08/11/2020

La Matanza: la lucha contra la contaminación de la Ceamse y por un ambiente sano sigue vigente

A 14 años del "Catanazo".

Los basurales a cielo abierto se han instalado en distintos puntos del conurbano hace décadas, como en González Catán, y vienen afectando la salud y el ambiente en diferentes barrios de la clase obrera. A fines de octubre de 2006, los vecinos de González Catán iniciaban bloqueos de camiones en los accesos a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), centro de deposición de residuos. A 14 años de aquellos hechos, la lucha contra este negociado del Estado y grupos empresarios sigue en pie.

Contaminados desde la dictadura

Desde la última dictadura la estrategia de los diferentes gobiernos para gestionar los residuos sólidos urbanos del área metropolitana viene siendo el empleo de rellenos sanitarios. Para ello, se creó la empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) con participación de los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, la cual se encarga, en asociación con otras empresas, de transportar los residuos desde las zonas de acopio y realizar su disposición final, entre otras actividades.

Uno de los tres centros de deposición final de residuos se encuentra en González Catán, localidad que venía recibiendo un promedio de 17 mil toneladas por día de 14 municipios y de CABA hasta 2007 aproximadamente. El proyecto, inspirado y en beneficio de grupos empresarios como Techint y Benito Roggio, se impuso con la promesa de que se enmarcaría en un espacio parquizado y armonizado con el ambiente. El predio debía tener 25 hectáreas pero el Estado facilitó 50 más. En el área, además, hay cuatro cementerios privados, un negocio de los 90, y un conjunto de barrios sin una infraestructura acorde.

La Ceamse funciona desde 1979 y sigue operando con la complicidad de todos los gobiernos, tanto a nivel provincial como municipal, provocando contaminación en el aire, el suelo y el agua y, como consecuencia de ello, diversas enfermedades (cáncer de piel, de mama, leucemia, trastornos respiratorios, lupus, púrpura) que afectan a los habitantes de tres de los barrios linderos al cinturón ecológico: Las Marías, San Enrique y Nicol.

La crisis del 2001 y la organización contra la contaminación

Desde el año 2003 un grupo de vecinos comenzó a organizarse, conformándose como Vecinxs Autoconvocadxs contra el Ceamse y el Care (Centro Ambiental de Reconversión Energética), en el marco de la movilización de trabajadores ocupados y desocupados y las prácticas asamblearias que había alumbrado la crisis de 2001.

Ese mismo año, 2003, realizaron una denuncia, la cual llevó a que se abriera una causa penal en el Juzgado Federal Nº 3 de Morón. Pablo Salas, juez de la causa, ordenó realizar pericias a los pozos de agua de la zona, las cuales arrojaron que la misma no es apta para consumo humano. La misma resolución sentenció que el agua no debía utilizarse "ni para lavarse los dientes". De este modo, la Municipalidad de la Matanza y la Secretaría de Política Ambiental se veían obligadas a "implementar con carácter de urgencia las medidas sanitarias pertinentes con relación al suministro de agua potable" a los vecinos de los tres barrios afectados y a los colegios de la zona a través del Consejo Escolar. Al día de hoy, no se cuenta con un sistema de cloacas de cobertura plena ni una planta potabilizadora que se encargue de eliminar los metales pesados de las aguas de las napas contaminadas por los líquidos de la basura.

El "Catanazo"

Un antecedente inmediato al “Catanazo” de noviembre de 2006, fue la Interbarrial de González Catán, una de las primeras asambleas piqueteras de la zona, y de donde surgirían los cuadros que luego fundaron el Polo Obrero en Catán y en La Matanza. La lucha de la Interbarrial fue enorme por varios motivos, pero sin dudas, su victoria más apreciada y recordada ha sido la puesta en funcionamiento del Hospital del Km 32.

Las denuncias, los reclamos persistentes, la conciencia creciente sobre la contaminación y las responsabilidades políticas cada vez más claras, fueron confluyendo. Así es como los vecinos resolvieron en asamblea, como ya lo venían haciendo, el bloqueo de camiones en el ingreso del predio de la Ceamse por varios días a fines de octubre de 2006. La tenacidad del reclamo se encontró con un enorme despliegue policial que buscaba desalojar a los manifestantes. Fernando Espinoza, intendente en ese momento, intervino decretando "la emergencia sanitaria" dado que, con el bloqueo, la basura se acumulaba en las veredas de las viviendas y podría generar focos infecciosos. Como consecuencia, una orden impartida por el juez de Garantías de La Matanza, Marcelo Dau, habilitó el desalojo y la represión de los manifestantes. El brutal operativo contó con 500 efectivos y dio lugar a la detención de 40 compañeros, en su mayoría militantes del Polo y de la CCC. Las organizaciones habían sido sostenes claves del bloqueo, sumando a los reclamos la plena apertura del Hospital del km 32 y que se revierta el vaciamiento del Paroissien.

Sin embargo, el operativo tuvo el efecto adverso al que buscaban. La población de Catán protagonizó el 3 de noviembre una histórica movilización por la liberación de los detenidos, contra la contaminación del Ceamse, por su cierre y el saneamiento del lugar que llegó a congregar a miles de personas.

La movilización popular colocó la cuestión de la salud, la basura y su tratamiento en el primer plano de la situación política. Así es como, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, prometió el cierre definitivo de la planta para finales del año 2007. Sin embargo, las promesas no se cumplieron y un acuerdo entre el municipio y el gobierno provincial decidió extender las operaciones del basural a cielo abierto.

Las escuelas de Catán y sus comunidades fueron un factor fundamental en el "Catanazo". No sólo en la participación física en aquellas jornadas de enorme movilización sino también en el antes y el después. Muchas docentes detectaban en los estudiantes varias de las enfermedades que luego fueron asociando con el basural. Asimismo, fueron quienes colocaron el tema para trabajar en las aulas y dieron pasos importantes en lo que hoy se conoce y se demanda como educación ambiental.

Como resultado del "Catanazo" se dejó de ingresar residuos de unos 17 municipios del Conurbano y de Capital Federal, además de conseguir la provisión de agua potable para las escuelas de la zona, porque, si bien están conectadas a la red de Agua+Trabajo, es agua de pozo y está contaminada, nos cuenta uno de los referentes de esta lucha, Hugo Osores.

En relación al tratamiento de residuos, Osores plantea que, además del cierre inmediato de la planta y la remediación de la misma con la intervención del Estado y la participación de universidades, debe llevarse a cabo un plan integral del tratamiento de los residuos, el cual incluye la separación en origen y la recolección diferenciada. Plantea que podría abrirse un camino allí hacia el trabajo genuino para la población desocupada a través del reciclado. Además, propone que un sector del hospital del Km32 de Catán, el "Simplemente Evita" sea destinado al estudio, seguimiento y tratamiento de las enfermedades generadas por la contaminación ambiental de la Ceamse y otros como Klaukol, a través de un equipo interdisciplinario de profesionales.

El frente único como salida de los trabajadores por un ambiente sano

La extensa y profunda lucha que han llevado y continúan los trabajadores de González Catán ha dejado como saldo la instalación de la problemática que desde la dictadura funcionaba como un negocio "limpio". Con avances y retrocesos, la conciencia del perjuicio ambiental que implica el relleno sanitario sin el tratamiento adecuado y la conciencia de la unidad de distintos sectores de trabajadores es una marca que queda en las nuevas generaciones que continuamos en la misma senda.

Aún queda mucha lucha para terminar de eliminar este basural, así como también para la planificación de un sistema de tratamiento y reciclado de los residuos con control obrero y de los vecinos que efectivamente aborde integralmente esta problemática. Estamos atravesando un tiempo de crisis del capital que pone cada vez más en riesgo nuestros ambientes. El gobierno actual se acomoda a las necesidades del capital y un sistema en crisis y viene reciclando a funcionarios antiobreros como Felipe Solá, que hoy en día promueve el polémico acuerdo de megafactorías de cerdos con China.

Sin embargo, esa crisis está atravesada por diferentes procesos de lucha en La Matanza y en el país que bregamos por que se conjuguen para pegar juntos con el mismo puño. Siempre defendiendo una estricta independencia política de los gobiernos de turno, la lucha por el cierre de la Ceamse, el saneamiento y el tratamiento integral es una bandera más de los vecinos de González Catán y del conjunto de la clase obrera en el camino a tomar las riendas de nuestro propio destino.

En defensa de un ambiente sano para los trabajadores.

Abajo el régimen de la depredación ambiental.

https://prensaobrera.com/ambiente/a-los-actos-del-partido-obrero-tambien-por-los-reclamos-ambientales/

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08/11/2020

CABA: el martes 10, movilizamos por el fin de las restricciones al subsidio habitacional

A la Subsecretaría de Desarrollo Familiar y Comunitario.

Congreso por la vivienda, desarrollado en Plaza de Mayo el 16/10.

Luego de una gran jornada de lucha por la vivienda en la ciudad, donde decenas de organizaciones, vecinos de las villas de la ciudad y de casas recuperadas marchamos a la jefatura de Gobierno para exigirle al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que dé una respuesta frente a la crisis habitacional, movilizaremos este próximo martes 10/11 a la Subsecretaría de Desarrollo Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, para exigir el fin de las restricciones en el acceso a los subsidios habitacionales.

Con la creciente crisis social y económica que avanza en todo el país, que no deja por fuera a la ciudad, y teniendo a los trabajadores desocupados e informales como los más golpeados, el problema de la vivienda se coloca con más fuerza que nunca. La lucha por la tierra y la vivienda, que tuvo a Guernica como su principal exponente en los últimos meses, ha demostrado cuál es y cuál ha sido el carácter de todos aquellos que han gobernado hasta el momento. La especulación inmobiliaria y la privatización de espacios públicos ha sido la política que se ha llevado adelante en la ciudad, pactada entre el gobierno y la oposición patronal, como así también en todo el país.

La imposibilidad para pagar los alquileres para los miles de inquilinos que viven en la ciudad es una realidad que no ha tenido respuesta por parte del gobierno y que produjo que se lleven adelante numerosos desalojos en aquellos casos donde no se cuenta con un contrato formal de por medio. Las restricciones para acceder a un subsidio habitacional contemplado en la ley 690, que incluso plantea que para acceder al mismo se debe tener un contrato formal, deja a cientos de familias en la calle sin solución.

Es necesario que se dé una respuesta a esta problemática. La creación de un banco de tierras destinado a la construcción de viviendas sociales, que se avance con un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y al capital inmobiliario para financiar este plan de obras, la urbanización real de las villas, el relevamiento de los contratos de alquiler informal para darle a las familias una respuesta definitiva al derecho a la vivienda, entre otros puntos, son indispensables para avanzar en este sentido.

Como una de las resoluciones votadas en el congreso por la vivienda realizado en la ciudad, el próximo martes 10 a las 10hs nos movilizaremos a Entre Ríos y Pavón, exigiendo la universalización y el fin de las restricciones para acceder al subsidio habitacional para todas las familias que lo necesiten. Llamamos a todos los vecinos y organizaciones a que se sumen y a lanzar un gran empadronamiento por este reclamo.

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08/11/2020

Zona Oeste: los trabajadores de supermercados en lucha

Con todo al paro del 11.

Los trabajadores de Vea, Carrefour, Coto, Dia, Maxiconsumo, entre otros, en la Zona Oeste, realizaron “asambleas” durante 2 semanas, de dos horas algunas y de 6 horas los sábado, en reclamo de un bono y en rechazo a la paritaria del 12% hasta marzo cerrada por la conducción nacional de la Faecys, que dirige Armando Cavalieri. Estas asambleas funcionan como “paros parciales” porque se mantienen pocas cajas funcionando, los trabajadores salen afuera con carteles y bombos y la atención se reduce al mínimo. Para el miércoles 11, está convocado un paro seccional.

La seccional de comercio de Zona Oeste, Seoca, liderada por Rubén Ledesma, es opositora a Cavalieri y lo demuestra organizando estas acciones con los delegados, poniendo especial atención a que no se desborde la base. En las “asambleas” convocadas durante las últimas dos semanas nadie opina, ni propone ni se vota nada. No hay deliberación colectiva. A Ledesma no le importa lo que opinen los trabajadores.

A pesar de esta contención burocrática, los trabajadores hacen suyas las limitadas acciones de lucha por el rechazo que sienten hacia la paritaria a la baja suscripta por la Faecys.

El Seoca reclama un bono de $30.000 ($5.000 cada mes, hasta marzo). Basan su exigencia en el trabajo esencial que han llevado adelante los trabajadores durante la pandemia. También había anunciado el paro para esta semana (si no recibía respuestas positivas de las patronales), pero lo reemplazó por la continuidad las “asambleas”. Ahora, anuncian el famoso paro para el viernes 13, para “darle tiempo” a las empresas.

Los supermercados nunca cerraron en la cuarentena y, de hecho, multiplicaron sus ventas, siendo de los sectores empresariales que más recaudaron. Es preciso que ese reclamo de $30.000 sea en un solo pago. Ya hay acuerdos con supermercados mayoristas en los que parte de esos bonos se pagan en vouchers por mercadería. No hay que aceptarlo: con vouchers no se paga el alquiler.

Con 125 horas de trabajo, una compañera gana 30 mil pesos, o sea, está por debajo de la línea de pobreza, porque la canasta básica hoy es de 47 mil pesos. ¡Hay que exigir la reapertura de la paritaria ya! La inflación se exacerbó en los últimos meses y la devaluación del peso destruye los salarios. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya anunció tarifazos de luz y gas para después del 31 de diciembre de casi un 60% de aumento.

Es ambiguo el pedido de “un incremento salarial superior al 13%” del Seoca. ¿Significa que si las patronales ofrecen 1% más, se termina la lucha? No, se deben convocar a asambleas reales para deliberar colectivamente la reorientación de esta lucha por un 40% al básico (con cláusula de actualización por inflación).

Un aspecto muy grave del conflicto actual lo constituyen las patoteadas de Coto, cuyo dueño viene de reunirse con el presidente Alberto Fernández. En Moreno, una delegada fue golpeada por guardias de seguridad de la empresa, lo que desató un corte en la colectora de acceso Oeste, como repudio. En Santos Lugares, un delegado denunció que personal de seguridad lo obligó a levantar la asamblea que había convocado (Infogremiales, 8/11).

Los trabajadores de Coto deben luchar por su derecho a reunirse, convocar a asambleas y a acciones de lucha. También rechazamos las amenazas de algunas patronales que piden nombre y legajo de los compañeros que participan de las “asambleas”.

Las jornadas realizadas dan cuenta de la reserva que hay en la base del gremio para salir a defender el salario. Es necesaria la convocatoria a asambleas reales donde la base tenga voz y voto. ¡Basta de dilaciones, organicemos con todo el paro del 13!

Por la reapertura de la paritaria por 40% al básico. $30 mil de bono de una vez (no en cuotas). No a los vouchers, dinero en mano. Por una comisión de seguridad e higiene con participación de los trabajadores para controlar la aplicación de protocolos y licencias.

https://prensaobrera.com/sindicales/comercio-caba-autoconvocatoria-por-el-bono-en-supermercados/

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07/11/2020

Francia: la campaña reaccionaria de Macron

Este lunes se realizaron en las escuelas de Francia homenajes a Samuel Paty, un profesor que fue decapitado por un joven checheno de 18 años como represalia por haber exhibido en clases caricaturas de Mahoma. Lo que Paty había enseñado a sus alumnos eran los dibujos de la revista Charlie Hebdo que motivaron los atentados de 2015. El juicio a algunos de los responsables de esos ataques comenzó hace pocas semanas.

Los atentados perpetrados por organizaciones islámicas, que se han multiplicado estos años y tienen sus víctimas privilegiadas entre los sectores populares, poseen un carácter reaccionario y merecen un decidido repudio. Pero esto no puede ni debe confundirse con un apoyo al Estado imperialista, reaccionario y represor francés.

El gobierno de Emmanuel Macron se ha valido del repugnante crimen contra Paty -y de un atentado posterior en Niza- para reforzar el aparato represivo y una campaña reaccionaria contra la población musulmana. Aumentó el despliegue de la operación Centinela, por la que efectivos del Ejército custodian lugares públicos, de 4.300 a 7.000 mil efectivos. El Ministerio del Interior, en tanto, anticipó la deportación de extranjeros “radicalizados”, el cierre de una mezquita, un mayor control sobre las redes sociales, y reclamó la disolución del Colectivo contra la Islamofobia (CCIF). “Estamos en guerra”, dijo el titular de esta cartera (El País, 30/10). La persecución del “islam político” -promovida también por Los Republicanos y el Frente Nacional- es la coartada de un reforzamiento represivo de alcance general.

El gobierno se prepara además -desde antes de los últimos atentados- para la presentación en el parlamento -el próximo 9 de diciembre- de un proyecto de ley contra el “separatismo islámico” que restringe la educación domiciliaria que es usada por familias musulmanas, exige a las asociaciones religiosas la firma un certificado respetando los valores de la República, apunta a reemplazar el sistema de imanes consulares -que llegan desde otros países- por uno nuevo (“formaremos a nuestros imanes en Francia”, dijo Macron) e impone la “neutralidad religiosa” a los trabajadores del sector público, entre otros puntos.

Presentada como una iniciativa para reforzar el laicismo, lo único que se busca es recomponer una autoridad estatal en deterioro. “Hemos construido una concentración de miseria y dificultades y lo sabemos muy bien. Hemos creado barrios donde la promesa de la República no se ha cumplido”, reconoció Macron (Europa Press, 2/10). Al presidente francés le preocupan los sumergidos y levantiscos barrios en que la juventud viene de protagonizar grandes movilizaciones contra la represión y el gatillo fácil.

El laicismo oficial tiene un carácter reaccionario. Busca reforzar la autoridad de un Estado imperialista y dividir a los explotados, al tiempo que es un laicismo que esconde los vínculos privilegiados entre el Estado y la Iglesia católica.

Por otra parte, mientras hace campaña contra el islamismo político en su país, Macron mantiene su alianza con uno de los poderes oscurantistas más grandes del mundo, la corona saudita. El Estado francés también se ha valido del pretexto del islamismo y el terrorismo para justificar su despliegue de tropas en Malí y otros países del continente africano.

Hay que decir finalmente que el discurso islamófobo alienta reacciones contra la población musulmana, como el atentado en la mezquita de Bayona de octubre pasado por parte de un miembro del Frente Nacional.

La pandemia

La campaña reaccionaria de Macron busca además desviar la atención ante la crisis social, agravada por la pandemia, y ante el fracaso sanitario del gobierno. Con más 1,6 millones de casos y casi 40 mil muertos, Francia aparece entre los países más afectados del mundo. El diario Le Monde (4/11) se ha hecho eco de un informe que indica que la mortalidad (en la primera etapa del Covid-19) es superior en las afueras más empobrecidas de París y en los lugares de mayor hacinamiento habitacional.

Ante una escalada que amenazaba con llevar los contagios a 100 mil por día, según el propio Macron, y a un colapso total del sistema sanitario, el gobierno que venía resistiendo la implementación de una nueva cuarentena debió ordenar un confinamiento para el mes de noviembre, aunque absolutamente limitado: se cierran algunos comercios pero las grandes empresas podrán seguir operando. Las escuelas se mantienen abiertas, lo que ha desatado un movimiento de lucha (paros, asambleas) en decenas de establecimientos, encabezado por alumnos y profesores, ante la falta de medidas de seguridad e higiene y de un protocolo adecuado.

Macron y Erdogan

Las diatribas del gobierno francés contra el islamismo han agravado las tensiones con Turquía. Francia viene de reforzar su presencia militar en el Mediterráneo oriental, en el marco de las disputas entre Grecia y Turquía por los recursos gasíferos, frente a las cuales Macron apoya a la primera. También aparecen enfrentados en la guerra entre Armenia y Azerbaiyán (donde Macron apoya a Ereván y Erdogan a Bakú) y en la guerra civil en Libia (Turquía apuntala al gobierno y Francia al mariscal Haftar).

Al igual que Macron, Erdogan se vale este duelo para reposicionarse en el plano interno. En el mundo musulmán, la campaña de Macron ha suscitado un fuerte rechazo. El ya citado Le Monde informa que 50 mil personas se movilizaron en Dacca, la capital de Bangladesh, en repudio al presidente francés y en reclamo de la ruptura de relaciones con el país galo. La convocatoria partió de una organización islamista. También hubo movilizaciones en algunas ciudades de Pakistán, mientras que en ciertos países se está impulsando el boicot a productos franceses.

Unidad de los trabajadores

Frente a la campaña reaccionaria de Macron, es necesario promover la lucha común de los trabajadores contra el capital. En ese proceso mismo, franjas de masas podrán ir liberándose de toda sujeción a cualquier variante oscurantista.

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06/11/2020

Las elecciones y la crisis puertorriqueña

En simultáneo con la elección norteamericana, Puerto Rico fue a las urnas este martes para definir el nuevo gobernador, los intendentes y el parlamento. Además, se desarrolló una nueva consulta no vinculante sobre el estatus de la isla.

Por escasa diferencia, se imponía por el momento como gobernador Pedro Pierluisi, del oficialista Partido Nuevo Progresista, quien obtenía poco más del 32% de los votos. Lo seguía Carlos Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático, la otra fuerza tradicional de la isla, con el 31,4%. Ambos partidos sufren un importante retroceso con respecto a la elección de 2016, de entre 7 y 10 puntos.

La debacle de estos partidos se explica por el creciente malestar popular ante la crisis social y la bancarrota económica, que llevó el año pasado a una rebelión popular que echó del poder al entonces gobernador “Ricky” Rosselló e instaló la consigna “Fuera la Junta” -por la Junta de Supervisión Fiscal, el organismo impuesto por los yanquis que supervisa el pago de la deuda a costa de enormes privaciones para las masas (una parte de esa deuda fue recientemente reestructurada, en lo que fue un gran negocio para un puñado de fondos financieros).

Pierluisi, el flamante gobernador, relevó a Rosselló en el cargo por unos días en aquellos días revueltos, pero debió renunciar ante la falta de apoyo del parlamento. En su lugar, fue electa Wanda Vázquez, quien perdió este año las elecciones primarias con el ahora mandatario electo.

La caída del PNP y el PPD ha sido señalada por algunos analistas como el fin del bipartadismo, debido al desarrollo que cobraron otras fuerzas políticas. El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que llevaba como candidata a Alexandra Lúgaro, una abogada que tuvo un gran desempeño como competidora independiente en los comicios pasados, sumó casi el 15% y quedó a las puertas de ganar la capital, San Juan. El Partido Independentista de Puerto Rico (PIP), en tanto, logró un meteórico avance desde el 2 a más del 14%.

Los planteos críticos de estas fuerzas hacia la Junta les permitieron sintonizar con los sectores que se movilizaron en 2019, pero se trata de fuerzas que no rompen los moldes del régimen. Juan Dalmau, el candidato del PIP, planteó en una entrevista televisiva posterior a los comicios que “yo tengo una disposición de diálogo, de lanzar puentes al nuevo gobierno, pero ciertamente también una responsabilidad de fiscalizarlo” (Noticentro Wapa, 5/11).

Puerto Rico es actualmente un “Estado libre asociado”, figura que implica en los hechos un sometimiento colonial de la isla, sin siquiera derechos políticos tales como el de participar de la elección del presidente estadounidense. El gobierno impulsó junto a estas elecciones una nueva consulta no vinculante sobre el estatus del país, promoviendo la “estadidad”, es decir, la transformación del territorio lisa y llanamente en un Estado norteamericano.

El “sí” a la “estadidad” se impuso por un ajustado 52%, contra casi un 48% de votos en contra. Votó poco más de la mitad del padrón, porcentaje similar al de la elección de gobernador. En la consulta de 2017, el apoyo a la “estadidad” había sumado el 97% de los votos (aunque con una tasa de participación aún más baja que la actual, de apenas el 23%).

El resultado de la consulta muestra un revés de los planteos pro-norteamericanos, un hecho en el que seguramente juega un papel clave la enorme crisis que atraviesa Estados Unidos.

El planteo de “fuera la Junta” es una gran consigna en la actual situación puertorriqueña, dado que cuestiona al mismo tiempo las políticas de ajuste y la dominación del imperialismo. A ello se debe añadir el planteo de la independencia y de la unidad socialista de América Latina.

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05/11/2020

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Según la Comisión Electoral Independiente (CEI), Alassane Ouattara habría obtenido su tercer mandato consecutivo con el 94,3% de los votos en Costa de Marfil, país ubicado en el Africa Occidental.

Sin embargo, los comicios se encuentran completamente cuestionados: se dice que solo participó un 10% de la población (El País, 1/11), varios candidatos fueron proscriptos y el gobierno impulsó la reforma de la Constitución a los meros efectos de posibilitar la re-reelección. El anuncio de Ouattara de una nueva postulación había desatado a fines de agosto un proceso movilizatorio de rechazo, que fue sofocado con más de una decena de muertos en las represiones.

Las principales fuerzas de la oposición boicotearon los comicios. En ese marco, las protestas y barricadas se repitieron durante la jornada electoral, sufriendo una represión policial con un saldo de doce muertos y decenas de heridos (Europa Press, 31/10).

La oposición desconoce los resultados y anunció que establecerá un Consejo Nacional de Transición con el propósito de recomponer las instituciones del Estado y convocar a nuevas elecciones presidenciales (France 24, 16/10). Esta oposición está capitaneada por figuras como los expresidentes Laurent Gbagbo, Henri Bédié y el ex primer ministro Guillaume Soro, dinosaurios de la política marfileña, con denuncias por golpismo, corrupción y defraudación pública.

Ambos bandos disputan el apoyo del imperialismo francés. La oposición aspira al reconocimiento del Consejo de transición, en tanto que Ouattara se reunió con Emmanuel Macron en septiembre para reforzar la “cooperación” entre ambos países.

El interés del imperialismo en el país deriva del hecho de que es uno de los principales productores de cacao del mundo.

Asistimos a un escenario de desestabilización. Cuando se anunció la victoria de Ouattara, la Alta Comisaría de los Refugiados de la ONU informó que unos 3.200 marfileños escaparon en busca de refugio a Liberia, Togo y Ghana (Trt Español, 4/11). Existe el temor a que se recreen las condiciones de una guerra civil como la que sacudió el país en 2010. En ese entonces, en un confuso recuento de votos, el presidente Laurent Gbabgo no reconoció su derrota y fue corrido del cargo por Ouattara y fuerzas militares, que coparon el norte y fueron avanzando hacia el sur. Hubo miles de muertos durante el conflicto. Ahora, se invertirían los roles, puesto que es Gbabgo quien impulsa el derrocamiento de Ouattara.

En este contexto dramático, las masas necesitan abrirse un rumbo político independiente.

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05/11/2020

Los “puentes” de Rodríguez Larreta, Techint y el FMI

Sobre la reunión opositora en la sede del MID.

Este miércoles 4, referentes importantes de la oposición coincidieron en una actividad de homenaje a Rogelio Julio Frigerio, mano derecha del expresidente Arturo Frondizi, en la sede del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Participaron el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el exministro del interior Rogelio Frigerio (nieto del susodicho), el senador Martín Lousteau, el exministro de economía Ricardo López Murphy, el neurólogo Facundo Manes y la titular del GEN, Margarita Stolbizer.

Algunos medios analizaron el encuentro como parte de los preparativos hacia las elecciones legislativas de 2021. Se sabe que hay negociaciones en curso entre Rodríguez Larreta y el GEN. En cuanto a López Murphy, distintos referentes de Juntos por el Cambio buscan disuadirlo de que presente una lista propia y divida de ese modo el voto opositor.

Lo más importante del encuentro, sin embargo, fueron las definiciones políticas proclives al “diálogo” y la creación de “consensos”. “Hay que terminar con la grieta para lograr un plan de desarrollo a largo plazo”, resumió Larreta. Y, en el mismo sentido, añadió que “la construcción de puentes es imprescindible para fijar los objetivos de nuestro país” (La Nación, 5/11).

Esta es la línea que están impulsando el Fondo Monetario Internacional y los grandes grupos económicos. La Asociación Económica Argentina (AEA) se lo reclamó a Martín Guzmán en una reunión, de la que participaron Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Paolo Rocca (Techint), Alfredo Coto y otros grandes hombres de negocios. El acuerdo con el FMI requeriría un amplio aval político para poder instrumentar las medidas de ajuste que de él se desprendan.

Un sector mayoritario de Juntos por el Cambio viene dando muestras de esta disposición a un acuerdo político, por ejemplo mediante la abstención en la votación del presupuesto 2020. También un sector del PRO y la Coalición Cívica se muestran dispuestos a converger con el gobierno en la designación de Daniel Rafecas como nuevo procurador general de la Nación. Elisa Carrió ha dicho que es una manera de neutralizar al kirchnerismo, que impulsa una modificación de los criterios de elección en el Senado para imponer un candidato por mayoría simple.

El kirchnerismo, de todos modos, no quiere quedarse afuera de ningún pacto político general, como lo indica la reciente carta de Cristina Kirchner con el llamado a un “acuerdo entre todos los sectores”.

El planteo “unitario” del FMI y de los grandes empresarios explica que el planteo más abiertamente derechista del expresidente Mauricio Macri y la exministra de seguridad Patricia Bullrich esté en minoría. Además, claro, de que Macri es la figura más perjudicada por el desastre económico del gobierno anterior.

Frente a la posibilidad de un gran acuerdo político al servicio del FMI, es necesario impulsar una salida política de los trabajadores. En esa perspectiva se coloca el acto que el Partido Obrero desarrollará el sábado 14.

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Las empresas no aportarán más a las cajas por los empleados que trabajen de manera virtual

Otro mecanismo de robo a los jubilados y de beneficios a las patronales.

Un nuevo decretazo del gobierno establece que, a partir de este mes, las empresas dejarán de aportar a la seguridad social por los salarios que paguen a los trabajadores que, por razones de salud, por tener más de 60 años de edad o las mujeres embarazadas, estén exceptuados de concurrir a sus lugares habituales de tareas.

Según estiman las propias patronales, se trata de entre el 25 y el 30 por ciento de los trabajadores del comercio y de la industria los que pasarán a cobrar ya no un salario sino “una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social” (Ámbito, 4/11).

La medida tiene una tremenda gravedad porque no solo supone seguir vaciando a las cajas en beneficio directo de los capitalistas, sino que, al caer la recaudación, automáticamente se reduciría el porcentual de los próximos aumentos de las jubilaciones y pensiones, si es que se aprueba el proyecto de “reforma previsional” que el gobierno quiere que le vote el Parlamento antes de fines de año.

Es que uno de los dos elementos que incluye el proyectado índice de incremento de los haberes es, justamente, el de la recaudación previsional (el otro es el de la variación salarial, que también cae en picada porque las paritarias que está firmando la burocracia son masivamente a la baja). Recaudación previsional que, en el curso de los últimos meses, ha sido brutalmente reducida por los centenares de miles de despidos y por las suspensiones masivas sin aportes y con ingresos salariales reducidos, acordadas entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Pero, además, no solo exceptúa a las patronales de su obligación de sostener a las jubilaciones, que son un salario diferido de los empleados, sino que también las habilita a embolsarse el porcentaje que aporta el trabajador a las cajas, que las patronales retienen (descuentan de los salarios) para luego girarlo a la seguridad social. Un verdadero saqueo.

Además, la medida perjudica a los trabajadores que, en esa franja de exceptuados de trabajar mayores de 60 años, están cerca de la edad jubilatoria, ya que les reduce los aportes que se computan a los efectos de realizar el cálculo de la jubilación inicial. Es decir que al trabajador le roban sus aportes y luego, por ese hurto, le reducen el haber jubilatorio.

El decreto, que es del 12 de octubre último, profundiza la destrucción de los haberes, que ha sido una política de Estado de los distintos gobiernos que se sucedieron en las últimas décadas y que han llevado a que, hoy, la inmensa mayoría de los jubilados y pensionados, tenga ingresos menores a los $22.000, equivalente a menos del 40% de la canasta de pobreza.

La administración K actual pretende “legalizar” esta orientación con la reforma previsional en proceso, que incluirá un índice de aumento totalmente desvinculado de la inflación y de un valor similar al del salario en actividad, para “garantizar” a los acreedores externos y al FMI que las jubilaciones y pensiones van a seguir deteriorándose hasta convertirse en una mísera asignación a la vejez.

Contra este despojo han comenzado a organizarse los jubilados que ganan las calles en todo el país, aún en medio de la pandemia, para rechazar el destino de hambre y miseria al que se quiere empujar a la masa de obreros y empleados que, habiendo trabajado toda su vida, el capitalismo no quiere garantizarles siquiera la subsistencia cuando llegan a la edad de jubilarse.

La movilización nacional de hoy, 4 de noviembre, se enmarca en este camino.

https://prensaobrera.com/opinion/el-dolar-la-anses-y-la-devaluacion-del-futuro/

04/11/2020

El PT de Uruguay debe reaccionar

El PT de Uruguay, poco después de la culminación del XXVII Congreso del Partido Obrero, colgó una publicación en sus redes dirigida a los militantes y delegados congresales, en respuesta a nuestro escrito sobre las elecciones municipales uruguayas. En nuestro texto se destacaba que, por primera vez en muchos años, la renuencia del PT a presentar listas (estando en condiciones jurídicas de hacerlo) y, más grave aún, de fijar posición ante los comicios, privaba a los trabajadores de una posición política de independencia de clase. Esta salida de escena trastocó aquello que el escenario electoral uruguayo tenía, con sus limitaciones, de singular y positivo: la posibilidad de que una fuerza de los trabajadores, con una larga trayectoria, intervenga políticamente.

El artículo del PT no clarifica a quién votó, ni qué tareas realizaron, ni qué planteo levantaron con su periferia. Es decir, no se expide sobre el problema de fondo. En vez de eso, aduce que no intervinieron debido a una “decisión política” y que, a pesar de que podrían haber logrado la presentación, “el desarrollo de la campaña hubiera sido sumamente dificultoso”.

Para quienes militamos en el PO, esta situación no nos es indiferente. En elecciones anteriores, el llamado a votar al PT (al igual que el apoyo en distintas iniciativas de lucha) siempre distó de ser un mero señalamiento indicativo. Al contrario, era acompañado por una colaboración activa, destacándose un trabajo hacia los residentes uruguayos en Argentina, entre otros aspectos de la campaña. Idéntica actitud adoptaba el PT con respecto a nuestro partido.

La importancia de intervenir en las elecciones es patrimonio común de nuestras organizaciones. Aunque no es un invento totalmente original: rescata la famosa lección de León Trotsky en sus escritos sobre España, donde plantea que se puede participar de las elecciones o boicotearlas, pero lo que está descartado es ignorarlas. Esto vale también para procesos sumamente radicalizados, como los que mantienen en vilo a Chile, los cuales no excluyen ni cancelan las instancias electorales, sino que muchas veces las colocan en primerísimo plano.

En la elección municipal uruguaya, donde la posibilidad de boicot no estaba presente, ¿cuáles eran las alternativas? Si correspondía utilizar el votar en blanco, como parece sugerirse en el artículo (“para votar en blanco no necesitan ninguna declaración del PT”), la ausencia de posicionamiento por parte del PT habría ameritado una crítica similar a la que formulamos -tanto el PT como el PO- contra el NPA en el ballotage francés de 2017 (una indefinición capituladora al “mal menor”, en momentos de fuerte tendencia a votar en blanco o no concurrir).

Pero acá ocurrió una situación más terrible. El PT, que tiene personería y posibilidades de presentar lista en los distritos centrales, llevó hasta el final su línea de ignorar las elecciones, regalando todo el campo político al Frente Amplio.

Es un verdadero retroceso. En el caso de que las elecciones hubieran revelado un descontento con el FA, el PT dejó pasar la oportunidad de ser su vocero político. Mientras que, si este elemento era minoritario, la boleta y la campaña del PT igual habría ayudado a desenvolver una experiencia política, lo cual siempre esparce semillas en la vanguardia. En cambio, dejar ese lugar vacante conspira contra cualquier posibilidad de capitalización. Es incuestionable que este suceso habla una cuota de enorme desmoralización política.

La crisis del PT en la crisis del FA (o Altamira metió la cola)

La respuesta traza algunos elementos de la crisis del PT que, según su autor, “tiene varias puntas, que arrastramos desde hace un tiempo y que requiere un balance más amplio”. También menciona que “(la) presión desde la izquierda democratizante y el frentepopulismo generó más de una vez respuestas defensivas y sectarias, sumado a problemas de método, limitaciones políticas, tendencia al centrismo organizativo, y en particular la dificultad para mantener la salida regular del periódico”. Creemos que abordar con honestidad el accionar propio puede ser una iniciativa auspiciosa.

Por eso, deben ser tomados con mucha seriedad los indicios que el propio redactor brinda al comienzo de la nota sobre la actual situación del Frente Amplio (sus crisis, divisiones, la circunstancia de volver a ser “oposición”). Es evidente que esta nueva realidad ha jugado como un factor de presión, incluso en los trabajadores más concientes. Un partido como el PT, “inserto en la vanguardia obrera y que interviene en la lucha de clases se beneficia de los ascensos y sufre los reflujos de la clase obrera” -tal como dice su artículo- no sería ajeno a estas tensiones.

Pero la presión del FA sobre el PT y la vanguardia obrera no es solamente un problema heredado, que persiste desde hace cuarenta años, sino que se presenta también como un tema de primer orden en el presente. Permea todos los poros, incluyendo la cuestión del “voto útil”, que la respuesta del PT caracteriza que dominó la elección municipal. En este contexto, con una activa disputa por la influencia sobre los trabajadores, eludir un planteo político es una concesión gigante al Frente Amplio. La ausencia de una lista y un planteo independiente provocó que los obreros uruguayos, algunos de los cuales ven con simpatías al PT, solo tuvieron la “libertad” de elegir… ¡el “voto útil” al FA! Por el contrario, quienes si gozaron de verdadera “libertad” de acción fueron los dirigentes de este conglomerado, que pudieron desenvolver su campaña burguesa sin que ninguna fuerza obrera impugne su pertenencia de clase. Ceder ante esa presión -luego de décadas de lograr sortearla- señala que, si bien puede ser cierto que la crisis del PT viene de lejos, ahora suma un significativo paso en falso.

Otro punto relevante, citado en el artículo del PT, refiere que “(la) crisis del Partido Obrero sin duda acentuó un impasse ya presente”. Pero la “crisis” del PO no es un cuerpo genérico. La mano de Altamira, escalando la ruptura, cortó unilateralmente todos los acuerdos que sostenía el PT con el PO. Vale la pena, entonces, aprovechar la oportunidad para un balance.

Por caso, decisiones importantes del PT -detrás de las cuales se ve la influencia de Altamira- como privarse de una campaña electoral común con el PO y el Frente de Izquierda en 2019 (cuando los comicios se celebraban el mismo día y los candidatos burgueses de ambos lados del río intercambiaban apoyos políticos), o autoexcluirse de la reciente Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, luego de paralizar, en las vísperas de las rebeliones continentales, aquella que habíamos empezado a organizar en conjunto… ¿fueron un aporte a la superación de la crisis del PT o, por el contrario, se cuentan entre las “respuestas defensivas y sectarias”?

Rehuir la presentación de una postura independiente en las últimas elecciones municipales es consecuencia de transigir a la presión del FA y el voto útil. Pero, también, obedece a la deriva propagandística de cuño altamirista (es decir, de desidia frente a la intervención política concreta), que amenaza con privar al PT de su accionar como partido de combate -un camino de difícil retorno.

Balance y oportunidad

La crisis puede ser también una oportunidad para corregir el rumbo, a condición de que luchadores de carne y hueso adopten medidas para conjurarla. Los militantes y delegados al XXVII Congreso del PO constatamos que, en el afán de intervenir en la situación política y superar el daño causado por el rupturismo de Altamira, el partido ha cobrado una nueva vitalidad, reconocida por propios y extraños.

Bien mirado, la intención del PO es lo contrario a “golpear al PT” para golpear a Altamira, como conjetura, erróneamente, el redactor de la respuesta. Al revés, es Altamira quien, perpetuando una subordinación paralizante, condiciona las posibilidades de desarrollo del PT. El Partido de los Trabajadores puede y debe reaccionar.

https://prensaobrera.com/internacionales/uruguay-detras-de-las-elecciones-viene-la-batalla-contra-el-ajuste/

03/11/2020

Guernica: los negocios inmobiliarios de los desalojadores

La contracara del déficit habitacional.

En los últimos años, en el llamado “cordón verde” -que integran las localidades de Canning, Guernica y San Vicente- se ha venido produciendo un fuerte desarrollo inmobiliario, ligado a la puesta en pie de barrios de lujo. De acuerdo a un informe del Equipo de Investigación Política (Edipo), en el distrito de Presidente Perón (que engloba a Guernica) se encuentran los barrios privados y clubes de campo de San Eliseo; Malibú; Lagos de San Eliseo; La Alameda; Horizontes al Sur; El Rebenque; El Paraíso de Guernica; Casuarinas; Parque de las Naciones; Santo Domingo; Cruz del Sur y El Candil (Crisis, 20/9).

El reciente desalojo contra la toma de Guernica buscaba resguardar un nuevo emprendimiento top en la zona, San Cirano, cuyos terrenos fueron adquiridos irregularmente por el grupo inmobiliario El Bellaco durante la última dictadura militar. Sesenta hectáreas de las 360 que posee este grupo fueron afectadas por la lucha de los vecinos en defensa de la tierra y la vivienda.

De acuerdo a un informe de 2018 del Grupo Adrián Mercado citado por Tiempo Argentino (1/11), en la zona mencionada al comienzo de esta nota hay 60 barrios cerrados y clubes de campo. La construcción del shopping Las Toscas, inaugurado por Cristina Kirchner en la localidad de Canning (partido de Ezeiza) en 2008, le dio un fuerte impulso a dicho proceso. Este desarrollo inmobiliario disparó el metro cuadrado de terreno sin construir de 41 dólares en 2009 a 103 dólares en 2018 (ídem).

La contracara necesaria del avance de los barrios de lujo y del encarecimiento del suelo es un agravamiento del déficit habitacional de los sectores populares. El mapa del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) identifica como tales en el partido de Presidente Perón a Agrocolonias, Estación Numancia, Numancia Norte, San Martín, Parque Americano, Las Lomas, El Roble, La Yaya 1 y San Roque.

Los desarrolladores inmobiliarios que instigan el desalojo de las tomas, y se llenan la boca hablando del respeto a las leyes, recurren a ardides impositivos para no tributar lo que corresponde. De los 871 barrios privados registrados en la provincia -de acuerdo a información de ARBA-, 230 pagan como tierra rural sin mejoras o como tierra urbana (en vez de como barrio cerrado), con lo que se ahorran 1.500 millones de pesos anuales. Además, estos grupos desconocen la ley 14.449 que los obliga a ceder el 10% de cada emprendimiento a la vivienda popular, algo que han denunciado los vecinos de Guernica.

Este proceso y estas maniobras se han producido al amparo de los intendentes y de los sucesivos gobiernos provinciales. Ahora, ante el estallido de la crisis por Guernica, Axel Kicillof reclamó una regularización, pero aclaró que no quiere pelearse con estos grupos. El gobierno se muestra implacable con la población oprimida que reclama tierra y vivienda y condescendiente con los estafadores inmobiliarios y la burguesía que se encierra en sus lagunas artificiales, spa y canchas de tenis (tal la oferta de San Cirano, según El Cronista, 27/8/15).

La toma de Guernica vino a desafiar esta situación. La lucha sigue.

https://prensaobrera.com/politicas/como-vidal-kicillof-prepara-en-las-sombras-un-presupuesto-de-ajuste-y-sobreendeudamiento/

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02/11/2020

Fuerte reclamo a dos meses del crimen de las niñas argentinas en Paraguay

Justicia por María Carmen y Lilian Mariana Villalba.

En la mañana de este lunes 2, al cumplirse dos meses de la masacre de dos niñas argentinas por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado paraguayo, familiares y organizaciones se concentraron en la plaza 9 de julio de la ciudad de Posadas para dar una conferencia de prensa y luego se trasladaron al consulado, donde se presentó una nota con los reclamos dirigidos a las autoridades paraguayas.

El asesinato de María Carmen y Lilian Mariana Villalba fue presentado como el resultado de un operativo exitoso por parte de la FTC contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y en la escena del crimen estuvo presente el presidente Mario Abdo Benítez. Las niñas habían viajado al país vecino para conocer a sus padres, que pertenecen a esa formación. Perpetrada la masacre, inmediatamente se puso en marcha un montaje para simular un enfrentamiento, que incluyó la manipulación de los cuerpos de las fallecidas para presentarlas como guerrilleras abatidas. Además, sus cadáveres fueron rápidamente enterrados para encubrir los hechos. Pero el montaje se desmoronó rápidamente y el crimen se convirtió en un escándalo internacional. Además, contra las versiones iniciales del gobierno y de algunos medios, los familiares lograron comprobar que se trataba de niñas de 11 y 12 años y que eran de nacionalidad argentina.

A dos meses de la masacre, los familiares vuelven a manifestarse denunciando que no se ha avanzado en la investigación y que, por el contrario, el Estado paraguayo llevó adelante en este tiempo todo tipo de maniobras para garantizar el encubrimiento de su responsabilidad directa en el crimen. No solo ello, sino que se llevó adelante una embestida judicial contra activistas que en la ciudad de Asunción se manifestaron para denunciar el asesinato de las niñas a manos del Estado.

Por otra parte, la familia reclama al Estado argentino que le conceda inmediatamente y sin más dilaciones el refugio político solicitado luego de la masacre, para detener la persecución judicial que el Estado paraguayo ha iniciado contra la madre Mirian Villalba.

Exigimos justicia por María Carmen y Lilian Mariana Villalba y hacemos responsable al Estado argentino por la seguridad de la familia Villalba.

 

https://prensaobrera.com/internacionales/debe-parar-el-acoso-de-las-fuerzas-policiales-hacia-nuestras-familias/

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31/10/2020

Rio Grande do Sul, entre la pandemia y las elecciones municipales

El 15 de noviembre se desarrollarán en Brasil las elecciones municipales, en el contexto de la pandemia. El poder político de turno intenta tapar el sol con un dedo y los casos de contagios aumentaron de manera abrupta: este lunes se registraron 34 muertes más en el estado de Rio Grande do Sul y ya son más de 5.600 los muertos por Covid-19, superando además los 230.000 infectados (según la Secretaría de la salud del estado), con una ocupación del sistema de salud del 71% de las camas para UTI (terapia intensiva).

El gobierno de Eduardo Leite (PSDB), que en su momento impuso una cuarentena limitada, trabaja ahora por el levantamiento de toda restricción, en función de los reclamos de los empresarios, aunque eso tenga un impacto sanitario demoledor. Parece que los más de 5 millones de infectados a nivel nacional no han sido suficientes para plantear una solución de fondo al problema sanitario.

Los sindicatos con mayor intervención no enfrentan la política aperturista del gobierno y las patronales, que dispara los contagios, ni han llamado a mejorar las condiciones de los trabajadores, en momentos en que van aumentando los despidos entre la población trabajadora. Los despidos masivos, el proceso de privatizaciones y el resto de los ataques plantean la necesidad de un congreso de bases de los sindicatos, para dar una salida a la crisis.

La principal contienda electoral de las municipales en el estado se da en la capital, Porto Alegre. El prefecto Nelson Marchezan (PSDB) se ha visto severamente afectado por la pésima gestión sanitaria y por la crisis. Tiene una desaprobación del 70%, lo que hace difícil que logre su reelección. Quien podría capitalizar esta debacle es Manuela D'Avila, candidata de un frente entre el PCdoB y el PT, ya que aparece primera en algunos sondeos. El planteo político de este frente es un planteo de colaboración de clases. El Psol intentó hasta último momento integrarse a este armado, pero no prosperó por un debate de cargos, por lo que presenta una candidatura propia, que defiende algunos planteos sociales (como el auxilio de emergencia), pero cuya orientación general es de tipo democratizante y frentepopulista. La candidatura del PSTU se concentra en el planteo de una ciudad gobernada por consejos populares. Es la única que se ubica en un campo de independencia política.

En medio del proceso electoral, la crisis económica va mostrando su impacto y el gobierno de Bolsonaro hizo una nueva jugada al reducir el impuesto IPI (a productos industrializados) para videojuegos y consolas. La secretaría general de presidencia reconoce que tiene un impacto fuerte en la recaudación, ya que reduce $2,7 millones mensuales a las arcas del Estado. Esta movida para favorecer a los empresarios del sector intentará ser compensada con una mayor exacción del pueblo trabajador.

https://prensaobrera.com/internacionales/brasil-derrumbe-de-la-izquierda-ante-las-elecciones/

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31/10/2020

La Unión Ferroviaria de Uruguay condenó el desalojo en Guernica

Compartimos el comunicado del Consejo Directivo de la Unión Ferroviaria de Uruguay, ante el reciente desalojo de la toma en Guernica.

 

Ante la salvaje represión ordenada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, contra las familias ocupantes en Guernica.

Quemando infamemente las viviendas, con sus pertenencias, vanagloriándose luego los verdugos por las redes sociales, con total impunidad y desprecio del dolor de las familias.

Dejando bebes, niños y ancianos en total desamparo.

Declaramos nuestro más profundo rechazo y toda nuestra solidaridad con nuestros hermanos del otro lado del río de la Plata.

Estas acciones definen quien realmente está del lado del Pueblo y quien del lado de los patrones, independientemente de los discursos electorales y promesas.

Libertad para los detenidos!!

Fuerza familias desalojadas de Guernica!!

Arriba los que luchan!!

Consejo Directivo Unión Ferroviaria (29/10)

https://prensaobrera.com/internacionales/repudio-de-federacion-de-cooperativas-de-vivienda-al-desalojo-en-guernica/

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30/10/2020

Metalúrgicos de Siderca movilizan a la sede de la UOM Campana

Alrededor de 200 trabajadores de Siderca-Campana se movilizaron en la tarde de este viernes 30 a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en una autoconvocatoria que reclamó la reapertura de paritarias y el fin de los acuerdos en cuotas, el cese de despidos y suspensiones y el pase a planta permanente de los tercerizados.

"Desde diferentes sectores le venimos planteando a la conducción de UOM local, la necesidad de que se realice un congreso de delegados, ya que entendemos que los acuerdos firmados con la empresa, no respetan la posición del conjunto de los trabajadores de Siderca y que es necesario discutir un plan de acción para enfrentar el ajuste que está llevando adelante la empresa", señala el comunicado de convocatoria, difundido por la agrupación El Mandril.

La patronal viene de despedir a todo el personal de la contratista Loberaz (que realiza tareas de mantenimiento), por lo que éstos realizaron una concentración frente a las puertas de la fábrica el lunes 19.

Los trabajadores denuncian que los despidos en las contratistas redundan en una mayor recarga laboral sobre los efectivos, ya que sus tareas son trasladadas al personal de planta. Asimismo, la patronal viene imponiendo suspensiones al 70% del salario, escudándose en el esquema habilitado por el gobierno en el marco de la pandemia.

La autoconvocatoria en Siderca se enmarca en otros procesos desde abajo que recorren el gremio (Gri Calviño, Tenaris San Nicolás, etc.)

Apoyemos la lucha de los trabajadores.

 

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30/10/2020

Repudio de federación de cooperativas de vivienda al desalojo en Guernica

La organización uruguaya se pronunció por medio de un comunicado.

El megaoperativo represivo que desalojó la toma de Guernica, el jueves 29, despertó múltiples pronunciamientos de repudio. A continuación, compartimos el comunicado emitido por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

Contra el desalojo de la ocupación de tierras de Guernica en Argentina

En un descomunal operativo, propio de una fuerza de ocupación, abriéndose paso con balas de goma y gases lacrimógenos, están desalojando a las 1.400 familias que pelean por un pedazo de  tierra para vivir EN LA República Argentina.

La Dirección Nacional de FUCVAM repudia dicha represión que en forma salvaje quemando las casillas humildes de la gente se desplegó en el territorio y ya hay más de 40 detenidos ferozmente reprimidos.

Llamamos al conjunto de organizaciones que luchan por la vivienda a pronunciarse y exigir el cese de la represión en forma urgente.

Miles de hermanos y hermanas Latinoamericanas sufren a diario el flagelo de no poder contar con una vivienda digna y adecuada.

La vivienda es un derecho y no una mercancía.

Toda la solidaridad con la ocupación de Guernica.

Dirección Nacional de FUCVAM

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30/10/2020

Delegados y delegadas de Guernica convocan a marchar a Plaza de Mayo

Hoy, viernes, 12h conferencia de prensa en Obelisco y marcha a Plaza de Mayo.

Foto: Ojo Obrero Fotografía

Este jueves 29 por la mañana la Bonaerense, en un operativo de 4 mil efectivos comandado por el ministro de seguridad Sergio Berni, desalojó a las familias que luchan por su derecho a la tierra y la vivienda en Guernica. Tras la represión, hubo cortes en los accesos a la Capital Federal y en distintos puntos del país. A continuación, compartimos el comunicado de los delegados y delegadas de la toma, que convoca a una conferencia de prensa y movilización para el viernes.

Comunicado de delegados y delegadas de la recuperación de tierras de Guernica y organizaciones que apoyan.

Conferencia de prensa y movilización a Plaza de Mayo

Vamos por tierra para vivir!

Abajo la represión!

Luego del desalojo violento sobre las 1400 familias que reclamamos desde hace 3 meses tierra para vivir esta fue la única respuesta que nos dio Kicillof, Larroque y Berni.

Exigimos una inmediata reunión con el gobierno por una propuesta de solución integral de tierra para las más de 1400 familias.

Esta gran lucha sigue en busca de una solución real a un problema social que no se resuelve con represión.

Convocamos a todas las organizaciones sociales políticas, sindicales, y de Derechos Humanos a que nos acompañen en esta nueva jornada de lucha este viernes 30 de octubre con una conferencia de prensa a las 12hs en el Obelisco y luego movilización a Plaza de Mayo.

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/en-plaza-de-mayo-el-reclamo-por-las-familias-de-guernica/

https://prensaobrera.com/sociedad/el-ensayo-general-para-el-desalojo-de-guernica/

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29/10/2020

Bolivia: después del aplastamiento electoral de los golpistas

Organizar en forma autónoma las organizaciones de masas para luchar por sus reclamos.

Finalmente los resultados que -después de una larga semana de escrutinio- presentó el Tribunal Electoral fueron más contundentes aún: Luis Arce (MAS) se impuso con el 55,10% de los votos contra el 28,83% de Carlos Mesa (CC), su inmediato seguidor. Las listas golpistas fueron aplastadas electoralmente.

Algunos sectores recalcitrantes de la derecha, salieron días después con acusaciones incoherentes de fraude institucional a plantear una alternativa fascistoide. Luis Fernando Camacho (candidato presidencial de Creemos que salió tercero con 15% de los votos) hizo una concentración llamando a reiniciar movilizaciones. Su compañero de fórmula, Marco Pumari, trato de imitarló convocando una concentración en la Plaza 10 de noviembre de Potosí. Pero… tuvo que retirarse aceleradamente por las monedas, tomatazos y huevazos de centenares de potosinos. Se tuvo que refugiar en una empresa y ser protegido por la policía golpista del ministro Arturo Murillo.

Unidad nacional con pacto social

En general, todas las fracciones del capital nacional e imperialista han reconocido el triunfo electoral del MAS y profundizan un operativo para ‘rodear’ a Arce y buscar consensos en favor de un ‘gobierno democrático’. En sus primeras declaraciones, el triunfante Arce afirmó su propósito de llevar adelante un gobierno de unidad nacional. El presidente de la Cámara de Industria planteó la necesidad de montar un “pacto social” con el gobierno y los sindicatos. La Confederación de Empresarios Privados también pidió políticas de ‘consenso’. La Cámara de Comercio solicitó una política de endeudamiento internacional para paliar el déficit fiscal y subvencionar una reactivación económica. Y en caso de no obtener esos créditos: devaluar. La Cámara de Exportadores denunció –con el mismo propósito- un fuerte retroceso en las exportaciones (de 6500 millones de dólares en el 2019 a 4600 millones este año) lo que produjo por primera vez un déficit comercial de 250 millones de dólares.

La Confederación de empresarios de las Pymes (Connaype) reclamó subsidios para crear empleos (Primero e inmediato frenar los despidos y reincorporar de inmediato a centenares de trabajadores cesanteados por el avance de la crisis económica y preventivamente).

Todas las cámaras patronales piden un plan de ajuste contra el pueblo y quieren consensuarlo con el gobierno. Quieren que pacto social mediante u otra política similar, Arce lo lleve adelante, para superar la crisis que profundizó el golpe y la vuelta a ‘la democracia’. Los golpistas son ahora demócratas. Arce les inspira bastante confianza, porque es conocido como el ‘tecnócrata’ que llevó adelante, como ministro de Economía de Evo Morales, todos los acuerdos de convivencia con los monopolios en la industria hidrocarburífera y minera, en promover los grandes negocios de la agroexportación, etc. Por eso fue que lo eligió Evo Morales, como una señal extra para el capital financiero de que un gobierno del MAS no venía a patear el tablero y desarrollar una política antiimperialista. Se habla de que Arce puede seguir el camino de Lenín Moreno de Ecuador que rompió apenas asumió su cargo presidencial con su mentor, el populista Rafael Correa y lanzó una política abierta de ajuste. Todo puede ser, pero… fue Evo Morales el que lo eligió como candidato a presidente en contra de la opinión mayoritaria de amplios sectores del MAS. Y lo eligió para esto.

La derecha defiende al alto mando militar

El Senado, en su última sesión antes de que asuman los nuevos senadores electos, modificó el Estatuto de funcionamiento para permitir que ciertas medidas pudieran tener efectividad por simple mayoría de votos y no por los dos tercios que rigen ahora. Esto atañe, en lo inmediato, a que solo el parlamento puede nombrar los ascensos militares. Y la derecha quiere mantener los que hizo la golpista Jeanine Añez –al margen del Parlamento- llenando la ‘institución’ con sus adictos. La derecha se adjudica así el derecho a veto parlamentario, porque bloquearía que se alcanzaran los dos tercios. “Se vulnera la democracia”, dicen los derechistas, desconociendo el voto mayoritario, preservando su veto y preservando el cuerpo de oficiales acusado de fuertes represiones fascistoides contra el pueblo.

La caldera de la crisis

Habiendo sido aplastado el golpismo electoralmente (después de haber sido fuertemente golpeado en las calles con la huelga general) el esfuerzo en que se está empeñando la burguesía y la cúpula dirigente del MAS es en cómo contener un incremento de las demandas de las masas y las movilizaciones que generaría

La crisis económica-social en Bolivia se acelera. El pronóstico inicial del Banco Central boliviano indicaba un retroceso del 6,2%. Pero nuevos informes del Instituto Nacional de Estadísticas hablan de un 11,11%. El desempleo alcanza el 13% en términos oficiales. La pobreza toca el 40%.

La crisis sanitaria exige urgente intervención: Bolivia tiene 150 mil casos de contagio y 9000 muertos y no cuenta con estructura sanitaria para enfrentarlo.

Lo lógico para comenzar a superar esta crisis es, por ejemplo, dejar de pagar la usuraria deuda pública. Vencen próximamente 800 millones de dólares. Pero Arce ya ha declarado que va a negociar con el FMI y los bonistas la postergación de los pagos por dos años. Se copia de Alberto Fernández en la Argentina en su propósito de darle “sustentabilidad” al pago de la deuda. Las negociaciones significarán –como lo estamos viendo también en Argentina- un fuerte ajuste contra las masas trabajadoras.

Es fundamental que las organizaciones obreras, campesinas y de las masas explotadas breguen por su autonomía del gobierno del MAS. Sin eso no se podrá organizar el reclamo y la lucha por las urgentes reivindicaciones obreras y populares. Es necesario reclamar y organizar la convocatoria a congresos de bases de la COB y de todas las organizaciones de masas para declarar esta independencia política del gobierno y votar una agenda nacional de reclamos: no al pago de la deuda, impuestos progresivos a las fortunas capitalistas, eliminación de los impuestos al consumo; bono universal mensual, mientras dure la pandemia y la recesión, para todo trabajador sin fuente de ingreso; nacionalización de la industria de los hidrocarburos, mineras y del litio. Control obrero general para terminar con la corrupción capitalista. Libertad a todos los detenidos en la lucha contra el gobierno golpista y desprocesamiento de centenares de acusados. Cárcel, juicio y castigo a los represores del pueblo. Nacionalización de todo el sistema sanitario y puesta en funcionamiento con un presupuesto doblado bajo gestión de los trabajadores.

Las masas bolivianas con su golpe electoral a los golpistas le han impreso una fuerte tendencia de lucha a los pueblos de Latinoamérica, que se suma al alza de lucha en Chile. Seguramente darán nuevos pasos para imponer sus reclamos. Más que nunca tenemos que unir las luchas continentales. Llamar a una segunda Conferencia Latinoamericana de la Izquierda ayudará a crear un polo obrero y socialista en esa dirección.

https://prensaobrera.com/internacionales/bolivia-el-nuevo-escenario-luego-de-la-derrota-electoral-del-golpismo/

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29/10/2020

Los ensayos para el desalojo de Guernica

Una política sistemática de represión frente al problema de la vivienda.

Desalojo en Rafael Castillo, a mediados de mes

El megaoperativo represivo del gobierno bonaerense contra la toma de Guernica viene precedido de una infinidad de desalojos e incursiones por parte de las fuerzas de seguridad. Cabe señalar que en algunos casos se llevaron adelante dentro del período en que estaba vigente una ley que prohibía los desalojos hasta el 30 de septiembre. Ante la multiplicación de las luchas por tierra y vivienda, la Legislatura provincial borró con el codo lo que había escrito con la mano, renovando a mediados de ese mes la norma, pero excluyendo taxativamente de esa prohibición a las tomas.

La pandemia ha tenido como uno de sus correlatos la aceleración de la pobreza y la desocupación y con ello agudizó la problemática del techo y la vivienda propia, que en distintas proporciones afecta a un tercio de los argentinos. Aunque el gobierno bonaerense ha buscado muchas veces presentarse a sí mismo como dialoguista, un breve repaso en los buscadores de internet lo desmiente.

El martes 19 de mayo, tuvo lugar un fuerte operativo represivo en el Barrio 13 de Julio, ubicado en José León Suárez (partido de San Martín). Los vecinos habían tomado tierras abandonadas con el propósito de construir viviendas. En la represión participaron efectivos de la Comisaría 4°. La toma, según afirman los vecinos, había pegado un salto a partir de la pandemia (Anred, 21/5).

Un operativo policial sin orden judicial desalojó el 23 de julio a familias del barrio Los Eucaliptus del distrito de Quilmes, gobernado por la camporista Mayra Mendoza. “Varias viviendas fueron derribadas por topadoras y unas 36 familias quedaron en la calle”, informó entonces Anred (23/7).

El lunes 10 de agosto, la Bonaerense ingresa a balazos de goma, en plena oscuridad, y desaloja 100 familias en el barrio Presidente Perón de Pontevedra, Merlo. Los terrenos, según algunos vecinos, estaban abandonados hace 40 años (Izquierda Diario, 13/8).

 

A comienzos de septiembre, la Bonaerense y la policía municipal arremeten contra vecinos que tomaban tierras en la zona de Las Chacritas, en Esteban Echeverría. Hubo detenciones y denuncias de abusos e intimidaciones. A una militante de la organización Izquierda Latinoamericana, los efectivos le mostraron fotos de su vivienda, su familia y de ella misma en movilizaciones. Otras detenidas denunciaron manoseos en el interior de la comisaría a la que habían sido trasladadas.

Pocos días más tarde, efectivos de Gendarmería y la Federal desalojaban en San Fernando a 20 familias que tomaban terrenos que rodean la estación Victoria del ferrocarril Mitre.

El viernes 11 de septiembre, la Bonaerense, apoyada por una fuerza de choque, desalojó 300 familias en una toma de Ciudad Evita, partido de La Matanza.

Ya en el mes de octubre, mientras se preparaba la represión contra la toma de Guernica, se produjo a mediados de mes la expulsión contra las familias del barrio La Nueva Unión en Rafael Castillo, partido de La Matanza. La Bonaerense quemó casillas y comedores, un siniestro método que los esbirros de Berni repitieron esta mañana en el sur bonaerense. Lo ocurrido en Rafael Castillo se repitió el miércoles por la mañana.

Guernica no es por tanto un caso aislado o un “exceso” del gobierno, sino un método para quebrar por medio del terror y la fuerza a la población explotada que busca hacer valer su derecho a la tierra y la vivienda.

Esa lucha, claro, no se ha terminado.

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29/10/2020
LA PLATA

Liberaron a los detenidos en Guernica: graves denuncias

Fueron recibidos por una enorme cantidad de compañeros que hicieron el aguante frente a la DDI de La Plata.

Comienzan a liberar a los compañeros detenidos en la Dirección Departamental de Investigaciones de la Plata.

Al menos 39 compañeros fueron aprehendidos cuando los efectivos iniciaron el avance del desalojo en Guernica con balas de goma y gases lacrimógenos, e incendiando las casillas de los pobladores. Centenares de personas aguardaban en una concentración frente a la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata la liberación de los detenidos durante el operativo de desalojo policial de esta mañana en la localidad de Guernica.

 

El megaoperativo represivo del gobierno de Axel Kicillof, comandado por el ministro de seguridad Sergio Berni, dejó cerca de 40 detenidos entre habitantes de la toma y militantes de organizaciones que los acompañaban. “La Policía de Berni y Kicillof no solamente desalojó, no solamente incendió las casillas sin permitir a sus habitantes que pudieran sacar sus pertenencias, sino que llevó adelante una cacería que en algunos casos se extendió hasta Glew”, señaló la dirigente del PO, Vanina Biasi, desde las puertas de la DDI.

La respuesta brutal del gobierno contra la población que reclama su derecho a la tierra y la vivienda fue repudiada con cortes en los accesos a la Capital y en otros puntos del país.

“Esperamos que en forma inminente se produzca la liberación de los detenidos”, informó la diputada nacional del PO-FIT Romina Del Plá, presente en la movilización frente a la DDI.

[NOTICIA EN DESARROLLO]

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29/10/2020

La Iglesia condena las tomas, pero no la represión

El comunicado de la Conferencia Episcopal.

Horas después del brutal desalojo en Guernica, la Conferencia Episcopal Argentina salió a bendecir el operativo represivo en un comunicado en que afirma que “nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás. La Iglesia no avala las tomas. Son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas”.

Para cubrir este ataque contra la población más oprimida, el comunicado reconoce que “las distintas ocupaciones de tierras evidenciaron la precaria situación de tantas familias, que han debido procurarse un lugar para vivir”. Pero en la medida en que condena las ocupaciones, es decir, la acción de esas familias en defensa de su elemental derecho a la tierra y la vivienda, la frase se convierte en un perverso llamado a la resignación.

El comunicado eclesiástico es una impostura, porque omite toda referencia a los responsables de que casi un tercio de los argentinos tengan problemas de vivienda: los sucesivos gobiernos y los grandes grupos económicos que despojan de la tierra a las grandes masas. Mientras esta injusticia la tiene sin cuidado (después de todo, la curia es una gran propietaria de bienes raíces y terrenos), la Conferencia Episcopal carga las tintas en forma oblicua contra las organizaciones que apoyan las tomas, bajo la desgastada muletilla del “aprovechamiento” político. Decimos: no hay mayor manipulación política de las necesidades populares que la que practica la Iglesia, que desarrolla un profundo trabajo de disciplinamiento y sometimiento ideológico de los oprimidos por medio de su aparato asistencial.

En cuanto a la violencia, la Iglesia sabe perfectamente que esta procede de los desalojadores, quienes actúan con saña extrema contra una población desarmada que solo pide tierra y vivienda, como lo ilustra la quema de casillas y comedores con nafta por parte de la Bonaerense en Rafael Castillo.

El comunicado recomienda una “diligente intervención de la justicia” y su “mediación”, pero los jueces son una pieza clave del desalojo de las familias sin techo. Al mismo tiempo, alienta un “Estado presente” que adopte políticas para el acceso a la vivienda, pero en las actuales circunstancias el Estado se muestra en toda su crudeza como lo que verdaderamente es: un órgano de dominación de la clase capitalista.

En el día del desalojo contra las familias de Guernica, la Iglesia vuelve a mostrar que está del lado de los poderosos.

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Fue condenado a 25 años de prisión por siete casos de abuso, pero la Corte Suprema dictaminó en julio de 2025 que los hechos habían prescrito.
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Por Hernán Rausch, denunciante de Justo José Ilarraz.
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29/10/2020
LA MATANZA

La Bonaerense quemó casillas en la toma de Rafael Castillo

La "previa" del brutal desalojo en Guernica.

En la mañana de este miércoles 28, la Policía Bonaerense volvió a incendiar las casillas de las familias de Rafael Castillo que luchan por su derecho a la tierra y la vivienda. Además, los efectivos prendieron fuego el comedor en que se alimentaban los chicos y chicas.

El brutal operativo coincidió con los aprestos represivos contra la toma de Guernica, que se consumó esta mañana con el despliegue de 4 mil efectivos con el ministro de seguridad Sergio Berni a la cabeza.

Las familias de Rafael Castillo, en el partido bonaerense de La Matanza, donde construyeron el barrio La Nueva Unión, ya habían sufrido un desalojo a mediados de mes, que también incluyó la quema con nafta de las casillas y el comedor, el uso de motosierras y el disparo con balas de plomo.

El gobierno de Axel Kicillof y el intendente Fernando Espinoza son responsables de la represión contra las familias que enfrentan un déficit habitacional creciente. Reclamamos una respuesta a sus reclamos.

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La Multicolor vuelve a recuperar la seccional luego del fraude sufrido hace 4 años.
Con más de 200 votos en su favor, la Multicolor recupero la seccional más importante del sindicato docente en la provincia.
Le entregó un doctorado honoris causa al empresario, junto a personeros como Sergio Massa, Ricardo Lorenzetti, Sandra Pettovello y Sergio Berni.
Los "nacionales y populares" contra los trabajadores.
28/10/2020 | 1608

Cómo enfrentamos la devaluación

Tapa de Prensa Obrera N°1608

Enviando operadores a vender dólares al mercado informal, el gobierno hizo retroceder 10 pesos el dólar paralelo. La brecha con el dólar oficial sigue siendo nada menos que un 130% de diferencia.

La promesa de no devaluar del gobierno no convence a nadie. Los depósitos en dólares se evaporan de los bancos. Los exportadores retienen sus productos, los importadores abultan compras.

El Central ya está vacío. Para calmar a las fieras, el gobierno emite nuevos títulos de deuda atados al dólar. Y promete títulos en dólares a tasas siderales para resarcir a los fondos amigos del macrismo, como Pimco y Templeton.

Cristina Kirchner, en su carta, reconoce que su gobierno está tropezando con la misma crisis que el macrismo. Y no es sorpresa. Promoviendo endeudamiento, habilitando fuga de capitales y especulación contra el peso. ¿Qué otro resultado podía haber?

La clase capitalista reclama, junto a la devaluación, la aplicación de un feroz ajuste. Es lo que ya adelanta el Presupuesto 2021, que se discute en el Congreso. Es el contenido del plan de tres años de “convergencia monetaria y fiscal” que prometió Guzmán como ofrenda al FMI.

Para su implementación, Alberto Fernández promueve un Consejo Económico y Social donde empresarios, burocracia sindical y Estado compartan la responsabilidad política e impongan un control social contra las protestas que se generen.

La carta de Cristina propone sentar en la mesa de “unidad nacional” al macrismo y a Clarín. La invitación ha entusiasmado hasta al editorialista gorila por excelencia, Joaquín Morales Solá, de La Nación, y ha cosechado gestos positivos de Elisa Carrió y Miguel Pichetto.

Para que los trabajadores no veamos pulverizadas nuestras condiciones de vida tenemos que intervenir en forma independiente de esta crisis.

De la mano de quienes nos han gobernado en las últimas décadas no va a venir un cambio de rumbo.

Ganemos la calle enarbolando una salida al servicio de los trabajadores. En apoyo a las luchas en curso. Contra el sometimiento al FMI y por el no pago de la deuda. Por un salario mínimo indexado al costo de la canasta familiar. Por la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores para impedir los negociados y las corridas. Este es el camino que propone el Partido Obrero en el Frente de Izquierda.

https://prensaobrera.com/politicas/diputados-daria-media-sancion-al-presupuesto-2021-del-fmi/

https://prensaobrera.com/salud/pandemia-el-gobierno-baja-los-brazos/

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28/10/2020 | 1608

Noticiero internacional

Colombia - Ecuador - Tailandia

Movilización en Ecuador

Colombia: la jornada de lucha del 21

Miles de personas se movilizaron el 21 en todo el país en el marco de una jornada nacional de lucha convocada por el Comité Nacional de Paro, que reúne a las centrales obreras y organizaciones sociales. Hubo manifestaciones y caravanas. Las principales consignas fueron el cese de los crímenes contra activistas sociales, la anulación de los decretos antiobreros de Iván Duque (reforma laboral, habilitación de privatizaciones) y la demanda de medidas de emergencia frente a la crisis social.

La jornada coincidió con un paro docente de 48 horas contra el regreso a clases (bimodalidad), que se da sin condiciones de seguridad e higiene. Y confluyó en las calles de Bogotá con la minga indígena, una protesta de miles de integrantes de los pueblos originarios que se movilizaron a la capital desde el departamento sureño del Cauca en defensa de sus territorios.

Más información aquí.

 

Ecuador: movilizaciones contra el acuerdo con el FMI

Las principales ciudades ecuatorianas fueron escenario, el jueves 22, de manifestaciones contra el reciente acuerdo con el FMI. El gobierno de Lenín Moreno suscribió un pacto con el organismo internacional por 6.500 millones de dólares que tiene como contrapartida la exigencia de un brutal ajuste, que podría incluir una suba del IVA, despidos masivos y reducciones salariales en el sector público.

La jornada fue convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación de Estudiantes del Ecuador (FEUE) y la Unión Nacional de Ecuadores (UNE). El gobierno desplegó un monumental operativo represivo con cerca de 50 mil agentes de las fuerzas de seguridad.

Leé más aquí.

 

Tailandia: la lucha contra el gobierno y la monarquía

La juventud tailandesa se encuentra movilizada desde enero en reclamo de la salida del primer ministro Prayuth Chan-o-cha, de una reforma de la monarquía y la disminución de la influencia militar en la vida política. El miércoles 14, en coincidencia con el 47 aniversario de un levantamiento estudiantil que barrió con la dictadura militar, más de 20 mil personas se movilizaron en Bangkok. En esta ocasión, los manifestantes confrontaron directamente al rey Rama X durante una caravana real, tras su regreso desde Alemania.

El gobierno impuso un estado de emergencia el 15, pero decenas de miles de manifestantes lo desafiaron en una movilización el 17. Finalmente, el gobierno debió derogar ese estado de emergencia. El primer ministro asegura que no renunciará y el lunes próximo el Parlamento está convocado para abordar la crisis.

Más información aquí.

 

https://prensaobrera.com/internacionales/noticiero-internacional-24/

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28/10/2020

Indonesia: sigue la lucha contra la ley antiobrera y antiambiental

La aprobación parlamentaria de una “ley ómnibus” que implica severos retrocesos en materia laboral y ambiental desató a comienzos de este mes una profunda respuesta popular en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo. El 6 de octubre, las centrales obreras iniciaron un paro de 72 horas con movilizaciones, que fueron fuertemente reprimidas por el gobierno. En el curso de las mismas hubo 6 mil detenidos, además de visitas intimidantes contra activistas estudiantiles con el propósito de hacerlos desistir de su lucha.

Para el mes entrante, la Confederación de Sindicatos de Indonesia anunció protestas en caso de que el presidente Joko Widodo promulgue la ley, algo que podría ocurrir entre el 28 y el 5 de noviembre. El foco de las movilizaciones se concentraría entonces en la sede de gobierno y en la Corte Constitucional, ante la cual la federación sindical reclamará una revisión de la norma. Al mismo tiempo, la central elevó una carta a partidos de la oposición para que se vuelva a tratar el tema en la sesión parlamentaria del 9 de noviembre, fecha en coincidencia con la cual habrá protestas frente al Senado.

La apelación a la Justicia y el Parlamento no parece tener ninguna posibilidad de éxito. El destino de la ley se definirá en la capacidad de los trabajadores para profundizar las medidas de lucha.

Un ataque brutal

La irrupción obrera en Indonesia es la respuesta a un brutal ataque contra las condiciones de trabajo. Los cambios habilitan un alargamiento de la jornada laboral, la supresión de licencias pagas (maternidad, menstruación), una mayor precarización (se limitan las posibilidades del pase a planta permanente), una nueva forma de cálculo del salario mínimo que perjudica a los trabajadores y una reducción en las indemnizaciones por despido, entre otros puntos.

Al mismo tiempo, se relajan las normas de protección ambiental. Cabe señalar que las industrias maderera y del aceite de palma son responsables de incendios, que entre 2015 y 2019 arrasaron con una superficie de tierras equivalente al tamaño de Holanda, según denuncia Greenpeace (Al Jazeera, 22/10). La complicidad del gobierno con estos grupos económicos y la impunidad empresaria es total.

El gobierno apunta con la “ley ómnibus” a seducir la inversión extranjera, empujando a la baja los salarios y condiciones laborales, en un intento por aproximarse al nivel de otros países vecinos (Tailandia, Vietnam). Y, en el mismo sentido, da piedra libre a la depredación ambiental. La nueva legislación recibió el aval del Banco Mundial, que en una declaración subrayó que puede favorecer una recuperación económica. Sin embargo, esta tentativa se encuentra condicionada por la propia crisis mundial.

En el curso de la pandemia, que ha dejado hasta ahora 400 mil contagios en el archipiélago, se estima que la mitad de los trabajadores han sufrido despidos o suspensiones (Prensa Latina, 12/10). Indonesia ingresará este año a su primera recesión desde la crisis de los “tigres asiáticos”, en 1997-1998. En aquel momento, la crisis económica condujo a una revolución que desalojó del poder al dictador Suharto.

Indonesia en el tablero

El actual gobierno de Widodo es responsable de un reforzamiento represivo. El año pasado nombró como ministro de defensa a Prabowo Subianto, quien había competido electoralmente contra él y había denunciado un fraude electoral. Subianto es un exteniente, yerno del fenecido dictador Suharto, que está involucrado en las desapariciones de activistas durante la caída del régimen y en el genocidio contra el pueblo de Timor Oriental. Su llegada al ministerio va en línea con un fortalecimiento del poder de las fuerzas armadas.

Estados Unidos levantó recientemente la prohibición de ingreso que pesaba sobre este siniestro personaje y le concedió una reunión en Washington. Allí, junto al secretario de Defensa Mark Esper, acordaron reforzar la cooperación en materia de seguridad. Estados Unidos está interesado en vender armamento, pero más aún en neutralizar la influencia rusa y sobre todo china en la región. A raíz del encuentro, el diario Jakarta Post planteó en un editorial la necesidad de que el país mantenga un equilibrio entre los dos grandes. Es la línea que sigue la vecina Tailandia.

La clase obrera indonesia se enfrenta a un gobierno profundamente antiobrero y represivo. Para quebrar la “ley ómnibus” necesita avanzar por el camino de la huelga general.

https://prensaobrera.com/aniversarios/indonesia-50-anos-despues/

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En las fábricas, en los sindicatos, en los comités del Frente de Izquierda, vamos por el Fuera Milei y por la Huelga General. Escribe Néstor Pitrola.
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26/10/2020
Chile

De la evasión de molinetes al proceso constituyente chileno

Un recorrido por los principales hitos de la rebelión.

Este domingo, casi el 80% de los votantes del plebiscito de reforma constitucional se inclinaron en Chile por el “Apruebo”, y en la misma proporción, por una convención en que la totalidad de sus miembros surjan de una elección específica (dicho comicio se llevará a cabo en abril de 2021). La participación estuvo diez puntos por encima de la última elección presidencial y las masas celebraron el resultado en las calles.

Las masas ven este proceso como una conquista de la rebelión iniciada en octubre pasado. Dicha rebelión tuvo como detonante un aumento en el boleto del subte, usado por tres millones de santiaguinos, mayormente trabajadores y estudiantes. A comienzos de ese mes, el movimiento estudiantil inició un proceso de evasión de molinetes. El gobierno desplegó efectivos de Carabineros en las estaciones, con lo que solo logró atizar la bronca popular. El viernes 18 de octubre se convirtió en la fecha icónica de la rebelión: ese día se producen barricadas, cacerolazos e incendios de estaciones del subte y de bancos, que sufren la represión estatal. El presidente Sebastián Piñera decreta el estado de emergencia y saca el ejército a las calles. La respuesta al “boletazo” solo era la punta del iceberg de un cuestionamiento a todo el régimen político heredero del pinochetismo, con sus injusticias y su privatización de la salud, la educación y las jubilaciones. Esto lo sintetizó la consigna “no son 30 pesos [monto del aumento del cospel], son 30 años”.

Aunque el gobierno anuló el aumento, la rebelión ya estaba en desarrollo. El lunes 21, 100 mil personas se movilizan en Santiago y otras decenas de miles en el resto del país. Paran los portuarios y los mineros de La Escondida. Piñera declara que el país está en guerra y redobla la represión, que para el 21 ya había dejado 17 muertos -algunos de ellos durante saqueos y otros fusilados por las fuerzas de seguridad-, cientos de heridos y miles de detenidos, además de denuncias de violencia sexual contra detenidas. El nerviosismo de la clase dominante queda retratado en un audio de Cecilia Morel, esposa del primer mandatario, quien compara al levantamiento con una invasión alienígena.

El miércoles 23, se inicia un paro general de 48 horas convocado por la Unidad Social, que reúne a la CUT y organizaciones populares. Cientos de miles reclaman en las calles el fin del estado de emergencia y que se vaya Piñera. Ante la dificultad de quebrar el levantamiento por medio de la pura fuerza bruta, Piñera hace un llamado al “diálogo social”, que es rápidamente correspondido por la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Radical. Y anuncia un pequeño aumento salarial y de las jubilaciones. Otra vez, un audio de la primera dama resume el estado de ánimo en los círculos del poder económico, al asegurar que era el momento de compartir parte de sus privilegios para no perderlo todo. El viernes 25, más de un millón de personas salen a las calles, en una de las movilizaciones más grandes de la historia en el país trasandino. Conforme crece la movilización, se agudiza el ensañamiento de Carabineros, que se ganará el repudio universal por su siniestra metodología de disparar a los ojos para cegar a los manifestantes.

El 12 de noviembre tiene lugar el tercer paro general, con bloqueos de los mineros, marchas obreras y movilizaciones. A contramano del reclamo para que se vaya Piñera, la Unidad Social (donde tallan fuerte el PC y el Frente Amplio) plantea como orientación la apertura de una mesa de diálogo.

Apenas tres días después de este gigantesco paro, se anuncia un “acuerdo social” entre el gobierno y casi toda la oposición parlamentaria (incluyendo un sector del Frente Amplio), que estipula entre otros puntos la convocatoria al plebiscito constitucional que tuvo lugar este domingo. Es un intento por sacar a la población de las calles y resguardar la institucionalidad del régimen. La trampa del proceso constituyente es que impide la participación de las organizaciones surgidas al calor de la rebelión y reserva un poder de veto a la derecha, al establecer un quórum de dos tercios para imponer modificaciones a la carta magna de raíces pinochetistas.

Gracias a este acuerdo político, Piñera logró mantenerse en el poder, no obstante lo cual continuaron las movilizaciones y se desarrollaron asambleas populares en los barrios.

Tras un paréntesis estival, las grandes movilizaciones se retomaron en marzo de este año, teniendo como pico las dos millones de personas movilizadas el 8M, en el día internacional de la mujer trabajadora. La jornada se transformó en un gigantesco pronunciamiento contra Piñera, los femicidios y por el aborto legal.

Este era el cuadro cuando arribó la pandemia. Piñera evitó todo lo que pudo la instauración de una cuarentena en regla, en función de los intereses de los grandes empresarios que querían seguir con el funcionamiento habitual. Recién en mayo, en medio de una situación sanitaria calamitosa, el gobierno decreta una tardía cuarentena en el gran Santiago. Para entonces, se habían desarrollado ya cacerolazos en demanda de medidas sanitarias y bloqueos en el ingreso a la isla de Chiloé, en reclamo del cierre de la isla. Como resultado de la política del gobierno, Chile es uno de los países de la región más afectados por el Covid-19.

La crisis económica se agudizó con la pandemia, empezando por un desplome del 13% en el segundo trimestre. El Estado inyectó recursos masivamente para rescatar a los bancos y las empresas y adoptó un préstamo de 23 mil millones de dólares con el FMI. En cambio, los trabajadores sufrieron suspensiones masivas y despidos. Las consecuencias sociales quedarían expuestas en jornadas como la del 18 de mayo, en la que sectores empobrecidos se movilizaron contra el hambre y la carestía y chocaron con las fuerzas policiales.

Aunque la pandemia le impuso un compás de espera a las grandes jornadas que caracterizaron el comienzo de la rebelión y los primeros días de marzo, hubo cacerolazos el 2 y 3 de julio, movilizaciones del movimiento de mujeres contra los femicidios, así como manifestaciones y un paro portuario para que se autorice el retiro del 10% de los fondos de las AFP ante la crisis -una medida extremadamente limitada, pero que fue enfrentada por Piñera y sus dueños en ocasión de su debate parlamentario.

En el aniversario de la rebelión, el 18 de octubre, cientos de miles volvieron a ganar las calles en Santiago y en todo el país, retomando el hilo de aquella gesta histórica. Sigue planteada la lucha por echar a Piñera y por una verdadera asamblea constituyente, libre y soberana, que pueda reorganizar el país sobre otras bases sociales.

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26/10/2020

Desarrollemos un gran movimiento de actores, actrices e intérpretes que pelee por sus reivindicaciones

Declaración de la agrupación Actuemos.

Actuemos

Acción performática frente al Ministerio de Cultura de la Nación.

Actores, actrices e intérpretes escénicos se encuentran en un proceso de organización y lucha, que tuvo un nuevo episodio el pasado miércoles 14 con la realización de una acción performática frente al Ministerio de Cultura de la Nación y en varios distritos por los reclamos del sector, plasmados en un documento que fuera enviado a las autoridades.

Reproducimos la declaración elaborada por la agrupación Actuemos que da cuenta de este proceso y los debates que atraviesan al movimiento.

Después de la negativa con que la conducción de la Asociación Argentina de Actores respondiera a la solicitud de asamblea extraordinaria realizada por 850 compañerxs -más de 500 asociados-, se tomó la decisión de concretar en los hechos un espacio para discutir colectivamente qué medidas tomar para paliar la profunda crisis que afecta a prácticamente todo el gremio y a la que la dirección sindical da abiertamente la espalda.

La Asamblea Nacional de Actores, Actrices e Intérpretes en Emergencia se llevó adelante el 4 y 11 de octubre pasados, con la participación de más de 200 compañerxs de todo el país, donde se ratificó el pliego de cuatro puntos que operaron de convocatoria, originalmente con formato de carta abierta firmado por aproximadamente 4.000 colegas: compensación salarial de emergencia, exención del pago de monotributo y autónomos, generación de trabajo genuino, pago de internet y de otros servicios. Se votó también la constitución de tres comisiones para vehiculizar las resoluciones: difusión y cartas, censo y gremio y acción del 14.

El debate estuvo cruzado por diferentes comprensiones respecto a la constitución de la asamblea y a las resoluciones a tomar. Esta asamblea es una nueva instancia de encuentro; lxs artistas y trabajadores de la cultura en general y los escénicos en particular venimos de meses de agrupamientos nacionales, regionales y acciones de lucha que fueron presionando al Estado por nuestras reivindicaciones.

Fue importante el debate sobre la compensación salarial, en el que algunxs compañerxs planteamos que fuera equivalente o próxima al costo de la canasta familiar, mientras otrxs proponían un monto similiar al Ingreso Familiar de Emergencia. También la exigencia de trabajo genuino con circuitos brindados por el Estado y protocolos acordados con lxs trabajadorxs en el marco de una apertura profunda de todas las actividades. La necesidad fue expuesta por compañeres de distintas provincias, en el contexto de los siete meses que llevamos sin ingresos; de lo insuficiente, selectivo y excluyente de la “ayuda” oficial y, como contrapartida, el pago de la deuda externa y las concesiones a patronales de todo cuño, incluso el indignante aumento presupuestario y salarial para las fuerzas represivas (policía de la provincia de Buenos Aires) por parte de los gobiernos de Fernández-Fernández y Kicillof.

También se generó un debate sobre la acción a desarrollar: mientras parte del activismo independiente y compañerxs de Actuemos planteamos la importancia de una acción callejera con distanciamiento social, muchxs colegas temían tomar el espacio público dada la cantidad brutal de contagios, cuestión que conversamos en virtud de que las movilizaciones de trabajadores que se realizaron la última etapa cumplieron con estrictos protocolos de distanciamiento y cuidado. Colectivamente se aprobó por mayoría realizar la actividad el miércoles 14 con una delegación de compañerxs que pusieron el cuerpo y toda su creatividad al servicio de una gran acción performática y de redes sociales. Horas antes se anunció el plan “Fortalecer Cultura” por parte del gobierno nacional, que aún con grandes restricciones para acceder a él, constituye una victoria parcial de la lucha por compensación salarial para les artistas.

Superar la parálisis de la dirección Celeste de nuestro gremio, más ocupada en secundar la política oficial que por la situación crítica del conjunto de les artistas escénicos, será producto de la acción independiente de las actrices, actores, bailarinxs, titiriterxs que se prodigue un programa de independencia de clase, que responda exclusivamente a los intereses de les artistas y trabajadores desarrollando un plan de lucha por nuestras reivindicaciones. Esto se puso de relieve en la acción performática del miércoles frente al Ministerio de Cultura de la Nación en la CABA, en Bahía Blanca, Mendoza y Santa Cruz, donde se realizaron acciones similares. Es fundamental que sostengamos y le demos continuidad a dicha asamblea en un contexto en donde, ante la presión del sector, las salas teatrales comerciales abrirán sus puertas en acuerdos con los gobiernos, pero sin dejar en claro cuáles serían los protocolos, ni las condiciones laborales, ni qué ocurrirá con los espectáculos programados en salas independientes; y en donde los puestos de trabajo se verán reducidos brutalmente producto de la recesión. También sigue teniendo plena vigencia la exigencia de asamblea extraordinaria al gremio frente a la apertura, la discusión de los protocolos y la enorme crisis de la Obra Social de Actores (con la venta unilateral del edificio central).

Sigamos organizándonos por nuestras reivindicaciones de cara a la temporada de verano, por circuitos al aire libre brindados por el Estado que generen puestos de trabajo en blanco para los artistas y elencos, por la defensa de los festivales en cada una de las provincias y por una compensación salarial real conforme a la canasta familiar para todxs lxs trabajadores de la cultura.

https://prensaobrera.com/cultura/andres-mangone-el-teatro-como-fenomeno-de-toma-de-ocupacion-de-intervencion-de-brecha/

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24/10/2020

Jujuy: Morales intenta calmar las aguas ante el crecimiento de la lucha de las mujeres

En lo que va del año se registran en Jujuy 9 femicidios, de los cuales 5 se produjeron en el transcurso de 40 días durante los meses de septiembre y octubre, lo que provocó la bronca popular y desencadenó masivas movilizaciones en toda la provincia. Las organizaciones de mujeres y LGTBI, familiares de las víctimas y la población en general pusieron ante la vista de todo el mundo una conclusión: el Estado es responsable.

Ante tamaña situación, el gobernador Gerardo Morales envió a las cámaras legislativas tres proyectos de ley para tratar de calmar los ánimos. Uno es la ley de emergencia en violencia de género, otro sobre asistencia a víctimas de violencia y otro sobre la creación de juzgados específicos en violencia de género. La encargada de la presentación de los proyectos ante los legisladores fue la titular del Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Martínez, tratando de salvar la ropa, ya que en las multitudinarias marchas se exige su renuncia así como la del ministro de seguridad Ekel Meyer, por la acción casi nula en estas áreas.

Los proyectos se van en títulos pomposos, pero a la hora de los hechos son solo campañas preventivas, de difusión, o para “profundizar” los programas que ya existen, no son leyes que obliguen al Estado a cumplir con medidas reales. “El Poder Judicial cubrió los cargos de tres juzgados especializados en violencia de género para las ciudades de Perico, Humahuaca y Libertador General San Martín, una decisión que se esperaba desde 2015, cuando se sancionó la ley creando seis juzgados específicos. Desde entonces, funcionaban tres entre la capital y San Pedro” (El Tribuno, 17/10). El hecho de que a estas alturas no existan, dan cuenta del carácter feudal de la justicia jujeña. La contrapartida son las masivas movilizaciones y el reclamo de medidas integrales que garanticen una vida libre de violencias para las mujeres, niñas y diversidades.

La funcionaria también resaltó la creación de un comité especial para la búsqueda de personas extraviadas, justamente porque una de las reivindicaciones de las grandes movilizaciones es que no quieren tomar las denuncias por desapariciones sino hasta después de 24hs, y 48hs si la mujer es adulta. Incluso cuando las toman, tampoco responden a la búsqueda inmediata tal como lo denuncian familiares de las víctimas de femicidios. Las marchas que se desenvolvieron en territorio jujeño (aproximadamente 60 desde el 1ro de septiembre a la fecha) pusieron de relieve consignas como “Estado, policía y gobierno son responsables” como expresión del hartazgo en materia de violencia de género. Algo que se replica a nivel nacional si tenemos en cuenta que, en lo que va del 2020 se contabilizan 198 femicidios. Los últimos, el de 2 niñas en la provincia de Tucumán.

Las medidas que propone Morales ya fueron puestas en función en muchas provincias y en todas fracasaron. En Salta en el 2014, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey declaró la emergencia: creó juzgados, se dispuso la entrega de botones antipánico, se creó el observatorio en violencia, pero solo sirvieron para lavarle la cara al régimen. En Jujuy se produjeron 9 femicidios este año, en Salta van 8 con las mismas medidas que Morales quiere crear ahora en Jujuy.

¿Cuál es el problema? ¿Solo se trata de crear más leyes eficaces u organismos estatales? Lo que marca la experiencia es que el régimen político no puede proteger la vida de las mujeres porque es el responsable de generar esa violencia, por eso termina creando, en primer lugar medidas para absolver al Estado de su responsabilidad, segundo, evitar que la lucha de las mujeres se encauce con una perspectiva independiente del Estado.

Las medidas propuestas serán ejecutadas por el mismo régimen político que en nombre de defender las dos vidas, violentó a una niña abusada obligándola a parir un bebe prematuro. El resultado de eso fue que no defendieron ninguna vida, el bebe murió y la niña fue sometida a todo tipo de manoseos reaccionarios para imponer a todas las jujeñas que no se atrevan a exigir el cumplimiento de sus derechos, aun cuando la ILE es aborto legal o aborto no punible. En Jujuy el cuerpo de las mujeres es propiedad de la oligarquía y la iglesia.

A todo esto el gobierno nacional y su ministerio de Mujeres, Géneros y diversidades mantienen silencio, como si Jujuy no fuera parte del país. Por su parte las organizaciones kirchneristas insisten en que el camino es que las feministas probadas conquisten lugares en el Estado para poder cambiar desde adentro, como si esto resolviera la cuestión de fondo. Huelga decir que las únicas medidas que se conocen del Ministerio en cuestión (Barbijo rojo, plan Acompañar) tampoco son medidas integrales como las que se están demandando y lejos están de las necesidades de las mujeres y diversidades que se encuentran en situación de violencia. Ya sea porque dejan en manos de las víctimas su propia protección o porque el monto de los planes ni siquiera cubre la canasta familiar ($17.000 por única vez y solo por 6 meses).

La salida de esta situación no puede quedar en manos del mismo Estado que crea y reproduce todas las violencias.

Desde el Plenario de Trabajadoras venimos exigiendo la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres, que sea electo y revocable por las mismas y que pueda intervenir en una protección real, como ya lo hacen muchas activistas/militantes que defienden a las mujeres y diversidades. Un Consejo que tenga un presupuesto asignado para la asistencia directa, que pueda acusar a la justicia cuando violenta los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Solo así, la emergencia en violencia será una medida útil, para que podamos defender nuestras vidas.

Las mujeres y diversidades debemos tomar en nuestras manos la lucha contra el régimen político de Morales, que payasea de gauchito mientras la descomposición y la violencia destruyen nuestras vidas.

Fuera Martínez y Meyer. Por un Consejo Autónomo de la mujer. NiUnaMenos, el Estado es responsable.

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24/10/2020

Se profundiza la organización de los tercerizados ferroviarios del Mitre y el San Martín

Luego de la movilización del 23, preparan nuevas acciones de lucha por la continuidad laboral.

Las y los trabajadores de Murata (empresa tercerizada de seguridad de los ferrocarriles metropolitanos) vienen desarrollando distintas iniciativas y acciones de lucha por la continuidad laboral de todo el personal, por la reincorporación del personal despedido en el último tiempo y por el pase a planta permanente.

La incertidumbre generada por la reciente licitación (por la que las empresas Líderes y Comahue reemplazarán a Murata en el servicio de seguridad del ferrocarril) que no solo pone en riesgo los puestos de trabajo sino también los derechos adquiridos como la antigüedad, ha despertado la organización de un sector independiente. Tal es así, que las y los tercerizados vienen de protagonizar una movilización el 19 de octubre, a tan solo un día de cumplirse el décimo aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra, desde Retiro al Ministerio de Transporte donde pudieron entregar un petitorio en que se exige la apertura de una mesa de diálogo, la continuidad laboral, ni renuncia ni despidos, traspaso del 100% del personal preservando los derechos adquiridos y el pase a planta permanente. Pero no tuvieron respuesta.

Este viernes 23, ante la negativa del Ministerio, se han movilizado en una nutrida delegación nuevamente. Y otra vez, la respuesta que se han encontrado fue la de los oídos sordos de los funcionarios del Ministerio.

Unidad de los trabajadores...

Pese a los aprietes a los que se ven sometidos y pese a la negativa del Ministerio, la unidad de las y los trabajadores se ve inquebrantable. En asamblea frente al Ministerio de Transporte, decidieron presentar el mismo petitorio ante la Jefatura de Gabinete nacional, en Casa Rosada, exigiendo la intervención del gobierno ante el reclamo y una respuesta.

En esos momentos, en que las y los delegados entregaban el petitorio ante los funcionarios del gobierno nacional, la movilización de las familias de la recuperación de tierras de Guernica entraba en la Plaza de Mayo.

Alan, compañero de Murata, pudo participar de la conferencia de prensa prevista por las familias de Guernica, saludar la gran movilización y comentar la situación que viene atravesando. Una muestra de unidad de trabajadores que luchan, en definitiva, por condiciones dignas, de vida y de trabajo. Al finalizar la conferencia, las y los trabajadores volvieron a Retiro para balancear la actividad y ver los pasos a seguir.

...y al que no le gusta, se jode!

Una vez en Retiro, la asamblea balanceó positivamente la actividad desarrollada, destacando la resistencia y unidad de los tercerizados. Frente a las adversidades y las trabas puestas por Murata y los funcionarios del Ministerio, la lucha y la organización sigue intacta. Punto destacado, por supuesto, fue la unidad con las familias de las recuperaciones de tierra.

La asamblea ha resuelto una nueva acción de lucha para este lunes desde las 9hs, frente a las oficinas de Trenes Argentinos para obtener una reunión y abrir de una buena vez por todas una mesa de diálogo. Sin embargo, tampoco descartan acciones directas sobre el servicio ferroviario.

10 años han pasado de aquel 20 de octubre en el que Mariano Ferreyra fuera asesinado, y Elsa Rodríguez y otros compañeros fueran gravemente heridos, por luchar junto a trabajadores tercerizados por los mismos reclamos que hoy levantan los compañeros de Murata.

La lucha de Mariano sigue vigente. Todo nuestro apoyo a las y los tercerizados del Mitre y el San Martín para llevar esta lucha, su lucha, a la victoria y terminar con la tercerización.

 

https://prensaobrera.com/mariano-ferreyra/

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24/10/2020

CABA: tercera semana de lucha contra la reapertura prematura de escuelas

Nuevas jornadas de paro a partir del 26, convocadas por Ademys.

La resolución 370 firmada por el Consejo Federal de Educación, propuesta por el ministro Nicolás Trotta, les dio vía libre a las jurisdicciones para la reapertura de escuelas en medio del pico de la pandemia y de fuertes cuestionamientos internacionales sobre el sub-registro de casos que han colocado a la Argentina fuera de la base de datos de Our World In data, de la Universidad de Oxford.

Es una orientación de toda la burguesía y el Estado para garantizar la “nueva normalidad” y que los y las trabajadoras se integren a sus puestos de trabajo, aunque no haya condiciones, ejerciendo presión sobre el sistema educativo para el cuidado de niños derivado de los pedidos de los empresarios y patronales.

En la ciudad de Buenos Aires, la ministra Soledad Acuña avanzó entonces con las reaperturas ya finalizando el ciclo lectivo y sin haber entregado las computadoras ni la conectividad indispensable que se reclaman desde el mes de marzo.

La propia ministra se ha encargado de decir que se trata de una reapertura parcial (5to año, 7mo grado, sala de 5 de inicial, 1er grado y 1er año se secundaria) para actividades no educativas y sin ningún plan pedagógico ni presupuestario para readecuar las escuelas, arreglar la infraestructura escolar, y contratar personal para higiene y limpieza para cuando estén dadas las condiciones epidemiológicas.

El temor por el contagio en escuelas vaciadas, sin recursos, generó que la docencia esté nuevamente rechazando la apertura, como así también las familias que no están enviando a sus hijos e hijas a las escuelas que ya abrieron.

Esta es la razón fundamental por la cual crece el rechazo en la ciudad, entrando a la tercera semana de paros y protestas (Ademys convoca a un paro total de actividades el 26 y 27, y a un paro de actividades presenciales el 28, 29 y 30).

Sálvese quien pueda

Las medidas de aperturas paulatinas de grados y cursos en “burbujas” de no más de 9 estudiantes y un docente está enmarcada en actividades de tipo recreativas o sociales sin personal disponible, con denuncias de falta de elementos de higiene, con un caso de Covid en la técnica 15 ya registrado y con un alto grado de improvisación. Las aperturas anunciadas en el día de ayer en la conferencia de prensa por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta aún no tienen protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de CABA.

Es tal el nivel de improvisación que los adultos responsables de las actividades no necesariamente van a ser docentes del estudiante, sino otros trabajadores presionados a ir por ser contratados de programas socioeducativos, pero sin control alguno de quiénes se harán responsables de lo que ocurra dentro del establecimiento educativo. Al día de hoy no se sabe por escuelas quiénes son las y los docentes que efectivamente estarían en los establecimientos y quiénes controlarán las condiciones de higiene y seguridad.

La autorización que les obliga a firmar el gobierno a las familias para autorizar a sus hijos para asistir de forma voluntaria, deslinda la responsabilidad de lo que ocurra respecto a contagios, atención y asistencia. Solo a modo de ejemplo, el protocolo presentado por el gobierno, del que la comunidad educativa y los sindicatos no participaron, indica que si un niño presenta síntomas debe ser aislado en la escuela hasta que el Same lo pase a buscar, pero sin acompañamiento de ningún docente o trabajador de la escuela.

Este “sálvese quien pueda” ha sido denunciado también por las conducciones escolares que ven con preocupación estas situaciones y se van plegando a los rechazos por escuelas.

Mención aparte merece la presión en las escuelas privadas que serían habilitadas a “simple ojo”, donde reina el despotismo de los dueños de las empresas educativas contra los trabajadores, donde ya se han visto denuncias de falta de cuidados, “burbujas” separadas con sogas, entre otras faltas graves.

El rol de la burocracia sindical 

Otro dato importante de estas semanas de protestas y pronunciamientos por escuelas son las autoconvocatorias de escuelas técnicas, que fueron expuestas como carne de cañón para la reapertura modelo por las direcciones sindicales burocráticas que manejan el sector (Amet, UDA, UTE).

La segunda asamblea intertécnicas fue creciendo en adhesión y en cantidad de escuelas, desafiando la regimentación de la burocracia y exigiendo paro a todos los sindicatos de CABA.

Sucede que la mayoría de los sindicatos son prácticamente una escribanía del gobierno. Le dejan pasar a Larreta las paritarias a la baja, la precarización laboral y esta reapertura sin recursos de consecuencias impredecibles. En términos nacionales se ha profundizado la integración al Estado de la CGT y la CTA, en un pacto social no escrito con el gobierno nacional que los lleva a no realizar ninguna instancia de acción ni reclamo respecto a la situación del movimiento obrero y sus trabajadores.

En el caso de la Ctera-UTE, que posa de opositor a Rodríguez Larreta, su pasividad es total. No ha realizado ninguna instancia de reunión ni asamblea para organizar a la docencia. Ni hablar de medidas de acción. Este año la Ctera y la UTE posiblemente batan el récord de 0 paros, ni siquiera para rechazar la paritaria -incumplida- firmada antes de la pandemia.

Las recientes declaraciones del secretario general de UTE, Eduardo López -con críticas al ministro Trotta- tienen más relación con la crisis al interior de la colación de gobierno y los choques derivados de la crisis económica y social en curso, que con un verdadero posicionamiento de lucha contra la política de Rodríguez Larreta. La integración al gobierno de Alberto Fernández no les permite más que una declaración mediática para la ocasión y alguna pelea por los cargos en el ministerio nacional.

Es indispensable entonces retomar el hilo de las convocatorias de plenarios de delegados y afiliados de UTE, impulsada por la Multicolor, para darle continuidad al plenario ya realizado en el mes de agosto, a propuesta de Tribuna Docente, que fue una importante instancia de reagrupamiento para luchar contra las medidas anti-educativas del gobierno de CABA.

La defensa de la salud y las condiciones de trabajo

La lucha por la organización del gremio, junto a familias y estudiantes, ha quedado en manos exclusivamente de la docencia, familias y estudiantes y del sindicato Ademys. Las jornadas con los Sutebas multicolores, las acciones con el Plenario del Sindicalismo Combativo, el apoyo a las luchas en curso, por tierra y vivienda en Guernica, son solo una muestra de la importancia de defender la independencia política de las organizaciones sindicales de los gobiernos y de cualquier bando capitalista y la acción a partir del frente único de los sindicatos independientes.

En un cuadro de agudización de la pobreza, de aumento de la desocupación, de una fuerte desvalorización del salario y de la precarización laboral como norma, el impacto se hará sentir en las escuelas, frente al presupuesto de ajuste encomendado por el FMI que se aprestan a votar el miércoles 28. Esto nos plantea como tarea inmediata el impulso a la intervención de las y los trabajadores en la crisis en curso, y en este caso por el control de las condiciones y los efectos de la pandemia en los lugares de trabajo y estudio.

Desde Tribuna Docente impulsamos el rechazo a las reaperturas prematuras, promoviendo las medidas de fuerza votadas en las asambleas abiertas, en cada escuela y distrito. Las contradicciones de la política aperturista nos plantean también desarrollar las luchas por todos los reclamos educativos pendientes y la organización de las condiciones de trabajo para defender la vida y la salud, con comisiones de control de seguridad e higiene con posibilidad de veto ante el gobierno.

Tomemos en nuestras manos las medidas de fuerza resueltas para la semana del 26, la caravana educativa y la lucha escuela por escuela junto a familias y estudiantes.

https://prensaobrera.com/educacion/la-reapertura-de-escuelas-sin-recursos-en-el-peor-momento-de-la-pandemia/

24/10/2020

Indígenas y trabajadores, movilizados en Colombia

Contra el asesinato de referentes sociales y la política antiobrera del gobierno.

Plaza Bolívar, en Bogotá.

El 21 de octubre se llevó a cabo en Colombia una nueva jornada nacional de caravanas y movilizaciones contra el asesinato de referentes sociales, los decretos antiobreros del gobierno de Iván Duque y por medidas de emergencia frente al Covid-19 (entre ellas, un subsidio equivalente al salario mínimo para los afectados por la crisis). Fue convocada por el Comité Nacional de Paro, que nuclea a las centrales obreras (CUT, CGT, CTC), organizaciones sociales y estudiantiles.

En coincidencia con esta jornada, los docentes de la Fecode (Federación Colombiana de Educadores) realizaron un paro de 48 horas contra la llamada alternancia (bimodalidad), que implica el retorno a clases sin condiciones de seguridad e higiene.

La jornada de lucha confluyó en Bogotá con la minga indígena, una masiva protesta de pueblos originarios que implicó el desplazamiento de miles de personas desde el sureño departamento del Cauca. Estos pueblos sufren la violencia paramilitar y el despojo de sus tierras por parte de los grandes grupos económicos. En el departamento norteño de La Guajira, por ejemplo, los indígenas denuncian que la militarización y la entrega de títulos mineros por parte del Estado ha recortado fuertemente su territorio. A su vez, reclaman la aplicación de los acuerdos de paz con las Farc, que incluyen la formación de un banco de tierras.

Otro punto importante de la jornada fue el apoyo a la huelga de más de 50 días de los mineros del carbón, en La Guajira. Enfrentan el intento patronal de imponer el llamado “turno de la muerte”, que modifica la jornada laboral (7 días consecutivos de labor por 3 de descanso) y liquida un turno entero, lo que trae aparejado mayores posibilidades de accidentes y el despido de 2500 obreros.

Un gobierno antiobrero

Colombia superó el millón de casos de Covid-19 y hay más de 30 mil muertos, pese a lo cual el gobierno profundiza la apertura de las actividades económicas. La enfermedad ha agravado la crisis, con una contracción de la economía del 16% en el segundo trimestre y un desempleo que asciende al 20%.

La jornada del 21, en el departamento norteño de La Guajira

El gobierno de Duque desenvuelve una agenda rabiosamente patronal para transferir el peso de la crisis sobre las masas: impuso un decreto flexibilizador que posibilita la contratación por horas; otro que habilita la privatización de empresas públicas (está en marcha la venta del área de distribución de combustibles de Ecopetrol); y hay denuncias de que prepara una reforma tributaria que allanaría un aumento del IVA, o su imposición a los productos actualmente exentos.

Bajo la administración del actual presidente, se han incrementado los crímenes contra los luchadores sociales (más de 80 casos en el primer semestre) y se autorizó la presencia de 700 soldados norteamericanos adicionales en el territorio. Además, se retomará la fumigación de cultivos de coca con glifosato, lo que es una declaración de guerra contra los campesinos.

La orientación antiobrera del gobierno queda resumida en que casi el 35% de los recursos del presupuesto 2021 están destinados al pago de deuda y el reforzamiento del aparato de seguridad (Contagio Radio, 23/10). Dos caras de una misma moneda: hambre para pagar la deuda y represión para posibilitar esa política.

Medellín.

La represión ha tenido una de sus páginas más infames este año en los 13 muertos que hubo durante la sublevación que siguió al asesinato del taxista Javier Ordoñez a manos de la policía, en septiembre pasado.

El Comité Nacional de Paro, pese a lo que indica su nombre, resiste la convocatoria a un paro nacional efectivo que pueda llevar a la victoria las diferentes luchas y quebrar el ajuste del gobierno. Su orientación se restringe a un reclamo de diálogo y de ser recibidos por el presidente, cosa que éste ignora completamente por el momento.

A casi un año del histórico paro y las gigantescas movilizaciones de noviembre, es necesario retomar ese camino de rebelión para derrotar al gobierno reaccionario.

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24/10/2020

Manifestaciones en Ecuador contra el ajuste fondomonetarista de Lenín Moreno

Las principales ciudades de Ecuador han vuelto a verse repletas de miles de manifestantes que se levantaron en rechazo al reciente pacto suscripto entre el gobierno de Lenín Moreno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y contra el feroz ajuste que se halla impulsando el primero en medio de una bancarrota económica y social. En junio, se había producido una jornada similar.

Bajo la convocatoria del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación de Estudiantes de Ecuador (FEUE) y la Unión Nacional de Educadores (UNE), diversos contingentes de trabajadores, estudiantes y campesinos se movilizaron este jueves en gran parte del territorio local, mayoritariamente en Quito (capital), Guayaquil y Cuenca, las tres ciudades más pobladas del país. La Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), por su parte, se ha ausentado de esta jornada, limitándose a apoyar su desarrollo desde afuera.

Como reacción a las protestas, el gobierno montó un operativo represivo que llegó a aglutinar a más de 47.000 agentes de las fuerzas de seguridad en todo el país, incluso con la participación, en las calles aledañas al Palacio de Carondelet de Quito, de miembros de las Fuerzas Armadas. Las pretensiones de este despliegue policial se reflejaron crudamente en la noche del día jueves cuando la Policía desató una represión contra los movilizados, con brigadas motorizadas y gas lacrimógeno en el centro histórico de la plaza Santo Domingo.

Luego de la jornada de lucha, la ministra de Gobierno María Paula Romo salió con los tapones de punta contra los sectores de trabajadores que se movilizaron, reivindicando el “desalojo a los violentos” encabezado por la Policía. Ya venía agitando las aguas anteriormente, cuando anunció la militarización de Quito escudándose en la “protección” del patrimonio histórico de la zona.

El ajuste

Desde el campo gubernamental se viene llevando adelante una política de ajuste que tiene como participantes estrella al capital financiero internacional y a la burguesía en su conjunto. Lenín Moreno capitanea un gobierno de ofensiva contra las masas y de importantes lazos con el imperialismo norteamericano. El golpe de mano lo ha dado en mayo, tras la aprobación de la reaccionaria “Ley Humanitaria”, que significó en los hechos una enorme regresión en las conquistas históricas de los trabajadores. Claro está que a este paquete se le deben agregar los recortes presupuestarios en la universidad, la aplicación de tarifazos y el curso privatista abierto en el sector público.

El país andino no ha podido evitar ser arrastrado al torbellino de la crisis capitalista mundial. Actualmente, la brecha fiscal entre ingresos y gastos del Estado es de casi un 9% del PBI (El País, 6/10). La caída de los precios internacionales del petróleo ha echado nafta al fuego de las contradicciones mortales que encierra la dolarizada economía nacional. Algunos sindicatos advirtieron que la cifra de trabajadores despedidos superaría los 400.000, un número que no se aleja de las estimaciones del Banco Central ecuatoriano que señalan que hasta más de medio millón de puestos de trabajo podrían ser destruidos este año (EFE, 21/8).

En este cuadro, el gobierno ha pactado un préstamo de 6.500 millones de dólares con el FMI que condicionará todo el proceso político ulterior, pues las exigencias a cumplir con el acuerdo envuelven un enorme ajuste de las cuentas nacionales, y de conjunto, un zarpazo contra las condiciones de vida de las masas. Dicho pacto está estrechamente relacionado con la reestructuración de la deuda con los bonistas efectuada en agosto, por un monto total de 17.400 millones de dólares. En carpeta están presentes una reforma tributaria que llevará el IVA de un 12% a un 15%, despidos generalizados –en yunta a una “modernización de los contratos laborales”-, ajustes en la educación y la salud, entre otros puntos.

A unos días después de cumplirse el aniversario de la rebelión popular de 2019, es necesario que las masas obreras y campesinas de Ecuador retomen el sendero de aquella formidable gesta histórica para derrotar la avanzada capitalista en ciernes.

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Nuevas jornadas de lucha en una Tailandia convulsionada

La unidad de los trabajadores con el movimiento estudiantil es la clave de la etapa.

La bravura del movimiento de lucha tailandés ha sido motivo de atención internacional nuevamente. El miércoles 14 de octubre, en el marco de una jornada de lucha convocada por el movimiento estudiantil, 20.000 personas llegaron a congregarse en los alrededores de Bangkok. Los participantes, reunidos en el capitalino Monumento de la Democracia, partieron de allí hacia la sede gubernamental para reclamar por la renuncia del premier tailandés. Un episodio destacable de la jornada fue el recibimiento de repudio que los manifestantes dieron al rey Rama X en la caravana de la comitiva real, siendo a su vez la primera oportunidad en la que se desafiara al poder en las narices del monarca, un elemento al que se ha tratado de instalar en el imaginario social de la población, leyes mediante, en algo así como un “semidiós”, y que al mismo tiempo se encuentra blindado por la represiva ley de Lesa Majestad, que estipula hasta 15 años de prisión a quien lo difame. Entretanto, las protestas continuaron desenvolviéndose durante la semana en distintos puntos del país.

Desde enero de este año se han desenvuelto 200 protestas callejeras. Los actores de esta lucha han puesto en tela de juicio a la estructura monárquico-militar, piden la caída del primer ministro golpista Prayuth Chan-o-cha, una reforma de la monarquía y la disminución de la influencia militar en la vida política. Los jóvenes repudian a un régimen que se ha caracterizado por el autoritarismo social y político, y por la proscripción a los opositores en un cuadro de empeoramiento de las condiciones de vida fruto directo de la crisis mundial.

El gobierno militar viene respondiendo a los bríos combativos de la movilización con un mayor aumento de la persecución y de la represión. Horas antes de que tuviera lugar otra jornada de protestas el día jueves, el primer ministro tailandés anunciaba la declaración de un estado de “emergencia” –que prohíbe los encuentros de más de 4 personas y la publicación de noticias que puedan “atentar” contra la “seguridad nacional”- para poner fin a los acampes cercanos a la sede del gobierno. Es por eso, pues, que las protestas de ese día no solo clamaban por el hundimiento del gobierno sino que también tronaron por la libertad de los más de 20 manifestantes que habían de ser detenidos la madrugada anterior. El desafiado estado de emergencia fue revocado este jueves por el premier tailandés, sin lograr sacar a la juventud de las calles.

La situación de la clase obrera

Un factor que podría volcar la situación definitivamente a favor de las masas movilizadas en el resultado de esta lucha sería una intervención de la concentrada clase obrera tailandesa.

La industria representa una parte significativa de la estructura económica del país. Tailandia es el mayor exportador de componentes electrónicos de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), con las norteamericanas Western Digital y Seagate a la cabeza de la producción. También es líder regional en la industria automotriz, de fuerte injerencia japonesa (Toyota, Nissan, Isuzu, Nissan, Mazda), cuya producción de camionetas tiene a Europa, Japón y gran parte restante del globo como principales receptáculos.

Si bien Tailandia es un país con una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, una gran proporción de la masa laboral está precarizada dentro de la agricultura de subsistencia o en otros sectores como el cuentapropismo.

En industrias tailandesas como la pesquera o la avícola predomina el trabajo a destajo, bajo condiciones infrahumanas. Los trabajadores migrantes procedentes de Myanmar, Laos y Camboya son las principales víctimas de este régimen mortífero. La Ley de Relaciones Laborales local, por otro lado, no ampara a los trabajadores migrantes y prohíbe su sindicalización.

La industria textil del país asiático es otro de los polos donde yace la superexplotación de la clase obrera. Esta industria es una verdadera contienda capitalista: Tailandia y países vecinos como Camboya, India, Myanmar y Bangladesh funcionan como plataformas de mano de obra ultrabarata en las cuales los capitales se van trasladando de acuerdo al rédito para elevar su tasa de ganancia. Recientemente, Indonesia aprobó una reforma laboral para tratar de llevar los salarios a esos mismos niveles.

Importa destacar que este gran proletariado encuentra profundas trabas políticas en sus direcciones sindicales que limitan su intervención en la arena nacional. La Confederación de Empresas Estatales, cuyos 200.000 afiliados la convierten en el sindicato más grande de Tailandia, se ha negado a movilizar a sus bases en apoyo a la convocatoria del 14 de octubre. La misma posición adoptó la burocracia de la Federación de Industrias Tailandesas, cuyo presidente lo justificó en la inexistencia de una “señal” que amerite la realización de una huelga en este momento.

En la antigua Siam prima una fuerte regimentación sindical; la legislación laboral local establece que los sindicatos deben permanecer “apolíticos” y asimismo, en muchos casos, estos se hallan colocados bajo la órbita de diversas ONG con orientaciones de carácter antisocialista. La legislación, además, dificulta la realización de huelgas. Estas ONG a las que hacemos mención reciben fondos de parte de fundaciones internacionales como Solidarity Center o The Friedrich Ebert Stiftung, financiadas por la AFL-CIO yanqui y por el SPD alemán, respectivamente.

La Federación de Industrias Tailandesas estima que ocho millones de personas podrían quedar desempleadas a finales de año. El Banco Mundial, a su vez, advierte que casi 10 millones de personas se volvieron “económicamente inseguras”. En estas condiciones, la burguesía ha salido a la carga contra los trabajadores reduciendo el salario del 70 por ciento de la masa laboral a casi la mitad.

Abajo la monarquía y el gobierno

Es importante que la clase obrera irrumpa con sus propias reivindicaciones y fortalezca el torrente de lucha contra la monarquía y el gobierno. Está planteada la tarea de derrumbar de una vez toda la estructura monárquica y militar y abrir paso a un gobierno de trabajadores.

https://prensaobrera.com/internacionales/tailandia-se-intensifica-la-lucha-contra-el-regimen-militar-y-monarquico/

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23/10/2020

Los verdaderos usurpadores de tierras

Del sur a Entre Ríos.

El exministro de agricultura de Mauricio Macri y extitular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, encabeza por estos días una vigilia de productores frente a un campo ubicado en Santa Elena, Entre Ríos, en reclamo del desalojo de un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de su propia hermana, Dolores, quien donó parte de sus tierras para el desarrollo de un proyecto agroecológico en el lugar.

Los ruralistas presentaron una denuncia judicial y han montado un gran escándalo en nombre de la defensa de la propiedad privada, la Constitución, la seguridad jurídica, etc. Además, lo han tomado como un caso testigo contra toda movilización en defensa del derecho a la tierra. La Sociedad Rural de La Paz, distrito en que se encuentra Santa Elena, condenó “todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realicen sean cuales fueren las motivaciones” (Infobae, 21/10). En la misma tónica inflexible, una productora de Crespo dijo que “no creemos en estos valores que porque vos tenés, tenés que dar” (La Nación, 21/10). El acampe ruralista ha incluido aprietes contra los militantes del MTE para que se retiren. Y circularon audios de whatsapp en que sus participantes los califican de “sarnosos” y anticipan cómo arriarían el personal de sus campos a la vigilia, coqueteando incluso con la idea de ir armados (nunca mejor dicho aquello de “patrón de estancia”).

Todas estas bravuconadas verbales y materiales buscan tapar una trama de aprietes, usurpación, estafas y superexplotación sobre la que los Etchevehere han cimentado su poder. En el marco de la disputa con sus hermanos, Dolores Etchevehere ha denunciado algunos de estos episodios.

Un caso muy ilustrativo tiene que ver con algunas tierras de Santa Elena. Esta localidad supo desarrollarse alrededor del frigorífico homónimo, que estuvo bajo propiedad estatal a partir de los años 80 y cerró en 1993. Como indemnización, los obreros recibieron tierras, pero sin título de propiedad. Según denuncia la página del Proyecto Artigas (el emprendimiento agroecológico que se lleva a cabo en Santa Elena), en 2004 el gobernador Jorge Busti liquida los bienes del frigorífico (incluyendo esos terrenos) y tres años más tarde los hermanos Etchevehere se quedaron con 370 hectáreas al 10% de su valor, valiéndose de contactos políticos y judiciales. En el momento, el territorio en cuestión era usado por una escuela agrotécnica, pero uno de los lotes estaba arrendado. “Juan Diego Etchevehere a la cabeza de un grupo armado, ingresaron al lugar a punta de escopeta, destruyeron los cultivos de los arrendatarios y corrieron el alambrado”, según la página mencionada.

Otra denuncia corresponde a la superexplotación de los peones rurales. En 2014, una inspección del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) descubrió en la estancia La Hoyita -que forma parte de la misma firma que el campo en disputa de Santa Elena- a los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, quienes trabajaron durante 38 años para los Etchevehere. Vivían sin agua ni luz eléctrica y cobraban 450 pesos por los más variados trabajos, “incluso desmonte o la manipulación de agroquímicos perjudiciales para su salud” (Página 12, 16/10).

Asimismo, Proyecto Artigas denuncia una maniobra de vaciamiento de una de las empresas de los Etchevehere, la Sociedad Anónima de Entre Ríos, que incluye la toma de créditos a tasas subsidiadas por el Estado para solventar la operación.

El sur

Al igual que en el Litoral, los ruralistas del sur también pusieron el grito en el cielo, pero en este caso contra los procesos de recuperación de tierras por parte de la comunidad mapuche. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, se puso a la cabeza de estos reclamos, calificando a las tomas como un “delito”, pese a reconocer la existencia de un enorme problema habitacional en su provincia.

El 19 de octubre, se produjo el desalojo de una comunidad mapuche (Lof Gallardo Calfú) en la localidad de El Foyel, ubicada en el departamento de Bariloche. Desde el 15, integrantes de esa comunidad habían iniciado un proceso de recuperación de tierras, por lo que fueron calificados por el autoproclamado propietario como una “manga de vagos”. Los mapuche denuncian una estafa en 1980 contra Sixto Gallardo Calfú, quien no sabía leer y fue engañado para que firmara documentación que transfería los derechos de ocupación del lugar. Posteriormente, el Estado le asignó a su contraparte el título de propiedad.

Como este caso, se supone que hay otros tantos similares en la Patagonia. El proceso de recuperación de tierras en el sur es fuertemente hostigado por el Estado, quien actúa en defensa de los grandes grupos económicos que se apropian de la región (Lewis, Benetton, etc.). Santiago Maldonado desapareció y murió en el marco de una persecución de la Gendarmería, en agosto de 2017, cuando apoyaba la defensa de sus tierras por parte de la Lof Cushamen. Poco después, Rafael Nahuel era asesinado a balazos por la Prefectura durante el desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi.

Es importante clarificar la postura del gobierno nacional actual sobre las luchas en defensa de la tierra. A raíz del conflicto en Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet afirma que se comunicó con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y que este le ratificó que el presidente “no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar” (ídem, 22/10). Esta orientación se lleva a fondo en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Axel Kicillof ha desalojado numerosas tomas estas semanas y prepara la de Guernica, la más emblemática de todas ellas.

Las diatribas contra las “usurpaciones” y las tomas de tierras merecen ser refutadas, desenmascarando a los verdaderos usurpadores, es decir, aquellos grandes grupos económicos y grandes terratenientes que vienen despojando hace generaciones a las masas oprimidas de su derecho a la tierra y la vivienda, por medio de la estafa y la represión.

22/10/2020

Asesinan a activista ambiental en Honduras

El activista ambiental Joaquín Erazo fue asesinado la noche del pasado 14 de octubre en el departamento de Colón, Honduras. Según los testigos, un grupo de encapuchados ingresó abruptamente a su domicilio y lo baleó sin mediar palabras: el modus operandi que se repite en cada uno de los periodistas independientes o activistas sociales asesinados en el país. Erazo formaba parte del acampe que denunciaba la quita de terrenos y la contaminación ambiental de la empresa minera Los Pinares en el río Guapinol. Desde el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) y diversas organizaciones sociales se denunció el crimen y lo enmarcaron como otra de “las acciones de hostigamiento, persecución, criminalización y a la judicialización de los 12 defensores y líderes de Guapinol, que se encuentran encarcelados desde hace casi un año” (Resumen Latinoamericano, 15/10).

La empresa minera del clan Facussé, gracias a su amistad con el presidente Juan Orlando Hernández, consiguió que el parlamento modifique leyes de regulación ambiental y le permita desarrollarse dentro del Parque Nacional de Botaderos. Desde 2012, unas cuatro mil familias de la zona denuncian que el agua proveniente del río Guapinol está contaminada, provocando daños en su salud, y que además no fueron consultados para iniciar la actividad minera, como lo exigía la ley (Vice World News, 15/10). Ahora, los Facussé avanzarán sobre la construcción de carreteras, lo que equivale a la deforestación masiva del parque. Pero el gobierno hace caso omiso a la pulverización de los recursos naturales y sigue negociando con la empresa: también formarán parte de la construcción y administración del nuevo aeropuerto internacional. Las vastas denuncias por apropiación de tierras, represiones violentas, daño ambiental y vínculos con el narcotráfico perecen bajo un manto de impunidad.

Para peor, y según una columna del periódico The Guardian (6/10), Honduras es, en términos generales, “el país más inseguro para los activistas sociales”. Alrededor de 150 activistas ambientales fueron asesinados en la última década -entre ellos el más célebre caso de Berta Cáceres. Actualmente hay doce detenidos por la defensa del río Guapinol y cuatro líderes de la etnia garífuna desaparecidos.

El gobierno hondureño -continuidad del golpe de Estado de 2009- es un aliado del imperialismo en la región. Suscribió en enero un acuerdo para colaborar en la política anti-migratoria de Trump y acaba de recibir la visita y felicitaciones del jefe del Comando Sur, Craig Faller, por su política antidrogas, pese a que el hermano del mandatario, policías y exmilitares han sido hallados culpables del tráfico de narcóticos, tal como denuncia el abogado Fabricio Herrera (Criterio, 19/10).

Asimismo, Hernández retuvo el poder en 2017 en una elección fraudulenta. La represión contra las movilizaciones de repudio dejaron cerca de 30 muertos. Todo esto ha llevado a que en las movilizaciones contra el gobierno se denuncie la existencia de una “narcodictadura”.

El asesinato y la persecución contra activistas ambientales es una realidad cotidiana en Centroamérica, pero no ha logrado frenar la lucha contra la depredación ambiental de las grandes corporaciones capitalistas.

Justicia para Joaquín Erazo y todos los luchadores asesinados.

https://prensaobrera.com/internacionales/honduras-un-aniversario-de-independencia-caldeado/

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22/10/2020

Entre Ríos: el derecho a la tierra y sus enemigos

Sobre el reclamo de desalojo del campo de Santa Elena.

El extitular de la Sociedad Rural y exministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, encabezó ayer una movilización de productores en Entre Ríos para reclamar el desalojo de un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (que orienta Juan Grabois) y de su hermana Dolores de un campo ubicado en Santa Elena, departamento de La Paz. El ruralista presentó también una denuncia en la justicia, sobre la que se espera para hoy una resolución. Por el momento, los productores mantienen una vigilia en el lugar.

El campo en cuestión se encuentra en disputa entre Dolores y el resto de sus hermanos, entre ellos el exministro. La confrontación se remonta a 2009, cuando la muerte del hacendado Félix Etchevehere puso en juego una importante herencia. La hermana del exministro denuncia una inicua trama para excluirla. Al mismo tiempo, ha puesto de relieve los métodos con que sus hermanos han amasado sus fortunas (reducción a la servidumbre de trabajadores; adquisición de tierras al 10% de su valor y copamiento de estas a punta de pistola; vaciamiento; estafas al Estado, etc.). La conexión entre Dolores Etchevehere y el MTE responde a que esta ha donado parte de sus tierras para el desarrollo de un proyecto agroecológico.

La movida ruralista incluyó la visita amenazante de una delegación a la tranquera del campo, donde uno de los referentes dijo a los presentes que “yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos” (Página 12, 22/10). Además, trascendieron audios en que uno de los ruralistas califica de “piojosos y sarnosos” a los miembros del MTE y asegura que “yo llevo absolutamente a todo el personal de mi campo y perdé cuidado que más de uno se sale de la vaina por ir armado” (ídem). Otro pide mandar “a algún guapo con ganas de pegarle a algún negro de mierda, de esos que odiamos tanto” (ídem).

Si bien la movida ruralista es desatada por este conflicto en particular, tiene un alcance más general. La Sociedad Rural de La Paz condenó “todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realicen sean cuales fueran las motivaciones” (Infobae, 21/10).

Aunque el extitular de la SRA acusó a Alberto Fernández de avalar a los miembros del MTE, debido a que dos funcionarios se hicieron presentes en el campo entrerriano, y cuestionó al gobernador Gustavo Bordet por no pronunciarse sobre el tema, lo cierto es que el gobierno está en la primera línea de ataque contra quienes se movilizan por el derecho a la tierra. El propio gobernador dijo el miércoles que se comunicó con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que este “me manifestó que el presidente no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar” (Página 12, ídem). Y afirmó que esa era su misma postura.

La política del gobierno se ve claramente en los desalojos en la provincia de Buenos Aires y la preparación del desalojo contra la toma de Guernica.

En oposición a los intereses de los grandes terratenientes y grupos inmobiliarios, y el gobierno que los avala, es necesario profundizar la lucha por el acceso a la tierra y el derecho a la vivienda para las y los trabajadores.

19/10/2020

La rebelión chilena retoma su hilo

Cientos de miles ganan las calles en su primer aniversario.

En el primer aniversario de la rebelión chilena, cientos de miles de personas ganaron las calles en el país trasandino. Algunas estimaciones hablan de más de 100 mil personas movilizadas en la Plaza Dignidad, en Santiago. Además, hubo manifestaciones en todo el país.

De este modo, quedó claro que el proceso político iniciado en octubre pasado continúa abierto, pese al “acuerdo de paz social” del gobierno y la oposición, para contenerlo en las vías institucionales, y pese al compás de espera que le había impuesto la pandemia. En la jornada, se escuchó el reclamo por la libertad de los presos políticos, por el juicio y castigo a los responsables de la represión, y contra los fondos de pensión privados (no + AFP).

El operativo represivo del gobierno dejó cerca de 600 detenidos. En La Victoria (centro-sur de Santiago), un joven murió por disparos con armas de fuego realizados por efectivos de Carabineros. En la comuna de Los Angeles, región de BioBío, un miembro de la misma fuerza arrolló en forma intencional con su moto a un manifestante. Las imágenes trajeron a la memoria lo ocurrido hace pocos días, cuando un carabinero empujó al río desde un puente a un manifestante. Es la misma fuerza que dispara a los ojos para cegar a los luchadores. El gobierno responsable de estos crímenes, integrado por funcionarios que se enriquecieron o cumplieron roles bajo la dictadura pinochetista, trató de invertir las cosas y lanzó una infame campaña contra la “violencia” de las manifestaciones, debido al ataque contra algunas comisarías y el incendio de dos iglesias en Santiago. Se trata de una cortina de humo para disimular el golpe político sufrido ante una movilización popular tan multitudinaria.

La concurrencia de este 18 es más notable aún si se tiene en cuenta que gran parte de la oposición boicoteó la convocatoria. Un artículo del diario La Tercera (19/10) destacó la ausencia casi total de esos dirigentes en las movilizaciones y analizó que “el que no haya habido un liderazgo político claro detrás del estallido social fue para muchos un problema el año pasado; y la jornada de ayer demostró que esa ausencia lo sigue siendo ahora”.

La oposición no solo le quitó el cuerpo a las movilizaciones, sino que discute un documento de condena a los hechos de “violencia”... por parte de los manifestantes, según propuso el presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz. Incluso el ala izquierda de esa oposición no convocó a la jornada del 18. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, del Frente Amplio, hizo un llamado “a que nuestras diferencias, nuestras formas de canalizar lo que hoy sentimos por el país, lo hagamos a través del plebiscito que vamos a tener el 25 de octubre” (Bio Bio, 13/10, citado por El Porteño, 19/10). Gabriel Boric, también del FA, llamó a cacerolear por las noches en vez de realizar concentraciones masivas, con el pretexto del Covid-19. El PC sí llamó a participar de las protestas, pero no hay ningún planteo de lucha por parte de la CUT, la central obrera que dirigen.

Las movilizaciones del 18 fueron, por lo tanto, un desafío objetivo a la política conciliadora de la oposición, que tiene todas sus fichas puestas en el plebiscito del 25 y las elecciones de constituyentes de abril próximo, que se llevarán a cabo en caso de que triunfe el “Apruebo” el próximo domingo. Es un intento denodado por limitar las potencialidades del movimiento de lucha.

El 25

El plebiscito del domingo 25 consiste en dos preguntas. Una por el “Apruebo” o “Rechazo” a la reforma de la Constitución, y otra por el mecanismo de una eventual modificación: una convención constituyente donde todos sus miembros surgen de una elección, o bien una convención mixta donde la mitad de ellos surgen del actual parlamento.

Este plebiscito ha sido un producto, aunque deformado, de la rebelión popular. El gobierno y la oposición debieron echar lastre con esa convocatoria, apenas tres días después de la huelga del 12 de noviembre. Pero al mismo tiempo, es un intento de desviar las energías de las masas al terreno institucional, por medio de un proceso tutelado.

La mayor trampa del proceso constituyente es que, incluso en la variante de una convención donde todos sus miembros surgen de una elección, de él no podrán participar las organizaciones sociales surgidas de la rebelión (es decir, estará dominada por los partidos responsables del hundimiento nacional) y se requiere un quórum de dos tercios para imponer las modificaciones, lo que le asegura a la derecha un poder de veto.

La derecha ya opera abiertamente en este terreno. El presidente Sebastián Piñera, cuyo partido (Renovación Nacional) tiene un ala que milita por el “Apruebo” y otra por el “Rechazo”, presentó un documento que pretende encuadrar un eventual proceso constituyente, para que nada cambie: plantea al Estado como “garante del orden público y la seguridad” (léase, la preservación de Carabineros y todo el aparato represivo), el “derecho a la propiedad privada” (léase, la garantía a los grandes grupos económicos de sus privilegios) y el mantenimiento de las AFP y los negociados privados en salud y educación. También ya trabaja en su lista de candidatos para abril, en la que se baraja la candidatura de Magdalena Piñera Morel, la hija de Piñera, un insulto frente a un proceso que nació reclamando la caída del mandatario.

El otro gran partido de la derecha, la Unión Demócrata Independiente (UDI), también tiene un ala partidaria del “Apruebo” y otra del “Rechazo”. Pablo Longueira, senador de esta fuerza, ha declarado que “la peor contribución que puede hacer la gente que quiere conservar lo mayor posible de esta Constitución es votar Rechazo” (Nuevo Poder, 1/9), o sea que quiere sabotear el trabajo de la asamblea constituyente desde adentro. Es importante alertar a los trabajadores de estas maniobras en curso.

Las dos fuerzas de la derecha plantean la variante de la convención mixta. Por el lado de la vieja Nueva Mayoría, las fuerzas que lo integraban (PS, PPD, Democracia Cristiana, PC y otros) son partidarias de la variante de la convención constitucional.

El voto por el “Apruebo” es un modo de golpear a la reacción política, pero debe hacerse señalando las trampas tanto de la variante mixta como de la convención constituyente que postula la oposición. Una verdadera asamblea constituyente exige echar a Piñera y el régimen político que lo sostiene. El camino lo marca la movilización del 18.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-un-ano-de-rebelion-popular-y-en-la-vispera-del-plebiscito-constitucional/

https://prensaobrera.com/internacionales/aplastante-derrota-del-golpismo-de-trump-y-bolsonaro-en-bolivia/

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19/10/2020

Aplastante derrota del golpismo, de Trump y Bolsonaro en Bolivia

Por un congreso de bases de la COB para fijar una política independiente de los trabajadores.

Fue aplastante la derrota de la derecha golpista en las elecciones de Bolivia. Las grandes masas de trabajadores y campesinos le han dado el triunfo a Luis Arce (MAS) por 53% contra el 31% de Carlos Mesa (CC). Hasta último momento, el gobierno golpista intentó impedir esta irrupción electoral, manipulando la elección. El sábado, horas antes de que se iniciara el comicio, se prohibió sacar fotos de los resultados electorales en cada mesa y se levantó el preconteo rápido que se hace en cada elección. Y militarizó las calles. El trabajo “concienzudo” del Tribunal Electoral tenía a las 4 de la madrugada contabilizadas solo el 10% de las urnas y daban… el triunfo a Mesa. Pero la avalancha antigolpista fue apabulladora y el gobierno tuvo que reconocer –informalmente- que a pesar de que no están los datos oficiales había triunfado la lista del MAS.

Llamamos a estar alertas y a ganar las calles decretando la huelga general en Bolivia ante cualquier intento de negar este resultado electoral.

Esto es continuidad de la gran huelga general de agosto último, con sus 12 días de cortes de ruta. Recordemos que Evo Morales la levantó cuando estaba dada la oportunidad de desmantelar de forma decisiva todo el andamiaje reaccionario, racista, represivo y antiobrero que montó el golpe.

Ahora, rápidamente, todo el gorilaje derechista y fascistoide se vistió con la camiseta de la democracia. ¡Hasta Áñez saludó el triunfo de Arce y le deseó suerte para que lleve adelante un régimen democrático!

En sus primeras declaraciones, Arce planteó que en el marco de la democracia va a buscar un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Esto constituye una señal dirigida a Washington, al capital internacional y a la derecha de su disposición a llevar adelante una política de garantías y compromiso en medio de un escenario convulsivo atravesado por un lado, por tendencias a una rebelión popular y por el otro por el avance de la militarización y el reforzamiento de un régimen represivo.

El saludo cínico de los represores y explotadores a Arce está sustentado en que este ha declarado que no dejará de pagar la deuda externa, que se limitará, como lo ha hecho Alberto Fernández en la Argentina, a reclamar que se posterguen los pagos. Ha dicho que negociará esto con el FMI. Pero la experiencia de Argentina indica que el FMI es el de siempre, el representante del capital financiero. Y en la Argentina se está aplicando un plan de ajuste contra los trabajadores (disminuyendo los ingresos de los jubilados, desalojando a los vecinos que ocuparon tierras para darle un techo a sus familias, etc.).

La necesidad de un planteo político independiente

Es fundamental que el movimiento obrero y campesino adopte una posición política independiente y tenga un funcionamiento autónomo de los gobiernos. Que no sea un títere de estos. Que tome en sus manos un programa de los trabajadores. Se plantea la necesidad de convocar a un congreso de bases de la COB a nivel nacional y en todos los departamentos, donde se vote una política propia de la clase obrera. Por la alianza obrera y campesina: por un gobierno de los trabajadores.

Es necesario impulsar un programa con medidas concretas que afecten decisivamente los intereses de los monopolios y el capital financiero.

En primer lugar, hay que frenar las dramáticas consecuencias de la pandemia. Para ello hay que nacionalizar el sistema de salud y ponerlo bajo gestión directa de los profesionales y trabajadores de la salud. Incrementar el salario del personal sanitario, contratar más y pasarlo a planta permanente.

Es necesario frenar la ola de despidos y suspensiones que se está descargando sobre los trabajadores. Inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos de Vita y de todos los cesanteados. Ocupación de las empresas que despidan o suspendan masivamente y puesta en marcha de las mismas bajo gestión de los trabajadores.

Subsidio mensual mientras dure la emergencia de la pandemia para todo desocupado.

Antes de su derrota, Áñez tomó un préstamo del FMI. Sin ningún tipo de autorización, ni siquiera del parlamento. No hay que pagarlo. No hay que pagar la deuda externa.

Cárcel, juicio y castigo a los mandos militares y policiales que produjeron las masacres contra el pueblo (Senkata, etc.). Disolución de las fuerzas represivas. Libertad a todos los compañeros detenidos y anulación de los procesos por resistir la opresión golpista. Plenas libertades democráticas para el pueblo trabajador.

Todas estas medidas, los trabajadores y el pueblo explotado deben tomarlas en sus manos, imponerlas por la acción directa.

El aplastamiento electoral de los golpistas bolivianos se suma el mismo día en que millares de jóvenes ocuparon las calles en Chile –en el aniversario del inicio del alzamiento popular contra Piñera- a la ola de rebeliones que se desarrolla en Latinoamérica. Y también en los Estados Unidos contra Trump. Él –junto a Bolsonaro, Macri y la derecha latinoamericana- fue el que instigó la realización del golpe en noviembre pasado. Es un fuerte golpe a estos gobiernos capitalistas represores y un aliciente para las masas de nuestro continente.

Arce fue el ministro de Economía de Evo Morales y en calidad de tal estableció los acuerdos con las petroleras, las mineras, la oligarquía terrateniente y el capital financiero que mantiene a Bolivia como el país más pobre de América Latina. Los trabajadores conscientes y la izquierda que se reclama revolucionaria tienen la oportunidad histórica de construir un partido obrero independiente, socialista y revolucionario, fundamental en esta nueva etapa de la lucha de clases que se va a agudizar más que nunca en Bolivia.

Es necesario convocar a una Conferencia Latinoamericana de la Izquierda para darle un norte obrero y socialista a la justa rebelión de nuestros pueblos: por la unidad socialista de América Latina.

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18/10/2020

Liceo Policial de Berni: el adoctrinamiento transformado en educación secundaria

Durante los días pasados, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, anunció en su cuenta de Twitter la apertura de inscripciones al Liceo Policial para el ciclo lectivo 2021 (y también en Facebook, con un posteo titulado “La vocación la llevás adentro”). Se trata de una escuela de educación secundaria, a la cual se puede ingresar desde primer año, con tan sólo 12 años de edad, donde durante seis años entrenan jóvenes para convertirse en agentes policiales de la Bonaerense. Otra muestra de las prioridades del gobierno de Axel Kicillof: el reforzamiento del aparato policial y una avanzada en el adoctrinamiento de les jóvenes, esta vez, a la más temprana edad.

En esta cuarentena, el gobierno de Alberto Fernández y de Kicillof ha demostrado su interés en avanzar con políticas represivas en todos los espacios del país como una forma de regimentación social y de adoctrinamiento. La persecución de la juventud y la represión a las luchas obreras son el complemento del ajuste en curso que golpea al conjunto de les trabajadores. Hay más de cuarenta casos de gatillo fácil (como el de Lucas Verón) y muertes bajo custodia por parte de la Policía Bonaerense, llevándose la vida de jóvenes de barrios humildes del conurbano, además de la desaparición y muerte de Facundo Castro.

Mientras la educación secundaria se cae a pedazos y es sostenida por la voluntad de docentes y estudiantes, el Estado nacional no destinó un solo centavo para contribuir a que la continuidad de la cursada sea factible para todes. En ese sentido, los porcentajes de deserción estudiantil aumentan sin parar y las exigencias y reclamos de la comunidad educativa son completamente desoídos. Las únicas respuestas que se reciben es una vuelta a clases con protocolos berretas y sin presupuesto -en el caso de CABA- o la “uberización” de la docencia de la provincia de Buenos Aires mediante el plan ATR.

En presencialidad la situación no es muy diferente: el ajuste se traduce en una asistencia alimentaria precaria y en condiciones edilicias que son un reclamo de primer orden hace años. Las condiciones de bioseguridad e higiene deben ser garantizadas con los pocos recursos con que cuentan las intendencias y distritos, una vez más exponiendo a la comunidad educativa -en este caso, al contagio de un virus pandémico- por falta de elementos de higiene.

El cinismo del gobierno reside en incentivar, a les mismes jóvenes que hoy no acceden al derecho a educarse y que son empujades tempranamente al mercado laboral precarizador, a sumarse a formar parte del cuerpo de efectivos que en la actualidad los hostiga, persigue y reprime.

La lucha en defensa de nuestra educación y en contra de la criminalización de la juventud es una tarea de primer orden. Desde la UJS secundaries rechazamos la tentativa de cooptación de jóvenes al reforzamiento del aparato represivo y exigimos que se discutan las formas en las que se desarrollarán las clases presenciales el próximo ciclo lectivo en todas las escuelas medias y técnicas de la provincia.

Abajo el reforzamiento del aparato represivo. Presupuesto ya para educación.

https://prensaobrera.com/politicas/un-17-de-octubre-para-apoyar-el-pacto-con-el-fmi/

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14/10/2020 | 1607

Conclusiones de la comisión de Mujeres y diversidades del XXVII Congreso del Partido Obrero

Por Paula La

Con la presencia de delegadas de todo el país se llevó a cabo la comisión de Mujeres y diversidades, donde se trazó un balance de la intervención del Plenario de Trabajadoras (PdT) en esta etapa, así como discusiones en torno de la agenda política del sector y las conclusiones, votando una serie de iniciativas hacia adelante. Entre ellas, la realización de un Congreso Nacional del PdT para febrero de 2021, impulsando la lucha por el 8 de Marzo.

El informe de apertura estuvo a cargo de la compañera Vanina Biasi, quien señaló el problema político de la integración al Estado de organizaciones feministas y de centroizquierda a cambio del abandono de las calles y de todas las iniciativas de lucha. En este contexto, destacó la intervención del PdT, colocándose con una perspectiva clasista y antiestatal, como parte de una propuesta estratégica de carácter político y socialista, en un movimiento de un enorme potencial, en el cual el imperialismo ha depositado una apuesta política.

El interés que ha despertado en la clase capitalista dotar de un “barniz de género” su acción ajustadora constituye una respuesta al potencial revolucionario y de choque con el Estado que tiene el desarrollo de un movimiento en un sector tan masivo de la clase obrera. Esta tendencia fue comprendida hace ya medio siglo por el imperialismo, que respondió a la segunda ola del feminismo con cuatro conferencias internacionales entre la década del '70 y los '90. El arte de la política burguesa al servicio de perfeccionar los ataques contra las masas. Esta caracterización debemos desarrollarla a la luz del 25 aniversario de la última y más significativa de esas conferencias de la ONU, la realizada en Beijing en 1995.

Compañeras delegadas que intervienen en sindicatos dieron cuenta del resquebrajamiento de la contención de la burocracia, que es palanca fundamental del gobierno para llevar a cabo el ajuste. Como pilares de la precarización firman paritarias a la baja en distintas provincias y convenios que van en línea con la reforma laboral, a la vez que dan la espalda a las licencias de cuidado, a la lucha por el aborto legal y la organización por los derechos de las mujeres trabajadoras. En el plano de las desocupadas se destaca el lugar de las mujeres migrantes y las asambleas del PdT en conjunto con el Polo Obrero en los barrios, que han sido un factor de politización y que hoy, además, se han convertido en un factor de sindicalización a partir del desarrollo de la agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares.

En el terreno LGBTI, la referente de la 1969 destacó cómo la Federación funcionó como una dirección burocrática con una clara definición pro-estatal y que ha significado un freno al movimiento de la diversidad. Asimismo, la lucha por las hormonas, el acceso a la vivienda, salud y educación, la implementación del cupo laboral travesti-trans y el empadronamiento que están realizando junto con el Polo Obrero en los barrios.

La independencia política de los gobiernos toma un eje fundamental frente al intento de bloqueo de los planteos políticos y de choque con la Iglesia del movimiento, y para estructurar la lucha del sector en torno de una estrategia de poder contra toda la opresión.

La lucha por el aborto legal y la separación de las iglesias del Estado

A casi un año de su mandato, el gobierno de Alberto Fernández ha quedado muy por detrás de las aspiraciones de las mujeres y diversidades, profundizando el ajuste y mostrando la inoperancia del ministerio encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta ante el aumento de violencias y femicidios en cuarentena. La legalización del aborto, que constituye el principal reclamo del movimiento, sigue dilatándose al tiempo que el gobierno refuerza su alianza con las iglesias en materia de contención social, en un cuadro de agravamiento de la crisis económica y social. La agenda política del gobierno se muestra de esta manera como una cáscara vacía para las mujeres.

En este contexto, una de las conclusiones principales de la comisión ha sido que el tratamiento del aborto no puede ser prenda de negociaciones que signifiquen impunidad para los abusadores, mayor financiamiento para las iglesias e injerencia en la salud y educación.

La lucha por la separación de las iglesias del Estado se encuentra en el orden del día. Las compañeras de zona sur expusieron los casos de abusos del sacerdote Raúl Sidders, que se extiende a miles de abusos que involucran al Arzobispado de La Plata de "Tucho" Fernández y Héctor Aguer, y a distintos puntos del país, amparados por la Iglesia católica y protegidos por el Estado. Este punto converge con las concesiones en el terreno de la educación y la salud a estas instituciones oscurantistas y la pelea por la ESI laica y científica en todo el país.

En este marco, la iniciativa de los talleres de ESI, desarrollados por el PdT, Tribuna Docente y la UJS, adquieren gran valor para denunciar la capitulación del Estado frente a la Iglesia en todos los terrenos. Compañeras de distintas provincias destacaron esta iniciativa como una gran herramienta para reflexionar y cuestionar la violencia de género como instrumento de dominación del capital, abriendo debates con sectores sindicales y estudiantiles. Aspecto destacado particularmente por la compañera de Tucumán, quien enfatizó el gran alcance de la iniciativa y su continuidad en la participación en el Congreso Nacional de UJS en pos de organizarse por conquistar la ESI en todos los niveles educativos.

Las problemáticas ambientales y la lucha por la tierra y la vivienda

Las delegadas señalaron la enorme cantidad de mujeres que escapan de situaciones de violencia y se suman a distintas acciones de recuperación de tierras sin encontrar amparo de la Justicia y los gobiernos provinciales, como es el caso de la Casa de la Mujer en Tierra del Fuego y el gobierno de Santa Cruz, que dejan sin recursos a las mujeres y dan la espalda a esta problemática que se acrecienta en toda la Patagonia.

En la misma sintonía, Soledad Díaz, legisladora de Córdoba, resaltó que las tomas de tierras ocupan un espacio importante en el escenario político de la provincia, que tiene allí a gran cantidad de mujeres que son trabajadoras de casas particulares y asalariadas que no han podido pagar el alquiler, en un contexto marcado por el empeoramiento de las condiciones de vida y total desamparo del gobierno.

En esta misma línea, las compañeras de Buenos Aires expusieron los procesos de tomas en la zona norte y sur de la provincia. La toma de Guernica se coloca en el centro de la escena política, allí la ministra Estela Díaz junto con funcionarios del gobierno de Kicillof intentaron ingresar al predio para amedrentar y sobornar a los vecinos mientras preparaban el desalojo. Rosalía Rodas, delegada de zona sur, intervino desde Guernica convocando al preencuentro de la vivienda, que se realizó el lunes, con la presencia de distintas tomas de la provincia, donde participó el PdT junto con el Polo Obrero, exigiendo tierra para vivir y denunciando las políticas históricamente excluyentes de acceso a la vivienda para los trabajadores, en favor de los desarrolladores inmobiliarios para la expansión de urbanizaciones cerradas.

El Polo Obrero constituye uno de los frentes más importantes de la etapa ante la pauperización creciente de las masas, donde se destaca la intervención de compañeras, imprimiendo un método clasista en un movimiento signado por organizaciones que tienen la tesis de la "transversalidad" y pertenecientes al Triunvirato San Cayetano, aliado al Vaticano.

La delegada de Santa Fe aportó la experiencia de las luchas por la vivienda en las asambleas de desocupadas en una provincia atravesada por el ajuste de Omar Perotti, el amparo del narcotráfico y la trata de mujeres. La provincia que tiene declarada como actividad esencial a las cerealeras, que recorren todo el cordón de San Lorenzo, encuentra su sistema de salud al borde del colapso sanitario por la disparada de contagios de coronavirus.

Asimismo, informó que se está estructurando a un grupo de trabajadoras textiles de Algodonera Avellaneda de Vicentin. Estuvo presente el debate sobre el ambiente en el marco de los incendios intencionales de empresas ligadas a la agricultura y ganadería que se extienden en todo el país, y con focos principales en Córdoba y el Delta del Paraná.

El lugar que ocupan las mujeres en la producción de alimentos en los principales cordones hortícolas del país, en condiciones de superexplotación, fue igualmente tema de debate, en un contexto donde gran parte de las organizaciones ligadas a la "economía popular", que reivindican la agroecología, y se encuentran integradas al gobierno de Alberto Fernández, que reprimariza la economía a costa de la destrucción del ambiente y que días atrás bajó las retenciones a la soja y permitió el ingreso del primer trigo transgénico tolerante a la sequía, HB4.

La comisión concluyó con la votación unánime en favor del documento que realiza el balance de nuestra intervención, concentra todos los temas mencionados y una serie de resoluciones:

  • Realizar entre el Polo y el PdT un congreso nacional de trabajadoras de casas particulares entre noviembre y diciembre. Movilizar a la Comisión del Ministerio de Trabajo cuando se reúna luego del Consejo del salario mínimo.
  • Campaña y acción de lucha hacia el próximo 25 de noviembre, contra todas las formas de violencia hacia la mujer, tomando como eje el tema del aborto legal, los femicidios y las recuperaciones de tierras.
  • Desarrollar todo tipo de iniciativas en torno de las tomas de tierras que se desarrollan en todo el país y que tienen a miles de mujeres como principales protagonistas de esos procesos de organización por la tierra y la vivienda.
  • Desarrollar el trabajo por la implementación del cupo laboral trans a nivel nacional y a niveles locales.
  • Realizar un congreso nacional del PdT en febrero de 2021, que sirva de impulso para el armado reivindicativo, político y electoral del año.

https://prensaobrera.com/politicas/no-al-pacto-con-el-fmi-por-una-salida-de-los-trabajadores-a-la-crisis/

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14/10/2020 | 1607

Comisión de comunicación: seguir construyendo "Prensa Obrera" como el periódico de un partido de combate

En el marco del XXVII Congreso del Partido Obrero, este sábado 10 de octubre se llevó adelante la comisión de Comunicación. En la misma se abordó la necesidad de comprender la importancia política de fondo que tiene que desarrollar y mantener en pie al periódico del partido revolucionario como arma de agitación y de lucha política para todos los ámbitos de la lucha de clases y de la vida social en general. Para esta tarea nos valdremos de todos los avances tecnológicos y de las nuevas redes sociales con el objetivo de penetrar con nuestras ideas dentro del grueso del público de la web y, más en general, para afilar y pulir toda nuestra actividad militante alrededor de Prensa Obrera, tanto en su formato digital como en su edición impresa, en cuanto la pandemia permita retomarla.

La comisión ha sido un gran laboratorio de ideas, cuya meta fue desarrollar a fondo los componentes de la comunicación del partido; sus métodos, y que el conjunto de las herramientas que incorporemos como novedad sean volcadas al servicio de un trabajo militante finamente delineado y con objetivos políticos concretos, cuyo fin último sea la organización revolucionaria de la clase obrera. A fin de perseguir estos objetivos, partimos de la concepción leninista de la prensa del partido revolucionario, a saber, concebir el periódico del partido obrero como un “organizador colectivo”, un instrumento forjado sobre la base de las propias experiencias del movimiento obrero en su lucha cotidiana contra el Estado capitalista y que, a su vez, sirva como un ariete para la lucha política y de ideas al interior de todos los espacios donde tenemos influencia, y en los que no, también. Este carácter organizador y combativo pinta de cuerpo entero el contenido político de nuestra Prensa Obrera, diferenciándolo de un mero “informativo de izquierda”, y que condice con una de las tareas que tiene por delante el Partido Obrero en la actual etapa, signada por una bancarrota económica y social sin parangón alguno, esto es, separar a las masas trabajadoras del nacionalismo burgués y embarcarlas hacia la lucha por un gobierno de trabajadores y por el socialismo. En esta línea, por ejemplo, está planteada la tarea de estudiar en qué “barrios digitales” habitan los diversos sectores de trabajadores a los que queremos llegar con nuestra política.

El debate de la comisión estuvo atravesado por el objetivo de perfeccionar nuestro trabajo en la divulgación de contenidos, la profesionalización del abordaje en torno de la creación de material audiovisual y en la exigencia de avanzar, colocándonos en nuevas áreas de Internet (Tik Tok, videos con formato “youtuber”, podcasts en Spotify, entre otras) para llegar a la mayor cantidad de lectores/visualizadores posibles. La comisión de Comunicación ha puesto sobre la mesa la necesidad imperiosa de fortalecer el trabajo de los corresponsales y de ir hacia una elaboración colectiva superior, en la perspectiva de poner en pie comités de redacción para centralizar y perfeccionar la producción de trabajos en pos de nutrir al periódico de contenido permanente. Dicha tarea tiene como horizonte robustecer el trabajo militante en Prensa Obrera, y permite sumergir al partido en todas las arenas de la lucha de clases.

Prensa Obrera ha dado un salto impresionante en materia de corresponsales y de calidad en nuestra elaboración política. Lo prueba el hecho de que el mes de abril nos despidió con más de 2 millones de visitas y que actualmente contamos con más de 400 corresponsales únicos mensuales. Nuestro objetivo en este sentido es redoblar esta apuesta y colocar a Prensa Obrera como un jugador de primer orden en la lucha política por atraer nuevos lectores y ganarlos a nuestras posiciones políticas. A su vez, no se nos puede pasar por alto que este salto cualitativo mencionado con anterioridad es también la expresión de un salto de igual magnitud en la conciencia política de nuestros militantes, sobre todo en la comprensión de que Prensa Obrera es un organismo vivo de la militancia. El congreso ha resaltado los avances que pegamos en el terreno metodológico.

La comisión rescató y resolvió profundizar el gran trabajo de archivo que el partido viene realizando, tanto sobre sus propias publicaciones como con las del movimiento obrero y la izquierda en general, esto nos permitió volver a contar con buena parte de las ediciones de Prensa Obrera del pasado en Internet. Se trata de un aporte significativo a la historia del propio partido y de la clase obrera en general, así como un aporte a la formación de su vanguardia. En este sentido, se resolvió la edificación de una comisión nacional para consolidar y centralizar la elaboración militante de contenido para Prensa Obrera.

https://prensaobrera.com/politicas/no-al-pacto-con-el-fmi-por-una-salida-de-los-trabajadores-a-la-crisis/

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14/10/2020 | 1607

Por una segunda Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos

Las deliberaciones de la comisión de situación internacional.

La comisión sobre situación internacional se llevó a cabo con la participación de delegados partidarios e invitados de Chile, Uruguay, Costa Rica y Francia. También participaron compañeros de México y se recibió la adhesión de la Agrupación Vilcapaza de Perú. La base del debate fue una propuesta de resolución expresada en un documento de actualización presentado al XXVII Congreso, que resultó enriquecido por los aportes de la comisión. Dicho texto ratifica el informe internacional al congreso (publicado en la revista En defensa del marxismo) y una resolución de balance sobre la CRCI.

Se aprobó también un plan de trabajo que recoge los desafíos planteados por la emergencia de una nueva ola de rebeliones y movilizaciones populares en América Latina (huelga general en Bolivia, Colombia, Chile, etc.). Amainada en los principios de la pandemia, esta plaga ha polarizado más la crisis económica y social, agrava ahora por la crisis sanitaria. La crisis en la región y el reinicio del proceso de levantamientos de masas realza la necesidad de impulsar una segunda Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, que contribuya a la emergencia de un polo de independencia de clase, que permita reagrupar y orientar hacia la victoria a las nuevas generaciones que salen a la lucha. El método para esa conferencia debe ser el del frente único, procesando las divergencias en el marco de una acción común.

La crisis mundial y la clase obrera

En las deliberaciones se partió de la situación en Estados Unidos, que se caracteriza por la rebelión popular, la crisis capitalista y la pandemia. La crisis política debe examinarse en ese marco: Trump amenaza con el desconocimiento de un resultado electoral adverso y busca ganar posiciones en la Corte Suprema, un órgano que puede llegar a cumplir un papel de arbitraje en el proceso.

La envergadura de la crisis y de las divisiones en la burguesía yanqui se ve en las 3.400 demandas presentadas por grandes compañías (Coca-Cola, Disney, etc.), a raíz de las pérdidas que habrían sufrido como consecuencia de la política proteccionista de Trump y la guerra comercial con China. La tentativa del mandatario yanqui de sacar a Estados Unidos de su impasse (“Estados Unidos primero”) naufraga.

Trump se jactó en las últimas semanas de la reducción del desempleo, pero este sigue siendo superior a los niveles pre-pandemia. Estamos ante una crisis de fondo, frente a la cual no alcanzan las inyecciones de fondos de la Reserva Federal. El Estado no tiene la misma capacidad de 2008 de evitar quiebras masivas, lo que plantea un posible escenario de depuración masiva de capitales.

También se consideró el problema de cómo el Partido Demócrata opera tratando de transformar al movimiento de lucha en un apéndice de la candidatura de Joe Biden. Si bien la rebelión sigue viva, los demócratas han logrado canalizar las energías hacia el terreno electoral. Cabe señalar que buena parte de la burguesía impulsa esta candidatura y que varios gobernadores demócratas han desenvuelto ellos mismos la represión contra la rebelión en sus estados.

Por otra parte, se examinó el vínculo entre ese impasse capitalista y las tendencias a la guerra, que son consecuencia directa de las guerras comerciales en desarrollo y la disputa por los mercados. Estas tendencias se ven en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, o la guerra civil en Libia, que envuelven y enfrentan entre sí a las diferentes potencias, así como en las tensiones en el Mar de China Meridional.

China también ha sido arrastrada por el torbellino de la crisis mundial. A diferencia de la crisis de 2008, ya no puede oficiar de locomotora económica global. En un cuadro de decenas de millones de puestos de trabajo perdidos por la pandemia, la burocracia del Partido Comunista teme el contagio de las movilizaciones de Hong Kong al continente. Esto fue considerado por la comisión.

Un aspecto importante de la guerra comercial es el intento norteamericano de avanzar en una colonización económica de China y en una profundización de la restauración capitalista, un proceso que el Partido Comunista pretende llevar a cabo en sus propios términos.

La comisión discutió también el proceso de huelgas contra la reforma laboral en Indonesia, que el gobierno impulsa con el argumento de mejorar la competitividad y atraer inversiones extranjeras. La crisis y las devaluaciones competitivas en el mundo, de todos modos, le marcan un límite a esa pretensión.

Empieza a verse en el último período una creciente irrupción obrera, que se abre paso en diferentes países (huelga de General Motors en Estados Unidos, huelgas en Francia, Bielorrusia, etc.).

América Latina

La rebelión en Norteamérica golpeó no solo a Trump sino también a los gobiernos latinoamericanos tributarios al imperialismo y creó mejores condiciones para la lucha. Tras un paréntesis en el inicio de la pandemia, la movilización popular se ha reactivado en Chile y Colombia. En Brasil, los trabajadores del Correo protagonizaron una notable huelga de más de un mes contra la política privatista y ajustadora de Bolsonaro, aislada y traicionada por la CUT. También en Centroamérica se están desenvolviendo importantes movilizaciones (Honduras y Costa Rica), en la que ocupan un rol destacado algunos sindicatos.

La comisión discutió el problema que implica el nacionalismo burgués para estos procesos. La clave de la gobernabilidad en el subcontinente está dada por la política de colaboración con la derecha y de contención que practican el nacionalismo burgués y las corrientes progresistas. En Brasil es clave el papel de contención del PT y de la CUT. Esto refuerza la necesidad de una política de independencia de clase que supere estos obstáculos y lleve a la victoria esos procesos.

Al mismo tiempo, la comisión discutió el reforzamiento de los ataques del imperialismo contra Venezuela. Pese al retroceso de Juan Guaidó, Estados Unidos aún se reserva la carta de una intervención militar. El informe Bachelet crea un precedente en este sentido. La lucha contra el golpismo se debe llevar adelante sin ningún apoyo político al gobierno de Nicolás Maduro, que viene avanzando en una política de ajuste, privatizaciones y criminalización del movimiento obrero combativo.

La comisión abordó también la crisis boliviana. La presidenta golpista Jeanine Añez bajó su candidatura para las elecciones del 18 de octubre, en un intento por concentrar el voto en Carlos Mesa y evitar un triunfo electoral del MAS en la primera vuelta. Ocurre que una victoria de esta fuerza, apenas a diez meses del golpe, sería un baldazo de agua fría para la derecha.

Por eso mismo, no se pueden descartar maniobras fraudulentas en el proceso electoral.

En las elecciones bolivianas está ausente una fuerza revolucionaria, independiente de la derecha golpista y del nacionalismo burgués de Evo Morales. En este escenario, la comisión debatió sobre el carácter de nuestro llamado al voto por el MAS, valiéndose de él para desarrollar la movilización contra el golpismo, sin dar ningún apoyo político a Morales y sin dejar de señalar su política conciliadora.

También se discutió el plebiscito de reforma constitucional chileno que tendrá lugar el 25. Ese plebiscito fue caracterizado como un producto, aunque deformado, de la rebelión que estalló en 2019. Con él, el gobierno y la oposición centroizquierdista buscan echar lastre. La pelea por el “Apruebo” aparece como un modo de golpear a la reacción política, pero se debe denunciar al mismo tiempo el propósito del oficialismo y la oposición, incluido el PC y el Frente Amplio, de llevar a cabo un proceso constituyente completamente tutelado. El “Apruebo” debe ser encarado como parte de la lucha por echar al gobierno de Sebastián Piñera y por una Constituyente libre y soberana.

Sobre Bolivia y Chile, la comisión aprobó resoluciones específicas con estos planteos. En el caso de la resolución chilena se plantea la lucha por un 18 de octubre de masas, en el primer aniversario de la rebelión. En apoyo a esa lucha, promovemos un acto de la izquierda frente al consulado en Buenos Aires.

Iniciativa

En la comisión, y luego en la sesión plenaria del XXVII Congreso, quedó claro que la continuidad de la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos representa una necesidad de la vanguardia obrera y juvenil del continente, pues es la forma que adopta la lucha por poner en pie un polo de independencia de clase a escala continental. En ese marco, impulsando planes de acción en común, deberán desenvolverse a fondo los debates de estrategia en la izquierda, incluso a través de boletines de discusión. El XXVII Congreso ratificó la importancia de la lucha por la construcción de partidos revolucionarios de combate (que encuentra uno de sus obstáculos en los partidos y movimientos centristas o “amplios”, como el NPA francés o el Psol brasileño), que defiendan la perspectiva de la independencia política, el gobierno de los trabajadores y la refundación de la Cuarta Internacional.

Respecto a ese punto, la resolución internacional votada plantea: “el impulso dado a la necesidad de una nueva convocatoria a la Conferencia Latinoamericana no elimina ni posterga la necesidad de luchar por la construcción de partidos revolucionarios militantes, ni la refundación de la IV Internacional, sino que la potencia. El 27° Congreso Nacional del PO se empeña en esta tarea abriendo el debate político-programático y los acuerdos de acción unitaria con todas las corrientes militantes revolucionarias”.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-un-ano-de-rebelion-popular-y-en-la-vispera-del-plebiscito-constitucional/

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14/10/2020 | 1607

Chile: un año de rebelión popular y en la víspera del plebiscito constitucional

Las caracterizaciones y conclusiones del XXVII Congreso

Para el 18 de octubre, cuando se cumpla el primer aniversario del comienzo de la rebelión popular en Chile, se prevé la movilización más importante desde marzo pasado, momento en el cual desembarcó la pandemia en el país trasandino. Por su parte, el gobierno prepara un gigantesco operativo represivo, que contará con el despliegue de 40 mil carabineros e incluso con la entrada en escena de “escuadrones especiales”. Una semana después del 18 tendrá lugar el plebiscito del 25 de octubre, surgido del pacto firmado por el oficialismo y la oposición en noviembre de 2019, que determinará si habrá o no un proceso constituyente en Chile. La magnitud y los resultados de ambos sucesos, la jornada del 18 y el plebiscito del 25, determinarán en gran medida la evolución política del proceso chileno.

La vitalidad de la rebelión

Aunque la pandemia y el aislamiento social le impusieron al ‘estallido social’ un compás de espera forzado, en el curso de estos meses se acentuaron las grandes reivindicaciones que motorizaron la rebelión popular en Chile: creció exponencialmente la desocupación y la precarización laboral, se mantuvieron intactos los negocios de la salud y la educación privados, se recrudeció el déficit habitacional y se reforzó la represión y la impunidad de Carabineros.

Asimismo, se dejaron ver numerosos elementos que dan cuenta de que el proceso de la rebelión está muy lejos de haberse cerrado. Desde marzo a esta parte, emergieron las “ollas comunes” (comedores y ollas populares) frente al ascenso de la carestía y el descomunal crecimiento de la desocupación. Se produjeron en julio masivos cacerolazos y un extraordinario paro de los portuarios contra la política del gobierno y por la habilitación del retiro de los fondos de las AFP de parte de los trabajadores. Emergieron grandes movilizaciones del movimiento de mujeres, señalando las responsabilidades estatales ante el recrudecimiento de la violencia machista en el marco de la cuarentena. El pueblo mapuche se mantuvo siempre activo y movilizado contra el avasallamiento estatal y se produjeron nuevas movilizaciones por la libertad de los presos de la rebelión popular y contra las brutales represiones de Carabineros, que han marcado un reciente punto de inflexión en el ascenso de la movilización popular.

Pero es claro que la rebelión popular encuentra en la dirección de la mesa de la Unidad Social y de la CUT a su principal obstáculo. La dirección política de estas organizaciones, el Partido Comunista, juega todas sus cartas a la contención del movimiento obrero chileno. El PC ha sido la primera fuerza en proclamar el inicio de su carrera presidencial, delatando su pretensión de canalizar el ‘estallido social’ por las actuales vías institucionales, a través de un gran frente político opositor junto a los partidos del sistema, reproduciendo lo que años atrás hicieran junto a Bachelet y la Nueva Mayoría.

Plebiscito constituyente

El plebiscito del 25 de octubre es un producto, aunque deformado, de la rebelión popular. Fue el lastre echado por Piñera y la oposición parlamentaria, a través del ‘acuerdo por la paz social y la nueva constitución’, ante el terror que le causó a la clase capitalista el ‘estallido social’ y, en particular, la huelga general del 12 de noviembre. Sin embargo, el gobierno y la oposición se han encargado de quitarle al proceso constituyente cualquier vestigio de soberanía popular, transformándolo en un órgano incapaz de viabilizar las transformaciones sociales, económicas y políticas que exigen las masas chilenas.

En este marco, la pelea por el “apruebo” en el plebiscito del 25 de octubre es la forma mediante la cual se le puede asestar un golpe concreto a la reacción política, que mediante la pelea por el “rechazo” pretende dar por concluido el proceso abierto en octubre pasado. Pero en el plebiscito es necesario rechazar tanto la variante de la convención ‘mixta’, que establece que la mitad de su cuerpo estaría integrado por los actuales parlamentarios, como la convención constituyente, donde todos los convencionales se elegirían mediante un nuevo proceso electoral pero del cual no podrán participar las nuevas fuerzas políticas y sociales surgidas al calor de la rebelión. La precondición para que exista una verdadera asamblea constituyente libre y soberana es lograr la caída de Piñera y de todo el régimen político que lo ha sostenido en el poder.

Un plan de acción

La lucha por el Fuera Piñera y por una constituyente libre y soberana debe ir acompañada del impulso de la lucha por el conjunto de las reivindicaciones inmediatas de las masas y de la agitación por un congreso de trabajadores, que ponga fin a la tregua impuesta por la burocracia de la CUT y elabore un programa económico y político de la clase obrera para que la crisis la paguen los capitalistas.

La situación política en Chile le ofrece una oportunidad a la joven agrupación Fuerza 18 de Octubre. Es necesario desenvolver una campaña, por un frente único de acción y de lucha, dirigida a todas las organizaciones de izquierda, entre ellas las participantes de la Conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos, de las agrupaciones y sindicatos combativos, de los cabildos y las asambleas populares, y de la juventud que lucha, para intervenir como un bloque independiente.

https://prensaobrera.com/internacionales/por-una-segunda-conferencia-latinoamericana-y-de-los-estados-unidos/

 

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14/10/2020 | 1607

“Un aporte muy importante para los internacionalistas”

Celso Saavedra, de la organización L'Etincelle (La Chispa).

Celso Saavedra integra la dirección de la organización francesa L'Etincelle (La Chispa). Participó como invitado al congreso del PO y de su comisión de Situación internacional.

-¿Qué reflexión te merecen las deliberaciones del XXVII Congreso del PO?

-Había tres desafíos para este congreso, 1) superar el retroceso de una escisión, 2) reorganizar el trabajo en medio de la pandemia y de una crisis social mundial inédita y, por fin, 3) comenzar a asegurar la transmisión de experiencia de la generación fundacional a una nueva dirección que está emergiendo.

El primero, el más doloroso, parece ser superado por los siguientes. Los debates abiertos, precisos y concretos revelan una serie de intervenciones que sorprenden a la militancia europea. La manera de articular el trabajo sindical con el frente de lucha del Polo Obrero, por ejemplo, es un aporte muy importante para los internacionalistas. Un trabajo difícil, con una serie de tareas tácticas complejas que servirán para preparar a los revolucionarios en otros continentes, con el derrumbe social que se anuncia. Y todo esto en un difícil contexto social y político, en el que por el momento, la izquierda no encarna aún la oposición al peronismo.

Desde Guernica hasta los debates de la comisión de Movimiento obrero, desde el trabajo internacional (del que destacamos el balance muy importante de la Conferencia Latinoamericana, debates de fuerte contenido político sobre la situación de Bolivia y Chile, y debates teóricos sobre el desarrollo de las contradicciones del imperialismo) hasta las discusiones sobre el sistema de prensa y el equilibrio a encontrar entre las redes virtuales y la fuerza organizadora de un periódico, todo eso “hace partido” y da ganas de asimilar toda la materia y las experiencias compartidas en este congreso. Claro que existen matices, diferencias, divergencias, enfoques a veces paralelos, pero constamos: un solo idioma, el internacionalismo.

Otro aspecto para terminar: la experiencia acumulada y acreditada por los debates y las resoluciones del congreso permite realizar la unidad contradictoria entre la construcción del partido y la política de frente único, como la llaman ustedes. El hecho de haber mantenido una colaboración durante una década con organizaciones revolucionarias, para crear una herramienta política, con sus límites y sus ventajas, al servicio del pueblo trabajador, representa, aunque sea frágil, un logro importante.

-¿Cómo se está viviendo en el movimiento obrero el recrudecimiento de la pandemia en Francia?

-En el primer mundo, como se decía antes, y en Europa en particular, llegó la hora de la bomba de tiempo del desempleo de masas. Francia perdió en el primer semestre de 2020 más de 700.000 puestos de trabajo, tiene inscriptos 6 millones de cesantes oficiales, tenía 9 millones de pobres al empezar el año y terminará con un millón más. Los estudiantes tienen hambre y algunos suicidios espectaculares marcaron la opinión de la militancia joven. Cuarentena y choque social provocan por el momento una sideración que utiliza la patronal para reorganizar su producción. Una verdadera guerra social, dinero gratis de miles de millones de euros para la patronal (créditos votados por los socialistas y la France Insoumise de Mélenchon) y nada, absolutamente nada salvo miseria para el proletariado. Socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres.

La resistencia comienza a organizarse de diversas maneras. Son iniciativas muy locales y embrionarias pero que tienen como punto común la oposición a las burocracias sindicales. Algunas vienen de la base y cuentan con la intervención de los revolucionarios. En Toulouse, el 17 de septiembre, se juntaron alrededor de 50 trabajadores de 19 empresas del sector aeronáutico y subcontratados para organizarse juntos para impedir los despidos. El 3 de octubre, en la región parisina, unos 60 trabajadores del transporte urbano y suburbano (ferroviarios y buseros venidos de SNCF, Ratp, Keolis, Transdev) se reunieron para luchar contra la apertura del sector a la competencia comercial. Otras iniciativas proceden de sectores combativos de la CGT, como la sección de la empresa Cargill en Lille, que tratan de coordinar a las empresas que despiden en la región.

Por otro lado, vuelven a estallar varias huelgas duras en los hospitales e incluso en clínicas privadas, no contra los despidos sino para aumentos de salario y mejorar las condiciones de trabajo. A otro nivel, los enfrentamientos entre jóvenes de los barrios y la policía se hicieron más violentos y organizados esta última semana.

Las condiciones de una explosión social se acumulan, como un auto sin frenos. El accidente es inevitable pero el cuándo queda abierto.

-¿Cuál es el planteo de L'Etincelle frente a esa crisis?

-En la etapa actual para nosotros la prioridad es construir redes de trabajadores de la base, con apoyo de estructuras sindicales cuando es posible y contra ellas si es necesario. Esta acumulación de fuerzas, está lejos de representar aún una dirección alternativa pero en el caso de que un sector significativo en huelga tenga la oportunidad de aparecer como un polo legítimo, la tarea será la organización de una coordinadora nacional de sectores sindicales clasistas y combativos como dicen ustedes y de trabajadores de la base. Algo muy diferente a una coalición de direcciones sindicales como lo hacen la mayoría de las organizaciones trotskistas en Francia. Hay que tener en cuenta que las centrales sindicales organizan menos de 10% de la fuerza de trabajo.

Los choques sociales van a ser fuertes, incluso con aspectos reaccionarios (la trampa racista contra los musulmanes que impulsa Macron puede funcionar parcialmente), pero si la perspectiva descrita más arriba se concreta en Francia, con sus tradiciones de lucha, todo es posible, incluso que nuestras posiciones pasen de ser meros eslóganes a convertirse en consignas.

En esta situación de crisis inédita, la perspectiva de que paguen los responsables capitalistas y de que los trabajadores decidan es la única vía para reunir a los revolucionarios de una extrema izquierda profundamente dividida.

https://prensaobrera.com/internacionales/algunas-observaciones-sobre-los-primeros-efectos-de-la-pandemia-en-francia/

https://prensaobrera.com/politicas/no-al-pacto-con-el-fmi-por-una-salida-de-los-trabajadores-a-la-crisis/

https://prensaobrera.com/politicas/las-conclusiones-del-xxvii-congreso-del-partido-obrero/

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14/10/2020 | 1607

“Lograr un frente único a escala continental”

Roberto Sánchez Moreno, de Juventud Obrera de Costa Rica

¿Qué reflexiones tienen sobre este Congreso?

Estamos muy agradecidos por la invitación, fue un espacio bastante interesante para ir sumando experiencias dentro de lo que estamos formando acá en Costa Rica, que es Juventud Obrera. Consideramos que es un aspecto fundamental para todo partido el que se funde en el centralismo democrático y lleve adelante los debates que se precisan para lograr luego la unidad de acción que necesitamos en las calles.

¿Qué opinan del planteo de una nueva conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos?

Consideramos que es un punto fundamental para lograr hacer un frente único a escala continental. Acá en Costa Rica tenemos también la presencia de diferentes partidos que tienen alianzas en el FIT-U y necesitamos que se empiecen a dar los mismos debates que se están dando en Argentina, pero fundamentados en la claridad. Si no se tienen nuevas instancias como la que fue el congreso, que consideramos que fue una instancia muy satisfactoria, no vamos a lograr que se dé este frente único. Desde Juventud Obrera apoyamos que se dé en la brevedad algún tipo de congreso que vuelva a retomar estos temas.

¿Qué podrías destacar de la intervención que están teniendo en la lucha de clases de Costa Rica?

Somos una organización que está activando principalmente en el sector de la juventud precarizada. En estos días estamos sufriendo varios problemas, principalmente en el gremio de trabajadores de reparto. Anoche una compañera falleció, fue atropellada por un conductor que iba borracho acá en Costa Rica. Ya tuvimos el caso de un compañero que falleció por Covid-19 y la empresa no le pagó siquiera los medicamentos. Entonces estamos dando una lucha abierta contra las patronales que no tienen ningún tipo de interés por la vida de las y los trabajadores de reparto. Sumado también a nuestro trabajo que tenemos en el gremio de los call centers y en sectores de la juventud precarizada estamos buscando armar un plan de lucha que logre dar una salida política. A su vez, estamos viviendo unas manifestaciones hace ya más de dos semanas que buscan tirar abajo una alianza de una falsa unidad nacional que lo único que vino a hacer es privatizar y hambrear al pueblo costarricense. Entonces estamos dando una lucha que esperemos que tenga buen término.

https://prensaobrera.com/politicas/no-al-pacto-con-el-fmi-por-una-salida-de-los-trabajadores-a-la-crisis/

https://prensaobrera.com/politicas/las-conclusiones-del-xxvii-congreso-del-partido-obrero/

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14/10/2020 | 1607

“La rebelión chilena es un proceso político aún abierto”

Diana Rojas, de la Fuerza 18 de Octubre

-¿Qué les pareció el XXVII Congreso del PO?

-Para nosotras, como agrupación formada recientemente, participar en la instancia más importante de deliberación y decisión que tiene un partido de la trayectoria del PO nos permite nutrirnos de saberes, conocimientos y métodos. Particularmente, en la comisión Internacional donde participamos, se deliberó sobre el escenario de rebeliones que se vienen dando en América Latina y el mundo. Participar de la comisión fue de gran importancia porque nos permite balancearlo con el contexto de crisis capitalista que se viene dando a nivel mundial.

-¿Qué opinan del planteo de una segunda conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos?

-Con el PO venimos desarrollando una importante tarea política, la más reciente fue la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, donde como Fuerza 18 de Octubre suscribimos un documento en conjunto con otras organizaciones hermanas. Conferencias como esta se presentan como una oportunidad ante el contexto revulsivo de luchas en los territorios, nos abre posibilidades de creatividad colectiva, de trabajo conjunto, de colaboración y articulación entre organizaciones y personas revolucionarias, gestar un espacio para visibilizar la oportunidad de la izquierda revolucionaria de crear una alternativa de la clase obrera, con audacia, creatividad, participación y, sobre todo, con el compromiso hacia el bienestar social, tanto latinoamericano como mundial.

-Resumidamente, ¿qué se viene en Chile por estos días?

-A días del aniversario del estallido social y despertar de Chile, lo consideramos como un proceso político abierto. Aún persiste, sigue vigente. Las demandas que nos levantaron en lucha no han sido consideradas, nada ha cambiado aún, agravándose aún más con la crisis pandémica, que si bien generó una baja en las manifestaciones, nunca las detuvo; continuaron las movilizaciones contra las AFP, contra la violencia sexista, contra el accionar represivo del Estado y contra la brutalidad policial.

De cara al 18 de octubre [aniversario de la rebelión], llamamos a organizarnos, participar activamente y copar todos los espacios del país levantando con más fuerza que nunca las consignas que hace un año nos volcaron a las calles y que aún nos mantienen en ellas. Seguimos en pie por un 18 de octubre de masas, por un rotundo “Apruebo” popular en el plebiscito constituyente del 25 y vamos por una Constituyente libre y soberana y, sobre todo, con poder y participación de las masas.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-un-ano-de-rebelion-popular-y-en-la-vispera-del-plebiscito-constitucional/

https://prensaobrera.com/politicas/no-al-pacto-con-el-fmi-por-una-salida-de-los-trabajadores-a-la-crisis/

https://prensaobrera.com/politicas/las-conclusiones-del-xxvii-congreso-del-partido-obrero/

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14/10/2020 | 1607

“Un escenario de crisis mundial, guerras y revoluciones”

César Zelada, de la Agrupación Vilcapaza de Perú

En nombre de la Agrupación Vilcapaza, César Zelada envió un saludo al XXVII Congreso del PO, “desde la tierra de Vallejo y Mariátegui”. En él destaca que “el XXVII Congreso del PO se da en un escenario de crisis mundial, guerras, revoluciones y contrarrevoluciones”. Asimismo, destaca que “el PO tiene una gran trayectoria política y una gran mística que se ha valido de pronósticos acertados”.

“De las decisiones que tomen en este congreso -añade- dependerá en cierta medida el futuro de la revolución socialista en nuestro continente. En Perú, tarde o temprano, las rebeliones populares van a estallar, porque Perú no es una isla. Cuando estalle, la vanguardia peruana va a tener que estar preparada para asumir su responsabilidad histórica”.

https://prensaobrera.com/politicas/las-conclusiones-del-xxvii-congreso-del-partido-obrero/

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14/10/2020 | 1607

Noticiero internacional

Movilización en Indonesia contra la reforma laboral

Irrupción obrera en Indonesia

El presidente Joko Widodo y el Parlamento indonesio impusieron, el pasado lunes 5, una “ley ómnibus” que implica una reforma laboral antiobrera: barre con el salario mínimo general como referencia y lo reemplaza por los regionales, que son más bajos; reduce la indemnización por despido; elimina licencias por maternidad y enfermedades, y otras. Al mismo tiempo, la normativa relaja las normas de protección ambiental. El gobierno quiere seducir con este plan las inversiones extranjeras y competir con otros países de la región que tienen salarios más bajos (Vietnam, Tailandia, etc.). Indonesia no escapa hacer frente a la crisis económica producto del Covid-19.

La respuesta a la ofensiva oficial tuvo lugar en las calles: millones de trabajadores pararon durante 72 horas, desde el 6 de octubre, en una medida convocada por la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI), la Alianza del Congreso de Sindicatos de Trabajadores de Indonesia (Kasbi) y el Movimiento Trabajo para el Pueblo (Gebrek). El movimiento estudiantil también ganó las calles en repudio a las reformas. El gobierno reprimió duramente las movilizaciones. La irrupción obrera en Indonesia forma parte de otros grandes procesos huelguísticos en el último período a nivel global (Estados Unidos, Francia, Bielorrusia, Irán, etc.)

Leé más aquí.

Perú: paro de 48 horas de los trabajadores de la salud

Un paro de 48 horas ocupó las calles peruanas el martes 29 y miércoles 30 de septiembre. Más de diez mil trabajadores de la salud, hartos de la pésima gestión sanitaria, salieron una vez más a manifestarse contra el gobierno de Martín Vizcarra. Exigen el inmediato abastecimiento de los hospitales de equipos de protección personal y que se garantice el confinamiento preventivo. A causa de la mala gestión del Covid-19, más de doscientos médicos han muerto y unos cuatro mil padecen coronavirus. Y, además, Perú tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo. Todo esto replantea la necesidad de centralizar el sistema de salud, triplicar su presupuesto y la formación de comisiones de seguridad e higiene en los barrios y lugares de trabajo.

Represión y deportaciones contra una nueva caravana migratoria

Una nueva caravana de migrantes partió el miércoles 31 desde Honduras, con rumbo a Estados Unidos. Fueron reprimidos en la frontera hondureña, pero miles lograron ingresar de todos modos a Guatemala, con dirección a México. Rápidamente, los gobiernos de estos tres países salieron a enfrentar la caravana. El gobierno guatemalteco deportó a la mayoría de los migrantes y el gobierno mexicano acusó a los mismos de actuar bajo un móvil político. El trasfondo de las caravanas migratorias es la desesperante situación social de Centroamérica. En Guatemala, la pobreza abarca a la mitad de su población y en Honduras podría trepar al 70% (EFE, 30/9). A su vez, poseen tasas de homicidios de las más altas del mundo. Estas problemáticas preexistentes se agravaron con la pandemia del Covid-19 y la pésima gestión de sus gobiernos. El imperialismo, promotor de dictaduras sanguinarias y gobiernos reaccionarios en la región, es responsable también de este hundimiento social.

Más información aquí.

https://prensaobrera.com/internacionales/noticiero-internacional-23/

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13/10/2020

“La crisis boliviana y las elecciones”

Charla-debate, el miércoles 14 a las 19hs.

Este miércoles a las 19hs, vía Zoom, se llevará a cabo una charla-debate sobre la crisis boliviana y las elecciones, a pocos días de los comicios presidenciales en ese país. La actividad es convocada por Atrabol (Agrupación de Trabajadores Bolivianos), el Polo Obrero y el Partido Obrero. Hablará Pablo Heller, dirigente nacional del PO.

https://prensaobrera.com/internacionales/bolivia-el-centro-de-la-crisis-politica-esta-hoy-en-el-terreno-electoral/

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12/10/2020

Indonesia: las masas ganan las calles contra una reforma antiobrera y antiambiental

El gobierno indonesio de Joko Widodo hizo aprobar en el parlamento, el lunes 5, un conjunto de leyes rabiosamente patronales que implican un profundo ataque a los derechos de los trabajadores y al medio ambiente. La normativa, impuesta tras un debate exprés, modifica las leyes de Trabajo, de Ordenación del Territorio y de Gestión Ambiental. Cabe señalar que la votación se adelantó para sortear un paro de rechazo de 72 horas convocada por la Confederación de Sindicatos de Indonesia (KSPI), la Alianza del Congreso de Sindicatos de Trabajadores de Indonesia (KASBI) y el Movimiento Trabajo para el Pueblo (Gebrek) para el 6 de octubre.

La huelga se mantuvo: unas dos millones de personas se movilizaron en todo el país y se enfrentaron a la represión brutal que tiró bombas lacrimógenas y detuvo a más de cuatrocientas personas, principalmente en Yakarta, capital del país, Yogyakarta, Medan, Makassa, Manado y Bandung.

Concretamente, la reforma laboral elimina el salario mínimo general (ahora tomará como referencia los de las regiones, que son más bajos) y liquida varias licencias pagas (como ser por partos, horas de lactancia, enfermedades, etc). Se flexibilizan las regulaciones de control ambiental (por ejemplo, no habrá sanciones por incendios o desechos tóxicos) y de contratación a trabajadores extranjeros. Por último, aunque aún no fue especificado, se habla de un aumento en la jornada laboral y una reducción en las indemnizaciones por despidos.

El propósito de estas reformas es mejorar la “competitividad” frente a países vecinos con salarios muy bajos (como Tailandia y Vietnam) y atraer inversiones extranjeras. En el último año, unas cincuenta multinacionales abandonaron -o amenazan hacerlo- el país, trasladándose a Vietnam, Malasia o Tailandia. Además, para fines de este año, la economía entraría en recesión por primera vez en 23 años (EFE, 8/10).

Si bien tras la aprobación de la reforma se anunciaron algunas inversiones extranjeras (por ejemplo, la aerolínea lowcost Lion Air comunicó el inicio de una nueva aerolínea en el país evadiendo todas las denuncias en su contra y la investigación del vuelo fatal del Boeing 737 en octubre de 2018; la compañía Tesla, por su parte, podría fabricar baterías en el archipiélago), el cuadro de recesión global y las devaluaciones competitivas entre los Estados le ponen un límite a la pretensión del gobierno indonesio.

La extraordinaria huelga de Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, se suma a otros importantes procesos huelguísticos del último período a nivel global (General Motors en Estados Unidos; Correo y petroleros en Brasil; Irán; Bielorrusia, entre otros), que marcan una irrupción obrera.

El desafío de las masas trabajadoras indonesias es profundizar la lucha para quebrar la reforma laboral antilaboral y antiambiental.

https://prensaobrera.com/aniversarios/indonesia-50-anos-despues/

https://prensaobrera.com/internacionales/la-violacion-y-femicidio-de-una-joven-conmociona-a-la-india/

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10/10/2020

El proceso de movilizaciones en Costa Rica y el rechazo al FMI

¿Rescate Nacional, o rescate al nacionalismo burgués?

A continuación, compartimos el último artículo editorial de la organización Juventud Obrera de Costa Rica.

Costa Rica se encuentra inmersa en un proceso de movilizaciones desde hace ya más de dos semanas. El antecedente inmediato que hizo salir a la gente a las calles fue el anuncio del presidente Carlos Alvarado respecto al préstamo con el Fondo Monetario Internacional, al igual que otra serie de impuestos y medidas que atacan al bolsillo de la clase trabajadora.

La emergencia económica y sanitaria continúa al rojo vivo. El gobierno prosigue con su agenda de “Costa Rica trabaja y se cuida”, a la vez que compra vacunas que aún no han sido probadas a la empresa privada Pfizer, y esconde el acuerdo tomado. Entre tanto, la cantidad de casos no baja de los mil diarios, y la cantidad de muertes crece en términos estrepitosos, mientras que el desempleo alcanza porcentajes históricos.

Es en este marco que se están dando las negociaciones con el organismo internacional, a partir de las cuales se planteó un potencial acuerdo de, cuando menos, tres administraciones. Este acuerdo se busca imponer de la mano de un combo de medidas anti-obreras. Entre ellas, impuestos a las transacciones bancarias, a los salarios, a las remesas, entre otros. Muchos de estos impuestos tendrán un carácter permanente, lo cual es una muestra clara de la agenda que lleva adelante el gobierno, y que quiere imponer desde hace un largo tiempo. También se avanzó en la privatización de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

Por otro lado, se aprobó la tan ansiada medida propuesta hace ya varios meses por el gobierno, que plantea la eliminación de las anualidades de los funcionarios públicos para los periodos 2021 y 2022. No podemos dejar de mencionar el cierre del Parque de Diversiones por tiempo indefinido, y la suspensión de 328 contratos, dejando únicamente 23 empleados activos. Estas suspensiones se realizaron bajo la tutela del Ministerio de Trabajo.

La lucha se dirime en las calles

A partir del 30 de septiembre empezaron a gestarse bloqueos de rutas en distintos puntos del país, coordinados por el Movimiento de Rescate Nacional. El punto álgido fue el 6 de octubre, día en que se dio una gran marcha convocada por 36 sindicatos, la CCSS (Caja de Seguro Social) y universidades, en apoyo al movimiento Rescate Nacional. El movimiento se encuentra dirigido por José Miguel Corrales y Célimo Guido, quienes ponen condiciones al gobierno para una mesa de diálogo. Corrales es exdiputado del PLN (Partido de Liberación Nacional) y pretende fundar un nuevo partido, lo cual muestra que la salida del conflicto corre el riesgo de ser un arreglo entre cúpulas.

El principal reclamo de este movimiento es que se descarte, al menos durante esta administración, cualquier tipo de acuerdo con el FMI. También afirman que no se levantarán los bloqueos hasta que se firmen sus condiciones, y exigen que cese el desalojo violento de las manifestaciones. Además se pronuncian en contra de la venta de activos estatales y de impuestos indirectos.

El sector empresarial no se encuentra ajeno a las dinámicas de lucha, y buscan direccionarlas hacia sus intereses personales de apertura comercial para no tener una caída en sus ganancias, a la vez que procuran que la consigna por impuestos a las riquezas no llegue a buen puerto. Nuestra propuesta va en diametral oposición, y es el no pago de la deuda, e impuestos al gran capital.

Una nueva ruptura en el gobierno nacional

El gobierno ha perdido la imagen positiva que tenía a comienzos de la pandemia, en momentos en los que no veían en el horizonte la crisis ya desatada. En los puntos de mayor combatividad la represión policial no ha tardado en llegar. Este es el caso de las provincias de Limón, Pérez Zeledón y Puntarenas, en las que se reprimió con gases lacrimógenos y se arrestó a decenas de manifestantes.

Ya en nuestra previa editorial habíamos mostrado que el gobierno se encontraba en una encrucijada para hacer pasar el presupuesto extraordinario de junio y julio, y luego frente a los desafíos de la aprobación del instrumento de financiamiento rápido del FMI. La fracción legislativa del PLN ha sido la más enérgica al solicitar que se retire el acuerdo con el FMI, pero ha habido una negativa por parte del conjunto de los partidos burgueses.

Finalmente, en medio de movilizaciones y con un potencial choque entre fuerzas políticas, el Ejecutivo retira la propuesta con el FMI, mientras que Carlos Alvarado se dirige a la opinión pública para mostrar un supuesto compromiso con la ciudadanía, y con los reclamos populares. Esto último con la explícita intención de frenar con los bloqueos y salvaguardar su imagen pública.

Organicemos una salida clasista

Debemos denunciar el papel que toman las iglesias católicas que buscan contener los procesos de lucha, poniéndose como intermediarias entre el gobierno y los manifestantes. Las iglesias juegan su papel quemado de falsas pacifistas y condenan la continuación de los bloqueos. Es por esto que es vital continuar con los reclamos que ha puesto en primera plana el movimiento de mujeres, que reclama la separación de la Iglesia y el Estado, y su desligue de asuntos de interés público. Desde Juventud Obrera queremos celebrar la construcción de la jornada de lucha del 28S, y denunciar los femicidios que han aumentado en épocas de pandemia. Abogamos por la creación de un movimiento de mujeres clasista que se ponga a la vanguardia de las luchas, siendo este movimiento un baluarte para la pelea contra el conjunto del régimen y sus alianzas clericales.

A su vez, nos posicionamos en contra de la deuda usuraria y fraudulenta con las diferentes entidades financieras que acechan al país, con la clara conciencia política de que esta lucha debe ser también direccionada contra la misma burguesía nacional, expresada y condensada en las cámaras empresariales. La intervención de la izquierda debe ser antagónica a aquella que propuso el diputado José María Villalta del Frente Amplio, quien llamó a una negociación pacífica, y a levantar los bloqueos. Debemos recrudecer las luchas en las calles, y llevar al frente los reclamos de la clase trabajadora.

¡Por una reorganización económica y social dirigida por la clase trabajadora!

https://prensaobrera.com/internacionales/la-crisis-politica-en-costa-rica-y-las-tareas-de-los-revolucionarios/

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09/10/2020

La violación y femicidio de una joven conmociona a la India

La violación y femicidio de una joven de la casta dalit (una casta inferior) por parte de un grupo de hombres pertenecientes a una casta superior en el estado de Uttar Pradesh estremeció a la India. La policía está en el ojo de la tormenta, ya que en una presunta maniobra de encubrimiento llevó a cabo la incineración del cuerpo de la víctima sin previo aviso a la familia, mientras que uno de sus directores viene agitando que no se trató de una violación.

El caso motivó la realización de protestas en varias regiones, incluida la capital, Nueva Delhi. En ellas se ha puesto en cuestión el manejo estatal en torno a la protección de las mujeres, con cientos de manifestantes reclamando la dimisión del primer ministro del norteño estado de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, miembro del oficialista partido Bharatiya Janata Party (BJP). Mientras tanto, la policía estadual se embarcó en un operativo represivo que ya abriga a varios detenidos, acusados de una supuesta “conspiración internacional para difamar al gobierno local”.

Los casos de violaciones se están multiplicando a pasos agigantados. De acuerdo a los últimos datos del gobierno indio, la policía registró 33.658 casos de violación en 2017 (un promedio de 92 por día) y un aumento del 35% desde 2012. Aproximadamente 10.000 de las víctimas son niños (The New York Times, 30/9).

Este barbárico fenómeno acaparó el centro de la atención popular cuando en 2012 la despiadada violación en grupo y asesinato de una joven estudiante en Nueva Delhi desató movilizaciones en todo el país, con miles de manifestantes enfrentándose a las fuerzas represivas.

Oscurantismo y opresión

El oscurantismo y las tradiciones aparejadas al sistema de castas, una estructuración social milenaria ligada al hinduismo, son algunas de las bases sobre las cuales se edifica la sombría realidad social y material que viven las mujeres más pobres de la India capitalista.

Las mujeres dalit se encuentran totalmente marginadas; carecen del acceso a la salud, la educación, la vivienda, el derecho a la tierra y hasta de la libertad propiamente dicha. Se estima que en 2014 solo el 10% de las 100 millones de mujeres dalit que habitaban aquel entonces el país estaban alfabetizadas. La perspectiva de vida de este sector suele ser en muchos casos la mera realización de trabajos inhumanos sin retribución salarial. A esto debe sumársele el cuidado de niños y el trabajo doméstico.

Otra de las expresiones que cobra esta realidad es la prostitución. En el estado indio de Karnataka, por ejemplo, algunas niñas de la casta más baja son sometidas –a modo de rendir pleitesía a diosas ancestrales- a vivir alejadas en lugares discretos (anteriormente en templos) hasta que alcanzan la pubertad y se convierten en “propiedad pública”. Las denominadas mujeres devadasi son empujadas a ser víctimas de abuso de los jefes de los pueblos, los grandes terratenientes y de cualquier hombre. Esta práctica fue abolida en 1982 por el gobierno de Karnataka, pero aún sigue vigente. Muchas de estas mujeres, asimismo, han terminado en las redes de explotación sexual que proliferan en Mumbai, Bangalore o Chennai. Como parte de esta movida, es moneda corriente que las mujeres y niñas de la India sean objeto de contrabando entre países vecinos, llegando inclusive a Medio Oriente.

Una encuesta brindada por la Fundación Thomson Reuters indicaba en 2018 que India era el país más peligroso del mundo para las mujeres. Las posibilidades de hostigamiento, violencia sexual, trabajo forzoso, esclavitud sexual y servidumbre doméstica colocaban al país asiático en el pedestal de la opresión a la mujer, por sobre naciones fuertemente atravesadas por la guerra como Afganistán o Siria.

La inserción de las mujeres en el mercado laboral viene cayendo hace años: de 2005 a 2018, la participación laboral femenina en la India se redujo aproximadamente de un 32% a un 21% total de la masa laboral, una de las tasas más bajas del mundo. Por otra parte, las mujeres indias realizan 9,6 veces más trabajo doméstico no remunerado que los hombres, cerca de tres veces el promedio mundial (The New York Times, 9/6). Otro punto relevante concierne a la brecha salarial entre hombres y mujeres: las trabajadoras indias ganan en promedio el 64% de lo que obtiene un hombre por el mismo trabajo y nivel de cualificación (Dianova Org, 13/10/19).

Profundización de la explotación

La pavorosa situación que padecen las mujeres trabajadoras de la India está asistiendo a un salto como fruto del agravamiento de la crisis mundial. La combinación entre la desaceleración a la que ha ingresado la economía india y el impacto de la pandemia han llevado a la burguesía que opera en el país a emprender un ataque reaccionario contra las condiciones de trabajo.

A nivel regional, los distintos gobiernos se han sumado a esta agenda. Allí donde gobiernan, tanto el oficialista Bharatiya Janata Party (BJP) como el opositor Partido del Congreso (CNI) desplegaron una serie de decretos que significaron de hecho una regresión en toda la línea de las conquistas laborales. En Uttar Pradesh y otros cinco estados más como el “pulmón industrial” de Gujarat, se suspendieron por tres años todas las leyes de protección de los trabajadores, excepto las que obligan a las patronales a pagar los salarios y aquellas que prohíben la esclavitud o el trabajo infantil (France 24, 13/5). Dentro de este paquete ajustador, destacan los ataques a las obreras pues se vieron afectadas las prestaciones de maternidad, la igualdad remunerativa y la obligación de las patronales de que los lugares de trabajo tengan guarderías.

Como respuesta a la imposición de estas medidas draconianas, el 22 de mayo tuvieron lugar una serie de protestas convocadas por 10 centrales sindicales. Es elemental para el conjunto de la clase obrera retomar este rumbo.

La violencia contra las mujeres está fuertemente ligada a la opresión de castas y de clases. Es una violencia que tiene como propósito someterlas a una estructura social en la que cumplen un rol subordinado.

La organización y la lucha es la única salida contra esta opresión.

https://prensaobrera.com/internacionales/las-obreras-textiles-de-la-india-y-myanmar-en-pie-de-lucha/

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09/10/2020

La condena a Venezuela, un nuevo eslabón en la cadena de la dependencia

El alineamiento del gobierno argentino con la política exterior de Estados Unidos, que se verificó en la condena a Venezuela por el informe Bachelet sobre derechos humanos, no es obra de un canciller despistado ni un caso aislado, sino un nuevo eslabón en una cadena de dependencia. Esto es absolutamente claro para quien quiera verlo de frente. Repasemos algunos hechos.

Medio Oriente

A poco de asumir, Alberto Fernández realizó su primera visita fuera del país, no a alguno de los países de Latinoamérica, sino a Israel, el Estado sionista que actúa como gendarme de Estados Unidos en Medio Oriente y que ha sido construido sobre la base de la ocupación militar de territorios palestinos y la expulsión de millones de hombres, mujeres y niños que permanecen hoy hacinados en campos de refugiados que tienen poco que envidiarle a los campos de concentración del nazismo.

La visita se realizó en momentos en que el primer ministro Benjamín Netanyahu, uno de los más grandes asesinos de Medio Oriente, estaba a la búsqueda junto a Trump de apoyo internacional para profundizar su política de anexión a sangre y fuego de Cisjordania. Esa visita a Israel surgió por recomendación de Cristina Fernández, que la vio conveniente para la negociación con los bonistas.

Por supuesto, no hubo ningún reclamo contra la opresión al pueblo palestino y la represión sistemática a los refugiados, pero sí, elogios sobre "cómo podía ser de maravilloso un país pequeño" y otras expresiones por el estilo.

También en respaldo a la política yanqui en Medio Oriente, el gobierno guardó silencio absoluto y se abstuvo de repudiar el asesinato por parte de Estados Unidos de Qasem Soleimani, jefe militar iraní, con drones teledirigidos desde fuera del país.

Europa

En su visita al presidente Emmanuel Macron de Francia los elogios al mismo abundaron en momentos en que este enfrentaba enormes movilizaciones y casi dos meses de huelga de los trabajadores franceses contra una reforma jubilatoria antiobrera.

Siguieron luego los elogios a la canciller alemana Angela Merkel y otros presidentes imperialistas, a cambio de un supuesto apoyo a las gestiones con los bonistas que como era de esperar terminaron en sonrisas, palmadas de comprensión en la espalda y el apoyo, a la hora de los bifes, a los bonistas de sus respectivos países por parte de Merkel, Macron y demás para exigir al gobierno argentino sucesivas "últimas ofertas" en las negociaciones, hasta lograr elevar en más de 16.000 millones de dólares la oferta inicial y lograr en la sexta o séptima ocasión el cobro del 98% del capital, el pago de intereses compensatorios durante las negociaciones y una tasa de interés que triplica las tasas internacionales, entre otras linduras.

Estados Unidos y Latinoamérica

Por supuesto, el asesinato de George Floyd y la represión a la rebelión popular contra Trump no merecieron un solo repudio por parte de Argentina o el apoyo a las víctimas de las fuerzas represivas enviadas contra los manifestantes.

El gobierno incumplió su promesa electoral de dejar vacante la silla que ocupaba Macri en el Grupo de Lima y sigue perteneciendo a este cónclave que reúne bajo la batuta de Trump a todos los gobiernos de ultraderecha complotados en la subordinación al imperialismo yanqui y sus planes de invasión contra Venezuela y Cuba.

Al día de hoy, en el Grupo de Lima la Argentina se sienta junto a Juan Guaidó (el autoproclamado presidente venezolano), el gobierno golpista de Jeanine Áñez de Bolivia, el de Bolsonaro y los gobiernos asesinos y plagados de paramilitares de Sebastián Piñera en Chile e Iván Duque en Colombia, y suscribe puntualmente las declaraciones del grupo redactadas conforme a los dictados de la Casa Blanca como la última condena a Venezuela, que detrás de una hipócrita y fingida preocupación por los derechos humanos, en realidad busca avanzar en las maniobras golpistas contra ese país.

Argentina y Bolivia

A pocos días de un nuevo aniversario de Malvinas el gobierno impulsó la aprobación para el ingreso de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales para desarrollar ejercicios conjuntos con la flota yanqui que como parte de las maniobras 2020 se estacionó en forma amenazadora frente a la costa de Venezuela para hacer sus ejercicios sin que por supuesto hubiera reacción ni protesta alguna del gobierno argentino.

En una afrenta a la heroica resistencia del pueblo boliviano, se han acreditado a los diplomáticos de la presidenta golpista Jeanine Áñez, en desmedro de los que estaban en funciones designados por Evo Morales.

Conclusiones

Como puede verse, no hay error ni paso en falso del canciller Felipe Solá conocido por sus contactos con los capitales extranjeros y que tiene entre sus antecedentes, haber sido el encargado de autorizar en forma exprés el uso del glifosato en Argentina y el ser uno de los responsables políticos junto a Duhalde, de la masacre de Puente Pueyrredón donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

No, no hay error, la desautorización a Carlos Raimundi, el embajador argentino en la OEA, por parte de Solá y Alberto Fernández y la aprobación por estos de la condena a Venezuela es una política consciente de todo un gobierno sobre la que se deben sacar conclusiones: el alineamiento diplomático con EE.UU. y la supervisión por parte del FMI de la economía argentina no puede más que reflejarse en la política interior que somete a la población a ajuste tras ajuste en beneficio del capital nacional e internacional. La experiencia ha demostrado una y otra vez en nuestro continente la imposibilidad de las clases dominantes de liberar a nuestros países del dominio extranjero. Como denunciaba José de San Martín, “entre los gauchos y paisanos y los españoles, los estancieros y comerciantes prefieren aliarse a estos últimos para preservar sus propiedades y privilegios y que los primeros sean derrotados”.

La emancipación de Latinoamérica solo podrá venir de la mano de la lucha por gobiernos de trabajadores y de concretar la construcción de los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

https://prensaobrera.com/internacionales/giro-trumpista-de-alberto-fernandez/

https://prensaobrera.com/politicas/la-situacion-politica-y-el-xxvii-congreso-del-partido-obrero/

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08/10/2020

Los gobiernos centroamericanos atacan una nueva caravana migratoria

La caravana fue bloqueada en la frontera entre Honduras y Guatemala.

Una nueva caravana de migrantes partió el miércoles 31 desde Honduras, con rumbo a Estados Unidos. En la frontera fueron reprimidos por la policía hondureña que les negaba el paso, pero miles lograron ingresar a Guatemala, donde se dispersaron para llegar a México por distintos caminos y reagruparse en la frontera.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, no se demoró en comenzar un operativo militar que patrulle todas las ciudades fronterizas. Acusó a los migrantes de “venir a contaminarnos [de Covid-19] y ponernos en grave riesgo” (BBC, 1/10). Su gobierno deportó a la mayor parte de los integrantes de la caravana, amparándose en el protocolo contra el Covid-19.

A su vez, el gobierno de México aumentó la presencia de la Guardia Nacional en los pasos fronterizos (Infobae, 2/10). Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, celebró los operativos por cadena nacional y las deportaciones del gobierno guatemalteco, asegurando que, detrás de los reclamos, en realidad existe un entramado político desestabilizador relacionado con las elecciones norteamericanas, asunto sobre el que no presentó ninguna prueba.

Los gobiernos centroamericanos se colocan al servicio del imperialismo. Vale señalar que los tres Estados mencionados han suscripto acuerdos con Estados Unidos para bloquear las migraciones.

El trasfondo de las caravanas migratorias, que tuvieron una gran resonancia en 2018, es la desesperante situación social de Centroamérica. En Guatemala la pobreza abarca a la mitad de su población y en Honduras podría trepar al 70% (EFE, 30/9). A su vez, poseen tasas de homicidios de las más altas del mundo. Estas problemáticas preexistentes se agravaron con la pandemia del Covid-19 y la pésima gestión de sus gobiernos.

Las caravanas se componen de familias trabajadoras que escapan de la descomposición social de sus países y buscan mejorar sus condiciones de vida. Recorren miles de kilómetros a pie, con escasez de comida y agua, con sus hijos en brazos y enfrentando la violencia policial.

Mientras tanto, Donald Trump sigue desenvolviendo un discurso xenófobo, deportando a centenares de miles por año, encerrándolos en centros infrahumanos de reclusión y, en muchos casos, hasta separándolos de sus hijos. Una política que continúa el camino iniciado por Barack Obama -apodado “deportador en jefe” por su récord de expulsiones.

El imperialismo es responsable de la debacle centroamericana que está en la base del fenómeno de las caravanas, al apoyar a las dictaduras sanguinarias y los gobiernos reaccionarios de la región desde los años 80.

Los trabajadores no deben dejarse llevar por las propagandas xenófobas, por el contrario, deben combatirlas y promover la solidaridad de clase sin distinción de fronteras. Ante el dantesco panorama social centroamericano, reivindicamos el derecho libre a la migración; abajo la represión, asilo incondicional; por la solidaridad internacional de la clase obrera para enfrentar al imperialismo, los gobiernos ajustadores y represores.

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07/10/2020

El plan de la Comisión Europea contra los migrantes

La propuesta de “pacto migratorio” avanza en los controles y deportaciones.

La Comisión Europea (CE) definió a fines de septiembre su propuesta de un Pacto sobre Inmigración y Asilo, presentado como una respuesta ante la cuestión de la afluencia masiva de migrantes al viejo continente. La medida, promovida por la presidenta de ese cuerpo, la alemana Ursula von Der Leyen (que integra la democracia cristiana, el mismo partido que la canciller Angela Merkel), debe aún ser avalada por el Consejo Europeo (que reúne a los jefes de gobierno) y el Parlamento continental. Sin embargo, el aluvión de críticas con que fue recibido le augura pocas posibilidades de éxito.

El planteo de la CE parte del fracaso de una iniciativa previa, adoptada durante el pico de la crisis de refugiados, en 2015, cuando se instituyó un plan de cupos entre los países miembros de la Unión Europea, que no frenaba de todos modos las expulsiones masivas. Ese plan fracasó por las rivalidades entre los propios Estados europeos, que se echan entre sí el fardo de la crisis migratoria. En su lugar, los Estados avanzaron en deportaciones ilegales o se dedicaron a erigir vallas y muros, como Hungría. Como resultado, en los llamados receptores primarios -como Grecia e Italia- se multiplicaron los campamentos de refugiados, donde los migrantes sobreviven en condiciones infrahumanas.

En reemplazo de los cupos, fuertemente resistidos por muchos países de la Unión, la CE propone ahora una curiosa “solidaridad” interestatal. Los países de la UE, de manera voluntaria, podrán ayudar a sus socios costeros absorbiendo a una parte de los migrantes que califican para el derecho de asilo, o bien podrán colaborar haciéndose cargo de las deportaciones (que se presentan bajo el eufemismo de “retornos patrocinados”).

Esto simplemente sería el preludio de un salto en las deportaciones masivas, dado que ante la opción de recibir o deportar, lo más probable es que los Estados se inclinen por esta última posibilidad. Al mismo tiempo, la CE quiere fortalecer los controles territoriales, a través del reforzamiento de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), lo que crearía, según una observadora, “un impresionante ejército de agentes fronterizos” (Política Exterior, 1/10). Por otra parte, dada la celeridad con la que se haría el proceso de selección de los migrantes para su aceptación o expulsión, la Asociación de Estudios Jurídicos sobre la Inmigración (ASGI) advierte sobre “la reducción a cero de las garantías reales sobre un análisis completo y adecuado de las solicitudes de asilo” (Euronews, 23/9).

En resumen, lo que postula la CE es un endurecimiento de la represión y las deportaciones. En paralelo, mantiene la política del acuerdo con terceros países, como Libia y Turquía (donde hay casi 4 millones de refugiados sirios), para que actúen como Estados tapones de refugiados. En cuanto a los migrantes que sí se logran asentar en el continente, son víctimas de la superexplotación laboral.

El anuncio de las autoridades europeas se produjo pocos días después del incendio del campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos, que era uno de los centros de refugiados más grandes del continente. Erigido en 2015 para alrededor de 2800 personas, al momento del siniestro contaba con cerca de 13 mil almas, viviendo en condiciones de hacinamiento extremo: sin agua potable, con pocos baños (uno cada 150 personas, o una ducha cada 500) y comida racionada (El País, 15/9). Además, sufrían la represión del Estado griego al movilizarse por sus necesidades más apremiantes, o bien el ataque de grupos de extrema derecha. Al igual que los migrantes varados en Lesbos, otras decenas de miles sufren una realidad análoga en otras islas del Mar Egeo.

Divisiones

El anuncio de la Comisión Europea no ha dejado satisfecho a nadie. Los países receptores primarios siguen reclamando algún tipo de cupo obligatorio que socialice la crisis. El Grupo de Visegrado (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia), presentado con hipocresía por franceses y alemanes como el malo de la película, reclama aún mayor dureza para frenar de cuajo las migraciones. En el Parlamento Europeo, la propuesta de von Der Leyen solo ha cosechado el respaldo del Partido Popular Europeo, que lo considera apenas “un buen punto de partida”.

La demagogia de los “valores europeos” se hunde ante la catástrofe migratoria. En paralelo al rescate de sus grandes grupos empresarios, los Estados europeos avanzan en una política expulsiva y apañan la violencia xenófoba contra los migrantes. Una muestra más de la debacle de la UE.

El imperialismo ha promovido las guerras que están en la base del proceso de migraciones masivas al continente europeo (principalmente, Siria y Afganistán). Es necesario oponerle la defensa irrestricta del derecho de asilo, la unidad de los migrantes y los trabajadores europeos, y la lucha contra la guerra imperialista.

https://prensaobrera.com/internacionales/casi-80-millones-de-refugiados-y-desplazados-en-el-mundo/

07/10/2020

Bolivia: el centro de la crisis política está hoy en el terreno electoral

Imagen del primer debate presidencial, en Santa Cruz de la Sierra.

English version

La presidenta Jeanine Añez renunció como candidata presidencial e hizo un dramático llamado a la derecha: “si no nos unimos, vuelve Morales”. Esto luego que una encuesta sobre las anunciadas elecciones del próximo 18 de octubre indicara que Luis Arce, candidato del MAS, se ubicaría en primer lugar con 40,3% y segundo, con una distancia de casi 15 puntos, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (26,2%). Tercero estaría el candidato fascistoide y racista de la alianza “Creemos”, Luis Camacho con 14,4% y cuarto la presidenta Añez, candidata por la alianza “Juntos”, con 10,6%.

Con estos cómputos, el candidato del MAS ganaría en primera vuelta. La ley electoral vigente indica ganador a quien obtuviera más del 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato. Este sería el caso. Otras encuestas posteriores siguen indicando al MAS en el primer lugar, aunque algunas plantean que con menos de 10 puntos de diferencia del segundo candidato, en cuyo caso habría que pasar por una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. El desesperado llamado de la presidenta Añez es a unir las fuerzas derechistas (renuncia de Camacho y otros) para obligar a esta segunda vuelta.

El centro de la crisis nacional pasa hoy, objetivamente, por esta batalla electoral y así es percibida por las masas bolivianas.

 

Para la derecha boliviana, latinoamericana e internacional sería un fuerte golpe que a 10 meses de haber sido desalojado del poder por un golpe, el MAS volviera a través de elecciones.

La fecha electoral terminó de ser impuesta por una intervención de las masas. Una y otra vez el gobierno golpista postergó la convocatoria electoral. Cada postergación –con diferentes argumentos- se debió a la tendencia que daba el triunfo electoral al MAS.

Esta manipulación del gobierno golpista, sumada a la experiencia de fortísima corrupción evidenciada por sus ministros en este período y a la agudización de la crisis sanitaria y social, llevó a una huelga general con corte de rutas de 12 días y obligó a fijar un calendario cierto.

La tensión en Bolivia sigue latente y en desarrollo. El ministro de gobierno de Añez, Arturo Murillo, realizó un sorpresivo viaje a los Estados Unidos, justificándolo con que se iba a entrevistar con autoridades del Banco Interamericano (donde acaba de asumir un hombre de Trump).

Todos saben que fue a entrevistarse con el Departamento de Estado para discutir cómo afrontar la emergencia electoral e impedir (o limitar) el probable triunfo del MAS.

No es casualidad que Murillo haya declarado que los servicios de seguridad que él controla le han informado que se están preparando acciones violentas para desconocer el resultado electoral. Y subrayó que está listo para anular con la fuerza del Estado esos planes.

Es una usina de provocaciones.

Al mismo tiempo, la ‘justicia’ debe dictaminar en los próximos días si hace lugar a decenas de denuncias penales que buscan la anulación de la candidatura de Arce y hasta su proscripción.

La continuidad del gobierno golpista no garantiza elecciones elementalmente democráticas y hay denuncias ciertas de preparativos de fraude.

Manipulaciones de la derecha

Esto se evidencia en forma directa incluso en Argentina. El peronista derechista gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, niega habilitar lugares de votación para la comunidad boliviana radicada en su provincia. Lo cual ha determinado importantes movilizaciones, que nuestro Partido Obrero no solo apoyó, sino que ayudó a organizar activamente. Denuncias de esta naturaleza se replican en Capital Federal y Santa Cruz.

Si estas manipulaciones se dan en el extranjero, las denuncias dentro de Bolivia son aún más alarmantes.

El “Fuera Añez” que levantaron las masas movilizadas en la huelga general boliviana tenía razón de ser incluso en este plano. Con Añez, Murillo y los golpistas el proceso electoral está sumergido en la peligrosidad de un autogolpe, fraude electoral y otras variantes proscriptivas y antidemocráticas. Solo la caída del gobierno golpista hubiera asegurado la posibilidad de elecciones con garantías democráticas. Pero Evo Morales se opuso de entrada a que se levantara esta consigna votada en los piquetes, los masivos cortes de ruta y diversas organizaciones de masas. Evo llegó a un acuerdo y la mayoría de la dirección del MAS lo secundó, para levantar la huelga general solo con la fijación de fecha electoral, a espaldas de las masas en lucha. En numerosas asambleas se acusó a estos dirigentes de haber traicionado la huelga, levantar la lucha sin consulta a las masas y salvar así el pellejo de Añez y Murillo.

https://prensaobrera.com/internacionales/elecciones-en-bolivia-los-residentes-en-argentina-se-movilizan-por-su-derecho-a-votar/

Repercusión

Aunque esta política de pacificación alentada por el MAS logró frenar el ascenso de características revolucionarias de las masas, convocando a la salida electoral del 18 de octubre, la radicalización y bronca se acrecienta. Los diez meses de gobierno golpista fueron una muestra suprema de entrega, represión, derechismo, racismo y corrupción. Aunque haya sectores derechistas y gubernamentales que pretenden proscribir al MAS, organizar un ‘fraude patriótico’ en su contra y hasta producir un nuevo golpe para impedir que gane las elecciones y/o que eventualmente asuma, el proceso electoral se está desarrollando.

En este escenario, la izquierda ha sido incapaz de abrir un canal alternativo frente a la crisis. Eso se expresa, asimismo, en la contienda electoral: no hay una candidatura independiente frente a los representantes políticos de la derecha y el nacionalismo burgués. No existe una alternativa que por izquierda permita canalizar la legítima desconfianza en el MAS que existe en las filas de los explotados bolivianos. Tampoco se advierte una política ni una línea de acción que oriente a los trabajadores sobre cómo intervenir y cómo pronunciarse frente al voto y valerse de éste en función de sus propios intereses. Lo que prima es una política del avestruz o una actitud pasiva, lo cual implica dejar inermes a las masas frente a la manipulación que ejercen los partidos patronales y en especial el propio MAS.

A nadie se le puede escapar, sin embargo, que las elecciones concentran la crisis política. El resultado electoral NO será indiferente para el futuro de la lucha de clases en Bolivia, como pretende el POR boliviano y algunos izquierdistas trasnochados que llaman a votar en blanco o nulo y se cruzan de brazos. Pero hay que tener anteojeras para no ver que la crisis política sigue abierta. La derecha conspira y trata de evitar el triunfo del MAS, que significaría un descalabro para los golpistas. Y las masas buscan la vía para derrotar a la derecha golpista que maniobra para legitimarse mediante las elecciones amañadas.

El escenario convulsivo de Bolivia plantea una lucha activa contra el fraude en curso. Es necesario organizar -como impulsamos y hacemos en Argentina- la movilización en frente único, para derrotar las maniobras del gobierno, la derecha, la proscripción y todo intento de autogolpe. Frente a la ausencia de una candidatura independiente, hay que valerse del voto al MAS como una vía para desenvolver la movilización contra el golpismo, oponiéndole una política revolucionaria a su política conciliadora y de compromiso con los golpistas y el imperialismo. Esto debe ir de la mano con la denuncia de la “pacificación” basada en conciliar con el golpismo que promueve Evo Morales y enarbolando un programa transicional que plantee la perspectiva de un gobierno obrero y campesino.

Al mismo tiempo, la izquierda revolucionaria tiene que intervenir con un programa frente a las luchas concretas que se les plantean a las masas: prohibición de despidos, reincorporación, ocupación de empresas que despidan; aumento salarial de emergencia, bono para los desocupados; nacionalizar el sistema sanitario y ponerlo bajo gestión de profesionales y trabajadores de la salud; nacionalización del petróleo, la minería y los recursos estratégicos bajo gestión obrera, al igual que de la banca y el comercio exterior; no pago de la deuda externa, impuestos progresivos al gran capital, expropiación de la oligarquía terrateniente en favor del campesinado. Un programa de reivindicaciones transicionales frente a la crisis.

La delimitación con el nacionalismo burgués es crucial para Bolivia y para América Latina. Un nuevo gobierno del MAS no volverá siquiera al pasado. Quien se entregó dos veces (renunciando y desmovilizando en el golpe de noviembre y frenando la huelga general para que no caiga Añez) volverá a frustrar las ilusiones y expectativas que puedan tener las masas trabajadoras. El MAS va a tratar de cerrar las grietas abiertas en la crisis política en curso y la que pueda emerger como resultado de un eventual triunfo electoral suyo.

Los acontecimientos de Bolivia ponen al rojo vivo la necesidad de poner en pie un partido de la clase obrera, que permita intervenir con una política independiente. Pero ese partido sólo se podrá abrir paso interviniendo activamente y librando batallas en todos los terrenos de la lucha de clases que se viene desarrollando en Bolivia.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-gobierno-golpista-boliviano-tiene-detenido-hace-10-meses-al-fotoperiodista-facundo-molares/

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06/10/2020

Giro trumpista de Alberto Fernández

Qué se propone el informe Bachelet sobre violación de derechos humanos en Venezuela

El 15 de julio de este año la ONU, a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno de Maduro a seguir sus recomendaciones sobre derechos humanos. El 25 de septiembre se publicó un frondoso informe (también firmado por Bachelet) que contiene denuncias sobre centenares de asesinatos, torturas y prisiones en Venezuela. Sobre la certeza de gran parte de dichas denuncias no caben dudas.

Pero no se nos puede escapar que la función de este informe está lejos de estar inspirado en la defensa de los derechos humanos.

Como si respondieran a una orquesta que lee al unísono la misma partitura Iván Duque, presidente de Colombia y Jair Bolsonaro el fascista brasileño, notorios violadores de derechos humanos, que recurren a bandas parapoliciales y paramilitares, además de la represión legal, para desaparecer, encarcelar y torturar opositores, perseguir a movimientos de mujeres, ambientales, LGBTI y al movimiento obrero, han apoyado resueltamente la denuncia de la violación de derechos humanos realizada por la ONU, en momentos en que el imperialismo norteamericano actúa con la mayor virulencia, no solo verbal, contra Venezuela, circunstancia que se constata con la presencia de la flota yanki merodeando las costas venezolanas y de tropas imperialistas en la frontera colombiana con Venezuela, en una clara amenaza de invasión. Esto no es más que un ingrediente de esa ofensiva, unida al bloqueo yanki de los activos venezolanos en su territorio y al bloqueo comercial que pronuncia el ahogo comercial y financiero venezolano. Sobre todo lo mencionado nada han dicho la ONU ni Bachelet. Pero, el mayor crimen contra los derechos humanos proviene del boicot económico y las agresiones de todo tipo que sufre directamente el pueblo pobre de Venezuela, llevado adelante, sin ningún tipo de escrúpulos, por el mayor violador de los derechos humanos: el presidente yanqui, Donald Trump.

Bachelet (y la ONU) forman parte de la campaña de agitación imperialista para justificar una intervención armada que defina en América Latina y el Caribe a favor del imperialismo norteamericano que terminaría apropiándose directamente de las riquezas gasíferas, petroleras y minerales, desplazando a la burguesía bolivariana y a la competencia ruso-china. La intervención armada directa del imperialismo, lejos de abrir paso a la conquista de libertades democráticas, pasaría a agravar el cuadro represivo bajo la bota yanki para imponer la privatización bajo su égida de esas riquezas y la profundización de los ataques a la clase obrera y el pueblo venezolanos. En este cuadro Cuba también está amenazada.

El gobierno venezolano

Dicho esto, no se puede pasar por alto que el gobierno presidido por Maduro ha desplegado un sistema de espionaje y persecución contra la clase obrera, en especial contra los activistas combativos. Ha recurrido para ello a la Contrainteligencia Militar. Sus integrantes se han dedicado a la cacería de trabajadores y sindicalistas ingresando a grandes empresas como Sidor por la fuerza o procedido a la detención de dirigentes sindicales combativos como Dolores Herrera y Gustavo Yañez del gremio petrolero. La Guardia Nacional también ha actuado con suma violencia contra los luchadores gremiales ingresando por la fuerza en los sindicatos, por ejemplo en el de los trabajadores siderúrgicos. Esto, en el marco de un salario miserable que hunde a los trabajadores en la miseria más extrema y cuyo salario constituye un 4,7% de la canasta de alimentos, y de una ofensiva contra las conquistas obreras.

Los ataques del régimen presidido por Maduro contra las libertades democráticas (derecho de huelga, de sindicalización, detenciones, asesinatos, etc.) ha encontrado respuestas por parte de la clase obrera venezolana, que se ha expresado en movilizaciones obreras por el salario por parte de los trabajadores de Sidor Ferrominera, docentes universitarios y PDV Marina, y movilizaciones obreras e indígenas, estudiantiles y de izquierda a favor de la libertad de los presos políticos. El gobierno de Maduro, cada vez más se ha ido colocando como un enemigo de la clase obrera en forma abierta. No solo socialmente, sino también contra todo intento de ejercer sus derechos y su soberanía independiente. Para Maduro –como en general para todos los regímenes nacionalistas burgueses- es estratégico bloquear todo intento de independencia obrera, tiene necesidad de una total regimentación de las organizaciones de masas. La reciente Conferencia Latinoamericana, protagonizada por 50 organizaciones de izquierda del continente se ha pronunciado claramente por la “libertad a los centenares de presos políticos; abajo la persecución a los luchadores y dirigentes sindicales en Venezuela, por la libertad inmediata de los luchadores obreros encarcelados”.

Giro capitulador del gobierno argentino

El embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, se opuso al informe Bachelet y a la condena en contra de Venezuela basada en el mismo. Justamente, denunciando que “Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo” por lo que “hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países”.

Pero esto fue ‘enmendado’ en forma drástica por el canciller Felipe Solá y el presidente Alberto Fernández quienes desautorizaron a Raimundi y terminaron aprobando la condena a Venezuela.

El presidente y su canciller respondieron así a la presión directa que realizó el subsecretario Adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kevin O´Reilly, quien calificó de “tristes” los comentarios de Raimundi.

La Cancillería “nacional y popular” se pliega a la presión imperialista contra Venezuela. No olvidemos el prontuario de Solá, quien, cuando fue gobernador bonaerense bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, tuvo responsabilidad directa en la masacre de Puente Pueyrredón que costó la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, entre otros ataques a los derechos humanos.

La reciente Conferencia Latinoamericana convocada por el FIT-U expresó con claridad su oposición a la ofensiva imperialista contra Venezuela. El rol que nos cabe es actuar por la construcción de una dirección socialista y revolucionaria para las masas latinoamericanas. Esa es la salida para los trabajadores venezolanos.

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05/10/2020

Uruguay: propagandismo y disolución del PT

En las elecciones uruguayas presidenciales y parlamentarias del 27 de octubre del año pasado, nuestro Partido Obrero llamó a votar las listas del Partido de los Trabajadores (PT U) de Uruguay.

Pero el pasado domingo 27/9, en las elecciones municipales uruguayas no pudimos pronunciarnos en igual sentido. Por la simple razón que el PT (U), sin ningún tipo de explicación pública, hizo mutis por el foro y decidió no presentar batalla contra las candidaturas burguesas y frentepopulistas.

Si alguien busca en las páginas de su periódico (Tribuna de los Trabajadores) algún análisis o posición política frente a las elecciones, malgastará su tiempo, porque no lo va a encontrar. Aplica la política del avestruz: si no nombro las elecciones estas no existen. Aunque sean un acontecimiento político nacional: votó el 85% del padrón.

Pero…

No solo no ha presentado lista propia, renunciando a batallar por la independencia de clase, sino que ni siquiera llamó a votar en blanco o nulo contra las alternativas burguesas y frentepopulistas. Es una “libertad de voto” que significa una adaptación o apoyo encubierto al Frente Amplio (FA).

Esto es un salto en calidad en la involución política que viene sufriendo el PT (U).

Se está cruzando una frontera en lo que significa la intervención militante en la lucha política de un partido que se reclama revolucionario. Y se está capitulando frente a la presión política que ejerce el FA sobre la vanguardia obrera y revolucionaria.

La no intervención electoral del PT lo sume más que nunca en la tendencia propagandista en la que ha derivado el grupo de Altamira que ha roto con nuestro Partido Obrero. Probablemente, su relación con este grupo ha sido un factor importante para que asumieran este silencio político capitulador.

El seguidismo del PT (U) al altamirismo lo aleja cada vez más de la intervención política viva en la lucha de clases, osificándolo en una estación repetidora de dicho grupo.

En las elecciones nacionales de octubre del 2019 el PT U sacó un resultado ultramarginal (0,06%) con alrededor de 1.500 votos. Esto después de 40 años de existencia. El retroceso (debacle) electoral sufrido en esa elección, es -en cierta medida- producto de la política sectaria y propagandista que viene desarrollando el PT (U) desde hace un par de años. Sin poder presentar un balance político de la marginalidad en que se ha colocado la dirección del PT (U) ha decidido –en silencio- no presentarse a elecciones. Han pasado al mayor de los cretinismos antielectorales, el cretinismo vergonzante y capitulador ante el FA. Su posición es similar a la que adoptó el NPA de Francia en las elecciones presidenciales últimas donde se negó a hacer campaña por el voto en blanco contra las dos opciones burguesas en la segunda vuelta, empujando de hecho a una “libertad de voto” capituladora frente a Macron, el candidato “demócrata” del imperialismo contra el fascismo de Le Pen.

En una última nota publicada en el periódico del PT U (transformado desde hace un tiempo en un débil blog ocasional) se consuela, sin embargo, con que “Uruguay (va) rumbo a Chile”. Y afirma: “nos negamos a renunciar a una acción política independiente en un período de tendencias a las explosiones sociales y levantamientos, para confinarnos en el estrecho callejón de ‘frenar’ a la derecha”. Es un consuelo que deja al activismo obrero, al FA como única referencia para enfrentar a “la derecha”. No hay alternativa de izquierda.

Pocas veces se ha visto mayor expresión de impotencia política. El avestruz se sienta a esperar que la evolución de la crisis llegue al punto del estallido de la rebelión chilena. “Hay que prepararse”, termina el artículo del PT (U). Para prepararse –algo elemental- hay que militar e intervenir en la lucha política y de clases.

Por otra parte, en el Chile radicalizado y con masas movilizadas también hay elecciones. ¿La orientación altamirista llevará también a desconocerlas?

La militancia del PT U debe reaccionar frente a esta debacle.

https://prensaobrera.com/internacionales/uruguay-detras-de-las-elecciones-viene-la-batalla-contra-el-ajuste/

05/10/2020

Uruguay: detrás de las elecciones viene la batalla contra el ajuste

Luis Lacalle Pou, presidente del Uruguay.

El domingo 27 de septiembre se realizaron elecciones departamentales en Uruguay. Su resultado no modifica drásticamente el panorama político-electoral. El Partido Nacional (PN, Blanco), del actual presidente Luis Lacalle Pou, electo en noviembre pasado en segunda vuelta, logró desplazar al Frente Amplio (FA) en tres departamentos. Mientras que el frentepopular-centroizquierdista FA retuvo los dos distritos más importantes del país: la capital, Montevideo, por buen margen -contra un frente de centroderecha multicolor, especialmente constituido para disputar esta ciudad clave- y Canelones. Entre los dos distritos reside el 55% de la población. Si bien el FA a nivel nacional mantiene su votación, el PN sale fortalecido como el principal partido del Uruguay. El FA mantiene su peso en los centros urbanos y el PN extiende su poder político en el interior rural.

La que fue desplazada fue la ultraderecha. Cabildo Abierto -del ex comandante en jefe del Ejército bajo el gobierno del FA, el facistoide general Guido Manini Ríos- integró en Montevideo la coalición multicolor de la derecha en apoyo a la candidata ‘unitaria’ de la derecha, Laura Raffo. Pero de conjunto la ultraderecha retrocedió fuertemente. No solo Cabildo Abierto (sacó apenas un 3%), sino también el tradicional Partido Colorado (apenas 6%), que quedó reducido al departamento de Rivera.

La derecha de los llamados ‘verdes’, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), un desprendimiento anterior del FA que sacó 32 mil votos en las elecciones generales de octubre 2019 y metió un diputado, ahora integró también esta coalición oficialista. Triste evolución de quienes usan verborrágicamente la problemática ambientalista, pero no adoptan un punto de vista consecuente, anticapitalista.

Por el lado de la izquierda también hubo retrocesos. Los otros verdes, los del Partido Verde-Animalista bajaron del 0,8% en octubre al 0,4% actual. Y la Unidad Popular, una corriente frentepopulista pequeñoburguesa con presencia de corrientes mao-stalinistas, también cayó del 0,81 al 0,4% actual.

Pero la peor debacle fue la del Partido de los Trabajadores (PT) que…. directamente no se presentó, ni fijó posición electoral en un guiño cómplice de libertad de voto hacia el FA.

Lo que sí aumentó es el voto en blanco y anulado que pasó de alrededor de 80 mil en octubre, a unos 130 mil ahora, que recoge una parte de los decepcionados del FA y la ‘izquierda’.

Organizar la lucha contra el ajuste en marcha

Uruguay se caracteriza porque la pandemia sanitaria del coronavirus ha tenido un impacto mínimo. Pero… la pandemia social por la crisis económica capitalista está haciendo estragos. Las patronales aprovechan la excusa del Covid-19 para suspender y echar trabajadores –hay unos 130 mil que entraron en el seguro al desocupado que reduce el salario al 50% y dura 6 meses. Los aumentos salariales que se están pactando son a la baja. El FA y la central obrera PIT-CNT, dirigida por este, han aceptado de hecho una ley de ‘emergencia’ (LUC) que posterga los salarios por un año, a partir del cual estos comenzarían a recuperar el deterioro existente y que se espera se profundice. Diez días antes de la elección, el PIT-CNT convocó a un paro general que, por primera vez en mucho tiempo, no contó con una movilización en la jornada de su parte. Esta fue encarada por un grupo de sindicatos que se reclaman combativos, opositores a la dirección burocrática de la central, que se movilizaron, particularmente en torno a una lucha que están librando los trabajadores del frigorífico de Canelones.

El FA está en la línea de hacer una ‘política responsable’ frente al gobierno derechista, buscando que se instale un régimen de alternancia gubernamental en el poder. Se reservan, por lo tanto, para las elecciones del 2024. Mientras tanto, se plantean ir morigerando los ataques derechistas contra las condiciones de vida de las masas, negociando con su bloque mayoritario en el parlamento. Pero la crisis capitalista en pleno desarrollo no permitirá estos utópicos ‘equilibrios’ políticos en la ‘Suiza sudamericana’. El PBI lleva –según las estadísticas oficiales- una caída de casi el 4%. Pero informaciones afirman que próximamente saldrán datos que indican que esta caída está creciendo. La pobreza va en aumento y crecen los asentamientos (villas) por las dificultades para los desocupados en pagar alquileres. En el nuevo presupuesto que se ha empezado a discutir han trascendido reformas reaccionarias y antipopulares, en el camino del ajuste social contra los trabajadores. En educación, por ejemplo, se eliminarían los cursos nocturnos usados en importante medida por jóvenes y adultos que trabajan; etc.

En la interna -ley de Lemas que usó el FA en la elección de Montevideo- el sector más conservador (Daniel Martínez, que fue candidato a presidente por el FA en octubre) de tres listas que se presentaron obtuvo el último lugar. Ganó el lema que llevaba la llamada ‘ala izquierda’ del FA que postulaba a Carolina Cosse, sostenida por el ex presidente Tabaré Vázquez y los partidos Comunista, Socialista y PVP (Partido por la Victoria del Pueblo). Indica una cierta radicalización en el voto del electorado frenteamplista, pero la candidata electa no se corresponde con ella: ya ha anunciado una política de ‘diálogo’ con el presidente Lacalle Pou.

Es necesario romper con la parálisis del PIT-CNT y las organizaciones de masas de los trabajadores y explotados. Las direcciones burocráticas de estas tienden a defender los intereses de las empresas y no de los trabajadores, subordinando estos a obtener ventajas para las patronales.

El PIT-CNT quiere que la crisis sea pagada en forma ‘equilibrada’. Los trabajadores deben rechazar esta orientación de derrota y desarrollar a fondo una política no de colaboración, sino de lucha de clases para quebrar los ataques patronales a las condiciones de vida de las masas.

Esto plantea la necesidad de formar agrupaciones clasistas en los sindicatos y las barriadas, que propugnen la lucha de clases y la independencia política de los partidos y frentes propatronales. Y la necesidad de construir en el Uruguay un partido de trabajadores revolucionario, militante, que intervenga (y organice) la lucha política y reivindicativa con la estrategia del combate por el gobierno obrero y de los trabajadores.

https://prensaobrera.com/internacionales/uruguay-propagandismo-y-disolucion-del-pt/

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05/10/2020

Patagonia Sur: los golpistas niegan el derecho a votar a los residentes bolivianos

Gladys Inés Flores Chávez; Esperanza Yucra Rafael; Delia Rodríguez Andia; Nelly Fernández Rojas

Durante este fin de semana, el Consulado de Bolivia en Comodoro Rivadavia confirmó los recintos electorales de la capital del petróleo y Río Gallegos como lugares de votación, de cara a los comicios previstos para el 18 de octubre. Con esta decisión, cercena el derecho de cientos de residentes bolivianos de poder ejercer su derecho a voto, dado que a pesar de existir un permiso de circulación para ir a votar, el hecho de tener que cruzar un límite interprovincial (desde Caleta Olivia a Comodoro Rivadavia) y en el caso de quienes viven en Ushuaia tener que cruzar dos veces el límite internacional con Chile para dirigirse a sufragar a Río Gallegos, hace casi imposible ejercer el legítimo derecho.

Nuestro planteo

Con su resolución, el Consulado deniega de hecho nuestro pedido. El 6 de agosto enviamos un petitorio a Lillianne Kruskaya Mariscal Mendivil, vicecónsul de Bolivia en Comodoro Rivadavia, con sendas copias a Julio Gastón Alvarado Aguilar, encargado de Negocios de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina y  a Freddy Heriberto Abastaflor Córdova, viceministro de Gestión Institucional y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante la situación de pandemia, el crudo invierno patagónico y las restricciones para cruzar límites interprovinciales para ir a votar hasta Comodoro Rivadavia, la solicitud planteaba la habilitación de un recinto electoral en la localidad santacruceña de Caleta Olivia y buscar posibles alternativas (soluciones) que puedan garantizar el derecho al voto a más de 1000 compatriotas empadronados en esta jurisdicción.

Dicha solicitud iba acompañada por 375 firmas de conciudadanos residentes en nuestra ciudad;  y notas de igual tenor cursó la Asociación Civil “Bolivia Unida”, que nuclea a residentes bolivianos de Ushuaia en Tierra del Fuego, ante la imposibilidad de cruzar la frontera chilena para ir a votar hasta Rio Gallegos.

Con fecha 10 de agosto, nos contestaron vía mail desde el Consulado con una serie de requisitos administrativos para viabilizar la petición (nota firmada, fotocopia simple de la personería jurídica, etc.), que cumplimentamos en 48hs. Desde ese día y hasta la fecha no hemos tenido respuesta, aun habiendo insistido por Pronto Despacho y una Solicitud a Ruego y ofreciendo nuestra colaboración para conseguir recinto electoral y autoridades de mesa, siguiendo los protocolos de bioseguridad por la pandemia.

Como es de público conocimiento, ya fue publicado en el Boletín Oficial N° 43531/20 de la República Argentina, la Resolución Administrativa 1784/2020, por la cual se aprueba el protocolo para que se lleven adelante las elecciones de los residentes de la comunidad boliviana en todo el país.

Movilizaciones

El pasado miércoles la colectividad boliviana se movilizó en varias provincias argentinas por el reclamo de derecho al voto en el exterior; hubo concentraciones en Buenos Aires y Córdoba a las embajadas y consulados bolivianos denunciando la poca voluntad de tener organizadas las cuestiones administrativas de cara a las elecciones del 18 de octubre.

En el resto de las provincias, los ciudadanos reclamaron de manera virtual, con videos o fotos alusivas al tema #NoRobesMiVoto, que fue la consigna que empezó en Londres la semana pasada denunciando que en todo el mundo existe una despreocupación notoria por parte de las autoridades consulares del gobierno de facto de Jeanine Añez; las manifestaciones siguieron en Brasil y el martes se transformó en un día épico para los bolivianos que se movilizaron en Washington DC a la sede de la OEA pidiendo su no intervención el 18 de octubre.

Vamos a seguir movilizándonos en las calles y en las redes sociales, denunciando esta situación.

Es necesario apoyar con todo el reclamo de las y los residentes bolivianos para ejercer su derecho a voto. Abajo el golpismo, nacionalización de los recursos naturales, gobierno obrero y campesino.

https://prensaobrera.com/politicas/el-fit-unidad-apoya-a-la-comunidad-boliviana-de-cordoba-en-su-justo-reclamo-de-votar-en-las-proximas-elecciones-del-18-de-octubre/

 

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03/10/2020

La mafia, la burguesía italiana y la descomposición del capitalismo

Un reciente artículo publicado en el diario británico Financial Times dejó al descubierto una amplia gama de operaciones financieras en las que estarían involucrados diversos bancos italianos y extranjeros, una célebre consultora internacional, y varios inversores; esos negocios se habrían hecho con la participación de distintas familias de la 'Ndrangheta, la principal mafia de Calabria. Estamos hablando de un negociado con bonos emitidos por la propia mafia que equivaldrían a unos 1.000 millones de euros. Entre los acusados se encuentra el famoso instituto de crédito italiano Banca Generali, que entre 2015 y 2019 habría llevado a cabo movimientos de capital cuyas obligaciones se han visto ligadas a empresas regenteadas por la mafia calabresa. Amén de estos, dentro del elenco de socios de la mafia aparecen apuntados fondos de pensiones, hedge funds (fondos de alto riesgo) y autoridades del sistema sanitario italiano.

La 'Ndrangheta es la mafia más poderosa del país y una de las más sanguinarias de Europa desde la década de 1990, estando por encima de otras bandas como la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana o la pullesa Sacra Corona Unita. Cuenta con 20.000 miembros en todo el mundo, y, asimismo, se estima que el volumen de negocios que sostiene ronda los 55.000 millones de euros anuales (solo en Italia), de los cuales 44.000 millones se cristalizan en el norte del país (La Nación, 12/9). El tráfico internacional de drogas es el eslabón más redituable de una larga cadena de actividades que incorpora al tráfico de armas, la prostitución, los contratos públicos, entre otras. Una nota publicada por el diario inglés The Guardian exponía en 2006 que alrededor del 80% de la cocaína europea transitaba por el puerto calabrés de Gioia Tauro, lugar que fuera controlado por la 'Ndrangheta.

Pero sus labores criminales no se limitan a los marcos europeos, la organización calabresa ha expandido sus hilos por todo el globo, incluyendo países de América Latina como Argentina y Perú, solo por mencionar algunos. Además, han tejido conexiones en Estados Unidos, Canadá o Australia. De todas formas, dichos territorios forman parte de un entramado más general que de alguna u otra forma envuelve a otros países. Por ejemplo, en 2013, luego de un operativo conjunto entre fuerzas colombianas, italianas y la Interpol, cayó detenido en Medellín Domenico Trimboli Pasquale (capo de la 'Ndrangheta), uno de los criminales más buscados de Europa y quien estuviera encargado de administrar una red de narconegocios que enlazaba a Europa con Latinoamérica. La lista de delitos y de tramas es inacabable.

Estado y mafia

En diciembre del pasado año, las fuerzas de seguridad italianas (Gendarmería, Policía, Cuerpo Forestal del Estado y Fuerzas Armadas) detuvieron a 334 individuos en zonas de Italia, Suiza, Alemania y Bulgaria ligados a la mafia calabresa, en una aventura que contó con la participación de 2.500 gendarmes. Entre quienes han sido colocados bajo investigación luego del mencionado operativo “Rinascita-Scott” y acusados de asociación mafiosa, usura, asesinatos y otros delitos figuran el ex senador del centroderechista Forza Italia (partido liderado por el ex mandatario Silvio Berlusconi) Giancarlo Pittelli, el ex alcalde de Pizzo Calabro, y el ex concejal del centroizquierdista Partido Democrático, Pietro Giamborino (La Vanguardia, 19/12/09).

A su vez, a principios de junio de este 2020 fueron detenidos 59 presuntos mafiosos de la Camorra, dentro de los cuales se encontraron envueltos tres hermanos del senador de Forza Italia Luigi Cesaro. Esta cruzada puso al desnudo una dantesca red de negocios turbios entre políticos y empresarios.

La complicidad con la mafia salpica inclusive al Poder Judicial, que bajo el pretexto de la pandemia les ha concedido prisión domiciliaria a algunos de los capos más destacados del crimen organizado. Uno de ellos ha sido Francesco Bonura, un padrino de la Cosa Nostra conocido, entre otras cosas, por haber sido el arquitecto de los acuerdos que otorgaron a este bando la adjudicación de obras de construcción en Sicilia.

Esto último parece ser un clásico de las relaciones entre el Estado italiano y la mafia. A principio de los años 70 la 'Ndrangheta libró una cacería contra militantes del Partido Comunista Italiano (PCI) que dejó como saldo una serie de asesinatos, luego de que los consejeros regionales del PCI de Calabria se opusieran a votar presupuestos de una obra pública que tenía como detentores a los jefes de la mafia calabresa. Cabe mencionar también que ha sido la Camorra quien tomó la posta de realizar los trabajos de reconstrucción de la ciudad de Nápoles luego del terremoto que en 1980 destrozara parte de la región. En ese entonces, el único capital líquido de inversión utilizado por los bancos provenía de fondos cuyos dueños eran organizaciones mafiosas.

Una “salida calabresa” a la crisis

Italia está situada en medio de un tembladeral financiero solo asimilable al contexto económico prevaleciente en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, fuentes oficiales han presagiado una caída de la economía del 9% del PBI, cuyo déficit alcanzará un 10,8% del mismo. Por su parte, la deuda pública ascendería al 158% del PBI. De acuerdo a estas estimaciones, el gobierno de Giuseppe Conte estaría ultimando los detalles del presupuesto 2021 y del plan de reformas (ajustadoras) a través de las cuales buscará obtener cerca de 200.000 millones de euros derivados del plan de “recuperación” orquestado por la Unión Europea (UE).

Como el conjunto de la economía capitalista mundial asiste a una depresión de una envergadura histórica, diferentes sectores de la burguesía que intervienen en Italia están viendo a la mafia como una vía de escape para intentar repuntar sus operaciones. Múltiples empresas, por lo tanto, se han volcado a contraer préstamos usurarios con bandas criminales, y en muchos casos estas se valen de la quiebra de grupos económicos para fagocitarlos, convirtiéndose en nuevos capitalistas de hecho. Un jefe de la policía italiana ya ha señalado que la mafia calabresa apuntaría a ingresar “en las sociedades que gestionan la producción de medicinas y vacunas” (Página 12, 19/9).

Sumado a esto, algunos especialistas sostienen que la estrategia de las mafias en la actual etapa estaría orientada en la ampliación de su poderío en áreas de la esfera económica europea e italiana, con el objetivo de armarse con los préstamos que recibirán los países en el marco del plan de rescate de la UE. El camino que toman las mafias en este cuadro es el mismo que persiguieron después del crack financiero de 2008, cuando avanzaron en la adquisición de clínicas privadas, hoteles, restaurantes y otros elementos que se venían a pique como un medio para lavar dinero y hacerse de nuevas posibilidades de lucro.

El entrelazamiento entre el Estado, la burguesía y las mafias muestra el nivel de putrefacción que ha alcanzado el capitalismo, premisa de la cual se desprende la tarea histórica que tiene el proletariado mundial de enviar al régimen social imperante al lugar que le corresponde, esto es, al basurero de la historia.

https://prensaobrera.com/internacionales/recrudece-la-crisis-de-los-migrantes-en-italia/

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03/10/2020

Chile: efectivos de Carabineros lanzan al río a un manifestante

Otro ataque de una fuerza criminal.

En la tarde del viernes tuvo lugar una convocatoria en apoyo a las y los trabajadores de salud y para exigir la libertad de presxs políticos, en la rebautizada Plaza de la Dignidad de Santiago de Chile. La manifestación de cerca de un millar de personas fue brutalmente reprimida por Carabineros y en momentos que un grupo de manifestantes se encontraba huyendo de la misma por el Puente Pío Nono, un joven de 16 años fue interceptado y empujado hacia el Río Mapocho por un agente de esta fuerza asesina, como ha quedado registrado en videos.

El acto criminal fue presenciado por los manifestantes que inmediatamente se aprestaron a socorrerlo, debiendo sortear las acciones de la fuerza represiva que no les permitían acercarse y que mientras se llevaban adelante las tareas de rescate por parte de los bomberos, seguían reprimiendo a la población que no estaba dispuesta a abandonar la plaza a la espera de que el joven fuera trasladado para su atención médica por las graves heridas y fracturas sufridas. El joven permanece internado en grave estado.

https://www.instagram.com/p/CF3OAdepygt/?igshid=11r99r2jfvw8f

En las horas siguientes el hecho fue ocultado por los grandes medios de comunicación serviles al poder, mientras que crecía el repudio popular. La virtual crisis que se generó, obligó al titular del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, a presentarse en el hospital donde estaba siendo atendido el joven y en medio de los reclamos de los presentes declaró que iban a iniciar las investigaciones para determinar las responsabilidades de los carabineros que participaron del operativo. A Micco le quedaban dudas aún pese a las grabaciones que con claridad mostraban la responsabilidad de los carabineros en lo sucedido.

https://www.instagram.com/tv/CF3bSikJCAt/?igshid=127z6b1cv3oqz

Por su parte, voceros de distintos partidos políticos salieron a pedir la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas, y una reforma de la fuerza, una salida inocua que deja en pie a esta máquina de reprimir y matar.

Carabineros actúa por cuenta y orden del poder político que tiene a la represión como uno de sus pilares. El accionar criminal de esta fuerza viene siendo denunciado hace años pero particularmente desde la rebelión de octubre del año pasado. Apremios, vejaciones, violaciones, cientos de pérdidas oculares y asesinatos tienen en su haber. Pese a ello, las fuerzas políticas del régimen, incluida la centroizquierda, se plegaron a pactar con el gobierno de Sebastián Piñera poniendo la firma al “acuerdo por la paz social social y la nueva constitución” el 15 de noviembre pasado. La paz social pactada es la que pretenden imponer a fuerza de palos y gases lacrimógenos y la impunidad para sus ejecutores.

Reclamamos juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de esta nueva agresión contra el pueblo trabajador. Desmantelamiento del aparato represivo. Fuera Piñera. Asamblea constituyente libre y soberana.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-a-semanas-del-plebiscito-y-del-aniversario-de-la-rebelion/

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01/10/2020

Brasil: amnistía para Volkswagen por su apoyo a la dictadura

El cartel muestra a Lucio Bellentani, trabajador torturado en la empresa.

La empresa alemana Volkswagen reconoció haber colaborado con la dictadura brasileña (1964-1985), en el marco de una causa judicial abierta en 2015 por ex trabajadores de la compañía y familiares. VW acordó un resarcimiento por 6,4 millones de dólares, a cambio de lo cual se cierran las investigaciones en curso y “se vetará cualquier nueva demanda” (El País, 25/9), con lo cual queda en la impunidad.

Volkswagen otorgaba a la policía nombres y detalles sobre la actividad sindical de sus trabajadores. Además, permitía que los interrogatorios, torturas y traslados a la comisaría sin orden judicial tuvieran lugar en la propia fábrica. La colaboración se extendió al menos entre 1969 y 1979. El militante comunista Lucio Bellentani, por ejemplo, fue detenido mientras trabajaba, sin orden judicial alguna, y torturado dentro del departamento de personal por agentes del Departamento de Orden Político y Social, delante del jefe de seguridad y guardias de VW. El objetivo era que aportara información sobre la actividad sindical y política de otros obreros (ídem).

En el marco de esta colaboración represiva, Volkswagen se favorecía con las políticas económicas del gobierno y este le permitía avanzar en el recorte de derechos laborales del personal. Más de 50 empresas multinacionales y nativas contribuyeron a la consumación del golpe militar de 1964, entre ellas Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz (ídem).

Los mismos grupos económicos que se favorecieron con la dictadura se beneficiaron con los gobiernos democráticos posteriores. El actual presidente, Jair Bolsonaro, aún reivindica aquella dictadura militar y los militares poseen numerosos ministros en el gabinete.

Bajo el gobierno de Dilma Rousseff, se impulsó una comisión de la verdad que investigó las torturas y asesinatos durante la dictadura y entregó un informe en 2014. Pero para entonces casi todos los denunciados estaban muertos o eran mayores de 80 años. Además, no anuló la ley de autoamnistía de 1979, que garantiza la impunidad para los represores. Y planteó que el informe debía servir al reaccionario objetivo de una “reconciliación”.

La colaboración de los grandes grupos capitalistas y las dictaduras militares fue también la norma en nuestro país, donde la clase obrera fue el sector más golpeado por las desapariciones masivas, y en todo América Latina. Los gobiernos democráticos convalidaron la impunidad. La lucha por memoria, verdad y justicia sigue.

https://prensaobrera.com/internacionales/brasil-por-que-se-levanto-la-huelga-de-36-dias-del-correo/

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30/09/2020 | 1606

¡No al desalojo de Guernica! ¡Tierra para vivir!

Tapa de Prensa Obrera N°1606

La toma de tierras por parte de 2.500 familias en Presidente Perón es la expresión emblemática de una lucha de escala nacional.

Otras tomas se extienden, desde Salta y el Chaco hasta la Patagonia, pasando por todo el conurbano bonaerense.

La razón es sencilla. Los efectos de la recesión y la pandemia combinados son una catástrofe social. La desocupación real es de casi el 30%, volviendo a los valores de 2002. Hay 20 millones de pobres, casi la mitad de la población nacional. Sin política de vivienda, salir a armar un rancho humilde en un lote descampado es la única opción para no vivir en la calle para centenares de miles.

Los que guitarrean sobre “el Estado presente” organizan desalojos policiales para defender los precios del mercado inmobiliario. El ministro Sergio Berni se ha jactado de desalojar 300 mil trabajadores en la provincia de Buenos Aires.

En el caso puntual de Guernica, la campaña del gabinete de Axel Kicillof para preparar el desalojo quiere preservar los negocios de la empresa Bellaco SA. Esta empresa, verdaderos ocupas de guante blanco, reclama los terrenos sin presentar papeles en regla y proyecta la construcción de un barrio cerrado de lujo en las inmediaciones de la toma.

La lucha de Guernica ha despertado la solidaridad de todos los movimientos de lucha genuinos en el país. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos combativos, centros de estudiantes y, desde ya, el movimiento de desocupados independiente del Estado.

Asistimos a una lucha que demuestra la política que todos los trabajadores podemos esperar del gobierno. Los acuerdos con los acreedores de la deuda refuerzan el ajuste en plena crisis social.

Esta enorme lucha por la tierra y la vivienda seguirá con otras necesidades urgentes. Trabajo. Salario. Acceso a la salud. Evitar la exposición al contagio por falta de protocolos.

Guernica somos todos.

¡No al desalojo! Convoquemos un congreso nacional por la tierra y la vivienda.

Por una salida de fondo para todos los trabajadores sin vivienda propia.

No al pago de la deuda. Impuesto progresivo sobre las grandes fortunas, como reclama el proyecto del FIT.

Plan inmediato de construcción de viviendas a cargo del Estado. Banco de tierras fiscales y ociosas para loteo popular.

https://prensaobrera.com/sociedad/postergan-el-desalojo-de-guernica-una-nueva-victoria-de-las-familias/

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30/09/2020 | 1606

La economía de Estados Unidos, a un mes de las elecciones

Las ilusiones de Trump y la realidad norteamericana.

La desocupación bajó 8,4% en agosto en Estados Unidos. Recordemos que la tasa de desempleo trepó hasta el 14,7% en abril, en el cual el PBI registró una histórica contracción de 31,7% sobre igual mes de 2019.

Trump se apresuró a celebrar la baja del desempleo y augurar una pronta recuperación de la economía norteamericana. Pero esto es más una expresión deseos que una realidad. La tasa de desempleo comenzó a caer, pero todavía está lejos de los niveles prepandemia, cuando el desempleo tocó un 3,5% en febrero. En la actualidad está más que el doble de seis meses atrás.

Pero, además, la estadística es engañosa porque no contempla los indocumentados y el trabajo informal, y parte del personal que está suspendido no figura en los registros, cuando es sabido que en muchos casos es la antesala de despidos.

Pero lo más importante es que este envión empieza a detenerse. Ya estamos asistiendo a una pronunciada desaceleración de la creación de empleo. El efecto rebote duró muy poco y esto da cuenta de la envergadura del colapso. Estamos lejos de asistir a una crisis pasajera. Estados Unidos es el epicentro de una depresión severa, sólo comparable con la crisis del '29. La gigantesca ayuda de la FED (Reserva Federal) no ha evitado un escenario de quiebras en las más variadas esferas de actividad. Quienes se han amparado en el llamado capítulo 11 de la legislación norteamericana declarando la bancarrota, han cerrado sus puertas o reducido su actividad o procedido a recortes, provocando decenas de miles de despidos.

La sangría no se detiene

El número de trabajadores que se inscriben por primera vez al subsidio por desempleo se estabilizó en 884.000 y mostró que seis meses después del inicio de la pandemia siguen los despidos en Estados Unidos.

"Los datos de las solicitudes son decepcionantes. Los niveles siguen en un nivel extraordinariamente alto", indicó Rubeela Farooqi, economista jefa de High Frequency Economics. "Es especialmente preocupante que el ritmo de los despidos no se haya desacelerado más pese a que la economía ha abierto y más empresas han retornado a los negocios de forma online" (Swiss on line, 10/9). Tenemos casi 30 semanas consecutivas en las que más trabajadores han solicitado beneficios de desempleo en cada semana individual que en cualquier punto de la crisis de 2008.

Por eso, la FED se ha visto obligada a anunciar que va seguir manteniendo la ayuda en el próximo período, saliendo al cruce de la amenaza de un derrumbe mayor. Importa señalar que la Reserva Federal no sólo va a seguir conservando una tasa de interés cercana a cero sino que continúa con su programa de expansión cuantitativa, comprando títulos y activos mensualmente a razón de 120.000 millones de dólares mensuales. Esto pone de relieve el tembladeral en que se encuentra la economía norteamericana, que cada vez es más dependiente del rescate estatal. Cualquier amague de que se pueda discontinuar con el auxilio de la FED ha sido suficiente para que se produjera un desplome de la Bolsa. Las corporaciones norteamericanas están altamente endeudadas y su continuidad y sobrevivencia se encuentra prendida con alfileres: un aumento de la tasa de interés podría provocar un daño irreversible y acelerar su quiebra.

Una señal inequívoca del rumbo de la economía norteamericana es que la mayoría de los créditos no va a parar al circuito productivo sino que es destinado a refinanciar deudas en el caso de las más afectadas económicamente y, en el caso de las más florecientes, a la recompra de sus acciones, a distribución de dividendos o a la especulación financiera. Eso mantiene una valorización accionaria ficticia de las empresas que no se compadece con el magro desempeño en la economía real. La huelga de inversiones productivas que ya venía desarrollándose con fuerza con anterioridad a la pandemia tiene que ver con una declinación pronunciada de la tasa de beneficio que ha ido de la mano con una deflación de los precios y tendencias recesivas. Los balances de las empresas tienen una rentabilidad en caída o pérdidas que en muchos casos son disimuladas con rentas obtenidas en transacciones financieras. Lo cierto es que Wall Street está plagada de empresas zombis.

Trabajo precario

En resumen, a seis meses del comienzo de la pandemia, en agosto, el país tiene 11,5 millones de empleos menos que en febrero y una crisis sanitaria que ha provocado más fallecidos que ningún otro país del mundo -sigue sin controlarse. La reapertura parcial de la actividad económica en muchos estados ayudó a esa recuperación del empleo, pero la pandemia sigue sin controlarse en varias zonas del país y el daño provocado por esta crisis también va a provocar secuelas permanentes con empresas que se fueron a la quiebra o que necesitan reestructurarse y planean miles de despidos.

Hay coincidencia entre los analistas que parte del empleo es de baja calidad, ya que muchos puestos son precarios y si bien la cantidad de personas que trabajan a tiempo parcial es menor a la de julio, igualmente son 3,3 millones más que en febrero.

Esto de cuenta de la precariedad de la recuperación, pues lo que impera son jornadas reducidas de trabajo. A lo que hay que agregar que los sectores que vuelven a trabajar, lo tienen que hacer con sueldos más bajos y bajo condiciones de trabajo más desventajosas.

Esto panorama alimenta un clima de tensión social que crece. Con más razón cuando cesó a fines de julio el complemento para cubrir 600 dólares semanales que venían cobrando aquellos que estaban parados, y el Congreso sigue sin ponerse de acuerdo en una extensión de la asistencia. Es necesario no perder de vista las dimensiones de la crisis ya que, luego de la recuperación del empleo mencionada, sigue habiendo 29,6 millones de personas que reciben una ayuda por desempleo o algún tipo de subvención relacionada a la falta de trabajo.

A un mes de unas elecciones presidenciales muy reñidas, las relaciones entre los republicanos que controlan el Senado y los demócratas que lideran la Cámara de Representantes están en un punto muerto, lo que deja en el suspenso a los desempleados. El proyecto republicano de crear un plan por cerca de 500.000 millones de dólares estaba destinado al fracaso, ya que los demócratas piden un programa de 3 billones más de estímulo. Pero agreguemos que, en ambos casos, la tajada del león de estos paquetes van dirigidos al rescate del capital y no a los trabajadores.

Las cifras sobre desempleo son miradas con lupa cuando faltan dos meses para las elecciones presidenciales en las que Donald Trump busca la reelección y está rezagado en las encuestas frente a su rival demócrata, Joe Biden. La evolución de este indicador marca la pauta política y le quita a Trump uno de sus estandartes mayores de campaña, que consistía en haber reducido los niveles de desempleo a su tasa más baja en medio siglo. La ironía es que su mandato culmina con uno de los índices más elevados de la historia.

Crisis política

Esto actúa de fermento de la rebelión popular, que es inseparable de este gigantesco colapso económico y social que viene haciendo estragos en los hogares de trabajadores y que pega más fuerte en la población negra y en otras minorías. Una crisis de esta magnitud ha estremecido los cimientos de la vida política norteamericana y condiciona a ambos candidatos. En ese marco, las elecciones, lejos de ser un factor de encauzamiento de la crisis, son un capítulo de la misma, con más razón si los comicios terminan con un resultado incierto y controvertido y atravesado por denuncias de fraude y manipulaciones de los guarismos (Trump ha denunciado la preparación de un golpe, dejando abiertas las puertas a un desconocimiento del resultado electoral). En caso de incertidumbre, deberá arbitrar la Corte y eso explica el apuro de Trump por colocar a un miembro afín de su palo, de filiación conservadora en reemplazo de la fallecida jueza, de corte más liberal. Pero cualquiera sea el ganador, va a estar condicionado por este escenario y el próximo mandato va a tener que transitar por aguas turbulentas y va a ser puesto a prueba prácticamente de entrada en una crisis que deja poco espacio para que haya una luna de miel.

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30/09/2020 | 1606

Noticiero internacional

Fin de semana caliente en Estados Unidos

Una resolución judicial que allana la impunidad para los efectivos policiales involucrados en el crimen de Breonna Taylor, una joven afroamericana de 26 años, desató una nueva ronda de sublevaciones en Estados Unidos. La ciudad de Louisville, en Kentucky, donde se produjo el crimen, fue escenario de choques con la policía y masivas detenciones desde el miércoles pasado. El fin de semana hubo movilizaciones en Nueva York, Portland y Seattle. En Orange County, California, un conductor embistió contra manifestantes.

En marzo pasado, tres policías de Louisville ingresaron a la casa de Taylor y la acribillaron a balazos. La Justicia de Kentucky acusó al autor de los disparos, el policía Hankison, pero no por el asesinato de Taylor sino por “poner en riesgo a terceras personas”, lo que comporta una pena sensiblemente menor. En el caso de John Mattingly y Myles Cosgrove, los otros dos policías implicados, fueron directamente exonerados.

La rebelión norteamericana sigue en pie. Es necesario echar a Trump y no dar ningún apoyo político al Partido Demócrata, que también aplica la represión.

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Brasil: se levantó la huelga del Correo

Foto: @luizrochabh / LPS

Los trabajadores del Correo se vieron obligados a levantar la huelga general que mantuvieron durante 36 días, sin haber alcanzado sus objetivos. La huelga más importante desde que comenzó el gobierno de Bolsonaro comenzó cuando el general que puso el gobierno al frente de la empresa estatal de Correos declaró finiquitado el Convenio Colectivo de Trabajo y anuló 70 cláusulas de un total de 79.

El lunes 21 de setiembre, el Tribunal Superior de Trabajo (TST) dictaminó en Brasilia que la huelga debía ser levantada y ratificó la anulación de 50 de las cláusulas. A partir de allí, la burocracia de Findect, una de las dos federaciones en huelga, hizo votar el levantamiento de la medida en asambleas virtuales y minoritarias. Sobre la base de esta ruptura del paro, la otra federación -Fentect- también planteó a sus sindicatos que votaran levantar, para no quedar aislados. Cabe señalar que la CUT en ningún momento convocó a un congreso para discutir un plan de lucha y decretar la huelga general en apoyo a la lucha del Correo.

La heroica huelga del Correo ha puesto al rojo vivo la necesidad de una nueva dirección clasista que defienda los intereses de los trabajadores, tanto en el gremio como a escala nacional, para enfrentar la política antiobrera de Bolsonaro y sus cómplices.

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Jornada de lucha en Colombia

Miles de personas ganaron las calles colombianas, el lunes 21, en una jornada nacional de caravanas y piquetes contra la reforma laboral y los crímenes del aparato represivo estatal, a quince días del asesinato del taxista Javier Ordoñez y del estallido popular subsiguiente, cuya represión dejó al menos 13 muertos.

La medida fue convocada por el Comité Nacional de Paro, integrado por las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC), organizaciones estudiantiles, sociales y de jubilados. Además del rechazo a la represión y a la reforma laboral flexibilizadora -impuesta por decreto por el gobierno de Iván Duque, que posibilita la contratación por horas e institucionaliza salarios por debajo del mínimo legal-, estuvo presente el apoyo a la huelga de los trabajadores carboníferos contra la multinacional Cerrejón, que pretende avanzar sobre el convenio colectivo e imponer el llamado “turno de la muerte” (siete días de trabajo por tres de descanso).

Se necesita avanzar hacia un paro efectivo, en la perspectiva de una huelga general que detenga el ajuste del gobierno, la represión y los crímenes contra activistas sociales.

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Honduras: un aniversario de independencia caldeado

En las últimas semanas, a pesar del toque de queda, se registraron multitudinarias movilizaciones en Honduras que exigen el inmediato abastecimiento de los hospitales que, a causa de la corrupción y el ajuste, no pueden enfrentar debidamente la pandemia del Covid-19. La más importante de ellas, el pasado 15 de septiembre, en coincidencia con el aniversario de independencia. Solo en Tegucigalpa, ciudad capitalina, se movilizaron unas 20 mil personas y se enfrentaron a una feroz represión policial.

El gobierno de Juan Orlando Hernández, iniciado en 2014, es una continuidad del golpe de Estado de 2009. En 2017 obtuvo su reelección en un proceso sumamente cuestionado, reprimiendo las protestas contra el fraude con un saldo de alrededor de 30 muertos. Es necesario derrotar en las calles al régimen antipopular y fondomonetarista de Hernández.

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30/09/2020

Chile, a semanas del plebiscito y del aniversario de la rebelión

Empujado por los alarmantes índices de desocupación que azotan a Chile, el gobierno ha lanzado un plan de promoción de empleo. Según el propio Sebastián Piñera, el plan apunta a generar un millón de nuevos puestos de trabajo, sobre la base de subsidiar el 50% o el 60% de los salarios de los nuevos empleados que tomen las patronales. Sin embargo, las limitaciones del plan son evidentes. Por un lado, porque una parte importante de los despidos que se han producido en los últimos meses son consecuencia de la quiebra de numerosas empresas. Esas empresas, naturalmente, serán incapaces de contratar nuevos trabajadores, por más subsidios que se les garantice. Por otro lado, porque los despidos que han sido ejecutados por patronales que hasta el momento han logrado sobrevivir a la crisis en curso, muy difícilmente procedan a contratar nueva mano de obra. Es que esas patronales, que se han valido de la pandemia para ejecutar millones de despidos sin antes abrir sus libros de contabilidad y rendir cuentas del verdadero estado de sus finanzas, pretenderán alcanzar los índices de actividad y productividad previos a la pandemia con planteles de trabajadores reducidos. Es decir, agudizando la tasa de explotación de los trabajadores en actividad.

Esta falsa “promoción del empleo” que impulsa el gobierno es la respuesta a otra variante de emergencia sugerida por la oposición. Nos referimos a la iniciativa que pretende dar curso a un nuevo retiro del 10% de los fondos de la AFP por parte de los trabajadores. Pero un nuevo retiro de fondos sería, al igual que el primer retiro, pan para hoy y hambre para mañana. No solo por lo efímero del propio aporte, sino porque significa que las y los trabajadores vuelvan a echar mano en sus propios aportes jubilatorios, mientras el Estado continúa subsidiando a la clase capitalista. Aunque por el momento el gobierno, que es un lobista de las AFP, ha rechazado la iniciativa, es claro que las alternativas de ‘salida’ que el oficialismo y la oposición proponen ante la gigantesca crisis social que atraviesa nuestro país representan un fiasco. Pues una crisis de semejante envergadura requiere medidas de fondo, como establecer un seguro al parado, equivalente a los 500 mil pesos, y proceder al reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin reducción de salarios, para de esa manera poder garantizar el pleno empleo. A su vez, se plantea avanzar en la estatización sin indemnización de las AFP y que los fondos previsionales pasen a estar administrados por  representantes electos de trabajadores y jubilados. Eso, sin embargo, plantearía un choque de fondo con las patronales, que ni el gobierno ni la oposición tienen la voluntad de protagonizar.

En el mismo momento en que el gobierno impulsa el “plan de empleo”, se habilita el desconfinamiento del 100% de la población de la región metropolitana, sin que ello vaya acompañado de un riguroso plan de protocolos de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo. La lucha por la imposición de esos protocolos, que encontraran la resistencia de las patronales y del gobierno, será un aspecto central en la próxima etapa para preservar la salud de la clase trabajadora. El desconfinamiento, sin embargo, se lleva a cabo sin que se levante el toque de queda con lo cual queda en evidencia su finalidad represiva, aunque se hayan esgrimido razones sanitarias para establecerlo.

Maniobras contrarrevolucionarias

En este cuadro de agudización de la crisis social, un editorial dominical del El Mercurio festejó la apertura de la totalidad de las bocas del Metro por primera vez desde el 18 de octubre pasado. La burguesía ha visto en este hecho un símbolo de recomposición de la autoridad del Estado, un  principio de retorno “al orden” contra “la anarquía” que desató la rebelión popular. Por eso lo festeja. Sin embargo, el establishment también intuye que en el plebiscito del 25 de octubre triunfará holgadamente el “Apruebo”, y por eso ha reforzado su campaña para defender y reivindicar el carácter amañado del proceso constituyente, tal cual quedó establecido en el “Acuerdo por la Paz social y la Nueva Constitución”, que el oficialismo y la oposición firmaron el 15 de noviembre pasado.

De conjunto, la clase capitalista se encuentra depositando fuertes expectativas en que el proceso electoral de 2021 sea un factor decisivo para poner fin, de una buena vez por todas, al proceso abierto por la rebelión popular. Por eso los partidos del sistema han largado tempranamente el debate electoral y se discute tanto en la oposición como en la coalición oficial distintas variantes de internas. En esa ruta se anotó, antes que nadie, el partido que se ubica en la extrema izquierda del arco político del régimen: el Partido Comunista. Este se apoya en la alta intención de votos que Daniel Jadue recoge en las encuestas para reivindicar su pasada participación en la Nueva Mayoría, con el objetivo de reproducir la experiencia,  pero en esta oportunidad bajo su propio liderazgo. Con independencia de la zozobra que la candidatura de Jadue ha despertado en la reacción política, lo que importa es caracterizar la orientación que el PC levanta. Este, que se ha valido de su rol dirigente en la CUT para impedir por todos los medios la intervención activa de la clase obrera en la crisis chilena, pretende dar forma a un gran frente de colaboración de clases, que ponga a la clase trabajadora como furgón de cola de la burguesía. En su documento pre-congresal, el PC ha lanzado su cruzada contra el “neoliberalismo” bajo la bandera de la defensa de la “democracia”, es decir, bajo la bandera de la defensa del Estado capitalista. Su alineamiento con los gobiernos de Alberto Fernández de Argentina y López Obrador de México, con quienes integra el Grupo Puebla, revelan una orientación nacionalista, aunque timorata, ya que el primero se encuentra negociando con el FMI y el segundo pactando con Trump.

De todas formas, al PC no le será fácil concretar el engendro soñado. La centroizquierda “neoliberal” quiere conocer hasta dónde llega el “principismo” del PC, y lo llama a fijar posición ante las denuncias levantadas en la ONU contra el régimen venezolano, por la violación de los derechos humanos. Esto ha dado lugar a declaraciones contrapuestas entre la diputada estrella del PC, Camila Vallejo, y el aparato partidario. Por otro parte, el Frente Amplio, que a diferencia del PC sí firmó el contrarrevolucionario “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, corrió por izquierda al PC denunciándolo de querer realizar alianzas con los partidos de la centroizquierda “neoliberal” y rechazando participar de una interna de toda la oposición.

Preparar el 18 y el 25 de octubre 

En este cuadro se aproxima el aniversario del estallido de la rebelión popular y tiene lugar el inicio formal de la campaña hacia el plebiscito del 25 de octubre. A todas luces, la situación desesperante que se encuentra atravesando la clase trabajadora y los sectores populares de nuestro país no está en la agenda de los partidos del régimen, inmersos en las maniobras para canalizar el descontento popular por la vía institucional. Pero la crisis por la que atraviesa Chile está muy lejos de circunscribirse a una “crisis de representación”, que se pueda resolver por los canales tradicionales del régimen. La crisis chilena es la crisis de todo un régimen social, que tiene como telón de fondo a la mayor crisis capitalista de la historia. La única respuesta positiva para las masas solo podrá emerger de las propias masas, que a través de una acción histórica independiente logren poner fin al gobierno de Piñera y todos sus secuaces, y convocar a una asamblea constituyente verdaderamente libre y soberana, para abrir paso a una transformación social de fondo.

En lo inmediato, lo que urge es retomar las calles por nuestras reivindicaciones inmediatas: por la prohibición de despidos y suspensiones; el reparto de las horas de trabajo; el seguro al parado; por salarios y jubilaciones mínimas de 800 mil pesos; etc. Es necesario impulsar en cada gremio y lugar de trabajo asambleas, acciones de lucha y pronunciamientos por un congreso general de trabajadores. Es necesario preparar una gigantesca demostración de fuerzas para el próximo 18 de octubre, que muestre la vitalidad de la rebelión popular y pavimente el tramo final de la campaña por la victoria del “apruebo” el 25 de octubre.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-ante-el-plebiscito-y-despues/

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30/09/2020

28S: gran pañuelazo frente al Congreso Nacional en México

Pese a la represión de la Policía y la criminalización del movimiento de mujeres

Grupo de Acción Revolucionaria México

Este 28 de septiembre, en el marco del día de acción global por el aborto legal, las mujeres a nivel internacional y nacional nos movilizamos para exigir el aborto legal, seguro y gratuito en todo el mundo. En nuestro país se desarrollaron movilizaciones en distintos estados de la república para exigir aborto legal, seguro y gratuito en todo México, ya que sólo en la Ciudad de México y el estado de Oaxaca el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación, mientras que en el resto del país el aborto es no punible, en caso de violación y bajo ciertas causales dependiendo de la legislación en cada Estado.

En la Ciudad de México se organizaron distintas actividades para exigir aborto legal en todo México, las compañeras de Rosas Rojas realizamos un pañuelazo frente a la Cámara de Diputados para exigir que se descongelen las iniciativas hasta el momento presentadas en este recinto para despenalizar y legalizar el aborto a nivel federal, en particular exigimos que se discuta el proyecto de ley que nuestra organización contribuyó a realizar y que tiene respaldo del movimiento de mujeres, proyecto que se ha quedado congelado en la comisión de salud luego de que fue aprobado por la comisión de igualdad de género en febrero de este año.

Durante el pañuelazo también exigimos que se garantice un debate laico, científico en el que se escuche principalmente a las mujeres, exigimos que el aborto sea legal este 2020 y que las y los legisladores se dejen de pronunciar en cada fecha de coyuntura y que hagan su trabajo y legislen a favor de los derechos reproductivos de las mujeres.

Las mujeres nos movilizamos en la Ciudad de México a pesar de que el aborto ya es legal desde el 2007 porque nuestra consigna es “aborto legal en todo México”, porque no es suficiente con que el aborto sea legal en la Ciudad de México y Oaxaca, y porque es en esta ciudad donde se encuentra el Congreso de la Unión, quien tienen la facultad de modificar las leyes federales que aún penalizan el aborto en todo México como el código penal federal.

Denunciamos que existe un ambiente de criminalización generalizado hacia el movimiento de mujeres por parte del gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, quien en un día de lucha por los derechos reproductivos de las mujeres lanza el mensaje de que el movimiento feminista y de mujeres “está infiltrado por la derecha” y que intenta golpear a su gobierno, mientras garantiza y protege las libertades democráticas y de manifestación de los fascistas, machistas y anti-derechos de las mujeres del FRENAAA (Frente Nacional Anti-Amlo, por las iniciales del actual presidente), que desde el domingo pasado sostienen un plantón que entre rosarios y pañuelos celestes exigen la renuncia de Andrés Manuel López Obrador.

El movimiento de mujeres es uno de los movimientos sociales que más críticas ha tenido al gobierno de la 4T (Cuarta Transformación) porque este no ha representado una política de cambio frente a la violencia normalizada que vivimos a diario las mujeres. Al contrario, en múltiples ocasiones ha tratado de minimizar la violencia que vivimos las mujeres en México y ahora trata de denostar y criminalizar al movimiento de mujeres y nuestras demandas.

Doble vara

Frente a las movilizaciones, desplegaron cientos de policías en todos los actos convocados. Con este operativo el gobierno “progresista y de vanguardia” de la Ciudad de México no se diferenció de los gobiernos anteriores, pues de múltiples formas impidió nuestro derecho a manifestarnos, nos encapsuló y desplegó un número desmedido de policías para el número de manifestantes que éramos en los diferentes puntos de manifestación, cerraron distintas vialidades para impedir nuestro libre tránsito, como ha ocurrido en las últimas movilizaciones del movimiento de mujeres.

Por otro lado, mientras que en la Cámara de Diputados nosotras fuimos recibidas con alrededor de 400 policías que desde las 2:30 de la tarde estuvieron hostigándonos, este martes 29 de septiembre representantes del Frente Nacional por la Familia fueron recibidos por legisladores del PAN, PES (Partido Encuentro Social) y recibieron un documento en el que éstos se comprometen a defender “la vida desde la concepción”. Ven la diferencia, a los conservadores sí los reciben con flores en el Congreso Nacional mientras que a las feministas, con un grupo armado.

Este 28S, Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno de la Ciudad de México por Morena, el partido de López Obrador) y el presidente demostraron que prefiere defender a los fascistas, machistas, golpistas y anti derechos, que a las mujeres que exigen garantizar las libertades democráticas del movimiento de mujeres que entre otras cosas defiende los derechos sexuales y reproductivos.

El gobierno de la 4T, frente a las demandas del movimiento de mujeres centra su discurso en “no aceptar la violencia y condenarla”, declarando de manera políticamente correcta que “nuestras demandas son justas pero que no tolerará la violencia” y no poniendo atención en el origen de nuestra rabia y dolor: la violencia sistémica que hemos vivido las mujeres tantos años, la impunidad, indolencia, así como la falta de atención integral y prioritaria por parte de este gobierno a la grave violencia que vivimos las mujeres en este país.

A dos años de gobierno, la 4T ha demostrado de múltiples maneras que las mujeres no somos una prioridad, es por eso que las mujeres debemos seguir organizándonos en las calles desde la independencia política de todos los partidos de régimen y diferenciándonos de la derecha, machista, golpista y oportunista que es responsable de la fosa común que es México.

Ante la criminalización del movimiento de mujeres, en estos momentos las mujeres sólo debemos de confiar en nuestras propias fuerzas y seguir construyendo una alternativa política y organizativa para todas las mujeres que le haga frente a la violencia que vivimos a diario, que conquiste el aborto legal y todos nuestros derechos en las calles.

¡Alto a la criminalización del movimiento de mujeres!

¡Alto a la represión de la protesta social!

¡Aborto legal, seguro y gratuito en todo México ya!

¡Separación efectiva de la iglesia del Estado!

¡Por la independencia política del movimiento de mujeres!

https://prensaobrera.com/mujer/enorme-jornada-de-lucha-y-movilizacion-por-el-aborto-legal-seguro-y-gratuito/

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30/09/2020

Asesinan en Honduras a periodista crítico de la policía y el gobierno

Justicia para Luis Almendares.

El periodista hondureño Luis Almendares, que ya había sido amenazado de muerte anteriormente, fue acribillado el domingo 27 y murió en las primeras horas del día lunes, en la ciudad de Comayagua. Sus últimos segundos con vida fueron registrados por un vivo transmitido en sus redes sociales, donde se lo oye agonizante y gritando “me acaban de disparar, ayúdenme por favor”.

Los atacantes no han sido identificados, pero tres días antes, Almendares había compartido en sus redes sociales un video donde se registran abusos policiales y, además, era un claro detractor del presidente Juan Orlando Hernández. En su cuenta de Facebook, el 15 de septiembre, aniversario de la independencia, publicó que “la historia nos recuerda que celebramos 199 años de la independencia de los españoles, pero aún nos falta liberarnos de muchas ataduras que nos hacen dependientes, debemos liberarnos de los corruptos que están en todos los partidos políticos, de una policía y fuerzas armadas entregadas al grupo narcotraficante de turno que nos mal gobierna...”. Semanalmente, Almendares transmitía para veinte mil personas informes donde denunciaba, con nombre y apellido, actos de corrupción, represiones y atropellos del gobierno.

Cuando se conocieron los hechos, el Colegio de Periodistas y diversas organizaciones sociales exigieron al Estado una investigación a fondo. En paralelo, denunciaron este caso como uno de los tantos más que sufren los periodistas independientes y los activistas sociales bajo la censura y las represalias del gobierno, que además tiene lugar en un país conmocionado por la desaparición de cuatro líderes de la etnia garífuna, la detención de trece defensores del río Guapinol y la represión a las movilizaciones populares contra el gobierno.

Abajo la escalada violenta del gobierno contra el pueblo. Basta de censura y represión. Justicia por Luis Almendares.

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28/09/2020

México: el reclamo de justicia, a seis años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa

A seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, miles de personas se movilizaron en el Distrito Federal mexicano exigiendo la aparición con vida y la detención de todos los responsables de los hechos y del encubrimiento posterior. Hubo concentraciones también en el interior del país (Guerrero, Michoacán y Chiapas, entre otros estados).

En la noche del 26 de septiembre de 2014, alumnos del liceo rural de Ayotzinapa del estado de Guerrero fueron emboscados cuando se aprestaban a salir de la ciudad de Iguala en autobuses. En un operativo que involucra al cartel narco de Guerreros Unidos, a la policía, autoridades municipales y el Ejército, seis de ellos fueron asesinados y 43 permanecen desaparecidos. La consigna “Fue el Estado” encabezó las gigantescas movilizaciones de ese año en reclamo de justicia. El gobierno de Enrique Peña Nieto montó un operativo de encubrimiento y de desvío de la investigación, la llamada “verdad histórica”, con la intención de acotar las responsabilidades al grupo narco, dar un cierre al caso y proteger al aparato estatal. El proceso judicial estuvo marcado por confesiones arrancadas bajo tortura.

La versión oficial, según la cual los restos de los jóvenes habían sido incinerados por los narcos en un basurero de la localidad próxima de Cocula, se desmoronó a partir de las investigaciones de los organismos de Derechos Humanos, que probaron que no era posible que en ese lugar se incineraran los restos de tantos estudiantes. El reciente hallazgo del hueso de uno de los alumnos desaparecidos, a un kilómetro de dicho basurero, termina de desmontar el discurso del gobierno anterior. Uno de los funcionarios artífices de esta manipulación se encuentra prófugo en Israel.

Como resultado de la tenaz lucha de los familiares de los 43, en los últimos meses se ha avanzado en algunas detenciones y se han librado numerosas órdenes de aprensión. Sin embargo, los familiares emplazaron al gobierno a acelerar las investigaciones. “Nosotros queríamos llegar al 26 con algo más. Entiéndanos, ya seis años y, pues, no tenemos nada”, dijo María (La Jornada, 27/9), en representación de los familiares, en el encuentro con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los padres piden especialmente avanzar sobre las responsabilidades de la policía y el Ejército. Según algunos testimonios, integrantes del Batallón 27 de Iguala participaron en la entrega de estudiantes al grupo Guerreros Unidos, que consumó las desapariciones.

Las escuelas normales rurales, de las que eran oriundos los alumnos desaparecidos, forman como maestros rurales a hijos de campesinos con dificultades para costear los estudios en otros centros educativos. Son un semillero de activistas: en la entrada de la normal de Ayotzinapa cuelga un cartel que la define como “cuna de la lucha social”. La intimidación que provocaron las desapariciones, sumado al boicot del gobierno de Peña Nieto, quien eliminó la garantía laboral para los graduados, hundió la matrícula de todos los liceos rurales. Esto podría profundizarse aún más con la decisión del gobierno de López Obrador de recortar casi en un 100% el presupuesto de las escuelas normales para 2021.

A su vez, los ruralistas siguen siendo víctimas de la represión estatal. En Tiripetío, Michoacán (estado gobernado por Silvano Aureoles Conejo, del centroizquierdista PRD), un camión de policía embistió el 11 de septiembre a estudiantes que protestaban por la liberación de compañeros detenidos.

A seis años de la desaparición de los 43, homenajeamos su compromiso militante y nos sumamos al reclamo de aparición con vida y de juicio y condena a todos los responsables.

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26/09/2020

#28S: declaración internacional por el día de lucha por el derecho al aborto legal en América Latina y el Caribe

Plenario de Trabajadoras - PO (Argentina); Rosas Rojas-GAR (México); Juventud Obrera (Costa Rica); Fuerza 18 de Octubre (Chile); Atrabol; Agrup. Vilcapaza (Perú); Agrup. León Trotsky (Uruguay)

Declaración del Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero (Argentina), Rosas Rojas - Grupo Acción Revolucionaria (México), Juventud Obrera (Costa Rica), Fuerza 18 de Octubre (Chile), la Agrupación Trabajadores Bolivianos, la Agrupación Vilcapaza (Perú) y la Agrupación León Trotsky (Uruguay) hacia la jornada internacional de lucha por el aborto legal y la separación de la iglesia del Estado resuelta por la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos.

Hacia un nuevo día de lucha por el aborto legal en América Latina y el Caribe, las mujeres en todo el continente seguimos reclamando por este derecho elemental. El contexto generado por la pandemia agravó la situación de las mujeres, con un crecimiento de los casos de violencia al interior de los hogares y la falta de medidas efectivas por parte de los Estados, cuyas autoridades optaron por el negacionismo respecto a los datos de incremento de denuncias y de femicidios.

Asimismo, esta cuarentena puso a muchas mujeres a realizar la doble jornada de explotación en el mismo espacio físico: el hogar. Sobre sus hombros recae también la atención de los familiares dependientes y demás tareas de cuidados. Además, las mujeres constituyen la mayor parte del personal de salud de primera línea expuesto al coronavirus. Son las mujeres quienes acceden a los trabajos informales y peores pagos, fuertemente afectados por los impactos económicos del covid. El programa de la mujer trabajadora y campesina, que tiene al aborto legal como una reivindicación fundamental, intenta ser bloqueado por los gobiernos, las burocracias sindicales que pactan con las patronales y las iglesias a expensas de la vida y la salud de las familias obreras.

Violencia intrafamiliar, violaciones, precarización laboral, déficit de vivienda, entre otras, son las causas que llevan a las mujeres a interrumpir un embarazo. El Estado capitalista –que promueve la violencia, el ajuste y la miseria- es por definición un Estado abortista.

No son defensores de “dos vidas” quienes se oponen al aborto legal. Defienden un modelo familiar donde se recrudecen las violencias contra mujeres y niñas. Defienden el aborto clandestino como instrumento de la regimentación social.

Es conocido que tanto Piñera en Chile como Añez en Bolivia y Bolsonaro en Brasil se erigieron como voceros anti derechos y enemigos de los derechos de las mujeres. La existencia de un bloque político reaccionario en todo el continente que fomenta el combate a la llamada “ideología de género” no debe confundir al respecto de que estos sectores no han sido los únicos en bloquear nuestros derechos. El aborto clandestino se mantiene hace años en buena parte del continente de la mano de gobiernos pretendidamente progresistas, enemigos implacables de los derechos de las mujeres y de terminar con el tutelaje del Estado y las iglesias. La ligazón con el clero y la orientación capitalista de gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas reflejan que no son una alternativa para viabilizar las reivindicaciones de las mujeres.

Aborto con restricciones en casi todo el continente

El 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina viven en países en donde la ley de aborto es altamente restrictiva, desde países que prohíben el aborto en todos los casos, a otros que lo habilitan bajo causales específicas que mayormente no se cumplen. En Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Cuba, Guyana y Uruguay se permite el aborto a “solicitud de la mujer”, pero con restricciones referidas a las semanas de gestación.

La falta de educación sexual y los límites en el acceso a la anticoncepción son la otra cara del aborto clandestino, en tanto se limita aún más la posibilidad de las mujeres trabajadoras de decidir sobre la maternidad y sobre su propio cuerpo. Los Estados fomentan la intromisión de las iglesias en este terreno para difundir prejuicios respecto a los roles de género, los derechos de mujeres y diversidades.

Recién en 2019 el Ministerio de Salud de Costa Rica aprobó el registro sanitario de la pastilla del día después, aunque el acceso es limitado por su alto costo. A 60 años del inicio de la comercialización de la píldora anticonceptiva, estamos ante un descenso en la utilización de métodos anticonceptivos.

El reclamo de la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir es un grito que recorre de norte a sur el continente.

Si bien el aborto en América Latina está más restringido desde el punto de vista legal que en otras regiones, cuenta con la tasa más alta. Estado Unidos es pionero en desmantelar servicios de salud reproductiva, en el bloqueo a la ESI laica y científica y a la anticoncepción –matriz común de los gobiernos demócratas o republicanos. Allí las empresas no están obligadas a pagar a las madres durante las licencias de maternidad, aunque la mortalidad materna aumentó un 50% en una generación. Además, el acceso al aborto se encuentra limitado: según el Instituto Guttmacher, solo en los 5 primeros meses del 2019 se impusieron 42 restricciones al aborto. El aborto clandestino y sus derivaciones en término de mutilaciones y muertes de mujeres son una realidad extendida y la respuesta es la criminalización de las mujeres.

Sin derecho a la maternidad

La clandestinidad del aborto en el continente acompaña una vulneración generalizada de los derechos humanos. Sin recursos, trabajo genuino, salario acorde, acceso a la educación y la salud, no maternidad planificada y deseada.

Los hogares llevados adelante por mujeres solas presentan altos índices de pobreza y carencias de todo tipo. La colonización clerical del sistema educativo cumple una tarea ideológica de regimentación, junto a la promoción de un gran negocio que reporta beneficios al Vaticano y a sus aliados en los partidos gobernantes de todos los países.

En Argentina el bloqueo más grande para legalizar el aborto es hoy el lobby empresarial de la iglesia católica, que puja por quedar exenta de tener que llevar adelante la práctica, algo que ya es así con prácticas de aborto por causales, vasectomías o tratamientos de fertilización. La Iglesia es un Estado dentro de un Estado.

Niñas No Madres

La pandemia despertó una alerta que es un signo del desarrollo de la barbarie social del capital: millones de niñas en el mundo obligadas a maternar como efecto directo del incremento del abuso en la infancia protegido y silenciado por el Estado, tanto cuando el abuso es ejecutado al interior del hogar como de la Iglesia Católica.

Sin embargo, desde los Estados se fomentan también otros negocios que fomentan la violación de niñxs y el abuso como el negocio de la pornografía, que se ejecuta robando imágenes de internet, con el mecanismo de la trata de personas y explotando particularmente la vulnerabilidad de niñxs pobres y desprotegidos. El trasfondo del crecimiento de esta industria es la crisis capitalista, la crisis de sobreproducción y el desarrollo de industrias parasitarias basadas en la esclavización de personas.

Hacer maternar a niñas que no tienen sus cuerpos preparados para semejante experiencia es causa de riesgo de vida para ellas. Sin embargo, funcionarios y políticos responsables de obligarlas a continuar con embarazos producto de violaciones, nunca han sido detenidos en todo el continente. No se trata de una excepción de tal o cual gobierno, es una política sin grietas de parte de los partidos gobernantes del continente.

Separar a la iglesia del Estado para conquistar nuestros derechos

En la lucha de las mujeres por sus derechos se ha puesto de manifiesto la profunda injerencia de las Iglesias en los Estados y la subordinación de los gobiernos capitalistas, sean derechistas o ‘progresistas’, a los distintos lobbies clericales, en una alianza para garantizar la contención social en un momento de recrudecimiento de la crisis a escala continental que pretenden descargar en las espaldas de las y los trabajadores.

En Brasil el gobierno reaccionario de Bolsonaro aumentó las restricciones para acceder al aborto legal luego de las movilizaciones para defender este derecho para una niña violada. En extremo, el país presenta alarmantes cifras de violencia sexual. El sistema de salud pública de Brasil registra en promedio seis abortos diarios de menores de entre 10 y 14 años. Es alarmante en este país el empoderamiento de sectores clericales en los gobiernos, católicos y evangélicos que justifican el abuso contra menores, como el ministro Raphael Câmara Medeiros Parente, médico antiaborto y defensor de la abstinencia sexual como medio para evitar el embarazo adolescente y la ministra de Mujer, Familia y DDHH Damares Alves que es pastora evangélica y acérrima enemiga de “la ideología de género”.

El PT pavimentó este camino. Desde la década del 90 impulsó la alianza con el ascendente evangelismo, promoviendo campañas por entonces con la propia Heloisa Helena, que se manifestaba contra el aborto legal (incluso en su calidad de senadora por el Psol), hasta la designación por parte de Dilma Rousseff de Marcelo Crivella, un evangélico carioca homofóbico, contrario al aborto legal y defensor de teorías creacionistas.

El gobierno sandinista de Nicaragua coronó su ruta contrarrevolucionaria produciendo una profunda involución en materia de derechos reproductivos y llegando incluso a hacer campaña exhibiendo a una niña de 9 años embarazada. Esto no impidió que vastos sectores acompañaran la alianza latinoamericana del “eje bolivariano”, cuando cada uno de sus integrantes se inscribió en esta reaccionaria política contra las mujeres, sin siquiera impugnarlo. Es el caso también de Ecuador y de Rafael Correa -quien impidió el tratamiento de un proyecto para habilitar causales para el aborto legal, so pena de expulsar del parlamento a las impulsoras del proyecto de su propio bloque. A su vez, en este mismo país Lenin Moreno fue amenazado por una rebelión popular con un enorme protagonismo de las mujeres campesinas.

Pese a la enorme lucha librada en la Argentina en 2018 de la mano de la marea verde, el gobierno de Macri primero, y Alberto Fernández después, han preservado el aborto clandestino como prenda de cambio para que las Iglesias garanticen la contención social que demanda la crisis capitalista con sus consecuencias de miseria y hambre. Fernández cajonea el tratamiento del proyecto de la campaña por el aborto legal, prometiendo un proyecto propio, aún desconocido y de espaldas al movimiento de mujeres. La dilación del tratamiento del aborto legal en Argentina, en medio de grandes concesiones a los evangélicos bolsonaristas de Aciera y a la Iglesia Católica, representa una estrategia política que le permite al clero arrancar mayores beneficios en el terreno empresarial tanto educativo como de la salud.

También en México sucede que el “progresista” AMLO [el presidente Andrés Manuel López Obrador] tiene un conocido vínculo con las iglesias evangélicas e intenta hacer buena letra con el Papa Francisco. Esto explica que en la mayoría de los estados del país el aborto permanezca criminalizado a dos años de su gobierno y pese a la movilización de las mujeres que exigimos aborto legal en todo México ya –solo en Ciudad de México y Oaxaca es legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

La subordinación con el imperialismo y el empoderamiento de los sectores clericales es común al Grupo Puebla y al Grupo de Lima, mientras las mujeres siguen muriendo en abortos clandestinos e inseguros y el conjunto de la clase obrera padece las consecuencias de la crisis capitalista y la pandemia.

En la senda de las rebeliones populares

La masiva movilización de las mujeres en el continente colocó como una demanda central el aborto legal seguro y gratuito.

Este movimiento de lucha deberá enfrentar también el sometimiento colonial en el continente, que es incompatible con nuestros reclamos más urgentes. La extensión de la pobreza, la pérdida de derechos laborales y el retroceso de la socialización de las tareas de cuidado, intentarán ser suplidos por ingresos asistenciales, más precariedad laboral y más esclavitud sexual para las mujeres y las niñas. Este diagnóstico requiere de una amplia intervención de las mujeres trabajadoras y estudiantes de todo el continente de manera independiente de las variantes capitalistas y del Estado.

Hace menos de un año la rebelión popular en Chile estalló en un país signado por décadas de privatizaciones y ajustes contra el pueblo, donde el Estado garantizó miseria, hambre e impunidad para los violentos, como se expresó en las innumerables violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas en un contexto represivo. La masividad del movimiento de lucha de la mujer en Chile anticipó, en gran medida, el estallido de la rebelión del 18 de octubre. En los últimos meses, las movilizaciones de las mujeres y los portuarios retomaron el hilo de la rebelión, tanto por sus métodos como por los planteos políticos levantados. En el congreso plurinacional de mujeres realizado en enero se definió a la huelga general como el principal método de lucha para llevar adelante la consigna por Fuera Piñera y la Constituyente libre y soberana. Luego, el 8M las mujeres tomaron masivamente las calles para darle continuidad a la rebelión y reclamar por aborto legal. Antes y durante la rebelión de octubre, las mujeres chilenas marcaron un rumbo de lucha, como parte de la vanguardia de la movilización popular. Desarrollar una fuerte tendencia independiente de las variantes políticas de la burguesía es la tarea del momento al interior de este combativo movimiento.

En Bolivia las mujeres pusieron el cuerpo a la lucha contra el golpe de Estado, contra el fundamentalismo religioso y misógino que planteó “devolver a Dios al Palacio del Gobierno” y con ello profundizar el control sobre los trabajadores y el sometimiento de mujeres y niños. La ofensiva fascistizante y clerical pudo avanzar gracias la capitulación ante los golpistas de Evo Morales y el MAS, primero planteando la “pacificación” mientras las masas se movilizaban y eran fuertemente reprimidas con muertos, heridos y detenidos; y luego rechazando el reclamo de renuncia de Añez en el marco de la huelga general de agosto.

La rebelión en el corazón del imperialismo también encuentra a las mujeres en la primera línea de batalla y organización. Miles participaron en la Cuarta Marcha de las Mujeres a principios de este año. La primera se había celebrado un día después de que Trump fuera investido presidente. En la actualidad, la prepotencia policial desató la organización de mujeres madres, unidas en la lucha por justicia y contra la impunidad, en agrupamientos que incluyen reivindicaciones generales contra el Estado y no estrictamente de género. Las mujeres afrodescendientes, trabajadoras y latinas fueron parte de las masivas movilizaciones y la rebelión popular en los Estados Unidos contra un régimen que hace de la violencia institucional, la represión policial y la discriminación racial uno de los pilares de su sostenimiento.

Trabajamos para que estas tendencias a la rebelión que se expresan en todo el continente se traduzcan en una lucha política consciente por poner fin al régimen capitalista, y para que sus variantes nacionales y populares no se conviertan en el desvío de este objetivo. Solo así, empalmando con las rebeliones en curso y sus nuevos episodios en el futuro, y con independencia política, el movimiento de mujeres podrá conquistar el aborto legal, la separación de la iglesia del Estado y todas sus demandas. Reivindicamos la unidad de la clase obrera con independencia de su género para desenvolver una lucha por todas las reivindicaciones de las mujeres y el conjunto de la clase trabajadoras.

Resulta fundamental darle continuidad a la Conferencia latinoamericana y de los EEUU impulsada por el Frente de Izquierda Unidad y avanzar en un polo común de la izquierda revolucionaria y sus organizaciones de mujeres.

Aborto legal, seguro y gratuito. Separación de la Iglesia del estado.

Educación sexual laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales y de género.

Por un movimiento de mujeres independiente de la iglesia y el Estado.

Fuera Trump y sus agentes de América Latina, fuera los Bolsonaro, los Piñera, las Añez y los Lenin Moreno, enemigos de nuestros derechos. Por la unidad socialista de América Latina.

Que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

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24/09/2020

Brasil: por qué se levantó la huelga de 36 días del Correo

Trabajadores siguen la audiencia judicial, durante la jornada del 21. Foto: @luizrochabh / LPS

Después de 36 días de huelga general, los trabajadores del Correo se han visto traicionados y obligados a levantarla y volver a trabajar. Se trata de una derrota de la huelga más importante en la historia de los trabajadores de ECE (Correos del Estado) y del Brasil de hoy, la primera huelga fuerte que se ha levantado contra la política de Bolsonaro.

El lunes 21/9 el TST (Tribunal Superior de Trabajo) dictaminó en Brasilia que la huelga debía ser levantada. A partir de ese momento cobrarían una multa de 100 mil reales diarios a los sindicatos que la mantuvieran y otras medidas punitivas.

La huelga comenzó cuando el general que puso el gobierno al frente de la ECE declaró finiquitado el Convenio Colectivo de Trabajo y anuló 70 cláusulas de un total de 79. Todas conquistas obtenidas por la lucha obrera en 35 años.

El TST ‘laudó’ que solo era correcto anular 50 y no 70 de esas conquistas, ‘devolviendo’ 20 a los trabajadores. También planteó que se descontara solo la mitad de los días de huelga. Otorgó un aumento salarial de 2,6%. Una resolución abiertamente propatronal, pro Bolsonaro.

La entrega de la burocracia sindical

100 mil trabajadores tuvieron una huelga activa, con marchas y concentraciones. Estaba sostenida sobre dos federaciones. Una, Fentect, ligada a la Central Unica de Trabajadores (CUT). La otra, Findect, integrada a la Central de los Trabajadores de Brasil (CTB), influida más directamente por el PC de Brasil. Esta segunda, de características burocráticas más propatronales, tiene su ‘fuerte’ en dos de las principales ciudades: San Pablo y Río de Janeiro.

La huelga se sostuvo sin la formación de un comité de huelga común elegido entre las dos federaciones. El Findect la siguió en forma pasiva. En las metrópolis de San Pablo y Río, es donde el acatamiento era menor, cediendo a la presión gubernamental. La Findect no participó del envío nacional de caravanas a Brasilia este lunes 21. Por el contrario, tenía organizadas ‘asambleas’ para que en forma automática, apenas se conociera el fallo del TST, discutieran el levantamiento de la huelga. Efectivamente, antes que los manifestantes de Correos de diversas ciudades de Brasil abordaran los micros para volver a sus estados, la burocracia hizo ‘votar’, impuso el levantamiento del paro. En San Pablo, un gremio que cuenta con más de 20 mil afiliados, una asamblea ‘virtual’ (la burocracia se negó todo el tiempo -con la excusa del contagio del Covid 19- a realizar asambleas presenciales, a pesar de que los carteros fueron declarados esenciales y obligados a trabajar) votó levantar por 699 votos a favor contra 678 en contra y 38 abstenciones. Las denuncias de fraude burocrático llovieron. En Río de Janeiro fue peor: sobre 15 mil trabajadores del correo, menos de 300 votos votaron levantar la huelga.

La Findect declaró, para levantar, que se estaba frente a una ‘victoria’ porque se habían ‘recuperado’ 20 de los 70 artículos derogados del convenio y anunció despidos masivos y mayores descuentos salariales si se continuaba. Sobre la base de esta ruptura del paro, la Fentect también planteó a sus sindicatos que votaran levantar, para no quedar aislados.

Los guarismos indican que incluso en San Pablo y Río, las ‘bases’, los trabajadores, querían seguir.

Realmente: un plan de guerra contra los trabajadores

Durante la huelga, el gobierno llevó adelante un verdadero plan militar para quebrarla. El presidente de la empresa, el general Floriano Peixoto, en una entrevista de prensa no ocultó el plan antihuelga que venía desarrollando: el traslado de empleados administrativos a operaciones en las calles, etc. ‘Voluntariamente’ logró que una elite de rompehuelgas dedicaran sus vacaciones y fines de semana a la actividad de clasificación y distribución de objetos. “También podemos mencionar la contratación de mano de obra temporal para realizar actividades internas, así como el alquiler de vehículos adicionales y líneas de transporte para disponer de la carga incautada por el paro”, dijo. Un operativo abierto de rompehuelgas.

El TST decretó el 1° de septiembre las guardias mínimas que debían garantizarse –por el servicio que debieran cumplir frente a la pandemia- y la prohibición de realizar piquetes de huelga sobre las sedes de los correos. Cualquier incumplimiento sería castigado, para empezar, con una multa diaria de 100 mil reales. Esto último ayudó a disciplinar a las burocracias, con las que el gobierno contó como quinta columna.

El ataque frontal al convenio de los carteros, tiene no solo como propósito imponer prácticamente la reforma laboral antiobrera, sino que es la antesala para producir despidos masivos. El propio general-presidente de ECE anunció que habría que disminuir gastos. Con 30 mil trabajadores alcanzaría –dijo- para que funcionara la empresa: lo que implicaría el despido-retiro ‘voluntario’ de 70 mil.

Abaratar al máximo la mano de obra para hacer más atractiva la privatización del Correo, es una prueba piloto.

La gran traición de la CUT y las burocracias sindicales

Varias organizaciones de los trabajadores en huelga han llamado en el curso de la misma a que el movimiento obrero, en su conjunto, se movilizara en apoyo activo a su lucha. Elementalmente, se sabe que ese rol lo podría cumplir una central de trabajadores. Esas centrales existen, pero están sumidas en la pasividad en lo que corresponde a la organización de las luchas obreras. La CUT en particular, la más importante, hizo mutis por el foro con alguna que otra declaración de ‘solidaridad’. En ningún momento convocó a un congreso para discutir un plan de lucha y decretar la huelga general en apoyo a la lucha del Correo. Su ‘energía’ está subordinada a Lula y al PT, sumergidos en el electoralismo no solo para las próximas elecciones municipales de noviembre, sino con vistas… a las presidenciales del 2022.

Ahora frente al desenlace negativo de la huelga, Sérgio Nobre, secretario de la CUT, anunció que… acudirá a organismos internacionales, como la OIT, “y donde sea necesario”, para denunciar lo que ha hecho el TST contra los trabajadores postales.

Es lo que se llama, un saludo –vergonzoso- a la bandera.

La histórica huelga del Correo permitió visualizar también el rol de cada partido frente a la realidad de la lucha obrera y de masas. Y el Psol ha estado ausente por completo de la misma. Algunas de sus corrientes internas han emitido declaraciones y movilizado en apoyo a la huelga de Correos. Pero el Psol de conjunto, como partido, ha estado totalmente ausente. Su preocupación hoy se concentra en los acuerdos y armados de listas para las elecciones municipales de noviembre.

La lucha continúa

El regreso de los trabajadores del Correo al trabajo no cierra el conflicto. Ahora vendrá la defensa de los delegados y activistas y el rechazo a despidos masivos. Y también el rechazo a la privatización-entrega de ECE con sus nuevas repercusiones sobre el mundo laboral del Correo. Como ha dicho un sindicato: se ha perdido una batalla, pero la guerra continúa.

Es importante que frente a cada ataque se organice la resistencia, en cada lugar: ninguna sanción, ningún despido, pago del total de las horas caídas durante la huelga, restitución de los 50 artículos derogados del convenio colectivo, aumento salarial.

Pero… es fundamental, asimismo, sacar conclusiones. La heroica huelga del Correo ha puesto al rojo vivo la necesidad de una nueva dirección clasista que defienda los intereses de los trabajadores, tanto en el gremio como a escala nacional, acabando con los burócratas que subordinan la lucha obrera a los gobiernos de turno y a la politiquería electoralista de los partidos patronales. Esta es una tarea para todo el movimiento obrero. Para recuperar la CUT y demás centrales es necesario plantear la ruptura de la parálisis y del colaboracionismo de clase, de la subordinación al PT y a los frentes con los partidos patronales. Un congreso de bases de los sectores combativos sería un primer y urgente paso para ir preparando al movimiento obrero a la necesidad de un enfrentamiento de conjunto contra la política antiobrera y proimperialista del gobierno bolsonarista y sus cómplices. E ir madurando la formación de una nueva dirección para las masas obreras y explotadas.

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24/09/2020

Honduras: un aniversario de independencia caldeado

Nuevas movilizaciones en el país centroamericano.

En Honduras continúan los choques populares contra el gobierno privatista de Juan Orlando Hernández (JOH), el peor evaluado en la historia del país. En las últimas semanas, a pesar del toque de queda, se registraron multitudinarias movilizaciones, la más importante de ellas el pasado 15 de septiembre, cuando la conmemoración por el Día de la Independencia se convirtió en una jornada de lucha contra la corrupción, el ajuste y la pésima gestión sanitaria. Solo en Tegucigalpa, ciudad capitalina, se movilizaron unas veinte mil personas y se enfrentaron a una feroz represión policial.

Las protestas son motivadas por la consigna #DóndeEstáElDinero. Distintos relevamientos de los hospitales públicos han comprobado la falta de personal, camillas, respiradores y equipos de protección personal. Previamente, una razzia mediática del oficialismo (que antes osó explicar los contagios de Covid-19 por el nivel educativo de su población) cuestionó estos reclamos de los trabajadores de la salud como mentirosos y oportunistas y arguyó que el parlamento había aprobado un presupuesto extraordinario para combatir la pandemia. Pero se hundieron en su propio pantano: se descubrió que los siete hospitales refaccionados y la compra de materiales de bioseguridad por el fondo público Inversión Estratégica de Honduras “presentan irregularidades que van desde la negligencia para la elaboración de un contrato hasta la sobrevaloración de precios de los productos” (Infobae, 15/9).

La negligencia sanitaria es total. Unos 60 trabajadores de la salud han muerto y casi el 50% del escalafón nacional está contagiado (Criterio, 25/8). Por otro lado, esta semana se produjeron diez despidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y se prevé que no se renueven contratos de enfermeras en Tegucigalpa, donde además se adeudan sueldos. Desde el Sindicato de Trabajadores de Hospitales amenazan con un paro nacional si la situación no se regula (La Tribuna, 21/9).

Las movilizaciones se terminan de fogonear con la crisis social precedente, agravada durante la pandemia. En un boletín oficial, el oficialismo reconoció que el número de desempleo aumentó del 5 al 13%. Unos 200.000 hondureños han sido despedidos en los últimos cuatro meses y alrededor del 48% de la población total vive en la pobreza (SICA, 30/1).

Frente a estos reclamos, el gobierno decidió endurecer su carácter represivo. Durante la cuarentena, se denunciaron decenas de violaciones a los derechos humanos, como ser abusos policiales, censura a la prensa independiente y desaparición de activistas sociales. Esto último ha llegado a los medios internacionales en la última semana, informando sobre el reclamo de aparición con vida de cuatro líderes garífunas defensores de sus tierras, que fueron secuestrados por hombres armados y uniformados con vestimenta de la Dirección Policial de Investigación (EFE, 4/9). Inclusive las movilizaciones del 15 fueron brutalmente reprimidas, con la novedad de que las fuerzas policiales estrenaron armamentos: tanques de agua mezclada con químicos para rociar a los manifestantes (Resumen Latinoamericano, 16/9).

Un gobierno reaccionario

El gobierno de Hernández, iniciado en 2014, expresa una continuidad con el golpe de Estado que en 2009 depuso al gobierno de Manuel Zelaya, con el apoyo del imperialismo. Durante el primer mandato de Hernández se produjo el crimen de la referente ambiental Berta Cáceres. En 2017, obtuvo su reelección en un proceso sumamente cuestionado, reprimiendo las protestas contra el fraude con un saldo de alrededor de 30 muertos. Durante su segundo mandato, la rebelión de médicos y docentes logró la derogación de reformas que avanzaban en recortes masivos en salud y educación. Las masas empezaron a reclamar que se vaya Hernández y su “narcodictadura”, debido a que el hermano del presidente está acusado del control de laboratorios de coca en su país y en Colombia.

El alineamiento con el imperialismo se ve sobre todo en la colaboración de Hernández con la política anti-migratoria de Trump. Desde Honduras parten algunas de las caravanas que huyen de una región asolada por la miseria y una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

El gobierno oficializó la llamada a comicios en 2021 y asegura que, esta vez, Hernández no será nuevamente el candidato del Partido Nacional, pero hay grandes dudas sobre esto.

El proceso electoral amenaza con actuar como un desvío para el enorme proceso de lucha que ha tratado de liquidar al gobierno de Hernández en las calles. Cabe señalar aquí que el partido Libre y Refundación (Libre) de Zelaya designó a su candidata para los comicios –Xiomara Castro- con extrema antelación, ya en septiembre de 2019. Libre se inscribe en una línea “nacional y popular”, sus referentes han expresado simpatías por el kirchnerismo. En las elecciones de 2017, se subordinó a la candidatura del pro libre mercado Salvador Nasralla, colocando al vice.

En lugar de una adaptación al calendario electoral, es necesario derrotar en las calles al régimen antipopular y fondomonetarista de Hernández. En esa dirección, es preciso un plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general.

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23/09/2020

Movilizaciones y represión en Colombia

Jornada de lucha a quince días del crimen del taxista Javier Ordoñez.

Miles de personas ganaron las calles colombianas este lunes en una jornada nacional de caravanas y piquetes contra la reforma laboral y los crímenes del aparato represivo estatal, a quince días del asesinato del taxista Javier Ordoñez y del estallido popular subsiguiente, cuya represión dejó al menos 13 muertos.

La medida fue convocada por el Comité Nacional de Paro, integrado por las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC), organizaciones estudiantiles, sociales y de jubilados. Además del rechazo a la represión y a la reforma laboral flexibilizadora, impuesta por decreto por el gobierno de Iván Duque, que posibilita la contratación por horas e institucionaliza salarios por debajo del mínimo legal, estuvo presente el apoyo a la huelga de los trabajadores carboníferos contra la multinacional Cerrejón, que pretende avanzar sobre el convenio colectivo e imponer el llamado “turno de la muerte” (7 días de trabajo por 3 de descanso). Los estudiantes y docentes colocaron sus propias reivindicaciones: rechazan el regreso a clases, dada la falta de condiciones de seguridad e higiene, y reclaman la supresión de los aranceles a la educación superior. Otro punto de la jornada fue el repudio al préstamo de 370 millones de dólares con el que el gobierno favoreció a la compañía Avianca.

La lucha antirrepresiva, uno de los ejes de la convocatoria, es un asunto vital en Colombia. Desde la llegada al poder de Duque, además de dispararse las masacres por parte de grupos paramilitares, han crecido los crímenes y agresiones contra referentes políticos y sociales. En el primer semestre del año se registraron 248 ataques, 81 de ellos asesinatos (El Espectador, 22/9).

Puesto en perspectiva, la clase dominante colombiana ha impuesto a sangre y fuego un proceso de acaparamiento de tierras y superexplotación de las masas. Desde 1973 a 2018, 3.240 referentes sindicales fueron asesinados, la amplia mayoría a manos de grupos paramilitares y del Estado (policía, Ejército, etc.), según la Agencia de Información Laboral (21/9). Entre 2013 y 2019, hubo más de 1300 agresiones contra referentes de Derechos Humanos (Contagio Radio, 20/9). Las fuerzas armadas aparecen comprometidas ahora en un escándalo por la violación de niñas y mujeres indígenas.

El gobierno de Duque es un gobierno proimperialista y de ataque frontal contra las masas, a las que busca transferirles el costo de la crisis capitalista. En otro decreto reciente, autorizó la privatización de empresas públicas, por lo que prepara la venta del área de distribución de combustibles de Ecopetrol. Se apresta a retomar la fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato (una declaración de guerra contra los campesinos) y aceptó el despliegue de 700 soldados norteamericanos adicionales en el país. Acaba de ratificar este rumbo proyanqui recibiendo al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. El gobierno colombiano es también una de las piezas claves de las agresiones contra Venezuela.

La jornada del 21 volvió a sufrir la represión por parte de las fuerzas policiales. No solo por parte del gobierno nacional, sino también del gobierno centroizquierdista de Bogotá, cuya alcaldesa, Claudia López (Alianza Verde), hace demagogia contra la represión de Duque mientras ella misma la aplica. Inclusive, ha realizado tareas de inteligencia a través de cámaras de video y ofrece recompensas a quienes den con el paradero de manifestantes acusados por la quema de dependencias policiales, tras el crimen de Ordoñez. La Corte Suprema, en tanto, enfrentada al gobierno tras la detención del expresidente Alvaro Uribe, ha emitido un fallo en que obliga al gobierno a pedir disculpas por la represión a la rebelión de 2019 y prohíbe al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) el uso de escopetas calibre 12, pero convalida el accionar de las fuerzas de seguridad, con el subterfugio de que lo haga "de forma racional y moderada" (El País, 23/9).

Los choques entre el gobierno y la Corte, así como entre el gobierno y el expresidente Juan Manuel Santos, reflejan a su modo las propias divisiones en el imperialismo. Santos se hizo eco del malestar de sectores del Partido Demócrata norteamericano por el apoyo que Duque le estaría dando a Trump en su campaña reeleccionista. Lo que tienen en común el gobierno de Duque y la oposición patronal, sin embargo, es su temor a las grandes potencialidades de la lucha de las masas.

El camino de noviembre

En medio de la jornada, el gobierno de Duque rechazó un pedido de audiencia del Comité Nacional de Paro y la consideración del plan nacional de emergencia elaborado por estas organizaciones, que incluye entre otros puntos una renta básica equivalente a un salario mínimo para sectores que perdieron sus ingresos y la prohibición del corte de servicios públicos por unos meses.

Las centrales sindicales se han limitado a rumiar su descontento frente a este desaire. El rol que ocupan estas organizaciones es decididamente conservador y de contención de la bronca popular. Julio Gómez, el titular de la CGT, declaró que “hay que darle tiempo al Gobierno para que reaccione. Esperamos que el presidente Iván Duque actúe positivamente” (El Espectador, ídem).

No se puede esperar que Duque responda “positivamente”, o que se sensibilice, como han reclamado otros dirigentes. Duque encabeza un gobierno criminal y es necesario detenerlo por medio de una profundización de las medidas de lucha. Se necesita avanzar hacia un paro efectivo, en la perspectiva de una huelga general que quiebre el ajuste del gobierno y la represión.

El camino lo marca la rebelión de 2019, de la que en dos meses se cumplirá su primer aniversario.

https://prensaobrera.com/internacionales/no-existe-persona-que-trabaje-en-la-calle-como-repartidor-que-no-haya-sido-victima-de-la-autoridad/

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Erróneo balance: la LIT-CI debe sumarse a la iniciativa de la Conferencia Latinoamericana

El 28 de agosto, el secretariado internacional de la LIT-CI publicó un documento crítico de la Conferencia Latinoamericana de la izquierda realizada entre fines de julio y principios de agosto.

Correctas expectativas

La LIT-CI reconoce las expectativas que había despertado la conferencia: “en el sentido de que allí pudiera debatirse como responder a los desafíos que presenta la situación latinoamericana y mundial”. Semejante reconocimiento debió haber tenido como resultado su participación. ¿Por qué no lo hizo? Tuvo un tiempo considerable para decidirlo, en la medida que desde noviembre de 2019 nuestro partido publicó esta iniciativa, y en marzo de 2020 todo el FIT-U la adoptó publicando una convocatoria. Como la pandemia obligó a postergar la fecha original de fines de abril y principios de mayo (en forma presencial) para realizarla luego virtualmente, la LIT-CI tuvo suficiente tiempo de considerarlo y tomar la iniciativa como propia. Cabe añadir que los compañeros de Luta Pelo Socialismo, que diferían en algunos aspectos de la convocatoria, decidieron estar presentes.

No es un argumento genuino para cuestionar la conferencia la ausencia del Nuevo MAS o del grupo altamirista, en la medida en que el primero afirmó la decisión de llamar a otra conferencia internacional de la izquierda, en un alarde de divisionismo infantil y de miopía frente a la necesidad de una intervención unificada de la izquierda revolucionaria en un continente recorrido por crisis, rebeliones y revoluciones; el grupo de Altamira intentó bombardear sin éxito la conferencia desde su convocatoria en un alarde de sectarismo y fetichismo (también mundialmente) en torno a su líder.

Programa

La LIT-CI realiza una afirmación errónea al criticar la ausencia de debate en torno a posiciones políticas encontradas, algo que tuvo lugar en forma abundante, a partir del reconocimiento en la misma convocatoria de la existencia de diferencias políticas, lo cual no impidió su convocatoria, basada en la necesidad de dar un paso adelante en la necesidad imperiosa de arrancar a las masas latinoamericanas y de Estados Unidos de la tutela e influencia de los partidos democratizantes y de la burguesía nacional para orientarlas en el sentido de la lucha por gobiernos de los trabajadores. La LIT-CI plantea en su texto la defensa de la dictadura del proletariado, la destrucción del Estado burgués y contra los partidos oportunistas y amplios con la centroizquierda (NPA o Psol) o partidos frentepopulistas (Frente Amplio de Perú), y contra las tendencias electoralistas de los mismos, defendiendo, en contraposición a ellos, partidos revolucionarios y militantes, basados en el centralismo democrático con la finalidad de intervenir en la lucha de clases, en los procesos de la acción directa hacia la revolución proletaria. Coincidimos completamente con estos planteamientos de la LIT-CI, y es importante destacar que fue el Partido Obrero el que defendió este punto de vista en la conferencia.

Viene al caso recordar que nuestro partido junto a otras organizaciones de América Latina (Agrupación Vilcapaza de Perú, Fuerza 18 de octubre de Chile, Juventud Obrera de Costa Rica, Agrupación de Trabajadores Bolivianos, Agrupación León Trotsky de Uruguay y Grupo de Acción Revolucionaria de México) suscribimos un documento llamado “Un programa y una estrategia revolucionaria para la intervención en América Latina y Estados Unidos” como un aporte a la conferencia. La LIT-CI no se ha pronunciado sobre el mismo.

Las oscilaciones e inconsecuencias de la LIT-CI

La LIT-CI plantea quejas sobre el programa votado en la conferencia. Pero no explicita sus objeciones. Los diez puntos tienen un enorme valor, representan una victoria política frente a la política democratizante, electoralera, y de adaptación al orden social imperante que prevaleció en las filas de la izquierda.

La resolución aprobada se pronuncia por la independencia de clase, el rechazo a la colaboración de clases y la defensa de la unidad internacional de los trabajadores y de la lucha antiimperialista, denuncia las amenazas contra Cuba y Venezuela y denuncia a los gobiernos nacionales y populares que capitulan ante el FMI y el capital financiero y declara el apoyo incondicional a la rebelión popular norteamericana contra el Estado imperialista y el gobierno de Trump, así como a los demócratas que pretenden disolver la revuelta tras la candidatura de Joe Biden.

La LIT-CI omite un balance de su propia acción concreta, allí donde le ha tocado intervenir. Su principal partido, el PSTU de Brasil, ha sufrido una profunda crisis por haberse abstenido de luchar contra el golpe de estado parlamentario (el impeachment) contra Dilma Rousseff en 2016, en nombre de que ella y Michel Temer eran lo mismo y de que la constitución preveía ese recurso, contemplando el reemplazo del presidente por el vice, negando de esa forma la existencia de un golpe. Una caracterización de una enorme estrechez constitucionalista, no propia de marxistas revolucionarios, ya que la acción golpista fue organizada por la gran burguesía brasileña, el capital financiero y el alto mando militar, junto a la Corte suprema brasileña con la finalidad de ir más a fondo que Rousseff en los ataques a la clase obrera mediante las reformas laboral y jubilatoria y un reforzamiento mayor de la represión contra las masas. Lo mismo ocurrió con la prisión de Lula, cuya función fue garantizar el triunfo del fascista Bolsonaro.

La neutralidad del PSTU no solo lo privó de intervenir con una iniciativa contra el Estado capitalista y la derecha, sino que además le impidió desnudar la capitulación del PT y de la propia Rousseff frente al golpe, quienes se negaron a llamar a la huelga general para derrotar con las masas en las calle la ofensiva del capital y la derecha encarnadas en Temer y Bolsonaro, dando un paso político y organizativo que superara las trabas que las masas brasileñas encuentran en el PT. Ahora, en medio de la pandemia del Covid 19 que ha desatado una estampida de contagios y muertes en Brasil como resultado de la política aventurera y antiobrera de Bolsonaro, el PSTU (fracción brasileña de la LIT-CI) se ha echado en los brazos de un frente democrático anti-Bolsonaro, presentando ante la Cámara de Diputados un pedido de impeachment contra el presidente fascista, asociando su firma a las de el Partido de los Trabajadores, el Psol, Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista brasileño, Causa Operaria y Unidad Popular (una suerte de frente antimacrista brasileño) cuya pretensión es buscar un recambio burgués para continuar imponiendo los ataques a la clase obrera, toda vez que tanto el PC do Brasil, como el PT (que dirige la CUT) han dejado pasar las reformas previsional y laboral sin lucha. Tenemos aquí configurado en un mismo partido que dice lo que no hace, esto es: una oposición al frente popular de palabra y un frente populismo de hecho con dosis de sectarismo pernicioso.

Frente único

Durante la conferencia estuvieron presentes siempre los debates tácticos y estratégicos, pero -y eso es fundamental- en el marco del frente único. Esto no es un detalle menor. El Partido Obrero batalló, de entrada, para que la Conferencia no fuera meramente un foro de debates. El desafío de la izquierda y el movimiento obrero combativo es crear un polo de reagrupamiento y de acción bajo las premisa de la independencia de clase para impulsar las rebeliones populares y contribuir a llevarlas a la victoria. Nuestro partido siempre ha sido enemigo de las charcas discutidoras. El frente único en el terreno de la acción es el mejor ámbito no sólo para desenvolver un debate sino para verificar las diferentes posiciones haciéndolas pasar por el tamiz de la práctica y de la experiencia de la lucha en común. Uno de los méritos de la Conferencia Latinoamericana ha sido precisamente haber tomado resoluciones prácticas como las movilizaciones ante las embajadas norteamericanas a favor de la rebelión popular en el coloso imperialista, que en Argentina se concretó frente a la cámara de comercio de Estados Unidos, circunstancia que se repitió en México y en Costa Rica. También el apoyo práctico a las huelgas y movilizaciones de los trabajadores de reparto y la gran jornada mundial por el derecho al aborto y por la separación de la Iglesia del Estado que tendrá lugar el 28 de septiembre. También en Brasil se ha cumplido la jornada del 27 de agosto en medio de la gran huelga de los trabajadores de correos que saludablemente contó con la presencia del PSTU brasileño, hecho que revela que las iniciativas latinoamericanas tomadas por la conferencia han sido un punto de referencia también para la sección brasileña de la LIT-CI.

Inspirados en estas premisas, libramos la batalla por la continuidad de la Conferencia Latinoamericana y en ese marco, la publicación de un boletín de discusión ente las organizaciones participantes. Ni qué hablar que eso sería un paso adelante en la batalla por la reconstrucción de una internacional revolucionaria.

La LIT-CI no plantea el debate como parte de una acción común revolucionaria en la lucha de clases, sino como un mero ejercicio polémico. La postura de crítico pasivo pone a la LIT-CI por detrás de quienes habiendo estado en la conferencia y militado por su concreción, han puesto un freno a su continuidad.

La Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos ha sido (y es por sus resoluciones y su perspectiva) un antecedente fecundo en la lucha por dotar a la clase obrera del continente de un planteamiento político y una perspectiva obrera y socialista cuyo horizonte es la unidad socialista de América Latina. El Partido Obrero se ha empeñado, se empeña y se empeñará en su desarrollo y en su progreso, llamando al FIT-U, a los luchadores y a la izquierda a plegarse a esta perspectiva mediante el impulso de su continuidad.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-npa-frances-al-borde-de-la-implosion/

https://prensaobrera.com/internacionales/brasil-acerca-de-los-frentes-de-izquierda/

Más pruebas contra la policía en el caso de Facundo Castro

Hallan piedra de un collar del joven en un patrullero

El hallazgo de un trozo de piedra turmalina que pertenecía a un collar de Facundo Castro, en un patrullero de la policía local de Bahía Blanca (parte de la Bonaerense), compromete aún más a las fuerzas represivas en la desaparición y muerte del joven oriundo de Pedro Luro, cuyo restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad de Pedro Cerri, en el partido de Villarino, el pasado 15 de agosto.

El móvil policial en cuestión fue peritado porque se desvió de su recorrido habitual el 8 de mayo, para detenerse durante media hora a 800 metros del lugar donde se encontraron los restos de Facundo en el mes de agosto.

Facundo había salido de su casa en Pedro Luro, partido de Villarino, a fines de abril, con la intención de visitar a su novia en Bahía Blanca. Fue visto por última vez al ser detenido por la Bonaerense en el acceso a la localidad de Mayor Buratovich. Cuatro móviles de esta fuerza han sido secuestrados para ser peritados.

La mamá de Facundo confirmó que la piedra encontrada pertenecía a su hijo. El 14 de agosto, a su vez, una foto del DNI del joven había sido hallada en el celular de una agente de la Bonaerense, pese a que uno de los oficiales de esa fuerza había declarado que el joven estaba indocumentado al momento de su detención.

El pasado 12 de septiembre, en tanto, un grupo de pescadores encontró la mochila, celulares y el carnet de conducir de Castro a cuatro kilómetros del lugar donde fueron hallados los restos. La familia denuncia que tanto el cuerpo como estas pertenencias fueron plantadas allí por las fuerzas policiales.

La desaparición y muerte de Facundo ha sido encubierta desde el poder político. Pese a todos los elementos que pesan contra la Bonaerense, el secretario de seguridad Sergio Berni salió en defensa de la fuerza en reiteradas ocasiones e incluso cuestionó a los abogados de la madre de Facundo. A su vez, el gobernador Axel Kicillof sostiene a Berni en el cargo.

La defensa de la Bonaerense por parte del gobierno es la defensa de un aparato represivo llamado a actuar contra las tomas de tierras por parte del pueblo sin vivienda, y contra las masas que sufren el impacto de la crisis capitalista.

Planteamos que se vaya Berni. Justicia para Facundo y las víctimas del gatillo fácil de las fuerzas policiales. El plenario antirrepresivo que se está desarrollando este sábado 19 discutirá esta perspectiva.

Yatel es el can rastreador de la querella que halló la piedra que pertenecía a Facundo.

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18/09/2020

Europa, ante un septiembre negro por el Covid-19

Los gobiernos y las patronales son responsables.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el nivel de transmisión del Covid-19 en Europa es “alarmante”. En las últimas dos semanas, el número de casos se ha duplicado en más de la mitad de los países del continente. Se registran entre 40 y 50 mil casos diarios (incluyendo a Rusia), niveles que están por encima de los que había a comienzos de abril.

Entre los países más afectados se encuentran España, Francia y el Reino Unido. En el primer caso, la enfermedad se ha propagado particularmente en la Comunidad de Madrid, donde la atención primaria se encuentra colapsada, según la denuncia de sus trabajadores, quienes han emprendido medidas de lucha. En el país galo, algunos departamentos han sido declarados como “zonas rojas”. En el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson se ha visto obligado a imponer medidas de aislamiento en algunas regiones de Inglaterra. Un 14% de los contagios en el continente corresponden al personal de salud, golpeado por la precarización laboral, la falta de insumos y de equipos de protección.

La aceleración de los contagios aparece relacionada con el abandono de las medidas de aislamiento social, que los gobiernos emprendieron en función de los reclamos de los grandes grupos capitalistas. A su vez, las vacaciones y viajes, sin ningún tipo de control, han disparado los casos, sobre todo en la juventud. El único atenuante con respecto a la primera oleada de la enfermedad es que se concentran ahora en la población más joven, donde la tasa de letalidad es más baja.

Pese al incremento de los casos, los gobiernos resisten todo lo que pueden el establecimiento de cuarentenas estrictas. España, Francia y Reino Unido han anunciado medidas de restricción sumamente limitadas, que no incluyen a los lugares de trabajo, que son grandes focos de contagio. Peor aún, contra las recomendaciones sanitarias, se acorta el período de aislamiento para personas que hayan estado en contacto con el virus. En Francia y en Madrid se redujo a siete días (la OMS recomienda 14), mientras que en el Reino Unido e Irlanda es de 10. Portugal y Croacia también analizan recortarlo.

Ante la ausencia de una vacuna, solo las medidas de aislamiento ofrecen la posibilidad de mitigar el avance del virus. El director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, dijo que que en junio los casos alcanzaron en el viejo continente “un mínimo histórico” (BBC, 17/9), en coincidencia con el momento de mayor alcance de las cuarentenas. Abandonadas esas medidas, la enfermedad está volviendo a sus peores momentos. Cabe recordar que Europa ingresó tardíamente a las medidas de aislamiento social, lo que explicó la virulencia de la primera oleada de la pandemia en la región. La negligencia criminal de las empresas llevó a la muerte de decenas de obreros en las zonas fabriles de Lombardía, en Italia.

El abordaje de la pandemia se caracteriza por la falta de un plan y de una coordinación entre los Estados. Los países europeos quedaron envueltos en un rosario de acusaciones recíprocas, atribuyéndose mutuamente la responsabilidad por el crecimiento de los contagios a partir del levantamiento de las restricciones en los viajes.

A la par del desastre sanitario, los gobiernos transfieren sobre las espaldas de las masas el peso de la crisis económica, con despidos masivos y recortes salariales.

Es necesario un programa de los trabajadores frente a la pandemia, que parta de la centralización del sistema de salud, la prohibición de despidos, las licencias sin afectar el salario, la asistencia a los desocupados y comisiones de seguridad e higiene en los barrios y lugares de trabajo.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-recrudecimiento-de-la-pandemia-en-europa/

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18/09/2020

“La lucha por el aborto legal en América Latina”

Charla-debate con compañeras de Argentina, Costa Rica, Perú y México. Martes 22, 18hs.

El martes 22 a las 18hs, vía Zoom y Facbeook Live, se llevará a cabo una charla-debate sobre la lucha por el aborto legal en América Latina, en las vísperas de la jornada de movilización continental del 28. La Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos, realizada a fines de julio y comienzos de agosto, con decenas de organizaciones presentes, votó impulsar dicha jornada, planteando también la consigna “separación de las Iglesias del Estado”.

En la charla hablarán Vanina Biasi (dirigente del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras), Magali Terraza (de Rosas Rosas y el Grupo de Acción Revolucionaria de México), Natalia Zamora Cruz (Juventud Obrera de Costa Rica) y Leydy Reyes Rivera (Grupo Vilcapaza de Perú).

La charla podrá seguirse a través de las redes sociales de Prensa Obrera y el Plenario de Trabajadoras.

¡Te esperamos!

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18/09/2020

Haití, en las vísperas de grandes movilizaciones

Se profundiza la crisis social y política.

La movilización popular vuelve a ganar las calles de Haití. Los maestros reclaman por medidas de seguridad e higiene frente al Covid-19, por el pago de sueldos atrasados y aumento salarial. Al mismo tiempo, los trabajadores de uno de los principales hospitales de la capital, Puerto Príncipe, han ido a la huelga en reclamo de insumos. A partir del 20 de septiembre, se espera el comienzo de movilizaciones a nivel nacional para reclamar la renuncia del presidente Jovenal Moïse.

Moïse, un empresario bananero que llegó al poder tras unos comicios escandalosamente fraudulentos, en 2016, ha sido el blanco de sucesivos levantamientos populares. Los más relevantes: en julio de 2018, una insurrección lo obligó a dar marcha atrás con la quita de subsidios a los combustibles. En septiembre pasado, el país se llenó de piquetes y movilizaciones contra el desabastecimiento de los mismos.

Para sostenerse en el poder, Moïse se recuesta en el imperialismo y en la represión más brutal. Más aún, muchos denuncian que el gobierno apaña a las bandas criminales que aterrorizan los barrios sumergidos del país con los crímenes más atroces. El accionar de estos grupos se ha incrementado en las últimas semanas, lo que ha desatado un gran malestar popular. El crimen de Montferrier Dorval, presidente del Colegio de Abogados, provocó importantes marchas de repudio.

La situación se caracteriza por violentos choques. Cientos de policías armados se han manifestado ya en varias ocasiones, durante las últimas semanas, por la liberación de un agente de la brigada antidrogas que está detenido, acusado de asesinato. En febrero, Moïse apeló al Ejército para sofocar una revuelta policial, con un saldo de dos muertos.

La crisis política

Desde comienzos de este año, cuando se venció el mandato de los diputados y buena parte de los senadores, Moïse viene gobernando por decreto. También se ha vencido el mandato de los gobernadores, que siguen en el cargo porque el Ejecutivo los nombró como funcionarios. Moïse busca reforzar sus atribuciones por medio de una reforma constitucional que fortalezca la figura presidencial, en desmedro del parlamento.

Si bien el gobierno norteamericano apoya al gobierno de Moïse, no se trata de un respaldo incondicional. El jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo, reclamó la convocatoria a las elecciones legislativas y en un reportaje con el Miami Herald dijo que "una vez que se celebren esas elecciones, habrá un gobierno debidamente elegido”. El imperialismo impulsa una nueva pantomima electoral para legitimar un régimen político que se encuentra totalmente desacreditado.

Bajo esta presión, Moïse ha mostrado su disposición a convocar a elecciones legislativas, presidenciales y municipales para el año próximo. Sin embargo, muchas fuerzas de la oposición rechazan una convocatoria electoral que resultaría en un nuevo fraude. Reclaman la salida de Moïse y un gobierno de transición. Y han cuestionado un llamado de la OEA (que va en la misma línea de Pompeo) a la celebración de elecciones, calificándolo como una injerencia en los asuntos internos.

La línea de un gobierno de transición apunta a una preservación del régimen. En noviembre pasado, un conjunto de organizaciones formaron La Passerelle, una estructura política que apuntaba a un gobierno de transición “para organizar una retirada ordenada, para proteger las instituciones republicanas (…) y prevenir una disrupción generalizada” (Haiti Libre, 13/11/19), lo que parece ser un eufemismo para referirse a un potencial levantamiento popular. Entre los firmantes estaban Fanmi Lavalas (del expresidente Bertrand Aristide, derrocado en 2004, en un proceso que daría paso a la instalación de las tropas de la Minustah), Mache Kontre (socialdemócratas), el Foro Patriótico y otros.

Desde el punto de vista social, la situación haitiana es calamitosa. Un 40% de la población padece inseguridad alimentaria. La gestión sanitaria del Covid-19 aparece, en tanto, fuertemente cuestionada. Las cifras son relativamente bajas, con 8.478 contagios y 219 muertes (el país tiene 11 millones de habitantes aproximadamente), pero son cifras dudosas ya que registran solo aquellas personas que pudieron acceder al hospital (Prensa Latina, 12/9).

El desastre social refuerza la necesidad del imperialismo de regimentar y reprimir. Las tropas de la Minustah (responsables de la introducción del cólera en el país y de todo tipo de abusos contra la población), impulsada por el imperialismo e integrada por gobiernos latinoamericanos (como el Brasil de Lula y la Argentina de Kirchner, entre otros) fueron reemplazadas en 2017 por las de la Minujusth (Misión de Apoyo a la Justicia de las Naciones Unidas en Haití), una fuerza de menor alcance y de carácter policial, pero que también fue denunciada por participar en la represión contra la población. A su vez, esta ha sido sustituida desde 2019 por la Binuh (Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití), representante de los intereses de las potencias europeas y Estados Unidos.

Para abrir una salida para las masas de Haití, es necesario echar a Moïse y el imperialismo.

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16/09/2020 | 1605

Fracaso en el BID: arrugue de Alberto Fernández y el Grupo Puebla

El gobierno sufrió un revés en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al frustrarse el nombramiento de Gustavo Béliz como presidente del organismo. La Casa Rosada venía fisgoneando su nominación hace varios meses y tuvo que ceder a las pretensiones de Washington: Donald Trump logró imponer un hombre de su confianza y de su riñón íntimo, Mauricio Claver-Carone. Se trata del primer estadounidense en ser elegido presidente del BID, rompiendo con la tradición no escrita de que la presidencia de la institución debería quedar en manos de un latinoamericano.

La designación de Béliz, exhibida por sectores del kirchnerismo como una cruzada "anti-imperialista", terminó desinflándose. El gobierno argentino intentó una última jugada de postergar la votación apostando a un cambio político en Estados Unidos con las miras puestas en que un triunfo demócrata crearía condiciones más favorables a las aspiraciones de Argentina. Esta expectativa no deja de ser bastante vidriosa: “Una derrota (de Trump) dejaría a Claver-Carone en el aire por tener que convivir con una administración demócrata y con un Congreso que condicionaría los fondos que Estados Unidos aporta a la capacidad crediticia del BID. Sin embargo, es poco probable que un eventual gobierno de Joe Biden resigne el avance ya concretado sobre la conducción de la entidad. ¿Con otro nombre? Se verá llegado el caso” (Ambito, 15/9).

Pero más allá de ello, lo cierto es que la movida se evaporó rápidamente. Luego de que México confirmara su participación, Argentina también decidió no caer en el papel de oveja negra.

El Grupo Puebla no pasó la prueba y depuso su resistencia. El progresismo latinoamericano no está dispuesto a sacar los pies del plato y chocar con el imperialismo norteamericano. Esto no debe sorprender, pues López Obrador acaba de ratificar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, adaptándose a las nuevas exigencias planteadas por la Casa Blanca. México, respondiendo al pedido de Trump, viene jugando un papel de Estado tapón respecto al desplazamiento de los migrantes centroamericanos. Los Fernández, a su turno, encarrilan al país en la ruta de un pacto con el FMI, luego del arreglo con los bonistas. La política exterior no es más que una prolongación de la política interna y, en ese sentido, la agenda oficial está presidida por el rescate de los acreedores y el condicionamiento impuesto por el capital imperialista, en especial el norteamericano.

Guerra comercial

El afán de Washington por presidir el BID está directamente relacionado con los pasos que viene dando el imperialismo norteamericano por reforzar su presencia económica, diplomática y militar en América Latina y contrarrestar la creciente injerencia china en la región.

La guerra comercial ha metido su cola con inusitada virulencia en el continente. Estados Unidos no está dispuesto a ceder su hegemonía en lo que constituye su" patio trasero".

El volumen de comercio entre China y América Latina se ha multiplicado por veinte desde 2002, según cifras del Congreso norteamericano. En la actualidad, China es el mayor acreedor de la región y se ha convertido en un importante socio comercial para países como Argentina, México, Colombia, Chile o Perú e incluso Brasil, lo que Estados Unidos no ve con buenos ojos.

El control directo del BID bajo su total dominio no es un detalle menor. El BID es el mayor proveedor de fondos para proyectos de desarrollo en América Latina. Su labor depende, en gran medida, de fondos estadounidenses. Este banco ha sido el encargado de otorgar préstamos a los países latinoamericanos con el fin de construir obras de infraestructura, como carreteras, puertos y redes eléctricas.

La apuesta de Fernández con la frustrada nominación de Béliz era contar con más autonomía para negociar préstamos sin que pasaran por el filtro político de Washington, cuando se vienen las negociaciones con el FMI, en el que Estados Unidos tiene una incidencia determinante y condiciona cualquier crédito a los acuerdos y plan económico que se pacten.

Luego del traspié sufrido, la Casa Rosada rápidamente ha tratado de poner paños fríos y limar los roces con el gobierno de Trump. Alberto Fernández, en persona, ha tomado contacto con Claver-Carone para restablecer relaciones y cicatrizar heridas. Lo cierto es que el país ha quedado más rehén que antes del imperialismo. La aproximación a Washington, sin embargo, no va a salvar al país de las imposiciones del FMI. Del mismo modo que los contactos establecidos con los líderes de la Unión Europea y la relación amigable con las autoridades del Fondo no nos salvó de los condicionamientos y el chantaje de los bonistas.

Un alineamiento mayor con Estados Unidos aumenta aún más las tensiones internas, pues sectores enteros de la burguesía dependen del comercio con China, desde el agrícola-ganadero, cuyas exportaciones tienen al gigante asiático como principal destinatario, hasta la industria, que tiene a este como proveedor privilegiado. El gobierno ha procurado estrechar relaciones con China mediante el ingreso del país al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Estas contradicciones se replican también en lo que se refiere al swap con China. El gobierno está barajando la posibilidad de canjear dicho préstamo por dólares, con el propósito de reforzar las reservas, pero una operatoria de esa naturaleza no es gratuita. Pekín ata eso a que Argentina se integre a “la ruta de la seda” y una penetración mayor en la vida económica del país, acaparando en su favor obras de infraestructura estratégicas. En el momento actual están en danza emprendimientos clave, como la postergada financiación de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz; una cuarta central nuclear, que según anunció Alberto Fernández antes de asumir, se ubicará en Campana; obras de la Hidrovía y emprendimientos en el Paso Agua Negra de San Juan y en el Corredor Bioceánico, que une nuestro país con Chile. Las ambiciones de China van más lejos y apuntan a utilizar la base de Neuquén como una punta de lanza para un avance geopolítico en el país. Todo esto, naturalmente, tropieza con el recelo yanqui.

Washington ya marcó reparos respecto de la intención de China de desembarcar con la tecnología 5G en la región y del uso presuntamente militar de la estación espacial en Neuquén, que Pekín asegura que es solo para fines científicos en su plan de exploración espacial. Frente a esos reparos, la Casa Rosada ratificó que no habrá cambios en Neuquén y mantuvo encuentros recientes con representantes de Huawei, la compañía líder en redes 5G, vetada por Estados Unidos por supuestas fallas de seguridad.

Por otra parte, las propias autoridades del FMI son reacias a que Argentina haga uso del swap chino (que depende, agreguemos, del visto bueno de ese organismo). El hecho de cerrarle las puertas a una fuente de financiamiento alternativa, como podría ser ese recurso, obliga al país a pasar por el embudo del Fondo y a quedar más condicionado y a merced de sus exigencias.

La ilusión del gobierno de adoptar una "tercera posición" en la disputa entre China y Estados Unidos hace aguas y su desmoronamiento es proporcional a la pérdida de capacidad de arbitraje del gobierno, sobrepasado por la crisis que se agrava cada día que pasa y sometido al fuego cruzado de todas las clases sociales.

El Partido Obrero, de entrada, caracterizó al gobierno de Fernández como de un bonapartismo en tiempo de default, de vacas flacas. Viendo el escenario actual, salta a la vista el acierto de la misma.

https://prensaobrera.com/politicas/el-supercepo-otro-salto-en-la-crisis/

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16/09/2020 | 1605

Noticiero internacional

Foto: @luizrochabh / LPS

Brasil: un mes de huelga en el Correo

Los trabajadores de correos de Brasil cumplieron esta semana un mes de huelga en defensa de su convenio colectivo de trabajo, que ha sido desconocido por el gobierno de Jair Bolsonaro. El viernes 11 se desarrolló una jornada nacional de lucha en apoyo a la medida de fuerza. Hubo movilizaciones en todo el país. En Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, el sindicato regional -Sintect- marchó desde la Plaza de la Estación hasta el Correo central. Allí, una asamblea votó la continuidad del paro por tiempo indeterminado. Para el 21 está programada una  jornada nacional de movilización, con protestas en Brasilia y las principales ciudades del país.

Bolsonaro y su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, tienen el objetivo de avanzar hacia la privatización de la empresa estatal de correos, como parte de una política que también tiene en la mira a Petrobras, Eletrobras y otras compañías públicas. La lucha de los trabajadores del Correo tiene una enorme importancia para todo el movimiento obrero. Es necesario que la CUT rompa con su parálisis y convoque a un paro general que contribuya al triunfo de esta gran lucha.

Más información aquí.

España: trabajadores de la salud en pie de lucha

Los sindicatos de trabajadores de la Salud de la Comunidad de Madrid realizaron el 15 actividades frente a los principales centros sanitarios y anunciaron una concentración frente a la Consejería de Sanidad para el 21. Las medidas se deben al “abandono y desprecio a los profesionales” por parte del gobierno, según un comunicado conjunto. Reclaman “mejoras de las condiciones laborales y salariales”, la realización periódica de hisopados y denuncian un “colapso de la Atención Primaria”. Por su parte, Amyts, el principal sindicato de médicos, anunció un paro para el 28, aunque aclaró que “confiamos en la sensatez y en la voluntad de negociación de la Comunidad de Madrid para evitar que la huelga se inicie”.

Durante julio, los residentes habían ido a la huelga ante los bajos salarios y por descansos pos-guardia, punto este último sobre el que han arrancado un compromiso del gobierno. España se encuentra en medio de un rebrote del Covid-19, que es resultado de una salida apresurada de la cuarentena. En el país hay 600 mil casos y 30 mil muertos.

Nigeria: trabajadores de la salud vuelven a la huelga

Trabajadoras de la salud de Nigeria -enfermeras, parteras y radiólogas-, nucleadas en los Sindicatos Conjuntos del Sector Salud (JOHESU, de acuerdo a sus siglas en inglés) iniciaron este lunes una huelga de una semana en reclamo de un seguro de vida, acceso pleno a equipos de protección personal y el pago de un plus salarial ante la pandemia. La medida estalla tras un paro de la Asociación Nacional de Doctores Residentes (NARD, por sus siglas en inglés), que nuclea casi al 40% del personal médico del país, por motivos similares. Esta medida de fuerza fue levantada bajo un compromiso del gobierno de dar una respuesta.

En Nigeria se han desarrollado otros paros y luchas en el sector salud a lo largo del año. Mil trabajadores se han infectado con el Covid-19, en un país que tiene más de 50 mil casos oficialmente confirmados y casi 1.100 muertos. La realización de los paros del sector salud por separado resta fuerza a las medidas, es necesaria una coordinación para poder llevar a la victoria la lucha.

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