02/04/2021

India, cuatro meses de rebelión campesina

La rebelión de los campesinos en la India sigue atormentando al gobierno del ultraderechista Narendra Modi y con él también a la clase capitalista toda. El pasado 26 de marzo se conmemoró, mediante una jornada de lucha en el marco de un Bharat Bandh (cierre total de actividades, en este caso por doce horas), el cuarto mes de la sublevación que ha metido de lleno a la India en el pelotón de países que a nivel internacional se han convertido en ejes centrales de la lucha de clases, en el continente asiático este proceso viene estando presente en lugares como MyanmarTailandia o Indonesia.

Los campesinos irrumpieron en el escenario político nacional en agosto de 2020, y sus acciones de lucha fueron tonificándose al calor de la rebelión, lo que ha llevado a estos a protagonizar fuertes choques contra el régimen, que ha fracasado en su tentativa de sacar a las masas de la calle –militarización, intervención de la Corte Suprema, etcétera-. Su objetivo es derrotar la pretensión oficialista de entroncar a los pulpos del agronegocio en el mercado de cosechas campesinas, cuyos productos del trabajo venían siendo comprados por el Estado a precio sostén.

Se toma como referencia el día 26 ya que el año pasado, en noviembre de esa misma fecha, tuvo lugar un paro general que involucró a cerca de 250 millones de personas y que encontró a los campesinos enfrentando junto a la clase obrera el paquete de reformas anti populares de Modi. Ese día, en Delhi, se instalaron campamentos, que se convirtieron en focos de organización política y de solidaridad de clase.

El grado de acatamiento al Bharat Bandh, convocado por el Samyukt Kisan Morcha (SKM), un organismo que nuclea alrededor de 40 organizaciones campesinas, ha variado de acuerdo al punto del país en el cual se ha desarrollado. En los norteños estados de Punjab y Haryana, las tiendas cerraron sus persianas en varios lugares. En Delhi, el impacto ha sido mínimo; los grandes mercados, por ejemplo, han continuado sus movimientos con normalidad. El Departamento de Educación Superior del oriental estado de Odisha anunció en vísperas a la jornada que todos los colegios y universidades de la región habrían de permanecer cerrados. Andra Pradesh, estado ubicado en el sureste del país, vio sus comercios fuera de actividad y los agricultores obtuvieron el apoyo de los camioneros, quienes no ejercieron su labor. Aquellos estados y territorios que fueron a las urnas para renovar autoridades, por el contrario, quedaron por fuera de la convocatoria, mientras que en otros se produjo un brevísimo parate de la actividad mercantil. Uno de los motivos por el cual una parte significativa de los comercios no se plegó al cierre fue el rechazo a este por parte de la Confederación de Comerciantes de la India (India Today, 25/3).

Desde el punto de vista de las tendencias políticas nacionales, la movida ha sido acompañada por el Partido Comunista (PC) y el Partido Comunista Marxista (PCM), en tanto que ciertos elementos del Partido del Congreso (CNI) coquetearon de manera demagógica con ella.

Los agricultores bloquearon carreteras nacionales y puntos estratégicos en muchos rincones de Punjab y Haryana, y realizaron piquetes en las vías de tren. Se estima que cuatro trenes de Shatabdi –trenes rápidos- fueron cancelados, otros treinta y cinco han sido detenidos, y cuarenta trenes comerciales encontraron afectadas sus operaciones. Asimismo, hubo cortes y movilizaciones en numerosos distritos. Los gobiernos, como era de esperar, desplegaron a las fuerzas represivas. En el estado de Uttar Pradesh, al norte del país, 20 activistas del PCM que protestaban en el municipio de Sikandarpur fueron detenidos por la Policía. Al oeste, en el estado de Guyarat, cuatro líderes campesinos han sido arrestados en una conferencia de prensa que pretendía trazar un plan de lucha para los días de abril por venir. Las fuerzas de seguridad del estado de Karnataka, por otro lado, detuvieron a campesinos que se manifestaban pacíficamente.

La iniciativa huelguística de los agricultores aconteció luego de un paro nacional bancario de dos días contra la privatización de algunos bancos estatales, cuya puesta en marcha daría lugar a despidos y a la liquidación de conquistas históricas de los trabajadores. Se trata de uno de los pilares del anti obrero presupuesto 2021 anunciado por el gobierno en febrero pasado. La huelga, que fue acompañada de protestas en varias ciudades, fue convocada por el Foro Unido de Sindicatos Bancarios y logró la adhesión de alrededor de un millón de empleados. Los bancarios se han sumado así a los demás sectores de la clase obrera que ya se han consustanciado con la rebelión campesina, como fueran los trabajadores de la industria automotriz y del transporte.

El próximo capítulo de la lucha campesina tendría lugar cuando el parlamento indio trate un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea respecto a la industria láctea, el cual, de concretarse, haría que grandes jugadores como Dinamarca, cuya burguesía se vale del dumping o de los millonarios subsidios estatales para competir en el mercado, perjudicasen la producción de los agricultores locales (The Hindu, 1/4).

Proimperialismo

Modi viene reforzando a todo vapor el carácter pro imperialista de su gobierno. Él y su ministro de Defensa han protagonizado reuniones con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, las cuales tuvieron como leit motiv el fortalecimiento de los lazos militares entre ambos países en aras de contrarrestar la influencia china en la región. En esta sintonía se produjo la reciente visita de Modi al vecino Bangladesh, poco después del encuentro entre el gobierno indio y los yanquis, cuyo fin ha sido aceitar no solo las relaciones comerciales, sino también proyectos nucleares que tiene la India en el territorio bangladesí. Estados Unidos pretende que el país bengalí compre sus pertrechos militares en lugar de los de China, que actualmente funge como su principal aprovisionador militar y asimismo lleva la delantera en términos de inversiones. Durante la visita de Modi se desenvolvieron protestas que fueron duramente reprimidas por el gobierno bangladesí, dejando un saldo de varios manifestantes muertos. El disparador de estas ha sido el odio de la población al supremacista Modi, quien promueve una política de masacre de los musulmanes –casi el 90 por ciento de la población de Bangladesh pertenece a esta religión.

A 4 meses del inicio de la rebelión campesina, en la atribulada situación política india, la clave de la etapa sigue siendo preparar las condiciones para unir a la clase obrera con los agricultores. Las centrales sindicales deben convocar a la huelga general, el proletariado y los campesinos indios pueden triunfar.

https://prensaobrera.com/internacionales/india-la-rebelion-campesina-continua/

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02/04/2021
#MacronLibérezAbdallah

Libertad a George Ibrahim Abdallah, el más viejo preso político de Europa

Nos sumamos a la campaña internacional por la libertad de un luchador por los derechos del pueblo palestino.

Este 2 de abril, con motivo del cumpleaños número 70 de George Ibrahim Abdallah, la Red de solidaridad con los presos palestinos (Samidoun) y otras organizaciones han puesto en marcha una campaña internacional por su libertad.

No se trata de una fecha más, sino de un aniversario que da cuenta de que Abdallah es el preso político más longevo del viejo continente. Abdallah, un militante libanés comprometido en la lucha por la liberación del pueblo palestino, fue arrestado el 24 de octubre de 1984 en Lyon, condenado ese año y, finalmente, juzgado y nuevamente condenado –esta vez a prisión perpetua- en julio de 1987.

Un dato relevante es que, a pesar de que desde 1999 es plausible de ser beneficiado con la libertad –tras la correspondiente apelación judicial- su derecho es negado año tras año por el Estado francés.

Abdallah, militante comunista y por la liberación nacional de Palestina, está acusado del asesinato del agregado militar estadounidense en París y de un diplomático israelí vinculado al Mossad, ambos con influencia en el devenir de la por entonces guerra civil libanesa.

Pero, mientras Adallah continúa en prisión, los responsables del asesinato de militantes de grupos propalestinos o de la OLP, muchos de ellos asociados a los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos, permanecen impunes. Lo mismo corre para los responsables intelectuales de las masacres cometidas contra los pueblos de Oriente Medio. Son los mismos Estados que, también, han presionado oficialmente contra cualquier posibilidad de atenuación de la pena para Abdallah.

Desde Argentina nos pronunciamos por la libertad inmediata e incondicional de George Ibrahim Abdallah y de todos los presos políticos.

https://prensaobrera.com/internacionales/libertad-a-mumia-abu-jamal-y-todos-los-presos-politicos/

https://prensaobrera.com/internacionales/las-elecciones-no-cancelan-la-crisis-politica-en-israel/

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01/04/2021
ESTADOS UNIDOS

Comenzó el juicio por el crimen de George Floyd

Se inició esta semana en Estados Unidos el juicio por el asesinato de George Floyd, el afroamericano asesinado en mayo de 2020 por las fuerzas policiales en Minneapolis, Minesotta. Su caso fue el desencadenante de una rebelión popular en el corazón del imperialismo.

Los primeros testimonios y los videos exhibidos ante el tribunal confirman el accionar criminal de los efectivos. A Floyd le apuntaron a la cabeza para que descendiera de su vehículo y lo esposaron. Luego, estando en el suelo boca abajo, uno de los policías -Derek Chauvin- le oprimió el cuello con su rodilla durante más de ocho minutos, causándole la muerte. Floyd gritó al menos 27 veces que no podía respirar, sin que el agente se inmutara.

“Cuando veo a George Floyd, veo a mi papá. Veo a mis hermanos. Veo a mis primos, a mis tíos, porque todos son negros (...) Y veo cómo pudo haber sido uno de ellos”, declaró al tribunal Darnella Frazier, la joven que logró grabar los hechos y subir el video a Facebook.

De acuerdo a distintas investigaciones (ONG Mapping Police Violence, Washington Post), los hispanos y negros tienen entre dos y tres veces más posibilidades de ser abatidos por la policía. Además, los crímenes quedan en la impunidad. Según la BBC (4/6/20), solo dos o tres agentes son condenados de cada mil asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad.

La muerte de Floyd sublevó a una juventud y a una población trabajadora víctimas de la represión, el desempleo y el crecimiento de la pobreza, que se ceban especialmente sobre las minorías (afroamericanos, latinos). Esos sectores son también los más afectados por el Covid-19, que por entonces empezaba a hacer estragos. Millones de personas se movilizaron durante semanas a lo largo y ancho del país. Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la crisis capitalista, de la pandemia y de la rebelión popular.

Frente a aquel proceso de movilizaciones, el gobierno de Trump respondió con una furiosa represión estatal. Los demócratas, en tanto, buscaron contener el movimiento a través de proyectos limitados de reforma policial. Aun así, no le fueron en zaga a los republicanos a la hora de embestir contra las protestas. En Seattle, fue una alcaldesa de ese partido la que ordenó el desalojo de la zona autónoma creada por los manifestantes. En Kenosha, Wisconsin, donde el joven afroamericano George Blake sufrió siete balazos por parte de la policía (cuando aún no se disipaba la conmoción por el crimen de Floyd), el gobernador demócrata Tony Evers impuso el toque de queda y el estado de emergencia, además de desplegar a la Guardia Nacional en la localidad.

Ante el comienzo del juicio contra Floyd, nuevamente, las autoridades han dispuesto un enorme arsenal represivo. Se desplegaron 3 mil efectivos policiales y 2 mil de la Guardia Nacional. Además, se fortificaron edificios oficiales y sedes de policía con barreras de hormigón y alambres de púa. Todo esto apunta a disuadir la movilización popular. Los familiares de Floyd, no obstante, montaron una vigilia en el comienzo del proceso judicial.

En tanto, a comienzos de marzo, la Cámara de Representantes aprobó por una exigua mayoría una ley que pone fin a la llave de estrangulamiento en los procedimientos policiales, entre otras medidas tendientes a limitar la brutalidad de los agentes. Con estos mínimos cambios, se busca preservar el aparato represivo frente a las demandas de su desmantelamiento, que surgieron en el curso de la rebelión. Lo notable es que este limitado proyecto ni siquiera tiene asegurada su aprobación en el Senado.

En el movimiento de lucha se abrieron debates a lo largo de 2020 respecto a la postura a tomar frente a la policía. Mientras que algunos sectores defendieron los planteos restringidos de los parlamentarios demócratas, otros sostuvieron planteos más de fondo, como el control directo de la seguridad por parte de los sectores oprimidos (Alianza Nacional contra el Racismo y la Represión Política). En Prensa Obrera señalábamos que "esta perspectiva tiene como precondición derrotar al Estado imperialista, que ha desarrollado este enorme aparato represivo para ejercer su autoridad dentro y fuera del país".

Al mismo tiempo, la rebelión del año pasado convirtió a Black Lives Matter (las vidas negras importan) en un movimiento de masas. Su dirección, sin embargo, se fue integrando crecientemente al Partido Demócrata y formó un comité de acción política a través del cual recibió donaciones empresariales para financiar la candidatura de Biden. A raíz de ello, se produjo una crisis y la ruptura de una de sus secciones, Black Lives Matter Inland (renombrándose como Black Power Colective).

Justicia para George Floyd y todas las víctimas del gatillo fácil. Libertad a Mumia Abu Jamal y todos los presos políticos. Desmantelamiento del aparato represivo.

https://prensaobrera.com/internacionales/libertad-a-mumia-abu-jamal-y-todos-los-presos-politicos/

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01/04/2021

Escala la crisis en Myanmar

La posibilidad de una guerra civil.

La junta militar de Myanmar asesinó a más de cien manifestantes en el Día de las Fuerzas Armadas, el 27 de marzo pasado. Durante dicha jornada, miles de personas se habían movilizado en más de cuarenta ciudades contra el golpe de Estado. Son más de 500 los muertos y más de 3 mil los detenidos a manos de las fuerzas de seguridad desde febrero. El régimen dispara incluso en los funerales de las víctimas, como en el caso de Thae Maung Maung, joven de 20 años asesinado el sábado pasado, quien integraba la Federación de Sindicatos Estudiantiles. También hay denuncias de secuestro de cuerpos, lo que obliga a los familiares a entierros apresurados (Myanmar Now, 31/3).

El régimen se ha encontrado con una respuesta popular más dura que de lo que imaginaba. Las calles se llenan de manifestantes, proliferan los boicots comerciales (como a la lotería estatal) y hay un Movimiento de Desobediencia Civil que cuenta con la adhesión de decenas de miles de trabajadores, con gran impacto en la salud, el transporte y los bancos.

Además, muchos grupos insurgentes se han sumado a la lucha contra el golpe. Myanmar es un país de mayoría budista, pero en el que hay más de cien grupos étnicos diferentes. Desde la propia independencia del país, el Ejército ha guerreado contra las formaciones que pelean por su autodeterminación territorial y ha intentado imponer una supremacía del budismo. El ataque más notorio del último período fueron las masacres de 2017 contra los rohingya, una minoría de origen musulmán que puebla el estado de Rakhine. Se cometieron todo tipo de atrocidades y decenas de miles de personas debieron desplazarse a la vecina Bangladesh. El gobierno de Aung Saan Suu Kyi, ahora depuesto y perseguido por los militares, fue cómplice de esa matanza estando en el poder.

Pues bien, a mediados de febrero, diez grupos (entre ellos la Unión Nacional Karen y el Frente Nacional de Chin) abandonaron un cese al fuego que habían suscripto con los militares antes de febrero. La Unión Nacional Karen (KNU, por sus siglas en inglés), que pelea en la frontera con Tailandia, sufrió el bombardeo de sus posiciones por primera vez en veinte años, tras atacar blancos de los golpistas. Cerca de diez mil personas debieron desplazarse, entre ellas miles que cruzaron la frontera para huir de las agresiones de las fuerzas armadas. A su vez, el Ejército de Independencia de Kachin (KIA, por sus iniciales en inglés), región lindante con China, inició ataques contra instalaciones policiales y militares (el último de ellos, este 30 de marzo), lo que derivó en fuertes represalias oficiales.

A mediados de marzo, en tanto, la junta retiró la designación del Ejército de Arakan (rohingya) como organización terrorista, lo que ha sido interpretado como un intento de evitar una unificación de la insurgencia en contra del gobierno. Sin embargo, este y otros grupos (como el Ejército de Liberación de Ta'ang) amenazaron con romper su propio acuerdo de cese al fuego en respuesta a los asesinatos en masa de manifestantes.

La Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido desplazado del poder por las fuerzas armadas, está tratando de pescar en este río revuelto. Myat Aye, ministro del gobierno paralelo impulsado por esta fuerza (conocido como Comité Representante del Pydaungsu Hluttaw -CRPH), quien jugó un rol durante la masacre contra los rohingya, viró ahora de posición a través de declaraciones de simpatía hacia la minoría musulmana.

El recalentamiento del conflicto entre el gobierno y los grupos insurgentes, así como los crímenes crecientes de la junta y el repudio masivo al golpe, plantean el interrogante de si es posible que se abra un escenario de guerra civil. La ONU acaba de hacer una advertencia en ese sentido. Por lo pronto, ya hay voces que reclaman un diálogo entre la junta y la oposición (por ejemplo, Irrawaddy del 31/3) para descomprimir la situación, u otras que piden la convocatoria a nuevas elecciones a lo largo de este año.

Los desfiles del día de las Fuerzas Armadas fueron aprovechados por la junta militar para afianzar sus apoyos internacionales. Hubo representantes de Rusia, China, India, Pakistán, Bangladesh, Vietnam, Laos y Tailandia. China e India rivalizan por su influencia en Myanmar. Los primeros van a la cabeza, con el desarrollo de un descomunal plan de puertos y rutas ferroviarias. Pero el gobierno de Modi ha lanzado también sus propios proyectos.

Las potencias occidentales, mientras tanto, aplicaron sanciones a la junta y a las empresas de los militares, pero los derechos humanos son lo que menos les preocupa. Lo que tienen en mente son las enormes riquezas naturales del país y el tráfico de drogas. Golpean a la junta para que se separe de China y ganarle espacios.

Por ello, la derrota del golpe militar depende exclusivamente de las masas y de la solidaridad de los explotados de todo el mundo.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-trasfondo-del-golpe-de-estado-en-myanmar/

 

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31/03/2021

Estados Unidos: histórica votación sindical en Amazon

Significado y alcance.

Rara vez una elección abierta a poco más de 5.800 votantes ha sido tan relevante en Estados Unidos. Esos son los empleados en la planta de Amazon en Bessemer (Alabama) que, después de siete semanas de una votación que finalizó el lunes de esta semana, habrán decidido si afiliarse o no a un sindicato. Todavía no se conocen los resultados pues el recuento se hace durante varios días. Si se confirma una victoria, constituirá la primera organización sindical de trabajadores dentro del gigante del comercio electrónico en Estados Unidos que se viene resistiendo con uñas y dientes y que viene apelando a políticas de presión de toda clase para frustrar la iniciativa.

La disputa constituye de por sí un factor disruptivo en un país con bajísima afiliación sindical en el sector privado. En 2020 era solo el 6,3 por ciento, casi un sexto de lo registrado en 1953. Amazon hasta el momento no cuenta con organización sindical en ninguna de sus sucursales lo cual da cuenta del panorama general si tenemos presente que esa corporación es la segunda empleadora de Estados Unidos (después de Walmart), con 400.000 empleados diseminados en todo el territorio norteamericano e integra los llamados Big Five, el selecto grupo de empresas líderes y más poderosas del país.

Estamos frente a una enorme pulseada pues Amazon constituye uno de los ámbitos de trabajo, no sólo en Estados Unidos sino a escala mundial, donde se han llegado a situaciones brutales la superexplotación y flexibilización laboral. Los empleados aducen condiciones de trabajo extremas: pausas exiguas para almorzar e ir al baño o carreras contrarreloj para recorrer una distancia equivalente a 14 campos de fútbol americano desde la entrada del complejo y llegar a fichar a tiempo. Retrasarse puede costar un recorte del sueldo o un despido. Los trabajadores están sometidos a una vigilancia exhaustiva de su productividad, de los cambios constantes en las condiciones de trabajo y de la persecución a quienes protestan. Sufren un monitoreo constante en su actividad gracias a un escáner que los guía por medio de los gigantescos depósitos por los que caminan decenas de kilómetros diarios. El seguimiento es escrupuloso y permite saber con precisión la ubicación de cada trabajador así como su productividad exacta.

El apoyo de Biden

Un elemento que la da un condimento especial a ese acontecimiento es el respaldo que le ha dado el presidente Joe Biden a la iniciativa sindical de Bessemer, que lo convierte en el presidente que ha ido más lejos en décadas en apoyar a la organización de los trabajadores. El 28 de febrero, en un video en Twitter, el demócrata hizo un alegato en defensa de la “importancia vital” de los sindicatos y de la negociación colectiva. “Ponen el poder en manos de los trabajadores. Te dan voz más fuerte, para tu salud, tu seguridad, salarios más altos, protecciones ante la discriminación racial y el acoso sexual”, dijo. Aunque no citó a Amazon, Biden apuntó críticamente a la compañía al recordar que “no debe haber intimidación, coerción, amenazas o propaganda contra los sindicatos”.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse a la época de Franklin Delano Roosevelt, quien es ese entonces dio un guiño favorable a la estructuración de la AFL-CIO, sigla con que es conocida la central obrera norteamericana. En lugar de un desconocimiento y persecución de los sindicatos, que era moneda habitual y corriente, Roosevelt -en medio de una escenario convulsivo y de radicalización del movimiento obrero- apeló a su domesticación e integración al Estado por medio de la cooptación de sus direcciones y la conformación y consolidación de una burocracia adicta al establishment.

El respaldo de Biden, guardando las distancias, tiene un punto de contacto con lo ocurrido en la década del 30 del siglo pasado. El respaldo a la sindicalización en Amazon ha sido acompañado por otras medidas en estos meses. Instó, por ejemplo, a la dimisión en la Junta Nacional de Relaciones Laborales del responsable de asegurar el cumplimiento de los derechos de los empleados en el sector privado, al que se denunciaba como demasiado cercano a las corporaciones. Expresó también su apoyo a una propuesta legislativa, la Ley de Protección del Derecho a Organizarse, que ha recibido ya luz verde en la Cámara Baja pero enfrenta pocas perspectivas en el Senado, donde son muy poco probables los 10 votos republicanos necesarios para la aprobación.

La movida es inseparable del escenario de rebelión popular que conmovió el país el año pasado. Este proceso está lejos de haberse cerrado, el cual no solo precipitó la derrota de Trump sino que condiciona -como lo venimos destacando desde Prensa Obrera- el nuevo mandato demócrata. Existe un mar de fondo que se expresa en un disconformismo, descontento y efervescencia que atraviesa a toda la sociedad y en particular entre los sectores más postergados. Este clima no deja de contagiar a los trabajadores y, en especial, en la juventud obrera, y en particular, aquellos que pertenecen a las minorías que vienen sufriendo con más virulencia el impacto de la crisis. Recordemos que el 80% de los trabajadores de Amazon Bessemer es descendiente de afroamericanos y cuenta con una proporción importante de mujeres.

Si bien el movimiento obrero no ha tenido un rol protagónico en las grandes protestas del año pasado, la conflictividad sindical viene en aumento y el panorama descripto encierra un potencial explosivo, que se nutre además de una descomposición y descrédito del sistema político norteamericano, sus instituciones y partidos. Trump ha procurado canalizar ese malestar por derecha y persiste en sus intenciones, aunque ha quedado resentido luego de la derrota electoral. Mirado desde la vereda opuesta, es un caldo de cultivo para un giro a la izquierda de las masas. Por lo pronto, este malestar podría abrir un escenario de huelgas salvajes, sin interlocutores válidos.

Biden ha optado por adelantarse a ese proceso y alentar una sindicalización controlada, con el concurso de la burocracia sindical, de modo de encuadrar y disciplinar a los trabajadores ante la perspectiva de una curva ascendente de huelgas y conflictos gremiales que hay grandes chances que sigan creciendo. Con más razón si tenemos presente que la actual depresión mundial está lejos de cerrarse y augura cierres y reorganizaciones empresarias con su secuela severa de despidos y pérdidas de puestos de trabajo. Pero además el propio rebote de la economía, que se vaticina, tiene como base rebajas salariales y una intensificación significativa de la explotación obrera. Recordemos que, bajo la época de Obama, los nuevos trabajadores en la industria automotriz pasaron a ser contratados por la mitad del sueldo que los trabajadores antiguos en actividad.

Un nuevo escenario

No existen condiciones para desconocer y desarticular la organización sindical como la que se abrió paso a partir de Reagan, luego de la derrota estratégica de la gran huelga de los controladores aéreos. Estamos ante un escenario distinto, que obliga a un cambio de táctica privilegiando una política de contención de las masas y, en ese marco, de encuadramiento de la organización sindical. El senador Bernie Sanders, uno de los representantes de la izquierda demócrata en EE.UU., viajó a Alabama para apoyar la movilización de los trabajadores. “Si los trabajadores de Amazon logran formar un sindicado quiere decir que esto puede hacerse en todo el país”, dijo.

La conciencia de la burguesía sobre este punto es bastante extendida hasta tal punto que el republicano y conservador Marco Rubio salió a apoyar la constitución del sindicato de Amazon. Esto se compadece con todo el escenario internacional en el que prevalece no la fortaleza de la derecha sino que lo que se abre paso son diferentes mecanismos de colaboración de clases, que están jugando un papel crucial para sostener el edificio capitalista en crisis. Esto se constata en América Latina donde el nacionalismo burgués y la centroizquierda pasan a reemplazar a la derecha en retroceso en el gobierno.

Perspectivas

El cuadro aquí descripto plantea tendencias contradictorias. Por un lado, la victoria constituye un golpe a la ofensiva capitalista, al infligir una derrota a una de las patronales más poderosas y negregas. Y refuerza y alienta las tendencias a la organización. Importa señalar que el proceso no concluye con la proclamación del resultado pues quedan abiertas todavía un montón de chicanas a las que apelará la empresa para no reconocer el triunfo. Si la empresa intenta impugnar el resultado de la votación, el asunto queda en manos de los tribunales, y esto podría entrar en una nebulosa legal.

Por otra lado, contradictoriamente asistimos a una tentativa de domesticación y sometimiento al Estado capitalista. No se nos puede escapar que lo que predomina en EE.UU. son sindicatos propatronales y empresarios, organizados verticalmente de arriba hacia abajo, con burocracias corruptas y vasos comunicantes estrechísimos con las empresas y el Estado. Los dirigentes han jugado un rol crucial para aislar y levantar los conflictos y estrangularlos. Esta conducta se ha reiterado este año con el estallido de la pandemia. No es una excepción el RWDSU (Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes) en Alabama que es el que canaliza el actual proceso de sindicalización. La mayoría de los trabajadores no fueron llamados a apoyar el esfuerzo de sindicalización en Amazon, ni a convertirse en organizadores de la lucha. Hay apenas algunos activistas sindicales individuales que han estado en la primera línea de iniciar el esfuerzo de sindicalización.

Esta experiencia, de todos modos, abre una nueva transición en el movimiento obrero y la situación política estadounidense cuyos principales capítulos están por adelante. El porvenir de este movimiento depende y tiene como requisito superar el chaleco de fuerza que representa la burocracia -y la política que ella encarna y alienta- y abrir paso a una recuperación de las organizaciones obreras y la construcción de una nueva dirección, lo que está íntimamente ligado a la ruptura con el Partido Demócrata y una defensa intransigente de una estrategia de independencia de clase de los trabajadores. Esta tarea deberá llevarse a cabo en el marco de la batalla dirigida enfrentar la violenta ofensiva capitalista en curso, impulsando y procurando llevar a la victoria cada una de las luchas que se vayan desarrollando.

https://prensaobrera.com/internacionales/paro-de-96-horas-en-amazon-de-alemania/

https://prensaobrera.com/internacionales/la-lucha-de-los-trabajadores-de-amazon-en-estados-unidos/

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31/03/2021

Estados Unidos pide la liberación de los golpistas bolivianos

El asesino vuelve a la escena del crimen.

El sábado pasado, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, emitió un comunicado en que reclama la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez y el resto de los detenidos por el golpe de Estado de noviembre de 2019. No es casual, toda vez que Estados Unidos apoyó el derrocamiento de Evo Morales.

Hasta el momento, se encuentran en prisión, además de la exmandataria, dos de sus ministros (Álvaro Coímbra, de Justicia; Rodrigo Guzmán, de Energía) y el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta. Hay órdenes de detención contra otros ministros y militares, algunos de los cuales huyeron del país. A su vez, el general Alfredo Cuéllar y el excomandante de policía Jaime Zurita están en prisión domiciliaria por la masacre de Sacaba, Cochabamba, en que once personas fueron asesinadas en el puente de Huayllani, en noviembre de 2019. En el caso de las masacres en Senkata, en El Alto, ocurridas ese mismo mes, en las que fueron asesinadas diez personas, solo está detenido el comandante de la División Mecanizada del Ejército, Franco Orlando Suárez. Al mismo tiempo, 27 policías fueron procesados por la quema de la wiphala (bandera indígena) en esa misma época.

Pese a la machacona propaganda de los propios golpistas por presentar la asunción de Áñez como resultado de una sucesión constitucional, no hay ninguna duda de que se trató de un golpe de Estado. Las fuerzas armadas efectuaron una conferencia de prensa el 10 de noviembre de 2019 en la que “sugirieron” a Evo Morales que dejara el poder. Y fue el comandante en jefe de esas fuerzas, Williams Kalimán, quien le colocó la banda presidencial a la entonces senadora Áñez dos días más tarde, en una sesión irregular del Senado, sin el quórum correspondiente. Como parte del operativo golpista, Luis Fernando Camacho organizó milicias fascistas que arribaron a La Paz desde el oriente boliviano. El mismo ingresó al Palacio Quemado con la Biblia bajo el brazo. Como resultado de una extraordinaria lucha obrera y popular, un año más tarde los golpistas debieron convocar a elecciones presidenciales y perdieron el poder.

Frente a las detenciones, la derecha inició una campaña. Camacho, que en las últimas elecciones de gobernadores de este mes logró ser electo gobernador de Santa Cruz (por la fuerza Creemos), amenazó con que “un preso más y paramos el país” (La Nación, 16/3). Se protege, en primer lugar, a sí mismo. Comunidad Ciudadana (CC), la fuerza del expresidente Carlos Mesa, emitió un comunicado en que reclama la libertad de los presos con el argumento de la “reconciliación” y la “paz” (hablan de paz los defensores de un golpe que dejó decenas de manifestantes muertos). El gobierno de Bolsonaro también salió a defender a Añez. En Cochabamba, esposas de policías encabezaron una movilización para que cesen las aprehensiones. A su vez, la Asociación Nacional de Suboficiales Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) de La Paz y Cochabamba se declararon en estado de emergencia.

Aunque el gobierno del MAS criticó las declaraciones de Blinken como una intromisión en los asuntos internos de Bolivia, trascendió estos días una entrevista al presidente Luis Arce en que señala que el ministro de Exteriores, Rogelio Mayta, se contactó con representantes norteamericanos para iniciar diálogos y “mejorar las relaciones” (La Razón, 28/3). La entrevista sería previa al posicionamiento público del titular del Departamento de Estado, pero es ilustrativa de la línea contemporizadora del gobierno boliviano. Del mismo modo, el ecuatoriano Andrés Arauz ha usado una parte de su campaña presidencial en seducir a Estados Unidos (pronosticó que “nuestra relación va a ser excelente, especialmente ahora, con la administración del presidente Biden”). Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en tanto, más allá de algunas críticas en sus discursos, siguen negociando un acuerdo con el FMI. Los “nacionales y populares” no tienen intenciones de emprender una lucha contra el imperialismo.

La lucha por la cárcel a los responsables del golpe en Bolivia y por justicia para las víctimas tiene que ir de la mano del desarrollo de una independencia política del movimiento obrero y campesino. Es necesario poner en pie un partido de trabajadores.

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30/03/2021

Brasil: crisis política (y militar)

La nueva crisis política en marcha tuvo como detonante la corrupta y criminal ineptitud gubernamental para enfrentar el colapso sanitario y la expansión del coronavirus.

Brasil ha escalado rápidamente el podio en víctimas de la pandemia y colapso sanitario. Con 330 mil muertos, con récords que llegan a 3000 fallecidos y decenas de miles de contagiados diarios. El sistema de salud está en terapia intensiva.

Ante el incremento de los contagios y sus víctimas fatales, hace 15 días, fue reemplazado el ministro de salud, general Eduardo Pazuello, el cuarto desde el inicio de la pandemia. Según palabras del propio Bolsonaro, "a partir de ahora vamos a partir en forma más agresiva contra el virus”, aunque la semana anterior trató como un "capricho" y "cobardía" las acciones (cuarentenas, etc.) para frenar los contagios masivos. Llegó a presentar un recurso ante la Corte Suprema para prohibir estas cuarentenas por parte de algunos gobernadores. Y en el ínterin, sus acólitos fascistoides, organizaron caravanas frente a los hospitales atestados de enfermos críticos, contra las vacunas y cuarentenas.

Esta tirada de “lastre” no sirvió ante la continuidad del crecimiento de la pandemia.

La “renuncia”, ayer lunes, del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, venía siendo exigida por la mayoría del Congreso. Este era portavoz radicalizado del pensamiento reaccionario-fascistoide de Bolsonaro. Desde su ministerio se colocó en una posición ultramontana al lado de Trump contra la lucha contra el coronavirus y de agresión a China. Este último no solo atacó el principal destino de las exportaciones agropecuarias del Brasil, sino que se opuso y bloqueó la importación de las “peligrosas” vacunas. Su política terraplanista demoró la concreción de acuerdos comerciales para recibir las vacunas necesarias. Apoyó a Trump hasta el final, incluso en sus denuncias golpistas contra el fraude de Biden.

El Congreso había amenazado la semana pasada con iniciar un impeachment (proceso de destitución) de Bolsonaro por su política criminal frente al coronavirus, entre otras acusaciones. Al presidente reaccionario, no le quedó otra que sacrificar a su más fiel ministro. Pero… la renuncia de Araujo indicó la existencia de una crisis política y de diferencias entre Bolsonaro y parte de la cúpula militar que lo viene sosteniendo no solo política, sino físicamente con miles de militares en lugares ejecutivos claves del gobierno.

Fue seguida el mismo día por media docena de cambios en el gabinete ministerial. La que más resalta es la renuncia del ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo e Silva, quien habría intentado mantener un relativo equilibrio en el apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno, para no ver arrastrada a estas ante un eventual colapso del gobierno Bolsonaro. En noviembre pasado, Azevedo e Silva y los comandantes de las tres ramas militares del país —el general Edson Pujol (Ejército), el almirante Ilques Barbosa (Armada) y el brigadier Antonio Carlos Moretti (Fuerza Aérea)— emitieron una declaración conjunta en la que reafirman la separación político-institucional entre las Fuerzas Armadas y la “política”. Esto luego de que Bolsonaro amenazara con el uso de "la pólvora" para defender su política depredatoria en el Amazonas. El nuevo ministro de Defensa, el general Walter Souza Braga Netto, ex Jefe de Estado Mayor, retirado en el 2020 y especie de primer ministro de Bolsonaro, viene a encarar una reestructuración más profunda de las Fuerzas Armadas, para lo cual piensa defenestrar a la actual comandancia de las 3 armas. Se trata de un choque importante, ya que Bolsonaro cuenta con mayor apoyo entre militares retirados que en actividad.

También se producirá un enroque entre el Ministerio de Justicia y la Abogacía General de la Unión (Fiscalía General). El actual ministro de Justicia, André Mendonca, reemplazará al fiscal José Levi que se retira porque no había querido apoyar el ataque ante la Corte Suprema de Bolsonaro contra gobernadores opositores que decretaban medidas de cuarentena. Por supuesto que en el lugar del ministro de Justicia, asumirá un conocido represor: un comisario de la Policía Federal, Anderson Torres.

Por otro lado, el Ministerio de la Secretaría de Gobierno, que se ocupa de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, pasará a manos de la diputada Flavia Arruda, esposa de un exgobernador de Brasilia destituido y preso en su momento por corrupción, de buenos oficios con el “centrao”, la bancada derechista mayoritaria en el parlamento que apoyó todas las medidas reaccionarias de Bolsonaro (reforma jubilatoria, privatizaciones, etc.) pero que aspira a contener sus “excesos” y a cogobernar.

Se trata de una tirada de lastre con la renuncia del reaccionario ministro de Relaciones Exteriores, combinada con un semigolpe ministerial que pretende, por parte de Bolsonaro, afianzar su dominio político directo sobre las Fuerzas Armadas y conciliar al mismo tiempo, con la bancada civil del “centrao” derechista. La crisis no se ha cerrado ni por lejos. Por lo pronto, se acaban de conocer las renuncias de los jefes de las tres armas, producidas tras la dimisión de seis ministros, lo cual no tiene precedentes en la historia política del país.

Por supuesto que detrás de esta fuerte crisis política y militar está no solo la feroz crisis sanitaria, sino el trasfondo de la crisis económica-social. La deuda externa se ha elevado a más del 90% del PBI. La desocupación, precarización laboral y la miseria (hambre) se expanden más rápido que el coronavirus.

El ausente en forma directa es el movimiento de lucha de las masas trabajadoras. Esto es producto de la política de contención del Partido de los Trabajadores, el PCdoB y el PSOL que se han colocado como perspectiva la formación de un Frente súper Amplio para derrotar electoralmente a Bolsonaro en las elecciones de fines del 2022. Las centrales obreras y de masas están frenadas desde adentro por esta orientación. Lula –que ha sido habilitado por la “justicia” para presentarse a elecciones- ha salido a plantear que es necesario un frente electoral con sectores opositores de la derecha. Disputa con Bolsonaro el apoyo del corrupto “centrao” parlamentario. Los intentos de imponer un impeachment que destituya a Bolsonaro son solo un saludo a la bandera. Colocar a las masas trabajadoras detrás de esta perspectiva es llevarlas a la parálisis y el fracaso.

Es necesario que la clase obrera y los explotados recuperen las centrales obreras y sus organizaciones de masas para enfrentar la masacre sanitaria y social que impulsa con amenazas de creciente represión el gobierno Bolsonaro. Impulsar y apoyar todo movimiento de resistencia de las masas. Organizar encuentros y congresos de trabajadores con delegados electos en las provincias y a nivel nacional. Los trabajadores necesitan organizar un plan de lucha en marcha a la huelga general, para rechazar los ataques e imponer sus reivindicaciones, para echar a Bolsonaro, Mourao y todo el régimen capitalista de barbarie y explotación.

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30/03/2021

Europa: el avance de la prohibición del burka y sus implicancias

Suiza se sumó al grupo de países que prohíben el uso de esa vestimenta islámica tradicional.

A comienzos de marzo y a través de una iniciativa de la derechista Unión Democrática del Centro (UDC), viabilizada mediante un plebiscito, Suiza se sumó al pelotón de países europeos que prohíben la utilización del burka. Se trata de una prenda que cubre por completo el rostro de las mujeres que la utilizan, una práctica común para parte de la población musulmana. Otros países como Francia, Austria o Bélgica ya poseen leyes de similares características. Los partidarios de la implementación de estas medidas desenvuelven un discurso que no se priva de la utilización de consignas contrarias a la opresión hacia las mujeres; detrás del mismo, sin embargo, se encuentra una política de naturaleza reaccionaria.

El caso suizo

El recurso al plebiscito, un aspecto característico del régimen político suizo, para hacer pasar leyes islamófobas no es un aspecto novedoso en el país de los cantones, ya en 2009 se recurrió al voto popular para hacer pasar una normativa que prohibía la construcción de nuevas mezquitas, iniciativa que obtuvo el 57,5%. La actual prohibición del uso del burka se impuso por un escaso margen, al obtener un 51,2%. Para arribar a ese resultado, la derecha nacionalista hizo uso de un arsenal argumental que recorrió todo el espectro político: desde que la prohibición de cubrirse el rostro haría más dificultoso llevar adelante atentados terroristas, hasta que la prenda en cuestión sería un símbolo de opresión contra las mujeres.

En la campaña se alzaron voces de distintos colectivos que repudiaron la iniciativa al considerarla discriminatoria tanto hacia la población musulmana como hacia las mujeres ya que las que utilicen burka serán ahora reprendidas por los efectivos policiales y sancionadas. Entre los opositores se encontró el centroizquierdista Partido Socialista (PS), lo que llevó a que incluso el gobierno federal, compuesto de manera colegiada por los principales partidos del parlamento, formalmente rechazara la enmienda. Sin embargo, es una oposición cosmética, el PS forma parte desde hace décadas de la estructura de gobierno en paridad con la UDC y el conjunto de la derecha del país.

Que la nueva ley promovida por la derecha es distractiva lo pone de manifiesto el hecho de que la cantidad de mujeres residentes que utilizan burka no superarían las 30. La mayor parte de las que se ven circulando por las calles son turistas provenientes de países del Golfo Pérsico. Se trata de una agitación que intenta hacer mella buscando un chivo expiatorio que sirva para insuflar el nacionalismo y la xenofobia entre el pueblo suizo, al mismo tiempo que aumenta las prerrogativas del aparato represivo. La ley en cuestión prohíbe cubrirse el rostro, por lo que podrá ser usada en contra de manifestantes que se protejan de la represión estatal.

La hipocresía del régimen político helvético en el terreno de la opresión hacia las mujeres es total. Las mujeres recién conquistaron el derecho al voto en 1971, la igualdad salarial por ley en 1996 y en 2019 tuvieron que protagonizar una enorme huelga por la implementación real del planteo “a igual trabajo igual salario”.

Demagogia progresista y reforzamiento de la represión

La votación en Suiza forma parte de una expansión en la aprobación de leyes islamófobas en el continente. Dinamarca, Países Bajos, Francia, Austria, Bélgica y el estado alemán de Baden-Wurtemberg han impuesto disposiciones similares en los últimos años. Como en Suiza, se trata de reforzar la autoridad y las herramientas de los Estados para amedrentar a la población y no de una política que buscaría emancipar a las mujeres. No es casualidad, no solo que las leyes anti cobertura facial se usen contra manifestantes, sino que en este mismo período distintos gobiernos como el de Francia o el de Reino Unido estén implementando nuevos paquetes legislativos represivos para impedir el desarrollo de manifestaciones y protestas.

El imperialismo europeo es un aliado de los gobiernos más reaccionarios del mundo islámico que imponen con la fuerza del Estado las leyes fundamentalistas contra la libertad y los derechos de las mujeres. La banca suiza, sin ir más lejos, es el destino de las fortunas de las monarquías del Golfo Pérsico del mismo modo que era donde depositaban las riquezas expoliadas dictadores como Mubarak o Gadafi. Si a esta colaboración con regímenes responsables de enormes maltratos contra las mujeres se le suma la propia opresión que sufren en Europa, la hipocresía de los gobiernos europeos se revela como mayúscula.

Ponerle fin a la barbarie

De conjunto, el aumento de las prerrogativas represivas estatales, junto con el aliento a la xenofobia, forma parte de una política de la burguesía europea para contener y desviar los efectos políticos de la crisis económica y sanitaria con su secuela de empeoramiento de las condiciones de vida en todos los países. La libertad y la emancipación de las mujeres no va a provenir de los Estados y regímenes responsables de la barbarie sino de la derrota de los mismos a través de la lucha común de los trabajadores y trabajadoras del mundo.

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29/03/2021

Free Mumia Abu Jamal and all the political prisoners

Buenos Aires, Argentina

29th march 2021

 

District Attorney of Philadelphia, Larry Krasner
Governor of Pennsylvania, Tom Wolf
Pennsylvania Secretary of Corrections, John Wetzel
Mumia’s partners and workers of the USA

 

Free Mumia Abu Jamal and all the political prisoners

We write this letter in the name of the Workers Party of the Argentine Republic, demanding the acquittal and freedom for Mumia Abu Jamal.

His case and his fight are internationally known. In an unprecedented ituation, after 39 years - 28 of them in an unconstitutional isolation on “death row”-, Mumia’s still in prison.

At the beginning of this month, we received the news that Mumia got infected with the COVID - 19 virus. The subhuman conditions that prison present, make them a place of contagion par excellence. Mumia’s case got additional risks due the complications from her previous liver and heart diseases. This item can’t be disregarded and the numbers are clear: At least 100 incarcerated people have died of COVID in Pennsylvania jails. Added to this, 90% of the prisoners who died because of coronavirus in 2020 were over the age of 50, according to 32 PA lawmakers in a Feb. 8th letter to Pennsylvania Governor, Tom Wolf. By the way: ¿Can anyone think that the infirmary of a state prison can give a correct treatment to this disease?

Mumia’s in jail despite his innocence and health condition. He was sentenced to death for his involvement with the Black Panthers, for his work organizing the Philadelphia branch, and for having denounced, as a journalist, police harassment and brutalities. And he’s still in prison because the Capitalist State, the bourgeoisie's parties and justice, are seeking to transmit a message in a United States in rebellion, which had thousands of workers in the streets with the Black Lives Matter movement, facing police violence against black and latin people. The whole legal process that Mumia faced was in violation of his guarantees; it was manipulated, with details, to obtain the sentence that was dictated. The insistence to avoid his release from prison is a message that seeks to educate those who rebel; those who face the imperialist state in the streets; those who organize for their demands.

Rather than intimidating us, these arbitrariness reinforce our struggle to free Mumia - and all political prisoners. We will redouble the actions of struggle throughout the world for his freedom.

As far as we are concerned, we’re spreading the cause for the liberation of Mumia through all our channels. Let’s repudiate more than ever his imprisonment and the US imperialist state that condemned him, as well as condemned thousands of workers every day. We demand their immediate release, the end of political prisoners and the repeal of the death penalty.

Néstor Pitrola, Romina del Plá, Gabriel Solano, on behalf of Partido Obrero (Argentina)

Versión en español.

29/03/2021
ESTADOS UNIDOS

Libertad a Mumia Abu Jamal y todos los presos políticos

Carta de Romina Del Plá, Néstor Pitrola y Gabriel Solano.

A nivel global, se están multiplicando los pronunciamientos por la liberación de Mumia Abu Jamal, periodista y activista por los derechos de la comunidad negra, quien lleva casi 40 años encarcelado tras un juicio plagado de irregularidades, en que se lo acusó sin pruebas de matar a un policía. A continuación, compartimos la carta de dirigentes del Partido Obrero.

Versión en inglés.

Al Fiscal de Filadelfia, Larry Krasner
Al Gobernador de Pennsylvania, Tom Wolf
Al Director del Departamento de Correcciones de Pennsylvania, John Wetzel
A los compañeros de Mumia y a todos los trabajadores de Estados Unidos

 

Libertad a Mumia Abu Jamal y todos los presos políticos

Escribimos esta carta en nombre del Partido Obrero de la República Argentina, exigiendo la liberación de Mumia Abu Jamal

Su caso y su lucha son conocidas internacionalmente. En una situación inédita, pasados 39 años -28 de los cuales fueron en aislamiento inconstitucional en el corredor de la muerte-, Mumia aún continúa en prisión.

A principios de este mes, conocimos la noticia del contagio de COVID–19 por parte de Mumia. Las condiciones infrahumanas que presentan las cárceles las convierten en lugares de contagio por excelencia. El caso de Mumia tiene un riesgo adicional por las complicaciones de sus enfermedades previas en hígado y corazón. No es un elemento que pueda desestimarse: Los números son claros: Al menos 100 personas encarceladas han muerto de COVID en las cárceles de Pensilvania. Por otra parte, 90% de los reclusos que murieron de coronavirus en 2020 tenían más de 50 años, según declararon 32 legisladores de Pensilvania en una carta al Gobernador de dicho estado, Tom Wolf, fechada el 8 de febrero de este año. Por otro lado: ¿alguien puede pensar que la enfermería de una prisión estatal puede dar un tratamiento correcto a esta enfermedad?

Mumia está encarcelado a pesar de su inocencia y su condición de salud. Fue condenado a muerte por su militancia en las Panteras Negras, por su trabajo organizando la filial de Filadelfia y por haber denunciado, desde su trabajo como periodista, las brutalidades policiales. Y sigue en la cárcel porque el Estado capitalista, los partidos de la burguesía y la justicia, buscan transmitir un mensaje en un Estados Unidos en rebelión, que tuvo a miles de trabajadores en las calles con el movimiento Black Lives Matter y enfrentando la violencia policial contra negros y latinos. Todo el proceso jurídico al que se enfrentó Mumia fue violatorio de sus garantías, fue armado y manipulado, precisamente, para obtener la condena que se dictó. La insistencia para evitar su salida de prisión es un mensaje que busca aleccionar a quienes se rebelan, a quienes enfrentan en las calles al Estado imperialista, a quienes se organizan por sus reclamos.

Lejos de amedrentarnos, estas arbitrariedades refuerzan nuestra lucha por conseguir la libertad de Mumia -y de todos los presos políticos. Redoblaremos las acciones de lucha en todo el mundo por su libertad.

De nuestra parte, estamos difundiendo la causa por la liberación de Mumia por todos nuestros canales. Repudiemos más que nunca su encarcelamiento y al Estado imperialista estadounidense que lo condenó, así como condena a miles de trabajadores cotidianamente. Exigimos su inmediata liberación, el fin de los prisioneros por causas políticas y la derogación de la pena capital.

Néstor Pitrola, Romina Del Plá, Gabriel Solano, en nombre del Partido Obrero (Argentina)

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29/03/2021

Paro de 96 horas en Amazon de Alemania

Los trabajadores del gigante del comercio electrónico Amazon iniciaron este domingo un paro de 96 horas en reclamo de aumento salarial. La medida abarca a instalaciones de la compañía de los estados de Renania del Norte-Westfalia y Hesse.

El reclamo es de 4,5% de incremento salarial. Además, los trabajadores denuncian que no se cumplen los protocolos sanitarios frente al Covid-19. Un vocero de Ver.di, el sindicato convocante, estima que 2 mil trabajadores participarán del paro (Politico, 29/3). En julio pasado, ya se había desarrollado una medida de fuerza, pero por 48 horas.

Con la pandemia, se han intensificado los ritmos de trabajo en la empresa, que está obteniendo grandes ganancias, favorecida por el cierre de tiendas a raíz de las cuarentenas. En todo el mundo, los trabajadores sostienen que la explotación llega a niveles insoportables. En Estados Unidos, empleados de los almacenes y choferes denuncian que la presión para alcanzar los objetivos de trabajo es tan grande que deben orinar en botellas de plástico para no perder tiempo (Business Insider, 26/3). En el Reino Unido hay denuncias semejantes.

Si bien engloba a un número pequeño en relación al total de trabajadores, el paro alemán se inscribe en un proceso organizativo en desarrollo en todo el mundo. La semana pasada, los trabajadores de Amazon Italia hicieron su primera medida de fuerza, por 24 horas. En noviembre pasado, en coincidencia con el Black Friday, pico de ventas de la compañía, hubo acciones de lucha en 15 países de cinco continentes.

En Estados Unidos, donde se encuentra el corazón del emporio fundado por Jeff Bezos (el hombre más rico del mundo), los trabajadores del estado de Alabama lograron, tras una larga lucha, la realización de una consulta para decidir si se forma un sindicato. En el día de hoy culminaba la votación, aunque los resultados no se conocerán en forma inmediata. La patronal desarrolló una campaña antisindical, e incluso ha contratado una agencia de detectives para registrar posibles activistas.

Apoyemos la lucha de los trabajadores de Amazon y de todas las tecnológicas.

https://prensaobrera.com/internacionales/declaracion-de-solidaridad-con-el-reclamo-de-los-trabajadores-de-amazon/

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29/03/2021

Pronunciamiento por una segunda conferencia latinoamericana y de los EE.UU.

De Juventud Obrera de Costa Rica.

Movilizaciones en Guatemala.

Juventud Obrera participó activamente de la primera Conferencia Latinoamericana y de los EEUU, convocada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad de Argentina, conferencia en la que participaron más de 60 agrupaciones políticas y con presencia en 16 países. Incluso más, la conferencia resultó un impulso adicional para la formación de nuestra agrupación, bajo el entendido que precisamos de una delimitación crítica, y no de una unidad oportunista y sin principios, que clarifique el lugar político de cada grupo, y avance en la claridad por una alternativa verdaderamente revolucionaria. A la participación activa durante la Conferencia, a la campaña por su concreción y a la realización de las acciones allí votadas, le añadimos la edición de un documento político como contribución a los debates, editado junto a otras organizaciones del continente.

El presente pronunciamiento hace un llamado a las organizaciones que se reivindican de izquierda revolucionaria, independientes y antiimperialista, en especial a aquellas que ya participaron de la Conferencia anterior, con la finalidad de desarrollar un debate abierto para lograr construir un frente único de lucha a escala continental. Esta es la única salida para superar los desafíos del presente momento histórico, en que se ha acentuado la crisis de dirección del proletariado, a la vez que se agudiza la tendencia al colapso del propio capital.

La lucha continental y su vigencia

Nos encontramos en una etapa de choques entre potencias, rebeliones y ofensivas capitalistas. Las rebeliones tuvieron su inicio en 2019. A pesar de la irrupción de la pandemia y la desmovilización promovida por los gobiernos de todos los arcos políticos, la vigencia de la irrupción popular se encuentra a la orden del día. En el caso particular latinoamericano, la rebelión ha tenido un impacto notable.

En Bolivia hemos visto la resistencia de un pueblo que logró contrarrestar el golpe de Estado que se realizó con el aval de todo el Grupo de Lima, y la complicidad del resto de naciones latinoamericanas. La gran movilización y los cortes de ruta fueron la verdadera causal del llamado a elecciones, y no la pasividad presentada por parte del MAS y en particular de Evo Morales, que llamó a una pacificación con los sectores golpistas.

En el caso de Chile llevó al apruebo del plebiscito, un triunfo del movimiento popular que comenzó aquel 18 de octubre con el famoso “no son 30 pesos, son 30 años”. No obstante, las problemáticas respecto al plebiscito no acabaron con su aprobación, sino que apenas comenzaron. Las trabas que se le impusieron a la Convención para lograr ejecutar reforma alguna muestran la planificación del propio Sebastián Piñera, que le brindó una estructura reaccionaria a la propia Convención. La falta de solución que brindará el proceso constituyente podrá servir de yesca para nuevos procesos de lucha.

La crisis política que se ha desarrollado en Perú desató un verdadero golpe de Estado, y tras la destitución de Martín Vizcarra, múltiples cambios presidenciales y el auge de la lucha en las calles. El cuadro se completa con la lucha contra el FMI en Ecuador y las movilizaciones en Colombia contra el gobierno de Iván Duque, a las que ahora se suma Paraguay, por el fin del odiado gobierno.

Estas movilizaciones renovaron sus bríos a partir de la rebelión que se efectuó en el centro del imperialismo mundial, los Estados Unidos. A partir del auge de la lucha y de las resoluciones de la Primera Conferencia Latinoamericana y de los EEUU, realizamos un acto frente a la embajada de los EEUU en el que participaron diversas fuerzas de izquierda. Allí levantamos la consigna “Fuera Trump”, impulsando entonces su salida del gobierno, pero echado por las masas, por aquellas personas que quieren una transformación social de fondo.

Insoslayable es la lucha del movimiento de mujeres y diversidades, que en el caso de Argentina logró conquistar el aborto legal, frente a las presiones de los sectores clericales y anti-derechos. La lucha por el aborto, la separación de la Iglesia y el Estado y el Ni Una Menos sirvieron de caldo de cultivo de las rebeliones, y pusieron en primera plana la lucha contra los Estados.

A esto se le debe sumar las grandes luchas del sector de la juventud precarizada. En particular, el sector de repartidores ha logrado consumar tres paros internacionales, con presencia en prácticamente todos los continentes. En Costa Rica, el creciente ataque hacia este sector llevó a Juventud Obrera a la creación del sindicato Unión Nacional de Trabajadores de Plataformas, que se ha puesto en la vanguardia de la lucha contra los atropellos de las transnacionales.

Centroamérica: el patio trasero de los EEUU

En este marco de rebeliones, debemos comenzar señalando que ningún análisis de la puja mundial, en particular la disputa comercial de EEUU y China, podrá ser completo si no se trata el patio trasero. Incluso más, un análisis detallado del patio trasero puede servir de espejo de la situación concreta en que se encuentra el imperio. Como marxistas es imperante no caer en una lógica regionalista, sino partir del análisis de la totalidad concreta, ir de la parte al todo y del todo a la parte.

Centroamérica ha sido espacio de grandes enfrentamientos desde el comienzo de la pandemia. En Honduras la lucha en Tegucigalpa contra el gobierno autoritario de Juan Orlando Hernández (JOH) mostró picos sorprendentes. Nicaragua, el país con la mayor cantidad de intervenciones estadounidenses en el mundo, continúa en tensión ante el actual gobierno de Daniel Ortega, que suscitó las olas de protesta brutalmente reprimidas en el 2018. Sin embargo, se debe recordar que en el caso de Nicaragua, la burguesía opositora al gobierno de Ortega también tiene intereses en la orientación del movimiento popular.

Guatemala ha sido otro punto alto, en tanto las protestas por el presupuesto de ajuste promulgado por el presidente derechista y ultraconservador Alejandro Giammattei. Luego de haber plantado una guillotina frente al Congreso y haber prendido fuego una de las ventanas del propio edificio, se puso un freno al presupuesto al igual que a dos préstamos que vendrían a financiar el gasto. Apenas cumplido el primer año de Giammattei, la exigencia de su renuncia resuena en todo Guatemala.

En Panamá hemos visto movilizaciones desde el día que llegó la pandemia contra el centroizquierdista Laurentino Cortizo. La llegada del Covid acentuó las problemáticas más sentidas en Panamá: el acceso a la tierra y servicios básicos, la creciente privatización de las instituciones públicas. No obstante, ha sido el hambre el factor determinante para los estallidos sociales, en un país en que la izquierda ha sido históricamente proscrita.

En El Salvador se está desarrollando actualmente la gran toma de fábrica de Florenzi que lleva ya 7 meses, estando presente una fuerte denuncia a Nayib Bukele, el llamado presidente sin ideología. Estos hechos suscitaron un acto unitario de la izquierda frente a la embajada de El Salvador, en el que participó una delegación de Juventud Obrera. Bukele es, lisa y llanamente, un empresario populista de derecha con amplios rasgos autoritarios, que sigue tomando fuerza a pesar del desastre económico que se vive en El Salvador.

Finalmente, el caso de Haití no debe ser dejado de lado, a pesar de no tratarse de un país centroamericano como tal. Las protestas que comenzaron en el 2019 y continúan álgidas para el 2021 van dirigidas hacia el presidente Jovenel Moïse, quien cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), y en particular el apoyo de Joe Biden, presidente de los EEUU. Haití, el país de la gran rebelión anti-esclavista y anti-colonialista de 1791, sigue estando dominado hasta la médula por el imperialismo.

El proceso de movilizaciones en Costa Rica y la necesidad de tomar las riendas del movimiento

En el caso de Costa Rica, el 2020 cerró con grandes movimientos de lucha, aunque capitalizados por una dirección ligada a las burocracias de los sindicatos, Rescate Nacional. Dicho colectivo surgió como iniciativa de José Miguel Corrales y Célimo Guido. El principal reclamo de este movimiento es que se descarte, al menos durante esta administración, cualquier tipo de acuerdo con el FMI. Además se pronuncian en contra de la venta de activos estatales y de impuestos indirectos. La consigna “No más impuestos” ha sido la que dominó el panorama político.

Con ella, la burocracia está intentando, una vez más, subsumir los reclamos obreros tras un frente con un ala de la burguesía. Pero, al final de cuentas, se trata de perspectivas antagónicas: mientras que los patrones están en una puja por la renta nacional costarricense, los trabajadores necesitan urgentemente un aumento salarial, recuperar los convenios laborales y recomponer sus fondos previsionales, lo cual los enfrenta, objetivamente, con esa misma clase empresarial que hoy busca estrechar lazos. Los revolucionarios intervenimos en este proceso con una postura de independencia política.

En estos momentos, la política nacional costarricense se encuentra en buena medida determinada por el arribo del Fondo Monetario Internacional, y su crédito de facilidades extendidas para los próximos tres años. El acuerdo contiene reformas estructurales que se encuentran alineadas con aquellas desplegadas en las solicitudes de la OCDE. La deuda ascendió a ¢24.289.927 millones (69,7% del PIB), y todo indica que la solución del gobierno será tomar más y más deuda.

El préstamo con el FMI por $1.778 millones llegó de la mano de alrededor de ocho proyectos de ley que implican reformas estructurales que atacan al salario. La ley de Empleo Público, de la cual ya se ha derramado montón de tinta, tiene la potencialidad de convertirse en el ataque más duro hacia la clase trabajadora bajo el mando de Carlos Alvarado.

En resumidas cuentas, nos encontramos ante una presunta salida a la crisis que no hace más que exacerbar las contradicciones de la estructura colonial del país. Las políticas de ajuste al costo laboral y de ataque al déficit fiscal retratan el anhelo de los empresarios por incrementar el margen de ganancias a costa de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Estos ataques brutales no garantizan ningún proceso de expansión económica, ni siquiera un crecimiento de la inversión y de la búsqueda de productividad, sino que agudizan las tendencias a la debacle.

Rescate Nacional y ANEP [Asociación Nacional de Empleados Públicos] declararon la vuelta a las calles el día 15 de febrero, a partir de que el gobierno incumplió su palabra y decidió continuar las negociaciones del FMI. A este llamado se sumó un total de 30 organizaciones sociales y sindicales. No obstante, las direcciones se encargaron de contener la deliberación por abajo y birlar la potencia del 2020.

Quien ha quedado al mando de Rescate Nacional es Célimo Guido, que actualmente se encuentra vinculado al Partido de Integración Nacional, un partido nacionalista y populista de derecha. El PIN, un partido minoritario en la Asamblea Legislativa, se ha declarado enemigo de la migración, a la vez que opuesto al matrimonio igualitario, al aborto, la educación sexual y cualquier tipo de derecho reproductivo. De tal forma, se declara patriota, religioso y a favor de la llamada “familia tradicional”. Célimo Guido hace mofa de “La Nazión”, pese a tener un sustento ideológico supremacista, que por momentos oculta, similar al del nazismo.

Así y todo, existe un componente inobjetable dentro de la coyuntura actual. El movimiento se encuentra dirigido por el nacionalismo burgués, pero no nació ni se sostiene gracias a ellos. El movimiento se sostiene por el descontento y la rabia de las personas trabajadoras explotadas, y es evidente que, durante las grandes jornadas de 2020, las bases escaparon parcialmente al control burocrático. En palabras del propio Célimo Guido, “si nosotros, Rescate Nacional, no hacemos la convocatoria esto se desborda solo, y eso Dios sabe si es peligroso.” Es decir, Rescate Nacional se muestra al público y al aparato estatal como un elemento de contención, a pesar de hacer un llamado a la “protesta social”. Una vez más, la apariencia oculta la esencia reaccionaria.

La consecuencia directa que se deslinda de este análisis es la necesidad de intervenir en el movimiento de lucha, acompañar los repertorios de protesta con un programa propio -de confrontación con el Estado-, y poner todas las fuerzas en arrebatar la dirección del movimiento Rescate Nacional. Ponerse de espaldas al trabajador en lucha es digno de una secta que busca, simplemente mirando para el costado, superar la conciencia enajenada del proletariado y el sector campesino.

El Frente Amplio, un clásico frente popular de corte electoralista y policlasista, se ve cada día más debilitado a lo interno. Esto tiene su razón de ser en la integración al gobierno fondomonetarista del PAC, y al hecho de haberle dado la espalda a la lucha en las calles. El diputado José María Villalta llamó a una negociación pacífica, y a levantar los bloqueos. Luego de esto, celebraron con ímpetu los resultados de la mesa de diálogo convocada por el gobierno.

La reciente salida de Patricia Mora y del conjunto del Frente Amplio de las filas del gobierno no se trata de una ruptura de fondo, ni exime al partido socialdemócrata de haber participado de lleno en los ajustes de los años anteriores. Se trata de una estrategia política en miras a las elecciones 2022, con la intención de intentar lavar la cara del partido, mientras mantienen su compromiso y pliegue a la institucionalidad y democracia burguesa.

Entre tanto, el sindicalismo integrado al Estado constituye un caso especial. El papel tomado en las mesas de diálogo fue cuando menos lamentable, y las peticiones realizadas fueron desestimadas, en particular el freno a la eliminación de la exoneración del salario escolar. El rol de contención del sindicalismo se acentúa en su nula labor frente a la Ley de Empleo Público, a la cual le brindarán ciertas observaciones por medio del diálogo.

En época de auge popular y medidas de ataque del gobierno, en lugar de engrosar sus filas, se retraen cada día más. Esto es una clara renuncia a la construcción de un sindicalismo combativo, para lo cual quedará por verse la actitud de las bases frente a la pasividad de las cúpulas. Todo lo cual no puede descartar la necesidad de una fuerte clarificación en la base, sobre el papel traidor de las burocracias y la necesidad de luchar por una nueva dirección en los sindicatos.

El planteo de una coordinación de delegados electos con mandato de base, que rompa el pacto de la cúpula sindical con las distintas alas de la burguesía, se impone como un norte para este movimiento. Está planteada la perspectiva de un plan de lucha y la huelga general hasta tirar definitivamente el acuerdo con el FMI. No al pacto de recambio burgués UCCAEP [cámaras empresarias]-Rescate Nacional. Una verdadera reorganización económica sólo podrá ser dirigida por la clase trabajadora.

La vitalidad de una segunda Conferencia Latinoamericana

La necesidad de levantar un movimiento clasista en Costa Rica es de primera orden, debemos retomar la dirección de los sindicatos entregados al capital nacional y extranjero, brindando una vía revolucionaria por medio de la independencia política del gobierno y del Estado. Desde Juventud Obrera continuaremos en nuestra labor de apoyo y dirección de las luchas de la juventud precarizada, y del conjunto de trabajadores explotados. Hacemos un llamado a la vanguardia obrera y juvenil a realizar un trabajo en conjunto, en miras de la lucha por un gobierno obrero.

El llamado lo extendemos a su vez a la Organización Socialista Revolucionaria (OSR) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organizaciones que participaron de la primera Conferencia Latinoamericana y de los EEUU, al igual que las convocatorias al acto en apoyo a la rebelión en EEUU, el apoyo a las movilizaciones de trabajadores de reparto de APP, y la convocatoria por el día de América Latina y el Caribe por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero también al Partido de los Trabajadores (PT), al Nuevo Partido Socialista (NPS) y a todas las organizaciones obreras y campesinas que se reclaman independientes y de lucha, especialmente a los grupos y activistas que han participado de los recientes bloqueos y acciones. De esta manera, buscamos continuar con la creación de un frente único de lucha a escala continental, que logre dar pasos firmes para superar la crisis de dirección del proletariado.

La verdadera salida alternativa pasa por romper con el FMI, repudiar la deuda externa usuraria y fraudulenta, y nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero. Somos conscientes de que no se trata de una tarea fácil o espontánea, pero es la conclusión necesaria a la que debe arribar la ola de rebeliones que ha alcanzado países como Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Francia, Estados Unidos, e incluso la India. Para esto reafirmamos la necesidad de una Segunda Conferencia Latinoamericana y de los EEUU, como instancia para lograr un frente único de lucha a escala continental y damos inicio a una campaña al respecto en nuestro ámbito. Esta es la única vía posible para que la crisis la paguen los capitalistas y que gobiernen los trabajadores y campesinos.

https://prensaobrera.com/internacionales/por-una-segunda-conferencia-latinoamericana-y-de-los-estados-unidos-2/

https://prensaobrera.com/internacionales/urge-una-ii-conferencia-latinoamericana-que-canalice-las-rebeliones-populares-en-curso/

28/03/2021

Entre la deuda externa y la segunda ola

Panorama político de la semana.

Este 24 de marzo, decenas de miles de personas se movilizaron en todo el país a 45 años del golpe genocida. La jornada no solo fue la ocasión para reclamar justicia por los 30 mil desaparecidos (solo tiene condena una pequeña parte de los represores), sino también para luchar contra la impunidad de hoy: en la movilización a Plaza de Mayo, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el documento común de las organizaciones presentes denunció la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro (a manos de la Bonaerense), la de Santiago Maldonado y el crimen de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, en Río Negro.

Uno de los grandes datos de la movilización a Plaza de Mayo fue la presencia masiva del movimiento piquetero, en lucha contra el hambre, la desocupación y por la vivienda (miles y miles se agruparon en las columnas del Polo y del Partido Obrero). También estuvieron presentes sindicatos como  el Sutna, Sutebas combativos, AGD-UBA, Ademys, Cicop, Sipreba, y ATE Sur.

De la jornada se borraron tanto la burocracia sindical como el kirchnerismo. Para disimular esta situación, Cristina Fernández de Kirchner hizo desde Las Flores algunas críticas contra el FMI. Pero leídas con atención, esas declaraciones se limitan a reclamar algunas mejoras en los plazos de pago y en la tasa de interés. El gobierno no tiene ninguna intención de confrontar con el FMI, sino, en el mejor de los casos, de dilatar el acuerdo hasta después de las elecciones parlamentarias, para no tener que cargar en ellas con la mochila del enorme ajuste que exige el organismo. Mientras tanto, la negociación prosigue (Martín Guzmán estuvo de gira por Estados Unidos), y el gobierno trata de hacer buena letra. Basta ver que en febrero el gasto en salarios públicos se redujo un 13% real.

Pero el cacareo de la vicepresidenta debe ser contrastado también con los últimos movimiento del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Este realizó una nueva propuesta de reestructuración de la deuda estadual para agradar al capital financiero, incluyendo la eliminación de la quita del capital y el reconocimiento de los intereses devengados durante la negociación, entre otros ítems. “Para tener una dimensión de lo que representan estos beneficios extras, equivalen al total del plan de obra pública provincial 2021, y cinco veces al presupuesto para comedores o escolares”, señala Daniel Rapanelli en un artículo publicado ayer en Prensa Obrera.

El Comité de Bonistas, que nuclea a algunos de los principales acreedores, rechazó la oferta y quiere más. Una dinámica conocida: el gobierno termina cediendo en toda la línea al gran capital. Simultáneamente, Kicillof anunció un aumento del 7% en las tarifas de la luz (exceptuando por ahora al Area Metropolitana, que empiezan a discutirlo esta semana).

La otra movida política con la que el gobierno buscó desviar la atención del 24 de marzo fue la salida del Grupo de Lima. Este engendro creado por los gobiernos derechistas de la región para conspirar, junto a los Estados Unidos, contra Venezuela, ha fracasado en imponer sus planes golpistas. El autoproclamado presidente Juan Guaidó quedó eclipsado tras dos intentonas frustradas. Pero además, esos mismos gobiernos debieron poner las barbas en remojo ante la crisis en sus respectivos países. Al chileno Sebastián Piñera se le incendió el país con la rebelión de 2019 y Bolsonaro condujo a Brasil a una de las catástrofes sanitarias mayores de su historia.

El gobierno argentino sabe leer este escenario y se desmarca, pero eso no equivale a una posición antiimperialista. Se mantiene dentro del Grupo de Contacto, impulsado por la Unión Europea, que impulsa una salida ordenada del régimen, y especula con que el propio Joe Biden virará de posición para impulsar algún tipo de negociación que incluya a Maduro, la oposición golpista, el clero y los empresarios.

Ya que nos estamos refiriendo al plano regional, apuntemos que esta semana se llevó a cabo la cumbre de mandatarios del Mercosur, a 30 años de la firma del Tratado de Asunción. Esta volvió a mostrar las tendencias a la disgregación del bloque. Lo resumió el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien lo calificó como un “lastre”. Uruguay y Brasil presionan para una rebaja del arancel externo común y quieren avanzar en la firma de acuerdos comerciales al margen del bloque.

Toda la región se encuentra profundamente golpeada por la segunda ola del Covid-19. Si se toman los casos en forma global, América del Sur alcanzó el día 22 el pico más alto de infecciones y muertes (La Nación, 24/3). En Paraguay, esta crisis está en la base de una rebelión popular. En Uruguay, que hasta ahora era de los países menos afectados, ya se detectó en siete departamentos la cepa P1, que es más agresiva. El gobierno chileno se vio obligado a instrumentar una cuarentena. No hay palabras para describir el escenario brasileño, con hospitales colapsados donde los médicos deben decidir quién vive y quién muere. Toda esta situación se agrava por la escasez de vacunas, acaparadas por los países centrales.

En nuestro país, los casos crecen en forma sostenida. Ante la falta de vacunas, el gobierno ha retomado la política de diferir la segunda dosis de vacunación, para dar esas inyecciones a otras personas y alcanzar así un mayor nivel de cobertura. Es importante destacar que en Argentina se fabrica una parte de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19, en una planta ubicada en el Gran Buenos Aires que pertenece al empresario Hugo Sigman. El compuesto activo que se produce allí es enviado para su envasado a México. Argentina firmó un contrato de provisión por 22 millones de dosis, pero solo recibió 580 mil, un 3%. El Frente de Izquierda – Unidad realizará un acto frente a la planta del Grupo Sigman este lunes 29 con el reclamo de que se intervenga la producción.

La intervención de los trabajadores resulta clave ante la crisis sanitaria, social y económica. El Partido Obrero plantea un gran acto el 1° de mayo en Plaza de Mayo convocado por el Frente de Izquierda Unidad. Contra el acuerdo con el FMI, por paritarias libres, en apoyo a los levantamientos populares en la región.

*La columna del editor de PrensaObrera.com se publica todos los domingos por la mañana. Recibí el adelanto en tu mail los sábados por la tarde, suscribite a nuestros newsletters

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27/03/2021

Frontera caliente: Biden continúa las deportaciones de migrantes

La crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México ha dado un salto. En el mes de febrero, las detenciones en suelo norteamericano totalizaron un poco más de 100 mil personas, de las cuales 70 mil fueron deportadas por la administración Biden. Las cifras son las más altas desde 2019. En los comienzos de la pandemia, había mermado la circulación de migrantes, pero se volvió a disparar en los últimos meses. Para marzo, se esperaban cifras aún mayores.

Biden venía tratando de mostrarse diferente a las políticas de tolerancia cero de su predecesor en el cargo, Donald Trump. A tal efecto, frenó la deportación en caliente de menores que llegan solos al país. Pero dejó bien en claro que la frontera estaba cerrada. Las expulsiones masivas de estas semanas, así como las imágenes que muestran el hacinamiento de menores en los centros del gobierno federal en la frontera (a la espera de alguna familia que los patrocine), muestran el verdadero rostro del imperialismo.

Para tratar de apaciguar la crisis, Biden formó un equipo que tiene al frente a la vice Kamala Harris. Una de las claves será presionar a los gobiernos centroamericanos para que detengan la migración. Del mismo modo que Trump amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos si el gobierno no controlaba los migrantes, ahora Biden condiciona la entrega de vacunas de AstraZeneca. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que “no somos una colonia”, pero lo cierto es que está cumpliendo con los dictados norteamericanos. Por estos días, volvió a desplegar cientos de militares y miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur (El Financiero, 19/3). Además, hubo miles de detenciones durante febrero en las rutas. Y el canciller Marcelo Ebrard firmó un acuerdo para promover la “migración controlada” con Roberta Jacobson, la funcionaria del Departamento de Estado que está a cargo de la frontera con México. Biden también designó un funcionario, Ricardo Zuñiga, para que realice gestiones frente a los países del llamado triángulo norte (El Salvador, Guatemala, Honduras), origen de las caravanas migratorias más masivas.

Trump aprovechó la nueva oleada migratoria para cargar contra Biden, a quien acusó de abandonar sus políticas brutales. Pero lo que muestra la crisis es que no hay represión, amenazas ni llamados a quedarse en casa capaces de detener los flujos migratorios, cuyo origen es la descomposición social que se vive en los países centroamericanos. El imperialismo es el máximo responsable de esta situación, al promover las dictaduras y gobiernos que hundieron la región.

El salto en la crisis coincide con el comienzo del debate de la reforma migratoria en el Congreso. Presentada con bombos y platillos como una vía para regularizar a los más de 11 millones de indocumentados que hay en el país, lo cierto es que quedaría restringida a los dreamers (comunidad que representa a jóvenes, la mayoría mexicanos, que llegaron al país de niños), que son cerca de un millón, y a los trabajadores agrícolas. Ambos sectores podrían acceder a la residencia permanente (green card), en caso de que prosperen las negociaciones parlamentarias entre demócratas y republicanos.

El objetivo de Biden es aligerar el flujo migratorio y una otorgación de credenciales en dosis homeopáticas, que sirvan también a un sector de la burguesía norteamericana que se vale de la mano de obra migrante. El mandatario derogó en febrero una medida de Trump que congelaba las visas de trabajo en industrias de alta tecnología “y una variedad de otras para trabajadores poco calificados” (La Nación, 26/2).

Frente a la crisis migratoria, es necesaria la unidad de los migrantes y trabajadores norteamericanos, en una lucha común contra el gran capital y el Estado imperialista.

Imagen del centro de Donna, Texas.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-horror-de-la-ruta-migratoria-de-africa-a-medio-oriente/

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27/03/2021

Las elecciones no cancelan la crisis política en Israel

Israel fue a las urnas este martes por cuarta vez en dos años para tratar de salir de un pantano político. Desde la ruptura de la coalición de gobierno que lideraba el primer ministro Benjamin Netanyahu en 2019, el país atravesó sucesivas elecciones sin que surgiera de ellas una mayoría parlamentaria sólida. Tras los comicios de marzo de 2020, se formó un gobierno de “unidad nacional” entre los dos principales rivales, Netanyahu y Benny Gantz (exmilitar que comandó las fuerzas de invasión de Gaza en 2014), pero este naufragó a los pocos meses debido a brutales disputas de poder, lo que precipitó la última votación.

Los comicios de este martes vuelven a arrojar un escenario de gran fragmentación, incluso mayor a la que ya existía, lo que complica la formación de un nuevo gobierno (se necesita sumar 61 bancas, la mitad más uno de la Knéset). Se han iniciado negociaciones a todas las bandas para evitar una quinta elección, que podría repetir los mismos resultados de este martes y prolongar de ese modo la impasse. En las urnas, comienza a notarse un desgaste. La participación cayó al 67%, que es el nivel más bajo desde 2009.

El Likud, partido de Netanyahu, fue otra vez la primera fuerza, con 30 bancas. Pero perdió seis escaños respecto a la elección anterior (los resultados que damos son con el 90% de actas escrutadas, puede haber pequeñas variaciones en el reparto final de espacios). Se vio afectado por un desprendimiento, Nueva Esperanza, que obtuvo seis legisladores. Pero además, el gobierno ha tenido que lidiar con las consecuencias de la pandemia, que agravaron la crisis económica y social, llevando a una caída del 6% del PBI en 2020 y a una suba del desempleo que superaba el 19% en febrero (Xinhua, 15/2). En estas condiciones, no le sirvió a Netanyahu para sumar bancas ni el éxito del plan de vacunación ni la demagogia para atraer a una porción del voto árabe.

Para Netanyahu, mantenerse en el poder resulta clave para evadir las múltiples causas de corrupción que pesan en su contra. Sus primeras negociaciones irán dirigidas a los partidos de la derecha ultraortodoxa, que sumaron nuevamente 17 bancas; a la extrema derecha de Naftali Bennet (exministro de defensa de Netanyahu, que logró 7 lugares) y al Partido Religioso Sionista, con 6. Aun así, esta combinación no le da los 61 diputados necesarios, con lo que tendría que recurrir a fuerzas de otro espectro político.

En segundo lugar quedó Yesh Atid (en teoría, de centro), del periodista Yair Lapid, con 17 escaños, quien se transforma en líder de la oposición y buscará forjar una coalición que desplace del poder a Netanyahu. Lapid integraba la desaparecida alianza Azul y Blanco, que obtuvo 33 bancas en marzo pasado y feneció cuando Gantz decidió integrarse al gobierno de unidad con Netanyahu. Dicho pacto fue un ancla para Gantz, que cayó a ocho escaños en esta elección. Los primeros socios que podría sumar Lapid son los centroizquierdistas Meretz y el laborismo (conjuntamente suben de 7 a 12 bancas). Pero esto no le alcanza para formar una mayoría, por lo que debería recurrir a negociaciones adicionales con los partidos árabes y la derecha.

La vieja Lista Conjunta de los partidos árabes, que había sido tercera fuerza en la elección pasada con 15 escaños, se dividió esta vez en dos bloques y cayó a 10 diputados (5 para la Lista Arabe Unida y 5 para el Ra'am). Si ya se había agrietado el año pasado respecto a la posibilidad de formar gobierno con Gantz (el Balad rechazó esa variante, debido al papel de aquel en la invasión de Gaza), ahora directamente se quebró, con un ala dispuesta inclusive a una colaboración política con Netanyahu. Se trata del Ra'am, dirigido por Mansour Abbas, quien se ofrece al mejor postor, dado que no descarta tampoco sumarse a un gobierno con Lapid.

Las negociaciones estarán marcadas por la más completa falta de principios. Se discuten todo tipo de combinaciones políticas. Basta recordar que el gobierno anterior surgió de un acuerdo entre los dos principales rivales, que se habían atacado durante toda la campaña electoral. Lo que lubricó aquel acuerdo fue el reparto de cargos. La cantidad de ministerios se elevó al número récord de 36.

Pero además, las negociaciones pueden combinarse con fuertes choques políticos. Yesh Atid y Yisrael Beitenu (partido del exministro Avigdor Lieberman, un derechista laico que rompió con Netanyahu en 2019 y centró sus campañas electorales en denunciar los privilegios de los ultraortodoxos) evalúan copar puestos claves de la Knéset y presentar un proyecto que impida a Netanyahu competir en una eventual quinta elección (Jerusalem Post, 24/3). Por supuesto, el primer ministro no se quedaría de brazos cruzados.

Más allá de estos choques, los principales partidos del arco político israelí comparten la política de sojuzgamiento del pueblo palestino. El 2020 fue uno de los años récord en la construcción de asentamientos. Y son tributarios del “acuerdo del siglo”, un plan del imperialismo para profundizar la anexión de Cisjordania (el cual incluye la apropiación del valle del Jordán), que fue suspendido -pero no abandonado- a raíz de la crisis sanitaria.

A la barbarie del sionismo, es necesario oponerle la lucha por una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

 

Elecciones de marzo de 2021 (cantidad de bancas, con el 90% de votos escrutados)

Likud (Netanyahu): 30

Yesh Atid (“centro”): 17

Shas (ultraortodoxos): 9

Azul y Blanco (Gantz): 8

UTJ (ultraortodoxos): 7

Laboristas: 7

Israel Nuestra Casa (derecha laica): 7

Yamina (derecha): 7

Nueva Esperanza (ruptura del Likud): 6

Partido Religioso Sionista: 6

Lista Arabe Unida: 5

Ra'am (árabe): 5

Meretz (centroizquierda): 5

 

 

Elecciones marzo 2020

Likud (Netanyahu): 36

Azul y Blanco (Gantz-Lapid): 33

Lista Conjunta (árabes): 15

Shas (ultraortodoxos): 9

Laborista-Meretz (centroizquierda): 7

Israel Nuestra Casa (derecha laica): 7

UTJ (ultraortodoxos): 7

Yamina (derecha): 6

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26/03/2021

Por una segunda conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos

Texto del Grupo de Acción Revolucionaria de México.

Imagen de la rebelión popular chilena, en 2019.

A las compañeras y compañeros del Partido Obrero

A las compañeras y compañeros del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad de Argentina

A las organizaciones revolucionarias de América Latina participantes de la primera Conferencia Latinoamericana

 

La lucha por el derrocamiento del capitalismo y la instauración del socialismo son hechos internacionalistas por la misma necesidad que impone la realidad. La crisis económica global agravada por la pandemia mundial del virus SARS-CoV-2 son claros ejemplos de cómo la decadencia capitalista es un hecho mundial. Por lo tanto, la acción consciente y revolucionaria del proletariado para superar el régimen de la burguesía tiene que ser de la misma magnitud: internacional. Es por ello que cualquier construcción que abone a la organización revolucionaria mundial del proletariado tiene que ser apoyada por el Grupo de Acción Revolucionaria. Es para nosotras y nosotros una cuestión de principios.

Se debe sumar también las particularidades que se dan en América Latina debido al sometimiento del imperialismo. La crisis del capital tiene su cara más cruda en la realidad del pueblo trabajador y oprimido de esta región. La posibilidad de que los gobiernos latinoamericanos  logren superar la crisis es casi nula, esto generará desempleo, quiebras fiscales, mayor endeudamiento y a la larga mayor opresión. Por otro lado, una de las peores caras de la crisis sanitaria producto de la Covid-19 se ve en esta parte del mundo. Brasil y México ocupan el segundo y tercer lugar a nivel mundial en cifras acumuladas de muertes. Pero también los estragos se han sentido en Perú, Argentina, Ecuador y Chile, sólo por mencionar algunos casos. Además, esta cuestión se agrava debido a que el acceso a la vacuna está acaparado por los países imperialistas.

La primera Conferencia Latinoamericana recogía una caracterización importante sobre la situación de la región desde 2019: la tendencia al incremento de las rebeliones populares producto de la elevada polarización social. Las condiciones a inicios del 2021 sólo confirman que estamos en la antesala de movilizaciones importantes dentro de la región debido a que las condiciones objetivas que impone la crisis del capitalismo son ya una traba para el desarrollo pleno de los pueblos América Latina y el mundo. Por lo cual el reto de las organizaciones revolucionarias del continente es construir un polo de independencia política para la lucha del proletariado  en América Latina y los Estados Unidos, que dé una salida programática e inyecte de perspectiva las luchas cotidianas del pueblo explotado y oprimido, es decir, que plante la necesidad de una salida de las y los trabajadores.

Una alternativa socialista internacional en América Latina y el mundo es imperante. Sin embargo, ¿cómo lograrla? La Conferencia Latinoamericana y de los  EE. UU. convocada por las organizaciones integrantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) de Argentina a la que el GAR se sumó es un camino. Entre las conclusiones más importantes estuvo que la izquierda revolucionaria es marginal en estos momentos, desde las organizaciones más grandes en Argentina, Brasil o Bolivia, pasando por las organizaciones embrionarias en países como México, Chile y Perú, la marginalidad es un aspecto de profunda importancia pues ha llevado a las organizaciones que se reclaman revolucionarias integrar frentes amplios como el PSOL en Brasil o mantener una política sectaria que de un lado los lleva a la cola de los procesos del nacionalismo burgués y del otro los aleja de las masas.

Es necesario seguir discutiendo una política de intervención clasista en los diferentes planos de la lucha cotidiana, ya sea desde la lucha en contra de los recortes salariales y de la precarización del trabajo, así como en la lucha del movimiento de mujeres por las conquistas democráticas como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La izquierda revolucionaria tiene que salir de su letargo, la barbarie capitalista nos impone la urgencia de convertirnos en una opción que plantee el socialismo y el gobierno de trabajadores como mecanismos de solución real de los problemas de las grandes masas.

Los temas que aquí se han planteado siguen vigentes para su discusión. La articulación internacionalista necesita seguir construyéndose. En ese sentido, desde el GAR de México, decimos que se deben continuar los trabajos de la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos. Nos adherimos a la propuesta del Partido Obrero de Argentina de realizar una segunda edición. No se debe perder la oportunidad de que las organizaciones revolucionarias de esta región sigan construyendo una propuesta organizativa que genere una praxis que esté a la altura de las próximas rebeliones populares, transformando su carácter en una verdadera lucha por el socialismo.

¡Por una salida obrera y socialista!

¡Por un gobierno de trabajadores!

¡Por la unidad socialista de América Latina!

¡Por una segunda Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos!

¡Luchar, Vencer!

https://prensaobrera.com/internacionales/urge-una-ii-conferencia-latinoamericana-que-canalice-las-rebeliones-populares-en-curso/

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https://prensaobrera.com/internacionales/por-una-segunda-conferencia-latinoamericana-y-de-los-ee-uu/

26/03/2021

El escenario económico internacional actual y el que se viene (segunda parte)

Un año después del estallido de la pandemia.

Primera parte

La economía capitalista en las metrópolis está plagada de empresas zombis, cuyas utilidades ni siquiera alcanzan para pagar sus gastos y que sobreviven gracias al endeudamiento barato que hoy existe y que es renovado permanentemente. Recordemos que la deuda corporativa asciende al 80 por ciento del PBI y sigue creciendo. Un aumento de la tasa de interés provocaría una quiebra de estas empresas. Esto pone de relieve el carácter precario de la proclamada recuperación y explica que el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano a diez años haya provocado pánico y estremecido los mercados, abriendo paso a un derrumbe bursátil. Lo paradójico es que lo que en tiempos "normales" se hubiera considerado una noticia alentadora, ahora es vista como una desgracia. El aumento en los rendimientos de los bonos, a primera vista, debería ser tomado como un síntoma positivo de reactivación, como resultado de la perspectiva de un repunte en la actividad económica y de los precios. El presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, hizo referencia a este hecho dando la bienvenida al aumento en los rendimientos de los bonos como una indicación de un crecimiento económico. Pero, en la actualidad, el solo hecho de que pueda abrir paso o al menos insinuar un ascenso de las tasas de interés, aunque sea de forma limitada, provoca grandes turbulencias financieras.

Un nuevo cimbronazo se produjo a fines de febrero cuando una subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos de largo plazo no encontró adquirentes. En ausencia de compradores, los operadores primarios, los principales bancos que suscriben las ventas de bonos estadounidenses, tuvieron que intervenir para comprar el 40 por ciento de la deuda pública en oferta, la participación más alta en siete años. Viene al caso señalar que este hecho se da en momentos que el gobierno de Estados Unidos necesita endeudarse para financiar el paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares. El hecho de que el mercado no pudiera absorber ni siquiera una oferta de deuda -por otra parte, acotada- puso en marcha una liquidación de bonos de Estados Unidos en el mundo.

El rendimiento de los bonos se disparó al 1,6 por ciento, habiendo comenzado el mes en 1,1 por ciento. Al comentar sobre el acontecimiento, el Financial Times señaló que la "severidad" de la venta masiva había "reavivado las preocupaciones sobre la salud del mercado de deuda más grande e importante del mundo, agregando urgencia a los esfuerzos de los reguladores para abordar las grietas que han surgido durante períodos de estrés". El mercado de deuda pública estadounidense de 21 billones de dólares es la base de todo el sistema financiero mundial. Se supone que es el mercado más líquido del mundo -el refugio seguro para los inversores financieros.

Los episodios nombrados obligaron a la Reserva Federal a poner paños fríos y asegurar de que no está previsto en los años en curso ni en el venidero un aumento de la tasa de interés. Volvió a reiterar que se seguirá manteniendo la compra de de activos a razón de 120.000 millones de dólares, como viene ocurriendo hasta ahora. Pero aún así, se mantiene una tensa calma y se registra una gran volatilidad en los mercados en los que reina una desconfianza que las perspectivas inflacionarias, pese a las promesas de Powell, terminen poniendo un cierre al ciclo de dinero barato.

La política de la FED es seguir alimentando este esquema, pero el mismo resulta cada vez más insuficiente, dando pie a la exigencia de más concesiones y garantías por parte del capital financiero. Existía la creencia entre los operadores de que la FED relanzaría la Operación Twist (bajo la cual autorizó las compras en bonos a largo plazo para mantener bajas las tasas), introducida en el pasado bajo la presidencia de Ben Bernanke, cosa que no ocurrió.

Este nuevo estremecimiento es un recordatorio que la emisión y el endeudamiento no es un recurso ilimitado y menos aún inocuo. Lo que asoma como amenaza a partir de esta caída de los bonos del Tesoro es una desvalorización del dólar (que, recordemos, ya viene produciéndose), lo que podría provocar un abandono masivo de la divisa estadounidense y un refugio en el oro o en otros activos que puedan oficiar como reserva de valor. De un modo general esto también está ocurriendo con las principales monedas, como el euro, que vienen apelando, aunque todavía en forma atenuada, a los mismos métodos que los yanquis para enfrentar la crisis. Por lo pronto, esto ha abierto una cadena de devaluaciones competitivas. La devaluación de la lira turca, precipitada con la renuncia del titular del Banco Central de ese país, constituye un nuevo eslabón de ese proceso. La guerra comercial se completa con una guerra monetaria, cuyo desarrollo planea en perspectiva un dislocamiento de la economía mundial en caso de que las principales divisas dejen de funcionar como medios de pago aceptados internacionalmente.

China tampoco se sustrae ese cuadro. El gigante asiático es uno de los países más endeudados del mundo, donde su deuda pública y privada asciende a casi tres veces su PBI y, por lo tanto, es probablemente una de las naciones más sensibles y vulnerables a un aumento de la tasa de interés. Aunque la misma está nominada en yuanes, una alteración general de los parámetros mundiales ejercería un impacto en China y abriría el riesgo de un colapso de una franja significativa de empresas que sobreviven gracias al crédito barato y que no estarían en condiciones de continuar en caso del encarecimiento de su financiamiento. El escenario del país asiático dista bastante respecto del de trece años atrás, cuando irrumpió la crisis financiera de 2008.

Conclusiones

Del panorama descrito salta a la vista que el actual esquema sobre el que se sostiene el funcionamiento de la economía capitalista está prendido con alfileres. Y que vamos a una transición turbulenta, en la que no se puede evitar que se abran paso las tendencias a la quiebra y concentración capitalista. La depuración del capital sobrante que planeta la gigantesca crisis de sobreproducción está llamada a abrirse paso en forma violenta y caótica -lo cual no debe sorprender, pues es el método propio inherente a una sociedad presidida por la anarquía capitalista. Este proceso ya está en marcha: hay miles de empresas en cada país que cerraron y que no van a volver a abrir sus puertas, lo que se une a reestructuraciones de los grandes conglomerados económicos, que va acompañada de recortes drásticos de personal, achicamiento y cierre de filiales. Por lo pronto, hay 10 millones de trabajadores que no han recuperado sus puestos de trabajo en Estados Unidos respecto de un año atrás. Las solicitudes semanales de desempleo en las últimas semanas rondan un promedio de 770.000, que se une a otros planes de asistencia que llevan el total a un millón, muy por encima del pico que alcanzó en la crisis de 2008. Por otra parte, muchos de los que han vuelto a trabajar, lo han hecho bajo condiciones más precarias y con sus sueldos recortados.

En este último año se ha acentuado como nunca la desigualdad social. El capitalismo ha revelado en forma descarnada bajo la pandemia que se trata de un sistema incompatible y a contramano de la salud y la vida de la población. Los paquetes de ayuda tienen como destino principal el rescate del capital, mientras se reserva una porción marginal de los recursos para las necesidades apremiantes de los hogares más necesitados. El publicitado plan de estímulo de Biden ha arrancado podando los subsidios y ayudas y no incluyendo del todo el aumento del salario mínimo a 15 dólares que el nuevo presidente había prometido en la campaña electoral. El salario mínimo seguirá en los 7,5 dolares. Recordemos que la recuperación de la crisis financiera de 2008, bajo Obama, implicó que los nuevos trabajadores pasaran a ganar la mitad respecto de los antiguos trabajadores en la industria automotriz. En definitiva, el “rebote” que tanto se proclama iría de la de la mano de una intensificación de la explotación y precarización de la clase obrera.

Esta panorama se acentúa en los países emergentes y, por supuesto, en América Latina. En su último informe anual, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU estima que el número total de pobres en la región ascendió a 209 millones a fines de 2020, lo que representa 22 millones de personas más que el año anterior. Según la Cepal, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, se registró una caída del PBI del 7,7 por ciento y que va de la mano de un incremento marcado de la desigualdad en el ingreso total por persona. La pandemia también ha provocado un aumento en la mortalidad que podría reducir la esperanza de vida en la región dependiendo de cuánto dure la crisis, según la agencia.

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, informa que para fines de 2022, el ingreso per cápita acumulado será un 13 por ciento más bajo que las proyecciones anteriores a la crisis en las economías avanzadas, en comparación con el 18 por ciento para los países de bajos ingresos y el 22 por ciento para los países emergentes y en desarrollo, excluida China.

Autores marxistas sostienen que lo que se viene es una recuperación bajo una forma de "raíz cuadrada inversa", donde “el PBI real, la inversión y el crecimiento del empleo permanecen por debajo de las tasas anteriores de forma indefinida, lo que sugiere la continuación de la Larga Depresión posterior a 2009” (Michael Roberts, “La economía bajo la pandemia”, Sin Permiso, 20/3). En otras palabras, estaríamos ante un letargo y ralentización económica prolongada en el tiempo. Se trata de una réplica pero en clave marxista del "estancamiento secular", una tesis que ha vuelto a la superficie de la mano de algunos de los economistas de consulta del mundo financiero que plantean la perspectiva de un declive indefinido, pero considerado más sereno que un derrumbe. El ejemplo sería Japón, sometido a una crisis a finales de la década del '80 y en la cual sigue empantanado. Pero las contradicciones han llegado a tal punto que no pueden resolverse sino en forma violenta y convulsiva. La masa de capital real y ficticio, afectado por la crisis, es de tal inmensidad que plantea depuraciones de características gigantescas. Las quiebras y las bancarrotas son inevitables, como lo volvió a corroborar el colapso de 2020. Estas contradicciones explosivas siguen presentes y están sin resolver.

De conjunto, marchamos a un escenario atravesado por conmociones en el plano económico, agreguemos en el plano social, político y sanitario, pues la pandemia sigue abierta. Lo que está en claro es que las salidas capitalistas en danza, sean de cuño neoliberal o keynesiano, o una combinación de ambas, tiene como común denominador un ataque en regla contra las masas. La recuperación que se pregona tiene como punto de partida mayores sacrificios y privaciones para los trabajadores, aunque esas penurias están lejos de asegurar la resurrección de un régimen social en decadencia y descomposición.

Este escenario es el caldo de cultivo para choques muy agudos entre las clases y, por lo tanto, para grandes crisis políticas, que ponen en tela de juicio la estabilidad de los regímenes políticos y, al mismo tiempo, que abren paso a grandes rebeliones populares. Hoy lo constatamos a nivel mundial y en particular en América Latina. Paraguay acaba de convertirse en el último eslabón de una cadena de sublevaciones en el continente. El gran desafío por delante que tiene la izquierda que se dice revolucionaria es contribuir a que la clase obrera emerja como un factor independiente de la crisis, que apunte a transformarla en una alternativa de poder y proceder a una reorganización integral de la sociedad y su economía sobre nuevas bases sociales. La campaña por una segunda Conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos que viene impulsando el Partido Obrero forma parte de ese esfuerzo y se inscribe en ese propósito.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-escenario-internacional-actual-y-el-que-se-viene-primera-parte/

https://prensaobrera.com/internacionales/conferencia-nacional-de-letincelle-momento-de-definiciones/

 

 

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25/03/2021 | 1618

Por un 1° de Mayo de clase, internacionalista, de lucha y desafiante de la polarización capitalista

Con el FIT Unidad a la cabeza.

Acto 1° de mayo, 2017

El próximo 1° de Mayo se dará en un contexto nacional e internacional excepcional. La movilización popular ha ganado la calle acá y en el mundo en plena pandemia. Como expresión de la crisis capitalista mundial, se produjo la mayor rebelión de los explotados en el corazón del imperialismo en los últimos 50 años, en Estados Unidos. Atendiendo a este cuadro convulsivo internacional el FIT-Unidad convocó en el invierno de 2020 la Conferencia Latinoamericana y de los EE.UU. que congregó a 50 organizaciones de la izquierda revolucionaria mundial.

Este 1° de Mayo se combinará el carácter convulsivo de la situación política internacional y la posibilidad de movilizar masivamente, porque el movimiento de lucha en nuestro país ha ganado crecientemente las calles, en particular el movimiento piquetero, con movilizaciones de masas en todo el país. Esto se volvió a expresar el 24 de Marzo, donde el FIT-Unidad movilizó masivamente ante la desmovilización de las organizaciones de derechos humanos cooptadas por el gobierno de los Fernández.

Las tendencias a la intervención de las masas se han vuelto a expresar muy recientemente en la gran reacción popular ante el golpe en Myanmar, al igual que en Perú, en el paro general en Haití o en la rebelión en curso en Paraguay contra el gobierno de Mario Abdo Benítez. El proceso político latinoamericano es absolutamente dinámico, como lo ha expresado la reacción de la clase obrera y el campesinado boliviano ante el golpe en Bolivia que derivó a la postre en la derrota electoral aplastante de los golpistas. Por otro lado, la derrota de Trump en Estados Unidos ha debilitado a Bolsonaro en América Latina.

Al mismo tiempo, es muy claro que la centroizquierda y los nacionalismos que fueron desalojados del poder por la misma burguesía que los sostuvo en su década de oro como contención a los procesos de rebelión popular de principios de siglo y fines del siglo XX, vuelven al poder en variantes más conservadoras y derechistas para oficiar de último recurso ante las convulsiones de la lucha de clases y para el rescate fondomonetarista ante un nuevo período de deudas impagables, de las cuales el default argentino ha sido solo un adelantado. Es el papel de Arce en Bolivia, de Arauz en Ecuador, como lo es el gobierno de los Fernández y Massa en la Argentina. El reciente giro copernicano de la Justicia de Brasil, removiendo el proceso contra Lula para habilitar su candidatura de cara a 2022, es claramente una maniobra política de la misma burguesía que lo encarceló, para preparar una alternativa de recambio fondomonetarista ante el descalabro de la situación sanitaria, económica y social en el Brasil de Bolsonaro.

En este cuadro político, el Frente de Izquierda tiene la responsabilidad y la oportunidad política de tallar como alternativa política ante los bloques que se alternan el poder en la Argentina, corriendo el espectro político entero hacia la derecha, como reacción ante la magnitud de la crisis en presencia que la pandemia ha venido a agravar. El ascenso del FIT se dio, precisamente, durante el gobierno nacionalista en 2011 y su crecimiento electoral más importante fue en 2013, ante las maniobras de ajuste y endeudamiento del gobierno de Cristina y Kicillof -Club de París, indemnización a Repsol, Ciadi y otros.

Hoy, el pacto social de hecho que significa la estatización del movimiento obrero mediante la integración al gobierno de todas las alas de la burocracia sindical -desde Daer hasta Godoy pasando por Moyano, incluyendo el trío San Cayetano, integrado al gobierno con funcionarios y diputados- presenta un escenario político sin antecedentes para quienes fundamos en la clase obrera la construcción de una alternativa política y por lo mismo hemos hecho de la independencia política de clase el diferencial político del FIT a escala nacional e internacional.

El resultado es que las luchas obreras son criminalmente aisladas por la burocracia sindical, como lo están siendo hoy las grandes huelgas docentes y de la salud en Neuquén, Chaco, Mendoza y otras provincias, la ocupación de ArreBeef, de la Clínica San Andrés, de tercerizados ferroviarios o de Just, y lo fueron en el pasado reciente los grandes movimientos de salud en laCiudad de Buenos Aires, las batallas obreras en Siderar, Latam, Algodonera Avellaneda o las luchas salariales de aceiteros o el Sutna, por mencionar algunas de las más importantes. Al mismo tiempo, en cada una de esas luchas se destaca el apoyo de las corrientes que integramos el FIT y las iniciativas que en su momento desarrolló el Plenario del Sindicalismo Combativo que constituyeron los sindicatos, cuerpos de delegados recuperados de la burocracia sindical y delegados clasistas.

Por su parte, el movimiento piquetero nucleado en el Frente de Lucha que integra el Polo Obrero y otras organizaciones es la locomotora de un reagrupamiento que integra con la política del frente único, cada día más sectores que van rompiendo con el gobierno que se presentó como alternativa ante la catástrofe macrista. Al punto que con sus movilizaciones de masas contra el hambre y por trabajo han colocado en la agenda nacional la cuestión del salario mínimo equivalente a la canasta familiar, ante la completa debacle de la burocracia, asociada incluso al robo a los jubilados, una de las tareas sucias más profundas del gobierno en función del ajuste fondomonetarista que solo vino a seguir los pasos del macrismo que combatimos en primera fila en diciembre de 2017. No caben dudas que el movimiento piquetero es un aliciente a las luchas obreras para romper el cepo de la burocracia y constituye un punto de apoyo para el núcleo aún pequeño de sindicatos combativos recuperados a la burocracia sindical.

Ante un cuadro escalofriante de femicidios y un Estado completamente impotente, el kirchnerismo ha cancelado toda acción de masas de la mujer después de la conquista del aborto legal, es otro escenario donde el 8 de Marzo pasado mostró que el clasismo y la izquierda son quienes abordan integralmente los derechos de la mujer, canalizan su lucha y pueden brindar una perspectiva anticlerical y anticapitalista.

El Frente de Izquierda-Unidad es el único reagrupamiento político que expresa esas luchas y brinda un programa basado en el gobierno de los trabajadores como norte. La derecha se apoya en sus porciones de poder y en la parálisis que la burocracia sindical impone a la clase obrera, para ganar iniciativa política por temas en los que carecen de toda autoridad. Si un paro nacional hubiera sido la respuesta al robo jubilatorio o a los topes paritarios, otro sería el cantar. Juntos por el Cambio, dividido y responsable de la quiebra del gobierno macrista, sin diferencias estratégicas con el peronismo en torno de la deuda, al ajuste fondomonetarista, a la continuidad de las privatizaciones, a la política megaminera y, por lo tanto, a los tarifazos y naftazos, mantiene sin embargo la polarización política con el peronismo. Sea en torno de la disputa de la bandera anticorrupción, anticuarentena o a quién más represivo si Bullrich o Berni. En definitiva, sobre quién se adapta mejor para ser el representante de la clase capitalista en la etapa.

Cualquier especulación de capitalizar la crisis del gobierno mediante la adaptación a los planteos del nacionalismo nos debilita. No fuimos ni somos la “variante consecuente” de los nacionales y populares. En ese rol, las presentes maniobras demagógicas de contención desde el interior del nacionalismo fagocitan a la izquierda, como ocurrió en todas las etapas históricas. Tenemos que convocar al activismo a la ruptura, no “al voto castigo”. Conquistarlo con el accionar en todos los planos de la lucha de clases.

Para colocar al FIT-Unidad en el lugar desafiante de la polarización de los bloques de la burguesía es que impulsamos la campaña de actos en octubre/noviembre o frente a un diciembre de hambre y saqueo a los jubilados. Este 1° de Mayo, el Frente de Izquierda-Unidad tiene la oportunidad de levantar una tribuna obrera e internacionalista cuando el gobierno nacionalista suspende la IFE, la movilidad debuta robando otra vez a los jubilados frente a la inflación, y el pacto social se siente en paritarias adaptadas a una pauta del 29% que solo es un papel acordado con el FMI en el Presupuesto de ajuste. El desafío de colocarnos a su turno como tercera fuerza electoral cuando se avecinan las elecciones intermedias no es menor, será un terreno importante en la lucha por destacar a una vanguardia obrera en la ruptura con los bloques dominantes. La potencia de actos masivos en todo el país el 1° de Mayo contra el acuerdo con el FMI, contra el pacto social y asociando a la izquierda revolucionaria con el movimiento piquetero y las luchas, está a la vista. El rol jugado en el impulso al 24 de Marzo lo puso una vez más de manifiesto. Preparemos un día internacional de los trabajadores que gravite en la situación política del país en favor de los trabajadores.

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25/03/2021 | 1618

Cómo resolver la provisión de vacunas

Una propuesta para debatir urgente en toda la comunidad científica y en el movimiento popular. El FIT Unidad realiza un acto frente a la planta del Grupo Sigman en Garín el lunes a las 13h.

La vacunación se ha convertido en una carrera contra el tiempo. La situación que enfrentan nuestros países vecinos anticipa el alcance que puede alcanzar la pandemia en Argentina, en las próximas semanas, con la llegada del otoño. En Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, todos países limítrofes, los sistemas de salud están siendo desbordados, lo que deriva en un crecimiento de la mortalidad. En Brasil, por ejemplo, los fallecidos diarios están superando las 3.000 personas y los contagios se acercan a los 100.000. En Uruguay, que había sido puesto como modelo hace meses atrás, los casos crecen de modo exponencial. En los últimos días rondan los 1.500 contagios diarios, lo que llevado a la población de nuestro país equivaldría a 45.000. En Chile, a pesar de que la vacunación ha sido mayor que en el resto de los países de la región, los casos también están en ascenso y el gobierno debió tomar medidas de confinamiento.

Aunque a un ritmo aún menor, en nuestro país los casos también están en ascenso. En los últimos días, el promedio de crecimiento osciló entre el 15 y el 25%. A la cabeza marcha la Ciudad de Buenos Aires, que volvió a registrar contagios superiores a los 1.000 casos diarios. La experiencia indica que esta dinámica de la Ciudad de Buenos Aires anticipa lo que sucederá luego en el resto del país. A diferencia de lo sucedido en Europa, en nuestro país los contagios nunca se redujeron de modo significativo. Convivimos durante meses con una “meseta alta” de entre 4.000 y 6.000 casos, pero todo indica que esa situación ya es parte del pasado. La segunda ola que azota a América Latina ya ha llegado a la Argentina. Los días por venir irán marcando un ascenso de los casos. También ya se ha detectado la circulación de las cepas más contagiosas, sea la de Manaos o la del Reino Unido. El gobierno, sin embargo, se ha resistido a cerrar las fronteras, para no afectar el funcionamiento económico del país.

La llegada de la segunda ola puede ser particularmente grave, porque se han incumplido los planes de vacunación anunciados una y otra vez. Aún no se ha vacunado a la totalidad del personal de salud, sobre todo a quienes desarrollan su actividad en el sector privado. Mucho peor es la situación de los mayores de 60 años, que se sabe representan a la franja etaria con mayor porcentaje de mortalidad. Se estima que en total los mayores de 60 años representan unas 8 millones de personas, de las cuales solo una minoría fue vacunada. Esto se debe al retraso en la llegada de las vacunas y a que una de ellas, la llamada vacuna china, recién ahora fue autorizada para los mayores de 60 años. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que concentra una población de mayor edad, aún no se abrió la inscripción para los mayores de 70 años. Otra situación grave se concentra en los geriátricos, cuyo ritmo de vacunación es muy lento, siendo que la experiencia internacional advierte que son un foco muy alto de mortalidad.

El incumplimiento del plan de vacunación es manifiesto. Si bien es cierto que la situación se repite en todos los países del mundo, también lo es que no se da de un modo uniforme. Los países con mayor poder económico concentran la mayor cantidad de vacunas. La OMS denunció que los diez países más ricos han acaparado el 95% de las vacunas fabricadas hasta el momento. Semejante acaparamiento no solo es injusto sino que conlleva un riesgo epidemiológico enorme, dado que al dejar sin vacunas a la mayoría de la población mundial se permiten nuevas mutaciones del virus que pueden quedar por fuera de la inmunidad que otorgan las vacunas existentes.

En el caso de Argentina, el retraso no es solo con los países centrales sino también si lo comparamos con nuestros vecinos. Según la información oficial, el gobierno habría comprado 65.400.000 vacunas, de las cuales recibió 4.380.540 -es decir, un 6,6%. Del total recibido ya habrían sido aplicadas 3.328.933, siendo 2.694.454 de la primera dosis y 634.479 de la segunda dosis. Esto muestra que pasado ya casi tres meses de iniciado el plan de vacunación solo recibió la inoculación completa el 1,39% de la población. Con las últimas vacunas recibidas, la calculadora de Bloomberg estima que la inmunidad colectiva se logrará recién en 21 meses a este ritmo. Esto sería para finales de 2022 o principios de 2023. Ante la escasez de vacunas, el gobierno está evaluando suministrar una dosis en vez de dos, lo cual reducirá su efectividad.

La falta de vacunas no afecta a todas las clases sociales por igual. No solo los amigos del poder acceden a los vacunatorios vip. Los empresarios y personas de mayores recursos viajan al exterior para proveerse una vacuna. Los sectores de la derecha en esa misma línea han planteado que se habilite la compra particular de la vacuna para quien la pueda pagar. En condiciones de una fuerte restricción de la oferta, esto dejará a las personas con menores recursos en la mayor vulnerabilidad sanitaria.

Paradójicamente, mientras el gobierno se ampara en que no consigue vacunas en el mercado mundial, en Argentina se fabrica el compuesto activo de AstraZeneca-Oxford en la planta que es propiedad del empresario Hugo Sigman, en la localidad de Garín, partido de Tigre. De acuerdo con la división del trabajo establecida por el laboratorio AstraZeneca, ese compuesto activo es exportado a México para su envasado. Según su propietario, en la planta se van a fabricar entre 150 y 250 millones de dosis, cuyo destino es América Latina, con excepción de Brasil que tiene una provisión independiente. De este total ya se habían enviado a México más de 20 millones, pero por demoras de distinto tipo el proceso de envasado no se llevó adelante.

Argentina firmó un contrato el año pasado de provisión de 22.400.000 millones de dosis de esta vacuna, a lo que luego adicionó 1.160.000 provenientes de una planta de Sudáfrica. Sin embargo, al momento solo recibió 580.000, menos de un 3%. La empresa se excusa en problemas de provisión de vidrios y de filtros de la planta mexicana, pero lo cierto es que esa demora coloca en crisis el plan de vacunación del país, ya que el contrato firmado representa un tercio de las vacunas compradas por el gobierno. Varios medios, entre ellos El País de España, han tomado nota de la situación mostrando que Argentina produce una vacuna en grandes proporciones mientras su población y la de América Latina está carente de ellas.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-10-mas-rico-de-los-paises-concentra-el-90-de-la-vacunas-aplicadas-contra-el-covid/

Frente a esta situación, varios especialistas han planteado la necesidad de que el gobierno haga valer su contrato firmado y proceda a la confiscación de la producción del laboratorio del grupo Insud del empresario Sigman. Estos especialistas afirman que en el país existe la capacidad de realizar el envasado, tanto por laboratorio públicos de los estados provinciales y universidades nacionales, como por parte de laboratorios privados. La exportación a México para realizar ese proceso no se corresponde con una necesidad técnica-científica, sino por el pedido del magnate mexicano Carlos Slim, que financia la operatoria. Pero entre las necesidades sanitarias del país y la región, y los intereses privados de estos capitalistas, la opción es clara.

El gobierno argentino, lejos de evaluar esta posibilidad y reunir de inmediato a un comité de expertos para debatir cómo asegurar la producción de la vacunación en el país, sigue perdiendo un tiempo valioso, que se contará luego en vidas de personas. El gobierno prioriza los vínculos con Sigman, que se sabe son muy estrechos con varios funcionarios y ex funcionarios, sea el exministro Ginés González García, el gobernador tucumano Juan Manzur e incluso el propio Presidente de la Nación. Entre “la vida y la economía”, como decía en sus alocuciones el Presidente, elige la economía -o sea, los intereses de los laboratorios privados. El gobierno de Italia, en cambio, decidió confiscar un embarque de AstraZeneca con destino a Australia, pues la empresa había incumplido el contrato con el gobierno italiano.

La cuestión de las vacunas viene desatando disputas entre los diferentes Estados y monopolios. La Unión Europea denuncia que AstraZeneca ocultó 29 millones de vacunas en territorio italiano con el objetivo de destinarlas al Reino Unido, mientras demora la provisión de dosis que debe suministrar al continente. En este cuadro, se dispone a impedir que las farmacéuticas envíen sus stocks fuera del bloque si no cumplen antes los contratos de provisión con los países de la Unión Europea (Infobae, 24/3).

La confiscación de la producción del grupo Sigman y el uso de toda la capacidad técnica-científica del país para concluir el proceso de envasado despertará con seguridad la simpatía de los pueblos del mundo, que están viendo cómo un grupo de grandes laboratorios apadrinado por los Estados imperialistas conservan en secreto sus patentes, mientras la población está indefensa ante una pandemia que amenaza con pegar un salto cualitativo. La medida podría permitir ampliar incluso la capacidad de producción y asistir a los países de la región, que tampoco están recibiendo las vacunas ya compradas.

Colocamos esta propuesta a debate y proponemos que un comité de expertos determine su viabilidad técnica. Es necesario un gran movimiento nacional de lucha para que todos y todas tengan su vacuna.

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25/03/2021 | 1618

Los sindicatos combativos y las luchas se destacaron el 24

La burocracia sindical es un ausente clásico de los 24 de marzo. Pero claro, esta vez, se borraron todos los sectores, plegados a la desmovilización pejotakirchnerista. En cambio, los sindicatos combativos, que congregaron también varias luchas del momento, fueron una nota destacada de la jornada y ocuparon el lugar que en un lejano pasado solía ocupar la centroizquierda sindical en este tipo de manifestaciones, hoy asimilada al gobierno. Los sindicatos combativos y las luchas del momento marcharon luego de los organismos de DDHH en el orden de marcha establecido por los organizadores.

La columna sindical tuvo los mayores contingentes por parte de AGD-UBA en la cabecera y el Sutna cerrando el sector de la movilización con su combativa delegación debido a que llegó cuando la movilización arrancaba. Junto a ellos marcharon el Suteba Matanza, el Sipreba, Ademys, Suteba Trigre, Suteba Ensenada, Suteba Escobar, Cicop y ATE Sur. La presencia de diez sindicatos y/o seccionales en una movilización que fue casi exclusivamente de la izquierda acompañando a los organismos de DDHH independientes nucleados en Memoria, Verdad y Justicia, es un paso adelante de importancia. Y más aún en el caso del Sutna puesto que en el movimiento obrero industrial no es una tradición la movilización los 24 de marzo. En el caso del Suteba Matanza, al igual que en AGD, la resolución de marchar fue adoptada en asamblea general. En los otros casos por sus comisiones directivas o cuerpos de delegados, según los casos. Hay que destacar que el Suteba Ensenada marchó con su columna en La Plata, donde se produjo la tradicional y masiva movilización el 23. El único sector del Sindicalismo Combativo que no estuvo presente como tal en la columna sindical fue la Unión Ferroviaria Oeste, algunos de cuyos dirigentes participaron de su columna partidaria.

A la columna sindical se sumaron contingentes de la Clínica San Andrés que ocupa el sanatorio vaciado por su patronal desde hace semanas, reclamando su continuidad en medio de la pandemia. Resolución que adoptó expresamente en asamblea general del colectivo en lucha que viene protagonizando distintas manifestaciones en Tres de Febrero y recientemente en el centro de la Capital. Por otro lado la Comisión Interna del Garrahan y un grupo de activistas del gran hospital que viene librando una lucha salarial marchó también en esta columna. Al mismo tiempo, se integró un grupo de autoconvocados de la salud y un sector del cuerpo de delegados de la línea 60 de la zona norte. También marcharon un grupo de trabajadores de Just, la metalúrgica en lucha.

La movilización sindical a estos 45 años del golpe tuvo una relevancia especial. Primero la que nunca debió dejar de tener porque el 67% de los desaparecidos son trabajadores, mayormente activistas sindicales y las luchas bajo la dictadura constituyen un capítulo que debe ser rescatado, así como los mártires del genocidio, que vino justamente a aplastar con represión y la sangre de los 30.000 desaparecidos el proceso del Cordobazo cuyo centro fue el vasto proceso de radicalización, organización y luchas de la clase obrera en el período. Pero por otro lado a denunciar y enfrentar la represión de hoy como la sufrida hace apenas días por los obreros de ArreBeef por parte de las tropas de Berni, la que sufrieron los trabajadores de UTA en Córdoba, los obreros de la carne de Penta el año pasado, la represión a los que luchan por tierra y vivienda como en Guernica y otras tomas o los trabajadores desocupados reiteradamente reprimidos por Capitanich en el Chaco, por mencionar algunas de las represiones bajo este gobierno que tiene en sus filas a los Berni y a los Insfrán.

La presencia de un grupo de la CTA Capital y de algunos dirigentes de la CTA Autónoma en la actividad previa de Nora Cortiñas y Madres línea fundadora y cuya columna llega a la Plaza por fuera de MVyJ, apenas disimula que no organizaron la movilización en sus sindicatos y su integración al gobierno con funcionarios. Pero refleja al mismo tiempo, al igual que el acto previo realizado por la CCC, el rechazo que generó en sus bases la desmovilización kirchnerista cuando vastos sectores salen todos los días a luchar, especialmente del movimiento piquetero, pero también de contingentes obreros y sindicales como las grandes huelgas de la salud durante toda la cuarentena y de docentes y estatales que se dieron en Neuquén y otras provincias en este comienzo de clases, por el salario y contra la presencialidad sin condiciones.

Numerosos militantes y agrupaciones sindicales clasistas marcharon en las columnas partidarias del PO y de otros sectores de izquierda, lo cual debe ser tenido en cuenta porque suma a la presencia del movimiento obrero en la marcha. Lo que no encuentra justificativo alguno fue la columna divisionista realizada por el MAC-PTS con Madygraf, un grupo de Latam, un grupo del subte, de tercerizados ferroviarios y un sector de militantes barriales, pretendiendo dividir expresamente a “las luchas” de los sindicatos combativos. Estos últimos luchan todos los días, como podríamos decir del paro en Bridgestone ante un despido, los paros de Ademys y los Sutebas, la lucha permanente de AGD UBA contra la burocracia de la Universidad aún sin clases presenciales, etc. Es la enésima vez que el PTS divide o boicotea una acción conjunta del sindicalismo clasista en función de una autoconstrucción de dudoso rédito, pero claramente perniciosa para el interés general del movimiento obrero.

En resumen, la movilización sindical combativa y clasista dio un paso este 24 de marzo ante la defección de todos los sectores pejotistas, kirchneristas y de centroizquierda y ha sido bien vista por todo el activismo. En conexión con el gran fenómeno de la movilización piquetera canalizada especialmente por el Polo Obrero, se trata de franjas de trabajadores que han movilizado con un alto contenido político resumido en el documento leído en la Plaza, claramente definido contra el ajuste fondomonetarista que ejecuta el gobierno y el conjunto del régimen de los partidos patronales.

 

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25/03/2021 | 1618

El escenario económico internacional actual y el que se viene (primera parte)

Un año después del estallido de la pandemia.

Ha transcurrido un año en que la economía mundial entró en una depresión, sólo comparable con la crisis del '29 y en muchos casos superior.

¿En qué punto nos encontramos? Hay quienes se han apresurado a señalar que lo peor ya pasó.

Eso se basa en el hecho de que estamos asistiendo a un rebote. China habría recuperado nuevamente e, incluso, superado su ritmo de crecimiento anterior al estallido del coronavirus -algunos vaticinan que llegaría al 9 por ciento. De conjunto, según las perspectivas económicas de la OCDE, este año se prevé que el crecimiento del PBI mundial sea del 5,6% en 2021 y del 4% en 2022.

Este rebote de la economía mundial ha ido de la mano del aumento de los precios de los commodities. El petróleo, después de llegar incluso a valores negativos, orilla los 70 dólares. El cobre ha superado los valores máximos en su historia. Estamos frente a un aumento de los precios de los granos, como el maíz, el trigo y la soja. Esta última ha superado la barrera de los 500 dólares, cuando un año atrás oscilaba en torno de 300. Este ascenso de los precios sería la constatación, de acuerdo con esta óptica, de que la economía mundial estaría marchando a una recuperación.

Rescate sin precedentes

No podemos perder de vista que el rescate estatal puesto en marcha en 2020 es el más elevado en la historia del capitalismo. Las cifras del auxilio en crisis anteriores, incluida la crisis financiera de 2008, empalidecen totalmente en comparación con los gigantescos montos otorgados por los gobiernos y en especial por los bancos centrales. Una medida muy elocuente de ello la da la Reserva Federal que ha inyectado dinero, a través de diferentes vías, equivalente al 45 por ciento del PBI. Basta tener presente que doce años atrás, con motivo de la crisis que precipitó la caída de Lehman Brothers, ese porcentaje osciló en el 15 por ciento, lo cual ya era un récord comparado con colapsos y conmociones anteriores como la crisis del '29 y emergencias como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los programas de estímulos que han lanzado los gobiernos tampoco tienen antecedentes. El paquete de ayuda de 700.000 millones dólares que puso en marcha Estados Unidos en 2008 es irrisorio respecto de los billones de dólares que ya se han gastado desde el estallido de la pandemia. Lo mismo puede decirse respecto de sus socios europeos y Japón, y de un modo general en toda la economía capitalista.

Este rescate de dimensiones inéditas es lo que está en la base de este rebote que guarda algunas similitudes con lo ocurrido con posterioridad al colapso de 2008, en particular con el aumento de las materias primas.

De todos modos, este rebote tiene límites muy claros ,y lo que es más importante, encierra y potencia contradicciones explosivas. Este repunte está lejos de superar la anemia de la economía mundial, que viene siendo la tónica en las últimas décadas. Hay quienes vaticinan una recuperación rápida en forma de V. Según esta mirada, el origen de la crisis estaría asociada al estallido de la pandemia, de modo tal que en la medida que la misma sea neutralizada, la economía mundial podría volver a una supuesta “normalidad”. Dejemos de lado el hecho que el brote está lejos de ser superado. Estamos en presencia de una segunda ola, de una intensidad y alcance superior a la primera, a lo que se agrega la crisis con la vacunación, en todas sus facetas, tanto en su producción, suministro y en los ritmos y planes de su aplicación. Pero, lo más importante es que este tipo de análisis y pronósticos omiten el hecho que en 2019 la economía mundial estaba entrando en recesión con Europa prácticamente en niveles nulos de crecimiento, Estados Unidos en medio de un desinfle de su economía y China atravesando una sensible desaceleración. La vuelta a una supuesta “normalidad” encubre la centralidad de la crisis capitalista que ya venía desenvolviéndose a todo vapor. Por supuesto, la pandemia ha tenido un impacto devastador en la producción, el empleo, la inversión y el comercio en el mundo, así como en los estragos y consecuencias sociales sobre la población, pero su alcance y sus efectos son inseparables de la propia bancarrota capitalista. El coronavirus irrumpe en momentos que asistíamos a un hundimiento de los sistema de salud como producto de los violentos ajustes presupuestos que se venían realizando, no sólo en los países emergentes sino en las propias metrópolis imperialistas. Lo mismo puede extenderse a la vivienda, asistencia y gastos sociales y, de un modo general, a un deterioro muy severo de las condiciones de vida de los trabajadores, lo cual ha sido un terreno fértil para la propagación del virus. La pandemia y la crisis están íntimamente conectadas y se han ido retroalimentando una a la otra, provocando el escenario de tormenta perfecta que enfrentamos.

La OCDE advierte que "a pesar de la mejora de las perspectivas mundiales, la producción y los ingresos en muchos países seguirán estando por debajo del nivel esperado antes de la pandemia a fines de 2022". El daño y las huellas de la recesión de 2020 están llamadas a prolongarse en el tiempo: “la mayoría de las economías -agrega- nunca regresarán al crecimiento y la trayectoria previos a la pandemia, que ya era más baja que la trayectoria de antes de la Gran Recesión en 2008”.

Caída de la tasa de ganancia

En este cuadro, Estados Unidos se encuentra en el ojo de la tormenta. El FMI plantea que "el importante estímulo fiscal en Estados Unidos, junto con una vacunación más rápida, podría impulsar el crecimiento del PBI de Estados Unidos en más de 3 puntos porcentuales este año, con efectos positivos de la demanda de socios comerciales clave". Biden contempla, además de la asistencia por el Covid-19, invertir más en infraestructura, proyectos ecológicos y apoyo al empleo. Pero la eficacia y el éxito de estas medidas están seriamente cuestionados. El gasto público y la política monetaria expansiva ya han probado que no son suficientes para que la economía recobre su vitalidad y dinamismo. El gigantesco rescate del Estado en esta década no ha ido a a parar a la inversión productiva sino que las empresas lo han destinado al circuito especulativo, incluyendo la recompra de sus propias acciones.

No olvidemos que en una economía capitalista, la inversión pública apenas es responsable de una fracción pequeña del total de la inversión. El motor es la inversión empresarial, cuyo nivel depende de la rentabilidad. La tendencia predominante que impera es una caída de la tasa de beneficio que bajo la pandemia llegó a sus mínimos históricos. Hemos asistido a una persistente huelga de inversiones, cuyo telón de fondo es una crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales que no encuentran una explotación redituable en la esfera productiva.

La valorización accionaria que alcanzó niveles récord no se compadece con el desempeño de las empresas en la economía real, cuyas utilidades han descendido sensiblemente o directamente arrojan pérdidas. La excepción es el grupo de gigantes tecnológicos, las denominadas FAANGS (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft), que han venido obteniendo ganancias siderales. El éxito de este selecto núcleo ha servido para encubrir la declinación empresaria. Pero importa señalar que la crisis está haciendo su trabajo de topo y ha empezado impactar también en esas empresas líderes.

La tensión entre estas corporaciones viene creciendo. Recientemente, el CEO de Apple salió a denunciar a Facebook por haberle facilitado a Trump el uso de su red para impulsar su prédica y violentar la privacidad de sus clientes. Un artículo reciente de The Economist analiza lo que hay detrás de estos choques entre estos gigantes, sugiriendo que su motivación sería no tanto cuidar los derechos de los usuarios sino controlar el mercado. Este es el caso de la disputa entre las dos empresas que dominan Asia, Alibaba y Tencent, pero es aún más evidente en el caso de los cinco gigantes occidentales, Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Amazon y Facebook, cuyo valor de mercado es de 7,6 billones de dólares y que son los principales pilares de la euforia especulativa. El problema es que el 40 por ciento de los negocios de estas empresas se realizan en competencia directa con los otros gigantes, el doble que en 2015.

La tendencia que progresa es “ganar en actividades dominadas por los competidores. Amazon crece en publicidad online, que era el dominio de Facebook y Alphabet (80% de sus ventas), Microsoft y Alphabet aumentan su participación en servicios en la nube, que era exclusiva de Amazon, con la que, a su vez, Walmart, la mayor empresa de distribución del mundo, comienza a competir en ventas online. Mientras tanto, Microsoft ha estado tratando de comprar dos redes sociales, Tik Tok (compartir videos) y Pinterest (fotos), y Huawei quiere crear un nuevo sistema operativo para no depender de Google” (“Las empresas de tecnología se quitan los guantes”, Sin Permiso, 14/3).

Hay dos razones para estas estrategias agresivas. “La primera es el hambre de ganancias, cuando los resultados operativos disminuyen pero las capitalizaciones bursátiles se disparan: los resultados de Alphabet se han reducido en 13 puntos porcentuales en diez años, los de Apple en 10 puntos porcentuales desde su pico en 2012. La segunda razón es la competencia: en muchos de estos negocios, la segunda y la tercera empresa se están poniendo al día con la primera, y un oligopolio es una guerra permanente” (ídem).

Endeudamiento explosivo

El otro gran límite es el enorme endeudamiento público y privado que ha superado en total varias veces el PBI de los países industrializados, y que ha llegado también a su máximo histórico y que se extiende también a los países emergentes.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-escenario-economico-internacional-actual-y-el-que-se-viene-segunda-parte/

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25/03/2021 | 1618

Noticiero internacional

Brasil - Italia - Mauritania

Brasil: sigue la “huelga por la vida” de la docencia

Los docentes del estado de San Pablo continúan la huelga, iniciada el 10 de febrero contra el regreso a clases presenciales sin condiciones de seguridad e higiene. En medio de la catástrofe sanitaria que asola a Brasil, con 3 mil muertos diarios y los hospitales colapsados, la decisión de volver a las aulas del gobernador Bruno Covas (PSDB) y el intendente de la capital estadual, João Doria (también del PSDB), raya en lo criminal. Por si fuera poco, la Prefectura de San Pablo comenzó a descontar los días de paro a los huelguistas. Cabe señalar que en la ciudad de Foz de Iguazú, estado de Paraná, falleció por Covid-19 un docente de 44 años, que era parte de la población de riesgo (tenía problemas cardíacos) y al que le habían negado una licencia.

Además de la “huelga por la vida” en San Pablo, los docentes del estado de Río de Janeiro también lanzaron medidas de fuerza y los sindicatos presentaron una acción judicial para suspender las clases presenciales. Tanto el presidente Jair Bolsonaro como los gobernadores son responsables del desmadre sanitario. Desfinanciaron el sistema de salud y no aplicaron las medidas de aislamiento social necesarias, en aras de proteger los intereses de los grandes empresarios.

Paro de 72 horas de los docentes de Mauritania

Los docentes de Mauritania, país ubicado en el norte de Africa, realizaron desde el lunes un paro de 72 horas en reclamo de aumento salarial. Denuncian que el sueldo no alcanza a cubrir las necesidades básicas. El mes pasado, estos mismos docentes se habían movilizado reclamando la renuncia del ministro de Educación, Mohamed Melainine Ould Eyih, por no dar respuesta a las demandas de los trabajadores.

Además de los docentes, también se encuentran en lucha los trabajadores de la salud, que en los últimos meses también se han movilizado por aumento salarial y mejores condiciones de vida, según la agencia de noticias turca Anadolu (22/3).

Los trabajadores de Amazon de Italia, en lucha

Miles de trabajadores de Amazon, la empresa de comercio electrónico, realizaron en Italia un paro de 24 horas este lunes 22. Reclaman mejoras salariales, el cumplimiento de los protocolos sanitarios y un aliviamiento en los ritmos de trabajo. La compañía de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, vio incrementarse sus ganancias a partir de la pandemia. Para los trabajadores, en cambio, solo significó riesgos para la salud y una mayor explotación. Sobre todo entre los conductores, que entregan de 180 a 200 paquetes por día, según la denuncia de las centrales sindicales que convocaron al paro (France 24, 22/3).

En otros países del mundo (Alemania, España), los trabajadores de Amazon también han protagonizado medidas de fuerza en los últimos años. En diciembre pasado, a su vez, hubo acciones de lucha en 15 países, en el marco del Black Friday -pico de ventas para la empresa. En Alabama, Estados Unidos, hay una importante lucha en curso por la formación de un sindicato, que la empresa boicotea.

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25/03/2021

Más de 200 millones de pobres en América Latina

El derrumbe social de la región en números.

De acuerdo a un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza alcanzó a 209 millones de personas en la región en 2020, 22 millones de personas más que el año anterior, y el mayor nivel en 12 años. De esas 209 millones, 78 millones están en la pobreza extrema (Cepal.org, 4/3). El crecimiento sostenido de la pobreza, sin embargo, precede a la pandemia: según el mismo organismo, desde 2014 hasta 2019 la pobreza se incrementó de 162 millones de habitantes a 187 millones.

En el pico de la pandemia, según el informe, las cifras de desocupación llegaron a superar el 20% en varios países. La franja correspondiente a mujeres trabajadoras ha sido la más duramente golpeada.

Pero además de estos números, hay que tener en cuenta otros. La pandemia ha empeorado la situación preexistente de crisis social, hecho que se pone de relieve en materia de salud. Siendo la población latinoamericana un 10% de la población mundial, un tercio de la misma ha sido golpeada por los contagios.

La cuestión alimentaria, un factor esencial a la hora de medir la vulnerabilidad en materia de salud afecta de un modo especialísimo al corredor seco de América Central, desde Nicaragua a Guatemala, franja geográfica donde la población tiene enormes dificultades para alimentarse.

El endeudamiento externo latinoamericano, incluyendo al Caribe alcanza en promedio al 79,3% del producto bruto. El déficit de cuenta corriente es en América Latina del 4,5% y en el Caribe del 17,2%.

El gasto en salud alcanza en Argentina, Chile y Brasil menos del 5% del PBI, mientras que es menos del 2% del gasto público en Haití, Bolivia y Guatemala, y en Honduras y República Dominicana es menor que el 3%.

Los datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud señalan que el 30% de la población latinoamericana no cuenta con acceso a servicios sociales en materia de salud, hecho concomitante con el nivel de pobreza extrema y desempleo existente.

A su vez, la situación de la vivienda es en extremo grave: en Brasil, por ejemplo existe un 30% de déficit habitacional (80 millones de personas) y en México es de un 27%, equivalente a 31 millones. Entre el 50% y el 60% de las nuevas viviendas son informales, es decir deficitarias en materia de servicios de agua y eléctricos, y han sido levantadas en asentamientos. Por añadidura en ellas tiene lugar un inevitable hacinamiento. El 23% de la población latinoamericana vive en esas condiciones (villas miserias argentinas, cantegriles uruguayos, favelas brasileñas o callampadas chilenas). Este porcentaje es equivalente a 120 millones de habitantes.

La alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet ha señalado su temor a “una nueva ola de movilizaciones sociales”, y expresó su preocupación a que el cuadro descripto dé lugar a una profundización del descontento social. No se equivoca Bachelet, que hace mención a esa posibilidad con la intención de advertir sobre la necesidad de ponerles freno. Y tampoco el FMI, que coincide con esta apreciación.

En consonancia con la preocupación de Bachelet, la ya citada Cepal ha planteado como salida a esta situación un pacto social, de modo de estrangular el proceso inevitable de rebeliones populares, para hacer pasar sin lucha los ataques a la clase obrera y a los oprimidos de América Latina.

Y desde luego que esa intención está atada tanto a la zanahoria como al garrote. Las fuerzas represivas no han vacilado en reprimir los levantamientos populares latinoamericanos, pero el gran capital no renuncia a maniobras para estrangularlos políticamente, tal como ocurre ahora con el impulso de la candidatura de Lula, o el intento de la oposición paraguaya en darle un cuadro institucional a la rebelión creciente en curso, o el papel del Frente Amplio y el PC chilenos en la perspectiva de estrangular la aun persistente tendencia a la rebelión popular. Esa es hoy la vía escogida por el imperialismo.

La salida que se desprende de este cuadro es emanciparse del imperialismo, expropiar al gran capital, nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero, desenvolver la revolución agraria expropiando la propiedad terrateniente, no pagar la deuda externa, estatizar la educación y la salud bajo la gestión de los trabajadores, imponer salarios al nivel de la canasta familiar, prohibir los despidos y repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. Esta salida no puede estar en manos de las expresiones políticas nacionalistas pequeño burguesas, burguesas o de colaboración de clases (frente popular), al estilo de Venezuela, Bolivia, Ecuador o el Brasil de Lula o Dilma Rousseff, que se han entregado al gran capital y han abierto ellas mismas salidas derechistas y represivas.

La necesidad imperiosa e inexcusable de dotar de una dirección socialista y revolucionaria a los trabajadores cuya estrategia sea la de luchar por la destrucción del Estado capitalista y la imposición de gobiernos obreros y campesinos en América Latina y por su unidad obrera y socialista nos exige la convocatoria a una segunda conferencia latinoamericana. La gran rebelión popular paraguaya es la evidencia más actual de esta necesidad, y expresa la continuidad de la tendencia general a luchar para dar fin a un régimen agotado por parte de los obreros y campesinos de América Latina.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-impulsar-la-intervencion-obrera-y-unificar-las-listas-independientes/

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[VIDEOS] Por qué marchamos

Importantes referentes de organismos de Derechos Humanos explican la movilización de este 24 de marzo.

Foto: Willy

En la tarde de este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, se desarrollaba una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo. Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora), Pía Garralda (abogada de la querella de Justicia Ya! La Plata), "Rayu" Alaniz (abogada en la causa ex Esma, miembro de la Asociación de Profesionales en lucha -Apel), Carlos Zaidman y Osvaldo Barros (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), y Carlos “Sueco” Lordkipanidse (Encuentro Militante Cachito Fukman), explicaron a Prensa Obrera los motivos por los que no hay que dejar las calles.

"Tenemos 30 mil razones para seguir movilizando. Las represiones, las persecuciones de Berni, de Insfrán en Formosa, los femicidios, las domiciliarias a genocidas y los juicios a cuentagotas", sostiene "Rayu" Alaniz, de Apel. Enfatiza que "nosotros sí marchamos", para remarcar la defección de los organismos ligados al Frente de Todos y las centrales sindicales.

"Hoy solo tienen condena un ínfimo número de integrantes de las fuerzas represivas, muchos con prisión domiciliaria. Seguimos reclamando la restitución de identidad de los más de 400 hijes de desaparecides", dice Pía Garralda.

"A 45 años del golpe genocida, debemos seguir marchando y seguimos exigiendo cárcel común a los genocidas ya", expresa Carlos Zaidman, de Ex Detenidos Desaparecidos. Osvaldo Barros, de la misma organización, añade que "Volvemos a la Plaza. Seguimos luchando, y seguimos movilizando".

"No nos referimos solamente al pasado, sino que hablamos de Julio López, de Luciano Arruga, de Mariano Ferreyra, de Santiago Maldonado, Facundo Castro, Guernica. No hay razones para no marchar", explica el “Sueco” Lordkipanidse.

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24/03/2021

Chile: impulsar la intervención obrera y unificar las listas independientes

Crece la crisis sanitaria y social. El gobierno y la oposición responden con represión.

El optimismo generado por el alza del precio del cobre y del litio y el avance en el plan de vacunación de la población, hizo proyectar al gobierno una cercana reactivación de la actividad económica. Sin embargo, el aumento de la tasa de contagios, a niveles que superan el pico de julio del año pasado, implicó la decisión del retroceso a la fase uno de la cuarentena en prácticamente todo el país y encendió las alarmas en el sistema de salud por el número de hospitalizaciones que lo ponen al borde del colapso. Al mismo tiempo, la actividad económica marcó una caída del 3,1% en el último período, revelando que el ciclo recesivo está lejos de cerrarse. Las condiciones de vida de la clase trabajadora empeoran a diario y las “salidas” planteadas por todo el arco político patronal apuntan a sostener subsidios para los sectores más necesitados, financiados por los propios trabajadores, y a mantener e incrementar incluso los millones que el Estado destina a subsidiar al capital.

Los datos hablan por sí mismos: el desempleo supera el 10% y la pobreza asciende a un 13,7%, sin contar la gran cantidad de inmigrantes que llegaron al país en los últimos tiempos, que pasan a engrosar el contingente de pobres y desempleados. La crisis habitacional se ha agudizado ya que las familias tienen que optar entre comer o pagar un arriendo, con lo cual las tomas de terrenos se han multiplicado y la respuesta estatal ha sido los desalojos. Los recursos públicos destinados a asistir al sector más golpeado por la pandemia no llegan a los 3 mil millones de dólares, una cifra ridícula con relación a la magnitud del descalabro social. Ello no resulta modificado sustancialmente con los anuncios de Piñera del martes, que reafirman en todo caso la voluntad del gobierno de descargar el costo de la actual crisis en las familias trabajadoras.

Tercer retiro y reforma previsional, el salvataje a las AFPs

Con el agravamiento de la crisis social ha entrado en debate un proyecto de ley para habilitar un tercer retiro de los fondos de pensión. A diferencia de los retiros anteriores, el trámite legislativo se presenta más dificultoso, ya que tendrá que sortear el escollo del Tribunal Constitucional que ya se pronunció contra el segundo retiro y al que el oficialismo anunció que recurrirá si se llega a aprobar el tercero. El gobierno respondió en primer lugar reflotando el proyecto de reforma previsional aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, es decir, en medio de las grandes movilizaciones que protagonizaba el pueblo chileno y que desde entonces era objeto de negociaciones con senadorxs de la oposición, pero la salida de Ignacio Briones del Ministerio de Hacienda dejó todo en la nada. El punto de discrepancia entre oficialismo y oposición respecto del proyecto de la reforma previsional giró en torno al destino del 6% de aumento en la cotización, si va una parte a las cajas individuales como pretende el gobierno o si se destina su totalidad al ahorro colectivo que sería administrado por un organismo estatal autónomo de las AFPs. Queda claro que cualquiera de las variantes se erige como una farsa de sistema mixto, creando un raquítico mecanismo de reparto frente al enorme negociado de las AFP que es lo que en definitiva pretenden salvar. Lejos de constituirse en “una cirugía mayor” al sistema de pensiones privadas, en palabras del presidente Sebastián Piñera, estamos ante un parche que deja intactos sus intereses.

Frente a la presión por un tercer retiro, el gobierno anuncia la extensión del IFE y el bono a la clase media y nuevos subsidios a las patronales. Estamos hablando de medidas de las que resultan excluidas las mayorías populares. La “focalización” de la ayuda estatal es en realidad una política para que la clase trabajadora pague con hambre y miseria la crisis.

Ante estos anuncios, un sector de la propia coalición gobernante salió a despegarse, alineándose con una tercera propuesta de “salida” puesta sobre la mesa por uno de los precandidatos a presidente de la derecha, Joaquín Lavín, quien pretende que se habilite la utilización de los fondos de seguro de cesantía en lugar de recurrir nuevamente a los fondos de pensión. Se trata de otra variante de autofinanciamiento de las consecuencias de la crisis por parte de la clase trabajadora y como tal tuvo cierta llegada a sectores del oficialismo y por eso no sorprende que reciba el apoyo de sectores de la derecha, dividiendo al oficialismo.

Lo cierto es que el pueblo chileno planteó como una de las demandas centrales de la revuelta del 2019 el fin de la privatización de sistema previsional a través de la consigna “No + AFP” y es justamente lo que tanto el oficialismo como la oposición cómplice se niegan a hacer. Ni un nuevo retiro de los fondos de pensión, ni la reforma previsional trucha son una verdadera salida a la acuciante situación que están atravesando miles de trabajadorxs y pensionadxs. Necesitamos un seguro de cesantía, salarios y pensiones que cubran el costo de la canasta familiar.

Un nuevo capítulo en la crisis sanitaria

La vuelta a la normalidad que el gobierno impulsaba, con anterioridad incluso a la puesta en marcha del plan de vacunación, a costa de la salud y la vida de las y los chilenos, ha sufrido un golpe ante una nueva ola de contagios de la que es responsable directo. Se registran récords de contagios en las distintas regiones, con lo cual no existe la posibilidad de traslados para descongestionar los hospitales ya que el sistema de salud en todo el país está al límite de su capacidad.

El retorno forzado a las clases en forma presencial, cuando no estaban dadas las condiciones para hacerlo, empujó al contagio de trabajadorxs de la educación, alumnxs y sus familias. A pocos días del inicio de clases más de 50 establecimientos educativos debieron entrar en cuarentena por los contagios verificados, lo que motivó que organizaciones de docentes y demás trabajadores de educación, así como padres y apoderados se presenten ante el ministerio de salud para solicitarle al ministro Enrique Paris la suspensión de las clases presenciales. Las advertencias sobre la falta de condiciones para el regreso seguro a la presencialidad fueron desoídas por el gobierno. Y frente a la confirmación de las advertencias, el ministro de educación Raúl Figueroa asumió una actitud negacionista, minimizando los contagios y culpando a las familias al afirmar que se produjeron en las casas y no en las escuelas, negándose a suspender la presencialidad.

El gobierno pretende mostrarse ante el mundo como un ejemplo en materia de vacunación, pero lo cierto es que los niveles de inmunización alcanzados no son suficientes para evitar los contagios. Frente al salto que se registra las medidas adoptadas -retroceso de fase en regiones enteras y endurecimiento del toque de queda- tienen únicamente un carácter represivo. Ya que las y los trabajadores están obligados a continuar asistiendo a sus puestos de trabajo, los desocupadxs están obligados a salir a buscarlo ya que carecen de un seguro al parado, y todos son empujados al hacinamiento en el metro, sin que exista el más mínimo control respecto del cumplimiento de los protocolos.

La gravedad de la situación sanitaria ha generado un debate, que mayormente se desarrolla por lo bajo, en relación con la posibilidad de que puedan realizarse las elecciones, ahora desdobladas en dos jornadas de votación. Lo cierto es que ni oficialismo ni “oposición” lo plantean abiertamente ya que se trata de la gran operación puesta en marcha para canalizar la bronca popular y, por lo tanto, estos sectores políticos están comprometidos en que no naufrague.

Represión y convención constituyente

Como era de esperarse, el Senado aprobó la extensión por 90 días de la modalidad de estado de excepción reclamada por Piñera, el estado de catástrofe, vigente en el país desde hace un año. Así, el Congreso, con votos y abstenciones de la “oposición”, le da al gobierno la herramienta que necesitaba para avanzar en el proceso de militarización iniciado en la Araucanía, lo que se suma al adelantamiento del toque de queda. La represión se constituye como el pilar para garantizar el último año de mandato de Piñera, en el que se encuentran interesados incluso los partidos de la oposición centroizquierdista. Los megaoperativos desplegados por Carabineros los viernes en Plaza Dignidad, el allanamiento y detenciones de decenas de personas en un comedor popular en Villa Francia y la represión a vecinos que se encontraban en la feria de Puente Alto sirven de muestra de la magnitud de la represión que a diario se desata sobre las y los chilenos. En Chile la violación de los derechos humanos es una política de Estado.

El actual marco fuertemente represivo revela que la constituyente carece de cualquier vestigio de soberanía. A su vez, la convención puede terminar copada por el oficialismo que, según las proyecciones, se alzaría con al menos un tercio de los escaños, lo que le permitiría vetar toda reforma que eventualmente signifique algún cambio de fondo. Por su parte, la oposición centroizquierdista solo apunta a rescatar el régimen en su conjunto realizando meros cambios cosméticos, y las listas y candidaturas independientes, fuertemente atomizadas, solo conquistarían en el mejor de los casos un puñado de bancas.

Frente a este escenario se plantea la necesidad de generar un polo de listas combativas que, en base a un programa en torno a las reivindicaciones motoras de las masas que protagonizaron el estallido, selle un acuerdo que impulse las listas que tienen mayores posibilidades en cada distrito en la elección del 11 de abril. Ello junto a una política que impulse la ruptura de la tregua que llevan adelante las burocracias de los sindicatos y organizaciones populares, que con su acción paralizante se han transformado en un pilar fundamental de sostenimiento del gobierno y el régimen. No soltar las calles e impulsar la intervención obrera y popular es la única garantía para romper con las maniobras en curso, que pretenden cerrar las perspectivas políticas de la revuelta sin dar respuestas a las demandas levantadas por el pueblo chileno.

https://prensaobrera.com/internacionales/8m-en-chile-denuncian-represion-y-abusos-sexuales-por-parte-de-carabineros/

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24/03/2021

Myanmar, una extraordinaria lucha contra el golpe militar

El régimen militar que asumió el poder el 1 de febrero pasado continúa su baño de sangre contra la población movilizada. Ya son más de 250 los muertos y 2300 los arrestados, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos. El domingo 14, en uno de los días más mortíferos, hubo 70 asesinatos. Las fuerzas de seguridad disparan con armas de fuego, e incluso tiran a las ambulancias y secuestran heridos.

Pese a ello, la resistencia continúa en las calles y en los lugares de trabajo. Decenas de miles de trabajadores se adhirieron al Movimiento de Desobediencia Civil. A la vanguardia se encuentran los trabajadores de la salud (un tercio de los hospitales no están funcionando, según el gobierno). También participan los docentes. Y según algunos artículos, el impacto se extiende a los puertos y aeropuertos (que apenas estarían funcionando) y a la industria de la confección (Sin Permiso, 20/3).

Una batalla particular se da en los bancos. Dos mil sucursales permanecen cerradas, lo que ha llevado a que los retiros y transferencias no puedan realizarse. La junta militar amenazó con nacionalizarlos si no vuelven a la actividad. Las patronales (como KBZ y Aya Bank) han lanzado una campaña de presión sobre los trabajadores para que depongan la huelga, amenazando con dejar de pagarles el sueldo e incluso con despidos (Frontier Myanmar, 23/3).

En cuanto a las manifestaciones, están encabezadas por una nueva generación de luchadores, de entre 20 y 30 años.

Los militares derrocaron en febrero a Aung San Suu Kyi, de la Liga Nacional por la Democracia (LND), bajo la falsa acusación de un fraude electoral en las elecciones de noviembre pasado. De este modo, pusieron fin a una apertura controlada que había comenzado una década atrás, y que le había permitido a la LND acceder al poder en 2015, si bien con las fuerzas armadas conservando resortes claves del poder político.

Una cuestión importante ahora será la postura que asuman los grupos armados que luchan por la autodeterminación de sus regiones y que responden a las distintas minorías étnicas del país. Durante décadas, los militares llevaron a cabo una guerra y una política de exterminio contra estos sectores. La depuesta Aung San Suu Kyi acompañó dicha postura durante su mandato. Ahora, sin embargo, el Comité Representante del Pydaungsu Hluttaw (CRPH), que nuclea a exdiputados de la LND y se postula como el gobierno legítimo del país, les está proponiendo a los insurgentes una convergencia contra el golpe militar.

El gobierno castrense busca apoyos para sostenerse en el poder. A los pocos días del golpe, realizó una reunión con empresarios en que les prometió un paquete de ayuda frente a la recesión que terminó de configurar el Covid-19. Los militares mismos son una potencia económica del país. A la par, cultiva el respaldo de China, un país con grandes intereses en la zona (impulsa un corredor económico que le permitirá un acceso más cómodo al Océano Indico). El gigante asiático bloqueó una resolución de condena al golpe militar en el Consejo de Seguridad de la ONU, no obstante lo cual mantiene lazos con el gobierno anterior y los insurgentes. El rechazo a Beijing por su complicidad con el golpe ha llevado a manifestantes a incendiar fábricas de origen chino.

Estados Unidos y la Unión Europea resolvieron algunas sanciones contra el régimen militar, pero el imperialismo no tiene una oposición de principios a la junta, solo busca presionarla para que se aparte de China.

En el proceso de lucha contra el golpe militar existe un sector que es partidario de Aung San Suu Kyi, pero también otros que tienen posturas críticas respecto a lo que fue su gobierno. El odio contra la dictadura, en tanto, se acentúa por una situación de pobreza y de miseria que creció con la pandemia.

El Sudeste Asiático se ha visto convulsionado estos últimos dos años por grandes procesos de lucha, como la huelga en curso de casi cuatro meses de los agricultores en la India y un paro general que involucró 250 millones de trabajadores; las movilizaciones masivas de la juventud tailandesa contra la monarquía; y el paro general del año pasado de 72 horas en Indonesia contra una reforma laboral precarizadora.

En este proceso se inscribe la rebelión en Myanmar. Impulsemos su victoria, abajo el golpe militar.

https://prensaobrera.com/internacionales/myanmar-la-represion-de-la-dictadura-ya-dejo-mas-de-50-muertos/

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22/03/2021

Urge una II Conferencia Latinoamericana que canalice las rebeliones populares en curso

La I Conferencia Latinoamericana y de los EE.UU. de mediados del año pasado fue un acierto estratégico. Convocada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad de la Argentina, la misma logró aglutinar a más de 50 organizaciones de 15 países del continente. Pero lo más importante fue que además de agrupar a los sectores de vanguardia más combativos se desarrolló un debate sobre cuestiones estratégicas como qué clase de partido construir, y qué política adoptar frente al reformismo de izquierda.

En ese debate, las agrupaciones firmantes del texto “Un programa y una estrategia revolucionaria para la intervención en América Latina y EE.UU”, señalaron que nos acercábamos a una segunda ronda de rebeliones populares y que varias organizaciones frente populistas tendían a derrumbarse por su propia política de colaboración de clases como luego sucedió con el Frente Amplio (FA) de Perú, donde participaba Uníos (UIT-CI).
Desde la agrupación Vilcapaza señalamos que solo sería cuestión de tiempo para que la rebelión popular que recorría el continente también estallara aquí y que la vanguardia debía prepararse para esa perspectiva. Y en efecto, poco después, se desenvolvió un estallido social en todo nuestro país teniendo como detonante no solo a la pandemia sino a la aventura golpista de la mafia congresal liderada por Manuel Merino “el breve”.

Frente a las enormes movilizaciones que sacudieron todo el país el autodenominado presidente Merino respondió con una brutal represión que tuvo el saldo de dos jóvenes asesinados por la policía. La caída de Merino trajo consigo la asunción de emergencia de Francisco Sagasti apoyado desde la derecha hasta sectores como el Frente Amplio que se reclaman de izquierda. El único fin de este nuevo gobierno era contener el enojo popular.

Sin embargo, le rebelión continuó en nuestro país con numerosas movilizaciones obreras y campesinas de norte a sur. La aparente calma fue quebrada por la irrupción de los obreros de la agroindustria que salieron a las calles contra la flexibilizadora “Ley de promoción agraria” que no es otra cosa que un ataque directo al salario y las condiciones laborales de miles y miles de trabajadores agrícolas. El gobierno tuvo que ceder y tratar en el Congreso de la Republica la reforma de esta ley para tratar de contener la gran huelga de los trabajadores agrarios. Pero se trata de una maniobra gatopardista: se cambia algo para tratar de conservar aspectos decisivos de la supereexplotación obrera y de los subsidios a la burguesía agroexportadora.

Sagasti, que había asumido repudiando los asesinatos del gobierno de Merino, ya tiene en su espalda la muerte por parte de la policía de tres jóvenes trabajadores en las protestas contra esta ley antiobrera.

Casi concatenadamente estalló la rebelión popular en Guatemala que amenazó con incendiar todo el Congreso de su país rechazando el recorte presupuestal pro patronal.

Esta nueva oleada de rebeliones populares se da, por un lado, en un nuevo escenario de derrota electoral de las corrientes populistas más reaccionarias como las de Donald Trump o Jair Bolsonaro y del desarrollo de una segunda ola del coronavirus con un mayor ataque a las condiciones miserables en las que ya vive la clase obrera con una perspectiva de mayores despidos, ajustes y mayores endeudamientos con los organismos imperialistas como el FMI.

Y, por otro lado, en el ascenso al poder de fórmulas centroizquierdistas y nacionalistas burguesas como las del MAS en Bolivia y la victoria del apruebo en Chile, estas últimas alimentadas dialécticamente por la rebelión popular latinoamericana. Pero no solo son estos dos países. Lo que caracteriza a todo el continente es un ascenso vertiginoso de la lucha de clases como es el caso de Haití, Puerto Rico o Argentina, con varias protestas y movilizaciones contra los ajustes fondomonetaristas, la corrupción o la prepotencia gubernamental capitalistas.

Sin embargo, a pesar de la impresionante combatividad de las masas trabajadoras, pues, estas se encuentran en un impasse al no tener una herramienta política que centralice su combate y supere las mediaciones centristas que operan como una variante más del capitalismo con rostro humano.

Es así como la necesidad de una II Conferencia Latinoamericana cae por su propio peso. Por estas razones, hacemos un llamado a las organizaciones que se reclaman de la izquierda revolucionaria peruana para desarrollar un encuentro de deliberaciones al respecto.

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22/03/2021

Nicaragua: asaltan una sede del colectivo Popol Na

A continuación, compartimos el comunicado enviado por Mónica Baltodano desde Nicaragua. Fue una de las dirigentes de la revolución sandinista.

Asaltaron y ocuparon la "Casa de la Comunidad", local en donde el colectivo Popol Na trabajó durante 30 años, y en donde alojamos a madres de presos políticos, campesinos, luchadoras y luchadores sociales que defienden los derechos del pueblo y la naturaleza. Su robo no nos desmoraliza.

Que la dictadura sepa que no pueden arrancarnos, con sus garras anilladas, nuestras convicciones de luchar junto al pueblo de Nicaragua, hasta desterrar de nuestro país el autoritarismo, la impunidad y la corrupción.

¡Luchamos por las dignidades!
Solo el pueblo salva al pueblo

18 de marzo 2021
Popol Na

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22/03/2021

El horror de la ruta migratoria de África a Medio Oriente

Traficantes echan por la borda a migrantes para aliviar el peso de los barcos.

El pasado miércoles 3, una embarcación con 200 migrantes, en su mayoría etíopes, sudaneses y somalíes, partió desde la costa africana de Yibuti hacia Yemen, intentando luego llegar hasta Arabia Saudita. En un momento dado, los traficantes alertaron del peso de las embarcaciones y arrojaron a ochenta personas por la borda. Según denunció la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que unas veinte murieron ahogadas (Euronews, 4/3).

La ruta migratoria que une Yibuti con el Medio Oriente, a través del mar, es seguida por cientos de miles de personas que huyen de las hambrunas y las guerras en el continente africano. Los etíopes peregrinan cientos de kilómetros por el desierto hasta llegar a las playas de Yibuti, soportando temperaturas de hasta 50 grados. Una vez en Yemen, los migrantes intentan cruzar a Arabia Saudita u otros países de la región en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. Sin embargo, a partir de la pandemia, el cierre de fronteras hizo que miles quedaran varados en Yemen, un país que padece la agresión armada del imperialismo y las monarquías de la región, así como también la miseria más extrema. A raíz de ello, mucha gente empezó a tomar la ruta migratoria en sentido inverso, desde Yemen -otra vez- hacia el continente africano.

En Etiopía se desenvuelve actualmente un conflicto armado entre el gobierno de Sahle-Work Zewde y el gobierno local de Tigray, el Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT). Sudán experimentó una larga guerra civil que culminó en la separación de Sudán del Sur, un país que al poco de nacer vivió su propia guerra civil. Somalia se encuentra en un estado de desintegración nacional desde la invasión imperialista de comienzos de los 90.

Como sucede con las caravanas migratorias centroamericanas o en el Mediterráneo, es la situación catastrófica la que arrastra a que millones intenten escapar, inclusive poniendo en riesgo sus propias vidas, sometiéndose a los peligros del tráfico ilegal. El número de refugiados y desplazados internos había alcanzado a nivel global la cifra récord de 80 millones de personas a fines de 2019.

La crisis de los refugiados es una de las mayores expresiones de la barbarie capitalista. Defendemos el derecho al asilo incondicional. Abajo las mafias traficantes de migrantes y la guerra imperialista.

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20/03/2021

Chile: libertad inmediata a Ricardo Vásquez

Es dirigente del sindicato de Starbucks.

En el marco del mega operativo represivo que desplegó Carabineros ayer en Plaza Dignidad, fue detenido el dirigente del sindicato de Starbucks y militante político Ricardo Vásquez, que pasaba por el lugar en dirección a su casa luego de finalizada su jornada laboral. Ya consumada la detención arbitraria, ninguna dependencia brindó información sobre su paradero ante la solicitud de familiares y compañerxs, por lo que se encontró durante horas virtualmente desaparecido. Ahora se sabe que se encuentra alojado en la comisaría 19na incomunicado.

La detención de Vásquez se suma a las decenas de detenciones ilegales que viene llevando a cabo Carabineros, como lo muestra el operativo que días atrás se realizó en Villa Francia, donde fue allanado y destruido un comedor comunitario y culminó con el arresto de más de 20 personas que se encontraban en el lugar. En el caso particular de la Plaza Dignidad, a partir de la remoción de la estatua de Baquedano, el Estado ha llevado adelante cada viernes un despliegue represivo con más de mil agentes tal como lo reclamaban los sectores más rancios de las fuerzas militares.

Este reforzamiento de las políticas represivas contra el pueblo chileno es responsabilidad del gobierno, pero también de la oposición que desde el Congreso le aprobó todas las leyes que reclamó el presidente Sebastián Piñera para ampliar las facultades de Carabineros, siendo el último episodio la aprobación del estado de catástrofe que necesitaba el oficialismo para avanzar en la militarización de la Araucanía y endurecer el toque de queda.

Reclamamos la inmediata liberación de Ricardo Vázquez, pero también de todxs lxs presxs políticxs, así como el juicio y castigo de todos los responsables de la sistemática violación de los derechos humanos. Disolución de Carabineros. Fuera Piñera.

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10 mil jóvenes de todo el país participaron del piquetazo nacional del 18

En CABA y dependencias del Ministerio de Educación reclamamos becas, dispositivos y conectividad.

El jueves 18, miles de jóvenes organizades con el movimiento piquetero combativo, nos movilizamos al Ministerio de Educación y a Plaza de Mayo (y en 21 provincias y 80 puntos), en el marco de la jornada nacional de lucha piquetera, para decirle al ministro Nicolás Trotta y a Alberto Fernández que el ajuste no va más y exigirles que garanticen la conectividad para que miles de chicos puedan seguir estudiando.

Con más de 10.000 jóvenes en total, en todo el país salimos a las calles por nuestros derechos, junto con la Juventud del Polo Obrero, la UJS, y miles de pibxs de las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, como la Juventud del MAR,  Votamos Luchar, JR-Che, juventud Rafael Nahuel, y otras organizaciones como Jóvenes de Pie. Llevamos la consigna "becas, conectividad y trabajo genuino, fuera el FMI". Cuando se habla de la deserción en las aulas de miles de jóvenes es por las políticas de ajuste de los gobiernos, que vacían los presupuestos educativos, para privilegiar la educación privada y el pago de la deuda externa.

La movilización en la ciudad de Buenos Aires comenzó en Callao y Córdoba, pasando por el Ministerio de Educación, donde pedimos que reciban los reclamos de les jóvenes de todo el país. No fuimos recibidos por ningún funcionario, la hostilidad hacia el reclamos de jóvenes de las barriadas populares es de tal magnitud, que hasta se negaron a recibir el petitorio elaborado por las más de 30 organizaciones que estábamos presentes en el Palacio Pizzurno.

La educación viene sufriendo un ajuste y deterioro desde hace muchos años. Particularmente en este último período, recortaron el plan Sarmiento (plan encargado de entregar las computadoras a les estudiantes), hubo un congelamiento en el monto de las becas, la mayoría de los chicos que estudian no pueden acceder a las mismas y los que sí pueden es con montos de $2500, lejos de poder cubrir los costos de fotocopias, libros, materiales de estudio, o pack de datos de internet o un plan de wifi. Además, cada año empeora la calidad de viandas y bolsones escolares y se discontinúan las entregas.

El eje de la conectividad es clave para nosotres. Hoy acceder a internet es fundamental, no solo para la formación y capacitación por acceso a cursos online o material de estudio, sino para desenvolvernos social y laboralmente. Por eso los dispositivos (netbooks) son primordiales. Uno de los cantitos más vitoreados por lxs pibxs fue "vamos a luchar, computadoras y wi-fi ¡No estamos en el siglo pasado!". ¿De qué nos sirven las nuevas tecnologías si no podemos acceder a un cable de internet?.

Durante el 2020 no se refaccionó ningún colegio. Nos encontramos con la vuelta a clases con protocolos insuficientes, cuando los contagios siguen aumentando, y les chiques y docentes son obligados a asistir bajo las peores condiciones edilicias.

Una bandera que vamos a defender a muerte es el laburo genuino, un trabajo en blanco, bajo convenio, con salarios que cubran la canasta básica; muchos derechos conquistados por nuestros viejos y antepasados que los gobiernos pisotean. En los comedores estamos luchando familias enteras: mamá, papá, hermanxs, todos desocupadxs.
¡No más precarización y explotación a la juventud!

Cómo seguimos

La jornada dejó planteada la necesidad de seguir organizando a les pibes en los barrios, con más fuerza, para volver al Ministerio y arrancar reivindicaciones y que no nos vendan humo. Ya nadie cree que "algo se está haciendo" para que lxs pibxs no dejen la escuela.

Es por eso que llamamos a todes les pibes que estuvimos movilizados el 18, a organizar una nueva lucha el día 7 de abril, pero esta vez convocando centros de estudiantes y más organizaciones, para ir al Ministerio de Educación de Nación, y apoyar con acciones en todas las provincias, donde seguiremos planteando que se cumplan todos nuestros derechos.

También nos movilizaremos el miércoles 24 de Marzo, a 45 años del golpe militar, donde 30.000 compañeros fueron desaparecidos y asesinados. Queremos organizar una gran campaña de la juventud contra el gatillo fácil, la represión y el avance de las fuerzas represivas, reclamando justicia por todos los pibes que fueron asesinados a manos de la maldita policía, hoy con Sergio Berni a la cabeza, y denunciando la impunidad de ayer y de hoy.

El caso de M. es un botón de muestra de la inoperancia de los Berni, porque a M. la encontramos con la lucha popular.

Este 24 de marzo el kirchnerismo decidió no marchar. La juventud del Polo Obrero estará movilizada junto con el Encuentro de Memoria Verdad y Justicia en una columna independiente y realizaremos un acto que levante una tribuna de denuncia contra todos los gobiernos que ajustan y reprimen a la clase trabajadora.

Ya estamos largando pegatinas, pintadas y volanteadas en todas las regionales y charlas de cara a un 24M independiente de los gobiernos.

¡Arriba la juventud que se organiza!

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Fuerte reclamo de subsidios para la compra de garrafas y entrega de alimentos para las familias que lo necesiten.
La organización piquetera viene realizando una campaña en barriadas populares porque “no se aguanta más" la situación de crisis.
De cara al próximo Encuentro Nacional de Mujeres.
Una infame causa judicial contra la organización que enfrenta el hambre en los barrios y el ajuste.
Frente a la sede del Pami, y con la presencia de organizaciones de jubilados; plantearon: ¡Fuera Milei!
20/03/2021

Bahía Blanca: una privatización contraria a los intereses de usuarios y trabajadores

Sobre el traspaso de dos líneas de colectivos a la empresa San Gabriel.

El 25 de febrero pasado, autoridades del municipio de Bahía Blanca anunciaron el traspaso a gestión privada de dos líneas de transporte urbano hasta entonces operadas por la empresa estatal Bahía Transporte Sapem (BTS). La medida, que benefició a la empresa local San Gabriel, se terminó de concretar en marzo, sin mediar por parte del gobierno de Héctor Gay una información detallada que justificara el cambio de operador. BTS acordó que San Gabriel absorbería 17 vehículos por un monto de $16 millones y 32 empleados. Los argumentos a favor de este remate de líneas de colectivos giran en torno al déficit de BTS y al riesgo de que, en una nueva licitación del servicio, no hubiese interesados en operar el servicio.

En 2012, y a raíz de la salida del Grupo Plaza del sistema de transporte publico local, se traspasaron nueve líneas a operadores privados de capital local y tres al operador estatal. Mientras que los nuevos operadores privados se quedaron con las líneas más rentables, BTS mantuvo los servicios donde la relación pasajero/km era baja y, por ende, menos rentable. A pesar de haber absorbido líneas con bajas perspectivas de rentabilidad, desde 2014 BTS adquirió nuevas unidades. Incluso, a fines de 2019 BTS incorporó dos nuevas unidades al negocio, lo cual denota que, al menos hasta ese momento, el déficit de BTS o se había revertido respecto de la situación de 2012 o no alcanzaba magnitudes críticas. Por esto, no se entiende cómo en 16 meses desde la última inversión en vehículos la situación del operador estatal pasó de satisfactoria a justificar un traspaso, aun considerando la disminución de ingresos por la pandemia. Tampoco se entienden los incentivos que llevarían a un privado a absorber 2 líneas que, siempre según la versión del gobierno de Gay, serían deficitarias y con un futuro difuso alrededor del momento en que recuperarían pasajeros o ingresos.

Otro punto oscuro de este proceso se refiere al valor por el cual San Gabriel tomó los 17 vehículos de BTS ($16 millones abonados en un anticipo de 30% y 24 cuotas). Si bien el presidente de BTS afirmó que la valuación de las unidades traspasadas se basó en la tasación de Mercedes Benz (La Nueva, 17/3), las declaraciones de los funcionarios son incompletas y confusas, abonando la hipótesis de que estamos ante el vaciamiento de una empresa estatal. El valor pactado para los rodados transferidos, que no supera el millón de pesos cada uno, es inferior a lo que el municipio obtendría en un remate o incluso del valor que los propios organismos regulatorios del sector (que otorgan subsidios y aprueban cuadros tarifarios) establecen para los vehículos según antigüedad. La diferencia de valuación no es despreciable, sino que representa alrededor del 30% de lo que correspondería si se considerasen valores “normales”.

Por ello, la supuesta recuperación del déficit que tendría BTS por la venta de los buses es nula, no solo porque liquidará activos con valores muy inferiores a los usuales para el sector sino porque terminará de cobrarlos en 2023, a valores reales inferiores incluso al precio pactado.

Estamos ante un típico caso en el que una empresa estatal es desmembrada al servicio de intereses privados y en desmedro de los usuarios y del presupuesto estatal, al desprenderse de unidades millonarias que ahora son transferidas a precios muy bajos y en cómodas cuotas. Está claro que se trata de un paso firme en el camino privatizador que el gobierno de Gay viene trazando. Así lo anticipó el propio intendente en una entrevista radial realizada el año pasado: “Seguramente se privatizará Bahía Transporte Sapem" (ídem, 31/08/20).

Ante la política privatizadora del gobierno de Gay, que cuenta con el silencio cómplice de la conducción de la UTA, el pueblo trabajador debe oponer su programa en función de sus propios intereses. La defensa de un sistema único de transporte público, bajo control de los usuarios y trabajadores, que garantice un servicio de calidad, a precios populares y cuyos recorridos se definan en función de las necesidades reales de la totalidad de los barrios de la ciudad, se vuelve una cuestión crucial, toda vez que sus condiciones de vida sufren los embates sin tregua de una inflación, desocupación y carestía crecientes.

https://prensaobrera.com/mujer/8m-en-bahia-blanca-miles-de-mujeres-se-movilizaron-al-grito-de-basta-de-femicidios-el-estado-es-responsable/

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20/03/2021

Formosa se movilizará en el Día Mundial por el Agua

Un derecho, no una mercancía. Este 22.

Este 22 de marzo, en el Día Mundial por el Agua, en Formosa salimos a denunciar la crisis hídrica que tenemos no solo en la provincia, sino en todo el país, y a poner al desnudo la manera en la que los gobiernos y las empresas están lucrando con este recurso, dejando a cientos de personas y a distintas comunidades en una lucha constante por un derecho tan imprescindible.

Formosa, que ya es conocida por ser una de las provincias más pobres; por tener unos de los peores salarios; y por convivir con un gobernante que no se movió de su lugar en 25 años; ahora también, según los últimos datos conocidos (2018) de un trabajo colaborativo realizado por profesionales de distintas universidades, como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y la Universidad Nacional de Quilmes, es una de las tres provincias con mayor cantidad de habitantes que no tiene acceso a la red pública de agua. Cuatro de cada diez no tienen cloacas, y uno de cada diez no tiene letrina ni pozo; esto significa que el 22% de los formoseños viven en situaciones que impactan en la salud pública provocando, en particular, cuadros de parasitosis que afectan, especialmente, a los niños. Esto sin mencionar las aguas contaminadas, por ejemplo, con arsénico. Quienes padecen esta situación son como siempre los sectores más vulnerables, como las comunidades originarias. La pandemia no hizo más que demostrar las desigualdades que viven en diferentes aspectos, como lo es el acceso al agua, lo que hace que sus únicas oportunidades para conseguirla provengan de lluvias, riachos o lagos.

Las respuestas del gobierno provincial, con el senador José Mayans como vocero, negando estas situaciones (hace un mes salió a decir que en Formosa el 100% de la población tiene agua potable), no nos sorprenden, viniendo de un régimen que nos mantiene bajo el hambre, la desocupación y la miseria. Sabemos que su preocupación no está en el derecho al agua para toda la población. Pero sí está del lado de los grandes capitalistas, de las empresas que explotan todos nuestros recursos naturales, sobre los cuales montan un gran negociado con jugoso beneficio (no en vano este año el agua comenzó a cotizar en mercados de futuros de Wall Street). Esto no solo es un daño para el medio ambiente, sino que es un duro golpe para las economías familiares, que deben enfrentar los permanentes tarifazos sobre el agua y la energía, hasta tal punto que se vuelven impagables para muchos, no obstante lo cual, si no lo hacen les cortan el servicio.

A todo esto debemos sumarle la crisis que atravesamos todos los años, la cual nos lleva a dos situaciones extremas: o bien no llueve y sufrimos sequías, o bien llueve y nos inundamos, lo que afecta a miles de familias que viven cerca del río. Es imperioso un control del uso del agua y esto no puede estar en manos de empresas, ya sea privadas o estatales: el control debe ser social de mano de los trabajadores, para que no seamos nosotros nuevamente los más afectados.

Desde el Partido Obrero y Tribuna Ambiental llamamos a toda persona independiente u organización defensora del ecosistema, a que este 22 de marzo, a las 17:30 hs en 25 de Mayo y Rivadavia nos concentremos para luchar por la defensa del agua como un derecho a la vida, y no como una mercancía.

https://prensaobrera.com/politicas/formosa-alberto-fernandez-al-rescate-de-insfran/

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20/03/2021

Las reuniones de la UTE-Ctera: dos perspectivas

¿Podemos aceptar que el sindicato avale la propuesta salarial de pobreza de Rodríguez Larreta?.

A lo largo de esta semana la conducción del sindicato docente mayoritario de la CABA, la UTE, convocó a reuniones virtuales por área, nivel y modalidades. Estas, en lugar de unir, fragmentan a la docencia y se constituyen en un "como si", ya que no se puede votar, dejando a los delegados y las escuelas sin ningún poder de decisión.

En dichas reuniones se ha presentado la oferta salarial realizada por el gobierno, la cual consiste en un 34% pagadero en tres cuotas, la última de las cuales se cobrará en el mes de octubre. Otro eje informado fue sobre las gestiones administrativas por el problema de la vacunación docente y por último la campaña de plantaciones de árboles hacía el 24 de marzo en conmemoración de los 45 años del golpe de Estado genocida de 1976.

Hasta aquí algún distraído podría pensar que todo consistió en un informe por parte de docentes voluntariosos que transmiten información de manera objetiva. Sin embargo, la toma de partido por parte de la conducción celeste del sindicato fue clara: la defensa subrepticia de la oferta salarial a la baja, amparada bajo el ala de la comparación con la paritaria paupérrima de les trabajadores de la salud, a quienes el Gobierno de la Ciudad aplaudió en los primeros días de la cuarentena, pero a la hora del salario se olvidó de heroísmos y demases demagógicos dejando a los trabajadores en las antípodas del ritmo inflacionario.

Entre otros motivos, la Celeste defendió la oferta a les docentes de Larreta-Acuña como una "oferta con claroscuros".

El claro de la Celeste: un supuesto avance en el salario básico, el cual impactaría en las jubilaciones, $3600 (!) en tres cuotas. Toda una ironía por parte de quienes durante más de tres décadas han entregado el salario básico abonando a sumas grises, cuando no en negro, achatando toda la escala salarial y dando por tierra con la antigüedad docente. Esto ha llevado a que el salario básico docente hoy ronde los $12.000. Pero además, la Celeste se ha opuesto sistemáticamente al 82% móvil para les jubilados del sector, incluso apoyó el veto del gobierno de CFK del año 2010, en tanto hoy integra el gobierno de las modificaciones de la movilidad jubilatoria, es decir, de la confiscación y entrega de lo que debiera ser un salario diferido directamente del de los activos.

El oscuro de la celeste: reconocer la insuficiencia salarial como una realidad inmodificable que en el mejor de los casos se abordará en octubre, cuando cumplida la última cuota del tramo de (no) aumentos se vuelva a discutir hacia el 2022, desconociendo la proyección inflacionaria del 50% de este año.

Es decir: la conducción del sindicato base de Ctera, una vez más, no está dispuesta a enfrentar el ajuste salarial del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra Soledad Acuña. Por el contrario, la adaptación a la miseria salarial los coloca en la vereda de la funcionalidad a dicha política.

La perspectiva planteada desde la Multicolor

Con una participación que debió superar los bloqueos burocráticos para dar con los links de cada reunión y para ser admitidos en las mismas, las agrupaciones de la Multicolor llevamos planteos orientados a poner en pie un rechazo activo de la oferta gubernamental insuficiente. Tras una pérdida salarial de más de 15 puntos durante el 2020, sobre salarios históricamente pauperizados, de acuerdo a la oferta 2021 nuevamente se perderían 16 puntos respecto a la inflación pronosticada. La necesidad de organizar la docencia y abrir un canal de acción común para reclamar por salario está planteada.

A un mes de la apertura de escuelas sin condiciones y en horas en que el Gobierno de la Ciudad minimiza los números de contagios en las escuelas, los cuales promedian los 300 semanales (sin contabilizar la red de contagios que tejen esos casos), las condiciones biosanitarias que aseguren un retorno seguro continúan ausentes y el Ejecutivo planea flexibilizar los ya de por sí inviables protocolos.

También se colocaron motivos profundos de la docencia para salir a luchar: la desocupación docente; los despidos docentes como en el programa Jornada extendida y los recortes en las horas de proyectos institucionales, de coordinación, etc., en el nivel medio; la falta de dispensas de cuidado necesarias para les docentes, son algunos de los aspectos que inquietan a la docencia en general, por los cuales la conducción de UTE debiera propender a la intervención directa del gremio en la crisis abierta.

UTE-Ctera: la crónica de la eterna desmovilización

A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el PJ-kirchnerismo sindical se postra ante el pacto de paz social que no pasa sino a fuerza de represión y reforzamiento de las fuerzas represivas del Estado. Los repudios a las movilizaciones cuasi fascistas promovidas por Macri-Bullrich no superan la semántica por parte de la conducción de la UTE-Ctera, que han intentado embanderarse con los discursos de los derechos humanos pero va a la rastra de la salvaguarda de una política orientada a hacer pasar el ajuste, si es preciso a fuerza de represión de la mano de los Berni y cía.

En las reuniones, uno de los secretarios adjuntos, Guillermo Parodi, expresó: "mantener la memoria es no movilizarse este 24 de marzo". Un descaro cuando sabemos que hay un hilo de continuidad histórica de represión e impunidad. Bajo la gestión de la exministra de seguridad Patricia Bullrich se produjeron la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel, en la Patagonia. Bajo el mandato del actual ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, la desaparición de Facundo Castro. La represión y la criminalización de la protesta social fueron y son la característica de gobiernos saqueadores y entreguistas, con quienes UTE-Ctera pacta a costa del divorcio con la docencia y sus verdaderos intereses.

En tanto, desde la Multicolor se plantearon los motivos sobrados para movilizarse este 24 de marzo junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, tal como lo venimos realizando desde hace 37 años. Sin embargo, la orientación de la burocracia sindical celeste es clara: plantar árboles y no abrir el mínimo intersticio que permita que la docencia interpele al gobierno de CABA y tampoco al nacional, e intervenga en la crisis abierta por la inflación, el hambre, la pobreza que provoca que más del 60% de les pibis del país estén por debajo de la línea de pobreza, la desocupación docente, los despidos y el conjunto de los reclamos por el retorno seguro a la presencialidad escolar en situación de pandemia. Tampoco permite la movilización contra la impunidad y represión de ayer y de hoy.

Las tareas docentes

La docencia debe intervenir en la crisis tomando el camino marcado por las medidas de fuerza de las provincias como en el caso de Neuquén, Santa Fe, Chubut, Santa Cruz, entre otras, donde la docencia se impuso superando las conducciones burocráticas, y confluir en unidad con sectores combativos de la docencia. Las asambleas por escuelas y distritos pueden desarrollar su potencial en la perspectiva de romper el chaleco de fuerza que intenta imponer de manera persistente la conducción del sindicato UTE, lo cual se evidenció en esta serie de reuniones fragmentadas, no resolutivas y amañadas.

Desde Tribuna Docente en la Multicolor planteamos la necesidad de abrir un curso de acción que rompa el techo salarial y un salario igual al costo de la canasta familiar. Exigimos la ruptura de la conducción de la UTE y la Ctera con el gobierno nacional y que deje de ser furgón del gobierno de Rodríguez Larreta; condiciones biosanitarias por un retorno seguro y dispensas de cuidado para les docentes que así lo requieran.

Convocamos al conjunto de la docencia a poner en pie una gran movilización el 24 de marzo porque sin trabajo, tierra y vivienda, sin condiciones laborales y salarios acordes a las necesidades del pueblo trabajador, no hay derechos humanos.

Este 24 de marzo nosotres sí marchamos.

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18/03/2021

Bolivia encarcela a los represores

La derecha boliviana e internacional se moviliza en contra.

La detención de la expresidenta golpista Jeanine Añez y de varios de sus ministros y el anunció que van a ser juzgados por provocar un golpe de Estado y por sus crímenes, ha despertado las simpatías de los pueblos de Latinoamérica. La cárcel a los verdugos y represores de los trabajadores es lo que de diferentes maneras reclaman las masivas manifestaciones contra Sebastián Piñera en Chile o la bronca existente contra Jair Bolsonaro y su gobierno lleno de militares que llevan adelante una política de entrega nacional y ataque a las conquistas de los trabajadores.

La derecha fascista de Bolivia pide que se respeten “los derechos humanos” de los que asesinaron a 31, hirieron a 500 y detuvieron a 1500 compañeros. La ex presidente golpista Añez dice que en Bolivia no hubo golpe sino una rebelión popular contra el autoritarismo del presidente Evo Morales del MAS y que esto lo llevó a “renunciar”. Una “renuncia” impuesta por el accionar de bandas fascistoides, el motín policial y la amenaza del Ejército. Un golpe que lanzó una campaña terrorista contra el pueblo. Añez fue elegida porque “renunciaron” todos los masistas que la antecedían en el orden. Es correcto señalar que la dirección del MAS acordó-facilitó la institucionalización del golpe, con sus renuncias. El pueblo en las calles comenzó una resistencia que culminó en agosto pasado con una huelga general que forzó el retiro de los golpistas y los obligó a convocar a elecciones, donde fueron aplastados por los votos de las masas en clara posición antigolpista.

La ex presidente Añez denuncia que su prisión preventiva de 4 meses -para reunir las “pruebas” de su acción golpista- no corresponde. Pero es una medida elemental. Su ex ministro de Interior, Arturo Murillo, que amenazaba a los luchadores antigolpistas con imponer el “orden” a sangre y fuego, se fue clandestinamente al exilio en los Estados Unidos. Una de sus últimas acciones antes del comicios fue viajar a Nueva York, para comprar armas con que librar esa guerra de terrorismo de Estado. En ese viaje también negoció que el imperialismo lo recibiría en caso de que fracasara. La OEA, la ONU, el gobierno yanqui y otros imperialistas (ha salido a la luz que el embajador británico pasaba fondos para financiar a candidatos derechistas) protestan por la detención de los jefes golpistas. Tiene lógica, fue la OEA la que sacó un documento denunciando que había habido fraude en las elecciones de octubre del 2019 que le habían dado el triunfo y la reelección a Evo Morales. Este documento sirvió de base ideológica-propagandística justificadora de los preparativos golpistas. La curia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de raigambre derechista, los medios, etc. critican la detención. ¡Bolsonaro pide por los derechos humanos de Añez! Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no se ha querido definir. La prisión preventiva de los golpistas vuelve a evidenciar quién es quién.

¿Cárcel para todos?

La prisión preventiva y la acción judicial contra la ex presidenta y sus ministros están siendo extendidas a jefes de policía y del ejército durante el golpe. Pero… la no detención de Luis Camacho (famoso internacionalmente por entrar a la Casa de Gobierno en el instante de la ejecución del golpe con una gran cruz), que financió las bandas fascistas y azuzó la represión racista contra la población indígena, crean dudas si todos los responsables políticos y ejecutores de la represión irán a la cárcel. Los familiares de los asesinados y reprimidos en las masacres de Sacaba y Senkata vienen movilizándose desde antes de la asunción del nuevo gobierno de Luis Arce Catacorra reclamando la cárcel para los “ideólogos” y ejecutores de la represión golpista. Tardó 5 meses la “justicia” en decretar estas primeras prisiones preventivas contra los golpistas-derechistas. Los eventuales juicios (¡se buscará las pruebas de que los golpistas dieron el golpe!) serán llevados adelante por la misma “justicia” que avaló los decretazos golpistas y encerró en la cárcel a 1500 luchadores antigolpistas. Ninguna garantía de que la cárcel para los militares y la derecha golpista se efectivice. Por otro lado: ¿los ejecutores de las órdenes represivas asesinas serán juzgados y encerrados? ¿O se les reconocerá -como en la Argentina post dictatorial- alguna especie de “obediencia debida” que los exonere de ser juzgados?

En las recientes elecciones del 7 de marzo, el MAS retrocedió: perdió en 8 de las 10 ciudades más importantes, cuando 6 meses antes había ganado por goleada (56%). Lo que evidencia que las listas del MAS para las elecciones nacionales del 18 de octubre fueron un canal, usado como herramienta electoral, para echar a la derecha golpista. Gente que lo votó entonces, en las recientes elecciones estaduales y municipales lo abandonó. Particularmente en las ciudades. La derecha ha utilizado este rearme electoral para complotar. En principio no quiere intentar un nuevo golpe, sino condicionar la acción del gobierno de Arce Catacora. Se ha lanzado a organizar manifestaciones pidiendo la libertad de Añez y de los “presos políticos” represores del pueblo. Los grupos fascistoides levantan cabeza. Mientras que las organizaciones de masas que dirige el MAS están paralizadas. La segunda vuelta para gobernaciones y alcaldías se realizarán el 11 de abril. Entre la primera y segunda vuelta el gobierno decidió encarcelar a los asesinos físicos e ideológicos del golpismo, esperando polarizar y recuperar parte del electorado perdido. Pero es la caricatura de la gran movilización campesina de agosto del 2019.

Es necesario poner en pie un partido de los trabajadores para intervenir en forma independiente en esta y las próximas crisis que se avecinan en Bolivia. Lamentablemente, el POR, el partido de izquierda más desarrollado, no aprende la lección de haber apoyado al golpismo, siendo que se ha sumado ahora a la campaña política derechista de que en el 2019 no fue un golpe el que volteó al gobierno del MAS sino una sublevación popular.

Arce devolvió al FMI el préstamo de más de 300 millones de dólares que había recibido el gobierno de Añez. Pero… respetó el acuerdo de pagar intereses por 30 millones.

Al mismo tiempo, avanza en sus intentos de regimentación. Uno de los dirigentes del MAS anunció que pretenden eliminar la autonomía universitaria. Otro, que ha metido en una ley de salud la prohibición de huelgas, antecedente importante para generalizar el condicionamiento del derecho de huelga a todas las organizaciones de masas.

¡Independencia política del movimiento obrero y campesino!

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18/03/2021

Estado español: una nueva crisis profundiza la debacle del régimen del 78

El presidente Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A simple vista, los hechos que han desencadenado la crisis política, parecerían una mera anécdota: los dirigentes de Ciudadanos (Cs) de la región de Murcia denuncian la corrupción del Partido Popular (su socio en el gobierno de dicha región) y pactan con el PSOE una moción de censura. Ante lo cual el PP reacciona y hace cambiar de opinión a tres parlamentarios de Ciudadanos, que habían suscrito y apoyado la moción de censura (para convencerlos, les ofrece tres Consejerías en el gobierno murciano). Pero antes de ese acontecimiento, que haría fracasar la proyectada moción de censura, la presidenta del Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso del PP, reacciona echando a los de Ciudadanos de su gobierno y convocando elecciones. A la maniobra de Ayuso, Más Madrid (un desprendimiento de Podemos) y el PSOE responden con la presentación de mociones de censura, que crean un embrollo legal porque ha tenido que intervenir el Tribunal Superior de Madrid para dirimir si deben votarse antes de convocar elecciones o no (el pronunciamiento del TSJM ha sido en favor de la celebración de elecciones). El movimiento se extiende a Castilla y León y amenaza con hacerlo a otras comunidades… todo un vodevil al que asiste atónita buena parte de la población que se convence cada vez más de que ninguno la representa.

Ahora los partidos del Frente Popular (PSOE, Podemos, Más Madrid), que comparten con la derecha el régimen surgido del 78, llaman a la unidad de los trabajadores y la izquierda para echar a Ayuso. Pero todo el mundo sabe que la manera más segura de echar a los franquistas es la movilización unida, como la gran manifestación por la sanidad pública que ha habido en Madrid este fin de semana.

Como parte de las modificaciones en el tablero político, Pablo Iglesias, líder de Podemos, dejó la vicepresidencia segunda para competir en Madrid, bajo la expectativa de salvar una fuerza que viene sufriendo varios golpes electorales. Pero aunque dejó su cargo ejecutivo, la alianza que Podemos mantiene a nivel federal con el PSOE sigue en pie, dado que es relevado por otra figura de su mismo partido.

¿Qué hay detrás de todo esto, de todas las maniobras y contramaniobras a las que asistimos?

Con esta crisis se pone de manifiesto, también, el verdadero significado de los distintos acuerdos de mantenimiento del régimen. Por ejemplo, el tan cacareado “pacto antitransfuguismo” (que castiga el traspaso de partido por parte de diputados y senadores), que no se aplica, al parecer, a los tres de Cs de Murcia, pero que se hace caer con toda su fuerza sobre los nueve anticapitalistas (representantes del Secretariado Unificado que fueron echados de Podemos) de Andalucía, que, aun siendo la mayoría del grupo parlamentario, han sido expulsados del mismo como tránsfugas y privados de la inmensa mayoría de sus derechos como parlamentarios.

Pero la crisis actual expresa otra cosa. Por su carácter caótico, fuera de control, es el reflejo directo de la crisis general del régimen, de su descomposición, que afecta en primer lugar a la Casa Real y sus constantes escándalos.

El hecho de que afecte directamente al PP tiene un significado profundo: el PP es la representación política principal de las instituciones heredadas del franquismo. De su crisis han salido los principales dirigentes de Vox (formación fascistoide), así como muchos de Cs (una vez que los primeros fundadores en Cataluña se han ido yendo). Todos salen de la misma escuela y casa matriz. Es por ello que el ABC no para de decir que la división en tres derechas (PP, Ciudadanos, Vox) lleva a la impotencia, y que no está seguro de que esta crisis, aunque el PP acabe absorbiendo a Cs, se resuelva positivamente para ellos.

La gobernabilidad

Pedro Sánchez no deja de declarar que necesita un PP fuerte. Lo necesita para restablecer el consenso del 78, porque su objetivo –para el que cuenta con el apoyo (no sin contradicciones) de Podemos- es salvaguardar la Monarquía y vehiculizar la política que exigen la UE imperialista y el capital financiero. Ahí están sus medidas económicas: las ayudas a las empresas; la operación Seat, con el Rey y la Volskwagen (Sánchez y Felipe visitaron la primera planta mencionada, donde se fabricarán baterías para autos eléctricos en asociación con el Estado); la maniobra para dejar en manos de la Iglesia Católica los más de 35.000 inmuebles inmatriculados apoyándose en la modificación del Ley Hipotecaria que hizo el expresidente José María Aznar en 1998. Al tiempo que mantiene las reformas laborales del PP y utiliza el Estado de alarma para controlar y aterrorizar a las masas, y romper las movilizaciones, aplicando a fondo la ley Mordaza (las promesas de derogarla parecen haberse ido por el inodoro).

La crisis de las derechas afecta a todos los partidos que han ligado su actuación a la defensa de este régimen. A todos los partidos, incluidos los catalanes, que, “confiando” en Europa, se oponen a una política que busque la alianza con los trabajadores y los demás pueblos en torno a las exigencias sociales de defensa de la salud, la educación, las jubilaciones y demás servicios públicos, reivindicaciones democráticas de libertades y derechos de los pueblos. En particular contra la justicia franquista.

En estas condiciones, una “salida parlamentaria” se vería sometida a varios obstáculos. Y más aún si recordamos los resultados en Cataluña con el aumento brutal de la abstención de masas como rechazo a las instituciones y los partidos que las sostienen.

El gobierno, que cuenta con el apoyo incondicional de los aparatos sindicales, que se traduce en su negativa a toda movilización –más allá de las mínimas acciones demostrativas del 11 de febrero y 11 de marzo- y/o huelga, al mismo tiempo decide derogar el 315.3 del Código Penal que prohíbe los piquetes, cuestión que es al mismo tiempo una victoria y una maniobra para permitir a los aparatos presentarse como conseguidores de esta reivindicación, producto, según ellos, del “diálogo social”.

Intentar impedir una explosión social

Todos son conscientes de que las medidas de excepción del estado de Alarma no son suficientes para impedir la movilización.

No es una anécdota: la victoria en la empresa John Deere (conflicto contra despidos en Getafe); las movilizaciones de los jóvenes particularmente en Cataluña contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél; las de los médicos y el personal sanitario, muestran que, a pesar de los ataques a las libertades, la movilización aparece como la única salida para hacer retroceder a los planes de despidos, al desmantelamiento de la sanidad pública y de la enseñanza… y demuestran, además, que se puede vencer.

La reacción de todos los prebostes del régimen y de sus medios de comunicación a las manifestaciones de los jóvenes, la misma prohibición de las manifestaciones del 8M, demuestra el miedo que tienen a una explosión social. La prohibición de manifestaciones muestra, además, la tentación de ir casi a un estado de sitio. Una línea que se inscribe plenamente en la política de todos los gobiernos europeos, porque los planes de destrucción del capital financiero, en un mercado mundial en plena guerra, exigen acabar con todas las libertades para poder ser impuestos.

En este marco, es necesario afirmar que hoy es más que nunca inseparable el combate por las libertades de expresión, de reunión y manifestación, imprescindibles para la organización del combate por los derechos sociales, por las reivindicaciones, para abrir una salida favorable a los trabajadores y los pueblos. Libertades que hoy están todas en cuestión. Defenderlas hoy exige plantear el combate para acabar con la Monarquía y el régimen del 78. Para abrir esa vía debemos construir un partido independiente de la burguesía y que plantee la Federación de Repúblicas socialistas Ibéricas.

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18/03/2021

Paraguay: arde la sede del Partido Colorado en una nueva jornada de movilizaciones

Desestiman el juicio político contra Abdo Benítez.

Este miércoles se realizaron nuevas movilizaciones en Paraguay contra el gobierno de Mario Abdo Benítez y fue incendiada la sede principal de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado en Asunción. También ardió una sucursal del partido de gobierno en la ciudad de Luque.

En la jornada número trece de movilizaciones, lo que incrementó la bronca popular fue el archivamiento por parte de la Cámara de Diputados del pedido de juicio político contra Abdo Benítez y el vice Hugo Velázquez, gracias a los 42 legisladores del oficialismo. Fueron determinantes los votos de la fracción que responde al expresidente Horacio Cartes. La oposición reunió 36 voluntades (del Partido Liberal, Encuentro Nacional, Patria Querida y Hagamos). Pese a que esta iniciativa -apoyada también por el Frente Guasu- preservaba la línea de sucesión y aspiraba principalmente a institucionalizar el proceso de rebelión, los colorados decidieron cerrar filas en defensa del actual mandatario.

La represión en las inmediaciones de la sede colorada fue tremenda. Intervinieron la Montada, la fuerza Antimotines y el Grupo Lince (un cuerpo motorizado). Hubo 27 detenidos, que fueron trasladados a la Comisaría Tercera. El Mecanismo de Prevención de la Tortura constató golpes en la cabeza y maltrato psicológico contra varios detenidos (ABC Color, 18/3). Un video que circula por redes sociales muestra cómo un joven de 21 años fue maniatado y perseguido por las calles por efectivos de la Montada, quienes después lo entregaron al Grupo Lince, que lo siguió atormentando.

El jefe de la Policía Nacional, Francisco Resquín, renunció a su cargo, pero no debido a la represión, sino a cuestionamientos que apuntan a que la sede no estaba suficientemente protegida.

En medio de la bronca popular por el colapso sanitario y la corrupción en la compra de insumos para la pandemia, el gobierno intenta desactivar otro escándalo. El titular del Senado, Oscar Salomón, anunció que se recortará en un 70% un aumento obsceno de los sueldos de los parlamentarios. Es un régimen corrompido hasta los tuétanos.

La movilización, mientras tanto, sigue su curso. La Federación Campesina ha iniciado cortes en distintos puntos del país y planea arribar a la capital. El pueblo paraguayo muestra su disposición a redoblar la lucha para echar a Abdo Benítez y que se vayan todos. Es vital la incorporación del movimiento obrero al proceso.

Es necesaria una asamblea popular con delegados electos de los sectores en lucha (campesinos, estudiantes, trabajadores), en la perspectiva de la huelga general y la definición de un programa y una salida política para el país.

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17/03/2021
SUBTE

Línea B: la patronal atenta contra los protocolos, la resistencia continúa

La Naranja del Subte

El conflicto en la Línea B del Subte escaló de nivel con el inicio por parte de Metrovías de procedimientos de desafuero contra 5 delegados para proceder a despedirlos.

Recordemos que esta patronal, con el visto bueno del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, empujó a los trabajadores a la lucha, al modificar los diagramas del servicio, de manera inconsulta, con la finalidad de “normalizar” el trasporte, como parte de la peligrosa apertura de actividades en CABA, incluyendo las clases presenciales en las escuelas.

La temeraria resolución patronal implica romper las normas básicas del protocolo sanitario anti Covid – 19, que los trabajadores del sector tráfico elaboraron y vienen cumpliendo con éxito: trabajo en “burbujas” independientes de conductores y guardas; clausura de espacios comunes como comedores y vestuarios; turnos de trabajo cortos sin descanso intermedio para evitar hacinamiento. Esto cuando se agrava la pandemia en el país, se espera una segunda ola con variantes más agresivas del virus y la vacunación está estancada.

Un paro de 24 hs de la línea y el rechazo al nuevo diagrama, votados por las asambleas del sector, contaron con el apoyo de las áreas de talleres y de estaciones de la línea y de 30 delegados, directivos y miembros de comisiones de seguridad e higiene de la oposición de la AGTSyP.

A pesar de las sanciones y amenazas la lucha está firme y obtuvo un primer logro: la empresa habilitó una inspección técnica de las instalaciones a cargo del equipo de profesionales del sindicato, que elaboró un informe sobre las reformas necesarias para trabajar según los protocolos de bioseguridad. Los próximos pasos consisten en el reclamo de que dichas obras se inicien y que se levanten las sanciones a los delegados como condición para cualquier negociación.

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16/03/2021

8M en Chile: denuncian represión y abusos sexuales por parte de Carabineros

Las movilizaciones que tuvieron lugar en todo Chile por el día internacional de la mujer trabajadora, no estuvieron eximidas de la acción represiva del Estado. Particularmente en el caso de la concentración que se verificó en Santiago, a la que se estima concurrieron más de medio millón de mujeres a Plaza Dignidad. Allí, un fuerte operativo represivo desató toda su brutalidad principalmente en horas de la noche. Carros hidrantes, gases lacrimógenos, arrestos y abusos sexuales fueron las “armas” que desplegó Carabineros contra las mujeres que se dieron cita.

Con el correr de las horas se fueron conociendo hechos que daban cuenta de la gravedad de lo sucedido a partir de los testimonios de brigadistas que asistieron a las víctimas encontradas en las inmediaciones, visiblemente afectadas por los gases y químicos y estado de shock. Una de ellas manifestó haber sido abusada sexualmente. Frente a estos hechos, la Coordinadora Feminista 8M declaró: “Somos cuerpo colectivo de indignación y resistencia para denunciar y convocar a la solidaridad internacional frente a la represión que vivimos en la jornada de Huelga General Feminista del lunes 8 de marzo. Ese día que es nuestro, que no es de celebración, sino de protesta, hicimos presente nuestro derecho a la manifestación por medio de diversas formas de movilización y de cuidado entre todas. En ese contexto, la policía respondió una vez más, gaseándonos, reprimiéndonos, arrestándonos y ejerciendo violencia política sexual”. Reclama, asimismo, “la disolución de Carabineros de Chile, institución que nos mata, mutila y abusa.”

El estado policial en Chile no terminó con la dictadura de Pinochet, sino que se mantuvo en los 30 años de “democracia”, en los cuales las fuerzas represivas y en particular Carabineros, conservaron sus facultades y recursos gracias a los distintos gobiernos que se sucedieron en el poder. A partir de la rebelión popular iniciada el 18 de octubre del 2019, la política represiva fue abierta, a los ojos de todo el mundo, con miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos, presentadas en instancias internacionales incluso. No se trata de actos aislados producto del exceso de algunos agentes, sino de un accionar deliberado y sistemático que incluyó diversas formas de torturas, violaciones, mutilaciones y asesinatos que se siguen sucediendo en la actualidad.

En el caso particular de mujeres y cuerpos feminizados los golpes y agresiones verbales propios del acto represivo vienen acompañados de vejaciones como desnudos, tocamientos y abusos sexuales. Hay una cuota extra de perversidad y crueldad que tiene una clara funcionalidad política de disciplinamiento de uno de los movimientos políticos más poderosos en los últimos años, como lo es el movimiento de mujeres.

Merece una mención especial la oposición que ha puesto sus esfuerzos al servicio de la continuidad de Sebastián Piñera y que la bronca popular sea canalizada por la institucionalidad. Ésta es la “paz social” que surge del pacto que dio origen al proceso constituyente en curso: la violencia estatal se sigue desatando contra el pueblo chileno.

La aprobación del estado de catástrofe la semana pasada por parte del Congreso, contó con votos y abstenciones funcionales a la sanción por parte de la oposición. Estamos hablando de la herramienta legal que precisaba Piñera para continuar con el proceso de militarización en el Wallmapu y mantener al país en un estado de excepción al servicio (frente a las protestas que se suceden a diario) de la finalización de su mandato y el posterior recambio ordenado del personal político en todos los órdenes del Estado. La violencia político sexual ejercida contra mujeres y disidencias sexuales particularmente, es producto también de la impunidad que le garantiza la justicia que solo es diligente a la hora de desestimar denuncias por violaciones a los derechos humanos contra los “pacos” y valerse de los montajes de éstos para apresar a cientos de luchadorxs.

Denunciamos al Estado chileno, a través de sus tres poderes, como el responsable de estos métodos de tortura dirigidos hacia nosotras, nosotres. Reclamamos la disolución de Carabineros y el juicio y castigo a lxs responsables materiales y políticxs de los abusos. Fuera Piñera y todos sus cómplices. A las calles, por una verdadera constituyente, libre y soberana y no esta farsa destinada a que nada cambie.

https://prensaobrera.com/internacionales/paraguay-una-nueva-rebelion-popular-en-america-latina/

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16/03/2021

Movilizaciones en Senegal

Repudio al gobierno y al imperialismo.

Senegal, un pequeño país del África Occidental, ingresó la semana pasada en un proceso de movilizaciones contra el gobierno de Macky Sall, quien gobierna el país desde 2012 y fue reelecto en 2019. Las mismas fueron reprimidas con armas de fuego y dejaron al menos ocho muertos.

Estas movilizaciones tuvieron como desencadenante la detención de un político opositor, Ousmane Sonko, de Patriotas de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef, por sus iniciales en francés). Sonko está acusado de violación y amenazas de muerte contra la empleada de un salón de masajes. Este afirma que se trata de un montaje del gobierno para apartarlo de la carrera presidencial de 2024. El miércoles 3, día en que debía declarar en la causa, estallaron las movilizaciones, por lo que fue detenido bajo la acusación de alteración del orden público. Finalmente, fue liberado en forma provisoria el lunes de la semana pasada.

Más allá de este detonante, las movilizaciones organizadas por la plataforma Movimiento por la Democracia (M2D) denuncian la detención de opositores, la restricción de libertades democráticas, la pobreza y el desempleo juvenil.

El gobierno de Sall se asentó en el poder a partir de un megaplan “-Senegal Emergente”- de obras de infraestructura para atraer el capital extranjero. Asimismo, en el último periodo se inició la explotación de gas y petróleo, en medio de denuncias de sobornos contra el hermano del presidente (Energy Voice, 9/3). En los años previos a la pandemia, el país tuvo niveles de crecimiento superiores al 5% y el Banco Mundial lo calificó como uno de los cinco primeros en el mundo en la introducción de medidas para favorecer los negocios empresarios (El País, 12/4/16). En contraste, el 40% de su población vive en la pobreza (Energy Voice, ídem).

La rabia hacia este régimen llevó a los manifestantes a incendiar edificios estatales y sedes de compañías francesas como Total, Carrefour y Auchan, que son un soporte de Sall. Las movilizaciones pautadas para el 9 y 10 de marzo fueron suspendidas, pero no se descartan nuevas convocatorias. Tras su liberación, Sonko llamó a mantener las protestas, aunque parece enfocar su estrategia en las próximas elecciones. "La revolución ya se ha iniciado, nada ni nadie puede pararla (...) Conduzcamos esta revolución a su final, a más tardar 2024 de una manera inteligente" (El Diario, 8/3).

El estallido de estos días golpea uno de los puntos más elogiados por los inversores extranjeros, que es la supuesta estabilidad política del país. Sall venía gobernando sin grandes sobresaltos desde hace casi diez años. Las últimas grandes movilizaciones se produjeron en 2011-2012, contra Abdoulaye Wade, quien también tuvo un dilatado paso por el poder.

Sall logró su reelección en 2019 con casi el 60% de los votos, al frente de una coalición llamada Benno Bokk Yakkar (integrada por su partido, Agrupación por la República, y el Partido Socialista), aunque hubo denuncias de fraude. En segundo término quedó Idrissa Seck (20,5%), un político que rompió a comienzos de siglo con el Partido Democrático Senegalés, uno de los partidos históricos del país, y que parece haber capitalizado el derrumbe de esta formación política tras la salida de la presidencia de Wade (quien llamó a boicotear los comicios).

En estas elecciones de 2019 se ubicó tercero el ya mencionado Sonko (15,6%), quien logró un apoyo masivo en franjas de la juventud por sus planteos de renegociación de los contratos con empresas extranjeras y la denuncia de la presencia imperialista en el Sahel. De todos modos, frente a los medios extranjeros muestra moderación. En un reportaje con el diario madrileño El País, aseguró que “los inversores extranjeros serios no deben inquietarse porque saben que ganarán más trabajando en un estado con reglas” (2/2/20).

Más allá de los límites de sus direcciones políticas, las movilizaciones populares en Senegal son un impulso a la lucha por la expulsión del imperialismo de África.

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15/03/2021

Contribution du Partido Obrero (Argentine) à la conférence de L'Etincelle

Camarades de L’Etincelle:

Nous vous envoyons ces lignes pour contribuer au débat que vous développerez ce samedi et dimanche lors de la Conférence tenue par votre organisation.

[Versión en español]

Les propositions que nous faisons ici ne sont pas nouvelles, puisque nous avons eu des entretiens en face à face entre les délégations de nos deux organisations, qui ont conduit à l'élaboration de documents qui ont été échangés: sur l'équilibre de l'intervention dans les syndicats et sur les «partis politiques» larges »et le NPA. Le document que vous nous avez envoyé simultanément a été traduit en espagnol et publié à la connaissance de tous nos membres. Parallèlement à cela, nous avons publié divers articles faisant référence à la crise du NPA et du PSOL au Brésil, dont plusieurs sont inclus dans un livre spécial que nous avons édité avec un bilan de la première conférence latino-américaine tenue l'année dernière, dans laquelle le La question des larges partis et la stratégie de la gauche par rapport à la bataille pour la construction des partis révolutionnaires occupent une place de premier plan.

Par conséquent, nous n'avons pas l'intention ici de réitérer des positions déjà écrites et que vous connaissez depuis des mois, mais de faire un bref résumé et de les mettre à jour.

1) L'expérience du NPA et des «lpartis larges» prônés par le Secrétariat unifié (SU) a abouti à un effondrement total. Aujourd'hui, le NPA, après 13 ans de «développement», est au bord d'une implosion totale. Cela soulève la nécessité de faire le point, non de le «reconstituer» sur les mêmes bases sur lesquelles il s'est formé, mais vers l'avenir. Le NPA est né de l'auto-dissolution de la LCR et de sa démission pour lutter sous la stratégie de la révolution socialiste et de l'établissement de la dictature du prolétariat (gouvernement ouvrier).

2) L'abandon de la stratégie révolutionnaire a également conduit à l'abandon de la lutte pour la construction d'un parti révolutionnaire. Un parti organisé selon les principes du centralisme démocratique pour mener une lutte unifiée contre le capital. Le NPA est né contre cette conception du parti, favorisant la formation d'un «large» groupe, de «tendances». Comme vous le savez, un parti révolutionnaire centralisé, préparé à l’action, est un parti à la vie démocratique interne intense dans laquelle sont débattues les orientations à suivre systématiquement et qui tient des congrès périodiques où des «tendances» peuvent se constituer mais où il culmine en une orientation votée par la majorité et suivie par la minorité. Mais - comme nous l'expliquons dans les documents envoyés - ces tendances ne sont pas organiques, elles ne sont pas permanentes, mais elles se forment et se dissolvent face à des divergences différentes.

3) Il n'y a pas de mouvement révolutionnaire, sans théorie révolutionnaire. Et cela ne peut aboutir sans la constitution du parti qui l'exécutera.

4) Dans le NPA, chaque tendance intervient en permanence de manière autonome et dans une large mesure avec ses propres orientations. Ce n'est pas un parti pour l'action. La définition programmatique et organisationnelle sur la base de la constitution du NPA le prépare à mener non seulement des orientations démocratisantes et frontistes populaires, mais surtout électorales. Ce dernier est le terrain privilégié de l'intervention du NPA, terrain sur lequel il a même été conduit à adopter des positions opportunistes (soutien indirect à Macron lors des élections de mai 2017, listes communes avec France Insoumise à Bordeaux, etc.)

5) Intervenir dans la crise sans retour du NPA oblige de présenter un bilan sur la nécessité de former un parti de combat révolutionnaire, centraliste démocratique, avec une stratégie déclarée de lutte pour un gouvernement ouvrier.

6) Une question centrale car on discute de la politique électorale à adopter lors des prochaines élections nationales à la présidence. Un élément qui a accéléré la tendance à imploser du NPA est le fait qu'un secteur important de sa direction est orienté vers la formation d'un «Front» avec ces secteurs du centre-gauche et du front populaire. Vous vous êtes opposé à cette orientation. Aux élections municipales de Bordeaux, L'Etincelle s'est prononcé contre un front électoral avec France Insoumise, qui était la ligne imposée par la majorité. Nous sommes confrontés à un véritable virage , qui met au plus chaud la nécessité d'ouvrir une nouvelle voie politique et d'avancer dans la construction d'un parti révolutionnaire.

7) Nous pensons qu'il est nécessaire de partir de la centralité de la crise capitaliste mondiale. Ce n’est pas un produit de la pandémie et ne commencera pas à être surmonté lorsque le monde sortira de ce fléau. Bien que le virus corona puisse avoir initialement quelque peu léthargisé la tendance des rébellions populaires contre les plans d'ajustement du FMI, de la Banque européenne et des gouvernements capitalistes; l'exacerbation des conflits de classe ne se produira pas tant qu'elle ne sera pas terminée. La pandémie a accéléré les inégalités sociales et est elle-même devenue la cause de nouvelles crises politiques, de l'éclatement de mobilisations populaires, etc. En témoigne le soulèvement populaire qui vient d'avoir lieu au Paraguay, dont l'étincelle a été la débâcle du système de santé à la suite de la négligence capitaliste du gouvernement bourgeois.

8) Il ne s’agit pas seulement d’un phénomène de pays arriérés et semi-coloniaux. Il ne fait aucun doute qu'il a été un élément accélérateur des mobilisations aux États-Unis et de la défaite électorale de Trump. L'épicentre de la crise économique mondiale, de la crise sanitaire et de la tendance à la rébellion de masse est au cœur du système impérialiste, aux États-Unis. Bien que la droite yankee conserve une force importante, Trump a été vaincu et a perdu le pouvoir. Et partout dans le monde, les gouvernements de droite sont acculés par la tendance aux soulèvements populaires. Sur notre continent, cela est attesté par les rébellions au Chili, en Bolivie, en Équateur, en Haïti, au Paraguay, etc. tous contre les gouvernements de droite.

9) Ce qui caractérise la situation de manière générale n'est donc pas la force de la droite mais le rôle de confinement des masses que les dirigeants politiques et syndicaux ont rempli, politiquement enrôlés derrière le soi-disant progressisme ou nationalisme bourgeois. La politique et les fronts de la collaboration de classe ont joué un rôle de plus en plus important dans le maintien de l'édifice capitaliste en difficulté. Dans notre continent latino-américain, la débâcle de la droite essaie d'être canalisée par la soi-disant «Rencontre de Puebla» formée par les partis nationalistes bourgeois. La tendance qui commence à percer est pour eux de prendre entre leurs mains, dans le scénario convulsif et de crise actuel, l direction politique du pays.

La gauche révolutionnaire devrait intervenir pour créer une alternative d'indépendance de classe au niveau continental. C’est la tâche que nous nous sommes fixé lorsque nous avons convoqué et tenu la première Conférence de la gauche latino-américaine et des États-Unis l’année dernière. Ce qui prévaut, cependant, c'est la pudeur de la gauche qui se prétend révolutionnaire, qui tend à former des fronts avec le centre-gauche, agit comme un fourgon de queue du nationalisme bourgeois et s'oriente vers des politiques de collaboration de classes (Pérou et front,large, Brésil et PSOL, États-Unis et DSA, etc.). Plus que jamais, le présent et l'avenir de la gauche, comme en témoigne la Conférence latino-américaine, tournent et dépendent de la stratégie qui doit guider ses actions.

10) La construction d'un parti politique révolutionnaire ouvrier, audacieux dans l'intervention de la lutte politique et de classe, ne présuppose pas un refus de promouvoir des fronts de lutte unique dans tous les domaines possibles (y compris électoral) parmi les différents courants qui prétendent chercher des alternatives d'indépendance de classe. Chaque pas en avant du véritable mouvement de lutte des travailleurs est positif. A condition que cela se fasse à partir d'une délimitation politique claire et de la construction permanente du parti révolutionnaire. Telle a été notre expérience avec la formation du Front de gauche (FIT) en Argentine et avec la réalisation de la première Conférence latino-américaine de la gauche.

11) La crise capitaliste mondiale et la tendance à l' explosion de rébellions populaires accélèrent la nécessité de susciter la construction d´un parti mondial de la révolution, une Internationale Révolutionnaire. Cela fait partie pour nous de la refondation de la IV Internationale. La SU, qui a toujours revendiqué ce rôle, est devenue une «organisation» antirévolutionnaire et, dans de nombreux cas, une contre-révolutionnaire. Une organisation liquidationniste des travailleurs et des forces de gauche qui cherchent la voie de l'indépendance de classe.

Notre Parti, face à l'émergence de rébellions croissantes sur notre continent, s'est lancé dans une campagne pour une convocation commune d'une nouvelle, une deuxième Conférence de la gauche et du mouvement ouvrier militant d'Amérique latine et des États-Unis. Ce serait une étape importante pour le regroupement indépendant et de classe des organisations et des courants qui luttent contre l'ajustement capitaliste qui tente de décharger la crise sur les masses ouvrières et exploitées. Le développement d'une alternative ouvrière continentale non seulement contre les gouvernements bourgeois de droite, mais aussi contre la nouvelle prétention posée par le nationalisme de centre-gauche et bourgeois à la radicalisation et à la mobilisation indépendante et révolutionnaire des masses. Nous vous invitons à établir une position de soutien à cette initiative.

Leur développement créera également de meilleures conditions pour le développement de la quatrième internationale.

12) Nous reconnaissons dans L'Etincelle une organisation militante qui travaille dur au sein de l'avant-garde ouvrière. C'est pourquoi nous avons établi des relations avec vous et développé des tâches de propagande communes. Le but de cette Contribution (déjà longuement développée dans les documents présentés l'année dernière) est de collaborer à l'élaboration d'une politique révolutionnaire pour la France.

Avec nos salutations militantes

Commission internationale du PARTI OBRERO (Argentine)

https://prensaobrera.com/internacionales/conferencia-nacional-de-letincelle-momento-de-definiciones/

15/03/2021

Contribución del Partido Obrero a la conferencia de L'Etincelle (Francia)

El sábado 13 y domingo 14 se realizó la Conferencia Nacional de L’Etincelle (La Chispa), organización de Francia, que se reclama trotskista y actúa como fracción pública en el NPA (Nuevo Partido Anticapitalista). A continuación, compartimos la contribución enviada por el PO (que participó con una delegación), así como el video con el saludo.

[Versión en francés]

Compañeros de L’Etincelle:

Les enviamos estas líneas para contribuir al debate que desarrollarán este sábado y domingo en la Conferencia que realiza vuestra organización.

Los planteos que volcamos aquí no son una novedad, ya que hemos realizado debates presenciales entre delegaciones de nuestras dos organizaciones, que dieron lugar a la elaboración de documentos que han sido intercambiados: sobre el balance de la intervención en los sindicatos y sobre los “partidos amplios” y el NPA. El documento que ustedes, simultáneamente, nos enviaron, ha sido traducido al español y publicado para conocimiento de toda nuestra militancia. A la par de ello, hemos publicado diversos artículos referidos a la crisis del NPA y del PSOL de Brasil varios de los cuales están incluidos en un libro especial que editamos con un balance de la primer conferencia latinoamericana realizada el año pasado, en la cual el tema de los partidos amplios y la estrategia de la izquierda en relación a la batalla por la construcción de partidos revolucionarios ocupó un lugar destacado.

Por lo tanto, no pretendemos aquí reiterar posiciones que ya están por escrito y que ustedes conocen desde hace meses, sino realizar un pequeño resumen y actualizar los mismos.

1)La experiencia del NPA y de los “partidos amplios” que propugna el Secretariado Unificado (SU) ha culminado en un colapso total. Hoy, el NPA, luego de 13 años de “desarrollo”, está al borde una implosión total. Esto plantea la necesidad de sacar un balance, no para “reconstituirlo” sobre las mismas bases en las que se formó, sino hacia el futuro. El NPA surgió de la autodisolución de la LCR y de su renuncia a luchar bajo la estrategia de la revolución socialista y la instauración de la dictadura del proletariado (gobierno obrero).

2) El abandono de la estrategia revolucionaria llevó también al abandono de la lucha por construir un partido revolucionario. Un partido que se organice bajo los principios del centralismo democrático para librar un combate unificado contra el capital. El NPA nació en contra de esta concepción del partido, impulsando la formación de un agrupamiento “amplio”, de “tendencias”. Como ustedes saben, un partido revolucionario centralizado, preparado para la acción, es un partido de una intensa vida democrática interna en la que se debaten las orientaciones a seguir sistemáticamente y que realiza congresos periódicos donde pueden llegar a constituirse “tendencias” pero en los cuales se culmina con una orientación votada por mayoría y acatada por la minoría. Pero -como explicamos en los documentos enviados- estas tendencias no son orgánicas, no son permanentes, sino que se forman y se disuelven frente a diferentes divergencias.

3) No hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria. Y esta no puede culminar sin la constitución del partido que la lleve adelante.

4) En el NPA cada tendencia interviene en forma autónoma permanente y en gran parte con sus propias orientaciones. No es un partido para la acción. La definición programática y organizativa sobre la base que se constituyó el NPA lo prepara para llevar adelante no solo orientaciones democratizantes y de tinte frentepopulista, sino especialmente electoralistas. Este último es el terreno privilegiado de intervención del NPA, terreno en el que ha sido llevado a adoptar incluso posiciones oportunistas (apoyo indirecto a Macron en las elecciones de mayo del 2017, listas comunes con Francia Insumisa en Burdeos, etc.)

5) Intervenir en la crisis sin retorno del NPA exige presentar un balance sobre la necesidad de conformar un partido revolucionario, centralista democrático, de combate, con una estrategia declarada de luchar por un gobierno de trabajadores.

6) Un tema central ya que se está discutiendo qué política electoral adoptar en las próximas elecciones nacionales para presidente. Un elemento que ha acelerado la tendencia a la implosión del NPA es el hecho de que un importante sector de su dirección se orienta a constituir un “Frente” con estos sectores de centroizquierda y frentepopulistas. Ustedes se han opuesto a esta orientación. En las elecciones municipales de Burdeos, L’Etincelle se ha declarado contraria a un frente electoral con Francia Insumisa, que fue la línea impuesta por la mayoría. Estamos frente a una verdadera divisoria de aguas, que pone más al rojo vivo la necesidad de abrir un nuevo rumbo político y avanzar en la construcción de un partido revolucionario.

7) Creemos necesario partir de la centralidad de la crisis capitalista mundial. Esta no es producto de la pandemia, ni se comenzará a superar cuando el mundo salga de esta plaga. Si bien el coronavirus pudo haber aletargado, inicialmente, un poco, la tendencia a las rebeliones populares contra los planes de ajuste del FMI, el Banco Europeo y los gobiernos capitalistas; la agudización de los choques de clases no se dará recién cuando esta se termine. La pandemia ha acelerado las desigualdades sociales y ella misma ha pasado a transformarse en la causante de nuevas crisis políticas, estallido de movilizaciones populares, etc. Así lo evidencia el levantamiento popular que se acaba de producir en Paraguay, cuya chispa ha sido la debacle del sistema sanitario producto de la negligencia capitalista del gobierno burgués.

8) Este no es solo un fenómeno de los países atrasados y semicoloniales. No cabe duda que ha sido un elemento acelerador de las movilizaciones en los EEUU y de la derrota electoral de Trump. El epicentro de la crisis económica mundial, de la crisis sanitaria y de la tendencia a la rebelión de masas está en el corazón del sistema imperialista, en los EEUU. Si bien la derecha yanqui mantiene una importante fuerza, Trump ha sido derrotado y perdió el poder. Y en todo el mundo los gobiernos derechistas están siendo acorralados por la tendencia a los levantamientos populares. En nuestro continente lo evidencian las rebeliones en Chile, Bolivia, Ecuador, Haití, Paraguay, etc. todas contra gobiernos derechistas.

9) Lo que caracteriza la situación de un modo general no es, por lo tanto, la fortaleza de la derecha sino el papel de contención de las masas que viene cumpliendo las direcciones políticas y sindicales, enroladas políticamente detrás del llamado progresismo o del nacionalismo burgués. La política y los frentes de colaboración de clases viene jugando un rol cada vez más gravitante para sostener el edificio capitalista en aprietos. En nuestro continente latinoamericano la debacle de la derecha está intentando ser canalizada por el llamado “Encuentro de Puebla” formado por los partidos nacionalistas burgueses. La tendencia que empieza a abrirse paso es que tomen en sus manos, en el marco del actual escenario convulsivo y de crisis la conducción política del país.

La izquierda revolucionaria debiera intervenir para crear una alternativa de independencia de clase a nivel continental. Esa es la tarea que nos planteamos cuando convocamos y se realizó la primera Conferencia de la Izquierda Latinoamericana y de los Estados Unidos el año pasado. Lo que prevalece, sin embargo, es la pusilanimidad de la izquierda que se reclama revolucionaria, que tiende a constituir frentes con la centroizquierda, actuar de furgón de cola del nacionalismo burgués y se orienta hacia políticas de colaboración de clases (Perú y el Frente Amplio, Brasil y el PSOL, Estados Unidos y el DSA, etc.). Más que nunca, el presente y porvenir de la izquierda, como quedó en evidencia en la Conferencia Latinoamericana, gira y depende de la estrategia que debe presidir su accionar.

10) La construcción de un partido político revolucionario de los trabajadores, audaz en la intervención de la lucha política y de clases, no presupone una negativa a impulsar frentes únicos de lucha en todos los terrenos posibles (incluido el electoral) entre diversas corrientes que se reclaman de buscar alternativas de independencia de clase. Todo paso adelante del movimiento real de lucha de los trabajadores es positivo. A condición de que se haga partiendo de una delimitación política clara y la construcción permanente del partido revolucionario. Esa ha sido nuestra experiencia con la formación del Frente de Izquierda (FIT) en la Argentina y con la concreción de la primera Conferencia Latinoamericana de la Izquierda.

11) La crisis capitalista mundial y la tendencia al estallido de rebeliones populares, acelera la necesidad de plantear la necesidad de construir un partido mundial de la revolución, una Internacional Revolucionaria. Que para nosotros parte de la refundación de la IV Internacional. El SU que ha reclamado históricamente ese papel, se ha convertido en una “organización” antirrevolucionaria y, en muchos casos, contrarrevolucionaria. Una organización liquidacionista de las fuerzas obreras y de izquierda que buscan el camino de la independencia de clase.

Nuestro Partido, ante la emergencia de crecientes rebeliones en nuestro continente, se ha embarcado en una campaña para una convocatoria común de una nueva, una segunda Conferencia de la Izquierda y el Movimiento Obrero combativo de Latinoamérica y de los EEUU. Sería un paso importante para el reagrupamiento independiente y clasista de las organizaciones y corrientes que luchan contra el ajuste capitalista que pretende descargar la crisis sobre las masas obreras y explotadas. El desarrollo de una alternativa obrera continental no solo contra los gobiernos burgueses derechistas, sino también contra la nueva contención que plantea la centroizquierda y el nacionalismo burgués a la radicalización y movilización independiente y revolucionaria de las masas. Los invitamos a que fijen una posición de apoyo a esta iniciativa.

El desarrollo de la misma también estará creando mejores condiciones para el desarrollo del trabajo cuartainternacionalista.

12) Reconocemos en L’Etincelle una organización militante, que trabaja esforzadamente en el seno de la vanguardia obrera. Por eso hemos tomado relaciones con ustedes y desarrollado tareas de propaganda comunes. El objetivo de este Aporte (ya desarrollado en extenso en los documentos presentados el año pasado) es colaborar con una elaboración de una política revolucionaria para Francia.

Con saludos camaraderiles,

Comisión Internacional del Partido Obrero (Argentina)

Pablo Heller, dirigente del PO, envía el saludo a la conferencia de L'Etincelle.

15/03/2021
FRANCIA

Conferencia Nacional de L’Etincelle: momento de definiciones

Una delegación del Partido Obrero participó e intervino en las deliberaciones.

El sábado 13 y domingo 14 se realizó la Conferencia Nacional de L’Etincelle (La Chispa), organización de Francia, que se reclama trotskista y actúa como fracción pública en el NPA (Nuevo Partido Anticapitalista). Tuvo una amplia participación de delegados de todo el país. El Partido Obrero fue invitado a participar de la misma. Y lo hizo con una delegación de la Comisión Internacional del PO.

La Conferencia debatió informes sobre la organización actual de L’Etincelle, sobre la situación internacional, el trabajo militante en la juventud, sobre la crisis económica y sanitaria y su repercusión en Francia. Tuvo la intervención de decenas de compañeros (obreros, estudiantes, profesores).

Un punto central de los debates se desarrolló en torno a la crisis del NPA y la realización de su próximo Congreso en junio de este año.

Desde estas páginas hemos venido señalando que, después de 13 años de su fundación, el NPA, dirigido por una mayoría mandelista (del llamado Secretariado Unificado de la IV internacional, SU), ha colapsado organizativa y, lo fundamental, políticamente.

Ha sido esta misma dirección mandelista la que ha planteado públicamente la propuesta de una ruptura con las otras fracciones internas, a quienes acusa de bloquear el funcionamiento colectivo.

De efectivizarse, culmina una evolución liquidadora y electoralista-frentepopulista. Porque el NPA proviene, también, de la autodisolución de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) de Francia. Disolución, en primer lugar, programática, porque nacía renunciando al objetivo estratégico de luchar por un gobierno obrero. Y, también, disolución organizativa, porque se creaba un “nuevo” partido, un partido “amplio” con la constitución de tendencias permanentes ajeno a la centralización y estructuración para la lucha revolucionaria por el gobierno de los trabajadores. El NPA tiene una política electoralista, no de una intervención unificada en la lucha clases y política nacional. Cada “tendencia” hace su política propia, pero la “mayoría” se ha cuidado muy bien de reservarse para sí la representación política general de dicho nucleamiento, incluyendo a sus voceros y campañas públicas.

En la trayectoria del NPA, la política electoralista y frentepopulista se fue asentando cada vez más y evidenciando en políticas contrarias a la independencia de la clase obrera. Un importante caso reciente fue la lista común con Francia Insumisa (centroizquierda) en Burdeos. La CCR (corriente hermana del PTS de Argentina) se sumó a este acuerdo contrario a la independencia política.

Y en el trasfondo de esta nueva autodisolución están las próximas elecciones presidenciales del 2022. La dirección mandelista del NPA se orienta a un frente con la centroizquierda. Y para ello busca avanzar en la ruptura del NPA, porque importantes sectores de la militancia están en contra de esta perspectiva contraria a la independencia de clase.

El NPA pasó de más de 10 mil militantes en su fundación, a unos 2000 en la actualidad. Se han dado muchas rupturas hacia la derecha y también un agudo proceso de desmoralización de la militancia. Y todo indica que este proceso de implosión a favor de un frente con la centroizquierda, ha acelerado el retiro de militantes.

El Partido Obrero envió una colaboración escrita a la Conferencia Nacional de L’Etincelle, que fue previamente repartida entre los asistentes.

Y también dio su punto de vista, con una intervención en esta Conferencia, que realizó el compañero Pablo Heller. Las posiciones que hemos fijado fueron debatidas en la Conferencia.

Iremos informando el debate político en curso, que es seguido por la militancia obrera y la izquierda francesa e internacional.

Pablo Heller, dirigente del PO, envía el saludo a la Conferencia de L'Etincelle.

https://prensaobrera.com/internacionales/contribucion-del-partido-obrero-a-la-conferencia-de-letincelle-francia/

https://prensaobrera.com/francaise/contribution-du-parti-obrero-argentine-a-la-conference-de-letincelle/

https://prensaobrera.com/internacionales/el-npa-frances-al-borde-de-la-implosion/

12/03/2021

El Salvador: el triunfo de Bukele y el derrumbe de los partidos tradicionales

La popularidad del mandatario esconde un régimen de autoritarismo, miseria y dependencia creciente.

Con un 66% de los votos, el oficialista Nuevas Ideas obtuvo un categórico triunfo en las elecciones legislativas celebradas el 28 de febrero en El Salvador. Gracias a este resultado, el partido del presidente Nayib Bukele, un empresario y publicista, se asegura, sumando aliados, un total de 61 diputados sobre 84 de la cámara legislativa única, es decir pasaría a contar con una mayoría calificada lo que abriría el camino hacia un control por parte del oficialismo de la justicia, la fiscalía general e incluso lo habilitaría a llevar adelante una posible reforma constitucional en sus propios términos.

La elección

La participación electoral, escasa ya que votó un 48% del padrón electoral, ha sobrepasado sin embargo a la de las elecciones legislativas previas. Los números generales de los comicios dan cuenta de la profundización del repudio entre las masas salvadoreñas a los partidos tradicionales que venían dominando la vida política del país desde que se erigiera el régimen democrático en 1992. La primera gran manifestación de esta tendencia ocurrió en 2019 con la llegada al poder de Bukele, que contaba con 37 años en ese entonces y que montó su campaña alrededor de explotar el hastío de la población ante los 30 años en los que la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el centro izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, dentro del cual se disolvió el PC) se turnaron en el poder sin dar satisfacción a ninguna de las necesidades populares. En la reciente elección, Arena obtuvo el 12% de los votos y los ex guerrilleros del FMLN, quienes dirigían el país hasta el 2019, un 7%, es decir un derrumbe sin precedentes. Hubo alrededor de 50 mil votos nulos y 40 mil votos impugnados (sobre un poco más de 2,5 millones de votantes), según el Partido Socialista Centroamericano, una organización de izquierda que impulsó la anulación del sufragio.

Nuevas Ideas, el partido ganador, es una reciente creación de Bukele, que en 2019 tomó “prestada” la legalidad del derechista Gana (atravesado por denuncias de corrupción) para poder presentarse. Nuevas Ideas no es, por lo tanto, un partido con arraigo popular sino una mera prolongación del bonapartismo del presidente. El copamiento por parte de Bukele de los escaños parlamentarios se complementa con la victoria en los municipios, obteniendo 137 sobre 262 concejales. El gobierno no ha dudado en utilizar fondos estatales para la campaña electoral, en la que hubo una disparidad notoria entre los recursos volcados por el oficialismo, con 6 millones de dólares, y la oposición que alcanzó, como máximo, gastos por un millón de dólares.

Bukele ha logrado alcanzar altos niveles de popularidad gracias a un aparente control de la violencia ejercida por las pandillas (maras), a la ayuda económica de 300 dólares por familia otorgada para paliar la crisis pandémica, la suspensión temporal del pago de servicios, junto con otras medidas asistenciales, y a la profundización del discurso contrario al régimen bipartidista precedente. Sin embargo, siguen intactos todos los problemas estructurales de El Salvador.

Autoritarismo y ajuste

La economía salvadoreña ha sido de las más castigadas en 2020, con un retroceso del 7.5 por ciento (El País, 28/2) y un crecimiento de la pobreza que ahora abarca a más del 40 por ciento de la población. La deuda externa representa ya un 86% del PBI, uno de las ratios más grandes de la región. Para financiar la ayuda de 300 dólares, se ha recurrido a un préstamo del FMI que contendrá, a pesar de las declaraciones en sentido contrario por parte de los funcionarios, condiciones que supondrán un duro ajuste sobre las masas trabajadoras.

La celebrada baja en la cantidad de asesinatos por año, que colocaba a El Salvador como el país más violento a nivel mundial sin una guerra declarada, fue desnudada por parte de la prensa como el resultado no de una política anti criminal efectiva sino de un acuerdo entre el gobierno y las principales maras del país. La respuesta del gobierno a esta investigación fue la persecución contra los medios, en particular contra el portal El Faro, lo que incluyó la utilización del Ministerio de Hacienda para fraguar datos que darían cuenta de operaciones de lavado de dinero por parte del portal de noticias.

El autoritarismo de Bukele, que tuvo su ópera prima con la irrupción del mismo acompañado del ejército para intimidar al parlamento en febrero del 2020 se ha reforzado no solo con los ataques a la prensa sino con la utilización de las fuerzas armadas para tareas de seguridad interior. Un punto saliente de esta orientación ha sido el asesinato, de características mafiosas, de 2 militantes del FMLN que recibieron una balacera en el marco de un mitin de campaña electoral el 31 de enero. En todos los terrenos, entonces, se trata de un gobierno profundamente contrario a los intereses populares.

Las masas trabajadoras deben comenzar un curso de oposición

Las expectativas de la mayoría de la población salvadoreña con el nuevo gobierno se verán defraudadas, más temprano que tarde, con la constatación de la permanencia y agravamiento de las necesidades populares más elementales. Los jóvenes, trabajadores y campesinos deben advertir que el creciente autoritarismo, utilizado para solventar el personalismo presidencial y las diatribas contra la oposición, dará paso a su utilización contra las propias masas populares. No faltan energías entre los trabajadores para resistir el ajuste por venir. El 16 de febrero, miles de trabajadores se movilizaron, convocados por las centrales Movimiento Poder Popular (un frente de organizaciones sindicales) y por la Unión Sindical Salvadoreña, con el reclamo de terminar con el régimen de las AFP (privatización de las jubilaciones), a lo que se suman otras luchas, como la protagonizada por las obreras de Florenzi, que llevan más de siete meses de toma contra el cierre de la fábrica textil y vienen de participar en la jornada del 8M. Sin embargo, en las direcciones sindicales prima una adaptación al gobierno.

La formulación de un pliego reivindicativo que ponga en marcha al movimiento obrero pondrá de manifiesto los intereses antagónicos a los trabajadores que representa Bukele y su gobierno y sentará las bases de una oposición de clase al mismo.

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11/03/2021 | 1617
INCENDIOS FORESTALES

Los responsables de los incendios de la Patagonia

Más de 2.000 hectáreas de bosque patagónico fueron consumidas por el fuego en los últimos días en varias localidades de la Comarca Andina de Chubut y en el pueblo rionegrino de El Bolsón. Miles de personas debieron ser evacuadas, con varios heridos y una quincena de desaparecidos. Un centenar de casas fue arrasado por los incendios urbano-forestales. Al momento de escribir estas líneas aún hay focos activos y toda la zona carece de servicio de electricidad y de agua potable.

Este cuadro devastador tiene claras responsabilidades políticas y sociales. Por la simultaneidad de los focos de incendio, los vecinos afirman que fueron ocasionados intencionalmente. Señalan a los terratenientes y especuladores inmobiliarios que tienen intereses en explotar la zona. También destacan que es frecuente que el fuego se desate por la saturación del tendido eléctrico. Hasta los intendentes debieron reconocer que no tuvieron causas naturales. Pero esta desidia capitalista se combina con el ajuste de los gobiernos.

Alberto Fernández y su ministro Juan Cabandié anunciaron de manera rimbombante el envío de 62 brigadistas a la región afectada, lo máximo que pueden ofrecer en medio del vaciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (cuyo presupuesto fue reducido 43% en términos nominales).

La magnitud del desastre actual revela también la esencia ajustadora del gobierno chubutense de Mariano Arcioni, que declaró la emergencia ígnea que azota las zonas de El Maitén, Las Golondrinas, El Hoyo, Cholila y Cerro Radal, pero anunció una magra partida de 10 millones de pesos como recursos para abarcar desde el control del fuego hasta la reconstrucción de viviendas y zonas afectadas, y auxiliar a los damnificados. Esto cuando hace tiempo que los brigadistas y bomberos de la provincia denuncian precarización laboral y atrasos salariales. En los hechos, el gobernador abandona a su suerte a la población de la Comarca Andina.

Deben volcarse todos los recursos necesarios para contener la situación y reparar los daños sociales y ambientales, así como para recomponer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego bajo control de sus trabajadores y técnicos. Debe emprenderse, además, una investigación independiente para determinar las responsabilidades concretas en la generación de los focos de incendio.

https://www.instagram.com/p/CMOLLAXl0WW/

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11/03/2021 | 1617

Neuquén caliente

Por un congreso de delegados de base para votar un plan de lucha unificado.

Neuquén es sacudida por fuertes luchas de trabajadores, las cuales rechazan los pactos contra los salarios, el trabajo y el desguace de la ayuda social. Para los trabajadores estatales y docentes, el gobierno fijó un aumento del 12% más sumas fijas en negro y en cuotas. Se trata de propuestas miserables, que perpetúan la rebaja salarial operada en 2020 y no contienen ninguna recomposición salarial frente al proceso inflacionario. La docencia continúa de paro, con actividades en las rutas y bloqueos en Casa de Gobierno. La dirección del sindicato, ligada al Frente de Todos, se ve obligada a impulsar el paro por la gran bronca de la docencia, negándose a la unificación con otros sectores en lucha. En salud se procesa una rebelión de sus trabajadores en rechazo a la entregada que firmó ATE y UPCN. Esta surge desde abajo y se desarrolla con paros, asambleas interhospitalarias y actividades por localidad. Es una huelga formidable de los que están en primera línea contra la pandemia, y el gobierno busca el desgaste y el fin de la huelga a través de los descuentos.

En tanto, los judiciales están de paro rechazando la propuesta oficial del Tribunal Superior de Justicia del 12%. Aquí, la dirección del sindicato también se niega a la unificación, pero los trabajadores van buscando canales de unidad.

Mientras que las organizaciones piqueteras independientes, como el Polo Obrero, combinan las jornadas nacionales con el impulso de iniciativas provinciales que incluyen a la CTEP, el FOL y el Frente Popular Darío Santillán. La lucha por el trabajo genuino y por un seguro al desocupado enfrenta a un gobierno que tiene los programas sociales congelados en 6.000 pesos y abastece solo un 25% la demanda en comedores y merenderos. Por ello, las organizaciones desarrollan nuevas acciones sobre las rutas.

Unidad de los trabajadores

Las acciones que desenvuelven los trabajadores/as enfrentan la alianza del gobierno de Omar Gutiérrez y del gobierno nacional. Sucede que Neuquén, así como otras provincias, expresan un laboratorio político. Por un lado, está la gran disposición de lucha de los trabajadores, con autoconvocatorias y paro generales, y por el otro, la capacidad de los gobiernos de contener y doblegar a los que enfrentan el ajuste. Por ello, la llegada de tres ministros nacionales a Neuquén en los próximos días representa un fuerte espaldarazo de Fernández a Gutiérrez en el medio de un proceso huelguístico.

Para los gobiernos es clave que triunfen estos acuerdos salariales por debajo de la inflación y de la canasta de pobreza. Pretenden que del ajuste a los salarios, jubilaciones, presupuesto de salud y educación salgan los recursos para el repago de la deuda externa y la continuidad de los subsidios a los capitalistas. Además, Gutiérrez y Fernández son conscientes del cuadro de precariedad del despegue de Vaca Muerta debido a la crisis nacional, la fuga de capitales y la huelga de inversiones.

Congreso de delegados de base

En este escenario se impone la necesidad de un frente único de lucha, un plan de acción unificado, comités de huelga por lugar de trabajo. Junto a ello es clave la iniciativa de impulsar un congreso de delegados de base de los sindicatos en común con los trabajadores desocupados. Esta consigan importa, por un lado, porque se trata de una herramienta de organización de todos los trabajadores en los sindicatos que pactan contra los salarios y, por el otro, es un instrumento destituyente contra la burocracia sindical y de lucha por una nueva dirección en los sindicatos.

La masividad de las movilizaciones y el surgimiento de nuevos luchadores/as ponen en el orden del día la necesidad de un plan de lucha unificado con el objetivo en derrotar el ajuste del régimen del FMI.

El Partido Obrero se juega a fondo por el triunfo de estas importantes luchas populares.

11/03/2021 | 1617
BRASIL

¿Luz verde para Lula?

El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, declaró incompetente al tribunal federal de Curitiba, que supo tener al frente a Sergio Moro, en las causas que se siguen contra Lula por corrupción, y ordenó que las mismas pasen a un fuero del distrito federal, Brasilia, donde un juez deberá decidir si las condenas contra el expresidente son convalidadas o no. La Procuraduría General de la República anticipó que apelará el fallo, lo que puede llevar otra vez la cuestión al máximo tribunal (esta vez, a sus once miembros o a alguna de sus salas).

Por lo pronto, la decisión del juez Fachin le permite al expresidente presentarse como candidato en las elecciones de 2022. Lula está acusado de recibir “favores” personales -cuando era presidente- por parte de empresas constructoras a cambio de contratos, en el marco del megaproceso conocido como Lava Jato, que involucra a los principales partidos y a la burguesía brasileña en un esquema de sobrefacturación y sobornos en la obra pública. Todo este proceso judicial, sin embargo, se ha caracterizado por su opacidad y discrecionalidad. Así, sirvió de base para el encarcelamiento y, enseguida, para la proscripción política de Lula, quien no pudo presentarse a los comicios de 2018, en los que fue reemplazado por Fernando Haddad.

El Lava Jato viene sufriendo fuertes reveses. A comienzos de febrero, la unidad judicial dedicada al caso fue disuelta. Y el juez Moro quedó fuertemente cuestionado cuando las investigaciones del sitio The Intercept mostraron su parcialidad y el direccionamiento de la causa. El propio Moro, a su vez, dio un portazo en el Ministerio de Justicia, en abril del año pasado, en el medio de una puja con Bolsonaro, al que acusó de desplazar a un titular de la Policía Federal para bloquear investigaciones en contra de sus hijos.

El fallo de Fachin se produce en un momento crítico de la situación brasileña, debido a una pésima gestión del Covid-19 por parte de Bolsonaro y los gobiernos estaduales, que han llevado al país al colapso sanitario. Además, la pandemia agravó la situación social, con despidos y suspensiones y un crecimiento de la pobreza. Bolsonaro intentó paliar esta situación por medio de una asistencia social de emergencia, completamente limitada.

La economía brasileña sufrió una contracción del 4% en 2020 (la mayor en 25 años) y crecen los cortocircuitos entre Bolsonaro y el “superministro” de Economía, Paulo Guedes.

En las condiciones de crisis señaladas, la habilitación de la candidatura de Lula puede formar parte de un preventivo plan B de sectores de la burguesía, que ven al expresidente como una herramienta potencial de contención social. La CUT y el PT, de hecho, han cumplido ese rol a lo largo de todo el mandato de Bolsonaro, evitando a toda costa la puesta en pie de un plan de lucha frente a los feroces ataques contra los trabajadores.

El gobierno de Bolsonaro experimentó su momento más crítico en los comienzos de la pandemia, hace un año, cuando la combinación de la crisis sanitaria, económica y política, pusieron al mandatario al borde de un impeachment. El bolsonarismo, por su parte, echó a rodar la posibilidad de un autogolpe. De aquella crisis, Bolsonaro salió con un reforzamiento del ala militar, que ganó posiciones, y con un pacto político con el llamado “centrão”, que también fue lubricado con cargos y prebendas a cambio de congelar el juicio político. Es importante tener presente que en el gobierno de Bolsonaro coexisten varios sectores que chocan entre sí: el ala militar, el ultraliberalismo de Guedes y la camarilla bolsonarista.

La agudeza de la crisis brasileña requiere de un planteo frente a la pandemia (centralización del sistema de salud, triplicación inmediata del presupuesto, comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo) y un plan de lucha de las organizaciones obreras para derrotar el ajuste de Bolsonaro-Guedes. Y, al mismo tiempo, se plantea la necesidad de una alternativa política de los trabajadores, que supere la política de colaboración de clases del PT.

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11/03/2021 | 1617

Paraguay: una nueva rebelión popular en América Latina

Una rebelión popular se ha desatado en Paraguay contra el gobierno de Mario Abdo Benítez y contra todo el régimen político. Desde el viernes 5 por la tarde se suceden movilizaciones y concentraciones populares en la Plaza de Armas, al frente del Congreso, y en el Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, bajo las consignas “Fuera Marito” y “Que se vayan todos”. Las movilizaciones, que se replican en numerosos puntos del país, se sostienen a pesar de la represión, de las detenciones de manifestantes y de la tentativa del gobierno de desactivarlas, echando lastre con el recambio de cuatro ministros. Hacia el domingo 7, las centrales obreras (CUT Auténtica y CUT) se pronunciaron en repudio a la represión del gobierno, reclamaron la renuncia de la titular del Instituto de Previsión Social y en rechazo a un alza en la tarifa del transporte público. La Coordinadora Estudiantil Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción llamó a plegarse a las movilizaciones, reclamando que se detenga la suba de aranceles y se garantice el acceso a la educación pública.

Detonante y trasfondo

El detonante de la rebelión fue el ingreso del sistema sanitario de Paraguay a un cuadro de completo colapso: sin capacidad para albergar pacientes en unidades de terapia intensiva y sin medicamentos básicos. Este colapso tiene lugar a un año de que el Parlamento paraguayo aprobara la Ley de Emergencia que implicó un plan de ajuste contra el pueblo y que habilitó al gobierno a endeudarse por 1.600 millones de dólares, con el supuesto objetivo de preparar al sistema de salud para enfrentar la pandemia. Poco tiempo después, las centrales sindicales se movilizaban denunciando la corrupción del gobierno en la compra de insumos sanitarios. Esto, sumado a importantes escándalos previos, transformó el rechazo a la corruptela en otra bandera fundamental de la actual rebelión popular. El FMI, un día antes del estallido de la rebelión, intentó alertar al gobierno paraguayo sobre este fenómeno. Y a través de un comunicado, luego de cínicamente felicitarlo “por la respuesta dada ante el Covid”, lo convocaba a “reforzar la gobernanza y la transparencia”.

Junto a estos elementos hay que anotar la gigantesca crisis social que impacta sobre los trabajadores y el pueblo paraguayo. La Ley de Emergencia redundó en despidos y reducciones nominales de salarios. La cuarentena impactó más negativamente aún en el sector de trabajadores que se encuentran en la informalidad, que asciende al 71% de la población económicamente activa. De ese sector, solo el 17% cuenta con cobertura social. En Paraguay, que cuenta con siete millones de habitantes, hay dos millones de pobres.

Maniobras burguesas y planteo revolucionario

Por su parte, la oposición del Partido Liberal y del centroizquierdista Frente Guasu se subieron al caballo del clamor popular y se pronunciaron en favor de la renuncia del Presidente y del vice. Impulsan la realización de un juicio político, en un claro intento de encauzar el reclamo popular por vías institucionales. El senador del Frente Guasu señaló que, de renunciar el Presidente y el vice, es partidario de que asuma el presidente del Parlamento, también del Partido Colorado, y que se convoque a elecciones anticipadas. Sea como fuese, para que se pueda viabilizar el juicio político son determinantes los votos de los legisladores de Honor Colorado, una fracción del oficialista Partido Colorado, liderada por el ex presidente Horacio Cartes.

En oposición al planteo de un mero recambio institucional, es necesario continuar la lucha por el “Fuera Marito”, “que se vayan todos” y por una asamblea constituyente libre y soberana, para encarar todas las transformaciones sociales y políticas necesarias para afrontar la crisis y sacar definitivamente a Paraguay de la miseria y el atraso. A través de asambleas populares, congreso de trabajadores y otros, es necesario avanzar por el camino de la huelga general hasta imponer la caída del régimen y un programa de emergencia nacional frente al desastre sanitario.

La rebelión popular paraguaya representa un nuevo llamado de atención para el conjunto de la izquierda del continente. El planteo del Partido Obrero, de concertar una segunda Conferencia latinoamericana y de los EE.UU., se vuelve a revelar como un acierto. En momentos donde se desarrollan y arrecian nuevas rebeliones populares, y donde las fuerzas “nacionales y populares” se postulan para funcionar como la variante de recambio de la burguesía, la izquierda revolucionaria tiene la responsabilidad de colaborar activamente con la superación de la crisis de dirección de los explotados.

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09/03/2021

8M en Chile: las trabajadoras desafían a la represión de Piñera

Con movilizaciones en todo el país.

El día internacional de la mujer trabajadora encontró a miles de chilenas en las calles, verificándose en Santiago una concentración de más de medio millón de personas en Plaza Dignidad. Las marchas y concentraciones tuvieron lugar en todo el país, superando el centenar las convocatorias. La jornada de lucha estuvo precedida por acciones que surgieron por iniciativa de las asambleas barriales de los distintos territorios.

Aún en un contexto sanitario con índices de contagio alarmantes y con la represión estatal a la orden del día, las mujeres se convocaron de a miles para exigir, una vez más, los derechos negados sistemáticamente y denunciar al Estado como el garante de las condiciones que nos vuelven blanco de las distintas formas de violencia a las que estamos sometidas a diario.

La crisis generada por la pandemia viene siendo descargada en las espaldas de las familias trabajadoras y en el caso de las mujeres ello tiene consecuencias aún más lacerantes. La precarización laboral, la carga de las tareas domésticas y de cuidado y la violencia machista, agudizaron su peso en la existencia de miles de trabajadoras con la llegada de la pandemia.

Frente a cada reclamo la respuesta del gobierno fue una sola, la represión. Es así que en la jornada de ayer tuvo una centralidad absoluta la denuncia a la violencia estatal. Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y a la fuerza policial que las ejecuta se las refrenda con la ampliación de sus facultades. Cada minuto de Sebastián Piñera en el poder es un riesgo para nuestras vidas, por ello este 8M la consigna “Fuera Piñera” también tuvo protagonismo.

La represión en el caso de las mujeres incluye abusos sexuales y vejaciones de todo tipo según dan cuenta las denuncias contra Carabineros. Por ello, en las plazas de lucha de todo Chile por el día internacional de la mujer trabajadora se hizo sentir el reclamo contra la impunidad de los “pacos” y la exigencia de disolución de esta cueva de violadores, mutiladores y asesinos.

Otra de las demandas presentes fue la exigencia de libertad de lxs presxs políticxs, que incluyó un mitín y “barrotazo” en la cárcel de mujeres de San Miguel. Son cerca de 2 mil detenidxs en manifestaciones populares, la gran mayoría con prisiones preventivas arbitrarias, lo que se traduce en una condena a sus familias y un mensaje al pueblo chileno en su conjunto.

Colectivos de mujeres migrantes estuvieron presentes denunciando las políticas de persecución y represión por parte del Estado chileno a que se ven sometidas con sus familias. Vivir en Chile siendo mujer, pobre y migrante es una condena a la negación de los derechos más elementales.

Junto a la denuncia al Estado policial estuvieron planteadas todas nuestras demandas históricas. Entre ellas el derecho al aborto legal, libre y gratuito para terminar con la clandestinidad que muchas veces se cobra la vida de las mujeres. Las 3 causales actualmente vigentes para acceder legalmente a la interrupción del embarazo son harto insuficientes, como lo es la despenalización que se discute desde enero en el Congreso.

Mientras los partidos que gobernaron y gobiernan y, por lo tanto son los responsables de la degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora en todos estos años, empeñan sus esfuerzos en cerrar el proceso político abierto con la revuelta popular del 2019, con una constituyente amañada y que probablemente termina copada por ellos mismos, las mujeres volvieron a poner de manifiesto la potencialidad de un enorme movimiento de lucha que desde las calles puede conquistar todos los derechos que le fueron negados.

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09/03/2021

Brasil: ¿luz verde para Lula?

Sobre el fallo del juez Edson Fachin.

El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, declaró incompetente al tribunal federal de Curitiba, que supo tener al frente a Sergio Moro, en las causas que se siguen contra Lula por corrupción, y ordenó que las mismas pasen a un fuero del distrito federal, Brasilia, donde un juez deberá decidir si las condenas contra el expresidente son convalidadas o no. La Procuraduría General de la República anticipó que apelará el fallo, lo que puede llevar otra vez la cuestión al máximo tribunal (esta vez, a sus once miembros, o a alguna de sus salas).

Por lo pronto, la decisión del juez Fachin le permite al expresidente presentarse como candidato en las elecciones de 2022. Lula está acusado de recibir "favores" personales -cuando era presidente- por parte de empresas constructoras a cambio de contratos, en el marco del megaproceso conocido como Lava Jato, que involucra a los principales partidos y a la burguesía brasileña en un esquema de sobrefacturación y sobornos en la obra pública. Todo este proceso judicial, sin embargo, se ha caracterizado por su opacidad y discrecionalidad. Así, sirvió de base para el encarcelamiento y, enseguida, para la proscripción política de Lula, quien no pudo presentarse a los comicios de 2018, en los que fue reemplazado por Fernando Haddad.

El Lava Jato viene sufriendo fuertes reveses. A comienzos de febrero, la unidad judicial dedicada al caso fue disuelta. Y el juez Moro quedó fuertemente cuestionado cuando las investigaciones del sitio The Intercept mostraron su parcialidad y el direccionamiento de la causa. El propio Moro, a su vez, dio un portazo en el ministerio de justicia en abril del año pasado, en el medio de una puja con Bolsonaro, al que acusó de desplazar a un titular de la Policía Federal para bloquear investigaciones en contra de sus hijos.

El fallo de Fachin se produce en un momento crítico de la situación brasileña, debido a una pésima gestión del Covid-19 por parte de Bolsonaro (que igual que Trump tenía un planteo negacionista frente a la pandemia) y los gobiernos estaduales, que han llevado el país al colapso sanitario. En Manaos, faltaron los tubos de oxígeno para los infectados y el año pasado directamente se construyeron fosas comunes. Las terapias intensivas de Porto Alegre están al 100% y los médicos deben decidir a quién dejan morir. Otros numerosos estados están saturados, incluyendo a San Pablo. Y llueven las denuncias de esta índole desde todos lados.

Además, la pandemia agravó la situación social, con despidos y suspensiones y un crecimiento de la pobreza. Bolsonaro intentó paliar esta situación por medio de una asistencia social de emergencia, completamente limitada. La popularidad del mandatario ha caído al 28%, consumiendo la pequeña recuperación que había tenido hace algunos meses.

La economía brasileña sufrió una contracción del 4% en 2020 (la mayor en 25 años) y crecen los cortocircuitos entre Bolsonaro y el “superministro” de economía, Paulo Guedes, quien se opone a cualquier suba del gasto público para atemperar la crisis. También desató un conflicto entre ambos la destitución al frente de Petrobras del economista Roberto Castello Branco, quien había sido propuesto por Guedes. Por medio de este cambio, el presidente apunta a controlar el aumento en los combustibles (del 30% en lo que va del año), que le puede terminar aguando la reelección. Bolsonaro puso al frente a un general y los militares ganarán más puestos en la dirección de la empresa. Tanto el presidente como su ministro, sin embargo, están impulsando juntos una política de privatizaciones, sea en la compañía petrolera (se vendieron varias refinerías y estaciones de servicio), sea en el resto del sector estatal (Correo, etc.).

En las condiciones de crisis señaladas, la habilitación de la candidatura de Lula puede formar parte de un preventivo plan B de sectores de la burguesía, que ven al expresidente como una herramienta potencial de contención social. La CUT y el PT, de hecho, han cumplido ese rol a lo largo de todo el mandato de Bolsonaro, evitando a toda costa la puesta en pie de un plan de lucha frente a los feroces ataques contra los trabajadores.

El gobierno de Bolsonaro experimentó su momento más crítico en los comienzos de la pandemia, hace un año, cuando la combinación de la crisis sanitaria, económica y política, pusieron al mandatario al borde de un impeachment. El bolsonarismo, por su parte, echó a rodar la posibilidad de un autogolpe. De aquella crisis, Bolsonaro salió con un reforzamiento del ala militar, que ganó posiciones, y con un pacto político con el llamado “centrao”, que también fue lubricado con cargos y prebendas a cambio de congelar el juicio político. Es importante tener presente que en el gobierno de Bolsonaro coexisten varios sectores que chocan entre sí: el ala militar, el ultraliberalismo de Guedes, y la camarilla bolsonarista. A su vez, hay disputas por la política exterior. Cuando Bolsonaro quiso avanzar en un alineamiento más decidido con Estados Unidos, su vice, el general Hamilton Mourao, representante del ala militar, le salió al cruce y realizó una gira por China, que es el principal socio comercial del país. Se trata de una administración atravesada por fuertes confrontaciones.

El gobierno argentino celebró la decisión judicial que favorece a Lula. Esto no solo por la posibilidad de reconstruir un eje “nacional y popular” en la región, sino también por las propias causas judiciales que acechan a Cristina en la Argentina.

La agudeza de la crisis brasileña requiere de un planteo frente a la pandemia (centralización del sistema de salud, triplicación inmediata del presupuesto, comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo) y un plan de lucha de las organizaciones obreras para derrotar el ajuste de Bolsonaro-Guedes. Y al mismo tiempo, se plantea la necesidad de una alternativa política de los trabajadores, que supere la política de colaboración de clases del PT.

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09/03/2021

La lucha de los trabajadores de Amazon en Estados Unidos

Miles intentan poner en pie un sindicato.

Hasta el 29 de marzo, los trabajadores de Amazon de la tienda de Bessemer, Alabama, participan de una votación por correo que podría resolver la conformación del primer sindicato del gigante del comercio electrónico en los Estados Unidos.

El lugar cuenta con 6 mil empleados y fue inaugurado en los comienzos de la pandemia, para satisfacer la demanda creciente de la compañía. Un grupo de activistas impulsó una petición que fue firmada masivamente en la planta, con lo que se logró que la Junta Nacional de Relaciones Laborales habilite la consulta, que se inició el 8 de febrero. El nuevo sindicato, en caso de prosperar, se afiliaría al sindicato de minoristas, mayoristas y grandes almacenes (RWDSU, por sus iniciales en inglés).

La empresa ha puesto en pie una campaña para boicotear la formación de la nueva entidad. Los trabajadores reciben mensajes de texto del tipo “No dejes que el sindicato nos separe” o “¡No permitas que los de fuera dividan a nuestro equipo ganador!”. La compañía de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, tiene un largo historial de persecución antisindical: en marzo pasado despidió a trabajadores del depósito de Staten Island por reclamar una cuarentena ante casos de coronavirus; en esos mismos almacenes fue cesanteado en abril Rashad Long, quien intentó organizarlos. E incluso la patronal ha recurrido a la contratación de una agencia de detectives (Pirketon) para registrar posibles activistas. Apela también a su radicación en distritos con legislaciones que obstaculizan el trabajo sindical, como Alabama o Iowa.

Amazon presume de pagar sueldos que están por encima de la media (15 dólares la hora), pero lo cierto es que igualmente se trata de sueldos bajos. Además, impera en la empresa una enorme precarización laboral. Los trabajadores de los depósitos de Alabama denuncian que les quitan sus teléfonos durante el trabajo; que tienen pausas mínimas y cronometradas para ir al baño o almorzar; y un predio de las dimensiones de catorce canchas de fútbol americano que deben atravesar a toda prisa para poder fichar a tiempo y evitar descuentos o despidos. Rige en los almacenes un sistema de productividad que perfecciona la explotación. Además, la compañía se vale de una gran cantidad de personal tercerizado.

La superexplotación está en la base de las extraordinarias ganancias de la empresa, que se ha visto favorecida también por el cierre de tiendas físicas durante las cuarentenas. “Amazon casi duplicó su valor de mercado y sus ganancias en el tercer trimestre [de 2020] subieron 200% en términos interanuales” (Nueva Sociedad, diciembre 2020).

Además de Alabama, aunque de manera más embrionaria, hay un proceso de organización en los almacenes de Iowa (Grimes y Iowa City). Este es alentado por la Hermandad Internacional de Camioneros, que dirige James Hoffa, hijo del legendario burócrata sindical que recientemente retrató Martin Scorsese en El irlandés.

El duro proceso de organización en las grandes compañías tecnológicas tiene su capítulo también en Europa, donde cientos de trabajadores de Amazon fueron al paro en Alemania en reclamo de un convenio colectivo de trabajo y por medidas de seguridad frente al Covid-19. En España, los trabajadores del centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid) pararon 48hs en marzo de 2018 ante el intento patronal de devaluar el convenio laboral.

En diciembre pasado, además, una jornada global de lucha, en el marco del Black Friday -uno de los picos de ventas de Amazon-, organizó protestas en 15 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Paralelamente, un grupo de 200 trabajadores de Google, también en Estados Unidos, han formado Alphabet Workers Union, adscripto a una federación sindical que nuclea a telefónicos y trabajadores de los medios de Estados Unidos y Canadá. La compañía del motor de búsquedas también tiene su historial antisindical, compartiendo con Amazon la contratación de una consultora para tareas antisindicales (IRI Consultants) y ejerciendo despidos persecutorios en 2019.

En compañías con cientos de miles de empleados, los procesos organizativos que hemos mencionado pueden parecer pequeños, pero se trata solo del comienzo. Esto es lo que despierta la preocupación de las empresas.

La campaña de solidaridad con los trabajadores de Amazon Alabama ha incluido a personalidades de la cultura, como Tom Morello, de Rage Against The Machine.

Apoyemos la lucha de los trabajadores de Amazon y de todas las tecnológicas.

https://twitter.com/tmorello/status/1368325871329771521

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08/03/2021

¡Apoyamos la lucha del pueblo paraguayo!

Texto de la Asamblea de Trabajadores Inmigrantes Paraguayos.

En Paraguay se está desarrollando una rebelión popular contra el gobierno de Mario Abdo Benítez y todo el régimen político. Las movilizaciones levantan las consignas "Fuera Marito" (como se conoce al presidente) y "que se vayan todos". El detonante ha sido el colapso sanitario. A continuación, compartimos la declaración emitida por la Asamblea de Trabajadores Inmigrantes Paraguayos (ATIP) de Argentina. 

El pueblo salió a las calles a defender sus derechos básicos como seres humanos.

Repudiamos el accionar del gobierno de Marito Abdo que solo ofrece represión y muerte a su pueblo. El resultado lo tenemos a la vista, endeudamiento para afrontar una pandemia... mientras el pueblo no encuentra el derecho más básico y esencial que es la salud, en los hospitales no hay insumos.

¿Qué pasó con los 1600 millones? [ndR: se refiere al endeudamiento oficial por esa cifra, en dólares, con el supuesto objetivo de afrontar la pandemia]

Saludamos a todas y todos los ciudadanos que están en las calles al grito de: ¡Que se vayan todos, ANR [Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado] nunca más, fuera Marito y todo su gabinete!

Mucha fuerza al pueblo coraje que defiende su dignidad por un futuro con tierra, trabajo, salud, justicia y libertad. Las y los migrantes paraguayos en el mundo sabemos que estas políticas son las que nos expulsan de nuestra tierra, nuestro querido Paraguay. ¡Arriba la lucha del Paraguay!

¡Victoria Siempre!

Asamblea de Trabajadores Inmigrantes Paraguayos - ATIP

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08/03/2021

Rebelión popular en Paraguay

Una rebelión popular se ha desatado en Paraguay contra el gobierno de Mario Abdo Benítez y contra todo el régimen político. Desde el viernes 5 por la tarde se suceden movilizaciones y concentraciones populares en la Plaza de Armas, al frente del Congreso, y en el Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, bajo las consignas “Fuera Marito” y “que se vayan todos”. Las movilizaciones, que se replican en numerosos puntos del país, se sostienen a pesar de la represión, de las detenciones de manifestantes y de la tentativa del gobierno de desactivarlas echando lastre con el recambio de cuatro ministros. Las convocatorias, hechas por redes, se hicieron bajo el lema“EstoyParaElMarzo2021”, haciendo referencia a lo que se conoció como el “marzo Paraguayo” de 1999, el levantamiento popular que se llevó puesto al gobierno de Raúl Cubas Grau. La combatividad del pueblo movilizado obligó, el viernes por la noche, a que los efectivos policiales flamearan pañuelos blancos como gesto de rendición.

El domingo 7, las centrales obreras CUT Auténtica y CUT, emitieron un comunicado conjunto repudiando la represión del gobierno, reclamando la renuncia de la titular del Instituto de Previsión Social y rechazando un alza en la tarifa del transporte público. También el domingo, la Coordinadora Estudiantil Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción llamó a plegarse a las movilizaciones reclamando que se detenga la suba de aranceles y se garantice el acceso a la educación pública.

Detonante y trasfondo

El detonante de la rebelión fue el ingreso del sistema sanitario de Paraguay a un cuadro de completo colapso. Al momento, Paraguay solo recibió 4.000 dosis de vacunas contra el Covid y se encuentra en el último lugar en el proceso de vacunación en la región. En los primeros días de marzo, los trabajadores de la salud de los principales hospitales de Asunción denunciaban que se habían quedado sin capacidad para recibir más pacientes en las unidades de terapia intensiva y que carecían de medicamentos básicos, y a través de piquetes y manifestaciones reclamaban respuestas. Los medicamentos son comprados por los parientes de los hospitalizados a precios dolarizados. Como consecuencia de toda esa situación el Ministerio de Salud suspendió por tiempo indeterminado las intervenciones quirúrgicas en los hospitales públicos de todo el país, para destinar los recursos a la lucha contra la pandemia.

El colapso sanitario tiene lugar a un año de que el parlamento paraguayo aprobara la Ley de Emergencia, que no solo puso en marcha un plan de ajuste contra el pueblo, sino que habilitó al gobierno de Abdo Benítez a endeudarse por 1.600 millones de dólares, con el supuesto objetivo de preparar al sistema de salud para enfrentar la pandemia. Pero tempranamente, las centrales sindicales se movilizaron y denunciaron la corrupción del gobierno en la compra de insumos sanitarios. Las sistemáticas denuncias de sobreprecios en la compra de insumos y artefactos médicos, que tienen lugar luego de un enorme endeudamiento externo y en el marco de un colapso sanitario, transformaron el rechazo a la corruptela en otra bandera fundamental de la actual rebelión popular.

Junto a estos elementos, hay que anotar la gigantesca crisis social que impacta sobre los trabajadores y el pueblo paraguayo. La Ley de Emergencia redundó en despidos y reducciones nominales de salarios. La cuarentena impactó más negativamente aún en el sector de trabajadores que se encuentran en la informalidad, que asciende al 71% de la población económicamente activa. De ese sector, solo el 17% cuenta con cobertura social. En Paraguay, que cuenta con siete millones de habitantes, hay dos millones de pobres. La desidia del gobierno y del Estado ante el derrumbe sanitario y la crisis social, contrasta con los beneficios otorgados a la clase capitalista. Las maquiladoras de la industria autopartista y Cámara Nacional de comercio y servicios de Paraguay, por ejemplo, gozan de exenciones impositivas de todo tipo, líneas crediticias baratas, postergación de pago de servicios, moratoria en el pago de los aportes jubilatorios, etc. (ver "Entre la crisis y la pandemia: la encrucijada del Paraguay", boletín Nuestra América XXI N°42, Clacso.org)

Crisis y maniobras políticas

Antes de que el viernes por la tarde estallara la rebelión, el gobierno ya había viabilizado la salida del ahora ex ministro de Salud Julio Mazzoleni. El gobierno pareció seguir los consejos del FMI que, en un comunicado de prensa oficial emitido ¡un día antes del estallido de la rebelión! “felicitaba” a las autoridades paraguayas “por la respuesta ante el Covid”, aunque las convocaba a “reforzar la gobernanza y la transparencia”. Como el fusible del ministerio de Salud no alcanzó para frenar la reacción popular, el sábado Abdo le pidió a todos los ministros que pongan sus cargos a disposición y anunció tres cambios más: Educación, Mujer y Gabinete Civil. En esta ocasión, el gobierno pareció seguir el libreto de la Unión Industrial Paraguaya, que a través de un comunicado combinó la exigencia al gobierno de soluciones a la crisis sanitaria con un llamado “al respeto al orden constitucional”. Sin embargo, para el domingo, las movilizaciones volvieron a ser masivas y se reafirmaron las consignas que impugnan la continuidad del presidente, del vice y reclaman un cambio de fondo.

Por su parte, la oposición del Partido Liberal y del centroizquierdista Frente Guasu se subieron al caballo del clamor popular y se pronunciaron a favor de la renuncia del presidente y del vice. Impulsan la realización de un juicio político, en un claro intento de encauzar el reclamo popular por vías institucionales. Pero para que se pueda viabilizar el juicio político los votos de los legisladores de Honor Colorado, una fracción del oficialista Partido Colorado liderada por el ex presidente Horacio Cartes, son determinantes. Ya en 2019 Honor Colorado bloqueó el juicio político que el Partido Liberal y el Frente Guasu impulsaron contra Abdo Benítez por la escandalosa firma del acta bilateral Itaipú, que establecía la pérdida de Paraguay de derechos adquiridos frente a Brasil y el aumento de los costos de adquisición de energía de varios millones de dólares. El senador del Frente Guasu señaló que, de renunciar el presidente y el vice, es partidario de que asuma el presidente del parlamento, también del Partido Colorado, y que se convoque a elecciones anticipadas.

Un planteo

La rebelión protagonizada por el pueblo paraguayo tiene varias virtudes. En primer lugar, que ha mostrado la decisión de no conformarse con algún cambio de ministro y que su principal objetivo es la caída del gobierno de Abdo Benítez. En segundo lugar, que realiza un cuestionamiento al conjunto del régimen político, lo que se expresa en la consigna “que se vayan todos”. Es que la oposición política, por su actual papel en el parlamento y, más atrás, en el propio gobierno, es corresponsable del cuadro de devastación en el que se encuentra Paraguay.

La rebelión, lejos de amoldarse al curso institucional que le pretende imprimir la oposición política, debe buscar abrirse paso impulsando la participación activa del movimiento obrero, campesino y estudiantil. A través de asambleas populares, congreso de trabajadores, etc., es necesario avanzar por el camino de la huelga general hasta imponer la caída del régimen y un programa de emergencia nacional frente al desastre sanitario: triplicación inmediata del presupuesto de salud y su ejecución por la gestión directa de médicos, enfermeros y personal sanitario, etc. En oposición al planteo de un mero recambio institucional, es necesario continuar con la lucha por el “Fuera Marito”, “que se vayan todos” y por una asamblea constituyente libre y soberana, que se haga de la suma del poder político. Es decir, una constituyente para encarar todas las transformaciones sociales (fin de la precarización laboral, control obrero de la economía, reforma agraria, etc.) y políticas (disolución de las fuerzas represivas, no pago de la deuda externa, etc.) para afrontar la crisis. La función de esta constituyente es abrir la ruta a una salida de los trabajadores por su propio gobierno, a constituirse en un puente en esta dirección, para sacar definitivamente a Paraguay de la miseria y el atraso.

La rebelión popular paraguaya representa un nuevo llamado de atención para el conjunto de la izquierda del continente. El planteo del Partido Obrero, de concertar una segunda Conferencia latinoamericana y de los EE.UU., se vuelve a revelar como un acierto. En momentos donde se desarrollan y arrecian nuevas rebeliones populares, la izquierda revolucionaria tiene la responsabilidad de colaborar activamente con la superación de la crisis de dirección del proletariado.

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08/03/2021

Apoyemos con todo la movilización del Hospital Larcade

Esta semana, vuelven a manifestarse.

Esta semana, los trabajadores del Hospital Larcade realizarán una nueva movilización (con fecha a determinar). A dos meses de iniciado el conflicto en este nosocomio de San Miguel, el gobierno municipal agrava el vaciamiento, proscribe elecciones sindicales y no da respuesta a los reclamos.

Los trabajadores vienen de protagonizar una serie de acciones muy importantes en la defensa de sus condiciones de trabajo: abrazos al hospital, aplausazos, una movilización masiva con acto en la puerta del municipio, entre otras.

Las principales reivindicaciones que exigen a la intendencia de San Miguel son la equiparación salarial con los sueldos provinciales, de los cuales se encuentran 40% por debajo, y el pase a planta permanente del personal del hospital, actualmente precarizado.

El municipio y el sindicato acuerdan el ajuste

El día de la última movilización, 12 de febrero, que fue masiva e incluyó un acto en el que se dieron a conocer las condiciones en las que se trabaja en el hospital municipal, el intendente Jaime Méndez canceló la reunión pautada para esa fecha, a la que se había comprometido a llevar respuestas a los reclamos. La dirección del sindicato de municipales sabía de la cancelación de la reunión antes que los propios trabajadores, que se enteraron sobre la hora, intentando ingresar al municipio. Y cabe mencionar que ambas partes (gobierno municipal y burocracia del sindicato municipal) habían solicitado a los trabajadores desistir de la movilización para favorecer el “diálogo”, lo que fue rechazado de plano por la asamblea del hospital.

En los días siguientes, los dos sindicatos de trabajadores municipales de la zona, a espaldas de los trabajadores, firmaron un acuerdo espurio en el que acordaron migajas que no representan los reclamos de los trabajadores del hospital (un bono por única vez y un aumento del 5% a cuenta de paritarias 2021) lo que fue repudiado rotundamente por la asamblea del Larcade, por insuficiente y por haber sido sin convocatoria a los trabajadores en lucha.

Proscripción a las elecciones

Como respuesta a la maniobra, los trabajadores, entendiendo la importancia de la representación sindical y la independencia política de gobiernos y burocracias sindicales, iniciaron la elección de la dirección local del sindicato Cicop en el hospital, cumpliendo los protocolos y manteniendo un buen funcionamiento con amplia participación.

Al mediodía del jueves, las autoridades del hospital (Facundo Caiña) junto con personal de seguridad ingresaron al sector donde se estaban desarrollando las elecciones con la intención de secuestrar las urnas argumentando una violación del código contravencional 205 (que pena al que “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”), sin mostrar ningún tipo de nota, orden, ni nada que se le parezca.

Los trabajadores que cumplían la función de fiscalizar la elección se negaron a entregar las urnas, y mientras defendían el comicio seguían arribando personas que se identificaban con el municipio (Lorenzo Devoto, Héctor Calvente, entre otros que no daban sus nombres ni mostraban documentación). Se agolparon en el recinto donde se realizaba la elección, y cuando los trabajadores quisieron retirarse, un representante de la municipalidad junto al personal de seguridad bloquearon la salida alegando que “existía una directiva” de que nadie pudiera entrar ni salir del lugar. Los tuvieron 30 minutos retenidos contra su voluntad de forma arbitraria y violenta.

Este accionar patoteril es el botón de muestra de la orientación de fondo de las autoridades municipales. Los recursos son puestos al servicio del ajuste y de intentar quebrar la organización independiente de los trabajadores, perpetuando un tipo de organización sindical ligada al Estado como es el caso de los sindicatos municipales de métodos burocráticos. Mientras que para dar respuestas a los reclamos de los trabajadores del hospital no se ha puesto ningún recurso a disposición.

La movilización es el camino

Tras los hechos, reunidos en asamblea, los trabajadores votaron masivamente redoblar la lucha y movilizar nuevamente al municipio para denunciar los atropellos y exigir la inmediata respuesta a los reclamos centrales que los convocan. Luego, la medida fue ratificada por la población y las organizaciones sociales y políticas de la zona en un abrazo convocado el día viernes pasado.

Quedan a la vista las grandes reservas de lucha que, a pesar de los intentos de quebrarla, mantienen los trabajadores del hospital organizados.

El primer desafío es garantizar una movilización masiva no solo de todos los sectores del hospital sino de toda la comunidad de San Miguel. La población trabajadora concurre al hospital público, en este caso municipal, para atenderse, por lo tanto, la pelea por las condiciones de los trabajadores debemos darla de conjunto. Llamamos a todos los sectores de trabajadores a acompañar la lucha.

Desarrollemos a fondo la lucha

Preparemos la jornada que viene para reforzar la organización de los trabajadores del hospital por sus reclamos históricos, defendiendo la independencia política y el derecho a organizarse.

Hacia adelante quedará planteado desarrollar un plan de lucha escalonado incluyendo más movilizaciones y también paros progresivos hasta quebrar el ajuste del gobierno y arrancar las reivindicaciones de los trabajadores. Desde Tribuna de Salud y el Partido Obrero defendemos el llamado a movilizar así como el derecho a convocar un paro en la salud. Nos encontramos aún en pandemia, con una crisis sanitaria que pone en riesgo la vida de los trabajadores a diario, y la responsabilidad de garantizar las condiciones que reclaman los trabajadores está en manos del propio Estado y los gobiernos, no de los trabajadores.

Con todo a la movilización. Si el Larcade gana, gana la salud pública y triunfan los trabajadores.

07/03/2021

Declaración del Frente de Izquierda Unidad ante el 8M

Basta de ajuste y de violencia contra las mujeres y disidencias. El Estado y los gobiernos son responsables. Una plaza, dos actos.

La crisis capitalista, que se agudizó de la mano de la pandemia, golpea particularmente a las mujeres en todo el mundo. Tanto los gobiernos conservadores como los llamados “progresistas”, eligieron priorizar los intereses de las multinacionales farmacológicas, financiar a las grandes corporaciones y subsidiar a los empresarios mientras aumentan la precarización, la desocupación, la pobreza y se mantiene el negocio privado de la salud. Por eso este 8 de marzo, miles de mujeres, con nuestros compañeros de lucha volvemos a las calles para reclamar por nuestros derechos.

Solo en lo que va del año hubo al menos 60 femicidios. Y a un año de la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la situación no sólo no cambió, sino que empeora. El anunciado “presupuesto 13 veces mayor” al del gobierno anterior, representa en los hechos el 0,074% del presupuesto nacional. Mientras tanto, crece la impunidad y muchos de esos femicidios son ejecutados por personal de las mismas fuerzas represivas para las que va gran parte del presupuesto votado en el Congreso: 1 de cada 5 femicidios los tiene como responsables, incluso como en el caso de Úrsula con hasta 18 denuncias. La policía y la justicia son cómplices del encubrimiento y la impunidad. La muestra más cabal la dio el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro Berni. Mientras se extendía el repudio por el femicidio de Ursula Bahillo a manos de un agente de la Bonaerense, ellos premiaban a esta fuerza garantizándoles más patrulleros, como antes les garantizaron aumento de haberes y otros beneficios. Por eso amplios sectores junto a nuestro grito de Ni Una Menos, de basta de femicidios, trasvesticidios y crímenes de odio, planteamos el “Fuera Berni” y la denuncia a la persecución y a la represión a quienes salen a luchar, con una orientación clara: los gobiernos, el Estado, su policía y su justicia son responsables.

En Argentina, el deterioro de nuestras condiciones de vida es categórico. En respuesta asistimos a importantes luchas donde las trabajadoras son protagonistas, desde sus lugares de trabajo contra los despidos y por las condiciones laborales y salariales, y desde las barriadas contra el hambre y por trabajo genuino. Defendemos la lucha por la unidad de la clase obrera ocupada y desocupada.

Las enfermeras y las trabajadoras de la salud son protagonistas en esta jornada de lucha. Ellas, que dejan la vida en sus puestos de trabajo en los hospitales, en la lucha por el reconocimiento profesional y salarial igual a la canasta básica, sin presupuesto ni insumos. Al igual que las trabajadoras docentes, que pelean por mejores condiciones para les pibes, mientras todos los gobiernos abren las puertas de las escuelas y las obligan a dar clases presenciales sin ninguna medida de seguridad. También son protagonistas las jóvenes que enfrentan la precarización laboral, convirtiéndose en un gran ejemplo de lucha como ocurre con las trabajadoras de Just de La Matanza, Hey Latam y les trabajadores de Apps. Lo mismo sucede con las trabajadoras aeronáuticas que resisten a los cierres de empresas como en Latam o se enfrentan a la precariedad y a la persecución patronal como en GPS, la tercerizada de Aerolíneas Argentinas; en el frigorífico ArreBeef, donde las mujeres encabezan una durísima lucha por sus fuentes de ingreso; en las fábricas bajo gestión obrera, como Zanon en Neuquén o Madygraf en la zona norte del Gran Buenos Aires, entre tantas otras miles de trabajadoras en lucha que serán parte de la movilización y el acto que impulsaremos junto a diversas organizaciones en Plaza Congreso.

También estarán presentes de a miles en este acto las mujeres del movimiento piquetero que están luchando y ganando las calles masivamente contra el hambre, las que están al frente de los comedores para asistir a las miles de personas que también cayeron en la pobreza, las Trabajadoras de Casas Particulares, las que asisten todos los días a las mujeres que sufren violencia de género y ven también cómo el Estado las abandona y protege a los violentos. Es lo que pasó con las compañeras Esther Mamani y Emilse Gajes, que forman parte de la lista de femicidios que estremecen a nuestro país en este 2021. También estarán las mujeres de las diversas tomas de tierra, como las que protagonizaron la lucha por la vivienda en Guernica, muchas de ellas víctimas de violencia, que tuvieron que enfrentar la represión estatal de Berni y Kicillof solo por exigir algo tan básico como un lugar para vivir en medio de la pandemia; las mujeres de Los Ceibos y tantas otras que reclaman una vivienda digna. Con las mujeres de los barrios más pobres denunciamos que mientras el gobierno hace demagogia, ellas y sus familias siguen sin acceder a lo más elemental, como el agua, el alimento, el trabajo, sin infraestructura en sus barrios y teniendo que garantizar la comida para sus hijos e hijas a pesar de la inflación y los tarifazos.

En los últimos años y en todo el país, las mujeres y disidencias mostramos todo lo contrario a lo que hacen las conducciones de las centrales sindicales, que mantienen una complicidad total con el gobierno y las patronales mientras nuestras condiciones de vida se agravan, el salario cada vez alcanza para menos y las tareas de cuidado se multiplican dentro y fuera del hogar. La integración del feminismo a la gestión estatal, en la que llamaron a confiar sectores del movimiento de mujeres, no es una salida para esta realidad. Ningún gobierno, nunca, nos regaló nada. Nuestra organización independiente y la confianza en nuestra propia fuerza de lucha: ese es el camino que apostamos a profundizar.

El gobierno nacional, con el apoyo del macrismo y toda la oposición patronal, impuso un presupuesto de ajuste y de mayor endeudamiento con el FMI. El impacto que esto tiene sobre la vida de las mayorías obreras y populares también está a la vista. Mientras se destinan millones al pago de una deuda ilegítima y fraudulenta, a fortalecer a los ministerios de Seguridad y las fuerzas represivas, el gobierno hace demagogia hablando de nuestros derechos, sin aplicar ninguna política que cambie realmente la situación de las mujeres.

La fuerza de la marea verde, que en 2020 conquistó el aborto legal, tiene hoy nuevos desafíos para enfrentar la ola de femicidios, la precarización laboral y la política de los gobiernos de turno y de las instituciones del Estado de condenar a las mujeres y disidencias a ingresos asistenciales miserables, incluso disfrazándolos de “atención” a la “política de cuidados” como gustan llamar las funcionarias.

Mientras seguimos peleando porque se garantice el aborto voluntario conquistado con la lucha, la organización y la movilización callejera hace pocos meses, junto a la implementación de una ESI científica y laica, a la anticoncepción gratuita en todos los centros de salud, mientras seguimos reclamando por la libertad de todas las presas por abortar, tenemos que poner en pie, como lo hicimos por el aborto legal, un gran movimiento de lucha por la separación de la Iglesia del Estado y la derogación de todos los decretos de la dictadura que garantizan su financiamiento y el de la educación confesional. Con esa misma fuerza, tenemos que construir una alianza inquebrantable con las que pelean por el trabajo y la vivienda y organizarnos de manera independiente, sin ataduras de ningún tipo, para que a la crisis no la paguemos las trabajadoras y nuestras familias.

Por todo esto, este 8 de marzo desde el Frente de Izquierda- Unidad, junto a las agrupaciones Pan y Rosas, Plenario de Trabajadoras, Isadora y Juntas y a la Izquierda, salimos a las calles y decimos el Estado y los gobiernos son responsables de los femicidios y de toda esta realidad que vivimos las mujeres, disidencias y nuestras familias trabajadoras. Por eso, exigimos a las conducciones sindicales de la CGT y CTAs que rompan con su tregua y llamen a un paro activo y movilización por todos nuestros derechos. Marcharemos miles, desde Plaza de Mayo al Congreso Nacional, donde está convocada una acción por nuestro día de lucha. El 8 de marzo, por eso, habrá una Plaza y dos actos. El de las organizaciones vinculadas al gobierno nacional, y el nuestro, que impulsamos con independencia del gobierno, de los Ministerios de cartón, de las instituciones del Estado y de los partidos patronales que defienden los intereses de quienes nos oprimen y nos explotan, las que luchamos contra el patriarcado y el capitalismo. Una movilización y un acto donde serán protagonistas las luchadoras de distintos sectores y las pibas de la marea verde, para que se oiga bien fuerte nuestro reclamo:

Ni Una Menos. Basta de femicidios, trans/travesticidios y crímenes de odio. Presupuesto extraordinario y urgente para combatir la violencia de género.

Los gobiernos, el Estado, su justicia y sus fuerzas de seguridad son responsables. Disolución del aparato represivo del Estado. Elección de jueces y fiscales con voto popular y mandatos revocables.

Basta de ajuste, no al pago de la fraudulenta deuda externa. Abajo el pacto con el FMI. Plata para la atención de la violencia de género, para la salud, la vivienda, el trabajo y la educación y no para la deuda externa.

Basta de precarización, flexibilización laboral y desocupación. Trabajo genuino para todas, salario igual a la canasta familiar.

Apoyemos todas las luchas en curso de las trabajadoras de la salud que están en primera línea contra el Covid, en especial a las enfermeras en lucha por el reconocimiento profesional y salarial; a las docentes que pelean por un retorno seguro y salarios acorde a la inflación; a las trabajadoras Aeronáuticas que enfrentan despidos y persecución sindical y patronal, a las obreras del frigorífico Arrebeef, de Hey Latam, GPS, Latam; a las mujeres del movimiento piquetero que se encuentra protagonizando un masivo plan de lucha contra las políticas del gobierno; a las valientes mujeres de Guernica y a todos los procesos de lucha por tierra, trabajo y vivienda; a las Trabajadoras de Casas Particulares que vienen de protagonizar las primeras marchas de la historia del gremio más masivo de mujeres y más precarizado del país; a las mujeres que pelean junto a sus compañeros por mantener en pie las gestiones obreras, como en Zanon en Neuquén y Madygraf en la zona norte del Gran Buenos Aires, entre tantas otras.

Exigimos la aplicación efectiva en todo el país de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, anticonceptivos gratuitos en todas los centros de salud y Educación Sexual Integral con perspectiva de género, científica y laica en todos los niveles educativos.

Separación de las Iglesias del Estado. Abajo los decretos de la dictadura que garantizan su financiamiento y que sostuvieron y sostienen todos los gobiernos.

Por un gran movimiento de lucha, organizado y en las calles, independiente de los gobiernos de turno, de los partidos que defienden este régimen social, de las iglesias y de las instituciones del Estado, para conquistar todos y cada uno de nuestros derechos.

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14 jóvenes están detenidos en una causa judicial fraguada por la Bonaerense

Escandaloso caso en la localidad bonaerense de Puan. Libertad ya.

Desde fines de 2020, Prensa Obrera viene cubriendo el caso de un grupo de jóvenes de la localidad bonaerense de Puan, detenidos en el marco de una pretendida causa por tráfico de estupefacientes. Estos hechos, señalados por Sergio Berni como un “mega operativo antidrogas” y que incluyeron allanamientos y detenciones en la ciudad de Bahía Blanca, acaban de tener un giro inesperado que refuerza las denuncias públicas de familiares y amigos de que se trata de una causa trucha armada para criminalizar a jóvenes que cultivaban cannabis para consumo propio.

Sucede que la denuncia que dio fundamentos a esta causa por tráfico de estupefacientes estaría basada en un testimonio falsificado por la propia policía Bonaerense. Fue Kevin Torres quien develó esta tremenda irregularidad, al enterarse por azar que una supuesta declaración suya había sido la prueba utilizada para ordenar los allanamientos y montar la causa trucha.

Así, el pasado viernes 5 de marzo, Kevin denunció ante dos fiscalías -una de ellas la del fiscal Mauricio Del Cero, que tiene a cargo la causa por comercialización de estupefacientes-, no sólo que él jamás había declarado contra los jóvenes que iban a ser detenidos, sino también que desde hace años venía siendo víctima de distintos hechos de hostigamiento policial. Es así que esta declaración fraguada se inscribiría en un cuadro de abusos policiales que Kevin viene sufriendo desde los 16 años en Azopardo, vecina localidad de Puan. Debemos notar que al igual que en el caso de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro, en abril de 2020, nuevamente irrumpe el componente mafioso de la policía, que aparece hostigando y persiguiendo a la juventud trabajadora.

Por su parte, los familiares de los jóvenes detenidos ya anunciaron que van a pedir la nulidad total de la causa. Así lo fundamentan en su último comunicado: “con la declaración de Kevin queda claro que ha sido falsa también la declaración del Sargento Andrés Arguello, primer denunciante, que admite tener conocimiento de que los chicos comercializaban estupefacientes siendo Kevin Torres quien le informa cómo la transportaban y cómo la distribuían, todo esto falso”.

Este caso, que ofrece una trama de declaraciones fraguadas, abusos policiales y una búsqueda de impacto mediático, está puesto al servicio de criminalizar a la juventud y desviar la atención de los verdaderos amos del narcotráfico, con indudables lazos al interior de las fuerzas de seguridad, la Justicia y el poder político. Finalmente, son las aspiraciones electorales del propio Sergio Berni las que también alimentan estos “mega operativos” flojos de papeles, que reflejan la podredumbre que atraviesa al Estado en todos sus niveles.

Hacemos responsable al Estado de la integridad física de Kevin Torres. Abajo la causa trucha contra los jóvenes de Puan. Fuera Berni.

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07/03/2021

8M: vamos por una movilización masiva en Rosario

Basta de femicidios y ajuste.

El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que incluirá a las diversidades trabajadoras, tendrá lugar una masiva movilización en Rosario que partirá desde la sede de gobierno hacia el Monumento a la bandera a las 17h.

La marcha estará encabezada por la consigna “Ni Unx Menos” -en referencia crítica a los femicidios y también a los crímenes de odio, como los travesticidios-. “Basta de femicidios y ajuste. El Estado y los gobiernos son responsables”.

Participarán de la movilización familiares de víctimas de femicidio, las docentes en lucha que pelean el no inicio sin condiciones de salubridad y sin salario, las responsables de los comedores populares del Polo Obrero que no cejaron en su lucha a lo largo de toda la pandemia por el trabajo genuino y los alimentos adecuados, las telemarketers de Hey Latam que están peleando por sus puestos de trabajo contra los despidos masivos, así como mujeres trans y travestis rosarinas que denuncian la demagogia oficialista en torno al cupo laboral que los gobiernos no abrieron pese a las leyes, empujando a lxs compañerxs a situaciones de prostitución.

Serán también parte de la jornada trabajadoras de la salud, municipales, activistas por la visibilidad lésbica que pelean la absolución de múltiples causas que las criminalizan, músicas y artistas, entre otras organizaciones.

Abran paso a las piqueteras: basta de violencia, hambre y miseria

Las protagonistas de la jornada serán las mujeres de las barriadas obreras y populares de Rosario y del cordón industrial de San Lorenzo, que movilizarán masivamente reclamando por justicia para las víctimas de femicidio. Señalando los casos de todas aquellas mujeres que realizaron múltiples denuncias por violencia y terminaron igualmente siendo asesinadas. Como Esther Mamani, Fátima Florencia Avecedo, Emilce Gajes o Florencia Romano, que encontraron no la asistencia sino la complicidad del Estado con la violencia femicida.

Las compañeras del Polo Obrero están en una fuerte campaña de empadronamiento para acceder al Plan Acompañar, del que hablan las funcionarias en sus almuerzos ejecutivos del Ministerio de la Mujer, pero se desconoce en los barrios. Las mujeres del Polo, como vanguardia de cada uno de esos lugares, están relevando la problemática no solo para pedir el plan sino para armar un mapa de los problemas y luchar contra los poderes policial, judicial y político que no las asisten.

La reivindicación del trabajo genuino y el aumento inmediato del salario mínimo que es referencia de los programas sociales, la exigencia de tierra y vivienda, entre otros reclamos económicos, se enlazan en la lucha del Polo Obrero y del Partido Obrero a la pelea por la emancipación de la mujer trabajadora. Porque sin trabajo, sin salario, sin vivienda, no hay ni habrá nunca, Ni una Menos.

Dos convocatorias, dos perspectivas

Debe llamar la atención del activismo que haya organizaciones que llaman a no marchar y concentren directamente en el Monumento a la Bandera. Pese a que esto intentó ser disimulado detrás de argumentos sanitarios, como señalamos desde el Plenario de Trabajadoras en las plenarias y comisiones de la asamblea de mujeres, es mucho más probable contagiarse “concentrando” que marchando. Algo evidente, si consideramos que las medidas sanitarias del gobierno se recuestan esencialmente en el distanciamiento social.

La verdadera razón es que las organizaciones de mujeres que responden al gobierno del Frente de Todos y sus funcionarias, que integran la asamblea de mujeres de Rosario, quieren bajarle el precio a la jornada, que es la más importante del calendario de lucha de las mujeres. Apuntan a leer una proclama (o documento express) y pasar rápidamente a un festival, que es el formato característico de todos los actos oficiales. Los debates en torno al contenido de la proclama anticiparon este quiebre entre quienes marchamos y quienes no, porque forma y contenido son una unidad.

En primer lugar, el título: “Basta de violencia machista”. Pero en nuestro país el problema no es la violencia machista en general sino los femicidios, que representan un salto en calidad de la violencia machista. Como reseñó un Observatorio privado, este 2021 ya hay más femicidios que días en la Argentina. Debido a este señalamiento del Plenario de Trabajadoras, se agregó una enmienda que no enmienda nada, “Paren de matarnos”. Porque sigue ausente la policía, el poder judicial, el poder político, que moldean esas conciencias individuales y tampoco interviene para corregirlas después de deformarlas.

Este enfoque amañado -como si esas inconductas no fueran educadas en las escuelas, iglesias, cuarteles, organismos varios del Estado, medios de comunicación y en todo el andamiaje ideológico que conforma al Estado opresor- apunta sobre todo a lavarle la cara al régimen político que desde el 2015 a esta parte se maneja con el mismo recetario inútil. El principal obstáculo para resolver la violencia hacia las mujeres hoy es el Estado, porque no interviene para cortar el hilo que conduce de las formas de violencia larvarias que van madurando hasta terminar en el asesinato de una mujer.

Otro gran debate fue el pago de la deuda externa, ya que para las alidadas del Frente de Todos “la deuda la deben pagar quienes la contrajeron”, en alusión a los 55 mil millones de dólares del gobierno Macri, como si CFK no hubiese endeudado al país en 200 mil millones. El planteo burdo le generó una crisis interna en la asamblea tras el señalamiento del Plenario, por lo que finalmente quedó formulado el no pago de la deuda. No más que palabras en boca de personas que apoyan a los bloques políticos que le quieren hacer pagar la deuda al pueblo, aunque hagan campaña electoral diciendo que es “ilegal, ilegítima y fraudulenta”.

El otro tema fue la objeción de conciencia. Desde el PDT señalamos que debemos reclamar la derogación de la objeción de conciencia en el ámbito de la salud, porque como sucede con la ESI y el “ideario institucional”, ese artículo está siendo manipulado para bloquear el acceso al aborto legal.

Sorpresivamente fue la Campaña por el Derecho al Aborto quien defendió la artimaña clerical, con el argumento extraño de que “todas festejamos la ley”. Cómo no hacerlo tras 30 años de lucha contra todos los gobiernos clericales, incluido el de Alberto Fernández que quiso vender el verso del “fin del patriarcado” bajo su gestión. A las compañeras de la Campaña le decimos: los derechos son progresivos y debemos pelear por su efectiva implementación, no agarrándonos de un papel sino apoyándonos en nuestra militancia para hacerlos carne. Guste o no, la aplicación del aborto libre llevará a choques con las iglesias y su objeción de conciencia que necesitará luchar contra el régimen político.

A las calles

Basta de desocupación, hambre y miseria. Basta de femicidios. Luchemos por la emancipación de las mujeres trabajadoras construyendo una gran marcha que pasará por la sede de gobierno, la Catedral de Rosario y el Monumento a la bandera, para que en Rosario no sean las funcionarias ni la burocracia sindical la que hable por nosotras.

Ni una Menos. El Estado es responsable.

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07/03/2021

Escobar: movilización contra una violación grupal, en vísperas del 8M

El día viernes 5 se produjo frente a la comisaría 4° de Maquinista Savio, partido de Escobar, una multitudinaria concentración de jóvenes y vecinos convocada por familiares y amigos exigiendo justicia por Camila, la joven violada por tres sujetos el último fin de semana.

Las pancartas y cánticos daban cuenta del hartazgo frente a la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos: a la madre de Camila no se le había tomado la denuncia en la comisaría y los acusados por ende estaban libres.

Asimismo, los cánticos contra la policía dan cuenta de un hartazgo más general: los mismos vecinos le gritaban que ellos sabían quiénes eran los abusadores. Es evidente que la policía es la garante de los delitos contra vecinos y trabajadores de Savio: robos, asesinatos, violaciones, drogas, etc.

La concentración, que se extendió hasta bien entrada la noche, exigía la aprehensión de los acusados y que la fiscal diera explicaciones sobre las trabas para el avance de la causa. Esta se presentó frente a los familiares, claramente para bajar los ánimos. Según informó a la familia, ya habría una persona detenida y la investigación estaría en curso.

La enorme bronca vista en la movilización debe ser el combustible para seguir la campaña por justicia para Camila y todas las víctimas. El Estado es responsable de las calamidades que sacuden y atraviesan a la clase trabajadora.

El próximo 8M, día internacional de la mujer trabajadora, concentramos a las 15.30 hs en Plaza de Mayo y de allí marchamos al Congreso para realizar un acto que dé cuenta de las responsabilidades de todos los poderes del Estado y de sus gobiernos. Allí también haremos presente el reclamo de justicia por Camila.

8M: La opresión de la mujer en el capitalismo – Dossier para el debate

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07/03/2021

8M en la UNGS: ante la parálisis del centro de estudiantes, vamos todxs a Plaza de Mayo

La Universidad de General Sarmiento y el día de la mujer trabajadora.

Este 8 de marzo lxs jóvenes del país saldremos a las calles nuevamente en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Saldremos para gritar Ni Una Menos frente a la ola de femicidios, que ya llevan más de 50 en lo que va del año. Este cuadro se ve agravado a partir de la situación de crisis de nuestro país que recae especialmente sobre las mujeres que componen el 70% de lxs pobres de Argentina, producto del ajuste comandado por Alberto Fernández y todos los gobiernos, en pos de cumplir los pactos con los acreedores externos y el FMI. Esta situación no nos es ajena las estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), sino que nos atraviesa en todas sus dimensiones.

En materia de género y mujer, la gestión de la UNGS asimila la metodología del gobierno: discursos de sus autoridades con lenguaje inclusivo, proclamas por la igualdad de género, capacitaciones para la gestión y los organismos estudiantiles, mientras que no se implementa ninguna política concreta para dar una salida real a las condiciones que nos atraviesan a las mujeres dentro de la universidad y colocándose de espaldas a las luchas del movimiento de mujeres.

Durante la cursada en cuarentena jamás desarrolló un protocolo de asistencia especial para estudiantes con niñxs/familiares a cargo, donde la gran mayoría que cumplen esas tareas son mujeres. Lo mismo corrió para docentes que comenzada la cuarentena nunca tuvieron garantizada la licencia por dicha razón. Los reclamos que presentamos en este sentido desde El Yunque fueron bloqueados por la conducción peronista de El Puente-Funyp en las reuniones de centro de estudiantes.

Por otro lado, mientras vecinxs y familiares de víctimas de femicidios salían a la calle para pedir justicia por las víctimas y por Ni Una Menos, el Frente de Mujeres UNGS, integrado por la gestión y agrupaciones afines como el Funyp, junto a la conducción del centro, le dieron la espalda a cualquier acción callejera, invitando a “quedarse en casa” a quienes convivían con un violento o a quienes pedían justicia. Accionar que hoy, con prácticamente medidas restrictivas nulas, siguen manteniendo. Llegaron incluso a no convocar a movilizar en las sesiones que conquistaron el aborto legal a fin de año, un hecho inédito cuando en años anteriores con el FEI (Frente de Estudiantes de Izquierda) a la cabeza del centro conquistábamos micros para viajar a todas las fechas de lucha garantizando la movilización masiva de estudiantes.

Las políticas de género de la universidad prácticamente no existen y se encuentran limitadas por el tremendo ajuste presupuestario que viene sufriendo la UNGS año tras año. La asfixia presupuestaria hace imposible pensar que podríamos tener un departamento que aborde la problemática y que contenga, por ejemplo, una verdadera política de asistencia a víctimas de violencia que cursan en la universidad con un equipo interdisciplinario permanente y con apoyo económico para las víctimas que lo necesiten. Hoy existe una oficina de género que apenas puede dar respuestas a las reiteradas consultas y situaciones que surgen a diario de las estudiantes.

Hay que señalar que la gestión acompañó el rumbo de ajuste del gobierno, en pos de cumplir los planes que le exige el FMI. Lo que significó que aceptara sin chistar un 2020 con el presupuesto “neoliberal” de Macri que fue aprobado en 2018 cuando el dólar valía $36 y que atravesó el 54% de inflación 2019 y el 40% en 2020. La lucha contra el ajuste y por más presupuesto se nos impone a lxs estudiantes como un elemento central para avanzar en las reivindicaciones.

Un punto clave es la no implementación de la ESI en la universidad. Los contenidos que se dictan quedan sujetos a talleres esporádicos que se les ocurre organizar a alguna carrera, con lo que claramente no alcanza. La lucha por que la ESI forme parte del contenido obligatorio de la universidad es fundamental; implicaría la formación de miles de estudiantes en el tema que además contarían con los conocimientos para desarrollarlos en sus futuras carreras profesionales.

El Puente y el Funyp, a contramano del movimiento de mujeres

El cuadro alarmante para las mujeres y diversidades que se desarrolla en el país tiene como responsable al Estado. Esto ha quedado fuertemente evidenciado en los primeros meses del año donde los casos de mujeres asesinadas que acumulaban denuncias en las comisarías, el encubrimiento del Estado a femicidas pertenecientes a la fuerza de seguridad, y la nula asistencia económica a las víctimas de violencia, generaron movilizaciones y hasta puebladas para pedir justicia y señalar la responsabilidad estatal.

Ganar las calles con la movilización es la única acción posible para revertir esta situación, enfrentando la intención del gobierno de institucionalizar al movimiento de lucha, como significa la creación de un Ministerio de la Mujer, que solo ha dado cargos a funcionarias sin modificar un ápice la realidad de las mujeres trabajadoras.

Las estudiantes de la UNGS que intervenimos activamente chocamos con la adaptación a las políticas estatales por parte de la conducción de nuestro centro de estudiantes, que busca amordazar cualquier atisbo de organización y lucha que tenga como objetivo señalar la responsabilidad del Estado. Por eso han bloqueado cualquier tipo de iniciativa en este sentido, se han ausentado de las movilizaciones que conquistaron el aborto, no participan de las acciones por justicia frente a los casos de femicidios locales o las luchas contra la justicia machista, como en el caso de Fanny Bulacio, presa por defenderse de su agresor en José C. Paz luego de hacerle 40 denuncias.

El centro de El Puente- Funyp va a contramano del movimiento más importante de los últimos años con el objetivo de defender los intereses del gobierno al que son afines.

Todxs a Plaza de Mayo

Por eso llamamos a lxs estudiantes a movilizarnos este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a la marcha de Plaza de Mayo a Congreso, para gritar: Ni Una Menos, el Estado es responsable. Para terminar con los femicidios y el Estado que protege femicidas. Por eso, levantamos la consigna “Fuera Berni”, encubridor de la bonaerense asesina de Facundo Castro y fuerza de la que también surgió el femicida de Úrsula Bahillo, dos botones de muestra de unas fuerzas de seguridad completamente descompuestas al servicio de la represión. La organización independiente del Estado es fundamental para pelear en nuestra universidad y en todos lados por la ESI y la separación de la Iglesia y el Estado.

07/03/2021

8M: paro y movilización docente

Este 8M, Ademys y los Sutebas multicolor convocan a parar y movilizarse en el marco del día internacional de la mujer trabajadora.

La situación general que atravesamos las mujeres trabajadoras ocupadas y desocupadas en general se ha visto agravada por la pandemia y por la ausencia de políticas reales que atiendan los múltiples problemas históricos de las mujeres de los sectores populares y los derivados de la realidad sanitaria. Esto se replica en cada distrito y jurisdicción del país independientemente del color político de los gobiernos.

Los intentos por parte de los Fernández de acotar la responsabilidad estatal sobre los femicidios a los fallos del sistema judicial contra las mujeres pretende esconder el rosario de fracasos de su gobierno como las campañas por el barbijo rojo en cuarentena, los botones antipánico y perimetrales sin recursos reales que apunten a apartar a las mujeres denunciantes de quienes las violentan. La responsabilidad del Estado sobre la situación de las mujeres es directa y las políticas de enmascaramiento del gobierno no alcanzan para ocultar esta cruda realidad.

El escenario actual impone la necesidad inmediata de establecer subsidios a las víctimas de la violencia de género, otorgamiento de viviendas y establecimiento de casas refugios, el nombramiento de profesionales, al igual que el trabajo genuino. Sin embargo, el vaciamiento y el ajuste de recursos se sostiene como regla perversa que expone a las mujeres, las infancias y las diversidades a la violencia machista.

El gobierno que declaró el "fin del patriarcado" no ha destinado un centavo para que las mujeres trabajadoras avancemos en el quiebre de los vínculos de sumisión y opresión. Por el contrario, el ministerio de la mujer actúa como una pantalla que pretende ocultar la pasividad del gobierno frente al cuadro de un femicidio cada 23 horas. Un gobierno que destina los recursos del país al pago de la usuaria deuda externa. La deuda continúa siendo con las mujeres trabajadoras ocupadas y desocupadas.

Las docentes

Toda esta situación no es ajena a las mujeres que conformamos de manera mayoritaria el gremio docente en todo el país. Paritarias a la baja, salarios hundidos por la inflación, jubilaciones confiscadas por el Estado componen la miseria material en la que están cientos de miles de docentes a lo largo y ancho de la Argentina.

El complicado cuadro se agrava con la negación de dispensas para las tareas de cuidado que han recaído de manera histórica sobre las mujeres trabajadoras. En esto no hay grieta. De un lado, los Fernández y el ministro de educación nacional, Nicolás Trotta, no han garantizado el reconocimiento de las dispensas. La resolución nacional emitida es en los hechos papel mojado. En resolución de las reuniones mantenidas por el gobierno y las centrales nacionales, entre ellas la Ctera, no se ha incorporado la determinación de dispensar a los docentes que tengan a cargo el cuidado de hijes menores, o adultos mayores, o sean convivientes de personas de riesgo. A su vez, el gobierno empuja a la reapertura de escuelas sin haber invertido un peso para que esto suceda de forma segura para docentes, no docentes, estudiantes y el resto de la comunidad educativa.

Aún cuando el conjunto de la docencia reclama frente a la apertura prematuras de escuelas, los gobiernos avanzan sin las condiciones de seguridad sanitaria, con parámetros epidemiológicos que indican lo riesgoso de la medida, sin inversión en infraestructura, sin la creación de cargos docentes que permitan atender grupos reducidos de estudiantes o las necesidades de refuerzos pedagógicos, o atención virtual a aquelles estudiantes que debido a enfermedades de riesgo u otras necesidades deben permanecer en la virtualidad.

Ante esta crisis sanitaria y educativa, las centrales y sindicatos mayoritarios permanecen en el inmovilismo que le garantiza al gobierno nacional y a todos y cada uno de los gobiernos jurisdiccionales, incluso a Rodríguez Larreta-Acuña en CABA, la paz social. Para esto la burocracia vuelca todos sus recursos a desalentar toda iniciativa de organización y lucha de la docencia.

Retomando los métodos de la movilización callejera, a través de los cuales conquistamos el aborto legal, este 8 de marzo levantaremos una tribuna independiente de los gobiernos y las burocracias sindicales que denuncie, visibilice y reclame de manera unificada junto a otros sectores de trabajadoras al grito de basta de femicidios, el Estado es responsable; contra la miseria salarial y el ajuste; contra la falta de condiciones para un retorno a las actividades escolares presenciales; por una educación sexual integral laica, científica y respetuosa de las diversidades y todos nuestras reivindicaciones pendientes. Este lunes nos sumamos a la marcha a las 15.30hs desde Plaza de Mayo a Congreso, y en las principales plazas de todo el país.

https://revistaedm.com/uncategorized/8m-la-opresion-de-la-mujer-en-el-capitalismo-dossier-para-el-debate/

https://prensaobrera.com/mujer/femicidios-hambre-y-represion-digamos-basta/

https://prensaobrera.com/mujer/8m-representantes-sindicales-delegadas-y-activistas-exigen-a-la-cgt-y-cta-que-convoquen-paro-activo/

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07/03/2021

Este 8M, marchamos desde Plaza de Mayo al Congreso

El Estado y los gobiernos son responsables. Texto de convocatoria de la asamblea independiente de mujeres y diversidades.

A continuación, compartimos el texto de convocatoria a la marcha de Plaza de Mayo a Congreso que pondrá en pie la asamblea independiente de mujeres y diversidades.

Este 8M: No más ajuste, hambre, femicidios, travesticidios y crímenes de odio. Vamos por vivienda, trabajo y salario. El Estado y los gobiernos son responsables!

Marchamos desde Plaza de Mayo al Congreso.

Este 8 de MARZO miles de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries trabajadoras/es ocupades y desocupades, del movimiento estudiantil, del movimiento piquetero, de los feminismos y el movimiento de mujeres gritamos a viva voz en las calles, porque estamos hartes y no nos resignamos al hambre, a la opresión y a la explotación que este sistema busca perpetuar sobre nosotres y nuestras familias. Por eso decimos con claridad: ¡el Estado y los gobiernos son responsables!

El patriarcado no terminó. Sólo este año hubo 60 femicidios, a los que se suman las situaciones de travesticidios y crímenes de odio. El caso de Úrsula es emblemático, 18 denuncias contra su ex, un policía que gozó de la impunidad y el encubrimiento de esa fuerza. Dijimos NI UNA MENOS, nos siguen matando y sigue sin haber un plan de atención a las sobrevivientes de violencia de género. Ni hablar del seguimiento de los casos denunciados. No hay recursos ni políticas destinadas a combatir este verdadero flagelo. Por eso la responsabilidad también es del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad: verdaderos ministerios de cartón. Con un presupuesto y una política a la medida de los mandatos del FMI y de las iglesias, no se puede combatir la violencia de género. Exigimos presupuesto para combatir la violencia de género. Plata hay pero se la lleva el Fondo y sus buitres. Exigimos el no pago de la deuda externa y que se destinen esos millones de pesos a dar respuesta a las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras y de los sectores populares. ¡La deuda sigue siendo con nosotras y es necesario denunciarlo! Por eso este 8 de marzo hay una plaza y dos actos.

Detrás de cada femicidio está la responsabilidad del Estado y la intervención de todos los estamentos de poder: el poder político, las fuerzas represivas, la justicia. El Poder Judicial (que desampara a quienes denuncian situaciones de violencia de género y emite fallos aberrantes, misóginos y clasistas como con Lucía Pérez o Luna Ortiz, entre tantos) no es una corporación independiente del poder político y de los gobiernos de turno. A los jueces los designan los gobiernos, que elevan una propuesta a los senados nacional o provinciales, donde dominan los bloques del peronismo y la oposición derechista de Juntos Por el Cambio. No hay “perspectiva de género” posible en la justicia si no se altera su naturaleza y su carácter de clase, que la convierte en un apéndice de los bloques políticos gobernantes, defensores de un Estado que necesita y promueve la violencia de género.

Son los gobiernos y las instituciones del Estado quienes refuerzan día a día el poder de las iglesias y su injerencia en la salud, la educación y en todos los niveles de la vida, bloqueando la ESI, buscando impedir el acceso al aborto legal, promoviendo el oscurantismo reaccionario contra las mujeres y las diversidades. Basta de subsidiar a las iglesias y sus colegios que reproducen dogmas anti científicos y misóginos. Separación de las iglesias del Estado, aplicación efectiva de la ESI y cumplimiento de la IVE ya!

La violencia hacia nosotres también se expresa en la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el hambre, la precarización laboral y la desocupación, que afectan mayoritariamente a las mujeres y disidencias. Con la pandemia, esto empeoró, así como la crisis habitacional que dejó sin techo a innumerables familias, muchas de ellas con nosotras y nosotres como sostén de hogar.

El gobierno nacional y provincial con sus políticas de ajuste no hizo más que agudizar esta situación asfixiante. A la pelea por la tierra, la vivienda y el trabajo, que pusieron en agenda muchas mujeres y disidencias, respondió con palos. Pasó en Guernica, donde las mujeres y sus familias lucharon, resistieron y enfrentaron a las que vimos luchar y enfrentar la represión de Berni y el gobernador Axel Kicillof, que incluyó la quema de sus casillas y la escuelita con los juguetes de sus hijes. Las fuerzas armadas no van más. Están para reprimir, encubrir y sostener este sistema de desigualdad. Tampoco olvidamos a Florencia Morales de San Luis asesinada por la yuta!

A las trabajadoras esenciales el gobierno las expuso al contagio sin condiciones sanitarias, con salarios de miseria y sobrecarga laboral e incluso a muertes laborales. En el caso de Enfermería, además, se le suma la falta de reconocimiento profesional y salarial a la ley 6035 en CABA. Cerraron incluso empresas como LATAM que han hecho ganancias millonarias; siguen sin dar respuesta a quienes pelean por sus fuentes de trabajo, como en Madygraf bajo gestión obrera o en Hey Latam en lucha y continúan los despidos y precarización laboral. Justicia para Laura Iglesias, Melissa Bogarin, María Esther Ledesma, Sandra Calamano, Lucila Nuñez, Ramona, basta de muertes laborales!!

Como si fuera poco, retiraron el miserable IFE de 10.000 pesos en tres largas cuotas, y condenando a millones al hambre y la miseria mientras mantiene congelados los planes sociales en niveles que no alcanzan ni la mitad de la canasta de indigencia. El promocionado Plan Acompañar que lanzó el gobierno supone incluso la incompatibilidad de seguir cobrando un plan para las mujeres que son víctimas de violencia y no tienen trabajo, y su administración ha sido delegada a los municipios que ni siquiera lo garantizan: otra estafa.

En todo el país las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis y no binaries le pusimos el cuerpo a la pandemia, al ajuste y a la pelea contra los femicidios y crímenes de odio, estamos al frente acompañando las situaciones de violencias, en defensa de la educación y la salud pública, del salario contra paritarias regimentadas en un techo del 30% frente a una inflación que supera el 50%, de la lucha contra la megaminería y el extractivismo que promueven los gobernadores del espacio político de Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner como Arcioni en Chubut. Por eso cuando nosotras decimos Ni una menos también hablamos de las violencias hacia nuestros cuerpos y territorios.

Un sector del movimiento de mujeres, feminista y de la disidenciadiversidad sexual que es parte o afín al gobierno, este 8M decidió no denunciar que el Estado y los gobiernos son responsables de esta situación y de la violencia hacia las mujeres y disidencias. Con esta decisión, se está ocultando una realidad. No podemos apoyar esto. Nuestro movimiento tiene que poner por delante los intereses de las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries y tener claridad de a qué se enfrenta. Esa es la forma en que podremos seguir conquistando nuestros derechos, enfrentar a los sectores reaccionarios, a la justicia clasista, racista y misógina y al heterocispatriarcal. Por eso también este 8M habrá una Plaza y dos actos.

Un acto donde por condicionamiento político se decide no denunciar la cruda realidad de que en un año de pandemia las mujeres y disidencias retrocedimos 10 años en condiciones laborales, y que el 46% de las más afectadas son mujeres. Y otro acto, nuestro acto, para apoyar a las mujeres y disidencias que luchan, se organizan, a las que quieren enfrentar este retroceso y estos ataques que estamos sufriendo. Necesitamos organizarnos y luchar, pero también señalar quiénes son los responsables de que no se tomen siquiera medidas elementales. Que se sepa nuestra realidad.

Por eso, invitamos a todas las mujeres y disidencias, a les jóvenes y todes les que fueron parte de la #mareaverde y que conquistamos en las calles el aborto legal, a leas docentes y auxiliares que luchan por presupuesto para una presencialidad segura, a leas trabajadoras de salud en primera línea contra el covid, a las compañeras del movimiento piquetero que pelean por la vivienda y están protagonizando masivas movilizaciones contra el hambre y la miseria, a las trabajadoras que luchan por un salario digno y contra la flexibilización laboral, a sumarse a este acto para construir un movimiento de mujeres y disidencias independiente de los gobiernos y para fortalecer todos nuestros reclamos.

 

PRIMERAS FIRMAS

Daniel Mamani y Eugenia Lupa, hermano y cuñada de Esther Mamani –víctima de femicidio
Graciela, tía de Vivi Altamirano -desaparecida en Tigre hace 17 años
Lisset Fernández, hermana de Micaela e hija de Nancy -victimas de femicidio
Marisa y Facundo, papás de Luna Ortiz -víctima de femicidio
Agrupación Las Rojas
Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas
Agrupación de mujeres Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero
Agencia Territorial La Matanza
Cadhu
Campaña Nacional contra las Violencias hacia las mujeres
Corriente Sindical Jorge Weisz
CUBa MTR-MIDO
Espacio Géneros Las Mariposas
Frente de Izquierda Unidad
Frente de Lucha Piquetero: Polo Obrero -MTR Histórico - MTR Votamos Luchar - C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR - M29 - Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re- Agrupación Armando Conciencia RUP- O.T.L.)- MTR 12 de Abril - FDU - BUEL - A trabajar - Organización 17 de noviembre (M.D.L - La William Cooke- Mujeres en Lucha) - MTL Rebelde - M.B.T - Frente de la Resistencia)
Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional
Isadora - Izquierda Socialista
Juntas y a la Izquierda - MST
Juventud revolucionaria Che
Libre Diversidad-MST
Marabunta
Monika Ertl - Mujeres y disidencias en lucha
Movimiento Argentina Rebelde
Movimiento Resistencia Popular
MST en el FIT Unidad
Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive"
Partido de los Trabajadores Socialistas - PTS en el Frente de Izquierda Unidad
Partido por la Revolución y el Comunismo (PRC)
PRML Partido Revolucionario Marxista Leninista
Sindicato docente Ademys
SUTEBA-Seccional La Matanza, conducción Multicolor
Tendencia Universitaria Nacional 29 de Mayo
Trece Rosas - Razón y Revolución
Unión de Juventudes por el Socialismo
Venceremos PT
Secretaría General Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) - UBA
Secretaría Unidad Obrero Estudiantil Centro de Estudiantes Ciencias Sociales (CECSo) - UBA
Secretaría Unidad Obrero Estudiantil Centro de Estudiantes de Arquitectura Diseño y Urbanismo (CEFADU) - UBA
Secretaría de Género y Diversidad Centro de Estudiantes de Psicología (CEP) - UBA
Secretaría de Derechos Humanos Centro de Estudiantes Artes Visuales (CEAVI) - UNA
Secretaría General Centro de Estudiantes Alicia Moreau de Justo (CEA) - terciario CABA
Secretaría General Centro de Estudiantes Joaquín V. González (CEJVG) - terciario CABA
Secretaría General Centro de Estudiantes Normal 1 (CEPN1) - terciario CABA
Secretaría de DDHH de Ceunpaz
Secretaría obrera estudiantil del CETS
Secretaría de prensa y difusión del CEUNGS
Agrupación Oktubre - Presidencia CE ISFD 113
Vicepresidencia del ISFD39
Centro de estudiantes ISFD 174
Centro de Estudiantes ISFDyT N°88
CECYT - Centro de Estudiantes Ciencia y Tecnología - UNSAM
Mariana Lago - Secretaria DDHH - CEHUM - UNSAM
Carolina Arias - Vocal CEPyG UNSAM
BUEL
A TrabajarPresidencia del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Veterinarias-UBA y Consejera directiva estudiantil FVET- UBA
Consejeria directiva estudiantil de FVET- UBA
Consejeria directiva estudiantil FVET- UBA
Consejeroa directiva estudiantil Facultad de Agronomía - UBA
Secretarìa de Unidad obrero-estudiantil de la FUBA
Consejeria estudiantil Joaquín V González y Secretaria General del Centro de Estudiantes del Joaquín V González
coordinadora del Centro de Estudiantes Terciario IES Juan B Justo
Ir - Presidencia del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Veterinarias-UBA y Consejera directiva estudiantil FVET- UBA
-Consejeria directiva estudiantil de FVET- UBA
-Consejeria directiva estudiantil FVET- UBA
- Consejeroa directiva estudiantil Facultad de Agronomía - UBA
- Secretarìa de Unidad obrero-estudiantil de la FUBA
-Consejeria estudiantil Joaquín V González y Secretaria General del Centro de Estudiantes del Joaquín V González
- coordinadora del Centro de Estudiantes Terciario IES Juan B Justo
-Presidencia del Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica UBA (CEFyB) y Consejera Directiva titular de FFyB-UBA por la MAYORÍA estudiantil
- Consejeria Directiva titular de FFyB-UBA por la MAYORÍA estudiantil
- primer Consejera Directiva suplente de FFyB-UBA por la MAYORÍA estudiantil
- Consejeria Directiva suplente de FFyB-UBA por la MAYORÍA estudiantil
- -Consejeria Directiva suplente de FFyB-UBA por la MAYORÍA estudiantil
- Presidencia C.E.N.B.A
-Federico Casas Secretario de enseñanza de la Federación Universitaria Argentina
- Secretaria de ciencia y técnica de la UBA
- - Presideciadel Centro de Estudiantes Romero Brest
- Consejeria Superior, departamento de Artes Visuales, UNA
-Consejeria Superior, departamento de Artes del Movimiento, UNA
- Presidencia del centro de estudiantes de Artes del Movimiento y Consejera Departamental.
- Rep. Estudiantil Junta Lengua y Literatura Joaquín V. Gonzalez
- Rep. estudiantil Junta Historia Joaquin V González
-Consejeria directiva Graduada ISP Joaquín V González
secretaria general del Centro de Estudiantes Profesorado Normal 1
-presidencia del Centro de Estudiantes del Rodolfo Walsh
- Consejeria directiva - Claustro estudiantil - Terciario ENS N°
- Consejeria directiva - Claustro estudiantil - IESLV J.R. Fernández
- Consejeria directiva - Claustro estudiantil - IESLV J.R. Fernández
- Secretaria del Turno Mañana CENBA
-Subsecretaría del Turno Mañana CENBA
- Consejeria Resolutiva y de Convivencia del CNBA
- Vocal CENBA
- Secretaria del Turno Vespertino CENBA y Consejera Resolutiva y de Convivencia del CNBA
- Consejeria de la carrera de Comunicación. Sociales – UBA
- Vicepresidencia del Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquimica – UBA y Consejero Directivo por la mayoría estudiantil
- Consejeria directivo por la minoría. Filosofía y Letras – UBA
-Junta departamental de Historia. Filosofía y Letras – UBA
- Consejeria Departamental de Edición.
- Consejeria Directivo Estudiantil y Vocal del CEDEF ISEF N°1
- comisión del Centro de Estudiantes Terciarios del IES. Lenguas Vivas JRFernández y Consejero Directivo Estudiantil.
- subsecretaria del turno vespertino del CENBA
- Secretaría General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA
- Vocalia titular de la comisión directiva del centro de estudiantes de Ciencias Exactas y naturales
-Vocalia titular de la comisión directiva del centro de estudiantes de Ciencias Exactas y naturales
-Secretaría de Comunicación- Centro de estudiantes ISP Alicia Moreau de Justo

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07/03/2021

Myanmar: la represión de la dictadura ya dejó más de 50 muertos

Informe sobre la situación en el país del Sudeste Asiático.

El miércoles 3 fue el día más sangriento en la represión del ejército y la policía contra las manifestaciones antigolpistas en Myanmar, la ex Birmania, territorio ubicado en el Sudeste Asiático. Se estima que 38 personas fueron asesinadas en distintas ciudades del país esa jornada. Los efectivos usaron balas de plomo contra la multitud desarmada y varias de las víctimas tienen balazos en la cabeza. Además, cargaron contra el personal médico que intentaba asistir a los heridos.

En la ciudad de Myingyan, un manifestante testimonió: "no nos rociaron con cañones de agua, [no hubo] advertencia para dispersarnos, simplemente dispararon sus armas" (BBC, 4/3).

La carnicería de las fuerzas golpistas ya se cobró la vida de más de 50 personas. Este viernes un joven fue asesinado por la represión, durante un bloqueo.

Las fuerzas armadas depusieron a comienzos de febrero a Aung San Suu Kyi (premio nobel de la paz de 1991), de la Liga Nacional por la Democracia (LND), argumentando la existencia de un supuesto fraude en las elecciones de noviembre pasado. La LND había llegado al poder en 2015, tras un proceso de transición iniciado por los militares en 2008, poco después de un levantamiento popular que también fue brutalmente reprimido. El ejército, que gobernaba desde hacía décadas, posibilitó elecciones, pero reformó la Constitución para asegurarse casi un tercio de las bancas y ministerios claves del futuro gobierno “democrático”.

A lo largo de la gestión de Aung San Suu Kyi, que hoy permanece detenida, al igual que otras 1500 personas, el gobierno y los militares impulsaron de común acuerdo una preeminencia de la religión budista (mayoritaria en el país) y combatieron a las etnias que luchan por su autodeterminación. Los “civiles” del gobierno ampararon incluso los crímenes atroces del ejército contra los rohingya, minoría musulmán.

Pero los vínculos se deterioraron con el reciente proceso electoral (noviembre 2020), en que el partido vinculado al sector castrense (Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo) quedó en minoría y denunció fraude.

Los militares controlan directamente más de un tercio de la economía a través de grandes consorcios claves. De dichas compañías los mandos militares reciben fuertes beneficios y han acomodado en esas empresas y subsidiarias a familiares y testaferros. Reflejando ese peso económico y, lógicamente, el militar, la Constitución del Estado les garantiza una representación automática directa. De 440 representantes de la cámara baja, 110 son nominados por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa, y de los 224 senadores de la cámara alta, 56 representantes son personal de las Fuerzas Armadas designados por el Comandante en Jefe. Es decir: el 25% de los escaños en el parlamento no son electos, sino digitados por las jefaturas militares. También los militares nominan al ministro de Defensa y de Interior y otras medidas similares (encargados de la proclamación del estado de sitio, etc.). Se trata de una “democracia disciplinada” como se define en la misma Constitución.

Hay importantes sectores burgueses que quieren no solo “democratizar” la Constitución “disciplinada” quitando o disminuyendo la representación militar, sino también avanzar en la desregulación de los complejos estatales-militares.

Si bien se trata de choques entre camarillas burguesas que suelen ponerse de acuerdo para, por ejemplo, llevar adelante el genocidio contra los rohingya, la lucha contra el golpe es esencial para enfrentar los avances en materia represiva y defender las libertades democráticas.

La respuesta al golpe ha sido masiva. Además de las manifestaciones, se desarrolla un “movimiento de desobediencia civil”, que partió de los trabajadores de la salud y se fue extendiendo a otros sectores de la administración pública, como los maestros y los aeronáuticos. Decenas de ingenieros que trabajaban en compañías ligadas a las fuerzas armadas presentaron sus renuncias. Incluso más de 600 policías dejaron sus puestos y se unieron al movimiento (The Irrawaddy, 5/3).

Dentro de este gran proceso sobresalen tres organizaciones. El Comité Representante del Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), integrado por diputados de la LND electos en noviembre pasado, busca ser reconocido como gobierno legítimo. Según el sitio Frontier Myanmar (4/3), numerosos municipios están formando estructuras de gobierno paralelas alineadas con este comité. El representante de Myanmar en la ONU, Kyaw Moe Tun, pidió en una reunión del organismo que se reconozca a este sector como gobierno en funciones.

Por otro lado, están el Comité de Huelga General (GSC, por sus iniciales en inglés) y el Comité de Huelga General de Nacionalidades (GSCN). Este último plantea una “democracia federal” en que las distintas etnias estén representadas igualitariamente en el gobierno.

Disputa geopolítica

Myanmar es también un terreno importante de disputa geopolítica, codiciado por sus recursos naturales (oro, cobre, rubíes, etc.) y el opio, del que es el segundo productor mundial, solo por detrás de Afganistán. Políticos, empresarios y militares están metidos en este lucrativo negocio.

China es el principal socio comercial y la mayor influencia extranjera en el país. Ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de un corredor económico que combina puertos y rutas ferroviarias, y que le permitirá a Beijing un acceso más cómodo al Océano Indico (Foreign Policy, 4/2). Además, patrocina una mesa de negociaciones entre los militares y los grupos insurgentes que responden a las diferentes etnias. Mantuvo también buenas relaciones con el gobierno de Suu Kyi. Beijing no condenó el golpe, y junto a Rusia, bloqueó una resolución crítica en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Otro de los países que no condenó el golpe es la India. Esta tiene sus propios intereses. Impulsa el proyecto de tránsito multimodal de Kaladan, que incluye una ruta marítima entre Calcuta y el puerto de Sittwe, en el estado de Rakhine (Irrawaddy, 23/2). Dicho puerto debía estar listo para este año. Para su funcionamiento resulta clave mantener a raya a la población y las milicias rohingya, que operan en la provincia mencionada. India y China, fuertemente enfrentados, se disputan la influencia sobre Myanmar.

Estados Unidos, por su parte, acaba de imponer algunas restricciones a las exportaciones de la ex Birmania, en respuesta al golpe militar. Y bloqueó el intento de los militares de retirar fondos por 1000 millones de dólares de un banco de la Reserva Federal en Nueva York.

Lo que a Estados Unidos menos le preocupa, por supuesto, son las víctimas de la represión militar. Lo que hace tiempo busca el imperialismo yanqui es incidir en el país. A tales efectos, ha querido en el pasado presentarse ante el sector castrense como un contrapeso para que reduzca su dependencia de Beijing. Los militares de Myanmar son conscientes de este problema y en algunas ocasiones han deslizado críticas solapadas al gigante asiático (por ejemplo, al acusarlo de apañar a las milicias insurgentes -ídem, 20/2), pero nunca patearon el tablero.

En este sentido, las “sanciones” norteamericanas deben ser leídas como un mecanismo de presión hacia los militares para que reduzcan sus lazos con el régimen de Xi Jinping.

La clase trabajadora y la juventud son la vanguardia de la lucha contra la dictadura y los únicos capaces de derrotarla. Sería necesario avanzar hacia la huelga general con marchas y apelando a que la base militar se escinda. Organizar todo tipo de comités obreros y populares para impulsar esta resistencia. Se trata no solo de tirar abajo al gobierno militar, sino de imponer los más profundos derechos democráticos y de organización y reclamar por los problemas que aquejan a las masas. Se trata de imponer la gestión y el control de los trabajadores sobre los complejos económicos estatales y toda la economía. El PBI por habitante de Myanmar es uno de los más bajos del mundo: está en el puesto 164 sobre 194 medidos. La pobreza extrema supera el 33%.

Myanmar se ha sumado a los levantamientos populares que la crisis capitalista ha provocado en el mundo.

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05/03/2021

La pelea por los recursos naturales en la guerra comercial

El caso de las “tierras raras”.

El gobierno chino amenaza a EEUU con limitar y hasta prohibir la comercialización del grupo de minerales conocido como “tierras raras”.

¿Qué son las “tierras raras”?

Se trata de 17 elementos químicos como el escandio, itrio y otros tantos. Si bien no son escasos se los define como “raros” porque no se los suele encontrar en altas concentraciones en la naturaleza. Estos elementos se han valorizado en la última década por sus propiedades electroquímicas y magnéticas indispensables para las nuevas tecnologías desde la robótica, las energías renovables e incluso la industria militar. Además del campo tecnológico estos elementos se utilizan en nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón, próstata o huesos. Como verán se trata de recursos altamente estratégicos.

Estos elementos recientemente valorizados se han transformado en una pieza clave en la política internacional por un motivo nada menor: China posee casi el 40% de las reservas y el 86% de la producción de estos minerales. El mayor depósito, Bayan Obo, se encuentra al norte del país y es responsable desde 2005 de la mitad de la producción mundial. Si bien hay algunos países como Brasil o Vietnam que han descubierto grandes yacimientos no se comparan con los del gigante asiático.

La cuestión ambiental

Debido a sus características y su escasa concentración son precisos métodos de extracción y separación altamente contaminantes para obtener algunos pocos gramos. Estos métodos además son muy ineficientes, según los expertos, ya que se pierde más del 50% de de las tierras raras en el proceso.

Solamente la producción de una tonelada “da lugar a entre 9.600 y 12.000 metros cúbicos de gas residual que contiene polvo concentrado, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre y ácido sulfúrico, unos 75.000 litros de agua residual ácida y alrededor de una tonelada de residuos radioactivos, dado que en el mineral es habitual la presencia de elementos como el torio o el uranio” (Contrainformación.es, 28/2).

Estas aguas residuales que concentran hasta más del 50% de tierras raras de la muestra original, sin embargo, no se reciclan por un motivo: los métodos actuales son tan costosos que termina conviniendo desperdiciarlas. Del proceso también se descarta como impureza un elemento muy radiactivo, el torio, que tiene consecuencias ambientales muy graves.

Guerra comercial y guerra por los recursos

El cuasi monopolio de China sobre las tierras raras es un arma en la guerra comercial con los EEUU. En mayo de 2019 la disputa escaló al punto de que Xi Jinping amenazó a Trump con cortarle el suministro de tierras raras. Entonces, el People's Daily (órgano oficial del PCCh) expresaba: “Aconsejamos a Estados Unidos que no subestime la capacidad de China para salvaguardar su derecho al desarrollo y sus intereses. ¡No digas que no te lo advertimos!”.

Trump respondió firmando una orden ejecutiva destinada a expandir la producción nacional de minerales de tierras raras para alimentar en particular la industria de defensa. La fantasiosa propuesta del ex presidente de comprar la isla de Groenlandia también apuntó en el mismo sentido, no solo le hubiese permitido un mayor control del Ártico sino también le hubiese asegurado uno de los yacimientos de tierras raras más grandes del planeta que se encuentra en dicha isla.

Además, dificultó a Huawei el acceso a chips, un área en la que China es fuertemente dependiente.

Las tierras raras tienen un valor estratégico tal que solamente en el último año se duplicó el precio en el mercado mundial. El banco de inversión suizo UBS publicó un informe recientemente donde prevén un aumento aun mayor del precio de estos minerales, en particular de los utilizados para los motores de autos eléctricos (El Economista, 25/2).

Hace pocas semanas, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China lanzó un plan de control hacia la producción y exportación de estas tierras raras. Además de poseer enormes reservas también tiene el control casi total del procesamiento de estos elementos al punto que el 80% de las importaciones de EEUU provienen de China. También ha anunciado posibles sanciones de prohibición de compra a empresas como Lockheed Martin Corp. que ha sido acusada de violar los intereses chinos vendiendo armas a Taiwán.

Sin embargo, también son las industrias “del rubro” las más afectadas por la crisis mundial que se ha agravado con la pandemia. Tsinghua Unigroup ligada a las nuevas tecnologías y Brilliance Auto Holdings de la industria automotor, ambas chinas, son algunos ejemplos de las empresas que han entrado en incumplimiento de pagos.

El agravamiento de la crisis mundial, en particular en EEUU y China, la aparición de nuevos yacimientos de tierras raras y la carrera tecnológica colocan a la pelea por el control de los recursos naturales en el centro de la guerra comercial.

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04/03/2021
SANTIAGO DEL ESTERO

River-Racing: Zamora y Fernández inauguran un estadio de lujo en una provincia pobre

Un gran negocio.

Este jueves por la noche se inaugurará el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, con la presencia de Alberto Fernández y el gobernador Gerardo Zamora. Allí se disputará la final de la supercopa argentina, entre Racing y River.

La construcción del fastuoso estadio estuvo a cargo en su mayoría del grupo Mijovi, y fue financiada por el Estado provincial. Algunos medios indican que costó 1.500 millones de pesos (TN, 4/3), pero otros elevan esa cifra hasta los 6.840 millones (Tiempo Argentino, 3/3). Cuenta con capacidad para casi 30 mil espectadores y albergará algunos partidos de la Copa América que se disputará a mediados de este año.

La puesta en pie de este proyecto fue cuestionada por darse en una provincia con uno de los índices de pobreza más altos del país. Las cifras del Indec del primer semestre de 2020, antes incluso de que desplegara todo su impacto el Covid, arrojaban que un 42,9% de la población provincial estaba en esa condición (La Gaceta, 30/9/20). El gobernador se defiende diciendo que hay pobres en todos lados, lo que es indudable. El contraste entre las obras faraónicas, fuente de grandes negocios, y la miseria popular es una característica de todo el régimen social, no privativa de Santiago del Estero.

Lo que más críticas ha despertado del nuevo estadio son los más de 20 palcos vip que posee. El palco principal, bautizado por algunos como el palco del gobernador, cuenta con vista preferencial (está ubicado sobre el centro del campo de juego) y equivale a un departamento de varias habitaciones, con varios televisores y todo tipo de comodidades. Ese lugar estará reservado para autoridades deportivas (AFA, Conmebol, FIFA, etc.) y políticas.

El gobierno santiagueño viene desplegando redes en el negocio del fútbol. Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, además de hombre clave del “Chiqui” Tapia, mandamás de esa institución, es también un aliado del gobernador. A su vez, la provincia sponsorea las camisetas de los clubes provinciales Central Córdoba (hoy en la máxima categoría) y Mitre (en la Primera Nacional). En el caso del primero de estos equipos, está dirigido por José Félix Alfano, titular del Consejo de Vialidad Provincial (Tiempo Argentino, ídem).

El corte de cintas de esta noche de Fernández y Zamora reforzará esta imbricación.

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02/03/2021

Conferencia de prensa denunciará el agravamiento de la salud de Mumia Abu-Jamal

Lleva 39 años preso en Estados Unidos.

Este miércoles 3 de marzo se realizará una conferencia de prensa en Filadelfia, Pennsylvania, para reclamar la liberación de Mumia Abu-Jamal, periodista y ex miembro de Panteras Negras que lleva 39 años detenido. Es organizada por Mobilization4Mumia, que reúne a los organismos que pelean por su libertad.

A mediados de 1982, Mumia fue condenado a muerte, acusado del asesinato de un oficial de policía. Tanto la causa como el juicio estuvieron plagados de irregularidades. El juez que lo sentenció, Albert Sabo, integrante de la Orden Fraternal de Policía, tenía al momento de los hechos el récord de condenas a muerte de prisioneros.

En 1999, fue suspendida su pena de muerte, como resultado de las movilizaciones y la trascendencia internacional del caso.

La conferencia de prensa tiene por objetivo denunciar el delicado estado de salud en que se encuentra el detenido. Mumia, de 66 años, sufre daño hepático, hipertensión arterial, y ha empezado a tener dificultades para respirar, presión en el pecho y un cambio de voz. Necesita un tratamiento que no puede realizarse dentro de una prisión. Por su edad y estado de salud, Mumia es también vulnerable al Covid-19. En las cárceles norteamericanas, más de 2200 personas ya han muerto por este motivo.

Por todo esto, se está reclamando su inmediata libertad.

El caso de Mumia es uno de los más emblemáticos del carácter racista de la justicia norteamericana. Mumia era un periodista militante (al momento de su detención, lideraba la Asociación de Periodistas Negros de Filadelfia), conocido por denunciar los atropellos policiales. En Estados Unidos hay numerosos presos políticos del movimiento por los derechos de los negros, que en algunos casos también llevan décadas encarcelados.

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02/03/2021

Estados Unidos: nuevo collar para la reforma migratoria de Biden

Los límites del proyecto.

Congresistas demócratas presentaron un proyecto de reforma migratoria para “regularizar” la situación de los indocumentados. Se anunció como una iniciativa progresista y de revés total con las políticas expulsivas de Donald Trump. Sin embargo, se trata de una reforma completamente limitada, que somete a la mayoría de los migrantes a un largo peregrinaje hasta alcanzar una residencia permanente.

Para empezar, de aprobarse, solo abarcaría a quienes ingresaron a Estados Unidos hasta el 1 de enero de 2021. El mecanismo consiste en la solicitud de una residencia temporal, que recién podría transformarse en permanente (la llamada green card) al cabo de cinco años. Y solo tres años más tarde podrían naturalizarse como estadounidenses quienes lo desearan (BBC, 21/1). Es decir, estamos hablando de un proceso de casi una década, en el medio del cual puede cambiar el color del gobierno y desandar el camino.

Además, podrán solicitarlo solo aquellos que estén al día con sus impuestos y no tengan ningún antecedente penal. A priori, esto último ya descarta a centenares de miles. Los distintos gobiernos demócratas y republicanos apuntaron a una criminalización de los inmigrantes, siendo detenidos por las más absurdas argumentaciones, desde la portación de rostro hasta la mera sospecha delictiva, sin pruebas ni órdenes judiciales. Durante la era Obama, su deportación se justificaba incluso con delitos menores, por ejemplo una infracción de tránsito. Y, además, como ninguna ley antimigratoria de Obama o Trump fue derogada, las solicitudes pueden blanquear sus antecedentes penales ante las autoridades y acelerar los trámites de deportación.

En el caso específico de los dreamers -comunidad que representa a jóvenes, la mayoría mexicanos, que llegaron al país de niños-, sí pueden solicitar en forma directa la residencia permanente y tres años después podrían naturalizarse. Pero los dreamers, cerca de un millón, son apenas una fracción de los más de 10 millones de indocumentados.

Por último, aparecen los trabajadores agrícolas. Podrían acceder también a la residencia permanente, pero siempre y cuando puedan constatar que viven en Estados Unidos hace cinco años. Si tenemos en cuenta su ingreso ‘ilegal’ al país, más sus contrataciones en negro y más la ley Arizona (que criminaliza a los jornaleros), esta comprobación se hace sumamente difícil. Por otra parte, la precariedad de su status los sometería al capricho de las patronales.

Así las cosas, estamos ante un proyecto completamente limitado, que no barre con el estatus de segunda de los migrantes y apenas apunta a una inmigración más ordenada y una otorgación de credenciales en dosis homeopáticas. Por otra parte, el proyecto requiere del apoyo de un sector de los republicanos en el Congreso, lo que será usado por el gobierno como coartada para diluir aún más la medida. Una variante es que se fracture la ley en partes y solo se avance con los dreamers (La Nación, 18/2). También por eso, este sector está alertando que no quiere que sus padres queden excluidos.

En la cuestión migratoria se cuela un debate en la burguesía norteamericana. Biden acaba de derogar una medida de Trump que congelaba las visas de trabajo en industrias de alta tecnología “y una variedad de otras para trabajadores poco calificados” (ídem, 26/2). Señaló que cerrar la puerta a los migrantes “afecta a las industrias de Estados Unidos que utilizan el talento de personas de todas partes del mundo” (ídem). Es que sectores como las tecnológicas se valen de mano de obra barata y calificada migrante. La reforma tiene, como uno de sus puntos, un aumento modesto de los visados de trabajo.

Aportes financieros, otra impostura

La reforma promete, pomposamente, “solucionar los problemas estructurales de la migración” (El País, 19/2). Con su aprobación, se destinarían 4.000 millones de dólares a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, región donde se concentran las caravanas migratorias más numerosas. Según uno de los promotores de la reforma, confía que “contribuyan a mitigar la pobreza y la violencia que empujan a muchas personas a emigrar (...) y para crear centros de solicitudes de asilo para acceder a EEUU legalmente, evitando el peligroso viaje clandestino hasta la frontera”.

Una impostura total. Cualquier desembolso de fondos solo apuntaría a reforzar la tutela del imperialismo en la región. Estados Unidos es responsable de la debacle de la zona, en la que promovió políticas de saqueo y apoyó dictaduras sanguinarias. Para mejorar las condiciones de vida de las masas, sometidas a un empobrecimiento creciente, no habrá un centavo.

Biden sí ha dado de baja los acuerdos de “tercer país seguro” suscriptos por Trump con los países ya mencionados (que solo se habían hecho efectivos en el caso de Guatemala), que facilitaban las deportaciones. Pero el despliegue represivo en la frontera con México quedará intacto. No queda claro qué ocurrirá con los acuerdos suscriptos entre Trump y López Obrador para contener la migración.

Nuevos nudos, viejas ataduras

Barack Obama es reconocido como “el Deportador en Jefe”, ya que su mandato expulsó la cifra récord de 2.5 millones de inmigrantes. Donald Trump aportó lo suyo con más de 950.000 deportaciones. En lo que va de mandato, Biden permitió 400 más (La Tercera, 10/2). Además, la designación de Cecilia Muñoz como Asesora de Inmigración trae malos augurios, ya que fue pieza clave de las deportaciones durante la era Obama, defendiendo la separación de familias y mentora de las jaulas donde se recluía a hijos de inmigrantes detenidos. Es decir que la nueva administración norteamericana ni siquiera garantiza el fin de la persecución.

Biden ha adoptado los limitados cambios en materia migratoria, en parte, bajo la presión de la rebelión popular de 2020. Pero no resuelve las problemáticas estructurales de las comunidades latinoamericanas y afrodescendientes, lo que requiere la acción común de éstas con el proletariado norteamericano, en lucha contra el gran capital y el Estado imperialista. Es necesario avanzar en la coordinación entre la izquierda estadounidense y los movimientos de defensa de los inmigrantes y la izquierda latinoamericana para derogar toda legislación represiva en este terreno.

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02/03/2021

Chile: Piñera busca un pacto para profundizar la represión en la Araucanía

Abajo la militarización en el Wallmapu.

Sectores de la derecha, entre ellos partidos integrantes de Chile Vamos como Evópoli y Renovación Nacional, han lanzado una ofensiva política por la instauración del estado de sitio en la denominada macrozona sur del país, en la Araucanía. Finalmente, el presidente Sebastián Piñera anunció que se reforzará el “estado de catástrofe” vigente con patrullajes mixtos, es decir, realizados en forma conjunta por carabineros y militares, con lo cual se avanza abiertamente en una militarización de la zona. No descartó el establecimiento del estado de sitio de todas formas, para enfrentar el “terrorismo” (que se habría manifestado con atentados incendiarios a fundos, casas y camiones en dicha región).

Ante la escalada de la crisis, que generó cuestionamientos desde su propia coalición y la oposición, el gobierno pretende contenerla con una fórmula recurrente ante situaciones de esta magnitud: un llamado a la unidad de todos los sectores políticos mediante un pacto. En términos concretos, el pacto se traduciría en la sanción del paquete de leyes de estricto contenido represivo reclamado por Piñera (nueva ley antiterrorismo, ley Juan Barrios, ley contra la usurpación de predios, ley anti robo de maderas, etc.) y la eventual aprobación por parte del Congreso del estado de sitio.

La posibilidad de que la oposición centroizquierdista se embarque en un nuevo pacto político con el gobierno, como lo hiciera en numerosas oportunidades en el pasado, no parece inmediata dada la proximidad de la contienda electoral, salvo que el conflicto genere una crisis política de proporciones que ponga en riesgo la transición ordenada en la que se encuentra empeñada desde la rebelión popular de octubre del 2019.

El pueblo mapuche como chivo expiatorio

El pueblo mapuche como chivo expiatorio

Si bien Piñera declaró que hay que diferenciar los recientes hechos del reclamo del pueblo mapuche en torno a la recuperación de tierras ancestrales, la verdad es que en las últimas décadas los gobiernos han asociado intencionalmente la lucha de los pueblos originarios que habitan la región con este tipo de hechos, con el objetivo no solo de deslegitimarla sino de justificar el despliegue represivo en la zona dirigido a criminalizar la resistencia indígena frente a las grandes empresas forestales que controlan vastas extensiones territoriales donde el bosque nativo fue diezmado para reemplazarlo por el monocultivo de pino y eucalipto. El avance de la industria forestal fue fomentado desde el propio Estado con incentivos tributarios que fueron establecidos durante la dictadura y se mantienen vigentes aún.

Lo cierto es que pasan los años y la restitución de sus territorios a la comunidad mapuche sigue pendiente ya que existe una política deliberada por parte del Estado, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), de asignar a cuenta gotas los predios a las distintas comunidades. Por supuesto, que no hablamos de una política de expropiación de las tierras tomadas por los grupos capitalistas, ya que sus intereses están protegidos en los precios que paga el Estado por la adquisición de los predios. Pero aún así, si cabe alguna duda basta con considerar la subejecución del presupuesto 2020 de este organismo destinado a la adquisición de tierras para luego entregarlas a las comunidades indígenas que hayan cumplido con los requisitos exigidos. De los 76.000 millones presupuestados, solo se gastaron 5.800 en adquirir tierras, esto es, un 8% del total. El panorama no mejora para el 2021 porque además hay que tener en cuenta que el presupuesto estipulado ha sido recortado en un 19% respecto del año anterior. Mientras, alrededor de 500 comunidades indígenas, llevan años esperando que el Estado chileno de respuesta a su legítimo reclamo.

Frente a los últimos hechos y la decisión del gobierno de militarizar la región, Héctor Llaitul Catrillanca, vocero y cofundador de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM) en declaraciones públicas manifestó “Aún estamos disponibles para conversar, pero con ciertas garantías para el movimiento mapuche autonomista”. Sin embargo, advirtió: "si nos vienen a agredir, tendremos que defendernos y resistir de alguna manera. Esa ha sido una característica de nuestro pueblo. Es una situación que analizamos entre las comunidades, estamos juntándonos, haciendo mucho trawün (asambleas, encuentros), articulando a las fuerzas, llamando a la unidad para la resistencia, en eso estamos nosotros" (Interferencia.cl, 25/2).

El terrorismo es del Estado

Piñera multiplica la presencia policial-militar en la Araucanía, a la vez que reclama un paquete de leyes que pretenden ampliar aún más las facultades de las fuerzas represivas. Pero además de la naturaleza estrictamente represiva de esta política, la oportunidad en que se la plantea completa el cuadro de situación. Resulta que a la larga lista de denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos que viene acumulando Carabineros, se suma la realizada días atrás por el ex “paco” devenido en empresario, Miguel Toledo, de que Carabineros lleva adelante “autoatentados" para encubrir robo de madera y, a su vez, vender sus servicios de “brindar seguridad” a pequeños y medianos empresarios del sector forestal. Es decir, que el gobierno con sus medidas y todos los sectores políticos que salieron a reclamar la instauración de estado de sitio en la zona, pretenden dejar en manos de la fuerza señalada como la responsable de provocar los incendios para lucrar con la situación que de ello se deriva, la “pacificación” de estas regiones.

Tanto el pueblo mapuche como las y los pobladores de estas regiones pueden dar cuenta del tenor de este tipo de pactos entre las fuerzas políticas del régimen que se tradujeron siempre en un mayor despliegue de las fuerzas del orden, con carta blanca para todo tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos. El asesinato por parte de Carabineros del líder mapuche Camilo Catrillanca es un hito del derrotero represivo del Estado chileno contra los pueblos indígenas.

Organicemos la lucha por el rechazo a la militarización del Wallmapu, la libertad de todxs lxs presxs políticos, la restitución de tierras ancestrales y el respeto irrestricto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, la disolución de Carabineros y la salida de Piñera y todos sus secuaces. Iniciamos marzo movilizadxs por todas nuestras demandas, por una verdadera constituyente, es decir, libre y soberana.

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28/02/2021

Se viene una oleada de estallidos sociales en el mundo

Lo dice el FMI.

En Indonesia, los trabajadores entraron en huelga en octubre contra una reforma laboral.

El Fondo Monetario Internacional ha publicado recientemente un documento donde afirman que una vez superada la pandemia los estallidos sociales emergerán nuevamente. Se equivoca en dos aspectos: a) esa ola ya se está dando; b) la misma crisis sanitaria de la pandemia la incentivará.

El informe que hace un recorrido histórico de las repercusiones sociales y políticas de las pandemias a lo largo de la historia (la peste negra, la gripe española, etc.) también toma para su análisis los distintos conflictos sociales de 1980 a la fecha en todo el globo. Para ello usan algunos ejemplos como la epidemia de ébola en África de 2014 a 2016 donde, una vez superados los brotes, estos “provocaron un aumento de la violencia civil superior al 40% al cabo de un año y su efecto sobre el malestar social persistía varios años después”.

El documento comienza reconociendo que previo a la pandemia, el desarrollo de levantamientos obreros y populares estaba en pleno desarrollo, por la elevada desigualdad económica en la población. Estos conflictos habrían disminuido, según el FMI, en la medida que la pandemia se expandía y las cuarentenas confinaban a la población. El caso de Chile sería un buen ejemplo ya que solo las medidas sanitarias pudieron contener, parcialmente, las grandes movilizaciones que ya hacía un año tomaban las calles del país vecino. Los motivos que le atribuyen los analistas del FMI a la “conflictividad social” son “la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”.

No es la primera vez que este organismo hace un pronóstico parecido. En octubre de 2020 había publicado otro informe de similares características donde expresaba que “las epidemias severas que provocan elevada mortalidad aumentan el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales” ya que “reducen el crecimiento económico y elevan la desigualdad” aumentando así el malestar social de la mayoría de la población.

La pandemia no detiene la crisis mundial

Como ya hemos mencionado, otro elemento a destacar del documento es el análisis que hacen de la “conflictividad social” dentro de la propia pandemia del coronavirus donde afirman que las protestas disminuyeron significativamente. Sin embargo, también presentan dos “excepciones que confirman la regla”: Líbano (por la crisis del gobierno) y Estados Unidos.

Sobre este último caso es preciso detenerse por tratarse nada más ni nada menos que del centro de la crisis económica mundial. La pandemia ha encrudecido la crisis en particular en EE.UU. donde los nuevos desocupados se cuentan por millones y el conjunto de los analistas internacionales señalan esta crisis como la peor desde 1929. La rebelión que sacudió todo el 2020 no se explica solamente por el movimiento #BlackLivesMatter, como afirma el documento del FMI, sino también por el agravamiento de la condiciones de vida de la mayoría de la población. Tampoco menciona las movilizaciones orquestadas por bandas pseudo fascistas como la toma del Capitolio.

Sin embargo, el informe no se detiene ni en la rebelión estadounidense ni en los cientos de paros, protestas y rebeliones que ocurrieron durante la cuarentena en todo el mundo. Tan solo el último año tuvimos la sangrienta guerra entre Azerbaiyán y Armenia (que trajo luego enormes movilizaciones en este país), la rebelión de más de 200 millones de campesinos en la India, la mayor huelga general en Indonesia contra la reforma laboral antiobrera o las masivas protestas en Bielorrusia entre otros tantos ejemplos que movilizaron a millones de personas en todo el planeta. Si algo es seguro es que la pandemia no representó un año tranquilo para la burguesía.

Las crisis y colapso de los sistemas sanitarios que la pandemia ha puesto de relieve, como expresión directa de la crisis capitalista mundial y la desinversión de los gobiernos en materia de salud pública, está impulsando las rebeliones populares (Perú, etc.). El levantamiento de las cuarentenas, sin haber superado la pandemia, producto de la crisis capitalista y su sistema basado en las ganancias, contra las necesidades de la población (falta de vacunas, monopolio de las mismas por los grandes laboratorios que lucran con la emergencia sanitaria, etc.) y el agravamiento de las crisis sociales en todo el mundo son los motores directos de las grandes rebeliones (como ya está sucediendo). De lo que no habla el FMI es que el abismal empobrecimiento de las masas, que es el que las empuja a luchar en las calles, se debe a que los distintos gobiernos capitalistas impulsan a rajatabla las políticas de ajuste que “sugiere” este organismo.

Las reformas laborales y jubilatorias, las rebajas salariales y el ataque a las condiciones de vida de la clase obrera son la receta que aplica el FMI y que profundizan la crisis mundial y la desigualdad económica de la clase obrera. Es en realidad, un taparrabos para ocultar el hundimiento histórico del régimen capitalista.

Superar la crisis de dirección

En cualquier caso, la clase obrera mundial debe intervenir de forma independiente en este nuevo salto en la crisis mundial. El hilo conductor de las rebeliones y protestas que se dieron antes y durante la pandemia ha sido la crisis mundial, pero estas rebeliones pusieron en evidencia también la ausencia de una dirección política independiente de los bloques capitalistas.

Poner en pie partidos independientes de la clase obrera se convierte más que nunca en una necesidad para intervenir en la lucha de clases en cada uno de los países. En nuestro continente la pelea por una segunda Conferencia Latinoamericana y de los EE.UU. que ayude a reagrupar a los revolucionarios para discutir un programa y una salida para intervenir en la crisis es un primer paso en este sentido.

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28/02/2021

40 años de Queen en Argentina

Una gira inolvidable.

Queen una de las bandas más importantes de la historia, realizó 5 recitales en la Argentina que jamás serán olvidados por los amantes del rock. A fines de febrero y principios de marzo de 1981 hicieron temblar el cemento en Buenos Aires, en Rosario y en Mar del Plata. El cuarteto inglés fue la primera banda que vino al país en su mejor momento, al mismo tiempo fue el segundo recital de rock internacional en un estadio de futbol y la primera conexión del rock con el fútbol en las tierras del plata. La banda inauguró una excelente relación entre el público argentino y las formaciones europeas-norteamericanas, que elevarían al público argentino al pedestal del más fanático del mundo. Esta gira se dio en el cuadro de la última dictadura militar, que intentó utilizar la llegada de Queen con el objetivo de ocultar los desaparecidos y los campos de detención clandestinos que seguían operando en esa época.

Antes de Queen

El primer músico de rock internacional que se atrevió realizar un recital en una cancha de fútbol en nuestro país fue Santana; este guitarrista participó en el mítico festival de Woodstock (1969) con Jimmi Hendrix y otros gigantes; arribó a la Argentina en 1973 y el recital se realizó en el viejo gasómetro, con un sonido malo, con el campo vacío, el escenario en el medio del mismo y todos los espectadores a más de 40 metros. La falta de experiencia de los organizadores llevó a que el recital tuviera un clima frío. Después vino Joe Cocker, otro grande de Woodstock, en el año 1977, y realizó tres conciertos en el Luna Park. Posteriormente en 1980 The Police, el potente trío de Sting, tocó en un teatro reconvertido en boliche en Villa Urquiza para 800 personas.

Alfredo Capalbo, quien venía realizando recitales de Julio Iglesias y Joan Manuel Serrat por el interior del país, realizó un viaje a Los Angeles para reunirse con contactos y traer a otras figuras del ambiente de la música. Decepcionado con la oferta de traer a la actriz que representaba a la mujer maravilla en esa época (Linda Carter), tocó a unos contactos y consiguió una reunión con el manager de Queen. Esta banda tenía el objetivo de realizar una gira por Sudamérica, después de sus grandes giras por Europa, Estados Unidos y Japón. La gira por Latinoamérica tuvo algunos inconvenientes, por ejemplo Pinochet no autorizó la actuación en Chile y también existió cancelación de recitales en Brasil, México y Venezuela.

En los recitales de rock de la Argentina en la época del proceso reinaba la represión. Si alguien se ponía a bailar en un recital se acercaba un policía de civil y lo llamaba al orden y en las salidas de los recitales existían detenciones masivas; la movida del rock nacional era contracultural. Para el recital de Queen los asistentes no fueron molestados, pero a la banda le llamó la atención la cantidad de policías al frente del escenario y a los costados. El asesino Roberto Eduardo Viola, sucesor de Videla, intentó aparentar humanidad sacándose fotos con la banda; de conjunto la llegada de Queen intentó utilizarse, por la última dictadura, como una señal demagógica con alguna pequeñita apertura democrática.

 

Queen en Argentina

En diciembre del año anterior se difundió la noticia del arribo de la banda. Queen ya era una banda conocida y consagrada. En este año lanzaron su octavo disco en estudio, “Play the Game”, un muy buen disco que incluía éxitos como “Another One Bites the Dust”, el tema que le dio el nombre al disco y “Crazy Little Thing Called Love”. Si bien no fue el mejor disco de la banda, fue el más vendido. Introdujeron algunos sintetizadores, pero imperan temas de rock con algo de pop, y hasta rockabilly; todo con ese sonido particular e inigualable que supo desarrollar Queen. “El entusiasmo -actual y retro a la vez- que genera Queen es un reflejo tenue de lo que ocurrió en el país a fines de febrero de 1981. A la manera de la Beatlemanía en los sesenta, la presencia del cuarteto inglés desató una locura colectiva inédita, hasta ese momento, en Argentina”, señala un artículo de Infobae (18/11/18).

Juan Manuel Cibeira, director de la revista Pelo en esa época, comenta que los músicos cuando llegaron al país se sorprendieron por la recepción. Cientos de personas los esperaban en el aeropuerto, por las autopistas los perseguían más de 20 autos. En una entrevista a Freddie Mercury de China Zorrilla, la actriz uruguaya le decía que Queen estaba revolucionando a la Argentina y que muchos amigos uruguayos de ella estaban cruzando el Río de la Plata para estar en Vélez. Brian May (guitarrista de Queen), recordando los hechos, expresó que “los argentinos son gente muy amistosa, siempre que me encuentro a alguien en la calle que me abraza y lloriquea cuando se acuerda de Freddy, es argentino”.

El primer recital fue el 28 de febrero. Los teloneros de la banda fueron Miguel Mateos y Zas, que tuvieron la oportunidad de tocar ante un público masivo. A las 22:00hs sale Juan Alberto Badía (locutor y presentador televisivo de Canal 9 en esa época) y anuncia la salida de Queen. El estadio estalló, más de 50.000 gritaban a la par. En esos momentos se comenzaron a escuchar los primeros acordes de “We will rock you” en su versión rápida, que la banda utilizaba para abrir los recitales a pura potencia. Luego prosiguió “Let Me Entertain You”, otro tema muy rokero. Freddie Mercury recorría el escenario con una campera de cuero, mientras se sentía la potencia del sonido, junto a las luces de todos colores que subían y bajaban según el ritmo de un rock fuerte. El tercer tema fue el famoso “Somebody To Love”, un tema con un toque más sinfónico y se prosiguieron todos los himnos que por esa época la banda ya había compuesto. “Bohemian Rapsody” (el mejor tema de rock de la historia según una reciente encuesta europea) fue interpretado con la parte del medio grabada, era imposible para la banda repetir en vivo las 350 voces que se organizaron para realizar esos coros magníficos, pero esto no impidió el delirio del público cuando el tema pasó a su parte más dura.

 

Roger Taylor (el baterista y segundo vocalista de la banda), refiriéndose a esta experiencia, dijo: “a los argentinos les gusta cantar mucho”. Esto se hizo evidente en el tema “Love of My Life” donde el público cantaba toda la letra sin parar, sorprendiendo a Mercury y May que interpretaban este tema sin los otros dos integrantes. En Vélez se realizaron dos primeros recitales, luego Rosario y Mar del Plata, en estas dos ciudades se produjo la misma locura que en la capital porteña. Lejos de retroceder, la Queen manía crecía, los que habían participado de los recitales anteriores querían volver y los que no habían participado estaban desesperados por verlo. El último recital de esta gira por la Argentina fue el tercer concierto en Vélez, al que concurrieron más de 60.000 personas, se vendieron más entradas que las que hoy serían permitidas. La popular estaba por reventar, la policía para evitar una tragedia como la puerta doce en 1968, abrió una cantidad de boquetes en el alambrado permitiendo el paso de la gente al campo.

En un asado en la casa de los productores del evento, Mercury planteó que iba a salir con una camiseta argentina. Intentaron convencerlo de lo contrario dado que nadie todavía había establecido esa relación que hoy nos parece tan común. No contentos con salir solo con la camiseta argentina invitaron a Diego Maradona al escenario. En un momento salió Maradona y dijo: “yo le quiero agradecer a Freddie y a todos los del grupo Queen por hacernos tan feliz ahora”. Sonó “Otro que muerde el polvo” (Another One Bites the Dust) y el recital siguió a todo ritmo. Luego el típico cierre de esta banda en esta época, con los temas “Sheer Heart Attack”, con su estilo “pancoso” y violento; “We Will Rock You”, en su versión lenta, con su típico tripe golpe de batería acompañado por palmas; y “We Are the Champions”, una balada que se convirtió en el himno de todos los equipos campeones del mundo.

Lo que dejó Queen

Es difícil en la historia encontrar a un recital, o un conjunto de los mismos, que haya impactado tanto a los que asistieron. La palabra más utilizada para describir estos show es “impresionante”. Es que Queen en vivo tenía mucho músculo rockero, era un cuarteto compuesto de una guitarra eléctrica, un bajo, una batería, ocasionalmente piano y uno de los vocalistas mejores de la historia; la movilidad de Mercury en el escenario, con su estilo carismático, atrevido y rupturista, encandiló al público de nuestro país. Todos los observadores coinciden que la actuación de Freddie Mercury superó las expectativas; el artista se encontraba en un gran momento y sus acompañantes lo seguían sin errores. Es difícil que una banda que suena tan bien en estudio pueda reproducir esa magia en vivo, eso y mucho más fue el recital de Queen, el repertorio de la banda con temas de rock más duro, otros más sinfónicos, baladas, pop y vuelta a rock fuerte, hizo pasar por todas las emociones a los presentes. Fue un recital que nunca será olvidado.

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28/02/2021

Parque de la Costa: paro de los trabajadores de gastronomía

El sábado 27 las y los trabajadores de gastronomía del Parque de la Costa realizaron un paro durante una hora exigiendo el pago de una importante deuda salarial y rechazando un nuevo atropello patronal.

Sucede que la nueva patronal del Parque de la Costa, Fénix Entertainment, no cumple con el pago de una deuda mantenida con los trabajadores. Esto, a pesar de haber sido beneficiadas con importantes subsidios estatales y exenciones impositivas. La deuda con los trabajadores proviene del momento en el que el Parque cerró sus puertas como consecuencia de la pandemia, en marzo de 2020. Desde aquel entonces se les adeuda el 25% de los salarios de cada mes. Además, los trabajadores rechazan la reciente eliminación del comedor del personal, que la patronal pretende “compensar” con el pago de unos miserables 200 pesos por refrigerio.

La medida de fuerza tomada por las y los trabajadores se produce luego de que en la audiencia virtual realizada el día viernes, la patronal no ofreciera ninguna respuesta al reclamo de los trabajadores. La medida fue votada en una asamblea de trabajadores de gastronomía, impulsada por los delegados del sector. Por su parte, la dirección del sindicato de Pasteleros, lejos de ponerse al frente del reclamo de los trabajadores intentó persuadirlos de que levanten las medidas, en una clara actitud pro patronal.

Es necesario apoyar y defender todas las medidas que los trabajadores del sector gastronomía realicen por sus reclamos. Y es necesario extender su ejemplo de lucha a la totalidad de los trabajadores del Parque de la Costa, a quienes también les adeudan importantes sumas salariales.

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28/02/2021

Bolivia: la lucha contra el Covid exige nacionalizar el sistema sanitario

Las patronales de salud apoyan el paro médico.

El gobierno golpista de Jeanine Añez en menos de un año de duración tuvo una media docena de ministros de salud. Varios de ellos, directamente ligados o propietarios de clínicas privadas. Y que tuvieron que ser destituidos no solo por su negligencia criminal, sino también acusados de fuertes negociados. En este período los déficits precedentes del sistema de salud de Bolivia se potenciaron terriblemente y llevaron a una situación de colapso. Es que Añez siguió la metodología sanitaria dictada por sus mentores ideológicos (Trump y Bolsonaro) para enfrentar la pandemia. Alrededor de julio 2020, los centros de salud llegaron al límite de admisión de pacientes, cientos de personas murieron sin atención hospitalaria y los cementerios quedaron saturados. Esta fue, sin duda, una de las razones del fuerte repudio popular al gobierno golpista.

Pero el ascenso del nuevo gobierno del MAS no cambió drásticamente la situación en materia sanitaria. Ante el inicio de la segunda ola del Covid, la impotencia continuaba vigente. En la primera quincena de enero de este año, el presidente Luis Arce Catacora llamó a la población a "aguantar y resistir" el nuevo coronavirus hasta que lleguen las vacunas compradas por su gobierno. Continuaba la inoperancia. Recién este miércoles 24 de febrero llegaron las primeras 500 mil vacunas (400 mil compradas y 100 mil donadas) de China. Y unas 20 mil de Rusia. Las de AstraZeneca están reatrasadas: no se sabe cuándo llegaran.

Y ya se insinúa la tercera ola pandémica. En estas circunstancias es que Arce Catacora, no habiendo avanzado en la reformulación de un sistema sanitario para afrontar un fuerte agravamiento del Covid, viene anunciando que sacará una Ley de Emergencia Sanitaria. Pero lo que parió… es un ratón. La nueva Ley de Emergencia plantea cierto control sobre las clínicas privadas y la estandarización de precios de medicamentos. Es que las clínicas privadas hicieron fortunas con quienes podían pagarlas en la emergencia del ataque del Covid (el resto al hospital público o a la muerte). Y los medicamentos también subieron en forma astronómica.

Se trata de dos medidas absolutamente elementales e insuficientes. Lo que corresponde es que se nacionalice todo el sistema hospitalario y de laboratorios privados y se ponga bajo control de los trabajadores. Hay que usar y potenciar todos los recursos para defender la salud del pueblo frente a la plaga. También la nueva Ley autoriza a contratar más personal médico nacional o extranjero.

El Colegio Médico y varios sindicatos médicos declararon la huelga por una semana del viernes 19 hasta el sábado 28 de febrero, rechazando la Ley de Emergencia y pidiendo que sea consensuada con ellos. Están actuando como agentes defensores de los mercaderes de la salud. Defienden la propiedad privada y su derecho a usufructuar la crisis nacional para engordar sus fortunas. Rechazan también la contratación de nuevo personal médico, en especial del extranjero, para afrontar la desbordada emergencia. Se niegan a que vuelvan a ser llamados los eficientes equipos de salud de Cuba que fueron echados por el gobierno golpista (con el apoyo de este Colegio Médico).

El gobierno nacionalista burgués del MAS no pudo con su naturaleza de clase patronal y puso también en la ley la prohibición y regimentación del derecho de huelga. Punto que es rechazado, en forma demagógica, por el paro del Colegio Médico. Pero no cabe duda de la filiación reaccionaria que los lleva a ser correa de transmisión de la defensa de los “derechos” de propiedad de la salud privada.

La central obrera (COB) y la campesina (CSUTCB) denuncian el carácter “empresarial a favor de las clínicas privadas” del paro médico. Pero se contentan con apoyar pasivamente las insuficientes medidas del gobierno. El deber de una central de trabajadores es defender las condiciones de vida de las masas frente a la voracidad explotadora de la clase patronal. Y en este caso directamente la vida. Las centrales debieran rechazar la anulación del derecho de huelga que deja el antecedente de aplicarlo contra cualquier lucha obrera si el gobierno decreta una emergencia. Y la necesidad de nacionalizar todo el sistema de salud, sin pagar indemnización alguna a estas patronales que vienen jugando con la vida del pueblo trabajador. Para ello hay que llamar a ganar las calles, con un plan de lucha, paro general y movilización. En lugar de ello las burocracias de las centrales se subordinan al MAS y al gobierno burgués que respeta el derecho capitalista contra el pueblo. Y “trabajan” con vistas a las próximas elecciones, donde varios sus dirigentes figuran como candidatos del MAS. Es necesario formar un agrupamiento sindical y político independiente de los partidos burgueses y del Estado.

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28/02/2021

¡Defendamos la salud y nuestros derechos con la lucha!

Contra el régimen  VIP de funcionarios, sindicalistas y empresarios. Declaración del Encuentro Nacional organizado por Tribuna de Salud.

Con más de 150 trabajadores de todo el país, se realizó este sábado 27 el Encuentro Nacional de Tribuna de Salud. Compartimos la declaración votada y el video con la apertura de Gabriel Solano y las principales intervenciones.

A casi un año de la llegada de la pandemia que ha puesto en evidencia la precariedad del sistema de salud de nuestro país y de las condiciones laborales de sus trabajadores nada ha cambiado.

Por el contrario, el escándalo del vacunatorio VIP que eyectó al ministro de Salud desnudó un régimen de privatización y privilegios de quienes utilizan el Estado y la salud para su propio beneficio y el de sus amigos empresarios y burócratas sindicales.

Mientras en la Caba las vacunas son distribuidas a las empresas de salud privadas convirtiéndolas en un privilegio para quienes pueden pagarla.

El contraste con los trabajadores de la salud es total: estuvimos y estamos en la primera línea de combate padeciendo el pluriempleo, la precarización del trabajo y el hundimiento de nuestros salarios y apenas han vacunado a la mitad de nosotros.

El gobierno nacional y los provinciales nos han declarado “esenciales” pero no revirtieron ni una sola de estas condiciones, ni tomaron medidas de fondo para fortalecer el sistema de salud. Así la atención recae completamente sobre nuestro sacrificio y el de nuestras familias.

Pese a esta realidad inocultable, el gobierno nacional y los gobernadores pretenden presentar su gestión de la pandemia como exitosa porque “atendió lo urgente”.

Pero los números marcan otra cosa: Argentina se encuentra entre los países con mayores contagios (más de 2 millones) y una tasa de mortalidad que supera ya largamente los mil muertos por millón de habitantes, esto todavía cuando resta ver los efectos de la segunda ola.

Fernández y Ginés González se justificaron porque “no se puede revertir en un año un vaciamiento sanitario de décadas”.

¿Pero no son todos ellos los mismos que gobernaron en las últimas décadas?

Son los responsables de un  sistema sanitario en ruinas, fragmentado y privatizado que ha transformado a la salud en un negocio capitalista más. Así, se la niega como derecho inalienable de la población.

La precarización y el vaciamiento en el hospital público alimentan el enorme negocio de la salud privada, defendida tanto por el oficialismo nacional como la oposición patronal.

Los Belocopitt y sus socios, tanto empresarios como burócratas sindicales que manejan las obras sociales, pugnan por una mayor asistencia estatal y privatización del sistema público, recorte de prestaciones obligatorias y aumento de tarifas, mientras superexplotan a los trabajadores de sanidad con la complicidad de la burocracia de Daer y West Ocampo.

Las alusiones que ha hecho la actual vicepresidenta a avanzar en un plan de centralización del sistema de salud son muy llamativas, dado que ella y su esposo gobernaron durante 12 años y nada hicieron al respecto. De los papers presentados surge que se trata de un planteo ajustador, que busca utilizar los fondos de las obras sociales para financiar el hospital público, que debe ser sostenido por el propio Estado a partir del cobro de los impuestos. Finalmente, detrás de este planteo, busca reducirse el presupuesto de salud en la línea de lo que reclama el FMI.

La centralización de todo el sistema, unificándolo de modo tal que permita prestar una asistencia universal, gratuita y de calidad es incompatible con estos gobiernos capitalistas y ajustadores.

La escasez de vacunas retrata a una Argentina semicolonial, incapaz no solo de producirlas sino que para acceder a ellas depende de pactos secretos con los monopolios farmacéuticos, laboratorios y las potencias que dominan el mundo siendo rehén de sus choques y disputas.

El desmantelamiento de la producción estatal de vacunas viene de larga data y fue llevada adelante por todos los gobiernos sin excepción. Ahora mismo, las investigaciones nacionales para fabricar una vacuna contra el Covid dependen del financiamiento que aporten los laboratorios privados, ya que el Estado se desentiende de ello.

¿No es necesario terminar con este régimen VIP que utiliza la salud y el esfuerzo de sus trabajadores para los negocios privados?

Es claro que  la defensa de  la salud y de sus trabajadores no puede quedar en manos de los funcionarios del gobierno y sus amigos.

Tampoco de las burocracias de los grandes sindicatos del ámbito de la salud como ATSA en el ámbito privado y UPCN, ATE o Sutecba en el público que están completamente integradas al gobierno o los empresarios. En lugar de defender nuestros reclamos firman las paritarias a la baja y desmovilizan a los trabajadores.

Como ha quedado demostrado en un año de intensas luchas, los trabajadores de la salud debemos tomar en nuestras manos esta tarea.

A través de autoconvocatorias y con paros, caravanas, movilizaciones y acampes, los trabajadores de la salud demostramos que hay voluntad y fuerza para dar esta lucha.

Como los miles que salimos en todo el país por la recomposición  de nuestros salarios.

Como los residentes y concurrentes de Caba, Nación y Provincia que conmovieron al país con grandes movilizaciones contra la superexplotación y precarización.

Las enfermeras y enfermeros que pusieron de manifiesto con la lucha el pluriempleo y la discriminación profesional que padecen.

O lxs prestadores precarizadxs que durante todo el 2020 sostuvieron asambleas para no dejar pasar los recortes que las obras sociales pretenden imponer, y peleando en la calle con movilizaciones a nivel nacional por los aumentos de los honorarios.

Luchas que debemos profundizar. Y para eso es necesario recuperar los cuerpos de delegados, juntas internas y sindicatos como una herramienta de lucha en defensa de nuestros intereses.

Poniendo en pie listas y agrupaciones independientes y combativas para lograrlo a la par de las autoconvocatorias y los movimientos de lucha.

Tribuna de Salud como agrupación clasista de los trabajadores de la salud se propone colaborar en todo el país para llevar adelante esta tarea.

Para desarrollar, además, un programa de salida a la crisis sanitaria del país y a la precarización laboral y el hundimiento de nuestro salario.

Por un plan de lucha nacional de los trabajadores de la salud.

  • Reapertura de paritarias ya: la recomposición salarial del personal de salud es urgente. El salario inicial debe ser igual al costo de la canasta familiar ($85000 según la interna del INDEC). Es inaceptable que haya trabajadorxs bajo la línea de pobreza. 
  • Vacunas para lxs trabajadorxs, no para los amigos del poder: el plan de vacunación debe ser controlado por el personal de salud, a escala general y de cada efector, para establecer criterios transparentes y democráticos. Por el empadronamiento de todxs lxs compañerxs sin vacunar, para organizar la lucha. Las patentes son criminales: por su eliminación y la producción pública en masa de las vacunas necesarias.
  •   Comités de higiene y seguridad conformados y electos en cada hospital.
  •  Por el reconocimiento de las condiciones insalubres y la reducción de la jornada sin afectar el salario
  • Pase a planta de contratadxs y tercerizadxs. Basta de precarizar a lxs prestadorxs.
  •  Satisfacción de las demandas de residentes y concurrentes.
  • Basta de discriminar a enfermería: es profesional. Reconocimiento de todas las tareas apartadas injustamente de escalafones y carreras.
  • Por un gran paro y movilización el próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora
  • Por la centralización del sistema de salud en un comando único de representantes electos. Esto, en camino de un sistema único, universal, público y gratuito.

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26/02/2021

Biden bombardea Siria

La naturaleza del imperialismo.

A tan solo un mes de su llegada a la presidencia, Joe Biden ordenó su primer bombardeo en Medio Oriente, lo que ya se ha convertido en una tradición de los mandatarios yanquis (desde Ronald Reagan en adelante, todos lo han hecho). Fue en Siria, en la frontera con Irak, y estuvo dirigido pretendidamente contra milicias proiraníes que operan en el país mesopotámico.

El ataque, que según algunas fuentes habría causado más de veinte muertos, se hizo en franca violación de la Carta de Naciones Unidas, que no autoriza respuestas armadas contra un país que no esté involucrado en la agresión previa. Fue justificado por el gobierno yanqui como una represalia ante un ataque contra objetivos norteamericanos en Irak a mediados de mes.

Preocupado por los retrocesos norteamericanos en materia de política exterior en los últimos años, Biden ya había confirmado al comienzo de su mandato su intención de recuperar el terreno perdido, al expresar que “Estados Unidos está de vuelta”. Credenciales no le faltan: como presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado, apoyó las invasiones de Afganistán e Irak.

Como parte de su política exterior, Biden prepara una línea más dura contra Rusia y mantendrá la guerra comercial con Beijing y los ejercicios militares en el Mar de China Meridional, lo que ya desató roces con el gigante asiático. Al mismo tiempo, ha expresado algunos contrapuntos con Trump, por ejemplo en el propósito de retomar los acuerdos con Irán abandonados por el magnate (este bombardeo, de todos modos, es una piedra en el zapato de esa tentativa).

El ataque aéreo llega cuando la guerra y las sanciones económicas han agudizado las penurias de las masas en Siria. Un funcionario de la ONU asegura que el 60% de la población no tiene “acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos” (Europa Press, 26/2). También advierte sobre el desarrollo de la desnutrición infantil. La guerra en Siria ya ha dejado más de 500 mil muertos y 11 millones de desplazados y refugiados, sobre una población de 22 millones al comienzo del conflicto.

En el complejo escenario sirio se entrecruzan los intereses del imperialismo yanqui, de Rusia y otras potencias regionales, como Turquía e Irán, que están desangrando al país. Bachar Al-Assad, que cuenta con el apoyo de rusos e iraníes, ha logrado mantenerse en el cargo. La oposición islamista quedó reducida a algunas áreas de la provincia de Idlib, donde resisten grupos ligados a Al Qaeda y otros relacionados con Turquía. El Estado Islámico, por su parte, fue derrotado a partir de la acción de una coalición internacional.

Uno de los objetivos norteamericanos en Siria es el control del petróleo. Bajo el gobierno de Trump, en nombre de priorizar la situación doméstica, se ordenó en octubre de 2019 el retiro de las tropas norteamericanas en el país, cuando Turquía emprendió una ofensiva contra los kurdos en la frontera norte (lo que fue leído por estos como una entrega por parte de los yanquis). Sin embargo, estas tropas se fueron reubicando después sobre los pozos petroleros.

La orden del retiro fue aprovechada por Putin para ganar una mayor gravitación en la región. Arribó a un acuerdo con Turquía para establecer una zona de seguridad (que desplazó a los kurdos) y patrullajes conjuntos. Pero posteriormente, a comienzos de 2020, Turquía y Rusia se vieron fuertemente enfrentados ante la ofensiva del gobierno sirio sobre Idlib.

A contrapelo de Estados Unidos, Turquía, Rusia e Irán han ido ganando mayor influencia en Siria.

En Irak, donde operan las milicias proiraníes que fueron atacadas (el llamado Hezbollah iraquí y Kataib Sayyid al-Shuhada, integrantes de las Fuerzas de Movilización Popular creadas en 2014 para enfrentar al Estado Islámico), Estados Unidos tiene desplazados 5 mil soldados. En 2019, estalló una rebelión popular contra el gobierno de Adel Abdul-Mahdi, debido al desempleo masivo y la falta de agua potable y luz. En la represión hubo cientos de muertos. Tras su caída, se instauró en 2020 un gobierno liderado por Mustafa al Kadhimi, apoyado tanto por Estados Unidos como por Irán. El régimen corrupto de reparto de esferas de influencia entre distintos grupos confesionales se mantiene. Este gobierno también ha reprimido de forma criminal las recientes movilizaciones contra la devaluación monetaria, que amenazan con agudizar el empobrecimiento de las masas.

En definitiva, allí donde están los intereses norteamericanos, las masas lo sufren. Pero no son solo los yanquis. Hay un incremento notable de la intervención militar de las potencias imperialistas para defender sus privilegios de exacción de las riquezas nacionales (Francia, Italia, etc.). La agudización de la crisis económica capitalista las “obliga” a crecientes aventuras militaristas y masacres de los pueblos. ¡Fuera yanquis e imperialistas de Siria, Irak y Medio Oriente! Para la izquierda norteamericana, en particular para los sectores que activan dentro del Partido Demócrata, es un deber imperativo denunciar y movilizarse contra estas acciones militaristas-imperialistas. El “progresismo” si no es antiimperialista deviene en cómplice reaccionario.

26/02/2021

Ecuador: la crisis política y el ballotage

La barbarie de la masacre penitenciaria.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó el fin de semana pasado los resultados de la primera vuelta de los comicios ecuatorianos, realizada el 7 de febrero, ratificando como ganador a Andrés Arauz, el candidato del correísmo (con un poco más del 31% de los votos), y colocando en segundo término a Guillermo Lasso, candidato de la derecha (con el 19,7% de los votos). De este modo, dejó fuera del ballotage a Yaku Pérez, que había competido por Pachakutik, brazo político de la Conaie y otros movimientos indígenas, quien quedó apenas tres décimas por debajo del segundo (19,4% de los votos), según el CNE.

Los primeros registros electorales habían colocado en segundo lugar al candidato de Pachakutik, pero esa situación se invirtió después, en favor de Lasso, lo que despertó sospechas de fraude. Pérez reclamó un recuento de la mitad de los votos en quince provincias y del 100% en Guayas, al que el candidato de la derecha accedió inicialmente. Sin embargo, se desdijo a las pocas horas. El Consejo Nacional Electoral, por su parte, se dividió respecto al pedido de Pérez, y el planteo del recuento no prosperó.

En estas condiciones, Pachakutik emprendió una movilización desde el sur del país, que este martes 23 arribó a Quito. Pachakutik demanda al Consejo Nacional Electoral que se revisen 20.000 actas que presentarían “inconsistencias”, y que le permitirían recuperar al menos 60.000 votos a Pérez, suficientes para pasar al ballotage (El Universo, 25/2). El viernes, día en que vence el plazo para que el organismo se expida, habrá una nueva movilización al CNE. Si éste no hace lugar a la objeción de la coalición indigenista, Pérez podría aún apelar al Tribunal Contencioso Electoral. En el comunicado del 23 de febrero difundido por Pachakutik, se incluye una cita de Carlos Sucuzhañay, de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), parte de la Conaie, quien no descarta “medidas más altas como un levantamiento general” si “se consolida el fraude”. Pero en declaraciones más viejas, Pérez había dicho exactamente lo contrario: “no quiero que por causa del CNE tengamos un levantamiento” (La Nación, 11/2).

En paralelo al pedido al CNE, Pérez recurrió a la justicia, en reclamo de una auditoría en seis provincias. A partir de ello, la Contraloría General del Estado reclamó al Consejo Nacional Electoral una pericia informática y la Fiscalía General del Estado quiso registrar la base de datos. En medio de la proclamación de los resultados oficiales, se produjo una tensa situación, cuando la presidenta del CNE denunció que le habían retirado la custodia policial y circuló el rumor de que la Fiscalía quería llevarse las computadoras. El correísmo alertó entonces sobre un intento de fraude y golpe de Estado por parte del gobierno de Lenín Moreno, responsable de los organismos antes señalados. Además, añadió otra denuncia: que el gobierno colombiano, en manos de la derecha, había echado al ruedo una falsa denuncia de financiamiento por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la candidatura de Arauz, con el propósito de brindar argumentos para sacarlo de la contienda.

Entre Quito y Washington

Este escenario de denuncias cruzadas recalienta el ballotage. En caso de que no prosperen los planteos de revisión de Pachakutik, la posición respecto a la segunda vuelta se definiría en un congreso nacional. En el ballotage de 2017, que enfrentó al entonces candidato del correísmo, Lenín Moreno, con Lasso, Yaku Pérez había llamado a votar por este último argumentando que es preferible un banquero a una dictadura. Pero ahora, a raíz de las irregularidades en los conteos, Pérez denunció un pacto de Arauz y Lasso para sacarlo del medio, lo que plantea la posibilidad de que Pachakutik no se pronuncie finalmente por ninguno de los dos candidatos. En tanto, Izquierda Democrática, que fue cuarta fuerza con el 16% de los votos, y que está capitaneada por un empresario agroexportador, ya anunció que no llama a votar ni por uno ni por otro. En estas condiciones, pese a la ventaja con la que parte el candidato del correísmo, el resultado del segundo turno no está definido.

De todos modos, según Página 12 (18/2), se habrían abierto “canales informales” entre el correísmo y la administración Biden, que daría por hecho que Arauz se impondrá en la segunda vuelta. El candidato de la Unión por la Esperanza viajó a Estados Unidos, donde se reunió con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Plantea una renegociación del acuerdo suscripto por Lenín Moreno, que tiene como contrapartida una brutal agenda de ajuste, y no descarta recurrir a organismos financieros alternativos. “No somos dependientes de recibir el aval de un solo organismo”, apuntó (El Universo, 24/2). Pero se esmera en hacer buena letra. Acaba de decir que “vamos a fortalecer la dolarización con el apoyo de los Estados Unidos y de los organismos internacionales”. Ya había dicho previamente que “nuestra relación con Estados Unidos va a ser excelente, especialmente ahora, con la administración del presidente (Joe) Biden” (Infobae, 8/2). Con estas definiciones, le disputa a Lasso el favor de los capitalistas y del imperialismo.

 


Barbarie

En medio de las tensiones por el ballotage, se produjeron el martes motines en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Lacatunga -que están superpobladas con hacinamientos que superan en un 70% su capacidad- que dejaron 78 presos muertos. Los medios hablan de una confrontación de bandas por el control de los pabellones. La posesión por parte de reclusos de motosierras y armas de fuego revelaría el involucramiento del servicio penitenciario. Pese a que esta masacre estaba largamente anunciada por masacres previas, el gobierno no hizo nada por impedirlo. Peor aún, reforzó la militarización de los penales. La masacre ha puesto de relieve también las “condiciones infrahumanas (de la) sobrepoblación penitenciaria” (El Telégrafo, 25/2). Es una muestra más de la barbarie social en Ecuador, que en los comienzos de la pandemia vio a los cadáveres amontonándose en las calles de Guayaquil debido al raquitismo de su sistema sanitario.

Para las masas, las políticas de ajuste configuran una situación insoportable.

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Una gran lucha contra el gobierno de Noboa.
Se multiplican los bloqueos. La represión del ejército ya dejó un manifestante muerto.
25/02/2021
EZEIZA

[URGENTE] Siderar Canning: la policía y un fiscal amenazan con desalojo y causas penales

Ataque a los trabajadores, que acampan contra los despidos.

Compartimos la denuncia de los trabajadores de la fábrica Siderar Canning, ubicada en el partido de Ezeiza, que están en lucha contra los despidos.

En momentos que se realiza una asamblea de trabajadores al interior de la planta, un comisario y un fiscal se presentaron en la fábrica para presionar a los trabajadores amenazando con causas penales e incluso un posible desalojo, si no permiten que la patronal retire los camiones cargados con productos. El grupo Techint, que despidió 35 trabajadores, que no respeta el convenio ni el salario, que le paga el 40% a los trabajadores con enfermedades preexistentes, empujándolos a ir a trabajar y poniendo en riesgo sus vidas, cuenta con la policía y la justicia para intentar quebrar nuestra lucha que lleva 15 días de paro y acampe.

Esto sucede luego que el Ministerio de Trabajo que permite todos estos atropellos patronales, nos apriete a los trabajadores para que levantemos el paro y que la patronal pueda sacar su producción. Todos defienden los intereses de esta patronal multinacional de Techint. Llamamos a todos los trabajadores y vecinos a que rodeen de solidaridad nuestra lucha. Fuera la policía de la planta. Que se respete nuestro convenio metalúrgico rama 17, nuestros salarios, y se reincorporen todos los despedidos.

Trabajadores de Siderar en lucha

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25/02/2021

Chile: organizar la lucha contra las clases presenciales sin condiciones

El 1° de marzo es la fecha que el gobierno de Sebastián Piñera fijó, hace meses y de manera unilateral, para el retorno a las clases presenciales. Sin considerar la situación sanitaria, las condiciones de las escuelas y colegios, ni la opinión de los afectados directos, es decir, las familias y el conjunto de lxs trabajadores de la educación. Aunque las autoridades hablan de un regreso gradual y voluntario, estamos en realidad ante una imposición que expone al contagio a la mayoría de las familias trabajadoras. La decisión está tomada al margen de las consideraciones de lxs afectadxs directos, quienes son además los que vienen denunciando el precario estado de los establecimientos educativos producto de décadas de desfinanciamiento. Lo cierto es que la pandemia, como ocurre con el sistema de salud, expuso con mayor crudeza el estado real de los jardines, escuelas y liceos públicos: falta de personal de aseo, hacinamiento en las aulas, trabajadorxs de la educación precarizados. El plan “Yo confío en mi escuela”, anunciado meses atrás por el ministro Raúl Figueroa, contempla un presupuesto de 13 mil millones de pesos para adecuar las estructuras edilicias a los protocolos. Estamos hablando de una gota en un desierto que no solo es insuficiente sino también tardía, muy lejos de lo que el Estado invierte en materia represiva.

Vuelta a la “normalidad” a costa de la vida y los derechos de clase trabajadora

Para el gobierno de Piñera la imposición de las clases presenciales constituye un paso más de cara a la vuelta a la “normalidad” que pretende exhibir en el año electoral. En este marco tienen lugar los ataques y descalificaciones al conjunto de la docencia, a través de declaraciones públicas de Piñera y de los ministros de educación, salud y economía. Este último, Lucas Palacios, fue el que llevó más lejos las agresiones a las y los docentes declarando que “los profesores buscan cualquier excusa para no trabajar” y que “buscan la quinta pata del gato”, lo que motivó la presentación formal del pedido de renuncia de Palacios por parte del Colegio de Profesores. Al coro de los que pretenden precipitar la presencialidad a toda costa se sumó una voz “progresista”, la defensora de la niñez Patricia Muñoz.

Las declaraciones provocadoras del ministro desconocen y menosprecian la labor que han llevado adelante docentes para sostener la virtualidad, la que también fue impuesta sin condiciones ni recursos, y que dejó a docentes, alumnxs y padres en el absoluto abandono, sin que el Estado garantice lo mínimo necesario para la conectividad. La brecha educativa entre los sectores populares y los que pueden acceder a la educación privada no empezó con la pandemia, sino que es el resultado de décadas de desmantelamiento del sistema de educación público en beneficio de los sectores que lucran con la educación. Ni la brecha ni la deserción -esgrimidas como las razones para forzar el retorno inmediato a la presencialidad sin condiciones- son responsabilidad de las y los docentes, sino de los distintos gobiernos que llevaron a cabo las políticas privatistas en la educación.

Docentes, estudiantes y apoderadxs contra la presencialidad sin condiciones

Conscientes de la falta de condiciones para el retorno seguro es que, tanto del sector docente, como estudiantes y madres, padres y apoderados han salido a manifestar su rechazo al regreso forzado a las clases presenciales. Las encuestas que se dieron a conocer por estos días, dan que el 65% de padres condiciona el retorno de sus hijxs a la escuela a que se encuentren vacunados y sólo el 19% cree que el gobierno está llevando adelante tareas de reacondicionamiento de los establecimientos. El sector docente, a través del Colegio de Profesores acudió a la reunión del “Consejo Asesor Paso a Paso Abramos las Escuelas” del Ministerio de Educación para manifestar las condiciones que considera necesario que se cumplan para que pueda darse clases en la modalidad presencial. Son 9 puntos entre los que se encuentran la vacunación de los integrantes de la comunidad educativa, la resolución del problema que representa el transporte, personal de aseo, control y fiscalización del cumplimiento de los protocolos, etc. Ahora, el Colegio de Profesores ha constituido junto al Colegio médico un comité conjunto que evaluaría las condiciones en cada comuna y establecimiento.

En cuanto a lxs estudiantes, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), mediante una declaración pública manifestó: “Las comunidades educativas sabemos que por décadas los establecimientos educacionales han tenido infraestructuras precarias, míseros recursos y malas administraciones que han perpetuado la segregación educativa. Estas problemáticas no permiten de ninguna forma nuestro regreso a clases… los profesores tienen razón, no hay condiciones para la vuelta a clases en este trimestre”. Oponiéndole a la vuelta a clases la necesidad de volver a las calles, la ACES convoca a una asamblea para el viernes 26.

Es necesario impulsar el no inicio y un plan de lucha conjunto de trabajadores de la educación y estudiantes contra la presencialidad sin condiciones.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-terminar-con-un-regimen-de-represion-e-impunidad/

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24/02/2021 | 1616

Pablo Hasél y la “justicia” española

El rapero fue condenado a nueve meses de prisión.

desde Barcelona

Las togas que condenaron a Pablo Hasél por delitos de opinión, y cuyo encarcelamiento ha provocado una ola de protestas en todo España, están cortadas con la misma tijera: la tijera del franquismo.

La jueza Concha Espejel, casada con un coronel de la Guardia Civil, fue condecorada hace un tiempo con la Cruz al Mérito por este mismo cuerpo policíaco-militar de fuerte tradición franquista. Aparte, tiene estrecha relación con el derechista Partido Popular al que intentó favorecer en sus numerosos juicios por corrupción. Es también la jueza que caratuló como “terrorismo” una simple pelea de bar en Altsasu, por la que varios jóvenes ligados al independentismo vasco fueron condenados a penas de cárcel de varios años.

Por su parte, el otro juez, Nicolás Poveda, directamente fue candidato a senador por el fascista partido Falange en el año 1979. Una joya.

Evidentemente no se trata de una casualidad sino que estamos ante un problema de raíz: la columna vertebral del Estado español, la que forman las fuerzas armadas y la judicatura, son herencia política directa del régimen político derivado del triunfo franquista en la Guerra Civil.

La llamada “Transición española” fue un operativo político de recambio, organizado por Franco en persona, donde se pasó del régimen fascista a una monarquía constitucional encabezada por Juan Carlos I, que garantizó la impunidad de todos los crímenes del franquismo y preservó su aparato político-represivo para asegurar la continuidad de los mismos privilegios económicos. Este operativo, tutelado por la llamada “oligarquía madrileña”, contó con el apoyo de las burguesías vasca y catalana y la complicidad fundamental del Partido Comunista de Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo.

En el ámbito judicial destaca en esa transición la Audiencia Nacional, un verdadero tribunal de excepción sin jurisdicción ni competencias claramente establecidas, que fue creado en 1977 con los mismos funcionarios y en el mismo edificio donde, hasta el día anterior, funcionaba el tristemente célebre Tribunal de Orden Público franquista. Utilizado en los '80 y '90 para la represión política contra el movimiento vasco, con el juez “kirchnerista” Baltasar Garzón como punta de lanza y Felipe [González] en el gobierno, cuando se cambiaron las leyes para tipificar como terrorista cualquier manifestación o declaración política de apoyo a la izquierda abertzale y el terrorismo de Estado del GAL [Grupos Antiterroristas de Liberación] secuestró, torturó y asesinó a cientos de personas. Más recientemente se dedica a perseguir al independentismo catalán y a los luchadores sociales en general.

La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, llamada “ley mordaza”, ha sido un salto cualitativo en esta deriva fascistoide de la Justicia española. Aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015, regimenta el derecho de manifestación, blinda la impunidad policial, le otorga discrecionalidad a la hora de sancionar el derecho a protesta y ha permitido el encausamiento y la condena de miles de activistas y luchadores sociales. Desde los afectados por los desahucios, pasando por los que luchan contra los recortes en sanidad y educación, hasta los militantes de los CDR [Comités de Defensa de la República] catalanes.

 

https://www.instagram.com/p/CLo2wD6AhnR/

 

Justamente en octubre de 2019 una ola de protestas e indignación, similar a la de estos días por la condena a Hasél, sacudió Catalunya. El Tribunal Supremo condenó a altas penas por sedición (entre 9 y 14 años de prisión) al gobierno de la Generalitat que organizó un referéndum de autodeterminación, que fue brutalmente reprimido. Además, los Jordis (los dos líderes de los movimientos civiles catalanes Jordi Cuixart y Jordi Sánchez) sufrieron condenas de 10 años por el solo hecho de subirse a un coche de la Guardia Civil para desconvocar una concentración.

El mensaje fue claro: el Estado español no piensa tolerar ningún movimiento que ponga en entredicho el statu quo dominante. El mismísimo rey Felipe VI pronunció un discurso el 3 de octubre de 2017 donde apoyó el uso de la fuerza contra el pueblo catalán.

A partir de la experiencia de este frustrado intento secesionista, un sector importante de la burguesía española empieza a ver con buenos ojos, y dar alas y publicidad mediática, al abiertamente fascista partido Vox, un partido surgido de dentro del propio Estado monárquico y con alta adhesión, tanto entre las fuerzas represivas como en el sistema judicial.

Pero, producto de la crisis política derivada del proceso independentista catalán, el gobierno de Rajoy cayó en 2018 con una moción de censura y de las elecciones convocadas salió el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias [PSOE y Podemos, respectivamente] que llegaron al poder con la etiqueta de gobierno “de izquierdas y progresista” y que prometió derogar la “ley mordaza” y emprender una reforma del Poder Judicial. Sin embargo, 15 meses después, las promesas no solo no fueron cumplidas sino que se siguen utilizando las mismas leyes y a la misma Justicia para criminalizar y someter al incipiente movimiento de la juventud que se organiza para hacer frente a la insostenible situación de miseria, precariedad y explotación a la que este régimen monárquico podrido (y salpicado por la corruptela y los desfalcos millonarios de Juan Carlos I) las está condenando.

Las movilizaciones en el Estado español y el hastío con el régimen político (prensaobrera.com)

24/02/2021 | 1616

Noticiero internacional

Estado español - Brasil - Guatemala - Myanmar - India

Estado español: la condena de un rapero desata movilizaciones masivas

El encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, quien fue condenado a nueve meses de prisión por injurias a la Corona y las instituciones del Estado, desató una ola de movilizaciones en todo el Estado español que ya llevan más de una semana. A su vez, el viernes 19, los estudiantes catalanes fueron al paro en reclamo de una amnistía. El gobierno de Pedro Sánchez ha condenado las movilizaciones, mientras que las fuerzas de seguridad las han reprimido duramente.

El caso de Hasél fue la gota que rebalsó el vaso. Se cuentan por decenas los artistas que han sido penalizados por delitos de opinión. Además, se encuentran vigentes leyes represivas como la de seguridad ciudadana, que cercena el derecho de manifestación. La movilización de la juventud expresa, al mismo tiempo, un rechazo a un régimen que la condena al desempleo y la precarización laboral.

Más información aquí.

Brasil: sigue la huelga docente en San Pablo

Los docentes de San Pablo -nucleados en el sindicato APEOESP- permanecen huelga. Desde el 11 de febrero, una asamblea resolvió dicha medida de fuerza contra el retorno a clases presenciales sin protocolos de salubridad e higiene y sin vacunaciones a la comunidad educativa. Actualmente, el reclamo toma impulso combinándose con las huelgas de municipales y residentes, también contra la pésima gestión pandémica del gobierno de Bolsonaro, quien además ahora debe enfrentar las denuncias por “vacunas de aire” entre los jubilados.

En San Pablo, los casos de coronavirus ascienden a 130.000. Sin embargo, el ministro de Educación, Rossieli Soares, asevera que las condiciones estarían dadas. Los padres y estudiantes demostraron su solidaridad con los docentes convirtiendo en TT el hashtag #RossieliMentiroso cada vez que el ministro brinda entrevistas. Los docentes proponen protocolos y vacunaciones; en el caso de continuar la virtualidad, que el Estado garantice las herramientas tecnológicas.

Indígenas exigen renuncia del presidente guatemalteco

El jueves 18, miles de indígenas y campesinos nucleados en el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) se movilizaron exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de María Consuelo Porras, fiscal general de la República. Los motivos, sobran. En primer lugar, denuncian su pésima gestión sanitaria durante la pandemia y la nula asistencia médica a estas comunidades. Luego, alertan sobre la creciente violencia que sufren: en las últimas semanas, dos niñas fueron desaparecidas y su madre, tras reclamar por su aparición, fue hallada muerta. Por último, denuncian también la red de corrupción que orbita al gobierno. En noviembre pasado, la presentación de un presupuesto 2021 de ajuste en educación y salud desató multitudinarias manifestaciones.

Myanmar: a pesar de la dura represión, grandes movilizaciones

Durante el fin de semana, los militares reprimieron una movilización en Mandalay y asesinaron a dos manifestantes. Esto fogoneó la bronca popular y el lunes 22 se desató una enorme huelga contra el golpe de Estado. La convocatoria fue denominada “Revolución 2222” por su fecha y en referencia a la “Revolución 8888”, una protesta del 8/8/88 contra el régimen militar salvajemente reprimida.

Las masas desafían todos los obstáculos que Min Aung Hlaing y Myint Swe intentan para disuadirlos. Desde el bloqueo de internet hasta las amenazas de muerte públicas por parte de los mismos militares. Las movilizaciones pacíficas se nuclearon en Rangún, la ciudad más poblada, Naipyidó y Mandalay. Se reclama por el fin del gobierno militar, la liberación de los ya más de 600 presos políticos y justicia efectiva por los tres manifestantes asesinados.

India: la rebelión campesina no cede

Alrededor de 130.000 campesinos indios se movilizaron el domingo en el estado norteño de Punjab, en lo que fue una nueva jornada de lucha contra las leyes privatizadoras y anticampesinas que buscan imponer el ultraderechista Narendra Modi. Acompañaron esta movida decenas de miles de mujeres y simpatizantes. Los organizadores de la jornada de lucha, entre ellos líderes sindicales agricultores, trazaron como norte movilizar campesinos y obreros agrícolas de todo el estado del norte a las protestas que tendrán lugar en las afueras de Nueva Delhi, el 28 de febrero.

Esta movilización ha sido precedida por un bloqueo de trenes desarrollado el 18 de febrero en diferentes partes de los estados de Punjab, Haryana, Uttar Pradesh y Maharastra, donde los campesinos cortaron las vías. La rebelión campesina es hoy uno de los epicentros de la lucha de clases mundial. Las leyes que pretende introducir Modi harían que el Estado deje de comprar la cosecha campesina a precio sostén y en su reemplazo ingresaría el capital privado, lo que significaría la ruina de millones de campesinos pobres.

 

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24/02/2021 | 1616
IMPUESTO AL SALARIO

El debate sobre el proyecto de modificación de Ganancias

La actualización por el índice Ripte no se toca, las escalas tampoco.

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y artífice del proyecto de actualización de ganancias por parte del oficialismo, recibió a los diputados “de extracción sindical” para discutir cambios en el proyecto.

De la delegación participaron Facundo Moyano, Hugo Yasky y Vanesa Siley, entre otros. Los cambios planteados, según La Nación (23/2), fueron: “eximir de Ganancias las horas extra; el plus por desarraigo; horas nocturnas; feriados y días no laborables trabajados; adicionales por productividad; adicionales por trabajos penosos, peligrosos o insalubres; indemnizaciones legales o convencionales; antigüedad y turnos rotativos”.

A su vez, Moyano habría planteado una doble deducción para hogares monoparentales, dado que "sería un gran gesto para las mujeres solas con hijos" (ídem).

Las excepciones planteadas por los diputados sindicales, todos ellos del Frente de Todos, dejan en evidencia hasta qué punto el impuesto a las “ganancias” es un auténtico impuesto al trabajo asalariado, dado que el gravamen alcanza la explotación de la fuerza de trabajo en todas sus formas. Las “excepciones” sugeridas son la confesión del carácter regresivo de la cuarta categoría.

La respuesta de Massa a estos planteos habría sido que "estamos dispuestos a escuchar y discutir todas las propuestas que mejoren el proyecto, pero en la medida en que esas mejoras puedan ser financiadas y no afecten las metas tributarias previstas para este año" -es decir, que la prioridad continúa siendo el ajuste fiscal por cuenta del FMI y de los acreedores.

Interés patronal

Pero, incluso las “sugerencias” por parte de los diputados de la burocracia sindical pueden entenderse como un pedido a cuenta de las patronales, esto si consideramos que ninguno de ellos convocó asambleas, plenarios de delegados o deliberación alguna en sus sindicatos para ir con un mandato a la reunión con Massa: hace pocos días se conoció que Toyota no pudo reunir el plantel de obreros para realizar horas extra ante la negativa de estos por ser alcanzados por el impuesto. Es decir, el alcance del gravamen es una preocupación de la burguesía, que ve un obstáculo para explotar la fuerza de trabajo.

El Ripte no se toca, las escalas tampoco

Entre las “sugerencias” de los diputados sindicales estuvo el planteo de la actualización por índice de precios al consumidor que difunde el Indec, y no por el Ripte. Este planteo se le atribuye a Moyano, no al conjunto de los diputados sindicales, y va en línea con lo declarado por la oposición de Cambiemos.

En este punto, la respuesta de Massa y del oficialismo es terminante: No. El Ripte le garantiza al fisco que la actualización será por debajo de la inflación, como ya ocurre con la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones y, por lo tanto, que continúe actuando como elemento disciplinador de las paritarias: cualquier paritaria que quiebre los techos, rápidamente será castigada por Ganancias.

 

 

Es lo que ocurriría hoy con el techo del 29%, cifra estimada de inflación que establece el Presupuesto 2021, con el que el gobierno busca cerrar el conjunto de las paritarias. Si algún sindicato, como ya ocurrió con el Sutna o aceiteros, logra quebrar el techo con un proceso de lucha y así acercarse al índice real de inflación (según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central), que este año alcanzará el 50%, será impactado de lleno por Ganancias.

En la reunión brillaron por su ausencia los planteos de modificar las escalas, mucho menos el de abolir el impuesto sobre los salarios. Por ello, Romina Del Plá, diputada  del sindicalismo clasista (con mandato cumplido), quien presentara el proyecto -que aún tiene estado parlamentario- de abolición del impuesto sobre los salarios, no fue ni siquiera invitada al meeting.

El impuesto al salario debe ser motivo de debate en todos los gremios. La defensa del salario es el principal problema macroeconómico del país.

https://loom.ly/Bp3HCao

 

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24/02/2021

24F, jornada internacional de lucha por los derechos de los trabajadores de las apps

Este miércoles 24, tiene lugar una acción de lucha internacional de la alianza Unidxs World Action por el reconocimiento laboral por parte de las empresas de plataformas. Es la fecha en que se abrirá una Consulta Pública de la Comisión Europea para avanzar en una directiva sobre la regularización de los trabajadores de las apps. A lo largo de los últimos años, se fue instalando entre los repartidores y choferes de aplicaciones el debate acerca de la necesidad de avanzar en el reconocimiento laboral, a claras vista del nivel extremo de precarización laboral que traen aparejadas las llamadas “economías de plataforma”.

Antes de que este tema haya alcanzado estado parlamentario continental –luego de hacerlo en varios países europeos- se sucedieron numerosas acciones de lucha de los trabajadores de aplicaciones contra las empresas como Glovo o Deliveroo. En países como España, Italia, Francia o Bélgica han conquistado precedentes judiciales muy importantes que reconocen la relación laboral. Unidxs World Action tiene en su haber la puesta en pie de un frente único que organizó ya cuatro paros en el globo.

Los grupos económicos que operan en el negocio de plataformas, siguiendo el espíritu de la Proposición 22 de Uber en California, vienen presionando muy fuerte para que las leyes no afecten en nada al esquema que les ha permitido pegar un salto en la explotación a toda una masa laboral que la crisis capitalista arrancó del sector formal. No quieren perder la posibilidad de seguir imponiendo una flexibilidad inusitada, con las consecuencias brutales del destajismo, las jornadas laborales sin límite, la falta de regímenes de licencias por enfermedad, maternidad o accidente. Anhelos de toda la burguesía en su máxima expresión.

Los mismos Estados que durante años dejaron progresar esta situación, y que fomentan la expansión de sus propias multinacionales a países donde no hay regulación, ahora se vuelcan a regular. Pero no resulta paradójico, los capitalistas ahora se meten de lleno en el debate y presentan sus propias propuestas y restricciones. Una variante es la de reconocer un sector de la planta bajo relación de dependencia y otro bajo la figura de autónomo. Desde ya, el criterio para hacer esta subdivisión resulta quimérico. La otra variante, inspirada en el modelo francés, es la de crear un “tercer estatuto” de características intermedias, es decir, institucionalizar el trabajo ultraprecario.

Luchemos de forma independiente del Estado

La UE, y todos los partidos y bloques representados en sus instituciones son la correa de transmisión de distintas fracciones de la burguesía imperialista. Los sectores pretendidamente más radicales, como The Left (Francia Insumisa, Podemos, Syriza, etc.), buscan colarse al interior del movimiento de lucha con un proyecto de directiva que se lamenta por las pérdidas de los “empresarios tradicionales”, que reconoce los contratos por empresa, y que en lo esencial deja en manos de los Estados y la patronal la aplicación de la regulación.

Por eso mismo es elemental desenvolver una agenda propia sin ilusiones en el parlamentarismo de la burguesía europea. La directiva sin duda nos plantea la necesidad de contraponer a toda tentativa de regulación a espaldas de los trabajadores, un programa de reivindicaciones discutido por las bases e impuesto a través de un plan de acción de alcance internacional. De conquistar el reconocimiento laboral ciertamente el movimiento obrero daría un duro golpe que permitiría comenzar a modificar la relación de fuerzas que actualmente cuidan las patronales.

ATR (Agrupación de Trabajadores de Reparto) concentrará en la sede de la Unión Europea en Argentina este 24 de febrero a las 12hs, acompañando las acciones que tendrán lugar en Europa y otros países.

 

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