18/05/2021

Duque se lanza a desalojar los bloqueos y se cae el verso del “diálogo”

¡Todo el apoyo a los piqueteros colombianos, carajo!

El lunes se desarrolló la segunda reunión entre el gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional de Paro (CNP), con la presencia de representantes de la Iglesia Católica y de la ONU. El día previo, en la primera reunión, el CNP le había presentado al gobierno un pliego de 19 puntos, centrados en el pedido de que cese la represión y garantías para que se pueda desenvolver la protesta social. El gobierno respondió sin ambigüedades al pedido del CNP. El domingo por la noche, en Yumbo, las fuerzas represivas asesinaron a dos manifestantes. El lunes, Duque emitió la orden de desalojar los bloqueos en todo el país, en particular los que se sostienen en el Valle del Cauca. Esta última noticia se conoció en el momento mismo en el que se desarrollaba la “mesa de diálogo” y el garante de la Conferencia Episcopal pedía un minuto de silencio por las víctimas. El escándalo le puso fin al diálogo. En la conferencia de prensa posterior, el CNP señalaba que “Duque la declara la guerra al Paro” y denunciaba que, al momento, la represión ya se había cobrado la vida de más de 50 manifestantes, 1.500 heridos y 500 desaparecidos.

Efectivamente, la orden de desalojo de los bloqueos vaticina una mayor escalada en la represión estatal. El gobierno, en concurso con los gobernadores y alcaldes, le dio instrucciones a las fuerzas represivas para que desplieguen su máxima capacidad operacional. La escalada está precedida por un fuerte lobby patronal, que reclama la inmediata liberación de las rutas para reactivar la cadena de distribución y comercialización. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, señaló en su cuenta de twitter que “el levantamiento inmediato de todos los bloqueos es necesario”. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, dijo “es necesario abrir algunas vías, así sea con la fuerza” (El Tiempo, 16/5). En Yumbo, la capital industrial del Valle del Cauca, los bloqueos también mantienen paralizadas a las grandes fábricas. Las patronales de la cementara Argos y la papelera Smurfit Kappa, dos de las compañías más grandes e importantes de Yumbo, se encuentran al frente del lobby que reclama la liberación de las rutas.

Quien también se sumó al operativo para levantar los bloqueos, aunque con un discurso de tinte ‘izquierdista’, fue Gustavo Petro, el dirigente de la fuerza centroizquierdista Pacto Histórico. Para Petro, hay que “abandonar la barricada para pasar a las movilizaciones de masas” (Cuarto de Hora, 16/5) porque, según él, esa sería la forma más efectiva de golpear al poder político. Sin embargo, en ese mismo artículo ratifica su rechazo a luchar por la caída de Duque ya que “si caen todos llegarán los militares, no habrá el cambio en Colombia como sueña Uribe. No habrá elecciones en el 2022” (Ídem).

Las declaraciones de Petro no son inocentes. Estuvieron precedidas por la reunión que mantuvo con la crema del empresariado judío de Colombia, donde se discutió de “política nacional e internacional” y se hizo presente el embajador de Israel (Infobae, 15/5), en momentos donde el Estado sionista se encuentra bombardeando al pueblo palestino. Es claro que Petro quiere ser un presidente del sistema y sabe que para eso debe dar señales de confianza a la clase capitalista y al imperialismo. Un senador de su palo político, Gustavo Bolivar, señaló que “esta no será la única reunión de Petro con empresarios. Ellos saben que su propuesta (…) los beneficia”.

Asistimos a una tentativa de estrangulamiento de la rebelión popular a dos bandas. La rebelión tiene en los bloqueos de carreteras un bastión fundamental. Pues mediante los piquetes, particularmente en el Valle del Cauca, la juventud, los trabajadores, los indígenas y campesinos, le están infligiendo un golpe concreto a la burguesía y al régimen. La defensa de los bloqueos pasa a ser ahora una cuestión fundamental y de primer orden, que de ningún modo se contrapone con la movilización de masas, como la que se prepara para este miércoles. El Comité Nacional de Paro, al igual que Petro, rechaza luchar por la caída del gobierno. Lo que se impone entonces es superarlo, avanzando en la realización de una asamblea o encuentro nacional popular, para impulsar la huelga general hasta que caiga Duque y erigirse en alternativa de poder.

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18/05/2021

Masiva huelga palestina contra la masacre sionista

El viernes 21, a las 18h, charla debate con Pablo Heller, por Zoom, Youtube y por Facebook Live

Este martes 18 se desarrolló una contundente huelga de la población árabe que vive en Israel y en los territorios palestinos. Fue en respuesta a los bombardeos masivos contra la Franja de Gaza (que ya dejaron más de 200 muertos), el desalojo de familias palestinas en los barrios de Jerusalén Este y el ataque de las bandas ultranacionalistas.

El llamado partió del Comité Arabe de Seguimiento, que nuclea a algunos de los partidos árabes-israelíes, y fue seguido también en Cisjordania, donde cerraron los comercios, los bancos, las escuelas, los edificios públicos y no funcionó el transporte.

Los medios especializados en el Medio Oriente informaron que las calles de Jerusalén Este estaban desiertas como fruto de la medida de fuerza, que paralizó también las obras en construcción de todo el territorio israelí, cuyos obreros son mayoritariamente de origen árabe. Además, los comerciantes palestinos cerraron sus comercios.

Los árabes-israelíes, un quinto de la población, viven en los barrios y en las ciudades más pobres y se encuentran sometidos a un régimen de apartheid por parte del sionismo. Algunos de los convocantes al paro señalaron que no se realizaba una medida de fuerza tan importante desde marzo de 1976, cuando la confiscación de tierras en Galilea desató la primera huelga en territorio israelí desde la ocupación.

La jornada contó con grandes movilizaciones en todo el territorio de la Palestina histórica, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad de Israel. Hay varios heridos por balas de plomo y al menos un fallecido. En Ramallah, observa un cronista, la multitud incluía docentes, bancarios, y médicos que coreaban cánticos por el retorno a sus territorios históricos, y en la que se "palpaba" también la bronca hacia la "comunidad internacional" y los estados árabes por no detener la masacre (Middle East Eye, 18/5).

El este de Jerusalén, paralizado. Foto: Middle East Eye.

Los ataques sionistas, mientras tanto, van creciendo en su ferocidad. El lunes, uno de los bombardeos dañó y obligó al cierre del laboratorio de pruebas contra el Covid-19 en territorio gazatí. Cabe señalar que se están produciendo grandes aglomeraciones en centros de refugio, sin elementos de protección, en un territorio donde solo está vacunada el 2% de la población. Esto puede provocar un desmadre de la pandemia, que se suma a las dificultades para acceder a los hospitales en medio del fuego sionista. Las autoridades de la Franja de Gaza denuncian, asimismo, que Israel intenta obstruir el ingreso de organizaciones de ayuda humanitaria.

Mientras tanto, la única central eléctrica de Gaza ya casi no cuenta con combustible, lo que obliga a un racionamiento extremo. El territorio queda sin luz entre ocho y doce horas al día.

En las últimas horas, trascendió un pedido de cese al fuego por parte de la Unión Europea, que llega una semana después del comienzo de los ataques y que ratifica el derecho de Israel a defenderse, o sea que da piedra libre a la continuidad de la masacre. También Joe Biden le habría solicitado telefónicamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que avance en un cese de hostilidades. Pero no lo ha hecho públicamente. Y además, avala la agresión sionista con los mismos argumentos que sus pares europeos.

Frente a la masacre del sionismo, que actúa con el respaldo del imperialismo yanqui y europeo, es necesario redoblar la movilización. Decenas de miles se han movilizado ya en el viejo continente y en el Medio Oriente. En Argentina, debemos seguir ese camino.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-frente-de-izquierda-unidad-repudio-los-bombardeos-contra-la-franja-de-gaza/

 

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18/05/2021

La mesa de la Coordinadora Sindical Clasista se pronuncia por una segunda conferencia latinoamericana

Willy Monea Ojo Obrero Fotografía

A mediados de abril, se realizó un plenario nacional de la Coordinadora Sindical Clasista que, entre otras importantes resoluciones, se pronunció por la necesidad de convocar a una Conferencia Latinoamericana de la izquierda y el movimiento obrero combativo. El siguiente pronunciamiento está firmado por sus dirigentes.

Los abajo firmantes, compañeras y compañeros que integramos la mesa nacional de la Coordinadora Sindical Clasista, apoyamos abiertamente los levantamientos populares y las huelgas y movilizaciones obreras que crecientemente se van desarrollando en Latinoamérica contra la descarga de la crisis capitalista sobre los trabajadores y contra la ineptitud, negligencia, corrupción y afán de superexplotación (aún a costo de la vida de los explotados), que llevan adelante los gobiernos y las clases dominantes. Son los trabajadores sanitarios los que están en la primera línea de lucha contra el Covid (Perú, Bolivia, etc.) enfrentando el colapso de la salud pública, defendiendo los protocolos de seguridad biológica y peleando contra la miseria que se acrecienta sobre el pueblo trabajador. Es el pueblo de Paraguay el que salió a las calles reclamando “que se vayan todos”, el gobierno y los políticos burgueses, responsables del desastre sanitario.

Denunciamos que esta catástrofe humanitaria es responsabilidad directa de todos los gobiernos, tanto de los derechistas y “neoliberales” como de los llamados “nacionales y populares”, que mantienen a los países latinoamericanos sometidos a los preceptos del imperialismo y que han colocado los recursos de los Estados al servicio del rescate del capital, en detrimento de la salud y las condiciones de vida de las masas trabajadoras.

Hay grandes huelgas, como la de los 400 mil trabajadores agrícolas del Perú contra la ley negrera que habilitaba su superexplotación; o contra la violación de conquistas obreras, los despidos y privatizaciones-entrega de empresas públicas en Brasil (huelga de Correos, de municipales de Santa Catarina, etc.). Estas luchas se imponen por encima de las burocracias sindicales enfeudadas a los gobiernos o a partidos burgueses. Frente a este ataque general a las condiciones de vida de las masas trabajadoras y ante el creciente desarrollo de las luchas obreras y populares, es fundamental avanzar en la coordinación a nivel continental de estos luchadores. Debemos dar el paso de crear un polo de independencia de clase. Por ello nos pronunciamos por la importancia de convocar a la realización de una Conferencia Latinoamericana de la Izquierda y los sectores combativos del movimiento obrero.

Romina Del Plá, Sec. Gral. Suteba Matanza; Alejandro Crespo, Sec. Gral. Sutna; Ileana Celotto, Sec. Gral. AGD-UBA; Miguel Bravetti, Naranja Gráfica; Daniel Sierra, Congresal Suteba-Tribuna Docente; Christian Paletti, Ejecutivo por minoría AGTSyP; Pablo Eibuszyc, Delegado Foetra y congresal Fatel; Federico Navarro, Delegado UOM Aluar; Miguel Díaz, Delegado UOM Siderca; Luciano Cáceres, Sec Hacienda Amsafe Rosario; Miguel Del Plá, Sec. Gral. CTA Sta Cruz; Daniel Rapanelli, Sec. Gral. Suteba Ensenada; Raquel Blas, Sec. Gral. CTA Mendoza; Antonio Roselló, Sec. Organización Conadu Histórica; José Meniño, Sec. Ejecutivo Sutna San Fernando; Alejandro Roqueiro, Delegado departamental UEPC Córdoba; Patricia Jure, Vocal por minoría ATEN Capital; Gabriela Meglio, SecAdjAmsafe Rosario; Gabriela de la Rosa, Mesa Nacional Polo Obrero; Julio Cortés, Actuemos; Luis Mauregui, Músicos Organizados; Nora Biaggio, Plenario de Trabajadores Jubilados; Alfonso de Villalobos, CD entrante Sipreba; Juan Diez, delegado gral Sociales Apuba; Amanda Martín, Sec gremial Ademys; Daniel Luna, ATE INTI; Churi Uro, delegada gral ATE Educación; Jorge Hospital, lista gris Agrupación Mariano Ferreyra, Unión Ferroviaria; Facundo Miño, Secretario Gremial CI Penal, congresal UEJN; Lucas Vicenzi, CI Banco Supervielle, La Bancaria; Rocío Rodríguez, Asamblea de Residentes CABA; Alejandro Lipcovich, delegado ATE Garrahan; Sebastián Rodríguez, CI Morvillo Gráficos; María del Carmen Díaz, Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares; Juan Escolar, Vocal-Comisión directiva del Seamara y delegado Portuarios; María Demattei, delegada AOT Textilana; Eduardo Belliboni, Mesa Nacional Polo Obrero; Néstor Pitrola, dirigente Naranja Gráfica y Coordinadora Sindical Clasista.

https://prensaobrera.com/internacionales/pronunciamientos-obreros-por-una-segunda-conferencia-latinoamericana/

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18/05/2021

Pronunciamientos obreros por una segunda conferencia latinoamericana

Referentes sindicales argentinos apoyan la iniciativa.

Referentes del movimiento obrero argentino han empezado a pronunciarse en apoyo a la realización de una segunda conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos. La primera de ellas, impulsada por el Frente de Izquierda – Unidad en 2020, contó con la presencia de decenas de organizaciones de quince países del continente.

Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), señala que “la rebelión en Colombia retoma el alza de los pueblos en América Latina que se iniciara en Chile en 2019. Para todos aquellos que estamos luchando contra el ajuste de los gobiernos, entendemos fundamental la realización de una segunda conferencia de América Latina”.

Patricio Grande, secretario adjunto de Adunlu (sindicato docente de la Universidad de Luján), sostiene que esta conferencia sería “una instancia fundamental para posibilitar el reagrupamiento político de aquellos partidos y organizaciones que se proclaman como revolucionarias y con independencia de clase. También sería una instancia fundamental para profundizar las luchas contra todas las políticas de ajuste del FMI y de los gobiernos de la región”.

Cabe señalar que la mesa nacional de la Coordinadora Sindical Clasista ha emitido un pronunciamiento con la firma de sus referentes, en apoyo a la iniciativa. El planteo de una nueva conferencia ha recibido también distintas adhesiones a nivel internacional.

También expresaron su apoyo a la conferencia Miguel Díaz (delegado metalúrgico) y Federico Navarro (delegado de la fábrica Aluar).

https://prensaobrera.com/internacionales/pronunciamiento-por-una-segunda-conferencia-latinoamericana-y-de-los-ee-uu/

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17/05/2021

El Frente de Izquierda - Unidad repudió los bombardeos contra la Franja de Gaza

Acto en las inmediaciones de la Embajada de Israel.

Palestina Libre frente de izquierda acto embajada israel

Foto: Andrés Ojo

En las inmediaciones de la Embajada de Israel en Buenos Aires, ubicada en el centro porteño, el Frente de Izquierda – Unidad realizó este lunes un acto en repudio a los bombardeos contra la Franja de Gaza, que ya han dejado más de 200 muertos. Como parte de la ofensiva, el sábado fue atacado el edificio que albergaba las oficinas de la agencia Associated Press y la cadena Al Jazeera. El sionismo busca ocultar la masacre.

Las consignas fueron “abajo la política de colonización y limpieza étnica del sionismo”, “libertad a los presos palestinos”, “que el gobierno argentino rompa relaciones con Israel”, “por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el retorno incondicional a su territorio histórico”. Se recibió la adhesión de otras organizaciones, como el Encuentro Militante “Cachito” Fukman y Opinión Socialista.

Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero, planteó iniciar una vasta campaña popular contra la agresión de Israel, hasta alcanzar el nivel de las movilizaciones de solidaridad que se están dando en Europa.

Denunció que el primer viaje de Alberto Fernández fue a Israel, a reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu. “¿Qué significa eso? Que le dice a la militancia kirchnerista y a la militancia de las comunidades vinculadas a Palestina que siguen al kirchnerismo que no tienen que movilizarse porque él es un aliado de Netanyahu. Ese es el mensaje estratégico que dio”.

En cambio, dijo, el mensaje del FIT-U es diferente: “nosotros vamos a ganar cuando Palestina se levante en una tercera intifada y derrote al sionismo y permita unir a toda Palestina en un Estado único, democrático, laico y socialista”. Frente a quienes esgrimen una “teoría de los dos demonios” en el conflicto, enfatizó que “nunca vamos a poner en la misma bolsa la violencia de los explotadores e imperialistas y la violencia de los pueblos que se levantan contra el colonialismo”.

Destacó que la lucha del pueblo palestino pone en cuestión al imperialismo y a las burguesías árabes que son cómplices del sionismo, vía normalización de las relaciones diplomáticas o del cerco de la Franja de Gaza, en el caso de Egipto.

Rebatió las objeciones de “antisemitismo” lanzadas por la propaganda sionista contra quienes defienden al pueblo palestino. “Como socialistas, nadie nos puede decir eso. El nazismo y el antisemitismo es un producto directo del capitalismo, y solo vamos a derrotarlos cuando terminemos con el capitalismo en el mundo”. Llamó al pueblo judío  y argentino a “no dejarse chantajear por el sionismo, unifiquémonos en una lucha común para derrotar esta masacre y que no sea en nombre del pueblo judío que se quiera hacer la masacre del pueblo palestino”.

Celeste Fierro, del MST, señaló que “todos aquellos que se reivindican defensores de los derechos humanos hoy deben repudiar enérgicamente estos ataques y levantar bien alto la causa palestina”. Cuestionó también los planteos que buscan equiparar a los bandos en conflicto y subrayó el desplazamiento de la población palestina de sus tierras. “Acá hay un solo 'demonio', el Estado genocida de Israel”, dijo.

“¡Estado sionista, vos sos el terrorista!”, retrucó, en el mismo sentido, Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista-Frente de Izquierda Unidad, quien denunció también que el ataque es apoyado por el imperialismo norteamericano y la Unión Europea.

“Hace pocos días Estados Unidos aprobó la venta de armas de precisión a Israel. Son esas mismas armas las que hoy están matando a los palestinos y a los niños en Gaza”, abundó Nicolás del Caño, del PTS. Y recordó que la actual situación fue desencadena por un fallo de la Corte Suprema que habilitaba el desalojo de familias palestinas en los barrios de Jerusalén Este.

Para el martes 18, se esperaba una huelga general en Israel y en los territorios palestinos, convocada por organizaciones que apoyan la causa palestina. La lucha sigue.

https://fb.watch/5yB3yJI6s9/

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17/05/2021

Reino Unido: un “muro humano” impide la detención de migrantes

En Glasgow, Escocia.

Al grito de “son nuestros vecinos. Dejadlos ir”, cientos de personas formaron un muro humano y evitaron así la detención de dos migrantes de origen indio, en la ciudad escocesa de Glasgow. Fue el jueves 13, durante un operativo del Servicio de Inmigración, que reporta al Ministerio del Interior, y que fue acompañado por la Policía regional. Los migrantes fueron subidos a una camioneta durante la mañana, pero la multitud la rodeó durante horas, hasta que cerca de la noche aquellos fueron liberados.

Las personas que el gobierno quiso detener llevan diez años en el Reino Unido, pero no han recibido un permiso de residencia. Como parte de la acción del jueves, flamearon banderas palestinas, en rechazo a los bombardeos contra la Franja de Gaza.

Esta gran acción de solidaridad es un golpe a la política racista y expulsiva del gobierno conservador de Boris Johnson, que viene imponiendo un aumento de las redadas y quiere reforzar la legislación contra los viajantes. A fines de marzo, la ministra del interior Priti Patel presentó un proyecto para rechazar las solicitudes de asilo de los migrantes ilegales, a la vez que complica las de aquellos que pasan previamente por un “país seguro”.

Simultáneamente, el gobierno profundiza el despliegue represivo en el Canal de la Mancha, para frenar los arribos desde Calais y Dunkerque, en la costa francesa. Argumenta que se propone combatir a las redes de traficantes, pero estas no hacen más que desarrollarse, dado que se refuerza su monopolio (los viajes individuales se hacen más difíciles) y se enriquecen con el aumento del costo de los traslados. “Cuando aumentan los controles de seguridad, los traficantes se vuelven más hábiles y poderosos... Algunos incluso trabajan con la policía. Si tienes a la policía de tu lado, siempre te saldrás con la tuya”, testimonió un integrante de estas redes al diario británico The Guardian (El Diario, 13/5).

Los migrantes que habitan en centros de refugio son tratados en forma infrahumana a ambos lados de la frontera. En el campamento de Penally, Gales, viven hacinados y en habitaciones gélidas, además de padecer la hostilidad de los guardias de seguridad (Socialist Worker, 13/2). Del otro lado, en Calais, según el testimonio de uno de sus moradores, “todas las mañanas, la policía te despierta a patadas, te raja la tienda con un cuchillo y te dice que te muevas. ¿Dónde debería ir? Ni siquiera me dejan dormir en una tienda de campaña” (El Diario, ídem).

El Reino Unido reclama que los viajantes pidan asilo en el primer país del continente al que arriben, y hasta se propone instalar máquinas creadoras de olas, para devolver las barcas hacia Francia. Se repite una vieja película, en que los Estados europeos se tiran entre sí la pelota por la crisis de refugiados, de la que ellos mismos son responsables. Recordemos que la mayoría de los migrantes proceden de países africanos y asiáticos desolados por la guerra imperialista.

La primera ministro de Escocia, Nicola Sturgeon, del Partido Nacional (que volvió a ganar las recientes elecciones regionales y reclama un referéndum independentista), criticó el reciente intento de detención y la política migratoria de Johnson. Pero se trata de una gran hipocresía, porque la policía escocesa acompañó el operativo y porque ella es una defensora a ultranza de la Unión Europea, donde también se erigen vallados y se imponen trabas de todo tipo a los refugiados.

A la política de los gobiernos europeos, le oponemos el reclamo del derecho incondicional al asilo para los migrantes. Por la unión de estos y los trabajadores nativos, en una lucha común contra el capital. Abajo la guerra imperialista.

https://prensaobrera.com/internacionales/reino-unido-miles-se-movilizan-contra-la-nueva-ley-de-seguridad/

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17/05/2021

“Colombia comienza a entroncar con el ascenso general”

Reportaje a Juan de la Cruz Sánchez Ramírez, docente universitario y dirigente sindical colombiano.

Juan de la Cruz Sánchez Ramírez es docente universitario en la Universidad Nacional de Colombia y directivo de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, el sindicato que nuclea a la mayor cantidad de miembros de la rama en su país. Con una extensa trayectoria de activismo revolucionario, milita actualmente en la organización GTS (Grupo de Trabajadores Socialistas).

Desde Colombia, aporta su visión sobre la extendida rebelión contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, además del trasfondo político y social de las movilizaciones, detallando los antecedentes en acciones de periodos anteriores, pero también de décadas de tensiones sociales irresueltas.

Al referirse a la ciudad de Cali y a la región del Cauca, uno de los focos de la rebelión, Juan Sánchez Ramírez puntualizó que se trata de una zona con múltiples conflictos latentes, incluyendo la presencia de grupos armados, el peso de las comunidades indígenas (mayormente organizadas en el CRIC) y la influencia de la burguesía narcotraficante. El conflicto forzó la visita del presidente Iván Duque a la localidad y el anuncio de medidas provisionales en el ámbito educativo para intentar desmontar la rebelión, que tiene a la juventud precarizada como uno de sus principales protagonistas. Pero, al mismo tiempo que el gobierno se prestaba al “diálogo”, continuaba la represión.

Al abordar la situación sindical, atravesada por la escasa agremiación del movimiento obrero colombiano, también aportó precisiones. La central mayoritaria -la CUT-, conformó desde hace algunos años el Comando Nacional Unitario, una instancia de coordinación junto a otros sectores sociales. Durante el último periodo, este conglomerado fue renombrado como Comité Nacional de Paro. Se trata de un bloque de referencia para el activismo, pero dominado por la burocracia sindical, con baja capacidad propia de movilización y desprestigiado frente a la mayoría de la población. Pero, mientras que la burocracia realiza regularmente “paros” para descomprimir, diversas instancias de autoconvocatoria vienen surgiendo desde fines de 2019, al compás de las luchas en toda América Latina, que rebalsan las mallas de sus direcciones tradicionales.

Esta efervescencia popular, con mayor vigor, irrumpió nuevamente con el inicio de la rebelión actual, en contraposición con la burocracia y el gobierno. Surge, de esto, la importancia de un planteo político que concite la atención de este movimiento y permita forjar una nueva dirección. Es necesario impulsar el proceso asambleario y un gran encuentro nacional de organizaciones de base, que refleje en su comando a los nuevos sectores combativos y populares que salen a la lucha, y que favorezca la irrupción de la clase obrera. Este proceso, ya insinuado en 2019, muestra un terreno posible para la acción de la izquierda revolucionaria.

Con respecto a Gustavo Petro, el referente de la oposición de centroizquierda al gobierno, caracterizó que su eje no está colocado en impulsar la rebelión y sus reclamos, sino en una línea de salvataje del gobierno de Duque. Así, Petro plantea la supuesta influencia negativa del mentor político de Duque, el ex presidente Álvaro Uribe, y lo convoca a renegar de él. Sin embargo, es evidente que no hay tal diferenciación. La política actual del gobierno colombiano no es más que la aplicación concienzuda de la doctrina uribista.

Juan señaló también que, en referencia a los procesos continentales de las últimas décadas, parecía que Colombia siempre iba en “contravía”: cuando las insurrecciones bullían por toda América, el país atravesó dos mandatos presidenciales de Uribe, recordado por sus políticas represivas y su alianza nodal con Estados Unidos. Pero, “por fin, Colombia comienza a entroncar con el ascenso general”.

Desde Argentina, entonces, hacemos un llamamiento para que todos los trabajadores y los sectores populares del continente sigan, ahora, el ejemplo de la rebelión colombiana.

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17/05/2021

La invasión, el sionismo y la cuestión palestina

Instagram Live con Gabriel Solano. Hoy desde las 21hs.

Este lunes desde las 21hs, la Unión de Juventudes por el Socialismo hará un Instagram Live sobre la agresión sionista contra la Franja de Gaza y la cuestión palestina. Tendrá como orador a Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero.

Hasta el momento, los bombardeos del Estado de Israel han dejado casi 200 muertos, incluyendo 58 niños. A la vez, hay miles de soldados desplegados en la frontera con el enclave costero, lo que plantea la posibilidad de una invasión terrestre (la última incursión de este tipo fue en 2014, en el marco de la operación "Margen Protector", que dejó 2300 muertos).

La nueva escalada de agresiones se produce en el marco de grandes movilizaciones del pueblo palestino, que ha respondido de este modo al intento de desalojo de familias en los barrios de Jerusalén Este, en un nuevo capítulo de la colonización sionista.

Como parte de las manifestaciones internacionales de repudio, el Frente de Izquierda - Unidad desarrollará esta tarde una concentración frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires.

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16/05/2021

La gira fondomonetarista de Alberto Fernández

Panorama político de la semana.

Con su gira europea de esta semana, Alberto Fernández trató de hacer buena letra frente a los jefes políticos del viejo continente y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Giorgieva, en procura de una renegociación de la deuda con el organismo financiero y de la postergación de un vencimiento por 2400 millones de dólares con el Club de París.

En Portugal, primera parada del viaje, el presidente argentino elogió el modelo luso frente a la crisis de comienzos de la década pasada, pese a que se basó en una inicial reducción de los salarios y en una reforma laboral que precarizó las condiciones de trabajo y abarató las indemnizaciones, o sea, que descargó esa crisis sobre las masas. Es importante tenerlo presente, sobre todo porque un eventual acuerdo de Fernández-Guzmán con el Fondo tendrá como contrapartida, necesariamente, una ruta de profundización del ajuste.

Con el primer ministro Antonio Costa, Fernández coincidió en reclamar que se eliminen -teniendo en cuenta la excepcionalidad de la pandemia- las “sobretasas” que cobra el FMI por los préstamos que superan la cuota de cada país con el organismo (es el caso del empréstito contraído por Macri). Fernández pide, además, que los países que no lo necesiten transfieran a los más golpeados los Derechos Especiales de Giro que le correspondan por la emisión que hará el Fondo. A esto ha quedado reducido el progresismo del gobierno argentino, que mientras tanto se compromete a cancelar la hipoteca que dejó Macri y que para la tribuna había dicho que iba a investigar.

En Francia, Fernández recolectó el apoyo de Emmanuel Macron para lograr una prórroga del vencimiento de fin de mes con el Club de París, por 2400 millones de dólares. Según La Nación (15/5), esta postergación estaría asegurada hasta que el gobierno logre alcanzar un acuerdo con el FMI. El préstamo con el Club de París es otro caso de entrega de los “nacionales y populares” al capital financiero. La renegociación de Axel Kicillof, cuando era ministro de economía, dispuso el pago de 9.700 millones de dólares frente a un monto original de 6.300 millones, como recuerda Iván Hirsch en un artículo para Prensa Obrera; convalidó tasas usurarias, lo que de paso muestra que el gobierno ni siquiera es consecuente en su crítica de las “sobretasas”.

Fernández se entrevistó también con Giorgieva. El gobierno hace un balance positivo del encuentro, pero se conocen pocos resultados concretos del mismo, más allá de algunas versiones sobre un posible alivio en las “sobretasas”, según La Nación (ídem). La gira europea incluyó también reuniones con el presidente español, Pedro Sánchez; con el primer ministro italiano, Mario Draghi; y con el papa Francisco.

La disposición a un acuerdo con el FMI engloba a todas las alas del gobierno. Cristina Kirchner se ha limitado a plantear una mejora en los plazos e intereses. Por eso, también, las disputas al interior de la coalición oficial no son disputas de fondo, como señala el editorial de Santi Nuñez publicado el jueves. Vale mencionar el caso de las tarifas, donde ninguna de las alas del gobierno pone en cuestión las grandes ganancias obtenidas por los pulpos energéticos y todas convalidan el planteo de una suba de las facturas, difiriendo nada más que en su ritmo y profundidad, esto debido al temor de un impacto electoral de los aumentos.

A las distintas facciones del gobierno las une también su preocupación por las luchas obreras que se van abriendo paso. Como los choferes, en defensa del salario y por la vacunación; o los autoconvocados del citrus de Tucumán, o la triunfante huelga de la salud en Neuquén. A esto se suma el desarrollo del movimiento piquetero independiente del gobierno, con un planteo frente al crecimiento del hambre y la pobreza.

Mientras Fernández visitaba a sus pares europeos, Israel lanzaba una nueva campaña de bombardeos y ataques sobre la Franja de Gaza, que al día sábado 14 ya habían dejado más de 140 muertos. El gobierno argentino emitió un comunicado rechazando el “uso desproporcionado” de la fuerza por parte de Israel, con lo cual condena los “excesos” pero no los ataques mismos. A la vez, omite toda referencia a la raíz del conflicto, que es la política de anexión del Estado sionista. En definitiva, se trata de una declaración encubridora, para no romper puentes ni con Israel ni con sus aliados (la Unión Europea y Estados Unidos). El Frente de Izquierda – Unidad, que repudia la masacre en curso, se sumará a la ola de movilizaciones globales con un acto frente a la embajada de Israel este lunes por la tarde.

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15/05/2021

La rebelión colombiana “se cuela” en el fútbol

Manifestaciones y represión en las inmediaciones de los estadios. Los casos de River y América de Cali.

En medio de la rebelión popular contra el gobierno de Iván Duque, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) resolvió que las fechas de Copa Libertadores se realicen como si nada pasara. Sin embargo, los primeros tres partidos debieron ser interrumpidos varias veces por el ingreso de los gases lacrimógenos de la represión a los campos de juego. Por su parte, en un aval al gobierno de Iván Duque, la Conmebol ratificó a Colombia como una de las sedes de la Copa América pautada para junio (junto a Argentina).

Que siga, que siga

El plantel de River Plate tuvo demoras para llegar al estadio de Barranquilla. El partido contra Junior tuvo que frenarse a los veintidós minutos del primer tiempo, ante los gases lacrimógenos que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) arrojaba contra los manifestantes.

Situaciones similares se dieron en el encuentro entre Atlético Nacional de Medellín y Nacional de Montevideo. Los charrúas llegaron al hotel y se encontraron centenares de pancartas con la consigna “Sin justicia, no hay fútbol”. El DT Alejandro Cappuccio solicitó la suspensión del partido, pero la Conmebol lo amenazó con sanciones, como dar partido por perdido o quedar excluido de la próxima Libertadores (El Observador, 14/5). Hacia el inicio, el capitán Gonzalo Bergessio increpó al árbitro, que le pedía olvidar lo ocurrido afuera y concentrarse en el partido.

En las horas previas al partido América de Cali-Atlético Mineiro, la Federación Colombiana anunció el cambio de estadio, de Cali -ciudad protagonista de protestas- hacia Barranquilla. Una maniobra para despistar la convocatoria de manifestantes que no resultó exitosa. El árbitro debió interrumpirlo ¡ocho veces! por los estruendos y gases lacrimógenos que ocurrían fuera e impactaban en el partido. "Es lamentable que la Conmebol programe partidos en medio de la complicada situación que se encara en Colombia", denunció el mediocampista colombiano Luis Paz.

Finalmente, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales denunció que, en medio de esta situación política y social, no deberían realizarse partidos.

¿Y la Copa América?

El pasado miércoles 12, la Conmebol se reunió con la AFA y la FCF para confirmar que, en un mes, comience sí o sí la Copa América. Las autoridades confían en que podrá celebrarse con “normalidad”, a pesar del contexto social y sanitario que atraviesan ambos países. El “Chipi” Tapia, mandamás de la AFA, aseguró que la Argentina “no se baja de la organización” (La Nación, 14/5), ni por el promedio diario de más de 20.000 contagios, ni por las protestas colombianas. Coincide Ramón Jesurún, presidente de la FCF.

La postergación o nueva organización no le conviene a ninguna de las autoridades futbolísticas y los gobiernos de turno. Pese a ser consciente de que el boicot masivo a los partidos es una posibilidad muy latente, Jesurún no quiere resignar a Colombia como sede, ya que resultaría un enorme golpe de la rebelión popular al gobierno de Iván Duque.

En estas condiciones, el gobierno colombiano buscará un reforzamiento militar en las calles, estadios y aeropuertos aún mayor al actual; ve la realización de los partidos de la Libertadores y de la Copa América como una cuestión de autoridad política y como una cortina de humo para los medios internacionales. Sin embargo, a juzgar por lo ocurrido en los estadios, no le será fácil desviar la atención del levantamiento popular.

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15/05/2021

Despedimos a un luchador, Federico Decoppet

Durante la lucha de AGR-Clarín, 2017.

Esta madrugada, falleció Federico, con quien compartí una década de militancia revolucionaria. Un infarto puso fin a su vida, signada por la militancia socialista, que lo llevó a protagonizar las luchas más importantes del distrito de Vicente López. Un hito de su trayectoria política fue su intervención y participación en el proceso de organización y lucha contra la construcción del vial costero. Un enorme movimiento popular y vecinal, que enfrentó los planes de privatización de la costa y la especulación inmobiliaria impulsada por el entonces intendente “Japonés” García.

Jugó un papel central en la construcción de las asambleas verdaderamente populares y de las movilizaciones a la Quinta de Olivos, convirtiéndose en dirigente de esa lucha y colocó al Partido Obrero, luego al FIT, como la referencia en la batalla por un plan de urbanización del distrito al servicio de los trabajadores, que contemple la defensa de la costa como espacio público. Denunciaba a cada paso que Vicente López se había convertido en un distrito expulsivo, donde los hijos de los trabajadores no podían seguir viviendo, por el aumento del costo de vida, del m2 de tierra, de los alquileres, de la vivienda en general.

Estas enormes batallas políticas le hicieron pagar un costo al gobierno municipal, que reprimió salvajemente las movilizaciones contra el vial costero, o contra la construcción de las megatorres. Represiones en las que Federico fue encarcelado en dos oportunidades y, en ambas, la movilización popular a las puertas de la comisaría logró su liberación y que las causas penales en su contra fueran levantadas. Nunca se detuvo; unos años después se puso a la cabeza de la lucha de los inundados enfrentando a las patotas enviadas por el intendente para chocar con las movilizaciones a las puertas del municipio.

En el terreno sindical impulsó la organización de una lista clasista para recuperar la CTA de Vicente López de la burocracia sindical para ponerla al servicio de los trabajadores. Colaboró con la docencia combativa del distrito y comenzó un proceso de organización de los trabajadores auxiliares por sus reivindicaciones. Un luchador todo terreno.

Compartimos diez años de militancia en todos estos procesos. No cesó su actividad política ni siquiera cuando tuvo que ser trasplantado. Internado discutía con las enfermeras la necesidad de luchar por las seis horas de trabajo y el pase a planta.

Desde luego, nos alejó en la última etapa su ruptura con el Partido Obrero junto al grupo de Altamira para construir otra organización con otras posiciones políticas.

Mi reconocimiento obrero y socialista a su trayectoria política. Un abrazo fraternal a toda su familia, a sus compañeros y amigos.

¡Hasta el socialismo siempre, Federico!

https://prensaobrera.com/partido/hasta-la-victoria-siempre-oscar/

15/05/2021

Chile, en vísperas de la Convención Constituyente

“Megaelecciones” en el país trasandino.

El 15 y 16 de mayo Chile enfrenta las denominadas “megaelecciones” ya que se elegirán en simultáneo gobernadores regionales, alcaldes, concejales y lxs 155 convencionales constituyentes encargadxs de redactar la nueva Constitución. Los comicios tienen lugar luego de semanas donde el creciente descontento popular se manifestó en cacerolazos y barricadas, producto de la catástrofe sanitaria y social que sufren las mayorías. Esto generó una crisis política que puso en alerta a los partidos del régimen, que vieron peligrar el esquema electoral armado en función de desviar institucionalmente la rebelión popular desatada el 18 de octubre del 2019. Que el presidente Sebastián Piñera finalice su mandato es central en este esquema y por ello las maniobras desde la “oposición” para sostenerlo no se hicieron esperar.

En este contexto, la huelga general sanitaria del 30 convocada por la burocracia de la CUT solo buscó descomprimir. Prueba de ello no solo es la nula preparación de la misma, sino el “pacto de gobernabilidad” del que participó su titular Bárbara Figueroa (PC), junto a la nueva vocera de la oposición parlamentaria Yazna Provoste, con el presidente Piñera. El pacto significó el compromiso del gobierno de impulsar algunas reformas tributarias y ayudas sociales con alcance universal con el objetivo de evitar un “cuarto retiro” de los fondos de pensión. Que lxs legisladores del PC se bajen de la discusión de estos “mínimos comunes” no cambia su complicidad en la continuidad del gobierno, los servicios a este fin ya fueron suficientemente prestados. A esta altura ya todos tenemos en claro cómo juega el PC: posa de combativo con paros aislados y declaraciones altisonantes de sus referentes, pero pone a jugar todas sus fichas apostando a canalizar electoralmente la irritación de la clase obrera.

Así la huelga, lejos de tratarse de una medida que buscaba abrir una perspectiva de lucha por las demandas urgentes de las y los trabajadores, fue convocada con el objetivo de clausurarla.

La Convención

Lo cierto es que entre el calendario electoral, en que se encuentra inserto el proceso constituyente, y las necesidades acuciantes de las familias trabajadoras hay un abismo, y ello es lo que queda en evidencia con el bajo “entusiasmo” que despiertan las elecciones del próximo fin de semana. El domingo se constatará finalmente si el grado de participación que suscitó el plebiscito del 25 de noviembre pasado se mantiene. En todo caso, las recientes movilizaciones son una muestra de que las expectativas de las masas en la reforma de la Constitución han entrado en crisis. En el caso de los partidos “de los 30 años” lo que está en juego no es solo el copamiento de la convención, para lo cual ya se aseguraron el mecanismo de distribución de los escaños a la medida de sus estructuras, sino las elecciones presidenciales. Con los resultados del domingo sobre la mesa comenzarán horas de frenéticas negociaciones de cara a las primarias presidenciales, para dirimir los candidatos que se presentarán en noviembre.

Mientras tanto, la crisis económica se agudiza y el respiro que significó el tercer retiro de los fondos de pensión pronto quedará atrás. Los “mínimos comunes” del acuerdo entre el oficialismo y la oposición por ahora son meras declaraciones y no van a significar una solución real para las mayorías empobrecidas. Por otro lado, las políticas represivas del gobierno siguen intactas, con lo cual queda en claro que oficialismo y oposición cierran filas también a la hora de reprimir y criminalizar la protesta social.

Con Piñera en el poder, presxs políticxs, crisis sanitaria, el hambre y la represión a la orden del día, se evidencian los límites insalvables del proceso constituyente en curso. Sin embargo, el margen de maniobra que tienen los partidos patronales es estrecho, por lo que es necesario respaldar con el voto a las listas independientes y revolucionarias, que son la expresión política de las asambleas populares, organizaciones territoriales y movimientos sociales que han surgido de la revuelta de 2019. Este respaldo debe ir acompañado de los mecanismos de deliberación, organización y coordinación de la lucha como única garantía para conquistar las demandas que siguen sin respuesta. Necesitamos, más que nunca, un congreso de delegados de base de sindicatos y organizaciones territoriales para discutir un programa y un plan de lucha por todas nuestras reivindicaciones, las urgentes y las de fondo.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-impulsar-la-intervencion-obrera-y-unificar-las-listas-independientes/

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14/05/2021

Franja de Gaza, la amenaza de una invasión terrestre

Gaza en penumbras, durante los bombardeos del jueves.

La Franja de Gaza quedó a oscuras anoche como resultado de los nuevos bombardeos israelíes, que se combinaron con ataques de artillería. Al mismo tiempo, según la agencia de noticias palestina Wafa (14/5), la única planta que genera energía en el centro del enclave se quedó sin combustible debido al cierre por parte de Israel del único cruce comercial.

La ofensiva militar del sionismo ya ha dejado 122 palestinos muertos, entre ellos 31 niños. El jueves por la noche circuló una falsa versión de una incursión terrestre. De todos modos, esta podría producirse en cualquier momento, dado que hay cerca de 5 mil soldados desplegados en la frontera. Además, el gobierno canceló las licencias de fin de semana de las tropas y convocó a 7 mil reservistas.

Israel, que supo anexarse la Franja de Gaza en 1967, junto a otros territorios palestinos, la ha invadido tres veces desde su retirada del territorio, en 2005. La primera de ellas fue en el marco de la operación “Plomo fundido”, en 2008, un año después de que Hamas empezara a gobernar el enclave. Dejó 1400 palestinos muertos e incluyó el uso de fósforo blanco por parte de las tropas israelíes. Le siguieron la operación “Pilar de defensa” (2012, 167 muertos) y “Margen Protector” (2014, 2300 muertos). En la jerga perversa del sionismo, esta rutina criminal fue bautizada como “cortar el pasto”, es decir, desmalezar periódicamente el territorio de “terroristas”.

La Franja de Gaza es una prisión a cielo abierto, cercada por Israel y Egipto. Ha sido definida como “inhabitable” por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. En apenas 360 kilómetros cuadrados viven dos millones de personas, una de las tasas de densidad demográfica más altas del mundo. Un millón de ellas viven en campos de refugiados. El 80% de la población depende de la ayuda humanitaria. La pobreza asciende al 64% (El Periódico, 14/5) y se estima que la mitad de la población se encuentra desempleada. Estas son las consecuencias del bloqueo terrestre y marítimo sionista. Los bombardeos del jueves han tenido entre sus objetivos la red de túneles que conecta el territorio costero subterráneamente y que son una respuesta a los recurrentes ataques aéreos.

Mientras tanto, el viernes las fuerzas israelíes asesinaron a seis palestinos en Cisjordania. Cinco de estas víctimas cayeron mientras se defendían con piedras de la policía (Al Jazeera, 14/5), en el marco de las manifestaciones de repudio. En la frontera con Cisjordania, cientos de jordanos se movilizaron también.

Paralelamente, las manifestaciones estallaron en las ciudades árabes-israelíes, lo que ha llevado al gobierno a un fuerte despliegue de seguridad o a la imposición del toque de queda, como en Lod, al sur de Tel Aviv. Los grupos ultranacionalistas israelíes, en tanto, atacan viviendas, comercios, mezquitas y manifestaciones propalestinas y en sus grupos de whatsapp circulan convocatorias a armarse con pistolas y cuchillos (Middle East Eye, 13/5).

La propaganda del imperialismo y de los grandes medios de comunicación omite deliberadamente referirse a las raíces del conflicto, porque esto mostraría que su responsable es Israel. En la base de la presente crisis se encuentra el intento de desalojo de familias palestinas en Jerusalén Este y el despliegue militar en sitios de rezo de la comunidad musulmana. Es el último capítulo de una larga política de expulsión y de limpieza étnica que marca los propios orígenes del Estado de Israel. El 2020 marcó la cifra récord en una década en la instauración de nuevas colonias, que van cercando cada vez más al pueblo palestino.

Redoblemos la denuncia de la masacre en curso. Abajo el Estado sionista. Por una Palestina única, laica y socialista. Por una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

https://prensaobrera.com/internacionales/quien-es-el-terrorista-en-palestina-un-video-para-entender-el-conflicto-actual/

https://prensaobrera.com/internacionales/abajo-los-bombardeos-del-estado-sionista-contra-el-pueblo-palestino/

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13/05/2021

Bombardeos, ataques de artillería y despliegue militar cerca de Gaza

Nuevos bombardeos sobre la Franja de Gaza y ataques de artillería elevaron esta noche el número de muertos a 109, incluyendo 28 niños, según el ministro de salud palestino. De acuerdo a la agencia AFP, que toma como fuente al portavoz del Ejército israelí, Jonathan Conricus, esto fue acompañado por una incursión de soldados en el enclave. Otras fuentes, como el corresponsal de la cadena Al Jazeera, señalan que no se produjo tal ingreso.

En cualquier caso, sí es seguro que las tropas se encuentran desplegadas y listas para avanzar.

Desde el lunes, las fuerzas sionistas vienen atacando la Franja de Gaza. Además, han asesinado manifestantes y practicado decenas de detenciones en Cisjordania y Jerusalén Este. Los palestinos comenzaron a movilizarse en las últimas semanas para frenar el desalojo de familias en barrios de esta última ciudad. El telón de fondo de estos desplazamientos es la búsqueda del sionismo de avanzar en la construcción de nuevas colonias.

La última incursión militar de tropas israelíes sobre la Franja de Gaza se produjo en 2014, en lo que fue conocido como la operación “Margen Protector”, que dejó 2300 muertos. Netanyahu amenaza con repetir esa masacre.

Repudiamos los bombardeos y la política de anexión territorial y de limpieza étnica del sionismo. Por una Palestina única, laica y socialista. Por una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

Noticia en desarrollo (22:30hs hora argentina)

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13/05/2021

Myanmar: otro artista asesinado por los golpistas

El poeta Khet Thi fue hallado muerto luego de ser detenido.

Se cumplen cien días del golpe de Estado en Myanmar y la violencia militar no sosiega. El pasado domingo 9, el poeta Khet Thi fue hallado muerto en el hospital de Sagaing, luego de haber sido detenido durante la madrugada del sábado. Los doctores informan que sufrió un paro cardíaco, pero su esposa, Chaw Su, asevera que recibió un llamado “para que me encontrara con él. Cuando llegué, estaba en la morgue y sus órganos extirpados” (The Guardian, 9/5). Thi tenía 45 años; desde su prosa denunciaba la represión militar y los abusos de poder, además de tener una participación activa en las movilizaciones contra el golpismo.

La Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos (AAPP) contabilizó 782 personas asesinadas y alrededor de 5.000 detenidos bajo el régimen de Min Aung Hlaing, siendo Thi el tercer artista fallecido (EFE Noticias, 12/5). A mediados de abril, los golpistas publicaron una lista de cien actores, periodistas, artistas e influencers opositores que serán interrogados por “socavar la estabilidad del Estado” durante su participación en las manifestaciones.

Como respuesta a la escalada de violencia, las movilizaciones se han reactivado y vuelven a registrar la masividad de febrero, principalmente en las regiones de Sagaing, Yangon y Mandalay. Hablamos de huelgas sanitarias, textiles y portuarias, cortes de las principales rutas y barricadas, además de minorías étnicas que se organizan en guerrillas contra el Ejército. Los miles de trabajadores adheridos al Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) son quienes resisten en primera línea.

¡Abajo la dictadura! ¡Basta de represión y asesinatos! ¡Que viva la lucha contra el golpe!

https://prensaobrera.com/internacionales/myanmar-la-lucha-contra-el-golpe-en-una-nueva-fase/

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13/05/2021

Pfizer: la evasión de impuestos detrás de la vacuna

El sitio digital Follow The Money informó recientemente lo que hasta el momento era un secreto a voces: que la farmacéutica norteamericana Pfizer, que comercializa una de las vacunas contra el Covid-19, transfiere sumas multimillonarias anuales a los Países Bajos, de modo de evadir el pago de impuestos corporativos. A tal efecto, recurre a la empresa de fachada CP Pharmaceuticals International CV (CPPI), unas oficinas de apenas doscientos empleados localizada en los Países Bajos. Varias multinacionales recurren al mismo ardid que Pfizer, dado que éstos -al igual que Irlanda o Luxemburgo- son considerados un paraíso fiscal.

Dichos países brindan leyes impositivas y sistemas de supervisión bastantes laxos para empresas extranjeras, posibilitando también el lavado de dinero. Así es que Pfizer habría destinado a su empresa holandesa el equivalente a 139 mil millones de euros en una década (NL Times, 11/5).

El recurso creciente a los paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos, por parte de las compañías yanquis, complica el plan de rescate de Biden, quien pretende financiarlo en parte a través de un aumento en el impuesto a las sociedades.

Mientras evade impuestos, Pfizer se vale del Estado para desarrollar sus negocios. En 1976, por ejemplo, hizo lobby para que el Congreso yanqui le promulgue una serie de leyes y pueda abrir laboratorios en Puerto Rico a través de subsidios y créditos fiscales. Situaciones similares se registran con sus comercializaciones de penicilina, viagra y productos de cuidado dental, desde Latinoamérica hasta Europa.

Pfizer forma parte del puñado de compañías que monopolizan la producción de vacunas contra el Covid-19. Esas vacunas son acaparadas por las grandes potencias, mientras países enteros apenas han podido comenzar su proceso de vacunación. Sumado a la falta de políticas de aislamiento social, todo esto lleva a que el virus continúe mutando y haciendo estragos entre la población mundial. Pfizer amasa ganancias históricas en detrimento de la salud.

Es vital la inmediata liberación de las patentes y la nacionalización bajo control de los trabajadores de la industria farmacéutica.

https://prensaobrera.com/salud/alcanza-con-la-liberacion-de-las-patentes-de-las-vacunas/

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13/05/2021

Cuarto día de bombardeos contra la Franja de Gaza

Advierten sobre una posible incursión terrestre. Crece el repudio a la agresión sionista.

En el cuarto día de bombardeos contra la Franja de Gaza, la cifra de muertos ascendía a 83, diecisiete de ellos niños, según el ministro de salud palestino. Mientras tanto, las fuerzas israelíes se despliegan en la frontera con el enclave, en lo que podría ser el preludio de una incursión terrestre. “Esto es solo el principio. Les vamos a golpear como nunca habían imaginado”, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (El País, 13/5).

El miércoles fue atacada la torre Al-Shurouq, de catorce pisos, ubicada en la capital gazatí, que resultó demolida en su totalidad. Allí había departamentos y funcionaban comercios, pero también medios de comunicación nacionales y extranjeros, un indicio de que el sionismo no quiere que se conozca el alcance de la masacre que está perpetrando. Este edificio ya había sido atacado durante la operación “Margen Protector”, de 2014, que dejó alrededor de 2300 muertos.

En tanto, las fuerzas de seguridad han asesinado a dos manifestantes en Cisjordania este miércoles. El joven Abu Arreh, de 16 años, fue abatido con dos disparos en el cuello en Tubas, en el norte de Nablus. Y Hussein al-Titi, de 26 años, fue ultimado en el campo de refugiados de al-Fawwar, en el sur de Hebron (Al Jazeera, 12/5). También hubo movilizaciones en Nazareth, Haifa y Jaffa (Middle East, 12/5). En distintas partes de Cisjordania, Israel procedió al arresto de 40 personas, lo que intensificó las protestas.

En Lod, casi veinte kilómetros al sur de Tel Aviv, el gobierno impuso el toque de queda como respuesta a las movilizaciones del martes por la tarde-noche. La población no puede salir de sus casas y el ingreso a la localidad quedó bloqueado. Se ha desplegado personal policial que habitualmente se encuentra en Cisjordania (ídem, 12/5).

A la violencia de las fuerzas de seguridad se le suma la de las bandas ultranacionalistas. En la mencionada Lod fue atacada la Gran Mezquita Omari. En el sur de Nablus hubo un ataque de colonos israelíes que demolieron una vivienda en construcción (Wafa News, 12/5). En Bat Yam, al sur de Tel Aviv, destruyeron la heladería de un propietario palestino.

En medio de la masacre, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, salió a respaldar a Israel, diciendo que tiene el derecho a defenderse (lo mismo hizo la Unión Europea), en referencia al lanzamiento de cohetes por parte de Hamas. Invierte los términos, porque quien se está defendiendo es el pueblo palestino, que resiste hace décadas una política de ocupación y de limpieza étnica por parte de Israel. En la base de la actual crisis, precisamente, figura el intento de desalojo de familias palestinas en Jerusalén Este, que desató las movilizaciones populares más grandes de los últimos años. El pueblo palestino ha llegado a un punto de saturación frente a la colonización sin pausa del sionismo. El año 2020 marcó el récord en una década en la autorización de asentamientos.

Blinken ha dicho que Estados Unidos defiende la “solución de los dos Estados”, un viejo planteo que consiste en la creación de un seudoestado palestino, entrecortado y férreamente vigilado por el sionismo. Pero incluso esta variante se ha vuelto impracticable al calor del avance sostenido de la colonización.

La última apuesta de la política de anexión es el “acuerdo del siglo”, prohijado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Trump, que busca capturar inclusive el valle del Jordán, rico en recursos hídricos. Este plan fue provisoriamente suspendido como fruto de la crisis política en Israel, pero muestra las intenciones del gobierno.

Estados Unidos respalda al sionismo porque es una herramienta para el control del Medio Oriente. Con las mismas intenciones, manda ahora un enviado a la región.

La solidaridad con el pueblo palestino empieza a extenderse en el mundo. Ya hubo movilizaciones en Amman (Jordania), Beirut (Líbano), Rabat (Marruecos), Khartoum (Sudán), Ankara (Turquía), Nueva York (Estados Unidos), Londres (Reino Unido), Sandton (Sudáfrica), Karachi (Pakistán).

Varios observadores señalan que la nueva ola de movilizaciones del pueblo palestino desborda a la dirección de la Autoridad Palestina, que ha ido perdiendo justamente su “autoridad” por los acuerdos políticos con el sionismo (por ejemplo, en materia de seguridad). Y desafía la política de normalización de relaciones diplomáticas que han encarado las burguesías árabes en la región (Emiratos Arabes, Bahrein, Sudán Marruecos, y el próximo podría ser Arabia Saudita).

Abajo los bombardeos del sionismo. Libertad a todos los presos políticos. Abajo la política de colonización y “limpieza étnica”. Por el derecho al retorno de los refugiados. Por una Palestina única, laica y socialista. Por una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

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“¿Quién es el terrorista en Palestina”?, un video para entender el conflicto actual

Radiografía de la política de anexión y limpieza étnica del sionismo.

palestina israel

El Estado de Israel ha lanzado una campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza que dejó ya casi medio centenar de muertos y que promete continuar. Lo que pretende ser presentado y justificado como una respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hamas es nada más que la continuidad de una política histórica de anexión y de exterminio contra la población palestina.

El episodio que origina la actual crisis es el intento de desalojo de varias familias palestinas en el barrio de Sheikh Jarrah, ubicado en Jerusalén Este, lo que ha desatado las movilizaciones populares más importantes de los últimos años. La expansión de los asentamientos sionistas es una de las claves para entender la situación actual.

En 2014, las fuerzas israelíes, al mando del actual ministro de defensa Benny Gantz, llevaron a cabo la última gran incursión y bombardeos masivos sobre Gaza, en lo que fue bautizado como la operación “Margen Protector”. Dejó cerca de 2300 muertos.

En aquel momento, publicamos una animación que muestra los orígenes del Estado de Israel en 1947, a partir de la expulsión del pueblo palestino. La colonización siguió sin pausa hasta nuestros días, con el apoyo de los países imperialistas.

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12/05/2021

Perú: “pacto de garantías” de Pedro Castillo en vísperas del ballotage

Pedro Castillo junto a Verónika Mendoza, referente de Juntos por Perú

El 6 de junio se realizará la segunda vuelta electoral –entre la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el centroizquierdista Pedro Castillo (Perú Libre)- para elegir al presidente del Perú.

Polarización forzada

La primera vuelta evidenció una fuerte tendencia a la disgregación política: participaron ¡18 partidos! con candidatura presidencial; 11 de ellos entraron al parlamento unicameral, que estará fuertemente atomizado sin una bancada mayoritaria. La “lista” ganadora, la que ocupó el primer lugar, fue el voto en blanco y nulo con 17,76% de los votos emitidos. La lista que lleva a Pedro Castillo como candidato a presidente, fue la que la siguió con el 15,72%, también de los votos emitidos. La lista de Keiko Fujimori, alcanzó el 10,99%. La mayoría votoblanquista evidenció la existencia de una oposición –heterogénea- que repudia activamente (ya que va a votar) a todas las candidaturas. Entre los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta electoral no han obtenido más que un 26% de los votos emitidos, lo que habla de una debilidad de conjunto de su representación política.

La segunda vuelta pretende forzar una polarización política que no se dio en la primera vuelta.

Keiko Fujimori es la hija del dictador Alberto Fujimori que aún hoy está condenado y preso y defiende una posición derechista. En el Parlamento, donde tiene una bancada importante que finaliza ahora su mandato, acaba de hacer aprobar –con otros partidos- días antes de las elecciones, una ley de creación de “Comités de Auto Defensa”, en las zonas agrarias, armados y militarizados, que estarían subordinadas a los alcaldes. Podrían, incluso, recibir “donaciones voluntarias” de armas. Lo que significa que los capitalistas y terratenientes podrán tener bandas paramilitares a su disposición. Lo cual ha sido denunciado y fuertemente rechazado por numerosas organizaciones campesinas, sindicales y sociales. No insistiremos en la orientación antiobrera y reaccionaria del fujimorismo.

Pedro Castillo fue la gran sorpresa electoral para todo el mundo y, particularmente, para él mismo y su lista (Patria Libre). Nadie esperaba –hasta quizás unos días antes de la elección- que saliera electo en primer lugar. Canalizó parcialmente un voto de repudio al régimen, especialmente en zonas agrarias, desplazando a la lista de la centroizquierdista contumaz Verónica Mendoza (Juntos por Perú), apoyada por sectores de izquierda (la Liga Internacional Socialista a la que está adscripta el MST argentino, etc.) y oficialmente por el Grupo de Puebla (integrado a nivel continental por gobiernos y partidos nacionalistas burgueses y centroizquierdistas).

La plataforma de Pedro Castillo –que hemos analizado en Prensa Obrera- se basaba en la elaborada por Perú Libre, donde había formulaciones confusas, otras especialmente reaccionarias y ausencia de gran parte de los reclamos de las masas. Lo que quizás se destacaba era que propugnaba la negociación con las mineras y transnacionales para que un porcentaje mayor de las ganancias quedaran en poder del fisco peruano. En su discurso durante la campaña electoral, Castillo insinuó, en algunos momentos, que si no había acuerdos iba a nacionalizar estas empresas. Era un planteo semichavista, que tomaba como modelo el de Evo Morales en Bolivia, donde las empresas imperialistas (hidrocarburos) no fueron expropiadas, sino obligadas a negociar mayores cánones al Estado.

El resultado que colocó a Castillo como primera minoría, puso nerviosa a la burguesía. Porque Castillo es relativamente un advenedizo en la política peruana y Perú Libre lo mismo (aunque su secretario general está condenado por corrupción cuando estuvo al frente de una gobernación regional). Y dudan de su capacidad para contener una irrupción de las masas obreras, campesinas y explotadas.

Por eso la burguesía se ha dado como táctica “tratar” de obligar a que Castillo se vaya pronunciando en forma clara y rotunda a ser, eventualmente, un gobierno de “orden” burgués.

El primer paso ha sido dado por Verónika Mendoza (Juntos por Perú) que ha firmado un “Acuerdo Político” con Castillo, por “la Refundación de Nuestra Patria”. El mismo constituye una serie de garantías de que se va a respetar el sistema. Ahí se propugna “un amplio acuerdo político social y ciudadano para lograr un gobierno del pueblo e impulsar los cambios profundos”. Se compromete a “que todas las voces serán escuchadas” y se propugna “construir un nuevo pacto social a través de una Asamblea Popular Constituyente”. Una política de acuerdos con el gran capital nacional e imperialista, con los terratenientes y banqueros: una política de colaboración de clases.

Cuando entra a definir las medidas que se va a llevar adelante este “Acuerdo”, estas son genéricas. Por ejemplo, en materia de lucha contra la pandemia, la promesa de garantizar “la vacunación universal y gratuita, la distribución de oxígeno y el fortalecimiento del sistema de salud pública”. Una pauta que figura en todos los programas, pero no toca el sistema de salud privada. Tampoco se plantea una asistencia financiera real a centenares de miles de desocupados y “cuentapropistas” para enfrentar la cuarentena y la crisis en desarrollo. Ni figuran los reclamos de los trabajadores de la salud.

Propugna también “reactivar” la economía”, “priorizando la generación de empleo”. O desarrollar “una nueva economía que beneficie a todas las familias del Perú”. Es decir, a las ricas y a las pobres. Se afirma estar a favor de “una segunda reforma agraria, con diversificación productiva”, no se plantea para nada el problema de la propiedad de la tierra y de la confiscación del capital agrario terrateniente. Como está dirigido a todos invita también a los “empresarios patriotas y honestos” y a las “fuerzas vivas” para “que juntos podamos refundar nuestra Patria”. Es una hoja de ruta impuesta por Mendoza, para apoyar la lista de Castillo, acordada por este, que lo limita completamente. Inmediatamente, al día siguiente, el candidato de Perú Libre sacó un texto propio con 10 puntos de acción que profundizan y le dan contenido más expreso al acuerdo con Mendoza. Y los reportajes posteriores avanzan a cada minuto en el retroceso, desordenado, de cualquier idea que se pensara iba a chocar con el régimen.

Castillo aclaró que no piensa estatizar la minería y el capital transnacional, sino negociar y en caso de que no llegue a acuerdos, “nacionalizar” alguna empresa para entregársela a “alguna empresa privada nacional”. En materia de las pensiones jubilatorias, no va a estatizar las AFP (aseguradoras privadas) parasitarias, sino ordenar y armar planes a mediano y largo plazo. En la campaña electoral había anunciado que iba a disolver, en el marco de una lucha contra la corrupción, el “Tribunal Constitucional”. Esto ha sido modificado por el de “fortalecerlo y si algo anda mal que se corrija”.

En materia educativa y de salud su gran “transformación” es cambiar -en una reforma constitucional- la consideración de estas como servicios, por la de que son derechos. Pero no se afirma ninguna medida contra la educación y la salud privada.

En la convocatoria a una Asamblea Constituyente, asegura Castillo que “vamos a ser respetuosos de esta Constitución, de la institucionalidad”. En su concepción se discutirán “definiciones” (cambiar “servicio” por “derecho”, sin tomar las medidas para asegurar ese derecho). Se tratará de una Asamblea Constituyente no soberana que deberá regirse bajo las normas del gobierno, el parlamento y la legislación vigente. Se “respeta” el dominio por las corporaciones de los medios de prensa, que conforman la opinión pública. Se plantea la defensa de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de larga experiencia en su rol represivo y defender la propiedad de los capitales. En materia impositiva, se propone “incrementar la recaudación impositiva” (como quiere el FMI), lo que puede significar más impuestos al consumo (como ha sucedido en Colombia, provocando la insurrección popular). Se promete un “impuesto a las grandes fortunas” cuyos montos no especifica y que –como en Argentina y Bolivia- será totalmente insuficiente.

Parte de la prensa internacional considera que el ímpetu electoral de Castillo y sus eventuales planteos verborrágicos se han ido “moderando”. Moderación que –todo indica- irá progresando más. Ahora es el Episcopado, encabezando un conjunto de ONGs, quien llama a firmar un nuevo “compromiso democrático”.

Puebla presiona para garantizar que no habrá fisura antiimperialista

Verónika Mendoza, actúa como una agente directa del Grupo de Puebla, que pretende limar todo planteo que pueda ser base de una movilización popular y de alguna transformación antiimperialista o progresista. Habiéndose presentado como “progresista”, no ha colocado ningún punto de ese progresismo en el acuerdo político con Castillo. El derecho al aborto y los derechos de la mujer y las diversidades han sido dejados de lado porque Perú Libre y Castillo se oponen a estos. Tampoco han sido repudiadas la orientación xenófoba que amenaza con la expulsión de los inmigrantes venezolanos o el endurecimiento de penas y la intervención militar en la lucha contra la delincuencia; etc. El “acuerdo político” firmado sienta las bases para un cogobierno de Castillo y Mendoza. Ya Verónika ha ofrecido sus “equipos técnicos” para suplir esa ausencia por parte de Perú Libre, que no esperaba jugar este papel electoral.

La derecha se ha lanzado a una campaña macartista. “Democracia o comunismo”, dicen los afiches que están pegando, donde la “democracia” es Fujimori. Lanzan acusaciones de que Perú Libre simpatiza con los “terroristas”, etc. El objetivo es polarizar y agrupar a toda la derecha detrás suyo y sectores de las masas con el espantapájaros de Venezuela. Pretende crear una base de masas contra cualquier transformación antiimperialista y ganar la elección. Diversas encuestas indican que la diferencia entre Castillo y Fujimori retrocedió de 10 a 5 puntos.

Si no lo logra, espera “rodear” y condicionar fuertemente a Castillo. En esto está todo el gran capital, con sus medios, su aparato educativo, su Episcopado, etc. Castillo va cediendo a esta presión, se disculpa, niega y abandona cualquier formulación política que pueda parecer progresista. Pero… si salió primero en la elección es justamente por esas transformaciones que una masa desorganizada creyó ver.

Sería un error vital que la vanguardia obrera y la izquierda que se reclama revolucionaria embellezca a Castillo. Porque de ganar llevará a una nueva frustración de las expectativas populares. Es fundamental delimitarse del programa que está anunciando Castillo y de su creciente corrimiento hacia la derecha.

https://prensaobrera.com/internacionales/este-levantamiento-es-producto-de-una-historia-de-organizacion-y-de-resistencia/

 

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11/05/2021

Los bombardeos contra Gaza y las movilizaciones en Jerusalén Este

Los últimos bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza han dejado al menos 26 muertos, entre ellos varios niños. “Hemos empezado, y digo bien, empezado a atacar objetivos militares en Gaza”, dijo el vocero del ejército israelí, preanunciando una intensificación de los ataques (La Nación, 11/5). Entre los muertos figuran algunos dirigentes de Hamas y la Jihad Islámica. Además, se han desplegado cinco mil soldados en la frontera con el enclave.

El nuevo ataque criminal fue presentado por el gobierno de Benjamin Netanyahu como una respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de Hamas, pero no es esa la verdadera raíz del conflicto. Asistimos a una nueva serie de provocaciones del sionismo, como parte de su política de ocupación. Cabe añadir, además, que el grueso de los lanzamientos de las milicias islámicas no tiene ningún impacto, dado que la asimetría de fuerzas militares entre ambos bandos es inmensa. Israel posee un sistema defensivo y ofensivo, llamado Domo de Hierro, construido en parte con financiamiento norteamericano, que intercepta casi todos los lanzamientos desde suelo palestino.

Hay tres motivos que explican la presente crisis. Por un lado, una orden de desalojo de la Corte Suprema contra residentes palestinos del barrio Sheikh Jarrah, ubicado en Jerusalén Este, en favor de un nuevo asentamiento colonial. Por otro, el intento de impedir las reuniones de musulmanes en el mes sagrado (Ramadán), por ejemplo a través del vallado de la Puerta de Damasco, un sitio donde los musulmanes se juntan a ayunar desde el amanecer al atardecer, y que es uno de los accesos a la Ciudad Vieja, también ubicada en Jerusalén Este. El gobierno esgrimió como pretexto las medidas de aislamiento frente a la pandemia, lo que solo muestra su doble vara, dado que tolera todo tipo de infracciones por parte de los judíos ultraortodoxos (como las bodas masivas). Además, ha desplegado soldados en la Explanada de las Mezquitas. Finalmente, una última cuestión que encendió la mecha de la movilización popular fueron los actos de grupos ultranacionalistas israelíes al grito de “muerte a los árabes”. En los últimos años, se vienen multiplicando las concentraciones de estas bandas, que marchan por la Ciudad Vieja y atraviesan el Barrio Musulmán, en una abierta provocación.

El este de Jerusalén (que concentra varios sitios sagrados del islamismo, el judaísmo y el cristianismo) fue anexado por Israel tras la guerra de 1967, junto a la Franja de Gaza y Cisjordania. Los 10 de mayo, el día de Jerusalén conmemora esta usurpación. Las movilizaciones que suscitó la nueva andanada de provocaciones del sionismo son las más importantes en muchísimos años y han sido fuertemente reprimidas por Israel, con un saldo de cientos de heridos.

Tropas israelíes, en la Explanada de las Mezquitas

El desarrollo de las colonias en territorio palestino se viene acelerando en los últimos años. El año 2020 marcó el récord en una década. Para fines de octubre, se habían autorizado 12 mil nuevas viviendas para colonos en Cisjordania (El País, 28/10/20). En el este de Jerusalén, ya viven 220 mil personas en esos asentamientos, mientras los barrios palestinos son condenados al hacinamiento y pende sobre ellos la amenaza de la demolición. A todo esto se debe añadir la represión en 2019 contra las manifestaciones del retorno, que dejaron 250 muertos en la frontera entre Gaza e Israel. Y el “acuerdo del siglo”, diseñado por Netanyahu-Trump, que pretendía avanzar en una mayor colonización, incluyendo la apropiación del valle del Jordán, y que fue suspendido como resultado de la crisis sanitaria y la crisis política israelí (esta crisis continúa: ante el fracaso de Netanyahu en formar gobierno, se ha pasado la posta a su rival Yair Lapid, y en caso de que este fracase, se iría a los quintos comicios en dos años).

La política beligerante del sionismo parece estar llevando a la población palestina -que vive además en condiciones de enorme precariedad- a un punto de saturación y de emblocamiento contra Israel. Algunos observadores (Middle East Eye, 11/5) señalan, además, que los palestinos han perdido toda expectativa en el apoyo de los estados árabes vecinos, a raíz de la política de normalización de relaciones que las burguesías árabes vienen emprendiendo con el sionismo (Emiratos, Bahrein, Sudán, Marruecos, y habría conversaciones con Arabia Saudita). La pérdida de autoridad política se extiende a la Autoridad Palestina de Mohammed Abbas, que ha reanudado -tras un breve paréntesis- en noviembre de 2020 los acuerdos de cooperación en seguridad con el sionismo.

En rechazo a la represión y los bombardeos contra Gaza, se han producido ya movilizaciones de varios miles de personas en la capital de Jordania (Amman), y también hubo una movilización en Beirut, capital del Líbano.

Es necesario repudiar enérgicamente los nuevos ataques del sionismo, que cuentan con la complicidad del imperialismo, que se limita a una condena genérica de la violencia que encubre la ocupación y los crímenes. A esta barbarie le oponemos la perspectiva de una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

https://prensaobrera.com/internacionales/las-elecciones-no-cancelan-la-crisis-politica-en-israel/

https://prensaobrera.com/internacionales/guerra-de-camarillas-en-la-familia-real-de-jordania/

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10/05/2021

“Apoyamos al pueblo colombiano para que lleve al final la rebelión”

Acto del Frente de Izquierda - Unidad frente a la embajada en Buenos Aires.

Foto: Federico Imas

El Frente de Izquierda - Unidad desarrolló este lunes 10 un acto en apoyo a la rebelión colombiana. Fue frente a la embajada, ubicada en la calle Carlos Pellegrini 1363, en el centro porteño. Acompañaron la actividad la Agrupación de Trabajadores Bolivianos (Atrabol) y la Agrupación de Trabajadores Peruanos, de residentes de dichas comunidades en nuestro país.

Las consignas de la convocatoria fueron “Viva la rebelión popular”, “Fuera [el presidente Iván] Duque con la huelga general”, “Abajo el paquetazo”, “No a la represión criminal”, “Viva el paro nacional”.

Desde el 28 de abril, las masas se mantienen en las calles contra el gobierno, que ha respondido con una represión que dejó decenas de muertos y desaparecidos. Una de las últimas expresiones de estos ataques fue la agresión a balazos -este fin de semana- contra una concentración indígena en Cali, a manos de civiles amparados por la policía, que dejó ocho heridos de bala. A su vez, el gobierno viene amenazando con decretar el estado de conmoción interior, que reforzaría sus atribuciones represivas.

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, explicó que el objetivo del acto era “destacar nuestro apoyo incondicional al pueblo colombiano para que lleve al final la rebelión, eche al gobierno de Duque y abra paso a un gobierno de trabajadores en Colombia y toda América Latina”. Criticó el llamado de Alberto Fernández a la “paz social”, que equiparó a una exhortación a dejar las calles y sentarse a negociar con el gobierno asesino de Duque. “Defendemos el derecho a la rebelión del pueblo colombiano, porque solo de este modo los pueblos de América Latina van a derrotar los planes del FMI”, contrapuso.

 

“Colombia es gobernado desde hace décadas por un narcoestado, de narcocapitalistas, agentes del imperialismo norteamericano que vienen aplicando un política de exterminio sobre los luchadores del país, con la complicidad de la OEA”, denunció Solano, quien destacó también que “la agenda de lucha del pueblo colombiano es la misma que la del pueblo argentino”. Comparó, en tal sentido, las semejanzas del ajuste en Colombia y en nuestro país (reforma previsional, aumento del IVA en los alimentos, y una reforma laboral que en nuestro país se da “de hecho”).

En el marco del proceso de rebeliones en América Latina (Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador) y una pandemia “que ha agravado todas las contradicciones sociales”, llamó al resto de las fuerzas del Frente de Izquierda a impulsar una segunda conferencia latinoamericana de la izquierda y el movimiento obrero (la primera tuvo lugar el año pasado), para desarrollar un campo de independencia de clase en el continente.

Celeste Fierro, del MST, planteó también que las medidas de ajuste que se implementan en Colombia son las mismas que se aplican en el resto de América Latina. Destacó que “la solidaridad internacional se debe sentir con mucha fuerza” y recordó la rebelión de noviembre de 2019, antecedente del actual levantamiento.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional del Frente de Izquierda y dirigente de Izquierda Socialista, apuntó que la rebelión desbordó la política de paros “aislados” de las conducciones sindicales y criticó a la centroizquierda colombiana por llamar al movimiento obrero “a deponer la lucha”.

Nicolás del Caño, del PTS, denunció el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Duque que descargaba sobre los hombros del pueblo trabajador un aumento de impuestos. El retiro de dicha reforma -agregó- fue un “primer triunfo” de la rebelión. Sin embargo, acotó, “el pueblo sigue en las calles porque las razones profundas del levantamiento siguen presentes” (pobreza, represión, explotación).

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https://prensaobrera.com/politicas/colombia-y-argentina/

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08/05/2021

Los parlamentarios del Partido Obrero, con la rebelión popular colombiana

Pronunciamientos en las legislaturas y participación en las concentraciones de solidaridad.

Una rebelión popular conmueve a Colombia desde fines de abril, contra el gobierno proimperialista y antiobrero de Iván Duque. Las masas movilizadas lograron que el gobierno retire su proyecto de reforma tributaria, que aumentaba los impuestos sobre los sectores populares, en un país donde no para de crecer la pobreza (que ya abarca al 42% de la población). La represión ha dejado más de 20 muertos y aún hay decenas de personas desaparecidas.

En nuestro país, se han desarrollado actividades solidarias frente al Consulado colombiano y frente al Congreso Nacional. El Partido Obrero viene participando de estas actividades, consciente de que la rebelión abre mejores perspectivas para la lucha en todo el continente.

En ese sentido, los parlamentarios del PO han usado también sus lugares como tribunas de agitación en apoyo a las y los trabajadores colombianos. Patricia Jure, diputada provincial por Neuquén, señaló en la sesión del 6 de mayo que la rebelión desbordó la contención de las burocracias sindicales, y también denunció el silencio del gobierno argentino, que para entonces aún no se había pronunciado (luego lo hizo, pero llamando a la "paz social", o sea, a apaciguar la rebelión). "Colombia es la rebelión de los elefantes en gran escala", dijo Jure, haciendo una analogía con la gran huelga de la salud en Neuquén.

En tanto, Claudio Del Plá, diputado del PO de Salta, inscribió la lucha colombiana en un contexto continental de rebeliones, señalando los casos de Paraguay, Perú y Chile. "Los datos en Colombia son como los datos de Argentina, la misma miseria del 42% de la población bajo la línea de pobreza, y el ajuste lo quieren hacer contra los trabajadores. La respuesta del pueblo colombiano es una respuesta ejemplar y es la que vamos a dar también en Argentina contra los que pretenden que la crisis la paguemos nosotros", añadió.

Gabriel Solano, legislador por la Ciudad de Buenos Aires (mandato cumplido), participó de las concentraciones frente al Consulado de esta semana. "Colombia ha sido colocado por el imperialismo norteamericano como una base de operaciones para las provocaciones contra los pueblos de América Latina. Por eso es tan importante esta rebelión. Golpea al imperialismo, a todos, a los Trump y los Biden, porque no hay imperialismo bueno, el imperialismo es reaccionario, es opresión, es explotación de nuestros pueblos".

Romina Del Plá y Néstor Pitrola, diputados nacionales por el Frente de Izquierda (MC), también se pronunciaron en apoyo a la rebelión, al igual que la concejal del PO-Frente de Izquierda por Córdoba, Cintia Frencia.

08/05/2021

La catástrofe del metro en México dispara una crisis política

Tras la catástrofe “anunciada” de la Línea Dorada del metro del Distrito Federal mexicano, sucedida el 3 de mayo, en que varias personas perdieron la vida tras un derrumbe y la caída de una formación, uno de los sindicatos que agrupa a sus trabajadores (Sindicato mexicano de Trabajadores del metro de la ciudad de México), en una demostración de protesta por la tragedia, ha anunciado un paro sin fecha, en un contexto de creciente inquietud entre los 8.000 trabajadores que agrupa. Las reivindicaciones demandadas son la renuncia de Florencia Serranía (directora del Metro) y la satisfacción de condiciones de seguridad para los trabajadores, incluyendo equipo y protección personal, según ha declarado Jesús Urban, secretario general del sindicato, quien ha agregado que la compañía ha despedido trabajadores en medio de la pandemia.

Pero Fernando Espino, líder de otro de los sindicatos del metro, rechazó la posibilidad de una medida de fuerza, enfatizando que están en disposición “de ayudar al gobierno capitalino” del Morena, añadiendo el argumento propatronal de todo rompehuelgas, como es la defensa de los millones de usuarios que viajan en el metro (de esto no se acordaron al poner en riesgo vidas humanas). El Sindicato Nacional del STC (Sistema de Transporte Colectivo) insistió también en el argumento mencionado.

El desastre en la Línea Dorada ha sido aprovechado por el PAN (Partido de Acción Nacional), el PRD (Partido de la Revolución Democrática) y el PRI (Partido Revolucionario Institucional). En la Cámara de Diputados, demandaron las renuncias de Marcelo Ebrard (quien siendo jefe de gobierno inició la obra de la Línea Dorada y que actualmente se desempeña como secretario de relaciones exteriores) y del entonces ministro de finanzas Mario Delgado, como así también de la actual jefa de gobierno, Sheinbaum, en virtud de la reducción del presupuesto de mantenimiento que en 2019 era de 18.000 millones de pesos mexicanos y se redujo a 15.000 millones en 2020. Los gobernadores del PAN (la oposición derechista) iniciaron una campaña publicitaria alrededor de esta cuestión. Desde luego que ante la proximidad de las elecciones parlamentarias y de gobernadores que se realizarán en junio, estamos asistiendo a un aprovechamiento de este trágico episodio, sin importarles otras cuestiones. Hay que tener presente que el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) comparte las responsabilidades de esta masacre ya que fue presidente durante el período en que se construyó la Línea Dorada; aceptó pagar por encima del presupuesto y pasó por alto las advertencias realizadas sobre los enormes defectos en la construcción de la misma, en corresponsabilidad con quien fuera jefe de gobierno, Ebrard (hoy ministro de López Obrador y “exiliado” en Francia por propia voluntad durante algunos años, luego de haber sido acusado por la asamblea legislativa de México DF por actos de corrupción).

La crisis, siendo importante, amenaza con pronunciarse. Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo un llamado a los trabajadores del metro pidiéndoles que abandonen el propósito huelguístico.

Slim, el magnate mexicano, en la mira

En el diseño del proyecto intervino la empresa española Ayesa. En tanto, la responsabilidad de la construcción de la Línea Dorada estuvo en manos de la francesa Alstom, la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Carso Infraestructura y Construcción, que fue condenada a pagar una indemnización al Estado por defraudación en la construcción de la línea mencionada en 2017. Y cabe señalar que este consorcio capitalista está construyendo las líneas ferroviarias del Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Carso es propiedad del supermillonario mexicano Carlos Slim, quien ostenta el 17% de las acciones de este consorcio. Slim, el hombre más rico de México y de América Latina, fue calificado antes de la tragedia del metro como un empresario con “dimensión social” por parte del presidente López Obrador. Los intereses comunes entre López Obrador y el chupasangre mexicano harán que se empeñen en frenar cualquier investigación sobre las responsabilidades que a todas luces les corresponden.

Hay que añadir que durante la realización del proyecto de construcción de la Línea Dorada y de los problemas de origen que llevaron a interrumpir en 2014 el funcionamiento de la misma, se originaron nuevos gastos en la contratación de diversos consorcios de supervisión, que desde luego, como está demostrado por esta catástrofe, lejos de dar seguridad a los usuarios, solo sirvieron para engordar los bolsillos de las empresas contratadas y de los funcionarios que les facilitaron el negocio.

Las contrataciones del cuadro adjunto fueron aprobadas por diversas comisiones parlamentarias integradas por el PRI, PRD, PAN, y por integrantes del actual Morena, demostrándose como completamente ineptos para resolver los problemas de transporte y seguridad de la población trabajadora, aunque sí sirvieron para armar nuevas erogaciones cuya finalidad fue la de nuevos negocios entre funcionarios del Estado y de los partidos burgueses con grandes empresas capitalistas nacionales y extranjeras.

A lo sumo, llevaron a cabo demandas a las empresas intervinientes que fueron obligadas a pagar montos indemnizatorios irrisorios en comparación con los beneficios obtenidos. Solo medidas cosméticas.

La catástrofe de la línea Dorada del metro del DF, para quien lo quiera ver, coloca al desnudo el entramado de negocios, sobrefacturación, abuso de contratos innecesarios con empresas capitalistas nacionales y extranjeras, y especialmente la muerte como consecuencia de ello.

La clase obrera mexicana debe intervenir

La catástrofe del metro debería bastar para la declaración de una huelga general de protesta. Sin embargo, el sindicalismo mexicano está dominado por cuatro centrales obreras atadas a direcciones de partidos burgueses: la Federación Nacional de Trabajadores de México, del PRI; la Unión Nacional de trabajadores (Partido de la Revolución Democrática); la Confederación autónoma de Trabajadores (Morena) y la Confederación Internacional de Trabajadores (Morena).

En un contexto de salarios deprimidos, desocupación, trabajo precario, las centrales obreras han dado la espalda a la clase obrera. Las huelgas parciales de Telmex y Notimex por el cumplimiento del convenio colectivo han sido aisladas por las centrales obreras. El sindicato que agrupa a más de cien mil petroleros del país ha amenazado con ir a la huelga por el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo, pero adelantó que confía en la negociación, en un contexto en que han fallecido mas de cuatrocientos trabajadores por Covid, una señal de la ausencia de seguridad industrial por parte de la patronal estatal.

Las pujas entre los partidos del régimen solo tienen como consecuencia la alternancia en el poder del Estado, sin que se modifique por eso el ataque a las condiciones de existencia de las masas. Es necesario un congreso de bases de la clase obrera mexicana que coloque las reivindicaciones más sentidas (salario, desocupación, precariedad laboral, seguridad laboral, desocupación) en un programa transicional, superando a la burocracia sindical de las cuatro centrales para poner en movimiento a la potencialmente poderosa clase obrera azteca:

  • Por una comisión de obreros y victimas que investigue las causas de la tragedia del metro. Castigo a los responsables, empresarios y funcionarios. Que se abran los libros de la empresa del metro y se destapen los chanchullos.
  • Por comisiones obreras de seguridad laboral que definan las condiciones de trabajo, de las instalaciones de las empresas y de los medios de transporte, incluidas las adoptadas contra el Covid.
  • Prohibición de los despidos. Seguro al desocupado igual a la canasta familiar. Derogación de la ley de outsourcing (trabajo tercerizado).Pase a planta permanente de todos los trabajadores.
  • Salario igual al costo de la canasta familiar. Representantes obreros elegidos en asamblea para discutir los convenios colectivos.
  • No a la ficción de soberanía energética de Morena. Nacionalización sin pago de las empresas energéticas. Por una empresa única estatal de petróleo y electricidad bajo gestión de sus trabajadores. Desconocimiento de la deuda externa.

Y, por supuesto, una conclusión fundamental: la independencia política y organizativa de los sindicatos respecto al Estado, los gobiernos de turno y los partidos patronales.

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“Este levantamiento es producto de una historia de organización y de resistencia”

Charla-debate sobre la rebelión colombiana, con la participación de residentes en el país.

Este miércoles 5 se desarrolló en forma virtual una charla-debate sobre la rebelión colombiana, que contó con la participación de compañeras y compañeros del vecino país que residen en Argentina. Las masas colombianas llevan más de una semana en las calles, luchando contra el gobierno de Iván Duque y su paquete de medidas reaccionarias (reforma laboral, de salud, etc.). La represión ha dejado más de 20 muertos.

“Este levantamiento es producto de una historia rica de organización y de resistencia del pueblo colombiano. No vamos a frenar hasta que caiga el gobierno de Duque”, subrayó Kevin, uno de los compañeros presentes.

El desencadenante de la rebelión fue el intento oficial de imponer una reforma tributaria -finalmente retirada- que reforzaba los impuestos sobre los sectores populares, en un país en que la pobreza trepó al 42% de la población en el marco de la pandemia. “Todas las políticas hambreadoras [que aplica el gobierno] son dictadas directamente por el FMI. Son las mismas políticas que quieren aplicar y aplican en todos los países de la región”, señaló Karen, que también participó de la actividad.

Otro de los compañeros, Leandro, informó que “en este momento estamos en vilo por si se aprueba el estado de conmoción interior que le permitiría a las Fuerzas Armadas hacer la represión total contra el pueblo”. A partir de la jornada convocada por los sindicatos el 28 y 29 de abril, Duque militarizó el país y dejó un tendal de muertos. Pero no conformes con eso, senadores del partido de gobierno (Centro Democrático) reclaman más atribuciones para el presidente y las fuerzas represivas.

Por todo esto, Cristian describió la situación como “un movimiento de guerra por parte del Ejército”.

Pablo Giachello, dirigente del Partido Obrero, señaló en su intervención que “Colombia es el enclave del imperialismo en América Latina. La rebelión popular plantea no sólo un golpe a la reacción política en Colombia sino también a la reacción política latinoamericana y al imperialismo”. Al mismo tiempo, consideró que “la reforma tributaria fue la gota que rebasó el vaso. La gente salió a las calles, pero una vez que el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto, la rebelión tomó un nuevo impulso. Hay una suerte de empoderamiento del pueblo colombiano, que ve que al luchar y pelear puede derrotar al gobierno”.

Giachello advirtió también que los trabajadores no deben depositar sus expectativas en la oposición (liberales, Colombia Humana, Coalición de la Esperanza, etc.) que cifra todas sus fichas en el proceso electoral, y llamó en cambio a que los explotados tomen el destino en sus propias manos y a poner en pie un partido de la clase trabajadora, como parte de la lucha por echar a Duque.

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07/05/2021

“Queremos mostrarle al mundo la barbarie y la masacre que está sucediendo en Colombia”

Nueva concentración frente al Consulado denunció al gobierno de Duque y respaldó la rebelión popular.

Foto: Natalia Carrillo @ojoobrerofotografia

Una nueva concentración frente al Consulado colombiano repudió este viernes la represión en el país vecino y reivindicó la rebelión popular contra el gobierno de Iván Duque. Participaron residentes colombianos en el país, organizaciones de izquierda (entre ellas el Partido Obrero y el FIT-U), piqueteras, y de derechos humanos.

Alexander Angulo Hordoñez, refugiado y miembro del Movimiento Popular Nuestra América, le comentó a Prensa Obrera que “queremos mostrarle al mundo la barbarie y la masacre que está sucediendo en Colombia. En diez días de paro, hubo 37 homicidios oficiales, 10 mujeres violadas en instalaciones de la policía, 22 ataques a los ojos y un sinnúmero de atrocidades”. Denunció también que, como parte del despliegue represivo, “un helicóptero de guerra sale a hostigar en las tardes y dispara a la población civil. Colombia está gritando SOS, en Colombia 'nos están matando'”.

Las masas colombianas ganaron las calles el 28 y 29 de abril, a raíz de un llamado del Comité Nacional de Paro (que nuclea a las centrales sindicales), pero las movilizaciones y piquetes rompieron los marcos de una jornada de 48 horas y se transformaron en una rebelión generalizada, que obligó al gobierno a retirar el domingo 2 su proyecto de reforma tributaria (una medida que buscaba reforzar los impuestos sobre los sectores populares). La lucha continúa ahora contra la represión y la orientación antiobrera gobierno (reforma laboral precarizadora, privatista de la salud, etc.).

“Estamos en contra de lo que está pasando en Colombia. Si no nos mata el Covid, nos mata el gobierno”, destacó Shilley's Marcela Serrato, en alusión al impacto de la crisis sanitaria.

“No opinamos como Alberto Fernández, que sacó un tuit tardíamente diciendo que repudiaba la represión, pero que llamaba al pueblo a encarar la 'paz social'. Nosotros no, nosotros llamamos a apoyar esta enorme rebelión, porque es la única forma que tiene el pueblo colombiano y todos los pueblos de América Latina de derrotar los ajustes de los gobiernos del continente y del FMI”, señaló Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, presente frente al Consulado.

Pablo Giachello, también dirigente del PO, denunció que el gobierno colombiano, a la par que reprime, e incluso amenaza con decretar el estado de conmoción interior (que reforzaría sus atribuciones represivas), “plantea un diálogo con el objetivo de desactivar la rebelión. Hay una maniobra en curso y sectores de la oposición tributan a esa maniobra”, dijo. Y llamó a un gran congreso de trabajadores, campesinos, y estudiantes que se proyecte como una alternativa de poder.

Este sábado a las 15hs. se realizará una nueva concentración en apoyo a la rebelión colombiana, pero frente al Congreso de la Nación.

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06/05/2021

Tres experiencias de lucha contra la prepotencia patronal

Se realizó la charla “Despidos en pandemia: género y precariedad”.

Por Rocío S.

El miércoles 5 de mayo se realizó la charla “Despidos en pandemia: género y precariedad”, convocada por la Agrupación Naranja de docentes universitarios e investigadores con la participación de 3 compañeras docentes que fueron despedidas durante este año: Flavia Angelino, de la escuela San José de Quilmes; Marina Rieznik, despedida junto a sus 2 compañeras de cátedra de la Untref; y Mariana Sampaiño, despedida junto a otra compañera de la escuela ORT.

En los relatos de las compañeras sorprende e indigna la precariedad laboral y la discrecionalidad patronal, un elemento común en las 3 instituciones: a la hora de precarizar no importa si la gestión es estatal o privada, laica o confesional, media o universitaria. Marina señaló que nunca tuvo designación, que cobraba menos que sus colegas designados y que los despidos se precipitaron cuando comenzaron a reclamar la equiparación. A Mariana y a su compañera las echaron luego de adherir al paro docente del 14 de abril. A Flavia pretendieron cambiarle en forma inconsulta las materias que dictaba desde hacía 14 años…

Las compañeras señalaron cómo esta situación de precariedad genera temor y actúa como un elemento disciplinador en la docencia, permitiendo a su vez la proliferación de otras violencias: Marina consideró que la situación de precariedad fue la que dio lugar al acoso sexual por parte de Mariano Sardón (hoy separado de su cargo gracias a la lucha), de quien dependía su trabajo y el de sus dos colegas.

Abordamos luego la cuestión de género, que en un gremio feminizado como el docente cobra particular relevancia. Se señaló entonces que el 2020, con el dictado de clases virtuales puso de manifiesto la superposición del trabajo remunerado con las tareas de cuidado, que por nuestro ordenamiento social afecta mayormente a las mujeres. Se señaló entonces lo que implicó para las docentes dar clase, sin contar con las escuelas para mandar a sus hijxs, y sin poder recurrir a abuelxs u otrxs cuidadorxs.

Otro eje del encuentro giró en torno a la organización sindical, gracias a la cual en el caso de la ORT, Mariana está peleando la reinstalación y actualmente está dentro de la escuela en medio de una conciliación obligatoria. Un antecedente importantísimo para la docencia de las escuelas privadas, a las que concurre el 55% de la matrícula de la escuela media de CABA. En el caso de la Untref, por el contrario, el sindicato no juega ningún papel e incluso se destaca por su inmovilismo y en el caso de la San José, como en la mayoría de las escuelas privadas, no hay comisión interna ni un sindicato que enfrente los atropellos patronales. Flavia resaltó el intento de acallar las voces disonantes, sobre todo en las escuelas privadas, donde ante la falta de organización gremial, la discrecionalidad es más profunda y se impone a docentes y estudiantes una pedagogía del terror. De este modo existe una violencia institucional que no sólo nos niega las herramientas virtuales de trabajo, sino que pretende quitarnos otra herramienta fundamental: nuestra voz.

Mariana a su vez señaló que las escuelas privadas en CABA son más de la mitad, por lo que es fundamental que la docencia se organice en ellas.

Un elemento en común en los tres casos fue que lxs estudiantes reclamaron la reincorporación de las docentes e incluso las impulsaron a dar la pelea. Como señaló Marina, el impulso estudiantil les enseñó que la cosa “iba por ahí”;  Flavia contó que sus estudiantes, en el marco de una escuela católica plantearon que querían “mesa (de negociación), no misa” y Mariana comentó que un estudiante de 14 años le dijo que hacer paro era su derecho constitucional.

La charla, que se hizo por zoom y se transmitió también por los canales de la Agrupación Naranja y del Plenario de Trabajadoras, tuvo duras e interesantes intervenciones, como la de una compañera que contó que trabajando en una universidad privada, al no cobrar por medio de una cuenta sueldo, todos los meses tenía que retirar un cheque siendo acosada sexualmente por quien se lo entregaba; un compañero comentó también que fue despedido de una escuela confesional acusado, luego de dar ESI, de buscar influir en la orientación sexual de lxs estudiantes. En otras intervenciones se recordó el impacto de la gran huelga docente del 88 y la necesidad de militar los protocolos contra la violencia para que no sean papel mojado.

Quedó planteada entonces la necesidad de profundizar la organización gremial en todas las instituciones educativas, más allá de sus niveles y tipo de gestión para defender las condiciones de trabajo y la posibilidad de promover el pensamiento crítico junto a lxs estudiantes.

 

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06/05/2021 | 1621

Colombia: la rebelión popular no se detiene

Movilización contra la reforma tributaria en Santa Marta. Foto: Gentileza de Raí Llinás P

La criminal represión y los sucesivos recules del gobierno de Iván Duque –primero modificando el proyecto de reforma tributaria, luego directamente retirándolo y finalmente despidiendo al autor del mismo, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla– fracasaron en desactivar el paro general y la rebelión popular que se desarrolla en Colombia. Los camioneros junto a diversos sectores se mantienen bloqueando las carreteras, lo que está empezando a generar desabastecimiento en distintas ciudades. Los paros, los piquetes, las movilizaciones y los combates contra las fuerzas represivas, se suceden día tras día, son de masas y tienen un alcance nacional. Dando una magistral clase de dialéctica, a través de un cántico, el pueblo colombiano ha popularizado la consigna “a parar para avanzar, viva el paro nacional”.

Abajo Duque

Las masas movilizadas han visto en el recule de Duque, en primer lugar, el potencial que encierra el paro, la lucha y la movilización popular. Pero también han visto la oportunidad de voltear la reforma sanitaria privatizadora, que al día de hoy mantiene “mensaje de urgencia” en el Congreso Nacional, y de tirar abajo todo el “paquetazo de Duque”, es decir la reforma laboral y pensional que motivaron los grandes paros y movilizaciones de noviembre de 2019. La lucha contra la reforma sanitaria adquiere una importancia decisiva ante la situación de colapso en la que se encuentra el sistema de salud, como consecuencia del mal manejo de la crisis pandémica y el fracaso del plan de vacunación. La lucha contra el “paquetazo” aparece como otra cuestión clave en momentos donde el 42,5% de la población se encuentra en la pobreza y un 17% de los trabajadores desocupados. La juventud, la gran protagonista de la rebelión popular, encara esta lucha con el objetivo de terminar con la precariedad laboral y poner fin al arancelamiento en las universidades, que mantienen vedado el acceso de las nuevas generaciones a la educación superior. El movimiento campesino e indígena reclama el acceso a la tierra, luego de que se incumpliera la limitadísima reforma agraria que se estableció en los Acuerdos de Paz de 2016.

A su vez, las masas quieren terminar con un Estado policial profundamente represivo. En Colombia, las fuerzas de seguridad y los paramilitares son responsables del asesinato de centenares de dirigentes sociales año tras año. En el marco de las actuales jornadas de protesta las fuerzas represivas del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) han asesinado a 24 manifestantes (solo si tomamos como fehacientes los registros de la Defensoría del Pueblo) y han detenido y herido, en algunos casos gravemente, a centenares de luchadores. Asimismo, existen denuncias de que hay más de 80 desaparecidos desde que se iniciaron las protestas. El gobierno ha sacado a los militares a patrullar las calles y amenaza con declarar el “estado de conmoción interior”, lo que habilitaría a las autoridades a suspender cargos de gobernantes regionales, restringir las manifestaciones sociales, asumir el control de la radio y la televisión durante un periodo máximo de 90 días y realizar inspecciones a domicilios sin necesidad de una orden judicial previa.

Como consecuencia del rechazo de las masas a toda esta política ajustadora y represiva, la consigna “Abajo Duque” se ha instalado como una de las reivindicaciones centrales de la rebelión popular colombiana.

Crisis y maniobras

Habiendo fracasado el proyecto original de reforma tributaria, Duque pergeña un nuevo proyecto que le permita revertir el cuadro de quebranto estatal. Sucede que, para este año, se prevé un déficit fiscal del 8,6% del PBI. Obligado por la rebelión, el gobierno ha mermado sus aspiraciones iniciales, y busca ahora recaudar 14 billones pesos -en vez de los 23 billones que pretendía recaudar con el proyecto original. Pero el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dejó en claro que “el 80 por ciento del gasto público es inflexible a la baja, porque se refiere a la deuda pública, entre otros temas” (El Tiempo, 5/5). De esta manera, el gobierno pretende darle una señal de confianza a los sectores del capital financiero que especulan con la deuda pública colombiana, luego de que el martes se produjera una corrida cambiaria que motivó una fuerte devaluación del peso. En el presupuesto 2021, el gobierno estipuló pagos equivalentes a los 70 billones de pesos en materia de deuda pública, de los cuales 23 billones son para el pago de deuda externa.

 

Mientras refuerza la represión e incluso criminaliza a los sectores más combativos del movimiento de masas, el gobierno de Duque ha convocado a la oposición política, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y estudiantiles a un “diálogo nacional”, con el objetivo de desactivar la rebelión popular. La oposición, por su parte, tanto la encabezada por Gustavo Petro como la Coalición Esperanza, aboga por una salida en los marcos del régimen. Y aunque es cierto que rechazó el proyecto de reforma tributaria de Duque y repudió la represión, también lo es que rechaza de plano el planteo de tirar abajo al gobierno Duque y sus cómplices. El objetivo principal de esta oposición pasa por capitalizar políticamente el descontento popular en el terreno institucional, a través de las elecciones presidenciales de mayo de 2022.

Política revolucionaria

En oposición al planteo que levanta el Comité Nacional de Paro, que al igual que los bloques políticos opositores rechaza levantar la consigna “Fuera Duque”, es necesario profundizar la rebelión hasta que caiga el gobierno y todo el régimen. Esto, empoderaría aún más a los trabajadores colombianos y abriría un nuevo escenario político en el país y en el continente. La clave pasa por profundizar el paro por tiempo indeterminado, transformándolo en una verdadera huelga general que logre paralizar el conjunto de la actividad productiva. Un congreso de trabajadores, estudiantes y campesinos, podría funcionar como un factor de centralización de la lucha a escala nacional, elaborar un programa obrero y popular de salida a la crisis y, de ese modo, proyectarse como alternativa política de poder.

La rebelión popular en Colombia, y ni hablar de una eventual caída del gobierno de Duque, no solo le asesta un fuerte golpe a la derecha latinoamericana. También pone en aprietos a los gobiernos del Grupo de Puebla, que están ejecutando ajustes de las mismas características en los países donde gobiernan (Argentina y México tienen índices de pobreza y desocupación similares a los de Colombia). Es lo que explica que los “nacionales y populares” Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador no hayan abierto la boca sobre los brutales crímenes que Duque ejecuta contra el pueblo colombiano.

Pero por sobre todas las cosas, el desarrollo de la rebelión popular colombiana representa un golpe brutal al imperialismo norteamericano. Sucede que Colombia es, desde hace décadas, el principal enclave del imperialismo yanqui en América Latina. Las Fuerzas Aéreas norteamericanas y colombianas vienen realizando ejercicios conjuntos en el país sudamericano y más de 800 soldados norteamericanos se desplegaron, en junio pasado, por territorio colombiano. A todo esto, se le suman las siete bases militares que los yanquis aún tienen instaladas en Colombia.

La rebelión popular colombiana debe inspirar al conjunto de los pueblos latinoamericanos, que necesitan sacarse de encima a los gobiernos entreguistas y ajustadores para instaurar gobiernos de trabajadores.

https://prensaobrera.com/internacionales/viva-la-rebelion-del-pueblo-de-colombia/

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06/05/2021 | 1621

Noticiero internacional

Brasil - Estado español - Chile

Brasil: paro petrolero por medidas de seguridad e higiene

El Sindicato de los Petroleros de Norte Fluminense (Río de Janeiro) lanzó este lunes 3 un paro por tiempo indeterminado en reclamo de medidas de prevención frente al Covid-19. Al mismo tiempo, rechaza el esquema de trabajo impuesto unilateralmente por la petrolera estatal, que obliga a los trabajadores a pasar más de catorce días consecutivos embarcados en las plataformas, en violación de la legislación laboral vigente.

“Es una huelga en defensa del derecho a la vida”, dicen los trabajadores, que denuncian la falta de medidas sanitarias. De acuerdo con un relevamiento del sitio The Intercept (12/4), más de 6 mil trabajadores de la compañía habían contraído el virus para mediados de abril, lo que equivale a un 13% de la plantilla, una cifra que duplica el porcentaje de la población brasileña total infectada. En varias refinerías se han producido también paralizaciones en reclamo de medidas de seguridad e higiene.

Además de someter a los trabajadores a condiciones inseguras de labor, Bolsonaro y su ministro de Hacienda Paulo Guedes llevan a cabo una política de desguace de la compañía (venta de refinerías y estaciones de servicio) y buscan privatizarla.

Más información sobre la situación brasileña aquí.

Estado español: huelga de las subcontratistas de Nissan

Los trabajadores de ocho subcontratistas de la automotriz Nissan (que pertenece al mismo grupo que Renault) entraron en huelga indefinida el lunes 3. Reclaman indemnizaciones y que se les asegure un lugar en un futuro proyecto laboral (El Periódico, 3/5). El año pasado, la firma anunció la intención de cerrar su fábrica en Barcelona, lo que afectaba a 2.500 empleados directos y casi 18 mil tercerizados. Esto desató una huelga de los efectivos -acompañada por los tercerizados- que duró 90 días y que se levantó a partir de un acuerdo entre la empresa, el gobierno y las centrales sindicales (UGT y Comisiones Obreras), que posponía el cierre hasta diciembre de 2021, aseguraba indemnizaciones para el colectivo obrero y establecía una “comisión de reindustrialización” para un eventual nuevo proyecto.

Ahora, son los tercerizados en huelga quienes reclaman por sus indemnizaciones y un lugar en ese plan de sustitución, para el que se busca un inversor. En el primer día de la medida de fuerza, los huelguistas realizaron una presentación judicial, debido a que la patronal recurrió a rompehuelgas.

Paro general en Chile

El 30 de abril, los trabajadores chilenos realizaron un paro general contra el gobierno de Sebastián Piñera. El desencadenante fue el intento del presidente de bloquear el tercer retiro de fondos de las AFP por parte de sus afiliados; fue a través de una apelación al Tribunal Constitucional, que finalmente fracasó. La medida de fuerza constituyó un cuestionamiento integral al gobierno represor y antiobrero, y a la falta de medidas sanitarias y económicas frente a la pandemia.

Si bien el paro fue convocado por la CUT, su preparación y las actividades del 30 corrieron por cuenta de los sectores en lucha (sindicatos combativos, asambleas territoriales, organizaciones estudiantiles). La medida de fuerza estuvo precedida por un cese de actividades en 25 puertos.

Más información aquí.

https://prensaobrera.com/internacionales/viva-la-rebelion-del-pueblo-de-colombia/

https://prensaobrera.com/internacionales/noticiero-internacional-33/

05/05/2021

Las elecciones en Madrid y el adiós de Iglesias

La titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (del derechista Partido Popular), logró la victoria en las elecciones adelantadas de este martes 4. Con 65 bancas conquistadas, duplica los resultados del comicio de 2019 y gana en la totalidad de los distritos madrileños y casi la totalidad de los municipios. Si bien no logró una mayoría absoluta, le bastaría la abstención o el voto favorable de Vox en la Asamblea para lograr su investidura, algo a lo que la formación ultraderechista ya se ha mostrado propicia.

El éxito del PP consistió en polarizar la elección con el gobierno centroizquierdista de Pedro Sánchez-Pablo Iglesias (PSOE-Podemos), fuertemente desgastado por la crisis sanitaria y económica (basta decir que ha permitido cientos de miles de despidos), transformándola en una contienda de tipo nacional. Díaz Ayuso no se cansó de presentarse como un “contrapoder” frente a la administración central y logró conquistar votos del PSOE, que retrocedió de 37 a 24 bancas. Además, absorbió el caudal de otra formación derechista, Ciudadanos, que se hundió completamente, desapareciendo del Parlamento (pierde sus 26 escaños). La otra fuerza derechista, Vox, retuvo su porcentaje y añadió un diputado (tendrá 13).

Dentro del PP, Díaz Ayuso expresa una de sus alas más agresivas, o sea que es la derecha de la derecha. Se opuso a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, sostuvo inicialmente planteos contrarios a las medidas de aislamiento social (aunque luego debió retroceder, ante el ascenso de la tasa de mortalidad) y hasta dijo en plena campaña electoral que “si te llaman fascista es porque estás del lado bueno de la historia”. Tiene buena sintonía con los “ultras” de Vox y hasta ha dejado la puerta abierta a integrar algunos de sus miembros como asesores. Vox, por su parte, dijo que facilitará su investidura y se muestra dispuesto a cooperar en la Asamblea, pero prefiere no integrarse al gobierno. La elección estuvo marcada por provocaciones derechistas, como las amenazas de muerte contra el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, y las agresiones en su domicilio. Estos hechos se vienen multiplicando en España.

Pero más que la capacidad de la derecha, es el fracaso del gobierno de Sánchez-Iglesias en dar una respuesta a los problemas de las masas el que ha permitido la recuperación del PP, que se había hundido con Mariano Rajoy. El PP logró incluso crecer y transformarse en la fuerza más votada en los distritos más empobrecidos (el “cinturón rojo” del sur de Madrid), si bien la suma de las fuerzas “progresistas” (PSOE-Podemos-Más Madrid) sigue siendo en ellos ligeramente superior a la suma del bloque derechista (PP-Vox-Ciudadanos) (ver “Ayuso erosiona el cinturón rojo de la capital”, en El País, 5/5).

No podemos

El otro gran dato político de la elección es la renuncia de Pablo Iglesias a la política. El líder de Podemos había dejado la vicepresidencia para competir en Madrid, con la intención de enfrentar en forma directa a Ayuso, unificar el espacio “progresista” y revertir el retroceso de su fuerza en los últimos procesos electorales regionales. Y aunque Podemos tuvo un ligero crecimiento (pasa de 7 a 10 escaños), no solo se vio vapuleado por el PP, sino que incluso fue superado por Más Madrid, un desprendimiento encabezado por Iñigo Errejón en 2015, que esta vez logró 24 bancas (cuatro más que en 2019) y por unos pocos votos superó al PSOE, quedando segundo.

El retiro político de Iglesias merece una reflexión más general. Podemos surgió como fuerza política tratando de canalizar en las urnas el movimiento de los indignados, es decir el vasto proceso de movilizaciones que se abre en 2011 contra el desempleo, los desalojos y los estragos de la crisis capitalista. En las euroelecciones de 2014, a meses de su formación, obtuvo un 8%. En las elecciones generales de 2015 hizo una gran elección, logrando el 12,7%. En 2016, ya como Unidos-Podemos (que suma al Partido Comunista), es tercera fuerza con el 13,4%. Pero a partir de allí, comienza a desinflarse, en coincidencia con una adaptación creciente al régimen político. Su integración al gobierno con el PSOE se produce tras las elecciones de noviembre de 2019, en que obtiene el 9,8%.

Cuando Iglesias balanceó, en su conferencia de renuncia, como el aspecto político positivo de su formación, el haber quebrado el bipartidismo del PP-PSOE, omite decir que se sumó a gobernar con Sánchez, ocupando su fuerza la vicepresidencia y varios ministerios. Iglesias sigue sin cuestionar esta orientación fundamental, dado que su renuncia busca abrir paso a nuevos liderazgos y que Podemos “consolide su peso institucional”. La figura emergente del espacio es Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y reemplazante de Iglesias en la vicepresidencia, quien según la prensa se ha sabido granjear el respeto del PSOE por su perfil moderado.

Podemos nunca llevó a cabo un cuestionamiento de fondo del régimen capitalista. Con un discurso limitado a planteos redistribucionistas y a una crítica de la “casta política”, fue tomado como modelo por buena parte de la izquierda mundial. Estamos asistiendo a un fracaso de esta tentativa. En el plano continental, Podemos se unió a Syriza, la fuerza que terminó aplicando en Grecia las políticas de ajuste de la Troika.

Es necesaria otra orientación, basada en la organización y la lucha de los explotados contra el capital y sus gobiernos, y en el desarrollo de una fuerza política revolucionaria, que adopte como perspectiva el gobierno de los trabajadores y la unidad socialista de Europa.

https://prensaobrera.com/internacionales/europa-ante-una-reapertura-apresurada/

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05/05/2021

Catástrofe en el metro de la capital de México

El lunes 3 de mayo, cerca de medianoche, se rompió una viga del puente del tren de la “Línea Dorada” (12) del metro de México DF. Como resultado de esto se derrumbó toda la estructura y cayó al abismo (veinte metros) la unidad que trasladaba pasajeros. El saldo (provisorio) de lo ocurrido son cerca de un centenar de heridos y alrededor de 25 muertos.

Un desastre previsible

La construcción de la línea 12 realizada durante el mandato de Marcelo Ebrard (2006-2012) en la jefatura del gobierno del Distrito Federal estuvo desde el principio llena de errores en el sentido de ausencia de especificidades técnicas, supervisión, compatibilidad entre vías y trenes, operación y mantenimiento, etc. El 12 de marzo de 2014 (dos años después de inaugurado) la línea 12 suspendió sus servicios en doce de sus estaciones por seis meses debido a problemas de construcción, con la finalidad -según señalaban las autoridades- de realizar “los estudios, correcciones y mantenimiento necesarios para resguardar la seguridad de los usuarios”. Cabe señalar que el tramo interrumpido se rehabilitó en 2015, pero según las quejas de los vecinos la estructura quedó resentida por los sismos de hace cuatro años y medio. No está de más señalar que Joel Ortega Cuevas (director del metro en 2012, fecha de su inauguración) dijo que los problemas de la “Línea Dorada” “ya estaban presentes desde la apertura de la línea, pero se agudizaron en el tiempo y llegaron a un grado mayor de complicación cuando entraron la totalidad de los trenes a operar”. Pero quien lo reemplazó en el cargo, Jorge Gaviño Ambriz, declaró que a su llegada se encontró con doce estaciones de la línea doce con fallas de seguridad, cinco estaciones de la línea A “ inservibles” y muchos trenes parados.

Otro Odebrecht, otro crimen de Once

La “Línea Dorada” o 12 es probablemente la obra pública más costosa de la historia de México, con una inversión financiada en conjunto por el gobierno federal y el gobierno del DF. En 2017, a pesar de las advertencias de trabajadores del metro, tuvo lugar un incendio con un muerto como saldo, en otro ramal del metro.

Tanto Miguel Angel Mancera, anterior jefe de gobierno del Distrito Federal como quien está en funciones y le sucedió “han dado sus condolencias” y han afirmado que “investigarán”. Sin embargo, quienes deberían ser investigados son ellos por lo mencionado en párrafos anteriores, tanto por la responsabilidad en las muertes ocurridas, como por la inversión mal realizada en un negocio en que los funcionarios de los sucesivos gobiernos mejicanos al menos desde 2012 hasta el presente tuvieron participación.

Estamos asistiendo a la evidencia de un fraude del Estado burgués mexicano contra el pueblo azteca, cuyas consecuencias son irreparables y en esto están embarrados hasta el caracú los gobiernos de diferente signo político capitalista. Cabe señalar, también, a las empresas que han sido parte de estos graves y luctuosos actos delictivos. En el proyecto de la “Línea Dorada” o 12 fueron beneficiarios de la adjudicación estatal -entre otras- empresas multinacionales de origen español: Ayesa y Sacyr. Esta última, fue agraciada en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la ampliación del aeropuerto de la capital mexicana y muchísimas obras de infraestructura ferroviarias, viales, etc., y desde luego con este fraude criminal de la línea 12 del metro. Se trata de una empresa que abarca obras de infraestructura en los cinco continentes.

Los diversos personajes que ocuparon la jefatura de gobierno del DF no solo son sospechosos de tener una enorme responsabilidad en el derrumbe del puente del metro, sino que hay pruebas incontrastables de la misma. Ebrard (cuyo origen político fue el PRI, y luego pasó al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas), jefe de gobierno desde 2006 a 2012, luego de haberse presupuestado la obra de la “Línea Dorada” en 17.000 millones de pesos mexicanos, pagó un precio más de dos veces superior : 47.000 millones (equivalente a más de 2.000 millones de dólares). Su secretario de finanzas, responsable de esa sobrefacturación, Mario Delgado, investigado por la misma, es hoy coordinador del partido gobernante Morena, designado por López Obrador y Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno, que impulsó la construcción del metrobus ocultando su presupuesto, siendo secretaria de medio ambiente de López Obrador cuando era jefe de gobierno en 2000.

Queda claro que la razón de ser de los partidos y los gobiernos del capital es defender y administrar los negocios capitalistas del Estado y queda claro también que la cuarta transformación de Morena y López Obrador no es otra que la continuación de los chanchullos de la clase capitalista. Los afectados, sus familias, los trabajadores del metro del DF deben impulsar una comisión investigadora que coloque en el banquillo de los acusados a los empresarios, gobernantes y funcionarios responsables de este crimen.

La conclusión dolorosa de esta tragedia, pero también la única saludable, es la ruptura de los trabajadores con Morena y toda variante política de la burguesía, cuya expresión debe ser un partido obrero revolucionario y socialista para acabar con este régimen, responsable de la miseria y también de la muerte.

https://prensaobrera.com/internacionales/la-campana-electoral-en-mexico-y-los-desafios-de-la-izquierda/

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05/05/2021
1° DE MAYO

Brasil: contra la masacre sanitaria y social, pan y vacunas

Bolsonaro organiza marchas. Lula llama a “no perder la esperanza”.

Brasil está devastado por el coronavirus: más de 400 mil muertos y 15 millones de contagiados. Se ha convertido en el segundo en el ranking mundial en superar esa cifra de decesos por la pandemia. En la base de esto está el desplome del sistema sanitario: faltan camas y médicos en terapia intensiva; no hay medicamentos e insumos de urgente necesidad (¡oxígeno!); el ritmo de vacunación es muy lento. El gobierno es responsable directo: despreció la situación (“es una gripizinha”, dijo Bolsonaro) y llamó a usar medicamentos ineficaces. Su preocupación es que los trabajadores sigan yendo a trabajar, aun a riesgo de los contagios y sus vidas.

Pero ahora, Brasil se enfrenta a una segunda epidemia, montada sobre la primera: el hambre y la miseria del pueblo trabajador. A los subsidios a los desocupados o imposibilitados de trabajar por la plaga, el gobierno de Bolsonaro los cortó a fin de año. Esto ha disparado la miseria y el hambre. Casi 20 millones pasaron hambre el año pasado. La desocupación subió al 14%. Más del 50% de la población enfrenta “inseguridad alimentaria”.

Esta epidemia de hambre y la inquietud social que está desarrollando, llevó a Bolsonaro, hace un mes atrás, a forzar la renuncia del ministro que más se había empeñado en el ninguneo a la lucha contra el Covid y a anunciar un nuevo sistema de bonos que es, sin embargo, terriblemente insuficiente. Se otorgará por 4 meses un bono de 250 reales promedio. Menos de la mitad de los 600 reales que se pagaron el año pasado. Al mismo Bolsonaro le dio un poco de vergüenza el monto de la “ayuda”: “Es poco, incluso lo reconozco”, dijo. Pero la vergüenza le duró poco, dado que inmediatamente aclaró: “el gobierno sabe que no puede continuar por mucho tiempo con esta ayuda que le cuesta a toda la población y puede desequilibrar la economía”. Para Bolsonaro, los desocupados y pobres serían la causa del “desequilibrio” de la economía brasileña (no sus víctimas) y no el pago de la deuda pública usuraria, los subsidios a los capitalistas, etc.

Un 1° de mayo sin banderas rojas

Este 1° de mayo tuvo una característica especial. Bolsonaro movilizó en las calles -en Brasilia, San Pablo y otras ciudades- a varios miles de simpatizantes que, vestidos con los colores de la bandera nacional (verde y amarillo) salieron a darle el apoyo. Y a incentivarlo para que se anime a dar pasos “institucionales” (si hiciera falta cerrar el parlamento o disolver la Corte de justicia si se le opone). El primer ministro de la Casa Civil del gobierno, Luiz Eduardo Ramos, aprovechó para declarar que los trabajadores apoyan al gobierno: “los trabajadores permanecen al lado de quienes nunca los han abandonado y siempre han defendido el derecho al trabajo. Ese es el mensaje de las calles este 1° de mayo”.

Lo que sí es cierto es que la CUT y ocho centrales obreras más decidieron hacer un 1° de mayo “unitario”, no manifestando, sino organizando un evento por streaming con la presencia de políticos burgueses y funcionarios de gobiernos estaduales dirigidos por la oposición burguesa. Por ejemplo, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, de denunciada trayectoria antiobrera. Se trata de una actividad preelectoral hacia la formación de un “frente amplio”, de un frente popular, para las elecciones presidenciales del 2022 y no de una jornada de lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones.

Guilherme Boulos, dirigente del PSOL, declaró que “necesitamos unir todas las candidaturas progresistas”. El presidente de la CUT, Sergio Nobre, fue igualmente explícito: “no hay tarea más importante para la clase trabajadora que derrotar a Bolsonaro, porque tenemos que hacer que Brasil retome el camino de la democracia, del crecimiento, del empleo de calidad, de los derechos, de las libertades. Esta es una pauta común del movimiento sindical”. El derechista dirigente de Forca Sindical, la central “pelega” (derechista burocrática, contra la cual se construyó la CUT, dirigida por el PT de Lula), fue uno de los convocantes de la “unidad sindical” y declaró su objetivo en forma directa: formar un frente amplio desde la izquierda hasta la derecha para las elecciones del 2022.

El ex presidente FHC declaró: “yo diría que el tema fundamental en este país hoy es reactivar la economía de tal manera que nos permita tener trabajo e ingresos para otras familias, y educación, que también es fundamental”. Los reclamos de las masas vendrían después de la reactivación, la que vendría después de derrotar a Bolsonaro en las elecciones de octubre 2022.

Lula, el ex dirigente de la CUT y expresidente, declaró que había que luchar por “mantener la esperanza”.

Se trató de un acto de conciliación de clases, con la presencia de gobernadores y dirigentes políticos patronales.

Las únicas centrales que se desmarcaron de esta enajenación de la independencia política y organizativa del movimiento obrero detrás de la burguesía no bolsonarista, fueron Conlutas y una fracción de la Intersindical, que denunciaron la capitulación burocrática y organizaron un Facebook Live reivindicando al 1° de mayo como jornada clasista, de lucha e internacionalista sin gobierno y sin patrones. Y realizando algunas acciones en puertas de empresas en conflicto.

También debemos señalar la iniciativa de un conjunto de agrupamientos de izquierda (Tribuna Classista, Política Revolucionaria, Gazeta Revolucionaria y otros) que realizaron una jornada de Facebook Live que –con distintos ángulos- rescató el carácter unitario y de lucha e independencia del 1° de mayo, en el cual participó como invitado también nuestro Partido Obrero.

Las bancadas parlamentarias o las bases obreras

Este lunes 3 de mayo, Lula inició la “movilización”. Se trasladó a Brasilia con el afán de realizar reuniones con los diferentes bloques parlamentarios para que presenten proyectos que eleven el subsidio de 250 a 600 reales, combatir el Covid y el hambre. Pero… incluso los bloques “opositores” del Congreso son minoritarios en relación al frente de las bancadas del “centrao” sostenedor de Bolsonaro. Se trata, por lo tanto, de una acción puramente propagandística y electoralista.

Los que deben ser consultados son los trabajadores. La “movilización” de los bolsonaristas el 1° de mayo es pura espuma. Se aprovechan de la parálisis de las direcciones de las centrales obreras. El inicio de un plan de lucha del movimiento obrero haría saltar por el aire la grandilocuencia fascistoide de Bolsonaro y sus planes de descargar la crisis sobre las masas trabajadoras. Para ello se necesita de una política independiente de los partidos patronales. Sería necesario convocar a un congreso de bases del movimiento obrero para votar una plataforma de reclamos y un plan de lucha para imponerlo y convocar al pueblo explotado (estudiantes, campesinos, etc.) a unirse en la lucha bajo la consigna “Fuera Bolsonaro, Mourao y todo el régimen de explotación”.

https://prensaobrera.com/internacionales/brasil-crisis-politica-y-militar/

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05/05/2021

Charla-debate sobre la rebelión popular en Colombia

Desde las 18:30, con Pablo Giachello, dirigente del Partido Obrero. Seguila por Facebook Live.

Este miércoles 5 se desarrollará una charla-debate sobre la rebelión popular en curso en Colombia. Hablará Pablo Giachello, dirigente nacional del Partido Obrero. Podrá seguirse a través de un Facebook Live de Prensa Obrera desde las 18:30 horas.

Las masas colombianas salieron a las calles desde finales de abril contra el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, que reforzaba los impuestos sobre los sectores populares, obligándolo a retirarlo el domingo 2. Sin embargo, la movilización continúa, en rechazo a un gobierno criminal (que dejó al menos 18 muertos en la represión a las manifestaciones) y hambreador (la pobreza ha escalado al 42% de la población), que es además una de las piezas claves del imperialismo norteamericano en la región.

 

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04/05/2021

“Plantón político-cultural” frente al Consulado colombiano contra la represión

Hay al menos 18 muertos y varias personas están desaparecidas. Sigue la rebelión.

Federico Imas Ojo Obrero Fotografía

En coincidencia con la séptima jornada consecutiva de movilizaciones en Colombia, residentes de la comunidad colombiana realizaron este martes 4 un “plantón político-cultural” frente al Consulado de dicho país en Buenos Aires, acompañados de numerosas organizaciones. Los ejes de la concentración fueron el apoyo a la rebelión popular y el repudio a la represión del gobierno de Iván Duque, que ha dejado al menos 18 manifestantes muertos (tal la cifra que menciona la Defensoría del Pueblo del país hermano) y cerca de 800 heridos. Aún se desconoce el paradero de otras decenas de personas.

“Duque pare la masacre”; “nos están matando”; “no tenemos miedo” y “En Colombia se están matando civiles”, enunciaban algunos de los carteles que podían verse frente a la sede diplomática ubicada en el centro porteño. Asimismo, dos angostos cartelones negros de varios de metros de extensión, desenrollados a lo largo de la calle, exhibían una interminable lista de activistas asesinados. De acuerdo a un relevamiento del Instituto para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), solo en 2020 hubo más de 250 crímenes a manos de grupos paramilitares y bandas criminales, que operan en connivencia con el Estado.

Tras la militarización de las calles colombianas, en respuesta a la movilización popular, senadores del partido de gobierno (Centro Democrático) han salido a plantear que se instaure también el estado de conmoción interior, semejante al estado de sitio. Esto, en las vísperas de una nueva convocatoria nacional para el 5, lanzada por el Comité Nacional de Paro (una jornada que estaba pautada originalmente para el 19, pero se adelantó).

La rebelión colombiana obligó al gobierno de Iván Duque a retirar su cuestionado proyecto de reforma tributaria (que reforzaba los impuestos al consumo y sumaba cientos de miles de trabajadores al pago del impuesto a la renta) y a cambiar de ministro de Hacienda, pero las masas siguen en las calles en rechazo a otros proyectos antiobreros, como la reforma de salud, que según las organizaciones obreras, avanza hacia su privatización. Y en rechazo al gobierno mismo, que es una asociación criminal y una pieza clave del imperialismo en la región.

Es necesario un congreso de las organizaciones obreras, estudiantiles e indígenas para centralizar la lucha y lograr echar a Duque.

https://prensaobrera.com/cultura/los-artistas-y-deportistas-en-solidaridad-con-la-lucha-del-pueblo-colombiano/

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04/05/2021
FRANCIA

Nuevo Partido Anticapitalista: hacia un congreso “Insumiso”

Los acuerdos del NPA con La Francia Insumisa (centroizquierda) en las elecciones regionales precipitan la crisis de su quinto congreso.

El NPA (Nuevo Partido Anticapitalista) de Francia -el partido “amplio” y de tendencias por excelencia- está atravesando, en el camino hacia su quinto congreso, una crisis disolvente. No se trata, sin embargo, de un hecho sorpresivo. Más bien, es la continuidad, en un contexto distinto al de su surgimiento en 2009, de la línea de integración al régimen burgués emprendida por la mayoría del llamado Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional, y de la adaptación de importantes sectores que se reclaman revolucionarios a este planteo político.

La previa del quinto congreso

Las demoras y postergaciones –con diferentes “justificativos”- de más de un año en la realización del quinto congreso del NPA, han vuelto a repetirse. Anunciado para junio, ahora fue aplazado para octubre. Aunque es probable que nunca se realice. Las “demoras” se explican por el hecho de que la “mayoría” de su dirección, proveniente de la ex LCR (Secretariado Unificado), ha forzado la mano para encaminar al NPA hacia un frente electoral “competitivo”, más precisamente en torno a la candidatura presidencial -en 2022- de Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (LFI), un ensamble de tono “progresista” que aspira a convertirse en la versión gala de Syriza (Grecia) o Podemos (España), con un programa igual o más “moderado”.

La novedad es que el acuerdo electoral que sostuvo el NPA hace unos meses con La Francia Insumisa en la importante ciudad de Burdeos -pasando por arriba de los organismos partidarios y con la mayoría de la militancia de la zona en contra- se hizo extensivo a las elecciones regionales. Se demostró que no se trataba de un caso especial, como la “mayoría” lo presentaba, sino de la norma.

Tanto en la región de Nueva Aquitania (de la cual Burdeos es su capital) como en Occitania (que concentra un importante activismo en su capital Toulouse), el NPA integra listas comunes con La Francia Insumisa. Ante eventuales balotajes, estos acuerdos podrían converger -como es habitual en el sistema electoral francés- en un voto hacia el candidato de la “izquierda” del régimen (Partido Socialista, Verdes, etc.), contra el del ala “derecha”. Para mal de males, Nueva Aquitania y Occitania son las únicas dos regiones -sobre trece en la Francia continental- donde el NPA contará con candidatos, lo cual dimensiona la parálisis en la que se encuentra.

En la región de Occitania, el acuerdo con LFI también incluyó al partido Izquierda Democrática y Social (GDS), una escisión del Partido Socialista que, no obstante, continúa siendo parte de su grupo parlamentario. La subordinación de la dirección del NPA –a la cual arrastra a todo el Partido- al sector de Mélenchon (LFI) es plena, tanto en el ordenamiento de los candidatos como en su programa, circunscripto a una gestión del presupuesto público con “mayor incidencia social” -un lugar común de la centroizquierda.

Por su parte, el frente en Nueva Aquitania busca lavarse el rostro al tomar su nombre de la canción más icónica de los chalecos amarillos, “On est lá” (Aquí estamos). Pero el guiño por izquierda no tapa el hecho de que La Francia Insumisa aparece como una variable de contención de las tendencias a la radicalización que recorren las luchas de los explotados, tolerable por la burguesía y el imperialismo en un contexto de río revuelto. Entre las más de cien mil muertes por Covid, las restricciones impuestas al sector agrario y la bancarrota de la otrora próspera industria francesa, la crisis de la Quinta República parece no tocar fondo. Los sondeos preliminares arrojan un abstencionismo electoral superior al 20% y un balotaje presidencial en 2022 de final incierto entre la fascistoide Marine Le Pen (Frente Nacional) y el actual presidente, el empresario financiero Emmanuel Macron. A todo esto, se suman las recientes amenazas golpistas-fascistas de un sector de las Fuerzas Armadas.

Mélenchon, que obtuvo el 19% en 2017, es el eje de un tercer espacio que aspira llegar a la segunda vuelta o, al menos, cotizar sus votos en un eventual balotaje sin su presencia. El lanzamiento de su candidatura presidencial para el 2022, coincide con la campaña por las elecciones regionales, donde impulsa acuerdos distrito por distrito: en uno con el Partido Comunista y los verdes, en otro con el Partido Socialista, en un tercero con el NPA, etc. Así, cada quien puede defender lo suyo, y todos llevan agua para Mélenchon.

La decisión de conformar frentes con LFI fue tomada en forma inconsulta por el sector de la “mayoría” que responde a Philippe Poutou, el principal vocero del NPA, y presentada al partido como un hecho consumado. Esto a pesar de encontrarse en las vísperas de un congreso, y sin pasar por la dirección nacional ni regional.

Oposición

El acuerdo con La Francia Insumisa demuestra que es el sector proveniente de la ex LCR (Secretariado Unificado) quien impone, sin importar su influencia real en la base militante, la línea política de fondo en el NPA. Se trata de un condicionante que, aunque siempre haya sido harto evidente, no deja de ser especialmente ilustrativo. Se trata de la corriente política que, durante décadas, insistió con más vehemencia con que la crisis de la izquierda se debía a su carácter monolítico, cerrado, poco sensible ante las nuevas inquietudes; y que, por lo tanto, correspondía disolver las viejas estructuras en movimientos que se adapten a un entorno diverso, en donde puedan escucharse todas las voces. Pero son también quienes, a la hora de la verdad, muestran a cielo abierto el carácter farsesco de la democracia interna en los “partidos amplios”.

A pesar de que la debacle del Secretariado Unificado y la “mayoría” de la dirección del NPA -en términos de lucha por la independencia de clase- no es nueva, este salto en calidad ha provocado una fuerte reacción interna. Algunas corrientes y gran parte de la militancia de base se oponen a los acuerdos del NPA con LFI, y plantean presentar candidatos propios del NPA o en acuerdos con otras corrientes de izquierda, en el marco de la constitución de un polo de independencia de clase. Se trata de un rechazo a las tendencias frentepopulistas de la “mayoría” de la dirección del NPA.

La oposición al frente del NPA con LFI ha denunciado correctamente que la “plataforma” aprobado por el frente NPA-LFI para las elecciones regionales hace un abandono de históricas posiciones del movimiento obrero. Por ejemplo, la sustitución del programa de lucha contra la desocupación (prohibición de despidos, reparto de las horas de trabajo, etc.) por el planteo de… negar subsidios a las “grandes” empresas que despidan. Advierten, además, que llamarían a votar otras listas, como las de Lutte Ouvrière (Lucha Obrera), que expresan en su constitución una perspectiva de independencia de clase.

Este planteo, elaborado por las corrientes internas del NPA L’Etincelle (La Chispa), A&R (Anticapitalismo y Revolución) y DR (Democracia Revolucionaria) es un paso adelante porque surge del entendimiento de que la dirección del NPA quiere imponerle al partido una orientación integral de componenda con la burguesía, a lo cual se oponen.

El documento de oposición, sin embargo, evita ensayar un primer balance sobre los límites insalvables políticos y programáticos de los llamados “partidos amplios” que encarnó y viene encarnando NPA. Tampoco sobre la gigantesca crisis política en Francia, que permitiría darle más profundidad al rol de rescate que pretende jugar Mélenchon, arrastrando a la izquierda tras de sí.

Lo que plantea la crisis del NPA

Esta crisis expone las limitaciones de aquellos agrupamientos que, a pesar de reivindicarse revolucionarios, atan su destino a estos “armados” de la dirección “mayoritaria” del NPA. Con expectativas en que, bajo el paraguas común del NPA, sería posible arribar a una consideración mayor en el seno de la clase obrera. Pero los casilleros avanzados con la infatigable militancia en fábricas y dependencias laborales, o la intervención política en los movimientos de masas, son la prenda de cambio que, ahora, la “mayoría” utiliza para subirse el precio en sus alianzas. En criollo: los sectores combativos del NPA “ponen el agua”, pero es Poutou quien “toma el mate”.

Este fenómeno de disociación, donde los militantes abnegados sostienen la vida cotidiana de la organización, mientras que otros se dedican a dirigirla en el terreno político -con una orientación tributaria de la conciliación de clases- es lo característico de un “partido de tendencias”. La democracia leninista es reemplazada por arreglos de cúpulas, cuando no la claudicación ante quienes detentan figuras con mayor consideración electoral.

No es un esquema “reformable” en virtud de un debate interno o acumulación de fuerzas, porque las dificultades que encuentran los revolucionarios honestos que actúan en su seno para luchar por el poder obrero son, justamente, las virtudes que alientan las “mayorías” que lo utilizan para medrar en el régimen burgués. Por el contrario, el centralismo democrático coloca la dirección del partido en manos de la militancia real, lo cual también le confiere la responsabilidad de elevarse sobre el terreno reivindicativo para lanzar una política integral. La adaptación de la izquierda a la línea electoralista de la “mayoría” y su reclusión auto impuesta en tareas sindicales es lo que explica el embellecimiento que aún continúan haciendo del NPA, caracterizándolo de centrista y hasta de revolucionario.

Una variante de esta adaptación es la del grupo del PTS en el NPA -la Corriente Comunista Revolucionaria- que viene no solo de apoyar, sino de integrar con candidaturas la lista común con La Francia Insumisa en las recientes elecciones municipales de Burdeos. Ahora, “borrando” que se sumaron a la política de fondo de la “mayoría”, y sin presentar un balance (justificándose o de rectificación), proponen a uno de sus referentes como candidato presidencial del NPA. Afirman que, mientras Philippe Poutou (de la “mayoría”), ya adelantó que resignaría su nominación en caso de un acuerdo con LFI, su candidato no se “bajaría”; lo cual, esgrimen, permitiría “conservar la unidad” del NPA. La enseñanza de este relato es que, para el grupo del PTS, lo que importa, incluso en momentos bisagra para la izquierda, no es la clarificación política de la vanguardia, sino las maniobras sin principios, los “atajos” (candidaturas) y la autoproclamación.

El núcleo del problema continúa siendo que el NPA se constituye en base al abandono deliberado de las perspectivas revolucionarias para nuestra era política. Este elemento fue señalado en la contribución del Partido Obrero a la conferencia de L’Etincelle (a la cual fuimos invitados), en sendos artículos desde la formación del NPA y, más atrás aún, al balancear el lugar de la ex LCR. Pero no es una apreciación intempestiva lanzada desde Argentina. Basta leer sus documentos y programas. Ni el mejor buscador digital hallará referencias a la lucha por el gobierno obrero (dictadura del proletariado) como planteo estratégico. Es historia vieja las piruetas semánticas del Secretariado Unificado (con frases ambiguas y neologismos que han sido copiados por otros grupos autoproclamados como la “nueva izquierda” en todo el mundo) para dar cuenta de su contubernio con fracciones nacionalistas o stalinistas, que culminó, en Francia y a falta de mejores postores, con el lanzamiento de su propio “partido amplio”.

Conclusiones provisorias

La “mayoría” de la dirección actual del NPA está montando una comedia hacia el quinto congreso, donde se propone hacer implosionar el partido y lo que queda de su militancia. Esto para tener las manos libres en su transformación definitiva en uno de los tantos microemprendimientos izquierdistas que hoy se suman al frentepopulismo en las elecciones francesas. Las postergaciones reiteradas comienzan a abrir el interrogante de si efectivamente va a realizarse y en qué condiciones. La “mayoría” elige los tiempos según su conveniencia y obtención de candidaturas expectables, promoviendo las rencillas internas. Los grupos de la llamada oposición de izquierda del NPA tienen planteada una lucha a fondo. Sería una limitación grande abocarse a preservar un status quo que ya está definitivamente perdido. Lo contrario los llevará a la capitulación. Es una limitación indicativa el escaso caudal de producción sobre la temática en sus sitios web y periódicos, como si nada estuviera ocurriendo, cuando es precisamente el problema más candente para discutir con los obreros de avanzada. Y no solo a nivel nacional, sino internacional.

La supuesta ventaja comparativa de integrar el NPA, que esgrimía la izquierda, era utilizar su nivel de relativa popularidad entre los obreros como pasaporte para desarrollar una línea propia. Pero, en momentos en los que ese visado anula la mejor hoja de agitación fabril con el llamado a votar por Mélenchon, ¿qué une a la izquierda del NPA con el NPA? Se avecinan tiempos de definiciones. Un reagrupamiento revolucionario independiente en Francia, por su lugar en el concierto de naciones y el peso histórico de las corrientes de izquierda, podría tener un alto impacto global.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-npa-frances-al-borde-de-la-implosion/

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02/05/2021

La docencia porteña sigue el plan de lucha en defensa de la salud y la vida

Ademys votó un paro para el lunes 3 y otro que será parte de una jornada nacional de lucha.

Consejo Directivo ADEMYS

Tras los anuncios de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, la crisis educativa se profundiza. Los anuncios del gobierno nacional en los hechos no implican ninguna medida concreta para el sector. En primer término, porque deja en manos de la mayoría de los distritos la decisión de mantener o no abiertas las escuelas y allí donde establece el pase a la virtualidad no asigna recursos para sustentarla. Pero, además, Larreta avanza en su deriva bolsonarista sin que el gobierno nacional le ponga freno alguno. Luego de una conferencia en la que el gobierno porteño siguió negando los preocupantes datos epidemiológicos, el vicejefe de gobierno Diego Santilli anticipó que no tienen ninguna intención de volver a judicializar el decreto presidencial; directamente no lo acatarán. En medio de la grave situación sanitaria, esto implicó un salto en la crisis política.

En este contexto, se desarrolló en la mañana del día sábado la asamblea virtual abierta al conjunto de la docencia convocada por el sindicato Ademys con el objetivo de deliberar sobre la continuidad del plan de lucha que cumplió el viernes pasado los 10 días de paro. La docencia porteña viene desarrollando una lucha en defensa de la salud y la vida planteando el pase a la virtualidad, con la exigencia de conectividad y dispositivos, y el reclamo de un plan de vacunación para toda la población.

Se votaron 48hs de paro para esta semana. El día lunes vamos a un paro y agitaciones callejeras para el rechazo político de la apertura de Larreta. El segundo día de paro se desarrollará en el marco de una jornada nacional de lucha, para profundizar la campaña por la vacunación exigiendo la liberación de las patentes y la declaración de utilidad pública de las vacunas AstraZeneca que aun cuando son producidas en el país son llevadas a otros países. Para esto está programada la realización de una caravana, que parte de la jefatura de gobierno, para hacer un reclamo al gobierno y partir hacia el laboratorio Sigman en la localidad de Garín, confluyendo con los Suteba Multicolor, junto al planteo que se sumen otros sectores de trabajadores a la lucha por la vacunación masiva. También quedaron definidas la realización de acciones descentralizadas por escuelas y distritos sumando a las comunidades educativas. Una nueva asamblea quedó planteada para luego de la jornada nacional.

Luego de 10 días de paro la docencia atraviesa un debate sobre cómo continuar el plan de lucha en el marco de una crisis sanitaria. Pero la crisis educativa no es menor. Las escuelas están semi vacías de hecho, sea por el creciente ausentismo entre los estudiantes cuyas familias muestran una preocupación creciente frente a la situación sanitaria, sea por las burbujas que se cierran, sea porque varias ya han pasado a la virtualización o por la adhesión al paro. Frente a esto, el bloqueo del gobierno porteño a la virtualización que se traduce en presiones a las supervisiones y conducciones impide que haya clases de algún tipo. Esto complejiza la ya dificultosa situación e impide mantener cualquier tipo de continuidad pedagógica. Lo que se avecina es un nuevo fracaso del año lectivo cuyo único responsable es la gestión de la crisis que hace el Estado.

El gobierno porteño está jugado a quebrar la huelga docente y ha descargado fuertes descuentos sobre el salario. Esto conlleva la necesidad de dar una batalla a fondo contra los descuentos, incluso señalando al propio gobierno nacional y su Ministerio de Trabajo porque, en definitiva, no corresponde el descuento ilegal por hacer paro cuando se está haciendo para cumplir una medida sanitaria. Además, es necesario organizar los fondos de lucha por escuela y distrito que junto al puesto de pie por Ademys permitan mitigar el golpe al bolsillo que perpetraron la ministra Soledad Acuña y Larreta.

La burocracia de UTE-Ctera no ha movido un dedo para organizar a la docencia, se limita a avisar los paros a última hora sin convocar a la docencia a la deliberación y organización de un plan de lucha. Eduardo López y Angélica Graciano (dirigentes de UTE) utilizan la tribuna de los medios para desarrollar una denuncia de Larreta sin contenido programático. Por su integración al gobierno nacional, no pueden atacar una orientación que de fondo es compartida por Fernández. Lo que corresponde es que la UTE llame a instancias de deliberación, que reclame contra los descuentos en el Ministerio de Trabajo nacional, que organice acciones para quebrar la política de Larreta. Por su parte, la Ctera, que sigue sin intervenir, debe convocar a un paro nacional para desarrollar un plan de lucha nacional por la suspensión de clases en el país, la vacunación para la docencia y el resto de los trabajadores.

¿Cómo continuar la lucha y derrotar al gobierno?

Es importante ampliar la base de la huelga, dado la baja adhesión y la división que introdujo la medida oficial de virtualizar las secundarias (y el resto de los niveles no), y ganar a la docencia a la acción para enfrentar esta etapa. Defender la continuidad de las medidas de fuerza y de todas las acciones es clave. Este fue el planteo de Tribuna Docente dentro de la Multicolor, aún con diferencias con el resto de la directiva que no tenían la misma posición, y que luego sostuvimos en la asamblea del 1º de mayo del sindicato Ademys.

La propuesta votada coloca, como ya mencionamos, la continuidad del plan de lucha con 48 hs para esta semana. Paro el lunes 3 y otro paro a coordinar con los Sutebas multicolores y las seccionales nacionales opositoras, para reclamar por la vacunación universal y gratuita (para el día miércoles o jueves). A su vez, se hizo mucho énfasis en salir a las escuelas a ganar a la base del gremio con todo tipo de acciones, como cortes, banderazos, abrazos de escuelas, asambleas por escuela y distrito para hacer crecer el reclamo de suspensión de las clases.

En este escenario, se introdujo un debate en la asamblea. Un sector expresó que la continuidad debía darse mediante la renovación automática de las medidas. Exigían un paro de tipo sanitario que dé cobertura individual, sin tomar en cuenta los niveles de adhesión, las acciones directas que hay que impulsar, los debates  sobre cómo organizar el reclamo escuela por escuela, el rol de la burocracia sindical. Esto tiene sus problemas, porque puede llevar a una desnaturalización de la huelga como herramienta colectiva.

Pero además este planteo parte de una incomprensión de las responsabilidades y tareas políticas. La crisis sanitaria es una responsabilidad del Estado, la suspensión de la presencialidad debe ser exigida al gobierno. No se puede reemplazar esta lucha convirtiendo el paro en una dispensa. Varios agrupamientos pretenden colocar la responsabilidad de la situación en la conducción como mecanismo para golpear a la Multicolor y delimitarse, apoyados en un estado de preocupación  de docentes frente a la crisis sanitaria. En las intervenciones se llegó a escuchar la idea de hacer paro y rechazar cualquier tipo de movilización, sobre la idea de defensa del DNU de Fernández, entre otros problemas. De la misma manera que no está presente en su caracterización la situación en las escuelas, en sus discursos omiten la denuncia del Estado, puro faccionalismo.

La defensa de la salud y la educación está en nuestras manos

Hoy más que nunca necesitamos de la intervención independiente de la docencia, les estudiantes y las comunidades en la crisis abierta. La defensa de la salud y la vida está en nuestras manos.

Adelante compañeres!

https://prensaobrera.com/partido/gran-acto-del-frente-de-izquierda-unidad-por-el-1-de-mayo/

02/05/2021

Huelga general y rebelión popular en Colombia

Cae la reforma tributaria. Duque en la picota.

El paro general del 28 y el 29 de abril, contra el proyecto de ley que establece una reforma tributaria regresiva, se extendió durante los días 30 de abril y 1 de mayo. Se transformó, de esta manera, en una huelga general y en una rebelión popular con movilizaciones, cacerolazos y combates callejeros contra las fuerzas represivas.

El alcance de las medidas de fuerza, convocadas por el por el Comité Nacional de Paro que nuclea a las centrales sindicales (CUT, CGT y CTC), empujaron a un primer recule del presidente de Iván Duque. En la noche del viernes 30 el gobierno anunció una modificación del proyecto, retirando del mismo la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto de la renta y el aumento del IVA a bienes y servicios. Sin embargo, las masas, ya lanzadas al combate, fueron por el retiro integral del proyecto de reforma tributaria. El 1 de mayo, día internacional de la clase obrera, la rebelión se extendía a lo largo y a lo ancho del país y tomaba un nuevo impulso con movilizaciones de masas. Además de las manifestaciones en la capital Bogotá, que se dirigieron a la Plaza de Bolívar, cercana a la sede del Poder Ejecutivo, y a la casa del presidente Duque, hubo marchas masivas en Barranquilla, en Medellín, en Cali y Neiva. Por la tarde, las organizaciones campesinas anunciaban que se sumaban a la protesta (ContagioRadio, 1/5).

Finalmente, el domingo 2 de mayo el gobierno se veía obligado a retirar totalmente el proyecto de reforma.

Ante el desarrollo y la extensión de la rebelión contra la reforma tributaria, el gobierno desató una brutal represión que arrojó un saldo de numerosas víctimas fatales. Organizaciones de derechos humanos y parlamentarios de la oposición han denunciado en redes sociales y comunicados que “los homicidios por impactos de armas de fuego podrían ascender a 14 y se dieron en medio de abusos de la fuerza pública” (Télam, 1/5). Sin embargo, las víctimas fatales podrían ser muchísimas más. El sábado por la noche, el gobierno determinó la salida del Ejército a las calles en las principales ciudades del país, ante la incapacidad de las fuerzas policiales de dispersar a las masas en lucha. El expresidente Álvaro Uribe, perteneciente a la misma fuerza política que Duque, reivindicó a través de su cuenta de Twitter el "derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad".

 

Cuestión de fondo

Con la reforma tributaria, el gobierno pretendía afrontar un cuadro de quebranto estatal. Sucede que Colombia, la cuarta economía de América Latina, tuvo un déficit fiscal del 7,8% en 2020, su peor desempeño en medio siglo. Y según lo indicó el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla podría ascender al 8,6% en 2021 (El País, 16/4). Con la reforma original presentada por Duque, el gobierno aspiraba a recaudar unos 28 billones de pesos (6.300 millones de dólares) entre 2022 y 2031, a costa de los bolsillos de los trabajadores y el pueblo colombianos. De los $28 billones que se pretendían recaudar con la reforma tributaria original, el 87% lo ponían los trabajadores y solo el 13% restante los sectores capitalistas. Esto, en un cuadro donde la pobreza ya golpea al 42,5% de la población colombiana. En 2019, cuando se produjeron los grandes paros y movilizaciones contra la reforma laboral y previsional, había 17,4 millones de pobres. En la actualidad hay 21 millones de colombianos sumergidos en la pobreza.

A todo este cuadro de crisis social, hay que sumarle el cuadro de colapso sanitario. Colombia atraviesa ya una tercera ola de contagios. Los hospitales se encuentran al borde del colapso y el personal de salud agotado. Colombia acumula más de 2,8 millones de contagios y casi 74.000 fallecidos. De esta manera, se ubica como el cuarto país con más contagios y el quinto con más muertes de América Latina y el Caribe en proporción a su población.

Perspectiva

El recule del gobierno, retirando el proyecto de reforma tributaria, ha significado un “empoderamiento” de los trabajadores y el pueblo colombianos. La derrota total de la reforma tributaria deja planteada la lucha por la caída del gobierno asesino de Iván Duque y por el juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo. La clave pasa por darle continuidad a la huelga general, en oposición a cualquier política de tregua y de convocatorias espaciadas, como plantea el Comité Nacional de Paro. Un congreso de todas las organizaciones sindicales, estudiantiles y campesinas sería un factor decisivo para centralizar la lucha y profundizar la huelga general, para echar a Duque y por el conjunto de las reivindicaciones inmediatas de las masas.

La rebelión popular en Colombia, luego de la reciente rebelión en Paraguay, representa un nuevo llamado de atención para la izquierda revolucionaria y el movimiento obrero combativo de América Latina. La convocatoria a una segunda Conferencia latinoamericana y de los EE.UU. es a esta altura una necesidad imperiosa. Hay que intervenir decididamente en la nueva ola de rebeliones populares que ya está en curso.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-huelga-general-y-operativo-rescate/

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02/05/2021
VICENTE LOPEZ

La hipocresía del intendente Jorge Macri en el día internacional del trabajador

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, que aspira a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, subió a sus redes sociales una publicación "agradeciendo" a los trabajadores en su día.

Jorge Macri "agradece" a quienes explota diariamente (de hecho, reconoce esta explotación al decir que los trabajadores "transpiran hasta la última gota para que el país no se detenga"). En su municipio, que es uno de los más ricos de América Latina, los empleados del mismo cobran muy por debajo de la canasta familiar, no llegando a pasar la línea de la pobreza en algunos casos. El sueldo promedio de los municipales de Vicente López es de entre $30.000 y $40.000; y la mayoría tiene contratos precarios e informales.

Macri tiene razón cuando dice que sin los trabajadores la economía no podría funcionar. Lo que no dice es que los frutos se los queda una minoría de empresarios.

Sería prudente que en nuestro día no nos agradezca el intendente, sino que reabra las paritarias y todes pasemos a planta permanente, que nuestras condiciones laborales sean las adecuadas y que los sueldos se correspondan con la canasta familiar, para poder llegar a fin de mes. Pero claro, esto solo puede ser el resultado de la organización y la lucha de los propios trabajadores.

En contraste con la demagogia de Jorge Macri y el régimen de los que han gobernado las últimas décadas, el Frente de Izquierda - Unidad desarrolló un acto en que planteó una salida a la crisis y la perspectiva de un gobierno de los trabajadores.

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02/05/2021

Acto en Santiago del Estero por el 1° de Mayo

Organizado por el Polo Obrero y el Partido Obrero.

Este viernes 30, el Partido Obrero y el Polo Obrero realizamos un acto en el Parque Oeste en las vísperas del día internacional de los trabajadores. Participaron más de 300 compañeros de distintos lugares de la provincia (El vinalar, El Bosco II, General Paz, Industria, Juan Felipe Ibarrax, entre otros).

Primero intervino nuestra compañera referente de la juventud del Polo Obrero, Tamara López, haciendo un llamado a la juventud de Santiago del Estero a organizarse junto al Polo Obrero para enfrentar la desocupación, el hambre y por las herramientas que garanticen el acceso a la educación (conectividad).

En segundo lugar, nuestra compañera Sandra Suárez, referente del Polo Obrero, comentó la difícil tarea de poner pie el Polo en plena pandemia y la importancia de la irrupción del movimiento piquetero con una agenda propia para intervenir en la crisis en unidad de ocupados y desocupados.

El cierre estuvo a cargo del compañero Sebastián Godoy, que hizo alusión a la lucha de los mártires de Chicago y la importancia de la conquista de las 8 horas de trabajo. Destacó la necesidad de la lucha de la clase obrera en el marco de crisis producto de la pandemia. Denunció el ajuste de Alberto Fernández, que tiene al gobernador Gerardo Zamora como ejecutor en la provincia; ambos privilegian los intereses del FMI y de los grandes laboratorios y la contrapartida es el crecimiento de la pobreza y el avance del Covid ante la falta de vacunas.

Por último, concluyó que la única alternativa de los trabajadores para superar décadas de fracasos de todos los que gobernaron antes y nos gobiernan ahora pasa por ir a fondo en la perspectiva de que seamos los trabajadores los que pongamos en pie nuestro propio gobierno.

https://prensaobrera.com/partido/gran-acto-del-frente-de-izquierda-unidad-por-el-1-de-mayo/

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02/05/2021

Provincia de Buenos Aires: la política de la “muerte administrada”

Los anuncios de Kicillof.

Los anuncios del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que esperó conocer antes las decisiones de la Ciudad de Buenos Aires, ratificaron una política que sólo puede producir un recrudecimiento de la pandemia. Mantiene las escasas medidas de control nacionales -que según los diarios habría criticado en su entorno por insuficientes- y la presencialidad de las escuelas (el centro de su polémica con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta) en la mayoría del territorio provincial: un universo de 10 millones de habitantes.

Los anuncios de Kicillof son una adaptación a la política de la oposición derechista que critica o, más bien, un blanqueo de posturas similares.

Kicillof aplaudió al jefe de gobierno Larreta por “aplicar una restricción a la escolaridad presencial para el secundario en la ciudad” (La Nación, 1/4) en las nuevas medidas anunciadas, incluso cuando ello es falso (sólo se implementa la bimodalidad: una semana presencial, una semana virtual). Esto se debe a que él mismo sostiene una presencialidad aún más desenfrenada, en 100 distritos bonaerenses. La de Larreta no es otra que la política de la “presencialidad administrada” del ministro de Educación Nicolás Trotta.

Un semáforo criminal

En el extenso dictado de distritos catalogados de riesgo medio por Kicillof (y por lo tanto con todo abierto, incluidas las escuelas), está por ejemplo el municipio de Chacabuco, con cientos de contagios diarios. El avance de la pandemia en esta localidad obligó al intendente Víctor Aiola a solicitar pasar a fase 2, e incluso suspender las clases presenciales. Chacabuco es la cara de todo el interior bonaerense.

En su conferencia de prensa, Kicillof agobió con los datos de contagios cada 100 mil habitantes utilizados para cerrar las escuelas, por ejemplo Chile (374). Pero el gobierno nacional y él mismo lo consideran recién a partir de los 500 casos, más del doble de lo planteado por la Sociedad Pediátrica Argentina para frenar lo que han definido como una de las variables más importantes para bajar la circulación del virus.

Esta política antisanitaria provocó -según sus propias palabras- que en un mes se cuadruplicaran “los casos de Covid y ocupó mil camas de terapia intensiva. Hoy estamos en 1.618 ocupadas y quedan libres aproximadamente 800 en la región del AMBA. Tenemos un 76% de ocupación”.

Para los trabajadores, represión y chirolas; para las patronales, subsidios

Uno de los aspectos centrales de las medidas de Kicillof es la aplicación de severas multas para los que violen las restricciones, junto con la implementación de cierres y controles sanitarios en los accesos desde Capital Federal a la Provincia, como consensuaron entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Nación. Es decir, medidas de represión, especialmente contra las movilizaciones piqueteras y las manifestaciones obreras en el territorio provincial.

El otro fue el anuncio de ayudas provinciales completamente insuficientes en un gasto total nuevo de 71 mil millones de pesos para afrontar la segunda ola –que sus asesores sanitarios y ministros de salud señalan será continuada por una tercera aún más mortífera- que complementan la también misérrima asistencia nacional. Se trata de la ampliación de cupos para comedores escolares (apenas 300 mil más, que sigue dejando a millones de chicos fuera de la asistencia alimentaria); de los programas escasos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (como Más Vida, centros juveniles y becas de niñez); y el incremento de la jubilación mínima en un 35%, cuyo carácter se desconoce y que significaría en el mejor de los casos alrededor de 7000 pesos extra o menos, para un universo de 31.000 bonaerenses.

Un aspecto estratégico de los controles será la persecución a los trabajadores no registrados para viajar en el transporte público, pero no habrá exigencia para que las patronales y las concesionarias del transporte inviertan en mayor cantidad de unidades y vagones y en el traslado de sus trabajadores.

La descripción referida por el gobernador de cuáles serán los ítems del gasto social, permite deducir que el grueso de esos 71 mil millones prometidos serán para los capitalistas bonaerenses, en Repros, créditos y subsidios.

El gobernador hizo un homenaje y saludó especialmente a las y los trabajadores de la salud, que dan la vida –reconoció- en esta verdadera guerra. Los trabajadores de la salud, que recién se inician, cobran salarios de $ 40 mil, y en hospitales municipales como el Larcade, hasta de 25 mil pesos.

“No podemos convivir con este nivel de muertes”

Kicillof ponderó la campaña de vacunación provincial que, según dijo, ya abarcó a 2,7 millones de bonaerenses, aproximadamente el 27 por ciento de la población adulta. Este nivel paupérrimo de vacunación lo presentó como la cara positiva de la situación.

En este cuadro de precariedad, desinversión, vaciamiento del sistema sanitario colapsado, con salarios de pobreza, ausencia de protocolos en las fábricas y empresas, sin cobertura social, ni posibilidad de changuear, la política de Kicillof y del gobierno nacional es la de administrar las muertes, no la de resguardar la salud de los argentinos.

Los gobiernos de la entrega al FMI y de la explotación y el hambre contra los trabajadores son completamente enemigos de solventar los recursos que exige esta pandemia feroz, que por el contrario utilizan para avasallar aún más las condiciones de trabajo, salario y de vida de la clase obrera, en resguardo de los intereses de la clase capitalista.

La responsabilidad de la burocracia sindical

Hace unas horas, los trabajadores de la UTA, autoconvocados, cortaron puentes y accesos en reclamo de vacunas. Enfrentan así la política de parálisis y de entrega de la burocracia repodrida de Roberto Fernández, secretario general del gremio. Pero lo propio ocurre con todos los gremios. Kicillof señaló, como gran ejemplo, a la docencia, que en la provincias de Buenos Aires fue vacunada apenas en un 40 por ciento. Sólo los sindicatos, seccionales y cuerpos de delegados antiburocráticos y combativos y los movimientos de desocupados piqueteros no cooptados que luchan hacen valer los protocolos sanitarios y/o salen a la lucha por la vacunación universal de los trabajadores.

Por un programa de salida

Está planteada la centralización del sistema de salud, bajo control de sus trabajadores; vacunación universal, bajo control del personal de salud; Intervenir el laboratorio mAbxience, ampliando su producción y disponiendo el envasado de las vacunas en el país; suspender las clases presenciales en los distritos donde el semáforo epidemiológico está en rojo (más de 150 casos cada 100 mil habitantes, acumulados en 15 días); computadoras, conectividad y wifi para todas/os lxs alumnas/os; salario mínimo de $60 mil; paritarias sin techo; por un seguro al parado y a todas personas sin ingresos de $40.000. Por un aumento de emergencia de $15.000 a los jubilados.

https://prensaobrera.com/politicas/el-gobierno-analiza-medidas-que-no-frenan-la-pandemia/

 

 

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01/05/2021

Chile: huelga general y operativo rescate

Los desafíos planteados.

El viernes 30 se desarrolló la huelga general sanitaria convocada por la CUT. A la convocatoria adhirieron decenas de sindicatos de numerosos gremios. Aunque contó con un protagonismo especial de trabajadores de la salud y la educación, también adhirieron algunos sectores del transporte, los servicios y la industria. Estos sindicatos, junto a las asambleas territoriales y a las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y de mujeres y disidencias, impulsaron numerosas acciones. Las movilizaciones, cacerolazos y barricadas se verificaron de norte a sur del país. Arrancaron a las primeras horas del día extendiéndose hasta la noche, desafiando en muchos casos el toque de queda y el brutal operativo represivo desplegado por el gobierno, que dejó un saldo de decenas de manifestantes detenidos.

Como se ve, la preparación de la jornada de lucha corrió por cuenta exclusiva de los sectores combativos. Es que la dirección de la CUT rechazó realizar cualquier tarea preparatoria de la huelga. No tomó ninguna iniciativa organizativa para garantizar la adhesión y la movilización a los centros políticos del país, confirmando que con el llamado a la huelga solo buscó descomprimir el descontento social en ascenso que se registró en las últimas semanas.

Es necesario recordar que esta huelga general tuvo lugar en un cuadro de brutal recrudecimiento de la pobreza, agravada por la cuarentena decretada por el gobierno a principios de marzo, que apenas contó con una asistencia social misérrima. El descontento social dio un nuevo salto cuando el presidente Sebastián Piñera presentó, ante el Tribunal Constitucional, un requerimiento para que no se haga efectivo el “tercer retiro” de los fondos de pensión de los trabajadores que se encuentran en manos de las AFP. Este “tercer retiro” fue sancionado por el Congreso por la amplia mayoría de los legisladores, incluidos los oficialistas. La bronca popular se tradujo en importantes manifestaciones y protestas y un contundente cese de actividades de los portuarios, que paralizó 25 puertos de todo el país.

La clase trabajadora en las calles, con convocatorias que crecían día a día en número y combatividad, levantando como consigna principal “Fuera Piñera”, encendió las alarmas de todos los sectores políticos patronales y las instituciones del régimen. Fue este escenario el que tuvo en cuenta el Tribunal Constitucional cuando definió rechazar el requerimiento de Piñera y habilitar el “tercer retiro”.

Operación rescate

En la mañana del viernes, mientras las y los trabajadores se movilizaban en todo el país reclamando la renuncia del presidente, se sucedieron dos reuniones con un solo objetivo: sostener al gobierno en los meses que restan para la finalización de su mandato. Piñera se reunió con la presidenta del Senado, Yazna Provoste de la Democracia Cristiana, y el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen de Renovación Nacional, para sellar un pacto de “gobernabilidad”. Como parte del acuerdo, y con el objetivo de evitar un “cuarto retiro” de los fondos de pensión, el gobierno se comprometió a impulsar algunas reformas tributarias y ayudas sociales con alcance universal. Como sucediera el 15 de noviembre del 2019, la oposición parlamentaria, que hoy se aglutina tras la figura de Provoste, sale al auxilio del gobierno criminal.

La segunda reunión se produjo inmediatamente después de cerrado el pacto entre el oficialismo y la oposición patronal. Provoste se presentó en la sede de la CUT para mantener una reunión con su titular, Bárbara Figueroa, del Partido Comunista. Así la burocracia de la CUT comprometió sus servicios de contención para que Piñera pueda terminar su mandato y se opere la transición ordenada que reclama la burguesía. Es claro que el pacto Piñera-Provoste-Figueroa es un nuevo pacto contra el pueblo chileno.

El cuadro de efervescencia y deliberación que se ha abierto en el movimiento obrero le otorga una enorme actualidad a la pelea por un congreso de bases de la CUT y de todos los sindicatos. Un congreso de estas características sería fundamental para terminar con la burocracia sindical e impulsar un verdadero plan de lucha por el conjunto de las reivindicaciones urgentes de los trabajadores y el pueblo, hasta echar a Piñera y sus cómplices y por una Constituyente libre y soberana.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-inmersa-en-una-catastrofe-sanitaria-y-social/

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01/05/2021

Saludos internacionales al acto del Frente de Izquierda - Unidad

El acto del Primero de Mayo del Frente de Izquierda Unidad recibió saludos internacionalistas desde Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos y Francia. Además, llegaron numerosos saludos de referentes de la lucha de los trabajadores de las apps, que presentamos en una nota aparte.

La agrupación Speak Out Now de Estados Unidos señala en el video enviado que “[en Norteamérica] vivimos en dos realidades a la vez: una en que los gobiernos reabren la economía confiados en el impacto de la vacuna; y la otra, la de estados como Michigan en que los casos se siguen incrementando, mientras los niveles de vacunación se reducen”. Asimismo, explica que con los cheques de estímulo económico de Joe Biden se ha creado la impresión de una vuelta a la normalidad, pero que se trata de un “alivio temporal y bastante tenue”, que además no garantiza ninguna recuperación para los 9.7 millones de desempleados y otros millones en situaciones precarias. Los demócratas -dice también- muestran su verdadero rostro con el trato a los migrantes en la frontera y su “devoción” a los capitalistas.

“Esta es una lucha global contra el sistema capitalista”, dicen los compañeros del Comité de Frente Único por un Partido Laborista, que llaman a la lucha por el poder para los trabajadores, en Argentina y Estados Unidos.

La organización L'Etincelle de Francia (La Chispa) envió un saludo en el que señala que “más de un año después de que empezara la pandemia y a pesar de que la humanidad ha sido capaz de crear varias vacunas en un tiempo récord, la burguesía y sus representantes han demostrado otra vez su incapacidad en gestionar la crisis”. Además, denuncia que “la pandemia sirve también de pretexto para una aceleración de los ataques contra los trabajadores”. También envían su saludo en el video integrantes de uno de los colectivos de repartidores, que se organizan contra la precarización laboral.

El Grupo de Acción Revolucionaria (GAR) de México envió un saludo en que señala que a un año del Covid, “las medidas de confinamiento son una realidad que no alcanzó para todos”, dado la gran cantidad de sectores precarizados e informales a los que no se les garantizó un ingreso. Al mismo tiempo, señala que este es el Primero de Mayo con mayor cantidad de despidos en los últimos años, posibilitados por esquemas precarios de contratación en el mundo (como el outsourcing) que no garantizan los derechos laborales. En México hubo 647 mil despidos en 2020. Y plantean la lucha por el aborto legal, contra la burocracia sindical y para que la crisis la paguen los capitalistas.

“Tenemos que recordar nuestro labor histórica como revolucionarios en la lucha por la revolución internacional socialista”, dice Ximena Madrigal, en el saludo enviado por la organización Juventud Obrera de Costa Rica. Denuncia también de qué manera la crisis sanitaria y ambiental están empeorando las condiciones de vida de las masas.

“Perú se encuentra en una crisis del régimen político y la pandemia lo único que hace es profundizar la misma”, subraya César Zelada, en el video enviado por los compañeros de la Agrupación Vilcapaza.

Olga Aguirre, de la Fuerza 18 de Octubre de Chile, dirigió un saludo desde una de las actividades del paro nacional del 30 de abril contra el bloqueo del retiro de los fondos de las AFP por parte del gobierno de Sebastián Piñera, y contra sus políticas antiobreras.

Los compañeros de Política Revolucionaria de Brasil recuerdan en su mensaje que el 1° de mayo “debe continuar siendo un día de lucha de los trabajadores del mundo entero contra la explotación y la miseria”. Y se pronuncian por el desarrollo de una segunda conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos.

Luis Guillherme Giordano, en nombre de Tribuna Classista, destaca en su saludo la lucha de los trabajadores argentinos del neumático que lograron un 54% de aumento, la de los trabajadores de la salud y la del movimiento piquetero. Señala que están preparando un acto del 1 de mayo con otros agrupamientos obreros e independientes y plantea la formación de un comité independiente de los trabajadores que centralice las luchas y un congreso de bases de los trabajadores de la ciudad y el campo y la huelga general para echar a Bolsonaro-Mourao.

Los compañeros de la Agrupación León Trotsky de Uruguay señalan en su saludo que “para los trabajadores la pandemia ha sido una tragedia humana, pero para las elites gobernantes ha sido todo lo contrario, una bonanza financiera”. Respecto a la situación uruguaya, critican que “el PIT-CNT [central sindical], lejos de organizar la oposición a la política de la clase dominante, han contribuido a implementarla”. Pero enfatizan que la clase trabajadora está lista para luchar y llaman a pelear por el poder político para los trabajadores.

En tanto, la Agrupación de Trabajadores Bolivianos (Atrabol), de residentes en Argentina, emitió una declaración en que critica la subordinación de la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno de Luis Arce y plantea que “es necesario convocar a asambleas en todas las empresas y sindicatos para que los trabajadores voten su repudio al congelamiento salarial [este año no hubo aumento del salario mínimo en Bolivia], cuáles son sus reivindicaciones y un plan de lucha para imponerlas”.

https://prensaobrera.com/internacionales/trabajadores-de-reparto-de-seis-paises-saludan-el-acto-del-fit-u/

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01/05/2021

Trabajadores de reparto de seis países saludan el acto del FIT-U

Mensajes desde Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, México y EE.UU.

El acto del Frente de Izquierda - Unidad recibió numerosos saludos internacionales. Un punto destacado es el de los activistas del movimiento de los repartidores, que se están organizando en todo el mundo contra la precarización laboral. Recibimos las salutaciones de Paolo (Ni un repartidor menos - Estados Unidos), Jesús (SEIU - Estados Unidos), Yuli (Glovers Ecuador), Saúl (Ni un repartidor menos - México), Servio (Riders unidos - Chile), Carolina (Unión de trabajadores de plataformas - Colombia) y Federico (Sinactram - Paraguay).

A raíz del Primero de Mayo, varias organizaciones de repartidores suscribieron una declaración común en que señalan que "ante el constante ataque de las plataformas de delivery y los gobiernos sobre las condiciones de vida de la gran masa de trabajadores de reparto, la respuesta de las y los repartidores comienza a expresarse en todo el mundo".

https://fb.watch/5dadqGJruI/

Como parte de esas acciones, se realizaron durante 2020 cuatro paros internacionales que pusieron de relieve el fraude laboral de las compañías (que niegan la relación de dependencia, presentando a sus empleados como "autónomos"), el bajísimo pago por entrega (mientras los dueños de las APP's se hacen multimillonarios), y ritmos infernales de trabajo que propician los accidentes que se cobran cotidianamente la vida de tantos trabajadores.

"Los repartidores de todo el mundo nos encontramos ante la necesidad de seguir sumando fuerzas e involucrar a la lucha al conjunto de los repartidores del mundo", concluye la declaración ya mencionada, que plantea la necesidad de asambleas y organizaciones de base.

https://prensaobrera.com/politicas/1o-de-mayo-sumate-a-escuchar-el-acto-del-frente-de-izquierda-unidad/

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30/04/2021

Por un 1° de mayo de lucha obrera, socialista e internacionalista

Declaración de Atrabol (Agrupación de Trabajadores Bolivianos, residentes en Argentina).

Agrupación de Trabajadores Bolivianos - Atrabol

El 1° de mayo es una jornada internacional de lucha de los trabajadores. En Bolivia y en todo el mundo las organizaciones obreras debieran llamar a movilizarse frente a los poderes políticos reclamando por nuestros derechos y proclamando su independencia política y organizativa, proclamando que luchan por gobiernos de trabajadores para acabar con la explotación del hombre por el hombre. Pero la Central Obrera (COB) está enfeudada en el apoyo al gobierno de Luis Arce Catacorra, que afirma buscar la “unidad nacional” con la clase patronal. Esto va contra la independencia política de los trabajadores: unidad con los explotadores nativos y extranjeros o unidad de obreros, trabajadores y campesinos.

En muchos aspectos la política del presidente Arce es continuidad de la que llevó adelante el gobierno golpista de Jeanine Añez. Tradicionalmente para el 1° de Mayo se anunciaba el aumento de los salarios mínimo y básico nacionales, que debían ser superiores a la inflación. El año pasado el gobierno golpista congeló todo anuncio de aumento por la crisis de la pandemia del Covid. Los trabajadores eran los que pagaban la crisis con un congelamiento salarial. Y este año, Arce Catacorra… también hizo lo mismo. Ha anunciado que el incremento para el salario mínimo será de 0,67%. Y para los salarios básicos del…. ¡0%! Mantiene claramente una política antiobrera. Las patronales se oponen a todo incremento salarial: han anunciado que por cada punto que aumenten los salarios habrá 10 mil despidos. ¡Un chantaje extorsivo!

Las patronales y el gobierno afirman que este congelamiento de salarios es por el bien de los trabajadores, para que no se produzca un “descalabro” económico y “garantizar la estabilidad laboral”. Pero en el 2020 -con 0% de aumento salarial- hubo pérdida de 400 mil puestos de trabajo. La desocupación alcanzó a fin de año a casi el 9%.

El año pasado, decía Añez que se congelaban los salarios porque había recesión. Este año que, según afirman, habrá reactivación… tampoco hay aumento. ¡Siempre sopa!

Encima, dirigentes de la central empresaria nos “consuelan” (en realidad nos cargan) diciendo que solo el 20% de los trabajadores son formales; todos los demás están en negro, son “cuentapropistas”, etc. Lo cual coloca al rojo vivo el problema de la superexplotación y de la informalidad laboral que beneficia a la clase patronal.

¿Y la COB qué hace frente a esta situación? Había pedido un 5% de aumento, recibiendo muchas críticas por lo limitado de su “reclamo”. Pero… le dieron 0%. Un dirigente de los fabriles dijo que esto era un insulto a los trabajadores.

El gobierno tiene entretenida a la dirección de la COB en un sinfín de comisiones donde charlan sobre los problemas de las patronales de las pequeñas y medianas empresas, etc. Esto se llama “participacionismo”. La COB y los sindicatos deben romper con su subordinación al gobierno: los sindicatos han sido creados para defender los intereses de los obreros. Y para ello deben ser independientes de los gobiernos de turno. Es necesario convocar a asambleas en todas las empresas y sindicatos para que los trabajadores voten su repudio al congelamiento salarial, cuáles son sus reivindicaciones y un plan de lucha para imponerlas.

Argentina

En la Argentina, los trabajadores tenemos problemas similares con el gobierno de Alberto Fernández. Aquí el salario mínimo ha sido aumentado en un 35% (en cuotas a lo largo de un año). Pero el costo de vida subió un 59%. Y la CGT argentina firmó su aceptación. Los trabajadores volvemos a ser el “pato de la boda”. Por eso Atrabol se ha movilizado con el Polo Obrero y otras organizaciones, marchando sobre el Ministerio de Trabajo, reclamando un salario mínimo de 60 mil pesos.

En materia de lucha contra la pandemia, la situación también es dramática: el sistema hospitalario está colapsado, no hay camas en terapia, vacunas, ni médicos y enfermería en la cantidad necesaria. La muerte de médicos bolivianos en esta pandemia tiene el deshonor de ser la segunda más alta de Latinoamérica. Es urgente un plan de emergencia: nacionalización total del sistema hospitalario privado, contratación urgente y pase a planta permanente del personal sanitario, triplicación del presupuesto de salud, bajo gestión del personal de salud.
Trabajadores bolivianos y trabajadores argentinos: una misma clase social.

Debemos unir nuestras luchas con la de todos nuestros hermanos latinoamericanos contra los mismos enemigos: el FMI, el imperialismo, las burguesías cipayas, los gobiernos y partidos que pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores. Por eso apoyamos la convocatoria a una conferencia de la izquierda y el movimiento obrero combativo de Latinoamérica. Los trabajadores bolivianos en Argentina participaremos este 1° de Mayo, junto al Polo Obrero, en el acto unitario del Frente de Izquierda. Sumate.

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Cremación masiva de fallecidos por coronavirus.

India superó este lunes los 350 mil casos diarios de coronavirus (más de un tercio de los casos globales) y acumuló un millón de nuevos infectados en apenas tres días. Tiene casi 3 millones de casos activos y un promedio de aproximadamente 3 mil muertos por día en las últimas jornadas. Es el cuarto país con mayor cantidad de decesos (195 mil) en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Brasil y México.

El sistema sanitario y funerario se encuentran colapsados. En los hospitales de la capital, Nueva Delhi, “los pasillos están abarrotados de camas y camillas, y los seres queridos reclaman oxígeno o la admisión de sus allegados enfermos, sin éxito. Algunos mueren en la puerta del hospital” (La Nación, 27/4). En otras ciudades, los cuerpos empiezan a amontonarse en las calles (como ocurrió el año pasado en Guayaquil, Ecuador), porque no dan abasto las morgues hospitalarias. En la capital, se improvisan lugares para cremaciones masivas.

Son varios los factores que explican esta nueva oleada de la enfermedad: el bajo nivel de vacunación; la aparición de una cepa (la B.1.617) que sería más contagiosa; y el abandono de las medidas de aislamiento social.

Desequilibrios

Pese a ser el principal productor de vacunas del mundo y a fabricar varias de las que enfrentan el Covid-19, en India solo el 10% de la población ha recibido al menos una dosis (El País, 27/4). Más de mil millones de personas no se encuentran inmunizadas. En cierto modo, esto responde a que buena parte de la producción se exporta, ya sea por convenios comerciales o (en mucha menor medida) por el mecanismo Covax que busca abastecer a los países más pobres. En India se elaboran la Sputnik y la Johnson & Johnson, entre otras, con destino a países más afortunados. El grueso de las vacunas aplicadas a nivel local corresponden a la Covishield, fabricada por una asociación del estatal Instituto Serum y la británico-sueca AstraZeneca, que a su vez también se exporta.

Pero al mismo tiempo que el gobierno posterga a la población nativa en aras de los convenios comerciales, Estados Unidos está acaparando los insumos para la fabricación de vacunas, lo que crea “cuellos de botella” en la producción local (Bloomberg, 27/4). El gobierno de Joe Biden se ampara en una ley de producción nacional para frenar la exportación de dichos elementos.

Como resultado de la falta de insumos y del recrudecimiento de la pandemia, India se vio obligada a comienzos de este mes a restringir los envíos al exterior y las entregas al mecanismo Covax. Se estima que bajo las tortuosas condiciones actuales de producción los “países medios” deberían extender su vacunación hasta fines de 2022 y los países más pobres por lo menos hasta 2023 (El Diario, 31/3).

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la diferencia entre la aplicación de vacunas entre los países centrales y los de Covax “es cada día más grotesca” (ídem). Debido a la administración capitalista del proceso de vacunación, se genera el desequilibrio de que Estados Unidos tenga un excedente de decenas de millones de dosis (que usa como herramienta política) y otros países no hayan recibido todavía ningún lote. El problema se acentúa debido al sistema de patentes, que impide una mayor fabricación. Los grandes laboratorios financiaron sus investigaciones para el Covid-19 con dinero estatal y ahora se apropian de los descubrimientos y entorpecen el progreso de la vacunación.

El retraso en la vacunación permite que el virus siga mutando y se desarrollen cepas más peligrosas, que restan efectividad a las vacunas diseñadas. En octubre apareció en la India la B.1.617, una doble mutación que sería más contagiosa y que ayudaría a explicar parcialmente el aumento de casos actual en la India. Esto tiene una repercusión global, dado que ya se ha encontrado esta variante en el Reino Unido y otros veinte países.

De este modo, las potencias que acaparan las vacunas ven cómo el problema que quisieron resolver cerrando la puerta se mete por la ventana. El impacto global de lo que está ocurriendo en la India ha obligado a estos países a comprometer su ayuda. Estados Unidos discute la posibilidad de permitir la exportación de insumos para la fabricación de vacunas para el Covid-19 en India y la asignación de dosis de AstraZeneca que no están aprobadas para su uso en suelo norteamericano. Hay una razón adicional que explica el apoyo de Biden: el gobierno supremacista y antiobrero de Narendra Modi es un aliado clave del imperialismo yanqui en la lucha contra China.

El gobierno de Modi, responsable

Un último elemento que ayuda a entender la catástrofe actual es el abandono de las medidas de restricción social. A comienzos de año, frente a una caída en el número de casos (llegó a haber menos de 10 mil diarios), el gobierno relajó las medidas y se difundieron falsas informaciones, como que el país había alcanzado la llamada inmunidad de rebaño. Se permitió la realización de festividades religiosas masivas, como el Kumbh Mela, en que millones de personas se sumergen en las aguas del Ganges. A su vez, el partido de gobierno (BJP) realiza mítines masivos -mientras reclama a los agricultores en huelga que depongan sus medidas, con el pretexto del Covid-19.

Recién ahora, con el país ya colapsado, el gobierno empieza a adoptar algunas tímidas medidas de restricción. Como ha sido la regla en el mundo, el gobierno indio antepone los intereses de los grandes grupos empresarios, que quieren seguir funcionando a toda costa, a la salud de la población. Vale señalar, además, que el presupuesto del sector equivale apenas al 1,5% del PBI (ver "India: el presupuesto debe priorizar la salud, la educación", en sarrauteducacion.com, 22/1).

La crisis india revela el fracaso del capitalismo en el enfrentamiento del Covid-19, pese a que están dadas las condiciones técnicas y los recursos humanos para vencer la enfermedad. Es necesario otro tipo de organización social, que no esté basada en el lucro privado, y permita una planificación de la vida material. En el camino de superar la crisis, es vital la abolición de patentes, la producción pública de medicamentos, la formación de comités de trabajadores que garanticen la aplicación de protocolos sanitarios (con capacidad de paralizar los lugares de trabajo), la prohibición de los despidos, la garantía del 100% del salario y el subsidio a los desocupados y sectores informales, de modo que puedan sobrellevar las medidas de aislamiento.

https://prensaobrera.com/politicas/el-frente-de-izquierda-unidad-reclamo-la-produccion-publica-de-la-vacuna-contra-el-covid-19/

 

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27/04/2021

Myanmar: la lucha contra el golpe, en una nueva fase

El golpe de Estado llevado adelante por el Ejército de Myanmar el pasado 1 de febrero ha hecho de la situación política nacional un polvorín. Más de 700 civiles, entre ellos 46 niños, perdieron la vida como resultado de la cacería dictatorial, y alrededor de 3.371 personas se encuentran actualmente en prisión. Se ha instalado un régimen de terror y de masacre contra el pueblo, cuya envergadura, sin embargo, no ha impedido que jóvenes y trabajadores, a veces incluso junto a las minorías étnicas, desenvuelvan una extraordinaria resistencia.

Antigolpismo

Barricadas, escudos de acero, petardos y bombas molotov son algunos de los elementos que se hacen presentes en la lucha anti golpista en grandes ciudades como Yangon y Mandalay. Debido a las masacres de las Fuerzas Armadas, en algunas localidades, los manifestantes se han armado con rifles (ver "'The Tumi' Revolution': protesters fight back in Sagaing region", en Frontier Myanmar 13/4). Estamos ante un cuadro en el cual la represión parece haber detenido las movilizaciones de masas de las primeras semanas, pero a pesar de ello continúan habiendo manifestaciones de una vanguardia fogueada en la resistencia.

La dictadura se ha lanzado también a una feroz persecución contra el movimiento obrero para detener las huelgas. Por ejemplo, abrió 139 causas penales contra trabajadores del sector salud. La lucha de la clase obrera está signada por huelgas indefinidas que han llegado a paralizar al 90 por ciento de las terminales portuarias, la industria textil (actividad económica principal) y los trenes. Ha adquirido un protagonismo esencial el llamado Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), al que adhirieron decenas de miles de trabajadores -con el personal de salud a la vanguardia-, el cual no solo enfrenta físicamente al Tatmadaw sino que ha desquiciado a todo el régimen político, ya que muchas oficinas de recaudación bajaron las persianas y la gente ha dejado de pagar impuestos como parte del MDC.

Por otro lado, los grupos insurgentes –diez de estos abandonaron un cese al fuego suscripto con los militares antes de febrero-, que se han sumado a la lucha contra el golpe, resisten los ataques del régimen militar, que han provocado decenas de miles de desplazados. La Unión Nacional Karen, el grupo armado más antiguo, que pelea en la frontera con Tailandia, sufrió a mediados de febrero el bombardeo de sus posiciones por primera vez en veinte años, por lo que lanzó ataques contra posiciones del Tatmadaw.

En la mañana del jueves 15, el Ejército de Independencia de Kachin, también agredido, se lanzó contra una base militar y un convoy oficial en ese estado aledaño a China causando numerosas bajas (The Irrawady, 16/4). Operativos de estas características se han impulsado también en otros municipios.

La Alianza de la Hermandad Tripartita, que agrupa al Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar, el Ejército de Liberación Nacional de Ta’ng y al Arakan Army (rohingyas), viene de amenazar a la junta militar con que se unirá al resto de los grupos étnicos si no cesa la matanza contra el conjunto de la población.

Otros grupos étnicos como el Ejército del Estado de Wa, que cuenta con el respaldo de China y es el más poderoso de Myanmar, mantienen buenas relaciones con el Ejército.

Gobierno paralelo

El Comité para la Representación de la Unión Parlamentaria (CPRH), una fuerza creada inicialmente por miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND), anunció la formación de un gobierno paralelo que incluye a representantes de las minorías étnicas Kachin, Karen, Chin, Mon, Kayan, Karrenni y Ta’ng. Se trata de una suerte de gobierno interino que tiene el objetivo de disputar con los militares el reconocimiento internacional, y que, asimismo, busca cooptar a las organizaciones armadas étnicas para recuperar el mando del Estado.

Valiéndose del 83 por ciento de los escaños obtenidos por la LND en los comicios de noviembre pasado, el CPRH se presenta como único gobierno legítimo de Myanmar. Entre sus objetivos se encuentra la creación de un Ejército federal, modificar la actual Constitución –otorga al Ejército el 25 por ciento de las bancas parlamentarias y el control de los ministerios de Defensa, Interior y Seguridad Fronteriza- y la construcción de una democracia federal étnica. La depuesta Aung San Suu Kyi, quien está acusada por los militares de violar la ley de secretos oficiales, se mantiene como consejera de Estado, y Mahn Win Khaing Than, de etnia Karen, se anota como primer ministro.

El gobierno interino despertó expectativas entre organizaciones rohingya, acerca de la posibilidad de terminar con la opresión contra este grupo étnico a través de una eventual incorporación al nuevo gobierno. Sin embargo, la nueva constitución que estaría urdiendo la LND distinguiría entre "derechos fundamentales" para los ciudadanos y "derechos colectivos" para las "razas nacionales", abriendo la perspectiva de continuar con la persecución.

Durante su estadía en el poder, la LND colaboró con las Fuerzas Armadas en la persecución de las minorías étnicas y en el apuntalamiento de una especie de nacionalismo tributario del budismo (la religión mayoritaria en el país). Solo el golpe empujó a esta formación a una alianza con los grupos insurgentes.

El rol de las potencias

Los militares continúan en su búsqueda de apoyo internacional para sostenerse en el poder; el desfile que ocurriera en el día de las Fuerzas Armadas, con representantes de China, Rusia, India, Bangladesh, Laos, Vietnam y Tailandia fue un episodio clave en ese sentido.

La cumbre convocada el 24 de abril por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Yakarta, la capital de Indonesia, a la que concurrió el general Ming Aung Hlaing, ha resuelto abstractamente “poner fin a la violencia en Myanmar” y entablar un “diálogo constructivo con todas las partes” pero sin realizar condena alguna de los crímenes de la junta militar, transformándose en cómplices.

El alto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, denunció la acción de China y Rusia para impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe en la crisis birmana, y señaló que la UE se dispone a imponer nuevas sanciones para golpear a empresas vinculadas a los militares (El País, 11/4). La UE ha congelado activos e impuesto prohibiciones de visado a Myanmar Economic Corporation y Myanmar Economic Holdings Ltd, que comercian alcohol y otros bienes de consumo, ambas vinculadas al Tatmadaw. Sin embargo, algunos miembros de la UE, como Francia, cuya burguesía está profundamente entrelazada al régimen militar, no pretenden sacar los pies del plato; el grupo galo Accor está asociado a empresas castrenses en la construcción de un hotel cinco estrellas; la petrolera Total, que explota desde 1992 parte del campo de gas Yadana, por otro lado, ha rechazado interrumpir sus operaciones pese a la presión internacional.

China, según diversos analistas, mantiene la postura de apoyar a quien logre estabilizar la situación nacional. Pekín es el principal socio comercial de Myanmar, y durante la última década, al igual que Rusia, ha sido uno de sus principales suministradores de armamento, aunque también vende arsenal militar a las minorías étnicas del norte, donde posee negocios; allí yace el punto de partida de dos oleoductos que transportan gas y petróleo y pronto tendrá lugar un puerto de aguas profundas.

El imperialismo norteamericano, por su parte, viene de sancionar a las empresas Myanmar Timber Enterprise y Myanmar Pearl Enterprise, que representan a las industrias madereras y de perlas del país, fundamentales para la financiación del gobierno castrense.

Detrás de las diatribas de los europeos y de los yanquis contra el régimen militar, lejos de una preocupación humanitaria, subyace el intento de reducir la influencia china en el país. Las enormes riquezas naturales de la ex Birmania y el tráfico de drogas constituyen un terreno codiciado para el capital imperialista en el marco de la guerra comercial.

Abajo la dictadura criminal, viva la lucha de los trabajadores contra el golpe.

https://prensaobrera.com/internacionales/escala-la-crisis-en-myanmar/

En esta nota

26/04/2021

Los lugares de trabajo sí contagian: un relevamiento prueba casi mil muertes

Informe del colectivo Basta de Asesinatos Laborales.

Al menos 985 trabajadores murieron “luego de contraer el virus trabajando”, a lo largo de 2020, de acuerdo a un relevamiento del espacio Basta de Asesinatos Laborales publicado este sábado. La pormenorizada descripción desmiente a Alberto Fernández y el resto de los funcionarios que afirman que los lugares de trabajo no son territorio de contagios. A la cifra mencionada hay que agregar que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), que ni siquiera cuenta al sector informal (que representa alrededor del 35% de la fuerza laboral), reconoce que hubo casi 210 mil trabajadores atendidos por el virus (Tiempo Argentino, 25/4) durante al año pasado, número que surge de la cobertura de casos por ART.

El colectivo Basta de Asesinatos Laborales reúne a familiares de víctimas de la desidia patronal y publicó su primer informe en el año 2018, contabilizando 375 trabajadores y trabajadoras fallecidas en sus puestos de trabajo. En 2019, el informe puso la lupa también sobre el sector informal, cuyas muertes no registra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, con lo que la cifra aumentó a 534 casos (un fallecido cada 14 horas). “Si las muertes pudieron evitarse no son accidentes: son asesinatos laborales”, dice el informe 2020, marcado por los estragos de la pandemia, que suponen el 76% de las muertes laborales contabilizadas. El espacio denuncia la anteposición de las ganancias a la salud por parte de las patronales, la falta de control del Estado y la complicidad de la burocracia sindical.

El 2020

El informe se basó en la recolección de datos a través de los medios, por lo que los números reales pueden ser aún mayores. Durante el año pasado, hubo al menos 985 decesos debido a la pandemia. Tras un breve período en fase 1, “con la autorización del gobierno y el silencio de las centrales sindicales, los empresarios retomaron la producción sin haber garantizado, en la mayoría de los casos, condiciones ni protocolos que permitiesen evitar la propagación del virus”, según el texto. Si se añaden otro tipo de muertes, la cifra se extiende a 1295 fallecidos en sus puestos de trabajo (un caso cada siete horas -electrocución, derrumbes, choques y caídas desde altura son los más frecuentes si se exime al Covid-19).

Los trabajadores y trabajadoras de la salud comprenden el 31% de las muertes (399 casos, un número que la Federación Sindical de Profesionales de la Salud -Fesprosa- eleva a 500), seguido por el transporte, con el 15%, ambos rubros esenciales. La industria explica el 14% de los casos, los servicios financieros y a empresas el 9%, la construcción y el comercio el 7% cada uno. El sector salud, la primera línea de lucha contra la pandemia, estuvo y está marcado por un extenuamiento en las tareas, teniendo que batallar además para obtener insumos y equipos de protección personal.

El texto señala que pocas veces se cumplió la obligatoriedad de proporcionar transporte privado a los trabajadores, con lo que muchos se vieron expuestos al transporte público, un foco de contagio por excelencia. Es lo que denunciaron, por ejemplo, trabajadores de la fábrica de ropa deportiva Intertrading SA, de la Capital Federal. Elizabeth Barrionuevo, trabajadora de esa planta, falleció por Covid-19 a comienzos de julio de 2020.

Otro de los casos citados es el del ingenio Ledesma, en Jujuy, con 20 víctimas. La empresa reconoció además casi 500 contagios, pero la cifra real sería el triple, según los sindicatos. La empresa siguió todo el tiempo convocando a trabajadores de riesgo. Su desidia condujo al colapso del sistema de salud del departamento.

Para fines de julio, en la empresa Coto se contabilizaban más de 500 contagios. En Coto Balvanera, en noviembre los trabajadores de grupos de riesgo fueron convocados a retomar tareas bajo la amenaza de despido con causa. También hay denuncias contra Carrefour por ocultamiento de casos y a WalMart por resistir el aislamiento de los trabajadores.

En la empresa de seguridad privada Murata hubo seis fallecidos. La empresa despidió a siete trabajadores por el reclamo de elementos de protección (guantes, alcohol en gel).

El informe señala también otros problemas derivados del Covid-19. El teletrabajo, que permitió prevenir los contagios, se aplicó de tal modo que agravó las condiciones laborales, obligando al personal a proveerse las herramientas de trabajo y alargando de hecho la jornada, lo que lleva a los autores a reclamar el “derecho a la desconexión” y que las patronales garanticen el acceso a internet.

Entre las conclusiones, se afirma que “en el marco de un ajuste feroz a instancias del FMI y los gobiernos nacional y provinciales, las condiciones de seguridad e higiene en nuestros puestos de trabajo se flexibilizan aún más”.

El 2021

Además de todos estos datos, debemos tener en cuenta que el ausentismo viene creciendo fuertemente al calor de la segunda ola. De acuerdo a La Nación (14/4), en la industria es del 12,5% con picos de 20%, incluyendo al personal de riesgo que está eximido de concurrir. La automotriz Toyota debió suspender este mes uno de sus dos turnos. En Prensa Obrera relevamos también los casos de contagios en la gráfica Morvillo, el Ferrocarril Roca, Mondelez (ex Kraft), el frigorífico Campos del Tesoro (Pilar), Volkswagen Pacheco, la autopartista SKF de Tortuguitas, y la siderúrgica Siderca. Además, los 10 fallecidos del subte. En los últimos días, además, se sumó el fallecimiento del docente santafesino Hernán Riquelme y un obrero (mayor de 60 años) de la fábrica de productos de vidrio Cattorini de Quilmes. Esta patronal viene presionando a los trabajadores de grupos de riesgo para que se reincorporen a sus labores. En el caso de la docencia, enfrenta la cruzada de los gobiernos por una presencialidad que disparó los casos, según todas las evidencias científicas.

Las empresas y el gobierno aducen, frente a los contagios y fallecimientos, que los mismos no se producen en los lugares de trabajo sino fuera de ellos. Pero no ofrecen ninguna evidencia para sustentarlo, siendo que se trata de grandes espacios de aglomeración. Además, ignora tramposamente el trayecto hacia el trabajo, que en muchos casos debe hacerse en un transporte público congestionado. Por otra parte, como vimos, la SRT habla de 200 mil personas que accedieron a una ART por contagios, lo que implica el reconocimiento de que hay una vinculación entre la enfermedad y la tarea.

El informe plantea “tomar en nuestras manos el control de las condiciones de trabajo y de producción”. En este sentido, destaca algunos lugares de trabajo organizados donde se impusieron medidas de seguridad e higiene que minimizaron los contagios, como la Línea 60 o La Salteña (donde los obreros paralizaron la planta una semana). Vale añadir que los trabajadores de la fábrica de neumáticos Bridgestone fueron recientemente al paro para lograr el aislamiento de seis trabajadores que eran contactos estrechos de un compañero infectado. El Sutna elaboró un protocolo de seguridad e higiene y lo mismo han hecho otros sectores del movimiento obrero (como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el subte).

Frente a los contagios y el negacionismo de las patronales y el gobierno, necesitamos poner en pie comités de trabajadores que garanticen la aplicación de protocolos, con potestad de parar en caso de incumplimientos. Además, reclamar que el Estado garantice la vacunación (empezando por las áreas esenciales). Y la prohibición de despidos y garantía del 100% del salario.

24/04/2021
CATAMARCA

Andalgalá: 300.000 pesos de caución para liberar a los ambientalistas detenidos

En el día de hoy se conoció que la fiscal titular de Andalgalá, Marta Nieva, quien asumió la causa de los presos por luchar contra la megaminería, dictaminó liberarlos luego de pagar una caución de 300.000 pesos cada uno. La sentencia se produce luego de intensas movilizaciones, en todo el país pero especialmente en Andalgalá y en el resto de la provincia de Catamarca, que vienen reclamando la libertad de los compañeros. En Andalgalá, el pueblo salió masivamente a las calles en el marco de las caminatas por la vida, a pesar del operativo represivo y las prisiones, que buscaron intimidar y quebrar la movilización.

Así, los 10 compañeros que quedaban presos deben salir en libertad, luego de que ya se liberara a dos que acreditaron no haber participado en los hechos de los cuales se los acusa.

La caución totalmente desproporcionada muestra la continuidad de la persecución contra los ambientalistas, por parte de un Poder Judicial que viene actuando en favor de las mineras y del gobierno provincial. Hay que recordar que el PJ de Catamarca es querellante en la causa junto a las empresas mineras.

La lucha contra el procesamiento de los compañeros va a continuar ganando las calles en todo el país, y sumando pronunciamientos.

La lucha por la liberación de los compañeros va de la mano de la causa popular de Andalgalá contra la instalación de la minera Agua Rica, que está llevando adelante tareas de exploración ilegales, porque no cuentan ni siquiera con estudios de impacto ambiental.

24/04/2021

Neuquén: advertencia de los autoconvocados ante la mesa de negociación

Los huelguistas de la salud se refirieron a la reunión entre el gobierno y ATE.

Delegados y delegadas de los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén, que llevan más de 50 días de lucha por una verdadera recomposición salarial (40% de aumento al básico), emitieron este sábado un video en que se refieren a la mesa de negociación establecida entre el gobierno provincial de Omar Gutiérrez y la conducción de ATE.

Esta conducción fue la que pactó el aumento miserable del 15% con el Ejecutivo. Desautorizada por la huelga y los piquetes de los trabajadores (en las inmediaciones de Vaca Muerta y en toda la provincia), convocó el 22 a un paro por tiempo indeterminado por un 40% de aumento, en un intento por reposicionarse.

Los trabajadores advierten en el video que cualquier avance será fruto de la larga lucha contra el techo salarial, y no de una conducción que le dio la espalda a la huelga desde el primer momento. Con la mesa de negociación, el gobierno busca legitimar a la conducción de ATE, repudiada por los trabajadores, y desactivar la rebelión de salud. Vale mencionar que la ministra de Gobierno, Vanina Merlo, volvió a reclamar que cesen los piquetes.

La mesa de negociación entre el gobierno y ATE se reunió este mediodía, pero pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes o martes de la semana próxima.

Los autoconvocados reclaman ser convocados para discutir en forma directa la recomposición salarial. Asimismo, reiteraron el resto del pliego de reivindicaciones: pase a planta de todos los eventuales; ninguna persecución, causa penal o descuento por la lucha realizada; reducción de la edad jubilatoria; y pleno goce de los derechos marcados en el convenio colectivo, entre otros puntos.

 

https://prensaobrera.com/sindicales/les-vamos-a-dar-una-leccion-la-amenaza-de-pereyra-a-los-trabajadores-de-la-salud-de-neuquen/

22/04/2021

El Frente de Izquierda Unidad reclamó la producción pública de vacunas

Frente al Ministerio de Salud. Denuncias al gobierno y al empresario Hugo Sigman.

Foto: Andrés Ojo

El Frente de Izquierda – Unidad realizó este jueves 22 un acto frente a las oficinas del Ministerio de Salud e hizo entrega de las firmas recolectadas en apoyo al proyecto para que todo el proceso de producción de la vacuna se realice en Argentina. Esa iniciativa reclama la intervención, bajo control de profesionales y trabajadores, de la planta mAbxience de Garín (del empresario Hugo Sigman, asociado al laboratorio británico AstraZeneca), donde se produce el principio activo de la vacuna. Pese a que el gobierno ya pagó por el 60% de las dosis comprometidas, no se ha entregado ninguna (el compuesto se exporta de Garín a México y Estados Unidos, con el argumento de que no hay capacidad de fraccionamiento y envasado en el país).

En el acto, que tuvo como consignas “no al FMI, vacunas para todxs, no a las patentes”, Romina Del Plá (secretaria general del Suteba La Matanza) afirmó que “estamos en medio de una crisis sanitaria y epidemiológica brutal con la mayoría de la población sin vacunar y con millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que se fabrican en el país. Esta contradicción brutal tiene que ver con el manejo capitalista de la pandemia y los negocios que los laboratorios están haciendo con el aval de los gobiernos, no sólo de los países imperialistas, sino también del gobierno argentino, que es lobista y protector del empresario Hugo Sigman”.

“Fuimos a la planta de Garín, a la sede de la OMS, y el gobierno sigue sin responder”, dijo Gabriel Solano, dirigente del PO, en referencia a las actividades previas en reclamo de la producción pública de las vacunas. Afirmó que Sigman miente cuando dice que no hay capacidad de fraccionamiento y envasado en el país, como lo muestra el anuncio reciente del laboratorio Richmond de que llevará a cabo esas etapas en Argentina, en el marco de la producción local de la vacuna rusa Sputnik V. Y denunció la ligazón del empresario con funcionarios claves del Ministerio de Salud.

Solano advirtió también que “el dueño de Richmond está denunciado por sobreprecios en la Gripe A”. Y concluyó que “los laboratorios son parte de un engranaje capitalista mafioso”. Llamó a que se desconozca la ley de patentes y se intervengan los laboratorios para asegurar la producción y aprovisionamiento de la vacuna, en un contexto de colapso sanitario.

Luana Simioni, de la Junta Interna de ATE-Ioma, criticó a las clínicas privadas que recibieron fondos de la obra social provincial (400 millones de pesos mensuales durante tres meses, en 2020) y “hoy se declaran en colapso”. En el mismo sentido, cuestionó que los grandes laboratorios financiaron sus investigaciones con dinero público y hoy se apropian de los descubrimientos.

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Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, resaltó el paro de la docencia “contra la presencialidad criminal de Rodríguez Larreta”, que cumplió cuatro días consecutivos. Recordó el paro del 14 en el Area Metropolitana, junto a los Sutebas combativos, y planteó que la solución de fondo es la vacunación masiva de la comunidad educativa, como lo votó una asamblea masiva del gremio.

Guillermo Pacagnini, secretario general de la Cicop (sindicato bonaerense de profesionales de la salud) y dirigente de Ancla (corriente sindical del MST), sostuvo que “el gobierno no tomó ninguna de las medidas necesarias para evitar el colapso del sistema de salud”, y reclamó también la liberación de patentes y la producción masiva y pública de vacunas.

Carlos “Sueco” Lordkipanidse, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, reflexionó que “en el país de las vacas y alimentos para 400 millones de personas hay 40% de pobreza; se produjeron 60 millones de vacunas, pero hay solo un millón de vacunados”. “Nuestra riqueza se va para afuera; si se deja de pagarle al FMI va a haber vacunas para todos”, concluyó.

Jorge Yabkowski, de la Fesprosa (federación de profesionales de la salud), explicó que ante las irregularidades del laboratorio de Sigman empezaron a hacer averiguaciones y confirmaron que el envasado se puede hacer en la Argentina. Y reflotó el planteo de “salud primero, que esperen los banqueros”, que la federación había desenvuelto tras la crisis de 2001.

“La salud de la población se debe poner por encima de los intereses de las farmacéuticas”, indicó Celeste Fierro, dirigente del MST.

En tanto, Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista-Frente de Izquierda Unidad, destacó los sindicatos que adhirieron al proyecto (Ademys, Sutebas combativos, ferroviarios del Sarmiento) y denunció que la ministra Carla Vizzotti no contestó las demandas del FIT-U, pero el ministro Martín Guzmán almorzó con Hugo Sigman en Madrid.

Nicolás del Caño, del PTS, denunció que mientras el gobierno es lobista de Sigman, la oposición es lobista de la farmacéutica norteamericana Pfizer. Y reclamó “un plan integral” frente a la pandemia, que incluya la centralización del sistema de salud y medidas para garantizar un ingreso a los compañeros con trabajos informales que les permitan sobrellevar las medidas de aislamiento social.

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22/04/2021 | 1620

Violencia de género: maniobras parlamentarias sobre perimetrales

A propósito de los proyectos sobre penas de prisión a quienes violan medidas judiciales de restricción.

La Legislatura de Neuquén aprobó un proyecto presentado por el Partido Demócrata Cristiano (la personería del actual ex gobernador por el MPN, Jorge Sobisch) que solicita al Congreso Nacional el tratamiento y la aprobación de un proyecto de ley para penalizar a quienes incumplen órdenes de restricción ante denuncias por violencia de género o violencia familiar. Cabe aclarar que los jueces hoy ya cuentan con legislaciones suficientes para sancionar con penas carcelarias violaciones de perimetrales, dictadas por magistrados con variados y dudosos criterios, y sin realizar ningún seguimiento sobre los acusados.

El proyecto que respalda la Legislatura de Neuquén fue presentado en el Congreso por el cambiemista Diego Mestre (UCR de Córdoba), que establece penas de 2 a 6 años para quienes violen la exclusión del hogar o la prohibición de acceso al domicilio, lugar de trabajo o estudio de la víctima dictada por un juez, y prisión de uno a 4 años para quienes desobedezcan una medida cautelar de restricción domiciliaria.

El de Mestre no es el único proyecto de este tipo presentado en el Congreso. A partir de la brutal escalada de femicidios desde principios de año, sin grieta, oficialistas y opositores echaron mano del viejo recurso de presentar proyectos punitivistas para explotar la sensibilidad social. La diputada camporista Carolina Gaillard, del Frente de Todos, propuso en un proyecto de su autoría que se establezcan penas de prisión de 3 a 5 años para quienes desobedecen la orden de exclusión del hogar o restricción perimetral, penas de uno a 4 años para el funcionario público que actúe con “omisión, renuencia o retardo” cuando exista un peligro físico para una víctima de violencia de género, y penas de uno a 6 años en el caso de que sean jueces quienes retarden o desestimen una intervención.

Los proyectos se limitan al establecimiento de penas. Nada más para ofrecer ante la barbarie de una mujer que pierde su vida por violencia de género cada 20 horas y no cuentan con seguimiento de ningún tipo desde que realizan la denuncia. El punitivismo aparece como único recurso de los partidos del régimen cuando fracasan en todos los demás terrenos, empezando por el de la prevención y el combate a la violencia.

Un planteo para la tribuna, punitivismo trucho

La propuesta de lxs Gaillard y Mestre a la que se acopló la Legislatura neuquina -con la abstención de nuestra diputada Patricia Jure-, lejos de alterar o modificar el sistema judicial, disimula el carácter nefasto de su intervención.

En primer lugar, no es cierto que la Justicia necesite una modificación de las leyes vigentes para proteger a una mujer en riesgo frente a un violento que represente una amenaza grave. Los jueces ya tienen la potestad de dictar prisión preventiva para quienes incumplan una orden judicial. El Código Penal prevé, por ejemplo, penas y “prisión de quince días a un año” para quien desobedece a un funcionario público o una orden judicial. Incluso, frente a reiterados incumplimientos, la Justicia puede hacer uso de la prisión preventiva, que en virtud del delito que se impute podría ser de varios años. En rigor, no hace falta crear ninguna figura específica para disponer medidas de este tipo.

Digamos de paso que la reclusión en prisión, como receta administrativa, en nada garantiza seguridad para la mujer cuando el período de prisión sea finalizado -¿o alguien cree que las cárceles sean un centro de recuperación de una persona en esa condición?

En el caso de la penalización de los jueces que incorpora Gaillard, el Código Penal contempla actualmente la sanción con “inhabilitación absoluta de uno a cuatro años” al juez que “que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y de vencidos los términos legales”: algo que no ocurre nunca porque prima la impunidad y la protección política y, sobre todo, la completa complicidad del cuerpo que integra Gaillard (el Parlamento es quien designa a los jueces y quien puede revocarlos) y del Consejo de la Magistratura, con mayoría oficialista, para con los jueces que elles designan y que aunque sean responsables de abominaciones, jamás revocan de sus cargos. Pretender que el Estado y la Justicia se juzguen -y castiguen- a sí mismos, sin alterar su carácter, no pasa de ser un saludo a la bandera.

Un dato para resaltar es que el proyecto de Gaillard tiene giro a la comisión de Legislación Penal, que preside la propia Gaillard, y hasta el momento no tuvo ningún tipo de tratamiento. La presentación de este proyecto fue parte de una campaña de poca monta contra la Justicia que impulsaron distintos sectores del kirchnerismo con el único objetivo de absolverse de las responsabilidades que les caben como fuerza política dirigente. Pero el gobierno no tiene ningún interés en confrontar con la Justicia por este tema. La dramática situación de las mujeres y el papel de la Justicia es usada por el oficialismo sólo como maniobra de extorsión y presión, para avanzar en el único sentido que de verdad les interesa: la cruzada por el lawfare y la impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de corrupción.

Claro que el proyecto está para cuando se presente una nueva conmoción popular y se vuelva necesario echar mano de alguna iniciativa cosmética que simule voluntad de abordar el problema.

Por otra parte, el aumento de penas no ha servido nunca para desalentar la comisión de delitos en ningún rincón del mundo. En nuestro país, las leyes Blumberg, aprobadas bajo el gobierno de Néstor Kirchner, y un arsenal de leyes de este tipo son una flagrante muestra del fracaso. Finalmente, lo único que se hace es reforzar el poder punitivo de un Estado y una Justicia clasista, que se arma de esas herramientas para perseguir y criminalizar a los trabajadores. Esta no sería la excepción.

Disimulan la defensa de un sistema judicial perverso

Con estos proyectos buscan encubrir el hecho de que la Justicia no aborda los casos, se los saca de encima. Un dato que estremece es que entre un 20/25% de las mujeres que perdieron su vida en el último año contaban con denuncias previas -y en muchos casos con órdenes de restricción para sus agresores por parte de la Justicia.

Sucede que cuando una denuncia llega a la Justicia -tras un largo y tortuoso recorrido por parte de la víctima- la respuesta suele ser el dictado de órdenes de restricción perimetral y exclusión del hogar para el denunciado, cuyo cumplimiento ningún organismo del Estado se encarga de garantizar. A partir de las masivas movilizaciones en 2015 por Ni Una Menos, el único reflejo de la Justicia fue dar curso al dictado estas disposiciones (que como herramienta judicial existen desde hace décadas) con un abordaje administrativista. Se dictan perimetrales como si se repartieran caramelos.

No existe ningún dispositivo, judicial ni de ninguna dependencia estatal (como podría ser del menguado Ministerio de Mujeres y géneros, que no cumple ninguna función en esta materia) que realice un seguimiento de las denuncias, brinde efectiva asistencia y contención a las denunciantes, y aborde la situación de los denunciados, de modo de evaluar las medidas que fueran necesarias en cada caso, analizar el nivel de peligrosidad y la posibilidad de un abordaje multidisciplinario con diferentes enfoques y medidas según corresponda. Nada de todo esto aparece como preocupación de quienes nos gobiernan y legislan.

Subvertir este sistema judicial

Lo que corresponde es subvertir por completo el funcionamiento y la organización del sistema judicial. Algo que requiere, en primer lugar, la elección por voto popular de jueces y fiscales y la revocabilidad de los mandatos como mecanismo de control popular -para atacar el entrelazamiento del poder político y judicial, y poner fin al divorcio que existe entre una camarilla de jueces con poder vitalicio y absolutamente divorciados de los intereses populares. Es urgente, asimismo, terminar con la doble vía del fuero penal y el civil mediante la creación de un fuero único especial por violencia de género, electo y revocable. Disponer el presupuesto y los recursos necesarios para un seguimiento serio de cada denuncia, de las mujeres y de los denunciados, que permita dar curso a distintos abordajes según la evaluación de cada caso -que no siempre será el punitivo. En definitiva, una ruta de acción contraria a la política de un gobierno que priva de estos recursos al combate a la violencia de género y las necesidades sociales en función del pago de la deuda y el acuerdo con el FMI.

Reforcemos la organización independiente de las mujeres y diversidades para luchar por un programa de transformación real del Estado responsable y sus instituciones.

https://prensaobrera.com/mujer/el-pedido-de-reglamentacion-de-casas-refugio-tiene-despacho-por-mayoria-en-el-concejo-de-neuquen-capital/

22/04/2021

Perú: fuerte polarización electoral

Avanzar en la organización política independiente de los trabajadores.

Los cómputos finales de las elecciones del domingo 11 de abril evidencian en primer lugar, el cuadro de disgregación y dispersión política existente en el Perú. Se presentaron 18 candidatos a presidente y ninguno de ellos logró superar el 20% de los votantes. 11 de estas coaliciones entraron al parlamento unicameral: estamos frente a un Congreso donde no hay nadie con mayoría y las alianzas parlamentarias serán complejas (y costosas) para hacer aprobar iniciativas.

Segundo: la lista ganadora, la que ocupó el primer lugar, es el voto en blanco y nulo. Este ha sacado un 17,76% de los votos emitidos. Mientras que la lista de Perú Libre que lleva a Pedro Castillo como candidato a presidente obtuvo el 15,72%, también de los votos emitidos. Y la lista de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, alcanzó el 10,99%. Lo que evidencia una oposición, lógicamente heterogénea, que repudia activamente (ya que va a votar) a todas las candidaturas.

Si se elimina el voto blanco y nulo, descontándolos de la votación general, tendremos los llamados votos validos. Aquí Pedro Castillo será el primero con un 19,12% y Keiko Fujimori, con el 13,36%, la segunda. Entre estos dos candidatos se dirimirá la elección en una segunda vuelta el 6 de junio próximo, porque ninguno siquiera se ha arrimado al 50% de los votos necesarios para ser proclamado ganador en la primera.

¿Quién es Pedro Castillo?

La novedad ha sido la irrupción electoral de Pedro Castillo, que comenzó la campaña muy atrás (con un 1% de intención de voto, según las encuestadoras) y en pocos meses, especialmente en las últimas semanas, saltó al primer lugar.

Es un maestro rural, relativamente reconocido en el 2017 cuando estuvo en la dirección de una huelga general docente contra el gobierno antiobrero de PPK (Kuczynski). Huelga que se desarrolló enfrentando a la dirección burocrática del sindicato docente enrolada en el Partido Comunista- stalinista Patria Roja. En su actividad política es conocida una militancia previa en un partido de centroderecha (Perú Posible). Se terminó afiliando al “Partido Político Nacional Perú Libre” en octubre del año pasado. Convocado para asumir primero una candidatura de diputado y luego para vicepresidente, se vio nominado finalmente para la candidatura presidencial. Esto, porque la justicia electoral terminó impugnando la candidatura presidencial de Perú Libre, que era el secretario general de ese partido, Vladimir Cerrón, ya que pesaba sobre él una sentencia de 4 años de prisión –en suspenso- acusado de corrupción cuando fue gobernador de Junín.

¿Cuál es la plataforma de Perú Libre?

Un punto central es el propósito de “renegociar con las mineras” y otras grandes empresas los “contratos” firmados con los diversos gobiernos desde la época de la dictadura de Alberto Fujimori. Castillo ha indicado que quiere pasar del 30% actual que recibe el Estado por cobro de regalías e impuestos al 70%. En los últimos años la desgravación impositiva a las mineras ha sido fenomenal. Castillo toma como modelo la “nacionalización” del petróleo y el gas hecha por Evo Morales en su momento en Bolivia, que consistió justamente, no en la expropiación y estatización de los monopolios, sino en la renegociación y asociación con los mismos. En caso de que estas grandes patronales no acepten esta renegociación, se amenaza con nacionalizarlas… pagándoles previamente una indemnización.

Perú Libre afirma como estrategia el fortalecimiento del Estado (creación de empresas estatales) para competir con el capital privado.

Con estos eventuales ingresos extraordinarios, Castillo promete financiar un aumento del presupuesto educativo del 3,5% actual al 10%.

Lo mismo en salud. No hay propuestas sobre cómo afrontar la emergencia del colapso sanitario frente a la explosión de la pandemia. El día 19 se ha batido el récord con 440 muertos en un solo día. Perú supera las 153 mil víctimas por el coronavirus y no hay tubos de oxígeno, camas de terapia intensiva, etc. La plataforma de Perú Libre contempla establecer un “tarifario único” para clínicas privadas, según categoría y complejidad, para que no haya abusos sobre los pacientes necesitados. Pero los mercaderes de la salud siguen.

Deuda Pública: Perú Libre se ha fijado como propósito no desconocer la deuda pública, comprometiéndose a su pago total, priorizando en primer lugar a los acreedores nacionales (58%) y luego a los extranjeros.

Universidad: promete facilitar el ingreso de los estudiantes a la Universidad, hoy bloqueado por exámenes limitacionistas y derivados a universidades privadas truchas. Los estudiantes que no lograrán entrar, pueden optar por un servicio militar voluntario de un año y al finalizar el mismo podrían elegir (de acuerdo a un orden de méritos) a qué carrera universitaria incorporarse.

Medios de comunicación: Perú Libre denuncia la monopolización reaccionaria de los medios de comunicación (El Comercio manejaría el 70% de los multimedios). La propuesta es combatirlos bajando la publicidad oficial en los mismos del actual 90% al 30%. Y promover con pauta publicitaria estatal del 30% a los medios alternativos.

Movimiento obrero: en primer lugar, llama la atención que no figure la eliminación del régimen de “suspensiones perfectas” (sin goce de sueldo) que instaurara el gobierno de Martín Vizcarra en acuerdo con la central empresaria Confiep. Se plantea garantizar una libre afiliación sindical, pero “con responsabilidad y la organización debe constituirse en un brazo de la producción y productividad de la empresa, puesto que, solo en la medida que la empresa tenga éxito, las condiciones laborales mejorarán para los trabajadores mediante la negociación colectiva”. El verso clásico del “derrame” si los capitalistas ganan más. Se alienta la “participación” de los dirigentes sindicales en las decisiones gubernamentales, lo que significa una política “participacionista” de cooptación y regimentación sindical. Se introduce un límite al derecho de huelga y la lucha sindical de los trabajadores estatales, diferenciándolos de los privados. Porque en el caso de los primeros –afirma- perjudican al Estado y a los usuarios populares. Después la plataforma está plagada de afirmaciones genéricas, propias de una publicidad electoralista:

  • “orientar esfuerzos a defender la estabilidad laboral”. Pero no plantea la reincorporación de los despedidos, la prohibición de despidos, etc.
  • “búsqueda de la equidad laboral de género”
  • “fomentar una remuneración acorde con las necesidades básicas” sin fijar montos, etc.

“Orientar”, “búsqueda”, “fomentar”, es bla, bla.

No fija una pauta de aumento salarial, ni de subsidios a los desocupados. En su lugar, justifica el “congelamiento salarial” en la falta de industrialización del Perú, inexistencia de empresas estatales, etc. y no en la superexplotación patronal. Estas indefiniciones, están “tapadas” con la verborragia donde Pedro Castillo dice que va “a dar el ejemplo” bajando su salario al nivel de un maestro. Así planteado es una “invitación” a que los trabajadores públicos hagan lo mismo.

Respecto al sistema previsional, no plantea la expropiación de los usureros de las AFP, sino una política de fortalecimiento del sistema nacional previsional, para ir eliminando “paulatinamente” al sistema privado.

Sobre el derecho al aborto el programa de Perú Libre proclama: “Respecto al aborto terapéutico la legislación peruana lo contempla actualmente. En lo que sí discrepamos es que el aborto se utilice como una especie de método anticonceptivo” (¿?). Lo que puede aparecer como una indefinición ha sido esclarecido por Pablo Castillo a viva voz, como una oposición al derecho al aborto, así como al matrimonio igualitario y demás derechos de género.

Seguridad: no plantea la disolución de la Policía Nacional responsable de salvajes represiones y asesinatos contra el pueblo en lucha. Por el contrario, propugna no “desintegrar su unidad” y “reorganizar” a la Policía promoviendo un sistema de ascensos regido “por el número de investigaciones resueltas“. Lo que significara récord de casos armados contra los pobres y la juventud para justificar su “eficiencia”.

Paramos aquí… Pero no hay reforma agraria, ni nacionalización de los bancos, etc., etc. La plataforma declara su defensa del empresariado nacional, pero sin poner trabas al capital financiero imperialista.

En política internacional se reivindica como parte de los partidos y los gobiernos nacionalistas burgueses: de los Kirchner de Argentina, Lula y Dilma de Brasil, Ortega de Nicaragua, etc. Y plantea reintegrar al Perú a todos los organismos latinoamericanos creados bajo el ascenso chavista.

Esto nos lleva a caracterizar a Perú Libre como una corriente chavista que pretende renegociar con el capital financiero (mineras, etc.) los términos de su dominación, estableciendo acuerdos que integren a la burguesía nacional y al Estado. Preserva a las fuerzas represivas y en materia social tiene un programa antiobrero y en ciertos aspectos reaccionario (derechos de género, etc.).

Esto explica por qué una parte de la izquierda peruana (y nuestro Partido) llamó al voto en blanco y nulo: porque no había ninguna expresión de izquierda u obrera alternativa. Verónika Mendoza (apoyada por el nacionalismo burgués latinoamericano -Grupo de Puebla, etc.) está más a la derecha en la gran mayoría de sus planteos.

La movilización popular

Perú viene de una gran movilización popular en noviembre pasado que terminó destituyendo al presidente golpista Manuel Merino. También de una poderosa huelga general de 400 mil trabajadores agrarios en el verano, que obligó a derogar la ley agraria entreguista y antiobrera aprobada por Fujimori y sostenida por todos los gobiernos “democráticos” posteriores (aunque en forma “gatopardista” no reconoció la mayoría de los reclamos obreros). Estas y otras luchas de los trabajadores no recibieron el apoyo activo de los partidos que participaron del proceso electoral. Tampoco de Perú Libre.

Pero las elecciones sirvieron como un canal para que una parte de esas rebeliones se manifestara inorgánicamente, en forma distorsionada, en el voto a Perú Libre y Pedro Castillo. Particularmente en las zonas agrarias.

La polarización

El resultado electoral coloca una polarización entre Keiko Fujimori, reivindicando la herencia de la dictadura fujimorista y Pedro Castillo, presentado como un sindicalista docente y campesino que en forma confusa y verborrágica plantea achicar la pobreza ajustando a los “ricos”; aunque su programa y planteos no dan respuesta concretas. Se trata de un “nacionalismo” semichavista, que incorpora de entrada los aspectos más regimentadores sobre la clase obrera. La campaña electoral no ha sido tampoco escenario de grandes movilizaciones y choques (por eso sorprendió el “triunfo” de Castillo). Lo cual no quiere decir que en los próximos días no se vayan a producir, aunque Castillo declaró que sería una campaña sin agravios, de propuestas positivas.

Una de las diferencias más importantes es que Castillo ha declarado su disposición a convocar a una Asamblea Constituyente para derogar la Constitución aprobada por Fujimori en 1993. Keiko, la hija del dictador Fujimori, rechaza la reforma constitucional y menos a través de una Constituyente (es de destacar que de 18 candidatos presidenciales, 11 se manifestaron por una reforma constitucional y 3 en contra).

Estamos frente a la posibilidad subjetiva de nuevas maniobras de contención de la lucha de clases que pugna por expresarse en forma abierta. Una Convención constituyente con un Congreso mayoritario de fracciones derechistas, con una Policía Nacional reorganizada, con una justicia y todo el aparato estatal continuista, con una prensa antiobrera y defensora del gran capital, etc. no será soberana, ni alumbrará la imposición de los reclamos de las masas y antiimperialistas.

Por otro lado, es el Congreso el que deberá votar la convocatoria de esta Constituyente. En caso de negarse, Castillo planteó que acudiría a un referéndum para que sea el pueblo el que defina. Marcharíamos a un calendario como el de Chile (pero de otro signo político).

La vanguardia revolucionaria, obrera, estudiantil y campesina debe debatir esta problemática: discutir qué posición adoptar frente a la polarización de la segunda vuelta y dar pasos concretos de organización política independiente.

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22/04/2021 | 1620

La campaña electoral en México y los desafíos de la izquierda

La campaña hacia las elecciones del 6 de junio ya está en marcha. Se elegirán los 500 diputados nacionales, casi la mitad de los gobernadores, los diputados provinciales y 1.900 intendentes.

El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, encabeza una alianza (Juntos Hacemos Historia) que incluye al centroizquierdista Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. El PAN, el PRI y el PRD, los partidos que gobernaron las últimas décadas, conformaron Va por México. Por fuera de estas dos grandes coaliciones se presentan otras fuerzas menores, entre ellas el Partido Encuentro Social (PES), una formación conservadora (rabiosamente hostil al aborto legal) que apoya al gobierno, pero por ser nueva está imposibilitada de formar alianzas.

Las encuestas vaticinan un amplio triunfo del oficialismo, que se explica más por el enorme descrédito de las fuerzas que hundieron el país en las últimas décadas que por los méritos supuestos de López Obrador.

¿Cuarta Transformación?

El gobierno de AMLO no ha dado en lo que va de su mandato una respuesta a los grandes problemas de las masas mexicanas. Para empezar, la gestión de la pandemia ha sido calamitosa: un estudio de la Organización Mundial de la Salud, que tomó como muestra 39 países, colocó a México como el cuarto con mayor “exceso de mortalidad”. Este cálculo, que compara las cifras de 2020 con las del período 2018-2019, sirve para evaluar los daños ocasionados por el Covid-19, o bien por las enfermedades que se desatendieron para priorizar el combate contra el primero. México arroja 43% más de muertes que en la etapa anterior, contra un promedio de 17,3%. De allí que la OMS estime que se podrían haber evitado 190 mil muertes (Animal Político, 12/4). En estos registros influyen tanto el desfinanciamiento sistemático del presupuesto de salud por parte de los gobiernos anteriores, como las propias medidas del gobierno actual, que subestimó la pandemia en sus comienzos, inició una prematura “vuelta a la normalidad” después y no robusteció el sistema sanitario como correspondía -hubo varias protestas de trabajadores de la salud en reclamo de insumos y debido a deudas salariales.

Al mismo tiempo, se ha agudizado la crisis social. La pobreza trepó del 48,8% en 2018 al 55,7% en 2020 (La Jornada, 29/3). La informalidad laboral es de casi el 57% y llega en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas casi al 80% (Radio Fórmula, 15/4). Los subsidios sociales que el gobierno ha dispuesto frente a este escenario son sólo un paliativo y están muy por debajo de las cifras que se destinan al pago de la deuda externa.

Todos estos números desmienten los slogans altisonantes de una “cuarta transformación”. Además, AMLO ha continuado la política de subordinación al imperialismo norteamericano de sus predecesores. Ratificó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que había suscripto Enrique Peña Nieto y acordó con Trump un mayor despliegue represivo para contener la migración. Ya bajo la administración de Biden, reforzó la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur. El pacto de AMLO con los militares es notorio; al punto de introducirlos en tareas de seguridad interior. En los últimos días, se les ha dado un lugar también en el Consejo General de Investigación Científica. Conviene tener presente que las fuerzas armadas cumplieron un rol nefasto en la “guerra contra el narcotráfico”, que dejó decenas de miles de muertos, sin resolver el problema. Todo este cuadro se completa con la represión del movimiento de mujeres (como ocurrió el 8M), el crecimiento de los femicidios, los acuerdos con sectores conservadores como el PES y el apoyo de la candidatura a gobernador en Guerrero de Félix Macedonio Salgado, quien tiene dos acusaciones por violación.

Es cierto que el gobierno está protagonizando choques parciales con sectores del gran capital (por ejemplo, con la asignación de la prioridad al sector estatal en la generación eléctrica), que reclaman la privatización de Pemex, pero también que AMLO ha repetido en varias ocasiones que respetará los contratos de la reforma energética del nefasto Pacto por México. “No se trata (de) expropiar por expropiar; no nos interesa revocar los 210 contratos que se entregaron con la reforma energética” (La Jornada, 3/3), dijo en una conferencia de prensa. Esto muestra la tibieza de su política petrolera, que está muy por detrás de la del gobierno de Lázaro Cárdenas.

Los luchadores y la izquierda

La retórica nacionalista y el discurso anticorrupción le han permitido al gobierno incorporar a sus listas a figuras representativas de importantes movimientos de lucha, como Adrián García, sobreviviente de la masacre de Ayotzinapa. También sonó como posible candidato Felipe de la Cruz, padre de uno de los normalistas desaparecidos. Asimismo, un sector de obreras de las maquiladoras del norte mexicano y su abogada Susana Prieto, de impronta antiburocrática y combativa, también se han integrado a las listas de Morena. La puesta en pie de candidaturas obreras independientes hubiera sido un importante paso adelante. Pero lo que aparecía como una oportunidad para que un sector combativo del movimiento obrero diera un salto a una intervención política independiente, resultó en lo contrario. Pues la integración a las listas de Morena de las obreras de las maquiladoras equivale a una cooptación política, que sacrifica la bandera de la independencia de clase para tributar al gobierno de AMLO. La tarea, al revés, era poner en pie una fuerza independiente que fuera una referencia para los luchadores.

En este sentido, la conformación del Frente de Izquierda Anticapitalista (integrado por el MTS, corriente ligada al PTS argentino; el MAS, ligado a IS de Argentina; la Liga por la Unidad Socialista y el Grupo Socialista Obrero) fue un paso adelante, con una plataforma que expresa un planteo de independencia de clase frente al gobierno de AMLO y la derecha, y que reivindica el gobierno de los trabajadores. Llamativamente, en su plataforma plantean la lucha “por una integración económica y política regional, anti-imperialista y socialista, encabezada por los trabajadores de América del Norte” (ver “Surge un Frente de Izquierda Anticapitalista”, en Izquierda Diario.mx, 1/11/20), revisando la consigna histórica de la lucha por la unidad socialista de América Latina. El principal límite de este armado es que fue estrechamente electoral.

El FIA intentó presentar candidaturas a la diputación en uno de los distritos de la capital mexicana. Trató de hacerlo apelando al mecanismo de las candidaturas independientes, dado que no es una fuerza registrada. Pero no pudo sortear las trabas que impone el Instituto Nacional Electoral (INE). Si bien consiguió la adhesión de algunos sindicatos importantes (Sindicato Mexicano de Electricistas; de los trabajadores de la agencia Notimex) y de otros sectores en lucha, no obtuvo la cantidad de firmas exigidas para la presentación. El MTS explica en distintos artículos aparecidos en Izquierda Diario que el INE rechazó flexibilizar los requisitos, pese a una pandemia que dificultaba las tareas de recolección. No obstante estos atenuantes, e inclusive las maniobras proscriptivas, la no presentación es un registro de la debilidad de la izquierda en el escenario mexicano, todavía dominado por el nacionalismo burgués.

La situación, de todos modos, no debe verse como una fotografía. La envergadura de la crisis le imprime un gran dinamismo al escenario político y le da más importancia que nunca a la lucha por poner en pie una alternativa política de las y los trabajadores.

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22/04/2021 | 1620

Noticiero internacional

Minneapolis - Amazon - Colombia

Estados Unidos: nuevos casos de gatillo fácil, nuevas movilizaciones

En las vísperas del fallo que condenó al policía Derek Chauvin, asesino de George Floyd, importantes movilizaciones repudiaron un nuevo caso de gatillo fácil en la ciudad de Minneapolis. El joven afroamericano Daunte Wright fue fusilado por una agente policial durante un control de tránsito, lo que empujó a la población a las calles, desafiando la represión ordenada por el gobierno local. Asimismo, se instaló una vigilia frente al departamento policial.

En tanto, en Columbus, principal ciudad de Ohio, la muerte de una joven de 15 años, Ma'Khia Briant, a manos de la policía, desató concentraciones frente al Capitolio. A la lista de los últimos crímenes policiales se debe añadir el caso de Adam Toledo, un adolescente de origen latino de 13 años que fue abatido por la policía de Chicago, cuando tenía las manos en alto.

El gobierno de Biden celebró el fallo contra el asesino de Floyd (que es una conquista de la movilización popular, dado que la inmensa mayoría de los casos quedan impunes) e impulsa una reforma que pone fin a la llave de estrangulamiento en los procedimientos policiales. Con pequeños cambios como este, busca preservar el aparato represivo, frente a los reclamos de su desmantelamiento durante la rebelión de 2020.

Más información aquí.

Derrota sindical en las elecciones de Amazon

La consulta para definir la formación de un sindicato en la planta de Amazon, en Alabama, se saldó con 1.798 votos en contra y 738 a favor. Este resultado se debe fundamentalmente a la enorme campaña de presión y amenazas desplegada por la empresa de comercio electrónico contra sus trabajadores. El feroz antisindicalismo de la compañía, cuyas ganancias se han disparado con la pandemia, tiene por objeto mantener las condiciones de precarización y superexplotación extrema en sus distintas sedes (hay denuncias de trabajadores que deben orinar en botellas para no perder tiempo y cumplir con los objetivos de trabajo).

La derrota no cancela el proceso de organización de los trabajadores, que por otra parte no se restringe a Estados Unidos sino que tiene un alcance global, como lo demuestran los recientes paros en Italia y en Alemania.

Leé más aquí.

Colombia: el 28, jornada de lucha contra la reforma tributaria

El Comité Nacional de Paro, integrado por las centrales sindicales y por organizaciones sociales y estudiantiles, convocó para este 28 a una jornada de movilizaciones contra el proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. La medida instaura o aumenta el IVA en productos básicos (como el café, el azúcar y el chocolate) y busca que cientos de miles de trabajadores queden alcanzados por el impuesto a la renta.

Otro de los reclamos será el fin de los crímenes contra activistas sociales. La envergadura del ataque del gobierno colombiano requiere un plan de lucha del movimiento obrero, indígena y estudiantil que paralice el país, hasta lograr el retiro de la reforma. Para ello, es necesario superar la pasividad de las direcciones sindicales, que se vienen limitando a convocar jornadas de características espaciadas.

Más información aquí.

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21/04/2021

Chile: vamos a la huelga general el 30 de abril

Portuarios decretaron el paro y crecen las protestas en todo el país por tercer retiro de las AFPs.

La decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional, como lo había anunciado, para evitar que se concrete el tercer retiro de los fondos de pensión provocó la reacción popular que se manifestó en cacerolazos, barricadas y hasta ataques a comisarías en numerosos puntos del país. Frente a la inminente aprobación en el Senado, con votos incluso de la mayoría de los senadores oficialistas, el presidente Sebastián Piñera lleva adelante una acción temeraria ante un escenario político y social sumamente crítico.

Es que pese a la conciencia popular generalizada de que recurrir a los fondos de pensión implica asumir con recursos propios la crisis, lo cierto es que las y los trabajadores, sumidos en una situación desesperante, tienen expectativas en poder contar con ello. La asistencia del Estado aún no ha llegado a las familias y en la mayoría de los casos no va a llegar nunca debido a la política de hiperfocalización que se traduce en la exclusión de las mayorías. Así, la comprobación de que solo unos pocos califican para el publicitado “bono clase media” y el anuncio de que el gobierno pretende obstruir la posibilidad del tercer retiro, causaron la indignación que derivó en las protestas que se verificaron el martes 20 y que van a seguir según las convocatorias que han empezado a circular desde los territorios.

Tal como ocurrió en los retiros anteriores, en rechazo de la determinación del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional, la Unión Portuaria de Chile anunció una paralización progresiva de las terminales del país a partir del mediodía del miércoles: “Acudir al TC es un acto de prepotencia que se suma al abandono por parte del gobierno a millones de chilenos que han tenido que echar mano de sus propios ahorros para enfrentar la pandemia... anunciamos la paralización efectiva para forzar al gobierno a echar pie atrás y retirar el requerimiento al TC. Mientras el pueblo pasa hambre y los ricos se hacen más ricos, los trabajadores portuarios ponemos nuestra capacidad estratégica al servicio del pueblo de Chile”. Asimismo, hacen un llamado a la movilización de cara a una huelga general expresando: “llamamos a los trabajadores, sectores populares y organizaciones sociales a MOVILIZARSE y preparar la HUELGA GENERAL en caso de que el tercer retiro sea impedido. Ésta es la única manera para que este gobierno entienda que con el pueblo no se juega”. La Federación de Trabajadores del Cobre llamó a mantenerse preparados para movilizaciones.

Mientras en las barricadas se levantaba la consigna de “Fuera Piñera” como un grito que retumbó a lo largo de todo el país, desde la oposición centroizquierdista han salido a plantear la posibilidad de una “acusación constitucional” contra Piñera. El mismo recurso de siempre con el que pretenden parlamentarizar la rabia de miles pero que además, lo más probable es que nunca se concrete porque los partidos patronales están interesados y comprometidos en que Piñera culmine su mandato.

Días atrás la CUT, cuya dirección política la ostenta el PC, anunció la convocatoria a una huelga general para el 30 de abril, luego de año y medio de estar virtualmente desaparecida, mientras el conjunto de las y los trabajadores soportó sobre sus espaldas las consecuencias de una de las peores crisis de la historia reciente. El pueblo chileno está sumergido en una terrible crisis sanitaria que ya se ha cobrado la vida de más de 30 mil personas, a lo que se suma la pobreza y la miseria que la crisis pandémica vino a agravar. En este contexto es que debemos impulsar y coordinar las movilizaciones y convocatorias que por estas horas realizan las asambleas territoriales y organizaciones sociales, de cara a un gran paro general el próximo 30 para que se vayan Piñera y todos sus secuaces y cómplices, para terminar con las AFPs, por un ingreso de emergencia mínimo de 500 mil pesos sin exclusiones, financiado por un verdadero royalty minero e impuesto a la riqueza y no las migajas que pretende legislar la oposición cómplice. Por el fin al terrorismo de Estado; disolución de Carabineros; cárcel a lxs asesinos del pueblo y libertad a lxs presxs políticos. Por una asamblea constituyente libre y soberana.

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https://prensaobrera.com/internacionales/chile-inmersa-en-una-catastrofe-sanitaria-y-social/

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21/04/2021

“No podemos dejarnos amedrentar por estas empresas capitalistas”

Reportaje a Carolina Hevia, la referente de los repartidores de Colombia que debió exiliarse ante la persecución patronal.

Carolina Hevia es secretaria general del sindicato de trabajadores de plataformas de Colombia (Unidapp), una organización fundada el 8 de octubre de 2020, en coincidencia con un paro internacional de trabajadores de reparto. Ya venían organizándose por sus derechos a través del Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas Digitales, pero aquel día marcó un punto de inflexión.

Carolina constató que uno de los brigadistas de Rappi (personal de seguridad que controla a los trabajadores) que había estado presente en las instalaciones de la oficina donde se fundó el sindicato, empezó a seguirla. En días sucesivos descubrió que eran varios los que seguían sus movimientos, por lo que tomó fotos y videos y radicó una denuncia ante la fiscalía general de Colombia, con copia al Ministerio de Trabajo, la OIT, la ONU y la Acnur (esto último, debido a que es refugiada de origen venezolano). Sin embargo, la fiscalía recién la contactó seis meses más tarde, para informarle que habían asignado una persona al caso, aunque aparentemente ni siquiera habían leído la presentación. “Nunca recibí apoyo del Estado”, señala.

En Colombia, la persecución es extrema. Más de 250 luchadores sociales fueron asesinados en 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz). Un total de 2.377 referentes sindicales fueron asesinados entre 1973 y 2020, según un informe de la Agencia de Información Laboral (9/4). En el 80% de los casos, a manos de grupos paramilitares y del propio Estado.

En este contexto, Carolina ha debido exiliarse en Ecuador para preservar su vida. Y si bien la persecución despertó temor en las filas del colectivo obrero, no ha podido quebrar la organización.

Uno de los aspectos más importantes de la lucha ha sido la organización de las mujeres, que conforman el 10% de los repartidores, según Carolina. La empresa les niega ciertos recorridos (como supermercados) y les roba las propinas. Se mantienen en contacto por medio de una aplicación para defenderse del acoso por parte de la empresa y clientes.

“No podemos dejarnos amedrentar por estas empresas capitalistas que vulneran los derechos humanos y laborales”, concluye, y se muestra de acuerdo con la iniciativa de una segunda conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos que contribuya a forjar un polo de independencia política y de organización de los trabajadores.

La Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) de Argentina, que forma parte de la Coordinadora Sindical Clasista, está preparando una campaña de solidaridad con Carolina y el 28 realizará una acción frente a la embajada china para denunciar el encarcelamiento y persecución contra los repartidores que pusieron en pie un sindicato independiente en aquel país.

Como dice la canción de Las Manos de Filippi, “organización internacional revolucionaria contra el capital”.

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19/04/2021

Las elecciones en Groenlandia, la minería y la guerra comercial

El rechazo a un proyecto de explotación de uranio marcó los comicios.

Groenlandia, la isla más grande del mundo, celebró el martes 6 de abril elecciones al Parlamento.

Inuit Ataqatigiit (IA), un partido que se autodenomina de izquierda, ecologista e independentista y se presenta como defensor de los intereses de la comunidad inuit, la población autóctona de la isla, obtuvo la victoria con el 36,6 por ciento de los votos, 11 puntos por encima de lo que conquistara en las elecciones de 2018, mientras que el socialdemócrata Siumut, fuerza que ha dominado el panorama político nacional desde la autonomía groenlandesa en relación al Reino de Dinamarca en 1979, quedó en zaga con el 29,4 por ciento del padrón.

El triunfo de IA ha significado el fin de un controversial proyecto minero en la sureña región de Kuannersuit, el segundo depósito de tierras raras más grande del mundo y el sexto de uranio.

Trasfondo

La explotación de los yacimientos de Kuannersuit provocó en febrero pasado una crisis política de alto voltaje, que dio lugar a la convocatoria anticipada de elecciones, donde siete formaciones se disputaron los 31 escaños del parlamento local. El proyecto en cuestión resquebrajó al entonces partido de gobierno, cuyos miembros se dividieron a la hora de apoyar la iniciativa, provocando que su socio minoritario, el partido Demokratiit, retirara su apoyo de la coalición gobernante.

IA anunció que formará gobierno junto al partido Naleraq (también independentista), ya que necesita sumar escaños para tener mayoría en el parlamento.

El partido triunfante canalizó el rechazo popular al proyecto minero, con el que un 63 por ciento de la población está en desacuerdo, y prometió un fortalecimiento de la formación docente. Los ecologistas, sin embargo, advirtieron que están dispuestos a incentivar otras explotaciones mineras, las cuales supuestamente contarían con mayor aval popular.

La experiencia de las masas groenlandesas con la otrora fuerza gubernamental es un aspecto clave para entender el resultado de los comicios. Siumut ha desarrollado una política de represión y regimentación de la clase obrera, no ha logrado revertir el carácter “pesquero” de la economía nacional –más del 90 por ciento de las exportaciones corresponden a esta industria-, y, asimismo, buscó pilotear los vaivenes y contradicciones de la economía a partir de la superexplotación de inmigrantes. Mientras tanto, una cuarta parte de la población vive en pequeños asentamientos, sin acceso a servicios básicos, como lo fuera una atención médica adecuada o la educación (National Public Radio, 21/4/2016).

En 2014, la primera ministra Aleqa Hammond fue desplazada del gobierno como fruto de importantes protestas, que tuvieron su epicentro en Nuuk (capital), luego de que el uso mal habido de fondos públicos por parte suya sacudiera el tablero político nacional.

Groenlandia es una nación fuertemente tutelada por Dinamarca, cuyo vínculo, a pesar de la autonomía, conserva características coloniales. Copenhague controla el área de defensa y la política exterior de la isla, cuya economía depende profundamente, por un lado, de las subvenciones anuales de Dinamarca –más de 520 millones de euros-, que representan un tercio de su presupuesto, y, por el otro, del capital extranjero, sobre todo el danés. En 2009, el parlamento de Dinamarca dio su aprobación al nuevo Estatuto de Autonomía de Groenlandia, que reconoce su derecho a la autodeterminación y permite a Nuuk tomar los hilos de áreas estratégicas como la gestión de sus recursos naturales, lo que ha reavivado los planteos independentistas y de auto financiación.

La situación mundial

La importancia política y estratégica de los minerales de Groenlandia se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas, especialmente desde que China se convirtiera en líder mundial del rubro mediante el control de más del 80 por ciento del suministro global de tierras raras, piezas fundamentales para el desarrollo de productos electrónicos, energías verdes y armamento militar, por lo que aquellos yacimientos groenlandeses sin explotar podrían amenazar la primacía del gigante asiático. El grupo chino-australiano Greenland Minerals, que consiguió la licencia de exploración de Kuannersuit en 2007 y cuya aprobación quedó trunca después del resultado electoral, había despertado preocupación en Estados Unidos y Dinamarca.

Groenlandia ha sido durante mucho tiempo un área de interés para el imperialismo yanqui. Los ex presidentes norteamericanos Harry Truman y Donald Trump intentaron comprarla, aunque en ambos casos se han topado con el rechazo del gobierno danés. Truman ha conseguido igualmente que Dinamarca otorgue a Washington amplios derechos para desplegar a sus tropas en el territorio groenlandés, lo que ha devenido en el establecimiento de la base militar Thule –actualmente en funcionamiento, sumada a las bases instaladas en Islandia y Noruega-, crucial para la alerta temprana de misiles y la vigilancia del espacio aéreo en el marco de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

El cambio climático convirtió otra vez a la isla en un territorio de disputas. El deshielo en la región ha comenzado a abrir nuevas rutas marítimas, que conectan Europa, Asia y América del Norte, y también ha generado las condiciones para la explotación de los recursos del Ártico, donde se calcula que existe un tercio del petróleo y un 30 por ciento del gas natural no descubiertos en el mundo, así como importantes depósitos minerales. Jugadores como Estados Unidos, Noruega y Rusia se encuentran hace tiempo en una carrera por controlar las reservas de gas y petróleo regionales, estimada en millones de barriles, habitualmente acompañados de grandes pulpos capitalistas como la British Petroleum, ExxonMobil, Shell o el gigante ruso Gazprom. El Pentágono dijo recientemente que vigila “muy de cerca” la actividad militar de Rusia en el Ártico, advirtiendo que Estados Unidos tiene sus “intereses” en esa región y que los defenderá ante un incremento de la militarización en la zona por parte de Moscú (DW, 6/4).

China, por otra parte, que ya está desarrollando rutas comerciales en la región y ha logrado firmar acuerdos mineros con Groenlandia, mientras mantiene la expectativa de avanzar en otros que incluyan la construcción de aeropuertos y muelles, ha dado a conocer hace unos años sus planes de estructurar una “Ruta de la Seda Polar”.

La desaparición del hielo tiene consecuencias devastadoras sobre el planeta y acicatea el calentamiento global, una amenaza, asimismo, para la fauna y para las 4 millones de personas que viven en esos territorios.

Como se ve, estamos ante una región donde se desenvuelven con crudeza la guerra comercial y las tendencias belicistas. Las amenazas del Pentágono contra los rusos, además, son un tiro por elevación a China, que viene pisando duro en la región.

Contra la voracidad del capital en crisis, que solo tiene para ofrecer desastres ambientales, choques entre las naciones y retrocesos socio-económicos, es necesario que la clase obrera emerja como un factor político independiente y una reorganización económica sobre nuevas bases sociales.

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A 30 años de la muerte de Walter Bulacio

Un ícono de la juventud y la lucha contra la represión estatal.

El 19 de abril de 1991, Walter Bulacio fue detenido junto a otras decenas de jóvenes en las inmediaciones del estadio de Obras Sanitarias, mientras se desarrollaba un concierto de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fueron trasladados a la comisaría 35, en el barrio de Núñez, donde Walter fue golpeado y torturado. Debido a un traumatismo craneal, falleció el día 26.

Se trató de una clásica “razzia” policial. Como Walter tenía 17 años, y por tanto su detención no podía realizarse sin autorización de un juez de menores, los responsables del operativo se escudaron en un memorándum (posteriormente derogado) que les permitía decidir si se daba aviso o no a la autoridad judicial.

El caso de Walter marcó a una generación de jóvenes en nuestro país, que adoptó su caso como emblema de lucha contra la represión estatal. Cada 19 de abril, los estudiantes ganaban las calles en su nombre. En dichas movilizaciones jugó un rol central la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (en la que militaba la UJS), a la que pertenecía el Centro del colegio Bernardino Rivadavia, del cual Bulacio era alumno.

Mientras la justicia encubría a los responsables, en los recitales y en las concentraciones populares se coreaba el cántico de “Yo sabía que a Walter lo mató la policía”. La lucha contra la impunidad de las fuerzas represivas fue uno de los jalones de la rebelión popular de 2001. La masacre de Ingeniero Budge, la desaparición y muerte de Miguel Bru o el crimen del conscripto Omar Carrasco fueron otros de los casos resonantes de aquella época.

Pasaron más de veinte años hasta que llegó -en 2013- la condena del comisario Miguel Angel Espósito, a cargo del operativo y de la comisaría 35. Recibió apenas tres años de prisión en suspenso, por la privación ilegítima de la libertad de Bulacio y el resto de los jóvenes detenidos. No fue juzgado por las torturas y el homicidio, por los que nadie fue condenado.

Pese a que el caso motivó una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003, que ordenaba al Estado argentino adecuar su legislación para impedir las detenciones arbitrarias por parte de la policía, éstas siguen siendo moneda corriente, especialmente en las barriadas más pobres. La policía se vale para ello de figuras como la de la averiguación de antecedentes o de códigos contravencionales ultrarrepresivos. Según la Correpi (Comisión contra la Represión Policial e Institucional), “más de la mitad de los detenidos que hay en cualquier comisaría, no está allí por una acusación penal”.

El hostigamiento policial en los recitales nunca se detuvo. El 14 de noviembre de 2009, en ocasión del regreso de Viejas Locas (la banda del Pitty Álvarez), el joven Rubén Carballo fue asesinado por efectivos de la comisaría 44 durante una represión en las inmediaciones del estadio de Vélez Sarsfield.

Las amplias prerrogativas y la impunidad del aparato represivo están al servicio del sostenimiento de un orden de explotación y miseria. La regimentación de la juventud se vuelve decisiva para el gran capital. “Arde de sirenas y de canas Buenos Aires”, advertían Los Fabulosos Cadillacs en una canción dedicada a Walter, a pocos meses de su muerte.

El rostro del pibe de Aldo Bonzi que no pudo volver a ir otro recital, que se quedó para siempre en los 17, nos recuerda que la lucha contra la impunidad y la represión debe seguir.

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18/04/2021

Fernández y Rodríguez Larreta, sin plan frente a la pandemia

El trasfondo de una semana crítica. Panorama político de la semana.

El sostenido crecimiento de los casos de coronavirus mostró la insuficiencia de las medidas dispuestas por el gobierno nacional la semana pasada. Con un sistema sanitario camino a la saturación, se vio obligado entonces a acentuar las restricciones para los comercios y a una ampliación de la veda nocturna (de 20 a 6).

Sin embargo, se siguen produciendo grandes aglomeraciones en el transporte público, lo que es inevitable en la medida en que funcionan como siempre (o intentan funcionar) los lugares de trabajo, “esenciales” y “no esenciales”. Si a esto le sumamos las demoras en la vacunación y el precario estado del sistema de salud, obtenemos un cóctel propicio para la multiplicación de los contagios y la pronunciación de la crisis.

En este contexto, el gobierno se vio obligado también a poner fin a las clases presenciales por quince días. Hasta el mismo día del anuncio, el ministro Nicolás Trotta sostenía que las aulas debían seguir abiertas y era tan partidario de ello como el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La suspensión de clases dictada por el gobierno nacional fue un triunfo de la lucha de la docencia combativa, que el mismo día de los anuncios presidenciales había realizado un masivo paro en el Área Metropolitana.

En una actitud que recuerda el negacionismo frente a la pandemia del líder brasileño Jair Bolsonaro, Juntos por el Cambio armó un escándalo por la suspensión de las clases presenciales y afirmó que las aulas no son centros de contagio, contra todas las evidencias científicas. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó incluso un recurso ante la Corte Suprema. Pero en la reunión entre los dos mandatarios se intentó limar asperezas. Las diferencias no son tan de fondo. Mientras el jefe de gobierno desestima la gravedad del Covid-19 para la comunidad educativa, el presidente dice que los lugares de trabajo no son el problema. Ambos quieren sostener a toda costa una “normalidad” que hace agua por todos lados. Y ambos van siendo desbordados por los acontecimientos.

Los gobiernos, tanto nacional como provinciales, argumentan que detener la producción lesionaría la actividad económica. Pero la pandemia va haciendo su trabajo de todos modos: el ausentismo ha trepado fuertemente en las fábricas como resultado de los contagios. Toyota, por ejemplo, debió cerrar un turno entero.

Si no se adoptan medidas serias, el mismo problema que ahora se esquiva reaparecerá de manera agravada. Por eso, el Partido Obrero ha lanzado diez puntos para enfrentar la pandemia, que parten de la centralización del sistema de salud y la satisfacción de los reclamos de su personal. Y que incluyen el desarrollo de protocolos obreros, la lucha por su cumplimiento mediante la organización sindical, y la paralización de las actividades que correspondan. Al mismo tiempo, la prohibición de despidos y rebajas salariales, paritarias sin techo y un seguro al parado y a todas las personas sin ingreso de $40.000.

Este enfoque es opuesto al de los gobiernos, que anteponen los intereses de los grandes grupos empresarios a la salud de la población. Como señala un artículo de Juan García, “la crisis entre Larreta y Fernández refleja la incapacidad de todo el arco político patronal del país de proponer una salida frente a la gravedad de la segunda ola”.

Además de los docentes, los trabajadores de la salud de Neuquén han capturado la atención nacional por su enorme huelga con piquetes por una verdadera recomposición salarial, rechazando el insultante 15% de aumento pactado entre el gobierno provincial y las conducciones de UPCN y ATE (la inflación de este año se estima en un 50%). El jueves 15, masivas movilizaciones en toda la provincia expresaron su apoyo a la lucha.

La otra gran pelea del momento es por la libertad de los presos de Andalgalá. Doce compañeras y compañeros fueron detenidos en esa localidad catamarqueña, acusados en bloque y sin pruebas de daños y violación de domicilio. Se trata de una cacería de brujas contra la lucha de un pueblo contra la megaminería contaminante de la compañía Agua Rica, que intenta avanzar en un nuevo emprendimiento, con la complicidad del gobierno pejotista provincial.

Este sábado se llevaba a cabo una "caminata por la vida" en Andalgalá, mientras en todo el país empiezan a desenvolverse actividades solidarias. Vamos por la libertad de las compañeras y compañeros y por el triunfo de la huelga neuquina.

*La columna del editor de PrensaObrera.com se publica todos los domingos por la mañana. Recibí el adelanto en tu mail los sábados por la tarde, suscribite a nuestros newsletters
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17/04/2021

Rosario: la lista Pañuelo en Mano gana el Centro del secundario Normal 1

Integrada por la UJS e independientes. Un colegio emblemático de la ciudad.

Presidenta del Centro del Normal 1

El viernes 16 se realizó el conteo de votos de las elecciones de Centro de Estudiantes del Secundario Normal 1 (CESN1) de Rosario, luego de dos semanas de votación. Con 304 votos, ganó la lista Pañuelo en Mano (sobre un padrón de 767 estudiantes). Le siguieron con 215 votos la lista La Carlotto (La Cámpora + independientes) y con 213 la lista El Estallido (UES + independientes).

Con casi el 40% de los votos, Pañuelo en Mano (independientes + UJS) ganó luego de un intenso mes de campaña donde lxs estudiantes que integran la lista levantaron los reclamos que atraviesan a todo el movimiento secundario: la defensa de la educación pública; la ESI laica, científica y respetuosa de las diversidades en todo el colegio; la lucha en defensa del ambiente; el rechazo al código de vestimenta retrógrado que aún rige en la institución; entre otras reivindicaciones.

La elección se dio en el marco de una crisis educativa que se ve agravada en el contexto de pandemia, dado que el 42% de las burbujas en Rosario se encuentran aisladas y la mayoría de lxs docentes no están vacunadxs.

Por eso, lxs estudiantes de Pañuelo en Mano como conducción vamos a seguir luchando por becas para la conectividad, wifi y netbooks para que nadie se quede afuera, en defensa de la educación pública, por una ESI laica, científica y respetuosa de las diversidades, y por todas las reivindicaciones de la juventud. ¡Vamos por un CESN1 que esté al servicio de las necesidades y demandas de lxs estudiantes!

https://prensaobrera.com/juventud/la-lucha-contra-la-represion-y-por-una-virtualidad-en-condiciones-esta-a-la-orden-del-dia/

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Por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, el aumento salarial y las becas.
17/04/2021

Nueva movilización en Mercedes por la libertad de Nancy Montiel

La lucha por la libertad de Nancy Montiel, presa tras denunciar a los abusadores de su hijo, tuvo un nuevo episodio con una movilización de familiares y organizaciones frente a los Tribunales de la ciudad bonaerense de Mercedes, este viernes 16 abril. Una delegación de compañeras del Plenario de Trabajadoras de Luján y de Mercedes, nos hicimos presentes.

En los días previos a la mencionada convocatoria, nos enteramos de la liberación de uno de los abusadores del hijo de Nancy, que es el propio hermano: Claudio Montiel. La indignación es tal porque refuerza el planteo de la responsabilidad del Estado, a través de la justicia, en la protección de los violadores y femicidas y la criminalización de las víctimas ya que Nancy Montiel sigue en la cárcel.

La actividad realizada acompañó la presentación de un escrito del abogado defensor de Nancy. Allí se solicita el pedido de prisión domiciliaria para que ella al menos pueda estar con su familia y enfrente en mejores condiciones un eventual juicio que todavía no está confirmado. Nancy fue acusada sin pruebas del asesinato de quien atacó sexualmente a unx de sus hijxs. Desde entonces, y en defensa de su absoluta inocencia, la lucha por su libertad se convirtió en una enorme causa popular.

Al finalizar la jornada, aprovechamos la ocasión para reclamar también la inmediata libertad de los vecinos detenidos de la localidad de Andalgalá. Este pueblo de la provincia de Catamarca está en pie de guerra contra la megaminería.

La unidad de las luchas es parte del férreo compromiso del Plenario de Trabajadoras en seguir el camino de la acción por la libertad de Nancy Montiel.

https://www.instagram.com/p/CNu7-VchJFv/?utm_source=ig_web_copy_link

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15/04/2021

“Queremos integrar la Comisión Nacional de Trabajo en casas particulares”

Séptima movilización de trabajadoras en lucha a la cartera laboral.

Por Paula La

En el marco de la agudización de la crisis económica, agravada con la llegada de la segunda ola del Covid, la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha – Coordinadora Sindical Clasista movilizó este jueves 15 al Ministerio de Trabajo contra la miseria salarial, las malas condiciones de trabajo y reclamando un plan de vacunación para el sector. Es la séptima movilización en medio de una situación brutal para quienes realizan estas tareas, siendo las más afectadas por el ajuste en curso como consecuencia de la política gubernamental y los acuerdos con el FMI.

Durante la mañana fueron recibidas por la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares que funciona en el Ministerio de Trabajo, a quien le pidieron una reunión con el presidente para discutir una agenda abierta en relación a los problemas de las trabajadoras y el estancamiento histórico del sector que existe desde 2013 cuando se formalizó su reconocimiento, aunque a través de un esquema profundamente discriminatorio. Si bien la norma reconoce algunos derechos en torno a la jornada laboral, vacaciones y licencias, mantiene un régimen especial que deja a las trabajadoras por fuera de la ley de contrato de trabajo, sometidas a todo tipo de abusos patronales, además de que no ha modificado en nada el alto nivel del trabajo no registrado.

En este sentido, plantearon que se establezca un régimen especial que incluya a todas las trabajadoras de casas particulares y les permita acceder a una jubilación que reconozca a la tarea como un trabajo insalubre. El reclamo salarial en la reunión fue contundente ya que el último aumento fue del 28% en 3 cuotas dando como resultado con el último incremento un salario bruto de 22.765 pesos, constituyéndose como uno de los salarios más bajos del país y que ha tenido una enorme pérdida en el contexto de la inflación generalizada. El escenario se agrava considerando que la enorme mayoría son jefas de hogar y cargan además con las tareas domésticas en sus casas.

De este modo, en la reunión expusieron que la Comisión tal cual funciona en la actualidad está vaciada de contenido. Aunque el gobierno nada tiene que ver con la contratación de la actividad es quien resuelve el monto salarial en conjunto con 12 gremios que se arrogan la representatividad de las trabajadoras, pero pocas de ellas conocen y son consultadas a la hora de sentarse a negociar. Estos no están dirigidos por trabajadoras de casas particulares y no tienen como objetivo organizar al sector y defender sus derechos sino conservar los quioscos de las obras sociales y cursos de capacitación en pos de privilegiar los negocios individuales y personales, aspecto común a toda la burocracia sindical.

A partir de esto, se puso sobre la mesa la necesidad de que tanto la Agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha como la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines sean reconocidas como parte integrante de la Comisión. Algo que implica incluir al Polo Obrero y al Frente de Lucha Piquetero, en tanto hoy en día es en el movimiento piquetero donde las trabajadoras encuentran un espacio independiente y de lucha para organizarse por sus derechos.

Finalizada la reunión, distintas compañeras que se movilizaron intervinieron sobre la realidad que les toca vivir como trabajadoras en este contexto donde proliferan los despidos, el maltrato laboral y los salarios arbitrarios. Plantearon que la defensa del trabajo, el salario y la salud está en manos de las trabajadoras y que la próxima instancia será una movilización al Consejo del Salario Mínimo junto con el Plenario del Sindicalismo Combativo, ya que su definición repercutirá en el aumento para las trabajadoras de casas particulares. En esta línea también se destacó la necesidad de avanzar en un plan de lucha que puede incorporar mayores movilizaciones y acampes hasta que atiendan las reivindicaciones del sector.

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15/04/2021
LANUS

Estudiantes y graduados de la UNLa vuelven a las calles contra el ajuste del Rectorado

Por la tarde del miércoles, en las puertas de la Universidad de Lanús (UNLa), el combativo movimiento de estudiantes y graduados ha desenvuelto un nuevo piquete para rechazar la política anti educativa y ajustadora del Rectorado de Ana Jaramillo. Tuvo el valor político de abrirse paso mientras en los corredores de la universidad sesionaba el Consejo Superior, obligado, pese a su intento de legislar contra el conjunto de los estudiantes y como fruto de la organización y de la lucha, a tratar los problemas estudiantiles.

La jornada de acción ha sido el resultado de una importante deliberación asamblearia, acontecida el pasado lunes. Allí se votó, asimismo, a favor de la introducción de un anexo que contiene demandas del naciente movimiento de estudiantes ingresantes y la creación de una comisión de solidaridad, cuyo objetivo es atraer la adhesión y el apoyo de aquellos contingentes de estudiantes y trabajadores que hoy protagonizan luchas por diversos reclamos, muchos de ellos íntimamente ligados a lo padecido hoy por los estudiantes de la UNLa.

Así, bajo la consigna “en defensa de la educación pública” y con un pliego de reivindicaciones de lo más amplio (entrega de títulos, más cupos para finales, protocolos para la realización de prácticas, aumento del presupuesto educativo, entre otras) los estudiantes y graduados irrumpieron en la escena local. El piquete ha producido, como ocurriera en la jornada de corte y movilización previa, que las fuerzas de seguridad intervengan ambos carriles de la calle.

Se trata de un factor más del clima de conflictividad reinante en el terreno de la política universitaria, con sus expresiones más nítidas en el último paro docente de 48 horas contra el desplome salarial, o en las diversas movidas estudiantiles (UBA, UNLP, UNA, entre otras) que vienen enfrentando los embates del ajuste y a menudo los escollos de las conducciones estudiantiles que desarrollan una política de contención y de adaptación a los rectorados y a los gobiernos. La heroica movilización de la juventud piquetera por conectividad y medios para la cursada virtual que culminó con la ocupación del Ministerio de Educación nacional se ha convertido en un hito de la lucha contra el desguace presupuestario y sentó un precedente que debe ser tomado como ejemplo por el conjunto del movimiento educativo.

La sesión

El papel interpretado por las autoridades universitarias se caracterizó por un mayúsculo grado de hostilidad política hacia los estudiantes y graduados, a cuya acción callejera han llegado a calificar como “incorrecta”. Se trata de una burocracia ajena a los intereses del estudiantado, que ha estado funcionando como correa de transmisión del ataque de los distintos gobiernos a la educación pública; esto no solo quedó de manifiesto con los reclamos estudiantiles en curso, sino también en 2020, con el abandono a tomar cualquier iniciativa para suplir las carencias materiales de los estudiantes a través de becas y conectividad para sostener las cursadas.

La reunión del Consejo Superior tuvo como punto de partida el tratamiento de algunos de los reclamos en boga. Esta ha sido antecedida por la entrega de un petitorio –que contiene un extenso desarrollo de los problemas que acucian a los estudiantes y graduados- que logró recoger el apoyo de 1500 firmas, impulsado el viernes 9 de abril, que ha concentrado un fuerte rechazo por parte de las autoridades. Francisco Pestanha, director del departamento de planificación y políticas públicas, se opuso a discutir el petitorio pues lo consideró una “falta de respeto a la institución” que no coincidiría con la realidad.

La banca conquistada por la lista Multicolor en las últimas elecciones del Consejo Superior ha llevado al recinto los reclamos del movimiento de lucha y del conjunto de los estudiantes, lo que ha constituido un acalorado escenario de debate y de lucha política.

Comenzaron a manifestarse en él los primeros alcances de la organización estudiantil en la medida en que ha salido a la luz que el día martes se entregaron más de 54 títulos a firmar por Jaramillo y se colocó sobre la mesa la necesidad de avanzar en la aceleración de los trámites que conciernen a la acreditación en actas de los mismos. En su intervención, el vicerrector Pablo Narvaja aseguró que está en ciernes la negociación de un protocolo con diferentes universidades y hospitales para las prácticas de la carrera de enfermería, acerca de lo cual, no obstante, todavía resta su concreción, y es fundamental que a la hora de su puesta en práctica se encuentre bajo gestión de los estudiantes. Además, el Consejo votó a favor de ampliar la inscripción a los finales de cursada, elevándola a seis por cada una.

Ahora las autoridades deberán dar cuenta de estar impulsando realmente las propuestas y responder por el resto de los reclamos pendientes, fundamentalmente los documentos presentados, lo que hace imperioso profundizar la lucha.

Desafíos

El movimiento de estudiantes y graduados ha demostrado que existen reservas de lucha para enfrentar la política ajustadora de Jaramillo.

Esto ha dejado en ridículo a los centros de estudiantes oficialistas, que de manera demagógica y ante el creciente malestar estudiantil presentaron hace unos días un petitorio para la mencionada ampliación de finales, con lo que probablemente busquen aparecer como un factor progresivo de la lucha educativa. Lo cierto, sin embargo, es que desarrollan una política de encubrimiento y de apoyo al Rectorado y todo este tiempo han trabajado en pavimentar el camino para que prosperen sus ataques.

En el marco de la brutal crisis económico-social existente y cuando estamos en las vísperas de una verdadera catástrofe sanitaria, se torna urgente que los estudiantes y los graduados puedan acceder a sus títulos, puesto que eso permitirá que afronten en mejores términos la búsqueda laboral; la situación de los graduados en salud se revela como uno de sus casos más alarmantes habida cuenta la necesidad de reforzar el sistema sanitario en la actual etapa y aminorar de este modo la sobrecarga de sus trabajadores.

La próxima semana tendrá lugar la realización de una nueva asamblea y su objetivo será discutir el carácter que tomarán las medidas de lucha venideras, y cuyas resoluciones serán puestas en práctica como parte de una profundización del curso emprendido.

Desde La Caldera (UJS + Independientes) apoyamos y acompañamos la lucha de los estudiantes y los graduados y colocaremos toda nuestra energía al servicio de su victoria.

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Una masiva “vacunación VIP” para que siga el negocio del fútbol

Las 50 mil dosis para la Conmebol.

La noticia de la donación de 50 mil vacunas contra el coronavirus por parte de la fabricante china Sinovac a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), para que se inmunicen todos los planteles de primera división y las selecciones de los 10 países que la integran, no recibió ningún comentario crítico por parte de los medios ni del gobierno o la oposición como un masivo “vacunatorio VIP”, pese a que la edad de los aproximadamente 15 a 20 mil futbolistas e integrantes de equipos técnicos a ser inoculados no supera, en la inmensa mayoría de los casos, los 30 años.

Es más, el acuerdo, claramente comercial y de negocios aunque, claro, fue presentado como parte de la campaña contra la pandemia, fue expuesto con simpatía incluso por medios como Clarín, La Nación o Infobae, que habían realizado una gran campaña contra el escandaloso vacunatorio VIP del oficialismo, que involucró a muchos menos “beneficiarios”.

Además, según declararon los máximos directivos de la Conmebol, jugó un papel muy importante para que se lograra el donativo, el gobierno del Uruguay casi en pleno. Esto, cuando el país vecino se acaba de convertir, por el avance meteórico de los casos positivos en su territorio, en el primero del mundo medido en cantidad de muertes por coronavirus en relación a la cantidad de población y cuando, a mediados de la semana pasada, recién el 22% de su población había recibido la primera dosis de la vacuna.

El carácter comercial y para nada caritativo del acuerdo fue admitido por la propia Conmebol que reconoció la contrapartida pedida por Sinovac para entregar las vacunas: “las ofreció sin costo a cambio de acciones publicitarias y convenios de colaboración” (Clarín, 13/4), que incluyeron al propio Messi, a pedido de la empresa fabricante.

Esto se da en el marco de la pelea de los productores de vacunas por copar mercados y cuando esta vacuna china, en particular, recibió un fuerte ataque cuestionatorio por el nivel de inmunidad que ofrecería frente a la enfermedad. El acuerdo nada tiene que ver con una campaña antiviral ni es una muestra de altruismo.

La Conmebol, que saludó con globos y papel picado la cesión de las 50 mil dosis, dijo que “la vacunación es un avance enorme hacia aquello que todos anhelamos: el regreso total del fútbol sudamericano, con su explosión de color, alegría y pasión, en la cancha y en las tribunas” (Infobae, 14/4). Por eso, adelantaron los máximos directivos de la entidad, se preparan para comprar más vacunas si resultan necesarias para garantizar el desarrollo sin trabas de todas las competencias nacionales y regionales.

Es que el show debe seguir y la Conmebol, un nido de corrupción y grandes negocios con el fútbol, que hace pocos años vio saltar por los aires a la directiva de entonces y el encarcelamiento de varios de sus integrantes por las manos metidas en la enorme lata con dinero que recauda la entidad, tiene por delante la realización de la Copa América de selecciones -a disputarse en la Argentina y en Colombia entre junio y julio próximos- y la Libertadores y la Sudamericana -están en marcha las preliminares-, como los torneos más resonantes y cercanos y que mueven cifras multimillonarias en toda la gama de los negocios que se desarrollan alrededor de los mismos.

Ningún comentario cuestionador partió tampoco de funcionarios o dirigentes del oficialismo ni de la oposición. Es que, como explicó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, al comentar el acuerdo, la empresa china “comprendió que el fútbol es una actividad fundamental para la economía, la cultura y la salud física y mental de los sudamericanos” y, le faltó decir, para los bolsillos de los capitalistas que lucran con el negocio y para las clases dirigentes que intentan utilizarlo para desviar la presión explosiva que generan las políticas de ajuste y de superexplotación de los trabajadores.

Mientras tanto, la población de todos los países de la región pena por la escasez de vacunas para cubrir siquiera a la franja de mayor riesgo.

El regreso pleno del fútbol y de los hinchas a las canchas está también, sin duda, en el interés de todos los simpatizantes de este deporte. Y es el mismo que comparten los jugadores y seguidores de todos los demás deportes, muchos de ellos no tan rentables o no tan masivos y de aquellos que esperan por el avance del combate a la pandemia para volver a desarrollar todo tipo de actividades recreativas o culturales, frente a las cuales no se ha sensibilizado ningún gobierno ni fabricante de vacunas.

Solo se trata aquí de diferenciar las genuinas ganas de los que disfrutan de la actividad, de los intereses espurios de las mafias del fútbol y de los gobiernos. Está claro que las 50 mil vacunas van a garantizar el negocio. De unos y de otros.

Aunque la cifra es menor, este manejo muestra el carácter discrecional con el que actúan los integrantes del oligopolio de fabricantes de vacunas contra el coronavirus. Y plantea también la necesidad de que cese el secreto sobre las fórmulas y que se produzcan libremente las vacunas en todo el mundo para que se pueda inocular a toda la población y terminar con la pandemia.

https://prensaobrera.com/sociedad/la-situacion-del-futsal-femenino-ante-la-segunda-ola-de-la-pandemia/

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14/04/2021

Colombia: la reforma tributaria reaccionaria y el movimiento obrero

El 28 habrá una jornada nacional de movilizaciones.

Movilización del 9 de abril.

El gobierno de Iván Duque presentó un proyecto de reforma tributaria, cuya aplicación tendría un tremendo impacto en el bolsillo de las masas. Por un lado, cientos de miles de trabajadores y jubilados pasarían a estar alcanzados por el impuesto a la renta. Por otro, se introduce o bien se aumenta el IVA en productos básicos como el café, el azúcar y el chocolate. Según la CUT, una de las centrales sindicales, el 90% de los recursos que el gobierno aspira a recaudar con su iniciativa (poco más de 27 billones de pesos colombianos), serán costeados por los sectores populares, en tanto que sólo el 10% restante por la clase capitalista.

La medida es presentada como la única manera de financiar los gastos sociales por la pandemia. En consonancia con esto, se ha montado una extorsión contra el pueblo colombiano. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que “tenemos caja que nos alcanza aproximadamente para unas seis semanas o siete semanas” (As.com, 7/4), mientras que el expresidente Álvaro Uribe, que integra la misma fuerza política que Duque (el Centro Democrático), dijo que “no hay cómo pagar salarios del Estado en el segundo semestre” (Semana.com, 8/4).

Estos argumentos son una impostura. En Colombia, el 35% del presupuesto 2021 está destinado al pago de la deuda externa y al reforzamiento del aparato represivo. Los capitalistas tributan en forma insignificante. Los recursos que faltan son los que se quedan en esas manos.

Duque está buscando el apoyo a su proyecto por parte de sectores de la oposición, valiéndose incluso del ofrecimiento de prebendas a diputados, según denunció el expresidente César Gaviria, titular del Partido Liberal (quien apoyó el encumbramiento del mandatario pero después rompió con él). Sin embargo, el gobierno está teniendo dificultades para sumar respaldos. La oposición, incluyendo a los verdes y la centroizquierda, se desmarca por un cálculo meramente electoral, dado que en 2022 son las elecciones presidenciales.

Incluso dentro de su propio bloque político, Duque enfrenta objeciones. Uribe llamó a suavizar la propuesta, dejando de lado, por ejemplo, el IVA a productos básicos. En este punto, el expresidente se hace eco de las críticas de la patronal cafetera y cacaotera, que sienten que se podría resentir la venta de sus productos.

Lo cierto es que no queda mucho margen para apretar las clavijas del pueblo colombiano, que viene sufriendo los estragos de la pandemia y que ya dio muestras de su disposición de lucha durante la rebelión de 2019 y las movilizaciones contra el crimen del taxista Javier Ordoñez, a manos de dos agentes de policía, unos meses más tarde. Al avanzar en el proyecto, Duque actúa como si le arrojara una piedra a un panal de avispas.

En rechazo al proyecto de reforma tributaria, el Comité Nacional de Paro (que nuclea a las principales centrales obreras -CGT, CUT, CTC-, organizaciones sociales y estudiantiles) realizó una movilización el 9 de abril y convocó una nueva jornada para el 28. Los movimientos indígenas se sumarán con sus propias reivindicaciones, que incluyen la denuncia de la deforestación de la selva y la depredación de los pulpos mineros.

Las centrales sindicales, sin embargo, no tienen la intención de desenvolver un paro efectivo y un plan de lucha progresivo hasta derrotar al gobierno de Duque. Se limitan a convocar esta clase de jornadas cada cierta cantidad de tiempo, como una vía para calmar la presión de las bases. Su línea principal consiste en el reclamo de una renta de emergencia para los sectores más golpeados por la crisis, que es simplemente un paliativo.

Un punto importante de la jornada del 28 será la denuncia de los crímenes contra activistas sociales (más de 250 en 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz). El último caso es el de Margarito Salas y José Riascos, asesinados en Nuquí, departamento del Chocó (Contagio Radio, 10/4). Vale señalar que la Agencia de Información Laboral acaba de difundir un informe especial que señala que desde 1973 hasta 2020 fueron asesinados 2.377 referentes sindicales en el país, a lo que se deben sumar atentados, desapariciones, amenazas de muerte y desplazamientos forzosos. En el 80% de las agresiones, los grupos paramilitares y el Estado -que en muchos casos actúan mancomunadamente- emergen como los responsables (ver Agencia de Información Laboral, 9/4).

En medio de esta revelación, Duque se reunía con el principal asesor para América Latina de Joe Biden, Juan González, en una reunión en que el funcionario norteamericano ratificó el apoyo a algunas de las políticas más agresivas del mandatario, como lo es la intención de retomar las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca con glifosato (Infobae, 10/4), una declaración de guerra contra el campesinado.

Es necesario frenar el proyecto de reforma tributaria, por medio de un plan de lucha del movimiento obrero, estudiantil e indígena que paralice el país. Para ello, es preciso superar la pasividad de las centrales sindicales. Se puede ganar, como lo mostró el pueblo ecuatoriano, que se levantó en 2019 contra el intento de anulación de los subsidios al combustible.

Al mismo tiempo, está planteado el desarrollo de un plan frente a la pandemia y la crisis, que parta del no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI; impuestos progresivos al gran capital; la triplicación del presupuesto de salud y aumento salarial. Las jornadas de noviembre de 2019 marcan el camino.

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13/04/2021

Chile inmersa en una catástrofe sanitaria y social

El gobierno y la oposición son responsables.

En pocos días, Chile pasó de ser el modelo a seguir en materia de vacunación, a un ejemplo de una pésima gestión de la pandemia ante la nueva ola de contagios que azota al país. Los contagios superaron la barrera de los 9 mil diarios, pese a la tardía cuarentena establecida al 85% de la población. Con más de un centenar de muertes diarias, en Chile fallece una persona por coronavirus cada 15 minutos. Las unidades de terapia intensiva registran una ocupación del 96%. El promedio oculta que en la mayoría de las regiones los hospitales ya no cuentan con la capacidad de atender a aquellos pacientes que presentan complicaciones. Las imágenes de camiones refrigerados en los predios de hospitales, para apilar cuerpos ante el desborde de las morgues, vienen a mostrar la dimensión de la catástrofe sanitaria.

Lo que sorprende a la prensa mundial es lo que trabajadorxs de la salud, docentes y la comunidad científica venían advirtiendo hace semanas, instando a las autoridades a la toma de medidas urgentes. Sin embargo, el gobierno, la prensa corporativa y la oposición cómplice se dedicaron a hablar del exitoso plan de vacunación, presentándolo como garantía de una vuelta a la normalidad segura. Lo cierto es que las y los trabajadores se vieron empujados al contagio y a soportar medidas represivas como el toque de queda y la violencia policial que no cesa. El “plan paso a paso”, lejos de tener objetivos sanitarios, se demuestra en los hechos como un plan para resguardar los intereses de las patronales, con la apertura de todas las actividades sin control del cumplimiento de los protocolos. La catástrofe que está sufriendo el pueblo chileno era perfectamente evitable y por lo tanto, tiene responsables políticos directos en el gobierno, pero también en la oposición cómplice de sus políticas criminales.

La borrachera exitista terminó en una crisis política para el gobierno. En pleno pico de contagios y muertes, con un sistema de salud colapsado, quedó en el centro de los cuestionamientos el ministro de salud, Enrique Paris, sin que exista por el momento la posibilidad de que la crisis pueda cerrarse con un cambio de ministro. Al notorio desgaste de la figura de Paris, contribuye a diario el ex ministro Jaime Mañalich con sus declaraciones mediáticas. Que los dichos del ex ministro de salud -eyectado el año pasado tras el pico de contagios y muertes y el escandaloso ocultamiento de cifras- tengan la capacidad de afectar al gobierno da cuenta del fracaso del esquema sanitario. En este contexto, tuvo que afrontar un nuevo cambio de gabinete con la salida de la ministra de trabajo, María José Zaldívar, quien fue reemplazada por el pinochetista Patricio Melero, de la UDI (Unión Demócrata Independiente).

Confinamiento con hambre

Empujado por el colapso sanitario, el gobierno logró la aprobación de la postergación de las elecciones a gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes que debían realizarse el 10 y 11 de abril. La centroizquierda parlamentaria, que había condicionado la aprobación de la postergación de las elecciones a que el gobierno se comprometa a ampliar las ayudas sociales, finalmente dio los votos necesarios sin que exista un verdadero plan gubernamental que dé respuesta inmediata a las familias trabajadoras, que tienen que afrontar la cuarentena sin recursos para la subsistencia mínima. Más allá de los fuegos de artificios que significaron las declaraciones de un lado y el otro, lo cierto es que el IFE, el bono Clase Media y el préstamo “solidario” responden a una lógica de focalización y segmentación de la asistencia social y, por lo tanto, están al servicio de la política de que los costos de la crisis los sigan pagando las y los trabajadores. Lo acordado entre el oficialismo y la “oposición” está lejos de una prestación universal suficiente para que lxs trabajadorxs puedan afrontar el confinamiento. Con índices de desocupación del 10%, con una ocupación informal del 26%, que afecta en gran medida a las mujeres, y más de un millón de suspendidos que ya han consumido sus fondos de cesantía, lo único universal que garantiza el Estado es la miseria y la represión.

En este marco avanza la discusión en el Congreso del tercer retiro de los fondos de las AFPs. El gobierno se opone, pero la aprobación del proyecto se considera un hecho, ya que el presidente Sebastián Piñera no tiene condiciones para disciplinar a los legisladores de su coalición, especialmente de Renovación Nacional, por lo que se descuenta que recurrirá al Tribunal Constitucional. Los sectores políticos que impulsan o apoyan el tercer retiro lo reconocen como una “mala” política pública, aunque es la única política que están dispuestos a llevar adelante. Pero la conveniencia para los partidos patronales es doble, ya que por un lado implica que sean las y los trabajadores quienes costeen la crisis con sus propios recursos y, por el otro, deja intacto el sistema de pensiones privadas.

Mientras la clase trabajadora afronta una crisis sin precedentes con sus fondos de pensión y cesantía, y a través de la organización comunitaria de la asistencia social con las ollas comunes que se sostienen en los territorios, las familias chilenas más ricas, entre las que se encuentra la familia Piñera, los bancos y las mineras aumentaron sus patrimonios y utilidades entre un 70 y un 100% durante la pandemia. Como el contraste entre las penurias de las mayorías y las superganancias de unos pocos es escandaloso, en el Congreso la centroizquierda impulsa el tratamiento de un impuesto a las grandes fortunas equivalente a un 2,5% del patrimonio de los millonarios y un royalty minero de un 3%, que ascendería al 13% a partir de la indicación del diputado del PC Daniel Núñez. A nadie escapa que los porcentajes que pretenden legislarse, tanto en uno como en otro caso, son migajas que no afectan los intereses de estos sectores que se han beneficiado con la crisis. En el caso específico de las mineras estamos hablando de un saqueo sistemático de los recursos estratégicos del país, que se recrudece cuando se tiene en cuenta los precios históricos a los que han ascendido el cobre y el litio.

Programa y acción

Para afrontar la crisis sanitaria hace falta la nacionalización y centralización del sistema sanitario y destinar el presupuesto necesario para equipar los hospitales y clínicas y atender a las demanda de sus trabajadorxs. La crisis social debe ser afrontada con un seguro universal al desocupado de 400 mil pesos; con aumentos inmediatos de salarios y jubilaciones, estableciendo un mínimo de 500 mil pesos; con la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para garantizar el pleno empleo; y poniendo fin al régimen de las AFP. Estas medidas urgentes deben ir acompañadas de la nacionalización sin indemnización de los recursos estratégicos del país y del sistema bancario, y que queden bajo el control de los trabajadores, echando a Piñera y poniendo en marcha una Constituyente verdaderamente libre y soberana.

En estos 30 años, los partidos tradicionales se han revelado como los garantes de los intereses de los grupos concentrados. Las “desigualdades” de las que se escandalizan los candidatos de los partidos del régimen son el resultado de sus propias políticas. Las y los trabajadores debemos impulsar una política de ruptura con la parálisis impuesta por las direcciones obreras burocráticas, como la CUT, que solo es funcional al sostenimiento del régimen. Desde esa comprensión es que vale rescatar la iniciativa impulsada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios -Aces- el domingo pasado, que agrupó a un puñado de organizaciones sociales, territoriales y luchadorxs en general, con el objetivo de impulsar la lucha por las reivindicaciones urgentes de las masas, partiendo de una clara delimitación con los partidos del sistema y sus estrategias políticas. La intervención popular en la crisis, a través de nuestras organizaciones sindicales y territoriales, con los métodos de la acción directa, es una necesidad imperiosa.

https://prensaobrera.com/internacionales/8m-en-chile-denuncian-represion-y-abusos-sexuales-por-parte-de-carabineros/

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13/04/2021

Bolivia: derrota electoral del MAS

Límites y perspectivas.

Faltando aún los datos finales del escrutinio, el resultado es claro y determinante: las listas del MAS han sido derrotadas en las elecciones del pasado domingo 11 de abril. En las mismas se elegían, en segunda vuelta, entre los dos candidatos más votados el 7 de marzo, para definir el gobernador en cuatro departamentos.

A pesar de que el MAS había salido primero en la primera fecha electoral en tres departamentos (La Paz, Pando y Tarija), ahora fue derrotado en los cuatro.

Pero esto no ha podido ser capitalizado por las fuerzas derechistas que promovieron el golpe contra Evo Morales. En tres de esos departamentos las listas que triunfaron son desprendimientos del propio MAS. El caso más llamativo es el de la gobernación de La Paz, donde la lista que ha triunfado es la alianza Jalalla, que llevó como candidato a Santos Quispe, hijo del legendario Felipe Quispe, conocido como el “Mallku” (en aymara: el cóndor o líder originario), de reconocida trayectoria y fuerte crítico del liderazgo de Evo Morales sobre la numerosa y combativa comunidad aymara. Para las elecciones del 7 de marzo era Felipe Quispe el que iba a ir como candidato, pero semanas antes falleció. Fue, en su lugar, su hijo Santos y… ganó en segunda vuelta por ocho puntos de diferencia frente al candidato del MAS. Esta es una votación importante porque la comunidad aymara estuvo a la vanguardia de la lucha contra el golpe en El Alto y La Paz.

De un total de 9 gobernaciones puestas en disputa en las dos vueltas electorales, el MAS solo pudo retener tres (y en la primera vuelta). Sin embargo, el MAS logró en la primer vuelta ganar la mayoría absoluta en 6 Asambleas Legislativas Departamentales y fuertes bancadas en las otras 3.

La derecha no ha logrado avanzar, por más que en la propaganda intente adjudicarse las derrotas electorales del MAS. Los intentos de convocar a un plenario derechista de la oposición anti MAS por parte del Comité Cívico de Santa Cruz, antes de las elecciones, han fracasado, dejando aislado a Luis Camacho, el reconocido dirigente racista-golpista (que fue electo gobernador de dicho departamento en la primera vuelta).

Las rupturas del MAS que presentaron listas diferenciadas no han planteado diferencias programáticas con la conducción de Evo Morales. Su crítica es hacia el “dedazo” de Evo en el momento de seleccionar las candidaturas. Estas diferencias todavía deben expresarse en el terreno político. Pero la derrota ha abierto una crisis. El presidente masista del Senado, Andrónico Rodríguez, ha planteado la emergencia de una reunión nacional para balancear la derrota electoral (eventualmente, la práctica antidemocrática de Evo Morales).

En seis meses, el MAS pasó de obtener una votación plebiscitaria nacional (55 % de los votos) a caer parcialmente el 7 de marzo, primero, y más fuerte este domingo 11 de abril.

Buscando revertir el débil resultado del 7 de marzo se publicitó la detención de la expresidenta golpista, Jeanine Añez, de alguno de sus ministros y de los jefes militares y policiales acusados de la salvaje y racista represión. Esto fue denunciado por el gobierno yanqui y la derecha como una política revanchista y persecutoria contra “la oposición”. Los “derechos humanos” sirven al gran capital solo para armar campañas contra el régimen venezolano, buscando la intervención militar. El presidente Luis Arce Catacorra y Evo Morales quieren repetir la propaganda “democrática” de Néstor Kirchner de juzgar a parte de los militares genocidas de la dictadura militar argentina, para salvar la “institución” militar y represiva y tapar la inacción en materia social, al tiempo que avanza en planes de acuerdos con el gran capital.

Esto ha generado las amenazas derechistas. El electo gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, ha salido a amenazar: “un preso más en Bolivia y paramos el país” (La Nación, 26/3). En realidad, Camacho es el que primero debiera ser detenido por su actuación provocadora en el armado del golpe de noviembre del 2019, públicamente auto reconocida.

Mientras tanto, el gobierno de Arce Catacorra sigue avanzando en la elaboración de “contratos con soberanía” con los principales monopolios mineros para negociar la entrega de la riqueza nacional. La “nueva” minería –la que no está agotada y tiene una alta productividad- ya está en manos de las corporaciones trasnacionales (la más importante, la de San Cristóbal, está siendo explotada por el grupo Sumitomo de Japón, etc.).

Sin desatender la crisis y la lucha de facciones en el seno del MAS, es evidente que no surge ningún ala progresiva: los enfrentamientos se dan en torno a las candidaturas y los privilegios del poder. Recordemos que algunos desgajamientos del MAS, como el de la ex presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, desenvolvieron una política contemporizadora y de convivencia con el gobierno golpista de Añez. Copa viene de ganar las elecciones a alcalde en el estratégico distrito de El Alto, luego de su distanciamiento y ruptura con el MAS.

La clase obrera y las masas campesinas y explotadas de Bolivia no tienen ninguna expresión independiente de la burguesía. Esa es la tarea central para la vanguardia que se reclama revolucionaria. Es necesario recuperar las organizaciones de masas: la Central Obrera (COB) y los sindicatos, los centros y federaciones estudiantiles, las organizaciones campesinas. Para ello hay que romper la subordinación a la política de colaboración de clases que alienta el gobierno y el MAS, sin ser llevado al campo reaccionario de la derecha que usa la fraseología democratizante para constituirse como “alternativa” de contenido reaccionario y proimperialista.

Evo Morales ha convocado a la construcción de un “gran acuerdo nacional” que “debería contemplar una política de austeridad debido a que la pandemia afecta la situación económica y hasta existe el riesgo de que impacte en la producción de alimentos, en perjuicio de los sectores más necesitados”. Esto es un plan de adaptación a la derecha y al gran capital que significará un ajuste creciente contra el pueblo trabajador.

https://prensaobrera.com/internacionales/elecciones-en-peru-se-profundiza-un-cuadro-de-disgregacion-politica/

https://prensaobrera.com/internacionales/ecuador-el-triunfo-de-lasso-y-las-conclusiones-del-ballotage/

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Campesinas, obreras e indígenas en la primera linea de la lucha.
Reproducimos el texto difundido por la delegación argentina que fue deportada en Bolivia este 15 de junio.
Entre el Estado de Excepción y la extensión de la movilización.
Está integrada por legisladores, referentes sindicales y organismos de DD.HH.
El gobierno sancionó un estado de excepción que no logra aplicar a fondo.
12/04/2021

Elecciones en Perú: se profundiza un cuadro de disgregación política

La irrupción de Pedro Castillo.

Las elecciones de este domingo 11 de abril en Perú, confirmaron la gran dispersión política existente. El candidato que va primero, Pedro Castillo de Perú Libre, sacó el 18% de los votos. Mientras el segundo puesto está peleado entre 3 candidatos con alrededor del 14% de los votos cada uno: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Hernando de Soto (Avanza País) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). La definición del segundo lugar cambia de hora en hora, a medida que se va avanzando en el conocimiento del escrutinio. A primera hora de hoy Hernando de Soto iba segundo. Al mediodía se informaba que ese lugar lo había ocupado Keiko Fujimori. Tanto a Keiko como a Soto los une su pasado (y presente) fujimorista.

Se presentaron 18 partidos y 11 entrarían con bancadas propias entre los 130 diputados que compondrán el parlamento Unicameral. En los dos primeros lugares está la lista de Castillo de Perú Libre y la de Acción Popular con menos del 11% cada una. Lo cual habla de que Castillo tuvo un corte de boleta del 7% a favor de la candidatura presidencial, en desmedro de su lista parlamentaria.

Estaremos frente a un parlamento atomizado, sin ninguna fuerza importante, ni dominante. Y el presidente deberá ser electo, finalmente, entre dos candidatos -uno con el 18% y otro con el 14%- en una segunda ronda electoral.

La novedad de la irrupción de Castillo

El hecho novedoso de esta campaña electoral es la irrupción, en la semana última, de Pedro Castillo, pasando del sexto al segundo lugar en las encuestas.

Castillo se presenta como un hombre de izquierda. Su trayectoria, sin embargo, no es homogénea. Después de haber pasado como candidato para diversos cargos, por diversas listas electorales en la última década, se terminó afiliando a Perú Libre, en octubre último, invitado para integrar su lista de diputados. Luego fue nominado como uno de los candidatos a vicepresidente. Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, había sido seleccionado para la candidatura presidencial. Pero fue impugnado por la justicia electoral, ya que pesa sobre él una pena de 4 años de prisión –suspendida- por un caso de corrupción cuando fue gobernador de Junín. En esas condiciones, Castillo fue nombrado candidato a la presidencia. En su haber, su propaganda destaca que fue dirigente de la gran huelga docente del 2017. Y también que no forma parte de la podrida burocracia sindical colaboracionista de la central sindical. Si bien en la plataforma histórica de Perú Libre figuran puntos como el de la nacionalización de los recursos estratégicos y Castillo ha hablado sobre finalizar con “la noche neoliberal”, en el acto de cierre declaró que "la gran alianza para sacar adelante" el Perú "no es obedeciendo a planes programáticos, la gran alianza se tiene que hacer con el mismo y verdadero pueblo peruano".

En la plataforma de su partido reivindica explícitamente la renegociación y el pago de la deuda externa usuraria y se opone a generar un impuesto a las grandes fortunas. Ha anunciado su propósito de reactivar la economía dando crédito a los pequeños empresarios, pero pretenden financiar esto con una política de mayor control fiscal sobre los empresarios para que no sigan evadiendo el pago de sus impuestos. Anuncia un abandono de la política previsional dirigida por los banqueros de las AFP, pero no plantea la expropiación de los usureros que se chupan los ahorros de los trabajadores. Se opone al derecho al aborto y los derechos del movimiento de mujeres y de la comunidad LGBTI. Ha anunciado su propósito de convocar a un referéndum para ver la aceptación de la necesidad de una reforma constitucional (pero 11 de los 18 candidatos se declaran partidarios de la convocatoria a algún tipo de Asamblea Constituyente, solo 3 se oponen).

Su gira electoral mostrando un sombrero de ala ancha y subido a un caballo, nos lleva a recordar al fallecido Carlos Menem que en 1989 recorrió -con sus extravagantes patillas y un poncho- la Argentina prometiendo “la revolución productiva” y el “salariazo”, para luego transformarse, al ser electo presidente, en el mayor privatizador de la historia nacional.

Es muy probable que su sorpresiva irrupción política-electoral esté asentada en una canalización muy limitada y parcial de la insurgencia juvenil-popular que en noviembre último volteo al represor presidente golpista Manuel Merino.

El fracaso de Verónika Mendoza

La candidatura de Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) era presentada como la “alternativa de izquierda”, aunque centrada, por los medios de prensa, que alentaban que pudiera tener alguna posibilidad importante de ir al ballotage (segunda vuelta entre los dos candidatos más votados). Pero… salió sexta con un 7,9% de los votos. Verónika fue alentada por toda la centroizquierda pseudo progresista no solo latinoamericana, sino internacional. El llamado Grupo de Puebla, formado por los gobiernos de Luis Arce de Bolivia y el argentino Alberto Fernández (no está claro si aún lo integra López Obrador de México), Lula de Brasil, etc. había conchabado para el cónclave a Verónika Mendoza del Perú. Su candidatura fue apoyada internacionalmente por organizaciones ligadas al llamado Secretariado Unificado de la IV Internacional dirigido por los revisionistas (Jacobin, etc.). Hasta L’Humanité, el diario del PC de Francia saludó su candidatura y le dedicó un largo reportaje unos días antes de la elección. Pero, incluso a diferencia de Perú Libre, en su plataforma no figuraba, siquiera, ninguna reivindicación de carácter antiimperialista. En el citado reportaje Verónika declara que su propósito es convertir al Perú “en una patria verdaderamente independiente e inclusiva. Una patria que escucha todas las voces del país, que incluya a todos”. No sobrepasa los límites de una política distribucionista. Y esto es solo una promesa electoral. Porque Verónika Mendoza ha declarado que tomó como modelo… ¡“el argentino”! Esto es pagar la deuda externa, negociar con el FMI, acordar con los monopolios mineros. En el extendido reportaje de L’Humanité la candidata protesta contra las candidaturas de la derecha porque no quieren desarrollar políticas (inflacionarias) de subsidios al consumo y la producción… ¡como ha planteado el FMI!

Y, a medida que la campaña electoral se acercaba a su culminación, se acentuaba la derechización de Juntos por el Perú y su candidata: se entrevistó con empresarios para darles garantías, anunció que no iba a cambiar la política del Banco Central, incrementó sus denuncias contra Venezuela adaptándose a la derecha, etc., etc. La trayectoria de Verónika Mendoza es conocida por su apoyo al derechista “liberal”, P. P. Kuczynski, en las elecciones del 2017, elegido presidente entonces.

Futuro (y presente) de crisis

Esta contienda electoral está asentada sobre una aguda crisis. En los días previos a las elecciones del domingo, la pandemia ha batido todos sus récords en cantidad de muertos y contagiados. Largas filas se formaban para votar y… frente a centros farmacéuticos para comprar tubos de oxígeno que permitan salvar a familiares infectados. Perú es el segundo país en mortalidad de médicos por el coronavirus (el primero es Brasil). Socialmente avanza fuerte la miseria de la desocupación con su hambre: las ollas populares se extienden.

La candidatura de Pedro Castillo a la segunda vuelta agudiza la crisis política. Porque se trata de un candidato (a diferencia de Verónika Mendoza) “no probado” por la burguesía no solo en su voluntad, sino también en su capacidad para actuar en la contención para que la bronca popular no se transforme en movilización. Hay que tener en cuenta que la caída del gobierno de Merino se produjo bajo la presión directa de las movilizaciones populares, planteando un vacío político y de crisis del régimen. Para contener la movilización popular, fue nombrado un gobierno minoritario entre aquellos pocos que no acompañaron el planteo golpista que destituyó a Martín Vizcarra y nombró a Merino. Así llegaron a la presidencia Sagasti del Partido Morado y el “izquierdista” Frente Amplio al frente de la Unicameral. El objetivo del nuevo gobierno era encauzar las tendencias a la lucha y movilización popular hacia el terreno electoral. Con dificultad se llegó a las elecciones de ayer. Pero la crisis no se ha cerrado, ha tomado nuevos atajos para volver a manifestarse. El nuevo gobierno que surgirá de las elecciones de segunda vuelta será muy débil. No se ha superado el cuadro por el cual Perú tuvo cuatro presidentes en menos de dos años. Con una situación sanitaria colapsada y un notable agravamiento económico social.

La clase obrera y los explotados no han tenido alternativa propia en la reciente campaña electoral. La central obrera (CGTP) dirigida por una burocracia del PC stalinista no ha concentrado sus fuerzas en organizar las tendencias a la lucha del movimiento obrero (poderosa huelga con masivos piquetes cortando las rutas de los trabajadores agrarios a principios de año, etc.), sino que se ha colocado como furgón de cola de la lista de Verónika Mendoza.

Y Uníos, organización que se reclama trotskista revolucionaria y que participó en la Conferencia Latinoamericana de la Izquierda del año pasado, se mantuvo hasta último momento dentro del Frente Amplio, un partido frentepopulista. “Rompió” con el mismo unas semanas antes que estallara la sublevación estudiantil-popular y fuera depuesto Merino. El Frente Amplio fue uno de los ejes utilizado por la clase burguesa para impedir el hundimiento del Estado y orientar la situación política hacia la estrecha salida electoral. En la Conferencia Latinoamericana fue tema de debate el seguidismo de la izquierda peruana que se reclama revolucionaria al Frente Amplio.

Más que nunca, es hora de conquistar una posición política independiente para la clase obrera. Los sectores de vanguardia debemos sacar un balance de la situación creada y cómo reagruparnos para impulsar un plan de lucha contra el colapso sanitario y por todas las urgentes reivindicaciones de los explotados.

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12/04/2021

Saludos internacionales al plenario de la Coordinadora Sindical Clasista

Este sábado 10 se llevó a cabo el plenario nacional de la Coordinadora Sindical Clasista, con la presencia de 2 mil compañeros y compañeras de todo el país, representativos de 93 gremios. Sesionó a través de siete comisiones, que discutieron un programa de los trabajadores frente a la segunda ola de la pandemia, el ajuste del gobierno y su sumisión al FMI, y las paritarias.

El plenario recibió varios saludos internacionales. Marquinhos, quien fue dirigente de los metalúrgicos de Limeira, San Pablo, y pertenece a la organización Política Revolucionaria, se pronunció por una segunda conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos. Asimismo, planteó la necesidad de un sistema único de salud frente a la pandemia y de un auxilio de emergencia de 600 reales para desempleados y subempleados hasta el fin del Covid-19.

Antonio Jordano, de la dirección de la oposición bancaria de Brasilia DF y miembro de Tribuna Classista, indicó que luchan por un congreso de bases de los trabajadores de la ciudad y del campo brasileños y para echar a Bolsonaro y su gobierno genocida.

También enviaron su adhesión los compañeros del sindicato de Plataformas de Costa Rica, que se formó debido a la falta de organizaciones que defiendan los intereses de los repartidores, y que están llamando a la unidad de los trabajadores del sector de los diferentes de países.

Saludaron además al plenario Carlos Castro, bancario de la oposición sindical de Puerto Alegre y del litoral norte de Río Grande del Sur, y militante de la agrupación Tribuna Classista de Brasil; y Sérgio Miguel Souza da Costa, trabajador de la salud de Río Grande del Sur.

 

 

 

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12/04/2021

Estados Unidos: fin de semana de acciones callejeras contra el racismo y la represión

Movilizaciones ante el juicio por el asesinato de George Floyd; actos contra la violencia hacia la comunidad asiática; choques con los supremacistas blancos.

A poco de cumplirse un año del inicio de la rebelión en Estados Unidos, el fuego continúa crepitando. Este fin de semana del 10 y 11 se desarrollaron diversas acciones con una extensión nacional, demostrando que el activismo se rehúsa a entregar las calles.

La primera escala consistió en las concentraciones durante la segunda semana del juicio al policía Derek Chauvin, responsable material del asesinato de George Floyd. El proceso, amañado para evadir los cuestionamientos de fondo al aparato estatal, es seguido de cerca por nutridos contingentes. Pero la furia contenida estalló al conocerse un nuevo asesinato perpetrado por la policía de Mineápolis. Se trata de Daunte Wright, de 20 años, quien recibió un impacto de bala letal al reingresar a su vehículo, tras una discusión con la policía por una multa de tráfico. Los manifestantes movilizaron al cuartel policial, sorteando las reiteradas emboscadas de las fuerzas represivas.

Otro tanto ocurrió con los llamamientos de organizaciones políticas, sociales y democráticas a irrumpir en las acciones auspiciadas por los grupos protofascistas, repudiando su presencia callejera. Durante toda la semana pasada, las distintas cepas de supremacistas blancos agitaron por redes sociales la idea del “white lives matter” lo cual debía culminar con actos locales. Pero, lejos de las expectativas de sus organizadores, se encontraron con fuertes resistencias organizadas. Los activistas populares enfrentaron a los vástagos del Ku Klux Klan con sus propias consignas, incluso ante las provocaciones y bravuconadas. La militancia democrática se hizo sentir especialmente en ciudades como Denver, Los Ángeles y Seattle.

Además, se sucedieron actos y marchas de repudio a los crímenes de odio contra la comunidad asiática. En San Diego se desarrolló una movilización especialmente concurrida, mientras que mítines locales fueron montados en todo el país. La discriminación contra los inmigrantes asiáticos es un flagelo subterráneo en la sociedad estadounidense, que niega incluso su tipificación en las estadísticas oficiales. La combinación entre los discursos conspiranoides del expresidente Trump sobre “el virus chino” y la prosecución de la guerra comercial ha recrudecido la situación. El mes pasado, un tirador asesinó a ocho mujeres en las afueras de Atlanta, siete de ellas de origen asiático, haciendo realidad los mayores temores de esta comunidad. El presidente Biden negó que fuera consecuencia de una política de Estado, y no brindó soluciones concretas.

La circunstancia de que se trate, en todos los casos, de movilizaciones democráticas con un planteo político laxo no borra la importancia de que los revolucionarios intervengan con sus métodos y programas, desenmascarando las responsabilidades del régimen y confrontando con el Estado. La deserción de los Demócratas Socialistas (DSA), embarcados en sostener al nuevo gobierno, debe ser una señal para todo el activismo combativo.

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12/04/2021

Ecuador: el triunfo de Lasso y las conclusiones del ballotage

La segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas consagró como presidente al derechista Guillermo Lasso (candidato de la alianza Creo-Partido Social Cristiano), con más del 52 por ciento de los votos, superando de este modo al candidato del correísmo, Andrés Arauz.

Con 4,5 millones de votos, Lasso logró una enorme remontada con respecto a la primera vuelta, en la que apenas había obtenido poco más de 1,8 millones (cerca del 20%). Presumiblemente, suma el millón y medio de votos de Xavier Hervas, el candidato de Izquierda Democrática, y el millón de votos de otros candidatos menores. Hervas, un empresario agroindustrial de gran desempeño en el primer turno, había llamado a apoyarlo en el ballotage, lo mismo que otros siete competidores.

En el caso de Arauz, que había ganado la primera vuelta (con más del 30%), apenas sumó 600 mil votos. Solo recibió el apoyo para el segundo turno de Isidro Romero, de Avanza, quien había logrado poco más de 170 mil votos (casi el 2%). A lo largo de su campaña, el delfín de Correa (según lo llamaron algunos medios) hizo críticas al ajuste de Lenín Moreno y reclamó una renegociación del acuerdo con el FMI, pero al mismo tiempo buscó congraciarse con los Estados Unidos. Prueba de ello fue su viaje a ese país y su reunión con autoridades del Fondo. Además, pronosticó que su relación con Norteamérica iba a ser excelente (lo que fue explícitamente resaltado por Correa en un reportaje) e incluso que iba a fortalecer la dolarización con el apoyo de Estados Unidos y los organismos internacionales. De conjunto, fue una versión aún más pálida del correísmo y no suscitó un entusiasmo popular.

La Conaie vuelve a ser noticia, dado que hubo más de 1,7 millones de votos nulos, que es el tipo de voto que había alentado esta formación. De esta manera, su brazo político, Pachakutik, retiene casi la totalidad de los votos que había conseguido Yaku Pérez en la primera vuelta (1,8 millones, alrededor del 20% -quedó fuera del segundo turno debido a un fraude electoral). Resistió la polarización y el llamado de uno de sus referentes, Jaime Vargas, a votar por Arauz, razón por la cual fue expulsado de la entidad.

La alta votación de Pachakutik en la primera vuelta y el importante voto nulo en el ballotage son, a su modo, una expresión de la rebelión de 2019 contra la anulación de los subsidios en los combustibles. De todos modos, la tónica conciliadora de esta formación a lo largo de la campaña se repite ahora con el anuncio de la formación de un bloque político común en el parlamento con Izquierda Democrática, la fuerza del empresario Hervas.

El gobierno de Lasso asumirá en un contexto crítico para Ecuador, marcado por la pandemia y la crisis económica. A todo esto hay que añadirle que será minoritario en el parlamento: su partido, Creo, tiene apenas 12 legisladores (sobre 137). Aun sumando a su aliado, el Partido Social Cristiano, y otras fuerzas más pequeñas, no llegaría a los 40. Pachakutik-Izquierda Democrática, juntos, suman 45 escaños. Y Unión por la Esperanza, la fuerza de Correa y Arauz, tendrá 49.

Lasso aparece doblemente condicionado por el pacto de Lenín Moreno con el FMI y la sombra de la rebelión popular. El actual mandatario suscribió un acuerdo por 6500 millones de dólares que tiene como contrapartida un severo ajuste (aumento del IVA, reducción salarial de los empleados públicos, etc.). Sin embargo, la implementación de esas políticas agudiza la crisis social. Lo sabe Lenín Moreno, cuyo gobierno culminó en un desastre. Ni siquiera pudo postularse para un nuevo período.

Los trabajadores, indígenas y estudiantes deberán organizarse para resistir el ajuste del nuevo gobierno. En esa línea, es importante el desarrollo de una salida política independiente, que parta de un programa que incluya la ruptura con el FMI, la nacionalización del comercio exterior y los principales recursos económicos, la prohibición de la megaminería contaminante, la triplicación del presupuesto de salud y el aumento de los salarios.

 

 

 

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12/04/2021

Chile: los mineros piden la nacionalización del cobre

Solo se impondrá con la huelga general.

La Cámara de Diputados chilena aprobó a fines de marzo una norma que crea un royalty a la minería y el litio, es decir, una compensación al Estado por la explotación de los recursos, que sería equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos. Según el proyecto del legislador Esteban Velásquez, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), conglomerado que reúne a algunos partidos provinciales. Votaron a favor del texto los legisladores de la centroizquierda y en contra los de la derecha. Como al texto se le hicieron observaciones, deberá volver a comisión. Realizados los cambios, pasaría a ser considerado en el Senado.

El gobierno chileno cuestiona el proyecto y amenaza con impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional en caso de que el Senado la apruebe. Aduce que se trata de un nuevo impuesto (algo que niegan sus impulsores), y que la facultad de crear un nuevo tributo corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. Lo que visualiza el carácter reaccionario de la Constitución pinochetista que entrega al presidente la potestad de crear impuestos en oposición a los atributos del parlamento. En la misma línea de protección de los pulpos mineros, argumenta que se retraería la inversión, e incluso que la minería ya está suficientemente gravada, lo cual veremos que es una gran mentira.

El debate sobre los ingresos por el cobre se reabrió al calor del aumento de los precios internacionales. Estos se habían derrumbado en el comienzo de la pandemia, pero en los últimos meses aumentaron alrededor de un 70%. La libra llegó a cotizarse por encima de los 4 dólares durante algunos días de marzo, y aunque ahora cayó unos centavos, siguen siendo niveles muy superiores incluso a los pronosticados por el propio Estado chileno. Para darse una idea, el presupuesto 2021 se elaboró con una estimación promedio de 2,88 dólares la libra (El Siglo, 21/12/20).

A raíz de este salto, que se explicaría por una combinación de factores (principalmente una mayor demanda china), distintos sectores salieron a reclamar un mayor aporte de las mineras. El cobre representa la mitad de las exportaciones nacionales y Chile es el principal productor del mundo (un tercio de la producción mundial), con casi 6 millones de toneladas anuales (lo sigue Perú). La minería chilena está en un 70% en manos privadas, donde sobresalen grandes compañías como la australiano-británica BHP (propietaria de mina La Escondida, la más grande del país). El porcentaje restante corresponde al Estado, a través de la firma Codelco. Vale señalar que el grueso de los yacimientos se encuentra en una etapa madura de explotación y que las reservas se agotarían a este ritmo en 35 años (El Mostrador, 28/3), lo que exige una mayor exploración para sumar recursos.

El “aporte” de las mineras al país es una burla. Pagan el impuesto a la renta y un impuesto específico a la actividad minera, que se desembolsa de acuerdo a las utilidades operacionales. Este impuesto no ha significado nunca más del 0,3 del PBI (otras actividades de menor peso en la economía, como el tabaco y los combustibles, tienen tributos que recaudan el equivalente al 0,5 y 0,8% del PBI, respectivamente). Hay denuncias de que las empresas inflan los costos para pagar menos. Además, pueden hacer deducciones. Según cifras de una minuta informativa de la Biblioteca del Congreso de la Nación, relevada por el proyecto parlamentario, “la minería privada durante los años 2010 a 2016 alcanzó utilidades por M$ [millones de pesos chilenos] 54.272.476, pagando en el mismo periodo por concepto de impuesto específico a la minería M$2.098.269, y por concepto de impuesto a la renta $M14.691.187, lo que equivale a un 3,8% y un 27% de la utilidad respectivamente”.

El proyecto presentado por el FRVS ha sido fuertemente cuestionado por las empresas, pese a que se trata de una norma muy limitada, que apenas busca acercar a Chile a otros países que ya poseen royaltys. Incluso un funcionario del Banco Mundial, Christopher Sheldon, gerente de la Práctica Global de Energía e Industrias Extractivas, consideró en un reportaje con La Tercera (15/3) que le parecía razonable que se discuta una readecuación de los desembolsos en el marco de la suba de precios, y afirmó que los royalties eran comunes en el mundo. En definitiva, Sheldon tiene claro que se trata de un mecanismo que consagra al Estado como socio residual del gran capital.

Con la recaudación, el proyecto establece la formación de un fondo de desarrollo regional y de proyectos de remediación ambiental. Además, se hizo un añadido para que se financie una renta básica de emergencia ante el Covid-19. El Partido Comunista, por su parte, incorporó un inciso para imponer un royalty adicional del 10% y que a partir de los 4,50 dólares la libra, las empresas deban ceder el 100 por ciento de las rentas por el excedente de dicho precio. Velásquez, el autor de la iniciativa, sumó otro apartado que va en la misma línea.

Que intervengan los trabajadores

Incluso con estos agregados, el proyecto es una aspirina frente a la crisis económica-social. No rompe con la dominación de estos pulpos y la primarización económica del país. Sería necesaria para ello una estatización de la industria bajo control obrero, como parte de un plan económico general discutido por los trabajadores. La Federación de Trabajadores del Cobre planteó la nacionalización en una conferencia de prensa convocada para defender el proyecto, pero evitó hablar de cualquier medida de acción, limitándose a plantear el “ejercer presión constante al gobierno y los partidos que lo integran” (Desconcierto, 26/3).

En el camino hacia la nacionalización, la Fuerza 18 de Octubre propone un plan de impuestos progresivos a la minería y la apertura de los libros de las empresas para conocer sus verdaderos egresos y ganancias, más aún teniendo en cuenta las denuncias de inflación de los costos por parte de las compañías para evadir impuestos. Que el royalty parta del 30% y se eleve progresivamente hasta el 100%, según la evolución de los precios del metal.

Una acción decidida contra estos pulpos capitalistas requiere poner en pie al proletariado minero, incorporando también la lucha por sus reivindicaciones. En el último año, tanto Codelco como los grupos privados han sometido a los trabajadores a despidos, bajos salarios y falta de condiciones de seguridad e higiene (en las minas estatales de Chuquicamata se denunció falta de baños y la formación de grandes aglomeraciones).

En el cuarto trimestre de 2020, se recortaron 1700 puestos de trabajo en la industria, según la Sociedad Nacional de Minería (BnAmericas, 3/2). Las patronales vienen impulsando acuerdos salariales de 0% de aumento por más de dos años, que apenas se disfrazan con bonos o aumento en asignaciones. En la mina estatal Radomiro Tomic, los trabajadores rechazaron en estos días por una pequeña mayoría (263 a 258 votos) un acuerdo de estas características, pero el sindicato no efectivizó la huelga porque la votación no logró la mayoría absoluta de los afiliados. Dos de los cuatro gremios de la División Andina de Codelco rechazaron en asamblea, con el 70% de los votos, adelantar la negociación colectiva, según lo planteado por la patronal, en lo que parece una maniobra para no tener que negociar en medio de precios aún más altos del metal. En la mina Candelaria, los obreros fueron hace pocos meses a la huelga durante más de un mes, en un conflicto que se cerró con un aumento en las asignaciones y un bono por 17 millones de pesos chilenos.

Hay grandes reservas de lucha entre los trabajadores que tienen que ser puestas en marcha, como parte de la batalla por echar al gobierno de Sebastián Piñera e imponer una asamblea constituyente con poder que recupere los recursos del país y avance hacia una reorganización del país sobre otras bases sociales.

https://prensaobrera.com/internacionales/guerra-comercial-y-escalada-imperialista-en-tiempos-de-biden/

En esta nota

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10/04/2021

Las vísperas agitadas del ballotage ecuatoriano

Ecuador definirá este domingo su próximo presidente en un ballotage que enfrentará a Andrés Arauz, candidato del correísmo, y al derechista Guillermo Lasso (Creo-Partido Social Cristiano). Las vísperas de la elección, como en el resto del continente, están marcadas por los estragos de la pandemia. Se acumulan entre mil y dos mil casos diarios, y ya son más de 17 mil los muertos. En los alrededores de los hospitales se forman aglomeraciones para comprar los insumos para los pacientes, que están escaseando. El desmanejo gubernamental sumó otro capítulo con la caída del ministro de salud Mauro Falconí (el cuarto en lo que va de la crisis sanitaria), tras el escándalo desatado por las largas colas de vacunación para ancianos -de hasta ocho horas.

La primera vuelta electoral dejó mejor posicionado a Arauz, quien obtuvo poco más del 31% de los votos, contra casi el 20% de Lasso. El banquero ha sumado ahora el respaldo de siete ex candidatos, pero el único relevante es Xavier Hervas, de Izquierda Democrática, quien sacó el 16% en la primera ronda. De todos modos, se trata de un apoyo individual, puesto que su partido no respalda oficialmente a ninguno de los dos candidatos. En tanto, el referente de Unión por la Esperanza cosechó la adhesión de Isidro Romero (del Partido Avanza, que obtuvo el 2%). Sectores del correísmo han agitado denuncias en los últimos días sobre la posibilidad de un fraude para favorecer a la derecha (Página 12, 8/4).

En tanto, la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), cuyo brazo político, Pachakutik, quedó fuera del ballotage debido precisamente a un fraude electoral, hizo un llamado al voto nulo. Lo resolvió una asamblea con mil representantes, el 10 de marzo, pero el consejo de gobierno de la entidad debió salir a ratificarlo en estos días, dado que algunos referentes de la central hicieron llamados a votar por Arauz o insinuaron la posibilidad de votar por Lasso. El caso más importante es el de Jaime Vargas, quien fue destituido como presidente de la Conaie tras participar de un acto junto al candidato de Unión por la Esperanza en Sucumbíos. El planteo político adoptado por la Conaie expresa un cambio con respecto al ballotage de 2017, cuando sus referentes habían llamado a votar por Lasso, en nombre de derrotar la “dictadura” de Rafael Correa.

La Conaie emprendió tras el fraude electoral una serie de movilizaciones, pero fue una reacción tibia. Su candidato, Yaku Pérez, ya había anticipado que “no quiero que por causa del CNE [Consejo Nacional Electoral, que convalidó el fraude] tengamos un levantamiento” (La Nación, 11/2).

Esta tónica conciliadora marcó la propia campaña de Pachakutik durante la primera ronda, defendiendo expresamente la dolarización, en sintonía con la política que viene sosteniendo mayoritariamente la burguesía ecuatoriana. Recordemos, por otra parte, que durante la rebelión de 2019, la Conaie desmovilizó apenas se dio marcha atrás en la anulación de los subsidios al combustible, con lo que le perdonó la vida a Lenín Moreno. Si fuera válido el planteo del voto nulo, debiera estar asociado a un programa superador respecto al que plantea la Conaie que parta de la ruptura con el FMI, la triplicación del presupuesto de salud, la nacionalización del comercio exterior y los principales recursos naturales.

El próximo período político en Ecuador estará marcado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que suscribió el actual presidente Lenín Moreno, quien recibió un auxilio económico para sostener a flote su gestión, a cambio de un severo plan de ajuste que recaerá principalmente sobre su sucesor.

Arauz se ha limitado, en este aspecto, a plantear una renegociación. Propone, por ejemplo, que “no se aplique la reducción de gasto público a una velocidad tan tremenda” (Infobae, 8/4). Es una línea de suavización del ajuste, no de ruptura.

Ambos candidatos se han disputado el respaldo del imperialismo en la campaña. Se reunieron el mismo día con el embajador de Estados Unidos en el país. El candidato del correísmo buscó darle a su campaña una tónica izquierdista, con críticas al gobierno de Lenín Moreno y al derechismo de su contrincante, pero en simultáneo se entrevistaba con autoridades del FMI y llamaba a “fortalecer la dolarización con el apoyo de Estados Unidos y los organismos internacionales”.

Todo esto redobla la importancia de que el movimiento obrero e indígena sostenga una posición política independiente, que le permita enfrentar en mejores condiciones la etapa convulsiva que se avecina, marcada por la crisis económica, social y sanitaria.

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08/04/2021

Guerra comercial y escalada imperialista en tiempos de Biden

Un buque norteamericano realiza ejercicios en el Mar de China Meridional (2020).

Los primeros meses de mandato de Joe Biden han arrancado con una intensificación de la escalada económica diplomática y militar contra China y Rusia. Avanzan los preparativos de la Iniciativa de Disuasión en el Pacífico del Pentágono, que contempla la colocación de misiles ofensivos previamente prohibidos por el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), a lo largo de un cordón de islas densamente pobladas que incluyen Japón, Taiwán y Filipinas. El Pentágono solicitó un presupuesto anual para la región del Pacífico, cercano a los 6.000 millones de dólares para financiar la iniciativa. Esto empalma con las declaraciones de funcionarias de la más alta jerarquía de la nueva administración demócrata, el secretario de Estado y el de Defensa, que viene de visitar Japón justificando estos nuevos dispositivos frente a las de necesidades detener la agresión china.

En sintonía con esta retórica, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, señaló: “reconfirmamos el firme compromiso de Estados Unidos con respecto a la defensa de Japón, utilizando todo tipo de fuerzas estadounidenses, incluidas las nucleares”.

La Casa Blanca, por boca de su secretario de Estado, Antony Blinken, ha ratificado la tesis que proviene del Pentágono que incluye a Rusia y a China, en primerísimo lugar, como los principales enemigos estratégicos de EE.UU. Esto coincide con las expresiones del almirante Philip Davidson, comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, quien dijo en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado que cree que es probable que China invada Taiwán en los próximos seis años. Desde el momento que EE.UU. ha comprometido la defensa de la isla, este pronóstico abre la perspectiva de una guerra.

Lo cierto es que, entre tanto, la tensión militar aumenta. La fuerza aérea de Filipinas patrulla diariamente desde hace semanas las aguas del arrecife Whitsun —o Julián Felipe—, en su Zona Económica Exclusiva, para vigilar la “amenazadora” flotilla de cerca de 200 barcos chinos, según el gobierno filipino. Pekín asegura que las embarcaciones son pesqueras, pero Manila y Washington sostienen que son milicias marítimas atracadas allí o en otros islotes de la zona.

Washington apela a sus aliados e intenta reforzar el llamado Quad, la alianza defensiva informal que le agrupa con Japón, Australia y la India en medio de maniobras militares de ambos bandos. Pekín acaba de iniciar unas maniobras en el mar del Sur de China y Francia y los países del Quad empezarán otras en la bahía de Bengala. Barcos franceses se sumarían por primera vez a ejercicios conjuntos entre fuerzas de EE.UU. y Japón el mes próximo en la zona.

Esta escalada militar va de la mano con una intensificación de la guerra comercial. Diversos analistas vienen poniendo de relieve que en este campo, Biden está yendo más lejos que Trump y vaticinan para los 4 años de mandato del demócrata “una nueva era de feroz competencia con las otras superpotencias, marcada tal vez por el peor estado de relaciones entre Washington y Moscú desde la caída del Muro de Berlín y también con China desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos” (La Nación, 21/3).

“En el reciente cónclave de Alaska, que reunió a las principales potencias, Washington dejó claro su decisión de que la Casa Blanca está decida a competir con Pekín en todos los frentes, para ofrecer tecnología competitiva, en inteligencia artificial y fabricación de superconductores, por más que sean necesarios millones de dólares del Estado para proyectos de investigación y desarrollo y a través de nuevas asociaciones con industrias de Europa, la India, Australia y Japón” (ídem). Estados Unidos apunta a defender su hegemonía, aunque hay que tener presente que todavía la distancia tecnológica entre Estados Unidos y el gigante asiático es muy grande. “China está invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo y compite bien en algunos. Pero 15 de las 20 universidades de investigación del mundo están en Estados Unidos, ninguna en China” (“Qué podría causar una guerra entre EEUU y China”, Clarín -22/3). Ni qué hablar del poderío militar, en que el abismo es todavía mayor. De modo tal que la escalada en curso, más que un carácter defensivo, proteccionista, tiene un carácter ofensivo. La burguesía a norteamericana no ha renunciando a su propósito estratégico de someter a China bajo su tutela y control y usufructuar en su propio beneficio el proceso de restauración capitalista inconcluso en el país asiático. Este propósito se extiende al ex espacio soviético. De consumarse ese propósito, eso sí significaría confinar a China y Rusia a una condición de semicolonial.

En este plano, el imperialismo yanqui mantiene una fuerte disputa con las principales potencias occidentales por ver quién lidera esta transición. Washington ha visto con recelo el reciente pacto entre la Unión Europa y el gigante asiático, que le otorga al viejo continente una serie de ventajas para el desembarco y penetración de corporaciones europeas en territorio chino. Bruselas destaca “la apertura de nuevos mercados que conlleva el acuerdo, en especial en el terreno manufacturero, que supone más de la mitad de las inversiones de la UE en China”. Según la Comisión, Pekín se compromete a dar acceso a las firmas europeas en sectores que hasta ahora había considerado su coto: servicios de la nube, finanzas, salud privada, medio ambiente y transporte”(El País, 30/12/20).

Rusia

Esta política expansionista vale también para el ex espacio soviético. Los demócratas venían realizando reproches a Trump por sus vínculos con Putin. Estas relaciones “ amigables” entre ambos mandatarios no habían disipado, sin embargo, las sanciones económicas contra Rusia que datan desde la ocupación de Crimea. Pero ahora lo que viene ocurriendo es un endurecimiento con Moscú. La Casa Blanca viene utilizando la detención del opositor Alexei Navalny y las protestas que ha desatado para avanzar en nuevas represalias y en un cerco militar.

Un nuevo capítulo lo constituyen los choques y tensiones en torno al gasoducto Nordstream 2. Recordemos que éste une Rusia con Alemania; su tendido va por el norte del viejo continente, pasando por las gélidas aguas del Báltico.

El proyecto ha sido muy controvertido desde su creación, en 2015, cuando el gigante del gas controlado por el Estado ruso, Gazprom, y cinco energéticas europeas firmaron un consorcio para construir un nuevo gasoducto para sustituir al Nord Stream 1 —con menor capacidad— en el lecho del Báltico. En los últimos años Moscú ha diversificado las vías de exportación del gas ruso, especialmente tras las llamadas guerras del gas, que hace más de una década afectaron al suministro europeo de este hidrocarburo por las crisis entre Rusia y Ucrania, por donde entonces fluía la mayor parte del gas ruso. Ahora Moscú evita en parte el territorio ucraniano por el norte, con el Nord Stream 1, y por el sur, con el TurkStream, que discurre por el lecho del mar Negro y conduce el gas por dos ramales, uno a Turquía, y otro a los países del sur y sureste de Europa, como Bulgaria.

Debería haberse terminado a finales de 2019. Pero las disputas internas al interior de la propia Unión Europea primero, y las sanciones que Estados Unidos impuso en diciembre de ese año a las empresas participantes en los trabajos, provocaron un enorme retraso. En la actualidad, la obra se encuentra paralizada cuando apenas falta culminar el 6%.

La presión para que Alemania retire su apoyo al proyecto se ha incrementado en las últimas semanas. Washington ha decidido reforzar su presión contra Moscú y ha vuelto a la carga. Al mismo tiempo, la burguesía norteamericana no se priva de utilizar este episodio para golpear a la Unión Europea, ya suficientemente debilitada y dividida en su interior.

El Parlamento Europeo ha pedido la paralización del proyecto. Pero la canciller Angela Merkel se mantiene firme. Polonia, Eslovaquia (que además perderían ingresos por los derechos de tránsito) y los países bálticos han encabezado la oposición dentro de la UE contra el Nord Stream 2 y alertan de que el gasoducto es un intento de Putin de socavar la unidad europea. Frente a quienes afirman que es solo un proyecto económico, alertan de que el gasoducto choca con la postura de aislar a Rusia por la injerencia en otros países, anexionarse la península ucraniana de Crimea y participar en el conflicto del Donbás, donde apoya militar y políticamente a los rebeldes prorrusos.

Las presiones yanquis apuntan, más allá de esta escalada contra Rusia, a defender sus propios intereses en la venta de su gas procedente de fracking que se extrae en territorio estadounidense. La política de Washington en esa dirección ha llegado muy lejos pues además de las sanciones contra Rusia, las mismas se han extendido a las aseguradoras, certificadoras y cualquier empresa que realice “actividades de tendido de tuberías” asociadas al proyecto.

Por encima de las disputas internas, este punto ha terminado despertando el rechazo mayoritario en la UE, considerando que la imposición de multas constituye un precedente lesivo y un golpe importante al conjunto de de las empresas europeas.

Conclusiones

Si observamos este rompecabezas intrincado atravesado de tensiones, divisiones, enfrentamientos cruzados, la retórica acerca del restablecimiento de una cooperación internacional que pregona Biden –en primer lugar, las alianzas existentes entre las potencias occidentales- no pasan de una ilusión infundada.

La aspiración del presidente demócrata de devolverle su papel de liderazgo a Estados Unidos tropieza, sin embargo, con la decadencia histórica de ese país, que se potencia ahora con el salto de la bancarrota capitalista y de la pandemia. Más bien, en realidad, ni siquiera está en condiciones de volver al estadio previo al mandato de Trump. La crisis mundial capitalista ha hecho su trabajo implacable de topo. En este marco es muy difícil conciliar los intereses encontrados de las diferentes potencias y corporaciones rivales; un marco en que la competencia se ha vuelto más salvaje y en la que se juega, en muchos casos, la sobrevivencia.

Pero, además, la política exterior está condicionada por la política interna. Mal puede Estados Unidos afianzar un papel de gendarme internacional si no tiene bajo control su frente interno y un disciplinamiento de las diferentes clases sociales a la autoridad del Estado, que es lo que hoy está trastocado en el escenario norteamericano. Biden encabeza una transición convulsiva y debe lidiar con una enorme crisis social, económica y política, por un lado, y la sombra de una rebelión popular que sigue latente.

https://prensaobrera.com/internacionales/la-politica-exterior-de-biden/

https://prensaobrera.com/internacionales/el-escenario-internacional-actual-y-el-que-se-viene-primera-parte/

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07/04/2021 | 1619

Noticiero internacional

Amazon - Bélgica - Myanmar - India

Trabajadores de Amazon en lucha

El 29 de marzo finalizó la consulta que definirá si los trabajadores de Amazon del estado de Alabama, en Estados Unidos, conforman un sindicato. Aún no se conocen los resultados. El gigante del comercio electrónico hizo una intensa campaña contra la sindicalización, que va en línea con la precarización y superexplotación del personal. De todos modos, no pudo quebrar el proceso organizativo.

Mientras tanto, los trabajadores de Amazon en Alemania desarrollaron la semana pasada un paro de 96 horas en reclamo de un aumento salarial del 4,5%. Y los de Italia fueron a su primer paro el 22 de marzo.

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Paro general en Bélgica por el salario

El gobierno belga del primer ministro Alexander de Croo intenta imponer un techo salarial del 0,4% para los próximos dos años, lo cual fogoneó un enorme paro general el pasado lunes 29. La medida fue convocada por la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB) y la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC), las dos principales centrales sindicales del país, logrando paralizar la industria y algunos sectores del transporte. Esta prerrogativa del gobierno de fijar techos a las negociaciones salariales existe desde que fuera dictada la ley de normas salariales en 2017.

La profundización de un curso de lucha desde las bases de los sindicatos aparece como la vía para derrotar esta ofensiva antisalarial de las patronales y el gobierno.

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Escala la crisis en Myanmar

La junta militar de Myanmar asesinó a más de cien manifestantes en el Día de las Fuerzas Armadas, el 27 de marzo pasado. Durante dicha jornada, miles de personas se habían movilizado en más de cuarenta ciudades contra el golpe de Estado. Son más de 500 los muertos y más de 3 mil los detenidos a manos de las fuerzas de seguridad desde febrero.

El régimen se ha encontrado con una respuesta popular más dura de lo que imaginaba. Decenas de miles de trabajadores se unieron a un Movimiento de Desobediencia Civil, que paralizó los bancos, parte del transporte y de las reparticiones estatales. Además, muchos grupos insurgentes se han sumado a la lucha contra el golpe. El recalentamiento del conflicto entre el gobierno y los grupos insurgentes, así como los crímenes crecientes de la junta y el repudio masivo al golpe, plantean el interrogante de si es posible que se abra un escenario de guerra civil.

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India, cuatro meses de rebelión campesina

La rebelión de los campesinos en la India sigue golpeando al gobierno del ultraderechista Narendra Modi y con él también a la clase capitalista toda. El pasado 26 de marzo se conmemoró, mediante una jornada de lucha en el marco de un Bharat Bandh (cierre total de actividades, en este caso por doce horas), el cuarto mes de la sublevación.

Los campesinos irrumpieron en el escenario político nacional en agosto de 2020 contra las nuevas leyes agrarias, que los obligarían a vender en forma directa al sector privado (se elimina la compra por parte del Estado a precios sostén), lo que podría llevar a millones a la ruina. El gobierno ha fracasado en su tentativa de sacar a las masas de la calle -militarización, intervención de la Corte Suprema, etcétera.

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06/04/2021

Trabajadores de la Clínica San Andrés acamparán frente al PAMI

Reclaman la reapertura del centro de salud.

Willy Monea Ojo Obrero Fotografía

Los trabajadores y trabajadoras de la Clínica San Andrés, ubicada en Caseros, iniciarán este miércoles por la mañana un acampe en las puertas del PAMI, en la Capital Federal, para reclamar la estatización de la clínica y que quede en manos de la entidad mencionada.

Hace tres meses que el personal se encuentra en lucha en defensa de sus puestos de trabajo, frente al intento de cierre empresario. “De un día para el otro se llevaron todo. Nos dejaron sin indemnización y sin trabajo”, explica Carlos, uno de los delegados, en un informe especial elaborado por Prensa Obrera.

Pocas veces queda tan clara la incompatibilidad entre el lucro capitalista y las necesidades de la población. En medio de una pandemia, diez sanatorios privados decidieron cerrar en el Conurbano. Y los que siguen operando redujeron entre un 20 y un 30% las unidades de terapia intensiva destinadas al Covid-19, con respecto al año pasado, dado que estos pacientes no serían rentables (La Nación, 5/4).

En contraste con ello, la lucha de los trabajadores de la clínica San Andrés por la reapertura, marca un camino.

En el acampe se realizará una charla con referentes de otros centros de salud (como el Hospital Garrahan, el Hospital Posadas, la Asamblea de Residentes y Concurrentes) y participarán también artistas solidarios. Los trabajadores vienen de protagonizar un corte en la avenida General Paz el 31 de marzo, que tuvo una gran repercusión.

Viva la lucha por la reapertura de la Clínica San Andrés.

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Asamblea piquetera en el Obelisco discute acciones de lucha

Este lunes 5. ¡Abajo el ajuste. Fuera el FMI!.

Este lunes 5 desde el mediodía, en el Obelisco, delegaciones del frente de unidad piquetera que integran más de 30 organizaciones, que incluyen el Frente de Lucha Piquetero (que encabeza el Polo Obrero); Barrios de Pie y el MST-Teresa Vive (que vienen coordinando acciones en común con el Frente de Lucha desde hace tiempo atrás) y la fuerte unidad que se está desarrollando también con el FOL, La Darío Santillán y otros grupos, realizaremos una asamblea piquetera para discutir acciones de lucha contra la política de ajuste del gobierno de Alberto Fernández, sometido al FMI.

La unidad piquetera viene de realizar una extraordinaria acción de lucha con las juventudes piqueteras, que impactó de lleno en la situación política con miles de jóvenes que ingresaron al Palacio Pizzurno, luego de horas de espera y de solicitar una reunión en reiteradas oportunidades, que el ministro Nicolás Trotta ignoró. La irrupción de una juventud barrial que quiere estudiar y trabajar y que no se resigna al ajuste brutal de este gobierno, ha sido un hecho político destacado de la semana pasada. Ha colocado a la juventud de Argentina que estudia y trabaja el desafío de unir fuerzas y reclamar las imprescindibles medidas como el wi-fi en los barrios o los dispositivos para los pibes cuyos padres/madres no superan el ingreso de pobreza, que son la mayoría de lxs trabajadores/as en Argentina. El propio ministerio reconoció que hay un millón de chicos que han tenido que dejar la escuela producto de la imposibilidad de acceder tanto a internet como los dispositivos y que hay una necesidad de por lo menos 6 millones de computadoras, pero el presupuesto asignado a la compra de esos dispositivos para una población absolutamente desprotegida es de apenas 400.000 netbooks en todo el año, y no se prevé un aumento de ese presupuesto, lo cual muestra que el ajuste del FMI que aplican Guzmán y Fernández llega hasta lo más elemental, como es la educación, la salud y el trabajo.

La asamblea piquetera tendrá representantes de las regionales de Buenos Aires y de CABA, que votará como primer medida, una acción de lucha propuesta para el 8 de abril en todo el país, con el pliego de reclamos discutido el pasado 26 de febrero en Parque Lezama.

La unidad piquetera, imprescindible para enfrentar el ajuste

La unidad piquetera, a la vez, se prepara para un mes en el que está convocado el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Se plantea como imprescindible una acción de lucha junto a ocupadxs y desocupadxs. El gobierno propone aumentar en un 30% el Salario Mínimo Vital y Móvil ($21.600), es decir un 20% por debajo de lo que se estima que será la inflación, por lo cual el salario de muchos trabajadores y trabajadoras seguirá por debajo de la canasta de pobreza y casi rozará la canasta de indigencia. Este cuadro abona la necesidad de una lucha común para elevar el miserable sueldo mínimo.

Un ejemplo gráfico de este golpe al salario se refleja en las trabajadoras de casas particulares precarizadas, trabajadores/as de la cosecha de las verduras y las frutas en el interior, y por supuesto los programas sociales, las jubilaciones mínimas y las asignaciones universales por hijo, que quedaron aplastadas por una inflación que arrasa los bolsillos.

Mientras tanto, las centrales obreras, que deberían salir a reclamar, así como los movimientos sociales cooptados por el gobierno, paralizan las fuerzas de la clase obrera, que necesitan ser liberadas para luchar por un paro general el día que se convoque el Consejo del Salario, con el reclamo de equiparación con la canasta de pobreza, hoy en $56.000; y un plan de lucha si el gobierno y las patronales siguen aplicando un ajuste que pagan los trabajadores con enormes sacrificios en el terreno de su vida cotidiana, como es en los alimentos, la educación y la salud. Ni hablar del empeoramiento en materia de vivienda que expulsa a miles de familias a la calle.

El movimiento piquetero se coloca a la cabeza, junto a las luchas como las del frigorífico Arrebeef o la clínica San Andrés; o la de los trabajadores viñateros, de Mendoza a San Juan y Salta; y la de los docentes y de la salud de Neuquén. Todo esto en el marco de un ajuste que el gobierno de Fernández aplica sin miramientos y que apoyan todas las alas del Frente de Todos, y también la oposición patronal de Cambiemos y el macrismo.

Les desocupadxs encabezan la lucha callejera por las reivindicaciones inmediatas, como la apertura de los programas sociales, la vacunación masiva, el aumento del salario mínimo, la asistencia alimentaria a los comedores; es la forma que adopta hoy la resistencia a los planes de ajuste del gobierno, en el medio de una pandemia que amenaza con envolver a los trabajadores en una catástrofe mundial, mientras los grandes capitalistas siguen aumentando sus ganancias.

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Mural y campaña exigiendo justicia por Lito Costilla, asesinado por la policía

El miércoles 7 a las 10 hs la familia realiza actividad ante la fiscalía a 6 meses de su muerte.

La familia de Lito Costilla, quien fue asesinado por tres efectivos de la policía en la localidad platense de Tolosa, junto al Partido Obrero, viene impulsando una campaña en reclamo de justicia a seis meses de sucedidos los hechos. Este sábado 3 realizamos un mural conmemorativo, en el lugar donde le quitaron la vida.

La muerte de Lito suma un caso más de la política de empoderamiento de las fuerzas represivas en todo el país y en particular en la provincia de Buenos Aires, donde las policías locales, como en este caso, y la Bonaerense bajo el  mando del ministro Sergio Berni, son responsables  de abusos policiales, violencia, desapariciones y casos de gatillo fácil.z

Los efectivos Damián Antonio Aquino, Mauricio Rodríguez Medina y Sergio Ceferino Martínez son los principales implicados en el caso, quienes dieron noticia de la muerte de Lito bajo supuestas circunstancias de un siniestro vial. Sin embargo, todas los peritajes y las pruebas indican que esta versión no sería cierta ya que el cuerpo de Lito presentaba secuelas de una brutal golpiza.

La intervención de la policía ha dado lugar a que la causa, que tramita en la UFIJ N°10 de La Plata, figure bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, lo que no centra la investigación sobre los agentes implicados, a quienes pretenden reincorporar en sus funciones y absolver de toda responsabilidad.

Desde la familia reclaman el cambio de carátula a “homicidio con dolo eventual”. Denuncian la responsabilidad de los efectivos locales a cargo del intendente Julio Garro y denuncian una política de encubrimiento policial, por parte de las instituciones del Estado.

La campaña por justicia por Lito viene extendiéndose en distintos ámbitos de los derechos humanos y en las calles de La Plata con pintadas, afichadas y volanteadas, como la que se realizaremos el próximo lunes 5.

El miércoles 7, al cumplirse seis meses de su asesinato, convocamos junto a la familia a concentrar a las 10 horas en Plaza Italia para movilizar a la UFI (Unidad Fiscal de Instrucción) para derrotar el operativo de impunidad, reclamar castigo a los culpables y denunciar al régimen que los ampara y obtener justicia.

https://www.instagram.com/p/CNOe16-DEjj/?igshid=1pgjjjjjs8cgu

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/la-plata-familia-de-lito-costilla-convoca-marcha-por-justicia/

En esta nota

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04/04/2021

Clínica San Andrés: entre la desidia estatal y la solidaridad obrera

Informe especial en video.

Foto: Willy

“De un día para el otro se llevaron todo. Nos dejaron sin indemnización y sin trabajo”, dice Carlos en el informe especial elaborado por Prensa Obrera sobre la Clínica San Andrés. Carlos es uno de los delegados de los trabajadores de esta clínica privada que se encuentra en lucha desde hace más de tres meses.

Es que frente a la muerte del dueño, los herederos decidieron la inacción como forma de actuar. Ni colaborar en su continuidad, ni venderla a ningún oferente. Simplemente el desgaste, el desperdicio de todos los recursos de la clínica y sobre todo la no respuesta a los 144 trabajadores que la llevaban adelante hasta hace apenas unas semanas y que han decidido ocupar la clínica en defensa de sus puestos de trabajo.

Son los mismos trabajadores que estuvieron en la primera línea contra el covid y que exigen poder estar en la primera línea contra la segunda ola, trabajando. Son los que vieron cómo sus propios compañeros eran afectados por la enfermedad y los que cuentan con un dolor inocultable que tuvieron sus propios muertos durante la pandemia.
Frente a esta situación los distintos gobiernos les dieron la espalda en lo que constituye, sin dudas, una política criminal. Para los trabajadores, pero también para los 18.000 usuarios del PAMI que hoy siguen tocando las puertas de la clínica porque nadie les dijo a dónde iban a ser redirigidos.

El gobierno municipal se limitó a tirar culpas para arriba y desde el gobierno bonaerense nadie se dignó a atenderlos. El PAMI, el otro actor fundamental en todo esto, ha brillado por su ausencia cuando debería ser el primer interesado en una estatización de la clínica que permita aprovechar en medio de la segunda ola las camas, los respiradores, la sala de covid y el único tomógrafo en todo el partido de Tres de Febrero.

El valor de la lucha

La ocupación de la clínica fue una decisión crucial tomada tempranamente frente al vaciamiento de los nuevos dueños y del Estado. Hubo que poner en pie un fondo de lucha que les permita pelear por su subsistencia mientras se desarrolla un conflicto que es a las claras una muestra de cómo el abordaje capitalista de la pandemia se contrapone con las necesidades sociales.

Así como se despilfarran enormes recursos materiales en pos de la defensa de una patronal asesina, que cierra una clínica en medio de la peor pandemia en más de un siglo, el gobierno muestra su despreocupación por la salud al no centralizar el sistema sanitario ni confiscar las vacunas al empresario Hugo Sigman, de forma tal de garantizar la inmunidad a una parte importante de la población de riesgo argentina.

Los compañeros son conscientes de esta irracionalidad y también de las dificultades que enfrentan en esta pelea: “no pueden subsistir sin ingreso”, dice Alicia, otra referente de la clínica, que aclara que el último sueldo cobrado fue a fines de diciembre y que no han recibido ningún tipo de asistencia. Ni Repro ni nada.

Los trabajadores de la clínica San Andrés dicen que se vieron obligados a aprender a tocar bombos. Es una metáfora ilustrativa de cómo la desidia patronal y la negligencia estatal los empujó a una lucha que encontró en el clasismo y en el Polo Obrero la solidaridad y el apoyo que les fue negado en otros lugares.

Realizaron un masivo plenario obrero que resolvió apoyar el plan de lucha que votaron en asamblea y que está desarrollándose de manera exitosa. El martes 30 de marzo, un corte en la avenida General Paz permitió romper con el cerco mediático que los silenciaba y les ha permitido una notoriedad mayor.

Luego de recorrer el Ministerio de Trabajo, la Casa de la Provincia y cuanto oficina hiciera falta sin obtener respuesta alguna, son los métodos de lucha históricos de la clase obrera los que han permitido un nuevo salto en esta pelea fundamental que tendrá la próxima semana otro episodio importante: un acampe frente al PAMI reclamando que este organismo se haga cargo de la clínica dando respuesta no solo a los trabajadores, sino a sus usuarios.

La reapertura de la clínica, la estatización y la defensa de los puestos de trabajo son cuestiones fundamentales en medio de la segunda ola de la pandemia. Con una orientación correcta y un plan de lucha como el que están llevando adelante, los trabajadores de la clínica San Andrés tienen todo para lograrlo.

https://prensaobrera.com/politicas/los-reclamos-populares-en-un-pais-en-terapia-intensiva/

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El trabajador de delivery fue asesinado este domingo.
04/04/2021
MALVINAS ARGENTNAS

El gobierno envía la Bonaerense y suspende festival por el cierre de un basural

Kicillof y el intendente Leonardo Nardini, contra los vecinos.

Por orden del gobierno bonaerense, fue suspendido un festival que iba a realizarse este sábado 3 en reclamo del cierre del basural en Campo La Juanita, ubicado en el partido de Malvinas Argentinas. La actividad iba a contar con música (había múltiples artistas invitados), charlas de concientización y proyección de cortometrajes.

A primera hora de la tarde del sábado, mientras los vecinos llevaban adelante el armado del festival, la Policía Bonaerense se acercó al predio a exigir que “pacíficamente” se suspenda la organización del evento bajo amenaza de secuestro del equipamiento de sonido y detención de los vecinos. Según declaraciones de los vecinos allí presentes, la orden de suspensión fue dada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, Axel Kicillof, aduciendo que el evento es un factor de contagio de covid-19. Como venimos diciendo en Prensa Obrera, para el gobierno nada contagia, salvo lo que no le conviene.

Esta actividad forma parte de las múltiples acciones que los vecinos vienen llevando a cabo para exigirle al intendente Leonardo Nardini la erradicación del basural que todos los días quema basura a cielo abierto. La acumulación de basura y el humo viene intoxicando a las familias con todo tipo de sustancias toxicas y envenena las napas de agua enfermando a la población desde hace décadas.

Los vecinos, cansados de esta situación, comenzaron un proceso de asambleas donde resolvieron juntar firmas, recorridas barriales, volanteadas, festivales , etc. Sin ir más lejos, hace dos semanas movilizaron al municipio llevando un petitorio, donde la única respuesta de la intendencia fue un proyecto que no tiene financiamiento ni fechas de comienzo de remediación ni nada, papel mojado para los vecinos.

Desde el Partido Obrero y Tribuna Ambiental denunciamos esta avanzada represiva contra los vecinos del campo la Juanita y exigimos al intendente Nardini y al gobernador Kicillof que abandonen todo tipo de amedrentamiento contra las y los vecinos que se organizan contra el basural. Reclamamos respuestas efectivas para sus demandas.

Basta de quemas. Erradicación del basural a cielo abierto. Remediación ambiental. Basta de represión.

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