajadores de los hospitales e ignora la demanda de profesionalización de la enfermería, principal sostén de una guerra desigual contra la peste. Operador de finos modales, el ministro porteño se muestra preocupado ante la segunda ola por la escasez de vacunas que recibe del gobierno nacional. Patea la pelota afuera.

Hay que enfrentar la segunda ola

Lo que une, en fin, a oficialistas y opositores es su subordinación al interés del gran capital y el desprecio por la salud pública, lo que se traduce en la inexistencia de una lucha eficaz y posible contra la epidemia e impacta en las mayorías laboriosas de la sociedad y en los sectores más empobrecidos. La corruptela del poder en la materia no es más que un subproducto obsceno de esa política. La conclusión es que la condición para esta lucha es el cambio del carácter de clase del poder político. Como pasos hacia allí, los trabajadores y sus organizaciones debemos constituirnos en cada establecimiento y cada barrio, por la destitución de todos los funcionarios corruptos; por el derecho a la plena información y consideración en asambleas del manejo de la campaña, sus costos y las medidas previstas; el control por comisiones de fábricas, escuelas, trasportes y barriadas, de la aplicación de los protocolos. Por la triplicación del prepuesto de salud y del sostén social dirigidos a enfrentar una segunda ola, a expensas de la suspensión de la deuda externa. El abastecimiento y programa de vacunación debe estar bajo control de las organizaciones obreras y populares.

https://prensaobrera.com/politicas/la-vacunacion-vip-en-el-pais-de-los-contagios-y-la-pobreza/

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21/02/2021

Salta: la verdad sobre el arreglo de la deuda del gobierno de Sáenz

Se paga el 100% del capital y se suman 35 millones de dólares de intereses, más las comisiones millonarias del Banco Macro.

El gobernador Gustavo Sáenz (izquierda) y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

Con bombos y platillos se anunció la aceptación del 95% de los bonistas de la oferta de canje de deuda realizada por al gobierno provincial. Se afirma que éste dejará de desembolsar 250 millones de dólares hasta junio de 2023 en que debe pagarse el primer vencimiento del capital y que la tasa de interés promedio cae del 9.1 al 7.2%. A su vez, se pasa de pagar el capital en tres años a pagarlo en cinco, a partir de la fecha mencionada. La verdad es que la tasa sólo tiene una rebaja los primeros meses, pero durante cinco de los seis años en que se pagarán intereses, la tasa será del 8.5% frente a una tasa internacional cercana a 0% (ver Resolución n° 8 del ministro de Economía y servicios públicos, en el boletín oficial de Salta, 5/2).

Si hacemos la cuenta de lo que se pagaría en total por intereses y capital, la deuda final se incrementará en unos 35 millones de dólares. Hay que sumar a la ecuación la comisión millonaria que cobrará el Banco Macro, agente financiero de la provincia y de la empresa BofA Securities Inc. contratada como intermediaria para hacer el canje de bonos.

En este cuadro, la realidad es que el gobernador Gustavo Sáenz busca apenas ganar aire durante su gestión, haciendo crecer la hipoteca hacia adelante. Por eso los pagos de capital acordados comenzarían recién a cinco meses del fin de su mandato, transfiriendo el 80% de los vencimientos para su sucesor.

Ello no quiere decir que esta postergación de los plazos redunde en una amortiguación del ajuste, sino precisamente lo contrario: los acreedores impondrán sus condiciones para asegurarse el repago de la deuda, con salarios a la baja y recortes presupuestarios antiobreros. Por eso los trabajadores salteños serán quienes sufran las consecuencias del pago a libro cerrado de una deuda fraudulenta, avalada en la Legislatura con el voto de todos los bloques políticos a excepción del Partido Obrero. La deuda que ha sido refinanciada es la del Fondo de Reparación Histórica y las del Crédito del Bicentenario, ambas un fraude total porque las obras aprobadas en las leyes que autorizaron esos empréstitos no se ejecutaron ni en un 30%. Esta renegociación, a libro cerrado, sin investigar absolutamente nada, carga la hipoteca sobre el pueblo trabajador.

El pago de esta deuda es incompatible con una salida a la crisis provincial en los términos de la mayoría trabajadora. Las grandes batallas que se trazan por delante los docentes autoconvocados, o los trabajadores de la salud, pondrán nuevamente en cuestión la política fracasada de someter a la provincia a la usura internacional, siguiendo el libreto del gobierno nacional y el acuerdo con el FMI.

Si Sáenz “canta victoria” es que debemos prepararnos para enfrentar el ajuste.

https://prensaobrera.com/politicas/el-adelantamiento-de-la-elecciones-provinciales-en-salta/

21/02/2021

Las movilizaciones en el Estado español y el hastío con el régimen político

El encarcelamiento de Pablo Hásel, la gota que rebalsó el vaso.

desde Barcelona

El rapero Pablo Hasél fue detenido el pasado martes 16 de febrero por la policía en la Universidad de Lleida, donde permanecía encerrado junto a un centenar de activistas para denunciar la condena de 9 meses y un día de prisión por “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y a las instituciones del Estado” a raíz de una serie de tuits y las letras de sus canciones, lo que constituye un claro ataque al derecho a la libertad de expresión en España, y que ha desencadenado una ola de protestas a lo largo y ancho de la Península Ibérica.

En el momento de escribir este artículo entramos en el 6to. día de manifestaciones en todo el Estado español (Granada, Valencia, Madrid, Valladolid, Málaga, San Sebastián, etc.), pero con claro epicentro en Catalunya donde los enfrentamientos entre manifestantes y policía se suceden noche tras noche en las capitales de las cuatro provincias (Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona) y en ciudades medianas como Vilafranca del Penedès o Vic.

La masiva movilización popular no se circunscribe solamente a la reacción por el ataque a las libertades democráticas que significa la sentencia, se desarrolla también como respuesta de un amplio sector de jóvenes al hastío con un régimen monárquico en descomposición que los condena a la miseria, la precariedad laboral y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.

https://www.instagram.com/p/CLj1xtoFwxU/

La pandemia ha acelerado el proceso que se abrió con la crisis de 2008. La caída del 11% del PBI en 2020 ha supuesto la mayor destrucción de empleo desde la guerra civil. El 40% de los menores de 25 años está en el paro y los que tienen empleo es a través de contratos laborales flexibilizados y miserables.

Las “ayudas” de la Unión Europea para paliar los efectos de la pandemia ya se los ha repartido el establishment e irán directamente a manos de las grandes empresas del Ibex 35.

Mientras tanto, la única respuesta del autoproclamado “gobierno más progresista de la historia” formado por PSOE y Podemos han sido unas ayudas irrisorias para trabajadores y autónomos por un lado, y el intento de criminalización de cualquier forma de protesta social (inclusive no derogando la llamada “ley mordaza”, una ley represiva filo-fascista del anterior gobierno del derechista Partido Popular) por el otro.

https://twitter.com/FonsiLoaiza/status/1363244502966804480

La aprobación de nuevos presupuestos que incluyen subidas del gasto militar y en la partida destinada a la corrupta Casa Real (incluido el mantenimiento con presupuesto de Patrimonio Nacional del rey emérito Juan Carlos, fugado a los Emiratos Árabes, a raíz de las noticias sobre sus cuentas millonarias en paraísos fiscales y sus desfalcos con el pago de impuestos en España) echan más gasolina a la explosiva situación social.

Las movilizaciones han demostrado la valentía y el enfado de un amplio sector de la juventud, pero al mismo tiempo han puesto en evidencia la falta de un programa y una dirección que puedan llevarla a la victoria.

Es necesaria la creación de una coordinadora de sindicatos de estudiantes y asociaciones barriales de jóvenes, que elabore un programa de reivindicaciones, que incluyan la libertad de Hasél y la defensa de la libertad de opinión pero que ponga en el centro la lucha por trabajo y vivienda digna, contra la represión policial y que marque el camino para derribar al régimen monárquico corrupto.

https://prensaobrera.com/cultura/se-estreno-documental-sobre-pablo-hasel-el-rapero-apresado/

https://prensaobrera.com/internacionales/las-universidades-catalanas-paran-por-pablo-hasel-y-contra-la-represion/

 

 

19/02/2021

El Consejo Económico y Social, sin soluciones para la crisis

Un organismo con muchas comisiones y pocas perspectivas.

Alberto Fernández presentó este mediodía el Consejo Económico y Social que será presidido por el secretario de asuntos estratégicos, Gustavo Béliz. El organismo estará integrado por representantes de cámaras empresarias (Comercio, Construcción, Unión Industrial, Came y ruralistas), dirigentes sindicales (los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; más el titular de la Uocra Gerardo Martínez; el de la UOM, Antonio Caló; y el de la CTA Hugo Yasky, entre otros), de los movimientos sociales (CTEP), y miembros del Conicet. Como invitados a la presentación, hubo grandes CEO's y gobernadores, incluyendo algunos de la oposición como el jujeño Gerardo Morales.

El Consejo ha sido definido como una creación para buscar respuestas de mediano y largo plazo a los problemas que padece el país. Pero en realidad, es simplemente un mecanismo para tratar de apaciguar el conflicto social y reforzar la estatización de los sindicatos. La burocracia sindical, que ya se ha alineado al techo de las paritarias del 29% (con una inflación que se estima puede llegar al 45% anual), se suma a esta nueva maniobra, que actúa también como taparrabos del aumento de precios y la desocupación.

El Consejo había sido definido por Fernández como uno de los ejes de su mandato durante el discurso de apertura de sesiones de 2020, pero su materialización se fue dilatando hasta hoy. Llega en forma deshilachada, con 25 comisiones que aseguran una dilatación de toda medida concreta contra la pobreza. En teoría, deben elaborar dictámenes que actuarán como recomendaciones para el Poder Ejecutivo.

El gobierno promete resolver los problemas en el largo plazo, mientras la crisis social se agrava día a día. Ocho de cada diez trabajadores no alcanza la Canasta Básica Total, estimada por el Indec en $56.458 pesos para una familia tipo (dos adultos y dos menores). El salario mínimo y la jubilación mínima ($20.587 y $19.035) están por debajo de la línea de indigencia ($23.722).

Para lograr una salida a la pobreza y para defender las condiciones de trabajo y de vida, los trabajadores no pueden depositar ninguna expectativa en un organismo de colaboración con los grandes empresarios. Al revés, se trata de salir a la lucha por las reivindicaciones planteadas.

 

Es lo que marcan los compañeros del Frente de Lucha Piquetero, que este 18 hicieron una jornada nacional de cortes por trabajo genuino; aumento de los programas sociales al nivel de la canasta básica; atención a los comedores populares con alimentos secos y frescos; y por tierra y vivienda.

En su presentación, Fernández hizo referencias a “superar los enfrentamientos” y a “repensar el capitalismo”, a la luz del crecimiento de la pobreza. Pero mientras lo repiensa, Fernández cumple con todos sus preceptos, al punto de tener como norte de su programa económico un acuerdo con el FMI.

La crisis no tiene salida de la mano de los que hundieron el país. Requiere terminar con el régimen de los que han gobernado en las últimas décadas y desarrollar una salida de los trabajadores.

Pitrola: “El Consejo Económico y Social de Alberto Fernández y Beliz supera la sentencia de Perón sobre las comisiones. Será un pesado taparrabos de la inflación y la desocupación”

 

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19/02/2021

México: rechazar el referéndum de López Obrador y movilizar por aborto legal ¡ya!

Hacia el 8 de marzo.

La “ola verde” por el derecho al aborto legal se ha extendido por toda Latinoamérica. La imposición de este derecho en la Argentina -producto de las masivas e históricas movilizaciones de las mujeres, acompañadas por amplios sectores de la juventud, la intelectualidad y los trabajadores- ha acelerado la movilización en el continente (Chile, etc.). Pero también la reacción eclesiástica-burguesa. En Honduras el gobierno hizo aprobar una reforma constitucional para reforzar la prohibición absoluta del aborto, que ya rige en el país desde 1982.

En México, frente al aumento de la agitación a favor de este derecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó que “ante un tema polémico como este lo mejor es realizar una consulta ciudadana”. Siendo un año electoral suena en gran medida como una “promesa” post comicios, para sacar el tema del debate político.

Se trata de una maniobra contra el movimiento por el derecho al aborto legal. Eventualmente, se pretende fijar un campo de agitación a las Iglesias que están en contra para influir sobre las masas más desorganizadas.

El derecho al aborto debe ser impuesto por la acción directa, que inevitablemente planteará la salida de una ley votada o no por los parlamentos. Para esto es necesario avanzar en la organización y movilización creciente de las mujeres y todos aquellos que propugnan este derecho democrático.

En México hay presentados, desde hace varios años, 11 proyectos en el parlamento federal, que duermen el sueño de los justos, cajoneados o derivados “a comisión”. En el estado de Oaxaca se ha logrado legalizar este derecho.

El tratamiento y aprobación del derecho al aborto será arrancado por la acción directa. Por la movilización en la cual las mujeres jugarán un rol de vanguardia. Para ello es necesario que esta movilización sea independiente del gobierno y los partidos burgueses. Diputadas del partido oficialista en el poder (Morena), han señalado que su partido tiene mayoría parlamentaria, pero… AMLO intenta evitar esta movilización, cooptando sectores de la vanguardia del movimiento de lucha de la mujer, con el planteo de la “Consulta”.

El 8 de marzo, jornada internacional de lucha de la mujer trabajadora, tendrá en México este contenido central. La Agrupación Rosas Rojas y el Grupo de Acción Revolucionaria de México (con quienes hemos realizado hace unos días un Facebook live junto a otras organizaciones latinoamericanas sobre la lucha por el derecho al aborto) han adoptado un planteo correcto: “rechazamos la consulta. ¡Aborto legal ya!”.

Llaman a movilizarse el 8 de marzo con este planteo. En una declaración afirman: “las Rosas Rojas rechazamos la consulta popular sobre el tema del aborto, ya que representa un retroceso en la lucha ganada hasta ahora por el movimiento de mujeres, pues el someter los derechos de las mujeres a una consulta ciudadana significa el rechazo a garantizar nuestros derechos”. “De realizarse –dicen- daremos la batalla por ganar esa consulta, pero advertimos al movimiento de mujeres dentro y fuera de la 4T (sigla del movimiento oficialista en el gobierno) que esa consulta representa un atraso y no un avance”.

Las compañeras convocan a “que este 8M, como nunca, es necesario movilizarnos, te invitamos a organizarte con Rosas Rojas y ¡conquistemos el aborto legal, seguro y gratuito en todo México!”.

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19/02/2021
ESTADO ESPAÑOL

Las universidades catalanas paran por Pablo Hasél y contra la represión

Medida de fuerza estudiantil por la libertad del rapero y los detenidos en las movilizaciones.

El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) lanzó este viernes una huelga para reclamar la libertad de Pablo Hasél y de aquellos manifestantes que fueron detenidos estos días en las movilizaciones que repudiaron el encarcelamiento del rapero.

Hasél fue capturado esta semana por los Mossos de Esquadra, la policía catalana, en la Universidad de Lleida, donde resistía su arresto junto a un grupo de estudiantes, y trasladado al penal de Ponent. Fue condenado a nueve meses de prisión por injurias a la Corona y las instituciones del Estado, debido a una serie de tuits y una canción en que critica a las fuerzas de seguridad y los negocios de la monarquía con Arabia Saudita.

Como parte de la jornada huelguística, cientos de alumnos se movilizaron por el centro de Barcelona. También fue tomado el rectorado de la Universidad homónima. Reclaman un pronunciamiento firme de las autoridades de las casas de estudio en favor de la amnistía del rapero y de los encarcelados por participar del proceso soberanista de 2017. Y se pronuncian por la independencia de Cataluña.

En las movilizaciones del martes y el miércoles las fuerzas de seguridad reprimieron duramente. En Barcelona, una manifestante perdió un ojo debido a un disparo de bala de foam, que a diferencia de las balas de goma, es un arma de precisión, que puede ser direccionada sobre la víctima. En Tarragona, un móvil de la Guardia Urbana atropelló a un manifestante.

Los huelguistas universitarios exigen la prohibición de los proyectiles de foam y acusan a la Generalitat, el gobierno catalán, de actuar como “brazo autonómico represor”.

Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez salió a avalar la represión y condenar las manifestaciones.

El encarcelamiento de Hasél ha puesto de relieve la intensa persecución a la que son sometidos los artistas en el Estado español. Un pronunciamiento firmado por más de 200 de ellos señala que “la persecución a raperos, tuiteros, periodistas, así como otros representantes de la cultura y el arte, por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión se ha convertido en una constante”. De hecho, desde 1995, unos 150 artistas han sido condenados por delitos de opinión (Público, 10/2).

19/02/2021

Se calienta el ballotage ecuatoriano

Pachakutik emprende una movilización denunciando fraude.

Los movimientos indígenas emprendieron este miércoles una movilización desde el sur del país para denunciar un fraude electoral que apuntaría a dejar al candidato Yaku Pérez, de Pachakutik, fuera del ballotage presidencial de abril. En la primera vuelta de los comicios, desarrollada el 7 de febrero, el conteo preliminar del Consejo Nacional Electoral había colocado al candidato de esta fuerza en segundo término, apenas por encima del candidato de la derecha, Guillermo Lasso, lo que le aseguraba el ingreso al segundo turno. Sin embargo, en un sospechoso giro, el banquero pasó luego al segundo lugar.

El malestar de la coalición indigenista, que obtuvo casi el 20% de los votos, se agigantó tras la última reunión del Consejo Nacional Electoral, que no dio curso al pedido de un recuento masivo de votos que había solicitado Pérez. Dicho recuento había sido acordado por el candidato de Pachakutik con el propio Lasso, pero el banquero rápidamente se echó atrás e instó al CNE a proclamar los resultados. Esta proclamación tendría lugar el próximo fin de semana. El organismo electoral dice que Pachakutik podrá reclamar luego las revisiones que crea convenientes, pero lo cierto es que solo se habilitarían revisiones puntuales.

Las controversias sobre la elección parecen haber roto un potencial acuerdo entre Pérez y Lasso para el ballotage, con el propósito de derrotar a Andrés Arauz, el candidato del correísmo que triunfó en la primera vuelta. Pérez anticipó que no votaría esta vez por Lasso para un segundo turno, a diferencia de 2017, cuando llamó a acompañarlo argumentando que era preferible un banquero a una dictadura, en referencia al correísmo. Pérez incluso ha denunciado un pacto entre el correísmo y Lasso para sacarlo del medio; un desplazamiento que favorecería no sólo al banquero sino también a Arauz, en tanto le quitaría un rival que en algunos aspectos lo corre por izquierda, permitiéndole armar en cambio una polarización más cómoda con la derecha.

Arauz en Estados Unidos

Mientras tanto, Arauz viajó a Estados Unidos para hacer campaña entre los emigrantes y, sobre todo, para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno saliente de Lenín Moreno suscribió un acuerdo con el organismo que puso en agenda una serie de medidas brutales de ajuste (aumento del IVA, reducción salarial de los empleados públicos, etc.) que condicionarán al próximo gobierno. Si bien el correísmo ha criticado este acuerdo, y demanda una renegociación, el candidato de la Unión por la Esperanza está buscando una aproximación con los Estados Unidos.

“Nuestra relación con Estados Unidos va a ser excelente, especialmente ahora, con la administración del presidente (Joe) Biden” (Infobae, 8/2), dijo hace algunos días Arauz. Esto fue respaldado por Rafael Correa en un reportaje con La Nación (10/2). El excanciller Guillaume Long, que acompaña a Arauz en la gira por Norteamérica, asegura que ya se han abierto algunos “canales no oficiales” con la administración Biden, dado que ésta daría por descontado que el correísmo ganará el ballotage (Página 12, 18/2).

La candidatura de Yaku Pérez

Las elecciones ecuatorianas tuvieron como uno de sus datos más sobresalientes el derrumbe del gobierno de Lenín Moreno. Tras un mandato de ajuste, represión y desmanejo de la pandemia, ni siquiera se pudo postular para la reelección. La candidata más afín, Ximena Peña, apenas superó el 1,5% de los votos.

El otro punto fue el enorme salto dado por Pachakutik, el brazo político de la Conaie. Su votación es un eco de la rebelión de octubre de 2019 contra la anulación de los subsidios al combustible, aunque su candidato Yaku Pérez desenvolvió en la campaña una línea conciliadora.

Pérez rechaza cualquier avance hacia la expropiación del capital. “Vamos a necesitar de empresarios honestos y del sistema financiero. Lo único que les vamos a decir es que paguen los impuestos” (El Universo, 14/1), afirmó. Defiende la dolarización, no descarta un acuerdo comercial con Estados Unidos (“no es una idea descabellada”, dice), e incluso rechaza investigar a los responsables de los crímenes durante la represión al levantamiento de 2019 (“nosotros no actuamos con venganza o persecución”, argumenta).

Su punto fuerte es el planteo de prohibir la minería metálica en los cursos de agua y los páramos, aunque anticipa que no tocará los contratos vigentes. En cuanto al petróleo, promueve controles sociales y ambientales.

La Conaie y Pachakutik enfrentaron durante mucho tiempo, correctamente, las políticas favorables a los pulpos mineros y petroleros por parte del gobierno de Rafael Correa, así como la regimentación de las organizaciones gremiales. Pero han tendido hacia acuerdos con la derecha, como el mencionado apoyo a Lasso en el ballotage pasado. Pérez también expresó públicamente su satisfacción ante el golpe en Bolivia (lo que le provocó un conflicto con otros sectores del partido y la Conaie), algo que quedó registrado en un video que el correísmo está haciendo ahora circular profusamente para desacreditarlo.

Los próximos días

La movilización indígena arribará a Quito la semana próxima. El planteo que está haciendo Pachakutik de un recuento de votos es justo. Son más que conocidas las maniobras fraudulentas que caracterizan a la democracia burguesa.

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17/02/2021

Movilizaciones en España contra el encarcelamiento de Pablo Hasél

El rapero se encuentra detenido en un penal de Cataluña.

El rapero Pablo Hasél fue encarcelado este martes en la prisión catalana de Ponent por injurias a la Corona y las instituciones estatales. Los Mossos de Esquadra, la policía catalana, se lo llevaron a la fuerza de la Universidad de Lérida, donde resistía el arresto con un grupo de seguidores.

La condena contra Hasél es un escandaloso ataque a la libertad de expresión y una defensa cerrada del poder. El rapero fue sentenciado a nueve meses de prisión por una serie de tuits y una canción en que cuestiona la represión policial y los negocios de la monarquía con Arabia Saudita. Además, se lo acusa de “enaltecimiento del terrorismo” por denunciar las torturas y homicidios de integrantes de ETA y el grupo Grapo.

En respuesta al encarcelamiento, miles de personas se movilizaron el martes y miércoles. En Barcelona y otras ciudades catalanas hubo represión y choques con la policía, así como varios detenidos.

https://twitter.com/andertwitt/status/1362140620064763904

https://twitter.com/DaniMayakovski/status/1362119010364633094

En las vísperas de la detención, un pronunciamiento firmado por más de 200 artistas (entre ellos Joan Manuel Serrat y Pedro Almodóvar) señaló que “la persecución a raperos, tuiteros, periodistas, así como otros representantes de la cultura y el arte, por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión se ha convertido en una constante”. De hecho, desde 1995, unos 150 artistas han sido condenados por delitos de opinión (Público, 10/2).

La derecha ha celebrado el encarcelamiento de Hasél. En tanto, el gobierno centroizquierdista del PSOE-Podemos está siendo severamente cuestionado. Ya a comienzos de febrero, el propio rapero los acusó de ser “cómplices” de su posible detención.

A pesar de que Hasél fue condenado ya en 2018 y su condena fue confirmada en mayo de 2020, recién ante la orden de encarcelamiento, y bajo una campaña internacional por la libertad del rapero, algunos funcionarios del gobierno centroizquierdista de Pedro Sánchez prometieron una revisión del Código Penal, para que los “excesos” (sic) en la libertad de expresión no sean penados con cárcel sino con multas. Esta línea, que deja en pie el castigo a quienes critiquen las instituciones, ha sido ratificada por la vicepresidenta Carmen Calvo, quien dijo -basándose en una interpretación del artículo 20 de la Constitución- que "los límites del honor y valores son tan importantes como la propia libertad de expresión" (Antena 3, 17/2). Cabe señalar que el PSOE se ha negado reiteradamente a debatir en el parlamento la anulación del delito de injurias contra la Corona. Y en medio de la condena contra Hasél, el presidente Pedro Sánchez salió a defender el régimen señalando en un discurso que España tiene una “democracia plena”.

Podemos, en tanto, radicó un pedido de indulto para Hasél ante el Ministerio de Justicia, cuya tramitación consiste en un informe de este organismo que se presenta luego al Consejo de Ministros, encargado de votar sobre la cuestión (en el consejo hay ministros tanto del PSOE como de Podemos). La alcaldesa centroizquierdista de Barcelona, Ada Colau, también reclamó un indulto.

Hasél ha dicho en algunas ocasiones que no lo aceptaría, "porque no tengo nada de lo que arrepentirme" (Público, 1/2). Y al momento de su detención reclamó una “amnistía total”. A diferencia del indulto, que solo perdona la pena, la amnistía implica también el perdón del delito.

Es necesario desarrollar acciones de solidaridad para reclamar la libertad de Pablo Hasél. En ese sentido, este sábado 20 se desarrollará un festival en Parque Centenario. Abajo la represión y la persecución del Estado español.

 

https://www.instagram.com/p/CLXZhdunB-X/

17/02/2021

Qué clase de oposición hay que construir contra Putin

La crisis rusa.

Las recientes movilizaciones que tuvieron lugar a lo largo y ancho de la Federación Rusa a favor de la libertad de Alexei Navalny fueron severamente reprimidas por el gobierno, con un saldo de miles de detenidos.

El emergente de las manifestaciones fue la detención de Navalny, que como ya lo señalamos en otro artículo es un opositor a Putin, derechista y xenófobo, cuya denuncia y publicación en las redes de un video sobre la propiedad de Putin de un palacio fastuoso a orillas del Mar Negro, de un valor de 1500 millones de dólares, despertaron la repulsa y la ira por parte de una franja importante de la población rusa, circunstancia que se puso de relieve en las movilizaciones de un modo limitado.

En el fondo de la beligerancia creciente de la población rusa está el enorme abismo social y económico entre la oligarquía gobernante, heredera de la burocracia staliniana, que se refleja en que la misma que abarca el 1% de los habitantes rusos acapara el 74,5% de las riquezas. Esto, en el contexto del dominio financiero creciente del imperialismo cuyo exponente es el Citibank, e incluso de la dependencia en materia armamentista de Alemania y Francia y la presencia de la Basf alemana que posee el 51% del paquete accionario de Gazprom, junto a un paquete accionario del 20% en la petrolera rusa Rosneft por parte de la petrolera británica BP. Esta situación se ha venido agravando a partir del proceso de restauración capitalista iniciado en 1991 que ha llevado a la desindustrialización de Rusia primarizando su economía. Los datos sobre el nivel de vida del pueblo ruso son elocuentes: el PBI per cápita es de 10.346 euros, lo cual coloca a Rusia en el puesto 63 del ranking, teniendo sus habitantes un bajo nivel de vida.

El papel de la guerra comercial en la crisis política rusa

Ya se ha señalado en las páginas de Prensa Obrera que la asunción de Joseph Biden a la presidencia de Estados Unidos iba a significar una mayor beligerancia por parte del imperialismo, lo cual fue expresado en su discurso inaugural al enfatizar sobre la recuperación del liderazgo norteamericano en el escenario mundial. Es que lejos de haberse aminorado las causas de la crisis capitalista, éstas han recrudecido. Tal circunstancia se ha expresado de un modo casi simultáneo en la puja existente entre la Federación Rusa (Putin) y el imperialismo yanki en el caso de la construcción del Nordstream 2, un gasoducto de más de 2300 km de tuberías dobles desde Rusia a Alemania, una cuestión energética vital también para este último, cuyo avance ha sido del 94% del total de la mega obra. Cabe señalar que existe una disputa entre las empresas petroleras norteamericanas y su propio estado por imponer el suministro de dicho fluido a los germanos, a quienes resulta más favorable el gas ruso por su menor precio. El caso de Navalny ha sido utilizado por el imperialismo norteamericano, que luego de ejercer una enorme presión sobre la Unión Europea ha logrado una condena de la misma a Putin, la cual, sin embargo, no ha dado lugar a la interrupción del gasoducto. Que el caso Navalny es parte de este choque, y del posicionamiento de este derechista y xenófobo en la puja comercial entre Rusia y los yankis se pone de relieve por la denuncia de Navalny contra el ex canciller social – demócrata alemán Gerard Schröder, que forma parte del Consejo de administración del emprendimiento Nordstream2, a quien Navalny ha calificado de “chico de los mandados de Putin”. Es decir que el descontento de un sector de las masas rusas pretende ser canalizado por parte de los liberales derechistas de Navalny hacia un sometimiento mayor de Rusia al imperialismo norteamericano y una aceleración en el proceso de restauración capitalista, en el que Putin pretende sostener un control mayor de la oligarquía estatal gobernante sobre recursos energéticos como el gas y el petróleo, en una disputa con la burguesía y el imperialismo yanki y europeo.

En el cuadro actual de depresión mundial cuyo impacto en Rusia se expresa en el mayor empobrecimiento de la población y el empeoramiento de las condiciones de existencia de la clase obrera rusa (salario mensual de 245 dólares y los empleados estatales la miseria de 125 dólares y ejecuciones hipotecarias por préstamos impagables), el deterioro del bonapartismo putiniano es inevitable, más allá de su triunfo (julio 2020) en el referéndum que permite prolongar su mandato. Por eso prosperan las maniobras políticas de xenófobos y derechistas como Navalny, en el cuadro de la ausencia de una dirección política revolucionaria de la clase obrera y de sindicatos completamente atados al partido de Putin, que actúan como correa de transmisión del régimen bonapartista.

En el cuadro de la agudización de la crisis mundial y de depresión capitalista, de la nueva emergencia sanitaria por la segunda ola del Covid, de la crisis política que asola a Italia, de las recientes huelgas y movilizaciones en Francia y la reciente gran rebelión bielorrusa contra el dictador Lukashenko, con la intervención del movimiento obrero fabril, y con el antecedente de importantes huelgas mineras y estatales en Rusia estamos en presencia de la simiente para el desarrollo y la construcción de un partido obrero revolucionario en Rusia y en las naciones que han formado parte de la Unión Soviética. Parte de este desafío es sacudirse la losa de la burocracia de los sindicatos para transformar a las organizaciones obreras en organismos vitales de la lucha de clases, independientes de la oligarquía gobernante y de los partidos burgueses y stalinistas de la Federación Rusa. El porvenir de la clase obrera rusa reside en retomar las grandes tradiciones históricas de su proletariado para poner en pie organizaciones soviéticas que luchen por el gobierno obrero, en el cuadro del combate por los Estados Unidos Socialistas de Europa.

El papel de la izquierda rusa en la crisis

Como hemos visto, las movilizaciones crecientes contra el bonapartismo de Putin, pretenden ser capitalizadas por la oposición liberal (teñida de nacionalismo xenófobo). La pregunta obligatoria es pues: ¿cuál es el papel que juegan los partidos que se reclaman de izquierda? Si examinamos detenidamente sus puntos de vista podremos extraer conclusiones. El Partido Comunista de la Confederación Rusa (KPRF) creó un movimiento patriótico en 2012 con el sugestivo nombre de “Orden de Rusia” en un frente único de al menos trescientas organizaciones patrióticas y religiosas cuya función es la “preservación de la identidad de Rusia en medio de la globalización”. Un nacionalismo reaccionario y clerical que se opone por el vértice a la perspectiva anticlerical y antinacionalista gran rusa trazada por los revolucionarios de octubre del 17; hay que poner especial énfasis en esta alianza con la iglesia ortodoxa, como expresión reaccionaria del zarismo.

El KPRF es un heredero directo del PCUS stalinista, y de los puntos de vista más reaccionarios de la época dorada de Stalin caracterizada por la opresión de las nacionalidades soviéticas, hundiendo en el lodo los principios de independencia de las mismas defendidos por el bolchevismo. No defiende la necesidad de la revolución mundial, cuando la globalización que menciona pone de relieve la maduración de las condiciones objetivas, y con ellas la descomposición creciente y la inviabilidad del régimen capitalista mundial, con sus manifestaciones de crisis de sobreproducción, guerra de monedas, guerra comercial y una tendencia creciente a un enfrentamiento bélico generalizado, expresando que el capitalismo es un régimen agotado en la medida en que destruye las fuerzas productivas, y que objetivamente debe dar paso a otro que lo supere. Esto es el socialismo, la sociedad sin clases, la ruptura del chaleco de fuerza que implica el capital para el progreso humano. Pues no, el KPRF defiende una salida reaccionaria, el estrangulamiento en la estrechez de las fronteras nacionales. Por eso es que su secretario general, Guennadi Ziuganov, ha dicho que “la propiedad privada es completamente aceptable”. Y en sus discursos evita cuidadosamente a la necesidad de la revolución socialista. Ziuganov ha elogiado al régimen chino, en franco camino hacia la restauración capitalista señalando: “Rusia debe seguir el ejemplo de China, que hoy en día se convierte en el principal centro financiero, económico e industrial”.

Como vemos, las diferencias con Putin son solo de grado, pero no de esencia, lo cual corrobora la pretensión de los stalinistas rusos de una Rusia Grande (imperialista) en el escenario mundial, que en los términos expresados por Putin y la política del PC chino, solo pueden tener lugar en el marco de un ataque a las condiciones de existencia de las masas, en función la restauración del capital. Cabe señalar que esto es mistificado en una de las banderas de este partido que plantea el objetivo de luchar por un “socialismo del siglo XXI”. Esto en consonancia con el régimen chavista venezolano, cuya política basada en la renta petrolera, combinada con la represión a la vanguardia de la clase obrera, en el cuadro de la baja de los precios mundiales de los hidrocarburos, condujo a un desastre descomunal en Venezuela, a una hambruna generalizada lo cual muestra la falacia del socialismo del siglo XXI que no ha cumplido con la condición fundamental de la expropiación del gran capital y de la destrucción del Estado capitalista, no solo manteniéndolo intacto sino fortaleciéndolo. Cabe señalar que al mismo tiempo que el KPRF homenajeaba a Maduro con la medalla de Lenin, el mismo Putin sostiene relaciones especialmente cordiales con el de Maduro (mientras aprovecha la crisis y el bloqueo yanqui para avanzar con políticas neocoloniales de explotación sobre Venezuela).

El programa del KPRF para llegar al “socialismo del siglo XXI”, no plantea la expropiación de la oligarquía restauracionista, ni de los grandes capitalistas, solo se remite a prometer “condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas y la ampliación de las garantías sociales para los miembros de las fuerzas armadas y de la policía”. El planteo de las mejoras a los aparatos represivos es una reafirmación de que tampoco se propone destruir el Estado represivo y restauracionista reconstruido por el mismo Putin en defensa de su régimen bonapartista. No es extraño que su máximo dirigente Ziuganov sea en forma habitual una fuente de consulta de Putin que cuenta con un aparato parapolicial que persigue a feministas y homosexuales llamados “lobos de la noche”. Este partido es también partidario de la represión a la homosexualidad, lo cual le ha valido críticas por parte de su homónimo francés, que recibió sin mosquearse. En esto hay una enorme coincidencia no solo con Putin, un declarado homófobo y con los grupos derechistas y la iglesia ortodoxa con quienes ha integrado un movimiento patriotero, sino con Stalin cuya política de persecución a los homosexuales y la persecución al derecho al aborto provocó el aniquilamiento de conquistas tempranas de la revolución bolchevique caracterizadas por la libertad sexual y los plenos derechos para las mujeres y los homosexuales. Después de todo Putin no es más que un heredero de la más pura raigambre staliniana, cuya función era el espionaje contra el pueblo trabajador en la tristemente famosa KGB.

Algunas rupturas como Comunistas de Rusia o el Partido Comunista de los trabajadores de Rusia (OKP), si bien han intentado rozar una superación del Partido Comunista de la Federación Rusa, se han quedado a mitad de camino. En cierto sentido tienen algunas coincidencias como la defensa del “socialismo del siglo XXI”, como es el caso de la OKP, en cuyo segundo congreso participó un representante del PSUV, del partido gobernante de Venezuela. Por otra parte sus posiciones se centran en modificaciones del régimen de Putin referidas al sistema electoral y a la reforma de la constitución. Al mismo tiempo, reivindican los aspectos (pseudo) progresivos de Stalin y de la constitución staliniana de 1936, momento de la liquidación física de la vieja guardia bolchevique y de los procesos de Moscú y que fueron el corolario de la liquidación definitiva de los soviets (que solo tenían una vida formal, completamente vaciados y carentes de cualquier tipo de protagonismo y democracia proletaria). El planteo de la OKP de “socialismo con democracia” entra en contradicción con su reivindicación de la dictadura del proletariado. Bien podría identificarse con el del “socialismo del siglo XXI”. Es la ilusión que mediante las instituciones burguesas es factible evolutivamente llegar al socialismo.

La OKP que se declara opositora de Putin, considera cierto grado de progresividad de este en sus “enfrentamientos” burocráticos-militares con las ofensivas militaristas imperialistas (Ucrania, Siria, etc.) que tienen como perspectiva estratégica avanzar a fondo en la recolonización integral de Rusia por la restauración capitalista imperialista. La pretendida defensa de la “gran Rusia” en manos de Putin contra la presión imperialista, esta minada por su contenido restauracionista, chauvinista, represivo y burocrático que desmoraliza y desmoviliza a las masas, que son crecientemente oprimidas política, económica y socialmente. Solo una movilización independiente de la clase obrera rusa puede barrer a los Navalny y el bloqueo imperialista, no los métodos represivos del régimen putiniano. Pero Putin no puede hacer esto por temor a abrir el camino a una lucha nacional contra el restauracionismo capitalista.

Cabe señalar que tanto el Partido Comunista de la confederación rusa, como Putin, han repudiado el levantamiento bielorruso de masas contra Lukashenko. No tenemos constancia del planteamiento de la OKP.

La lucha por la necesaria revolución socialista en Rusia, esto es de una república soviética, junto a las nacionalidades que integraron la vieja URSS, reclama la ruptura con los viejos y nuevos aparatos burocráticos-restauracionistas, que recojan las reivindicaciones de las masas, ayudando a que estas expulsen a la burocracia de los sindicatos como parte de la construcción de un partido obrero revolucionario y socialista. Esto es vital tanto para el proletariado ruso, como para sus vecinos y los de toda Europa.

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17/02/2021

Por el derecho al asilo para el opositor político haitiano Ralph Youri Chevry

El gobierno de República Dominicana prepara su deportación.

En las últimas horas se ha conocido un nuevo episodio en la crisis de Haití, que extiende aún más su impacto regional. El gobierno de la vecina República Dominicana está avanzando en los preparativos para deportar a un conocido opositor político haitiano, Ralph Youri Chevry, quien finalizó hace pocos meses su mandato como alcalde de Puerto Príncipe -la ciudad capital- y que continúa solicitando su derecho democrático al asilo.

Chevry cruzó la frontera el domingo pasado luego de las amenazas de muerte sobre su persona y la irrupción de las fuerzas policiales haitianas en su propiedad. Sin embargo, fue arrestado rápidamente por las autoridades dominicanas en la ciudad de Santiago de la Cruz. Se encuentra detenido desde entonces.

Pocos días atrás, el presidente haitiano Jovenel Moïse, que se niega a acatar el fin de su mandato, encarceló a varios opositores políticos. Como muchos de ellos, Chevry no es un líder combativo, sino un empresario y un representante de una fracción de la burguesía circunstancialmente enfrentada al gobierno. Pero su deportación, tal como lo denuncian múltiples organismos de derechos humanos, implicaría la entrega a sus verdugos -sin garantías democráticas ni legales. Mientras tanto, las calles haitianas continúan ardiendo en rebelión.

En la decisión del gobierno de República Dominicana pesa especialmente la consideración de Estados Unidos, el principal sostén, al momento, del gobierno de Jovenel Moïse. A pesar de las promesas de campaña de Joe Biden, no se ha modificado la política para América Latina.

Nos sumamos al pedido de respeto del derecho democrático al asilo para Ralph Youri Chevry y nos pronunciamos contra su deportación.

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16/02/2021

¡Anular los cargos contra César Arakaki y Daniel Ruiz!

Pronunciamiento del Grupo Internacionalista de México.

Acto frente a Comodoro Py

La persecución contra los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz, debido a su participación en la marcha del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, está suscitando pronunciamientos desde diferentes países. A continuación, compartimos el que nos ha llegado desde México.

El lunes 8 de febrero reiniciaron en Buenos Aires las audiencias del juicio en contra de los militantes de izquierda argentinos César Arakaki y Daniel Ruiz. Se trata del más reciente episodio de una vendetta judicial que ha continuado desde diciembre de 2017, cuando la burguesía argentina buscó chivos expiatorios para justificar la sangrienta represión de una masiva protesta contra la antiobrera “reforma previsional” (de jubilaciones y pensiones) dictada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Más de tres años después, continúa la embestida policíaco judicial, que busca sentar un ominoso precedente, criminalizar la protesta e intimidar a aquellos que se atrevan a protestar en contra de los planes hambreadores de la burguesía argentina y sus padrinos imperialistas. Todos los defensores de los derechos democráticos deben exigir que se anulen los cargos, ¡ya!

Arakaki y Ruiz son dos de los varios militantes de izquierda que han sido sujetos a persecución y proceso judicial tras la brutal represión policíaca de la manifestación del 18 de diciembre de 2017. Ese día confluyeron en la plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires unos 300 mil manifestantes para protestar en contra de las medidas hambreadoras con las que el entonces presidente Mauricio Macri pretendía terminar su cuatrienio. La reforma que reemplazó
el ajuste automático de las jubilaciones con una fórmula complicada, resultó en un recorte de unos 5 mil millones de dólares y la pérdida de hasta 20 por ciento de los haberes de los pensionados.

Mientras dentro de la cámara los diputados debatían sobre las diversas fórmulas para elevar la edad de retiro para trabajadores y trabajadoras y reducir brutalmente sus pensiones, la policía arremetió con saña contra los manifestantes. Tanquetas con cañones de agua pretendieron barrer a los manifestantes de la plaza. Detrás, gendarmes y policías antimotines disparaban sus carabinas con balas de goma. En una clara emulación del actuar de sus colegas chilenos del cuerpo de Carabineros, disparaban a los manifestantes directamente al rostro, dejando a decenas de heridos de gravedad.

En un giro verbal que recuerda la “neolengua” de George Orwell, los trabajadores y militantes de izquierda que fueron blanco de esta brutal represión policíaca son acusados de “intimidación pública” (¡!). Para asegurarse de que las próximas medidas hambreadoras y rompesindicatos de la patronal pasen sin ninguna resistencia, la burguesía exige en bloque que se castigue ejemplarmente a militantes de organizaciones de izquierda.

César Arakaki es un actor y milita en el Partido Obrero (PO), mientras Daniel Ruiz es un sindicalista petrolero y militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU). Las dos organizaciones se reivindican del trotskismo. Además de intimidación pública, Arakaki y Ruiz enfrentan las acusaciones de atentado a la autoridad y lesiones a un oficial de la policía –a pesar de que, según se informa, el policía se ha retirado de la querella (Prensa Obrera, 11 de febrero). De ser hallados culpables, podrían pasar años en prisión.

El 12 de septiembre de 2018, Daniel Ruiz fue arrestado en Uruguay y entregado a la  “justicia” argentina, que lo recluyó trece meses en “prisión preventiva” en una cárcel de máxima seguridad hasta que un tribunal ordenó que enfrentara su juicio en libertad. Por su parte, César Arakaki fue encarcelado en enero de 2018, pero luego fue liberado tras una serie de masivas movilizaciones en contra de la farsa judicial en su contra. Otro militante, Sebastián Romero, del PSTU, se encuentra en arresto domiciliario a la espera de que comience su juicio. Exigimos la
liberación de Romero y la anulación de las imputaciones en su contra.

La arremetida represiva de la policía permitió que en diciembre de 2017 el Congreso argentino aprobara la iniciativa macrista. Para conseguir la mayoría, Macri contó con el apoyo de diputados del Partido Justicialista, el partido del actual presidente Alberto Fernández y de su vice, Cristina Fernández de Kirchner. Aunque hicieron campaña contra la reforma previsional de Macri, ahora el nuevo gobierno kirchnerista ha retomado el empeño de Macri de atacar las
jubilaciones, otra vez siguiendo las directrices de los tiburones financieros del FMI, que como siempre exigen “reformas estructurales”, para refinanciar la deuda contratada por Macri.

En medio de la devastación de las crisis económica, social y sanitaria que ejemplifican la bancarrota del sistema capitalista a nivel mundial, la solidaridad proletaria internacional forma parte imprescindible de la lucha revolucionaria Al exigir la total e inmediata anulación de los cargos contra Arakaki, Ruiz y Romero, la Liga por la IV Internacional y su sección mexicana, el Grupo Internacionalista, decimos: ¡Un golpe contra uno es un golpe contra todos!

Grupo Internacionalista

sección mexicana de la Liga por la IV Internacional

12 de febrero de 2021

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Domingo 30 de noviembre, 17hs, en el Paraje Artesón
16/02/2021

El Salvador: más de un mes de huelga de hambre de las obreras de Florenzi

Las trabajadoras textiles de Industrias Florenzi, ubicada en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, se acercan a los 40 días de huelga de hambre y superan ya los siete meses de toma de fábrica ante más de 200 despidos.

En julio pasado, el empresario Sergio Pineda López anunció el cierre de la compañía, luego de algunos meses de paralización debido a la pandemia. El personal, en su gran mayoría mujeres, con hasta 25 años de antigüedad, decidió permanecer en la planta en reclamo del pago de salarios adeudados e indemnizaciones. Además, desde marzo la patronal dejó de pagar las cargas sociales y los aportes jubilatorios.

Durante todo este tiempo, el Ministerio de Trabajo se ha negado a intervenir, apostando al desgaste de las obreras. Recién el 5 de febrero, y solo como resultado de la enorme lucha de éstas, las recibió el ministro Rolando Castro. Por su parte, la justicia laboral marcha a ritmos cansinos y ni siquiera embargó al empresario para garantizar las deudas con las trabajadoras.

El gobierno de Nayib Bukele juega para la patronal.

Entre las despedidas hay muchas compañeras de 45 a 50 años, con enfermedades crónicas o discapacidades, a las que se les hace muy difícil reinsertarse laboralmente. Más aún teniendo en cuenta el contexto general de El Salvador, donde hubo entre 180 y 190 mil despidos en 2020 (sumando el sector formal e informal), lo que elevó la tasa de desocupación por encima del 9% (contra un poco más de 6% en 2019). Además, el sueldo promedio en el sector privado se redujo más de un 7% (Elsalvador.com, 9/2). Las patronales intentan descargar la crisis sobre los trabajadores.

En contraste con el gobierno salvadoreño, distintas organizaciones obreras y de izquierda de toda Latinoamérica están acompañando la lucha, con pronunciamientos y acciones solidarias. Arriba las trabajadoras de Industrias Florenzi.

https://prensaobrera.com/internacionales/autogolpe-en-el-salvador/

 

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16/02/2021
ESTADO ESPAÑOL

Las elecciones en Catalunya: cambios que no cancelan la crisis política

El domingo 14 se realizaron elecciones para la Generalitat de Catalunya. La crisis sanitaria, económica y política tanto en el Estado español como en la Generalitat, fueron los motivos que llevaron a anticipar estas elecciones. España con más de 80.000 muertos por Covid y una caída de más de 11% del PBI tiene de los peores indicadores de Europa en esta crisis mundial. Sin embargo, la fecha de las elecciones anticipadas las impuso el aparato judicial heredado del franquismo y utilizado a piaccere por el PSOE (partido socialista) y el Partido Popular (PP). Se realizaron en pleno desarrollo de la tercera ola de contagios porque las encuestas beneficiaban al candidato del presidente Pedro Sánchez (PSOE) y para evitar el sorpaso de Vox al PP. La participación electoral fue la más baja en 30 años y bajó a solo el 53% del padrón, 24 puntos menos que en las últimas elecciones.

El PSC-PSOE ganó la elección con el 23% y sumó una mayor cantidad de diputados que la elección anterior, pero no le alcanzará para formar gobierno. En términos absolutos, apenas incrementa su votación respecto a 2017. Esto a pesar de contar con todo el apoyo de Madrid y el Estado para “pasar página” y terminar con el masivo reclamo de independencia.

En tanto, se produce un hundimiento de la llamada “derecha constitucionalista”. El partido del IBEX 35, Ciudadanos, que había ganado las elecciones anteriores, perdió casi un millón de votos (y cayó del 25 al 5%). El PP también retrocedió y no llegó al 4%. De conjunto, este sector realizó su peor elección desde 2006 y perdió la mitad de los diputados que tenía en el Parlament. Esto fue en parte aprovechado por la ultraderechista Vox, que obtuvo casi el 8% en su primera presentación y consagró once diputados.

Los partidos del Govern (Esquerra Republicana de Catalunya -ERC-, Junts per Catalunya) también tuvieron un retroceso en las urnas en cantidad de votos. ERC y Junts perdieron en conjunto más de 700.000 sufragios. La política capituladora de estas dos fuerzas en el proceso independentista les pasó factura. Adicionalmente, acompañar los presupuestos del Frente Popular (gobierno central de Madrid) y Bruselas (Unión Europea) castigó a ERC. La Candidatura de Unidad Popular (CUP, partido de la izquierda radical “amplia”), con casi el 7%, salta de 4 a 9 diputados, si bien no obtiene más votos que en la elección anterior. De conjunto, el bloque de partidos que se reclama independentista obtiene mayoría de bancas y casi el 50% de los votos (21% ERC, 20% de Junts, más el 7% de la CUP), que ascienden a más del 50% si se computa al Partido Democrático Europeo Catalán (PDCAT), aunque en una elección con una participación mucho menor a la anterior. El PDCAT, partido clave de la burguesía liderado por el ex titular de la Generalitat Arthur Mas, que monopolizó la política durante cuatro décadas, quedó directamente fuera del parlamento.

Cataluña en Comú-Podemos, que siempre buscó presentarse como una tercera vía entre el independentismo y Madrid, también tuvo un fuerte retroceso en la cantidad de votos, al perder más de 100 mil. Pero conservó las bancas que tenía.

Las elecciones no solo no resolvieron la crisis política sino que la profundizan con un Parlament más fragmentado, al que se suma la ultraderecha, pero con retroceso de las derechas tradicionales de los independentistas y de los españolistas.

ERC plantea la “vía amplia” para presidir el Govern, esto implica construir un frente popular en Catalunya que abarque a Junts, la CUP, Podemos y las organizaciones sociales y sindicales. Una “tabla de diálogo” ya pactada con Sánchez será la cobertura para, por un lado, desmovilizar a los trabajadores y las masas en su anhelo de independencia y terminar con el régimen del 78 y por el otro para aplicar las políticas de ajuste de Bruselas y Madrid en medio de la peor crisis económica desde la guerra civil.

En tanto, el Estado inmediatamente dio su respuesta a el resultado electoral. El lunes 15 la fiscalía (en manos del PSOE y Baltazar Garzón, el juez “kirchnerista” que cubrió a las bandas paramilitares en el País Vasco) ya pidió la vuelta a prisión de todos los presos políticos incluido el presidente de ERC Oriol Junqueras, y se aprestaba a encarcelar a Pablo Hasél por realizar un rap contra el exrey Borbón fugado en Qatar.

Los trabajadores de Catalunya y de todo el Estado deben volver a las calles, y preparar la huelga general para terminar con la reforma laboral, la “ley mordaza” que termina con la libertad de expresión, el pacto de Toledo que condena a la miseria a los jubilados y con todo el régimen franquista. Se trata de una monarquía surgida y sostenida por la derecha franquista y el apoyo de la centroizquierda frentepopulista. Los trabajadores debemos recuperar los sindicatos y construir un partido independiente del Estado y de la burguesía y sus partidos y que luche por el derrocamiento de la monarquía y por una federación socialista de los pueblos ibéricos.

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16/02/2021

Haití, ante un salto en la crisis

Tras el paro general del 1 y 2 de febrero, miles de personas se movilizaron en Haití el 7 y el 15 de febrero, para exigir la inmediata salida del presidente Jovenel Moïse. Sin embargo, el empresario bananero se sigue negando a declinar, con la intención de continuar gobernando, hasta 2022.

Moïse se impuso en las elecciones de 2015 y debía asumir en febrero de 2016, pero los resultados fueron anulados por fraude. Se formó un gobierno de transición y en noviembre de 2016 se hizo una nueva elección, ganada por Moïse. Este asumió sus funciones en febrero de 2017 y cuenta su mandato de cinco años desde entonces. En cambio, la oposición considera que se debe contar desde febrero de 2016, por lo que el mandato se habría vencido este 7 de febrero.

La crisis ha dividido el aparato estatal. El Consejo Superior Judicial emitió una resolución donde declara que el gobierno de Moïse finalizó el 7 de febrero.

En este contexto, la oposición proclamó un nuevo gobierno de transición y nombró al juez Joseph Mécène Jean-Louis como presidente interino. Lo acompañan desde los progresistas de la Agrupación de Demócratas Nacionales hasta los conservadores del Pitit Desalines y del Movimiento Patriótico Popular Dessaliniano, pasando también por sindicatos, cámaras empresariales, la Iglesia Católica (que esta semana rompió definitivamente todos sus lazos con el oficialismo) y sectores de la Protestante. Sectores del clero le han pedido a Moïse que renuncie para evitar “una nueva explosión social”.

Moïse no tardó en responder. Desde el aeropuerto capitalino, denunció vía cadena nacional un supuesto intento de magnicidio y de tentativa golpista, justificando así la detención ilegal y sin pruebas de 23 personas, entre ellas el juez Ivickel Dabrésil, hombre propuesto en primera instancia para ser el nuevo presidente interino (Infobae, 11/2). También ordenó la jubilación forzosa de tres jueces, entre ellos Jean-Louis, designando sin concurso y de manera arbitraria a otros tres (Le Nouvelliste, 11/2). Y ratificó el referéndum constitucional de abril, que tienen como propósito reforzar las atribuciones del presidente, y las elecciones legislativas y presidenciales de septiembre, en las que asegura que no se presentará como candidato.

El imperialismo norteamericano, que ha sido el sostén clave de Moïse todo este tiempo, parece seguir apoyando su continuidad en el cargo. La OEA, en tanto, validó la interpretación que hace el presidente de cuándo termina su mandato. En cambio, hay sectores de la burguesía que apoyan a la oposición. Pero la insurgencia popular no se debe solo a los problemas “institucionales”, sino a la grave crisis social. Entremedio aparece un pueblo sumergido en la extrema pobreza, la mayor del continente, que no encuentra sosiego ni satisfacción de sus necesidades en ninguna de las dos variantes.

Las masas haitianas han enfrentado en las calles al gobierno. Protagonizaron dos levantamientos (2017 y 2019) contra el aumento de los combustibles y ante su desabastecimiento. Redoblar la movilización es el camino para echar a Moïse. Pero no se puede tener expectativas en el gobierno de transición que alientan sectores de la burguesía. La vanguardia obrera y de los luchadores haitianos debe organizarse en forma independiente y levantar un programa de reivindicaciones transitorias con el objetivo de constituir en este proceso de luchas un partido obrero independiente y revolucionario con la perspectiva estratégica de la instauración de un gobierno de trabajadores.

Haití es parte de la convulsiones populares que recorre Latinoamérica incentivadas por la crisis capitalista.

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16/02/2021

La lucha de clases en la India

Entre la rebelión campesina y la ofensiva del gobierno derechista.

La sublevación campesina que se desarrolla hoy en la India ha convertido al país asiático, desde hace casi tres meses, en uno de los focos más intensos de la lucha de clases mundial. El movimiento campesino indio y su lucha contra las reformas privatistas y ajustadoras promovidas por el gobierno del ultraderechista Narendra Modi están generando un verdadero cimbronazo en el régimen político. El gobierno busca poner fin a la compra de la cosecha campesina a precio sostén realizada por el Estado, colocando al capital privado como reemplazo de este, lo que significaría la ruina de millones de agricultores.

Fracasadas las mesas de conversación con los líderes agricultores, Modi viene apostando sus fichas a la represión policial y paramilitar, aunque hasta ahora no hizo más que exacerbar la intervención política campesina.

Pulseada

El undécimo encuentro entre funcionarios del gobierno nacional y líderes de las protestas campesinas, realizado el pasado 22 de enero, ha culminado con un revés al gobierno. Resulta que los primeros se ilusionaron con un acuerdo que implicara suspender las leyes privatizadoras por un periodo de 18 meses, empero, se encontraron con el rechazo de Samyukt Kisan Morcha (SKM), el organismo que agrupa alrededor de 40 organizaciones de agricultores, en buena medida, como reflejo de la enorme presión de las bases (Times Of India, 22/1).

Otro de los flancos por los cuales se intenta desactivar el proceso de lucha es mediante la intervención de la Corte Suprema, la cual viene de suspender temporalmente las leyes anti campesinas, mientras que procura avanzar en la creación de un comité de expertos con el objetivo de encontrar una solución consensuada. Se trata, sin embargo, de un eslabón del Estado cuyo poderío está colocado al servicio de los intereses generales de la clase dominante, y que además ha cooperado con Modi dando luz verde a algunas de sus medidas más antipopulares, como la eliminación del estatus especial de la Cachemira india, y no descarta volverlo a hacer para declarar ilegal la protesta de los agricultores.

Asimismo, el gobierno, al no encontrar una salida inmediata y en sus términos a la convulsión social reinante, ha llevado su orientación represiva a un grado mucho más elevado. El martes 26 de enero, en el marco del día de la República India, se llevó adelante en Nueva Delhi un “tractorazo”, cuyo desarrollo ha terminado con un grupo de manifestantes llegando al mítico Fuerte Rojo, lugar desde donde colgaron su bandera sindical. La represión ha sido brutal; muchos manifestantes resultaron heridos y un agricultor murió luego de que su tractor volcara, y que, según los movilizados, ha sido consecuencia de la pérdida de control que le produjera un disparo perpetrado por las fuerzas de seguridad. Fueron 44 los casos penales presentados por la policía de Delhi y 122 los arrestos que se adjudica. 37 líderes sindicales y activistas han sido acusados de “disturbios, intento de asesinato y conspiración criminal”, mientras que, asimismo, al menos seis periodistas, y un elemento del Partido del Congreso (CNI), enfrentan hoy cargos de sedición por “informar erróneamente” sobre los hechos concernientes a la muerte del manifestante. Echando más nafta al fuego, el gobierno ordenó el cierre de la cobertura de telefonía móvil e internet por 12 horas en gran parte de la capital, así como también en los estados vecinos de Haryana y Uttar Pradesh (UP).

El miércoles 27, en UP, un grupo de agricultores que acampaba en la carretera nacional Delhi-Sharanpur fue brutalmente reprimido por la policía. En la frontera entre Haryana y Delhi, por otra parte, esta fuerza, en connivencia con bandas fascistas y prohibiendo el acceso a corresponsales, desenvolvió un violento ataque contra un campamento de protesta ubicado en Singhu.

El 6 de febrero se desarrolló, durante más de tres horas, una jornada de bloqueos en carreteras ubicadas en varios puntos del país, donde los campesinos a menudo utilizaron sus tractores para cortar el tránsito.

Modi ha militarizado la zona de la capital construyendo barricadas de clavos y púas y desplegando a miles de policías. Ha ordenado, asimismo, el cierre del suministro de agua y electricidad a los sitios de protesta, y obligó a los trabajadores municipales a que dejen de recolectar basura, provocando la acumulación de pilas de desechos en los lugares donde se hallan los campesinos. También viene impulsando la infiltración de servicios para motivar la represión. Con todos estos métodos, sumada la tecnología de reconocimiento facial y la persecución contra la oposición, el premier hindú ha erigido un Estado policiaco.

La rebelión campesina en la India ha adquirido tal magnitud que logró reunir el apoyo de importantes figuras reconocidas a nivel internacional como la cantante Rihanna o la activista Greta Thunberg, entre otras. Ha devenido en una extraordinaria lucha que debe ser tomada como ejemplo por toda la clase obrera del mundo para enfrentar los embates de sus gobiernos y burguesías.

Nuevo plan de ajuste

El programa del oficialista Bharatiya Janata Party (BJP) se erige sobre la base de una continuación –y de una profundización- de la política anteriormente adoptada por el CNI, a saber, impulsar reformas dirigidas a abrir la economía al capital foráneo y convertir a la India en una gigantesca plataforma de mano de obra barata al servicio de este. Así lo prueba la reforma laboral –precariza el trabajo, cercena el derecho a huelga- impuesta por Modi en 2020, y, como última novedad, el presupuesto fiscal 2021-2022 exhibido recientemente por la Ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman.

Desde el punto de vista del disparador de la enorme conflictividad social que actualmente existe en la India, el presupuesto no propone ningún avance en términos progresivos, sino que viene a agravarla. Se recorta draconianamente el gasto en la Garantía de Empleo Rural Mahatma Ghandi, un programa del que dependen millones de familias, que supone 100 días de trabajo servil con salario mínimo a un miembro de cualquier hogar rural en situación acuciante. En la misma línea, se va hacia un recorte del 43% en los subsidios a los alimentos, del gas y también del kerosene.

Contiene, asimismo, un plan de venta masivo de empresas públicas por una suma aproximada de 24 mil millones de dólares, incluyendo dos bancos estatales y una compañía de seguros de vida.

Distintos periódicos burgueses a lo largo del planeta han saludado con ansias el mentado aumento del 137% en salud. Pero corresponde señalar, sin embargo, que el presupuesto incluye en ese aumento el único costo de vacunación contra el Covid-19 y otros fondos indirectos relacionados al crítico cuadro sanitario actual. Quitando estas consideraciones, el gasto en atención médica sólo aumentará de 10 mil millones de dólares a 11 mil millones de dólares. India continuaría siendo uno de los países que menos invierte PBI en materia de salud.

El gasto en defensa, a diferencia del contenido en las necesidades más elementales de la población, encierra un aumento que trepa a un 20%. Este espaldarazo a los gastos militares encuentra su origen en el crecimiento de las tensiones y choques en la región, en especial con China. Modi no se ha privado recientemente de avivar los cruces contra el gigante asiático, así como también contra Pakistán, acusándolos de estar detrás de la movilización campesina.

Se trata de un presupuesto de rescate de la clase burguesa en el cuadro de numerosas quiebras producto de la crisis mundial. Esta ha llevado a grandes empresas a declararse con severos problemas de solvencia. El mismo fenómeno se desarrolla con fuerza en la banca, en crisis por la incobrabilidad de muchísimos préstamos. En marzo pasado, por ejemplo, el Banco Central indio tuvo que salir al rescate del Yes Bank (Financial Times, 14/1). El capital financiero internacional presiona a fondo por la implementación de un zarpazo contra la clase obrera y campesina, amenazando con reducir el valor de los bonos de deuda india a un precio basura y acelerar de esta manera un descalabro mayor de las relaciones económicas, que ya se encuentran desmadradas –el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción de dos dígitos para el año entrante-. La administración Biden, a través de un portavoz del Departamento de Estado, ha aplaudido la iniciativa del oficialismo indio (The Hindu, 4/2).

El desafío que tienen las masas indias, a saber, la unión obrero campesina para derrotar este plan de ajuste, entra en contradicción con la política conciliadora de las fuerzas opositoras, incluida algunas fuerzas de izquierda, las cuales dirigen grandes centrales sindicales. Los secretarios generales stalinos del Partido Comunista (PC) y del Partido Comunista Marxista (PCM) han dicho que la movilización campesina debe permanecer “apolítica”, y que se encuentran trabajando con la oposición y el gobierno para “formular nuevos proyectos de ley”, pues sería “la forma más razonable y democrática de encontrar una solución” (ídem, 28/12/20).

Derrotar al gobierno

El próximo capítulo de esta gigantesca lucha tendrá lugar el 18 de febrero, día en que se desenvolverá un bloqueo de 4 horas de todos los trenes indios. Las centrales sindicales deben convocar a la huelga general, aprovechándose de los conflictos existentes (luchas fabriles, huelga de trabajadores de Toyota, entre otros) para consustanciar con la lucha campesina, por todas las reivindicaciones de las masas explotadas. Un triunfo de la rebelión campesina pondrá en mejores condiciones la lucha de masas más general para derrotar toda la política ajustadora de Modi.

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14/02/2021

Misiones: cambio de figuritas en el área de la mujer

Sobre el desplazamiento de Duarte y el ingreso de Galeano. La salida es un consejo autónomo.

Tras el repudio que causó que una víctima de violencia de género junto con su hija durmieran en el piso de una oficina de la línea 137 de asistencia, en Posadas, el gobernador Oscar Herrera Ahuad pidió la renuncia de Miryam Duarte como subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, y en su lugar nombró a Sandra Galeano, una ignota del oficialismo provincial (la Renovación).

La flamante subsecretaria no tiene nada nuevo para agregar a la línea discursiva de la Renovación con respecto al flagelo de la violencia. Habló en medios locales de "brindar herramientas a las mujeres", "fortalecer a los líderes comunitarios", porque "el Estado sólo no puede". No supera el historial de funcionarias, fracasos y escándalos: desde la precarización inhumana a las trabajadoras del Programa de Género (PROGEN), pasando por los silbatos que se repartieron como "dispositivos de alarma" en el 2017 luego de dos femicidios brutales que sucedieron en el norte de la provincia; hasta los sueldos de miseria a profesionales que trabajan en la asistencia de víctimas de violencia; o la ex subsecretaria de la mujer y Familia que fue destituida a fines del año pasado por un video viral en el cual baila chamamé sin barbijo -aunque no por manejar con desidia el Centro de Atención Integral de niños, niñas, adolescentes y Familia.

La salida de Duarte, por su parte, amerita varias consideraciones: su designación es casi equiparable con la integración de Fabiana Tuñez como funcionaria de Macri, ya que proviene de un reconocido activismo feminista. En el 2017, terminado su mandato en la cámara legislativa como parte del kirchnerismo local (Partido Agrario y Social, y Nuevo Encuentro), se pasó a la Renovación al presentarse como sublema en las elecciones. Luego en el 2018 es nombrada en el cargo de subsecretaria de Relaciones con la comunidad que maneja la dirección de la Línea 137.
La militante que se justificó en "cambiar las cosas desde adentro", finalmente no se despegó de la política de la Renovación, y no podía ser de otra manera; reforzó el carácter policial dentro de la Línea, mantuvo los contratos basura, fue denunciada por violencia laboral por someter a las trabajadoras de la Línea al control policial; éstas debían dormir en el piso en sus guardias, así como sucedió con el último escándalo que trascendió.

En el 2013, la primera titular de la Línea, Rossana Franco, proclamaba que "todo este equipo que está trabajando es un logro del gobierno provincial que ha tomado la decisión para que pueda haber un ingreso de trabajadores sociales y psicólogos que van a estar al frente de este emprendimiento tan importante". Luego de años de discurso maquillado, acciones a medias, desmanejos de presupuesto y una política decidida a sostener el status quo, los resultados están a la vista.

Pusieron más energía en propagandizar la paridad de género y los parlamentos de la mujer que en ocuparse de lo esencial como poner en funcionamiento casas refugio, pero no con la lógica de control penitenciario y personal precarizado, sino con todas las condiciones y recursos necesarios para salvar de manera concreta la vida de las mujeres y sus hijxs. La tan cacareada recaudación por encima de lo esperado en pandemia no significó una mejora en la materialidad de "los derechos de las víctimas".

La movida de desplazar a Duarte no puede tomarse como otra cosa que una movida electoralista en el marco del gran repudio popular que despertó el femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad bonaerense de Rojas, a manos de un agente de policía.

Llamamos a las mujeres y diversidades a luchar por la instauración de un consejo autónomo de mujeres, democrático y con presupuesto propio, un organismo que nos permita implementar todas las políticas necesarias para terminar con la violencia hacia las mujeres, que tiene al Estado como máximo responsable.

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14/02/2021

El Frente de Todos y Cambiemos, unidos en la reivindicación de Carlos Menem

Sus máximos referentes, de Alberto Fernández a Mauricio Macri, lo despiden en Twitter con elogios.

Ante la muerte de Carlos Menem, los principales referentes tanto del Frente de Todos como de Cambiemos salieron a reivindicarlo vía Twitter. En un notable encubrimiento, omitieron toda referencia a la desocupación, el hambre, las privatizaciones, la represión y la corrupción que marcaron sus gobiernos. Con sus elogios, no hacen más que demostrar que todos ellos son parte de un mismo régimen de explotación social contra las masas.

El presidente Alberto Fernández no solo evitó toda mención al hambre del menemismo, sino que incluso sostuvo que Menem "fue perseguido en dictadura", sin mencionar que su gobierno dictó el indulto a los genocidas. Además, dictó tres días de duelo nacional.

Otros funcionarios del gobierno "nacional y popular" también salieron a reivindicarlo. El ministro de desarrollo social, Daniel Arroyo, ponderó a Menem como un "hombre de diálogo". Una gran mentira: bajo el menemismo, la represión contra las luchas de ocupados y desocupados se cobró las vidas de Víctor Choque y Teresa Rodríguez, entre muchos otros.

También lo despidieron con "lamentos" y "gratitud" el secretario de seguridad bonaerense, Sergio Berni; el excandidato presidencial Daniel Scioli; y el canciller Felipe Solá, que fue secretario de agricultura en los '90. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más contenida, solo envió sus condolencias a la familia, pero no hizo ninguna referencia crítica al gobierno del expresidente. Es que los Kirchner fueron parte del gobierno menemista, al frente de Santa Cruz.

Del otro lado de la "grieta", Mauricio Macri dio una cálida despedida al ex mandatario. Es el reconocimiento a un defensor de los intereses de la burguesía y a un peón del imperialismo. También lo despidieron la exministra de seguridad Patricia Bullrich, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Finalmente, la reivindicación de Menem por todos ellos es la reivindicación de las políticas de ajuste en esta etapa. La clase trabajadora, que tuvo en Menem a uno de sus mayores enemigos, sacará su propio balance.

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14/02/2021
REVISION PARITARIA

UTA: el subsidio al transporte crece pero la plata para salarios no aparece

Las cámaras patronales del sector y la UTA están negociando la revisión del tramo octubre a diciembre de la paritaria 2020. La última reunión de las partes, el 10 de febrero, fue postergada para el día 18. El pedido de reajuste -inconsulto respecto a la base del gremio- es de 11,4% para “compensar” la inflación del último período, es decir, sin siquiera proponer una mejora real de las remuneraciones.

La negociación transcurre fuertemente condicionada y el incremento salarial, en los términos planteados tanto por el sindicato como por las cámaras, está atado a un nuevo incremento de los subsidios a las patronales, a cuenta del gobierno. El rol de la UTA, completamente subordinado a los empresarios es terciar en la puja por estos fondos, no desarrollar una política que se apoye en -y a su vez defienda- las reivindicaciones de los trabajadores. La defensa de una posición de lucha consecuente es incompatible con la burocracia sindical, tanto la que está al frente de la UTA -Fernández- como la de Bustinduy.

La cuestión del subsidio a los monopolios y empresas de transporte es, en definitiva, el sostenimiento de las ganancias de las patronales por parte del gobierno. El presupuesto 2021, incluso los incrementa en términos reales (considerando la inflación proyectada) un 1,3% (Letra P, 30/10/2020) beneficiando a las empresas. No obstante, los ajustes tarifarios se suceden ininterrumpidamente (caso Rosario como ejemplo reciente donde subió a $45 el boleto) y los salarios en el gremio caen año a año en términos de su poder de compra. Alrededor del tema de los subsidios puede observarse también el papel parasitario de las empresas de transporte y la crisis terminal de un sector que no puede sobrevivir sino a costa de un salvataje económico permanente por parte del Estado. Estos elementos hacen a aspectos de fondo en la actual discusión salarial y plantean la necesidad de que el activismo y el conjunto de los trabajadores del gremio hagamos un planteo que proponga una salida a esta situación. La apertura de los libros contables de las empresas para que se termine la confidencialidad respecto a las ganancias de los monopolios del transporte, y el planteo de estatización bajo control de comités de trabajadores, en oposición a los tarifazos y los ajustes contra los trabajadores, son planteos que pueden y deben debatirse ampliamente.

Respecto a la revisión paritaria en curso planteamos que aún con este carácter limitado propio de la convocatoria cuyo fin es únicamente analizar el desfasaje del último trimestre 2020, no debe perderse la oportunidad de desplegar una campaña por el salario mínimo del chofer ingresante igual al valor de la canasta familiar, que hoy ronda los $90 mil. Es el salario conquistado por la huelga de los aceiteros de diciembre 2020. Eventualmente, ningún reclamo salarial debería desarrollarse sin apuntar a una recuperación real del salario que alcance para cubrir las necesidades vitales de las familias trabajadoras. En segundo lugar y como un planteo mínimo elemental que se ha desarrollado en diferentes sectores en lucha del gremio, en particular en las largas huelgas del interior, hacemos propio el planteo de que el subsidio salarial sea depositado directamente en las cuentas sueldo de los choferes. Este planteo buscar atenuar la arbitrariedad en el manejo del subsidio, que se embolsan las patronales, sin embargo, señalamos también que el responsable del enriquecimiento de los empresarios es el gobierno y su política de transporte. Por último, deben ser asambleas en todas las líneas las que definan aprobar o no la propuesta de revisión paritaria.

El punto de partida de estas reivindicaciones es la asamblea y la “autoconvocatoria” en las líneas y el plan de lucha.

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14/02/2021

Segunda ola, el cinismo revelador de dos ministros

Las declaraciones de Nicolás Kreplak, viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires y las de Fernán Quirós, ministro de salud de CABA, respecto de la posibilidad de una “segunda ola” de la pandemia en el país, son una muestra de cinismo con pocos precedentes. Kreplak dice que una segunda ola será “un poco inevitable” ¿Cómo “un poco”? No es serio. Mano derecha del titular de Salud Daniel Gollán y soldado del gobernador Axel Kicillof, Kreplak agrega que espera la segunda ola para el mes de mayo, acotando “seguimos con niveles de contagio muy elevados" (…) y (…) "Si bien uno puede achatar mucho la curva, en el fondo es bastante inevitable la circulación del virus". ¿Bastante? “(…) me preocupa que marzo y abril – agrega- con actividades sociales que el año pasado no estaban, podrían emular las condiciones de diciembre". Como si la apertura de esas actividades sucediera en otro país y no tuviera nada que ver con la política del gobierno que integra.

Y concluye Kreplak que espera llegar a esa fecha "con una buena cantidad de la población de riesgo vacunada”. “(…) Si todo sale bien y estamos recibiendo la cantidad de vacunas que suponemos, podríamos empezar con esta población de una forma más masiva". Interprétese: está todo fuera de control, depende del azar y mejor encomendarse a los santos (Textuales de La Nación, 12/2).

https://prensaobrera.com/politicas/vacunas-por-que-es-necesario-abolir-la-ley-de-patentes/

Por su lado Quirós, el Ministro de la cartera sanitaria de Horacio Rodríguez Larreta “manifestó que el ritmo de vacunación en el país es ‘extremadamente lento’ y su preocupación, teniendo en cuenta que no se va a llegar a vacunar a toda la gente necesaria al momento de la segunda ola de contagios por coronavirus. Concluyendo: 'Necesitamos un ritmo diferente. El ministro de Salud (Ginés González García) nos comunicó que esperan que ese ritmo cambie'” (El Cronista, 13/2)

En pocas palabras, Kreplak apuesta al azar y Quirós le pasa la pelota al gobierno nacional. Dos altos funcionarios de Salud Pública, uno oficialista, otro de la oposición, coinciden en un punto: ocultar la propia responsabilidad en que Argentina ocupe un lugar destacado entre los países que más han sufrido los estragos de la pandemia. Admitiendo incluso que la producción y distribución de vacunas no es una responsabilidad directa de sus gobiernos, sí lo son los planes de mitigación, más aun teniendo en cuenta ese dato. ¿O no son responsables de la apertura del 95% de la actividad económica, de la apertura de las escuelas sin medidas mínimas edilicias y sanitarias, del desfinanciamiento de la salud pública, de la ausencia de centralización de los sistemas sanitarios y la intangibilidad de la medicina privada, de la ausencia de sostén económico de los sectores necesitados, del raquitismo en la detección y aislamiento de casos (contra las opiniones de todos los expertos y sin haber dado jamás una explicación), de la ausencia de control en el cumplimiento de protocolos de empresas y en el trasporte público? Sí que lo son.

El sometimiento de estos gobiernos a la presión capitalista a favor de una “normalización” irresponsable, las transferencia de sumas millonarias a las arcas de los bonistas bajo la disciplina del FMI, la presión electoral de la derecha, son las verdaderas causas de que una segunda ola provoque estragos, que golpearán a no dudarlo, con más fuerza, a la clase trabajadora y a los sectores más carenciados de las barriadas. Hay que abrir este debate en las organizaciones obreras y populares para organizar la lucha contra la pandemia que estos gobiernos han demostrado son incapaces de dar.

https://prensaobrera.com/politicas/contagios-en-las-aulas-femicidas-de-uniforme-y-precios-por-las-nubes/

https://prensaobrera.com/obituarios/la-muerte-de-menem-no-cierra-un-periodo-ajustador-del-peronismo/

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12/02/2021

Chile: terminar con un régimen de represión e impunidad

A la crisis política abierta por el asesinato a quemarropa de Francisco Martínez, perpetrado por Carabineros, se le sumó el dudoso suicidio de Camilo Miyaki, quien se encontraba detenido en una comisaría 51° de la comuna de Pedro Aguirre Cerda por una infracción al código sanitario, y lo sucedido en el pueblo de Calama de la región de Valparaíso con la muerte de Jaime Veizaga Sánchez, arrojado por oficiales de Carabineros desde un móvil de la fuerza.

Estos hechos avivaron las protestas en varios puntos del país y el lunes se verificó una nutrida movilización desde Plaza Dignidad hacia la Moneda, la que fue duramente reprimida. La violencia y la represión que ejerce Carabineros y la impunidad de la que gozan dejan en la nada la pretensión del gobierno de lavar su imagen mediante el inicio del plan de vacunación masiva. A su vez, le recuerdan a todo el mundo los límites insalvables del proceso constituyente en curso, que se desarrolla a la par que actúa impunemente una fuerza de seguridad con licencia para matar a la juventud y para reprimir la protesta social.

Radiografía de un régimen

Frente a la crisis, la derecha se abroqueló en defensa de la institución policial y el propio presidente Sebastián Piñera interrumpió sus vacaciones para respaldar su accionar declarando "quiero expresar mi respaldo y mi apoyo a Carabineros de Chile, que es una institución fundamental y es la primera línea en la defensa del orden público, la seguridad ciudadana y la democracia". Reivindicó además el nefasto control preventivo de identidad como “el instrumento legal, útil y necesario para proteger el orden público” que fuera establecido en el 2016, durante el gobierno de Michele Bachelet en el marco de la “agenda corta anti-delincuencia” que amplió las facultades autónomas de Carabineros.

Por su parte, la oposición centroizquierdista lamentó lo sucedido en declaraciones en redes sociales y salió con el planteo recalentado de que se ejecute un cambio en los altos mandos y se reforme la institución. Pero en los últimos tres años ya se realizaron cuatro cambios de autoridades en la fuerza. Lejos de poner fin a su accionar criminal, éste se acentuó. Las reformas cosméticas que reclama la oposición no sorprenden, pues estos mismos “opositores” han sido los encargados de sancionar en el Congreso el paquete de leyes represivas enviadas por Piñera luego del inicio de la rebelión popular en octubre de 2019. Por su parte, el PC, en boca de Daniel Jadue, a contrapelo del reclamo popular de disolución de Carabineros plantea la “intervención civil inmediata” de esta fuerza asesina: una posible solución de emergencia para conciliar en el parlamento, en caso de que la movilización desborde. No es un problema de civiles o uniformados, sino de clases.

Mientras el Poder Legislativo se ha encargado de ampliar las facultades de las “fuerzas del orden” para reprimir a mansalva, el Poder Judicial les garantiza impunidad. Lo demuestra el accionar de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que le otorgó la libertad al asesino de Francisco a pesar de la contundencia de las pruebas que desmienten la versión de Carabineros de que el sargento Juan González Iturriaga habría actuado en legítima defensa. Por otro lado, el fiscal que investiga el supuesto suicidio de Camilo descartó en forma exprés la participación de terceros en su muerte. Esto, a pesar de que la comisaría cuenta con numerosas denuncias por hechos de torturas y violaciones, como lo denuncia la familia de Camilo. En lo que respecta al oscuro hecho de Calama, los dos carabineros que arrojaron a Jaime gravemente herido se encuentran detenidos, pero las actuaciones judiciales se llevan adelante con estricto hermetismo. Nunca está de más señalar, toda vez que hablamos de la impunidad de Carabineros, el contraste en el tratamiento que reciben por parte de la justicia lxs cientos de presxs políticos, que están con prisión preventiva hace más de un año en la mayoría de los casos.

A esta altura no caben dudas de que la verdad y la justicia no vendrán de la mano de ninguno de los poderes del Estado. Para terminar con la impunidad es necesaria una investigación independiente en cada uno de los casos de violencia estatal, con participación de las organizaciones sociales, territoriales, sindicales y de derechos humanos. La necesidad de terminar con el terrorismo de Estado pone sobre la mesa la urgencia de un plan de lucha unificado en una instancia de organización que nuclee a las asambleas territoriales, organizaciones de familiares y víctimas de la represión, agrupaciones que luchan por la libertad de lxspresxs políticos, coordinadoras, etc. para lograr la disolución de Carabineros, terminar con la impunidad y que se vaya Piñera y sus secuaces, beneficiarios de las políticas represivas y, por lo tanto, responsables directos de los crímenes contra la clase obrera chilena.

Contra los migrantes también

En las últimas semanas ha escalado la crisis social y humanitaria que tiene lugar en el norte de Chile, particularmente en la comuna de Colchane, a raíz del ingreso al país, a través de la frontera con Bolivia, de grandes contingentes de personas –600 el promedio diario- provenientes de Venezuela en su mayoría. Miles de migrantes, niños entre ellos, atraviesan el desierto luego de trasponer la frontera de a pie y al llegar a Colchane viven en las calles a merced de las bajas temperaturas, el hambre y la violencia del ejército y Carabineros. Al menos dos migrantes han fallecido a raíz de esta situación en los últimos días. La respuesta del gobierno fue el cierre de los pasos fronterizos, la militarización de la zona, las expulsiones colectivas y la exclusión de migrantes que se encuentran en una situación irregular del plan de vacunación contra el Covid- 19. El cierre de las fronteras y la militarización no solo afecta a los migrantes sino también a los residentes de la zona ya que la dejó aislada y desabastecida. Han sumido a la región en una crisis humanitaria total.

La lucha contra la represión estatal y la impunidad implica también el rechazo a todas estas medidas. Es necesario exigir el fin de la militarización y de las deportaciones sumarias, un plan de regularización de la situación migratoria, y el fin de la discriminación hacia los migrantes en el plan de vacunación.

El proceso constituyente

Es en este contexto que se desenvuelve el proceso hacia la convención constituyente. Y es evidente que una constituyente que se desarrolla en un marco donde se ejerce una sistemática represión a la protesta social y donde se asesina y se encarcela a la juventud, está muy lejos de ser un proceso libre y soberano. Por el contrario, se confirma que será un proceso amañado y tutelado por Piñera, y que pretenderá ser utilizado para encarrilar la rebelión popular en una vía institucional, sin dar salida a las grandes reivindicaciones que motorizaron el estallido social. Es por eso que, junto a la pelea por la disolución de Carabineros, por echar a Piñera y la liberación de los presos de la revuelta, es necesario impulsar la pelea por el salario, el trabajo, la vivienda, por el fin de las AFP y por la recuperación de todos los recursos estratégicos. En función de ese objetivo, es necesario agrupar en un movimiento único a las organizaciones sindicales, sociales y asambleas territoriales e impulsar un plan de lucha unificado. Un punto fundamental es que se rompa con la parálisis y conciliación de clases que llevan adelante las burocracias sindicales de la CUT, impulsar la convocatoria de asambleas y coordinadoras para que los sindicatos vuelvan a jugar el papel histórico de organizar la lucha de los trabajadores.

Francisco, Camilo y Jaime somos todxs. Disolución de Carabineros ya. Libertad a lxs presos políticos. Fuera Piñera. Asamblea constituyente libre y soberana.

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12/02/2021

El Estado español se apresta a encarcelar al rapero Pablo Hasél

El viernes vencía el plazo que la justicia le dio para entregarse.

Este viernes se vence el plazo que la justicia española dio a Pablo Hasél para entregarse y cumplir la condena de nueve meses de prisión por injurias contra la Corona y las instituciones del Estado. El rapero anticipó que no se entregará y deberá ser llevado a la fuerza.

La condena contra Hasél fue pronunciada por la Audiencia Nacional en marzo de 2018, a raíz de una serie de tuits y de una canción en que el artista denuncia duramente a las fuerzas represivas y al rey Juan Carlos. También se le imputa el delito de “enaltecimiento del terrorismo”, por mensajes en que señala la persecución y tortura contra miembros de ETA y el grupo Grapo. Los dos años de cárcel fueron rebajados a nueve meses por una sala de apelación. El Tribunal Supremo confirmó la condena en mayo de 2020. El 2 de febrero, a Hasél le llegó la orden de ingreso a prisión. También pesan sobre él otras causas anteriores.

¿Qué es lo que irritó tanto al Estado español? El cuestionamiento de su aparato represivo y la defensa de los reprimidos. “La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos 'violentos terroristas, chusma, etc'”, dice uno de los mensajes de 2014 por los que es condenado. Los tuits de Hasél denuncian también la venta de armas y los vínculos de Juan Carlos con la monarquía saudita, cuyos bombardeos en Yemen han dejado miles de muertos.

La escandalosa sentencia contra el artista ha desatado movilizaciones y acciones de repudio. El Estado español está siendo desenmascarado. “La persecución a raperos, tuiteros, periodistas, así como otros representantes de la cultura y el arte, por intentar ejercer su derecho a la libertad de expresión se ha convertido en una constante. Así, el Estado español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones. Ahora, con el encarcelamiento de Pablo Hasél, el Estado español se está equiparando a países como Turquía o Marruecos”, señala un pronunciamiento de más de 200 artistas, entre los que figuran Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Ismael Serrano y la banda Ska-p. Desde 1995, unos 150 artistas han sido condenados por delitos de opinión (Público, 10/2).

El Código Penal español no sólo penaliza las injurias contra las instituciones, sino que también incluye un delito de “ofensa a los sentimientos religiosos”.

Además, en 2015, el gobierno del PP impuso una Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como “ley mordaza”, que restringió el derecho de manifestación. Fue, en buena medida, una respuesta al movimiento de los indignados que se había desenvuelto a partir de 2011. De hecho, la ley mordaza contiene artículos dirigidos específicamente contra ciertos sectores en lucha. Por ejemplo, el que penaliza la toma de entidades bancarias, que era un método de protesta de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Además, refuerza las atribuciones de las fuerzas represivas y favorece su impunidad, porque prohíbe el uso no autorizado de imágenes de policías, lo que dificulta la filmación por parte de los manifestantes de los operativos represivos (algo semejante está intentado imponer ahora Emmanuel Macron en Francia). La ley favorece también la deportación de los migrantes.

El impacto causado por el caso de Hasél obligó al Ministerio de Justicia a prometer una revisión del Código Penal. Los cambios contemplan que los “excesos” (sic) en la libertad de expresión sean castigados con multas, pero no con la privación de libertad. Un proyecto de Podemos, en tanto, pide la derogación de los artículos de injurias.

También se analiza una revisión del delito de sedición, que podría llevar a una reducción de las penas de los presos catalanes. La intervención de Cataluña por parte de Madrid, en 2017, y la cárcel para algunos de sus dirigentes políticos, es una muestra de la verdadera naturaleza del Estado español. En paralelo, se discute una posible reforma de la “ley mordaza”.

El gobierno del PSOE-Podemos, que durante un año ignoró todos estos temas, busca ahora hacer concesiones ante el impacto internacional de la condena del rapero. Pero se trata de planteos completamente limitados, que dejan en pie el andamiaje represivo del Estado capitalista.

Como parte de las actividades internacionales de repudio a la condena de Hasél, este sábado 20 se realizará en Buenos Aires un festival. Será en Parque Centenario, con la participación de numerosos artistas.

Abajo la condena contra Hasél. Abajo la represión y la persecución estatal.

En esta nota

Se reinició el juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz

Perseguidos por la movilización contra la reforma jubilatoria de 2017.

Foto de la tercera audiencia del juicio, diciembre de 2019.

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El lunes 8 se reinició el juicio contra los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz, militantes del PO y del PSTU, respectivamente, quienes fueron encausados a raíz de su participación en la gigantesca movilización del 18 de diciembre de 2017 al Congreso de la Nación, contra la reforma jubilatoria que fue aprobada aquella tarde en la Cámara de Diputados con el voto favorable de legisladores de Cambiemos y del PJ. Aquella jornada, las fuerzas de seguridad reprimieron durante horas a los manifestantes por las inmediaciones del palacio legislativo.

En el reinicio de las audiencias, declaró el policía Pablo Gastón Pérez. La fiscalía (a cargo de García Elorrio y Ezequiel Coscia) acusa a los compañeros de intimidación pública y lesiones a un oficial, una imputación que está lejos de poder acreditar. Incluso el principal damnificado, el policía Brian Escobar, se retiró de la querella.

Está previsto que la próxima sesión del juicio se realice el lunes 22, con la declaración de otros policías. Restan declarar aún cerca de 50 testigos en la causa.

Mientras tanto, permanece en detención domiciliaria Sebastián Romero, quien también había participado de la movilización de 2017. En su caso, aún no hay fecha de juicio.

El proceso contra los compañeros se desenvuelve en medio de una intensa campaña de solidaridad de las organizaciones obreras, populares, estudiantiles y de derechos humanos, así como de artistas. A lo largo de las audiencias del año pasado, desfilaron decenas de referentes para acompañarlos.

A su vez, tiene curso una serie de pronunciamientos internacionales solidarios, como el de los portuarios de la costa oeste de los Estados Unidos, y el del Dr. Elliot Lee Grossman, abogado y defensor de derechos humanos, miembro de la Barra de Abogados del Estado de California y de la Barra de Abogados de la Suprema Corte de EE.UU. También enviaron su adhesión el Freedom Socialist Party y Democracia Socialista de Puerto Rico.

La reforma jubilatoria del macrismo, que modificó la fórmula para el cálculo de los haberes, implicó la confiscación de 100 mil millones de pesos a los jubilados en 2018. Bajo el gobierno de Alberto Fernández, el ataque ha continuado, con “aumentos” por debajo de la inflación en 2020 y una nueva fórmula de cálculo que dejará la suba de las jubilaciones por debajo del aumento de precios.

La lucha continúa, por la absolución de los compañeros y en defensa de las jubilaciones.

Para participar de las audiencias, que son mediante zoom, se puede escribir a [email protected].

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Se realizó una función en la Biblioteca Popular Sarmiento.
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En fallo dividido se resolvió bajar la pena originalmente impuesta de 3 años y 4 meses a 3 años, pero de cumplimiento efectivo. 
La Cámara de Casación debe resolver sobre la omisión del Tribunal a la resolución de atenuar los montos de la pena fijada.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia reclama la liberación de Rafael Crispín

Más pronunciamientos por el compañero del Polo Obrero detenido.

A continuación, compartimos el comunicado del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en reclamo de la liberación de Rafael Crispín, integrante del Polo Obrero de La Matanza. A raíz de su detención, se han producido multitudinarias movilizaciones y cortes en los accesos a la Capital Federal. Hoy a las 17hs el Encuentro realizará una reunión por el tema.

Las organizaciones abajo firmantes exigimos la inmediata libertad de Rafael Crispín, víctima de una causa "armada" por la policía que inventa la gravísima imputación de Tentativa de Homicidio contra un funcionario policial, en el medio de un operativo con más de 30 policías, para privar de luz a un barrio precario de Rafael Castillo, preparando su próximo desalojo.

Los efectivos policiales montaron una provocación contra los habitantes, seguida de una dura represión que terminó con la aprensión de 4 compañeros. Tres de ellos fueron liberados, no así Rafael.

No es casual que Rafael fuera detenido en oportunidad de estar filmando el accionar policial, en el asentamiento Nueva Unión de Rafael Castillo. No es nuevo el ensañamiento de las fuerzas policiales hacia quienes pretenden registrar su accionar.

La persistencia en su detención, basada íntegramente en testimonios armados en sede policial por los mismos policías que fueron parte del operativo con la total complicidad del fiscal José Luis Maroto, tiene la finalidad de amedrentar a los habitantes del barrio La Nueva Unión para disuadirlos de sus reclamos habitacionales ante la inminente orden de desalojo del mismo, revelan un propósito preestablecido.

En tiempo récord Maroto, solicitó al Juez de Garantía N°3 de La Matanza, Dr. Rubén Norberto Ochipinti, la prisión preventiva y la elevación a juicio. En caso de hacer lugar a este requerimiento, la perspectiva es que permanezca preso por dos años hasta el juicio oral.

Exigimos la Inmediata Libertad de Rafael Crispín.

Convocamos el jueves 11 de febrero a las 17 horas a todas las organizaciones de DDHH a concentrarse en la calle Bartolomé Mitre 2162, CABA, con estricto cumplimiento de distanciamiento social al aire libre, utilización de cubrebocas y sanitización.

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Adhesiones:

AEDD (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos)

APEL (Asociación de Profesionales en Lucha)

 CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos)

CAJ (Comité de acción jurídica)

CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos)

Colectivo Memoria Militante- CMM

EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman)

HIJOS Oeste

CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional)

Pañuelos en rebeldía

Comisión de Vecinos Justicia por Campomar

PSTU

Izquierda Socialista

MTR 12 de abril

Marabunta, Corriente Social y Política

Razón y Revolución

Nuevo MAS.  Agrupación de Mujeres Las Rojas, Corriente Sindical 18 de Diciembre   Agrupación Juvenil Ya Basta

PRML ,..... CUBa MTR MIDO

MST en el FIT Unidad, Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive",

ANCLA (Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática)

 

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/se-profundiza-el-plan-de-lucha-por-la-libertad-de-rafael-crispin/

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10/02/2021

Subte: grave concesión a la patronal de la mayoría de la conducción de AGTSyP

Ante la convocatoria de Metrovías a personal de riesgo por Covid – 19.

La Naranja del Subte

El conflicto en el subte provocado por la convocatoria patronal a personal de riesgo por Covid – 19, para que tome tareas, tuvo un desenlace reaccionario. La mayoría de la conducción de la AGTSyP concilió con la patronal, sentando un precedente grave para todo el movimiento obrero.

Efectivamente, luego de haber levantado el plan de lucha votado por el cuerpo de delegados contra semejante vulneración de normas elementales de bioseguridad, la firma de la AGTSyP apareció suscribiendo un acta firmada también por Metrovías y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a través de SBASE (sociedad estatal propietaria y controlante). Allí se admite que los trabajadores mayores de 60 años sean convocados por la patronal, no reconociéndoseles su condición de grupo de riesgo, contra todas las disposiciones nacionales e internacionales, que durante un año de pandemia han reglado la protección de la población en mayor peligro. Hay antecedentes: Larreta emitió una normativa para la apertura presencial de clases, que directamente excluye de los docentes exceptuados a los mayores de 60.

El argumento, en el caso del subte, de que la concurrencia sería “opcional”, está relativizado por una redacción capciosa. Se puede desistir, dice, “en tanto el factor de riesgo subsista”, pero si la edad no se considera factor de riesgo, los mayores “sanos” quedarían obligados. Un verdadero matete en línea con la autorización a la empresa para realizar exámenes médicos a los mayores de 60, para demostrar que no tienen “factor de riesgo” y presionarlos individualmente. El campo de manipulación y extorsión sobre los trabajadores es ilimitado, desde que transforma una medida colectiva de prevención en una decisión individual. En concreto, la AGTSyP ha firmado que los mayores de 60 están en condiciones de trabajar a pesar de que las estadísticas mundiales indican que, de contagiarse, tienen cinco veces más probabilidades sobre el promedio de enfermar gravemente y morir.

Los sectores combativos del subte y sus delegados no solo rechazaron el acta en esos términos, sino que señalaron que los exámenes médicos compulsivos pondrán en riesgo a los compañeros que se auto aislaron preventivamente. Por qué examinarlos si se va a aceptar que no concurran. Hicieron notar también, que el texto no menciona los descuentos hechos a los trabajadores ya convocados y que no se presentaron. Se arregló “de palabra” (!?)

La firma de esta aberración por parte de la AGTSyP es una adaptación a la presión de los capitalistas y la derecha, apañados por el gobierno nacional y los gobernadores, para la apertura económica total y la eliminación de cualquier confinamiento y protocolo anti covid. Pero, además, sienta un precedente nefasto de cara a todo el movimiento obrero, en un cuadro donde la pandemia arrecia (2 millones de infectados y casi 50.000 muertos), la vacunación no es más que una promesa y la circulación crece con el turismo de vacaciones y la próxima apertura de las clases presenciales en todo el país. Un golpe sobre los docentes en particular, convocados sin condiciones sanitarias elementales. Se trata, en definitiva, de una adaptación política al gobierno nacional, al que la conducción adhiere, que impulsa la “normalización” general y por lo tanto del transporte. Quitando de paso toda autoridad a la vasta campaña de Roberto Pianelli y otros gremialistas oficialistas, responsabilizando a Larreta por una apertura “criminal” que ahora habilitan. También reduce a papel mojado la extensísima documentación presentada por los abogados de AGTSyP fundamentando claramente la ilegalidad del accionar patronal.

El método utilizado para la aprobación de este acuerdo inaceptable, evidencia “cola de paja” en sus protagonistas. El plan de lucha se votó en el plenario general de delegados y la base lo tomó con fuerza. Ahora fue levantado - y el acta firmada - en una sesión de dirección sin votación y por una reunión “informativa” y exclusiva de los delgados de tráfico (la mayoría de los convocados son conductores). No hubo mandato de la base del subte para semejante capitulación. Evitaron el propio plenario general delegados.

En un comunicado, los miembros por la minoría del secretariado ejecutivo de AGTSyP y los delgados de la oposición, están denunciando por “inadmisible esta concesión a la patronal” sin mandato de base y llaman “a todos los trabajadores a rechazar estos puntos, brindando el respaldo a los compañeros mayores de sesenta de hacer uso de su derecho de apegarse a la reglamentación vigente sin condicionamiento”. Exigen la convocatoria a asambleas y plenario de delgados para retomar el plan de lucha.

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10/02/2021 | 1615

Los femicidios y el poder del Estado

PH Guille Castro

Ursula Bahillo hizo numerosas denuncias contra el policía Matías Martínez, quien terminó asesinándola a puñaladas el 8 de febrero. El caso condensó de forma brutal la combinación de todo el aparato del Estado que promueve y protege a la violencia de género. Se convirtió en el femicidio número 44 del recién iniciado 2021. El juez a cargo de la causa, Luciano Callegari fue designado por el Senado bonaerense, sin observaciones de ningún bloque, en septiembre de 2016 bajo el gobierno de María Eugenia Vidal. El fiscal Sergio Terrón, el representante del Estado, admitió que él tenía otra causa en curso por agresiones contra el femicida, que estaba próxima a comenzar el juicio oral y que el policía bonaerense tenía otra causa por abuso de menores en los juzgados de Mercedes. El Ministerio de las Mujeres provincial no tiene ningún tipo de dispositivo de actuación respecto de estas situaciones en las que se hacen denuncias. La policía al mando de Sergio Berni le otorgó al acusado e imputado en otras causas una licencia psiquiátrica, acción que podría beneficiarlo frente a los juzgamientos que tiene en curso, incluido el asesinato de Ursula. Para finalizar el cuadro de responsabilidad estatal y gubernamental, la movilización popular por el femicidio de Ursula fue ferozmente reprimida, como se puede ver en las imágenes grabadas, con disparos de balas de goma al rostro de las amigas de Ursula, desvastadas por el asesinato. El Estado es responsable de la ola de femicidios y no por omisión, sino por acción propia.

La ciudad de Rojas, de 19 mil habitantes, se movilizó de a miles pidiendo justicia por Ursula. Las fuerzas bonaerenses respondieron emulando a los carabineros chilenos, tirando al rostro de manifestantes adolescentes que no constituían ningún peligro para el personal armado. El jefe de los policías, Sergio Berni, que se encuentra simultáneamente resolviendo el desacato de un sector de la fuerza policial que lo acusa de haber incumplido compromisos asumidos, hizo declaraciones defendiendo el accionar policial, lo que refuerza la impunidad de una fuerza que está descontrolada. Las internas policiales de la provincia no tienen como línea divisoria la lucha contra el fomento del delito, el robo, las agresiones a mujeres y otros tópicos que se repiten en la Bonaerense. La única línea divisoria está dictada por quién maneja a la mafia armada más grande del país, si Berni o los policías exonerados que buscarían hacer negocios con el control de la fuerza. Berni protege a la policía que reprime en Guernica, también a la que dispara a la cara de adolescentes y más aún a la que desaparece a los pibes en la provincia, como ocurrió de manera férrea con quienes desaparecieron y asesinaron a Facundo Castro. El gobernador Axel Kicilof busca dirigir la provincia de la mano de la mafia y la pequeña desafectación de responsables de un levantamiento, al que se le dio sus reclamos durante 2020, no busca otra cosa que disciplinar a los que disputan la conducción.

El contraste del accionar de la Justicia, de los fiscales dependientes del procurador de la provincia y del poder político es brutal cuando se trata de perseguir a quienes luchan por un plato de comida o por un pedazo de tierra. Rafael Crispín, del Polo Obrero, fue encarcelado por la policía de Kicilof sobre la base de una causa armada en medio de una toma de tierras del distrito de La Matanza. Sin embargo, a un policía imputado por violencia, con un juicio que estaba a punto de comenzar, acusado también de violar a una menor, la policía y el poder político lo mantenía en libertad y con la cobertura que le permitió perpetrar este crimen. No dimensionar la responsabilidad política que existe en este accionar es solamente cosa de quienes quieren enceguecer.

Ministerios, ¿para qué?

La novedad con relación a los femicidios, que se suceden desde hace años y que se han incrementado entre el año pasado y el actual, es que desde diciembre de 2019, tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires, han presentado como un avance en favor de las mujeres, la creación de Ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidades con su consiguiente designación de personal a cargo de secretarías, subsecretarías y demás cargos de funcionaries.

Ph Juan Diez

De acuerdo con el registro del observatorio Lucía Pérez, durante 2021, en 41 días se sucedieron 44 femicidios, la cifra más alta de los últimos años. Cuando durante 2020, bajo lo más duro de la pandemia, se incrementaban los casos de femicidios, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta salió al cruce de las denuncias presentando como una política pública la iniciativa del Barbijo Rojo, palabras clave que las mujeres violentadas tenían que decirle a un farmacéutico para que ellxs las asistieran. Una verdadera impostura que, como tal, quedó en el olvido rápidamente.

La ministra de las mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, en un reportaje realizado en el noticiero del nuevo medio del dirigente sindical y empresario Víctor Santa María, IP, previo al asesinato de Ursula, explicó que dicho ministerio no contabiliza los casos de femicidios y que se guía por los números que provee la Corte Suprema, a la cual elogió por su abordaje, aunque se lamentó de que dicho poder no aceptara recibir la formación que imparte dicho ministerio por la Ley Micaela. Dichos datos son suministrados cada seis meses, por lo tanto, el nuevo ministerio basa sus políticas mirando fotos viejas.

Frente al shock social que creó el caso de Ursula Bahillo, las respuestas se hicieron esperar de parte de funcionarias, en general muy activas en las redes sociales. Primó el silencio absoluto en las primeras horas y luego una estrategia política con matices. Por un lado, la de Estela Díaz, la ministra bonaerense, que declaró contra “la Justicia que solo dispuso 'una medida perimetral'" cuando "ameritaba una intervención mucho más clara y decidida", señaló. También afirmó: “el Estado sigue sin llegar en distintos sectores institucionales como se debe", como si fuera una observadora y no una ministra provincial en funciones en la administración de ese Estado.

Por otro lado, las declaraciones de la ministra nacional en salidas mediáticas concentraron sus críticas en la Justicia, aunque agregó tibios comentarios críticos del accionar policial.

Durante este período, el contexto que ofrece un caldo de cultivo a las condiciones para la violencia de género se profundizó. El gobierno de las mujeres no hizo más que condenarlas aún más a la pobreza, a la falta de vivienda y al hambre. Las mujeres tienen, según un informe de la ONU, un 20% más de posibilidades de perder su trabajo; el gremio más grande del país, el de las mujeres trabajadoras de casas particulares perdió más de un 60% de sus fuentes de trabajo, mientras que el gobierno volvió a colocar un techo salarial al sector de 21 mil pesos -o sea, de un cuarto de la canasta de alimentos. “La tasa de desocupación de 11,7% se desagregó de la siguiente manera: si se analiza por sexo, se observa una tasa de 13,1% para las mujeres y de 10,6% para los varones. En la caracterización de los grupos por edad se destaca una tasa de desocupación del 23,1% para las mujeres de 14 a 29 años, mientras que para los varones de la misma edad la tasa se posicionó en 19,8%”(El Economista, 2020).

Aunque ningún estamento del Estado dedica un centavo al seguimiento de los que son acusados de violencia, a evaluar sus niveles de peligrosidad y a colocarlos en dispositivos que los obliguen a desandar el camino aprendido, en el caso de que sea posible, las acusaciones cruzadas muestran la naturaleza de la orientación política sobre el tema. Esta tarea demanda la contratación masiva de profesionales, medios y herramientas para concretar ese seguimiento de igual manera que se requiere dispositivos de emergencia para contener a las mujeres que hoy son revictimizadas por parte del Estado.

Los ministerios juegan en favor de la estrategia general de un gobierno que tiene por delante cumplir con el FMI y con los reclamos patronales, como se pudo ver frente al último de los retrocesos gubernamentales en favor de los capitalistas del campo, no tienen por delante las defensa de las mujeres más necesitadas; por el contrario, ofrecen estrategias políticas para disimular la condena a esos sectores sociales. “El Estado es responsable” es una denuncia a esta política, porque el Estado es el aparato institucional gobernado por el peronismo, en el caso del Estado Nacional, al servicio de intereses sociales minoritarios, y no otra cosa. El Poder Judicial, contra el que hablan las integrantes del Poder Ejecutivo, no es más que la sumatoria de jueces designados por sus propios gobiernos, de los fiscales designados por ellos mismos y de las leyes dictadas por sus propios diputados.

Hace pocos días, otro caso de femicidio creó menos conmoción. Los medios y un sector del movimiento de mujeres decidieron obviar la denuncia por el caso de Esther Mamani, asesinada en la Villa 1-11-14 luego de denunciar frente a la OVD (Oficina de Violencia Doméstica) a su femicida, sencillamente porque ella era migrante, pobre y del Polo Obrero, y la sensibilidad por los femicidios, ahora sabemos, se desvanece cuando la asesinada es de un signo político que no es del agrado de las viejas combatientes de este mal.

 

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En pocos días se juzgará otro caso, el de Fátima Acevedo, asesinada hace un año. Su caso creó conmoción nacional aunque luego se silenció, ya que ella misma, como ocurrió con Ursula, desde audios de whatsapp acusó a la policía y al juez por la protección que le brindaban al que luego sería su femicida, incluso involucrando a un viejo juez provincial, que fue responsable en el pasado de desviar la causa de la desaparición de Fernanda Aguirre, el juez ahora retirado, Héctor Toloy. En territorio largamente gobernado por el PJ, el sector del movimiento de mujeres institucionalizado, que antepone su defensa al gobierno a la defensa de las mujeres, no puede más que hacer silencio frente a las responsabilidades del propio palo.

En el banquillo de los acusados no estarán sentados ninguno de los sectores del Estado señalados por la víctima, ni en el caso de Fátima ni el de Ursula, al menos hasta que la recuperación de las calles y la agudización de nuestro programa de lucha vuelvan a pasar al frente.

Es muy profunda esta problemática y a ella están encadenadas una serie de orientaciones que los gobiernos y el Estado imparten desde lo más alto del poder político e institucional. La separación de la Iglesia del Estado emerge nuevamente como una gran lucha que debemos continuar para poder convertir el éxito por la conquista del aborto legal que supimos arrancar a pesar de este y de todos los gobiernos, en una política con continuidad en el tiempo y sin retrocesos en otros aspectos. Esta orientación que fomenta estas formas de violencia interpersonal cumple una función política. La de extender al interior de la sociedad un factor de choque interno que fomenta el anestesiamiento de una sociedad y promueve el desahogo de frustraciones machistas mediante estas formas de la violencia. La subordinación femenina permite también tener una mano de obra barata a la que se explota en diferentes rubros, comenzando por el de los cuidados que, como ya pudimos, tiene a funcionarias gubernamentales en la primera fila de su uso y abuso.

El Estado y sus gobiernos se valen de la violencia de género. Si el análisis de clase necesario para este y para todos los hechos de la realidad social no alcanzan para hacer ver esto, esperamos que los irrefutables y dolorosos hechos de la realidad sí permitan entender que semejante maquinaria de violencia cotidiana que produce discriminación, violencia, sometimiento y muerte no es obra de la casualidad o de la “ausencia del Estado”. El Estado femicida es un Estado de clase y activo.

Como en otros casos, claro que el Estado está presente, pero no está presente en favor “tuyo”, como rezan las campañas gubernamentales, sino para garantizar la reproducción de este ordenamiento social. Los ministerios y secretarías de género han fracasado y para superarlos hay que abrir paso a organismos independientes de los gobiernos de turno, electos por las propias mujeres y cuyas políticas sean fijadas por ellas mismas. Un Consejo Autónomo de Mujeres que destine el presupuesto necesario para enfrentar esta realidad sin ataduras a los planes fondomonetaristas y ajustadores de los gobiernos de turno y las políticas de un Estado femicida.

 

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10/02/2021 | 1615

El gobierno no asegura las condiciones para las clases presenciales

Plan de lucha para defender la educación y la salud públicas.

La comunidad educativa debe organizarse para poner en pie un plan de lucha. Los gobiernos son los responsables de garantizar las condiciones sanitarias, epidemiológicas y de infraestructura para regresar a las aulas, que hoy no están satisfechas.

Los anuncios del 9 de febrero del ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y de la ministra porteña Soledad Acuña, de marchar a la presencialidad sin condiciones -en ausencia de cronogramas de vacunación, en situación epidemiólogica que sigue siendo crítica, cuando crecen denuncias de médicos y especialistas de que vamos a una nueva ola del coronavirus en el país, que la presencialidad escolar profundizaría, con escuelas sin agua y sin lavabos suficientes ni en condiciones, sin nombramientos docentes necesarios para afrontar la bimodalidad, sin los elementos recomendados ante la pandemia- constituyen un ataque conjunto del peronismo y el macrismo contra la educación pública. Al mismo tiempo y en simultáneo se implementa otro golpe al salario docente ante una inflación creciente, lo que ya está produciendo acciones de luchas en algunas provincias. Hay que señalar también, que no hay acción alguna para rescatar a los millones de alumnos que quedaron al margen de la virtualización forzosa sin asistencia alguna del Estado.

Los anuncios está produciendo creciente indignación en la docencia, y la decepción de muchos trabajadores de la educación que tenían la expectativa de que el peronismo representara intereses sociales diferentes a los de las Acuña y compañía. El aval de Trotta a Acuña ha sido de alto impacto.

Movilizaciones y denuncias

Horas antes de sentarse con el macrismo a realizar anuncios de medidas de Estado conjuntas, Trotta visitó Chubut, provincia que está en conflicto de docentes y auxiliares de la educación desde 2018, por incumplimiento de acuerdos paritarios, atraso y falta de pagos de salarios, jubilaciones y aguinaldos, ininterrumpidamente desde entonces. Trotta fue a imponer el comienzo de clases presenciales, a avalar al gobernador Mariano Arcioni y a sus funcionarios de educación, pero no llevó una sola solución al conflicto que viven los trabajadores estatales chubutenses.

Su visita se caracterizó por ningunear a los trabajadores, lo que derivó en un enfrentamiento con la docencia en lucha.

Centenares de docentes autoconvocados -la dirección Celeste de Atech hizo causa común con Trotta- lo recibieron con cánticos y pancartas que decían "Paritaria nacional 2021", "Sin sueldos no hay clases", "Presupuesto para infraestructura".

Como respuesta, sufrieron la burla del ministro, que mandó al coche oficial que lo debía transportar por la puerta de salida principal del aeropuerto de Rawson mientras él huía en un auto particular por una salida secundaria. Como la famosa película, “huyó y lo pescaron”, los trabajadores rodearon su auto y lo persiguieron reclamándole la resolución de sus reclamos.

Mientras, en la Ciudad de Buenos Aires, las redes explotaron con decenas de fotos y videos que mostraban el estado de derrumbe literal de las escuelas a las que los docentes debieron concurrir en su primer día a las escuelas, sin ninguna condición de seguridad ni de elementos sanitarios.

La situación de las escuelas, de la docencia y la reacción de los trabajadores adelanta el panorama que se abre.

 

 

Los temores de las y los padres desmienten campaña contra la docencia

El relevamiento nacional de la situación de las escuelas es peor en el interior del país, al igual que las condiciones sanitarias, laborales y de salario, que hemos ido reflejando en Prensa Obrera. Esa percepción también existe en una parte importante de la comunidad educativa.

Efectivamente, una encuesta nacional realizada en el pasado enero de 2021 por la consultora Analogías, con datos de las 24 provincias, ante la pregunta “Usted cree que están dadas las condiciones sanitarias para la vuelta a clase en su provincia”, el 63% consideró que no. Los por qué ratifican nuestras denuncias. Preguntados acerca de cuál era la principal dificultad para ello, el 42% consideró imposible cumplir los protocolos necesarios; otro 15% sumó el actual estado ruinoso de las escuelas. Por último, el 90% dijo que las medidas de prevención frente a la pandemia han sido abandonadas. El temor de una porción importante de la comunidad a las condiciones de desenvolvimiento de la educación en medio de la expansión de la pandemia llevaron a Soledad Acuña y Nicolás Trotta a reconocer en la conferencia de prensa que no descartan que haya posibilidades de retroceder y cerrar eventualmente las escuelas. Preguntada en un medio nacional si a los alumnos que faltasen, si sus padres no los enviaran a la escuela les pondrían falta, Acuña respondió que no, porque sabía de los temores de las familias. Pero que si los docentes lo hicieran por la misma razón, serían sancionados y se les descontaría el día.

Esta encuesta, a diferencias de muchas otras de esta misma consultora -por ejemplo, las que reflejaban en diciembre pasado la caída en la popularidad de Alberto Fernández-, fue completamente ocultada por los grandes medios.

Docentes, padres, auxiliares y alumnos debemos unir nuestros reclamos en una acción común contra los gobiernos ajustadores, en defensa de la educación y de la salud de la comunidad educativa.

Ctera sostiene el pacto FdT-Macri. La docencia lo enfrenta

La burocracia sindical cristinista avaló con los hechos y con el silencio el pacto PJ-Cambiemos. En la página de Ctera sigue colgada una nota de la secretaria general Sonia Alesso en la que bufa contra los gobiernos derechistas y los funcionarios macristas que armaron una campaña “durante el mes de enero” junto a los “medios de comunicación hegemónicos que se ocuparon de instalar un debate sobre la vuelta a la presencialidad en las escuelas para el año 2021”, apelando “a falsas dicotomías y a información carente de toda rigurosidad”. Parece no haberse enterado de la reunión y luego de la conferencia común del gobierno peronista y del gobierno macrista. UTE, por su lado, silencio de radio. Así, Ctera ha agachado la cabeza para viabilizar lo que denominan “ir a una presencialidad cuidada”, carente de toda seguridad, incluso de las pautas oportunamente fijadas por el semáforo del Consejo de Educación Federal.

 

 

En el país, a pesar del bloqueo enorme de la burocracia sindical docente, comienza un proceso de organización y de lucha. En la Ciudad de Buenos Aires, en medio de un estado de deliberación, el sindicato combativo Ademys ha anunciado el comienzo de un plan de lucha, que incluye el no inicio de clases por 48/72 horas, lo que será resuelto en asamblea. En Buenos Aires, los Suteba Multicolores han rechazado la presencialidad sin condiciones que decretó el gobernador Kicillof y preparan también un plan de acción. En Salta, los docentes autoconvocados de la capital votaron también ir a paro en el inicio del ciclo lectivo, en reclamo de un salario mínimo de 54.000 pesos, la cobertura de miles de cargos docentes y auxiliares (hay una falta de 1.200 auxiliares en la provincia) y por las condiciones de seguridad para volver a las aulas, y proponen resolverlo de conjunto en una asamblea provincial el 27 de febrero.

En Neuquén, el 18 se realizarán asambleas en toda la provincia, en un clima de mucha bronca. Por el derrumbe salarial y la situación crítica de las escuelas es muy probable que Aten resuelva medidas de fuerza y no se inicien las clases en la fecha planificada. En Entre Ríos, Agmer tiene votado desde fin de año paro de no inicio, por el salario, por las condiciones de las escuelas, por la situación sanitaria y ahora también por el vaciamiento de la obra social, completamente paralizada. Las asambleas del miércoles 10 de febrero ratificarán con seguridad la medida. El Sute, de Mendoza, el 1° de marzo va al paro de no inicio. En Misiones, la mesa de lucha de los sindicatos antiburocráticos: Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), Unión de Docentes Nueva Argentina Misiones (Udnam), que también integra Tribuna Docente, va a la lucha por el reclamo salarial y la vuelta a la presencialidad con verdadera infraestructura edilicia, protocolos, equipamiento sanitario, licencias para los trabajadores en condiciones de riesgo y nombramiento de suplentes, nombramiento de porteros; en asamblea provincial discutirán medidas de fuerza. En Chaco, también varios sindicatos plantean parar el 1° de marzo.

En Tucumán, el 10 se realizó una importante marcha de docentes autoconvocados, que en asamblea el sábado 13 de febrero resolverán la continuidad del plan de lucha, ante la pasividad completa de la Atep celeste. En Santa Cruz, la reunión de secretarios generales resolvió que por el estado edilicio de las escuelas en el actual cuadro sanitario no es posible el regreso a clase y en el congreso próximo se votará el no inicio en la provincia. En el resto de las provincias, la oposición multicolor y antiburocrática también está organizándose: en Córdoba, el plenario docente opositor de UEPC; en Santa Fe, Amsafe-Rosario plantea parar; en Unter, el Plenario de las seccionales multicolores también prepara reunión para resolver acciones.

De una punta a la otra del país, la docencia se organiza para enfrentar la ofensiva en curso.

 

 

 

El 12, movilización en rechazo a la flexibilidad del semáforo epidemiológico

Este viernes 12, asentados en el pacto anunciado en la conferencia de Trotta y Acuña, el Consejo Federal de Educación se reunirá en la Quinta Presidencial de Olivos, con la presencia de Alberto Fernández. En la reunión, todos los ministros de educación del país votarán el plan de presencialidad sin condiciones y para ello alterarán el semáforo epidemiológico vigente, según el cual las clases presenciales no se pueden realizar, según ha trascendido.

Ademys, los Suteba Multicolores, el Gremio de Docentes Autoconvocados de Formosa, Amsafe-Rosario, junto a sindicatos provinciales de varias provincias se movilizan ese día repudiando la política del CFE y reclamando que se garanticen las condiciones que hoy no existen para la reapertura escolar y los reclamos laborales y salariales de la docencia nacional. En Buenos Aires, Ademys y los Suteba Multicolores marcharán a la Quinta de Olivos a colocar en el CFE sus reclamos.

Que decidan los docentes. Asambleas y plenarios de delegados mandatados y de lucha

La presencialidad a palos, en medio del derrumbe de la educación y de la salud, en vísperas de la segunda ola en la Argentina, augura una crisis sanitaria y educativa que los trabajadores debemos enfrentar y derrotar. Desde Tribuna Docente planteamos poner en pie comités electos de higiene, seguridad y salubridad en todas las escuelas, que monitoreen la situación en cada escuela y en todos los distritos y provincias, y exigimos a Ctera que rompa su integración al gobierno y su apoyo al pacto PJ-Macri y convoque a plenarios de delegados con mandato en todas las jurisdicciones para discutir y aprobar un plan de lucha, para arrancar las condiciones seguras de regreso a clase, cronograma de vacunación para docentes, auxiliares y comunidad educativa en la defensa de la salud de los trabajadores, becas de 10.000 pesos para garantizar la escolaridad de todos los niñes y adolescentes, la resolución del derrumbe edilicio, el nombramiento de todos los cargos necesarios para reconstruir la educación pública en medio de esta crisis sanitaria pandémica y un salario básico nacional de 54.000 pesos y el respeto del estatuto docente.

https://prensaobrera.com/educacion/los-docentes-de-chubut-repudian-la-visita-del-ministro-trotta/

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10/02/2021 | 1615

Operaciones y maniobras contra el aborto legal

Desde el 24 de enero pasado rige en todo el país la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que conquistó la ola verde. Sin embargo, su efectiva implementación no es un camino allanado, en especial por el lugar de poder del que gozan sus principales detractores: las iglesias y sus agentes. El enorme peso de estos sectores en el sistema de salud, educativo y judicial -que lejos está de querer revertir el gobierno de los Fernández- es el principal obstáculo que enfrentamos.

Amparos, medidas cautelares y judicialización

La estrategia de las interposiciones jurídicas contra el aborto legal que estamos viendo en los últimos días es parte de una campaña de los celestes para embarrar la cancha y cuestionar la legitimidad de la ley.

En la provincia de Chaco, el 28 de enero pasado, la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 19 de Resistencia, habilitó el pedido de una medida cautelar -encabezada por referentes de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino y de la Red Federal Familia Chaco- que ordena “la suspensión de la vigencia y/o la no aplicación” de la IVE en la provincia. La cautelar fue apelada rápidamente por una ONG local, luego por el Ministerio de Salud de la Nación y, tras días y días de escandaloso silencio por parte de las autoridades del gobierno provincial que encabeza Jorge Capitanich, se sumó una apelación de la fiscal del Estado de Chaco. Ahora, resta esperar la admisión o no de los recursos interpuestos. Mientras tanto, nuestro derecho en la provincia está encorsetado entre las tretas judiciales.

En Corrientes, el Partido Ciudadanos a Gobernar presentó una declaración de “inconstitucionalidad” de la norma, que fue rechazada in limine por el juzgado de Ejecución Tributaria de la provincia. En Córdoba, el reaccionario Portal de Belén presentó un recurso de amparo para suspender la ley en toda la provincia ante los tribunales federales de la ciudad de Río Cuarto -también basando sus argumentos en la pretendida inconstitucionalidad. De manera similar, estas maniobras se han presentado en Salta, Entre Ríos, La Pampa, La Plata y Lomas de Zamora en Buenos Aires, y la lista probablemente crezca.

La ONG clerical “Amor en Acción” fue más lejos y presentó la semana pasada una medida cautelar en el Juzgado Contencioso N° 10 del fuero administrativo que busca frenar la ley a nivel nacional, y amenazan con presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o incluso a la Corte Internacional de la Haya.

El objetivo de estas acciones judiciales es poner palos en la rueda y reforzar una agitación antiderechos. Aunque no se debe subestimar su gravedad y en algunos casos están significando una demora criminal en el cumplimiento de la ley (como Chaco), de conjunto difícilmente logren prosperar. No hay en ellas solidez jurídica alguna para voltear una ley nacional, que al ser de orden público no depende de la adhesión de las provincias y es respaldada por numerosos tratados internacionales. A su vez, el gobierno nacional ya entregó enormes concesiones a las iglesias en la ley aprobada y mantiene un poderoso pacto con el Vaticano y las iglesias evangélicas que actuarán para bloquear este derecho desde los lugares de poder que preservan en los distintos niveles de intervención del Estado. En esta tesitura debe leerse el llamativo silencio de Aciera (que agrupa a lo más reaccionario de las iglesias evangélicas y fue cabeza de la campaña celeste), que no ha emprendido ninguna acción legal. Lo mismo vale para el Vaticano. El Papa volvió a “lamentar” hoy en una audiencia con diplomáticos en Roma, la aprobación creciente de legislaciones en todo el mundo para legalizar el aborto, pero ni mencionó a la Argentina.

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El obstáculo principal es el peso de las iglesias en el sistema de salud y educativo

Como sucedió en su momento con la ESI, Alberto Fernández hizo aprobar una ley de IVE con limitaciones muy peligrosas. La objeción de conciencia individual en un sistema de salud descentralizado, vaciado y con una injerencia enorme de las iglesias es la llave maestra para impedir que se cumpla el aborto legal. La ley ni siquiera establece la obligación de que se garantice la práctica en todos los centros e instituciones de salud. La obligación de “derivar” cuando no haya ningún profesional “no objetor” habilita de por sí el rechazo institucional (aunque no figure explícitamente la objeción por ideario de la institución en el texto sancionado). En muchos casos, el hospital más cercano que realice la práctica puede estar a cientos de kilómetros de distancia, pero aún así, ya hay clínicas privadas que se niegan incluso a garantizar la derivación. En una buena parte del sistema sanitario nacional, especialmente los sectores de toco-ginecología, están bajo la dirección de agentes clericales.

Hoy es noticia que los colegios católicos de todo el país dieron a conocer que no incorporarán el aborto a los contenidos curriculares, amparándose en el Artículo 5° de la ley de ESI que establece el respeto de los “idearios institucionales” -una enorme concesión que les entregó en su momento Cristina Kirchner para hacer de la ley cartón pintado.

El gobierno nacional, que no tiene ninguna causa popular para acreditarse -mientras se recrudecen el hambre, la crisis de vivienda, el descalabro inflacionario, la represión y los femicidios- busca explotar la conquista de la ley de aborto como un mérito propio y querrá usarlo seguramente como caballito de batalla en la campaña electoral. Pero es incapaz de garantizar que la ley se cumpla mientras mantiene su alianza con las iglesias. Pueden no prosperar los recursos legales, pero ya les entregó a los adversarios de este derecho todas las armas para que actúen a sus anchas. Dependerá de la movilización de la ola verde en todo el país que el aborto sea efectivamente un derecho al que las mujeres y niñas puedan acceder en cada lugar.

En vísperas del 8M, sigue la lucha

A la conmoción por los femicidios -que ya superan la cantidad de días que lleva el año y que, caso a caso, revelan el contenido de fondo de la denuncia de la responsabilidad del Estado capitalista que es una fábrica de violentos a quienes la policía, la Justicia y el poder político protegen- se suma la necesaria continuidad de una lucha contra el oscurantismo clerical por parte de la ola verde.

El silencio de las organizaciones kirchneristas y su borrada de las asambleas que antes promovían para organizar las movilizaciones es criminal en este contexto. Se han subordinado a un gobierno que no ha tomado una sola medida para proteger a las mujeres (a quienes nos matan como moscas) y que refuerza a las iglesias, que no sólo bloquean derechos sino que se dedican a predicar la subordinación y humillación del género femenino -sobre todo entre los más pobres-, que está en la base de las violencias que sufrimos y que en su expresión más brutal terminan en femicidios. La integración al Estado demostró ser una vía de adaptación al régimen que nos vulnera, nos tortura, nos violenta y nos quita la vida.

Más que nunca, es necesaria nuestra organización y nuestra movilización. Empecemos a preparar un gran 8M contra la atrocidad de los femicidios, por garantizar el aborto legal y por la separación de las iglesias del Estado.

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10/02/2021 | 1615

Noticiero internacional

Brasil: huelga contra regreso a clases sin condiciones de seguridad e higiene

Los docentes de San Pablo, nucleados en la APEOESP, resolvieron -en una asamblea virtual (por un 90% de votos a favor)- iniciar una huelga a partir del lunes 8 contra el regreso a clases presenciales sin las condiciones de seguridad e higiene necesarias y sin la vacunación previa del personal.

Los docentes denuncian que a algunas escuelas se ha enviado alcohol en gel vencido y que es insuficiente el personal de limpieza. La decisión de reabrir del gobernador de San Pablo, João Doria (PSDB), se da en un momento crítico de la pandemia en el país vecino. Tanto él como Jair Bolsonaro muestran cada día su despreocupación por la salud de los trabajadores.

Los huelguistas reclaman también la garantía de recursos tecnológicos para la enseñanza virtual de los alumnos, así como seguridad alimentaria y apoyo psicológico.

 

Haití: paro general por la renuncia del presidente Moïse

La Central Nacional de Trabajadores, el Movimiento Unido de Trabajadores Haitianos y otras organizaciones impulsaron un paro general para los días 1° y 2 de febrero en reclamo de la salida del poder del presidente Jovenel Moïse. El acatamiento entre los sindicatos del transporte y docentes fue total, con adhesiones de trabajadores textiles.

Moïse llegó al poder en comicios cuestionados como fraudulentos y viene gobernando a fuerza de decretos. Su principal soporte ha sido el imperialismo norteamericano. Ahora impulsa un referéndum constitucional para reforzar sus atribuciones. El 7 hubo nuevas movilizaciones populares. Sectores del clero advierten la posibilidad de una nueva explosión social.

Más información aquí.

 

India: 10 mil piquetes campesinos

El sábado 6, miles de campesinos realizaron una nueva jornada de bloqueos en la India contra las leyes agrarias que impulsa el gobierno de Narendra Modi (del hinduista BJP). Se estima que hubo 10 mil piquetes en todo el país (Vox, 6/2). La rebelión, que ya lleva varias semanas, es una de las grandes pulseadas de la lucha de clases global.

El gobierno impulsó una política de represión contra el levantamiento. Al no poder sofocarlo, en una de las reuniones de negociación ofreció dilatar la implementación de las leyes. Pero los campesinos se mantienen en lucha, exigiendo su anulación. Las mesas de negociación están estancadas.

Con las nuevas leyes, los campesinos se verían obligados a vender sus cosechas al sector privado, dado que se eliminan las compras por parte del sector estatal, a un precio sostén. Esto podría llevar a la ruina a millones de agricultores pobres.

 

Myanmar: paro general contra el golpe militar

El lunes 8, los trabajadores de Myanmar (ex Birmania, en el Sudeste Asiático) entraron en huelga contra el golpe militar que desalojó del poder la semana pasada a la titular del gobierno, San Suu Kyi, de la Liga Nacional por la Democracia (LND). Participaron trabajadoras de la industria de la confección, maestros y enfermeras, entre otros. El sábado 6 se habían efectuado movilizaciones y cacerolazos, que también contaron con participación obrera. Además, trabajadores de más de 100 hospitales pararon el miércoles 3 y algunos sindicatos docentes anunciaron una campaña de desobediencia civil. Cerca de 70 ingenieros que trabajaban en compañías dominadas por las fuerzas armadas renunciaron a sus puestos (Frontier Myanmar, 3/2).

Las fuerzas armadas, que estuvieron décadas en el poder, iniciaron una apertura controlada en 2011, previa reforma de la Constitución para asegurarse un tercio de las bancas y varios ministerios del gobierno democrático. La LND, ahora perseguida por los militares, llegó al poder en 2015 y compartió con éste la persecución a las minorías étnicas, como los rohingya.

Leé más aquí.

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Namibia: reincorporación ya de los mineros despedidos

En Namibia, nueve dirigentes sindicales de la empresa minera Chinese National Nuclear Corporation (CNNC) fueron despedidos luego de negarse a firmar la propuesta patronal de un nuevo convenio colectivo, perjudicial para los trabajadores. Los próximos 12 y 15 de febrero, el sindicato Namibian Miners Workers Union exigirá su inmediata reincorporación en audiencias de arbitraje laboral, mientras se realizan movilizaciones hacia las embajadas chinas, en un gesto de solidaridad internacional.

Cuando China compró la mina de Rössing Uranium en julio de 2019 a la empresa británica Rio Tinto Group, prometió que respetaría el convenio preexistente. Sin embargo, en septiembre de 2020, presentó un nuevo acuerdo donde, para peor, elimina gran parte de las conquistas laborales de los mineros.

Los mineros tomaron medidas de fuerza y se lanzaron a una huelga. Fue allí que la patronal apuntó contra los dirigentes y los despidió sin mediar palabras, alegando que violaron la confidencialidad y desacreditaron públicamente a la empresa (IndustriAll, 21/1).

Actualmente, y monopolizado por esta empresa, el país africano produce el 10% del uranio mundial. El ataque a las reivindicaciones obreras parte del afán de acrecentar las ganancias capitalistas con inversiones productivas a bajo costo. Desde el Partido Obrero, apoyamos la lucha de los mineros.

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Myanmar: la clase obrera enfrenta el golpe militar

Los trabajadores de Myanmar (la ex Birmania) entraron en huelga este lunes 8 en repudio al golpe militar que destituyó la semana pasada a Aung San Suu Kyi, de la Liga Nacional por la Democracia (LND). Participaron trabajadoras de la confección, de la salud, y docentes, entre otros. Además, hubo movilizaciones multitudinarias en las principales ciudades del país desde el fin de semana, especialmente en Rangún, la vieja capital.

Las fuerzas de seguridad reprimieron con carros hidrantes y, según algunas denuncias, con balas de plomo. Hay una manifestante en gravísimo estado.

La respuesta del movimiento obrero frente al golpe había tenido su punto de largada en el paro de los trabajadores de los hospitales públicos, el miércoles 3. El personal de más de 100 nosocomios se adhirió a la medida y lanzó una campaña de desobediencia civil, a la que se han plegado otros sectores obreros (docentes, aeronáuticos, mineros). Cerca de 70 ingenieros que trabajaban en compañías dominadas por las fuerzas armadas renunciaron a sus puestos. En varias reparticiones estatales, los trabajadores asisten pero con cintas rojas en señal de rechazo a la nueva junta de gobierno.

Los militares, ante esta situación, han decretado la ley marcial en varias ciudades. Las movilizaciones son las más masivas desde 2007, cuando decenas de miles se lanzaron a las calles contra el gobierno verde olivo a raíz de un aumento en los combustibles. La represión dejó entonces decenas de muertos, incluyendo a algunos monjes budistas (la religión dominante en el país) que apoyaban los reclamos.

Tras aquel levantamiento, la junta militar inició una apertura controlada que culminaría en la elección de Aung San Suu Kyi como jefa de gobierno en 2015. Suu Kyi es la referente histórica de la LND, que surgió como fuerza en el marco del levantamiento de 1988 contra la dictadura. Recibió el premio nobel de la paz en 1991 y estuvo muchos años detenida por el régimen.

Como parte de la apertura tutelada, los militares reformaron la Constitución en 2008, reservándose un tercio de las bancas parlamentarias y varios ministerios del futuro gobierno democrático.

El gobierno de Suu Kyi, ahora depuesto, cooperó activamente con los militares en las masacres contra los rohingya (minoría musulmán), los kachin, shan y ta'ang. Algunas de estas minorías impulsan la independencia de sus territorios. La política de exterminio estatal busca asegurarse el control de los recursos de estas zonas (oro, cobre, rubíes, etc.), incluyendo el opio, del cual el país es el segundo productor mundial, detrás de Afganistán. Militares, políticos y empresarios aparecen involucrados en el tráfico de drogas.

La ruptura entre los militares y la LND se dio tras las elecciones legislativas de fines del año pasado, en las que el partido vinculado al sector castrense (Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo) denunció fraude.

Estados Unidos y la Unión Europea condenaron el golpe. Su agitación contra los militares es sobre todo un intento de atacar a China, que es el principal socio comercial de Myanmar y el país que tiene mayor influencia sobre éste. En el pasado, incluso, norteamericanos y europeos cortejaron a las fuerzas armadas para tratar de sustraerlas del área de influencia del gigante asiático.

China viene impulsando el desarrollo de varios oleoductos en Myanmar y patrocina una mesa de negociación entre los militares y los grupos insurgentes que están involucrados en el conflicto armado.

La clase trabajadora y la juventud se han colocado en la primera fila de lucha contra el régimen militar. Esto viene precedido por la organización de las trabajadoras de la industria de la confección, quienes están formando sus primeros sindicatos para enfrentar a las grandes multinacionales de la moda, que las someten a jornadas extenuantes de trabajo (hasta 14hs diarias) y a la precarización.

Arriba su lucha.

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09/02/2021

Salta: agitada audiencia pública por desmonte de 13.500 hectáreas en El Tunal

Monte nativo arrasado para solo 26 puestos de trabajo.

vecina de Metán.

El pasado viernes 5 de febrero se llevó adelante una audiencia pública convocada para debatir sobre un pedido de desmonte de 13.500 hectáreas, por parte de la empresa Agrone S.A. Comparto en esta nota lo que considero, fueron los aspectos más importantes de la misma.

A) La audiencia pública del día 5 de febrero, a hs 9, contó con una numerosa concurrencia tanto de empresarios y profesionales agroganaderos, como de ambientalistas y vecinos locales, de Anta, Metan y Salta capital.
La empresa en cuestión es Agrone SA, de Armani agropecuaria en la localidad de El Tunal, ubicada en inmediaciones de Nitratos Austin S.A, a quien Armani le vendiera tierras para su emprendimiento de fabricación de explosivos para la megaminería, años atrás.

El Ingeniero Claudio Cabral, una constante en todas las audiencias por desmontes, no estuvo a la altura de las circunstancias, haciendo uso de un lenguaje técnico no comprensible para personas no especializadas ni supo responder a las preguntas de asistentes acerca de la sustentabilidad del proyecto, del destino de la producción, ni de la cantidad de mano de obra a ocupar por Agrone SA, en la importante extensión de 13.257,24 hectáreas.

Relatan los vecinos en rechazo al desmonte, que todos los invitados por Armani coinciden en que se justifica tal desmonte para el "desarrollo local", cuando lo que menos generarán es justamente un desarrollo local, que implica mejoras en lo social, laboral, económico, sanitario, ambiental, entre otras cuestiones. Y en la región y zonas aledañas, eso no existe, luego de décadas de llevar a cabo actividades agropecuarias extensivas. Es cierto que generan algunos puestos laborales que las empresas necesitan para funcionar y crecer económicamente y con mucho éxito, porque cada año extienden sus producciones a nuevas tierras y por tanto nuevos desmontes, pero sin variar mucho la cantidad de empleados para trabajar en verdaderos latifundios en manos de pocos. Eso nada tiene que ver con desarrollo, correspondería mejor decir "nuevas explotaciones".

B) Eric Zamora, vecino de Las Lajitas, manifestó: "somos uno de los principales productores, pero somos uno de los departamentos más pobres y con una importante tasa de crecimiento de enfermedades respiratorias, diferentes tipos de cáncer, entre otras, superiores a la media nacional y de zonas urbanas, como sucede también en otras zonas rurales del país donde el uso de agrotóxicos se incrementó con los años a pesar de pregonar ahora "supuestas 'buenas prácticas agrícolas'”. Zamora citó los trabajos científicos de profesionales como el pediatra Medardo Ávila Vázquez; el ingeniero químico Marcos Tomasoni; del embriólogo Andrés Carrasco, que documentan el grave impacto de agrotóxicos en zonas rurales fumigadas y también en los alimentos provenientes de esas regiones.

El joven ambientalista repudió además el nombramiento y gestión de Martín de los Ríos, conocido empresario del agronegocio en la región, quien se desempeña como ministro de Producción y Desarrollo Sustentable. Viene avalando el desmonte de miles de hectáreas en lo que va solo en enero, en sentido contrario a lo que el mundo proclama. Es justificada la preocupación de Zamora, pues pusieron al zorro a cuidar del gallinero.

Se arrasa el monte aduciendo el hambre de la población y el crecimiento demográfico, en nombre de la generación de empleo (13.500 hectáreas para 26 trabajadores). Resulta que Argentina amplía sus fronteras agropecuarias sideralmente, mientras la hambruna y pobreza se incrementan y no es casualidad que esto se vea mucho más en zonas rurales.

C) La vecina Marta Pérez recordó con profundo pesar las graves inundaciones en Las Lajitas, Río del Valle y Salta Forestal, ocasionadas por el excesivo desmonte habilitado por funcionarios provinciales. Los damnificados debieron costear sus pérdidas económicas y recibieron ayuda de vecinos de pueblos aledaños y de Salta capital, no así de los "patrones" promotores de deforestaciones causantes de inundaciones, ya que aniquilaron esas verdaderas esponjas que son los árboles nativos y que no pueden jamás ser reemplazadas por pasturas o cultivos anuales.

Marta Pérez recalcó: "¿acaso no cuentan las escuelas fumigadas, los muertos por agrotóxicos?... sólo cuenta saciar sus bolsillos para esos emprendedores y los políticos corruptos que se prenden".
Nada bueno se puede esperar de desmantelar 13.500 hectáreas de monte nativo.

D) La vecina de El Tunal, Marcela Salvatierra, retrucó la responsabilidad social empresaria que pregona la empresa Armani SA que funciona hace años en el lugar. Aparecen para las fiestas patronales. Armani SA, al igual que Nitratos Austin en El Tunal, prometieron a su llegada un gran desarrollo, y coincidieron ambas en presumir con lo mismo; citar como un gran beneficio para lugareños la donación de la leña del desmonte es casi un insulto o una limosna de grandes empresas que se jactan de inversiones millonarias.

Les donarán la leña de esos árboles que antes absorbieron excedentes de aguas de lluvias copiosas, árboles que les moderaron fuertes vientos y las altas temperaturas de la región, que purificaron el aire consumiendo el dióxido de carbono. Además, en teoría, según la industria de explosivos Austin, que tendrá importantes emanaciones de gases, una parte iba a ser absorbida por los árboles circundantes que ya no estarán. Esos árboles que alimentan millones de abejas, insectos tan importante, que hoy peligran en el mundo, gracias al incorrecto accionar humano.

E) Joaquín Elizalde, productor ganadero, defensor acérrimo del proyecto de Agrone SA dijo: “la mayoría de los pueblos de Anta y del norte provincial dependen del desarrollo agropecuario”. “No dejemos de pensar en ello” manifestó, “hay que pensar en las próximas generaciones"...

Evidentemente no detalló Elizalde, el nivel de vida de la mayoría en la ruralidad, justamente en zonas agroganaderas donde llegan apenas a fin de mes debiendo destinar importante cantidad de salario a pagar el costoso precio de alimentos que vienen de zonas lejanas con costosos fletes y que no todos pueden adquirir, incrementándose la mala nutrición o desnutrición. La región con tanta tierra y cultivo es un desierto verde, no provee de alimento a nadie, y si alguien osa sacar un choclo para comer en tanta extension, irá a la justicia. De las regiones que desmontaron para “dar de comer al mundo”, del que parten cientos de miles de camiones con animales y con granos a puertos o mercados centrales, no se puede alimentar el poblador local.

Los alimentos frescos costosos en góndolas no son para cualquiera.

También los trabajadores deben destinar importantes cifras de sueldos o de sus "changas" para adquirir medicamentos para diferentes tratamientos mayoritariamente respiratorios o cáncer.

En Piquete Cavado, el 80% de niños solamente, sin considerar los adultos, padecen enfermedades respiratorias. Se encuentran rodeados de silos de todo tamaño, nacionales y chinos. Proliferan polvillos en aire, moscas y ratas de las que cada casa debe protegerse. ¿Acaso no podía el gobierno exigir otros sitios para su instalación y respetar la vida? Comprobaron el impacto a la salud de silos dentro del pueblo de Las Lajitas y los quitaron ¿Acaso el poblado de Piquete es extraterrestre o es que en Lajitas vivían familias de los productores y en Piquete Cavado no?
¿Acaso no podía el gobierno provincial, a través de su dibujado ministerio de producción y desarrollo sustentable, un nombre que le queda grande... exigir aunque sea una simple fila de árboles entre la escuela y el campo del terrateniente Alfredo Olmedo, que fumiga su extenso monocultivo justo al pasar la calle en frente de la escuela?

Los alérgicos que pueden, se tratan con costosas vacunas para alergias, no reconocidas por obras sociales. Deben pagar remisses por discordancia entre horarios de ómnibus y de turnos con especialistas de capital, que viendo los síntomas, muchas veces ya predicen de qué zona del interior proceden los pacientes... de zonas fumigadas.
Nada dice Elizalde de los abortos espontáneos, malformaciones al nacer, y de los estudios del embriólogo Andrés Carrasco y de las deformaciones del núcleo de células y afectación en el desarrollo de vertebrados ocasionados por el glifosato.

Nada dice de la escasa mano de obra en relación a las miles de hectáreas de los latifundios. Por supuesto, la producción agropecuaria genera algunos puestos laborales, porque todavía no pueden mecanizarlo todo, ya que si eso fuera posible se desharían de los trabajadores para ahorrar costos. Necesitan algunos trabajadores, si no, ¿cómo generarían esos excedentes que les permiten ampliarse cada año e ir por más montes?

F) El doctor Carlos María Pagano, filósofo y docente de Salta capital, expresó su rotundo, categórico absoluto y total, no a la autorización del desmonte de Agrone SA en El Tunal. Dijo: “en nombre de nuestra hermana madre tierra, también hermana y madre de la familia Armani, de sus hijos, nietos, de las próximas generaciones”. Al igual que expresara Elizalde, pero en sentido diametralmente opuesto.

La naturaleza tiene derechos y esos derechos no figuran en ningún Estudio de Impacto Ambiental.

En Ecuador y Bolivia, sostuvo Pagano, los derechos de la naturaleza son reconocidos con rango constitucional. Ni en Salta, ni en Argentina, alcanzamos todavía ese grado de evolución, pero no significa que nuestra naturaleza no tenga esos derechos; los tiene, mucho más allá de que no se los reconozca y aunque la violencia financiera los niegue. Como dijo Eduardo Galeano, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos caras de la misma dignidad.

Agregó Carlos Pagano: "señores del gobierno de Salta, deben saber que eso que pretenden arrasar no está en medio de la nada. Rebajaría a la nada a toda la vida, a la rica y numerosa biodiversidad. Recuerdo a la autoridad competente que los animales dependen del monte nativo para refugio y nutrición y que en esa zona se encuentran en peligro crítico de extinción el tatú carreta, el Pichi ciego chaqueño, tortugas, y que están amenazados el oso bandera, el pecarí quimilero entre otros.

Recuerdo a la autoridad de la provincia que Argentina es signataria del convenio mundial contra la desertificación y al reducir la forestación se pierde el suelo, se entra en grave riesgo de inundaciones como vimos ya en Anta, y se incrementa el efecto invernadero".

Citó el doctor Carlos Pagano el trabajo científico de economistas de la Universidad Nacional de Salta, Elías y Dib en año 2016, donde un estudio de evaluación monetaria del ingreso de cultivos de Salta, Santiago del Estero y del noroeste argentino, constatan que de 27 mil millones de dólares que ingresaron a productores agroindustriales con uso de agrotóxicos, los costos ambientales fueron de 45 mil millones. Costos que ningún agroindustrial pagó ni pagará. ¿En qué parte del estudio de impacto ambiental está eso? ¿Quién salda esos costos? Ninguna sociedad anónima, enfatizó Pagano.

La madre tierra donde se violan sistemáticamente sus derechos nos exige actuar. Construyamos sociedades capaces de coexistir de manera justa digna y por la vida.

G) Graciela Rivadeo, de Vapumas-Metán, manifestó su profunda preocupación por el avance de desmontes y por proyectos productivos contaminantes como el feedlot de Inversora Juramento en Joaquín V. González, que daña la calidad del aire y de napas de agua, al igual que el proyecto de Nitratos Austin para fabricar explosivos. Cuestionó la falta de idoneidad de la provincia y municipios para desarrollar otras alternativas verdaderamente sustentables para la región, sin el peligroso impacto ambiental que tienen los proyectos impuestos sin consulta previa a los pobladores, que en definitiva sufrirán las consecuencias.

Dejó clara su oposición a la autorización del desmonte de las 13.500has por parte de la firma Armani agropecuaria.

H) Un comercializador de hacienda convocado a la audiencia para apoyar el proyecto, expresó: "recorro siempre la región y vivo cruzando corzuelas, tortugas, pumas, de todo”, lo que desató fuerte controversia con los asistentes en el salón. Además dijo: "yo quisiera ver de qué trabajarían todos en los pueblos si los campos no estarían desarrollados", lo cual nuevamente impulsó al joven Zamora a responder, pero la moderadora no permitió su participación por haber participado ya con anterioridad.

I) Al final de la agitada audiencia pública cada uno de los invitados por Armani S.A, promotores del desmonte sólo para engrosar los bolsillos de una Sociedad Anónima, constituyendo esto un verdadero ecocidio, un crimen de lesa naturaleza, recibieron con sorpresa de regalo árboles frutales nativos de nuestra Abya Yala (América) como símbolo de armonía con natura, de fuente de oxígeno, de controlador de inundaciones, regulador de temperaturas y lluvias, regulador del efecto invernadero, y como fuente de alimento para los humanos, animales e insectos.

https://prensaobrera.com/politicas/los-roces-entre-el-gobierno-y-el-capital-agrario-por-los-precios-de-los-alimentos/

https://prensaobrera.com/ambiente/salta-secretario-de-ambiente-firmo-pedidos-de-desmontes-para-empresas/

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09/02/2021

Lo que deja la primera vuelta electoral en Ecuador

La primera vuelta de las elecciones ecuatorianas le dieron el triunfo a Andrés Arauz, el candidato de Unión por la Esperanza, apoyado por el expresidente Rafael Correa, con algo más del 31% de los votos. El segundo lugar, que determinará quién lo enfrente en el ballotage de abril, lo disputan voto a voto el banquero Guillermo Lasso (candidato de un frente de Creo y el Partido Social Cristiano) y Yaku Pérez, de Pachakutik (ligado a la Conaie), ambos con alrededor del 20% de los votos (serán claves para definir la cuestión una gran cantidad de actas electorales en observación. Pérez denuncia maniobras y la posibilidad de un fraude). En cuarto lugar quedó el empresario agroexportador Xavier Hervas, de Izquierda Democrática, que obtuvo un gran resultado (16%) con un perfil “antipolítico” y anticorrupción.

El gobierno y la derecha son los más golpeados por la elección. En el primer caso, Lenín Moreno deja el poder repudiado por la población, debido a las políticas de ajuste y acuerdo con el FMI. Sobre el final de su mandato suscribió un compromiso por 6.500 millones de dólares con el organismo internacional, que tiene como contracara un posible aumento del IVA, despidos y rebajas salariales en el sector público. Esto condicionará completamente el futuro gobierno. Pero además, el mandatario saliente paga el costo del pésimo manejo de la pandemia, con los cadáveres amontonándose en las calles de Guayaquil en los comienzos del Covid-19. La candidata más afín a Lenín Moreno, Ximena Peña, quedó por debajo del 2% de los votos.

En cuanto a Lasso, había obtenido más votos en la elección pasada (28%), incluso sin necesidad de alianza con los social cristianos. En el caso de la elección para la Asamblea Nacional, donde su partido se presentó en soledad, ni siquiera alcanzó el 10% de los votos. Su suerte política depende enteramente del ingreso al ballotage, en el que podría compensar esta mala performance por el apoyo de otras fuerzas.

Pachakutik

Con independencia de que entre o no a la segunda ronda, el resultado de Pachakutik es el dato más sobresaliente de la elección. En las presidenciales de 2017, había apoyado al general “Paco” Moncayo, quien apenas superó el 6% de los votos. Con más del triple de votos que éste, el exgobernador de Azuay (región abrumadoramente indígena), Yaku Pérez, capitaliza la rebelión popular de 2019 contra la anulación de los subsidios al combustible, si bien su campaña tuvo una tónica completamente conciliadora.

Pérez se alzó con la mayor cantidad de provincias, ganando en 13 de ellas (en ocho de las cuales obtuvo más del 40%), contra 8 de Correa y 2 de Lasso.

El planteo más destacado de Pachakutik consiste en una defensa de los pueblos originarios y el medio ambiente. Reclama, por ejemplo, la prohibición de la minería contaminante (en paralelo con la elección presidencial, se desarrolló una consulta en que el 80% se pronunció a favor de detenerla en la cuenca de algunos ríos). Pero no plantea la ruptura de todos los proyectos en marcha “porque nos llegarían demandas internacionales”, según Pérez (El Telégrafo, 14/11/20).

Pachakutik, precisamente, no tiene un planteo de ruptura con el régimen. Defiende expresamente la dolarización (“sería un crimen terminar con ella, nos guste o no, porque ha dado estabilidad económica al país y confianza a muchos sectores”, dice Pérez -ídem) y no plantea la expropiación del gran capital. Con respecto al acuerdo con el FMI, reclamó una “revisión”.

Estos límites políticos explican que el banquero Guillermo Lasso haya anticipado su voto por Pachakutik en caso de que esta fuerza pase al ballotage. Peor aún, buena parte de la coalición indigenista llamó a votar por Lasso en el ballotage anterior, que lo enfrentó con Lenín Moreno.

Aun así, la debacle del candidato más confiable de la burguesía (Lasso), que podría quedar directamente fuera del segundo turno, y el ascenso de la formación indigenista, configuran un escenario convulsivo.

¿Revival?

El correísmo ganó las elecciones, lo que lo reposiciona políticamente tras la ruptura con Lenín Moreno y la proscripción electoral de su líder. Sin embargo, obtuvo menos votos que los que Lenín Moreno había sacado como candidato oficialista en 2017 (39%).

El economista Andrés Arauz, candidato de la Unión por la Esperanza, hizo una campaña basada en una crítica al ajuste del gobierno, en el reclamo de recuperar el empleo y el mercado interno, un mayor papel del Estado en la educación y la salud, etc. Pero al mismo tiempo, defiende expresamente la dolarización en su plataforma y frente al acuerdo con el FMI se ha limitado a plantear una renegociación.

En oposición a Lenín Moreno, reivindica las gestiones anteriores de Correa, que se valieron de la bonanza petrolera (y minera) para sostener un endeudamiento creciente y financiar una malla de contención social y megaobras de infraestructura. Correa complementó el manejo social de la renta petrolera con la regimentación de las organizaciones sindicales y populares (límites al derecho a huelga y quita de la personería al gremio de maestros) y una férrea oposición a la legalización del aborto y el matrimonio igualitario.

Un regreso del correísmo al poder tendría aún más límites que en el pasado, debido al cuadro de recesión internacional y caída de los precios del petróleo, de cuya exportación el país depende enormemente.

El futuro gobierno ecuatoriano, sea cual sea el ganador, estará condicionado por el acuerdo con el FMI y la bancarrota económica, así como por la sombra de la rebelión de 2019.

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LA MATANZA

Piquetazo de 3 mil compañeros por la libertad de Rafael Crispín

Multitudinario reclamo por el militante del Polo Obrero detenido. El 9, cortes en los accesos a la capital.

Durante la mañana del sábado tuvo lugar uno de los piquetes más importantes organizado en La Matanza. Tres mil compañeros de las barriadas obreras de la zona nos concentramos en la localidad de San Justo, corazón del distrito, para reclamar por la inmediata libertad de Rafael Crispín, compañero del Polo Obrero detenido con una causa armada por la policía del ministro de seguridad Sergio Berni y el gobernador Axel Kicillof. La medida de lucha constó de un corte total en la Ruta Nacional Nº3 y la ruta 4. Una acción que hacía mucho tiempo no ocurría en el distrito gobernado por el PJ.

A pesar del cerco mediático, este piquetazo histórico resonó en todo el Municipio por la dureza de su impacto. Pero es apenas la primera medida de un plan de lucha que se extenderá por toda la provincia y el país, y que ya tiene una nueva convocatoria el día martes 9 de febrero con cortes de puente y accesos a la capital.

Rafael Crispín se encuentra detenido desde el jueves 4 de febrero; la policía bonaerense ingresó al barrio La Nueva Unión -donde numerosas familias matanceras se encuentran luchando por el derecho a la tierra para vivir- para escoltar a la empresa Edenor en el corte del servicio eléctrico, dejando a los vecinos sin luz, y sin los cables y palos que compraron para el barrio. La policía, en una actitud de hostigamiento, desató una brutal represión a los vecinos que estaban grabando el corte del servicio (no es la primera vez que reprimen de manera violenta).

El empoderamiento de las fuerzas represivas, que está llevando adelante el gobierno provincial, de la mano de Berni, siempre termina mal.

El jueves se llevaron detenidos del predio a tres vecinos. Inmediatamente las familias se movilizaron a la comisaría ubicada en Rafaela Castillo. En la comisaría detuvieron a otro militante, Sebastián del MTE, luego de una provocación nuevamente montada por la policía.

Luego de varias horas liberaron a tres detenidos, pero no a Rafael. Al compañero del Polo Obrero le armaron una gravísima causa trucha, con una carátula no excarcelable titulada como "tentativa de homicidio".

Desde que se  llevaron a Rafael del barrio La Nueva Unión, la militancia del Polo Obrero y el Partido Obrero puso en pie un plan de acción para exigir, en primer lugar, su liberación y también denunciar que la causa bajo la cual se encuentra detenido fue montada por la policía de Berni y de Kicillof.

La misma policía que durante la cuarentena asesinó a sangre fría a Lucas Verón y es responsable en toda la provincia de Buenos Aires del aumento de casos de gatillo fácil, arma causas truchas para encarcelar a los más afectados por la crisis. Además de querer desarticular la lucha de las familias que se organizan para conseguir un techo donde vivir, porque el Estado no puede garantizarlo, se intenta poner en el ojo de la tormenta a los activistas de los barrios y criminalizar a las organizaciones sociales que apoyan esta causa.

El gobierno sigue la línea de Guernica: la orientación de desalojar.

Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, lleva a fondo esta política represiva que comienza a colisionar incluso con las propias organizaciones oficialistas. Esta contradicción de una dirigencia que se jacta de ser "nacional y popular" pone en evidencia a un gobierno en crisis.

La contención social no puede dar respuestas concretas a los reclamos sociales, como lo es el derecho a un techo. No hay planes de vivienda que comprendan la magnitud de la demanda.

Es una crisis que tiende a recrudecerse. Dos millones de personas no han podido volver a trabajar luego de la flexibilización de la cuarentena.

Sin embargo, y frente a la posibilidad de una segunda ola de contagios, el gobierno de Alberto Fernández hace oídos sordos a los reclamos de trabajo genuino, equiparación salarial, asistencia alimentaria integral para todos los que la necesiten, y vivienda. Todos los caminos conducen a la represión.

Es la actitud de un gobierno que demuestra dureza con los más pobres, y recompensas a los sectores más beneficiados de la crisis: bancos, bonistas, sojeros, especuladores inmobiliarios, y desde luego es por sobre todas las cosas, una señal al FMI de que llevarán adelante el ajuste para seguir sosteniendo el régimen de explotación.
Lo que ha ocurrido con Rafael es un acto de cobardía y de aleccionamiento para que nadie más se organice y luche por su reclamo, en este caso por la tierra, pero cualquier reclamo popular puede ser criminalizado.

Luego del exitoso corte, cerramos con un acto en el que habló la compañera Romina Del Plá, e hizo un señalamiento al cual las organizaciones populares debemos estar alertas: se están metiendo con los más golpeados por la crisis.
Eso significa que tenemos que salir a las calles más que nunca, apoyando el reclamo por la libertad de Crispín.
Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, y de derechos humanos a sumarse a los cortes que realizamos en Puente Pueyrredón, Puente Saavedra, General Paz y ruta 3, acceso Oeste, Autopista La Plata, y Puente La Noria con cita este martes 9 de febrero a las 9hs.

Libertad a Rafael Crispín. Tierra para vivir.

Abajo las causas armadas.

No a la represión.

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07/02/2021

“Zoraida, la reina del Abasto”: el teatro en la calle

El Teatro El Extranjero, en Buenos Aires, estrenó su temporada haciendo honor a su nombre. Una extranjera, Zoraida, la reina del Abasto cuenta su historia proletaria. Llegó al país hace pocos años buscando una mejor  perspectiva de vida. Trae la ilusión de progresar e ir trayendo de a poco a hijos y familiares. Comienza trabajos por los que recibe magros ingresos, necesitando trabajar más en sus momentos de descanso. Va armando su mundo real en su sueño, dentro de sus creencias, en este nuevo país. Lo hace paso a paso a paso por el Abasto a través de los oídos del público, acompañándolo por escenarios de fábula, monumentales algunos, construidos durante siglos.
La obra transcurre en las veredas y calles, un recorrido por El Abasto hasta la sorpresa final. Las peripecias ponen a Zoraida a merced de chacales y ladrones -sufrimientos de los migrantes proletarios de todas las épocas. Y el amor la pone a merced de la opresión hacia las mujeres. Pero batalla a modo chejoviano y va sorteando los escollos de la vida.

Los procedimientos de la obra están basados en su totalidad en recursos existentes en el teatro o en manifestaciones de acciones culturales del mundo y del país. La novedad es la imaginación de les artistas que están escribiendo la historia del teatro en este tiempo de pandemia, al alcance de un público popular, inventando nuevo sobre lo existente.

Les espectadores, cada quien con su auricular, que tiene luz propia, forman de conjunto una nube humana iluminada que se mueve, siendo receptora del relato y a su vez siendo el teatro mismo.

El procedimiento teatral con dispositivo en movimiento es parte de la historia del teatro, el brillo de la creación lo traen quienes lo mantienen vivo y a tono con los refinamientos de la época. El estreno de Zoraida, la reina del Abasto comparte la idea de teatro en procesión con Intervención Ferreyra, estreno de octubre del año pasado en los parques, una con teatro independiente donde hasta los espectadores son dispositivo y la otra con teatro con perspectivas revolucionarias donde en la obra son actrices y actores los que mueven el todo. Y ambas comparten optimismo sobre un futuro para la vida humana.

Zoraida, la reina del abasto, dura 30 minutos hasta la Sorpresa final donde el teatro se despliega con toda su potencia emocional de empatía amorosa u horror según la conciencia del público. De cualquier manera trae una sonrisa entre tanta hosquedad, y por ello hay que agradecer.

El teatro ya está en la calle, donde nació, según dicen cuentan todos los estudios. Y está en la calle haciendo atisbar la potencia de los inicios fundantes. O re-fundantes.

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Actividades Escénicas con Temáticas de Género. Del 13 al 17 de mayo, en Temperley.
Se presenta el miércoles 13 de mayo a las 19.00, en la sala Paraje Artesón, CABA, con entrada gratuita.
Una obra que documenta la vitalidad de la escena regional y la lucha de los trabajadores de la cultura.
Domingo 30 de noviembre, 17hs, en el Paraje Artesón
05/02/2021

Las elecciones presidenciales en Ecuador

Se vota en el país sudamericano.

Toda la atención política en Ecuador se encuentra concentrada en el proceso electoral a desenvolverse este domingo 7 de febrero, donde se escogerá al nuevo presidente. Las elecciones se inscriben en el marco de una bancarrota sanitaria, social y económica muy aguda, cuyo telón de fondo son la crisis capitalista mundial y la pandemia de coronavirus, fenómenos que vienen castigando duramente al país andino. Ecuador asiste a la culminación del gobierno de Lenín Moreno, que, de conjunto, se ha caracterizado por desarrollar una política rabiosamente antiobrera y pro imperialista, por lo que, según algunos sondeos, abandonará su lugar como presidente completamente desacreditado por las masas, con un 90% de los encuestados impugnando el rumbo que viene tomando el país.

La contienda electoral está signada por una fragmentación política de características históricas -de ella participan 16 candidaturas-, y al mismo tiempo por un alto grado de indecisión por parte de los electores. De acuerdo a las dos principales encuestadoras en materia de comicios, los indecisos constituirían entre el 23% y el 37% del electorado, mientras el voto en blanco o nulo obtendría un 17%.

Hasta ahora, las dos formaciones políticas que toman la delantera son la correísta Unión por la Esperanza (UNES) y la alianza Creando Oportunidades (CREO), liderada por el banquero Guillermo Lasso. Andrés Arauz, candidato a presidente por la primera, registra en las encuestas entre un 15% y un 28,64% de intención de votos, mientras que su adversario, Lasso, cuyo bastión es la región de Guayaquil, obtiene entre un 20,85% y un 26% de los mismos. En tercer lugar aparece Yaku Pérez, de Pachakutik –brazo político de la Conaie, organización que jugó un rol protagónico en el levantamiento popular de 2019-, con un 13%. Los últimos sondeos ya dan casi por hecho de que hará falta una segunda vuelta para definir los resultados de la elección. Para evitar esto, uno de los candidatos debería obtener al menos un 40% de los votos, y, asimismo, sacar ventaja del segundo con una diferencia del 10%.

El resto de las candidaturas no supera el 2% en intención de votos. Entre estas se encuentra la coalición oficialista Alianza País, cuya líder, Ximena Peña, se ha desmarcado de Lenín Moreno, llegando incluso a reclamar la renuncia de este a la presidencia del partido. Las fuerzas políticas que se dicen de izquierda, por otro lado, llegan a esta etapa sumidas en una atomización mayúscula. Ya no existe la coalición de partidos que se presentaba en 2013 y 2017 como alternativa opositora al gobierno de Rafael Correa, por el contrario, se han esparcido en cinco candidaturas, entre ellas la del mencionado Pachakutik.

Asimismo, el proceso electoral se encuentra atravesado por todo tipo de irregularidades y trapisondas en las que se ven involucrados los dos partidos que mejor ubicados se hallan en las encuestas. Esto no ha comenzado ahora, sino que encuentra sus orígenes en la proscripción impulsada por el gobierno nacional a la candidatura del ex presidente Rafael Correa –quien por este motivo no pudo presentarse como vice para la fórmula de UNES. El Consejo Nacional Electoral (CNE) –organismo que suspendiera al entonces partido de Correa, Fuerza Compromiso Social-, por ejemplo, ha denunciado la candidatura de Arauz por haber realizado campaña entregando, supuestamente, tests de coronavirus a cambio de votos, mientras que a su vez, los medios de comunicación vienen agitando diversas fake news, como la presunta existencia de un vínculo entre la coalición UNES y la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional.

Andrés Arauz, por otra parte, ha denunciado a Lasso por desviar fondos del banco de Guayaquil –del cual este último es accionista- para financiar su campaña electoral.

Los candidatos

Arauz (UNES), un hombre de perfil técnico, ha sido, entre 2015 y 2017, bajo el gobierno de Rafael Correa, ministro de Conocimiento y Talento Humano, así como también ministro de Cultura y Patrimonio. Lo escolta el empresario Carlos Rabascall para el lugar de vicepresidente. Entre sus puntos más importantes, el programa de Arauz contiene una serie de créditos baratos para la burguesía, profundizar la primarización de la economía, promover la realización de una Asamblea Constituyente para “recuperar el Estado constitucional de derechos y justicia” (¿pacto con la oposición?), la vuelta de Ecuador a la OPEP y un intervencionismo mayor del Estado. Ha propuesto, en este sentido, un bono de mil dólares para un millón de familias –financiado, presuntamente, con la repatriación de activos que el Estado ecuatoriano posee en Suiza, por el orden de unos 8.000 millones de dólares- e ir hacia una “seguridad social universal”.

En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que cerró Lenín Moreno hace unos meses, Arauz ha llegado a amagar con la idea de una ruptura con el organismo, pero con el correr de los días el presidenciable alivianó el discurso, señalando que estaría dispuesto a avanzar hacia una renegociación. Sobre la cuestión de la renegociación de la deuda con los bonistas que llevó adelante Lenín Moreno –que ha sido beneficiosa para los fondos de inversión pues se reconocen tasas de interés por encima de la media internacional-, Arauz ha dicho que tal acuerdo “da un espacio para respirar al país por varios años”.

Detrás de los planteos electorales de UNES, asoma la tentativa de lograr que el repudio al ajuste de Lenín Moreno se encuadre en los márgenes del régimen político y social vigente, en la medida en la cual no plantea una ruptura con el capital financiero internacional.

Con respecto a Washington, Arauz dice mantener muy buenas relaciones con Joe Biden. Lenín Moreno viene de realizar una visita a Estados Unidos, en la cual se han sentado las bases para avanzar hacia un reforzamiento de las relaciones económicas y militares entre los dos países. Moreno ha acordado, en enero de este año, un préstamo de 3.500 millones de dólares con la administración Trump, cuyo desembarco se encuentra condicionado a la penetración de capital norteamericano en empresas públicas de sectores clave como petróleo, electricidad, entre otras. Otra de las condiciones concierne a que Ecuador boicotee a la china Huawei en la construcción de su red de 5G. Arauz dijo no estar de acuerdo con este pacto y defendió mantener las relaciones con el gigante asiático.

Ha trascendido, asimismo, que el candidato correísta estaría barajando la idea de ir hacia una desdolarización de la economía. Pero en contraposición con ello, reivindica la experiencia de gobierno de Correa, que ha mantenido a rajatabla la dolarización de la economía, y ni siquiera ha planteado salir de ella en momentos donde el escenario de la economía capitalista mundial era de bonanza y los precios del petróleo se encontraban altos.

En la vereda de enfrente está el derechista Guillermo Lasso (CREO), un banquero ex hombre del Opus Dei, enemigo de las mujeres –se opone al derecho al aborto incluso en casos de violación- y de las diversidades sexuales –está en contra del matrimonio convencional entre dos personas del mismo sexo-. Lasso ha sido gobernador de la provincia de Guayas bajo el gobierno del ajustador Jamil Mahuad y luego superministro de Economía de este.

El programa de Lasso encierra un nuevo embate contra las condiciones laborales de la clase obrera, una reforma impositiva en beneficio de la burguesía, todo tipo de subsidios a esta última, y la privatización de los recursos petroleros, mineros y energéticos. En materia de comercio exterior, es partidario de una mayor apertura comercial con Estados Unidos y la Unión Europea. Es también un defensor acérrimo de la dolarización de la economía.

Lasso ha dicho, en relación a los términos de la renegociación de la deuda, que se respetará el pago. El banquero no desconocerá el acuerdo con el FMI, aunque se ha mostrado contrario a aumentar el IVA.

Yaku Pérez (Pachakutik), un referente indígena que fue prefecto de la localidad del Azuay, se ha presentado como proveniente de una izquierda “flexible” y “abierta” que defiende un gobierno basado en el comunitarismo. En el programa de Pachakutik se plantea abiertamente el desconocimiento de la deuda externa ilegítima, empero, viene de plantear la “revisión” del acuerdo fondomonetarista.

Algunas de sus propuestas más destacadas son la prohibición de la actividad minera y el límite a las concesiones para la producción petrolera. Asimismo, plantea un impuesto a las grandes fortunas y grupos capitalistas.

La candidatura de Pérez no se presenta como la candidatura de la rebelión de octubre, sino que adquiere un carácter conciliador. En la inscripción de candidaturas hizo un llamado a deponer los “odios” y las “venganzas” y manifestó su disposición a gobernar para los “18 millones de ecuatorianos”.

Cabe señalar aquí que el banquero Lasso declaró su apoyo a Pérez en caso de un ballotage entre éste y Arauz. No es la primera vez que aparecen estos vínculos: en el ballotage anterior, referentes de la Conaie llamaron a votar por el banquero.

Perspectivas

En rigor, el próximo gobierno deberá operar en un terreno en el cual conviven contradicciones explosivas. Además del endeudamiento al cual está sometido el país andino, más de 2 millones de personas han caído en la pobreza como fruto directo de la política pro patronal (reforma laboral, despidos, privatizaciones, entre otras) de Lenín Moreno. Y el nuevo avance del Covid-19, asimismo, plantea otro escenario de catástrofe sanitaria pues el sistema de salud no ha sido reforzado por el gobierno nacional, ni tampoco impera una política de defensa de las condiciones de vida de la clase obrera.

Los trabajadores y los campesinos, quienes en este último tiempo han desenvuelto valerosas luchas, estarán llamados a intervenir nuevamente.

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05/02/2021

Las amenazas de Estados Unidos contra Rusia

En un discurso brindado en el Departamento de Estado, el presidente norteamericano Joe Biden reclamó a Rusia que libere al referente opositor Alexei Navalny, quien fue detenido recientemente en el aeropuerto de Moscú y condenado a casi tres años de prisión bajo acusaciones de fraude contra empresas.

El gobierno norteamericano responsabiliza al régimen ruso por el envenenamiento sufrido por el bloguero el año pasado. A raíz de su posterior captura, se han desarrollado movilizaciones que fueron reprimidas por el gobierno, con el saldo de miles de detenidos.

En la misma línea que Biden, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, anticipó que el gobierno norteamericano podría aplicar represalias contra Rusia. En el mes de enero, Biden le enrostró al líder ruso Vladimir Putin, en una comunicación telefónica, la influencia de ese país sobre Ucrania, y la presunta injerencia de Moscú en las elecciones norteamericanas de 2016 (a favor de Trump), entre otros puntos.

El gobierno yanqui promete desenvolver una política más agresiva hacia Moscú, a la vez que mantiene el pulso con Beijing. Así lo dijo expresamente Sullivan en su conferencia de prensa: “a diferencia de la administración anterior, tomaremos medidas para que Rusia rinda cuentas por la gama de actividades malignas (sic) que ha llevado a cabo” (Infobae, 4/2).

Las sanciones

Aunque se dice que el expresidente Donald Trump fue condescendiente con Rusia, lo cierto es que dejó en pie las sanciones impuestas por la administración de Obama, como respuesta a la anexión de Crimea en 2014, y aplicó algunas medidas adicionales durante su mandato, como la prohibición de exportar desde EE.UU. a Rusia turbinas para aviones o ciertos productos electrónicos (en 2018) y la prohibición a los bancos estadounidenses de que participen en el mercado primario de deuda soberana rusa (Euronews, 26/8/19).

Las sanciones del imperialismo yanqui y europeo impuestas desde 2014 congelaron bienes en el extranjero de varios funcionarios, y sobre todo, sancionaron a los bancos y dificultaron el acceso a la tecnología para la industria petrolera y gasística. También golpearon al sector de defensa, bloqueando contratos de armas.

Estas medidas tuvieron un severo impacto sobre la economía rusa, que se combina con la caída de los precios del petróleo. En 2019, la economía apenas creció poco más de un 1%, la mitad del período previo. En 2020, ya con la pandemia, el PBI sufrió una fuerte contracción. Para contrarrestar las sanciones, Rusia se recostó más sobre China, que llevó a cabo inversiones en proyectos gasíferos y petroleros, así como el ingreso en empresas de infraestructura. El comercio entre ambas partes creció sustancialmente. Además, suscribió acuerdos de cooperación en defensa con Irán.

Las sanciones también apuntan a beneficiar a las empresas propias. Analizando uno de los paquetes de estas medidas, Ilya Graschenkov, director del Centro de Desarrollo de Políticas Regionales, observó que “permiten a las compañías estadounidenses ser más competitivas en los mercados donde las compañías rusas representan una amenaza para ellas. Se trata de la producción de petróleo, generalmente las industrias productoras" (ídem). Exxon es uno de estos grupos que se habrían visto favorecidos.

La oposición ligada a Navalny plantea abiertamente un endurecimiento de esta política. Uno de los hombres vinculados al referente ruso planteó una nómina de oligarcas ligados a Putin y funcionarios a sancionar, entre los que figura la mayor fortuna privada de Rusia, Roman Abramovich (propietario del Chelsea FC inglés), un hombre que amasó parte de su dinero bajo el gobierno de Boris Yeltsin, comprando a bajo precio empresas públicas. Los seguidores del bloguero ruso también recomiendan sancionar a jefes de compañías estatales.

Navalny expresa a un sector de la clase capitalista más afin al capital extranjero, que promueve un nuevo salto en la restauración burguesa. Por eso, las reivindicaciones sociales no aparecen en sus concentraciones o están en un lugar completamente relegado, concentrando su agitación en la corrupción del elenco oficial (las denuncias sobre el fastuoso palacio de Putin tuvieron gran repercusión).

El gobierno ruso y la crisis

Putin lidera un gobierno bonapartista. Se transformó en el hombre fuerte de Rusia al poner un freno a la desintegración del país, arbitrando en los choques entre oligarcas por el acaparamiento de la propiedad estatal soviética. Se presenta como el garante del orden y la unidad nacional, e incluso de la recuperación de la influencia perdida en el plano exterior (Crimea, Siria, etc.). La reciente reforma constitucional lo habilita a gobernar hasta 2036.

Sin embargo, la crisis lo ha ido erosionando. En buena medida, esto se debe a sus ataques contra las masas. Impuso una reforma jubilatoria que elevó la edad de retiro y los salarios perdieron el 10% de su poder adquisitivo desde 2014, cuando empezó la crisis en Ucrania (La Nación, 2/2).

En septiembre se desarrollarán las elecciones legislativas, en las que la oposición intentará ganar espacios. En esta oposición hay sectores más confrontativos con Putin, como el de Navalny, y otros más benignos con él (los diputados del Partido Comunista se abstuvieron en la votación de la reforma constitucional -El País, 11/3/20). Navalny, quien no se pudo presentar en el comicio anterior debido a las causas judiciales en su contra, postuló la táctica del “voto inteligente”, que consiste en concentrar el voto por el opositor mejor posicionado en cada distrito.

Es necesario hacer emerger en la crisis actual las reivindicaciones de los trabajadores y el desarrollo de una salida revolucionaria y socialista, sin ningún respaldo a la oposición proimperialista.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-regimen-bonapartista-de-putin-la-restauracion-capitalista-y-la-lucha-por-un-partido-revolucionario-de-la-clase-obrera/

 

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03/02/2021

Actos y represión a cinco meses del crimen de las niñas argentinas en Paraguay

Concentración frente al consulado paraguayo en Posadas.

A cinco meses del asesinato de Lilian y María del Carmen Villalba, las dos niñas argentinas asesinadas por las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de Paraguay, se llevaron a cabo concentraciones frente a la embajada del país vecino en Buenos Aires y frente a los consulados en La Plata, Córdoba, Rosario y Posadas. En el caso de la Capital Federal, hubo represión por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal.

Las niñas habían viajado al país vecino el año pasado para conocer a sus padres, militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo guerrillero, pero no pudieron regresar a la Argentina debido a la pandemia de Covid-19. En septiembre, un contingente de la FTC atacó el campamento en que se encontraban, e intentó presentar el asesinato como un enfrentamiento. En realidad, fueron capturadas con vida, torturadas y ejecutadas.

Tras aquel operativo, el presidente Mario Abdo Benítez se apersonó en el lugar para celebrar la acción represiva.

Además de reclamar justicia por las niñas asesinadas, en las concentraciones se denunció la desaparición de Carmen Villalba, “Lichita”, de 14 años, quien logró escapar del operativo militar, pero desde fines de noviembre no se tienen noticias de ella.

“Repudiamos la represión llevada a cabo en la Embajada paraguaya donde distintos activistas, organizaciones políticas y de derechos humanos se manifestaban también por esta causa. La represión demuestra que el gobierno argentino no solamente se encontraba en un estado de pasividad ante el pedido de asilo político de la familia, sino que se coloca como cómplice del gobierno de Mario Abdo Benítez. Llamamos a repudiar tanto el accionar del Estado paraguayo que a través de las FTC mató a las niñas Lilian y María Carmen, así como también la represión del gobierno argentino y de todos los gobiernos de América Latina”, señaló el Partido Obrero de Misiones en un comunicado.

“El gobierno paraguayo está diciendo cualquier cosa para tapar sus atrocidades” (prensaobrera.com)

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03/02/2021

Brasil: reincorporan a “PP”, dirigente histórico del Sindicato de Correos de Minas Gerais

Foto: Nivea Magno

El sindicato de Correos (SINTECT) de Minas Gerais ha estado a la vanguardia de la gran huelga general de los trabajadores del correo de más de un mes contra las políticas privatizadoras y de ataque a las conquistas de los trabajadores. Acaba de obtener un importante triunfo: la reincorporación luego de cinco años de su despido de Pedro Pablo de Abreu Pinheiro, más conocido como PP, uno de los fundadores de este combativo sindicato. Publicamos a continuación la noticia enviada por los compañeros de Luta Pelo Socialismo de Brasil. Congratulaciones por tan importante triunfo.

 

SINTECT / MG gana acción y reinstala el liderazgo histórico del movimiento sindical, fundador del sindicato postal de Minas Gerais

Este lunes 1 de febrero, Pedro Paulo de Abreu Pinheiro, uno de los fundadores del sindicato de trabajadores de Correos de Minas Gerais, fue reintegrado a los trabajadores de correos. Más conocido como Pepê, fue despedido en diciembre de 2015 y luego de una ardua pelea legal, regresa la Compañía de Correos y Telégrafos.

Los líderes sindicales del sindicato de trabajadores postales se reunieron en la puerta de la oficina de correos en la Avenida Afonso Pena y realizaron un acto simbólico a su regreso al trabajo.

Fotos: Nivea Magno

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03/02/2021

El trasfondo del golpe de Estado en Myanmar

Las fuerzas armadas de Myanmar (ex Birmania) destituyeron al comienzo de esta semana a Aung San Suu Kyi, la premio nobel de la paz que había sido reelecta como titular del gobierno en noviembre pasado. Los militares aducen que la elección fue fraudulenta y han detenido a varios dirigentes de la Liga Nacional por la Democracia (LND), a la vez que han instituido un estado de emergencia por un año.

En rechazo al golpe militar, trabajadores de más de 100 hospitales pararon este miércoles. Algunos sindicatos docentes anunciaron una campaña de desobediencia civil. Y cerca de 70 ingenieros que trabajaban en compañías dominadas por las fuerzas armadas renunciaron a sus puestos (Frontier Myanmar, 3/2).

Hasta los comicios de noviembre, el sector castrense y la LND coexistían en el poder. El Ejército reformó la Constitución en 2008, antes de habilitar la apertura que llevó a dicho partido al poder en 2011, reservándose la vicepresidencia, ministerios claves (Interior, Defensa, Asuntos Fronterizos) y un 25% de las bancas parlamentarias.

Pero sobre todo, el gobierno de Suu Kyi y las fuerzas armadas estaban unidos en la promoción de un nacionalismo budista (religión profesada por el grueso de la población) y la persecución de las minorías étnicas. El Ejército y el gobierno se ganaron la reprobación mundial por los crímenes atroces contra los rohingya, de origen musulmán. “Una limpieza étnica de libro”, según admitió la ONU: violaciones en masa, familias enteras quemadas vivas, y cientos de miles desplazados hacia la vecina Bangladesh, es el saldo de esta cacería.

Al mismo tiempo, el gobierno depuesto y los militares entraron en conflicto con las milicias de otras regiones como los Kachin y los Ta'ang. En la base de estas confrontaciones está el intento del Estado de apropiarse las enormes riquezas (oro, cobre, rubíes, etc.) de esos territorios y controlar el tráfico de heroína, en cuya producción el país solo se encuentra por detrás de Afganistán. Militares, políticos y empresarios aparecen involucrados en este negocio (Descifrando la Guerra, 19/5/18).

La ruptura entre los militares y la LND es una aguda lucha de poder. El partido opositor que denunció fraude (Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo) está vinculado al Ejército.

Frente al golpe de Estado, China ha adoptado una actitud cauta, evadiendo toda condena del golpe. Beijing es el principal socio comercial del país y viene impulsando el desarrollo de oleoductos y zonas económicas especiales. El gigante asiático supo cultivar relaciones tanto con el gobierno de la LND, como con los militares y los grupos insurgentes, promoviendo una negociación entre todos ellos, bajo su tutela.

Estados Unidos y las potencias europeas vienen hace tiempo tratando de recortar distancias con China en el país, por lo que han tratado de aumentar su cooperación con las fuerzas armadas, ante las que se presentan como una alternativa para reducir la dependencia de Beijing. Su condena actual al golpe es de una profunda hipocresía.

Myanmar es también una plataforma de trabajo precario para las compañías multinacionales. Funcionan allí alrededor de 400 fábricas textiles con cientos de miles de obreras, que abastecen al mercado europeo en condiciones de superexplotación (jornadas de hasta 14 horas diarias). En los últimos años se han desarrollado intentos de organización gremial, movilizaciones y paros.

La clase obrera puede ser uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno militar.

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02/02/2021

Haití: paro general pide la renuncia de Moïse

La Central Nacional de Trabajadores, el Movimiento Unido de Trabajadores Haitianos y otras organizaciones impulsaron un paro general para los días 1 y 2 de febrero. El acatamiento entre los sindicatos del transporte y docentes fue total, con adhesiones de trabajadores textiles, organizaciones de derechos humanos y la oposición. Su principal consigna es la inmediata renuncia del presidente Jovenel Moïse, quien llegó al cargo en un proceso electoral denunciado como fraudulento, y que en los últimos meses ha empezado a gobernar por decreto, al margen del parlamento. Además, se denuncia una creciente violencia estatal en los últimos meses, donde se registran ataques de paramilitares, secuestros, censuras al periodismo y abusos policiales.

A pesar del decreto que prohíbe las manifestaciones hasta el 15 de febrero, en el sur del país se movilizaron de a miles y, en el norte, se cortaron las principales calles con barricadas. Las masas se preparan para otra enorme jornada de protestas el próximo 7 de febrero, día que -según la oposición- debería concluir el mandato de Moïse.

Moïse no se va y Estados Unidos lo respalda

Aún con estas protestas en su contra, Moïse se niega a entregar la presidencia. En las últimas cadenas nacionales anunció que llevará a cabo un referéndum no vinculante el 25 de abril para reformar la Constitución Nacional. Dicha propuesta permanece en secreto y sólo han trascendido dos artículos: uno para extender su mandato hasta 2022 y otro para que el presidente pueda elegir su gabinete sin ratificación del parlamento (Télam, 7/1). Por otro lado, anunció que habrá comicios legislativos y presidenciales el 21 de noviembre.

Dada la desintegración estatal, la acefalía del parlamento y la convulsión social de las calles, la única manera que Moïse puede continuar en el poder es gracias al apoyo que le brindan Estados Unidos y la “comunidad internacional”. Ahora, también respaldan su extensión en el poder hasta 2022, pero intentan disimular su complicidad golpista denunciando “ataques contra los DDHH a raíz de las protestas” (Europa Press, 19/1). Con este argumento, la OEA y la ONU enviaron representantes para “supervisar” la nueva Constitución y para organizar el referéndum y los próximos comicios (Resumen Latinoamericano, 21/1).

¿Qué pasa con la oposición?

El grueso de la oposición propone conformar un gobierno de transición que dure dos años hasta estabilizar la situación política y reemplazar a Moïse desde el próximo 7 de febrero. Es una línea de preservación del orden social, ante el temor a que la movilización en las calles se salga de control.

Los trabajadores tienen el desafío de levantar una alternativa política propia en la lucha por echar al gobierno de Moïse.

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02/02/2021

Chile: la novedad de la irrupción de los independientes y el desafío planteado

El proceso electoral para la Constituyente.

Hasta último momento, al cumplimiento del plazo de inscripción de listas de candidatos para la Convención Constituyente, asistimos a las negociaciones de los partidos que han gobernado el país en los 30 años que sucedieron a la dictadura de Pinochet. Las discusiones en los distintos bloques estuvieron centradas en torno a lograr alianzas no solo respecto de las listas a convencionales, sino también para las elecciones a gobernadores regionales, alcaldes y concejales que se realizan simultáneamente el mismo 11 de abril. Junto a esta cocina, llevaron adelante un operativo de cooptación de independientes, como un intento de reciclarse y aparecer cercanos a los reclamos que motivaron el estallido de octubre del 2019. Sin embargo, pese al oportunismo, los sectores sociales y políticos que protagonizaron la rebelión se volcaron mayormente a levantar listas independientes, es decir, por fuera de las estructuras partidarias señaladas como responsables de políticas de hundir al pueblo chileno en deudas impagables o la miseria más absoluta.

Cientos de candidaturas independientes a convencionales constituyentes recogieron casi medio millón de patrocinios, sorteando los difíciles obstáculos que la institucionalidad impuso a partir del pacto para sostener el gobierno de Sebastián Piñera que sellaron oficialismo y oposición cuando la revuelta ponía en serio peligro su continuidad. Como se ve, el descontento popular con el régimen y sus partidos ha llevado a un desborde de sus límites a gran escala, lo que es un revulsivo y genera dudas sobre la posibilidad de que la crisis social y política, agudizada por la situación sanitaria que empeora, pueda finalmente ser canalizada por la vía institucional, es decir, a través del abultado cronograma electoral y una Constituyente harto limitada. El cierre de listas a convencionales constituyentes fue el primer paso para los partidos que en definitiva apuntan los cañones a las elecciones presidenciales, pero antes deberán pasar la prueba de las elecciones intermedias, particularmente la de convencionales, y el propio desarrollo de la Constituyente, en un contexto de una crisis económica y social profunda y del descrédito que han acumulado en décadas como representantes de intereses contrarios a la clase trabajadora.

Las listas del régimen

El resultado de la carrera hacia la inscripción de listas dejó a la derecha unida en la lista “Vamos por Chile” integrada por la coalición gobernante Chile Vamos y el ultraconservador Partido Republicano, con la pretensión de hacer pie en el 20% que obtuvo el rechazo en el pasado referéndum. La presentación de una lista unitaria es vista casi como la única “fortaleza” que puede mostrar el oficialismo que, con un presidente con tan solo un 7% de aprobación, se sostiene a fuerza de represión y los servicios que le presta la oposición funcional a que Piñera culmine su mandato. La salida de Ignacio Briones del Ministerio de Hacienda para incorporarse a la carrera presidencial golpea al gobierno que tiene que afrontar el tercer cambio de gabinete en pocas semanas, en una de las áreas más sensibles ya que el país afronta la peor crisis económica en décadas. No solo por la oportunidad la salida de Briones complica al jaqueado gobierno de Piñera, sino porque además deja trunca una de las grandes apuestas de la coalición gobernante, esto es, el proyecto de reforma del sistema de pensiones que viene siendo negociado con los distintos bloques parlamentarios desde hace meses y con Briones fuera del gabinete quedaría en la nada.

Por otro lado, encontramos a la centroizquierda que se presenta dividida en 4 listas. “La lista del apruebo” es el nombre del armado de cara a la Constituyente de integrantes de la ex Concertación, desertores recientes del Frente Amplio (FA) en algunos casos, bajo el comando del Partido Socialista y Democracia Cristiana, es decir, los ejecutores de las políticas neoliberales, sea desde el gobierno, con la Concertación y la Nueva Mayoría, o en su rol de oposición “responsable”, lo que no logra ser ocultado con la incorporación de independientes a sus listas.

La “izquierda”… del sistema

El PC y lo que queda del Frente Amplio terminaron sellando un acuerdo y presentando la lista “Apruebo Dignidad”. El PC no ha dudado en cerrar un acuerdo con una de las fuerzas firmantes del “pacto por la paz social y la nueva constitución”, que fuera pergeñado con el objetivo principal de sostener al asesino Piñera en el poder y rescatar al conjunto régimen social y político. El PC, sin embargo, ya había dado muestras claras de su apoyo a la “paz social” cuando sumió en la parálisis a la CUT, cuya dirección política ostenta. Los restos del FA quedan bajo el comando del PC, principalmente a partir de la decisión de bajar a Beatriz Sánchez de las presidenciales sin presentar otra alternativa, allanando la alianza al servicio de la candidatura de Daniel Jadue. Sin embargo, este bloque, pero en particular el PC, tiene la necesidad de que su candidatura sea refrendada por elecciones primarias. Que efectivamente se trata de una “izquierda” que medra en los marcos del sistema lo revela su contenido programático de cara a la Constituyente, donde las reivindicaciones centrales de la rebelión popular (gratuidad de la educación y la salud, poner fin a las AFP, aumentos de salarios, terminar con la desocupación, etc.) figuran en forma subordinada y difusa. De hecho, en su reciente congreso, el PC reivindica su participación en el gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría y reivindica al gobierno argentino de Alberto Fernández, quien recientemente expresó que con Piñera guarda “más coincidencias que diferencias”. El discurso “antineoliberal” del PC y el FA pretende ocultar su política de rescate de conjunto del régimen capitalista.

Como parte de este pelotón y con planteos programáticos similares, se encuentran las listas del Partido Humanista de Pamela Jiles y del Partido Ecologista Verde, que logró presentar listas en varios distritos. Ambas fuerzas, que mantienen planteos programáticos similares al frente “Apruebo Dignidad” no lo integran por meras diferencias de cargos y candidaturas.

Irrumpen los independientes

La nota política distintiva de la elección de convencionales constituyentes es la irrupción de listas y candidaturas independientes. Aunque los partidos del régimen se lanzaron a la tarea de cooptar luchadorxs y activistas, el rechazo a esta maniobra se plasmó en las cientos de candidaturas levantadas por fuera de las estructuras partidarias y las dificultades que se debían sortear se convirtieron en un factor de movilización que se verificó en todo el país. Así encontramos listas impulsadas por las asambleas territoriales surgidas al calor de la rebelión, listas de los movimientos y organizaciones sociales, de mujeres, disidencias, inmigrantes, estudiantes, de lucha contra las AFP. Estas candidaturas deben diferenciarse de aquellas que bajo el ropaje de “independientes” se mantienen ligados al oficialismo y a grupos empresarios afines o sus fundaciones. En términos generales, estamos ante un fenómeno de ruptura con los esquemas controlados por el régimen, aunque difuso en términos programáticos y en muchos casos limitado a reivindicaciones de carácter parcial.

Además de las candidaturas independientes están las listas de la izquierda que se reclama revolucionaria. El PTR, el Movimiento Anticapitalista y el MST levantan candidaturas en varios distritos, aunque sin lograr constituir un frente único que se plante como un polo de independencia política frente a los partidos del régimen.

La emergencia de las candidaturas independientes confirma que la convención constituyente es percibida por las mayorías populares, que protagonizaron las luchas contra el gobierno y el régimen, como una conquista de la rebelión. Existen, en consecuencia, grandes expectativas de que la participación en la redacción de la nueva Constitución sea la oportunidad para viabilizar las grandes demandas de la rebelión popular. Pero es necesario recordar que estamos frente a una Constituyente con un estrechísimo margen para llevar adelante algo más que cambios cosméticos, ya que fue diseñada para que termine copada por los partidos patronales. La derecha, que fue dividida al plebiscito, ahora se presenta con una lista unitaria. Con un piso en el 20% que obtuvo el rechazo, no queda lejos del tercio necesario para, al menos, alzarse con el poder de veto a las reformas que se planteen. Por otra parte, existe la probabilidad de que la marea de candidaturas y listas de independientes lanzada a la conquista de escaños no lo logre producto de la dispersión y así las expectativas de las masas en el proceso constituyente terminen en una frustración completa.

Es por eso que es fundamental apoyarse en las expectativas populares en la convención, no para promover el inmovilismo sino, por el contrario, para impulsar la movilización obrera y popular sobre la Constituyente, para pelear por salarios y jubilaciones mínimas que cubran el costo de la canasta familiar, por un seguro al parado, por la prohibición de despidos, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar al salario, por acceso universal al derecho a la vivienda, a la salud y la educación, por la nacionalización de todos los recursos estratégicos bajo el control de los trabajadores. Este programa choca con la permanencia de Piñera en el poder, por lo que la lucha por la conquista de estas reivindicaciones le otorga plena vigencia a la consigna “fuera Piñera” en el proceso político en curso.

El desafío

En este escenario, es fundamental abrir un debate para que los independientes politicen el programa de sus listas, avanzando de sus justas reivindicaciones sectoriales a una plataforma nacional con reclamos a favor de una alternativa obrera y socialista, es decir antiimperialista y anticapitalista. Y reagrupar a estos sectores en un frente de acción nacional y eventuales alianzas que potencien la posibilidad de imponer constituyentes. La izquierda que se reclama revolucionaria tiene la responsabilidad de luchar por este desarrollo político y actuar en un frente único, no solo en el terreno electoral sino en el terreno de la acción frente a la acuciante situación económica y social.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-manifestaciones-a-un-ano-de-la-muerte-del-neco-a-manos-de-carabineros/

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02/02/2021

Las manifestaciones en Rusia

Este fin de semana se llevaron a cabo nuevas manifestaciones en reclamo de la liberación de Alexei Navalny, el referente opositor que fue detenido al regresar a Rusia, tras una estancia en Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento que atribuye al régimen de Vladimir Putin.

Las movilizaciones fueron reprimidas y hubo miles de detenciones. En las marchas, se expresó una fuerte indignación contra Putin por las recientes revelaciones del canal de Youtube de Navalny, que mostró el enorme palacio con que cuenta el líder ruso en las orillas del Mar Negro.

Conviene, sin embargo, tener bien claro de entrada quién es Navalny. Empezó militando en el partido ultraliberal Yabloko en el 2000, del que fue expulsado en 2006 por apoyar la llamada “Marcha rusa”, convocada por grupos xenófobos como el Movimiento contra la Inmigración Ilegal. En 2007 fundó el Movimiento Nacional para la Liberación Rusa, que planteaba “poner freno a la degradación de la civilización rusa y crear las condiciones para la preservación y el desarrollo del pueblo ruso, su cultura, su idioma y su territorio histórico”. Entre varias expresiones xenófobas, comparó a los inmigrantes del Cáucaso con cucarachas a exterminar (Sin Permiso, 1/4/17).

Aunque con el paso de los años fue moderando su discurso, por cálculos electorales, su planteo sigue siendo una mezcla de liberalismo y nacionalismo reaccionario. En las elecciones de 2017 fue candidato del Partido Republicano de Rusia – Partido de la Libertad del Pueblo, una formación política liderada por funcionarios del gobierno de Boris Yeltsin, que encabezó la primera gran oleada de la restauración capitalista en el país. Su programa de ese año planteaba, por ejemplo, “que la financiación de las escuelas se distribuya según el rendimiento de sus alumnos” (ídem).

Navalny dirige una Fundación Anticorrupción, desde la que ha sabido valerse de las denuncias sobre las fechorías del gobierno ruso y de parte de la oligarquía dominante para posicionarse políticamente. En los últimos comicios no pudo ser candidato debido a múltiples causas judiciales por malversación de fondos y fraude, que según él son una fabricación del gobierno. De todos modos, impulsó la táctica del “voto inteligente”, que consiste en concentrar el voto opositor en el candidato mejor posicionado frente al candidato del oficialismo (Rusia Unida), una táctica que le dio réditos a la oposición en algunos distritos de Moscú.

Tanto la Unión Europea (UE) como Estados Unidos han expresado su preocupación por la situación de Navalny. En el caso de la UE, no descarta la aplicación de nuevas sanciones. Esto se debe a que Navalny forma parte del elenco político que promueve un salto en la restauración capitalista, que beneficiaría al imperialismo.

Las manifestaciones se producen en un momento difícil para Putin. Si bien logró imponer vía referéndum una reforma constitucional que lo habilita para gobernar hasta 2036, el país sufre el impacto sanitario y económico de la pandemia. A la vez, la economía es fuertemente dependiente del gas y el petróleo, por lo que se ve sometida a los vaivenes de los precios de estos commodities, que el año pasado se derrumbaron. A esto se suma el efecto de las sanciones internacionales.

Putin intenta transferir los costos de la crisis sobre las masas. El gobierno ha ido aplicando ajustes en salud, educación y -el golpe mayor- una reforma jubilatoria que subió la edad de retiro. La represión y supresión de libertades democráticas es un complemento de esa política.

Es necesario hacer emerger las reivindicaciones de los trabajadores y desarrollar una oposición revolucionaria y de izquierda a Putin, sin ningún apoyo a la oposición proimperialista.

El régimen bonapartista de Putin, la restauración capitalista y la lucha por un partido revolucionario de la clase obrera (prensaobrera.com)

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01/02/2021

Biocombustibles, la disputa que enfrenta a las petroleras con los agronegocios

La frazada corta de un gobierno subordinado al FMI y el repago de la deuda externa.

El nuevo aumento de los combustibles, el octavo desde agosto, sacó a relucir una disputa que muestra las contradicciones de la política económica del gobierno nacional, porque responde a la actualización de los precios de los biocombustibles. Esto cuando el Congreso se ha convertido en un campo de batalla entre el lobby que busca prorrogar los incentivos al sector y otro que pretende abolirlos.

La negativa del bloque oficialista de incluir en las sesiones especiales la prórroga a la ley de biocombustibles ha creado una crisis con el Interbloque Federal, que reclama su inmediato tratamiento, al cual se suman diputados que responden a las patronales de sus provincias antes que a sus propios partidos. A pesar de que la ley ya tiene media sanción del Senado, se ha dilatado su tratamiento en Diputados y si no se sanciona hasta el mes de mayo podría tener consecuencias directas en un negocio que se estima en torno a los 1.000 millones de dólares.

La cuestión enfrenta a dos sectores empresariales de los pesos pesados, los pulpos petroleros con el gran capital agrario, en torno al porcentaje de corte (que debe incluirse en las mezclas de naftas y gasoil) y los precios de los biocombustibles. Se enmarca a su vez en la crisis que atraviesa YPF, y más profundamente en la crisis capitalista mundial que golpea de lleno la industria de los hidrocarburos aún en los países imperialistas.

Todos quieren un pedazo de la torta

Al día de hoy existe la obligatoriedad para las petroleras de mezclar las naftas y el diésel con un 12% y el 10% de bioetanol y biodiésel respectivamente. Las petroleras no han respetado estos cortes en los últimos meses, reduciendo drásticamente los del diésel a alrededor de un 7%. Esto despertó las quejas de los productores de biodiésel de la zona centro del país. Los cortes del etanol provenientes de la caña de azúcar se redujeron en porcentajes menores, pero lo suficiente para tener inquietos a los ingenios azucareros del norte.

Otro factor que afectó al sector fueron las restricciones que impuso el gobierno de Donald Trump para las exportaciones a Estados Unidos, fijando aranceles del 130% al biodiésel argentino. Ahora los productores locales están esperanzados con que el nuevo presidente Joe Biden permita retomar la exportación a ese mercado gigantesco, pero es una expectativa que tiene poco asidero porque la nueva administración no parece estar dispuesta a cambiar de fondo la política de comercio exterior que apunta a recomponer la primacía del imperialismo yanqui.

Las petroleras alegan que los combustibles de origen vegetal (cuyos precios están regulados) son más caros que los hidrocarburos, y esos mayores costos no son libremente trasladados al precio en surtidor porque el Estado fija una pauta a partir de YPF, que concentra el 60% del mercado de expendio. Es decir que quita una porción del mercado a las petroleras y se lo entrega a los ingenios y cerealeras que ya cuentan con 54 plantas industriales funcionando en todo el país.

https://prensaobrera.com/politicas/ypf-testimonio-del-quebranto-nacional/

A principios de este año el gobierno actualizó el precio de los biocombustibles otorgando aumentos de hasta el 90%, una concesión a las cerealeras que lo venían reclamando desde principios de la pandemia. Esto reavivó la presión de las petroleras para aumentar los naftas y gasoil, lo cual fue concedido con el gobierno desde la segunda mitad de 2020 -desde entonces los naftazos mensuales le ganan a la inflación, y la incentivan. Ahora, cuando el gobierno desespera por evitar que se fuguen divisas por la importación de gan en el próximo invierno y otorga subsidios millonarios para revertir la declinación de la producción en Vaca Muerta. Este lobby cruzado pone en jaque al gobierno y mantiene trabada la cuestión.

Este episodio grafica la contradicción entre los incentivos al mayor complejo exportador del país cuando el gobierno de Alberto Fernández ha atado su suerte a los dólares que ingresen por la exportación agraria, con los estímulos ofrendados a los pulpos petroleros para revertir un déficit energético que puede consumir las exiguas reservas internacionales. Es el síndrome de la frazada corta, tironeada entre grandes empresas con fuerte incidencia de capital extranjero.

Los platos rotos se cobran a los trabajadores

La factura de la crisis se traslada a los trabajadores, con aumentos de los precios de los combustibles en surtidor -lo que acicatea la aceleración inflacionaria-, y con despidos y suspensiones en ambas industrias. Un ejemplo lo tenemos en el sector azucarero.

En este cuadro, el secretario general de Fotia y legislador oficialista de Tucumán, Roberto Palina, salió presuroso a defender los interés de las patronales azucareras. Se queja de que no se haya prorrogado la ley y habla de la importancia económica de la actividad para el norte del país. Nada dice de la pérdida que sufrieron los trabajadores ante la paritaria firmada el año pasado, donde los trabajadores quedaron 10 puntos por debajo de la inflación, ni de la creciente precarización laboral en los ingenios donde cada vez son menos los trabajadores permanentes, los cuales son suplantados año tras año por temporarios o contratistas fantasma que luego desaparecen.

La industria petrolera en general, y la argentina en particular, se encuentra en una profunda crisis. La caída de los precios internacionales del petróleo dejaron a pulpos norteamericanos del fracking al filo de la quiebra, o efectivamente en extinción, por los mayores costos de producción. Esta inviabilidad vale más aún para Vaca Muerta, cuyos costos son mayores. El gobierno afronta la contradicción de subsidiar la producción petrolera cuando la promete al FMI una fuerte reducción del déficit.

Son las contradicciones de regir la economía en base a un rumbo fondomonetarista de repago de la deuda externa. Una política energética debe orientarse en función de las necesidades de los trabajadores y empezar por la nacionalización sin indemnización de la industria energética, bajo control obrero. La nacionalización del comercio exterior es otra medida fundamental para reorganizar la vida productiva del país sin ser rehenes de las presiones patronales hacia uno u otro lado. En definitiva, para zanjar estas contradicciones hace falta un plan económico bajo la dirección de la clase obrera.

https://prensaobrera.com/politicas/las-paradojas-de-un-gobierno-sin-salud-ni-economia/

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01/02/2021

Brasil: ¿el PT golpista?

Reemplazar a Bolsonaro por el general Mourao.

José Dirceu, que fuera jefe de gabinete bajo la presidencia de Lula y es hoy uno de los ideólogos del PT, ha hecho claras declaraciones en un extenso artículo (Poder 360, 19/1).

Dirceu comienza planteando “¿Qué hacer?”. Pero no se trata de un plagio del célebre libro de Lenin de 1902. El revolucionario ruso dirigía este interrogante a la vanguardia obrera.

En cambio, Dirceu se encarga de aclararnos que él pretende con esta “pregunta clásica… iluminar decisiones de partidos y dirigentes, dirigentes militares y empresarios, dirigentes sindicales y populares…”.

Quiere convencer a la burguesía y a los militares brasileros de que hace falta sacarlo a Bolsonaro del poder.

“La tarea principal hoy es el juicio político a Bolsonaro, mientras se prioriza la lucha contra la pandemia”, afirma Dirceu y para ello se propone convencer a los grandes capitalistas y a los empresarios que el Estado corre el peligro de un colapso y revuelta popular (“Cuanto más tiempo Bolsonaro y su camarilla permanezcan en el poder, mayor será el colapso del país y los riesgos de colapso económico y agitación social”). En su afán por convencer a monopolios y militares de las ventajas de desplazar a Bolsonaro, Dirceu señala también el “creciente aislamiento internacional del país y la pérdida total de credibilidad, incluso en los llamados mercados, del capital financiero bancario”. Ni siquiera es una alternativa “antineoliberal”, sino de convergencia con el “capital financiero bancario”, como lo fueron los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.

Dirceu señala que la vía para habilitar “la aprobación del juicio político requerirá una composición con el centro-derecha e incluso la derecha porque somos una minoría en el Parlamento”. Esta “estrategia” del PT es lo que está en la base de su apoyo ahora a Baleia Rossi, el candidato derechista, para la presidencia del parlamento.

El “movimiento de masas” debería intervenir encuadrado en el apoyo a esta perspectiva. No se podría impulsar un movimiento de lucha por echar a Bolsonaro y todo su gobierno porque sería abrir el camino “al colapso del Estado y a la revuelta popular”. El PT se coloca abiertamente como partido del orden contra la lucha obrera y popular.

Encerrado en marcos constitucionalistas, el eventual juicio político que propugna Dirceu, sería solo para desplazar a Bolsonaro de la presidencia. Porque lo sucedería el vicepresidente, el general Hamilton Mourao. Esto no es solo una deducción lógica, sino que está explícitamente desarrollado en la posición de Dirceu: “Es cierto que su adjunto es un general y de derecha. Pero su gobierno, si asume el poder, no será una continuación de Bolsonaro, ya que no habrá condiciones políticas para eso”.

Abajo Bolsonaro, arriba el general de derecha Mourao: esa es la estrategia del PT.

Dirceu va a fondo en su papel de presentarse como un partido del orden contra la ultraderecha de Bolsonaro y las eventuales revueltas populares. Es un cheque garantizado que le tira a las Fuerzas Armadas.

Este es el Qué Hacer que propone Dirceu a los sectores capitalistas que aún “defendiendo sus privilegios e intereses, anclados en la política económica neoliberal, buscan una salida a la derecha sin Bolsonaro”.

“La pregunta que hay que hacerse es cuánto tiempo van a vivir los militares con Bolsonaro y cómo hará una transición nuestra élite, hasta las elecciones del 22”, remata el portavoz del PT. Pocas veces se ha visto en la historia del oportunismo una formulación defensora del orden burgués y contrarrevolucionaria más clara que la que plantea Dirceu.

El Qué Hacer para los trabajadores, campesinos y explotados pasa por otra perspectiva radicalmente diferente: fuera Bolsonaro, Mourao y todo el régimen bolsonarista. ¡Que se vayan todos! Huelga general para imponer las reivindicaciones de las masas y antiimperialistas. Independencia política de los trabajadores. El PT y sus burocracias son un pilar del orden burgués. La clase obrera necesita crear su propio partido obrero independiente para luchar por un gobierno obrero y de los trabajadores.

https://prensaobrera.com/internacionales/brasil-la-catastrofe-que-amenaza-a-las-masas-trabajadoras/

 

 

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Un frente electoralista con la derecha no la detendrá.
Enviado desde Río de Janeiro
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Paulo Sergio, de Tribuna Classista (Brasil)
01/02/2021

Brasil: la catástrofe que amenaza a las masas trabajadoras

Un frente electoralista con la derecha no la detendrá.

La llamada “catástrofe de Manaos”, donde el sistema de salud colapsó por completo, probablemente haya significado un salto en la crisis política y en la evolución de la conciencia popular. La falta de tubos de oxígeno en la capital del Amazonas provocó la muerte de numerosos infectados por el coronavirus. Había más de 500 pacientes esperando se “desocupara” una cama y/o un tubo de oxígeno. Gran parte de ellos murieron en los pasillos de espera o en sus domicilios donde fueron reenviados. A algunos se logró evacuarlos a otros estados.

15 días antes, autoridades médicas de la zona, habían alertado sobre la inminencia de esta catástrofe. Sin embargo, el gobierno de Bolsonaro nada hizo al respecto. Hubo que apelar incluso a la solidaridad internacional (hasta la vilipendiada –por Bolsonaro- Venezuela envió un cargamento de tubos de oxígeno). Esto sumado al tardío inicio y la falta de preparación para una campaña de vacunación masiva y al abandono, desde inicios del año, del pago del subsidio a los sin trabajo de 600 reales mensuales, se graficó en una caída de 10 puntos en la imagen positiva de Bolsonaro. El fascistoide presidente no solo ha sido y es criminalmente ineficiente sino que se ha jactado por su oposición anticientífica y reaccionaria a la vacunación contra la pandemia. (pero ahora estaría autorizando a que las vacunas puedan ser compradas en forma privada: vacunas para ricos, sí; para el pueblo trabajador, no).

Este fuerte aumento en la ira popular está siendo contenido por los llamados partidos opositores que se reclaman de centroizquierda (PT, PCdoB, etc.) y las burocracias sindicales que responden y se subordinan a ellos. Han organizado, el pasado sábado 23, “caravanas” de vehículos bajo las consignas “fuera Bolsonaro”, “vacunación masiva YA”. Las que tuvieron trascendencia en casi todo el país. (Al día siguiente, el domingo 24, hizo lo mismo la derecha que se opone a Bolsonaro).

La burocracia de la central obrera (CUT) justificó este “método de lucha” por la pandemia que plantea la precaución de no realizar concentraciones masivas. Pero… el paro general de los trabajadores no tiene ese peligro. Por el contrario, preserva las aglomeraciones en un transporte parado y en los lugares de trabajo vaciados por una huelga. Para el movimiento obrero y popular no se trata solo –como si fuera poco- de la emergencia sanitaria con el coronavirus, sino de la masacre social que se está ejecutando. La Ford y la Mercedes Benz han anunciado el cierre de sus plantas en Brasil, dejando decenas de miles de trabajadores en la calle. Hay presiones patronales y gubernamentales por miles de “retiros voluntarios” (despidos encubiertos). La huelga general por tiempo indeterminado que vienen llevando adelante los trabajadores municipales de Florianópolis contra los despidos, tercerizaciones y privatización en la recolección de residuos, ha sido amenazada con la militarización directa y el allanamiento de los locales sindicales.

Subordinación a la burguesía y parálisis del movimiento obrero

Toda la política burguesa se ha concentrado ahora en la próxima elección por los diputados y senadores de sus respectivos presidentes de Cámara. La centroizquierda es partidaria de un “frente amplio”, también llamado “democrático”, para votar en la Cámara de Diputados a Baleia Rossi del viejo partido derechista MDB, que es el candidato de Rodrigo Maia. Este es el actual presidente de la Cámara, líder de la derecha no directamente bolsonarista, pero que hizo un frente común con Bolsonaro para imponer todas las leyes antiobreras (reforma previsional, etc.) y entreguistas (avances en la privatización del Correo, Petrobras, etc.). Esta coalición entre la derecha y la centroizquierda se enfrentaría al candidato directo de Bolsonaro, Arthur Lira. En el Senado, en cambio, todos votarían directamente por Rodrigo Pacheco que es del ala bolsonarista (pero que –según versiones- les prometió al PT y a los centroizquierdistas que no iba a habilitar políticas fascistizantes). La bancada del PT se dividió, pero por votación interna mayoritaria resolvió apoyar al derechista Baleia Rossi. El PSOL también se dividió en partes iguales (5 por apoyar y 5 en contra). La dirección del PSOL terminó laudando: va a presentar un candidato propio para la primera ronda: Luiza Erundina de la derecha participacionista del PSOL. Esta presentación tendría un carácter no principista, sino pseudo testimonial, para conformar a los disidentes. Porque en la segunda vuelta de la elección en la Cámara apoyaría al candidato derechista no bolsonarista. Erundina no es ninguna progresista, fue ministra de un gobierno de derecha (lo que le valió la expulsión del PT en la década del 90) y alcaldesa de San Pablo donde actúo como gendarme represora de una gran huelga de los choferes. Presentó una “plataforma” pseudo progresista que es puro bla-bla. En el capítulo de los derechos de la mujer afirma que impulsará leyes por la paridad en los cargos legislativos pero… no dice una palabra sobre el derecho al aborto.

Esta elección que subordina todo el movimiento de lucha obrero y popular al voto de unos 600 diputados y senadores estaría planteada como un paso intermedio para poner en marcha un impeachment (juicio político) para destituir a Bolsonaro. El propio presidente señaló cínica y provocadoramente que han entrado más de 60 pedidos de juicio político contra él en el parlamento, pero que han sido sistemáticamente cajoneados. Y advirtió que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, amenazando con un golpe en caso de progresar esto. Probablemente, con o sin presidente de la derecha en la Cámara, el juicio político no progrese, toda vez que la burguesía mayoritariamente quiere que siga avanzando el plan antiobrero y privatizador y no ir a un choque con el peligro de división en las Fuerzas Armadas. La oposición derechista y centroizquierdista sabe esto, su persistencia sería solo una bandera de agitación con vista a acumular fuerza hacia la elección presidencial de fines del 2022. El cierre de este capítulo de pseudo “lucha” parlamentaria les servirá para plantear la necesidad de formar un frente amplio antibolsonarista bajo la consigna de… hay elecciones en el 2022.

¡De ahí es de donde sacan su “fuerza” Bolsonaro, Guedes y compañía!

Hace pocos días se realizo un Plenario Nacional convocado por los frentes Brasil Popular y Povo Sem Medo, subsidiarios del PT de Lula, donde Boulos fue uno de sus convocantes y voceros. Allí se acordó buscar “consensos” para poner en marcha un “frente amplio” antibolsonaro incluyendo a sectores derechistas y seguir con “planes de lucha” sui generis (bicicleteadas, etc.). La presencia y adhesión de dirigentes sindicales de la CUT indica la traición de esta dirección a la base obrera de los sindicatos y el esfuerzo que realiza para frenar las luchas de los trabajadores y colocar a estos a remolque de alianzas derechistas y antiobreras para las elecciones del 2022.

El problema es cómo superar la losa de la burocracia sindical de la CUT y de los sindicatos que renuncian a organizar una intervención independiente de los trabajadores y se subordinan a las maniobras derechistas de la centroizquierda del PT, PCdoB y del PSOL. Pretenden que las masas se resignen a perder más y más conquistas y condiciones de vida, a la espera que en las elecciones del 2022 el triunfo de un gobierno antibolsonarista las recuperaría sin lucha. El problema, por el contrario, es que la clase obrera y los explotados pasen a la acción directa en defensa de sus derechos y sus vidas. Reclamar que la CUT y los sindicatos rompan su parálisis y colaboración de clases con los gobiernos, partidos y patronales y pasen a organizar planes de lucha por las perentorias reivindicaciones de masas. Expulsar a las burocracias antiobreras y recuperar los sindicatos.

Preparar encuentros de sectores combativos y antiburocráticos, incluso para motorizar el apoyo a los sectores en lucha (municipales, etc.) puede ser un punto de encuentro y coordinación positivos.

https://prensaobrera.com/internacionales/brasil-el-pt-golpista/

 

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Organizar una alternativa independiente, de lucha antiimperialista y por las reivindicaciones de las masas.
La Policía Federal Brasileña acusó este jueves a 37 personas, entre las cuales se encuentran el expresidente Jair Bolsonaro y algunos de sus exministros, de intentar avanzar en un golpe de Estado en enero de 2023.
31/01/2021
NEUQUEN

Cutral Có - Plaza Huincul: importante convocatoria de padres y docentes sobre ruta 22

Reclaman escuelas en condiciones y cobertura de vacantes.

Integrantes por la minoría de la Comisión Directiva de Aten Cutral Có-Plaza Huincul.

El pasado viernes 29 de enero, a partir de la convocatoria realizada por padres y docentes de una escuela técnica, se realizó una concentración sobre la ruta nacional 22 a la altura de la llamada Torre de YPF, emblemático lugar de las puebladas.

De la convocatoria participaron padres, alumnos, auxiliares de servicio, trabajadores y trabajadoras de la educación y la representación por minoría de la comisión directiva de la seccional de Aten Cutral Có - Plaza Huincul. Aunque una parte de padres ligados al MPN pretendían colocar el reclamo como parte de la disputa que tienen con el municipio de Cutral Có y la polémica instalada sobre el mantenimiento de escuelas, los reclamos empalman con un planteo genuino.

La jornada de protesta coincidió con la presencia del ministro Nicolás Trotta en la provincia de Neuquén, quien, junto al gobernador Omar Gutiérrez (MPN), detallaron la intención de volver a la presencialidad a como dé lugar en el marco de una segunda ola de Covid-19 sin los resguardos necesarios para evitar contagios, a pesar de lo cual el ministro nacional declaró que “la vacunación de la docencia no es condición indispensable” para el regreso a la presencialidad.

Con instituciones cuya infraestructura tiene años de abandono, sin la subasta de horas y cargos vacantes y sin aumento salarial desde hace un año, con una inflación del 36% en el 2020 y una proyección del 50% para el 2021, la visita de Trotta respaldó la política del MPN.

En la concentración se desarrolló un intenso debate de una hora y media, respecto a los responsables de la situación. Entonces se concluyó en profundizar las acciones y conquistar el conjunto de la comunidad educativa para movilizar al Distrito Educativo y entregar los puntos reclamados, así como otros puntos como medidas para un verdadero Protocolo de bioseguridad. Se decidió ir el día martes 2 de febrero a las 10 hs hacia el Distrito con un documento elaborado por padres, docentes y la minoría de Aten Cutral Có - Plaza Huincul con todas las reivindicaciones.

Es necesaria la participación del conjunto de la comunidad educativa para que esta lucha progrese, ya que sin salario y sin protocolo no hay vuelta a la presencialidad.

31/01/2021

Irlanda: un informe revela la muerte de 9 mil niños en hogares de la Iglesia Católica

Entre 1920 y 1990.

La Iglesia Católica y el gobierno de Irlanda piden ser disculpados luego de que una investigación, publicada a comienzos de enero, pusiera en evidencia los abusos cometidos en orfanatos y una red de hogares para madres solteras.

El informe en cuestión señala que murieron alrededor de 9.000 niñes en total, es decir un 15% de los infantes que se encontraban en esos hogares entre las décadas de 1920 y 1990. Además, se conoció que eran arrojados en fosas comunes sin ningún tipo de identificación. Las jóvenes embarazadas fueron ocultadas a la sociedad, también obligadas a parir en soledad, sin ningún tipo de medicamentos y por si fuera poco, los bebés que sobrevivían eran arrebatados de sus madres y enviados al extranjero para su adopción.

El reporte oficial se conoció recién este año, demostrando mucho más el encubrimiento que existió y existe hasta la actualidad de parte de la Iglesia en complicidad con el gobierno.

Las sobrevivientes han señalado que los bebés eran maltratados ya que manchaban la reputación de una Irlanda devota y religiosa.

En Irlanda, la poderosa Iglesia Católica ha ido perdiendo influencia a medida que las verdades oscuras de sus instituciones empezaron a salir a la luz. Fue así como en el país se empezó a dar un largo proceso de secularización en las últimas décadas, repudiando las acciones truculentas del clero.

Si bien existe una gran parte de su población que sigue siendo muy religiosa y conservadora, no puede pasar desapercibido que Irlanda, en el año 2015, haya sido el primer país en legalizar el matrimonio igualitario por medio de un referéndum (60 por ciento de los votos a favor). En 2018, además, se legalizó el aborto tras un referéndum en que votó a favor más del 67% de los participantes.

El gobierno reconoció, en palabras del ministro de la Inflancia, Roderic O'Gorman, que "el informe deja claro que durante decenios, Irlanda tuvo una cultura asfixiante, opresiva y brutalmente misógina, en la que la estigmatización generalizada de las madres solteras y sus hijos robaba a esas personas su independencia y, a veces, su futuro" (Infobae, 13/1).

Por otro lado, el primer ministro, Micheál Martin, con una declaración, salió a pedir disculpas y a la vez a culpar a la sociedad irlandesa de ese momento. De este modo, desvía la verdadera culpabilidad y responsabilidad del clero que manejaba esos hogares.

La lucha contra la injerencia de las instituciones religiosas en la sociedad es algo que traspasa fronteras. Es importante que las masas puedan denunciar y dar una batalla para garantizar la separación de la iglesia y el Estado y para acabar con la opresión de estas instituciones que en la actualidad no hacen más que ser cómplices de las miserias que impone este sistema capitalista.

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Fue condenado a 25 años de prisión por siete casos de abuso, pero la Corte Suprema dictaminó en julio de 2025 que los hechos habían prescrito.
En la primera cumbre internacional de Ending Clergy Abuse.
Por Hernán Rausch, denunciante de Justo José Ilarraz.
Había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión.
En el acto participaron Alberto Sileoni, director de Cultura y Educación, y el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara.

Texto del “Freedom Socialist Party” en solidaridad con Arakaki y Ruiz

La organización norteamericana se pronunció por la absolución de los compañeros.

Cesar Arakaki y Daniel Ruiz

A continuación, compartimos un texto del Freedom Socialist Party (Partido Socialista de la Libertad) de Estados Unidos, dirigido a Javier Ríos, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3, en solidaridad con César Arakaki y Daniel Ruiz, quienes han sido enjuiciados por participar de la gigantesca movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo, que fue aprobada con el voto de diputados del PJ. Recientemente, se pronunciaron también por el tema los portuarios de la costa Oeste norteamericana. También abogados y el grupo Democracia Socialista de Puerto Rico.

Escribo para protestar por el acoso legal de Daniel Ruiz y César Arakaki. Está claro que los cargos de intimidación política contra estos dos activistas tienen como objetivo criminalizar la protesta y silenciar a los militantes políticos.

Cuando un gobierno implementa medidas de austeridad que amenazan las pensiones de los trabajadores jubilados, los defensores de la justicia social tienen el derecho y el deber de organizarse y ejercer presión política para revertir el terrible daño causado. Ésta es la expectativa en un país que pretende ser una democracia. Cuando se niega el derecho a protestar, una sociedad se convierte en nada más que un estado policial.

Nuestro partido de militantes políticos en Estados Unidos trabaja con un amplio segmento de organizaciones para defender el derecho a disentir, a reunirse en protesta, tanto aquí como a nivel internacional. Nos solidarizamos con Ruiz y Arakaki y exigimos que sean absueltos de los cargos en su contra.

Sinceramente,

Bob Price

San Francisco Bay Area Organizer

Freedom Socialist Party

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Domingo 30 de noviembre, 17hs, en el Paraje Artesón
Se realizó una función en la Biblioteca Popular Sarmiento.
Jubilarse, ¿beneficio o condena?
Lo responsabiliza del "quiebre" del gobierno de Macri, y destacada lo "positivo" para César de ir a prisión.
En fallo dividido se resolvió bajar la pena originalmente impuesta de 3 años y 4 meses a 3 años, pero de cumplimiento efectivo. 
La Cámara de Casación debe resolver sobre la omisión del Tribunal a la resolución de atenuar los montos de la pena fijada.

12 años de la desaparición de Luciano Arruga

La familia realiza una transmisión radial desde las 15hs.

Este domingo 31 de enero se cumplen 12 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Arruga, oriundo de Lomas del Mirador, La Matanza. Los familiares y amigos del joven realizarán una transmisión radial a las 15 hs., desde el el Espacio Luciano Arruga, ex destacamento de Lomas del Mirador, por Radio Zona Libre http://radiozonalibre.blogspot.com/ , para darle continuidad a la lucha por verdad y justicia. Por razones sanitarias, no se hace una convocatoria física.

El principal reclamo de la familia es el impulso de la causa federal que investiga su desaparición y asesinato. A 12 años, aún está en etapa de instrucción y se encuentra paralizada. También se exige que avance el jury de enjuiciamiento, pedido para los funcionarios judiciales que actuaron irregularmente en el caso. Este pedido se definirá en el próximo mes de febrero.

Arruga desapareció el 31 de enero de 2009, luego de ser detenido por la Policía Bonaerense. Su familia denunció inmediatamente su ausencia y el hostigamiento policial que padecía. E inició un camino de búsqueda de la verdad y enfrentamiento con diversos funcionarios gubernamentales, judiciales y policiales, que obstaculizaron la investigación.

Luego de muchas marchas, movilizaciones, actos, nuevas denuncias y hasta amenazas, en 2014 encontraron su cuerpo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Según la investigación, lo habrían atropellado la misma noche de su desaparición, internado y operado en el Santojanni, donde falleció. Las circunstancias aún no son claras.

La investigación

Aunque en 2015 se llevó a cabo el juicio donde el policía Julio Diego Torales fue condenado a diez años de prisión por torturar al chico durante una aprehensión previa en 2008, sigue sin haber justicia por la desaparición y por la cadena de accionares irregulares y complicidades de los funcionarios en los que recayó el caso. Estos fueron acusados por la pérdida de pruebas irrecuperables en la investigación, de mantener actuando a la misma policía denunciada y de perseguir a la familia con escuchas.

Además de reclamar impulso de la causa federal que investiga su desaparición y asesinato, los familiares exigen el enjuiciamiento de las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martin, junto con el juez Gustavo Banco, que está en la etapa de acusación.

Si bien la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y la Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense podían asumir también el rol de acusadores a las fiscales y el juez, los dos organismos públicos decidieron no hacerlo. Además, se exigió a la familia una fianza de $250.000, que la familia pidió que se deje sin efecto por la imposibilidad de pagar, además de lo inaceptable de la exigencia para un proceso como ese. Sin embargo, debió acreditar la insuficiencia económica para que, en abril de 2020, el Jurado estableciera fijar una cifra en $50.000 a cargo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). En febrero de este año, el Jurado va a tener que pronunciarse sobre la admisibilidad de la acusación, y decidir si habrá audiencia o la causa se archiva.

Como se observa, el poder político, judicial, y policial sigue propiciando la impunidad del caso y violentando a la familia de Luciano con tales medidas.

La familia de Arruga, ante el rol del Estado, principal responsable de la desaparición y muerte del joven; y ante el posterior entorpecimiento de la investigación y encubrimiento de policías y funcionarios judiciales, tomó la decisión de empujar la causa y continuar la denuncia en soledad. Decidió sostener la acusación incluso aunque deba afrontar las costas del proceso.

Cabe destacar que la continuidad de esta lucha ha sido posible por la movilización de familiares y amigos de Luciano, apoyados en todos estos años por diversos organismos de derechos humanos, partidos de izquierda, organizaciones antiburocráticas como el Suteba Matanza, entre otros. En ningún momento han dejado de acompañar este reclamo.

La represión como respuesta a la crisis

Al inicio de la cuarentena, el gobierno nacional y provincial introdujeron mayor cantidad de fuerzas de seguridad, en las calles y en los barrios, sobre todo del conurbano bonaerense, con el pretexto de hacer cumplir el aislamiento obligatorio. Durante todo el 2020, hemos visto avanzar el reforzamiento del aparato represivo en nuestro país, sobre todo en el Gran Buenos Aires.

El gobierno tiene puestas sus prioridades presupuestarias en el pago de la deuda usuraria e ilegal y en el reforzamiento del aparato de seguridad. En este sentido, Alberto Fernández ha aumentado un 30% las partidas para los servicios de inteligencia, y el gobierno provincial de Axel Kicillof sostiene a su ministro de seguridad Sergio Berni, con su política de mano dura y apoyo al accionar represivo de la descompuesta Policía Bonaerense. Otorga incrementos salariales a la policía y el servicio penitenciario que no ha dado a los trabajadores estatales, docentes y de la salud. Y cerca de fin de año presentó (junto al jefe de Gabinete, Mario Cafiero) el “Programa Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires”. Este plan establece una inversión de millones en equipamiento, armas y fondos para la policía provincial.

El caso de Luciano es un caso emblemático de las víctimas del gatillo fácil. En él se ven reflejados los de muchos otros jóvenes de la clase trabajadora, que en diversos barrios del conurbano bonaerense se ven estigmatizados por su origen social. Hostigados, perseguidos, y en algunos casos, presionados para delinquir en complicidad y beneficio de la propia policía.

Por eso otro año más acompañamos la búsqueda de verdad y justicia por Luciano Arruga, y por todos los jóvenes de la clase trabajadora que sufren los embates de un sistema capitalista opresor, explotador, que los mata, persigue, estigmatiza, y les niega cualquier posibilidad de crecimiento y desarrollo.

A 12 años de su desaparición y muerte, nos solidarizamos con los amigos y familiares de Luciano, que vienen luchando por justicia y contra la impunidad, contra el aparato descompuesto de la Policía Bonaerense y todos los gobiernos de turno.

¡Basta de gatillo fácil! ¡Desmantelamiento del aparato represivo! ¡Fuera la policía de nuestros barrios!

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29/01/2021

Chile: manifestaciones a un año de la muerte del “Neco” por parte de Carabineros

Hincha del Colo Colo, arrollado por un vehículo de la fuerza represiva.

El 28 de enero se cumplió un año del asesinato en manos de Carabineros del hincha del Colo Colo, Jorge Mora Herrera, conocido por familiares, amigos y vecinos del barrio como “Neco”. El aniversario fue conmemorado con diversas actividades que incluyeron intervenciones en varias estaciones del metro, una marcha central y barricadas en distintos puntos de Chile ya entrada la noche del jueves, para exigir justicia y que los responsables materiales y políticos paguen por el crimen.

El asesinato del Neco se produjo el 28 de enero del 2020, en las inmediaciones del estadio monumental, en el contexto de las manifestaciones populares que se desarrollaban en ese momento. En esas circunstancias es atropellado por un camión de transporte equino de Carabineros. El vehículo policial era manejado por el cabo Carlos Martínez Ocares y como lo prueban las imágenes de las cámaras del lugar iba a gran velocidad y sin luces. Por la magnitud del impacto, Neco quedó gravemente herido y el camión policial que lo atropelló se dio a la fuga. Los manifestantes, testigos del accionar criminal de los oficiales, lo asistieron mientras la represión no daba tregua y eran blanco de los carros hidrantes. Neco ingresa al hospital ya fallecido.

Por el hecho únicamente fue procesado el cabo Carlos Martínez Ocares, bajo la figura de cuasidelito de homicidio, es decir, sin voluntad de perpetrarlo, y se encuentra en libertad desde el primer momento. Contra toda la evidencia presentada por la querella ejercida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que da cuenta de un accionar deliberado, la jueza consideró que fue un mero accidente. Que se trató de un asesinato lo confirman además las acciones que llevó adelante la institución policial/criminal para encubrirlo: aparecieron fotos del camión con los parabrisas rotos por piedras supuestamente lanzadas por los manifestantes, para abonar la versión oficial de que el atropello no fue intencional y que se debió a que el conductor “no tenía visibilidad”. Un nuevo montaje de Carabineros que quedó en evidencia al contrastarlo con las imágenes de las cámaras de lugar obrantes en la causa.

El repudio popular al asesinato del Neco se hizo sentir de inmediato en todo el país. Al día siguiente se sucedieron masivas manifestaciones, velatones y barricadas en repudio a la represión estatal y la impunidad de sus ejecutores. Neco, además de hincha, tenía una reconocida militancia social y por esos días, como la mayoría del pueblo chileno, participaba activamente de las movilizaciones que se sucedían a diario desde el 18 de octubre. En esos días también empezó a tomar fuerza el reclamo, impulsado por la hinchada de los distintos clubes, de que se suspendan los campeonatos en curso en virtud de lo que estaba sucediendo en las calles del país y la consigna “Calles con sangre, canchas sin fútbol” era levantada en las plazas de lucha.

A un año de su brutal asesinato, familiares, amigos e hinchas nucleados en la “Coordinadora justicia para Neco” reclaman no solo la cárcel para el cabo Ocares, sino también para Mario Rozas (exjefe de Carabineros), Gonzalo Blumel (exministro del interior y actual candidato a convencional constituyente) y el presidente Sebastián Piñera como los responsables políticos del crimen de Neco y todas las víctimas de la violencia estatal.

Verdad y justicia por Neco y todos los caídos en la revuelta. Libertad a lxs presxs políticos. Disolución de Carabineros. Fuera Piñera. Asamblea constituyente libre y soberana.

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29/01/2021

Charla por una segunda Conferencia Latinoamericana

Jueves 11, con Pablo Heller. Organiza Política Revolucionaria de Brasil.

El jueves 11 se llevará a cabo una charla por una segunda conferencia latinoamericana, organizada por Política Revolucionaria, de Brasil. El orador será Pablo Heller, dirigente nacional del Partido Obrero argentino.

La primera conferencia se realizó a fines de julio y comienzos de agosto de 2020, convocada por el Frente de Izquierda Unidad de Argentina y con la participación de más de 50 organizaciones de 15 países del continente.

El link para participar de la reunión es meet.google.com/uro-ytsc-eeh

28/01/2021

Misiones: el Partido Agrario y Social no es una real oposición al gobierno provincial

El pase de un intendente a la Renovación y lo que omiten las denuncias del diputado “Cacho” Bárbaro.

De izq. a der.: Clelia Carballo (Pays), Fabian Rodríguez (Pays) y “Negrito” Ceferino (ex PRO, actual Renovación).

El pasado 26 de enero el actual diputado nacional por Misiones, Héctor “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos – Partido Agrario y Social, Pays), denunció ante los medios provinciales el pase a las filas del oficialismo renovador del actual intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, y de su hermano, el concejal del mismo municipio, “Negrito” Ceferino. El primero de ellos pertenecía también al Pays, en tanto que el segundo era del PRO.

Bárbaro los acusó de haber traicionado a sus respectivos partidos y señaló que el pueblo de San Vicente no quiere un intendente renovador. Ahora bien, ¿son las filas del Pays una real oposición a las políticas ajustadoras del gobierno Renovador? ¿Qué complicidades intentan ocultar las denuncias del diputado?

Pays, filial de la Renovación

Fabián Rodríguez ganó la intendencia como candidato del Pays en 2019 y estableció un gobierno bicéfalo junto a su hermano, que como ya indicamos, pertenecía al PRO. Dicho gobierno es conocido como “los hermanos héroes de San Vicente”.

Estos hermanos son dueños de una cadena de supermercados en la provincia, conocida por los ataques contra sus trabajadores: pagos en bonos, extensos horarios de trabajo por fuera de la ley y todo tipo de flexibilizaciones son algunas de ellas. Ha sido decisión de los “nacionales y populares” del Pays consagrar al patrón Fabián Rodríguez como intendente.

Bárbaro y el Pays ahora los critican, pero promovieron un gobierno de empresarios, precarizadores y compuesto por militantes del PRO.

¿Una real oposición a la Renovación?

Todas estas acciones se enmarcan en una política del Pays abiertamente cómplice con el oficialismo Renovador. Es importante no olvidar que es el Pays, presente en los concejos de múltiples municipios gobernados por renovadores, quien aprueba siempre y sin falta sus presupuestos de ajuste que han permitido el vaciamiento en salud, educación y los salarios a la baja.

Es el mismo Bárbaro que en sus declaraciones deja en evidencia su política conciliadora: “Teníamos una relación de diálogo y convivencia política madura…” (Primera Edición, 26/1). Pues han sido los diputados provinciales del Pays quienes han permitido que el renovador Carlos Rovira se mantenga como actual presidente de la cámara de diputados provincial, ganando el lugar por unanimidad gracias a los votos del Partido Agrario y Social.

Otra cuestión que despeja cualquier duda fue la postura de Bárbaro ante la votación de la ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE), quien al abstenerse mostró los límites del progresismo K que se autoproclama como los grandes contrincantes de la Renovación, pero que al fin y al cabo no puede deslindarse de compromisos con los sectores más conservadores de las Iglesias.

Finalmente queda de manifiesto que la política del Pays no es de ninguna manera una oposición real a los renovadores, sino que más bien compite con la Renovación por el reparto de cargos en la administración estatal. Y es en este punto en donde el Pays termina liquidado como oposición ante la Renovación, pues emplea sus mismas estrategias políticas: alianzas con el clero, alianzas con el empresariado, alianzas con la supuesta “oposición”, sea esta renovadora o del PRO. El Pays termina siendo otro partido patronal que garantiza el ajuste renovador.

Llamamos a los trabajadores a no olvidar y a rechazar las políticas hambreadores de todos los partidos de la patronal, a estar atentos frente a las jugadas y cambios de bando que intentan confundir a la población trabajadora. Levantemos un gobierno que responda a los intereses de los trabajadores, y que nos permita consolidar una real oposición a las políticas de ajuste, saqueo y hambre impulsada por la Renovación y sus amigos. Acompañemos las luchas de los trabajadores contra el ajuste en las calles, ¡Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas!

Misiones: financiamientos para las patronales, miserias para los trabajadores (prensaobrera.com)

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28/01/2021

[VIDEO] La lucha de las obreras textiles de El Salvador

Huelga de hambre y toma de fábrica contra 200 despidos.

Desde el pasado 8 de enero, una decena de trabajadoras salvadoreñas iniciaron una huelga de hambre con toma de fábrica, para protestar contra el despido de 200 trabajadores textiles de la Industria Florenzi. Los despidos se efectuaron sin indemnizaciones y con tres meses de salarios adeudados. Denuncian el abandono por parte del Ministerio de Trabajo. Entre sus demandas se destaca la reinstalación de una junta directiva sindical despedida arbitrariamente y el pago de incapacidades de mujeres con licencia de maternidad, que les corresponde por ley.

 

 

En este video que hemos recibido, las trabajadoras explican el conflicto. También se denuncian las exenciones impositivas de que gozan las empresas en el país centroamericano.

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28/01/2021

Italia: jornada nacional de lucha el 29

Crisis de gobierno y catástrofe económica-social-sanitaria.

En el marco de una fuerte crisis económica, social, sanitaria y política (acaba de renunciar el gobierno de centro del primer ministro Giuseppe Conte) un conjunto de organizaciones de izquierda y del movimiento obrero que se reclaman combativas llama a una jornada de paro y movilización para este viernes 29 de enero.

Este paro fue convocado por una Asamblea Nacional de Trabajadores Combativos que se ha reunido en varias oportunidades el año pasado y que, en el inicio del 2021, ratificó la necesidad de retomar un camino de lucha para los trabajadores italianos frente a la parálisis y entrega de las burocracias sindicales de la central obrera (CGIL) y los sindicatos. Un problema central es parar la ola de despidos que en el 2020 se ha impuesto con 2,2 millones de cesanteados y que amenaza con multiplicarse. Reclaman también la anulación de las leyes del trabajo precario, la reducción general de la jornada laboral manteniendo igual remuneración, el control de la seguridad sanitaria en el lugar de trabajo por comisiones obreras, por el pase a planta permanente de los trabajadores de salud contratados y por un plan de contratación masiva de más personal sanitario para enfrentar el colapso hospitalario provocado por la pandemia, etc.

La renuncia del primer ministro Conte se debió formalmente al retiro del apoyo de los senadores del anterior ex ministro primer ministro Matteo Renzi. Si en 48 horas Conte no logra presentar un nuevo gabinete se convocaría a elecciones generales anticipadas en dos meses.

Esto ha sido utilizado por todos los sectores centroizquierdistas y burocráticos para –sobre la base de encuestas electorales- señalar que triunfaría y subiría directamente un gobierno de derechas. Con el clásico espantapájaros de la amenaza de la derecha se propone apoyar al gobierno de centro que viene verdugueando y descargando la crisis sobre los trabajadores. Un llamamiento con el título de "Unámonos para salvar a Italia" convoca a apoyar las gestiones para que se constituya un gobierno de unidad con el centro de Conte. El llamamiento está firmado por el Partido Democrático, el Movimiento 5 Estrellas, las burocracias sindicales (CGIL, CISL, UIL, etc.) y otras formaciones. Una novedad es que el Partido de la Refundación Comunista también ha sumado su aval (aunque no es la primera vez que se integra a una coalición frentista con partidos burgueses).

Contra este “frente popular” dirigido a sostener a un gobierno burgués, imperialista y antiobrero se ha plantado un Pacto de Acción Anticapitalista constituido por un conjunto de partidos y organizaciones de izquierda (Partido Comunista de los Trabajadores, comunistas en movimiento, Frente Popular, Ciudad del Futuro, Partido Comunista Italiano, Partido marxista-leninista italiano) que convoca a constituir un frente único de clase y que ha impulsado estas Asambleas Nacionales de Trabajadores Combativos y la jornada de movilización del 29 de enero.

Probablemente Conte llegue a un acuerdo con Renzi y reconstituyan un gobierno de centro, pero con varias concesiones en el futuro gabinete a las fuerzas del segundo. Uno de los puntos de divergencia es quién va a distribuir –y entre quienes- los 209 mil millones de euros del Plan de Recuperación financiado por la imperialista Unión Europea para enfrentar la catastrófica crisis capitalista que asola al mundo y al continente europeo. El bloque de Renzi quiere tener una participación directa en el Comité que nombrará el gobierno para fijar el destino de los fondos.

Países Bajos: la “dimisión” del gobierno xenófobo (prensaobrera.com)

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28/01/2021

Honduras: una reforma reaccionaria refuerza la prohibición del aborto

Cambios constitucionales para prevenir su legalización en el futuro. El temor a la ola verde.

El pasado jueves el Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma en la Constitución que busca blindar la prohibición absoluta del aborto ya vigente en el país desde el año 1982.

La iniciativa de la reforma, conocida como “Escudo sobre el aborto en Honduras” fue presentada por Mario Pérez, vicepresidente del Parlamento hondureño y diputado del partido oficialista, el Partido Nacional.

Pérez dijo que "esta reforma surge por la ola de reformas constitucionales en países de América Latina, impulsados por gobiernos de izquierda dirigidos a legalizar el aborto, como sucedió en Argentina recientemente, y eso no se puede permitir en Honduras"(BBC News, 21/1).

Pérez se equivoca doblemente. Por un lado, al atribuir el impulso de la legalización en Argentina al gobierno, cuando está claro que el motor fue la profunda lucha de años y años del movimiento de mujeres. Por otro, al calificar al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como de "izquierda". Pero más allá de esto, lo que sí es claro es que el gobierno hondureño toma nota del triunfo de la marea verde en Argentina y de otros avances en la región (como la despenalización lograda en Oaxaca, México, en 2019) para promover una campaña reaccionaria en sentido contrario.

La reforma del artículo 67, que fue aprobada en un solo debate, plantea en primer lugar a impedir a toda costa, que el aborto sea legalizado a futuro. Honduras es uno de los pocos países del mundo donde la práctica de interrupción voluntaria del embarazo está prohibida, incluso en casos tan graves como violación o incesto.

Se estipula que el país centroamericano tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en toda América Latina. Aproximadamente una de cada cuatro mujeres que dan a luz, son menores de 19 años. Mientras que por otro lado, cualquiera que realice un aborto o quien ayude a llevarlo a cabo, puede llegar a recibir una condena de tres a diez años de prisión.

Por si esto fuera poco, no se trató solamente de un ataque a los derechos de las mujeres y personas gestantes, sino también para las diversidades sexuales, ya que a última hora, se incluyó reformas en el artículo 112, blindando de esta manera la prohibición del matrimonio igualitario, así como el desconocimiento del mismo en caso de que se lleve a cabo bajo las leyes de otro país.

Claro está, que este país, tiene una de las legislaciones más restrictivas de Latinoamérica. Los responsables de las modificaciones fueron un grupo de diputados del oficialismo con el apoyo de legisladores liberales. Dispusieron también que para modificar nuevamente estos artículos, serán necesarias tres cuartas partes de los votos del Congreso. Esto es una maniobra para nada inocente, puesto que es difícil para cualquier tipo de fuerza política hondureña alcanzar 96 de los 128 votos disponibles en el Congreso.

Varias organizaciones feministas junto con activistas de derechos humanos del país condenaron la aprobación y aseguraron que es una violación a los derechos de las mujeres y personas gestantes.

Los parlamentarios que aprobaron la ley son “enemigos” y “nos niegan la obligación estatal de respetar, proteger y hacer vigentes nuestros derechos sexuales y reproductivos”, denunció el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, una organización defensora de los derechos (Infobae, 22/1).

El gobierno hondureño que ha impulsado este ataque contra las mujeres y diversidades es también responsable de una brutal agresión contra los luchadores y las masas. Juan Orlando Hernández, actual presidente, ha intentado avanzar en recortes masivos en salud y educación. Reprimió las protestas que denunciaron fraude en su reelección, en 2017, con un saldo de 30 muertos. Bajo su mandato se han producido también numerosos crímenes contra activistas ambientales, como el de Berta Cáceres. La situación social es tan desesperante que desde el país parten las caravanas migratorias.

Es importante que las organizaciones de mujeres y diversidades de Honduras se organicen y manifiesten en las calles en repudio a la situación antiderechos que se está desarrollando y así dar una lucha de fondo. Reivindicamos la importancia de la movilización seguido de una independencia política para la conquista de derechos y su real implementación así también  la unión de la lucha de las mujeres, los movimientos ambientales, y de la juventud con los trabajadores, para derrotar al gobierno reaccionario de Hernández.

https://prensaobrera.com/mujer/aborto-legal-la-batalla-continua-por-su-efectivo-cumplimiento/

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28/01/2021 | 1614

La política exterior de Biden

Los primeros pasos del gobierno demócrata.

Los primeros decretos de Joe Biden en materia de política exterior han apuntado a revisar y dar marcha atrás con algunas de las medidas dispuestas por su predecesor. El presidente entrante ha anunciado la vuelta de Estados Unidos al acuerdo climático de París y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y también el regreso al pacto nuclear con Irán, del que se retiró bajo la gestión de Trump. Entre los decretos figura cancelar la construcción de la muralla con México y restablecer la protección legal de una parte de los migrantes que había quedado sin efecto en el gobierno saliente y que estaban expuestos, por lo tanto, a una deportación.

Los anuncios de Biden no nos deben hacer perder de vista, sin embargo, la continuidad que plantea el gobierno demócrata con respecto a puntos centrales de gestión del magnate.

China y guerra comercial

Por lo pronto, la escalada con China no sólo va a continuar sino que está llamada a profundizarse.

"Estamos en una competencia seria con China. La competencia estratégica con China es una característica definitoria del siglo XXI", remarcó la vocera presidencial, Jen Psaki, en su habitual conferencia de prensa diaria en la residencia oficial. "Pekín ahora -remarcó- desafía nuestra seguridad, prosperidad y valores de una forma significativa que requiere un nuevo enfoque de Estados Unidos. Esa es una de las razones por las que queremos abordar esto con paciencia estratégica, queremos realizar revisiones internas, queremos involucrarnos más con republicanos y demócratas en el Congreso y, lo que es más importante, queremos discutir esto con nuestros aliados" (La Nación, 25/1).

Una exacta medida de lo que está en juego lo da el hecho de que Biden debuta con un nuevo incidente militar con el gigante asiático. Los roces entre las dos potencias en el Mar de la China Meridional afloraron otra vez, luego de un ejercicio militar de Estados Unidos el fin de semana. El portaviones USS Theodore Roosevelt ingresó en la zona acompañado por tres buques de guerra para promover la "libertad de los mares", indicó el ejército. Se trata de una zona estratégica, pues allí circula gran parte del comercio en Asia y de Asia hacia Occidente. La presencia naval norteamericana pretende colocar un freno a la expansión china en la región.

El hombre elegido por Biden para llevar adelante las relaciones internacionales de Washington, Antony Blinken, dio una señal contundente días atrás en su audiencia de confirmación en el Senado, al afirmar que Trump había hecho lo correcto en "adoptar un enfoque más duro" hacia China. "Estoy muy en desacuerdo con la forma en que lo hizo en varias áreas, pero el principio básico fue el correcto, y creo que eso es realmente útil para nuestra política exterior", dijo Blinken.

El gobierno de Biden tiene pensando mantener el respaldo de Estados Unidos a Taiwán que brindó la administración de Trump, otro punto de tensión con China. Y Blinken también avaló la condena a las violaciones de derechos humanos en el gigante asiático contra los uigures, una minoría musulmana, sometidos a abusos en campos de concentración en el noroeste del país. La condena se hace extensiva a la cruzada represiva dictada por el gobierno chino contra Hong Kong. La preocupación por los "derechos humanos" es simplemente una cobertura para proceder a una ofensiva mayor en el plano económico, político y militar. El objetivo acariciado por el imperialismo es avanzar en la colonización de China y completar bajo su tutela el proceso de restauración capitalista aún inconcluso.

Rusia

Lo mismo vale para el ex espacio soviético. Los demócratas venían realizando reproches a Trump por sus vínculos con Putin. Estas relaciones cordiales entre ambos mandatarios no habían disipado las sanciones económicas contra Rusia que datan desde la ocupación de Crimea. Pero ahora lo que se viene es un endurecimiento con Moscú. La Casa Blanca muy probablemente utilice la detención del opositor Alex Navalny y las protestas que ha desatado para avanzar en nuevas represalias y en un cerco militar. Por lo pronto, Biden nominó para encabezar la central de inteligencia norteamericana a William Burns, un ex embajador en Moscú que ha tenido un papel gravitante para limitar la influencia del Kremlin en Oriente Medio y el Norte de Africa durante la expansión de la Primavera Árabe hace una década. Una flamante alta funcionaria de asuntos políticos de la Cancillería, Victoria Nuland, que acaba de ser designada, fue una diplomática que colaboró política y financieramente con el levantamiento popular que volteó al gobierno pro-ruso del corrupto Viktor Yanukovich en Ucrania en 2014.

No nos olvidemos que en los papers del Pentágono figuran tanto Rusia como China como "enemigos estratégicos". Estamos frente a un política de Estado, que es patrimonio común de la burguesía norteamericana. Henry Kissinger ha advertido que, bajo el mandato de Trump entramos en una "guerra fría", y no descartó la emergencia de guerras calientes. Estamos hablando de conflictos locales pero con un alcance internacional.

Biden ha señalado que su propósito es devolverle a Estados Unidos su rol de liderazgo mundial, lo que es un eufemismo para señalar que apunta a un reforzamiento del lugar y la función de la primera potencia capitalista como gendarme mundial. Recordemos que los demócratas reprochaban a Trump ser demasiado tibio con China y, de un modo general, lo responsabilizan por el retroceso de Estados Unidos en su presencia militar en el mundo. El belicismo de los demócratas va más lejos que el del magnate. En este sentido, Biden ha sido una figura clave en alentar históricamente estas tendencias. En la guerra de Malvinas en 1982 a la salida de una reunión de la bancada demócrata con el secretario de Estado yanqui manifestó claramente: “es claro que el agresor es Argentina y es claro que Inglaterra tiene razón, y debería ser claro para todo el mundo a quién apoya Estados Unidos”. En el Congreso, donde viene jugando un rol prominente desde hace varias décadas, fue uno de los que fogoneó la intervención de Estados Unidos en los Balcanes en la década de 1990, la invasión de Afganistán en 2001, y la invasión de Irak en 2003. Es un entusiasta defensor del Estado de Israel y de sus gobiernos de turno responsables del genocidio del pueblo palestino. Como vicepresidente de Barack Obama, apoyó el aumento de la presencia militar en Afganistán, un golpe de Estado en Honduras en 2009 y la intervención en Siria y Libia.

https://prensaobrera.com/internacionales/noticiero-internacional-28/

Bajo una retórica de cooperación internacional, se viene un mayor intervencionismo y a esto no escapa América Latina. Viene al caso señalar que en la asunción de Biden estuvieron presentes los emisarios diplomáticos de Juan Guaidó, reafirmando que Estados Unidos reconoce al nombrado como presidente interino de Venezuela. La Casa Blanca va a continuar con sus conspiraciones y pugnar por el desplazamiento de Maduro. De un modo general, las banderas de los “derechos humanos” y la “corrupción” va a ser esgrimida para forzar a los gobiernos sudamericanos a un mayor alineamiento con Washington, de modo de reforzar su presencia en la región y apuntalar los negocios y los intereses del capital norteamericano a expensas de la propia burguesía local y de la creciente competencia china.

Perspectivas

Si pasamos revista a quienes integran el elenco de colaboradores, vemos que el nuevo presidente se ha rodeado de halcones demócratas. Aunque se ha tratado de ensalzar la amplitud de Biden en las designaciones, que incluye mujeres y hasta descendientes de afroamericanos, eso no alcanza para disimular su filiación ultrarreaccionaria. Avril Haines, designada en el puesto de directora de Inteligencia nacional, defiende oficialmente a los agentes de la CIA contra las acusaciones de torturas a sospechosos durante la represión posterior al 11 de septiembre. Se encargó de elaborar la justificación legal de los asesinatos con drones cometidos por la administración Obama, donde ocupó el cargo de subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia: la CIA.

La pretensión de Biden de devolverle su papel de liderazgo a Estados Unidos tropieza, sin embargo, con la decadencia histórica de ese país, que se potencia ahora con el salto de la bancarrota capitalista y de la pandemia que atraviesa una segunda ola. Más bien, en realidad, ni siquiera está en condiciones de volver al estadio previo al mandato de Trump. El escenario es muy diferente. La crisis mundial capitalista ha hecho su trabajo implacable de topo. En un marco de una economía mundial que ha entrado en una depresión, solo comparable con la del '29, es muy difícil conciliar los intereses encontrados de las diferentes potencias y corporaciones rivales, en que la competencia se ha vuelto más salvaje y en la que se juega, en muchos casos, la sobrevivencia. En este marco, restablecer una alianza con sus socios occidentales, seriamente deteriorada bajo el mandato de Trump, está cuestionada. Las potencias europeas no están dispuestas a declinar de los compromisos que han anudado con China. Lo mismo vale para Japón. En ambos casos, han pasado a integrarse a alianzas lideradas por el gigante asiático, como el Banco asiático de Infraestructura e Inversión (BAII) del que forman parte los principales países de la Unión Europea o el bloque comercial RCEP recientemente conformado bajo iniciativa de Pekín y que incluye entre sus miembros a Japón. Por su parte, Estados Unidos no está en condiciones de ceder fácilmente en los condicionamientos dispuestos en los cuatro años de Trump contra corporaciones extranjeras. Por lo pronto, la administración demócrata mantiene las represalias de las empresas, fundamentalmente de origen europeo que hayan violado las sanciones comerciales impuestas por Washington contra Irán.

Pero, además, la política exterior está condicionada por la política interna. Mal puede Estados Unidos afianzar un papel de gendarme internacional si no tiene bajo control su frente interno y un disciplinamiento de las diferentes clases sociales a la autoridad del Estado, que es lo que hoy está trastocado en el escenario norteamericano.

Biden encabeza un transición turbulenta y debe lidiar con una enorme crisis social, económica y política, por un lado, y la sombra de una rebelión popular que sigue latente y que viene de estremecer los cimientos de la vida norteamericana, por el otro.

Es una ilusión infundada asignarle a Biden un cambio progresista en la política exterior. Esta advertencia vale para los nacionalistas y populares y el progresismo latinoamericano, que abrigan expectativas en un trato más amigable o al menos una atenuación de la presión de Washington. El gobierno demócrata está llamado a acentuar los condicionamientos leoninos en la deuda y el sometimiento semicolonial. Las contradicciones y escollos que vayan surgiendo en la implementación de la política yanqui, deben ser aprovechados para reforzar y profundizar la lucha anti-imperialista de los pueblos latinoamericanos en vistas a conquistar la liberación nacional y social, que tiene que asumir un carácter continental. El mejor aliado que tienen los explotados de la región son los trabajadores y la juventud estadounidense, que ha sido la gran protagonista de la rebelión del año pasado y que está socavando el poder imperialista dentro de sus propias fronteras.

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28/01/2021 | 1614

Noticiero internacional

Estados Unidos - India - Perú - Brasil - El Salvador

India: “tractorazo” de los agricultores

El martes 26, los agricultores realizaron un “tractorazo” en Nueva Delhi, en repudio a los cambios que el gobierno de Narendra Modi (del hinduista y derechista BJP) quiere imponer en las leyes agrarias. Los manifestantes arribaron a la capital desde distintos puntos del país y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno cortó internet en algunas de las áreas donde circulaban los campesinos en lucha.

La rebelión de los agricultores ya lleva varias semanas, con movilizaciones y acampes masivos. Los cambios que pretende introducir Modi apuntan a que el Estado deje de comprarles la cosecha a un precio sostén y obligarlos a vender en forma directa al sector privado, lo que podría llevar a la ruina a millones de agricultores pobres.

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Perú: huelga por tiempo indeterminado de los médicos

El martes 26, los trabajadores enrolados en la Federación Médica Peruana (FMP) cumplieron su día 14 de huelga por aumento salarial, pase a planta permanente de personal contratado y por un programa de emergencia para enfrentar la pandemia, que tiene en Perú a uno de los países más afectados del mundo.

Como respuesta a la medida, el gobierno prorrogó el contrato del personal afectado a la atención del Covid-19 por tres meses, lo que es completamente insuficiente. Por eso, la huelga se mantiene. La lucha de los médicos viene precedida por grandes conflictos de los trabajadores rurales, criminalmente reprimidos por el gobierno de Francisco Sagasti y por la rebelión que echó del poder a Manuel Merino.

La lucha de los médicos es digna y necesaria: es necesario transformarla en la huelga general de toda la clase obrera y los explotados.

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Brasil: municipales de Florianópolis en huelga

Los trabajadores de la empresa Comcap de Florianópolis (encargada de la recolección y reciclaje de basura) entraron en huelga el 18 de este mes contra un paquete de medidas enviado por el gobierno municipal (liderado por Gean Loureiro, del derechista DEM) al Concejo Deliberante local, que avanza contra los derechos laborales de los empleados del sector. En 2017, éstos habían ido a la huelga contra una tentativa similar.

El año pasado, los trabajadores del Correo protagonizaron más de un mes de huelga contra el intento de Bolsonaro de avanzar contra su convenio colectivo de trabajo y la privatización de la empresa postal. Estas tendencias de lucha son aisladas por la CUT y las principales centrales sindicales.

¡Todo el apoyo a la huelga de los trabajadores de Comcap!

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El Salvador: toma de fábrica textil

Desde el pasado 8 de enero, una decena de trabajadoras salvadoreñas iniciaron una huelga de hambre con toma de fábrica, para protestar contra el despido de 200 trabajadores textiles de la Industria Florenzi. Los despidos se efectuaron sin indemnizaciones y con tres meses de salarios adeudados. En dos semanas de huelga, Rolando Castro, ministro de Trabajo, no aceptó ni una sola reunión con ellas y el Sindicato Salvadoreño de Industrias Textiles y Similares. Entre sus demandas se destaca la reinstalación de una junta directiva sindical despedida arbitrariamente y el pago de incapacidades de mujeres con licencia de maternidad, que les corresponde por ley.

Docentes de Chicago podrían ir a huelga contra la vuelta a clases sin protocolo

Más de 25.000 docentes nucleados en el Sindicato de Docentes de Chicago (CTU) podrían ingresar en huelga esta semana debido a que la Administración de Escuelas Públicas (CPS) promueve la reapertura de los colegios sin garantizar la vacunación del personal educativo ni cumplir con todas las condiciones de seguridad e higiene. Por lo pronto, el sindicato informó que habría clases en forma remota el miércoles 27, mientras continuaban las negociaciones.

Estados Unidos encabeza el listado de muertos por Covid-19 (más de 400 mil). Con las medidas de lucha y el protocolo, los docentes de Chicago marcan un camino para toda la clase trabajadora.

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27/01/2021

Pronunciamiento desde Puerto Rico por Arakaki y Ruiz

Una lucha que trasciende fronteras.

A continuación, compartimos el pronunciamiento emitido por la organización Democracia Socialista, de Puerto Rico, que se suma a una serie de pronunciamientos internacionales de solidaridad con César Arakaki y Daniel Ruiz, perseguidos y enjuiciados por haber participado de la gigantesca movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo, y aprobada en Diputados con el apoyo de diputados del PJ.

Democracia Socialista de Puerto Rico manifiesta su solidaridad con César Arakaki, del Partido Obrero, y Daniel Ruiz, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado. César y Daniel fueron acusados de agresión a raíz de una protesta, luego reprimida por el Estado, contra el mandato del Fondo Monetario Internacional y acreedores de la deuda externa de buscar que se reduzcan las pensiones a los jubilados y jubiladas.

En Argentina luchan contra imposiciones del FMI. En Puerto Rico contra la imposición colonial de la Junta de Control Fiscal. La lucha común es contra un sistema que favorece a unos pocos y atenta contra las condiciones de vida de las grandes mayorías trabajadoras de nuestros países. En Puerto Rico conocemos las tácticas del Estado para atacar nuestras luchas. Reprimen violentamente las protestas, con el objetivo de criminalizar la lucha.

En solidaridad con los y las que luchan en todos los países del mundo, exigimos la libertad de César y Daniel y que cese la represión contra los y las que solo aspiran a construir una sociedad más justa y democrática.

Javier Córdova
Democracia Socialista de Puerto Rico

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Pronunciamiento de los portuarios norteamericanos por Arakaki y Ruiz

Reclaman que se retiren todos los cargos contra los compañeros.

Con la firma de Jack Heyman, presidente del Comité norteamericano de Solidaridad de los Trabajadores del Transporte, los obreros de este sector han realizado un importante pronunciamiento para que se retiren inmediatamente todos los cargos que pesan contra los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz. El texto está dirigido a Javier Ríos, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3.

Arakaki y Ruiz, militantes del PO y el PSTU, respectivamente, son víctimas de una persecución por haber participado de la gigantesca movilización del 18 de diciembre de 2017 al Congreso, contra el robo a los jubilados que implicaba la reforma jubilatoria del entonces presidente Mauricio Macri (de Cambiemos), que fue aprobada con el apoyo de diputados del PJ y en medio de una feroz represión. A los dos compañeros se los ha sometido a un juicio, que continúa bajo el gobierno de Alberto Fernández, pese a que la fiscalía está lejos de acreditar la intimidación pública que pretende sostener.

"Era apropiado que se manifiesten frente al Congreso, que es donde el robo fue realizado. Los obreros tienen derecho a protestar, sea en un piquete contra el patrón o contra el gobierno patronal que roba sus jubilaciones", dice la misiva de los trabajadores norteamericanos.

Asimismo, resalta la lucha de los portuarios de ese país. "Los portuarios aquí en San Francisco usaron su poder para frenar el ingreso de envíos de Sudáfrica hace años para protestar contra el brutal sistema de Apartheid. De vuelta, mostraron solidaridad con los trabajadores del puerto de Liverpool que enfrentaban un lockout, negándose a descargar los envíos de allí. En 2008, el primero de mayo se cerraron todos los puertos de la costa oeste de Estados Unidos para protestar contra las guerras imperialistas de Irak y Afganistán. Los puertos se volvieron a cerrar el año pasado para enfrentar los asesinatos policiales racistas contra afroamericanos y latinoamericanos".

El texto de los portuarios norteamericanos se añade a otros recientes pronunciamientos internacionales, como el del Dr. Elliot Lee Grossman, abogado y defensor de derechos humanos, miembro de la Barra de Abogados del Estado de California y de la Barra de Abogados de la Suprema Corte de EE.UU.

La lucha por la absolución de Arakaki y Ruiz y el cese de la persecución a Sebastián Romero (quien también participó de aquella movilización de diciembre de 2017) continúa, así como la lucha en defensa de los jubilados (ahora atacados por la reforma del gobierno de Alberto Fernández) y de las libertades democráticas.

https://drive.google.com/file/d/19TALFl4J3KnYR67vNpQMvRlx41t1P3TF/view?usp=sharing

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26/01/2021
VIAJE OFICIAL

A qué va Alberto Fernández a Chile

"Nunca miran las coincidencias, que tal vez son muchas más que las diferencias" declaró el presidente junto a Piñera

Alberto Fernández emprendió este martes 26 un viaje de Estado a Chile, para reunirse con el presidente Sebastián Piñera, con empresarios trasandinos y con algunos referentes opositores. Lo acompañan el canciller Felipe Solá y los gobernadores de San Juan, Catamarca, Salta y La Rioja.

El vínculo entre Fernández y Piñera comenzó en octubre de 2019 con un intercambio de cumplidos, cuando el mandatario chileno saludó el triunfo electoral del primero y éste lo correspondió con una respuesta amistosa, sin hacer ninguna referencia a la represión criminal contra el levantamiento popular que sacudía a ese país.

En 2020, hubo algunos cruces retóricos cuando Fernández cuestionó la estrategia sanitaria del país vecino. Ese año, también, se retiraron de Argentina las empresas chilenas Falabella y Latam. No obstante, el embajador Rafael Bielsa destaca la “simpatía y cordialidad” entre los dos presidentes (La Tercera, 24/1).

Más aún, los empresarios del país vecino destacan ciertas continuidades respecto a la administración anterior de Mauricio Macri. Rodrigo Hinzpeter, presidente del Consejo Empresarial Chile-Argentina de la Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril), señala que “las relaciones con los empresarios en general se mantienen más o menos estables, a pesar de que haya cambios de gobierno. La verdad es que hemos tenido sinceramente un muy buen tratamiento por parte del gobierno del Presidente Fernández (…) no he notado diferencia entre lo que fueron otros gobiernos y él” (ídem).

Fernández se reunirá en Chile con directivos de Cencosud (propietaria de los supermercados Disco), Gas Natural Fenosa y la energética Enel, entre otros. En la agenda está la posible provisión de gas a Chile, la apertura del mercado chileno a la carne aviar argentina, y como contrapartida, la del mercado local a la carne porcina del país vecino. Otro de los puntos es el futuro del túnel de Agua Negra, pieza clave de un potencial corredor bioceánico que conecte el puerto chileno de Coquimbo con Porto Alegre, Brasil. Esta obra quedó entre signos de interrogación ante la cancelación por parte de Chile de un préstamo del BID.

Más allá de la agenda de negocios, Fernández viene reforzando vínculos con los gobiernos derechistas latinoamericanos. Compartió un almuerzo con el uruguayo Luis Lacalle Pou y se prepara un encuentro cara a cara con Jair Bolsonaro, que podría consumarse durante un foro de empresarios de los dos países, en San Pablo, en marzo próximo. A los efectos de preparar esa cita, visitó recientemente el país el almirante Flávio Viana Rocha, secretario de asuntos estratégicos de Brasil y hombre de confianza del excapitán de navío.

El desarrollo de esta agenda diplomática implica archivar incluso las referencias discursivas más tímidas a la política reaccionaria del mandatario brasileño o a la represión en Chile, donde hay cientos de presos políticos y Carabineros dispara a los ojos para cegar a los manifestantes.

En abril se desarrollarán en el país trasandino las elecciones para la convención constituyente. La visita aparece como un espaldarazo a Piñera, de parte de un presidente que es reivindicado por la centroizquierda chilena.

El viaje a Chile, además, ha sido leído por algunos analistas como parte de los intentos del gobierno argentino de congraciarse con el nuevo presidente norteamericano, Joe Biden. Ocurre que Piñera sería el mandatario de la región de mayores vínculos con el demócrata, dado que visitó su país como vice de Obama. Así las cosas, el viaje de Fernández forma parte de una agenda más general que tiene como cuestión fundamental el acuerdo con el FMI, y cuya contracara es el ajuste contra los trabajadores.

La visita del mandatario argentino, en resumen, se concentra en explorar oportunidades de negocios para las burguesías de ambos lados de la Cordillera y en afianzar lazos ante la nueva etapa que se abre con la asunción de Joe Biden en los Estados Unidos.

La política exterior, suele decirse, es una prolongación de la política interior.

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26/01/2021
ESTADOS UNIDOS

Chicago: docentes podrían entrar en huelga contra vuelta a clases sin protocolo

Más de 25.000 maestros exigen vacuna y medidas de seguridad e higiene.

Más de 25.000 docentes nucleados en el Sindicato de Docentes de Chicago (CTU) podrían ingresar en huelga esta semana debido a que la Administración de Escuelas Públicas (CPS) promueve la reapertura de los colegios sin garantizar la vacunación del personal educativo ni cumplir con todas las condiciones de seguridad e higiene. Por lo pronto, el sindicato informó que habrá clases en forma remota este miércoles, mientras continúan las negociaciones.

Los maestros elaboraron un protocolo de salubridad e higiene seguro y básico. Allí se establecía que, sí o sí, la vuelta a clases debía estar acompañada de la vacunación del personal; testeos rotativos cada quince días; garantizar equipos de protección personal (EPP), ventilación y saneamiento de aulas; y conformar un comité sanitario para controlar que todo esto se cumpla, integrado por docentes, no docentes y padres.

Las autoridades del CPS exponen a un contagio masivo a la comunidad educativa. Y justo en el estado de Illinois, que afronta su segunda ola con más de un millón de personas contagiadas y 20.000 muertas.

Recordemos que, en octubre, las escuelas de Miami abrieron con escasos protocolos y, en cuestión de días, aparecieron los primeros ochenta contagios (Infobae, 20/10/2020). Una situación similar se dio en Nueva York con 3.000 contagios detectados en ocho semanas de clases (El Periódico, 18/11/2020).

Los docentes de Chicago, con el protocolo y la discusión de medidas de lucha, marcan un camino para toda la clase trabajadora.

La responsabilidad para abrir las escuelas en condiciones de salubridad es del gobierno nacional (prensaobrera.com)

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Y se prepara para movilizar el próximo 18 de junio, junto a la comunidad educativa, en defensa de las escuelas y contra su desfinanciamiento.
24/01/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por la implementación urgente del aborto legal en Navarro

Plenario de Trabajadoras - Navarro

En la localidad de Navarro, provincia de Buenos Aires, las maniobras contra el derecho al aborto están siendo dilatar el tiempo de gestación de la mujer para que llegue a las 14 semanas y no sea ya responsabilidad del hospital municipal garantizar este derecho. Es una forma de "declararse objetores de conciencia" sin decirlo, en los hechos.

Esto hicieron con una joven madre que decidió interrumpir su embarazo y durante más de un mes la distrajeron con "interconsultas" ficticias a las que se presentó una y otra vez, sin ningún tipo de respuesta.

Las mismas vueltas le dan a las mujeres que vienen pidiendo anticonceptivos y de emergencia. Es inadmisible.

Quienes están impidiendo la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) son los mismos sectores que obstruyen el acceso a los métodos anticonceptivos. Este es el cuadro que mantiene a Navarro con una de las estadísticas de embarazo de niñas y adolescentes más alta de la provincia.

Cuando se trató la ley de aborto en el Congreso, ya vimos cómo se cedió ante ciertas demandas por parte de los sectores clericales. Como la figura de la objeción de conciencia, que permite que si el personal de salud se declara "objetor" exime de obligatoriedad a los centros de salud de garantizar la práctica. En la misma línea se limitó el acceso a las niñas y adolescentes imponiendo restricciones a la autonomía progresiva (es decir, que si son menores de 13 a 16 años, no pueden decidir por sí mismas).

Declaramos responsable a la Secretaría de Salud por no garantizar un equipo efectivo de IVE en el hospital municipal desde el minuto cero de la aprobación de esta ley. Cediendo de esta forma a sectores que están funcionando como objetores de conciencia en los hechos al quitarse la responsabilidad de garantizar la práctica en el sistema de salud.

Queda en nuestras manos como mujeres organizarnos por la implementación efectiva.

Equipo IVE ya, y funcionando sin maniobras que dilaten la gestación y sigan arrojando así a la clandestinidad a las mujeres. Anticonceptivos ya y sin filtro. Educación sexual integral laica y científica en todas las escuelas.

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24/01/2021

Nuevo decreto de prohibición de despidos y doble indemnización: una mano a los empresarios

Una medida que no detuvo la pérdida de puestos de trabajo el año pasado y que ahora cubrirá aún menos.

El decreto del gobierno publicado el sábado, por el cual se prorroga la prohibición formal de despidos por 90 días y la doble indemnización hasta diciembre próximo, fue saludado calurosamente por la burocracia de la CGT y cuestionado por las patronales de la UIA pese a que “será más barato despedir” dado que la medida viene con una “flexibilización favorable a los empresarios”, como destaca el diario Ámbito Financiero (23/1).

Es que el decreto establece un tope de $500 mil para el plus de la doble indemnización que perjudica a los trabajadores que, por antigüedad o categoría o porque revisten bajo regímenes especiales, tengan salarios por encima de la canasta de pobreza que incluya un alquiler.

Así, por ejemplo, un empleado que cobre un salario bruto de $80.000 -aproximadamente $66.000 de bolsillo- y tenga 10 años de antigüedad, el plus que le corresponderá, en lugar de ser del 100% ($800.000) será del 62% ($500.000).

Si se trata de un trabajador que gana $100.000 brutos, aproximadamente $83.000 netos, como sucede en el caso de muchos obreros y empleados aceiteros, bancarios o aeronáuticos, por ejemplo, y tiene una antigüedad de 20 años, el plus pasa del 100% ($2.000.000) a $500.000, o sea el 25 por ciento.

Y los porcentajes del plus irán descendiendo a lo largo del año, en la medida que se incrementen los salarios, ya que el tope de $500 mil permanecerá invariado hasta el mes de diciembre.

Esto deja abiertas las puertas para los despidos de los trabajadores mejor pagos para ser reemplazados por nuevos con salarios menores.

La UIA justifica su oposición en que, con la medida no se “impulsa la creación de puestos nuevos de calidad” y “constituyen un obstáculo para combatir el empleo en negro y fomentan la informalidad”.

Una falacia por cada palabra: en primer lugar porque la medida de la doble indemnización no alcanza a ningún trabajador que haya sido contratado luego del 13 de diciembre del 2019. Es decir que los nuevos quedan fuera del paraguas agujereado de la medida.

Además, la prohibición, que se mantuvo a lo largo de toda la pandemia, no ha impedido los despidos. Según el Ministerio de Trabajo se perdieron 200 mil puestos formales entre febrero y octubre pasados. Y a esto se le suma que “desde el inicio de la pandemia se llevaron a cabo cerca de 600.000 desvinculaciones bajo la modalidad de retiro voluntario”, o sea retiros nada voluntarios (ídem).

En ambos casos, con la participación por acción u omisión de la burocracia sindical que, a lo largo de los meses que lleva la pandemia, permitió o suscribió suspensiones con grandes descuentos salariales y despidos o “retiros voluntarios” como, entre muchos otros, los 1400 de Techint el año pasado, al inicio de la llegada del coronavirus, que fueron negociados con la dirección del sindicato.

Las patronales de todos los sectores, contratadoras seriales en negro, que mantienen a más del 40% de los trabajadores del país en la informalidad desde hace décadas, piden más facilidades para despedir, no para “crear más puestos de calidad”. Con el “tope a la doble indemnización” se incentivará “el despido de personas con mayores derechos laborales” que, “en el actual contexto, seguramente sean reemplazados por trabajadores informales y con menores derechos laborales” (ídem).

Además, el decreto ratifica que quedarán por fuera de la prohibición de ser despedidos todos los trabajadores del Estado y de organismos, sociedades, empresas o entidades (YPF, Aysa), es decir que los gobiernos mantienen en sus manos la potestad de seguir dejando trabajadores en la calle como sucedió en muchos sectores estatales en medio de lo más crudo de la pandemia.

El decreto añade, de manera adicional, otro ataque a los trabajadores ya que establece también que, por 90 días, el coronavirus se considerará “presuntivamente una enfermedad de carácter profesional” para “la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la ley sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular”. Es decir que deja afuera a los que realizan teletrabajo.

La defensa de los puestos de trabajo requiere de una intervención decidida del movimiento obrero, de la ruptura de las organizaciones sindicales con los gobiernos y de la organización del activismo y los sectores clasistas y combativos para enfrentar la ofensiva precarizadora y flexibilizadora de las patronales.

https://prensaobrera.com/politicas/los-terremotos-de-un-pais-jaqueado-por-la-crisis-sanitaria-y-social/

 

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24/01/2021

México: López Obrador, ¿títere de los yanquis o de los militares represores?

Salvador Cienfuegos, ex secretario de defensa mexicano.

Por estos días, la Fiscalía General de la República (FGR) de México exoneró de cargos al exjefe del Ejército Salvador Cienfuegos, quien había sido detenido hace algunos meses en Estados Unidos a instancias de la DEA, acusado de apañar a un cartel del narcotráfico. Al mismo tiempo, la FGR publicó el informe en que la agencia antidrogas fundamenta la acusación contra el funcionario, aunque lleno de tachaduras. La publicación y la libertad de Cienfuegos causó malestar en Washington. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la agencia de fabricar el caso, no obstante lo cual aclaró que no quiere que la tensión escale.

La investigación de la DEA contra Cienfuegos se realizó sin dar aviso al gobierno mexicano, bajo el argumento de que las instituciones de este país están perforadas por el narcotráfico. Consiste en cientos de mensajes por celular de entre 2015 y 2017, en algunos de los cuales se lee a narcos refiriéndose a la protección que tienen de un alto funcionario del gobierno anterior, que sería Cienfuegos, quien fue secretario de defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI). Cienfuegos fue detenido a raíz de esta investigación en Estados Unidos el año pasado, Pero a partir de las insistentes gestiones de López Obrador, Trump envió a Cienfuegos al país vecino para que fuera juzgado allí. Las autoridades mexicanas consideraron en apenas días que no había pruebas y lo liberaron.

Es indudable que la DEA opera con total impunidad en México y que bajo el pretexto del combate al narcotráfico se avasalla la soberanía mexicana. En tal sentido, no tiene por qué admitirse que el imperialismo se arrogue la potestad de juzgar a Cienfuegos. Más aún, considerando que EE.UU. ha dotado de todo tipo de armamento a las fuerzas armadas mexicanas, como parte de la Iniciativa Mérida, y que ha amparado la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el expresidente Felipe Calderón (PAN), que fue un fracaso en materia de combate de estos cárteles (que se han multiplicado), pero que en cambio militarizó el país y dejó más de 250 mil muertos.

Pero… el presidente López Obrador con la declaración de inocencia y liberación del general Cienfuegos: ¿está adoptando una pose antiimperialista, de defensa de la soberanía nacional? ¿O está cediendo frente a la “presión” corporativa de las represoras y corruptas Fuerzas Armadas de México? López Obrador ha evidenciado su nítida postración frente al fascistoide ex presidente Trump de los EE.UU. Por eso Trump se tomó el tiempo antes de irse del poder de liberar a Cienfuegos saltando por encima de todos los protocolos, como una forma de preservar a López Obrador frente al planteo militar. La acusación –inventada o no- de la DEA habla de los vínculos entre las fuerzas armadas mexicanas y el narcotráfico. De un “Padrino” en el poder, y un “alto almirante”, que encubren y son cómplices de los narcos.

López Obrador está respondiendo a una defensa corporativa de la fuerza, a la que ha mantenido -como sus predecesores del PAN y del PRI- en las calles y ha volcado a tareas de seguridad interior. En ocasión del regreso de Cienfuegos a México, el canciller Ebrard dijo que se trataba de “un acto de respeto a México y a nuestras fuerzas armadas” (El País, 14/1).

Estas fuerzas armadas son las que aparecen involucradas también en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en 2014, junto a la policía y un grupo narco. Como jefe de la fuerza, Cienfuegos está acusado de encubrir el accionar del Batallón de Iguala y de bloquear las investigaciones. Más aún, algunos de los involucrados fueron ascendidos. El exjefe del Ejército viabilizó esto.

Coartada inútil

En este marco, el Congreso mexicano votó en diciembre una modificación de la ley de seguridad interior, para recortar las amplias atribuciones que tienen en el país los agentes extranjeros. Permite que éstos siguieran operando, pero elimina la inmunidad y los obligaba a compartir la información confidencial con el gobierno mexicano.

Sin embargo, ante las presiones del gobierno norteamericano, López Obrador retrocedió y suavizó estas reglas, limitando la información que los agentes deben compartir a cuestiones muy generales, con lo cual se preserva la confidencialidad de la CIA y la DEA, además de sus operaciones.

López Obrador no tiene intenciones de abrir ninguna confrontación con Estados Unidos. Lo dijo explícitamente en una de sus últimas conferencias de prensa: “No hay ninguna amenaza en contra de México, para dejarlo en claro. O sea que lo que están apostando a que nos vamos a enfrentar al gobierno de Estados Unidos se van a quedar con las ganas” (La Jornada, 21/1).

El gobierno de AMLO mantuvo una buena relación con Trump, al que incluso le agradeció en esa misma conferencia de prensa por el trato dado al gobierno mexicano. Ambos acordaron el despliegue de la Guardia Nacional mexicana contra los migrantes centroamericanos y la contención de éstos mientras se tramitan las solicitudes en el país del Norte.

Ahora, López Obrador procura mantener ese buen vínculo con Joe Biden. Pero atado al imperialismo, México no puede resolver ninguno de sus problemas (narcotráfico, pobreza, etc.).

La reacción en toda la línea

El imperialismo se vale de la estrategia antidrogas para afianzar su dominación en el extranjero, actuando con la mayor impunidad y discrecionalidad, mientras EE.UU es el mayor consumidor de esa droga. El Estado mexicano, en tanto, perforado por el narcotráfico, no se va a investigar a sí mismo.

Sacarse de encima el narcotráfico también plantea la necesidad de desarrollar una alternativa política de los trabajadores.

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22/01/2021

Brasil: todo el apoyo a la huelga general de los municipales de Florianópolis

Abajo la reforma laboral bolsonarista del DEM de Rodrigo Maia y el alcalde Loureiro.

(sobre la base del artículo enviado por los compañeros de Tribuna Classista de Florianópolis).

Imagen de la huelga de 2017.

El alcalde Gean Loureiro del DEM de Rodrigo Maia (partido de derecha que se presenta como “menos fascistoide” que Bolsonaro y que dirige el bloque mayoritario –el centrao- del parlamento), envió un paquete de medidas antiobreras al Ayuntamiento de Florianópolis (capital del Estado de Santa Catalina). Apunta a arrasar con las conquistas y puestos de trabajo de los trabajadores de Comcap (empresa municipal encargada de la recolección y reciclaje de basura en la ciudad). Igual que lo que el gobierno de Bolsonaro hizo con los carteros en todo Brasil y que llevó a una huelga general de dicho gremio durante más de un mes: quitar los derechos conquistados a lo largo de décadas con movilizaciones, huelgas y ocupaciones.

Se trata de luchas y conquistas históricas que los han colocado a la vanguardia nacional de los trabajadores municipales. Su tradición de piquetes y comités de huelga fue reflejada –años atrás- en varias oportunidades en las páginas de nuestra Prensa Obrera.

Gean Loureiro está anticipando la infame “reforma administrativa” del gobierno de Bolsonaro y del actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, capomafia del ala pseudo "progresista" de la derecha antiobrera, que está a punto de conseguir formar un frente de apoyo a las candidaturas parlamentarias del DEM, por parte del PT, PC do B, PDT, REDE, PSB, y un ala del PSOL: una centroizquierda pusilánime, rendida y subordinada a estrechas maniobras parlamentarias derechistas.

Los trabajadores de Comcap están evidenciando gran voluntad de lucha contra estas medidas draconianamente antiobreras. Ocuparon el puente Pedro Ivo que une la Isla con el continente, etc. Al igual que lo que fue la huelga general de los trabajadores del Correo hace unos meses, esta huelga general evidencia las tendencias de lucha existentes en la clase obrera, que sale al combate cuando cuenta con direcciones democráticas y combativas. Pero al igual que con la huelga del Correo, la central obrera (CUT) y el movimiento sindical subordinado al PT de Lula y demás partidos burgueses, aíslan esta lucha. Según Sintrasem, sindicato de los trabajadores municipales de Florianópolis, el intendente contrató a Amazon Fort Soluções Ambientais, empresa del grupo Amazon Fort, de Porto Velho  (Rondônia), que tiene infinitas denuncias de irregularidades, para avanzar en la privatización de sectores de la recolección de residuos y reemplazar a centenares de trabajadores en huelga por personal subcontratado y precarizado. Esta es la política de creación de nuevas fuentes de acumulación de ganancias que Bolsonaro y Cía. intentan crear para sectores de la burguesía hundiendo a las empresas públicas.

La movilización de los trabajadores de Comcap es un gran ejemplo de que no faltan ganas de luchar por parte de la clase trabajadora: lo que falta es un liderazgo sindical y político que efectivamente organice y movilice a los trabajadores en forma independiente. La CUT y el movimiento sindical en su conjunto debieran jugar el papel por el cual se han creado históricamente: defender la huelga de los municipales del Comcap. Impedir la acción de “carneros” tercerizados de empresas privatizadoras. Convocar a asambleas y plenarios, no solo en Florianópolis sino en todo el país, votando la solidaridad con los huelguistas y el reclamo que la CUT rompa con su política de colaboración de clases y vote un plan de lucha en apoyo a la huelga y por el retiro de las “reformas administrativas” antiobreras que se están preparando.

¡Todo el apoyo a la huelga de los trabajadores de Comcap!

No a la subcontratación y privatización de Comcap, poniendo la empresa bajo control de los trabajadores

Rodear la huelga con solidaridad, creando un comité municipal de lucha obrera en apoyo a la huelga

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Plenos derechos a los migrantes centroamericanos

No a la represión pro yanqui. Declaración internacional.

El domingo 17, la policía de Guatemala reprimió salvajemente a la caravana de miles de hondureños que intentan migrar hacia los Estados Unidos. El saldo: centenares de heridos, miles de apaleados y la deportación de 600 hondureños.

Pero la marcha de los migrantes sigue su curso. Los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México se han reunido para coordinar un reforzamiento militar en las fronteras y detener esta movilización migratoria.

Se trata de trabajadores y campesinos desocupados, mujeres y niños/as, familias trabajadoras completas que son obligados a migrar. En Honduras, Guatemala y El Salvador los índices de pobreza abarcan a la mitad de la población. La pandemia del Covid 19 agravó esta situación que fue encarada con negligencia por estos gobiernos.

El gobierno de López Obrador (AMLO) de México es una pieza clave de esta política represiva acordada con el imperialismo yanqui. Tanto con Trump con su famoso “muro”, como con Obama. El ascenso de Biden a la presidencia norteamericana no cambiará esta situación. Las declaraciones de AMLO de que confía que se flexibilizará la política migratoria del nuevo presidente es –en este campo también- una ilusión para justificar una política reaccionaria y represiva. Biden ya anunció que designará a Cecilia Muñoz como su Asesora de Inmigración. Ella fue una pieza clave en el récord histórico de deportaciones durante los mandatos de Obama y es partidaria de la “mano dura” contra los “delincuentes latinos”.

La lucha de los migrantes por su derecho a enfrentar la pobreza se une en forma directa a la de los trabajadores de Centroamérica contra los ajustes del FMI. Semanas antes hemos visto las masivas marchas sobre la Casa de Gobierno en la capital guatemalteca contra los “ajustes”. En Costa Rica, los trabajadores con huelgas y manifestaciones rechazaron el acuerdo con el FMI que estaba elaborando el gobierno. Ahora se quiere volver a intentar su imposición a través de un “acuerdo nacional” que integre a sectores de la burocracia sindical y de los partidos que se reclaman opositores.

Los abajo firmantes planteamos que es una misma lucha la de los trabajadores y campesinos unida a la de los migrantes. Reivindicamos el derecho a la libertad de migración, asilo incondicional, retirar los bloqueos represivos, asistencia social a las caravanas. Basta de represión: detengamos los operativos “tapones” contra los migrantes. Abajo los muros contra los pueblos.

Solidaridad obrera y popular para enfrentar al imperialismo y los gobiernos ajustadores y represivos.

¡Por la Unidad Socialista de América Latina!

PARTIDO OBRERO (Argentina)

GRUPO DE ACCION REVOLUCIONARIA (México)

JUVENTUD OBRERA (Costa Rica)

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20/01/2021
Estados Unidos

La asunción de Biden y las últimas medidas de Trump

Entre la demagogia del nuevo gobierno y las bravuconadas del magnate.

Este miércoles 20 asumió la presidencia de los Estados Unidos Joe Biden, en el marco de un enorme despliegue que incluyó a más de 20 mil efectivos de la Guardia Nacional. El nuevo mandatario brindó un discurso con críticas implícitas a su predecesor en el cargo y cuestionó el ataque fascista contra el Capitolio del 6 de enero, haciendo un llamado a la “unidad”, flanqueado por expresidentes demócratas (Obama, Clinton) y republicanos (Bush jr.), así como por el vice de Trump, Mike Pence. Este llamado a la reconciliación es una señal que la investigación del asalto al Capitolio no se va a profundizar ni avanzar en develar quiénes estuvieron detrás en la organización de esta acción. Ni hay una acusación penal contra Trump y el juicio político está condenado a desvanecerse. Franjas de los propios demócratas son partidarias de archivarlo. Mientras Biden exaltaba en su discurso que los valores democráticos habían logrado imponerse frente a la asonada fallida, lo cierto es que la democracia yanqui bajo la nueva gestión demócrata debuta con la impunidad y apañamiento de los fascistas.

El discurso de Biden fue un discurso con referencias críticas al racismo, el cambio climático, a la necesidad de “reconstruir la clase media”, y una artera comparación entre la lucha de las mujeres por el derecho al voto y la llegada a la vicepresidencia de Kamala Harris. Biden toma nota de las masivas movilizaciones de mujeres de hace algunos años y de la rebelión popular de 2020 tras el crimen de George Floyd, pero no para cumplir sus demandas, sino para neutralizarlas desde el poder.

La “unidad” que pregonó Biden en su discurso es un intento de lograr el apoyo de un ala del Partido Republicano y de la clase capitalista en su conjunto para afrontar un cuadro calamitoso marcado por la pandemia (que ayer superó los 400 mil muertos en el país) y la crisis económica.

Tras cuatro años de misoginia, racismo y prédica fascistoide trumpista, el discurso de Biden-Harris busca también recuperar algo de la imagen deteriorada del imperialismo yanqui en el planeta. El mandatario dijo, además, que buscará “hacer que EE.UU. sea otra vez la fuerza de bien en el mundo”. Bien leído, esto es una confirmación de la continuidad del injerencismo imperialista, que suele disfrazarse bajo los ropajes del “bien” y de la “libertad” y de los "derechos humanos". No hay que olvidar que Biden fue presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado, desde la que apoyó la invasión de Afganistán e Irak. Por lo pronto, es oportuno señalar que en la asunción estuvo presente la delegación diplomática designada por Juan Guaidó. Esto ya nos da una pauta que la intervención norteamericana dirigida a destituir el régimen bolivariano van a continuar.

Fascismo y antifascismo

Los mítines convocados por la ultraderecha para esta jornada no tuvieron repercusión. Seguidores de QAnon (algunos de los cuales participaron del golpe del 6) habían planteado por las redes una “marcha miliciana del millón” en Washington para evitar la asunción de Biden. Pero otros sectores promovieron acciones locales. Algunos grupos (Boogalloo Boys) realizaron en los días previos movidas de milicianos armados de algunas decenas frente a los capitolios estatales (It's Going Down).

Aunque no se trata de grandes convocatorias, no hay que perder de vista que Trump mantiene el amparo a estos grupos (se despidió del poder con un indulto a Steve Bannon, uno de los promotores de esta clase de agrupamientos) y que cada día salen a relucir más las conexiones que tienen con el poder político y empresario y el aparato de seguridad -recordemos que en la acción del 6 de enero hubo varios policías involucrados.

En contra de estos sectores, se están desarrollando algunas contramanifestaciones. Este 20, hubo una concentración en Denver. “¡Estamos diciendo que aborrecemos a la extrema derecha más de lo que les tememos! ¡No confrontar a los fascistas es más peligroso que enfrentarlos! ¡No protestar es más peligroso que protestar!”, dicen los convocantes. También hubo una acción en San Francisco, alentada por organizaciones de izquierda (UFCLP, WWW, FSP).

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Biden anunció, en su día inaugural, una batería de medidas. Algunas de ellas remueven decisiones de Trump, como los decretos de regreso al Acuerdo de París (compromiso global para reducir emisiones) y a la Organización Mundial de la Salud. Otros son concesiones a grandes movimientos de lucha, como la suspensión del oleoducto Keystone, o la ampliación de las moratorias para los desalojos y el pago de préstamos estudiantiles y el aumento del salario mínimo a 15 dólares. La gestión demócrata inaugura su mandato echando lastre, lo cual habla del escenario convulsivo al que deberá hacer frente condicionado por la sombra de la rebelión popular.

En materia migratoria, se presentan algunas medidas que merecen un análisis específico. Si bien flexibilizarían algunas de las restricciones impuestas por Trump, los funcionarios que Biden ha nombrado para el área son cuestionados por haber participado del gobierno de Obama, que ostenta el récord de deportación de migrantes. Toda reforma, además, debería pasar por un largo trámite preliminar en el Congreso. La decisión de congelar el muro con México es puramente simbólica, dado que ya existen vallas en la frontera entre ambos países y acuerdos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para detener las caravanas migratorias.

La situación norteamericana plantea la necesidad de la movilización masiva de los trabajadores y las organizaciones de lucha para derrotar al fascismo. Al mismo tiempo, los trabajadores necesitan poner en pie una fuerza independiente que desarrolle un programa propio de salida a la crisis, rompiendo toda subordinación con Biden y el Partido Demócrata.

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20/01/2021

Países Bajos: la “dimisión” del gobierno xenófobo

Por “años de mala gestión” de los subsidios familiares.

A menos de dos meses de las elecciones, los ministros del gobierno de coalición centroderechista de los Países Bajos han dimitido en bloque, debido al escándalo que estalló por los sesgos xenófobos y discriminatorios en una investigación de supuesto fraude en las ayudas sociales. El primer ministro Mark Rutte admitió que se ha “criminalizado a personas inocentes”, pero adelantó que su gabinete se mantendrá en funciones para continuar la campaña contra el Covid-19, hasta que sean celebrados los comicios legislativos el próximo 17 de marzo. Por esto, algunos medios interpretan las dimisiones como puramente simbólicas.

Los sucesos se remontan a 2014. En ese entonces, la Agencia Tributaria determinó que unas 26.000 familias incumplían los requisitos para beneficiarse del subsidio familiar por cuidado de hijos y accedían de manera fraudulenta. Dejaron de percibirlo y unas 10.000 familias tuvieron que devolver el dinero al Estado. Como las sumas adeudadas alcanzaban los 100.000 euros, las familias tuvieron que solicitar créditos bancarios, refinanciamientos hipotecarios o conseguir nuevos trabajos, derrumbando su ya precaria situación económica.

Sin embargo, el parlamento tuvo que abrir una nueva investigación el pasado diciembre. Allí se demostró que el sistema de vigilancia para evitar fraudes había realizado una discriminación xenófoba contra las familias de ascendencia turca o marroquí. Por otro lado, la Agencia Tributaria contemplaba como “fraude” a cualquier tipo de falla menor, incluyendo la falta de una firma o la no declaración de nuevo domicilio, a los propósitos de castigar a estas familias.

En pocas palabras, las investigaciones infundadas de unos funcionarios, con supervisión del gobierno, arruinaron la situación económica de miles de familias, que además tuvieron que soportar la estigmatización social por delitos que no cometieron.

Familias golpeadas, pero organizadas

La polémica estalló gracias a la organización de las familias. Todo comenzó en una guardería del municipio de Eindhoven, donde coincidieron 157 familias suprimidas del subsidio e incapacitadas de afrontar los gastos mensuales. Cuando su director corroboró los papeles de baja, descubrió que el documento oficial añadía el origen nacional de las familias. Casualmente, ninguna era de origen neerlandés. La abogada española Eva González fue quien inició las acciones legales en 2015.

En 2019, el parlamento dictaminó que “hubo falta institucionalizada de imparcialidad, y los funcionarios interpretaron de forma demasiado estricta la normativa contra el fraude” (El País, 13/1). Se resolvió una reparación de 30.000 euros por tres meses a los damnificados, con la intención de dilatar la bronca. Pero las familias elevaron, ante el Tribunal Supremo, una denuncia contra cinco miembros implicados del propio Ejecutivo. Un día antes que el gabinete, el socialdemócrata Lodewijk Asscher dimitió como cabeza del Partido del Trabajo (PvdA), ya que en 2014 era Ministro de Asuntos Sociales (Agencia EFE, 14/1). Esa fuerza centroizquierdista formó parte del segundo gobierno de Rutte, en el que se desarrollaron los hechos. Es decir, que el escándalo no sólo abarca a la derecha. Asistimos a la coronación de toda una política de agravios contra los migrantes.

El gobierno

El gobierno está encabezado por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) de Rutte, una fuerza derechista partidaria de la Unión Europea (lo acompañan la Llamada Demócrata Cristiana, Demócratas 66 y Unión Cristiana), que ha metido a los Países Bajos en el bloque de los llamados Estados “frugales”, que defienden una línea de ajuste fiscal a rajatabla (hay otro sector de la derecha holandesa, con partidos como el Foro por la Democracia o el Partido por la Libertad de Geert Wilders, que también realizan un sistemático ataque contra la población migrante, pero que al mismo tiempo son hostiles a la UE).

Al escándalo político, se le debe añadir un deterioro de la situación económica. Los Países Bajos han sido golpeados por la pandemia, con un retroceso del PBI del 4% en 2020. Algunas estimaciones indican que el desempleo podría llegar al 6% este año, duplicándose con respecto a 2019 (NL Países Bajos). Al mismo tiempo, la deuda privada (sumado el endeudamiento familiar y la deuda corporativa) llegaba al 242% del PBI a fines de 2018. Según un diario español, “considerando la deuda en su conjunto, tanto privada como pública, los Países Bajos están tan endeudados como Grecia y mucho más que España o Italia” (El Diario, 24/4/20). Las deudas familiares son sobre todo por préstamos para vivienda. “El mercado inmobiliario holandés es la mayor amenaza para la estabilidad financiera en los Países Bajos” (ídem).

La crisis se extiende también a la Corona. En plena pandemia, las fotos que mostraron a Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta de vacaciones, sin cumplir los protocolos de distanciamiento, han erosionado fuertemente la imagen de la institución, sobre todo entre la juventud.

Es necesario aprovechar todas estas condiciones para el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.

https://prensaobrera.com/internacionales/hacia-donde-va-la-economia-mundial/

 

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20/01/2021

Movilizaciones y represión en Túnez

A diez años del comienzo de la Primavera Árabe.

Desde hace ya varias noches, la juventud tunecina se viene movilizando contra el desempleo y la pobreza en la capital y otras varias ciudades del país, en coincidencia con el décimo aniversario del levantamiento que echó del gobierno al dictador Zine el Abidine Ben Ali y dio comienzo a la primera Primavera Árabe. Ben Ali huyó hacia Arabia Saudita un 14 de enero de 2011 y murió años más tarde en ese país.

Las grandes reivindicaciones que motorizaron la rebelión de aquel entonces siguen pendientes. El desempleo juvenil asciende al 35% y la pobreza no cede. A esto se suma el impacto de la pandemia (más de 5 mil muertos y 180 mil infectados, en un país de 11,5 millones de habitantes) y el consecuente agravamiento de la crisis económica, con un derrumbe del turismo, que es una actividad clave. El PBI cayó 9% en 2020. Por otra parte, hay un creciente rechazo popular al régimen político, plagado de corrupción.

El gobierno respondió a las manifestaciones por medio de la represión. Hay más de 600 detenidos y salió el Ejército a las calles. Voceros tanto del gobierno como de la oposición patronal tratan de descalificar a los manifestantes como vándalos o criminales, debido a los choques con las fuerzas de seguridad y algunos saqueos, pero los testimonios que recogen los medios internacionales dan cuenta de una simpatía popular por las protestas.

Actualmente, Túnez tiene como presidente a Kais Said, una figura de carácter conservador (defiende la penalización de la homosexualidad), que ganó las elecciones de 2019 explotando su perfil como independiente. El primer ministro, desde septiembre, es Hichem Mechichi, que tampoco tiene partido y encabeza un gobierno lleno de tecnócratas. Varios medios hablan de crecientes tensiones entre estas dos figuras. El primer ministro anunció la reformulación de casi todo su gabinete, removiendo -según algunos medios- a algunos de los ministros más afines al presidente.

Mechichi relevó en el cargo a Elyes Fakhfakh, quien cayó por corrupción a los cinco meses de asumir el puesto, dado que poseía acciones en una empresa que hizo contratos con el gobierno. La administración de Mechichi tiene el soporte legislativo de los islamistas de Ennahda y de Qalb Tunis, una fuerza liderada por un magnate de los medios de comunicación que ahora está preso por lavado de dinero. En la oposición se encuentra el Partido Desturiano Libre, una fuerza de los herederos de Ben Ali, que son los que han salido a atacar con más virulencia las nuevas movilizaciones.

El panorama es de una fuerte inestabilidad política, con todo tipo de gobiernos desde la caída de Ben Ali a esta parte. En este contexto, la burocracia de la Unión General de los Trabajadores de Túnez (UGTT) ha hecho un llamamiento a un nuevo “diálogo nacional”, del que ya se conoció una experiencia en 2013. El presidente tunecino ha expresado su simpatía por la propuesta. Es una tentativa reaccionaria, que busca mantener en pie un régimen político desacreditado ante las masas.

Túnez suele ser presentado como un modelo de tránsito exitoso hacia la democracia, pero la descomposición de su régimen político lo desmiente.

Las movilizaciones de la juventud explotada deben ser apoyadas. Túnez necesita una nueva primavera.

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20/01/2021
ESTADOS UNIDOS

Marcha antifascista en Denver

Contramanifestación en respuesta a la convocatoria de seguidores de Trump.

Este 20 de enero, organizaciones antifascistas y de izquierda realizarán una contramanifestación en Cheesman Park (Denver, Colorado), en respuesta a la convocatoria callejera de seguidores de Trump en la ciudad. Otro mitin antifascista estaba convocado también en San Francisco. Esto se da en el marco de la asunción de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.

A continuación, compartimos uno de los textos de convocatoria de la movida en Denver, firmado por numerosas organizaciones.

 

Estamos diciendo que no tenemos miedo. ¡Estamos diciendo que aborrecemos a la extrema derecha más de lo que les tememos! ¡No confrontar a los fascistas es más peligroso que enfrentarlos! ¡No protestar es más peligroso que protestar!

¡No más ensayos generales para la derecha! ¡Ninguna confianza en la policía ni en los partidos capitalistas! ¡Todos contra el fascismo!

 

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18/01/2021

Honduras: nueva caravana migratoria hacia Estados Unidos

Biden prepara más represión.

En la madrugada del viernes 15, la primer caravana migratoria del año partió rumbo hacia Estados Unidos. En la frontera hondureña, unas 600 personas fueron detenidas pero otras miles lograron ingresar a Guatemala.

Los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala y México se reunieron el pasado lunes para coordinar un reforzamiento militar fronterizo y sofocar el flujo migratorio, con un despliegue de 7.000 efectivos militares.

El trasfondo de estas caravanas es el empobrecimiento y la descomposición social en Centroamérica. Las familias trabajadoras intentan sobrevivir a través de la emigración. Basta con ver los índices de pobreza, que en Guatemala, El Salvador y Honduras abarcan a más de la mitad de la población. A su vez, poseen tasas de homicidios de las más altas del mundo. Estas problemáticas preexistentes se agravaron con la pandemia del Covid-19 y la pésima gestión de sus gobiernos.

Poco antes de asumir, Joe Biden adelantó que designará a Cecilia Muñoz como Asesora de Inmigración, lo cual cobra especial sentido en este contexto, ya que fue una pieza clave en el récord histórico de deportaciones durante los mandatos de Barack Obama. Muñoz ha justificado la separación de familias y la deportación de “delincuentes latinos” que cometieran infracciones de tránsito. Fue parte mentora de la ley Arizona -que criminaliza a los jornaleros- y de las famosas jaulas donde se recluía a hijos de inmigrantes detenidos. En 2011 declaró que “mientras el Congreso nos dé dinero para deportar a 400.000, eso es lo que haremos”.

Vale señalar de nuevo la colaboración de los gobiernos de la región con Estados Unidos, incluyendo al México de Andrés Manuel López Obrador, quien suscribió acuerdos con Trump que transforman al país en un “Estado tapón” de los migrantes.

Ante el dantesco panorama social centroamericano, reivindicamos el derecho libre a la migración; abajo la represión, asilo incondicional; por la solidaridad internacional de la clase obrera para enfrentar al imperialismo, los gobiernos ajustadores y represores.

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18/01/2021
Prepagas y obras sociales

La reforma de salud, un simulacro

Bastó que Cristina Fernández de Kirchner dijera en un acto “tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, y que Alberto frenara un aumento para las empresas de medicina prepaga que había autorizado el ministro Ginés González García, para que se armara un revuelo de proporciones acerca de una hipotética “reforma K del sistema de salud” o inclusive la “estatización” del mismo. El alboroto mediático incluyó una cita personal en la Rosada de Claudio Belocopitt con el presidente de la nación – convocada por Fernández- y una cumbre de urgencia de los “gordos” de la CGT.

Belocopitt, una de las 25 fortunas más grandes del país, es un zar de la medicina prepaga, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, dueño de Swiss Medical Group, de una decena de los mejores sanatorios, empresas de seguros y socio de América TV. Esto como para ilustrar el calibre de los intereses que están en juego en la salud privada. En su cita íntima con Alberto, este le aseguró que no existía ni de lejos una intención en el gobierno de una “estatización” del sistema de salud. No solo eso, sino que se comprometió a estudiar una compensación a las prepagas, por la interrupción de las ATP y otros subsidios propios del ASPO (aislamiento), de la que se quejó Belocopitt. El magnate salió más tranquilo.

La mesa chica de la CGT, por su lado, se apresuró a emitir un comunicado elogiando al sistema de salud de las obras sociales sindicales, quejándose de la desfinanciación por los altos costos de la medicina, agravados por la pandemia, y llamando a fortalecerlo. Léase a financiarlo. ¿Cómo? básicamente con el aumento del aporte de los afiliados de 3% a 4% del salario, el de los empleadores de 6% a 7% y el de los monotributistas que ingresaron al sistema. También y fundamental con la reducción de las prestaciones obligadas por el PMO (Programa Médico Obligatorio para obras sociales y prepagas) que de por sí es una limitación mercantilista a lo que debería ser una atención universal con criterio científico. El ministro Ginés González García, de buena llegada con los privados, mantuvo una reunión con prepagas y dirigentes sindicales para ese ajuste a fines de mayo del año pasado. Menor calidad de atención y más cara. Por último, una modificación del derecho a la “libre elección” de obras sociales para limitar el éxodo de los aportes de los sueldos más altos a las prepagas Las obras sociales manejan una caja de 800.000 millones de pesos anuales y cubren, incluyendo al Pami, a 20 millones de beneficiarios. Durante el 2020 recibieron 5280 millones de pesos de ayuda “por caída de la recaudación” con dinero del Fondo Solidario de Redistribución destinado a tratamientos costosos y a prestaciones de discapacidad (Clarín, 11/1). Otra aproximación a los enormes intereses que hay en juego.

Prepagas y obras sociales

La ley de “libre elección de obra social” fue el golpe de gracia que el gobierno de Menem en los '90, con apoyo del resto de partidos patronales, le dio al sistema de salud de los sindicatos en beneficio del capital financiero. El carácter “solidario” de las obras sociales consistía en que todos aportaban según sus sueldos para una prestación igual para todos. La posibilidad, en cambio, de emigrar con su aporte a una obra social distinta (libre elección), hizo que los trabajadores de sueldos más altos buscaran planes de salud más caros, completando de su bolsillo si el valor no era cubierto por la cuota social. Se le llama “descreme” porque priva a la obra social de origen de los aportes proporcionalmente más altos. Y de los más jóvenes, que gastan menos en salud, ya que los viejos, de más alto consumo, son desalentados por precios inaccesibles, evidenciando el carácter brutalmente anti solidario del sistema. Las prepagas surgen y crecen al calor de esta reforma privatista, asociándose a obras sociales chicas que, como Capitanes de Ultramar, oficia de reclutadora para la prepaga OSDE. De los 6 millones de beneficiarios de prepagas, cinco millones son emigrados de obras sociales que adhieren a planes de 15 a 20.000 pesos para el grupo familiar.

Las prepagas no son estrictamente empresas de salud, sino compañías de seguros, cuya función parasitaria consiste en intermediar entre el “cliente” y las prestadoras propietarias de sanatorios, laboratorios de análisis o institutos de imágenes y lucrar con la inversión en la timba financiera de las cuotas que recaudan. “Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente", se sinceró Alberto Fernández (Infobae, 1/7), que de eso sabe por haber sido Superintendente de Seguros en el gobierno de Menem. Están vinculadas a fondos de inversión nacionales y extranjeros en busca de nichos atractivos para capitales sobrantes. Su razón de ser no está en la salud sino en el rendimiento financiero. También hay prepagas propiedad de algunas obras sociales grandes cuya burocracia vio la oportunidad de explotar el negocio con planes más caros para quien puede pagarlos. Es el caso de Accord Salud, versión prepaga de Unión Personal, la obra social de UPCN de empleados estales, todo bajo la batuta del multimillonario Secretario General Andrés Rodríguez.

Como se ve el entramado de intereses -y contradicciones claro- entre la burocracia sindical y las prepagas es muy fuerte sin incluir todavía a uno de los actores más poderosos: la industria farmacéutica. El mercado de medicamentos de las obras sociales y Pami es multimillonario y regula los precios generales del rubro. Ir contra los usurarios márgenes de ganancia monopólica de los laboratorios y su control del sistema de patentes, ha provocado la caída de gobiernos. Dueños de laboratorios como Roemmers o Sigman (otro amigo de Alberto y fabricante de la vacuna Astra Zeneca) también figuran entre las fortunas más grandes, por encima incluso de algunas petroleras. Ni hablar de los pulpos extranjeros.

El Plan

Es a la luz de estos fortísimos intereses que deben examinarse los adelantos de Cristina y su equipo de sanitaristas camporistas sobre un sistema de salud “integrado entre lo público, lo privado y las obras sociales” que ahorre recursos que hoy se superponen bajo la forma de impuestos, cuotas de obra social, de prepagas y gastos farmacéuticos. De lo poco y genérico que ha trascendido del plan, elaborado por el grupo “Soberanía Sanitaria” dirigido por Nicolás Kreplak y la “Comisión de Salud del Instituto Patria” bajo conducción de Daniel Gollán, la propuesta consistiría en un acuerdo del Estado y su sistema público, con la CGT y sus obras sociales más el Pami, para establecer un único sistema pagador de prestaciones médicas y de compra de medicamentos, que cubriría al 94% de la demanda de salud. El gasto se ordenaría en función “de la demanda y no desde la oferta” (Ámbito, 12/1) lo que significa, de ser así, que el aporte del Estado por un lado – que facturaría sus prestaciones - y las cuotas de afiliados a obras sociales y el Pami por el otro, se unificaría en un fondo común que financiaría las prestaciones efectivamente realizadas a valores determinados. No se define qué valores ni sobre el PMO actual, que funciona como un cepo financiero a las prestaciones.

El ahorro de recursos provendría del uso racional y centralizado de la capacidad instalada y la aparatología de ambos sistemas y de la compra unificada de medicamentos. En los proyectos privatistas, también basados en el “financiamiento de la demanda y no de la oferta” - Hospital de Autogestión del menemismo, Cobertura Universal de Salud del macrismo – todos “pagan” la atención médica, los desocupados y trabajadores en negro lo hacen mediante una asignación estatal asistencial que dé acceso a un plan mínimo. No aparece definido en este caso. El Estado se ocuparía de la auditoría y control de todos los sistemas y jurisdicciones.

Uñas para guitarrero

Por encima de toda la hojarasca producida, que llevó a que cada sector haya salido a posicionarse con sus propios reclamos, la pregunta es qué posibilidad hay de que la fracción cristinista del gobierno avance en un plan de este tipo. Por más light que resultara, un frente unificado de hospitales públicos, obras sociales y el Pami en todo el país, supondría una competencia sin precedentes para el capital privado, cuyo progreso en el negocio de la salud (como en educación) depende de reducir la salud pública y desmembrar y apropiarse de una parte del sistema de obras sociales. El “plan” de los Cristina, Kicillof, Gollán, supone enfrentar y limitar intereses del capital financiero, de los seguros de salud y de la industria farmacéutica y de las camarillas más concentradas y corruptas de la burocracia sindical, que manejan los fondos de las obras sociales, muchos fuertemente asociados a las prepagas, como una herramienta central de su poder económico y político. Todos ellos le temen más que nada a lo que Daniel Gollán (exministro de salud de CFK) denomina “gobernanza” general por el Estado de todos los sistemas; no quieren que Cristina les meta mano.

No parecen capaces de hacerlo quienes se han subordinado a los bonistas y al FMI, han jugado para Black Rock y han sido impotentes para tocarle un pelo a Vicentin o a los exportadores de maíz. En un año de pandemia no pudieron centralizar, ni para las estadísticas, los diferentes sistemas de salud, ni tienen la autoridad para aplicar una queda nocturna.

Alberto se manifestó abiertamente en contra, La Cámpora y sus sanitaristas “a la cubana” se limitan hasta el momento a invitar a la CGT a un intercambio de ideas. El Plan favorecería –se entusiasman- hasta a las prepagas, que cobrarían mayor poder de negociación ante los prestadores de sanatorios y laboratorios. El gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires en pandemia, subsidia a prestadores privados con dinero del Ioma alegando contratos de exclusividad “para garantizarles rentabilidad a cambio de un mayor margen por parte de la obra social bonaerense para orientar los recursos” (Homero Giles, presidente camporista de IOMA, en Ámbito, 13/1).

La fantasía de un programa de salud humanista, por medio de la conciliación de demandas populares con grandes negocios, sin afectar sus intereses capitalistas, es distraccionista y propia de un caucus pequeño burgués que ha fracasado en la gestión y se subordina al gran capital. Un punto clave los denuncia: “se debe contar con una fuerza laboral en salud acorde a las necesidades de la salud pública, con remuneraciones y condiciones laborales dignas…” dice uno de los postulados del programa de “Soberanía Sanitaria”, mientras médicos y enfermeras de la PBA que gobiernan, tienen salarios por debajo de la línea de pobreza.

No tienen uñas para guitarrero, el “plan” no cobrará vida. Algunos medios lo interpretaron como un mero simulacro cristinista más para condicionar a Alberto y a la CGT.

El Partido Obrero y sus agrupaciones de Salud, luchan por un sistema de salud estatal, bajo control de los trabajadores, que se haga cargo de los recursos de todos los sistemas vigentes, en el camino a un sistema único gratuito igualitario y de excelencia, financiado por impuestos gravosos al gran capital. Las obras sociales deben someterse a comisiones independientes electas que investiguen sus cuentas y formulen planes de atención universal financiados con aportes patronales.

https://prensaobrera.com/politicas/contagios-tarifazos-e-inflacion/

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17/01/2021

Avellaneda supera los 20 mil casos de Covid-19

El gobierno municipal, sin un plan de acción.

El pasado viernes 15 de enero, el municipio declaró 20.183 casos de coronavirus (1843 activos), incluyendo entre ellos 746 fallecidos. Pese a estas elevadas cifras, que demuestran que más del 6% de los habitantes se han infectado y/o transitan la enfermedad, no hay por parte del gobierno “Nac&Pop” plan alguno para hacerle frente.

Lo demuestran las precarias condiciones de trabajo y vivienda, tanto en el ámbito público como privado (falta de elementos de protección, prevención, testeos y protocolos). A la par, el ajuste presupuestario municipal en el ámbito sanitario suma a este contexto paupérrimo.

Recordemos que el Concejo Deliberante aprobó en noviembre pasado el Presupuesto General de Erogaciones 2021, que destina menos del 7% de lo presupuestado al área de salud.

La cantidad de contagios vuelve a incrementarse notablemente. Del lunes 10 al viernes 15 de enero se contabilizaron 377 infectados en Avellaneda. Más de un 270% en comparación a mismas fechas del pasado mes de diciembre (entre el 10/12 y 15/12 se registraron 139 casos). Elevadísimo avance de la pandemia, frente a lo cual el intendente Alejo Chornobroff no ha expuesto plan de acción.

Montado en la campaña nacional, el gobierno ultra K municipal invita a los vecinos a denunciar las fiestas clandestinas, haciendo responsables a los “jóvenes irresponsables” de la suma de contagios, y no a la falta de medidas preventivas a nivel sanitario.

Es urgente la realización constante de testeos masivos en todos los lugares de trabajo y las barriadas de Avellaneda. Aislamiento de casos positivos y sus contactos estrechos, y personas de riesgo (adultos mayores, enfermos o que hayan atravesado enfermedad crónica), sin afectar sus puestos de trabajo y salarios. Plan de vacunación, diseñado y auditado por vecinos y trabajadores de Avellaneda. Unificación del sistema de salud. Incremento de presupuesto para salud. No al pago de la deuda. Fuera el FMI. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.

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17/01/2021

Bolivia: las elecciones del 7 de marzo no dan salida a la crisis

Un balance y reorientación independiente.

Bloqueo de transportistas en reclamo de un diferimiento en la devolución de préstamos.

Un balance, a más de dos meses de la asunción de Luis Arce a la presidencia en Bolivia, no indica ninguna transformación social y política de importancia y menos el avance hacia el socialismo “comunitario” que proclamó el MAS.

En materia de salud, la situación se ha agravado, es hipercrítica. Hace una semana, se llegó a un récord de infectados del Covid por día: 2263. Pero, el viernes, ese récord ya fue roto: se detectaron 2573 nuevos contagiados. Las camas UTI (terapia intensiva) necesarias para los casos graves están colmadas. En Sucre, no hay una disponible. Joel Gutiérrez, presidente de la Asociación de Médicos de Terapia Intensiva, señaló que faltan insumos y profesionales. Desde inicios de año ha muerto un médico terapista por día. Los que están trabajando en la primera línea están colapsados. El presidente Arce se “lavó las manos”: dijo que esa era tarea de los gobernadores que cuentan con los fondos para ello. Y alentó el uso de la “medicina alternativa” de las comunidades indígenas. El presidente afirmó ser testigo de la eficacia de hierbas como wira wira, eucalipto, matico, none, molle, khea khea, quena, "entre otros productos que de alguna manera han logrado reforzar en hermanos y hermanas su inmunología y poder resistir el embate del coronavirus".

Nadie duda de la importancia –aún no del todo estudiada- de la medicina alternativa. Pero lo fundamental es que el pueblo reciba la vacuna inmunizadora y se tomen las medidas de cuarentena necesarias con apoyo social (pago de jornales, etc.) para prevenir la extensión. Esto no se está llevando adelante.

Libertades democráticas

En materia de juicio y castigo a los verdugos del pueblo, el “avance” es a cuentagotas. Fue detenido el general Alfredo Cuellar, responsable de la masacre de Huayllani (Cochabamba), donde fueron asesinados 10 trabajadores y hay más de 100 heridos de bala. Rápidamente el alto mando militar declaró que estaba “desconcertado”. Luego pidió que lo juzgara el fuero militar. Señaló que lo que eventualmente hubiera hecho el “general”, se debe a la “obediencia debida”, a las órdenes que recibió desde la presidencia golpista de Jeanine Añez que cubrió preventivamente los “excesos” represivos con un decreto. Pero Añez, la presidenta golpista y que dio y firmó las órdenes, está libre e incluso es candidata a gobernadora en las próximas elecciones. La “justicia” le cobró una pequeña fianza al general y lo envió a prisión domiciliaria. Para frenar un incremento en la detención de represores las esposas de los policías y jubilados policiales se están movilizando contra el “revanchismo”. El gobierno, para calmar el malestar en la policía que se amotinó y protagonizó el golpe del 2019, estudia llevar el monto de las jubilaciones a un 100% del salario en ejercicio. Privilegio que no se extiende a los trabajadores.

El gobierno quiere establecer un pacto con los mandos represores y reaccionarios. Se ha olvidado de la “academia policial antiimperialista”. Eran todos cosméticos. La fuerza golpista debiera ser disuelta y reemplazada por milicias obreras y campesinas (como se llegó a plantear en la huelga general de 12 días del año pasado). Bolivia estará amenazada al golpe reaccionario.

"Estamos muy decepcionados de la justicia que hay en Bolivia. Quienes mandaron a masacrar, tanto en Sacaba como en Senkata, lamentablemente no están siendo procesados. No estamos encontrando la justicia correspondiente hasta el momento", dijo Marisol Rodríguez, presidenta de la Asociación de Heridos de la Masacre de Senkata.

Economía

En materia económico-social el gobierno de Arce… parió un ratón. Una de las medidas más anunciadas en campaña electoral fue la de aprobar un impuesto a las grandes fortunas. El impuesto anual a la riqueza que finalmente sancionó permite una recaudación de… 15 millones de dólares (el que aprobó el gobierno de Fernández en la Argentina –denunciado por el PO por insuficiente- llega cerca de los 1500 millones de dólares). Como el impuesto se cobraría a unos 150 ricachones, significa un promedio de 100 mil dólares cada uno. Ante las hipócritas críticas de las cámaras empresarias, en contrapartida, el gobierno anunció que quiere ampliar la “base tributaria”: que más gente pague impuestos. Anunció que devolverá 5% del impuesto al consumo (IVA) a sectores de bajos salarios, siempre y cuando presentaran facturas de compras. Como el 75% de la economía boliviana está en negro significa que, oportunamente, iniciará una persecución contra el trabajo callejero e independiente. Hay que anular los impuestos al consumo directamente y gravar en forma progresiva las ganancias de los capitalistas.

Con bombos y platillos se anunció que del presupuesto aprobado por el nuevo gobierno se destinarán 4000 millones de dólares a la obra pública. Pero al mismo tiempo se autoriza al gobierno a colocar bonos de deuda por valor de 3000 millones (1000 millones más de los que había anunciado la golpista Añez).

Los despidos masivos que efectuaron las patronales bajo el gobierno golpista y en la transición no han sido revertidos.

El planteamiento general de Arce es que la primera etapa debiera dedicarse a desmantelar las medidas “neoliberales” impuestas por los golpistas, para volver de nuevo al modelo “nacional y popular” de los gobiernos de Evo Morales. En 14 años de gobierno Evo y el MAS no modificaron la estructura económica de Bolivia, que sigue siendo el país más pobre de América Latina. Las riquezas naturales y el trabajo nacional es capitalizado por monopolios imperialistas (gas, petróleo, minería, etc.) y una oligarquía capitalista agroexportadora.

Volver a la situación anterior es imposible, porque la economía internacional ha cambiado. Estamos sumergidos en una histórica crisis capitalista con un párate del comercio mundial y caída de los precios del petróleo, gas, etc. Bolivia le vendió, en el 2020, 11% menos de gas a Brasil. Los contratos que Añez firmó con Bolsonaro reducían el valor de las exportaciones (lo que ha llevado a Arce a declarar que quiere revisarlos). Las exportaciones de gas boliviano a la Argentina también disminuyeron 30%, también con reducción de precios. La producción de hidrocarburos y las reservas bolivianas están cayendo aceleradamente. El gobierno ha insinuado, como salida, nuevos acuerdos con monopolios extranjeros que se llevaran gran parte de la renta hidrocarburífera.

La economía boliviana retrocedió el año pasado 6,7%. El gobierno de Arce pronosticó que en el 2021 crecerá un 4,8% (el Banco Mundial habla de un 3,9%). El rebote no alcanza a los niveles previos a la crisis y las reservas cayeron de 15 mil en el 2008 a menos de 6 mil millones de dólares. La deuda de Bolivia es de más de 11 mil millones de dólares.

Los transportistas fueron al paro el 12 de enero, reclamando 6 meses de diferimiento en la devolución de préstamos e intereses en las deudas que tienen con los bancos, dado que la pandemia les impidió desarrollar su actividad. El gobierno lo ha otorgado. Esto ha abierto una crisis con los bancos que ha sido apoyada por la central empresaria. Se llegó a plantear un eventual lock out bancario al otorgamiento de nuevos préstamos y la amenaza de futuras fugas de capitales. Los bancos han tenido bajo la pandemia fabulosas ganancias. Es necesario llevar adelante un revolucionario plan de “salvación nacional” planteando la nacionalización de la banca, las industrias petroleras y mineras y el agropower.

Está claro que las ilusiones de amplios sectores de las masas en que la derrota del golpismo y la reasunción del MAS iba a resolver sus reclamos se verán defraudadas. En todos los planos el gobierno masista busca el acuerdo con la derecha y el gran capital. Sus “reformas” son harto tímidas. Lo cual va incrementando las críticas de sectores de los explotados y creando una nueva polarización. Para detener esta nueva polarización el gobierno y la izquierda oportunista (PC, etc.) agitan el fantasma (relativamente real) de un nuevo golpe. Pero en lugar de enfrentarlo movilizando a los trabajadores y campesinos y golpeando el poderío represivo y económico de la derecha, el espantapájaros del golpe es utilizado para contener bajo la consigna de que no hay que provocar.

Las elecciones de marzo

El gobierno y la oposición van ahora a elecciones de gobernadores y municipales el 7 de marzo. Este proceso electoral ha planteado diferentes choques y crisis dentro del MAS en torno a las candidaturas. En general, el “dedazo” de Evo Morales ha ido seleccionando los candidatos en forma arbitraria. Sectores burocráticos han chocado fuertemente con Evo Morales reclamando candidaturas para “sus organizaciones sociales”. Como hace la burocracia sindical argentina que pide candidatos en las listas peronistas para el “movimiento sindical”, es decir para ellos. Algunos sectores han roto con el MAS y se presentan separadamente. Es el caso de Eva Copa que fue presidenta del Senado bajo el golpe, que va con una lista diferenciada por la alcaldía de El Alto. En estos choques no se advierten tendencias populares, sino un choque de apetencias electoralistas.

Quizás más que nunca, estas elecciones municipales (a 4 meses de la asunción del nuevo gobierno) aparecen como un foco distraccionista nacional frente a los graves problemas existentes en la Bolivia obrera y campesina.

La vanguardia obrera, campesina y revolucionaria debe sacar conclusiones: es necesario construir un partido revolucionario de los trabajadores, independiente del Estado, el MAS y todos los partidos burgueses. Para encarar la lucha por un programa obrero y socialista y por un gobierno de trabajadores. La Central Obrera (COB) y los sindicatos deben ser recuperados: reclamar que rompan con la subordinación al gobierno y convoquen a un congreso de bases para discutir el programa de los trabajadores y los métodos para imponerlo.

https://prensaobrera.com/internacionales/hacia-donde-va-la-economia-mundial/

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15/01/2021

La catástrofe sanitaria en Brasil

Manaos se queda sin oxígeno para los pacientes con Covid-19.

El Estado brasileño de Amazonas, que en los primeros meses de la pandemia se hizo tristemente conocido por las fosas comunes debido a la gran cantidad de muertos por Covid-19, volvió a ser noticia por la falta de oxígeno en los centros de salud, lo que ha provocado la muerte de numerosos pacientes.

Estos hechos se concentran en Manaos, la capital estatal. "Hay relatos de que un ala entera de pacientes [de uno de los hospitales] ha muerto por no tener tubos de aire. Además de las muertes, el peligro de generar problemas cerebrales permanentes es alto", le dijo a la prensa brasileña el científico del laboratorio federal Fiocruz Amazonia, Jesem Orellana.

Durante el día 14, algunos de los hospitales quedaron hasta cuatro horas sin oxígeno y se debió convocar a residentes para realizar ventilación manual. Los medios informan de situaciones desesperantes.

El Estado necesitaría el doble del oxígeno que los proveedores pueden proporcionar diariamente. Se está recurriendo a la derivación de algunos pacientes a otras regiones y se baraja la posibilidad de traer el elemento desde otros estados y desde la vecina Venezuela, siempre vapuleada por el presidente Jair Bolsonaro, que se plegó al intento de golpe de Estado.

Mientras tanto, hay una fuerte especulación. Los precios se han disparado y algunos familiares han debido pagar hasta 570 dólares para acceder a un cilindro de oxígeno. Los sectores populares son siempre los más golpeados por la pandemia. Familiares de los pacientes cortaron una avenida frente al Hospital 28 de agosto, para reclamar el suministro.

El procurador del Estado de Amazonas asegura que el Ministerio de Salud, que conduce el general Eduardo Pazuello, fue avisado cuatro días antes de que habría una crisis con el abastecimiento de oxígeno.

El Estado de Amazonas, donde ocurre el desastre, está gobernado por Wilson Miranda Lima, del Partido Social Cristiano, una fuerza política derechista dirigida por evangelistas.

Brasil superó en los primeros días de este mes las 200 mil muertes por coronavirus, ubicándose en este registro solo por detrás de Estados Unidos. Hay siete estados en que ya están ocupadas el 80% de las camas de terapia intensiva (Télam, 14/1). Los casos aumentan en todo el territorio.

El gobierno de Bolsonaro y los gobiernos estaduales son responsables de la catástrofe sanitaria en Brasil. Ambos han llevado adelante un desfinanciamiento sistemático del sistema de salud y han menospreciado la gravedad de la pandemia. El presidente se opuso al establecimiento de medidas de aislamiento social y los gobernadores aplicaron cuarentenas limitadas, que fueron levantando en función de los reclamos de los grupos empresarios.

Pero además, transfieren la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. El desempleo se ha disparado a más del 14% y ha crecido la pobreza.

Es necesario un programa de los trabajadores frente a la pandemia, que parta de la centralización del sistema de salud, la triplicación inmediata de su presupuesto, comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y los barrios, y la prohibición de despidos.

El cierre de Ford en Brasil (prensaobrera.com)

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15/01/2021

El cierre de Ford en Brasil

Gran desafío para los trabajadores de Latinoamérica.

La Ford ha anunciado el cierre de sus tres plantas de fabricación y su retiro del Brasil. Esto significa la cesantía directa de 5000 trabajadores e indirecta de, por lo menos, unos 10 mil más. Gran parte de las autopartistas eran en realidad empresas tercerizadas que incluso están integradas en los convenios colectivos de trabajo.

La crisis capitalista ha golpeado de lleno en esta rama industrial de fabricación de automotores en Brasil, Argentina y a nivel mundial. Según la Asociación Nacional de Fabricantes Automotores del Brasil, la Ford vendió en 2020 un 39,2% menos respecto a 2019. Sin embargo, el balance del tercer trimestre que presentó a sus accionistas daba un margen sustancioso de ganancias.

¿Cuál es la verdad?

Algunos economistas afirman que esta retracción se debe a la pandemia. Pero la Ford ya había cerrado su principal planta en San Bernardo (San Pablo) en el 2019 dejando en la calle 2000 trabajadores metalmecánicos. Y esto fue antes de la pandemia.

El fascistoide presidente Bolsonaro tiró una bomba: la Ford se retira del Brasil porque su gobierno no está dispuesto a otorgar más subsidios que pedía la empresa. La Ford recibió más de 4 mil millones de dólares en subsidios y exenciones impositivas.

No es solo la Ford, sino el conjunto de la industria automotriz y las patronales de otras ramas de la producción (agroexportadoradas, del petróleo, etc.) las que se llenan los bolsillos con subsidios. La ida de la Ford es parte de una reestructuración mundial bajo la presión de la crisis capitalista, la superproducción mundial de automotores y su consecuencia directa: la recesión. Solo en Europa se espera este año el despido de 100 mil trabajadores (Renault, etc.).

En Argentina también se ha reducido la producción automotriz del 2020 respecto al año anterior en un 18,3%.

Lo de la Ford no es un rayo en cielo sereno en la industria automotriz brasilera. Hace menos de un mes cerró la Mercedes Benz. Y están anunciados 1500 “retiros voluntarios” en la Volkswagen.

Los capitalistas tratan de disminuir sus pérdidas y/o mantener sus capitales descargando la crisis sobre los trabajadores. Como dijo el gerente general de la Ford Brasil, el cierre de las fábricas es “para crear un negocio saludable y estable”.

Se trata de una fabulosa destrucción de fuerzas productivas que tienden a eliminar competidores y concentrar el mercado.

Los subsidios no solucionan la sobreproducción capitalista

El gerente de la Ford brasilera alegó que se retiraban por la falta de estabilidad económica y política. Por eso salió Bolsonaro a decir que se iban porque pedían más subsidios y su gobierno no está dispuesto a otorgarlos. Los subsidios por los Estados bajo la forma de exenciones impositivas, no pago de las cargas sociales, etc. son una fuente de superganancias para las patronales y de quebrantos y déficits fiscales. Pero estamos frente a una crisis mundial de sobreproducción que exige, en términos capitalistas, la eliminación de parte importante del capital instalado. La planta de la Ford que se instaló en Bahía, en el norte de Brasil, recibió toda clase de prebendas: terrenos donados por el Estado (que seguramente ahora, al irse, enajenará), etc. Esto ha sido acompañado también por las burocracias sindicales y su política de “colaboración” con las patronales que han introducido todo tipo de reformas laborales superexplotadoras de los obreros con tal –dicen- de conservar los puestos de trabajo. Pero esto se ha demostrado como una falacia. Las patronales extraen una mayor plusvalía (explotación) del obrero pero no garantizan los puestos de trabajo. Al contrario, el incremento de la explotación de la mano de obra, acelera el despido de trabajadores que serán cubiertos por los superexplotados.

La “denuncia” del presidente Bolsonaro frente a la Ford pone al rojo vivo la necesidad de un control obrero, de la apertura de los libros de las empresas, para conocer la realidad económica de los monopolios.

El PT y la burocracia de la CUT actúan como entregadores colaboracionistas

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula plantea, por el contrario, una política de más subsidios para las patronales. El gobernador de Bahía, Rui Costa (del PT), acusó a los gobiernos de Michel Temer y Bolsonaro de haber abandonado las políticas de incentivo a la industria. Justifica el retiro de la Ford y critica a Bolsonaro por no tener una política “industrialista” que otorgue más beneficios a los monopolios, para que mantengan sus plantas y atraer nuevas inversiones. Plantea volver al sistema que imperó bajo las presidencias de Lula, Dilma y la primera etapa del golpista Temer: el Inovar Auto. Este “plan” era una lluvia de subsidios de todo tipo a las patronales, lo que llevó a que la Organización Mundial de Comercio (OMC) impugnara su continuidad y amenazara con sanciones comerciales. El gobierno Temer cambió ese plan por otro similar, con algunas modificaciones cosméticas para burlar la resolución de la OMC: el plan Rota.

Las burocracias sindicales de la Central Única de Trabajadores (CUT) y Força Sindical, se han pronunciado abiertamente por esta pseudo “solución”. El presidente de la CUT y los dirigentes metalmecánicos de Bahía plantean volver al plan Inovar Auto de la época lulista: incrementar los subsidios a las patronales.

La presencia del presidente de la CUT en la asamblea de los obreros de la Ford marcó una “estrategia” de entrega y colaboracionismo. Propuso un “plan de lucha” que consiste en reuniones con los gobernadores y diputados y en la preparación de una Audiencia Pública en San Pablo: “vamos a insistir en hablar con los gobiernos porque entendemos que ellos son responsables del empleo, de una política industrial que preserva el empleo y mejora la economía”, dijo.

Pero no planteó ninguna medida de lucha. Los obreros permanecerán en las puertas de la fábrica, pero no se alentó su ocupación. La patronal de Ford “anunció que trabajará en colaboración con los sindicatos” en el proceso de indemnización y desvinculación de los trabajadores.

No hay un plan de lucha real contra los despidos que no se dan solo en la Ford y la industria automotriz. El Banco do Brasil ha anunciado un plan de 5000 retiros “voluntarios”, etc.

Tampoco hay un programa obrero. Las burocracias sindicales no salen de una defensa y seguidismo a las patronales no solo nacionales sino también imperialistas reclamando más y más fondos fiscales para ellas.

Pero tratar de volver para atrás, a la situación de los 2000, es una ilusión (encima propatronal). Hoy, la crisis económica capitalista se ha agudizado y es implacable. Exige medidas drásticas en defensa de los trabajadores. Ocupar las empresas que cierren o despidan y ponerlas en funcionamiento bajo control y gestión obrera. Expropiar sin pago toda empresa que aplique estas modalidades antiobreras. Si no se puede producir más coches se necesita de un plan central para reconvertir las industrias y producir en beneficio de las necesidades nacionales y populares (material ferroviario, viviendas, etc.). Ningún despido: reducción de las horas de trabajo para dar cabida a todos los trabajadores.

Esto plantea la necesidad de denunciar la política de las burocracias sindicales enfeudadas con el PT y otras fuerzas políticas burguesas, reclamar que los sindicatos rompan con esa política de colaboración de clases y pasen a un plan de lucha nacional con paros y movilizaciones hacia la huelga general. La burocracia de la CUT ya ha aislado y llevado a la derrota la gran huelga general de los trabajadores del Correo, de los trabajadores de Petrobras, etc. Es necesario convocar a asambleas obreras en cada empresa y a un congreso de delegados de la CUT elegidos en esas asambleas para votar un plan de lucha y el rechazo a los despidos masivos y el “ajuste” contra los trabajadores.

A Bolsonaro 5000 despedidos de la Ford le “resbalan”. Ha señalado que Brasil se está reactivando y que en los últimos meses se habrían creado 400 mil nuevos puestos de trabajo. Pero –incluso de ser cierto- la desocupación superó los… ¡11 millones! Y las patronales, como la Ford, están arreciando con nuevos cierres y despidos masivos.

La izquierda que se reclama revolucionaria tiene un desafío y una oportunidad histórica de intervenir organizando esa resistencia, yendo a los conflictos, etc. Y no dejarse entrampar por una pretendida lucha electoral antifascista armando listas de frentes amplios contra Bolsonaro para las elecciones del 2022 con la centroizquierda y la “derecha democrática”.

https://prensaobrera.com/politicas/el-cierre-de-ford-en-brasil-su-impacto-en-la-argentina/

 

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15/01/2021

El cierre de Ford en Brasil, su impacto en la Argentina

Por la unidad de los trabajadores.

El rechazo al cierre y a los despidos en la Ford, la Mercedes Benz y otras metalmecánicas brasileras no es solo un problema nacional. Aquí están actuando con planes internacionales poderosas empresas imperialistas. Ford dijo que la producción que rescindirá en Brasil sería cubierta con importaciones de la India y otros países.

Anunció que invertirá 500 millones de dólares en la Argentina para fabricar un nuevo modelo y 50 millones en Uruguay para una armaduría. Las burocracias sindicales de Argentina y Uruguay no se pronuncian frente a los cierres y despidos masivos en Brasil. Especulan con que eso los puede beneficiar en “desarrollar” sus economías “nacionales”. Las burocracias se colocan -y pretenden colocar a los trabajadores- bajo la defensa de “su” clase burguesa. Ni siquiera está claro aún el balance entre despidos y nuevos puestos de trabajo en la Ford Argentina. Porque el nuevo modelo se ve contrapesado con la eliminación de la producción que era exportada a Ford Brasil para el armado de vehículos allí. En cualquier caso, en Argentina se ha constituido una “Mesa sectorial automotriz” en el marco del pacto social que el gobierno de Alberto Fernández está impulsando, constituida por funcionarios del gobierno, las cámaras patronales y los sindicatos metalúrgicos y mecánico del ramo, que avanzó en la aprobación de los lineamientos para presentar en febrero un proyecto de ley al Congreso, de “impulso” al sector. En un comunicado público se adelanta que contendrá clausulas de “Fomento a nuevas inversiones: Define una serie de beneficios para todas las inversiones futuras realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina”. ¿Vamos a otro festival de subsidios y de flexibilización laboral para “atraer” inversiones capitalistas?

Los obreros de las fábricas automotrices argentinas nada saben sobre su contenido. Es necesario reclamar que se informe del mismo en asambleas.

Contra la estrategia de la colaboración de clases con las patronales y contra la competencia por subsidios fiscales y mayor explotación de los trabajadores tenemos que oponer la independencia de las organizaciones sindicales y la unidad de los trabajadores de Brasil, Uruguay y Argentina.

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14/01/2021

Chile: nuevos episodios en la lucha indígena

El fallo por el crimen de Catrillanca y los allanamientos contra la comunidad mapuche.

La Justicia chilena condenó a siete ex carabineros y un abogado por el asesinato del referente mapuche Camilo Catrillanca, en 2018. Mientras trabajaba en su campo de Temucuicui (región de Araucanía), se llevó a cabo un operativo policial, sin previo aviso ni voz de mando, que terminó con su vida.

En el juicio, se declaró al agente Carlos Alarcón como culpable del homicidio y a los demás como partícipes necesarios, obstrucción a la investigación, falsificaciones declaratorias y disparos injustificados. Esto último refuta la teoría del ataque a Catrillanca como defensa carabinera en un enfrentamiento, lo que habían declarado los imputados.

Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, señaló los fuertes límites de la condena, dado que solo alcanza a los agentes rasos, sin tocar a los altos mandos involucrados. Cabe señalar también que la hija de siete años de Camilo, fue detenida durante tres horas por la Policía de Investigaciones (PDI) en Temucuicui, cuando se dirigía con sus familiares a escuchar la sentencia. Esto motivó una denuncia de la Defensoría de la Niñez por “detención ilegal”.

En su momento, el crimen de Catrillanca conmocionó al país y principalmente a las comunidades mapuches lindantes. El intendente de la Araucanía, Luis Mayol, tuvo que renunciar inmediatamente, luego de decir que Camilo era un ladrón de autos. También se destituyó al jefe de Carabineros, Hermes Soto, designado por el propio Sebastián Piñera, nueve meses antes.

Pero estas resoluciones no fueron un gesto bondadoso del gobierno, sino producto de la lucha mapuche.

El Estado chileno continúa atropellando a las comunidades indígenas. El mismo día de este fallo, se allanaron los territorios indígenas de wallmapu, en busca de “narcoterroristas” que estarían allí escondidos. El “operativo policial” se pareció bastante a un “operativo de guerra”, que contó con más de 800 efectivos y dos helicópteros. Además, la semana pasada, blindados y topadoras desalojaron a la comunidad Txen Txen Mawida, para regalarle esos terrenos a un sector empresarial de la comuna de Victoria.

Se trata del mismo Estado que reprimió de manera criminal la rebelión popular que estalló en 2019, con varios muertos, cientos de manifestantes víctimas de pérdidas oculares por el disparo a los ojos por parte de Carabineros, y con miles de detenidos, muchos de los cuales siguen siendo presos políticos.

Es necesario seguir luchando para echar al gobierno de Sebastián Piñera.

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