03/07/2021

Media sanción a la reforma de la ley de anticoncepción quirúrgica

Esta semana obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley 26.130, de anticoncepción quirúrgica, con 273 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Originalmente la ley reconoce la anticoncepción quirúrgica como un “método anticonceptivo” y por ende, debe ser incluido en consejerías de salud sexual y salud reproductiva. Es una ley nacional por la cual las provincias deben garantizar los medios para su realización en el cumplimiento del derecho que asiste a las personas que así lo soliciten, lo que claramente deja al arbitrio de las jurisdicciones su efectivo cumplimiento.

Desde el 2006 es incluida en el PMO (Programa Médico Obligatorio) con cobertura total de la práctica. En caso de que los servicios de salud no cuenten con los medios, deben derivar de manera urgente a otros lugares.

Para acceder a la intervención, la ley establece como requisitos:

1- Recibir información clara y completa, en un espacio de consulta adecuado.

2- Ser mayor de edad: aunque a partir de la reforma del código civil se adquiere la mayoría de edad para el pleno ejercicio del derecho a la salud y cuidado del propio cuerpo a partir de los dieciséis años. Todas las personas pueden elegir y optar libremente sin necesidad de asistencia alguna por este método anticonceptivo a partir de los dieciséis años de edad.

3- Que la persona firme un consentimiento informado.

No es necesario ningún tipo de autorización o evaluación psicológica.

La reforma que obtuvo la media sanción en Diputados, tiene como objetivo que las personas con discapacidad, si así lo desean, tengan acceso a dicha práctica como parte de la decisión sobre su capacidad reproductiva porque modifica los artículos 2 y 3 de dicha ley, en los que se permitían prácticas como la vasectomía o ligaduras de trompas, sin el consentimiento de las personas con discapacidad, solo con la solicitud de familiares o representantes legales. De esta forma se bloquearían las esterilizaciones forzosas a las que son sometidas, sobre todo las mujeres.

Los aspectos más importantes de esta reforma son que todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas (...) “Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones. Y, finalmente, “si se tratara de persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no refiere al ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento. Si la sentencia de restricción a la capacidad designa apoyo para el ejercicio del derecho previsto en la presente ley, el consentimiento informado debe ser prestado por la persona con discapacidad con la asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial”.

El proyecto aún debe ser discutido y aprobado por el Senado de la Nación para que entre en vigencia.

Desde ya lo consideramos una conquista pero no podemos dejar de mencionar los límites que cualquier intervención o práctica médica tiene, condicionada por el colapso del sistema de salud, a la vez que los bloqueos en las regiones donde los sectores clericales y las iglesias (ya sean católicas o evangélicas) tienen una gran influencia. El cumplimiento de los derechos conquistados requiere de una fuerte organización y lucha por parte de los movimientos independientes de todos los gobiernos, tal como lo ha demostrado la Ola Verde en estos últimos años ganando las calles de manera masiva. Reforcemos ese camino.

https://prensaobrera.com/mujer/la-comision-interpoderes-sobre-violencia-de-genero-es-otro-autoencubrimiento-del-estado/

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03/07/2021

Un mes del crimen laboral de Octavio Migueles

Acto de familiares y amigos en Laferrere.

El 2 de julio se cumplió un mes de la muerte de Octavio Migueles (Oti), de 20 años, trabajador de la empresa Somartex, de Gregorio de Laferrere.

Oti y su compañero Nahuel fueron enviados a pintar un tanque sin protección ni ventilación alguna. Oti murió intoxicado y Nahuel estuvo en coma varios días. Los familiares y amigos vienen movilizándose por justicia con el apoyo de organizaciones sociales y políticas.

El miércoles 30 se realizó un acto en la puerta de Somartex. Junto a las organizaciones intervinieron los amigos de Oti rechazando las ofertas de dinero de esta patronal para acallar el pedido de Justicia. También estuvo presente la agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral que viene denunciando estos asesinatos laborales en todo el país.

Avance de los crímenes laborales contra la juventud

La precarización laboral viene aumentando las muertes de manera exponencial. Son, en su mayoría, jóvenes que, en su primer empleo precarizado y en negro, son forzados a realizar tareas riesgosas que aceptan bajo la amenaza de perder su trabajo.

Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento informa que "la Argentina es el país con mayor desempleo juvenil de la región. El desempleo afecta más a los jóvenes argentinos que a los adultos. Según datos del Indec, casi dos de diez jóvenes están desempleados (19,3%), mientras que incide sobre el 7,4% de la población en general. Es decir: la tasa de desempleo en los jóvenes más que duplica a la de la población adulta en general y viene ampliándose desde 2004".

"El desempleo afecta más a los jóvenes provenientes de hogares de menores ingresos. Mientras el 26% de los jóvenes del quintil más bajo de ingreso es desempleado, sólo el 9% de los jóvenes del quintil más alto está en esa situación. El género es otro predictor de vulnerabilidad laboral: el 25% de las mujeres jóvenes están desempleadas frente al 15,4% de los varones”, añade el informe, que también señala que la informalidad trepa al 60% en la juventud.

La respuesta a este cuadro de situación es el que siguen los familiares de Octavio y hace apenas una semana los amigos y familiares de "Chochi" Stauffer, fallecido en Papelera Berazategui en similares circunstancias: la movilización y la organización independiente para exigir justicia y castigo a los responsables.

https://prensaobrera.com/sindicales/que-hay-detras-de-las-paritarias-bonaerenses/

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03/07/2021

Avellaneda: no al desalojo de once familias

En Hipólito Yrigoyen 54.

Este miércoles 30 de junio nos movilizamos acompañando a los habitantes de las casas contiguas a la bajada del Puente Pueyrredón, que están bajo amenaza de desalojo. La movilización se organizó para reclamarle al municipio que les garantice a los vecinos una vivienda en condiciones dignas.

Las 11 familias que habitan en Hipólito Yrigoyen 84 no solo viven en precarias condiciones edilicias, sino también bajo la intimidación de ser expulsados, desde el momento en que el dueño de la propiedad, Emilio Leandro Prieto, falleciera. Sus herederos buscan liberar el terreno para edificar una torre de departamentos.

Mientras el Ejecutivo municipal (PJ) aprobó un registro de terrenos baldíos y edificaciones abandonadas provocando debates con la “oposición” (UCR-PRO), ante la falsa amenaza de expropiación de tierras privadas, no ha realizado ninguna acción ante esta amenaza más que validar la intención del desalojo. De este modo le dan la mano, nuevamente, al negocio de la especulación inmobiliaria por sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador, en momentos en que la pobreza supera el 40% de la población y se padece una crisis habitacional insoportable. Así los gobiernos transforman a la vivienda en un negocio, más que un derecho.

Al hacinamiento y estado crítico de las viviendas, sumado al incremento de los alquileres, se le agregan los desalojos. Como sucedió nueve meses atrás en Guernica, hoy buscan dejar en la calle a más familias trabajadoras.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad nos solidarizamos con la lucha de los vecinos en defensa de la vivienda.

Es indispensable revocar las concesiones a los grandes especuladores inmobiliarios del distrito y avanzar en un impuesto progresivo sobre proyectos inmobiliarios de lujo y viviendas ociosas, para llevar a cabo un verdadero plan de viviendas populares y urbanización dirigido por los vecinos para poder terminar con la crisis habitacional.

A esta situación crítica nos han llevado quienes nos han gobernado en las últimas décadas. Opongámosle un programa de los trabajadores en defensa del derecho a la tierra, la vivienda y todas nuestras condiciones de vida.

https://prensaobrera.com/sociedad/alquileres-en-la-picota-en-medio-de-la-crisis-habitacional/

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MORENO

Liberaron a los detenidos en el desalojo de Cuartel V

Abajo la represión. Viva la lucha por la tierra y la vivienda.

En la tarde del viernes, alrededor de las 18hs, fueron liberados en la fiscalía 5° de Moreno los detenidos durante el violento desalojo -con golpes y balas de goma- de un descampado que se produjo en la localidad de Cuartel V contra más de 200 familias sin techo que se encontraban en el lugar. Entre los detenidos figuraba la compañera Estela Romero, activista y delegada del Polo Obrero de José C. Paz.

Luego de la feroz represión desatada por la policía de Sergio Berni, que dejó decenas de heridos, y que no reparó en su virulencia a pesar de la presencia de niños y mujeres embarazadas, se activó una gran campaña por la liberación de Estela y de todos los detenidos en la lucha por la recuperación de tierras, que puso en el centro de las responsabilidades al gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y a su ministro de Seguridad.

Inmediatamente después de la represión decenas de compañeros se movilizaron y concentraron en la Comisaría 4° de Cuartel V exigiendo la liberación de los detenidos. Las dilaciones de la justicia y de la policía hicieron que los detenidos permanezcan la madrugada del día viernes en la comisaría a pesar de no estar -según los dichos del propio comisario de la alcaldía de Moreno- encerrados en calidad de detenidos y que solo pesaba sobre ellos una aprehensión. Hasta altas horas de la noche una vigilia de compañeras y compañeros de Estela Romero y los detenidos quedaron concentrados enfrente de la comisaría.

Por la mañana se preparó una gran concentración en la UFI 5 de Moreno donde iban a ser trasladados los detenidos a la espera de una indagatoria. Durante las horas en que los compañeros se encontraron en la fiscalía, afuera se agitaba por su liberación. Finalmente, producto de la movilización, en horas de la tarde Estela y los luchadores fueron liberados y se desató la alegría de los convocados frente a la fiscalía.

Este accionar de la policía de Berni y Kicillof ilustra de cuerpo entero cuál es la política del gobierno nacional y popular de los Fernández-Fernández para los problemas de la vivienda de los sectores populares: la represión. En Moreno, gobierna Mariel Fernández, del riñón de La Cámpora y alfil del aparato de los intendentes que respaldaron a Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense. Mientras en las barriadas de Moreno la desocupación, la pobreza y el hambre crecen y las condiciones de hacinamiento en plena pandemia aumentan, la respuesta oficial es mandar a la policía de Berni a reprimir y golpear a las familias trabajadoras sin techo que salen a buscar un lugar donde poder vivir. Esta política no es improvisada, el gobierno pretende mostrarse inflexible contra la lucha de los explotados frente al Fondo Monetario Internacional y los acreedores externos, mientras negocia el pago de la deuda externa fraudulenta.

Mientras el gobierno reprime, la oposición patronal acompaña, cómplice, porque no tienen un programa distinto; unos y otros, hombro con hombro, son enemigos de la clase trabajadora y la única salida que tienen para ofrecer, y que se empeñan en mostrar al imperialismo, viene indefectiblemente de la mano del ajuste y la represión.

Los trabajadores y el conjunto de los explotados necesitamos una salida propia de independencia de clase.

¡Viva la lucha por la recuperación de tierras! ¡Abajo la represión de Berni y Kicillof! ¡Tierra y trabajo genuino para vivir!

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03/07/2021

La provincia de Buenos Aires en las puertas del default

El Fondo Monetario y los bonistas aprietan, Kicillof y Cristina reculan.

Este viernes 2 de julio venció el nuevo plazo fijado después de la decimonovena postergación del canje de los bonos bonaerenses bajo tenencia extranjera. La deuda externa de la provincia de Buenos Aires asciende a 12.000 millones de dólares con vencimientos cortos, y fue íntegramente reconocida por el gobernador Axel Kicillof a pesar de ser usuraria y fraudulenta. El rechazo sucesivo de los bonistas a las ofertas del gobierno del Frente de Todos hunde a la provincia de Buenos Aires en el default bajo el litigio extorsivo en los tribunales de Nueva York por 2.100 millones de dólares.

Sobre la provincia penden las demandas del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Deuda de Buenos Aires, “propietarios” de once series de obligaciones financieras con un monto de capital total de más de 7.100 millones de dólares. Los fondos buitres agitan el default pese a que los “nacionales y populares” de Kicillof y Cristina ya les concedieron 1.800 millones de dólares extras por encima de la oferta original, eliminando toda quita de capital, subiendo el valor de los cupones y recortando la vida útil de los bonos con reducción de los plazos de pagos.

Como señalamos en Prensa Obrera, los “acreedores” exigen un pago a cuenta en efectivo y desechan la “propuesta alternativa” del gobierno provincial de hacer ese pago en bonos.

Tarjeta roja del FMI

En este largo año, sin avances en el canje de deuda, el cristinista Kicillof no se privó al igual que todo el kirchnerismo y el gobierno nacional, de saludar la “comprensión del Fondo Monetario Internacional”. Una capitulación ante el capital financiero y el imperialismo que recuerda el blooper del peronista Deolindo Felipe Bitell en un acto de campaña de 1983 cuando dijo que “entre la liberación y la dependencia, elegía la… dependencia”. Los medios de prensa confirmaron esta semana que el FMI presiona a Kicillof para que cierre de inmediato el canje, una denuncia que oportunamente hicimos desde Prensa Obrera.

Con la excusa del relanzamiento del programa “Conectar Igualdad”, la jefa política de Kicillof, Cristina Kirchner combinó las críticas a Macri con la ratificación de la voluntad pagadora del gobierno del Frente de Todos. En clave chicana la vicepresidenta le preguntó a la oposición derechista la receta para pagar sin hambrear al pueblo. Pura demagogia electorera porque de lo que se trata es de romper con el FMI y desconocer la deuda externa que estrangula a la Argentina. Recordemos que en el 2020 fue Cristina Kirchner quien apuró al ministro de Hacienda Martín Guzmán para que cerrara el pacto (colonial) con los fondos buitres.

El Fondo Monetario le exige a Kicillof que tire la chancleta como condición para que “avance el acuerdo” de ese organismo con el gobierno nacional. Otra careta que se le cae al “nuevo FMI”, el buzón que compran y venden los nacionales y populares. La “igualdad de condiciones” que claman los bonistas para levantar la judicialización del default es otro fraude porque los tenedores de bonos de la provincia son los mismos “acreedores” de la deuda del Estado nacional. Lo que quieren los bonistas es que Kicillof que empiece a pagar intereses durante su mandato, como lo hacen Alberto Fernández y Guzmán con los 155 millones de dólares que vencen el próximo 9 de julio en el “día de la independencia”, y los 430 millones de dólares en dos cuotas en concepto de “pago de buena voluntad” al Club de París.

Abogando por los bonistas bonaerenses, Kristalina Georgieva quiere asegurarse el ajuste fiscal. La citación de Guzmán a Kicillof fue en realidad una intimación a todo el kirchnerismo a quienes acusó de “torpedear” las negociaciones con el FMI. Los posteriores elogios de Kicillof al ministro albertista confirman el arrugue del gobernador.

El default y la crisis de la provincia de Buenos Aires

La intervención del FMI en el canje de los bonos de la provincia de Buenos Aires responde a las necesidades usureras del capital financiero pero también a la incertidumbre electoral, incluida la posibilidad de una eventual derrota o retroceso del Frente de Todos en el territorio bonaerense. Las elecciones estarán marcadas por el aumento brutal de la pobreza, especialmente entre los menores, y la desocupación masiva en el conurbano.

Solo como muestra, en la ciudad de Ensenada, donde gobierna el “ultrakirchnerista” Mario Secco cada entrega de bolsones de comida en las escuelas da lugar a varias cuadras de cola en plena pandemia. Según informes oficiales, 11 mil familias, es decir unas 44 mil personas, dependen del bolsón mensual para comer sobre una población total aproximada de 72 mil personas en el distrito.

Las tandas de vacunas entrantes expusieron crudamente el ajuste en salud y la morosidad de la vacunación. Suman ya unas dos millones de vacunas que están sin aplicar en la provincia de Buenos Aires cuando crecen los contagios, el frío castiga a millones de bonaerenses, y en todo el mundo la cepa Delta, más contagiosa y letal, se va convirtiendo en la forma dominante del virus. La provincia está nuevamente en un promedio de más de 8.000 contagios diarios y en el país la media no baja de las 500 víctimas fatales. El explosivo combo, pobreza, hambre y contagios es el resultado del ajuste de Kicillof, los intendentes peronistas y de Juntos por el Cambio.

Este escenario conflictivo tiñe el escenario electoral. La proliferación de candidateables en el peronismo y la irresolución de la interna en la oposición derechista (que deja girones de los “libertarios” en el camino), coincide con esta enorme crisis social, sanitaria y financiera que socava las pretensiones polarizadoras. Después del “congreso de unidad” del PJ bonaerense, llueven los candidatos a encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia. Mientras Daniel Scioli imposta una oposición de cartón -que nunca ejerció como embajador- contra Bolsonaro, y Sergio Berni recorre el interior reuniéndose con las sociedades rurales para combatir el abigeato, Cristina y Kicillof se muestran con Martín Insaurralde, un acomodaticio que fue y vino del kirchnerismo elección tras elección. Una eventual candidatura de Insaurralde alineado para la ocasión con Máximo Kirchner ya despertó el recelo de intendentes peronistas de la primera sección electoral que presionan por una presencia directa en la “mesa” de confección de las listas electorales.

Listas unitarias del Frente de Izquierda Unidad

El Partido Obrero hará de la campaña electoral una tribuna de movilización política por el no pago de la deuda fraudulenta. Kicillof prepara el acta de rendición otorgando mayores garantías de ajuste a los bonistas como lo demuestra el desaire a las burocracias de la CTAs adictas a las que dejó pedaleando con una “reapertura de las paritarias” que siguen en el aire. Esta campaña necesita de la potencia de las listas únicas y unitarias del Frente de Izquierda Unidad para las Paso, y de un Congreso de la militancia del FIT-U para organizar la lucha por el no pago de la deuda, la conquista del voto y una alternativa obrera y socialista.

Por un programa económico y de reorganización social de la provincia bajo el control de los trabajadores. Reapertura de las paritarias, salario igual a la canasta familiar, salario de emergencia o seguro al desocupado, ningún despido, plan de vacunación integral, e impuesto extraordinario al gran capital para financiar un plan de vivienda, urbanización y de lucha contra el hambre. No pago de la deuda externa.

https://prensaobrera.com/politicas/lanzamos-la-campana-del-partido-obrero-en-la-provincia-de-buenos-aires/

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02/07/2021

Rappi en Colombia: que los trabajadores compitan por una vacuna

El director de Asuntos Públicos de Rappi Colombia, Juan Sebastián Rozo, explicó en una entrevista radial que priorizan vacunar “a los que más órdenes entreguen”. Es decir que proponen, sin disimulo, una competencia entre los 40.000 repartidores: quienes acumulen más kilómetros recorridos y pedidos entregados, podrían calificar para recibir una de las 2.000 dosis asignadas mediante el programa vacunatorio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), una concertación patronal con el gobierno de Iván Duque para que este les regale vacunas y estímulos financieros.

El argumento de Rappi es “beneficiar”, mediante su sistema “meritocrático”, a los más expuestos. Un criterio que no tiene goyete ya que, para ganarse la inmunización, los trabajadores tienen que, primero, exponerse más que antes al virus. Para peor, en un contexto pandémico de 20.000 casos diarios promedio, con la amenaza latente de la circulación de cepas más contagiosas y atravesando una disminución en los pedidos paralelamente a la caída del consumo interno nacional.

A pesar de la grave crisis sanitaria y económica, las plataformas como Rappi o PedidosYa sostienen su lógica perversa de “meritocracia”, es decir, de autoexplotación serial. El sistema de rankings determina la cantidad de pedidos que se otorgan a ese repartidor, la variabilidad del pago tarifario por kilómetro recorrido y la posibilidad de acceder a más turnos de trabajo. Mediante estos rankings, los trabajadores reciben bonos miserables a fin de mes, mientras que las empresas finalizan su año con millones de dólares en ganancias. Ni siquiera son capaces de destinar una parte al cuidado de sus trabajadores.

Pero la organización trabajadora es un síntoma de la rebelión colombiana. Los dichos de Rozo no tardaron en despertar malestar. Desde el Movimiento Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales (MNRPD) y la Unión de Trabajadores de Plataformas (UNIDAPP) se presentó una denuncia pública marcando su carácter anti obrero y exigiendo la inmediata vacunación de todos los trabajadores. Desde la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) en Argentina hemos firmado y acompañamos en la difusión de dicha denuncia.

Los repartidores seguimos desarrollando una tarea esencial en distintos países, pero sin recibir inmunización ni los cuidados necesarios. Rechazamos la medida abusiva y extorsiva de Rappi sobre las vacunas. Exigimos a todos los países donde se desarrollen las tareas de reparto bajo aplicación, la vacunación masiva e inmediata de todos los repartidores.

https://prensaobrera.com/internacionales/colombia-la-situacion-tras-la-entregada-del-comite-nacional-del-paro/

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01/07/2021

Colombia: nueva jornada de movilizaciones y represión en Bogotá

Denuncian graves violaciones a los derechos humanos.

desde Bogotá

Compartimos una colaboración que nos ha llegado desde Bogotá, donde continúan las movilizaciones, en el marco de la rebelión popular que desató el proyecto de reforma tributaria de la administración de Iván Duque, finalmente retirado. La lucha planteada ahora es lograr la caída del gobierno, evitando caer en las maniobras del diálogo que impulsa el régimen, a la par que continúa la represión.

Cumplida una semana de la muerte del joven de 23 años Cristian David Castillo, impactado por un artefacto lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la noche del 23 de junio en la localidad de Suba Bogotá, el presidente Iván Duque, en compañía de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, el gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos y la ministra de Transporte Ángela María Orozco, realizaron un evento para presentar un proyecto de infraestructura en este sector de la ciudad. En el evento desarrollado en el parque Fontanar del Río, los dirigentes no hicieron mención del caso de abuso de fuerza por parte de agentes del Esmad. Sin embargo, los enfrentamientos en los alrededores del lugar se extendieron por más de 12 horas continuas. Existe en el silencio institucional frente a este caso una cuestionable actitud de encubrimiento que busca que pase el tiempo y el ruido mediático del caso baje.

En los disturbios luego de la visita al parque Fontanar del Río en Suba, la ministra de Transporte fue atacada en su caravana de vehículos de seguridad con piedras. Las protestas violentas llegaron a barrios como Bilbao, caminos de la Esperanza y los sectores residenciales próximos al CAI (Centro de Atención Inmediata de la Policía). En los dos meses de paro nacional que se cumplieron el 28 de junio, la mayor parte de las marchas, bloqueos o plantones se ha desarrollado de manera pacífica y miles de ciudadanos han podido manifestar su inconformidad con las políticas neoliberales de Duque y por diversos casos de violencia de Estado sobre los manifestantes. Uno de los lugares emblemáticos de resistencia es la intersección de la Avenida Suba con Avenida Ciudad de Cali, a la altura del Portal de Transmilenio, siendo este sitio punto de referencia de las protestas en este sector. En este punto de protestas, la noche del 23 de junio Castillo fue herido de muerte y en el punto exacto donde su cuerpo herido cayó, se han venido rindiendo diversos homenajes a su memoria; en los siguientes días y por cinco noches consecutivas se presentaron enfrentamientos con la Policía entre el 21 y 25 de Junio, con un balance de más de diez heridos entre policías y manifestantes.

La visita de Duque a Suba en compañía del gobernador de Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá, tenía como objeto anunciar la segunda línea del metro de Bogotá. Sin embargo, el diseño del metro afecta el ecosistema del humedal Tibabuyes (patrimonio ambiental de los bogotanos): recordemos que en este humedal, jóvenes han desarrollado un campamento de protesta para evitar que se construya con estructuras de piedra y ladrillo sobre el ecosistema. El campamento en defensa del Humedal Tibabuyes empezó en el mes de noviembre de 2020, es decir, que la comunidad ambientalista lleva 7 meses impidiendo la obra civil en el lugar. Sumando a lo anterior, la vista de Duque no puede llegar en un momento más sensible para los habitantes de Suba, ya que la muerte del joven Cristian David Castillo, ha estado rodeada de diversos cuestionamientos por lo sucedido con las pruebas y la escena del crimen. También los ciudadanos denuncian la ausencia de comunicados oficiales al respecto por las autoridades.

Suba es la localidad (comuna o distrito) con mayor densidad demográfica de la ciudad; cercana al millón y medio de habitantes, en un espacio geográfico lleno de contrastes, ya que en este sector habitan los estratos sociales más altos y sectores históricamente marginados y abrumados por la pobreza. El objetivo de Duque y Claudia López era presentar el proyecto de segunda línea del metro de Bogotá, cuando aún no han empezado las construcciones de la primera línea anunciadas desde el anterior alcalde. Se han planteado muchos cuestionamientos por corrupción en el diseño del metro de Bogotá por más de 50 años. La adjudicación de la obra de infraestructura más grande de la historia de Colombia a empresas chinas ha generado en la ciudadanía escepticismo por el cumplimiento de las obras prometidas en los tiempos fijados.

En la nueva jornada de protestas se han presentado varias denuncias de violación de derechos humanos por parte del Esmad de la policía: la primera es una agresión de 5 uniformados de la policía del Esmad sobre un menor de edad de 15 años que observaba lo que ocurría en la calle, y fue golpeado a patadas frente a toda la comunidad. El segundo caso grave es registrado por videos ciudadanos en las redes sociales, cuando luego de una brutal golpiza propinada por agentes del Esmad, un joven cae inconsciente y convulsiona producto de los golpes, siendo necesario su traslado a un centro médico donde se encuentra recluido en estado crítico. El tercer caso tiene que ver con el abuso de la autoridad sobre la prensa, ya que fue atacada una periodista de RCN, uno de los medios de comunicación más cercanos y afines al gobierno de Duque, lo que prende las alarmas de todos los reporteros y prensa que cubren las manifestaciones, puesto que siquiera los medios afines al gobierno se encuentran a salvo de agresiones de la policía.

Según las denuncias, elementos como esta esfera son disparados en los ojos o cara de los manifestantes. Fotografía: Camilo Maldonado

Entre tanto, los políticos salieron entre piedras e insultos de Suba; Duque en un helicóptero, mientras que su ministra de Transporte fue atacada con piedras en su vehículo de seguridad, saliendo ilesos todos los funcionarios. Al cierre de esta nota, siendo el 1 de julio de 2021, no se tiene un comunicado de prensa oficial de la Alcaldía local de Suba sobre los hechos ocurridos la noche de la muerte violenta de Cristian David Castillo. Tampoco esta autoridad local ha emitido un informe oficial de heridos en los disturbios de la semana pasada, y en los ocurridos por la visita de Duque el día 29 de junio.

Antecedentes

El estallido social colombiano inició en el año 2019 con las primeras manifestaciones en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, que llevaron a miles de jóvenes a las calles del país en un clamor de cambio estructural de la política y justicia social. En noviembre de ese año la sociedad colombiana experimenta un primer momento de organización ciudadana en uso de su derecho a protestar. Las manifestaciones toman las principales calles del país y en los medios de comunicación se empiezan a ver imágenes de enfrentamientos, llamas, y desconcierto realizado. Suba es uno de los sectores de la ciudad donde el estallido social colombiano empieza con gran fuerza; de hecho, las primeras imágenes de incendios y destrucción del paro, se originan en la Avenida Suba y Avenida Ciudad de Cali en 2019, mismo lugar donde es herido de muerte el joven Cristian David.

En ese mismo noviembre, el país se estremece al ver las imágenes que circulan en redes sociales del asesinato de Dilan Cruz, joven de 18 años impactado en su cabeza por un artefacto disparado por un miembro del Esmad. Dilan es trasladado gravemente herido a un centro médico y un par de días después fallece; el caso fue asumido por jueces penales militares, pero recientemente se ha controvertido a esta instancia de juzgamiento e investigación porque la muerte del joven no se puede calificar como un acto del servicio de un agente de policía, motivo por el cual la jurisdicción militar no es la idónea para castigar al victimario, ya que históricamente ha reinado la impunidad en casos semejantes.

Avenida Suba y Avenida Ciudad de Cali, Bogotá. En este lugar cayó herido de muerte el joven Cristian David Castillo, la noche del 23 de junio. Fotografía: Camilo Maldonado.

La muerte del joven Dilan Cruz es el inicio de una compleja serie de hechos trágicos que han cobrado la vida de más de 80 colombianos, centenares de heridos, víctimas de desaparición forzada y la aparición en los últimos meses de cadáveres mutilados en ríos o lugares públicos. Los dispositivos celulares y las redes sociales han permitido hacer evidente los abusos de autoridad y violencia ejercida por parte de servidores públicos contra la sociedad civil.

Suba es también en septiembre de 2020 epicentro de graves hechos de confrontación luego de la violenta muerte del abogado Javier Ordoñez a manos de la policía. La primera imagen que ven los colombianos de una estación de policía quemándose por parte del pueblo indignado, fue en el CAI Suba La Gaitana. La foto de las llamas consumiendo la estación le dio la vuelta al mundo y alimentó la rebeldía social, dejando un balance de más de 40 estaciones de policía quemadas o agredidas con piedras en la ciudad. El dolor que causó ver cómo agentes de la policía violentaron al abogado Ordoñez, derivó en una represión que dejó como saldo trágico más de diez muertos. Una de las víctimas mortales de estas jornadas fue la joven Julieth Ramírez de 18 años, que recibió un disparo de bala perdida al parecer por parte de la policía, mientras paseaba por el lugar en compañía de una amiga, rumbo a su casa. En el CAI de Suba Gaitana, luego de los enfrentamientos, los jóvenes del sector instalan la primera biblioteca popular en los escombros de la antigua estación, dando un ejemplo de resignificación simbólica que se ha replicado en otros lugares de la ciudad y del país. La transformación de una estación de policía en un lugar para la cultura, las artes y la convivencia pacífica, ha sido una de las protestas simbólicas del pueblo, que incluye además, la presión que se viene haciendo para el desmonte completo del Esmad.

La represión al Paro colombiano ha dejado un balance escabroso de violaciones de derechos humanos que obligó a entidades multilaterales de derechos humanos a nivel internacional, desarrollar acompañamiento y visitas de verificación para conocer de primera mano los casos de violencia sobre la ciudadanía. Hubo casos como el de Lukas Villa, un joven que recibió en la ciudad de Pereira ocho impactos de bala que le segaron la vida, mientras participaba de una marcha y a la vista de todos los manifestantes. Las denuncias contra miembros de la policía también tienen que ver con el uso de armas por parte de civiles acompañados por policías, lo que se ha caracterizado como paramilitarismo. También hay denuncias sobre la creación de un centro de reclusión de particulares en donde son trasladados los capturados en las marchas para ser torturados, sin acceso a vistas o abogados, constituyendo una retención ilegal. Sin embargo, lo más grave viene sucediendo desde hace unas 4 semanas, cuando han aparecido cuerpos humanos desmembrados o cadáveres en ríos, al parecer de jóvenes que han participado en las marchas, que en algunos casos fueron capturados por la policía y luego se volvió a saber de ellos. Se hace urgente la atención internacional sobre los casos de violación de los derechos humanos en Colombia bajo el mandato del presidente Iván Duque.

https://prensaobrera.com/internacionales/colombia-la-situacion-tras-la-entregada-del-comite-nacional-del-paro/

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30/06/2021 | 1625

Salarios, inflación y paritarias: la lucha empieza de nuevo

Las mentiras del gobierno, el pataleo patronal y el rol de la burocracia sindical.

Se suceden los titulares diciendo “nuevas paritarias al 40/45%” y Alberto Fernández en la Bancaria, al cerrar el adelanto de la cláusula de revisión de ese gremio dijo otra vez “los salarios le ganarán a la inflación”. Una cantinela que repiten los funcionarios como loros a ver si los trabajadores se la creen. Se hizo bandera también el aumento del 40% al personal legislativo acordado por Cristina y Massa con el gremio como “la ruptura de la pauta Guzmán”, que el ministro exhibió ante los empresarios y aún frente al FMI como la “responsabilidad mostrada por los sindicatos", cuando los empresarios no retribuyen con la misma conducta en los precios.

Las patronales, a su vez, han puesto el grito en el cielo frente a las actualizaciones y las nuevas paritarias. Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio dijo “en abril nos fijaron una pauta del 29%, firmamos en el 32%... no tenemos previsibilidad” (El Cronista, 29/6). Por el lado de la burocracia sindical son más cautos -y vivos- de cara a la enorme bronca por la inflación, pero son los que le firman los convenios a las patronales y al Estado en los cuales las cuotas no paran de deteriorar el salario real. Dicho de otro modo, no paran de reducir el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y planes sociales.

¿Cuánto hay de cierto en las afirmaciones oficiales, en las quejas patronales y en los aumentos que firma la burocracia sindical?

Ante todo señalemos que los salarios vienen perdiendo frente a la inflación hace cuatro años. En 2020 perdieron 5% promedio frente a la inflación del 36,1%. Entre marzo 2020 y marzo 2021, los salarios privados perdieron 7,8% y los estatales 7,6%. Pero los precios de los alimentos en ese período aumentaron 48%, con lo cual la pérdida en los salarios bajos es mucho mayor porque se destinan prioritariamente a alimentarse. Tengamos en cuenta que lo único medido son los salarios formales, los informales (40% de los trabajadores) están mucho peor que esto.

Ahora bien, con la inflación del 25% aproximado en el primer semestre del año, la proyección de 2021 se acerca al 50%. Algo que ya se vio en el punta-punta de mayo con respecto a un año atrás donde fue 48,8%. Tenemos que examinar si responden a esta realidad las escalas firmadas por la burocracia sindical.

Bancarios, la gran paritaria testigo del poderoso gremio con la patronal con más ganancias firmó por el 41% en cuotas hasta fin de año, porque otros dos puntos fueron en compensación por la pérdida del año pasado. En consecuencia, el sindicato del ultrakirchnerista Sergio Palazzo, de la Corriente Federal, ha vuelto a moverse en una pauta de depresión salarial de acuerdo con las proyecciones para 2021. Por supuesto no hubo mandato alguno de las bases para eso. Sólo el caramelo del importe por única vez de 100.000 pesos en el día del bancario, que luce alto pero es un importe por única vez que aceita la firma a la baja.

En Camioneros, Moyano se jacta de haber firmado un aumento del 45%. Pero en primer lugar no es acumulativo, sus cuotas son sobre el salario básico final de la paritaria anterior. Por otro lado, con tres tramos de un 20% en julio, 12,5% en noviembre y 12,5% en febrero de 2021. No hagamos trampa, la última cuota se cobra en 2022 y tenemos que ver en qué condiciones afronta el gremio la fuerte inflación mensual que no espera cuotas sino que va golpeando el salario mes a mes. La Alimentación y Comercio rondan el 40%. Como hemos denunciado en estas páginas, las compañeras trabajadoras de casas particulares (que no tienen paritarias sino una Comisión Nacional manejada por el Estado) tuvieron un 42% en cuotas, pero la última de ellas el año que viene. Tuvieron aumentos previos en febrero y abril, pero sus salarios no alcanzan en ningún tramo a la línea de indigencia porque la primera cuota del 13% en junio alcanza a 25.525 pesos.

Solo pusimos algunos ejemplos de la paritarias privadas; en el Estado, en la docencia y la docencia universitaria oscilan en el 35% y afrontan la lucha más difícil porque tienen que quebrar al ajuste Guzmán, del cual se jacta el ministro ante los acreedores internacionales, las patronales argentinas y sobre todo ante el FMI. La clave de su ajuste fiscal son los salarios y jubilaciones. Estas últimas llevan perdidos 5 puntos en el primer semestre, que se suma al deterioro aún mayor, según las escalas, en 2020.

Resumiendo, la mitad de la clase obrera argentina gana menos de 52.000 pesos cuando la canasta básica que define la línea de pobreza supera en mayo, según el Indec, los 60.000 pesos. Ni hablar del salario mínimo y los planes sociales. Una consultora, Focus Market, estableció que un obrero de los peor pagos en la Argentina necesita para comprar un jean más de diez días de trabajo. En las provincias del norte esto es completamente generalizado.

Las luchas obreras que patearon este tablero

En todos los casos señalados, la burocracia sindical firmó sin mover un solo trabajador, sin una hora de paro ni movilización alguna o en algún caso con un amague. Esta política fue quebrada por la gran huelga neuquina autoconvocada de la salud contra la paritaria de ATE provincial (14%) arrancando un 53%. También por la huelga desde los delegados de base del gremio vitivínicola que arrancó un 57% en cuotas remunerativas y no remunerativas más un bono. En esta saga se anotan luchas del momento de la salud autoconvocada de La Matanza, de los municipales de Carmen de Patagones, o del Hospital Garrahan, entre otras muchas de salud.

Como hemos señalado en estas páginas, el Sutna arrancó en su revisión de marzo el único verdadero concepto de salarios por delante de la inflación mediante una cláusula de incremento de un 5% por encima de los índices inflacionarios. En principio un 54% que puede alterarse según el índice de junio. Este ejemplo marca un camino, explotar el momento de tensión productiva con la fuerza de la unidad movilizadora del gremio. Se trata de cuatro años de lenta pero segura recuperación de un salario que la conducción de Pedro Wasiejko, ex adjunto de la CTA Yasky, entregó sistemáticamente junto a condiciones laborales. Con este antecedente el Sutna prepara la nueva paritaria.

En las antípodas está la política de la Sanidad de Héctor Daer o en otro tipo de actividad regulada como en la UTA. Son gremios que cuando hacen alguna medida -para arrancar una conciliación, no más que eso-, lo hacen en función del aumento reclamado por las patronales, como ocurre en este momento con el paro de la Sanidad que respalda el aumento en las prepagas, algo de impacto no solo en la clase media sino también en las obras sociales. Lo mismo en UTA con las tarifas, por eso se produjeron los combativos piquetes autoconvocados por 100 mil pesos de bolsillo “sin aumento de tarifas”. Esto requiere reclamar apertura de los libros de las prepagas, de los transportistas, de la compañías energéticas, junto al reclamo de aumento salarial.

Por el lado del ATE de Hugo Godoy, ha pedido reapertura, lo mínimo que podía hacer cuando el propio gobierno ha decidido echar lastre, o sea peso excesivo, en un barco inflacionario superior al año pasado, desmintiendo las “metas” del Presupuesto. Pero se ha entrevistado con el Presidente en estos días y su planteo tras “respaldar al gobierno” fue “un ingreso ciudadano, o sea un salario de flotación en la pobreza para toda la clase obrera. Viejo planteo degennarista que derivó en la AUH (Asignación Universal por Hijo), es decir políticas de asistencia para hacer pasar la desocupación masiva, la precarización, el trabajo en negro y la caída brutal de los salarios. Una política impulsada desde hace décadas por el Banco Mundial.

 

Miremos noviembre y sus consecuencias poselectorales, elijamos paritarios con mandato de asamblea

Hemos recorrido algunos ejemplos de las grandes luchas salariales, todas sin excepción contra las distintas alas de la burocracia sindical, cuyo eje no es la recuperación del salario sino el apoyo al gobierno del ajuste fondomonetarista.

El punto de debate es de qué salarios hablamos. Si no establecemos una verdadera canasta familiar hoy en los 100.000 pesos reclamados por UTA, o los 95.000 arrancados por la huelga de 23 días de Aceiteros en diciembre y un Mínimo de 65.000, no hay posibilidad de un programa, digamos, estratégico en el movimiento obrero. La inflación no es un virus, es una política consciente de la clase capitalista y su Estado, sea administrado por el macrismo o por el kirchnerismo, para descargar una crisis sobre los trabajadores. Las patronales embolsan los precios, el Estado la recaudación, los trabajadores las penas de la pauperización.

La apuesta ortodoxa de Guzmán fue que la recesión, agravada por la pandemia, deprimiera los precios, algo que ocurrió en mínima medida en 2020 y ahora ni siquiera eso. Hoy además tenemos una inflación reprimida porque ante las elecciones, el gobierno está retrasando el dólar oficial para contener los precios, postergó aumentos de tarifas que llegarán inexorablemente porque los subsidios estatales a las privatizadas han crecido geométricamente. Esto tiene un carácter explosivo en noviembre, tras las elecciones, donde vendrá también la recta final de la entrega al FMI y su ofensiva contra las masas. Al igual que la caída final de los invisibles “precios máximos” o “cercanos” o como se llamen.

La completa desorganización económica, con fuerte recesión general y otras ramas con actividad pero en la cornisa de la pandemia, requiere una acción de conjunto del movimiento obrero para derrotar una política de conjunto. La tendencia en América Latina. Algo que no vendrá de la burocracia sindical autora del famoso pacto UIA-CGT de la pandemia. Esa reacción tendrá que madurar en las luchas del sindicalismo combativo, de las autoconvocatorias, siguiendo el camino de la más dinámica de las luchas, la del movimiento piquetero que movilizó 120 mil personas el 18 de junio.

La política de que el salario le gane a la inflación es una mentira oficial y solo podrá venir de la lucha de los trabajadores. Los paritarios electos con mandato de asambleas estarán en el orden del día, las luchas fabriles, el accionar de los sindicatos combativos de base de la docencia (Sutebas, AGD, Ademys, etc.) la batalla frente al Consejo del Salario Mínimo que adelantaría su deliberación a julio o agosto, el accionar referencial del Plenario del Sindicalismo Combativo junto a todo tipo de luchas. Y la campaña política del Partido Obrero en el FIT-U colaborará con este programa haciéndolo parte de la salida política de los trabajadores.

https://prensaobrera.com/politicas/pago-al-club-de-paris-ajuste-para-el-pueblo/

https://prensaobrera.com/sindicales/la-cgt-en-offside-piden-al-gobierno-reabrir-paritarias/

https://prensaobrera.com/sindicales/los-autoconvocados-de-neuquen-se-pronuncian-por-un-congreso-del-fit-u/

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El aún elevado 2,6% de suba para abril no es representativo de los consumos de la población ni de los aumentos en transporte y tarifazos oficiales.
30/06/2021 | 1625

La victoria de la abstención en las elecciones francesas

Golpe al régimen político.

Afiche de Reagrupamiento Nacional, tachado con mensajes contra el fascismo.

La segunda vuelta de las elecciones regionales y departamentales francesas volvió a mostrar este domingo un altísimo nivel de abstención. Un 66% de los inscriptos no concurrió a las urnas, cifra que trepa al 80% entre los menores de 35 años. También estuvo por encima del promedio en los sectores obreros (75%, según L'Humanité del 29/6). Son los números más bajos de participación desde el nacimiento de la V República, en 1958. Indican un fuerte desprestigio del régimen político.

Si bien el componente de este malestar debe ser heterogéneo, es difícil sustraerlo del impacto de la pandemia, que ya dejó más de 100 mil muertos y expuso -como en el resto del mundo- el desastre que implica su gestión capitalista (despidos, desmanejo sanitario). En el caso de los sectores obreros influye seguramente el hecho de que los ataques a sus condiciones de vida han provenido tanto de gobiernos derechistas como socialistas (basta recordar la reforma laboral de François Hollande, en 2016), desalentándolos de asistir a las urnas. A sus ojos, no ven ninguna alternativa política que los represente.

En cuanto al desempeño de las fuerzas políticas, el partido del presidente Emmanuel Macron es el más golpeado. La República en Marcha (LREM) promedió el 10% de los votos en los lugares que se presentó y ni siquiera talló en la disputa de ninguna región.

Reagrupamiento Nacional (RN), la fuerza de extrema derecha que comanda Marine Le Pen, retrocedió en votos respecto de las regionales de 2015 (alcanzó aproximadamente un 20% en la primera vuelta, contra un 28% de los comicios previos). Si bien ganó en primera vuelta en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, fue derrotada en el balotaje por la centroderecha, Los Republicanos, que se vio favorecida por el retiro de la lista de la centroizquierda (PS, PC, Verdes). En la legislación electoral francesa, para pasar a la segunda vuelta hay que sacar más del 10% de los votos en la primera. Este frente centroizquierdista lo había conseguido, pero aun así retiró su lista. Lo concreto es que RN no logró su objetivo de sumar su primer triunfo, un lugar desde donde empezar a mostrar capacidad de gestión de gobierno, de cara a las presidenciales del año próximo.

Los ecologistas (EELV), que habían tenido un buen desempeño en la euroelección de 2019, también se quedaron sin nada. En Isla de Francia, su candidato Julien Bayou quedó debajo de la candidata de la centroderecha tradicional, pese a que el PS y el frente entre La Francia Insumisa-Partido Comunista levantaron sus listas para apoyarlo en el balotaje.

En el reparto de regiones, la centroderecha de Los Republicanos, más fuerzas afines, se quedaron con las siete que tenían (Altos de Francia, Auvernia-Ródano-Alpes, Normandía, Países del Loria, Provenza-Alpes-Costa-Azul, Gran Este, Isla de Francia), en tanto que la centroizquierda (el Partido Socialista, con el apoyo del Partido Comunista y otras fuerzas en algunos distritos) retuvo las cinco suyas (Borgoña, Bretaña, Nueva Aquitania, Occitania, Centro-Valle de Loira). En Córcega, los nacionalistas mantienen su predominio.

Los resultados llaman la atención porque las dos fuerzas que disputaron el último balotaje presidencial, y que según las encuestas podrían protagonizar también el próximo, LREM y RN tuvieron un magro desempeño; y al revés, los partidos tradicionales que se hundieron en 2017, socialistas y republicanos, aparecen como los ganadores esta vez. Sin embargo, éstos han conservado sus posiciones en el marco de una abstención histórica, lo que muestra que no hay en ellos una pujanza. Al mismo tiempo, están carcomidos por divisiones internas.

En el caso de Macron y Le Pen, según las encuestas, siguen perfilados para las presidenciales, dado que serían elecciones con una dinámica diferente a la de las regionales. De todos modos, es indudable que han sufrido un traspié en esa carrera.

La izquierda

Uno de los puntos más importantes de la jornada, como ya señalamos, fue la elección de Provenza-Alpes-Costa Azul. Allí, el candidato de la centroizquierda, Jean-Laurent Félizia, que había quedado tercero en primera ronda con casi el 17% de los votos (encabezando una coalición del PS, el PC y los ecologistas, entre otros), se retiró para favorecer al finalmente reelecto Renaud Muselier, de Los Republicanos, que en primera vuelta había quedado por debajo de RN. Este pacto con la derecha se buscó justificar en nombre de evitar el triunfo del lepenismo, pero lo que no se dice es que esa centroderecha “democrática” va asumiendo ella misma las banderas de la extrema derecha. La lucha contra el fascismo debe motivar la acción común de la clase trabajadora en las calles, no puede ser un pretexto para integrarse al régimen político.

La Francia Insumisa (LFI), la formación de Jean-Luc Mélenchon, apeló a las más diversas combinaciones políticas, en una muestra de gran oportunismo político. Se presentó en solitario en algunos distritos (Bretaña); con el PC en otros (Auvernia-Ródano-Alpes); con los ecologistas (Centro-Valle del Loira); con el PS, el PC y los ecologistas (Altos de Francia) o con otras fuerzas (Borgoña). Como vemos, LFI acordó con el PS, una fuerza tradicional del régimen, que dirigió varios gobiernos.

El Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), en medio de una crisis que hemos abordado en artículos específicos, solo se presentó en dos regiones, junto a LFI. En Occitania, el frente LFI-NPA obtuvo el 5%; en Nueva Aquitania, 5,7%. El frente con LFI (un partido pequeño burgués nacionalista, es decir, en Francia, de convivencia con el imperialismo) es una expresión de la derechización de la dirección mandelista.

Lucha Obrera, que se presentó en solitario en algunas regiones, tuvo un módico progreso (pasó del 1,45% en 2015 al 2,4% ahora) y, según su análisis, en algunos distritos recibió el respaldo de un sector de votantes comunistas, desconformes con los acuerdos de la cúpula partidaria del PCF con fuerzas de la centroizquierda.

El malestar de grandes franjas de jóvenes y trabajadores con un régimen que no tiene nada para ofrecer, y que se ha verificado en la abstención masiva de estas elecciones, plantea la necesidad imperiosa de producir un reagrupamiento revolucionario que enfrente al régimen capitalista en todos los terrenos con la perspectiva estratégica de la lucha por un gobierno obrero.

https://prensaobrera.com/internacionales/la-variante-delta-se-expande-por-europa/

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30/06/2021 | 1625

Noticiero internacional

Paraguay - Estados Unidos - Canadá - Senegal.

Protestas de docentes en Paraguay

La docencia paraguaya se movilizó este martes 29 en varios puntos del país contra el recorte del presupuesto educativo. Para 2022, el gobierno quiere imponer una rebaja de más el 1% respecto a la partida de 2021, la que a su vez había tenido una caída del 8% en comparación con 2020 (ABC Color, 29/6). Entre los ítems atacados están las meriendas escolares y los kits de útiles. En Asunción, maestros de diez sindicatos diferentes se concentraron frente al Panteón de los Héroes y marcharon al Ministerio de Hacienda.

El gobierno de Mario Abdo Benítez está en el ojo de la tormenta por el desmanejo de la pandemia, que ha transformado a Paraguay en uno de los países con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes en el mundo. La bronca popular frente a esta situación y la corrupción en la compra de insumos se tradujo en una rebelión en marzo.

Aguerridas huelgas mineras en Canadá y Estados Unidos

Los más de 1.000 obreros carboníferos de Warrior Met Coal, en Alabama, se acercan al segundo mes de huelga por una recomposición salarial. En 2016, la empresa quebró y pasó a manos de varios fondos de cobertura, que se reparten el paquete accionario de la firma. En aquel momento impusieron una rebaja salarial de 6 dólares la hora. Ahora, pese a obtener grandes ganancias, solo ofrecen recomponer 1,50 dólares de lo perdido. Los obreros rechazaron masivamente la propuesta, que estaba respaldada por la conducción burocrática de la UMWA (United Mine Workers).

El 22 de junio hubo acciones de protesta en el centro de Nueva York, frente a las sedes de los fondos propietarios, entre ellos BlackRock. “Nos hacen trabajar los siete días de la semana, hasta 16 horas (…) ahora nos vemos obligados a trabajar todos los días festivos, excepto el Día de Acción de Gracias, Nochebuena y Navidad”, denunciaron (Labor Notes, 28/6). El 4 de julio se retomarían las negociaciones, que están paradas.

Mientras tanto, los 2.400 obreros de la firma brasileña Vale, en Ontario-Canadá, están por cumplir un mes de huelga con piquetes contra una oferta salarial a la baja de la empresa (4% en cinco años, más dos bonos). Asimismo, la patronal pretendería recortar ciertos beneficios laborales para los nuevos empleados. Extrabajadores de la compañía denuncian públicamente la inacción cómplice del gobierno canadiense (Sudbury Star, 25/6).

Movilizaciones en Senegal contra ley “antiterrorista”

La aprobación por parte del Parlamento de una ley que restringe las libertades democráticas desató movilizaciones en el país africano. El 25, en coincidencia con la sesión legislativa, hubo protestas que tuvieron como eje a la Universidad de Dakar. Los movilizados denuncian que la ley, que establece una definición vaga de los “actos terroristas” y endurece el Código Penal, es una respuesta frente a las movilizaciones de marzo contra la detención de un referente opositor y busca evitar futuras acciones contra una posible postulación a la re-reelección del presidente Macky Sall.

Durante las jornadas de marzo, los manifestantes se dirigieron también contra emblemas del imperialismo francés en el país, como Total y Carrefour.

https://prensaobrera.com/internacionales/noticiero-internacional-36/

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30/06/2021

Grave persecución eclesiástica y gubernamental contra un docente chileno

Rechazamos la denuncia contra Aníbal Navarrete.

Anibal Navarrete chile

Aníbal Navarrete es un docente de historia del Liceo República del Ecuador de Tomé y activista. El día 18 de junio del año corriente en el marco de una clase de comparación de diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen militar y el proceso de recuperación de la democracia del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista; Aníbal expone la situación de un docente detenido por romper los torniquetes de un subte durante el alzamiento social de octubre de 2019 y manifiesta que no se trata de una acción delictiva ya que la misma responde a un contexto determinado por una rebelión. En ese momento, se produce un intercambio con un estudiante que acusa a los manifestantes de agresores públicos y el docente replica teniendo en cuenta un análisis contextual. El problema se produce cuando este debate es grabado, subido a las redes sociales, se viraliza y es difundido por una vocera de la agrupación cristiana “Con Mis Hijos No Te Metas” hasta llegar hasta la Superintendencia de Educación chilena que vía comunicado confirmó el ingreso de una denuncia de oficio contra el docente.

El Estado delincuente

El gobierno de Sebastián Piñera lleva a cabo en Chile políticas de ajuste que han desembocado en trabajadores de la salud sobreexplotados y un sistema de salud colapsado, que se manifiesta en picos de hasta 9 mil contagios diarios. Se agrava la situación con una cacería de brujas: presos políticos y asesinatos durante la rebelión en 2019. Es una violación sistemática de los derechos humanos. Se pretende sacar de escena toda expresión de lucha, como ocurrió recientemente con el caso de la detención al convencional electo por la Lista del Pueblo y ahora con la persecución política al docente aquí mencionado.

El grupo “Con Mis Hijos No te Metas”, que recibe financiamiento directo de sectores derechistas de Estados Unidos, se ha sumado a la cruzada del gobierno, vulnerando a un docente en su territorio de trabajo. De todos los conflictos que conlleva la virtualidad para docentes y estudiantes, la exposición del docente es uno de los menos advertidos y, junto con la intervención de la iglesia en las clases, es algo que debe ser repudiado en todo el continente.

El caso de Aníbal Navarrete no sólo lo entendemos como un perjuicio hacia la labor docente, sino como una política de intromisión de la Iglesia que se viene desarrollando hace años con complicidad de los estados en Chile, en Argentina y en muchas otras partes del mundo, como es en el caso de los programas de estudio y la educación sexual. Por eso repudiamos el entrometimiento de estas organizaciones en la educación y repudiamos el accionar de la Superintendencia de Educación que acoge la denuncia y legitima la persecución política.

¡Que se vaya Piñera! Por una Constituyente libre y soberana.

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-abstencionismo-electoral-y-constituyente-soberana-y-con-poder/

https://prensaobrera.com/internacionales/chile-la-libertad-de-las-y-los-presos-politicos-una-demanda-de-primer-orden/

 

 

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30/06/2021

Perú: la función de la necedad trumpista de Fujimori

Llevar la derechización de Castillo a fondo.

Agrupación Vilcapaza

Estados Unidos, la OEA y la élite capitalista peruana reconocen -a “regañadientes”- el triunfo electoral de Pedro Castillo. Pero Keiko Fujimori –cada día más aislada- sigue insistiendo en que hubo fraude e inventa nuevas “pruebas” para impedir la proclamación presidencial de Castillo y –dicen- convocar a nuevas elecciones.

Los audios filtrados de conversaciones telefónicas de Vladimiro Montesinos (el sangriento jefe de inteligencia del dictador Alberto Fujimori, padre de Keiko) donde habla de comprar fiscales de la Junta Nacional Electoral (1 millón de dólares para cada uno) evidencian el nivel de conspiración con que funciona el Estado capitalista para armar sus complots antidemocráticos y antipopulares. Ahora ha renunciado uno de esos fiscales (¿cuánto habrá cobrado?) para trabar la salida de una resolución unificada de dicho tribunal.

El audio sobre Montesinos y el fallo del Poder Judicial contra el poderoso grupo El Comercio debilita a la coalición derechista. La empresa editora del diario El Comercio controla el 80% de los medios de información peruanos. Un fallo ha demostrado la ilegalidad (e inconstitucionalidad) de las “compras” y “aprietes” que hizo hace unos años. Ante el acaparamiento de los medios impresos, ocho periodistas presentaron una “demanda de amparo”.

Las hordas fascistas de Fujimori atacan a simpatizantes de Castillo que hacen vigilia en las afueras del JNE

Esta situación adversa para el grupo de prensa más poderoso del país, que está volcado al apoyo “indirecto” de la derecha fujimorista, ha provocado que El Comercio en su editorial del día domingo 27 diga que “…aun permanecemos a la espera de que el JNE proclame a un ganador y hoy queda claro que lo que empezó con el empleo de recursos legales legítimos para cuestionar la idoneidad de algunas actas por parte de Fuerza Popular (a través de impugnaciones y pedidos de nulidad), ha empezado a transformarse en un intento de diferentes sectores políticos por dilatar el proceso lo más posible. Todo amparado en acusaciones de fraude que hasta ahora no han sido comprobadas…”.

¿Cuál es, entonces, la función de la obstinación de Keiko Fujimori para anular los resultados de la elección que le dieron el triunfo a Castillo?

Jorge Montoya, ex almirante y electo congresista, propuso anular las elecciones del ballotage. En la otra foto Keiko Fujimori, en la vigilia que convocó con miles de simpatizantes, donde planteó una auditoría internacional a la OEA

Por un lado, igual que Trump, verificar si efectivamente no se puede forzar una anulación y convocar a nuevas elecciones (y obligar –de paso- a cerrar los procesos penales con los que está amenazada.

Más importante, también igual que Trump, consolidarse como el centro de la “oposición” a un eventual nuevo gobierno, nucleando en torno suyo a toda la derecha, al poder militar, a los medios de prensa, a la central empresaria Confiep, etc. que se están viendo obligadas a permitir que Castillo asuma la presidencia el 28 de julio. Y la de ir aislando a Castillo, copando todas las palancas del Estado.

Pero lo que está resultando fundamental es que se ejerce presión para limitar cualquier veleidad del profesor centroizquierdista y disciplinarlo al régimen capitalista. Los diversos sectores de las clases dominantes pusieron en marcha distintos instrumentos. Por un lado el pronunciamiento de decenas de militares “retirados” planteando que se bloquee el ascenso de Castillo. Pero el más importante ha sido la fuga de capitales, la especulación con la moneda (el sol), el “riesgo país”, etc. El viernes último el dólar había subido un 3% (algo hace tiempo no visto en la tierra peruana) y en la Bolsa caían los valores de las acciones. Un economista dice que luego de los resultados que le dieron el triunfo a Castillo se “fugaron” del país cerca de 20 mil millones de dólares.

Apareció Castillo pidiéndole a Velarde que se quede a cargo del BCR

Sorpresivamente, apareció Castillo, en un mitin de apoyo, con un discurso a la defensiva (diciendo que no es comunista ni chavista), y pidiéndole al presidente del Banco Central de Reservas del Perú (BCR), Julio Velarde, que continúe con esa función bajo su gobierno. Velarde tiene aproximadamente 20 años en ese puesto (bajo todos los gobiernos “neoliberales”) y es el representante directo del sistema financiero internacional.

El BCR se encarga de definir la política monetaria del país, de la devaluación de la moneda y del endeudamiento con los organismos internacionales como el FMI. Es una institución que define “entre gallos y medianoche” la vida de los peruanos (incluso a diferencia del Congreso que aprueba muchas veces leyes después de debatir meses), y lleva adelante políticas favorables para los grupos de poder económico.

Es una señal “a los mercados”, es decir a las clases dominantes. Igual que el nombramiento de Pedro Franke, un economista ligado al FMI (y posible ministro de economía)., como portavoz directo de Castillo en cuestiones económicas.

Esto calmó “los mercados”: el dólar volvió a caer, la Bolsa subió sus cotizaciones, etc.

El diario La República (29/6) llega a esta conclusión elemental: “Despejando temores. Luego del anuncio de que Julio Velarde debería mantenerse en el Banco Central de Reserva, el tipo de cambio se desplomó a S/ 3,887. En tanto, la plaza bursátil local registró una pequeña alza y el riesgo país se mantiene estable. Los mercados recibieron de forma positiva la posible continuidad de Julio Velarde al mando del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como respuesta al pedido de Pedro Castillo”.

Hasta la última gota

Pero…. el presidente neoliberal del BCR no ha afirmado que se quedará, sino que lo iba “a pensar”. Va a ver cómo se conforma el gabinete económico para resolver. Rápidamente, Castillo ha quedado de rehén de la derecha liberal aristocrática. Las clases dominantes quieren usar la falta de proclamación de su triunfo para exprimir hacia la derecha al castillismo.

Incluso la desconfianza en el papel que pudiera jugar el secretario general, Vladimir Cerrón, del partido Perú Libre (PL), en cuya boleta fue Pedro Castillo ha sido encarada. Cerrón fue gobernador regional en dos oportunidades y por lo tanto tiene una clara trayectoria de no llevar adelante políticas radicales contra el capital. Al revés, fue condenado –en suspenso- acusado de corrupción en las obras públicas (por un contrato de la administración anterior), y tiene otras denuncias en curso. Pero… PL en su plataforma histórica afirma que es una organización “marxista”. Ante la desconfianza, ya la “justicia” ha anulado la excarcelación de Cerrón, por lo que debiera ir preso por 4 años (pero mientras tanto no puede ser nombrado en ningún cargo público). De los aspectos progresivos de la plataforma inicial no queda casi nada. PL, todo este tiempo se ha desarrollado como un partido aggiornado al régimen político.

La proclamación de Castillo se realizaría en los próximos días

Las señales de Castillo al establishment han sido claras: no va a cambiar nada substancialmente. Se mantendrá el statu quo. Estas señalas y los vladiaudios, generan las condiciones para la proclamación de Castillo en los próximos días.

Así las cosas, tendremos un presidente que prometió el cambio del “modelo económico”, pero que como han dicho sus asesores, “solo habrá reforma tributaria para que haya mayor recaudación y otros Reactiva Perú” (que beneficien a los empresarios “honestos”). ¿Y el impuesto a las grandes fortunas?, ¿La eliminación del sistema perverso de las AFP?, ¿La disolución del antiobrero Tribunal Constitucional?, ¿El 10% de aumento del PBI para la salud y la educación?, ¿La eliminación de las suspensiones perfectas?

Foto: Agrupación Vilcapaza

El Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad es un frente de contención de masas

En este nuevo escenario de debilitamiento de la coalición golpista, un sector del Frente Político Magisterial, Perú Libre, la burocracia de la central obrera (CGTP), el partido de Verónika Mendoza (que está copando el gabinete), el Frente Amplio, y otras organizaciones que apoyan a Castillo, han decidido constituir un “Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad”. Su línea es no caer en provocaciones. El planteo de “gobernabilidad” aparece como un intento de apaciguar cualquier movilización por los reclamos urgentes de las masas trabajadoras y campesinas. Pretenden que se transformen en “oficialistas” activas, postergando sus reclamos y medidas de lucha.

Con la excusa de “no hacerle el juego a la derecha”, el movimiento de lucha popular será llamado a apaciguarse (el paro nacional probablemente será suspendido y ningún plan de lucha será debatido). Así planteado, se trata de un frente de contención de la lucha de las masas, de un frente de colaboración de clases. Esto sería fatídico para el movimiento de lucha de los trabajadores. Sería llevado, nuevamente, a chocar con la misma piedra con la que chocó con los gobiernos “populistas” del APRA, Ollanta Humala o Susana Villarán, etc. ¿Cuál fue el resultado?

Están equivocados. Esta política de “defender la gobernabilidad” no derrotará a la derecha. Quieren dar de comer lechuga a un tigre y éste último se los va a terminar devorando. Ya hay deliberaciones al interior del movimiento magisterial limeño sobre si van a convertirse en furgón de cola del castillismo “caviar” o si van a mantener la independencia política de clase y movilizarse levantando sus propias demandas. Todo el movimiento obrero y popular debe luchar por defender la independencia de clase de sus organizaciones de masas (sindicatos, centrales, etc.). Luchar contra el golpismo derechista, sin apoyar la política que anuncia el castillismo, defendiendo la independencia de clase y reclamando los derechos de las masas. Convocar a la coordinación de los sectores obreros y populares que levanten esta perspectiva puede ser un puntal importante para el próximo período de agudización de la lucha de clases.

Foto: Luis Maguiña

Urge poner en pie una herramienta política independiente, un partido obrero revolucionario, que luche por las reivindicaciones obreras: aumento salarial de emergencia; derogación de la llamada “suspensión perfecta” que habilita a las patronales a despedir masivamente; negociación colectiva por rama; reincorporación de los despedidos; vivienda popular (financiadas por sobreganancias o impuestos progresivos al capital inmobiliarias); anulación de las AFP: sistema previsional único estatal bajo control de los trabajadores y financiado por las patronales; convocatoria general a paritarias libres; subsidios a los desocupados; triplicación del presupuesto de salud bajo gestión directa del personal sanitario; impuesto a las grandes fortunas; pago de más de 9,000 millones en impuestos de las grandes empresas; que la banca privada pase al poder público; no al pago de la ilegítima deuda externa, etc.

Los ojos de los trabajadores y explotados de América Latina están puestos en el Perú que ha derrotado a los Fujimori.

https://prensaobrera.com/internacionales/peru-la-derecha-amenaza-con-guerra-civil/

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30/06/2021

Aporte al debate sobre la situación en Nicaragua

Frente unido de lucha por la libertad de todos los presos políticos.

Olga Valle, dirigente del sandinismo revolucionario, opositora al gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo (esposos), en una nota enviada desde Nicaragua, hace un racconto de la situación represiva que se vive: “desde 2018 el pueblo de Nicaragua vive bajo la dictadura de Ortega y Murillo. Desde entonces, más de 328 personas han sido asesinadas, más de 100.000 personas exiliadas y al menos 1.614 personas han sufrido cárcel política. A la fecha, hay más de 120 personas que todavía permanecen detenidas arbitrariamente”.

Este cuadro represivo surge de la sangrienta represión a la sublevación popular que estalló en abril del 2018 contra un ajuste fondomonetarista que quisieron imponer los Ortega.

En las últimas semanas el régimen ha lanzado una nueva oleada de allanamientos y detenciones, particularmente contra políticos burgueses de oposición que se postulaban para ser candidatos en las elecciones presidenciales de noviembre. También han sido detenidos dirigentes sandinistas opositores (la comandante 2, María Dora Téllez y el comandante 1, Hugo Torres, entre otros) al “traidor” Ortega (ex dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN) que hizo la revolución en 1979, derrocando a la dictadura de Anastasio Somoza.

En otra nota (“Nicaragua: El fracaso de las cúpulas partidarias”) que nos ha enviado Mónica Baltodano, una de las principales jefas guerrilleras del FSLN en el asalto final de 1979, ésta nos traza un vívido cuadro político no solo de la situación nicaragüense, sino de las dificultades políticas para la lucha contra el orteguismo contrarrevolucionario.

Nos dice que las esperanzas de quitar a los Ortega a través de la elección “quedaron pulverizadas cuando las cúpulas partidarias de 'oposición' no se pusieron de acuerdo en inscribir una alianza electoral en los perentorios plazos que estableció el recién integrado Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo”.

¿Baltodano creía que esta “unidad” de los partidos burgueses opositores era posible? ¿Y que esto iba a significar una salida progresiva respecto al gobierno de Ortega? Los partidos burgueses estuvieron asociados al régimen orteguista y en el gran levantamiento del 2018 hicieron mutis por el foro. La fuerte lucha contra el ajuste quedó en manos de la juventud estudiantil y de las barriadas.

Esto lo confirma Baltodano cuando dice: “el fracaso de las cúpulas está directamente ligado a su vocación zancuda y prebendaria, así como a la falta de voluntad de terminar realmente con este régimen. Según su visión 'pragmática', en estas condiciones es preferible dar continuidad a este régimen, matricularse como segunda fuerza, conseguir algunas cuotas de poder en el parlamento y propiciar un “aterrizaje suave” que asegure la gobernabilidad necesaria para el gran capital y los empresarios. La economía es primero, la democracia puede esperar”.

Su economía, no la del pueblo. Se trata de una clase que unió su porvenir al régimen orteguista.

La compañera Baltodano señala el mecanismo de esta convergencia burguesía-gobierno: “bajo esa premisa funcionó el modelo corporativo del gobierno y las cámaras empresariales, antes de abril de 2018. Este modelo de “diálogo y consenso” quedó rubricado en la reforma constitucional del 2014”. Ahí –nos dice Baltodano “se le entrega a la gran empresa, representada por el COSEP (confederación empresaria), el derecho a participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos, conforme el modelo de diálogo, alianza y consenso impulsado por el Estado”.

¿Qué “democracia” defiende entonces esta burguesía que se reclama ahora “opositora”? La de los negociados contra el pueblo, armada en convivencia con el régimen opresor.

“Esta alianza permitió a los grandes empresarios funcionar como un colegislador, beneficiándose de innumerables iniciativas económicas, reformas tributarias, concesiones ventajosas, regulación en materia de contratación pública, competencia, inversión y comercio internacional”, dice el artículo de Baltodano.

Pero… “la rebelión de abril de 2018 cuestionó ese modelo, pero también el rol de todos los partidos políticos, a quienes las grandes mayorías consideran parte de la maquinaria del poder que les oprime. En las masivas movilizaciones que pusieron en cuestión la continuidad de Ortega las cúpulas y las banderas de esos partidos no hicieron acto de presencia” (Baltodano).

Frente al fuerte levantamiento popular el gobierno asesino buscó un “diálogo nacional” para encubrir su represión y lograr la desmovilización. Esto fue apoyado por la Iglesia y el imperialismo. En lugar de elecciones adelantadas para abril 2019 -como se pidió en la mesa de diálogo-, ahogada en sangre la rebelión, Ortega maniobró para convocar las elecciones cuando vencía su “mandato” (noviembre 2021).

Baltodano afirma que la incapacidad de unirse de la burguesía opositora (azuzada por el orteguismo) llevó a que “ninguno de estos partidos llegaría a obtener más del 3% de respaldo ciudadano, según todas las encuestas”. Y pronostica que “será el mismo aparato dictatorial el que determinará si un candidato puede o no correr en la contienda, usando el criterio de si participó o no en el 'intento de golpe' de abril 18” (como ellos califican a la heroica rebelión popular).

Baltodano hubiera querido que se formara un gran frente popular antidictatorial, pero nos expresa claramente que “la dirigencia de uno de estos partidos opositores, subordinada claramente a los intereses del gran capital, ha llegado a expresar que jamás se entenderán con feministas pro aborto, con organizaciones de la diversidad sexual, o antiguos sandinistas, porque todos siguen siendo de izquierda, mientras ellos son la extrema derecha. De esta manera estas fuerzas se apuntan a participar en un proceso que desde ya es claramente fraudulento, dejando a un lado las demandas y reivindicaciones que nacieron en abril de 2018. De paso, eligen desconocer a quienes estuvieron en los tranques y las barricadas, sufrieron injustamente prisión o están forzadamente exiliados”.

Pero esa es la función de los frentes populares con las burguesías: maniatar políticamente a las masas detrás de liderazgos burgueses para darle “estabilidad” al sistema y desmovilizar sus luchas.

¿Por qué entonces Ortega detiene a los probables candidatos de la oposición? Para garantizar “creativamente” su fraude electoral, impidiendo que se forme un frente opositor. Porque –alerta Baltodano- “tampoco podemos descartar que los sectores populares decidan aglutinarse alrededor de alguna candidatura surgida al margen de las actuales cúpulas partidarias, decidan romper el estado de sitio de facto que vivimos y movilizarse masivamente para quebrar el fraude electoral orteguista”.

Es lo que acaba de suceder en el Perú, con la candidatura de un desconocido Pedro Castillo que ganó la elección -en primera y segunda vuelta- en nombre de un partido ultraminoritario (que no contaba siquiera con un legislador en el parlamento).

La adhesión a último momento de Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Chamorro, dueña del principal diario nicaragüense e integrante de uno de los grandes holdings empresarios del país, a una fuerza de la “oposición” podía crear ese peligro al armado fraudulento y antidemocrático de las elecciones orteguistas.

Lamentablemente, Baltodano no logra superar este cuadro y espera que “las fuerzas políticas deberán generar un gran ambiente para conseguir que la gente participe, a pesar del fraude seguro”.

No es solo el “fraude seguro”; es, fundamentalmente, el carácter de clase explotadora y antidemocrático de la burguesía que fue oficialista, es ahora opositora y se sigue balanceando de un lado para el otro en la defensa de sus capitales.

Uno de los objetivos estratégicos del sandinismo de Ortega, renunciado a cualquier transformación socialista del país, era “crear una burguesía en córdobas (moneda nacional de Nicaragua)”. Lo que ha logrado es poner en pie una oligarquía burguesa contra el pueblo trabajador y explotado. De la cual él mismo forma, ahora, parte.

Baltodano termina su documento en términos revolucionarios de lucha: “mientras tanto, las únicas vías para resistir siguen siendo los movimientos y expresiones sociales: el movimiento campesino anti-canal, las asociaciones de víctimas y excarcelados, los movimientos estudiantiles, feministas, sindicales, la diversidad sexual, indígenas y afrodescendientes, además de otros colectivos auto convocados”. Hace suya la expresión que “las insurrecciones populares no caben en las urnas”.

Dice Baltodano: “hay que seguir resistiendo y luchando para acumular fuerzas ante nuevas oleadas de movilización que nos lleven a una nueva sublevación cívica. Las extremas restricciones en que vivimos deberían abonar la conciencia para provocar una nueva rebelión que saque a Ortega del poder y abra los espacios para una transición democrática. La pertinencia de este escenario está fundada tanto en la convicción de que las dictaduras no se inmolan ni entregan el poder, como en el legítimo derecho de un pueblo oprimido a la rebelión”.

Pero el planteamiento de una salida revolucionaria (“una nueva rebelión”) y la caída revolucionaria de Ortega, no debiera ser una instancia “para una transición democrática”, sino para una salida obrera y socialista: para un gobierno de trabajadores. Se deben sacar las enseñanzas de la gran revolución sandinista de 1979: no podemos repetir la historia y chocar otra vez con la misma piedra. El imperialismo, la OEA y la burguesía que ahora se reclama “democrática” son enemigos de la revolución. La claridad en este norte estratégico debe servir para una organización independiente de la izquierda y los trabajadores: para la construcción de un partido obrero revolucionario. Que en frente único con las corrientes en lucha, haga realidad el triunfo de la lucha revolucionaria.

Nicaragua fue uno de los primeros países (en el 2018) involucrados en el proceso de rebeliones populares que viene recorriendo América Latina (Chile, Colombia, etc.). Este alza continental deberá influir también sobre la masa explotada de la tierra de Sandino.

 

Abajo la represión

En abril del 2018, estalló una sublevación popular contra un ajuste fondomonetarista antipopular. Con la juventud estudiantil como vanguardia, ganó las calles, formó barricadas y “liberó” territorios, en una inmensa lucha popular, que tuvo su origen inmediato en una reforma jubilatoria reaccionaria dictada por el FMI y ejecutada por el gobierno de Daniel Ortega, ex líder del FSLN, hoy transformado en un dictador que se sostiene a viento y marea con la represión.

Esa sublevación popular, que ocupó las primeras planas de los diarios del mundo, fue reprimida a sangre y fuego por las “fuerzas de seguridad” y grupos paramilitares mercenarios. Olga Valle, destacada sandinista revolucionaria nos informa que “más de 328 personas han sido asesinadas, más de 100.000 personas exiliadas y al menos 1.614 personas han sufrido cárcel política”. Hoy se reclama la libertad de 140 presos políticos. El sostenimiento del traidor contrarrevolucionario Ortega en el poder se debe a la alianza que ha establecido con una oligarquía burguesa exportadora y bancaria, que fue beneficiada estos años con inmensos subsidios y desgravaciones impositivas. La cercanía de elecciones nacionales en noviembre de este año, ha vuelto a lanzar al gobierno orteguista a una campaña de detenciones de opositores y proscripciones políticas. No solo de dirigentes burgueses “opositores” (Chamorro, etc.), sino también de históricos luchadores del sandinismo revolucionario.

Ortega prepara elecciones proscriptivas y fraudulentas para noviembre próximo.

Es necesario que la izquierda latinoamericana se pronuncie (y movilice) contra esta nueva onda represiva del dictador Ortega. Libertad a los presos políticos. Plenos derechos políticos y de organización para los trabajadores, campesinos, estudiantes y sus organizaciones sociales y partidos de izquierda. Juicio, cárcel y castigo a los represores materiales y políticos.

R.S.

https://prensaobrera.com/internacionales/nicaragua-libertad-a-los-presos-politicos/

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29/06/2021

La estatización trucha de los trenes de carga

El Ministerio de Transporte decidió no prorrogar las concesiones en las líneas de carga del Sarmiento, el Roca y el Mitre, por lo que a partir de 2022 el Estado irá tomando su control. El gobierno se propone avanzar hacia un modelo mixto, es decir, público-privado.

Las concesiones de estos trenes están actualmente en manos de las empresas Aceitera General Deheza, Camargo Correa y Techint, responsables de una desinversión que llevó al deterioro del sistema. La Comisión Especial de Renegociación de Contratos emitió un dictamen en que desaconseja nuevas prórrogas porque “las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo en términos del estado de infraestructura (velocidad y ramales perdidos)” (La Nación, 28/6).

Según Página 12 (28/6), la falta de inversiones “provocó en los últimos años que las cargas se muevan en forma cada vez más lenta”. Además, a esto se suma el parasitismo empresario, dado que “el Estado muchas veces terminaba realizando las obras de mantenimiento”.

El nuevo esquema al que aspira el gobierno es que el Estado sea dueño de las vías y las prestadoras del servicio de cargas le abonen un canon, con lo cual ni siquiera salen del negocio. Las compañías no verían con malos ojos el cambio, ya que las libera de cualquier obligación, inclusive formal, de invertir en el área, asunto que quedará a cargo del Estado. “Al separar movilidad e infraestructura se puede ir a un modelo de operación privada pero con inversiones estatales”, resume Alberto Müller, del Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina, Cespa (ídem). Este modelo ya era analizado por la gestión macrista de Guillermo Dietrich, e incluso antes por Julio De Vido.

Así las cosas, el Estado se compromete a financiar las obras necesarias para que los grandes grupos de la burguesía trasladen la soja y sus otras mercancías a los puertos. Jorge Hospital, de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, explica que “el gobierno quiere avanzar en un sistema de reprivatización por áreas del ferrocarril [asociado a] la explotación de las exportaciones agrícolas, mineras y ahora con el nuevo proyecto de Vaca Muerta, también petroleras. Pero para llevar adelante ese plan (que impulsó en su momento Florencio Randazzo, bajo el gobierno de CFK y con el apoyo del PRO), es necesario poner en condiciones toda la infraestructura ferroviaria”.

Además, plantea la posibilidad de que esa inversión estatal se realice apelando al endeudamiento externo. “China es el principal interesado en las exportaciones agropecuarias y el propio Estado chino ya dio créditos para la compra de las formaciones eléctricas nuevas que están en los ramales. Probablemente también quieran meterse en el negocio de la privatización de la carga”, sostiene.

En la historia del vaciamiento del transporte de cargas, el caso más emblemático ha sido el del Ferrocarril General Belgrano. El desguace lo empezó la conducción de la Unión Ferroviaria (UF), en los 90, y lo continuó más tarde un consorcio del Grupo Macri, Roggio, Emepa y los chinos de Shima, con la burocracia como socia menor (UF, La Fraternidad, Camioneros). El gobierno kirchnerista, que asignó esa concesión, terminó estatizándolo en 2013 ante su deterioro imparable. Como ahora, actuó como garante de los intereses del capital.

Planteamos la apertura de los libros de las empresas concesionarias y la investigación del vaciamiento ferroviario. Asimismo, la nacionalización integral bajo control de los trabajadores, como parte de un plan de desarrollo basado en las necesidades de la población y no de los pulpos exportadores.

https://prensaobrera.com/politicas/los-nuevos-duenos-de-edenor-esperan-mas-tarifazos-antes-de-fin-de-ano/

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Uno de los mayores festivales de despilfarro y corrupción capitalista de la Argentina, protagonizado por macristas y kirchneristas, y convalidado por Milei.
Milei anunció este miércoles la privatización de Belgrano Cargas. La experiencia demuestra que estas medidas han significado un retroceso para el país.
25/06/2021

La variante Delta se expande por Europa

La responsabilidad de los gobiernos y el capital.

Cuando los gobiernos europeos levantaban las últimas restricciones que quedaban ante el coronavirus, el desarrollo de la mutación delta -una variante más contagiosa que procede de la India- vino a poner en entredicho las declaraciones entusiastas de los mandatarios, como Emmanuel Macron, que anunció que Francia vivía “un momento feliz” ante el fin del uso de barbijos en los espacios públicos.

De acuerdo al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, la variante delta se está expandiendo y para fines de agosto explicará el 90% de los contagios en el viejo continente. Es lo que ya ocurre en el Reino Unido; mientras que en Lisboa, la capital portuguesa, el 70% de los casos corresponden a la nueva variante, a la vez que han aumentado las infecciones. A raíz de ello, ambos países debieron dar marcha atrás en sus planes de desconfinamiento.

Desde el comienzo de la pandemia, esa ha sido la dinámica: gobiernos empecinados en levantar y relajar medidas, en función de los lobbys empresarios (turismo, industria, etc.), y nuevas olas y recaídas que los obligaron a volver atrás.

A la falta de una política seria de prevención, se sumó la descoordinación entre los Estados. Cada uno actuó y actúa por su cuenta, tratando de salvar a su clase capitalista local. Ahora, por ejemplo, mientras la canciller alemana Angela Merkel y Macron han hecho un llamado a realizar esfuerzos comunes, algunos países imponen restricciones a los viajantes británicos y otros no (Portugal España), debido a que no quieren perder turistas.

Se estima que la variante delta progresará en el curso de las vacaciones de verano. Las vacunas, que han permitido un drástico descenso global de los casos en las últimas semanas, serían efectivas también ante esta contagiosa mutación, en caso de que haya dos dosis. Pero aquí entra en juego la demora en los calendarios de inmunización. El 30% de las personas mayores de 80 años y cerca del 40% de quienes tienen más de 60 “aún no han recibido un ciclo completo de vacunación” (Euronews, 23/6). La juventud se encuentra aún más desprotegida.

Los ritmos de las inyecciones se han visto condicionados por las disputas geopolíticas y de los laboratorios. La Unión Europea está enfrascada en una batalla legal con la británica AstraZeneca, que incumplió los plazos de entrega de 300 millones de dosis; en medio de las tensiones por las demoras, en un depósito italiano de la firma se encontraron  vacunas con destino al Reino Unido. Dentro de la propia UE, también se cuecen habas. Berlín acusó a Francia de presionar a la Comisión Europea para incrementar las compras de la vacuna de la farmacéutica gala Sanofi, en detrimento de la de Pfizer (Clarín, 9/1).

Y, mientras tanto, el club de los 27 demora la aprobación de la Sputnik, debido a su rivalidad con Rusia. Por cuenta propia, algunos países (Serbia, Hungría, Eslovaquia) anudaron acuerdos de abastecimiento con Moscú.

El crecimiento de la variante delta nos advierte que el Covid no terminará de un día para otro, como fantaseaban Boris Johnson o Joe Biden, el primero con su “día de la libertad” (que, como ya vimos, debió ser postergado), y el segundo con su plan de declarar la victoria frente al Covid-19 el 4 de julio, en un nuevo aniversario de la independencia norteamericana; el virus seguirá presente, a lo sumo con menor intensidad, durante un largo tiempo, en buena medida debido al obstáculo que supone el abordaje capitalista de la crisis sanitaria, que antepone el lucro privado a la salud de las masas.

Frente a la negligencia de los gobiernos capitalistas, la clase trabajadora necesita dotarse de un programa para defender su salud y sus condiciones de vida: centralización del sistema de salud; comisiones obreras de seguridad e higiene en barrios y lugares de trabajo; abolición de patentes y estatización de la industria farmacéutica bajo control de sus trabajadores; prohibición de despidos y seguro al parado.

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25/06/2021

Las elecciones iraníes y el futuro del plan nuclear

Las elecciones presidenciales iraníes del 18 de junio arrojaron como ganador a Ebrahim Raisi, presidente del Poder Judicial y miembro del ala conservadora del régimen teocrático. Raisi era el candidato favorito del ayatollah Ali Jameneí.

Sin embargo, el dato distintivo fue la abstención, superior al 50%, la más alta en una elección presidencial desde la revolución de 1979. Tomando en cuenta este dato, Raisi ganó con el 62% de los votos emitidos, pero con el respaldo de apenas un tercio del padrón. A su vez, el voto en blanco y nulo rondó el 14% de los emitidos, con lo que quedó en segundo lugar.

Es probable que la pandemia haya influido en la baja participación, pero hay otros factores más importantes. Por un lado, la proscripción de candidatos críticos por parte del Consejo de los Guardianes, que motivó el boicot electoral de una porción del ala reformista. Por otro, el malestar ante la corrupción y una situación social crítica: la inflación ronda el 40% anual y el desempleo el 11%, con una tasa mucha más elevada aún en la juventud.

De esta manera, se da la contradicción de que el ala conservadora consolida sus posiciones de poder, pero en el marco de un régimen más cuestionado por las masas. Vale recordar que en noviembre de 2019, el anuncio oficial de un aumento en los combustibles desató enormes movilizaciones populares, en el curso de las cuales las fuerzas represivas asesinaron a más de cien manifestantes. El nuevo presidente está acusado de ordenar arrestos masivos y de garantizar la impunidad de los asesinos.

Raisi sucederá en el cargo a Hassan Rohaní, una figura calificada como “moderada”, que no pudo competir esta vez porque ya ocupó el lugar en dos ocasiones consecutivas. Los conservadores habían ganado a su vez la mayoría de las bancas en juego en las elecciones legislativas de febrero de 2020, aunque en el marco de una abstención aún superior.

Los reformistas, como ya indicamos, se dividieron. Mientras que un sector promovió la abstención o el voto en blanco, otro se inclinó -ante el veto de sus candidatos- por apoyar la candidatura del exgobernador del Banco Central Abdolnasser Hemmatí, quien apenas obtuvo el 8,5% de los votos. Hemmatí era el único candidato que no pertenecía a la facción conservadora.

El acuerdo nuclear

La consolidación del ala más dura del régimen parece una respuesta al abandono del acuerdo nuclear por parte de Donald Trump, quien reimpuso las sanciones económicas contra la nación persa. Además de bloquear las exportaciones petroleras, EE.UU. castiga a los bancos que hacen transacciones con Irán.

El gobierno de Joe Biden, como es sabido, expresó su disposición a retomar el acuerdo y ya hay negociaciones abiertas en Viena. Ocurre que, si bien la reintroducción de las penalidades golpearon a la economía persa, la decisión de Trump llevó al régimen iraní a profundizar sus vínculos con China y Rusia, reforzando la influencia de estos en la zona. Cabe agregar aquí que los gobiernos europeos, también defensores de los compromisos de 2015, perdieron grandes negocios como resultado del portazo del magnate yanqui.

Como parte del intento por recuperar la influencia perdida en el Medio Oriente, Biden apuesta además a mediar entre Israel y la Autoridad Palestina, tras el fracaso del “acuerdo del siglo” de Trump-Netanyahu, un tema que hemos abordado en un artículo específico.

Raisi, el nuevo presidente iraní, se ha mostrado proclive en su primera conferencia de prensa a avanzar en el diálogo. Pero, según los trascendidos periodísticos, lo que está trabando la negociación es que los norteamericanos sólo se muestran dispuestos a un levantamiento temporal de las sanciones. Y, al mismo tiempo, estos quieren que Irán se comprometa no sólo a frenar el plan nuclear, sino a abrir conversaciones sobre su programa misilístico y su apoyo a organizaciones como Hezbollah. Irán es un jugador de peso en el tablero regional, con influencia en Siria, Líbano e Irak.

El establecimiento de un acuerdo parece posible, pero aún preñado de obstáculos. Entre los problemas adicionales que enfrenta Biden está el rechazo a los acuerdos de 2015 por parte de sus aliados en la región, Israel y Arabia Saudita. Y, claro, la agitación contraria del trumpismo.

Fuera el imperialismo

Los ataques contra Irán en los últimos años por parte de EE.UU. no han sido solamente económicos, como lo mostraron el asesinato del general Qasem Soleimani y las provocaciones navales en el Golfo Pérsico. Washington tiene desplegados decenas de miles de soldados en sus bases militares en la región. Es necesario reclamar el retiro sin condiciones de las sanciones económicas contra Irán y luchar por la expulsión del imperialismo del Medio Oriente.

En cuanto al régimen teocrático, es precisa la organización e irrupción independiente de los trabajadores para derrotarlo.

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25/06/2021
ESTADO ESPAÑOL

El indulto de Sánchez y el operativo para clausurar el “procés”

Los nueve presos catalanes quedaron en libertad este miércoles, tras los indultos dictados por el presidente español Pedro Sánchez. Esto fue motivo de celebración y alivio, dado que llevaban ya más de tres años encarcelados y les faltaba un largo plazo para cumplir sus condenas. La resolución, sin embargo, mantiene la inhabilitación de cargos públicos para los indultados y condiciona su libertad a que no cometan ningún “delito” en los próximos años, con lo cual limita su acción política, dado que el Estado español penaliza muchas de estas actividades, como lo hizo con el referéndum de independencia de octubre de 2017. A su vez, continúan procesadas cerca de 3.000 personas por su participación en el “procés” y otros referentes se encuentran en el exilio.

Estamos en presencia de una maniobra política del gobierno centroizquierdista. Sánchez aspira, con los indultos, a despejar el camino de una mesa de diálogo con el gobierno catalán (el Govern) que apunte a clausurar el proceso político independentista de los últimos años. En tal sentido, promueve una “Agenda para el Reencuentro” con posibles concesiones, como un cambio de la ley de financiación autonómica. Más allá de la cuestión de fondo, que es desactivar el conflicto más importante que afrontó el Estado monárquico en el último período, a Sánchez también le serviría este plan para consolidar su relación con los partidos de gobierno catalanes (ERC, Junts), presentes en el parlamento nacional.

El operativo presidencial cuenta con el beneplácito de sectores de la burguesía, tanto la madrileña como la catalana. Tras el reciente encuentro del Cercle d'Economia, que concentra a los hombres de negocios catalanes, el presidente de la cámara patronal nacional (la CEOE), Antonio Garamendi, insinuó su apoyo a los indultos, en tanto contribuyeran a una “normalización”. Frente a algunas críticas que emergieron dentro de la central empresaria, Garamendi puntualizó que por la normalización se refería a un clima político que posibilite el retorno a Barcelona de aquellas compañías que trasladaron sus sedes sociales a partir de 2017. Son más de 5.400, entre ellas Caixabank, Banco Sabadell y Naturgy.

Por su parte, el jefe del Cercle, el catalán Javier Faus, desacreditó los “experimentos unilaterales” -por referencia al referéndum de 2017- y llamó a superar la “parálisis” que el conflicto habría traído a la región en los últimos diez años, planteando el diálogo con Madrid como una vía para atraer la inversión extranjera. El Cercle apostilló en una declaración a la capital española como “una aspiradora de recursos”, reclamando un mayor equilibrio entre Barcelona y Madrid. El titular del Govern, Pere Aragones, defendió en el conclave empresario la gestión para Cataluña del puerto de Barcelona, el Aeropuerto de El Prat y el Consorcio de la Zona Franca (El País, 11/6).

En resumen, la burguesía catalana apuesta a arrancar mayores prerrogativas a Madrid en una mesa de negociación, desechando cualquier planteo “unilateral”, y sobre todo, procura una “normalización” que ponga fin al proceso de movilización popular.

También se pronunciaron en favor del diálogo el episcopado catalán y las centrales sindicales (UGT y Comisiones Obreras), que son próximas al gobierno de Sánchez. La derecha (PP, Ciudadanos, Vox), que ha hecho una gran agitación contra los indultos, parece quedar relegada.

El Govern, integrado hoy por las fuerzas ERC y Junts, recoge las inquietudes de la burguesía catalana. Por más que algunos de sus dirigentes se llenen la boca hablando de la independencia, lo cierto es que privilegian hoy lo que llaman una “salida pactada” con Madrid, como lo enunció expresamente el vice Jordi Puigneró (ídem, 22/6). Aspiran a un referéndum acordado, pero Sánchez aclara que no hay ninguna posibilidad de ello. Estos sectores hacen un balance autocrítico del proceso de 2017, que se les fue de las manos, debido a la profundidad de la movilización popular.

Planteamos la libertad incondicional de los detenidos y el desprocesamiento de todos los perseguidos. Cárcel a los responsables de la represión y la intervención de 2017 contra Cataluña. Abajo la “ley mordaza” y la censura del Estado monárquico. Por el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán. Por una federación de estados socialistas ibéricos. Por la unidad socialista de Europa.

https://prensaobrera.com/internacionales/las-elecciones-en-catalunya-cambios-que-no-cancelan-la-crisis-politica/

25/06/2021

Colombia: la situación tras la entregada del Comité Nacional del Paro

La rebelión continúa.

La rebelión en Colombia, luego de casi dos meses de movilizaciones ininterrumpidas, enfrenta el desafío de reagrupar fuerzas e impulsar nuevamente acciones decididas de masas. Las medidas del gobierno para golpear las manifestaciones, apoyándose en el repliegue coyuntural del movimiento, buscan instalar un clima de retorno a la normalidad. Ni lerdos ni perezosos, han hecho coincidir el inicio de las vacaciones escolares con la reapertura de las actividades económicas y el levantamiento de varias medidas de cuarentena, a la vez que anuncian el peligro de una “tercera ola” de la pandemia. Aunque el riesgo -según el gobierno- no provendría del desguace sistemático del sistema de salud, la falta de vacunas o la ausencia de protocolos laborales, sino que sería culpa de los “vándalos” que continúan participando de las protestas.

En este operativo recibieron la ayuda inestimable de quien aparecía como una de las cabezas de las protestas: la dirección del Comité Nacional de Paro (CNP), que levantó todas las medidas de lucha. La deserción del CNP se expresó decididamente la semana pasada, cuando la federación docente (Fecode), el pilar fundamental del CNP y el gremio con más afiliados, anunció que no sólo discontinuaría el paro, sino que se aprestaba a la vuelta a la presencialidad escolar a mediados de julio y que le sacaba el cuerpo hasta a las reivindicaciones educativas que, junto al resto de los puntos del llamado “pliego de Emergencia”, debían ser trabajados como proyectos legislativos.

No se trata, por lo tanto, de un debate sobre el acatamiento del paro o los medios para continuar la lucha, sino de una defección en función de cálculos electorales. El Comité Nacional del Paro está dirigido por una burocracia sindical centroizquierdista opositora al gobierno del presidente Iván Duque, y alineada mayormente con el sector de intendentes “alternativos” que tributan, en líneas generales, a un armado electoral que consagre a Gustavo Petro como jefe de estado en 2022. Es una estrategia de derrota del movimiento, porque lo saca de las calles y del enfrentamiento contra el Estado para llevarlo al callejón sin salida del parlamento burgués.

Un hecho llamativo es que, durante el momento más álgido de las protestas, el gobierno retaceaba las mesas de diálogo con el Comité Nacional del Paro con pedidos que sabía imposibles de cumplir: por ejemplo, hacer depender la continuidad de la mesa del levantamiento de los bloqueos, cuando ambos lados estaban al tanto que eran procesos por abajo, por fuera del control del CNP, y críticos de su liderazgo.

Así, el gobierno ponía en tela de juicio la capacidad de la “oposición” de Gustavo Petro (él mismo un opositor tenaz a los bloqueos y los combates callejeros) para contener la rebelión. Ahora, con el anuncio de la Fecode y el CNP sobre el levantamiento de sus medidas debido a la falta de diálogo, el gobierno da una voltereta y reconoce al CNP como la dirección de las protestas, para decretar, acto seguido, el fin de las movilizaciones y el reforzamiento represivo para quienes no lo acaten, como la reciente propuesta de modificar el decreto 003/2021 que endurece -aún más- las medidas contra la protesta social.

El activismo obrero colombiano, y de toda la América Latina que hoy mira a Colombia, debe sacar conclusiones de la entregada de la dirección burocrática del Comité Nacional de Paro. Al plegarse a la campaña por un recambio electoral el año entrante, el CNP le dio un aire impensado a un gobierno que venía de sufrir la caída de ministros, el retiro de una parte de su paquete de reformas y la amenaza cierta de que el movimiento de lucha se lleve puesto al mismísimo Duque. Como muchos en Colombia se encargan de aclarar, “el Comité Nacional de Paro no nos representa”.

La Asamblea Nacional Popular y sus perspectivas

Como contrapartida a la deserción de la burocracia, se encuentran los esfuerzos por poner en pie una dirección alternativa que logre encarnar los reclamos y aspiraciones de las protestas. En esa línea debe entenderse la convocatoria a una Asamblea Nacional Popular (ANP) a principios de este mes. El llamamiento, al cual adhirieron decenas de organizaciones populares y combativas, tuvo el mérito de buscar una coordinación entre diversos sectores en lucha y plantear el fuera Duque, acompañado de un pliego de reivindicaciones. Se constituyó como un espacio de apoyo a la rebelión y contra la represión, y de clara delimitación con el electoralismo del Comité Nacional de Paro.

La asamblea se desarrolló en Bogotá y congregó, entre asistentes presenciales y virtuales, a cerca de 2000 compañeros. Se trata, aún, de un intento de coordinación entre grupos y activistas -no de una deliberación con alcances de masas. A pesar de que importantes organizaciones -como el CRIC indígena, a la cabeza de las sentidas luchas en Cali- no participaron, se desarrollaron ricas discusiones entre protagonistas genuinos de la rebelión y miembros de la “primera línea”.

La ANP fue organizada por Congreso de los Pueblos, un partido combativo y con peso en el activismo, que coloca como uno de sus ejes principales el sostenimiento y profundización de los acuerdos de paz con la guerrilla y su extensión al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que aún continúa operando en el norte del país. Reivindican la estrategia de construcción de “poder popular”, entendida como una acumulación de fuerzas alternas al Estado, sin pasar por el proceso de lucha política por ganar a la vanguardia obrera a una línea revolucionaria en los sindicatos u otras organizaciones de masas ya existentes.

El rol positivo de la ANP no borra las limitaciones de la iniciativa. Entre ellas, la ausencia de una perspectiva concreta de intervención en el movimiento obrero y de confrontación con la burocracia de los sindicatos, destinada a recuperar para el activismo las representaciones gremiales y crear cuerpos de delegados y sindicatos allí donde no existan. Este punto no puede ser reemplazado por la coordinación sectorial.

El paro de las últimas semanas, dirigido por la burocracia, se cuidó muy bien de afectar lo menos posible lo más importante: la producción. El relevo en esta tarea lo cumplieron los formidables bloqueos -atacados tanto por Duque como por Petro. Pero, lo que puede servir como un impulso inicial que contagie a otros sectores, no reemplaza la necesidad de emprender el camino de la huelga general, la forma privilegiada de imponerle un coto a la burguesía y despertar un embrión de poder.

La Asamblea tampoco dio forma concreta en su pronunciamiento político a las tareas de los luchadores en la situación de crisis nacional y continental, ni tampoco avanzó en una delimitación con las diferentes alas de la burguesía que disputan hoy la continuidad o recambio electoral. Está ausente el programa o pliego de reivindicaciones que marque objetivos inmediatos para que la Asamblea avance con acciones de frente único entre los grupos heterogéneos que lo componen. El pliego es reemplazado por referencias generales o definiciones ideológicas representativas de la mayoría convocante. Esta carencia priva a la vanguardia de una herramienta que la unifique en su intervención política.

Entre el 17 y el 21 de julio sesionará la segunda Asamblea Nacional Popular en la ciudad de Cali. Ya anunciaron que esta vez serán de la partida algunos sectores indígenas, y también la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP), un conglomerado que reúne a diversas expresiones del sindicalismo combativo local.

Una campaña militante hacia la Asamblea debe introducir la deliberación en fábricas y establecimientos laborales, fomentando las asambleas y la elección de delegados con mandato. También en los bloqueos y en los barrios, y en las concentraciones contra la represión, como las respuestas populares frente a los nuevos asesinatos de activistas en Usme y Suba, cerca de Bogotá. La segunda ANP tiene que concentrar esfuerzos en constituir un encuentro representativo de trabajadores y sectores en lucha, que contribuya a agotar la experiencia de los obreros con el Comité Nacional de Paro y con sus mandamases políticos, y le dé un nuevo impulso a la rebelión.

Ni la reincidencia gubernamental en intentos de reformas ni los índices de pobreza inaudita pueden ser tapados con represión. La crisis está lejos de cerrarse. Las acciones de solidaridad que se replican por el mundo, como el evento organizado por el Frente de Artistas, muestran que el futuro es de los que luchan.

https://prensaobrera.com/internacionales/la-rebelion-colombiana-desde-adentro/

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24/06/2021

Paraguay: desastre sanitario y crisis social

La mayor tasa de mortalidad del mundo cada millón de habitantes.

Actualmente, Paraguay es el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo cada millón de habitantes. La situación sanitaria se desmadró cuando el presidente, Mario Abdo Benítez, decidió flexibilizar el confinamiento y los controles fronterizos, desoyendo a los epidemiólogos que alertaban sobre la circulación de la variante P1, proveniente de Brasil, más contagiosa que otras cepas. Por otro lado, casi cien candidatos de las recientes elecciones internas municipales fallecieron debido al virus.

Desastre sanitario

La reapertura general sin protocolos duplicó el ritmo de contagios y los hospitales colapsaron rápidamente. La ocupación de camillas y respiradores alcanzó el 100%, mientras que aún otras doscientas personas en estado crítico no pueden ser asistidas. A principios de junio, los trabajadores de la salud debieron movilizarse hasta el Ministerio, denunciado la falta de presupuestos para adquirir insumos y el pago salarial adeudado de seis meses. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue amenazarlos con juicios y despidos masivos si no volvían a sus puestos (Nodal, 9/6).

Por otra parte, la escasez de vacunas no se revierte. Solo el 6% de la población recibió la primera dosis y apenas el 1% la segunda. El calendario oficial del Ministerio de Salud espera alcanzar al 75% de la población recién en 2023. Sin inmunización ni plan de vacunación en el corto plazo, el gobierno forzó la vuelta a clases presenciales, pese a que ya han muerto 300 docentes. A su vez, las pocas dosis que llegan al país son absorbidas por los vacunatorios VIP: el gobierno está denunciado por vacunar a 500 empresarios, funcionarios y políticos sin turno, de manera confidencial, como es el caso de la senadora colorada, Mirta Gusinky, quien debió renunciar tras el escándalo (Télam, 4/5).

Situación social y elecciones fallidas

La situación social se caldea. Recordemos que, durante marzo, las calles se colmaron de trabajadores y campesinos que exigían la renuncia del presidente, bajo la consigna “ANRNuncaMás”, llegando inclusive a incendiar la sede central del Partido Colorado. La oposición (liberales y Frente Guasú) intentó institucionalizar ese malestar por medio de un pedido de juicio político, que de todos modos no prosperó porque las distintas fracciones del oficialismo terminaron cerrando filas detrás del mandatario.

En cierto modo, la bronca popular se manifestó ahora en las elecciones internas municipales del pasado domingo 20, ya que hubo una abstención superior al 60% en la del Partido Colorado. En la del Partido Liberal, en tanto, hubo un importante nivel de voto en blanco (ídem, 22/6).

Por otro lado, el candidato vinculado a Abdo Benítez perdió en Asunción frente al del expresidente Horacio Cartes, quien se prepara para las presidenciales de 2023. Esto muestra el desgaste del actual presidente, como fruto de la desastrosa gestión de la pandemia. Aunque compitieron en la capital paraguaya, el bloque del primer mandatario y el cartismo consensuaron listas en la mayoría de los distritos.

Por una salida de los trabajadores

Pese a que el desastre sanitario es responsabilidad directa del gobierno, éste insiste en que la culpa se debe a los paraguayos que vacacionaron en Brasil y “se relajaron con los cuidados” (ABC, 21/6). Busca un chivo expiatorio.

Las movilizaciones de trabajadores de la salud y de campesinos durante junio demuestran una situación social cada día más caldeada. La salida a esta crisis será de la mano de trabajadores y campesinos, retomando el camino de marzo, con un plan de lucha hasta echar al gobierno de Abdo Benítez.

https://prensaobrera.com/internacionales/la-asamblea-nacional-popular-de-colombia-un-balance-politico/

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22/06/2021

Perú: la derecha amenaza con “guerra civil”

Movilizar a los trabajadores contra el fraude exige levantar sus reivindicaciones.

Agrupación Vilcapaza

El establishment reconoce a “regañadientes” el triunfo electoral de Pedro Castillo, pero el fujimorismo, a la cabeza de la derecha política, agita por la “nulidad de las elecciones del ballotage”.

A pesar que el empresario minero Roque Benavides, la Confiep (central empresaria) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) hablen de “irregularidades”, pero dicen que al final se debe reconocer al ganador de las elecciones, el fujimorismo y su aliado neofascista, Rafael López Aliaga, (que agitó por la “muerte al comunismo, Vladimir Cerrón -exgobernador de Junín- y Castillo”), siguen aportando falsas e inconsistentes “pruebas” de que Perú Libre hizo fraude, pidiendo por tanto revisar y anular la elección.

La estrategia del golpismo fujimorista implicaría también “ganar más tiempo”, planteando un habeas data “para obtener el padrón electoral”, así como la nulidad del ballotage, y por otro, elegir al nuevo y antiobrero Tribunal Constitucional (TC), para consumar el objetivo de declarar ilegal e ilegítimo a Castillo.

“Los dinámicos del centro” y el vacío dejado por Perú Libre

Es en este contexto de arremetida del golpismo fujimorista que la justicia realizó un “operativo anticorrupción” días atrás deteniendo a 23 funcionarios de la gerencia de transportes del Gobierno Regional de Junín (GRJ), que está bajo el poder de Perú Libre (PL). Entre estos habría algunos militantes de PL, como dos cuadros importantes, que eran parte del círculo de Castillo: Arturo Cárdenas (secretario nacional de organización) y Eduardo Bendezú (secretario de prensa), quienes se encuentran prófugos. El que le llevaba la agenda al líder de la centroizquierda ya no acompañaría al profesor Castillo.

Hay una nueva correlación de fuerzas al interior del círculo de confianza de Castillo, donde los “caviares”, estalinistas (que dirigen la CGTP, central obrera) y los maestros, así como los “ronderos” [las rondas campesinas son patrullas de seguridad] y familiares cercanos al ex rondero chotano [Castillo], estarían desplazando al PL de Vladimir Cerrón.

La derecha apunta a vincular a Cerrón con la corrupción en el GRJ, lo que podría producir su encarcelamiento y/o vincular la corrupción de la bolsa de campaña con el propio Castillo.

Es en este contexto que las fuerzas castillistas decidieron convocar a una marcha contra “el golpe de Estado y por la democracia”.

Reuniones preparativas de la “Marcha contra el golpe de Estado”

El miércoles 15, hubo una reunión de organizaciones sociales convocada por el Frente Político Magisterial. La misma estuvo moderada por la maestra Mery Coayla, representante del magisterio tacneña y brazo derecho de Castillo. Estuvieron representantes sindicales de la CGTP, Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), FENMUCARINAP (Federación Nacional de Mujeres Campesinas), Sintrahogar (sindicato del personal doméstico), Sitobur (sindicato de la limpieza pública) y Sitomun (sindicato de trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima), además de algunos colectivos como Integración Estudiantil, Juventud Progresista, etc. El único tema fue cómo enfrentar la arremetida de la derecha fujimorista que quiere desconocer la victoria popular de Castillo, certificada por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), al 100% del conteo de votos.

La profesora Coayla fue explícita en que ella era de Tacna y no conocía a los movimientos sociales de Lima y pedía apoyo para poder identificar a las organizaciones respectivas.

Algunas intervenciones fueron muy emotivas y expresaban el hartazgo con el modelo económico. Aunque también, con el cansancio de estar casi dos semanas en Lima y en las vigilias frente a la Junta Electoral, sin obtener la proclamación de Castillo como presidente.

Roberto Rodríguez, secretario de organización de Nuevo Perú, señaló que había un golpe en marcha y que por lo tanto lo que había que hacer es convocar a una marcha pacífica, con pasacalle [estilo musical interpretado por músicos ambulantes] y celebración de la victoria del profesor para evitar caer en las “provocaciones de la derecha golpista”.

Gerónimo López, secretario general de la CGTP, planteó la “necesidad de crear una estructura nacional y de levantar la consigna de la asamblea constituyente”, sin proponer, ni disponer, ninguna medida operativa de movilización, que organice desde las bases para que la misma sea una marcha contundente (la última marcha convocada por la CGTP no pasó de los 2.000 trabajadores).

Al final, se convocó a una conferencia de prensa para el día siguiente en el mismo local del sindicato de telefónicos. En esta estuvieron presentes algunos ex congresistas del Frente Amplio y otros actuales, así como la propia Verónika Mendoza (que según algunas versiones sería nominada como primera ministra del próximo gabinete de Castillo) y algunos representantes de las rondas campesinas. Pero brillaban por su ausencia varias organizaciones de ollas comunes, comedores populares y los sindicatos obreros combativos.

La medición de fuerzas del sábado 19 de junio

Según el especialista, Hernán Chaparro, el 90% de la población pide un “cambio del modelo económico neoliberal” (un tercio, un cambio radical, y el restante un cambio moderado). Pero Castillo y PL “desconocen” esta tendencia popular. Su política es la de “apaciguar” a la derecha y a los factores de poder (Fuerzas Armadas, empresarios).

Marcha contra el golpe de Estado. Plaza San Martín de Lima

El día de la marcha, la Plaza San Martín estuvo casi llena pronosticando unos 40,000 participantes, destacándose delegaciones de ronderos y maestros de las provincias, así como colectivos juveniles y algunos secundarios combativos. De igual forma, se realizaron marchas en todo el país. En Tacna, se movilizó estrictamente gente de PL convocando aproximadamente unos 1,500 militantes. Algo similar en otras provincias.

En el caso de Keiko Fujimori, como se aprecia en la foto, también tuvo una convocatoria de varios miles, difícil de cuantificar.

Marcha fujimorista en la Explanada 28 de Julio, Lima.

Fue una medición de fuerzas, un “empate catastrófico”, que reproduce el “empate técnico” en votos. Las fuerzas castillistas se autolimitan, no quieren o no superan las vacilaciones y no querrían tomar medidas más radicales de movilización. La debilidad invita a la agresión, dice el dicho.

Todas las actas de “garantías” firmadas por Castillo con las Iglesias y la Proclama Ciudadana no han calmado los ánimos de la derecha golpista. De desconocer los resultados electorales, pavimentan el camino para producir un presidente “sin legitimidad”, y al menor atisbo de plantear éste una reforma -convocatoria a una nueva constitución, tocar a las AFP, etc.- pedir su vacancia con la mayoría congresal de un frente derechista en el parlamento.

En los mítines de la derecha fujimorista se agita “por guerra civil” y el desconocimiento de los cómputos y las “instituciones” electorales.

El paro indefinido de los obreros rurales de diciembre del 2020 marca el camino

En provincias, los trabajadores hablan de “guerra civil” para imponer la victoria de Castillo contra la derecha golpista. No obstante, Castillo no apareció en el mitin del sábado y envió a Verónika Mendoza, quien llamó a luchar contra los golpistas y el respeto al voto de todos “los ricos y pobres”. Castillo, en un pragmatismo espectacular, está más preocupado por buscar aliados como Daniel Salaverry (ex aprista y fujimorista) y César Acuña (empresario y político), entre otros, para “buscar gobernabilidad”.

El paro indefinido obrero rural de 2020 logró la derogación de la ley de explotación agroindustrial

Por estas razones convocaron a la marcha “con pasacalle”, “de celebración”, “sin caer en provocaciones”, etc. La marcha del sábado fue importante por la participación de varios colectivos y la base social magisterial/rondera del profesor Castillo, pero es limitada e insuficiente para cambiar la correlación de fuerzas.

Para sumar masivamente al pueblo trabajador hay que convocarlo a movilizarse en defensa de los resultados electorales que le otorgaron el triunfo a Castillo. Pero hay que hacerlo llenando de contenido social ese reclamo: aumento salarial de emergencia; derogación de la llamada “suspensión perfecta” que habilita a las patronales a despedir masivamente; negociación colectiva por rama; reincorporación de los despedidos; vivienda popular (financiadas por las sobreganancias de poder inmobiliarias); anulación de las AFP: sistema previsional único estatal bajo control de los trabajadores y financiado por las patronales; convocatoria general a paritarias libres; subsidios a los desocupados; triplicación del presupuesto de salud bajo gestión directa del personal sanitario; impuesto a las grandes fortunas; pago de más de 9,000 millones en impuestos de las grandes empresas; que la banca privada pase al poder público; no al pago de la ilegítima deuda externa, etc.

Urge un congreso coordinador de delegados de sindicatos, barrios, movimientos sociales, comunidades.

Para los que militamos en la agrupación Vilcapaza, a la derecha golpista no la vamos a derrotar con “flores ni pasacalles” (es como “si quisiéramos darle de comer lechuga a un tigre”), sino con la organización desde la base obrera y popular y con medidas contundentes: con un plan de lucha y el paro nacional.

El paro indefinido obrero rural de diciembre de 2020, que al cabo de cinco días de huelga impuso una victoria histórica al derogar la ley de explotación agroindustrial, es un ejemplo del camino que debería seguir la lucha contra el golpismo fujimorista. Hay que tomar nota que la huelga obrera rural, en una semana, puso de rodillas a los poderosos grupos agroindustriales.

Llamamos al activismo militante a defender este planteamiento en las calles y asambleas. ¡No al golpe de Estado!, ¡Plan de lucha y paro nacional!

https://prensaobrera.com/internacionales/el-fit-unidad-se-concentro-frente-a-la-embajada-de-brasil/

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20/06/2021

La Comisión Interna de Textilana vuelve a la fábrica

Triunfo de la lucha contra la prepotencia patronal.

El Juzgado N°2 de Mar del Plata falló a favor de un recurso de amparo que posibilita el reingreso a la fábrica Textilana de la Comisión Interna. Esta exclusión era no solo un acto de discriminación contra los delegados sino que también privaba a los trabajadores de contar con sus representantes en la planta.

Desde hace 15 meses desde la Comisión Interna veníamos peleando por el reingreso. En marzo del 2020, por el aislamiento a causa del Covid-19, tuvimos que acatar la cuarentena impuesta por el gobierno tras la resolución de aislamiento. Una vez cumplidos los primeros meses, Textilana fue llamando a parte del personal y también tomando nuevos trabajadores producto de la necesidad de la empresa de sacar la producción. Desde el mes de junio de ese mismo año y viendo que no se nos convocaba, miembros de la Comisión Interna empezamos a reclamar a la empresa nuestra concurrencia al trabajo y a poder cumplir con nuestra función como delegados. Esto fue rechazado sistemáticamente por parte de la patronal, que llevaba adelante despidos con causas inventadas, suspensiones arbitrarias y toda clase de atropellos a los derechos de los compañeros.

Desde ese momento hicimos todas las presentaciones en los distintos ministerios, tanto en provincia como Nación; la empresa se valió de su prepotencia y declinó instancias o no se presentaba. Igualmente, los ministerios, hasta el día de hoy, nunca se expidieron a favor de los delegados. En todo este tiempo realizamos varias acciones de denuncia en la puerta del sindicato (la Asociación Obrera Textil, AOT), el cual dio mil vueltas para presentar el recurso de amparo en la justicia, por lo que decidimos hacerlo en forma particular.

En todo momento estuvimos presentes ante los reclamos de los compañeros. Es decir, a pesar que la patronal quería coartar nuestra intervención, lo lograron solo a medias.

La empresa dice en su descargo que nunca nos prohibió la entrada y que podíamos ejercer nuestra representación. Sin embargo, cuando el día 31 de mayo los delegados fuimos convocados a trabajar al igual que el resto de los compañeros por mail, después de una semana de confinamiento que decretó el gobierno, al hacernos presentes a cumplir nuestra tarea, la fábrica impidió nuestro ingreso, aduciendo que la convocatoria fue un error y que seguíamos sin ser convocados (hecho que quedó registrado en videos presentados como prueba al tribunal).

El abogado Fernando Forio tomó nuestro caso y presentó un recurso de amparo que cayó en el juzgado N°2. Cabe señalar que la empresa, siguiendo su accionar prepotente, no se presentó a ninguna de las audiencias convocadas por el tribunal.

El retorno a la fábrica de la comisión interna fue logrado como producto de la lucha del cuerpo de delegados, en contracara con la actitud relajada de la Asociación Obrera Textil (AOT), que plancha las luchas, y con el Ministerio de Trabajo que acompaña y avala las suspensiones y despidos actuando al servicio de las patronales.

Ahora más que nunca volveremos a la fábrica para hacer cumplir los protocolos de seguridad e higiene y a seguir luchando por todas nuestras condiciones laborales. ¡Vamos compañeros!

https://prensaobrera.com/sindicales/acto-de-los-300-despedidos-de-bimbo-resuelve-una-movilizacion-por-la-reincorporacion/

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20/06/2021

El subregistro sistemático de los casos de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires

Al servicio de una apertura sin condiciones.

La clasificación del nivel de riesgo de cada municipio, en función de la cual se determina –en teoría- el régimen de funcionamiento de las actividades no esenciales y la modalidad de clases (sistema de fases) se basa en la información sobre casos cargados en el denominado SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino). En el SISA los datos son cargados por establecimientos habilitados (laboratorios y hospitales) y se ingresan paciente por paciente, con detalle de edad, género, lugar de residencia, fecha de inicio de síntomas, entre otros. La cantidad de casos nuevos registrados cada día en un municipio dado se obtiene sumando la cantidad de pacientes con resultado positivo.

Desde el 10 de agosto de 2020 el gobierno nacional dispuso considerar como positivos a los convivientes con síntomas de un confirmado por laboratorio, sin necesidad de testearlos. Esto libera de hisopar a casos con altas chances de resultar positivos, descomprimiendo a los centros de testeo. Sin embargo, no se dispuso un responsable para cargar esos casos en el sistema y la mayoría de las veces no se registran en el sistema oficial, generando un subconteo de casos que se agrava en épocas de altos niveles de transmisión, donde laboratorios y hospitales están saturados de casos.

La fuga de éstos se pudo ver con claridad comparando los registros del SISA con los de un municipio bonaerense, cuyas autoridades sanitarias locales tienen su propio sistema de registro, independiente del SISA. En Bahía Blanca un encargado del área de epidemiología llama a diario a hospitales y laboratorios recogiendo los casos confirmados ese día (no paciente por paciente).

Como se aprecia en el gráfico, la proporción de casos positivos por criterio clínico aumentan notablemente en periodos de alta transmisión (brotes de octubre, diciembre y abril-mayo) y pueden representar más del 30% de los casos nuevos. La comparación de las series del SISA y del reporte local fueron bastante coincidentes hasta diciembre 2020; períodos en los que la autoridad local registraba más casos que el SISA eran seguidos por momentos donde el SISA se ponía a tono, compensando la demora. Sin embargo, desde enero 2021 esa demora deja de corregirse. Hasta marzo la demora no fue de magnitud, sin llegar a modificar la caracterización epidemiológica del municipio, pero desde abril la diferencia es marcada. El SISA subregistra sistemáticamente a una porción no despreciable de los casos. Durante abril se perdió un promedio de 60 casos diarios, en mayo fueron 100 casos diarios y en lo que va de junio la fuga es de unos 70 casos por día. La pérdida en los últimos dos meses representa nada menos que uno de cada tres contagios registrados por los hospitales y laboratorios de Bahía Blanca. La diferencia coincide en gran medida con los casos por nexo epidemiológico. Desconocemos la magnitud de este problema en otros municipios bonaerenses porque no todos tienen sistema propio de registro o los que lo tienen sólo publican en sus páginas web los casos del día, sin detallar los previos. Sin embargo, es bastante probable que el problema del SISA sea generalizado.

Por otro lado, el Ministerio de Salud nacional considera la incidencia (casos en relación a los habitantes) tomando en cuenta la fecha de inicio de síntomas (FIS). Se trata de un indicador menos conocido, ya que en los medios se suele informar los casos diagnosticados cada día. La FIS suele ser 4 o 5 días previa a la fecha de diagnóstico. Si este detalle no se advierte y se cuentan los casos por FIS del último día, los últimos 4-5 días tendrán subestimada la cantidad de casos. La solución es sencilla, los casos por FIS deben tomarse con el retraso correspondiente. Pero las autoridades provinciales omiten esta última operación.

Así, el subregistro de los casos positivos por criterio clínico y el no retrasar adecuadamente los conteos por FIS llevaron al conurbano a un regreso temprano a Fase 3 y con ello la vuelta a clases presenciales sin condiciones epidemiológicas (ni de ningún tipo). Las fases se están decidiendo con registros incompletos y cálculos poco precisos. Ello sin contar el escaso control de las restricciones que contribuyen a alimentar la idea de que restringir la circulación no tiene efectos sobre el control de la pandemia. A pesar de esto, en el análisis de las estadísticas (tanto nacionales como internacionales) se aprecia claramente la asociación entre la movilidad y la propagación de la CoViD.

Las autoridades de Bahía Blanca conocen el problema de subdeclaración del SISA y aun así reclaman flexibilizar las medidas de circulación, por más que con sus propios datos la situación marca una realidad sanitaria más grave (esto, sin contar la situación hospitalaria, que se encuentra al límite de ocupación desde hace más de 2 meses). Como las cifras son contundentes, el secretario de salud del gobierno local ha manifestado que “hay que dejar de pensar tanto en números y camas y más en retomar nuestras vidas”, aludiendo a la convivencia forzosa con la CoViD y a aceptar todas sus consecuencias. Se trata de un planteo de impotencia: como no se podría hacer nada, entonces habría que aceptarlo y seguir exponiéndonos a la enfermedad y la muerte. Efectivamente, no se puede hacer nada si se subordina todo a satisfacer los reclamos de las empresas y pagar la deuda usuraria. Pero hay mucho para hacer. Mientras se preserva a la población con restricciones a la circulación, hay que centralizar el sistema de salud, garantizar una distribución masiva de las vacunas liberando las patentes e interviniendo la producción, aumentar el salario de los trabajadores de la salud, y no reprimirlos, reforzar la educación con nombramientos docentes, proveer de dispositivos y conectividad y adecuar las escuelas, reabrir las paritarias salariales y disponer un subsidio al desocupado de $40.000. En suma, para superar la crisis, necesitamos un programa de los trabajadores.

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El piquetazo nacional se sintió en Necochea-Quequén

Concentración frente a Desarrollo Social.

La jornada del piquetazo nacional del viernes 18 en nuestra localidad fue realizada por organizaciones sociales y sindicales, entra ellas el Polo Obrero Necochea-Quequén, que viene dando sus primeros pasos. Se concentró frente al edificio de Desarrollo Social y luego se entró al mismo, exigiendo respuestas de los funcionarios al reclamo particular de entrega de leña a más de ochenta familias, que hace ya dos meses la habían pedido. Las respuestas que dio la funcionaria de la cartera fueron dilatorias y sólo excusas de por qué se deja a las familias sin calefacción en plena ola polar.

De seguir sin respuestas, la misma acción se llevará a cabo en el curso de la semana.

La jornada del viernes 18, con actividades en más de noventa ciudades en todo el país (incluyendo la multitudinaria manifestación en Capital Federal), fue una de las mayores movilizaciones contra el gobierno, llevando un conjunto de reclamos de la clase trabajadora ocupada y desocupada. Se exigió la apertura de planes sociales y el aumento del monto de los mismos; el cobro del aguinaldo para les trabajadores del programa Potenciar Trabajo; asistencia a comedores y merenderos; vacunas para todes; aumento de jubilaciones y pensiones; conectividad para estudiantes y trabajadores de educación; basta de precarización laboral, programas Acompañar para mujeres en situación de violencia de género.

Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero Necochea-Quequén exigimos pronta respuesta a los reclamos de les vecines. Que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador. No al pago al FMI.

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20/06/2021

Congreso del PJ bonaerense: los une el espanto

Scioli y Berni, candidatos de un peronismo derechista y antiobrero.

Se realizó este sábado 19 el Congreso del Partido Justicialista bonaerense, rebautizado como el “Congreso de la unidad”, en medio de las disputas entre kirchneristas y albertistas por las listas electorales y la impugnación judicial interpuesta por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que impidió la asunción de Máximo Kirchner al frente del PJ postergándola hasta después de las elecciones. La “unidad” no le va salir gratis a Cristina Kirchner, Máximo y Axel Kicillof, que deberán compartir la “la lapicera electoral” que consideraban propia.

El cónclave pejotista incluyó al presidente del PJ provincial en ejercicio, Gustavo Menéndez, quien al igual que el “rebelde” Gray, volvió a escena por el temor del kirchnerismo a una derrota en la provincia de Buenos Aires que dirige. También participó La Cámpora, enfrentada a un sector del aparato del PJ e intendentes que ven en la ofensiva de Máximo Kirchner una amenaza a sus posiciones, y las burocracias sindicales de la CGT, la CTA Yasky y el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano. La foto de la “unidad” dejó vacante y sin resolver la primera candidatura a diputado nacional y preanuncia por la “amplitud” una disputa feroz por la confección de las listas.

Lejos de un trámite de rutina para la adhesión formal del Partido Justicialista de la provincia al Frente de Todos, lo cierto es que el peronismo llegó al congreso del PJ -y el kirchnerismo a la campaña electoral- con las acciones en baja y fracturado. Las encuestas que se conocen dan cuenta de una fuerte caída de Alberto Fernández y Kicillof, encendiendo la alarma en la plana mayor del kirchnerismo y forzando a Cristina a salir a la cancha. La amenaza de una derrota electoral aceleró la “amnistía” de los Gray y los Menéndez que chantajeaban con saltar el charco e irse con Florencio Randazzo.

Cristina y Kicillof en la picota

La incursión de Cristina Kirchner como jefa de campaña electoral caldeó las vísperas del Congreso del PJ y puso al rojo vivo quién será el candidato del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. A su modo, lo expresó el ministro de Obras Públicas de Alberto Fernández, Gabriel Katopodis, cuando le reclamó al peronismo que se ponga en “modo electoral” para la madre de las batallas a librar en el territorio bonaerense. Alberto Fernández quiere facturar la “unidad” con la candidatura de Daniel Scioli a quien ensalzó como su amigo y alter ego. Que el peronismo recurra a un candidato derrotado por Macri en el 2015 es toda una muestra de declinación política.

Más allá del Congreso del PJ, el hecho de que Cristina Kirchner pretenda erigirse en el tractor de la campaña del Frente de Todos da cuenta del pánico que le provoca al kirchnerismo una derrota o victoria a lo pirro en el distrito que debería ser su plaza fuerte. La jugada de Cristina es peligrosa a dos puntas, tanto por la resistencia que provoca en un sector del peronismo bonaerense que busca cobijo en el gobierno nacional, como por las consecuencias políticas que podría traerle una derrota en “su provincia”. Lo mismo ocurre con el gobernador Kicillof, a quien su jefa le aconsejó una campaña de “gestión” y la “lluvia de vacunas” en una provincia en default social, sanitario y financiero. Para muestra vale el rotundo fracaso de la vuelta a las aulas que expuso crudamente la falta de inversión en las escuelas, sometidas al ajuste para garantizar el pago de la deuda externa usurera y fraudulenta a los bonistas. El 50% de los establecimientos escolares de la provincia no están en condiciones de empezar por el ajuste educativo en un año y medio de pandemia.

Un Congreso sin candidato del peronismo

Si el kirchnerismo pretendió realinear la tropa con el Congreso del PJ, arrancó en desventaja: Máximo, presidente electo, no podrá asumir hasta fin de año. Los tiempos son importantes porque un retroceso electoral en la provincia que dirige el kirchnerismo volvería a cuestionar su liderazgo. Pero además, el Frente de Todos llegó a este Congreso de “unidad” sin una candidatura de unidad del peronismo cuando falta un mes y poco más para el cierre de alianzas y listas. Máximo Kirchner tuvo que tragarse el sapo del “rebelde” Fernando Gray, y estaría negociando la eliminación de las trabas legales que impiden una nueva reelección para los intendentes con dos mandatos transcurridos. Otro centro a los pesos pesados de peronismo bonaerense.

Kicillof dijo que el peronismo va unido a las elecciones, contraponiéndolo a la media docena de candidatos de la derecha en Juntos por el Cambio. La realidad es que el desinfle en las encuestas del gobernador Kicillof va acompañado de mayores tensiones internas, de una pérdida de gravitación del kirchnerismo, y de un giro a la derecha de los “nacionales y populares”. Mientras Alberto Fernández y su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, apalancan el retorno del derrotado ex candidato presidencial Scioli -en concordancia con una franja de intendentes pejotistas temerosos de que una atropellada del kirchnerismo los desplace de la escena-, la jefa política de Kicillof, Cristina Kirchner, azuza la candidatura del patotero y jefe de la Bonaerense, Sergio Berni, como rival potencial del actual embajador en Brasil.

Está por verse si Cristina aprieta con Berni para ganar lugares en las listas a expensas del aparato tradicional del peronismo bonaerense o si es una decisión desesperada para instalar al “ministro estrella” como una réplica de Patricia Bullrich en la provincia, con un discurso de mano dura, represión a las luchas populares, y la “seguridad” del gatillo fácil. Los “nacionales y populares” buscan votos por derecha con la impunidad que les da el seguidismo cómplice de las burocracias sindicales kirchneristas y los satélites izquierdistas del peronismo. Como sea, la candidatura de Scioli o de Berni va a ser un mazazo en la nuca para las expectativas de una juventud que apoyó al kirchnerismo para “derrotar la derecha”.

El kirchnerismo por derecha

La candidatura del “soldado de Cristina” está también verde porque el propio Berni declaró no estar interesado en encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. El ministro de seguridad está enfocado en el armado todoterreno de su proyecto presidencial a la espera de un derrumbe completo del gobierno de Alberto Fernández. Si la vicepresidenta se resigna a poner a Scioli a la cabeza de la lista de diputados deberá tragarse la cicuta hasta el final porque éste también actúa de cara al 2023. La variante Berni patearía el inestable tablero de la “unidad peronista”, agravando los choques con el gobierno nacional, al que el represor de Guernica tildó de ineficaz y con quien dijo “tener grandes diferencias”. Es sabido que Alberto Fernández quiso sacarse de encima a Berni y se estrelló contra la resistencia de Cristina y Kicillof.

Las “candidaturas bicéfalas”, y por lo tanto la indefinición del candidato, reproducen la crisis política que recorre a la alianza del Frente de Todos. Lejos de un peronismo homogéneo, éste está fragmentado y con un protagonismo creciente de Sergio Massa como la otra pata de un poder repartido con albertistas y cristinistas. Massa es el presidente de la Cámara de Diputados, pero su base territorial sigue siendo la provincia de Buenos Aires. Randazzo, por su parte, ha hecho de la “vereda del medio” una ambulancia para recoger a los heridos del PJ. Si Gray y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, negocian su acople a la “unidad del peronismo bonaerense”, Florencio Randazzo perdería una cuña para abrirse paso con los mandatarios locales y punteros desplazados. Otro tanto sucede con el “peronismo republicano” que deshoja la margarita si quedarse o irse del Pro.

Urge la movilización política del Frente de izquierda Unidad

Salta a la vista que todas las candidaturas en danza del peronismo, por adentro o por fuera del Frente de Todos, son un abanico de derechistas antiobreros. La campaña electoral no termina de arrancar por la crisis de candidaturas pero principalmente por el hastío popular, el brutal ajuste fondomonetarista que lleva adelante todo el peronismo, la pobreza y desocupación récord en el conurbano, el hambre y la caída del consumo, y el derrumbe de los salarios y jubilaciones que se suma a los casi 45.000 muertos por la pandemia en la provincia de Buenos Aires.

Una “lista de unidad” del peronismo bonaerense es reaccionaria porque apunta a reforzar al gobierno contra las luchas de los trabajadores por vacunas, trabajo y salarios, y que éstas fermenten con desplazamientos políticos que muerdan la base social del Frente de Todos. Después de la multitudinaria movilización piquetera del viernes 18, una verdadera marea humana en la 9 de Julio, hubo quienes advirtieron al gobierno que el Polo Obrero está disputando posiciones fuertes al peronismo en las barriadas del Conurbano más golpeadas por la crisis social. Un dato insoslayable de progreso político de la izquierda revolucionaria en las masas más hambreadas de la provincia de Buenos Aires. Un año y medio en el gobierno pinchó aquello de que “a la izquierda del kirchnerismo está la pared”.

Todas estas son señales muy fuertes y de gran responsabilidad para el Frente de Izquierda Unidad, al que algunas encuestas vienen dando en ascenso, mientras los “libertarios” declinan en su intención de voto y son deglutidos por el macrismo. No hay “antisistemas” sino una derecha fascistoide que se encuentra en desbandada por la emigración de José Luis Espert a Juntos por el Cambio. Las luchas obreras contra el ajuste del peronismo son un punto de apoyo objetivo para el Frente de Izquierda Unidad en su relación con las masas, y subjetivo y de conciencia si la izquierda revolucionaria trabaja sistemáticamente por la ruptura de los activistas y luchadores obreros, juveniles, del movimiento de mujeres y ambientales con el nacionalismo burgués y las burocracias sindicales.

Ese deber ser el propósito de una alternativa obrera y socialista para que irrumpa la izquierda, potenciada por un Congreso masivo del Frente de Izquierda Unidad que movilice a miles de activistas obreros y populares en las luchas y las elecciones contra los partidos y candidatos de los capitalistas.

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19/06/2021

El FIT-Unidad se concentró frente a la embajada de Brasil

Jornada de lucha contra el gobierno de Bolsonaro. Marchas masivas y actos en todo el mundo.

Willy Monea Ojo Obrero Fotografía

Decenas de miles de personas se movilizaron este sábado 19 en Brasil contra el gobierno de Jair Bolsonaro, como parte de una jornada de lucha convocada por organizaciones obreras, juveniles, sindicales y políticas. En Buenos Aires, el Frente de Izquierda – Unidad se concentró frente a la embajada del país hermano en Buenos Aires, para sumar su apoyo. A su vez, emitió una declaración conjunta.

Guillermo Kane, dirigente del Partido Obrero y diputado mandato cumplido por la provincia de Buenos Aires, recordó las movilizaciones previas del 29 de mayo (también masivas) contra el gobierno del exmilitar y destacó que son parte de las tendencias a la rebelión popular en Latinoamérica contra los gobiernos que aplican los planes de ajuste fondomonetarista en todo el continente. En tal sentido, mencionó las recientes rebeliones en Perú, Paraguay y Colombia. Se refirió también a la enorme movilización piquetera del viernes 18 en Argentina, que desafió el ajuste del gobierno “nacional y popular” de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Criticó la desastrosa gestión de la pandemia por parte de Bolsonaro y el vaciamiento del sistema de salud. El gobierno brasileño se opuso a dictar las medidas básicas de aislamiento social para congraciarse con los empresarios que querían que la economía siguiera funcionando a toda costa. Hoy son casi 500 mil los muertos. Al mismo tiempo, Kane denunció el plan de entrega de Bolsonaro y su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, que incluye el desguace de Petrobras y ahora también un proceso de privatización de Eletrobras, entre otros puntos.

“Bolsonaro es una cabeza de playa del imperialismo y de todas las maniobras golpistas en la región”, dijo, recordando el respaldo del exmilitar al golpe en Bolivia. Por eso, planteó que la lucha de los trabajadores brasileños “es de interés del conjunto del continente”.

Pero cuestionó la línea de Lula Da Silva y el PT, que consiste en centrarse en las elecciones de 2022, para las que está negociando un “frente amplio” con corrientes de derecha. En oposición a ello, planteó la necesidad de un plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general, para echar ahora a Bolsonaro, su vice Hamilton Mourao y todo el régimen corrupto.

Christian Castillo, del PTS, recordó que Bolsonaro llegó al gobierno después de la proscripción de Lula y para continuar una agenda de ajuste que habían impulsado ya el gobierno de Michel Temer y antes el de Dilma Rousseff. Inscribió las movilizaciones brasileñas dentro del cuadro de agitación popular en la región, “que hace que todos los gobiernos estén temblando, porque cualquier chispa puede encender la pradera”.

Mónica Schlotthauer, trabajadora ferroviaria y diputada nacional por Izquierda Socialista, dijo que “el gobierno de Bolsonaro-Mourao representa a lo más rancio de los latifundistas esclavistas de Brasil, a los capitalistas y al FMI. Es un gobierno misógino y asesino”. A su vez, sostuvo que “está más preocupado por la Copa América que por abrir los hospitales para vencer la pandemia”. Planteó que la jornada brasileña del 19 debe tener continuidad.

En tanto, Celeste Fierro, del MST, subrayó que en más de 70 ciudades del mundo hubo actividades de solidaridad con el pueblo brasileño en esta jornada de lucha. Destacó “una nueva situación” en que los pueblos de la región “quieren que se termine con el statu quo” dominante que garantizan tanto los gobiernos derechistas como los “nacionales y populares”.

 

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18/06/2021

Baradel defiende la presencialidad en el “prime time” televisivo

El lamentable paso del secretario general del Suteba por el programa “Fuego Amigo”, de Canal 9.

Integrante de la Comisión Directiva de Suteba Matanza.

El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, intentó este jueves defender lo indefendible, al hablar del retorno de las clases en la provincia de Buenos Aires. Fue en el programa “Fuego Amigo”, que se emite por Canal 9.

Baradel: la vuelta a la presencialidad se da por criterios epidemiológicos.

Periodista: pero ahora tenemos cifras de la pandemia peores que el año pasado.

Baradel: pero este año aprendimos mucho.

Periodista: ¿en el año de pandemia hubo mucha inversión edilicia?

Baradel: Hubo muchísima, como hace años no se daba.

Periodista: ¿por qué no hay una postura común de los gremios sobre la vuelta a clases presenciales?

Baradel: en el FUDB (Frente de Unidad Docente) estamos todos de acuerdo.

Periodista: en este programa Romina Del Plá (secretaria general del Suteba Matanza) expresó que no están dadas las condiciones epidemiológicas para las clases presenciales.

Baradel (nervioso): Del Plá no es la representación institucional.

El rótulo de ministro sin cartera se queda muy corto con Baradel y la Celeste: son los voceros más serviles y genuflexos del ajuste y la política de vuelta a la presencialidad sin ninguna condición; en el peor momento del año, debido al invierno, la cantidad de contagios, ocupación de camas UTI (terapia intensiva) y fallecidos diarios.

Una cosa más: Baradel dice que él representa la institucionalidad del Suteba; la institucionalidad sindical de Baradel tiene como método asistir a la cita del gobernador Axel Kicillof y acatar sumisamente sus órdenes e informar por las redes a la docencia de la vuelta a la presencialidad. Es la institucionalidad en defensa del status quo de un gobierno que prometió acabar el ajuste educativo y cada mes que pasa no hace más que profundizarlo.

Desde la Multicolor seguiremos defendiendo la educación pública y a la docencia, rechazando la vuelta a la presencialidad en este cuadro de la pandemia; exigiendo reapertura de paritarias, inversión edilicia y dispositivos para alumnos y docentes.

Al mismo tiempo, seguiremos batallando por desplazar a la burocracia sindical de las organizaciones de trabajadores empezando por el Suteba.

No nos olvidemos que este año hay elecciones de Suteba. Vamos con todo a seguir fortaleciendo esa gran experiencia clasista, combativa y antiburocrática que es la Multicolor en la provincia y en La Matanza.

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18/06/2021

Néstor Pitrola visita Jujuy en la recta final de la campaña electoral

El martes 22, el dirigente del PO-FIT arribará a la provincia.

El dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, visitará el próximo martes la provincia de Jujuy para apoyar a los candidatos del Frente de Izquierda, días antes de la elección para diputados provinciales, concejales y comisionados municipales.

Pitrola brindará una conferencia de prensa en San Salvador de Jujuy a las 10hs (en el bar Negus, frente a la plaza Belgrano). Al mediodía participará de un almuerzo con la militancia del Partido y el Polo Obrero en Alto Comedero. Más tarde estará en una caravana por el centro de la ciudad.

“Necesitamos brindar el máximo apoyo a los compañeros del Frente de Izquierda de Jujuy que están llevando a cabo una militancia intensa en un proceso electoral manchado de irregularidades y con un piso proscriptivo escandaloso”, señaló Pitrola. El régimen electoral jujeño establece una barrera del 5% para poder ingresar al parlamento. En cuanto a las irregularidades, una empresa próxima al gobernador Gerardo Morales (UCR-Cambiemos) fue contratada para la carga informática de los resultados, entre otras opacidades.

“En Jujuy se ve muy claramente cómo Gerardo Morales y el PJ cogobiernan contra el pueblo. Es en este cuadro que el Frente de Izquierda emerge como la única alternativa independiente en defensa de los trabajadores y los sectores populares de la provincia. El voto al FIT-U refuerza las luchas que se vienen”, concluyó Pitrola.

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18/06/2021

La reunión Biden-Putin y el cerco contra Rusia

El presidente norteamericano Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin se reunieron en Ginebra este 16 de junio. Si bien ambos mandatarios calificaron como positivo el encuentro, los propios detalles diplomáticos revelan la tensión creciente que hay de fondo: no hubo conferencia de prensa conjunta ni almuerzo.

Estados Unidos y Rusia habrían acordado el regreso de los embajadores, tras los llamados a consulta del mes de abril (cuando Biden calificó a Putin como “asesino”); y empezarían negociaciones para el intercambio de prisioneros y el reemplazo del tratado de no proliferación de armas nucleares, que vence en 2026. Esos son los “avances” que ponderó la prensa.

Pero al mismo tiempo, Biden advirtió sobre una respuesta demoledora si el referente opositor Alexei Navalny muere en prisión, o en caso de ciberataques contra empresas estratégicas. Putin le devolvió la gentileza, criticando el espionaje norteamericano y la represión contra el movimiento de lucha de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

En las semanas previas al encuentro, el presidente estadounidense renunció a las sanciones contra la empresa principal realizadora del gasoducto Nord Stream 2, un proyecto ruso que ya está construido en un 95% y que llevará gas a Europa Occidental, esquivando Ucrania. Pero este gesto iba dirigido principalmente a Alemania, beneficiaria de la iniciativa. A la vez, se mantienen las sanciones sobre empresas más chicas que participan del consorcio.

Conviene recordar, también, que el mandatario norteamericano acentuó las sanciones económicas contra el Kremlin desde que empezó su gestión. La más importante es una orden del Departamento del Tesoro que impide a las instituciones financieras adquirir deuda del Banco Central ruso a partir de este mes (El País, 15/4).

Del lado ruso, en la previa sacó de la lista de personas buscadas a la lideresa de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaia, quien está exiliada por su oposición al régimen de Alexsandr Lukashenko (hoy próximo a Moscú) y recibe el respaldo europeo y norteamericano. Asimismo, retiró tropas de la frontera con Ucrania, que había desplegado previamente para ejercicios militares. Sin embargo, pocos días antes de la cumbre, la justicia calificó de “extremistas” a organizaciones vinculadas a Navalny, lo que complica la presentación electoral de sus seguidores.

Tomada la situación de conjunto, asistimos a un endurecimiento de la política norteamericana hacia Rusia. La propia gira de Biden por Europa tuvo el propósito de encolumnar a los europeos en una línea de mayor confrontación con Moscú y Beijing. El texto de la reunión del G7, celebrada días antes del mítin Biden-Putin, exige a Rusia que “cese sus actividades desestabilizadoras” (La Nación, 14/6) y expresa su preocupación por la cooperación entre los regímenes de Putin y Xi Jinping. Como dato adicional, uno de los invitados a este cónclave fue India, un archirrival de los chinos.

El texto surgido de la cumbre de la Otan se refiere también a la “creciente amenaza que representa el refuerzo militar de Rusia” (ídem, 15/6) y del mismo modo hay advertencias contra China. Si bien hubo una coincidencia en mantener una presión contra Moscú y Beijing, la reunión de la alianza atlántica puso de relieve las grandes tensiones y divisiones entre norteamericanos y europeos respecto al gigante asiático y el ex espacio soviético, donde unos y otros tienen apetitos e intereses encontrados.

En cuanto a Putin, intenta reposicionar a su país como potencia global. Y aunque ha logrado progresos importantes en materia de política exterior, como en los casos de Georgia, Crimea y Siria, Rusia ha sufrido un acelerado proceso de desindustrialización y es más dependiente que nunca de los hidrocarburos, que significan el 80% de sus exportaciones. La caída de estos precios y las sanciones establecidas a partir de 2014 tuvieron un severo impacto en la economía. El gobierno impulsó entonces un ajuste contra las masas, que incluyó la elevación de la edad jubilatoria. Navalny, el opositor detenido ahora en Moscú, expresa a un sector de la clase capitalista afín al capital extranjero que reclama una apertura económica total.

Los choques entre Estados Unidos y Rusia están condenados a acentuarse en el cuadro de crisis económica mundial y de guerra comercial, lo mismo que las tensiones entre norteamericanos y europeos.

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18/06/2021

Nicaragua: libertad a los presos políticos

Ningún acuerdo con el imperialismo y la OEA.

La condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Nicaragua por la detención de probables candidatos para las elecciones convocadas para noviembre próximo es pura hipocresía.

Gobiernos autoritarios represores como el de Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile), cargados de represión abierta, asesinatos de luchadores populares y presos políticos, sin sonrojarse, votan junto al imperialismo yanqui que pretende colocarse como “modelo” de la defensa de “los derechos humanos”. Tampoco se acordaron de repudiar el golpe en Bolivia que no solo proscribió a Evo Morales y Alvaro García Linera, sino que se llevó decenas de víctimas del accionar represivo de las fuerzas de seguridad y paramilitares e instauró un régimen fascistoide-racista.

La OEA se ha comportado como lo caracterizó el Che Guevara hace más de medio siglo: “el ministerio de colonias de imperialismo yanqui”.

Se trata de una ofensiva diplomática-política yanqui tendiente a limpiar el llamado “patrio trasero” (¡Latinoamérica!) de todo tipo de influencia chavista o régimen que no se alinee incondicionalmente con Washington.

El gobierno de Daniel Ortega, no cabe duda, es un régimen autoritario y represor sobre las masas. La sublevación popular de abril del 2018 contra un ajuste fondomonetarista, fue ahogada en sangre de la juventud y los trabajadores, con centenares de muertos, heridos y presos y millares de exiliados.

El Partido Obrero se ha pronunciado (y movilizado) en solidaridad con la sublevación del 2018 y en contra de la represión. Los yanquis, ora han apoyado al régimen de la familia Ortega, ora lo han criticado. Ahora ven la oportunidad de un recambio, alejado de toda reminiscencia populista, alineado incondicionalmente con la metrópoli.

El gobierno argentino no ha acompañado, esta vez, con su voto, la condena de la OEA. Se ha abstenido junto al gobierno mexicano. Pero ambos sacaron un comunicado conjunto repudiando las detenciones y llamando a garantizar elecciones democráticas. El gobierno yanqui entendió que esta abstención se debió a situaciones internas. Un alto funcionario de la embajada norteamericana en Argentina declaró: “nos decepcionó que la Argentina no acompañara a los 26 países que votaron la resolución de la OEA sobre Nicaragua, pero apreciamos sus esfuerzos para urgir a liberar a los presos políticos y promover elecciones libres y justas” (Clarín, 17/6). Y, se especula, que serán utilizados como negociadores para una “transición” ante el gobierno de Ortega.

En cambio, la derecha argentina de Juntos por el Cambio clama por un alineamiento total, incondicional, con el imperialismo yanqui. El vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores, el radical Facundo Suárez Lastra, reclamó que “el lugar de la Argentina en el mundo debe estar al lado de las democracias, sosteniendo sus valores”.

El Partido Obrero denuncia al régimen antiobrero y represor de los esposos Ortega y llama a luchar por la libertad de todos los presos políticos, algunos de los cuales permanecen detenidos desde la sublevación popular de 2018. Por las libertades de organización política y sindical, por libertad de expresión, por el juicio y castigo a los represores del pueblo. Pero no hacemos frente con el imperialismo que se disfraza de “demócrata”. Los trabajadores deben recordar que el imperialismo yanqui sostuvo hasta el final a la sangrienta dictadura de Anastasio Somoza, que fue derrocada por la revolución sandinista. La embajada norteamericana reconocía entonces que la salvaje represión de Somoza evidenciaba que este era “un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta”.

https://prensaobrera.com/internacionales/peru-no-a-cualquier-intento-golpista/

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17/06/2021

G7: una cumbre atravesada por divisiones y rivalidades

Muy lejos de la armonía y cooperación prometida por Biden.

Si alguien tenía expectativas que, bajo el gobierno de Joe Biden, podrían cicatrizarse las heridas, recelos y choques entre Estados Unidos y sus aliados occidentales, la cumbre del G7 ha servido para desmentirlo. Los resultados de las deliberaciones del organismo que congrega a las principales metrópolis capitalistas, demuestran que se está muy lejos de restablecer una armonía y una cooperación entre los países miembros -seriamente deterioradas bajo el mandato de Trump- que permita volver, al menos, al status quo reinante bajo el gobierno de Obama.

Vacunas y pandemia

Antes que nada, es preciso señalar que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo sobre una acción común frente a la pandemia. El pomposo anuncio sobre la donación de 1000 millones de vacunas oculta el hecho de que no había coincidencia sobre la liberación de las patentes. El primer ministro británico, Boris Johnson, es el que encabezó la negativa a dar semejante paso, reflejando la presión de los grandes laboratorios europeos, empezando por AstraZeneca que está en un seria disputa con sus pares norteamericanos. En las deliberaciones, se coló la guerra de los pulpos farmacéuticos.

Por otra parte, escarbando un poco más, surge que ni siquiera es segura la oferta de las vacunas. El único compromiso firme parecería ser el de Estados Unidos, que Biden había anunciado con anterioridad a la cumbre, aunque viene al caso señalar que dicha entrega será en cuotas, en un cronograma dilatado en el tiempo hasta el año que viene. En forma inmediata, las dosis disponibles a ser distribuidas por Washington se circunscriben a 100 millones. Los compromisos de los otros países son más vidriosos. El anuncio se trata más de un show que una acción real, que tiene como propósito desplazar de la atención mediática a China y Rusia que habían ganado un protagonismo mayor en relación al abastecimiento de vacunas a terceros países más necesitados.

Pero no se puede escapar que incluso esa oferta de vacunas es tremendamente pobre en relación a la necesidades que se calculan en 11 veces más, o sea en 11.000 millones de modo de cubrir los requerimientos del planeta. Se estima que el costo en este rubro para combatir eficazmente la pandemia a escala mundial debería ascender aproximadamente a unos 167.000 millones de dólares. Esa suma no deja de ser modesta si la comparamos con las ganancias siderales que han obtenido las empresas líderes del mundo y sus principales accionistas, incluso en plena pandemia. Apenas representa un 15% del patrimonio de una sola de las corporaciones internacionales. Es exigua, asimismo, comparada con los gigantescos planes de estímulo puestos en marcha por las principales potencias pero que han sido dirigidos al rescate del capital, en desmedro de las necesidades populares.

Europa insubordinada

La cumbre también puso en evidencia las fisuras en otros planos. El presidente norteamericano fracasó en el intento de alinear a los miembros del G7 contra China. La Casa Blanca viene de ampliar una lista negra que abarca 50 compañías chinas en la que los estadounidenses no pueden invertir, acusadas de actuar de soporte de las actividades de espionaje y militares de Pekín. Entre éstas, se encuentran la gran empresa de telecomunicaciones China mobile, la compañía de videojuegos Hikvision y el grupo petrolero chino CNOOC. El gobierno chino ha salido al cruce de esta escalda y acaba de aprobar severas medidas y restricciones comerciales contra individuos y empresas extranjeras que efectivicen las represalias establecidas por la Casa Blanca.

Sin embargo, “Europa no pretende por ahora seguir la línea dura de Biden hacia el gigante asiático” (Clarín, 11/6). Si bien existen tironeos con las autoridades chinas, la voluntad en la Unión Europea es remover los obstáculos y ratificar el acuerdo de protección de inversiones entre la Comisión Europea y Pekín. Recordemos además que las principales naciones europeas integran un emprendimiento financiero a escala global liderado por China, el Banco asiático de Infraestructura e Inversión. Los cancilleres húngaro, polaco e irlandés fueron en las últimas semanas a Pekín y los seguirán otros, incluida la visita de Ángela Merkel.

El capital europeo no está dispuesta a resignar el lugar conquistado en China y, más aún, las posibilidades de una penetración mayor. Lo que está en discusión es qué potencias lideran y usufructúan en su provecho la restauración capitalista aún inconclusa del país asiático. Tengamos presente, para tomar un ejemplo, que sólo Volkswagen vende en China 3,5 millones de vehículos anualmente, una cifra superior a los 3 millones de autos que se vende en toda Alemania.

Del mismo modo, hay reticencias para acompañar una política más agresiva que alienta Washington hacia Moscú. Europa defiende los vínculos económicos tejidos en con Moscú, particularmente en materia petrolera, en el cual el abastecimiento de Rusia es clave. Uno de los focos de tensión se concentra en la construcción del gasoducto Nord Stream 2, cuya finalización estaba detenida como resultado de las sanciones impuestas por Washington a las empresas involucradas. Si bien Estados Unidos habría levantado las sanciones que pesaban sobre el consorcio principal, las ha dejado en pie para empresas europeas que han sido proveedoras del proyecto. Estas represalias son funcionales al interés yanqui por facilitar un desembarco masivo e las compañías energéticas norteamericanas en el viejo continente y desplazar a Rusia a en ese campo.

En la cumbre no dejó de colarse el Brexit, en que las fricciones están lejos de apagarse. Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo sobre los controles aduaneros en Irlanda del Norte. Con la salida de Gran Bretaña de la UE, se debió buscar un sistema que impida que se levante un frontera dura entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda, que ha sido una fuente de severos enfrentamientos en el pasado. La solución fue un esquema aduanero entre Irlanda del Norte y Reino Unido que ahora Johnson intenta revertir. La intención del primer ministro británico de reabrir las negociaciones, apoyándose en la presencia del mandatario norteamericano, no logró prosperar no sólo por la negativa cerrada de la UE sino también por la decisión de Washington de no agitar el problema, que podría hacer estallar la cumbre.

La expectativa de que este cónclave era el punto de partida para “reiniciar la acción internacional”, utilizando palabras de Johnson, ha quedado como una expresión de deseos. Europa no está dispuesta a un retorno a las relaciones de subordinación del pasado. En los planes de la UE está reforzar su autonomía económica e incluso militar respecto a Washington. Por lo tanto, el sueño de Biden de devolverle a EEUU un liderazgo mundial (cuyo deterioro se aceleró bajo el mandato de Trump, pero que viene desde antes y echa sus raíces profundas en la declinación más estructural e histórica del imperialismo norteamericano) no pasa de una expresión de deseos. La guerra comercial acicateada por la crisis capitalista en desarrollo sólo comparable con la del 29, ha atravesado y condicionado todas las deliberaciones del G7. Estados Unidos no levantó las tasas aplicadas por Trump en 2018 al acero y el aluminio europeos.

El proyecto de Biden de crear una alianza más amplia encabezada por Estados Unidos en “defensa de la democracia", una suerte de G10, incorporando a Australia, Corea del Sur y la India, que tendría como función aislar internacionalmente a China y Rusia, tendrá que esperar si nos atenemos a la división reinante en el presente.

¿Acuerdo impositivo?

Como prueba de los avances de una cooperación internacional, se ha resaltado el acuerdo alcanzado por los gobiernos del G7 para un 'tipo impositivo mínimo global' corporativo.

Se asegura que el acuerdo contribuirá a que las empresas multinacionales paguen impuestos donde obtienen sus ganancias en lugar de enviarlas a "paraísos fiscales" o países de baja tributación, donde las corporaciones han terminado mudando la sede principal de su actividad. Pero no todo lo que reluce es oro.

Este impuesto corporativo mínimo asciende al 15% y la empresa deberá abonarlo en el país donde realiza sus ventas, independientemente de si está radicada en él. Pero, la mayoría de los países, incluyendo aquellos en que la carga impositiva es reducida, superan ese mínimo. Se ha puesto la barra muy baja de modo tal que las corporaciones están en condiciones de sortearlas.

Pero la cuestión no termina ahí. El pacto supuestamente hará que “las empresas paguen más impuestos en los países donde venden sus productos o servicios, en lugar de donde terminen declarando sus ganancias, frenando así el uso de paraísos fiscales por parte de las corporaciones. Pero eso solo se aplica a los 'márgenes' de ganancias superiores al 10% y con trucos contables se puede evitar romper este umbral. Y de todos modos, solo se reasignará el 20% de cualquier margen superior al 10%”( Michael Roberts, Sin Permiso, 13/6).

Como parte del acuerdo, una cuestión que ha pasado relativamente desapercibida, es que se eliminarán los impuestos a los servicios digitales introducidos luego de varias sanciones de Europa a las grandes empresas tecnológicas, con lo cual podría darse la paradoja de que terminen pagando menos impuestos. “TaxWatch, un grupo de expertos, ha calculado que las empresas de Big Tech pagarán menos impuestos en el Reino Unido con el acuerdo del G7 que lo que pagan actualmente con el impuesto a los servicios digitales británico” (Roberts, ídem). A esto se une la ampliación de exenciones impositivas que se estaría barajando para aciertos sectores como el financiero.

El escenario actual

La acción común de los estados tropieza con los intereses de las multinacionales, de las cuales son tributarias. Este límite determina, a su vez, que predominen no las coincidencias sino los que lo separa. La disputa feroz que viene enfrentando a las grandes empresas, en medio de una retracción de los negocios y la recesión mundial, adquiere la forma de guerra comercial entre los estados que intervienen en defensa de las corporaciones locales de sus respectivas países. El conflicto va mucho más allá de la cuestión impositiva -que, de todos modos, está lejos de resolverse, como vimos-, que se traslada a otros planos como el comercial, a través de los aranceles y las medidas paraarancelarias, y también al monetario, donde estamos enfrentando una verdadera guerra, con una cadena de devaluaciones. Recordemos que el dólar viene depreciándose en relación a otras monedas, lo cual encarece en términos relativos los productos provenientes de las otras metrópolis capitalistas.

Lejos de una armonización de intereses, el G7 es un exponente de una exacerbación de los choques interimperialistas, y del expansionismo, la confrontación, las rivalidades y también del uso de la fuerza, alentando las tendencias bélicas, que tienen como principales destinatarios a China y el ex espacio soviético.

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17/06/2021

Un balance sobre la Asamblea Nacional Popular de Colombia

Nota del Grupo de Trabajadores Socialistas.

Grupo de Trabajadores Socialistas (Colombia)

El texto que compartimos a continuación fue publicada originalmente en el blog del Grupo de Trabajadores Socialistas de Colombia bajo el título "Unidad por construir para continuar la lucha".

Los días 6, 7 y 8 de junio se realizó en Bogotá –de manera presencial en el Colegio Claretiano de Bosa, y abierta vía internet a participantes de todo el país y a nivel internacional– la llamada Asamblea Nacional Popular (ANP). Sus conclusiones fueron sintetizadas en una Declaración Final en la cual se plantean tareas de movilización, de construcción de una nueva dirección para el movimiento social y de preparación de una nueva Asamblea para fines del mes de julio. Es importante hacer un balance objetivo del evento, si queremos que sea un paso adelante en la lucha contra el gobierno genocida de Iván Duque.

La convocatoria

Desde hacía varias semanas diversos sectores veníamos exigiendo al Comité Nacional de Paro (CNP) la convocatoria de un encuentro nacional amplio que permitiera centralizar a todos los sectores en lucha, teniendo en cuenta que el CNP no es reconocido como dirección por muchos de esos sectores. Por su propia cuenta la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP) y el Bloque por el Paro General Indefinido (BPGI) intentaron realizar eventos virtuales amplios para empezar a agrupar a las múltiples expresiones de la rebeldía popular que estaban en la base del movimiento del paro nacional, sobre todo los jóvenes que garantizaron durante más de cuarenta días los bloqueos en ciudades y carreteras, que se constituyeron en la fuerza fundamental que obligó al gobierno a retroceder en sus planes antipopulares. Esas convocatorias obtuvieron respuestas muy limitadas.

Posteriormente el Congreso de los Pueblos decidió liderar la convocatoria denominándola Asamblea Nacional Popular; se quería de esa manera recoger la forma organizativa que estaba en marcha en los llamados puntos de resistencia. El CNSSP, el BPGI y otros sectores se sumaron al llamado y se hizo circular un texto para que fuera apoyado por firmas: se obtuvieron más de seiscientas firmas individuales y unas ciento cincuenta de organizaciones de la más variada índole: agrupaciones juveniles, asociaciones barriales, organizaciones étnicas, populares, culturales y partidos políticos dieron su respaldo. A pesar del escaso tiempo en que se concretó la iniciativa la respuesta fue positiva. Finalmente, según los organizadores, participaron unas mil quinientas personas -al inicio del evento presencial entre setecientos y un millar de asistentes y unos quinientos a nivel virtual. Pero este censo es poco riguroso por el flujo constante de la asistencia.

Un Comité Nacional de Paro no representativo de los sectores en lucha

Con la convocatoria de la ANP el Congreso de los Pueblos trató de reagrupar al llamado “sector de la Concha Acústica” de la Universidad Nacional, que a inicios del 2020 se enfrentó con el CNP exigiendo mayor democracia para la base y la dirección del movimiento. En ese momento, el CNP, constituido fundamentalmente por la burocracia de las centrales sindicales, se retiró del Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Étnico y Popular y se reunió en el Centro de Convenciones de Cafam, tratando de imponerse como únicos interlocutores válidos en una posible negociación con el gobierno, pues su objetivo siempre ha sido instrumentalizar la inconformidad social hacia las elecciones del 2022, al servicio de la Coalición de la Esperanza y el llamado Pacto Histórico que promueve Colombia Humana. Pero en la Concha Acústica, por su parte, se impuso la hegemonía del Congreso de los Pueblos cuyo objetivo principal es presionar por las negociaciones de paz con el ELN, a lo que se suma la exigencia del cumplimiento de los acuerdos con las FARC, que para sectores como el Partido Comunista o Comunes son la panacea para todos los males sociales de Colombia. De allí que surgieran posteriormente otros procesos de coordinación como el BPGI y la CNSSP.

Esa división de la dirección ha sido un lastre para el movimiento social pues ha impedido unificar objetivos, pliego y plan de acción. Al mes de iniciado el movimiento del 28A, la situación era apremiante para el CNP y ello llevó a que las diferencias en su interior empezaran a aflorar, pues su estrategia de negociar puntos que eran abstractos para la mayoría de los que seguían en las calles, deslegitimó aún más a los dirigentes de las centrales para asumir la vocería de los puntos de resistencia y las asambleas locales y regionales, a la vez que no quedaba claro como darle continuidad al movimiento desencadenado el 28 de abril.

Consciente de la falta de representatividad del CNP, el gobierno se ha negado a negociar, poniéndole como condición la condena a los bloqueos y, al tiempo que adelantaba la más brutal represión contra la protesta social, ha buscado acuerdos sectoriales y locales para debilitar la lucha. Por eso era más urgente que nunca llamar a la más amplia unidad para fortalecer el movimiento. La ANP era una posibilidad para avanzar en ese sentido.

Una concepción coyuntural y estratégica equivocadas

Si bien la asistencia a la ANP fue significativa su representatividad sigue siendo muy limitada. Muchos sectores sociales de peso, como el CRIC y su Guardia Indígena, no hicieron presencia oficial en el evento, aunque participaron algunas comunidades como los Misak, que tienen asentamiento en Bogotá. Tampoco avalaron el evento sindicatos que representen a franjas importantes de los asalariados industriales o estatales. Tal vez lo más importante fue la participación de un sector juvenil muy amplio en representación de algunas de las “Primeras Líneas” que han tenido el protagonismo en la actual lucha. Su energía y radicalidad dio tono a las álgidas discusiones que se adelantaron en la ANP, centradas en lo inmediato en las exigencias de garantías democráticas para la protesta, juicio y castigo a los responsables estatales y paraestatales de los asesinatos de manifestantes y en un programa de cambios estructurales de la sociedad colombiana.

Tal vez el problema fundamental de este evento fue que, tal como insistieron reiteradamente sus voceros, para el Congreso de los Pueblos “la ANP no es un evento, sino un proceso”. Es la vieja tesis de “construir un poder popular” paralelo al verdadero poder del Estado burgués colombiano y el régimen autoritario burgués-terrateniente que moldea sus antidemocráticas instituciones apoyadas en el paramilitarismo y respaldadas férreamente por el imperialismo yanqui. Con esa concepción estratégica el Congreso de los Pueblos disuelve en un futuro indeterminado de autogestión la lucha inmediata y concreta de las masas movilizadas, que si se centraliza, y articula a sectores cada vez más amplios de la población, en particular a los trabajadores asalariados, podría en una coyuntura de crisis como la que provocaron los bloqueos derribar al debilitado gobierno de Iván Duque, anticipando una posible crisis del régimen.

El otro factor negativo fue que la convocatoria de la ANP se hizo en el momento que el movimiento empezaba a debilitarse de manera notoria con el levantamiento de los bloqueos, los acuerdos locales de los alcaldes con las Primeras Líneas y el desgaste del magisterio, único sector sindical formalmente en paro. De allí que su llamamiento a realizar movilizaciones semanales para sostener el movimiento corre el riesgo de caer en el vacío o tener alcances muy limitados.

Organicemos el Encuentro Nacional

La ANP convoca un nuevo evento para fines de julio en la ciudad de Cali. Es necesario emplazar al Comité Nacional de Paro –que se ha retirado de la mesa de negociación con el gobierno por la absoluta falta de garantías, y por la presión de Fecode que ha levantado el paro del magisterio– a que teniendo como referencia esa fecha, convoque un Encuentro Nacional en el que confluyan todos los sectores que se han movilizado, en primer lugar los jóvenes que han sido la vanguardia de la protesta y la resistencia, pero que dicho Encuentro se prepare a fondo realizando asambleas democráticas en todos los lugares de trabajo y estudio, al tiempo que se fortalece la organización territorial basada en las Asambleas Populares. En ese gran Encuentro debemos realizar un balance objetivo del movimiento de paro nacional, unificar el pliego, elegir una nueva dirección que sea realmente representativa y definir un plan de acción con paros escalonados del sector estatal en preparación de un paro nacional de la producción para terminar de echar abajo todos los planes de Duque y el imperialismo.

Con ese propósito el Grupo de Trabajadores Socialistas pone a disposición de todos los luchadores las propuestas que presentamos a la ANP, de común acuerdo con Democracia Directa e Impulso Socialista, y que publicamos en este blog.

14 de junio de 2021.

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17/06/2021

Concentración del FIT-Unidad frente a la embajada de Brasil

Sábado 19, 13.30hs. En solidaridad con la jornada de lucha en el país vecino. Fuera Bolsonaro, Mourao y el régimen corrupto.

Este sábado 19, a las 13.30hs, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda-Unidad concentrarán frente a la embajada de Brasil, en Cerrito 1350 (Capital Federal), en el marco de la jornada nacional de lucha en el país vecino, que es promovida por decenas de organizaciones obreras, sociales, estudiantiles y políticas.

La calamitosa gestión de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro, así como el crecimiento del desempleo, la pobreza y el hambre, han hecho crecer el repudio popular a su gobierno.

Planteamos "Fuera Bolsonaro, Mourao y el régimen corrupto", en la perspectiva de abrir una salida para las masas.

Declaración del FIT-U

Como parte de la jornada internacional contra Bolsonaro, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad va a la embajada de Brasil

El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad se movilizará este sábado 19, a las 14 hs, a la embajada brasileña. Lo hará en apoyo a la jornada de lucha internacional que decenas de organizaciones obreras, sociales, estudiantiles y políticas protagonizarán en el país vecino y en el mundo, en rechazo al gobierno de Jair Bolsonaro.

El malestar popular viene creciendo en Brasil ante la calamitosa gestión de la pandemia por parte del exmilitar. La desmereció inicialmente como una “gripezinha” y se negó a adoptar las necesarias medidas de aislamiento social, para congraciarse con las grandes empresas que querían seguir funcionando a toda costa. Como resultado de esta política, Brasil es el tercer país del mundo con mayor número de muertos (casi medio millón de personas). Se han vivido situaciones espeluznantes, como las fosas comunes y la falta de oxígeno para los pacientes en el Estado de Amazonas. El desfinanciamiento del sistema sanitario ha agravado la situación.

Al mismo tiempo, con la pandemia se han agravado las penurias económicas de las masas. El desempleo trepó al 14,7% en el segundo semestre del año. Crecen el hambre y la pobreza, pero aun así el gobierno recortó la escasa asistencia social que había dispuesto el año pasado. En paralelo, Bolsonaro y su ministro Paulo Guedes avanzan en el desguace de Petrobras y han abierto un proceso de privatización de Eletrobras. Es una línea de negocios para el gran capital y de descarga de la crisis sobre las espaldas de las masas.

Las movilizaciones del pasado 29 de mayo -las más numerosas desde las manifestaciones educativas previas a la pandemia- envolvieron a decenas de miles de personas. El gobierno de Bolsonaro es incompatible con las necesidades elementales de la población trabajadora. Es necesario un plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general, para echar a Bolsonaro, su vice Hamilton Mourao y todo el régimen corrupto y explotador.

La orientación del PT busca tejer una red de seguridad institucional y construir una variante de recambio con sectores de la derecha y del centro político contrarios a Bolsonaro para las elecciones de 2022 (un “frente amplio”). En esa línea se inscribe el encuentro de Lula con el privatizador serial Fernando Henrique Cardoso. Las direcciones sindicales identificadas con el PT están subordinadas a esta política y vienen frenando una respuesta de conjunto de los trabajadores brasileños.

Apoyamos al pueblo brasileño en esta nueva jornada de lucha y nos pronunciamos para que tenga una continuidad, hasta derrotar a Bolsonaro, Mourao y todo el régimen de explotación.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-19-de-junio-brasil-se-moviliza/

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16/06/2021 | 1624

Israel alumbra un gobierno precario

Los límites de Bennett-Lapid.

El Parlamento israelí coronó el pasado domingo a Naftali Bennett como nuevo primer ministro, en reemplazo de Benjamin Netanyahu, quien pasa a la oposición. La votación fue ajustada, 60 a 59. De acuerdo con los compromisos de la heterogénea coalición de gobierno, integrada por ocho partidos, el ultraderechista Bennett -quien dijo alguna vez que había “matado a muchos árabes en mi vida y que eso nada tiene de malo”- rotará en el cargo con el periodista Yair Lapid, referente de un partido de centroderecha, quien hasta entonces ocupará el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. En un lugar más subordinado, también forman parte del gobierno el laborismo y el Meretz (centroizquierda), e incluso un partido árabe-israelí, el Raam.

El nuevo gobierno pone fin al largo reinado de Netanyahu y evita que Israel se sumerja en su quinta elección en dos años. Sin embargo, se trata de un gobierno débil, en el que las decisiones de Bennett y Lapid estarán sometidas a un veto recíproco. Coexisten en él religiosos y laicos; partidarios de la solución de dos Estados y de la anexión completa de Cisjordania. La vicepresidenta de la agencia Moody's, Kathrin Muehlbronner, advierte sobre un gobierno “frágil y potencialmente efímero” (Times of Israel, 14/6). A nivel popular, la percepción es la misma: solo un 11% cree que el gobierno pueda terminar su mandato, según un sondeo del Canal 12 (El País, 13/6).

El paso de mando entre Bennett y Netanyahu fue extremadamente tenso. El ahora jefe de la oposición, quien afronta numerosas causas por corrupción que podrían llevarlo preso, prometió en su discurso de despedida “derrocar a este peligroso gobierno izquierdista, más pronto de lo que se cree” (ídem). En su propósito de obstaculizarlo y deponerlo, Netanyahu ha conformado un bloque junto a las fuerzas ultraortodoxas y el Partido Religioso Sionista, con alrededor de 50 diputados. Ya han presentado dos mociones de desconfianza contra el nuevo gobierno en la Kneset (el Parlamento). Al acusar de “izquierdista” al nuevo gobierno, “Bibi” trata de escindir de él algunos de sus diputados derechistas.

En resumen, Israel evita una nueva elección, pero no la inestabilidad política. Uno de los desafíos que afrontará en breve el nuevo gobierno es la aprobación de un presupuesto. Israel tiene un alto déficit fiscal y una deuda en crecimiento, que para 2024 podría llegar al 80% del PBI (Times of Israel, ídem). Al calor de ello, en los últimos años han crecido los cuestionamientos a los privilegios de los ultraortodoxos. Avigdor Lieberman, de Yisrael Beitenu, quien ocupará el puesto de ministro de Finanzas, ha ganado parte de su fama por oponerse a ellos. Pero si avanza, desatará un nuevo foco de conflicto.

La agenda de Biden

La mayor novedad entre el viejo y el nuevo gobierno se refiere al vínculo con Estados Unidos. Si Netanyahu aparecía firmemente alineado con Donald Trump, la nueva administración se propone restaurar los lazos con el Partido Demócrata norteamericano (será el primero de los objetivos de Lapid como canciller). Joe Biden fue el primer mandatario extranjero en comunicarse con Bennett para felicitarlo.

El presidente norteamericano quiere retomar los acuerdos con Irán sobre su plan nuclear. En este marco, Netanyahu acusó en su discurso de despedida al flamante primer ministro de no tener capacidad para oponerse al giro estadounidense. Por el momento, sin embargo, tanto Bennett como Lapid se han pronunciado en contra de dicho programa.

En lo que refiere a la cuestión palestina, después de apañar la campaña de bombardeos contra la Franja de Gaza, Biden dijo que defiende la solución de dos Estados. Según algunas versiones periodísticas, el mandatario norteamericano -y algunos países árabes como Egipto y Jordania- estarían alentando un retorno de las negociaciones entre Israel y la Autoridad Palestina, bajo el patrocino del cuarteto que integran Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Naciones Unidas. A tal efecto, la Autoridad Palestina (AP) habría formado ya un equipo negociador (Jerusalem Post, 16/6). Como gesto previo hacia la AP, Biden había anunciado la reapertura en Jerusalén Este de una oficina diplomática cerrada por Trump, y se mostró dispuesto a colaborar en una reconstrucción de Gaza en tanto esté mediada por la AP, es decir, excluyendo a Hamas.

Biden mantiene la alianza estratégica con el sionismo, pero tras el fracaso del “acuerdo del siglo” de Trump-Netanyahu explora otra política para la región, más aún ante el nuevo despertar en la lucha del pueblo palestino, que quiere neutralizar.

Su agenda, de todos modos, se enfrenta con un campo minado. Aunque Bennett prometió en su asunción “una nueva etapa con los árabes de Israel”, debutó autorizando una marcha de los colonos en Jerusalén Este este martes, en el curso de la cual volvieron a escucharse los cantos de “muerte a los árabes”. Decenas de palestinos que salieron al cruce del mítin derechista fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. En este contexto, Hamas lanzó ataques incendiarios contra Israel, que a su vez volvió a agredir la Franja de Gaza, en el primer incidente desde la tregua que puso fin a los bombardeos. Varias organizaciones palestinas, por su parte (Hamas, Frente Democrático, Frente Popular), han advertido a la AP que no retome un diálogo que consideran funcional al sionismo.

Es importante aclarar que la solución de dos Estados que ha desempolvado Biden en su discurso no implica ninguna salida para el pueblo palestino. Sería la creación de un seudoestado, atomizado y vigilado por Israel. Hasta el mismo “acuerdo del siglo” de Trump-Netanyahu lo contemplaba, a la par que convalidaba la anexión israelí de nuevos territorios, como el valle del Jordán.

Palestina única, laica y socialista

El crecimiento de la resistencia palestina es un serio obstáculo que enfrenta el nuevo gobierno israelí. Las manifestaciones contra los desalojos en Jerusalén Este y la huelga general contra los bombardeos, que unió Jerusalén Este y Cisjordania, marcan una nueva era en la lucha contra la ocupación sionista. Estas movilizaciones, en las que jugó un papel clave una nueva generación de luchadores, pusieron en cuestionamiento a la propia dirección de la Autoridad Palestina, por sus acuerdos de seguridad con Israel, y a las burguesías árabes, por su política de normalización de relaciones con el sionismo.

La región entra en una nueva etapa, pero igualmente convulsiva. No hay salida posible para las masas de la región de la mano del sionismo. Es necesaria una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

https://prensaobrera.com/internacionales/noticiero-internacional-36/

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16/06/2021 | 1624

Noticiero internacional

Estados Unidos - Canadá - República Dominicana.

Continúan las huelgas mineras en Canadá y Estados Unidos

Los 2.400 trabajadores de Vale del distrito de Sudbury, departamento de Ontario, entraron a principios de mes en una huelga con piquetes contra una oferta salarial a la baja de la patronal. La propuesta en cuestión incluía un aumento del 4% en el plazo de cinco años, más dos bonos. En los últimos días, los trabajadores rechazaron una segunda oferta, semejante a la anterior. El 87% del personal votó por desestimar la oferta empresaria.

La huelga de los trabajadores mineros viene precedida de otros importantes conflictos, como el del puerto de Montreal, que el gobierno de Justin Trudeau desactivó apelando a una antisindical ley de “vuelta al trabajo”.

A la par de la huelga canadiense, unos mil trabajadores de la firma Warrior Met Coal llevan más de un mes de paro en Alabama, Estados Unidos. Hace cinco años, este grupo impuso una rebaja salarial de 6 dólares la hora, extorsionando a los trabajadores con despidos. En abril de este año, la empresa propuso recomponer apenas 1,50 dólares de esos 6 perdidos, en una oferta que contó con el respaldo de la conducción burocrática de UMWA (United Mine Workers). Pero los obreros la rechazaron abrumadoramente y entraron en conflicto.

Triunfo sindical de los metalúrgicos en Minas Gerais-Brasil

Con el 56% de los votos, la lista de la Intersindical “Vermelha” (roja) se impuso a la de la patronal en las elecciones del Sindicato de los Metalúrgicos de Ipatinga-Minas Gerais. El conteo finalizó el 11 de junio. La empresa Usiminas (Unidades Siderúrgicas) impulsó la lista derrotada, en la que también figuraban burócratas de las centrales Fuerza Sindical y CUT.

La lista antiburocrática se impuso a pesar de la intensa presión de Usiminas. La Intersindical “Vermelha”, que es un grupo de sindicalistas independientes y combativos, surgió como un desprendimiento de la Intersindical, vinculada al Psol, de la que se apartaron por considerarla burocratizada.

Más información aquí.

Los médicos dominicanos en lucha

El Colegio de Médicos de la República Dominicana inició el 10 de mayo una serie de paros en reclamo de un aumento en el pago de las consultas por parte de las Aseguradoras de Riesgos de la salud (ARS). Las cámaras empresarias adujeron falta de fondos para conceder el alza y lanzaron una gran campaña en contra de los trabajadores. La Justicia se alineó con la patronal, al emitir una resolución contra las medidas de fuerza, alegando la esencialidad del sector salud. En respuesta, el sindicato realizó una vigilia el 14 en defensa del derecho de protesta. También denuncia que los funcionarios de la superintendencia de salud están al servicio de las patronales. Actualmente, hay negociaciones entre las partes, pero no hay cese de servicios.

https://prensaobrera.com/internacionales/noticiero-internacional-35/

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16/06/2021 | 1624

El 19 de junio, Brasil se moviliza

¡Fuera Bolsonaro, Mourao y el régimen antiobrero y corrupto!.

Este sábado 19 de junio se realizará en Brasil una jornada nacional de lucha contra el gobierno de Jair Bolsonaro y sus políticas sanitaria y social antiobreras y antipopulares. Será en alrededor de 300 de las más importantes ciudades de Brasil. También estará acompañado con concentraciones y actos frente a las embajadas brasileras en el mundo. En la Argentina, el Frente de Izquierda Unidad ha convocado a una concentración frente a la Embajada de Brasil, a las 13:30 horas del próximo sábado.

Récord

Brasil está a punto de llegar al trágico récord de medio millón de muertos por la pandemia de Covid. Diversos analistas han demostrado que esto no era inevitable: la cantidad de víctimas fatales podría haber sido sensiblemente menor. El conjunto del sistema de salud está colapsado. No solo faltan vacunas para inmunizar a la población, sino los instrumentos y medicamentos para enfrentarlo (oxígeno, respiradores, terapias intensivas, etc.).

Y la actitud de Bolsonaro y su régimen es afirmar que no es para tanto: que los gobernadores han “inflado” las estadísticas de fallecidos. En lugar de movilizar el país para enfrentar la pandemia, se opone a las medidas de cuarentena y al uso de barbijos. Dice que se trata de una “gripezinha” y aconseja remedios caseros para tratarlo.

Desde el punto de vista social había dejado sin efecto, a fines del año pasado, los subsidios a los desocupados que no tienen asegurados ingresos monetarios. Los ha debido restablecer, por montos menores, debido a la fuerte presión social. Recién ahora aumentaría este subsidio a 250 reales por familia.

El Senado es cómplice de este crimen de lesa humanidad. Ha conformado una comisión para investigar si ha sido (y está siendo) correcta la política del jefe de Estado frente a la pandemia. Mientras siguen muriendo miles cada día y el pueblo explotado se hunde en la miseria social. Aquí rige la máxima que alguna vez planteara Perón: si un gobierno quiere que no se modifique su política cuestionada sobre algún tema, debe formar una “comisión para que se investigue” y que pase el tiempo y quede en la nada.

La movilización popular del 29 de mayo

Esta jornada está precedida por las movilizaciones populares que se desarrollaron en numerosas ciudades el 29 de mayo pasado. Decenas de miles salieron a las calles: las corrientes de izquierda, activistas sindicales, movimientos feministas, etcétera.

Las grandes ausentes fueron las centrales obreras dirigidas por la burocracia sindical (¡CUT!) y el PT, que boicotearon esta jornada de lucha. Sectores del sindicalismo y el PT que se esforzaron no solo en no participar, sino que activaron para boicotearla. Lula (el expresidente y dirigente del PT) no abrió la boca, no se pronunció. Porque está en contra de que los trabajadores paren, se movilicen y apliquen medidas de acción directa. Su “estrategia” anunciada es no caer en “provocaciones” y concentrarse en que Bolsonaro sea derrotado en las elecciones de octubre de 2022. Se ha transformado directamente en un claro factor de desmovilización de las masas.

La repercusión que tuvo la jornada de lucha del pasado 29 de mayo fue, básicamente, producto de la izquierda y el activismo juvenil y obrero que la tomó en sus manos. Y fue una reacción directa frente a la parálisis de la CUT y demás centrales obreras burocráticas. Estas habían entregado las calles el 1° de Mayo a Bolsonaro. Mientras las centrales hacían un “streaming” de conciliación de clases, trayendo como protagonistas a personajes como el expresidente Fernando Henrique Cardoso y otros políticos burgueses reaccionarios, Bolsonaro movilizó a miles de simpatizantes derechistas con un claro lenguaje de lucha de clases, contra los trabajadores y la izquierda. El de la CUT fue un acto en favor de un “frente amplio” para las elecciones de 2022.

El impacto del 29 de mayo

Fueron las movilizaciones más grandes desde el ascenso de Bolsonaro en 2019. Y lo que estaba claro -para todo el activo de vanguardia- es que exigía continuidad. Las burocracias de las centrales sindicales se resistían, siguiendo la política de contención y electoralismo del PT, a convocar a nuevas medidas de lucha. En sus reuniones intercentrales no “había consenso”. Pero el temor de que se repitiera una nueva jornada nacional de lucha, no solo sin el apoyo de las centrales, sino denunciando directamente la pasividad colaboracionista de sus burocracias, las obligó a convocar para el 19J. Un dirigente del PT planteó: “tenemos que ser creativos en las formas de lucha, pero no podemos retirarnos de las manifestaciones”. Finalmente, la burocracia “consensuó” la jornada del sábado 19. Aunque algunas burocracias anunciaron (¿agregando?) concentraciones propias el viernes 18.

Pero se “equivoca” este dirigente. No hace falta ser “creativos”: hay que volver a los “viejos” métodos de lucha. Es necesario un plan de lucha nacional con paros y marchas hacia la huelga general. La puesta en acción de la clase obrera hará saltar por los aires el sistema bolsonarista.

¡Fuera Bolsonaro, Mourão y todo el régimen antiobrero y corrupto!

Prácticamente “todo el mundo” que se movilice este sábado 19 lo hará bajo la consigna “¡Fuera Bolsonaro!”. Pero hay dos maneras de encararla. La de Lula, el PT y las burocracias de las centrales sindicales, que plantean “desgastar” a Bolsonaro para sacarlo en las elecciones de octubre 2022, formando un “frente amplio” con sectores de las clases dominantes, de clara trayectoria reaccionaria (un cambio gatopardista que deje en pie la estructura económica-social de explotación y entrega). Y si la situación se sale de control, poner en marcha -lo que Lula declaró varias veces que no quiere- un impeachment (juicio político) en el Congreso para reemplazarlo en forma “institucional”.

La otra es la de gran parte del activismo juvenil y obrero que no está dispuesto a esperar un año y medio, en mitad de una masacre sanitaria, social y represiva. Se trata no solo de echar a Bolsonaro, sino a su continuidad: el vicepresidente, el general Hamilton Mourão y el régimen corrupto cómplice que lo sostiene. ¡Fuera Bolsonaro, Mourão y el régimen corrupto! Y el objetivo debe ser, no el de reemplazar al bolsonarismo por un “nuevo régimen” con políticos burgueses reaccionarios y antiobreros. Necesitamos un frente unido de todas las corrientes obreras y de izquierda que batalle por un plan de lucha nacional con medidas continuadas y crecientes hacia la huelga general. Por un subsidio de 600 reales -para todo aquel que no tenga ingreso salarial en blanco- mientras dure la pandemia. Derogación de las reformas laborales y previsionales antiobreras. Por un salario igual a la canasta familiar. Por un plan de acción centralizando la medicina privada (sanatorios, farmacéuticas) por el Estado, para enfrentar la catástrofe pandémica: triplicar el presupuesto de salud bajo control directo de profesionales y trabajadores de la salud. Tomar todas las medidas de cuarentena necesarias hasta que se ponga en marcha el sistema sanitario.

El activismo juvenil y obrero puede “usar” la jornada nacional de lucha del 19J para avanzar en la organización independiente de los trabajadores y explotados. Asambleas, plenarios coordinadores, preparando el terreno para un gran congreso nacional de trabajadores que organice la resistencia y promueva un plan de lucha nacional.

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15/06/2021

Perú: no a cualquier intento golpista

Es vital: los trabajadores deben organizarse y votar su agenda independiente.

Agrupación Vilcapaza

Foto: Luis Maguiña

Según la ONPE (órgano estatal de fiscalización electoral), al 99,92% de los votos contabilizados, el profesor Pedro Castillo le estaría ganando a Keiko Fujimori por 49,710 votos. No obstante, Keiko está denunciando que hubo “irregularidades” en el proceso electoral.

El pedido de nulidad de 820 mesas por parte de Keiko Fujimori no tiene asidero. La Junta Electoral Nacional habilitó el viernes 11, a las 8 horas de la mañana, que Fujimori podía presentar nuevos pedidos de nulidad sobre mesas, pese a que el plazo legal había vencido el miércoles previo. Esto habilitaba a que Keiko presentara más y más planillas para pudrir el proceso de conteo. Una fuerte agitación en la población (anuncio que venían ronderos-campesinos del interior hacia la Capital, etc.) hizo que la Junta en la misma noche del viernes se retractara.

La mayoría de las observaciones pidiendo nulidad están basadas en “dudas”, suposiciones y sin peritajes. Son inventos armados-dibujados por los equipos de abogados que contrató la derecha.

¿Por qué perdió Keiko?

En Perú, hay aproximadamente 8 millones de peruanos sin agua potable, 1 millón y medio sin refrigerador, casi 2 millones sin vivienda social digna. Y según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), más de 3 millones de peruanos han pasado a engrosar las filas de la pobreza. De esta forma, el coronavirus ha intervenido como un factor detonante de todo el sistema desarrollando una metástasis que no se va a curar con “aspirinas”, ni con “reformas” anticorrupción como plantea la centroizquierda.

En la campaña electoral, Keiko prometió el oro y el moro. Pero la masa pobre no le creyó. Se rodeó de gente oscura vinculada a la dictadura de su padre que la gente identificó con la élite política y mediática que durante el tiempo del llamado boom de minerales se enriqueció. Carlos Rodríguez Pastor, dueño del grupo Intercorp, propietario del 95% de la industria farmacéutica y decenas de empresas, durante la pandemia se benefició del salvataje estatista “Reactiva Perú”: aumentó su patrimonio monetario de $4,000 millones a más de $5,000 millones.

Un intento golpista a la boliviana

El intento de pudrir el escrutinio era para enrarecer la situación, desconocer el resultado y que se convocara a nuevas elecciones. Como se hizo en Bolivia en noviembre del 2019 destituyendo a Evo Morales, acusándolo de un fraude que nunca se pudo demostrar.

Pero justamente el fracaso del golpe boliviano que dio lugar al desarrollo de una fuerte resistencia de masas y a una huelga general, para terminar meses después reponiendo –elecciones mediante- al MAS en el gobierno, hizo que la burguesía y los factores de poder no esté apoyando esta propuesta aventurera fujimorista. Perú podía ser llevado a un levantamiento como el que empezó a desarrollarse en noviembre último contra el golpe que destituyó al presidente Martín Vizcarra y que obligó que tuviera que renunciar el golpista Manuel Merino.

A las clases dominantes no les gustó para nada que ganara el “profesor” Castillo. Porque creen que no tiene condiciones materiales para contener una irrupción de masas (por el contrario, la podría acelerar con sus contradicciones). Pero…

La burguesía ha entrado en una nueva fase

Keiko, como el ex presidente yanqui Donald Trump, a esta altura quiere aparecer como que quedó desplazada del poder por un “fraude comunista” con el fin de candidatearse a retomar el poder (y, casi seguramente, no por vía electoral). Hizo una campaña que combinó su tradición de “mano dura” con demagogia populista. Logró reagrupar en forma forzosa -porque se dio en la segunda vuelta (en la primera sacó el 12%)- el 49% de los votos y obtener el apoyo de sectores que se le oponían por su carácter fascistoide, presentándose como adalid de la democracia (la selección de fútbol nacional, el premio nobel Mario Vargas Llosa, etc.). Y como un objetivo subalterno (pero importante): negociar políticamente con Castillo para no terminar presa.

Foto: Luis Maguiña

Las clases dominantes y los “factores de poder” burgués están tratando de condicionar al nuevo presidente-profesor Castillo que debiera asumir el 28 de julio próximo, haciéndole adoptar compromisos públicos de que no va a modificar sustancial, ni progresivamente al Perú. En materia social-cultural es un elemento conservador y reaccionario: se opone ferozmente al derecho al aborto y los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Es un hombre ligado a las Iglesias (católicas y evangélicas).

Las promesas de cambios democráticos-institucionales que hizo en la campaña electoral de la primera vuelta, han desaparecido o ha pegado un giro de 180 grados. Por ejemplo, respecto al corrupto y reaccionario Tribunal Constitucional (TC), que se ha convertido en un claro instrumento contra los trabajadores y los pobres, rechazando leyes populares como la devolución de la plata a los aportantes de la ONP (Oficina de Normalización Previsional), la Ley CAS (Contratación Administrativa de Servicios), la devolución del FONAVI (aportes al Fondo Nacional de Vivienda), etc. Castillo pasó de anunciar su propósito de disolverlo a comprometerse a fortalecerlo.

Y ahora está revisando la ley que protege la negociación colectiva de salarios y condiciones laborales de los trabajadores públicos. Considera en forma antiobrera que es “anticonstitucional”.

En general, mientras firma acuerdos con la Federación de Trabajadores Mineros (FNTMMSP), etc., no plantea seriamente ninguna reivindicación obrera (anulación de las llamadas “suspensiones perfectas” que permiten a las patronales despedir sin cortapsisas, etc.). Y su promocionado futuro ministro de Economía, Pedro Francke, ha salido a “calmar los mercados”. Francke sacó comunicados planteando: “no tenemos nada que ver con la propuesta de Venezuela, no haremos expropiaciones, no haremos estatizaciones, no haremos controles de precios generalizados, no haremos un control de cambios… Se va a mantener la autonomía del Banco Central de Reserva, es importante en el Perú que hemos tenido una inflación baja. Mantendremos una política de sostenibilidad fiscal de mediano plazo” (Infobae, 11/6).

Luego, cuando le preguntan por su relación con la central empresaria, CONFIEP, responde: “Con el gremio no, pero sí hemos contactado con varios empresarios de distintos sectores y estamos todavía promoviendo nuevos encuentros”. Y sobre la minería, Francke señaló: “la rentabilidad del negocio minero va a ser muy buena en los próximos años y nosotros queremos que haya un mejor diálogo nacional para que haya menos conflictos sociales, más respeto del medio ambiente y podamos tener un desarrollo de la inversión minera sostenible” (Euronews, 12/6).

A cada segundo, la burguesía, por diferentes caminos, le reclama más y más “garantías”, para habilitar el reconocimiento legal de su triunfo electoral y su ascensión al gobierno. Y Perú Libre (PL) y Castillo se van comprometiendo, mientras llaman a las masas a no caer en la provocación y no movilizarse a través de un plan de lucha, que llegue al paro nacional y bloqueo de carreteras.

Hay un ala de Keiko, los partidos derechistas y las “fuerzas de seguridad” que llama a organizarse y hacerse de una base de masas para ahogar en la represión al próximo gobierno y a las masas que lo apoyan, usando una agitación anticomunista y macartista. Alentando, incluso, el desarrollo de grupos paramilitares y/o neofascistas (el parlamento votó poco antes de las elecciones que los “privados” puedan hacer “donaciones” para armar a comités de autodefensa en el agro: como en Colombia). En este sentido abona la presencia del golpista venezolano y organizador de grupos terroristas, Leopoldo López. Ya anteriormente Rafael López Aliaga, “porky”, arengó por “la muerte del comunismo, Cerrón [exgobernador de Junín] y Castillo” (diario El Peruano, 9/5).

Cada día más, las propuestas de Perú Libre y Castillo quedan reducidas a sloganes generales (“No más pobres, en un país rico”) y a promesas de “honestidad” y “lucha contra la corrupción”.

Los trabajadores y explotados también debemos entrar en una nueva fase

Hay señales claras de reconocimiento del establishment a Pedro Castillo como presidente. Pero el peligro sigue pendiente. La demora en declararlo es parte de un chantaje de la burguesía.

Los trabajadores no deben ser furgón de cola del castillismo. Deben fijar su programa en forma independiente y plantarse en defensa del mismo frente a la derecha, a todo intento de desconocer las elecciones y también frente al próximo gobierno que, como señalamos, está escondiendo sus planteos más “progresistas”.

La CGTP (central obrera) convocó a marchar el lunes 14, para “impulsar el frente nacional cívico popular en defensa de la voluntad popular, la democracia y la gobernabilidad”. No por las reivindicaciones de los trabajadores y del pueblo y la nación explotada, sino en defensa de la “gobernabilidad”. Se usará la amenaza de la derecha para mantener sumergido al movimiento de las masas.

Los trabajadores deben fijar su propia agenda, en forma independiente. Plantear el inmediato reconocimiento del triunfo electoral de Castillo y el rechazo de cualquier intentona golpista o de limitación institucional del próximo gobierno, convocando a la movilización obrera y popular.

Convocar a un Congreso Coordinador Nacional de las masas obreras y explotadas, con delegados elegidos en las fábricas y empresas, entre los trabajadores de las fincas agrarias, en las barriadas de los desocupados. Donde se vote un pliego nacional de reivindicaciones no solo obreras, sino de salida a la crisis nacional: aumento salarial a nivel de la canasta familiar; eliminación de las suspensiones perfectas y ceses colectivos; negociación colectiva por rama de actividad; que la banca privada pase al poder público; derogación del régimen de AFP; conformación de un sistema sanitario estatal y único (expropiando a los mercaderes de la salud del pueblo); impuesto a las fortunas; que los ricos paguen los más de 9,000 millones de soles que deben por impuestos; no pago de la deuda externa; etc.

El sindicalismo combativo puede jugar un rol importante si toma la iniciativa en este camino de independencia obrera interviniendo con sus propias demandas. Exigiendo la disolución del Tribunal Constitucional que funciona como un antiobrero Senado encubierto.

El Perú obrero y campesino se sumará –por sus propias vías particulares- a la ola de rebeliones populares que recorre América Latina.

https://prensaobrera.com/internacionales/trabajadores-peruanos-en-argentina-nos-organizamos-contra-fujimori/

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15/06/2021

El encuentro Ginés-Sigman y la guerra entre los laboratorios

Lobbys cruzados por la vacunación.

El exministro de salud Ginés González García y el titular del grupo Insud, Hugo Sigman, fueron fotografiados esta semana por un turista en Madrid mientras mantenían una reunión. La difusión de la imagen generó una gran repercusión, en tanto es una nueva muestra de la cercanía del empresario farmacéutico con el poder político. Ya el mes pasado, se había entrevistado con el ministro Martín Guzmán en la capital española. E incluso, en su momento, sonó como posible embajador argentino en el país europeo, en el que reside.

De acuerdo a La Nación (15/6), el motivo del encuentro habría sido la demora en la provisión de las vacunas contra el Covid-19. Argentina firmó el año pasado un acuerdo con el laboratorio británico AstraZeneca por 22 millones de vacunas, que tenía como asociado a mAbxience, de Sigman, encargado de producir el principio activo en sus instalaciones de Garín. A su vez, el laboratorio mexicano Liomont debía envasarlas.

Como es sabido, pese a que el gobierno pagó por adelantado el 60% del contrato (más de 50 millones de dólares), no recibió ni una sola vacuna hasta el mes de abril, cuando ya debían haber llegado al país 6 millones, según el calendario establecido. Al día de hoy, solo arribaron 5 millones en total.

Frente a esta demora criminal, Sigman deslindó responsabilidades, señalando que el retraso se daba en el envasado. Y dijo que este proceso no podía hacerse en Argentina, lo cual se reveló pronto como una mentira, dado que el laboratorio Richmond anunció que lo haría en el marco de un contrato para la producción local de la Sputnik V.

El Frente de Izquierda–Unidad emprendió una campaña para intervenir mAbxience y garantizar la provisión, mediante su producción pública, frente a la insólita situación de que se exportaba el principio activo sin que llegaran luego las vacunas, mientras en el país se retrasaba la inmunización.

Quien divulgó inicialmente la imagen del encuentro entre González García y Sigman fue la diputada nacional de la Coalición Cívica-Cambiemos, Mariana Zuvic. La oposición patronal ataca el contrato de AstraZeneca con el gobierno, pero solo para oponerle como alternativa un sometimiento completo al pulpo farmacéutico yanqui Pfizer, por quien ejerce un lobby desvergonzado.

En medio de una pandemia que ya se cobró la vida de 85 mil argentinos, asistimos a una puja nauseabunda entre grupos capitalistas por el botín de la provisión de vacunas. El gobierno privilegió inicialmente al grupo británico y algunos de la burguesía nacional (como Richmond y Sigman), en tanto que Juntos para el Cambio se ubicó detrás de los yanquis.

Lo que tienen en común todos estos grupos es que son favorecidos con cláusulas de confidencialidad y de indemnidad patrimonial. En el caso de los laboratorios extranjeros, incluso, una ley votada en el Congreso les permite que las disputas legales se diriman en tribunales extranjeros.

La gestión capitalista del proceso de vacunación ha conducido al acaparamiento de inmunizantes por parte de las grandes potencias; a que en Estados Unidos haya vacunas a punto de vencerse, mientras otros países apenas están comenzando sus planes de vacunación.

Todo esto plantea la necesidad de la publicidad de los contratos, la abolición de patentes y la estatización bajo control de los trabajadores de la industria farmacéutica.

https://prensaobrera.com/salud/vacunas-la-prorroga-del-contrato-incumplido-por-astrazeneca/

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14/06/2021

Brasil: victoria antiburocrática y antipatronal de los metalúrgicos

La lista de la Intersindical derrota a la de la patronal y la burocracia en el sindicato de Ipatinga-Minas Gerais.

Política Revolucionaria

A diferencia de la Argentina, en Brasil los sindicatos son identificados más directamente con partidos o fuerzas políticas. Así la CUT (Central Única de los Trabajadores) está con el Partido de los Trabajadores, la CSP (Central Sindical y Popular) Conlutas está ligada al PSTU, la Intersindical con el PSOL y así sucesivamente.

De esta Intersindical del PSOL surgió la llamada Intersindical “vermelha” (roja) que es un grupo de sindicalistas independientes y combativos que fundó una nueva corriente por entender que aquella era una central sindical burocratizada.

Las patronales también tienen centrales sindicales cuasi directas como la Força Sindical y en algunas empresas manejan las representaciones sindicales, como es el caso de la Usiminas (Unidades Siderúrgicas de Minas Gerais).

La Intersidical “vermelha” tiene fuerza política en el interior de San Pablo dirigiendo gremios metalúrgicos, también tiene trabajadores del sector de zapatos y en Brasilia representantes en el sector de bancarios, etc.

Ahora estaba pleiteando un sindicato en una fábrica importante de Minas Gerais (centro de Brasil).

La lucha fue muy tenaz porque la patronal puso dinero y todo un aparato sustentando su lista. La CUT no apoyó en nada la lucha contra la lista propatronal. Así que la Intersindical “vermelha” tuvo que afrontar un gran desafío.

En la noche del viernes 11 de junio, el escrutinio de los votos dio como resultado que los trabajadores del Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga-Minas Gerais derrotaron a la lista propatronal de Usiminas.

El mérito fue gigante porque derrotó las tentativas de intervención de la patronal de Usiminas -y de otras empresas- presionando a los trabajadores para que no fueran a votar y/o lo hicieran por “su” lista, formada por burócratas de la Força Sindical (y también de la CUT). La “categoría” enfrentó la presión patronal y garantizó la victoria de la lista de la Intersindical.

Ya sea en la Usiminas, en las constructoras, en las empresas metalúrgicas o entre los jubilados, la mayoría de los metalúrgicos se colocó en movimiento para impedir el retorno de la burocracia y de los patrones en el Sindicato. Con 56% del total de votos, la lista de la Intersindical junto con los trabajadores derrotó a la lista patronal.

La conducción electa abre una nueva esperanza y se compromete a seguir fortaleciendo la lucha por mejores condiciones de trabajo, contra las pérdidas salariales y por la recuperación de los derechos retirados por los patrones y los burócratas.

La Intersindical promete que juntos, con el conjunto de la clase trabajadora, fortalecerá la lucha contra los ataques del capital y de sus gobiernos serviciales que atacan la vida y los derechos de nuestra clase.

Los metalúrgicos de Ipatinga ¿son un anticipo de una tendencia antiburocrática y clasista en desarrollo en la lucha por recuperar las organizaciones sindicales como instrumento de lucha independiente de los trabajadores?

https://prensaobrera.com/internacionales/brasil-las-movilizaciones-desafian-a-bolsonaro/

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Convocatoria en qom a la jornada del 14

Habrá manifestaciones en varios puntos del país.

Versión en español.

Convocatoria de comunidades qom y Moqoit NQOYENATAXANAGAC

Qaraponaxac l´taaraic, ca na’ac lunes 06 ca´agoxoic junio sesoxonactac nam qarhuopi, qompi moqoit´pi encauce na qarhuopi l´ma nam l´chaco ra senoxonauec cam lunes 14, nachena nam ca´axoic junio. Saoqtaique ra huo cam, itchiguie nhuaxanagec cam lasoxohuashet ra nachalataxac yem qarhuole´ec JOSE LAGO qac nataqaen som saq saiamagarenac laqtaxanagec som ilotege´e Anam argentina lotanagec nam qom.
Qa´ampi qataq y´iallerppi qananelerec yem paguiñe na nerec

Na nhuo qom nataq Moqoit neraña man napa´lpi (chaco) inqoyegenaqtega ram huo cam cal´raxac enahuac nam qarhuo qom qeeca n´daxac ishet ra enahauac Anam argentina qanqaen qe´eca lunes 14 chaaye saotaique ram huo cam itchiguiñe nhuanagec cam lasoxohuashet ram l´lehuaxaa yem qarhuo le´ec Josué lago qomle´ec 23 vi´iyel ram nachalataqol lasohuaaxactanagec nam lamaxashecpi huataxanacpi ñe JORGE CAPITANICH huaña yem san Martin
Qatac nhuetaxanactaic ra nalatagec som leí qarhuo Qompí. Sahuoqtaique ñe´egenxasop re´era nalatagec ye qarhuole´ec huetoigui nahua 2 tresolqa na´aq re´era ltaxaiagaq lotaxanaqtayc na qom som nataxala lta´ari´ic ALVERTO FERNDEZ maye chemqot ram enahuaq nam nagui netalec ana´ana argentina cheqatege ram alhua l´lla; ipotapegelec ram shenacta qataq maiche qaralamxat lataxaco.

Qooye ihuen ram llaponaxaa nache qolqot ra senoxonagahuec enahuac nam shiaxahuapi mayee lma na argentina chaayee enahuac nam nataxalapi ltaaraicpi, iataqta naacheenam so uahuñepi somayepi rhuotaxarec nam qarmaatel lhual, qomi ilaralhuec nam qarma´atel qomi imengeta ra salchonatanaxagaa nam huatanaqpi, qaica ca nootaq ltaraic ra qarhuenaxagaa qaltac nachoyic, nqohuaxa ra l´lla qomi qaicoñerget ra saq ishet ram senonaxahua ra pagenac yoochigui´i qatac ra noon nqalaxaa, naiamaxate man lahiotaxapi nam neraigui lashehué nam lamaxat na qarma resaltapigui´i na menaxanagaiqa lta´al, qac nata´qaen nache qomi ipaxarahuc saq qomí iasherhualo nam qaralamaxat netaxat. Enachaget lunes 14 saxaugalo man qaicol enahuaq nam qarhuo qom intaunaxaa sotac qanqaen ca naigui ram qolaqtegehua qanaiamaxataxac, ñaq qanaxaiana ram huo ra qarquihiatiiaxac. Qaltac enahuac nam qarhuopi. Qatac iapac saq saimaxarenac ram lenaxanaxac qatac ra lotaxanaxac nam ramasoxotacpi maye ilotege na argentina. Cha’aye iquiyoqtaget nam qarhuo qompi siqui´iaqaique qam itchiguie lataxac ra qaiasateget nam siaxanaqtaiquepi ra nale´ena chegoqtage nam qarhuo.

Margarita Lázaro, Pampa del Indio, Cuarta Legua 17
Carlos Gómez, Pampa del Indio, Campo Alemani
Ángel Mesa, El Espinillo
Héctor Gómez, Resistencia, Barrio Toba
Angela Gomez, Resistencia, Barrio Aromito
Sonia Alegre, Puerto Tirol, Barrio Takai
Yuliana Castillo, Puerto Tirol
Flavia Cubilla, Sáenz Peña, Barrio Toba
Liliana López, Sáenz Peña, Barrio Nala, 100 Viviendas
Cristian Cubilla, Sáenz Peña, Barrio Toba
Bruna Temay, Sáenz Peña, Barrio Toba
Elsa Sanchez, Sáenz Peña, Barrio Nala, 100 Viviendas
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El 14, movilizaciones contra el crimen de un joven qom y los dichos de Alberto Fernández

Convocatoria de las comunidades qom y moqoit. En Buenos Aires, concentración a las 15hs frente a la Casa de Chaco.

A continuación, compartimos la convocatoria de las comunidades qom y moqoit de todo el Chaco a movilizarse el lunes 14, “por justicia por Josué Lago (joven qom asesinado) y contra el discurso presidencial racista”. En Buenos Aires, se hará una concentración desde las 15hs frente a la casa del Chaco, ubicada en Avenida Callao 322. La versión en qom del texto se puede consultar aquí.

Las y los abajo firmantes, integrantes de los pueblos qom y moqoit de la provincia del Chaco, convocamos a movilizar masivamente en todo el país este lunes 14, por justicia por Josué Lago, joven qom de 14 años asesinado por la policía de Josué Capitanich en General San Martín, y por justicia por todos los hermanos y hermanas asesinados. Queremos denunciar que este asesinato se produce dos días después del discurso racista de Alberto Fernández, quien sostuvo que “los argentinos venimos de los barcos”, negando nuestra identidad y derechos.

Convocamos a movilizarnos porque en todo el país este gobierno, como los anteriores, nos quita la tierra y nos expulsa de nuestros territorios, nos somete a la violencia policial y la falta de trabajo, la miseria y el hambre. Nos condena a la falta de acceso a la educación y la salud. Negocia con nuestra tierra para beneficio de grandes empresarios y nos niega incluso el acceso al agua.

Este lunes 14 de junio, saldremos a las calles en todos nuestros pueblos. Convocamos a todo el pueblo a manifestarse en apoyo a estos reclamos. Que se oiga nuestra voz y la de nuestros hermanos para repudiar la política del Estado contra las hermanas y hermanos originarios. Reclamamos justicia y respuesta a todos los reclamos históricos de nuestras comunidades.

Margarita Lázaro, Pampa del Indio, Cuarta Legua 17
Carlos Gómez, Pampa del Indio, Campo Alemani
Ángel Mesa, El Espinillo
Héctor Gómez, Resistencia, Barrio Toba
Angela Gomez, Resistencia, Barrio Aromito
Sonia Alegre, Puerto Tirol, Barrio Takai
Yuliana Castillo, Puerto Tirol
Flavia Cubilla, Sáenz Peña, Barrio Toba
Liliana López, Sáenz Peña, Barrio Nala, 100 Viviendas
Cristian Cubilla, Sáenz Peña, Barrio Toba
Bruna Temay, Sáenz Peña, Barrio Toba
Elsa Sanchez, Sáenz Peña, Barrio Nala, 100 Viviendas
Graciela Aranda, Juan José Castelli

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12/06/2021
La semana

Pandemia, elecciones y lucha de clases

La campaña, bajo la sombra del Covid-19. Panorama político de la semana.

El país superó esta semana los 85 mil fallecidos por coronavirus y hay casi 340 mil casos activos. El viernes hubo 689 muertos. Es una catástrofe social que no debe ser familiarizada.

Pese a que la ocupación de camas de terapia intensiva ronda el 80% en el Área Metropolitana y a que los casos diarios, más allá de una leve disminución, se mantienen muy altos (un promedio de 8.700 en la última semana), los gobiernos de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta han decidido relajar aún más las escasas restricciones sanitarias.

El punto más notable de esta desidia sanitaria se ve en el área educativa. Kicillof dispuso el regreso de las clases presenciales en los distritos del Gran Buenos Aires, mientras que Larreta ha decidido que todo el nivel secundario pase a la bimodalidad. El gobernador bonaerense alega que en el Gran Buenos Aires hay 400 casos cada 100 mil habitantes, lo que habilitaría un cambio de fase en el semáforo epidemiológico. Pero de acuerdo a la plataforma DataSet del Ministerio de Salud, casi ningún distrito de los que vuelven a las aulas está por debajo de los 500 casos cada 100 mil habitantes (La Nación, 12/6).

El apresuramiento para volver a la presencialidad no tiene motivaciones pedagógicas. Daniel Sierra denuncia en un artículo publicado este sábado en Prensa Obrera la falta de personal y condiciones edilicias en los establecimientos bonaerenses, que es parte de un vaciamiento educativo de larga data por parte de los sucesivos gobiernos, que privilegian el pago de la deuda externa y los negocios empresarios. Además, Sierra subraya otro dato importante: el 35% de los docentes no recibió ni siquiera una dosis de la vacuna. La rabiosa campaña por la presencialidad, a costa de la salud y la vida de los docentes, en medio de un desfinanciamiento crónico, revela que las escuelas son concebidas como guarderías, depósitos de niños para no perturbar el metabolismo capitalista. Este viernes, los Sutebas combativos y Ademys pararon para denunciar la crisis educativa.

Como parte del relajamiento de las restricciones, en Capital se rehabilitarán shoppings, cines y teatros. El lobby patronal hace su efecto. Pero la pandemia requiere otro abordaje, que parta de la salud de los trabajadores. En base a ello, se debe centralizar el sistema sanitario y se tienen que establecer las restricciones y protocolos que sean necesarios, garantizando las condiciones materiales que permitan sobrellevar las medidas de aislamiento social (seguro al desocupado, prohibición de despidos). Y, por supuesto, hay que asegurar la vacunación masiva de la población, que hoy avanza tortuosa y desigualmente, a nivel global, como fruto de las trabas que impone la dominación de los grandes pulpos farmacéuticos y del acaparamiento por parte de las potencias imperialistas. En nuestro país, gobierno y oposición se enfrentan debido al alineamiento con diferentes grupos empresarios (unos con AstraZeneca y ciertos grupos de la burguesía nacional, otros con Pifzer). Aquí también es preciso otro enfoque, que parta de la abolición de patentes y la estatización de la industria bajo control de sus trabajadores.

Elecciones

Es indudable que la pandemia marcará la campaña electoral que se inicia, lo mismo que la crisis económica y social, con una inflación en ascenso que castiga los bolsillos de los explotados y una pobreza que alcanza al 40% de la población. La elección enfrentará a dos bloques (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) que como señala el editorial de Eduardo Salas del último jueves, “coinciden en la orientación central: el ajuste y el acuerdo con el FMI y los acreedores. En todo caso difieren en cómo hacer pasar la cicuta a las masas trabajadoras”. Esa coincidencia de fondo no exime los choques políticos y de camarillas, que surcan a las dos coaliciones y se expresan en una fuerte puja por las candidaturas. Daniel Rapanelli brinda en un artículo de este jueves un panorama de esta pelea en la provincia de Buenos Aires.

Calentando los motores del proceso electoral, la provincia de Misiones fue a las urnas el domingo pasado. La Renovación, una fuerza provincial aliada de todos los gobiernos nacionales del último período (macristas y pejotistas), ganó cómodamente las legislativas, con casi el 47%, pero sufrió un retroceso en la cantidad de votos. Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, aliado al Partido Agrario y Social (PAyS), mejoraron sus guarismos, pero quedaron a más de veinte puntos del ganador. El Partido Obrero hizo una elección destacada, alcanzando casi un 4% para la diputación provincial y superando el 10% en algunos municipios. En la localidad de Colonia Victoria se alzó como segunda fuerza, con el 25%. Pese a la fraudulenta ley de lemas, el partido quedó a escasos 3 mil votos de entrar en la cámara.

Ante el cuadro político nacional, el PO está planteando la necesidad de un congreso del Frente de Izquierda-Unidad para desarrollar una agenda de lucha y definir un programa para que la crisis la paguen los capitalistas: no pago de la deuda externa, ruptura con el FMI, nacionalización de la banca, del comercio exterior y de los recursos naturales bajo control de sus trabajadores. Dicho congreso debería abordar también la organización de la lucha electoral, incluyendo sus ejes y candidaturas. El Frente de Izquierda Unidad tiene el desafío de enfrentar la falsa polarización entre dos bandos patronales.

El sindicalismo combativo

Como parte de las luchas que recorren la Argentina, este viernes tuvo lugar una importante jornada del sindicalismo combativo. Las organizaciones (entre ellas el Sutna, AGD-UBA y la Unión Ferroviaria Haedo) confluyeron en Plaza de Mayo por la tarde, con actividades previas de tercerizados ferroviarios y telefónicos por el pase a planta y contra los despidos (reprimidos en Puente Pueyrredón); de compañeros y compañeras del programa Potenciar Trabajo que marcharon a Desarrollo Social por aguinaldo y vacunas (organizada por la Unidad Piquetera, que integran entre muchos otros el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero); la docencia (Ademys y Sutebas multicolores) que paró y se concentró frente al Ministerio de Educación; y las trabajadoras de casas particulares que marcharon al Ministerio de Trabajo contra un acuerdo salarial a la baja que las autoridades están cocinando junto a sindicatos burocráticos. Toda la jornada marcó un contraste con las distintas alas de la CGT y la CTA, que son tributarias del gobierno.

¿De dónde venimos?

Como apostilla final, sabido es que causaron un gran escándalo esta semana los dichos de Alberto Fernández acerca de que los argentinos vienen de los barcos, a diferencia de mexicanos y brasileños, que provendrían de los indios y la selva, respectivamente. Además de la falta de rigor histórico, el presidente confundió -a la hora de citar- al escritor Octavio Paz con el gran Litto Nebbia, quien acuñó la expresión en una bella canción de 1982 que precisamente se titula “Llegamos de los barcos”. En boca no de un artista, sino de un jefe de Estado, el planteo abona la política estatal de negación del genocidio indígena, como muestra un artículo de Juan García publicado este jueves.

El comentario presidencial relegó a un segundo plano la visita del presidente español Pedro Sánchez, quien expresó su aval al gobierno en las negociaciones con el FMI y el Club de París. Pero aún más, opacó que ese apoyo no ha sido gratuito. Sánchez arribó con una comitiva de grandes empresarios, incluyendo directivos de Telefónica, BBVA, Banco Santander, Indra, todos ellos con importantes negocios en el país. Esas compañías que hicieron, en las últimas décadas, su propio desembarco.

Buen domingo.

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11/06/2021

Chile: tercera ola y sistema sanitario colapsado

El gobierno y el Estado son responsables.

desde Chile

El jueves, con un registro de 7.716 nuevos contagios y 198 muertes, el Ministerio de Salud anunció que la Región Metropolitana (RM) en su conjunto pasará a cuarentena total a partir del sábado 12, debido a la nueva ola de Covid-19 que azota al país y que naturalmente la tiene como epicentro por la densidad poblacional. En las últimas semanas el número de contagios ascendió acercándose al pico histórico, más de 9 mil diarios, por lo que todo indica que en las próximas semanas la situación se puede agravar enormemente. Con el retorno a fase 1 de la RM y comunas de distintas regiones 11 millones de personas pasan a estar confinadas.

La decisión se toma luego de que el pasado 23 de mayo el presidente Sebastián Piñera anunciara, con bombos y platillos, el polémico pase de movilidad con el cual aquellas personas que contaran con la segunda dosis de la vacuna podían desplazarse libremente por las comunas que se encontraban en fase 2 y 3. El anuncio fue fuertemente cuestionado por epidemiólogxs y especialistas y aplaudido por los sectores empresariales vinculados al turismo y a la gastronomía. Pero los cuestionamientos vienen desde antes e incluso el Colegio de Médicos anunció días atrás que se retiraba de la “mesa Covid” luego que desde las autoridades se reconociera que era una mesa fantasma ya que no era una instancia formal y por lo tanto no existían actas que den cuenta de su funcionamiento, quedando en evidencia que no existían criterios científicos que respaldaran las decisiones que se toman en materia sanitaria. Ello explica las decisiones erráticas y contradictorias con que se está manejando la pandemia y que se traduce en casi 200 fallecimientos diarios.

Sistema sanitario colapsado e hiperexplotación de lxs trabajadoxs de salud

Lo que ya se define como la tercera ola significó el colapso de los hospitales, pues no existe la capacidad disponible en las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- y se recurre a consultorios para “hospitalizar” a pacientes “menos graves”, mientras aguardan el ingreso a las UCI. La habilitación de estos sectores donde se brinda apenas asistencia respiratoria y no la atención que requieren los pacientes con cuadros médicos agravados se lleva adelante con la extensión de los turnos de médicxs, enfermerxs y personal especializado ya que tampoco se dispone de más trabajadorxs que puedan llevar a cabo estas tareas.

Las y los trabajadores de salud llevan 15 meses de jornadas extenuantes y sin vacaciones, por lo que se encuentran en un estado de agotamiento generalizado, lo que explica que cerca de un 30% se encuentre con licencia médica, en su mayoría por estrés. A raíz de ello, trabajadorxs del hospital Barros Luco se encuentran llevando a cabo movilizaciones bajo el lema “Por el derecho a descansar” en las que denuncian los turnos agobiantes a los que se encuentran sometidxs por falta de personal, además de los bajos salarios y falta de insumos básicos como agua caliente, alcohol en gel y camillas en condiciones.

¿La vacunación masiva no alcanza para frenar los contagios?

El plan de vacunación masiva fue presentado por el gobierno de Piñera, en innumerables oportunidades, como el camino de salida a la crisis pandémica. En el mismo sentido se expresaron desde la oposición, elogiando al gobierno “en aquello que hace bien”. Sin embargo, este nuevo capítulo de la catástrofe sanitaria que se vive en Chile pone en cuestión que aquello que se prometió tenga bases sólidas. Lo cierto es que existen varios factores que explican la situación sanitaria en la que nos encontramos y que a la fecha significó la muerte de casi 40 mil personas.

En primer lugar hay que considerar que la vacuna Sinovac, que es la que en un 90% se inoculó en el país, tiene una efectividad para prevenir contagios que llega al 56,5% luego de 14 días de suministrada la segunda dosis y aún no hay certezas respecto de su efectividad para evitar hospitalizaciones. Entonces, el “retorno a la normalidad” como estrategia de cara al calendario electoral trazado por Piñera y su gabinete corresponde calificarlo como criminal.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el factor económico en las familias donde “quedarse en casa” no es una opción cuando tienen que trabajar para poder sobrevivir. La asistencia estatal fue tardía e insuficiente y la utilización de los fondos de pensión para afrontar la crisis fue inevitable para miles de trabajadorxs. Los “mínimos comunes” entre oficialismo y oposición que buscaron apuntalar, una vez más, al gobierno frente a las manifestaciones populares que tuvieron lugar en abril, se materializaron en un IFE (ingreso de emergencia) con mayor alcance, sí, pero lejos de tener un carácter universal, y recién por estos días. Evidentemente las urgencias de las familias trabajadoras no son las de los partidos patronales. Entonces la mayor movilidad a la que se asocia el crecimiento en los contagios, lejos de ser atribuible a la irresponsabilidad individual, es responsabilidad directa del gobierno y la oposición cómplice. Asimismo, deliberadamente se ha disminuido la cantidad de testeos y no se lleva a cabo la trazabilidad, con lo cual no se cuenta con herramientas indispensables para cortar la cadena de contagios.

Frente a la nueva ola de contagios, necesitamos organizar la lucha junto a las y los trabajadores de salud, por mayor presupuesto público para testeos, insumos, recomposición salarial del personal sanitario y por la nacionalización y centralización del sistema sanitario.

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11/06/2021

La gira antimigratoria de Kamala Harris

La complicidad de los presidentes López Obrador y Giammattei.

“No vengan a Estados Unidos. Seguiremos aplicando la ley y reforzando las fronteras... si llegan serán enviados de vuelta”, amenazó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su visita a Guatemala, parte de una gira que también la llevó a México y con la que el gobierno de Joe Biden busca contener las migraciones masivas.

En abril de este año, Estados Unidos expulsó a 111 mil personas que cruzaron su frontera sur, valiéndose de una norma instaurada por Trump y preservada por Biden, que con el pretexto de la pandemia los devuelve incluso antes de que puedan pedir asilo. Fue en el marco de un mes récord de arribos, con 178 mil, el más alto desde abril del 2000 (El País, 11/5). Ya en el mes de febrero, alrededor de 70 mil personas fueron devueltas en caliente. Tanto republicanos como demócratas comparten la responsabilidad por las deportaciones masivas. Vale recordar que el expresidente Barack Obama fue bautizado como el “deportador en jefe”, por las más de 2 millones de expulsiones que hubo bajo su mandato.

En el caso del nuevo presidente norteamericano, ha combinado la dureza en la frontera con un proyecto limitado de reforma migratoria para regularizar la situación de once millones de indocumentados que residen en Estados Unidos. Básicamente, otorgaría una residencia temporal y abriría un incierto período de cinco años en el que estos podrían obtener la residencia permanente (green card). Pero el texto en cuestión se encuentra dormido en el parlamento. Y en nombre de la necesidad de un consenso con los republicanos, la iniciativa podría quedar restringida -en caso de que prospere- a los dreamers (jóvenes que llegaron al país de niños), que apenas son cerca de un millón.

Guatemala

Con este marco, Harris, puesta al frente del problema migratorio, visitó Guatemala y México. En el país centroamericano, donde formuló la cita ya mencionada, se reunió con el presidente Alejandro Giammattei y acordaron que la Patrulla Fronteriza norteamericana entrenará a agentes de la Policía Nacional Civil en asuntos migratorios. Asimismo, prometió gestionar inversiones que ayuden a resolver las causas de las migraciones, es decir, la miseria y la inseguridad que golpea a los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador). Estas naciones tienen tasas de homicidios de las más altas del mundo y se ven desoladas por el narcotráfico y las bandas criminales.

Aunque Guatemala recibirá ahora algunas decenas de millones de dólares, el grueso de la ayuda estará condicionada (el gobierno ha prometido hasta 4 mil millones en fondos). Estados Unidos no da puntada sin hilo y todo desembolso deberá ir de la mano de un reforzamiento de su influencia en la zona. En este país, el imperialismo patrocinó desde 2006 una comisión anticorrupción (la CICIG) con el propósito de monitorear a los gobiernos y promover un clima de inversiones amistoso para los yanquis. Esto ha generado recurrentes tensiones con las camarillas mafiosas que gobiernan el país centroamericano. Bajo el período de Jimmy Morales, se puso fin al mandato de la CICIG.

Harris le reclamó a Giammattei que se respete a la Fiscalía Especial contra la Corrupción Institucional (FECI), un organismo surgido de la CICIG que aún está en pie y con el que el mandatario guatemalteco ha chocado en varias oportunidades. Asimismo, se ha creado una nueva fuerza “anticorrupción”. Estados Unidos se muestra dispuesto a trabajar con el gobierno derechista guatemalteco, pero busca disciplinarlo. La perorata sobre la transparencia es su coartada para ir afianzando posiciones.

En la conferencia de prensa conjunta de Harris y Gammattei, el presidente guatemalteco recibió cuestionamientos por la corrupción en el país, e incluso la propia vice, por sellar compromisos con el mandatario. El rechazo a la corrupción fue uno de los elementos de las grandes movilizaciones populares que reclamaron el año pasado la salida de Giammattei, en el curso de una de las cuales ardieron las instalaciones del parlamento. Además, el pueblo movilizado rechazó entonces el congelamiento presupuestario en educación y salud. Y miles de indígenas arribaron a la capital guatemalteca desde todo el país para luchar por la caída del gobierno.

Vía México

En México, Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificaron una alianza antimigratoria que ya data de los tiempos de Trump. El encuentro entre la vice y el líder mexicano viene precedido por un reforzamiento del despliegue militar (y de la Guardia Nacional) en la frontera sur mexicana, en marzo, con el propósito de taponear la migración centroamericana. Ese mes, México duplicó las detenciones de migrantes (Reuters, 12/4).

En esta ocasión, Harris-AMLO dispusieron formar un grupo para compartir información de inteligencia entre los dos países. En otro orden de cosas, definieron un encuentro bilateral para septiembre (DEAN, Diálogo Económico de Alto Nivel) con el propósito de profundizar la relación entre los dos países. Con la ratificación del T-MEC (tratado de libre comercio de América del Norte) por parte de López Obrador, México acentuó su subordinación al imperialismo norteamericano.

El imperialismo es el mayor responsable de la estampida migratoria, dado que apañó las dictaduras y gobiernos que hundieron la región en las últimas décadas. En su cruzada contra la población que huye desesperadamente y viaja en condiciones infrahumanas, el gobierno norteamericano impone un régimen despiadado en su frontera y apela tanto a gobiernos derechistas (Guatemala) como “nacionales y populares” (México) como sus gendarmes.

Es necesario defender el derecho al asilo y promover la unión de los migrantes y los trabajadores mexicanos y norteamericanos en una lucha contra el capital y sus gobiernos.

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09/06/2021
ESTADOS UNIDOS

Los mineros de Alabama, más de un mes en huelga

Los mineros de Alabama comenzaron su segundo mes de huelga. Son más de 1.000 trabajadores que protestan contra la firma Warrior Met Coal, en reclamo de una recomposición salarial.

En 2016, la empresa minera Walter Energy presentó su quiebra y fue comprada por Warrior Met Coal. La nueva patronal chantajeó a los trabajadores, planteando mantener los puestos laborales a cambio de una reducción salarial de 6 dólares por hora, con la incierta promesa de compensarlo cuando las ganancias se recompusieran. En ese entonces, los trabajadores se vieron obligados a aceptar. En abril del corriente año, con ganancias promedio de 300 millones de dólares en los últimos tres años, la patronal ofreció un nuevo acuerdo (respaldado por la conducción burocrática de United Mine Workers, UMWA) donde se recomponía solo 1,50 de los 6 dólares reducidos. La votación fue contundente: 1.006 trabajadores en contra, apenas 45 a favor (Democracy Now, 8/6). Rápidamente, los mineros entraron en huelga por tiempo indeterminado, a la que debió acoplarse el sindicato.

Esta lucha de los trabajadores de Warrior Met Coal ocurre en simultáneo con otra importante huelga minera con piquetes en América del Norte, la de los trabajadores de Vale de Sudbury, Ontario, en Canadá. Son 2.400 trabajadores que reclaman una recomposición salarial y que supieron realizar una medida de fuerza de un año en 2009.

Apoyemos la lucha de los mineros norteamericanos.

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El apoyo condicionado de Pedro Sánchez al gobierno

Los negocios de las compañías españolas, garantizados por Alberto Fernández.

El presidente español Pedro Sánchez visitó Buenos Aires este miércoles junto a una comitiva de varios ministros y empresarios. En la Casa Rosada, ratificó el respaldo de su país al gobierno argentino en las negociaciones con el FMI y el Club de París. Alberto Fernández lo correspondió con un efusivo agradecimiento. El respaldo, como veremos, no ha sido gratuito.

La visita de Sánchez se inscribe dentro del llamado “plan de internacionalización de la economía española”, con el que el gobierno ibérico busca terciar en Latinoamérica frente a norteamericanos y chinos. A tal efecto, anticipó inversiones por 4.500 millones de euros en la región.

Algunos medios han destacado lo que sería una buena sintonía entre los dos presidentes. Durante la gira europea de Alberto Fernández, en mayo, coincidieron en el pedido de que los países más poderosos cedan los Derechos Especiales de Giro (DEG) que les correspondan por la emisión que hará el FMI. Y ambos criticaron las “sobretasas” que cobra el organismo por ciertos préstamos, como el que tomó el gobierno de Macri, una deuda que el gobierno argentino -más allá de sus pataleos sobre las tasas abusivas- se apresta a cancelar sobre la base de un ajuste aún mayor sobre los trabajadores.

El aval a Fernández por parte del gobierno español es una retribución por los negocios que el gobierno argentino le permite desarrollar a las compañías ibéricas. En la comitiva de Sánchez figuraron directivos de Telefónica, BBVA, Banco Santander, Codere, Iberia e Indra, entre otras grandes empresas.

Los bancos mencionados se ven favorecidos por el fabuloso negocio de las Leliq; Telefónica podrá aumentar un 23% las tarifas de los celulares (de enero a noviembre); Codere obtuvo una licencia a fines del año pasado para avanzar en las apuestas online (en este caso, habilitada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta); Indra es una tecnológica que acaba de ganar la licitación para el escrutinio de las próximas Paso y generales (en el pasado, desarrolló el sistema Sube).

A la vez, los capitalistas españoles, de fuerte peso en el país (España es el segundo mayor inversor, después de Estados Unidos), imponen sus condiciones a la hora de cualquier nuevo desembolso. El titular de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, integrante de la comitiva, señaló -refiriéndose a Argentina- que “si se quiere ser un destino importante de inversión hay que apostar por la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica y la propiedad privada” (Clarín, 8/6). Es decir, que las nuevas inversiones vendrán condicionadas a mayores garantías para el capital español. Según el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, entre los intereses de los empresarios de la “madre patria” figura el litio (La Nación, 8/6), un recurso clave que se disputan las grandes potencias.

La otra motivación de Sánchez para cruzar el Atlántico es que está en medio de una campaña para que prospere el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. En función de ello, viene de reunirse con la jefa de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen. El pacto requiere el aval del Parlamento Europeo y los 27 parlamentos nacionales, pero la cuestión viene trabada por la resistencia de algunos países (Francia, Bélgica, Austria, Países Bajos), que se debe fundamentalmente al lobby de sectores agrarios y ganaderos que se verían perjudicados si entra en funcionamiento. En el caso de España, si bien hay empresas que también se verían lesionadas (como las citrícolas), su burguesía industrial (automotrices, fabricantes de maquinaria, textiles, calzado) ve una gran veta de desarrollo.

El gobierno argentino ha ido virando hacia una posición favorable al acuerdo. En diciembre, el canciller Felipe Solá lo defendió públicamente aduciendo que el país no se puede cortar solo. Es un planteo de convergencia con los grandes grupos agrarios y ganaderos, que implica una mayor primarización de la economía argentina. El gobierno se mueve con la mirada estrecha de conseguir más divisas de exportación del campo para cumplir con el pago de la deuda externa.

Detrás de las hipócritas referencias a la lucha común contra la pobreza y la desigualdad, los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos de las mujeres, que enumera la declaración de Buenos Aires entre los dos gobiernos, está la agenda cruda del capital, que es el verdadero leitmotiv del viaje exprés que el español realizó a la Argentina.

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09/06/2021

La rebelión colombiana desde adentro

Video exclusivo con testimonios de manifestantes en Suba, Bogotá.

Foto: Neotravelling

“Este despertar del pueblo colombiano venía cocinándose desde el 21 de noviembre de 2019. Y la furia se exacerbó con la pandemia”, asegura Yeico, productor musical residente de Suba, Bogotá, desde el acto cultural en la plaza fundacional de ese distrito de la capital colombiana, en ocasión del primer mes de rebelión en el país caribeño. La fecha a la que alude es la del primer estallido contra el gobierno de Iván Duque.

En el mismo sentido, Cathy expresa que “este despertar viene de 2019 y muchos años atrás”. Y añade que desde que empezó la pandemia “el gobierno empezó a hacer inversiones que no eran justas. Hizo inversiones para el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios], para fortalecer todas las fuerzas militares, mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces, la gente ya cansada decidió salir a las calles contra una reforma tributaria que le iba a aumentar los impuestos”.

La rebelión popular colombiana ya superó un mes, pese a la represión del gobierno (que ya dejó más de 50 muertos) y las maniobras de negociación, con las que Duque intenta aferrarse al poder.

En el corazón bogotano, Camilo Maldonado capturó el testimonio de algunos de los protagonistas de esta lucha, como Luna Hernández, una joven que no estudia ni trabaja y como tantos jóvenes se volcó a las calles en busca de un futuro. “Estamos aquí en el paro protestando por nosotros. Yo soy una de las personas que no ha tenido garantías de nada. Nosotros no tuvimos en la pandemia una ayuda del gobierno”, denuncia. “El paro surge porque la gente no es escuchada, para que alcemos la voz”, dice en referencia al proceso de movilizaciones abierto el 28 de abril.

Abundando en los motivos del paro, Kathy subraya la extrema pobreza que atraviesa el país, con mucha gente que “apenas come dos veces al día”. Asimismo, señala el asesinato de los líderes sociales, más de 250 en 2020, de acuerdo al registro del Indepaz (Instituto Nacional para el Desarrollo de la Paz). “La violación a los derechos humanos es constante”, resume. Y enfatiza que “no hay garantías para la salud y la educación. No hay suficientes universidades públicas”.

¿Hasta dónde puede llegar la rebelión? Para Yeico, “estamos en un panorama incierto. El gobierno no ha querido escuchar las voces de las personas que están en las calles. Y el Comité de Paro (CNP), que está sentado en la mesa de negociación, no está representando a las organizaciones sociales, las cuales están bloqueando y están demandando en las ciudades (…) el CNP no está escuchando a la gente que está haciendo resistencia no solo en Bogotá sino en todo Colombia. Sé que hay una esperanza pero va a ser muy duro el camino, la represión es fuertísima. Necesitamos acompañamiento internacional, necesitamos que denuncien y nos ayuden a hablar por nosotros. Estamos siendo censurados”, afirma.

Por los bloqueos, Yenco se refiere a los piquetes desplegados en diferentes puntos del país, y que el gobierno está tratando de desmontar con el auxilio del Ejército. El valle del Cauca es el lugar donde más se ha desarrollado este método de lucha. Organizaciones de esta región han cuestionado la línea dialoguista del CNP, que reúne a las centrales sindicales.

Pese a la represión, la tenacidad de los manifestantes no le augura un escenario fácil al gobierno. “El paro no se va a detener hasta que las desapariciones cesen, hasta que las muertes cesen, hasta que nuestros derechos sean cumplidos”, indica Luna.

Para cumplir estos objetivos, es necesario echar al gobierno capitalista de Duque y abrir paso a una reorganización de Colombia sobre nuevas bases sociales.

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Perú: defender con la movilización el triunfo de Castillo

Maniobras de la derecha a favor de un fraude electoral.

Al escribirse esta nota y escrutadas alrededor del 98% de las mesas iba al frente Pedro Castillo, de Perú Libre, aventajando por 90 mil votos a la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Faltan entrar los votos de las zonas agrarias más alejadas que, siguiendo la tendencia electoral, debieran acrecentar la votación a favor de Pedro Castillo.

Pero… falta también una parte importante de los votos de mesas del exterior, que hasta ahora vienen dando en los guarismos informados, un 70% para Fujimori, contra el 30% de Castillo. El presidente de la junta electoral fiscalizadora ha anunciado que el voto de los residentes en el extranjero ha crecido en un 100% respecto a las elecciones de la primera vuelta en abril último, pasando a tener de un peso relativo del 0,8% en las elecciones de abril, a un 1,5% en la actualidad. Estas mesas están controladas por los consulados del Perú en cada ciudad y presionados directamente por sectores empresariales que se inclinan por la derecha fujimorista.

Los “personeros” (fiscales) de Perú Libre en Nueva York (Estados Unidos) han sacado una declaración denunciando fraude a favor de Keiko en esa ciudad, donde habría obtenido el 80% de los votos emitidos (ver facsímil al fin de esta nota). Señala -entre otras denuncias- que el recuento de parte importante del recuento de votos se hizo echando a los fiscales de Pedro Castillo.

Keiko Fujimori, ante el avance electoral de la candidatura de Castillo, ha salido a denunciar “presunción de fraude”. La derecha no se consuela con la pérdida electoral y prepara maniobras de diverso tipo para impugnar la elección (entre los rumores que circulan hay denuncias que se estarían planeando atentados “anónimos” para justificar una intervención militar y la anulación de las elecciones).

Estamos ante un fenómeno disruptivo que nadie (en primer lugar el propio Castillo y Perú Libre) esperaba. La votación a favor de Castillo es un reflejo distorsionado de la rebelión popular que estremeció a Perú y que se llevó puestos a varios presidentes. El llamado a elecciones, lejos de encauzar la crisis, la ha terminado agravando. Asistimos hoy a una polarización no sólo social sino política: derecha contra izquierda. El conjunto de la prensa y los medios de difusión se han encargado como nunca de ponerlo de relieve, agregando un condimento más al abismo de clase que se abrió paso en los comicios. Con una vuelta de tuerca más, la prensa monopolizada caracterizó que Keiko Fujimori representaba la defensa de la democracia, contra el comunismo marxista de Pedro Castillo. El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que se había enfrentado a la dictadura fujimorista en nombre de la democracia, apoyó ahora, como emblema democrático, al partido fascistoide. Las calles se llenaron de afiches (pagos) señalando que votar por Castillo era imponer “el comunismo” en el Perú y la derecha apeló a los recursos macartistas clásicos.

El voto a favor de Castillo proviene mayoritariamente de los obreros y campesinos, de las masas más carenciadas y postergadas. Detrás del voto a Keiko se abroqueló toda la clase capitalista.

La consolidación del triunfo de Castillo será un golpe a todos los partidos tradicionales campeones de la corrupción y la entrega; será un factor de estímulo a las reivindicaciones y movilizaciones de masas y contribuirá decididamente al giro que se está produciendo en América Latina de movilizaciones de masas contra los ajustes fondomonetaristas.

Por eso, llamamos a organizar la movilización contra los intentos de fraude en la etapa final del proceso electoral. La burguesía duda en cómo enfrentar esta situación. La demora en cargar los cómputos, a 48 horas de finalizada la elección, es porque se está buscando revertir el resultado con una “ayudita” de la autoridad electoral. De triunfar esta maniobra fraudulenta estaríamos ante un “golpe electoral” preventivo. Hay que enfrentar esta maniobra con el paro y la movilización. Asambleas en las fábricas y empresas, en las universidades y colegios, en las barriadas y en los campos, para votar la movilización para garantizar el triunfo electoral de Perú Libre. Lo mismo se plantea para la solidaridad latinoamericana: movilizarse por el respeto de la voluntad popular y el reconocimiento de la victoria de Castillo.

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08/06/2021

Chile: la libertad de las y los presos políticos, una demanda de primer orden

desde Chile

La lucha por la libertad de lxs presxs políticos es una demanda que ha cobrado renovada centralidad a partir del escenario político que surge de las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, con el rechazo que, en líneas generales, se manifestó allí hacia “los partidos de los 30 años”. Estamos frente a una demanda popular en la comprensión generalizada de que la instrumentalización del sistema punitivo con fines de disciplinamiento político ha sido un recurso del terrorismo de Estado, que se ha acentuado a partir de la rebelión del pueblo chileno iniciada el 18 de octubre del 2019.

Frente al negacionismo cínico del gobierno, la existencia de una política deliberada de persecución con el Código Penal en la mano a quienes se organizan y luchan ha quedado demostrada en los hechos y hoy incluso la centroizquierda funcional a Sebastián Piñera de manera oportunista levanta el reclamo de la liberación de cientos de detenidxs. En este sentido y no en otro hay que interpretar el avance en el trámite legislativo del proyecto de ley que plantea el indulto general. La presidenta del Senado y una de las firmantes de la referida iniciativa parlamentaria, Yazna Provoste, se encarga de aclarar que “en el proyecto de ley nunca hemos señalado que son presos políticos”.

Quienes recurren a tecnicismos leguleyos para negar la condición de presxs políticxs de cientos de luchadorxs encarceladxs no pueden explicar la injustificada y por lo tanto abusiva prisión preventiva que deben padecer hace prácticamente un año y medio personas que no tienen antecedente penal alguno y cuando no existe peligro de fuga considerando que las fronteras están cerradas. Por si alguna duda cabe, basta con considerar además que el propio Estado se ha constituido en querellante en más de 100 causas contra manifestantes y que se ha utilizado recurrentemente en estos procesos la Ley de Seguridad del Estado (LSE) que nace con la finalidad de perseguir a la disidencia política interna.

La convención no puede sesionar con presxs políticxs

El proceso constituyente en curso surge de la cocina entre oficialismo y oposición mientras se desataba una brutal represión contra el pueblo que se manifestaba en las calles, con heridxs graves y muertos en manos de carabineros. El contexto represivo se agravó desde entonces. Al toque de queda impuesto con la excusa de la situación sanitaria, hay que sumarle el hecho de que los pacos (carabineros) cuentan con mayores facultades y presupuesto y con la impunidad que le garantiza el poder político y la justicia para seguir violando los derechos humanos. Las organizaciones y coordinadoras de familiares y víctimas de la represión estatal han señalado desde el principio la incompatibilidad de la discusión de una nueva constitución que pretende terminar con el legado de Pinochet con la existencia de un régimen en que los principales resortes del Estado y de las palancas de la economía están en manos de la clase capitalista.

Así las cosas, la convención constituyente, que es presentada como un hito en la deliberación democrática en la historia del país, coexiste con la vulneración sistemática de derechos humanos y con cientos de presxs políticxs. El contrasentido es absoluto y por ello, un grupo de convencionales electos, principalmente de sectores independientes ligados a organizaciones y asambleas surgidas al calor de la rebelión popular de octubre, se hicieron eco de los reclamos de dichas organizaciones y se han pronunciado en el sentido de que la convención no puede sesionar con luchadorxs encarceladxs. Sin embargo, se trata de una posición que va a chocar con la resistencia de sectores políticos conservadores que anidan en la Constituyente, por lo que solo podrá ser impuesta a través de la movilización popular. Tenemos que organizar la lucha por conquistar la libertad de nuestrxs compañerxs perseguidxs por luchar, por la disolución de Carabineros y para que ellos y sus mandantes políticos paguen por sus crímenes. Una victoria en este terreno sería, sin lugar a dudas, un poderoso factor de estímulo para impulsar una lucha general dirigida poner fin al orden político y social reinante estos “30 años” y proceder a una transformación integral del país sobre nuevas bases sociales.

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08/06/2021

Elecciones de medio término en México: balance y perspectivas

El 6 de junio se realizaron las elecciones de medio término en México. 93 millones de ciudadanos estaban en condiciones de emitir su voto, de los cuales lo hizo el 52%, cifra bastante alta en elecciones de este tipo, ya que en las anteriores votaron solo el 48% de los habilitados para hacerlo. Aunque los medios opositores al oficialista Morena pronosticaban la conquista de Va por México (coalición opositora del PRI, PAN y el PRD) de cinco de las quince gubernaturas de Estado en juego, esta fuerza apenas obtuvo 3 mientras que Morena y sus aliados alcanzaron doce de ellas.

En la Ciudad de México, Morena sufrió un importante retroceso en la mayoría de las alcaldías (división administrativa de la capital mexicana), cayendo ante la coalición derechista. En las elecciones presidenciales de 2018, Morena obtuvo un contundente 52%. Podemos afirmar entonces, que asistimos a un retroceso considerable de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su propio distrito, del que fue jefe de gobierno entre 2000 y 2005, y que a su vez lo catapultó a la presidencia de México. Un factor que influyó en los guarismos, lo constituye la catástrofe del ramal 12 del Metro, como consecuencia de la baja inversión y sobrefacturación en esa obra, en la que murieron más de veinticinco personas, circunstancia aprovechada por Va por México en el último tramo de la campaña electoral. Es que el centroizquierda no perdía en la Ciudad de México desde el año 2000.

Los guarismos en la elección legislativa nacional significaron también un retroceso para la coalición oficial tomada de conjunto (Morena y aliados) ya que de los 313 escaños que tenía en 2018, pasaría a obtener aproximadamente 280, según el primer conteo rápido realizado por el INE (Instituto Nacional Electoral), y según la misma fuente la oposición derechista (Va por México) aumenta sus escaños de 136 (2018) a 197. De este modo, Morena no obtiene los dos tercios necesarios para realizar una reforma constitucional, aunque sí obtiene una mayoría simple.

Es probable también que el retroceso de Morena obedezca a la defensa ostensible que realizara del candidato del estado de Guerrero, Félix Macedonio Salgado, acusado de abusar de una mujer. Este fue reemplazado por su hija Evelyn Salgado Pires, obteniendo una victoria electoral con un porcentaje que oscila entre el 42,6% y el 45,3% contra el opositor del PAN que logró entre el 38,1% y 41% según el conteo rápido del INE, cuando en 2018 Morena arrasó con el 63,11% en ese estado. Esta candidatura mereció un repudio expreso de organizaciones de mujeres.

Causas del resultado electoral

Más allá de estos hechos puntuales, el retroceso de Morena es inseparable del desinfle de las expectativas populares en el gobierno. López Obrador ha contemporizado con todos los factores de poder, empezando por el imperialismo norteamericano, con el cual se han ratificado los acuerdos de libre comercio (T-MEC) que reservan a México un status semicolonial. La memoria colectiva sobre el desempeño de sus antecesores que cargan en su haber con la entrega del petróleo y recursos naturales, el aumento de la pobreza, la reforma jubilatoria y masacres como la de docentes y estudiantes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, impidió que el retroceso de Morena fuera mayor.

Al pasar revista a dos años de mandato de López Obrador, no se puede perder de vista que AMLO contribuyó con Trump a actuar como tapón contra los migrantes utilizando toda su fuerza represiva para impedir que pasaran la frontera. Morena legisló a favor del trabajo tercerizado mediante la ley de outsourcing, flexibilizando el trabajo de la clase obrera; en el contexto de un 60% de trabajo informal, la mayoría de la clase obrera mexicana percibe salarios miserables, entre 160 y 300 dólares mensuales. La desocupación en México tiene como principales víctimas a las mujeres trabajadoras con una cifra astronómica de 5.700.000 desocupadas. Telmex (empresa telefónica) se ha negado a firmar un nuevo convenio colectivo, tomando a diez mil nuevos trabajadores y trabajadoras, poniendo como condición que los mismos no ingresen al sistema jubilatorio.

Morena y AMLO han querido fingir una política de soberanía energética suspendiendo contratos con empresas privadas mexicanas y extranjeras en beneficio de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero frente a las cautelares judiciales en contra se han quedado paralizados. Morena endeudó a México en los primeros 26 meses de gobierno en 22 mil millones de dólares más, superando al anterior gobierno. López Obrador es un pagador salarial de la deuda pública que suma 571 mil millones de dólares y no ha cuestionado un solo dólar de la misma hipotecando a México y a sus trabajadores. Su política de salud ha sido nefasta. Ha ninguneado, al estilo de Trump y Bolsonaro la pandemia, siendo responsable de millones de contagios y decenas de miles de muertes. Y agreguemos que en el Estado de Chiapas, gobernado por Morena, 93 maestros normalistas fueron encarcelados por luchar por reivindicaciones propias y de sus estudiantes.

Por último, un balance no puede pasar por alto las manifestaciones de violencia criminal con el saldo de noventa candidatos asesinados, una expresión de la puja tanto entre contendientes de las dos alianzas, como también dentro de cada una de ellas, para eliminar a sus competidores en función de los beneficios obtenidos por el control de los puestos políticos en pugna. También los carteles rivales han actuado para lograr una incidencia en los negocios narcos asociados a los poderes políticos locales y estatales. Esta elección ha revelado que México se ha convertido en un narco Estado y en pequeños narco Estados, como manifestación especial de la descomposición de su régimen político capitalista semicolonial.

Perspectiva y desafíos

La oposición a López Obrador ha sido monopolizada por la derecha, de modo tal que asistimos a un escenario dominado por los partidos patronales. En el norte de México, donde funcionan las maquiladoras, candidatos y candidatos obreros y combativos, opositores de la burocracia sindical “charra” han terminado siendo cooptadas por Morena, integrando sus listas de candidatos y actuando como colectoras y tributarias de candidaturas patronales. Lo mismo ha ocurrido con familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Se perdió una oportunidad para poner en pie candidaturas obreras independientes que hubieran permitido que emergiera una alternativa desde el lado de la clase obrera. Tampoco pudo presentarse el Frente de Izquierda que nucleaba a algunas corrientes de ese espacio por no haber reunido las exigencias legales.

La perspectiva que se abre en México luego de las elecciones, es convulsiva. Todo indica que el choque entre las aspiraciones y demandas apremiantes de las masas y la política del gobierno se va a profundizar, con más razón en el marco actual de la crisis mundial capitalista. Esto pone a la orden del día la necesidad de enarbolar un programa común de la clase obrera: derogar el outsourcing y pasar a todos los trabajadores a planta permanente; un salario equivalente a la canasta familiar; la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario contra los despidos; la defensa de los convenios colectivos de trabajo; la disolución del aparato represivo y terminar con las mafias narco; imponer el desconocimiento de la deuda pública fraudulenta; expulsar a la burocracia sindical de las organizaciones gremiales estatizadas y convertirlas en organizaciones de acción directa y defensoras de nuestros intereses; que la salud sea estatal y gratuita, expropiando a las clínicas privadas bajo gestión obrera; nacionalizar el petróleo y los recursos fundamentales del país bajo gestión de los trabajadores y financiar con sus ingresos un desarrollo industrial integral; defender los derechos de la mujer trabajadora, en defensa del aborto legal, seguro y gratuito. El punto de partida y la condición para llevar cada una de las luchas y reclamos a la victoria y abrir un nuevo rumbo para los trabajadores y el país es la más absoluta independencia del gobierno y de los partidos patronales.

El desafío de los revolucionarios en México es contribuir a forjar un nueva dirección de la clase obrera en el curso de la próxima etapa que apunte a transformarla en alternativa de poder. En ese marco, debe construirse un partido revolucionario, que le dé una expresión política consciente a esta perspectiva en términos de programa, propaganda y organización.

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07/06/2021

Perú: Pedro Castillo pasó al primer lugar

Movilizarse contra los intentos de fraude.

Minuto a minuto se va modificando el escrutinio electoral. Cuando publicamos el artículo enviado, a las 5 horas de la madrugada, por el grupo Vilcapaza de Perú, el conteo de la ONPE (organismo de fiscalización electoral) daba que iba ganando la derechista Keiko Fujimori por un 2,8% sobre la candidatura de Pedro Castillo.

Pero a las 11.12 horas la ONPE emitió un nuevo recuento que daba que Keiko se imponía por solo un 0,28%. Poco más tarde (a las 1138), se informaba que Pedro Castillo había pasado al frente con un 50,076% de los votos y Keiko Fujimori quedaba relegada con un 49,024%. Se imponía Castillo con un margen a su favor de 0.152%.

¿Qué había pasado? El viejo truco de las derechas cuando están ante elecciones reñidas. La ONPE había subido al cómputo electoral en primer lugar las mesas que favorecían a Keiko, particularmente las de la capital, Lima.

El escrutinio no está cerrado. Faltan aún ingresar unas 5000 mesas. Las del interior agrario, donde tendría mayoría Pedro Castillo. Y las del exterior –que según informes oficiosos habría aumentado notablemente en la cantidad de votantes respecto a la primera vuelta electoral- donde se presume que Keiko Fujimori podría tener mayoría. Las del exterior son mesas más difíciles de controlar.

Se teme que se esté tratando de profundizar un fraude electoral para dar ganadora a Keiko Fujimori.

En Perú diversas organizaciones han convocado a concentraciones y marchas para enfrentar el fraude. Contra el fraude gubernamental-derechista hay que movilizarse y pasar a la acción directa (paros y cortes) para impedir que la burguesía pueda robar el triunfo a la lista de Pedro Castillo.

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04/06/2021

Un Frankenstein político en Israel

El acuerdo opositor para desplazar del poder a Benjamin Netanyahu.

Referentes opositores suscriben acuerdo de gobierno.

El acuerdo de gobierno al que arribó la oposición israelí, con el propósito de destronar del poder a Benjamin Netanyahu, es una especie de Frankenstein político. Integrado por ocho partidos, abarca desde fuerzas que están a la derecha del actual primer ministro, hasta un partido árabe-israelí. Por eso, recuerda al personaje de Mary Shelley, que era un ensamble monstruoso de múltiples criaturas.

Los líderes de esta coalición son el periodista Yair Lapid y el empresario Naftali Bennett. El primero recibió el encargo de formar gobierno luego de que Netanyahu fracasara en formar una mayoría parlamentaria propia, tras las elecciones de marzo, la cuarta en menos de dos años. Con el objetivo de poner fin a la hegemonía de “Bibi”, estos dos líderes políticos habrían llegado a un compromiso político el 10 de mayo, pero que quedó en suspenso a raíz de los bombardeos contra la Franja de Gaza. Con el alto al fuego, las negociaciones se reanudaron.

El acuerdo establece una rotación en el cargo de primer ministro entre estas dos figuras. Bennett, el primero que ocuparía esa posición, es un empresario del sector tecnológico y referente de la derecha religiosa. Partidario de la anexión de Cisjordania y contrario a un estado palestino (aun en sus formas más devaluadas), en 2013 fundó un partido pro-colonias (Yesha) y luego se transformó en el líder del partido Yamina. Fue ministro de defensa, educación y economía de Netanyahu, con quien estuvo negociando hasta último minuto una coalición de derecha que no prosperó.

Lapid saltó a la política desde su posición de periodista crítico de la corrupción del gobierno de Netanyahu, hace ya muchos años. En 2013 hizo una resonante elección, pero se integró al gobierno del Likud como ministro, de donde fue eyectado un año más tarde. Define a su fuerza como de “centro, con una ligera inclinación hacia la derecha” (Middle East Eye, 31/5). Su “centrismo” consiste en que a lo largo de su carrera se ha pronunciado tanto a favor de la política de anexión de los colonos como de la solución de dos estados.

Para alcanzar la meta de 61 diputados, este dueto sumó un arco variopinto que incluye también al bloque Azul y Blanco de Benny Gantz (un exmilitar que comandó las fuerzas israelíes durante la operación “Margen protector”, de 2014); Nuestra Esperanza (desprendimiento del Likud); Israel, nuestra casa, de Avigdor Liebrman (acérrimo defensor de los colonos); el laborismo y el Meretz (centroizquierdistas); y el Raam, un partido árabe-israelí. La suma da 61 bancas justas.

En los próximos días, el parlamento israelí debería emitir un voto de confianza para consagrar el nuevo gobierno. Sin embargo, el titular de este cuerpo es un hombre del Likud, quien tiene pensado dilatar la convocatoria todo lo posible. ¿Por qué? Porque en el ínterin, Netanyahu intentará quebrar la coalición opositora. Esta es tan frágil que le bastaría a “Bibi” con dar vuelta a un solo diputado para que la investidura fracase. Con el propósito de contrarrestar esta maniobra, la oposición busca desplazar de la jefatura de la cámara al Likud para acelerar el trámite, pero no está claro que lo logre debido a disensiones internas.

Mientras tanto, bajo el objetivo de quebrar al Yamina, Netanyahu acusó a Bennett de traicionar a sus votantes y formar un gobierno de izquierda, lo que fue retrucado por el empresario diciendo que su gobierno estará aún más a la derecha que el Likud y que no vacilará en atacar a los palestinos. El reparto de ministerios, por lo pronto, parece otorgar los principales lugares a la derecha (defensa, finanzas).

Estamos ante dos escenarios posibles. Uno, que Netanyahu logre agrietar a la coalición opositora, en cuyo caso se reabriría la incertidumbre y la posibilidad de una quinta elección. Dos, que el acuerdo opositor se consolide. Pero en este caso, se alumbraría un gobierno extraordinariamente precario, surcado por todo tipo de contradicciones y de apetitos contrapuestos.

Israel atraviesa una crisis política de fondo. Vale recordar aquí que el gobierno de unidad Netanyahu-Gantz, con el que se pretendió clausurar la larga crisis, solo duró unos pocos meses y desembocó en la elección de marzo.

Los partidos árabes-israelíes

Sin dudas, la participación de un partido árabe-israelí en el nuevo gobierno es uno de los datos más destacados de la nueva coalición. No ocurría algo así desde 1992, cuando una formación árabe-israelí ayudó a encumbrar a Yitzhak Rabin.

Quien da ahora su apoyo a una figura como Bennett, partidario de la anexión total de Cisjordania, es el Raam, dirigido por Mansour Abbas. La lista Arabe Unida, en cambio, no se integró a la coalición, si bien se ha mostrado proclive a un acuerdo parlamentario para desplazar al titular de la cámara.

Abbas justifica su política -que incluyó negociaciones para formar gobierno con el propio Netanyahu- en nombre de conseguir cosas para los palestinos. Por caso, habría obtenido el compromiso de que se suspenda una ley que impone multas a las construcciones árabes ilegales. Pero al mismo tiempo, según los medios, a otro partido de la coalición, el derechista Nueva Esperanza, se le prometió evitar las construcciones palestinas en el área C de Cisjordania (Jerusalem Post, 3/6).

Es absurdo pensar que se puedan obtener concesiones para la minoría árabe-israelí, que vive sojuzgada y padece un régimen de apartheid, por parte del sionismo, cuya naturaleza consiste precisamente en un avasallamiento constante del pueblo palestino, por medio del avance de la colonización.

Las masas árabes-israelíes y palestinas vienen actuando en sentido contrario a la orientación del Raam. Es la lección que deja la última crisis, con las movilizaciones masivas contra el desalojo de familias en Jerusalén Este y la histórica huelga general contra los bombardeos sobre la Franja de Gaza.

No hay salida posible para Palestina de la mano del sionismo y su inviable proyecto de colonización y limpieza étnica. Es necesario oponerle la lucha por el derecho al retorno y por una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

https://prensaobrera.com/internacionales/las-raices-de-la-agresion-sionista-contra-el-pueblo-palestino/

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03/06/2021

El nuevo “dietazo” de diputados y senadores

40% de aumento. Una burla a jubilados y trabajadores.

Diputados y senadores recibirán un 40% de aumento en sus dietas, con lo que sus sueldos rondarán los 300 mil pesos, muy por encima del sueldo de los trabajadores, la mitad de los cuales gana menos de 65 mil pesos, y de las jubilaciones, que en el caso de la mínima asciende a apenas 23 mil pesos.

Este nuevo “dietazo” pone fin a un congelamiento en las dietas que se había dispuesto en diciembre de 2019, como “gesto político” en medio de la anulación de la movilidad jubilatoria. Pero mientras que los legisladores ahora recomponen sus sueldos, los jubilados se han quedado con un nuevo índice que calcula a la baja los haberes.

El nuevo aumento de los congresistas obedece a que sus sueldos están enganchados al del personal legislativo, que acaba de cerrar su paritaria. Los diputados y senadores ganan un 20% por encima de un empleado administrativo de la categoría más alta del Congreso. El problema obviamente no son los trabajadores legislativos, sino las dietas del personal político, cuyo aumento debería correr por otro carril.

Diputados y senadores no son los únicos privilegiados. Los funcionarios del Poder Ejecutivo y los jueces también tienen sueldos elevadísimos. Es el personal estatal de la burguesía, que se ve debidamente recompensado por sus servicios cotidianos a la clase dominante.

En diálogo con la emisora Cadena 3, el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, señaló que “no es la magnitud del gasto [lo más importante], es el hecho político de que ganen 300 lucas cuando un laburante tiene un promedio de 30 mil mangos”, en referencia al ingreso promedio de los trabajadores del Gran Córdoba.

Y recordó la lucha contra el “dietazo” de 2016, cuando un pacto entre bastidores de Emilio Monzó y Héctor Recalde (entonces presidente de la Cámara de Diputados y del bloque del peronismo, respectivamente) dictaminó un aumento vía la duplicación de los gastos de representación (un componente del sueldo) y de los canjes por pasajes no usados.

La acción de los diputados del Frente de Izquierda desenmascaró la maniobra en el parlamento. Ante el malestar popular causado por la repercusión del tema, Macri se vio obligado a ordenar a Monzó que la dejara sin efecto. “Estábamos en medio del ajuste macrista y esto resultaba una cosa escandalosa”, rememoró Pitrola, entonces diputado nacional. Nueve meses después, sin embargo, cuando bajó la espuma, Cambiemos y el PJ volvieron a pactar y aplicaron el aumento.

Pitrola defendió el proyecto presentado como diputado, que aún tiene estado parlamentario, que plantea que los legisladores ganen cuatro salarios mínimos. “Si quieren mejorar el salario de ellos, van a tener que mejorar el salario mínimo de la población que hoy son $26.500”, apuntó.

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03/06/2021

“Abrir paso a una Palestina única, laica y socialista”

Se realizó la charla-debate “Qué pasa en Palestina”.

El miércoles 2 de junio se desarrolló la charla-debate “Qué pasa en Palestina”, organizada por el Partido Obrero de la Zona Oeste. Sus expositores fueron Martín Martinelli (docente e investigador de la Unlu e integrante de Clacso) y Rafael Santos (dirigente nacional del Partido Obrero e integrante de la Comisión Internacional). La actividad estuvo moderada por Patricio Grande (docente de laUnlu y secretario adjunto de Adunlu), fue transmitida en vivo y contó con una importante y activa participación de militantes, estudiantes y docentes de la Universidad de Luján y público interesado en general.

A dos semanas del alto al fuego bilateral entre Israel y Hamas, que puso fin a once días de bombardeos sionistas contra la Franja de Gaza causantes de la muerte de más de 200 palestinos, el apoyo y la solidaridad con el pueblo oprimido de Palestina muestra una gran firmeza.

La actividad tuvo como uno de sus propósitos centrales analizar cuáles son las raíces históricas de la reciente agresión y masacre perpetrada por el Estado de Israel contra el pueblo palestino.

Las intervenciones

En primer lugar, el historiador Martín Martinelli expuso en torno a“Palestina e Israel, una encrucijada geo-política”. Sobre esa base temática señaló los intereses geoestratégicos del imperialismo estadounidense en la región y en los países de Medio Oriente. En esa línea, Martinelli remarcó la centralidad de la alianza política Estados Unidos-Israel. Además, colocó en el centro del debate el “racismo estructural” y el “colonialismo del siglo XXI” que lleva a cabo Israel sobre el pueblo y los territorios palestinos, practicando una política de limpieza étnica y un “genocidio por goteo”. Por último, destacó que la reciente y brutal ofensiva bélica de Israel sobre Gaza provocó un importante “movimiento de solidaridad internacional que vuelve a poner la cuestión palestina en el centro de la escena mundial”.

En segundo lugar, el dirigente Rafael Santos expuso el tema “Debates sobre la Guerra en Palestina”. En torno a esta temática nodal, Santos realizó un recorrido histórico desde los orígenes del sionismo hasta el presente. Definió al sionismo como un “movimiento de colonialismo tardío”, caracterizado por instrumentar una política permanente de colonización y expulsión de la población nativa. En esa línea, señaló que judaísmo y sionismo claramente “no son lo mismo”. En su recorrido histórico sobre la problemática, Santos destacó el año 1948 como el momento de la “partición de Palestina”, significando el inicio de la expulsión y el desplazamiento para millones de palestinos. También hizo referencia a los “Acuerdos de Oslo” (1993) como una suerte de “pax yanqui” y de la opresión sionista sobre las masas palestinas. Finalmente, el dirigente del PO colocó en el centro del debate la inviabilidad de la política pro sionista de los “dos Estados”. Contrariamente, se pronunció por el “derecho al retorno, y abrir paso a una Palestina única, laica y socialista como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.”

Luego de cada exposición central el público presente realizó diversas preguntas a los expositores lo que posibilitó profundizar los temas planteados anteriormente y el debate.

Finalmente, los y las presentes repudiaron la campaña del sionismo – instrumentada a través de periodistas y diversos medios de comunicación- de ataques y desprestigio dirigida al Frente de Izquierda-Unidad en su lucha por la defensa del pueblo palestino, centralmente contra los diputados nacionales Juan Carlos Giordano, Nicolás del Caño y el legislador porteño Gabriel Solano.

La heroica respuesta del pueblo palestino muestra que son los métodos de la huelga general, la movilización popular y la solidaridad internacional entre los pueblos los que pueden derrotar la ofensiva sionista e imperialista sobre Palestina.

https://prensaobrera.com/internacionales/derecho-al-retorno-por-una-palestina-unica-laica-y-socialista/

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02/06/2021 | 1623

Lucha obrera por vacunas, salarios y trabajo

El atropello patronal contagia.

Una de las facetas más reveladoras del crecimiento exponencial de contagios y muertes de esta segunda ola son las víctimas obreras infectadas en el propio ámbito laboral, algo reconocido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). En el año 2020, el 76 % de las muertes laborales fueron por Covid-19, pero solo se contemplan las de aquellos trabajadores registrados y en blanco. Computando al 40 por ciento de la clase obrera que trabaja en negro, la masacre laboral es con toda seguridad mucho mayor.

El ajuste inspirado por el FMI y el conjunto patronal del Frente de Todos  -con la complicidad del macrismo- domina la política oficial. No hay medida alguna para sostener una restricción de la actividad económica, garantizando salarios e ingresos de los “sin ingresos”. Consecuencia: el colapso sanitario por la saturación de las terapias intensivas, que a su vez se expresa en la dramática cifra de víctimas.

En este cuadro, la cuestión de la vacunación ha pasado al primer plano de los reclamos obreros. Por un lado un listado inmenso de esenciales que reclaman prioridad con todo derecho, porque se contagian laburando: docentes, embarcados, responsables de comedores comunitarios, obreros del neumático, camioneros de frontera, cajeros de supermercados y otros rubros, choferes de la UTA, bancarios que atienden al público… y siguen las firmas. Los reclamos sindicales empezaron a llover al Ministerio de Trabajo que se declara “fuera de jurisdicción”, al Ministerio de Salud que no atiende ni brinda solución ni siquiera a los burócratas más ligados. El reclamo de vacunación masiva tiende a extenderse a todo el movimiento obrero. Los gremios han empezado a contabilizar sus víctimas que presentan cifras estremecedoras.

La presión por el tema ha llevado al absurdo de que Pereyra de Petroleros pida autorización para comprar vacunas por parte del Sindicato por un importe de 6 millones de dólares, que tiene cash para el efecto. Una compadreada para zafar, cuando ni poderosas empresas logran comprar (tal vez haya algún pulpo petrolero atrás de Pereyra) y las propias provincias no han podido hacerlo porque los laboratorios negocian solo con Estados nacionales soberanos con respaldo de sus bancos centrales, bienes y reservas.

El crimen de no intervenir el laboratorio de Sigman, incautar las dosis, envasarlas y vacunar masivamente a la población mediante la sobrada capacidad científica y tecnológica instalada, pública y privada, se paga en vidas. En este cuadro, ante los anuncios de la llegada de millones de dosis los sindicatos combativos como el Sutna, la AGD-UBA, los Sutebas, Ademys, etc. se han puesto a la cabeza del reclamo según sus prioridades y ante el Estado. El Suteba la Matanza relevó a 2.500 docentes del distrito sin vacunar y reclama por ello movilizado, la AGD arrancó el compromiso de vacunación de los colegios preuniversitarios y tras ellos el resto.

La CGT satisfecha

La cúpula de la CGT se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Salud, Carla Vizzotti. La reunión, sin embargo, abordó temas muy ajenos a la situación gravísima por la que atraviesa la clase obrera.

La reunión que, según la descripción periodística estuvo regada por una comida de bruschetta, carne con papas y frutas y helado de postre, tuvo por motivo esencial defender el lugar de sus directores en la Superintendencia de Salud, ante una puja por el control de ese ente clave en el manejo de los fondos de las obras sociales, que el  kirchnerismo les disputa. La respuesta de no innovar de los funcionarios de Alberto Fernández  tranquilizó a la cúpula cegetista, ajena por completo a cualquier reacción de conjunto, ante los millones de trabajadores que siguen despedidos, ante los contagios y ante el deterioro salarial y jubilatorio.

Luchas salariales, se calientan las paritarias

La escalada inflacionaria que lleva seis meses desde diciembre al 4% mensual está calentando las paritarias. Ya no se trata solo de la heroica huelga general de los autoconvocados de la salud de Neuquén que arrancaron un aumento del 53%, de la huelga de abajo vivitivìnicola, los piquetes autoconvocados de la UTA por $100 mil de salario y vacunas o la revisión del Sutna que alcanzó el 54% punta-punta, con cláusula gatillo de cinco puntos más cualquiera sea la inflación al 30 de junio. Ahora se sumó un creciente movimiento de internas combativas de ATE Capìtal contra la paritaria del ajuste, como la llaman ellos, que consolida la pérdida 2020 con más pérdida en las cuotas de 2021 que totalizan 35%.

Pero ahí no termina la cosa. Grandes gremios empezaron a chocar con las pautas de Guzmán. La patronal se ha aprovechado de la pandemia para deprimir salarios y atropellar convenios en numerosas actividades. Pero con la reactivación de ciertas ramas industriales y la avivada escandalosa de otros sectores que siguen ganando fortunas como la industria de alimentación que no se detuvo nunca o los bancos, la propia cooptación de la burocracia se ha empezado a complicar. Se lo escucha furioso a Palazzo reclamar adelanto de la revisión y amenazar con paro general bancario porque quedó inmolado en el 29%, justamente el líder de la Corriente Federal, el más kirchnerista de todos. En la Alimentación empezaron paros de dos horas por turno porque hoy la pauta de Guzmán es intragable y los sectores combativos pueden progresar. Hubo paro de las refinerías petroleras contra el absurdo de pagar el aumento 2021 en el año 2022. Ante esta realidad los Moyano también empezaron un minué por ahora publicitario para romper los techos paritarios.

Más que nunca, vamos por asambleas que planteen el reclamo salarial, por revisiones y reaperturas de paritarias con paritarios electos y mandatados. Hay que quebrar desde las luchas obreras el pacto social de hecho que hace aguas

El Plenario del Sindicalismo Combativo

Los sindicatos y seccionales del Plenario del Sindicalismo Combativo, que agrupa también a agrupaciones piqueteras independientes del gobierno como el Polo Obrero, salen a enfrentar de conjunto esta situación bajo las consignas de vacunas, salarios por encima de la inflación, defensa de los convenios colectivos de trabajo, salario de emergencia para los desocupados de $40 mil, y  jubilaciones que cubran la canasta del trabajador pasivo, paritarias libres, no al pago de la deuda externa, no al pacto con el FMI. Las agrupaciones autoconvocadas de jubilados movilizan el 9 de junio a Plaza de Mayo.

En función de esa necesidad, se ha convocado la reunión de la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo el lunes 7 de junio para abordar, ampliada a todos los sectores en lucha, para la organización de una jornada nacional de protesta y un plan de acción, brindando una perspectiva de conjunto ante la entrega de las centrales obreras.

https://prensaobrera.com/sindicales/crece-la-tension-obrera-por-las-vacunas/

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02/06/2021

Charla-debate sobre la situación en Palestina

Desde las 18hs. Con Martín Martinelli (Grupo Palestina y América Latina de Clacso) y Rafael Santos (dirigente del PO).

Este miércoles 2, desde las 18hs, se realizará una charla-debate virtual sobre la situación en Palestina, que podrá seguirse a través de las cuentas de Facebook del Partido Obrero y de la revista En Defensa del Marxismo. Participarán Martín Martinelli (doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y co-coordinador del Grupo Palestina y América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Clacso) y Rafael Santos (dirigente del Partido Obrero y miembro de su comisión internacional). Coordina la actividad Patricio Grande, secretario adjunto de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad de Luján (Adunlu).

El Estado de Israel bombardeó durante once días la Franja de Gaza, durante el mes de mayo, dejando más de 200 palestinos muertos y 17 mil viviendas destruidas. Agravó de este modo la situación del enclave costero, que es desde hace más de una década una prisión a cielo abierto, como resultado del bloqueo terrestre y marítimo israelí y egipcio.

En respuesta a los bombardeos israelíes, se produjeron movilizaciones en todo el mundo y una histórica huelga general que involucró tanto a la población árabe-israelí como a la de Cisjordania. A la política de anexión y limpieza étnica del sionismo, es preciso oponerle la lucha por una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

https://prensaobrera.com/internacionales/en-las-bases-constitutivas-del-estado-de-israel-esta-la-expulsion-de-700-mil-palestinos/

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02/06/2021 | 1623

El Congreso del Frente de Izquierda y la respuesta del MST

Willy Monea Ojo Obrero Fotografía

Por medio de un artículo de su dirigente Sergio García, el MST acaba de responder a nuestra propuesta de que el Frente de Izquierda-Unidad convoque un gran Congreso en el que participe toda la militancia obrera y popular de nuestro frente, con el propósito de analizar la situación extraordinaria que enfrentamos y votar un programa y un plan de acción que potencie la construcción de una alternativa obrera y socialista en la Argentina y en América Latina.

La cuestión fue debatida extensamente en una Conferencia realizada a mediados de abril por nuestro partido y hecha pública en un manifiesto publicado en formato virtual y también en papel. La conclusión plasmada en dicho manifiesto señala que enfrentamos una situación extraordinaria, que combina una bancarrota y una crisis social precedente que se ha potenciado enormemente con el estallido de la pandemia, que ha colocado a nuestro país entre los que registran las peores estadísticas a nivel mundial. Aunque esta crisis tiene como responsables directos a todas las fuerzas políticas que nos han gobernado en las últimas décadas, contradictoriamente sobrevive una polarización entre esas fuerzas, siendo la izquierda que se reclama revolucionaria una clara minoría. La superación de esta situación, dotando a la izquierda obrera y socialista de una base de masas, es la cuestión decisiva de la etapa. Las rebeliones populares que recorren el continente indefectiblemente tendrán sus capítulos en nuestro país, y debemos apurarnos para superar la crisis de dirección de la clase obrera y los explotados. Contamos para ello con la experiencia del Frente de Izquierda, que se ha ganado un lugar político único en el continente, por presentarse de modo abierto en clara oposición al nacionalismo burgués y el progresismo que oscila entre el Foro de San Pablo y el Grupo Puebla. Para ello el FIT-U debe superar su actuación limitada casi exclusivamente a los procesos electorales y estructurar un polo de masas en la clase obrera, las mujeres y la juventud.

La respuesta del MST

En su respuesta el MST comparte que un Congreso sería un paso adelante. Al igual que el PO señala que “desde el MST estaríamos a favor si de verdad un Congreso estuviera puesto al servicio de superar el estadio limitado de frente electoral actual”. Se trata justamente del punto crucial que motivó nuestra propuesta. Sucede que incluso una presentación electoral sobre la base de un programa revolucionario tiene límites insuperables, debido a que ese programa no puede conquistarse a través de las elecciones. Por lo tanto, requiere una intervención sistemática en la lucha de clases, que solo es tal cuando la lucha de los explotados adquiere un carácter netamente político. La cuestión de esta acción extraelectoral y extraparlamentaria es parte constitutiva del programa, ya que los métodos de lucha ocupan un lugar destacado dentro del mismo. Alcanza con recordar que el Programa de Transición dedica a la cuestión de los métodos de acción directa capítulos fundamentales.

En su artículo el MST plantea que “un Congreso sería positivo si se atreve a todo esto, si es para dar un curso progresivo a miles de militantes y simpatizantes del FIT-U, si se abre las puertas a sectores independientes, intelectuales, referentes sociales y de izquierda que no integran nuestros partidos…”. En relación a este planteo es necesario ser concreto. Desde ya que nuestra propuesta va dirigida a darle un “curso progresivo” a toda la militancia del FIT-U y sus simpatizantes, pertenezcan o no a algunos de los partidos del Frente. Todos quienes defiendan nuestro programa y planteamientos estratégicos deben ser convocados y están llamados a jugar un rol protagónico. Sobre la participación de intelectuales y sectores independientes dependerá de si comparten o no el programa del FIT-U, que tiene como estrategia la defensa de la independencia de clase de todos los bloques capitalistas sin excepción y la lucha por el gobierno de los trabajadores. Se trata de un método de selección objetivo, basado en un programa. La “amplitud” del Congreso debe medirse en su capacidad de convertirse en un punto de atracción de sectores importantes de la clase obrera y el movimiento de lucha de las mujeres y la juventud, y no en su pluralidad política y programática, que es una vía que indefectiblemente conduce a la colaboración de clases y que sirve como plataforma de proyección a elementos advenedizos que se candidatean para ser tenidos en cuenta por el centroizquierdismo o el progresismo pequeñoburgués. Ya hemos visto la evolución de las corrientes de la centroizquierda argentina, unas integrados al Frente de Todos (como la Unidad Popular o lo que fue Proyecto Sur), otras a Juntos por el Cambio (como el juecismo).

Sería oportuno y necesario que los compañeros y compañeras del MST clarifiquen cuál es su posición al respecto. Ellos citan como un ejemplo a seguir la política que su corriente lleva adelante en Brasil junto a otros grupos de izquierda, que tienen estructuradas líneas internas dentro del PSOL. Y plantean que un Congreso del FIT-U debiera servir para repetir o aplicar acá esa misma experiencia, en particular un congreso realizado por el MER que es un ala de izquierdas integrada al PSOL. Pero ese planteo omite lo esencial: que el Frente de Izquierda-Unidad está estructurado programáticamente de un modo opuesto al PSOL, que de modo abierto desde su fundación siempre fue un frente de colaboración de clases, que sirvió como punto de encuentro de políticos pequeñoburgueses y hasta burgueses que rompían con el PT de Lula. Ese proceso ha ido evolucionando al punto que en las últimas elecciones el PSOL y el PT firmaron un programa de gobierno común. La supuesta “pluralidad” del PSOL se ha transformado en un recurso para que la izquierda justifique su participación en él, haciéndonos creer que se trata de un partido en disputa, cuando ha sido estructurado desde sus orígenes como una fuerza pequeñoburguesa y de colaboración de clases. Un Congreso del FIT-U que pretenda repetir esa experiencia en la Argentina sería un retroceso en toda la línea, ya que implicaría una involución programática y política de la izquierda. Fue justamente la creación del FIT en el año 2011 un factor político de primer orden que bloqueó el surgimiento de una centroizquierda con ropaje izquierdista.

En su texto los compañeros del MST dicen que un Congreso debiera servir, además, para acordar las tareas que llevará adelante el Plenario del Sindicalismo Combativo. Pero aquí se comete un error político: quienes deben fijar las tareas del plenario son antes que nada los trabajadores de los sindicatos que lo integran. Actuar de otro modo, sea mediante acuerdos de los partidos de izquierda o en la mesa del FIT-U, sería un error aun cuando esos acuerdos estén basados en un orientación de clase. La soberanía de los trabajadores sobre sus organizaciones sindicales debe ser defendida como una cuestión de principios y utilizada como un factor de lucha contra la burocracia sindical. Una parte importante de la base de los sindicatos que dirigen compañeros y compañeras que integran los partidos del FIT-U aun no sigue a nuestro frente ni tampoco nos vota. Pero no cabe duda que un Congreso del FIT-U, con los métodos democráticos de movilización y participación, sería un poderoso instrumento para interesar a franjas crecientes de esa base y ganarla a una política revolucionaria. Al mismo tiempo que para agrupar a más y más luchadores del movimiento obrero, que precisamente rompen con la burocracia o apoyan las direcciones combativas.

Sobre las Paso y las elecciones

En nuestra propuesta que dirigimos a los partidos del FIT-U señalamos que un Congreso de este tipo debe abordar el conjunto de las cuestiones políticas planteadas, incluso la referida a las elecciones. Sería muy importante que un Congreso refrendase un acuerdo alcanzado por los partidos del FIT-U, ya que le daría más fuerza y legitimidad. Y que si existiesen desacuerdos sobre la formación de listas, podría ser un método político adecuado a los principios socialistas valernos del Congreso para una decisión al respecto. En relación a las listas ya hemos señalado que somos partidarios del acuerdo de listas comunes, como de hecho ya lo hemos alcanzado la inmensa mayoría de las veces. Las bases para un acuerdo ya existen, y son las que nos permitieron realizar presentaciones unitarias en las elecciones del 2019. En esa oportunidad el único desacuerdo existió en la provincia de Salta, donde los compañeros y compañeras del MST hicieron solicitudes de lugares en las listas que no se correspondían con la realidad. El resultado de las Paso así lo demostró. Pero ir a las Paso no es “gratis” para nuestro frente. La política en el proceso electoral requiere presentar un sólido bloque contra todas las expresiones capitalistas, que permita establecer una delimitación sobre una base de posiciones de clase. El armado de listas debe permitir decirle a un trabajador: los que defendemos a la clase obrera estamos en el FIT-U y las otras listas defienden a los capitalistas. Una competencia de 4 listas en las Paso bloquea esa posibilidad. Pone el acento en un debate interno, que nos desacredita de cara a los trabajadores.

En su texto el MST nos pide que no confundamos la naturaleza misma de las Paso, como un recurso de estatización de los partidos políticos empezando por los de izquierda, con su uso concreto. Pero es un pedido de cumplimiento imposible, porque la aplicación concreta de las Paso siempre será a partir de su propia naturaleza. En este caso la izquierda admitiría colocar la resolución de las formación de sus listas en manos de una opinión pública manipulada por los medios de comunicación capitalista, que diluye el peso de los activistas y luchadores y luchadoras de los partidos del FIT-U y de sus simpatizantes. ¿No queda claro que un acuerdo es mucho más ventajoso que esta práctica ajena a los principios socialistas y reglamentada por la burguesía de acuerdo a su manejo del Estado, de los medios económicos y de los monopolios mediáticos?

Es importante que el Frente de Izquierda-Unidad aborde la cuestión electoral no con el ángulo mezquino de pedidos inadecuados de los partidos que lo integran, sino como parte de un proceso político que permita reunir las condiciones políticas para facilitar y promover una acción histórica independiente de las masas. La experiencia latinoamericana ha demostrado que estas acciones de masas se expresan y entrelazan con los procesos electorales. Hay varias pruebas de ello. Una es Chile, donde las listas de sectores independientes identificados con la rebelión popular, acaba de obtener un triunfo rotundo en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Otra es la elección de Perú, que dejó al borde de la presidencia a Pedro Castillo, un candidato que logró irrumpir gracias al apoyo de los sectores más explotados. Estos procesos desafían al Frente de Izquierda-Unidad y redoblan el desafío para que ocupe un lugar central en la política nacional. Para ello es necesario abordar la cuestión electoral como parte de una política de frente único de clase y presentar una alternativa integral al régimen. Colocamos a debate de todo la militancia del Frente de Izquierda-Unidad la consigna votada por el XXVII Congreso del PO, que plantea “abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas”. La experiencia chilena y peruana a su modo han sido formas de concreción –limitada, por cierto- de esa consigna.

Manos a la obra

El MST ha tenido el mérito de ser el primer partido del FIT-U que se pronunció sobre nuestra propuesta de un Congreso de nuestro frente. Con los acuerdos y divergencias que hemos tratado de analizar, destacamos por sobre todo que el MST vea como positivo su realización. Esperamos ahora que se pronuncien los otros partidos del FIT-U para poder dar pasos en su concreción. En los próximos días se realizará una reunión de la Mesa Nacional del FIT-U que tendrá este punto en el temario y esperamos poder arribar a acuerdos positivos.

https://prensaobrera.com/politicas/por-un-congreso-del-frente-de-izquierda-unidad/

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02/06/2021 | 1623

Noticiero internacional

Brasil - Estados Unidos - Canadá - India.

Brasil: grandes movilizaciones contra Bolsonaro

El sábado 29, decenas de miles de personas se movilizaron en doscientos puntos del país contra el gobierno. Se estima que fue la convocatoria callejera más importante desde las manifestaciones educativas de 2019, antes de la pandemia. Los manifestantes concentraron sus críticas en el desmanejo sanitario y el aumento de la pobreza. En Recife hubo represión.

El nivel de aprobación de Bolsonaro viene cayendo al calor de la crisis (apenas llega al 24%). Sin embargo, las centrales sindicales y el PT son contrarias a la convocatoria de un plan de lucha para echar al gobierno, concentrando sus fichas en las elecciones presidenciales (para las que falta más de un año) y en un acuerdo con otros sectores la derecha.

En oposición a esa línea, está planteado un plan de lucha por las reivindicaciones más importantes (centralización del sistema de salud, triplicación de su presupuesto, prohibición de despidos, ayuda de emergencia de 600 reales, etc.) y por la caída de Bolsonaro, su vice Hamilton Mourão y todo el régimen de explotación.

Más información aquí.

Estados Unidos: trabajadores de McDonald's retoman la lucha

En quince ciudades norteamericanas, los trabajadores de la cadena de comidas rápidas realizaron paros y protestas el viernes 21 para reclamar un salario mínimo de 15 dólares la hora. La compañía promete un aumento progresivo del sueldo (desde los 7 dólares actuales) hasta llegar a la cifra que reclaman los empleados... ¡recién en 2024! Además, no incluiría a las franquicias, que engloban al 95% de los trabajadores.

En uno de los emblemas mundiales de la precarización laboral, los trabajadores retoman un proceso de lucha abierto en 2012.

Leé más aquí.

Mineros en huelga en Canadá

Alrededor de 2.400 trabajadores de la minera Vale, en el distrito de Sudbury (ubicado en el departamento de Ontario), entraron en huelga a comienzos de este mes en rechazo a la propuesta salarial de la compañía. Los obreros están agremiados en el sindicato siderúrgico Local 6500 y han establecido piquetes tanto en la mina como en la fundidora (CBC, 1/6). Es la primera medida de fuerza desde la huelga histórica de 2009, que se extendió por un año. La propuesta patronal incluye un aumento del 4% por cinco años, más dos bonos, aunque también incluiría cambios en lo que se refiere a jubilaciones y beneficios laborales.

En Canadá se han desarrollado importantes huelgas en las últimas semanas, como la del puerto de Montreal (levantada porque el gobierno de Justin Trudeau recurrió a la antisindical ley de “vuelta al trabajo”) y de sectores docentes contra la precarización laboral; o la de los obreros de Nestlé, de Toronto, por el pase a planta permanente. También fueron a la huelga un grupo de enfermeras en Sarnia, Ontario, porque trabajan a tiempo completo pero no tienen los beneficios laborales correspondientes.

India cumplió seis meses de rebelión campesina

El 26 de mayo, los agricultores del segundo país más poblado del mundo realizaron una nueva jornada de movilizaciones, al cumplirse el sexto mes de rebelión contra el intento del gobierno de eliminar el pago de un precio sostén de las cosechas por parte del Estado y hacer que aquellos vendan en forma directa al sector privado, lo que podría llevar a la ruina a decenas de millones.

La jornada fue bautizada como “black day”, en referencia a las medidas de ajuste del gobierno derechista de Narendra Modi, quien apuesta al desgaste de la lucha. Simultáneamente, se están desarrollando conflictos obreros en reclamo de medidas de seguridad e higiene en un país asolado por la pandemia.

Más información aquí.

https://prensaobrera.com/internacionales/un-mes-de-rebelion-popular-en-colombia/

https://prensaobrera.com/internacionales/noticiero-internacional-34/

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01/06/2021

Brasil: las movilizaciones desafían a Bolsonaro

Lula-Cardoso arman una red de seguridad.

Este fin de semana, decenas de miles de personas se movilizaron en Brasil contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Se estima que fue la convocatoria más numerosa desde las manifestaciones educativas de 2019, antes de la pandemia. El llamado partió de los frentes Brasil Popular y Pueblo sin Miedo, donde hay movimientos sociales, organizaciones obreras, estudiantiles y grupos políticos afines al PT.

El malestar popular con el gobierno viene creciendo al calor de la catástrofe sanitaria y social. La pandemia, que el mandatario bautizó peyorativamente como una “gripecita”, ya ha dejado más de 460 mil muertos, una cifra solo superada por Estados Unidos. La tasa de mortalidad por millón de habitantes era hasta la semana pasada la más alta de América del Sur (Infobae, 20/5). Ya hemos abordado en artículos anteriores crisis como la del estado de Amazonas, donde faltaba el oxígeno para los pacientes y estos se agolpaban en los pasillos de hospitales saturados. La vacunación, en tanto, avanza lentamente (solo el 21% de la población tiene al menos una dosis).

Pese a todo esto, Bolsonaro mantiene su línea anti-cuarentena e incluso ha recurrido a la justicia contra aquellos estados que han impulsado (módicas) medidas de aislamiento. Como parte de esta desidia criminal, que antepone los intereses empresarios a la salud de la población, se inscribe la aceptación de la realización de la Copa América en el país (que por estas horas quedó en duda).

Al mismo tiempo, el desempleo trepó al 14,7% en el primer trimestre de este año. El 40% de los trabajadores está en la informalidad. Y hay un crecimiento de la inseguridad alimentaria, que según algunos periodistas abarca ya a más de la mitad de la población (La Nación, 23/4).

Esto ayuda a entender la caída en la popularidad del ex paracaidista, cuyo nivel de aprobación -según una encuesta de Datafolha- ha caído al 24%, en tanto que su intención de voto para las presidenciales del año próximo es de apenas 23% (lejos de Lula, quien va primero en los sondeos y lo derrotaría también en un eventual ballotage). Inclusive, la mitad de la población cree que debe ser removido inmediatamente del cargo (ídem, 31/5).

El año pasado, la instrumentación de planes de asistencia social le habían permitido a Bolsonaro mitigar la crisis alimentaria e incluso mejorar un poco su imagen, aun en los estados del nordeste. Pero este año, como fruto de las políticas de ajuste fiscal, la ayuda de emergencia fue reducida a menos de la mitad (a 250 reales) y cayó el número de beneficiarios, además de que solo se extenderá por cuatro meses, contando desde abril (El País de Uruguay, 5/4).

Es un escenario de gran tensión social. Las marchas del fin de semana le disputan la calle al gobierno, que llevó a cabo movilizaciones propias, más pequeñas, a lo largo de este mes, incluyendo la participación del presidente en desfiles motorizados. El gobierno no renuncia a sus planes privatistas (Diputados acaba de aprobar el comienzo de un proceso de privatización de Eletrobras) ni a las bravuconadas golpistas, ya que cada tanto amenaza con sacar el Ejército a las calles, pero se encuentra fuertemente golpeado y viene incluso de un choque con los excomandantes de las fuerzas armadas, que renunciaron en disconformidad con la designación de Walter Braga Netto como ministro de defensa.

El significado del encuentro Lula-Cardoso

La oposición trabaja, por un lado, para lograr un relevo político de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022. Por otro, para evitar una caída previa, desordenada, del gobierno.

Una expresión clara de esto es el almuerzo del 12 de mayo entre Lula y el expresidente Fernando Henrique Cardoso, privatizador serial en los 90 y presidente honorario del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña). Este último ya había señalado a los medios que en caso de un ballotage entre Lula y Bolsonaro votaría por el referente del PT. Ahora, dijo que “quien no tiene perro, caza con un gato” (La Nación, 22/5). FHC es consciente de que su partido tiene pocas chances de terciar en la confrontación electoral y que la principal carta de recambio hoy es Lula, quien ya cumplió un rol clave como factor de contención del proletariado brasileño, el más importante de América Latina, en la primera década de este siglo. Pero además, el sociólogo dijo que el almuerzo buscaba “ayudar a distensionar” (ídem) el cuadro político actual. Se busca crear una red de seguridad institucional que evite una mayor desestabilización política (todavía hay un largo trecho por recorrer hasta octubre del año próximo) y que prevenga una irrupción popular masiva, en una región marcada por levantamientos populares (Chile, Colombia, Paraguay).

Visto desde el otro lado de la mesa, el almuerzo es también una expresión de moderación de Lula, quien nuevamente busca mostrarse como un hombre de confianza ante la burguesía. Hay quienes especulan incluso con que elija como compañero de fórmula a un hombre de los mercados, repitiendo la experiencia que lo llevó a adoptar como candidato a vice en 2002 a José Alencar (ídem). Lula toma nota del malestar que anida en sectores de la burguesía brasileña con Bolsonaro. A mediados de marzo, un grupo de economistas y empresarios -incluyendo a dos directivos del Banco Itaú- publicó una carta con críticas a la gestión sanitaria del gobierno, en la que señalan también que “'la recesión' del momento no se superará 'mientras la pandemia no sea controlada por la acción competente del gobierno federal'” (El País, 21/3). Es decir, estos cartistas ven que el desastre pandémico agudiza la crisis económica y reclaman un cambio de orientación -claro que con la hipocresía de omitir su propia responsabilidad en el mantenimiento de la economía abierta a toda costa, a pesar del virus.

Mientras se producen todas estas negociaciones políticas, en el Senado se ha puesto en funcionamiento una comisión de investigación del Covid-19, que si bien no tiene ninguna pretensión de desplazar ni imputar a Bolsonaro, sirve para ir desgastándolo políticamente de cara al 2022.

La línea del jefe del PT es un frente amplio sin límites a la derecha, incluyendo a sectores que participaron del golpe contra Dilma Rousseff en 2016. Las centrales sindicales son tributarias de este operativo, lo mismo que la dirección del Psol (uno de sus dirigentes, Marcelo Freixo, tuiteó sus felicitaciones a Cardoso y Lula por su “gesto de grandeza y responsabilidad con el país” -ídem, 21/5).

En oposición a esta línea, es necesario redoblar la movilización y avanzar en un plan de lucha por las reivindicaciones más sentidas (centralización del sistema de salud, triplicación presupuestaria, ayuda de emergencia de 600 reales, prohibición de despidos, seguro al desocupado, etc.) y para echar ahora a Bolsonaro-Mourao y todo el régimen de explotación.

https://prensaobrera.com/internacionales/brasil-luz-verde-para-lula/

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La madrugada del sábado, la policía local, Centro de Operaciones de Tigre (COT), detuvo al joven Franco Cardozo en la casa de su novia. Varios golpes que recibió en el trayecto y en la fiscalía de Don Torcuato llevaron a la muerte del joven de 25 años.

Este hecho generó una conmoción de familiares y allegados, que se movilizaron a la fiscalía y cortaron la ruta 202 en reclamo de justicia. La respuesta de la policía y la Gendarmería fue la represión, deteniendo a 8 familiares, amigos y vecinos.

Estos sucesos no son aislados en el distrito. Las denuncias contra el accionar represivo del COT son comunes en los barrios y en la juventud. En los últimos años hubo movilizaciones en Benavidez, Las Tunas y Ricardo Rojas antes la impunidad y la represión policial. La brutalidad de las fuerzas de seguridad hacia la juventud y los sectores populares, al igual que la liberación de las zonas para el delito y la complicidad en el negocio de la trata y el narcotráfico, son comunes en el distrito y han sido denunciadas por familiares de víctimas de femicidios como los de Luna Ortiz, Micaela y Nancy Fernández.

Una política represiva del intendente Zamora

El año pasado, con la visita de Sergio Berni en el municipio, se firmó un acuerdo por 300 millones de pesos para el reforzamiento del aparato policial, un hecho no menor ya que se dio en simultáneo con dos grandes intentos de recuperación de tierras (Villa Garrote y San Jorge) que fueron reprimidos.

A esto se suma que en diciembre último, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la utilización de las pistolas taser por parte de las fuerzas policiales locales, luego de un proyecto presentado por Juntos por el Cambio.

El empoderamiento del COT ya tuvo su primera víctima este año.

Desde el Partido Obrero acompañamos la movilización y los reclamos de las familias y exigimos la cárcel para los policías responsables de los hechos de violencia y abuso ocurridos. Asimismo, demandamos la reparación a las víctimas y que se continúe con la investigación a partir de la formación de una comisión independiente.

La avanzada represiva contra la juventud y los sectores populares no responde a casos aislados, ni al exceso de un policía y de una comisaría aislada. Es el retrato de un régimen político que busca descargar la crisis sobre la espalda de los sectores populares y explota el gatillo fácil y la doctrina represiva como método represivo y de control. Fuera Berni y que se desmantele el aparato represivo de la Bonaerense. Por el juicio y castigo a cada uno de los responsables y por el cese de toda represión y persecución a los trabajadores

Llamamos a todos los vecinos a librar una campaña de difusión para no dejar pasar lo ocurrido.

https://prensaobrera.com/juventud/berni-al-acecho-de-la-juventud/

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30/05/2021

Berni al acecho de la juventud

Nuevamente exigió bajar la edad de imputabilidad.

Sergio Berni, el ministro estrella de Axel Kicillof, y hombre mimado de CFK, continúa al acecho de la juventud, especialmente la empobrecida. Nuevamente puso en la agenda avanzar en una “nueva ley penal juvenil” para que se baje la edad de imputabilidad a los menores de 14 años de edad. En un reciente tuit publicó: “es impresionante como ha bajado la edad delictiva. En un país donde se ha podido discutir la interrupción del embarazo, no podemos dejar de analizar una ley de criminalidad juvenil”. Ya había tuiteado en un sentido semejante en diciembre.

Los argumentos de Berni son pérfidos y mentirosos: en primer lugar porque los delitos cometidos por menores de 16 años representan un 3,2%, un porcentaje ínfimo. En segundo lugar, porque pretende igualar dos problemas completamente diferentes. Mientras que el aborto legal es un derecho vital para el conjunto de las mujeres, conquistado mediante la lucha, la baja de edad de imputabilidad es una política reaccionaria y un retroceso en materia de derechos humanos.

Una agenda reaccionaria para ocultar la crisis

Poner a la juventud como chivo expiatorio para impulsar una agenda reaccionaria es un truco utilizado por ministros y candidatos derechistas, especialmente cuando la crisis los golpea severamente. Lo mismo hizo el macrismo, con Patricia “Chocobar” Bullrich en el 2019.

La provincia de Buenos Aires está asediada por la pobreza, alcanzando al 50% de los adultos y al 70% de la juventud. Estamos pasando el peor momento de la pandemia. Por más que Kicillof y sus voceros se esfuercen por insistir en “la lluvia de vacunas” lo cierto es que la inmensa mayoría de municipios no alcanzó a inmunizar con la primera dosis ni al 20% de su población. Las clínicas y hospitales están abarrotadas de enfermos, en el interior el colapso es total. El confinamiento corto de Alberto Fernández, apoyado por el gobernador Axel Kicillof, es insuficiente por donde se lo mire. Mientras tanto, continúa la sangría del pago de la deuda externa y el ajuste fiscal, en detrimento de la salud, la educación y el trabajo.

Es en este contexto en el que Berni sale a la carga contra los jóvenes. Intenta exhibir su política de mano dura como una solución para la provincia de Buenos Aires. Lo hizo antes cuando desalojó brutalmente a las familias de Guernica, junto al “Cuervo” Larroque.

El huevo de la serpiente

Pero Berni no actúa solo, es apañado por Kicillof y CFK. El gobernador no dudó un segundo en sostener a Berni incluso frente a la desaparición forzada seguida de asesinato del joven Facundo Astudillo Castro el año pasado.

La derecha no se incuba únicamente en Juntos por el Cambio, en Espert, Milei y Gómez Centurión. También lo hace dentro del Frente de Todos, bajo la cobija de los supuestos “progresistas nacionales y populares”. Para terminar de confirmar el alineamiento del kirchnerismo con sectores derechistas, recientemente comenzó a ganar fuerza un nuevo ascenso de Daniel Scioli como primer diputado nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Se concrete o no, el kirchnerismo no duda en barajar candidatos y sostener funcionarios que son verdaderos verdugos de la juventud y los trabajadores. Lo hacen en función de ganar aun más las simpatías de los capitalistas nacionales e internacionales.

Organizarnos y luchar contra los partidos capitalistas

La juventud tiene el desafío de estructurar su organización política con independencia de todos los gobiernos capitalistas. Por más que se pongan el saco de progresistas, los K anidan a los Berni, justifican represiones, desalojos y callan frente a desapariciones forzadas.

La Juventud del Polo Obrero y la UJS impulsaremos una vigorosa deliberación en toda la juventud para que en cada rincón bonaerense crezca una verdadera organización independiente y revolucionaria que luche contra el ajuste y la represión. Sumar a la juventud a la luchar junto al FIT-U contra los partidos de la clase capitalista es una tarea insoslayable en esta etapa política.

Fuera Berni. Abajo el ajuste y la represión. Trabajo genuino para la juventud. Triplicación del presupuesto educativo; computadoras, becas y wifi para poder estudiar. Vacunación masiva para toda la población. No al pago de la deuda, ningún acuerdo con el FMI.

https://prensaobrera.com/juventud/cordoba-para-que-el-frente-de-todos-lanza-su-organizacion-en-la-juventud/

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30/05/2021

¿Hacia dónde va el Astillero Río Santiago?

Tribuna Estatal - Astillero

La parálisis general y ausencia de planes productivos para una empresa del tamaño y la historia del astillero siguen reinando en la planta naval ensenadense. La finalización de los barcos encargados por Venezuela y las LICA (lanchas para la armada) aún se encuentran pendientes. Las promesas de concluir estos trabajos se reanudan cada tanto pero no pasan de lo discursivo.

La gobernación bonaerense aprovecha sin ruborizarse en lo más mínimo la situación de pandemia para ir contra la fábrica: presupuestos a la baja y paritarias por debajo de la inflación, que vale recordar fueron aprobadas por la conducción gremial a espaldas del conjunto de los trabajadores; esto y la suba de precios de los servicios y comestibles hacen que día a día pierda poder adquisitivo el salario. Al respecto, FEGEPPBA (federación de gremios estatales) pidió al gobernador Axel Kicillof adelantar de julio a junio las cuotas acordadas en paritarias, lo que revela el panorama inflacionario reinante.

Ante este cuadro de situación, se hace necesaria una urgente recomposición salarial, acorde a lo perdido por la suba de la inflación, que tiene el agravante de haber golpeado con mayor fuerza en la canasta básica alimentaria.

Desde el inicio de la pandemia, el astillero se vio empeñado en actividades de apoyo a la comunidad, desde la reparación de camas para los hospitales hasta la fabricación de ollas para comedores populares. Sin dudas, una gran tarea de los trabajadores.

Pero la planta naval debe recuperar su razón social, que es la construcción de barcos; por el contrario, la desinversión y abandono avanzan y erosionan la fábrica año tras año. Para revertir esta situación, ni el gobierno nacional de los Fernández y Massa ni el provincial a cargo de Kicillof tienen respuestas a la vista. Son ellos los responsables políticos de la situación, los mismos que ATE Ensenada apoya de manera incondicional.

¿Qué planes tiene Kicillof para el astillero?

Tras la renuncia de Ariel Basteiro a la presidencia del astillero, su nuevo titular, Pedro Wasiejko, deslizó la idea de convertir al astillero en una Sociedad del Estado, algo que desde Tribuna Estatal rechazamos por considerarlo un avance hacia políticas privatistas.

Esta es la respuesta del gobierno de Kicillof, que luego del destrato de las sucesivas gestiones (Solá, Scioli, Vidal) hacia la fábrica, pretende colocar al ARS en las puertas de un cambio de su figura jurídica.

Ya en 2004, vía el método de asambleas y debates, los trabajadores expresaron un rotundo rechazo al intento de querer hacer del ARS una Sociedad del Estado. Hoy en el 2021 las agrupaciones y activistas renovaron su rechazo ante esta posible medida.

Cabe preguntarse, ¿la solución Kicillof (Sociedad del Estado) para el ARS es la salida para la planta naval? ¿O es un paso más para reducir a la constructora naval estatal a una mínima expresión? Son interrogantes que sobrevuelan entre las obreras y obreros del ARS.

El papel de ATE Ensenada

Desde la asunción de la coalición gobernante del Frente de Todos (Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa) y de Kicillof en provincia de Buenos Aires, ATE Ensenada no pierde oportunidad para expresar su apoyo incondicional a las políticas del gobierno. Parten de la idea de que estamos ante la presencia de un gobierno no neoliberal, cuya supuesta preocupación principal es la situación de los trabajadores; los datos de la pobreza contrastan con esta afirmación.

ATE Ensenada levanta la idea de la soberanía como parte indisoluble de la existencia y razón social del ARS, pero este enunciado entra en flagrante contradicción con su apoyo irrestricto a la administración gubernamental, pues se trata del gobierno que entre otras medidas entrega la hidrovía Paraguay Paraná a las multinacionales europeas (aunque ahora también pujan por ella capitales chinos y norteamericanos). Una clara muestra de la continuidad de la política menemista de los noventa, ícono mayúsculo del neoliberalismo.

Por otro lado, la conducción gremial expresa su apoyo a la construcción del canal de Magdalena, obra de dudoso beneficio potencial para el ARS; un proyecto fogoneado por empresarios afines a la industria naval como el ingeniero Horacio Tettamanti. Un capítulo aparte y no menor es el tremendo daño ambiental que generará el necesario dragado de ingreso al puerto La Plata como parte de estos planes.

Vacunación para los trabajadores del astillero

La segunda ola de la pandemia crece día a día entre las familias trabajadoras. En este marco, se hace necesario un plan de vacunación para los trabajadores de la planta naval, que aun sin estar trabajando en su plenitud cuenta con varios trabajadores afectados a causa de la pandemia.

Desde Tribuna Estatal del astillero (integrante de la Coordinadora Sindical Clasista) insistimos en la necesidad de una asamblea general que permita a los trabajadores deliberar sobre la situación de la fábrica, para exigir trabajo, vacunas y una urgente reapertura de paritarias.

Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores. Abajo los decretos privatizadores de los noventa. Vamos por un astillero estatal y en plena producción.

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30/05/2021

“Nos estamos organizando y vamos por todos nuestros derechos”

Cierre de Vanina Biasi en el II Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras.

La dirigente nacional del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero, Vanina Biasi, estuvo a cargo del cierre del II Congreso nacional del PdT. Más de 4.500 compañeras se conectaron al plenario final y el congreso de conjunto tuvo 8.600 inscriptes.

Vanina resaltó, en primer lugar, la enorme cantidad de luchadoras contra la violencia estatal que fueron parte de este congreso. “Desde nuestra organización nos comprometemos con llevar hasta el final la lucha por justicia por cada uno de esos casos”. A su vez, destacó que a 35 años del primer Encuentro de Mujeres en Argentina, este congreso levanta todas esas banderas y reúne a aquellas pibas protagonistas de la conquista del aborto legal, seguro y gratuito en el país y que se organizan por una educación sexual laica y científica, contra la alianza que mantienen los gobiernos con las iglesias.

Destacó la continuidad del macrismo con el gobierno actual. El hilo conductor ha sido una política económica y social de ajuste contra las mujeres trabajadoras y la clase obrera en general, al servicio del pago de la deuda y el FMI. “Tenemos el desafío de encauzar el descontento popular hacia la defensa de un programa de la clase trabajadora”, señaló. Por otro lado, indicó que este ajuste en materia de género se refleja en anuncios que no se cumplen, etiquetas de género en políticas asistenciales que no resuelven la realidad que viven las mujeres y en un Programa Acompañar que ofrece migajas a las víctimas de violencia de género. Revindicó la lucha de las mujeres del Polo Obrero contra el hambre y la desocupación, afirmando que “encabezan una pelea clave sin la cual es imposible conquistar la emancipación de las mujeres”.

“El fracaso de los ministerios se tiene que materializar en construir una organización propia de las mujeres, autónoma, una organización independiente de los gobiernos y del Estado que pueda efectivamente implementar un plan de políticas de asistencia a las mujeres para que realmente podamos salir de las situaciones de violencia de género”, puntualizó. Además, hizo referencia a la nueva disposición del Anses sobre la jubilación por tareas de cuidado, denunciando que no se propone recapitalizar la caja jubilatoria reponiendo los aportes patronales. En contraposición, reclamamos una moratoria a cargo del Estado y las patronales para que todas las mujeres puedan jubilarse por un monto no menor a $65.000 y con una movilidad indexada a la inflación.

“En este congreso se está gestando una rebelión de las trabajadoras de casas particulares”, apuntó Vanina. De este modo, describía la puesta en pie de una agrupación clasista de alcance nacional para avanzar en los reclamos de estas trabajadoras sumamente explotadas, con la perspectiva de construir un sindicato que represente los intereses del sector.

Vanina recalcó que este fue un congreso de acción y enumeró cada una de las medidas de lucha votadas en las comisiones de debate, y, por supuesto, el desafío de organizar una nueva jornada por Ni Una Menos, este 3 de junio, en todo el país.

“Desde aquí nos pronunciamos por la realización de un Congreso Nacional del Frente de Izquierda Unidad para que la izquierda en Argentina emerja como una alternativa política propia, con una perspectiva que cambie la situación de ajuste y miseria que viven las mayorías en este país”. Al mismo tiempo, planteó la importancia de intervenir la fabricación local de vacunas, ampliar la producción nacional y reclamar la liberación de patentes para que se vacune al conjunto de la población y se deje de lado el interés de los laboratorios privados.

“Nos estamos organizando y vamos por todos nuestros derechos”, concluyó.

https://prensaobrera.com/mujer/el-frente-de-todos-y-juntos-por-el-cambio-pisotean-los-reclamos-de-las-mujeres/

https://prensaobrera.com/mujer/ii-congreso-nacional-del-plenario-de-trabajadoras-las-voces-del-plenario-de-cierre/

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30/05/2021

“El Frente de Todos y Juntos por el Cambio pisotean los reclamos de las mujeres”

Intervención de Romina Del Plá en el cierre del II Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras.

Romina Del Plá, dirigente del Plenario de Trabajadoras (PdT) y del Partido Obrero y diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad (mandato cumplido), habló en el plenario de cierre del II Congreso Nacional del PdT, realizado este sábado, que contó con la participación de 4.500 compañeras conectadas. El congreso de conjunto tuvo 8.600 inscriptes.

Romina comenzó saludando al congreso y señalando que “miles de compañeras y compañeres debatimos y tomamos resoluciones de intervención para el próximo período”. “Este congreso se ha convertido en una enorme escuela política para reforzar nuestro programa y salir a una nueva batalla en defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras y de las diversidades sexuales y de género”, remarcó. Destacó que quienes serán voceras del Frente de Izquierda Unidad en este año electoral se llevan del congreso “los temas para que se conviertan en eje de intervención en todo este período”. “Tenemos el desafío de enfrentar la demagogia del Frente de Todos y Juntos por el Cambio que intentarán tomar los planteos en defensa de la mujer para luego pisotearlos como ya viene ocurriendo”, agregó.

Puntualizó sobre el fracaso que ha significado la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, mientras arrecian los femicidios, la violencia de género y la injerencia de las iglesias. Por otra parte, denunció la impostura del anuncio del presupuesto con perspectiva de género cuando la asistencia a las víctimas de violencia es sumamente precaria; ejemplo de esto es el Programa Acompañar cuyo monto está lejos de permitirle a las mujeres conquistar una independencia económica. “En este congreso estuvimos las protagonistas de la marea verde que tenemos el desafío de avanzar por la verdadera implementación del aborto legal, por la educación sexual laica y científica y respetuosa de la diversidad y por la separación de la Iglesia del Estado”, resaltó. Romina también describió los desafíos y los reclamos del conjunto de las mujeres en los lugares de trabajo, llamó a organizar un 3 de Junio (aniversario del Ni Una Menos) de lucha e invitó a sumarse al Plenario de Trabajadoras y al Partido Obrero a quienes participaron de este enorme congreso para impulsar todos estos desafíos.

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30/05/2021

Un mes de rebelión popular en Colombia

Foto: Cesar Melgarejo

El 28 de mayo, a un mes desde el inicio del paro nacional y la rebelión popular colombiana, nuevas movilizaciones de masas sacudieron el país. La rebelión colombiana, por su extensión en el tiempo, por su desarrollo a escala nacional, por su combatividad, por no conformarse con la caída de una serie de reformas reaccionarias y con la caída de un puñado de ministros, y por su clarividencia en cuestionar al conjunto del régimen imperante, representa el proceso más importante y más álgido de la lucha de clases en América Latina.

En el transcurso de este mes, se han erigido miles de bloqueos de rutas en todo el país, sostenidos por trabajadores, jóvenes, campesinos e indígenas y en todo el país florecen las asambleas y cabildos populares. Como consecuencia de los bloqueos, según una encuesta realizada por las cámaras de comercio, de las 13 mil compañías consultadas, el 22% de ellas debió paralizar sus operaciones y el 53% opera con menos de la mitad de su capacidad instalada (El País de Cali, 27/5). En Bogotá, las masas organizadas han rebautizado el Portal de las Américas como el Portal de la Resistencia, del mismo modo que el pueblo chileno rebautizó la Plaza Baquedano como la Plaza de Dignidad. El Portal de la Resistencia se ha constituido como un centro de organización popular y, también al igual que en Chile, ha surgido una “primera línea” compuesta mayoritariamente por jóvenes precarizados, desocupados o estudiantes, que le hacen frente a la criminal represión del gobierno de Duque para permitir que las masas se manifiesten. En Medellín, principalmente en los barrios periféricos, se han llevado a cabo cacerolazos, marchas de antorchas y tomas culturales, como expresiones de lucha contra el gobierno y el régimen (Colombia Informa, 18/5).

En el Valle del Cauca, epicentro de la rebelión, se mantiene bloqueado el puerto de Buenaventura, el único puerto colombiano de salida al Pacífico. Desde el comienzo de la rebelión, como consecuencia de los bloqueos, se mantienen también paralizados numerosos ingenios del Valle y las fábricas cementeras y papeleras (El País de Cali, ídem) ubicadas en Yumbo. En Cali, la capital del Valle del Cauca, los “puntos de resistencia” en Siloé, La Portada, Meléndez, Puerto resistencia, Puerto Madera, Paso del Comercio, Puente de los Mil Días, Sameco, Loma de la Cruz y La Luna, se han constituido como centros de organización, de donde han surgido la “primera línea” y se han organizado centro de atención médica en comisarías ocupadas por las masas sublevadas.

En su mes de desarrollo, la rebelión colombiana logró voltear la reforma tributaria regresiva y la reforma sanitaria privatista, y se llevó puestos al ministro de Hacienda, a la ministra de Relaciones exteriores, al jefe de la policía de Cali y en esta última semana al Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, nada menos que el hombre puesto por el gobierno para negociar con el Comité Nacional de Paro.

Más represión que “diálogo”

El “diálogo” impulsado por el gobierno de Iván Duque con el Comité Nacional de Paro se encuentra empantanado y se ha revelado estéril. Es que el gobierno reclama, para proseguir con la negociación, el levantamiento de los bloqueos. Se hace eco, de esta manera, de un resonante lobby patronal que exige el fin de los cortes para poder retomar el ciclo de producción y comercialización. Sin embargo, el CNP no tiene la autoridad ni la capacidad para levantar esos bloqueos -ya que las masas en lucha no lo reconocen como la dirección política de la rebelión.

Por su parte, el CNP -que rechaza desenvolver y profundizar la lucha hasta que caiga Duque- le reclama al gobierno “garantías democráticas” para que se pueda expresar la manifestación popular. Pero el gobierno volvió a responderle sin ambages. Pues el viernes 28, Duque lanzó una nueva represión criminal, que en Cali se cobró la vida de siete manifestantes, y emitió un decreto habilitando la intervención militar en todo el Valle del Cauca y en otros seis departamentos. Se trata de la declaración disfrazada de una suerte de “estado de conmoción interior”, la figura constitucional que habilita al gobierno a suspender cargos de gobernantes regionales, restringir manifestaciones, asumir el control de los medios de comunicación y realizar inspecciones a domicilios sin orden judicial previa.

Es claro que el gobierno se ha volcado a intentar apagar la rebelión dando vía libre a una mayor represión. Pretende avanzar con el desalojo de los bloqueos e instaurar un clima de terror con los militares patrullando las calles, en connivencia con las bandas paramilitares, y ocultando las verdaderas cifras de personas desaparecidas. En una rueda de prensa realizada por las organizaciones de derechos humanos el viernes 28 se denunció que de las 59 muertes registradas al momento, 32 fueron homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad y 27 por paramilitares (Contagio Radio, 28/5). A eso, se le suma una larga lista de heridos, de víctimas de violencia sexual, y más de 2.000 detenidos. Finalmente, las organizaciones de DDHH estiman que hay 346 personas desaparecidas, contra las 129 que reconoce la Fiscalía.

La resonancia de la rebelión colombiana y la intensa campaña desenvuelta por distintas organizaciones en numerosos países -denunciando la brutal represión estatal y particularmente el alto número de desaparecidos y víctimas fatales- ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública internacional. La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, recientemente electa como la nueva ministra de Relaciones exteriores, viajó a EEUU la semana pasada, en busca de un renovado respaldo del imperialismo yanqui al gobierno colombiano. Allí, el imperialismo “demócrata”, le sugirió a la vicepresidenta Ramírez que guarde las formas y acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –aunque no sin antes limpiar el “desorden”.

Crisis soberana

La caída de la reforma tributaria, el proyecto de ley que desató la rebelión popular, significó un tiro en la línea de flotación del plan económico del gobierno. Pues de la mano de ese proyecto ley, ideado por el FMI, el gobierno de Duque pretendía revertir el déficit fiscal y cumplir con el enorme paquete de vencimientos de la deuda pública colombiana. Si al naufragio de la reforma tributaria le sumamos las concesiones sociales que Duque se vio forzado a realizar, el cuadro fiscal se torna completamente crítico. Porque aunque los anuncios sociales sean absolutamente insuficientes, lo cierto es que el gobierno ha debido aumentar al gasto público en momentos donde, por el contrario, pretendía avanzar en un aumento de la recaudación, en base al bolsillo popular, y ajustar el gasto.

Como consecuencia de este descalabro, el nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo se anoticiaba, a menos de 24 horas de haber asumido oficialmente, que Standard & Poor’s le bajaba el índice de calificación de riesgo de inversión a Colombia. La noticia significa que se encarecerán los costos de endeudamiento del Estado y los capitales colombianos. Esto, en momentos donde el Estado deberá financiar un déficit que se prevé que superará el 8,6% del PBI en 2021 y la deuda pública ya asciende al 60,4% del PBI (Infobae, 22/5). Es por eso que el gobierno mantiene en agenda su objetivo de imponer una reforma tributaria, aunque en esta oportunidad pretenda realizarla logrando un “consenso” con la oposición.

De conjunto, vuelve a quedar en evidencia la incompatibilidad de un gobierno fondomonetarista y de un Estado servil a los intereses del capital financiero internacional con la satisfacción de las reivindicaciones más acuciantes y elementales de las masas.

Dos políticas

En el campo de los que apoyan las movilizaciones y se oponen al gobierno de Duque y al uribismo, han quedado sobre el tapete dos políticas antagónicas.

De un lado, la de quienes rechazan desenvolver hasta el final la rebelión popular hasta que caiga el gobierno. En esa orientación se anotan el candidato presidencial centroizquierdista Gustavo Petro y la dirección del Comité Nacional Paro. Gustavo Petro ha llamado a levantar los bloqueos, que se han constituido en un bastión clave y fundamental de la rebelión popular. Ha emprendido reuniones y entrevistas con el empresariado, para dar señales de confianza a la burguesía y al imperialismo y perfilarse como el futuro presidente electo de Colombia. Al igual que Lula en Brasil, que Daniel Jadue en Chile o que Pedro Castillo en Perú, se anota como la figura centroizquierdista capaz de canalizar el descontento popular por las vías institucionales en los marcos del régimen. La dirección del CNP tributa a esa línea estratégica.

Del otro lado se ubican los que apuestan por el pleno desarrollo de la rebelión y por el impulso de una Asamblea o Encuentro nacional, con el objetivo de echar ahora mismo al gobierno de Duque y abrir paso a una reorganización de Colombia sobre nuevas bases. La caída de Duque no solo significaría un terremoto político para Colombia y toda América Latina, sería también un golpe extraordinario al imperialismo yanqui, que tiene en Colombia a un enclave fundamental. Luchar a fondo por esta última orientación, plantea la defensa de los bloqueos y el impulso de la huelga general. La concreción de un congreso, asamblea o encuentro nacional serviría para superar a la dirección del CNP, centralizando y profundizando la lucha, y para desarrollar un programa. En Colombia, un programa no se puede limitar a un pliego de reivindicaciones sociales y democráticas inmediatas, debe articularse con todo un plan económico y político bajo la dirección de los trabajadores, indígenas y campesinos, donde el no pago de la deuda y la ruptura con el imperialismo, por ejemplo, deberían ocupar un lugar importante.

Las organizaciones sociales e indígenas y los amplísimos sectores de las masas que luchan por la caída de Duque, carecen de un mayor nivel de organización y de un programa acabado. Abordar ese problema debe apuntar a poner en pie un partido obrero, socialista y revolucionario, algo que por el momento se encuentra ausente en Colombia.

https://www.instagram.com/p/CPgKQWeB_WR/

https://prensaobrera.com/politicas/colombia-chile-y-la-actualidad-de-un-congreso-del-fit-u/

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30/05/2021

“Seguir en pie de lucha, seguir resistiendo”

El testimonio de la “primera línea” de la rebelión colombiana.

Foto: Oscar Hilarión Molina

Este viernes 28 se cumplió un mes de rebelión popular en Colombia. En el marco de una nueva jornada de movilizaciones, un joven de la “primera línea” de las manifestaciones dio su testimonio a Prensa Obrera. Por razones de seguridad, no exhibimos su rostro: las fuerzas represivas de Iván Duque ya ha asesinado a más de 50 personas en el curso de los acontecimientos.

“La resistencia la hacemos para ustedes, para nosotros, para tener una calidad de vida mejor. Luchamos por la salud, por la educación, para que bajen los precios de los alimentos. Tenemos una alta inflación y hoy estamos cumpliendo el primer mes de paro. Se siente mucha euforia, rencor, rabia; estamos haciendo resistencia, hay muchos hermanos de nosotros muertos, desaparecidos, y la lucha es por ellos y los que estamos aún en pie y todos los que están en casa”, afirma.

El gobierno de Iván Duque ha ordenado este fin de semana el despliegue de fuerzas militares en el valle del Cauca, para levantar los bloqueos. En paralelo, habla de instituir un "diálogo". Con este operativo de pinzas, que combina la represión y las maniobras políticas, busca desactivar el levantamiento popular y mantenerse en el cargo.

La rebelión colombiana ya derrotó la reforma tributaria y la reforma privatista de la salud. Dos ministros cayeron. Sobre los próximos pasos, este compañero plantea “seguir en pie de lucha, seguir resistiendo”, y recuerda un llamado dramático al mundo: “Colombia SOS, nos están matando”.

Entrevista: Oscar Hilarión Molina

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El lobby sionista y funcionarios macristas detrás de los ataques al FIT-U por denunciar los bombardeos de Israel

El portal "Vis a Vis", propiedad de los macristas Claudio Avruj y Guillermo Yanco, el marido de Patricia Bullrich.

Días atrás, el director del portal Vis a Vis, Gustavo Szpigiel, se desató en Infobae (24/5) con una furibunda columna contra referentes del Frente de Izquierda (Gabriel Solano, Juan Carlos Giordano y Nicolás del Caño) por la denuncia de los bombardeos contra la Franja de Gaza, que dejaron más de 200 palestinos muertos y 17 mil viviendas destruidas.

El texto parte del absurdo de considerar la reciente crisis en la región como una maniobra de Hamas para tapar el “éxito” de la vacunación contra el Covid-19 en Israel. Es decir, la organización islámica habría lanzado cohetes adrede, para propiciar una represalia israelí y que la “tapa de los diarios” se concentrara en los bombardeos de respuesta. Una aseveración curiosa, considerando que los grandes medios se plegaron a la campaña israelí que puso el foco en atacar a Hamas.

De todos modos, la realidad es bien diferente a la retorcida y conspirativa tesis de Szipigiel, como hemos planteado en un artículo de respuesta. El origen inmediato de la crisis se remonta al despliegue de soldados israelíes en sitios de rezo de la comunidad musulmana y a la orden de desalojo de la Corte Suprema contra familias palestinas en los barrios de Jerusalén Este, último episodio de una larga política de colonización. Es decir, tiene como responsable al Estado sionista. Por lo demás, el columnista nos toma por tontos y dice que Israel se retiró de Gaza en 2005, omitiendo contar cómo siguió la película: dos años más tarde, instrumentó un bloqueo terrestre y marítimo que transformó la Franja en una prisión a cielo abierto y en un lugar “inhabitable”, como han planteado las agencias de refugiados. A falta de argumentos para defender las masacres del gobierno de Benjamin Netanyahu, Szpigiel recurre al clásico recurso sionista de equiparar cualquier denuncia contra el Estado de Israel con el antisemitismo.

Vis a Vis, el portal que dirige Szpigiel, es una de las usinas del encubrimiento de las atrocidades del Estado israelí y de los ataques contra aquellos que las denuncian. Tiene por dueños al exsecretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y a Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich, la dirigente nacional de Cambiemos. Recibió financiamiento del Gobierno de la Ciudad, incluso siendo ya el primero funcionario.

Como figura del gobierno de Mauricio Macri, Avruj defendió la política del 2x1 con la que se quiso beneficiar a los genocidas, pieza de un operativo más amplio para reintroducir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Fue un apéndice justificador de toda la política represiva de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, incluyendo los operativos para deslindar de responsabilidades a la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado.

En cuanto a Yanco, intermedió en la compra de equipamiento de seguridad norteamericano durante el gobierno anterior y, según algunos medios, era uno de los nexos del macrismo con el gobierno de Benjamin Netanyahu (ver, por ejemplo, Política Argentina, 4/11/19). También acompañó a su esposa, cuando fue ministra de trabajo de Fernando De la Rúa, como jefe de asesores de esa cartera. Desde allí se redujo un 13% nominal el sueldo de los trabajadores estatales.

Los ataques del lobby sionista no van a detener las denuncias y la solidaridad con la lucha del pueblo palestino.

https://prensaobrera.com/politicas/perfil-de-guillermo-yanco-marido-de-patricia-bullrich-agente-del-sionismo-y-eeuu/

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27/05/2021

Los nuevos episodios de la lucha en Colombia

Cómo se vivió la jornada del 26 y qué pasa con los bloqueos.

Foto: Gentileza de César Melgarejo

En Colombia, las movilizaciones y piquetes continúan a casi un mes del comienzo de la rebelión popular que tumbó la reforma tributaria y puso en cuestionamiento a todo el gobierno de Iván Duque. El miércoles 26 tuvo lugar una jornada nacional convocada por el Comité Nacional de Paro, que reúne a las centrales sindicales, con manifestaciones y caravanas en todo el país.

El punto más álgido de la lucha, sin embargo, sigue siendo el valle del Cauca, donde los aguerridos bloqueos de ruta -principalmente de las organizaciones indígenas- se sostienen, pese a una intensa campaña patronal y mediática en contra. Entre los lugares sitiados se encuentra la ruta que une Cali con el puerto de Buenaventura, una pieza clave para el comercio exterior.

En esta región del país, tampoco cesan las manifestaciones. El martes 25 por la noche, fue incendiado el Palacio de Justicia ubicado en la localidad de Tuluá y fue asesinado un estudiante de Derecho en el marco de una movilización. En Cali, escenario de las principales movilizaciones en la zona, hubo una contramarcha organizada por sectores derechistas. El aire está caliente.

Este jueves 27, las madres de la primera línea, una organización que surgió para proteger a la juventud movilizada, marchaba en Medellín. Son los preparativos de una nueva irrupción callejera general, el viernes 28, cuando se cumpla el primer mes de las jornadas contra la reforma tributaria, que con el correr de los días derivaron en un levantamiento popular.

El Comité Nacional de Paro, mientras tanto, anunció el lunes 24 haber llegado a un preacuerdo con autoridades del gobierno (que aún debe ser ratificado por el Poder Ejecutivo) que supuestamente brinda “garantías” a la protesta social, y que abriría las puertas a una negociación del pliego de emergencia de las centrales sindicales, que entre otros puntos plantea una renta de emergencia para los sectores más pobres y el fin de la política de privatizaciones. El CNP se opone a luchar por la caída del gobierno reaccionario de Duque y busca un punto de aproximación.

Pero aun así, no está claro qué ocurrirá finalmente. Según el diario El Tiempo (26/5), “desde el Gobierno se va a insistir en que es necesario que antes de iniciar con la mesa de negociación se deben levantar todos los bloqueos de vías”. El planteo del “diálogo” se muestra así como un intento de desactivar el levantamiento popular y mantener a Duque en el cargo. Mientras tanto, continúa la represión, que ya dejó medio centenar de muertos.

Uno de los problemas de la demanda oficial al CNP es que éste no tiene control sobre muchas de las movilizaciones ni sobre los piquetes que se desarrollan en la costa del Pacífico. Organizaciones de esa zona han cuestionado abiertamente la política de diálogo de las conducciones sindicales.

La rebelión colombiana derribó la reforma tributaria y la privatista reforma de la salud. Logró la salida de dos ministros (un tercero, el de Defensa, sobrevivió en el parlamento a una moción de censura). Concentra la atención de América Latina. Es posible derrotar a Duque. En esa línea, se necesario un encuentro nacional de trabajadores, estudiantes, campesinos e indígenas para centralizar la lucha y desenvolver la huelga general.

https://prensaobrera.com/internacionales/colombia-joven-se-suicida-luego-de-haber-sido-detenida-y-abusada-por-la-policia-de-duque/

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27/05/2021

Estados Unidos: se reaviva la lucha de los trabajadores de McDonald's

Se organizan por un aumento salarial.

En quince ciudades de Estados Unidos, los trabajadores de McDonald’s reavivaron el proceso de lucha que comenzó en 2012 para conquistar aumentos salariales. Lo hicieron a través de una jornada de paros y protestas. Como prevalece la prohibición de conformar sindicatos, se organizan de manera independiente con la agrupación Fight for $15. Hace una década que los trabajadores ganan 7 dólares por hora, equivalentes a 13.920 dólares anuales. Pero en el país se necesitan alrededor de 30.000 dólares anuales para no ser pobre (BBC, 19/2/19). McDonald's amasa sus fortunas extraordinarias a costa de la miseria salarial y la superexplotación de sus empleados.

El pasado viernes 21, los trabajadores protestaron frente a la sede central ubicada en Chicago. Además, hubo paros y protestas en sucursales de Los Ángeles, Miami, Orlando, Detroit, entre otras. Además, en el caso de Connecticut, una asamblea resolvió replicar la medida de fuerza el próximo fin de semana largo, del sábado 29 al lunes 31 de mayo, feriado nacional que conmemora el Día de los Caídos.

La respuesta de la multinacional fue una tomada de pelo. Anunció que aumentaría los salarios de manera escalonada hasta conseguir los 15 dólares… ¡en 2024! Además, este anuncio no incluye las franquicias, que representan al 95% de los empleados (Identidad Latina, 25/5).

Los bajos salarios, sumado al temor al Covid-19, está llevando a que la compañía tenga dificultades para encontrar personal, según diversos medios. Por eso, en algunos casos la empresa está llegando a pagar las entrevistas laborales.

El presidente Joe Biden prometió llevar el salario mínimo a 15 dólares la hora para 2025. Pero, en la reciente discusión del paquete de rescate económico en el Congreso, su gobierno enterró una propuesta que consagraba ese aumento, en función de negociaciones políticas con congresistas republicanos y del propio Partido Demócrata.

Algunos referentes del Partido Demócrata, como el senador Bernie Sanders (autor de la iniciativa de elevar el mínimo a 15 dólares) y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, expresaron su adhesión a las protestas de los trabajadores de McDonald's, pero se trata de sectores que apoyan al gobierno de Biden y lo cubren por izquierda.

En McDonald's, la patronal intenta sostener la precarización laboral y los bajos salarios, pero los trabajadores se unen para derrotarla. Es necesario que la clase trabajadora se organice de manera independiente para lograr sus reivindicaciones.

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26/05/2021

Lo que está en juego en Italia

El plan de recuperación de la Unión Europea en acción.

Mario Draghi, primer ministro italiano.

El gobierno italiano de Mario Draghi ha presentado el 26 de abril ante la Cámara de Diputados su ambicioso plan de recuperación para pilotear lo que fuera la peor crisis económica del país desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un programa de inversiones y “reformas estructurales” por 6 años cuyo valor asciende a unos 248.000 millones de euros entre fondos procedentes de la Unión Europea (UE), mayoritariamente, y determinadas partidas nacionales. Un articulista del periódico londinense The Economist señaló que la Comisión Europea ha quedado ampliamente satisfecha con las “promesas” que realizó Draghi, por lo que estarían dadas las condiciones para una liberación de los fondos.

El premier italiano dijo al parlamento que el “destino” del país y la “medida de lo que será su papel en la comunidad internacional” dependen enteramente del éxito de este programa. Pues el plan en cuestión -y las contradicciones que trajo consigo- ha estado en la base de lo que fue la crisis política que pavimentó el camino, bajo la forma de un gobierno de unidad nacional, hacia el encumbramiento de Draghi. Europa mantendrá sus miradas puestas en lo que haga el gobierno italiano, ya que el país, a pesar de recibir la mayor parte de las erogaciones del fondo europeo, es reprochado por haber pospuesto durante décadas las grandes reformas que pide Bruselas.

Salvataje al capital

La apuesta del Ejecutivo es revertir el impacto de la bancarrota capitalista mundial en la península, que se ha agudizado con la pandemia. La economía de Italia se encuentra empantanada hace años; la banca se ha venido destacando por su elevada cartera de créditos incobrables y morosos, y la proliferación de las denominadas empresas zombis (que sobreviven a base de deudas o rescate estatal) está a su vez en el epicentro de la crisis actual.

El millonario paquete de subvenciones y préstamos ha contado con el beneplácito de la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria) y de la Asociación Nacional de Constructores de Edificios (Ance, por sus siglas en italiano).

El 40 por ciento de los fondos -68.600 millones de euros- se dedicarán a la llamada transición ecológica del sistema productivo, y el 25 por ciento -49.200 millones- a la “digitalización” del país, cuya aplicación estará a cargo del ministro de Innovación Tecnológica y Transición Digital, Vittorio Colao (ex CEO de Vodafone), lo que ampliará la conexión a internet en diversas regiones y buscará avanzar en la implementación de redes 5G. Una parte considerable de estos fondos -57.400 millones- serían utilizados para reducir las “disparidades” entre el norte y el empobrecido sur.

El Ejecutivo también ha aprobado un decreto para socorrer a empresas, autónomos y familias mediante la repartición de unos 40.000 millones de euros. El grueso de estos está destinado a empresas, en tanto que otra buena porción servirá para financiar al sector turístico y al agrícola. En menor escala se alistan fondos para los comercios cerrados por la pandemia, los ayuntamientos en crisis y para ayudar a las familias con problemas económicos.

Detrás de la presentación progresista del programa se encubre un rescate al capital. En lugar de destinar los préstamos a una reorganización nacional que parta de las necesidades de la población, Draghi apuesta a intentar dinamizar a la estancada burguesía tricolor a costa de los trabajadores, que pagarán esa orientación a través de los despidos y la mayor explotación que acarrea toda “modernización” capitalista. A la vez, la deuda contraída por Italia para afrontar el plan y la parte de los fondos provenientes de la Unión que no sean asumidos de manera conjunta por los Estados constitutivos de esta deberán ser reembolsados, lo que constituirá otra carga sobre las masas.

En el marco de la agudizada guerra comercial entre los grandes jugadores del tablero mundial la tentativa italiana aparece, a pesar de todo, con pronóstico reservado. Para mayor muestra de esa orientación, la educación recibirá solo 31.900 millones; apenas 22.400 millones para “políticas de inclusión”, y el vapuleado presupuesto sanitario, la menor parte (unos 18.500 millones, de los cuales una porción irá a parar a manos de la salud privada).

Es por esto que la clase capitalista transalpina ha festejado el anuncio del gobierno con subas en el mercado de valores; la Ance estima que su sector puede beneficiarse de un total de 113 mil millones de euros –el 51 por ciento de los recursos- y Telecom registró el mejor desempeño accionario de 2021. Todo el sector energético (ENI, Terna, Falck Renewables, entre otros), entretanto, espera altos rendimientos por el paquete de rescate.

La orientación reaccionaria de Draghi tiene su expresión en todos los planos. En el frente externo, está alineándose con Estados Unidos y el capital europeo en medio de las disputas que tienen lugar en el convulsionado panorama internacional. En esta línea, el gobierno viene de bloquear la adquisición de una empresa italiana de semiconductores por parte de capital chino y ha arrestado a un oficial de la Marina italiana acusado de espiar para el gobierno ruso, al que ya señalaba de violar los derechos humanos debido a la detención del opositor Alexei Navalny. Asimismo, como parte de su agenda internacional, el primer viaje presidencial ha sido a Libia, donde dio su apoyo a la Guardia Costera local contra los migrantes y persigue como fin estratégico preservar el papel del imperialismo italiano en la región.

Ajuste y límites

Los fondos han venido estando condicionados a la puesta en pie de un programa de reformas estructurales que hasta el último instante mantuvo en vilo a Bruselas. La Justicia Civil será un eje vital, en la cual se prevé contratar personal temporal en aras de “agilizar la actuación de los tribunales”, y, asimismo, se la reorganizará para garantizar “el derecho a reclamar” de los inversores extranjeros.

Por otro lado, la reforma fiscal que Draghi tiene en mente deberá “simplificar el proceso del pago de impuestos” y rebajar la presión fiscal, es decir, los impuestos al capital. A diferencia del “New Deal” de Joe Biden, que contiene una modestísima suba de las rentas e impuestos a la burguesía, el plan de estímulos del gobierno italiano no encerraría subidas impositivas, solo se “reforzarán” las normas contra la evasión fiscal.

La espinosa cuestión del bloqueo a los despidos y de las pensiones no fue por el momento del todo esclarecida. La cuota 100, el sistema que permite a los trabajadores “jubilarse antes” –a partir de los 62 años con 38 años de contribuciones- podría reemplazarse por la llamada “cuota 102”, que eleva la edad de retiro a los 64 años, aunque también hay otras opciones de ajuste en danza. La burlada suspensión de los despidos –estos alcanzaron los 2,2 millones durante el gobierno de Giuseppe Conte-, que fue extendida hasta junio, perecería marchando a un esquema de exenciones impositivas y de pago por parte del Estado de un porcentaje de los salarios para aquellas empresas que presenten pérdidas en sus balances.

Con todo, el gobierno nacional aspira a conseguir un déficit fiscal del 3,4 por ciento en 2024, luego de que este trepara en 2020 a un 11,8 por ciento. El ajuste comenzaría a partir del próximo año, donde el déficit fiscal pasará al 5,9 por ciento, mientras que la deuda pública italiana superará los 3 billones de euros en 2024, o sea, el 152,7 por ciento del PBI. Esto es lo que está en juego alrededor del plan recuperación de la UE, a saber, un ajuste contra las masas de características históricas para cumplir con las pretensiones de Bruselas.

Sin embargo, la aplicación de este gran entramado, choca con el hecho de que en el mes de julio comienza el “semestre blanco”, un periodo que precede a la elección del presidente de la República. El principal nombre para suceder a Sergio Mattarella, el actual mandatario, es el mismísimo Draghi, lo que ha provocado una crisis, puesto que en febrero el gobierno deberá emprender las “reformas”. La única manera de sortearla sería prorrogando el mandato de Mattarella, aunque por el momento dicha posibilidad es rechazada por este. Así las cosas, los partidos del establishment han comenzado a tomar posición; mientras que los derechistas de La Lega apoyan la investidura presidencial de Draghi con la condición de avanzar hacia elecciones anticipadas, los centroizquierdistas Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas quieren evitar nuevas elecciones. La burguesía italiana, a su vez, pretende que Draghi sea quien capitanee el ajuste.

Frente a este escenario, la clase obrera debe abrirse paso de manera independiente para intervenir en la crisis. Este viernes 21, mientras en Roma sesionaba el Foro del G20, tuvo lugar un acto impulsado por las organizaciones del Pacto de Acción Anticapitalista, que reúne a sectores del sindicalismo combativo, el cual ya protagonizó anteriormente otras jornadas. El sábado 22, se desarrolló una manifestación nacional impulsada por organizaciones de izquierda y por USB (Unión Sindical de Base), con una delegación que viene de protagonizar el boicot a los barcos con armas que marchaban hacia Medio Oriente para robustecer la masacre sionista.

Es necesario poner en pie un polo de independencia de clase para enfrentar al gobierno ajustador.

https://prensaobrera.com/internacionales/reino-unido-lo-que-dejaron-las-elecciones-regionales/

En esta nota

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26/05/2021

Fujimori nunca más

Votemos a Castillo y organicémonos en forma independiente. Declaración de la Agrupación Vilcapaza de Perú.

Reproducimos a continuación el comunicado de los compañeros de la Agrupación Vilcapaza de Perú sobre el balotaje que tendrá lugar el 6 de junio.

Perú ha ingresado a un escenario político extraordinario. La derecha está con los pelos de punta frente al “terror del comunismo”, que, según ésta, representa la candidatura de Pedro Castillo que sigue adelante en la intención de voto. Pero Castillo se ha deslindado del “comunismo”, se declara alguien que defiende las “instituciones”. Estas instituciones de la corrupción, la superexplotación del pueblo y la entrega.

Aun así la derecha continúa con su campaña. Y es que tiene miedo no tanto a Castillo sino a las masas trabajadoras y campesinas que protagonizaron la rebelión del 2020.

La votación a Pedro Castillo es parte de una expresión –deformada- de la rebelión popular de noviembre contra el golpe parlamentario de [Manuel] Merino. Es en verdad, parte del descontento popular contra el “modelo neoliberal” y el régimen político capitalista, que por más que la derecha trate de “tapar el sol con un dedo”, se expresa en el derrumbe del sistema sanitario, económico y social, detonado por la pandemia.

La “izquierda caviar” más “acaviarada” que nunca

Tenemos un contexto de polarización electoral objetiva. No nos referiremos mucho a los planteos reaccionarios, represivos y antiobreros de los Fujimori, porque son harto conocidos. Baste tener en cuenta que poco antes de las elecciones, el bloque de Keiko fue impulsor de una ley que crea “comandos de autodefensa” en las zonas agrarias que pueden recibir “donaciones privadas”… en armas (se trata de la oficialización de grupos paramilitares, financiados por los capitalistas, para enfrentar el creciente descontento de los pueblos, los campesinos y trabajadores agrarios). Teniendo en cuenta su trayectoria, Fujimori, puede darse el lujo de hacer algunos “planteos” ante el establishment para ganar votos del campo popular. Los patrones no se llamarán a engaño sobre su intención de gobierno, los trabajadores tampoco debemos hacerlo.

Pero Castillo… Este ha presentado un programa para acallar los temores -de los monopolios-, comprometiéndose a no cuestionar la base capitalista del Estado peruano.

El acuerdo que Castillo ha firmado con Verónika Mendoza [candidata en primera vuelta por Juntos por el Perú] ha sido el punto de partida de los reclamos para que agüe cualquier planteo que choque contra los intereses de las clases dominantes. Explicita que lejos de un cambio en la base social y económica a favor de los trabajadores, propone un Estado capitalista “fuerte”. El profesor Castillo, habiendo planteado en un primer momento la nacionalización de los monopolios que regentean los recursos naturales, ha ido retrocediendo. Primero dijo que iba a renegociar el pago de mayores cánones. Luego que no piensa estatizar nada, que buscará en todo caso la “nacionalización” incorporando grupos capitalistas nativos del Perú a las gestiones de las patronales imperialistas. ¡Como si la Confiep [cámara patronal] ya no estuviera en estos!

Castillo luego de firmar el acuerdo con Mendoza donde rebajaba aún más su devaluado programa electoral, ahora ha firmado un “acuerdo democrático” con la…propia Keiko. Este acuerdo fue propuesto e impulsado por los sectores más reaccionarios de las iglesias católicas y evangélicas.

Que este acuerdo haya sido firmado por la hija y defensora del ex-dictador pinta de cuerpo entero al mismo. Uno de los puntos más graves es el que plantea “la defensa de la vida”, lo cual tratándose de un acuerdo con la iglesia es la explicitación de la negativa tajante al derecho al aborto. Ese mismo acuerdo da libertad a las fuerzas represivas, que se llevaron la vida de jóvenes durante las protestas de noviembre, cuando afirma que se deberá “respetar la institucionalidad meritocracia y no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policiales”.

No aparecen los reclamos obreros más elementales (derogar las “suspensiones perfectas”, reincorporar despedidos, negociación colectiva por rama, aumento de salarios, etc.). Este acuerdo no es otra cosa que una búsqueda de calmar a la burguesía dándoles a entender que sus intereses no serán tocados. Esta ha sido, hasta el momento, una de las candidaturas menos combativas de la historia de la izquierda peruana. Y el correlato de este “aggiornamiento” de Castillo, es la falta de llamado a las masas trabajadoras a imponer sus reclamos a través de la lucha y la movilización.

La burguesía cierra filas con Keiko

Sin embargo, frente a esta tímida propuesta centroizquierdista, la derecha y la mafia fujimorista han respondido histéricos, señalando que el Estado es un mal administrador y que eso se ha demostrado durante la pandemia con la compra de vacunas. Impusieron así que se apruebe que las clínicas privadas también puedan vender/repartir vacunas.

La doble moral de la derecha es fenomenal. Cuando se trata del salvataje estatista a las patronales del Plan Reactiva Perú que las llena de subsidios por más de 100,000 millones de soles sí están de acuerdo con “papá Estado”, pero cuando se trata de que el Estado regule el exorbitante precio de los medicamentos, camas UCI o el oxígeno, dicen no.

No es Castillo-Mendoza y su programa, sino la posibilidad de una victoria de Castillo que desate ilusiones en las masas, que las impulse a repetir en nuevas luchas la rebelión de noviembre, la que ha puesto con los pelos de punta a la derecha logrando la unificación de todo el espectro político “neoliberal” y fascistoide. El neofascista López Aliaga, Hernando De Soto [candidato en primera vuelta de Avanza País] y César Acuña [Alianza para el Progreso], se han sumado activamente (realizando reuniones y acciones políticas a nivel nacional), a la campaña de Keiko denunciando la “amenaza comunista y chavista”.

Organizarnos independientemente para las peleas de la próxima etapa

En este marco, la estrategia de Perú Libre es continuar con los mítines y la “guerra simbólica” de la “revolución chola” y las provincias contra Lima.

Mientras Perú Libre y Castillo concilian, la derecha en la “marcha por la democracia” del sábado 8 de mayo, salió a la ofensiva con Aliaga arengando por “la muerte del comunismo y de Castillo”, con el fin de hacerse de una base de masas.

En este marco polarizado, una derrota de Keiko en las elecciones peruanas sería un fuerte golpe a la derecha continental, sumándose a las tendencias de lucha que se están manifestando en la rebelión popular en Colombia, en la derrota electoral de la derecha chilena, etc.

No obstante, hay que ser conscientes que el triunfo de Castillo y Mendoza tiene límites insalvables.

Convocamos a los trabajadores a valernos del voto a Castillo para derrotar a la derecha, pero llamamos simultáneamente a organizarnos en forma independiente e impulsar a la hora de emitir el voto y en las luchas que se vienen un programa propio por la defensa del derecho de huelga; por la prohibición de suspensiones y despidos y la supresión del régimen de suspensión perfecta; por un salario y jubilación equivalente a la canasta familiar; por la centralización del sistema de salud y la aplicación del presupuesto de educación y salud; por impuestos directos y progresivos al gran capital; por la nacionalización de la minería y de los recursos naturales y una banca única bajo control obrero, de modo de colocar el ahorro nacional al servicio de la satisfacción de las necesidades más perentorias del pueblo peruano; la puesta en pie de un plan de industrialización y reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales, cuya conducción política está reservada a los trabajadores; por el no pago de la deuda externa; por el derecho al aborto y plena vigencia de todos los derechos de la mujer y las diversidades; por el juicio y castigo de todos los responsables políticos ý materiales de las fuerzas de seguridad. Este programa apunta en la dirección opuesta del que sostiene Castillo y Perú Libre de convivencia con los explotadores históricos de Perú, responsables del atraso, la opresión y las penurias ancestrales que viene soportando nuestro pueblo.

Retomar el camino de la rebelión popular que derrocó al golpista Merino

Un programa y organización independiente es crucial para enfrentar la nueva fase de la lucha de clases que se agudizará después de la elección (gane quien gane). Bajo estas premisas, crearemos las mejores condiciones para retomar el camino de la rebelión popular que tiró a Merino y de la huelga de los trabajadores agrarios contra la superexplotación. Con los métodos de la independencia política y no de la conciliación de clases, llamamos a organizarnos en todos los lugares de trabajo y estudio para pelear en las calles –gane quien gane- por nuestros reclamos. Y poniendo en pie un partido obrero revolucionario que agrupe a la vanguardia para encarar estas históricas tareas en la lucha por un gobierno de trabajadores.

22/5/21

https://prensaobrera.com/internacionales/pronunciamientos-obreros-por-una-segunda-conferencia-latinoamericana/

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25/05/2021

Paritaria estatal: sin mandato, ATE y UPCN firmaron el 35%

Interjuntas de ATE convoca a reunión nacional para evaluar nueva medida de lucha.

Hugo "Cachorro" Godoy (ATE) y Andrés Rodríguez (UPCN)

Las directivas de ATE y UPCN aceptaron este miércoles un aumento del 35% desde el primero de junio hasta el 31 de mayo de 2022, es decir, al menos un 12% por debajo de la inflación interanual actual. El pago será en 6 cuotas, repitiendo el modelo del acuerdo por el salario mínimo: 10% en junio, 5% en julio, 5% en agosto, 4% en diciembre, 6% en enero y 5% en febrero. En este punto radicó la única diferencia: ATE había planteado que las cuotas sean íntegramente en el 2021.

Sin embargo, bajo la engañosa formulación de que “este año el aumento le gane a la inflación”, la dirección de ATE incluye en la cuenta las cuotas de la paritaria anterior, desconociendo lo perdido en el 2020 y en los años previos (42,4% desde diciembre de 2015, según el estudio de ATE Indec).

“Tenemos que avanzar hacia una efectiva superación de la inflación. Si bien no se recupera la pérdida del año anterior, el Gobierno podrá contribuir con un mensaje claro de recuperación de la alicaída posición de compra de nuestra salario” declaró Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional (Mundo Gremial, 21 de mayo).

Además de insistir en un fallido control de precios por parte del gobierno, firmó el acuerdo con la mera inclusión de una cláusula de revisión en noviembre: no reclama la cláusula gatillo (el ajuste mensual por inflación que ya han conquistado el Sutna y el Somu) y omite que el gobierno ya ha ignorado las cláusulas de revisión anteriores.

Violentan la democracia sindical para aceptar una nueva paritaria de ajuste

ATE nacional maniobra discursivamente para intentar disfrazar el hecho inapelable de que aceptó una nueva rebaja salarial: basta seguir para ello la difusión de los estudios mensuales que publica ATE Indec.

Por ello, y a partir de su integración al gobierno, no convoca a ningún plenario de delegados, tampoco asambleas, donde se apruebe el pliego de reivindicaciones frente a la paritaria. Se limita a reunir al Secretariado Nacional, a publicar sus resoluciones por la página web y a realizar declaraciones en los medios: en la era del Zoom, no puede garantizar una deliberación nacional.

ATE Capital, por su parte, realizó una convocatoria a un plenario de delegados generales: no solo se trató de una convocatoria restringida, sino que no permitió el ingreso de la Junta Interna del INTI (al igual que ATE Nacional en sus plenarios) y de sectores de la Verde y Blanca no alineados con Daniel Catalano, secretario general de la Seccional. También demoró el acceso de Juntas Internas como la del Incaa, que al igual que el INTI, integró la lista Multicolor y viene impulsando las iniciativas de las Juntas Internas.

Daniel Luna, de ATE INTI, denuncia la proscripción de ATE Capital en el Ministerio de Trabajo

Lo restringido y antidemocrático del plenario estuvo en línea con la reivindicación que hizo la conducción de ATE Capital de Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén: según estos, el aumento del 53% fue conseguido por el burócrata y no por la lucha de las y los autoconvocados de la salud.

Aún con el regimentado plenario, el reclamo por una verdadera recomposición salarial fue abrumador: las juntas internas Verdes y Blancas que plantearon esto, deben dar un paso más y convocar a las acciones de lucha impulsadas por las juntas internas de la Interjuntas.

Las juntas internas de ATE buscan abrir un curso de lucha

Las juntas internas de ATE realizaron la tercer acción de lucha el pasado viernes frente al Ministerio completando tres semanas de acciones presenciales y virtuales, en reclamo del 40% de aumento en una cuota en concepto de lo perdido desde 2015, la cláusula gatillo a partir de junio de 2021, un plan de vacunación, el pase a planta permanente y la reincorporación de los despedidos.

Fotos: Juan Diez

Además de este reclamo dirigido a la patronal, han planteado que ATE convoque a un plenario de delegados, al igual que lo ha hecho el plenario de ATE Córdoba. Ante el silencio atronador de la conducción nacional, han resuelto convocar a una reunión nacional de coordinación este miércoles 26 de mayo, a las 16 hs., con el objetivo de rechazar el acuerdo que firmaron sin mandato ATE y UPCN, y a organizar una nueva acción de lucha el 31 de mayo, día de cierre de la actual paritaria, con una caravana en la Ciudad de Buenos Aires y acciones en distintas provincias.

La vigencia del método de la autoconvocatoria, clave en el triunfo de Neuquén, y de la independencia política respecto del gobierno, además de un programa acertado, son los ejes de un reagrupamiento que pelea por abrir un curso de lucha en defensa del salario y de las condiciones de vida de las y los estatales.

Actualizado el 26/5 a las 14:00hs.

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Repudio al atentado contra el local de La Cámpora en Bahía Blanca

En la madrugada de este 25 de mayo, una fuerte explosión destrozó parte de un local de La Cámpora en el centro de la ciudad de Bahía Blanca. Fue causada por una bomba cuya onda expansiva dañó también comercios y viviendas de la cuadra de enfrente. Los agresores dejaron panfletos que llaman a iniciar una "purga" y amenazan con que "sabemos dónde viven", en referencia a los militantes del lugar. Además, incluyen proclamas contra el aborto legal ("matan niños con el aborto"), contra la educación sexual ("hipersexualizan a nuestros hijos - ESI y pornografía") y contra la "subversión" de los "valores naturales". Un ataque reaccionario en toda la línea.

El material añade otras consignas como "traicionan nuestra patria", "se pasan la Constitución por el traste", y referencias a la pobreza y el desempleo.

Numerosas organizaciones políticas y sindicales han rechazado el atentado. El Partido Obrero de Bahía Blanca (parte del Frente de Izquierda - Unidad) emitió un comunicado en que repudia "este accionar fascistizante que busca instaurar el terror en el escenario político local. La clase trabajadora no tiene nada para ganar con el avance de estos sectores reaccionarios, quienes en nombre de la 'patria' y la 'república' buscan sujetar aún más a trabajadores y trabajadoras a la suerte de los capitalistas de turno".

Asimismo, asegura que estos sectores "buscan colar su agenda reaccionaria en un cuadro de crisis social y económica sin precedentes. Mientras falsean la realidad se apoyan en problemas reales que sufren las familias trabajadoras del país (desocupación, pobreza), profundizados gobierno tras gobierno, con el objetivo de atacar luchas históricas como las del movimiento de mujeres y el colectivo LGTBI, que lograron ampliar derechos para millones de personas".

Repudiamos el ataque contra el local de La Cámpora y exigimos a las autoridades la investigación y esclarecimiento del hecho.

https://prensaobrera.com/mujer/bahia-blanca-se-organiza-hacia-el-ii-congreso-nacional-del-pdt/

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25/05/2021

Kicillof y un comunicado de capitulación ante los buitres

Axel Kicillof

Con plazos cortos y cada vez más exiguos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof extendió el canje de los bonos de deuda externa bonaerense bajo tenencia extranjera hasta el 4 de junio. Se trata de la decimoséptima postergación e involucra a 7148 millones de dólares que vencen a corto plazo y durante el mandato del gobierno del Frente de Todos. Una bomba de tiempo que ha llevado a la provincia de Buenos Aires al default “técnico”, a pesar de que el gobierno ya ofreció en marzo pasado eliminar toda quita de capital, subir el precio de los cupones, y reducir los plazos de pago. Un beneficio extra para los buitres por 1800 millones de dólares.

Esta semana, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense emitió un comunicado que da cuenta del impasse del gobierno y de las presiones y chantajes de los bonistas. A la fecha, Kicillof, quien comanda personalmente las “negociaciones”, no pudo sumar a la mayoría de los tendedores de deuda a los llamados “acuerdos de confidencialidad”, de los que debería salir la oferta pública final. La deuda usurera y fraudulenta acumulada bajo el gobierno de María Eugenia Vidal y los gobiernos peronistas -entre ellos el de Daniel Scioli- está sujeta a las cláusulas secretas y condiciones impuestas por los “acreedores”, y entre éstas la jurisdicción de los tribunales de Nueva York para dirimir los conflictos.

El comunicado del gobierno de Kicillof deja expresa constancia de que se extienden “las conversaciones restringidas” hasta el 4 de junio para sumar a los bonistas que no adhirieron a la “invitación” al canje, la mayoría de los cuales son parte del Comité Ad Hoc que lidera la ofensiva buitre. Estos pesos pesados del capital financiero, también “acreedores” del gobierno nacional, presentaron demandas a fines de marzo de este año en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por “incumplimiento” de pagos de bonos e intereses por 2100 millones de dólares.
Bajo la extorsión de ejecutar la judicialización del default, el “Comité de Acreedores” le ha puesto un precio de 2100 millones de dólares a un pago de “buena voluntad” para seguir negociando.

Kicillof en la mira

Ya sea que el gobierno bonaerense caiga en un default obligado o “pactado” -que agravaría la crisis capitalista en medio de las “tratativas” con el FMI-, como que Kicillof proceda después del 4 de junio a una nueva rendición frente a los “bonistas”, ambas variantes comprometerían política y directamente al gobernador, quien se involucró personalmente en la “negociación de la deuda sustentable”, y golpearía por extensión a su jefa política, Cristina Kirchner. Si Axel Kicillof opta por pagar como lo hizo en febrero del 2020, quedarían también en offside todas las burocracias sindicales y las CTA's integradas al gobierno que apoyaron la “negociación soberana” de deuda junto al Presupuesto 2021que puso un techo mentiroso a las paritarias y a los salarios estatales y docentes, como parte del ajuste fiscal.

La repetida cantinela de la “sustentabilidad” no es original de Kicillof ni del kirchnerismo. Fue el caballito de batalla del ahora denostado ministro de economía y hombre de Alberto Fernández, Martín Guzmán, para cerrar un pacto colonial con los fondos buitres y ahora para ofrecer todo tipo de garantías al FMI. Los “términos” que proponen Kicillof y el ministro Pablo López para sumar al Comité de Acreedores a los acuerdos de confidencialidad confirman que estamos en la antesala de una nueva capitulación de los “nacionales y populares”. En el comunicado, el gobierno implora un “último esfuerzo” para alcanzar un entendimiento con la mayoría de los acreedores que “incorporará todas las mejoras posibles en el marco de la sostenibilidad de la deuda provincial”: el cristinista Kicillof pasó de la “deuda soberana” a la plegaria de remate.

Potenciar la campaña por el no pago

El gobernador y ahijado político de Cristina Kirchner está corrido por los tiempos de los bonistas, pero también por las definiciones electorales en la estratégica y explosiva provincia de Buenos Aires. Una eventual candidatura de Scioli acentuará el curso derechista, ajustador y exigiría un acuerdo previo con los bonistas para no caer en la cesación de pagos en plena pandemia y con récord de desocupación y pobreza. El default provincial trasladaría la “herencia recibida” al propio gobierno de Kicillof.

Sólo el Frente de Izquierda Unidad repudia el pago de la deuda externa fraudulenta y usurera que confisca los recursos que exige la lucha contra la pandemia y para enfrentar la saturación de hospitales y terapias. El Partido Obrero se moviliza por el no pago de la deuda externa, la ruptura con el FMI, y por un plan y programa económico de los trabajadores para reorganizar la provincia frente a la catástrofe capitalista, los despidos, la desocupación y la miseria social.

La campaña por el Congreso del Frente de Izquierda servirá para una gran movilización política contra los usureros y para denunciar a los bloques burgueses del Frente de Todos y Juntos por el Cambio como pagadores seriales de deuda.

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22/05/2021

“En las bases constitutivas del Estado de Israel está la expulsión de 700 mil palestinos”

Facebook Live sobre la situación en la región, con Pablo Heller.

El viernes 21 se desarrolló la charla-debate “¿Qué pasa en Palestina?. Las causas inmediatas e históricas de la agresión sionista”, con Pablo Heller. Se pudo seguir a través de Facebook Live, Zoom y Youtube.

En su intervención, Heller caracterizó el alto al fuego bilateral firmado entre Israel y Hamas como un revés para el gobierno de Benjamin Netanyahu. Subrayó el clima de algarabía en el pueblo palestino ante el cese de hostilidades, con manifestaciones de júbilo en las calles, dado que un ejército “armado hasta los dientes” no pudo doblegar al pueblo palestino. Esta vez, además, dijo, no se produjo una invasión terrestre (a diferencia, por ejemplo, de la operación “Margen protector”, de 2014).

Con la resistencia a los bombardeos sionistas y las grandes movilizaciones de estas semanas, observó Heller, Palestina entra “en la misma longitud de onda” que otros países árabes que han vivido recientemente levantamientos populares (por ejemplo, el Líbano). Destacó también las movilizaciones internacionales (muy masivas en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente), incluyendo la acción de sectores de la clase obrera, como los portuarios de Italia, que bloquearon arsenal de guerra que iba dirigido a Israel.

Un punto especial fue el análisis de la huelga general del 18 de mayo, que unió a árabes-israelíes con los cisjordanos, en un hecho sin precedentes de 1976.

Al mismo tiempo, criticó la postura del gobierno argentino, que emitió un comunicado en que rechazaba el “uso desproporcionado de la fuerza” de Israel, con lo cual solo critica los “excesos”, pero no las agresiones mismas. Alberto Fernández no quiere romper vínculos con el Estado sionista, que fue el primer país que visitó como jefe de Estado.

Raíces históricas

Heller hizo también un abordaje histórico de la cuestión palestina, desde los tiempos del mandato británico. Señaló que “en las bases constitutivas del Estado de Israel está la expulsión de 700 mil palestinos” de sus tierras, en referencia a la “nakba” (catástrofe) que se produce en 1948, tras la partición de Palestina dictaminada por Naciones Unidas, poco antes del fin del mandato británico. David Ben-Gurion, el primer jefe de Estado israelí, dirigía las fuerzas de choque sionistas que amedrentaban a la población palestina para que dejara sus hogares, denunció. Y lo definió, en línea con el historiador Ilan Pappé, como un “proceso de colonización tardío” e inviable.

Señaló la dinámica expansionista del sionismo, que lo ha llevado a ampliar crecientemente la colonización, al punto de reducir al pueblo palestino a una serie de cantones entrecortados por la vigilancia militar sionista. Cuestionó los intentos de proclamar al Estado de Israel como un “Estado judío”, haciendo caso omiso de la población árabe-israelí (un quinto de su población), lo que es una institucionalización del apartheid contra ellos. Citó, además, el antecedente de los “bantustanes”, los ghettos en que se quería confinar a la población negra en Sudáfrica.

En esta línea, Heller fue crítico de los intentos de establecer un seudoestado palestino, sobre la base de las migajas dejadas por el Estado de Israel. Puntualmente, se refirió a la “solución de dos estados”, pactada por la Autoridad Palestina e Israel en Oslo, en 1993, con el apoyo del imperialismo, que igualmente terminó naufragando debido al apetito insaciable de colonización sionista.

Heller desenmascaró los planteos que buscan equiparar judaísmo y sionismo, señalando que éste, con su postulado de un “hogar nacional judío” en la Palestina histórica, fue una corriente minoritaría durante mucho tiempo, hasta que terminó empalmando con las necesidades del imperialismo europeo y norteamericano de controlar la región. Con respecto a la situación actual, destacó que sectores de la comunidad judía, aunque todavía minoritarios, hayan rechazado las agresiones del Estado de Israel y hayan participado de las movilizaciones internacionales de repudio (en nuestro país, por ejemplo, se ha formado el agrupamiento Judíes por Palestina).

En el mismo sentido, rechazó los intentos de poner un signo igual entre antisemitismo y antisionismo, con la cual el sionismo pretende silenciar toda crítica al Estado de Israel. Y analizó la parábola histórica de cómo hoy, tras la atroz persecución y holocausto sufrido por el pueblo judío, es el sionismo el que erige campos de concentración en que vive la población palestina.

Planteó la “solidaridad incondicional” con Hamas y el pueblo palestino frente a los ataques del Estado de Israel. No obstante, aclaró que la causa palestina debe superar los límites de Hamas, un movimiento de carácter religioso y pequeñoburgués, con vínculos con Qatar y Turquía, es decir, sectores de las burguesía árabes.

Y desenvolvió el planteo de terminar con el Estado sionista y por una Palestina única, laica y socialista, en el marco de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente, como única salida frente a la barbarie y la masacre que ofrecen el imperialismo y el Estado de Israel.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-frente-de-izquierda-unidad-repudio-los-bombardeos-contra-la-franja-de-gaza/

https://prensaobrera.com/internacionales/las-raices-de-la-agresion-sionista-contra-el-pueblo-palestino/

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21/05/2021

Charla-debate: ¿Qué pasa en Palestina?

Con Pablo Heller. Las causas inmediatas e históricas de la agresión sionista.

Este viernes 21 a las 18hs se desarrollará una charla-debate sobre la situación palestina, que tendrá como orador a Pablo Heller, dirigente del Partido Obrero. Se podrá seguir a través de Facebook Live.

El Estado de Israel bombardeó durante once días la Franja de Gaza, dejando más de 200 muertos y 17 mil viviendas destruidas. Se trata del último capítulo de una larga política de masacres, que fue precedido por el intento de desalojo de familias palestinas en los barrios de Jerusalén Este y por el despliegue de soldados en sitios de rezo de la comunidad musulmana.

A partir del viernes, rige un alto al fuego bilateral entre Israel y Hamas, la fuerza que gobierna el enclave costero, al que el gobierno de Benjamin Netanyahu se vio forzado a acceder tras no poder quebrar la resistencia palestina.

 

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21/05/2021

Alto al fuego, un revés para Israel

Celebración del alto al fuego en Gaza.

Un alto al fuego bilateral entre Israel y Hamas puso fin desde las primeras horas del viernes a once días de bombardeos sionistas contra la Franja de Gaza, que dejaron 232 muertos y provocaron daños en decenas de escuelas, además de forzar el cierre del único laboratorio de pruebas contra el Covid-19 del enclave. Casi 17 mil viviendas resultaron destruidas. En la negociación intervinieron Estados Unidos, Naciones Unidas, Egipto y Qatar, estos dos últimos como nexos con la milicia islámica.

El presidente norteamericano Joe Biden volvió a reivindicar, en el anuncio de la noticia, el derecho de Israel a defenderse, en referencia al lanzamiento de cohetes por parte de Hamas. Esta impostura, que equipara la violencia de los opresores y los oprimidos, evita deliberadamente referirse a los desencadenantes de la escalada, porque muestran la responsabilidad del Estado sionista. La crisis actual empezó con la orden de la Corte Suprema israelí para desalojar a un grupo de familias en el barrio Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este, en favor de nuevas colonias, y con el despliegue de militares en los lugares de rezo de la comunidad musulmana, durante el Ramadán (mes sagrado para esta confesión). Todo esto desató las movilizaciones más grandes de los últimos años, fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad. El estallido mostró que la población árabe-israelí, que vive bajo un régimen de apartheid, había llegado a un punto de saturación, frente al sostenido desarrollo de los asentamientos (que alcanzó en 2020 la cifra récord en una década). La política de anexión del Estado sionista, que tiene en los hechos que mencionamos nada más que su último capítulo, es el motor de las recurrentes masacres que sufre el pueblo palestino.

El alto al fuego constituye un revés para Israel, que no ha podido quebrar la resistencia armada de Hamas y se vio desafiado por la movilización conjunta del pueblo palestino. El gobierno de Benjamin Netanyahu retrocede apenas unos días después de una histórica huelga general, sin antecedentes desde 1976, que unió a los árabes-israelíes y la población de Cisjordania. El temor a un levantamiento general fue advertido por Biden y la Unión Europea, que en los últimos días empezaron a plantearle a Netanyahu que aceptara un cese de hostilidades. También ha jugado su papel la enorme movilización internacional, con cientos de miles de personas en todo el mundo, especialmente Europa y Medio Oriente.

El jefe de relaciones exteriores de Hamas, Osama Hamdan, planteó que como parte del acuerdo había garantías de Israel de respetar los sitios de rezo y de no avanzar contra las familias de Sheikh Jarrah, pero esto fue enfáticamente desmentido por el ministro de defensa israelí, Benny Gantz. En Sheikh Jarrah, por lo pronto, la población advierte que la orden de desalojo aún no ha sido anulada y que se ha montado un fuerte despliegue de seguridad en el ingreso al barrio, que bloquea el ingreso de palestinos de otros lugares, pero permite pasar a las bandas de extrema derecha (Jerusalem Post, 20/5). Estas bandas son las mismas que atacaron las manifestaciones contra los bombardeos, muchas veces al grito de “muerte a los árabes”. A la vez, las fuerzas de seguridad volvieron a reprimir este viernes en la Explanada de las Mezquitas, a fieles que realizaban cánticos en apoyo a Gaza y celebraban el alto al fuego.

El asunto de Sheikh Jarrah, y en general todo Jerusalén Este, se ha vuelto una pulseada clave que concentra la atención del pueblo palestino y habrá que seguir su evolución.

Uno de los bombardeos sobre la Franja de Gaza.

El alto al fuego reactiva también la lucha política interna en Israel, que había quedado relativamente apagada. Rápidamente, varios referentes de la derecha (Avigdor Lieberman, de Yisrael Beitenu; y diputados del Partido Religioso Sionista) salieron a atacar a Netanyahu por los escasos frutos conseguidos. La crisis política en Israel es profunda: el actual primer ministro ganó las últimas elecciones, pero fracasó nuevamente en formar una mayoría de gobierno, por lo que ahora está encargado de lograrlo el principal referente opositor, Yair Lapid. Si Lapid no tiene éxito y no prosperan acuerdos en el parlamento, el país iría a su quinta elección en dos años y medio.

Las grandes movilizaciones y la huelga general pusieron en evidencia también que la cuestión palestina sigue siendo un eje de la situación regional. Es un golpe a las burguesías árabes, que vienen profundizando una política de normalización de relaciones diplomáticas con Israel (Emiratos, Bahrein, Sudán, y en la fila está Arabia Saudita), en nombre de que la cuestión palestina había quedado en un segundo plano.

El rechazo a las burguesías árabes crece en la población palestina. Al mismo tiempo, la Autoridad Palestina, como fruto de sus lazos crecientes con Israel, también se viene viendo desacreditada, principalmente ante la nueva generación de jóvenes que ha protagonizado las últimas movilizaciones.

La dinámica expansionista del Estado de Israel conduce a profundos choques y convulsiones en la región. El sionismo ha ido aumentando sostenidamente el radio de su colonización desde su fundación. El “acuerdo del siglo” Trump-Netanyahu, provisoriamente suspendido por la crisis política en Israel, plantea extender ese dominio incluso al valle del Jordán. El pueblo palestino ha sido sometido a vivir hacinado en cantones entrecortados por la vigilancia militar sionista, en tanto que la Franja de Gaza es directamente una prisión a cielo abierto. Como ya vimos, la colonización avanza también en Jerusalén Este y en las ciudades árabes-israelíes. Pero, al mismo tiempo, la población árabe-israelí sigue aumentando, un asunto que desvela a los sionistas.

La política colonialista del Estado de Israel ha inviabilizado incluso planteos como la “solución de dos estados”, que buscaban forjar un seudoestado palestino, en algunos pocos territorios, a cambio de la legitimación de la dominación sionista.

La única perspectiva que ofrece el Estado sionista, aliado del imperialismo en el control del Medio Oriente, es la masacre del pueblo palestino y su limpieza étnica. Es necesario oponerle el derecho al retorno de los refugiados y la lucha por una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

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20/05/2021

Colombia: cae la reforma de salud, sigue la lucha

Este miércoles 19 se vivió en Colombia una nueva jornada nacional de movilizaciones, en el marco de un paro nacional que lleva ya 22 días y que derrotó el proyecto de reforma tributaria que quería imponer el gobierno de Iván Duque. La novedad es que el parlamento ha debido archivar también la reforma privatista de la salud, en lo que constituye un nuevo triunfo de la rebelión popular.

En las vísperas de la jornada del 19, Duque ordenó el desalojo de los piquetes desplegados en todo el país, que tienen su expresión más sobresaliente en el valle del Cauca. Las cámaras empresarias han hecho llamados en el mismo sentido.

Sin embargo, el pueblo colombiano se mantiene en las calles. En el marco de la jornada del 19, los maestros de la Fecode se movilizaron en Bogotá. Allí también, por la noche, agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimieron con bombas aturdidoras a las “mamás de la primera línea”, que se organizan para enfrentar las agresiones del aparato estatal contra la juventud. En San Juan de Pasto (departamento de Nariño), hubo bloqueos y por la noche fue herido un manifestante. Hubo también detenciones de jóvenes que se dirigían a apoyar una protesta campesina en Catacumbo, en el mismo departamento. A su vez, fueron capturados arbitrariamente integrantes del Movimiento Trabajador Campesinos y Comunidades del César (MTCC), en Curumaní (Contagio Radio, 19/5).

https://twitter.com/prensaobrera/status/1395424390205091840

La jornada del 19 fue convocada por el Comité Nacional de Paro, que nuclea a las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC), cuya orientación no pasa por echar a Duque sino por abrir una mesa de negociaciones. El CNP mantuvo hoy una segunda reunión con el gobierno para empezar a discutir un pliego reivindicativo (que incluye una renta básica para los sectores más afectados por la crisis, entre otros puntos). El primer encuentro había naufragado debido a los anuncios represivos del presidente. A su vez, el CNP ha convocado a nuevas jornadas de movilización para el 26 y el 28, cuando se cumpla el primer mes del inicio del paro que tumbó la reforma tributaria.

La línea “dialoguista” del CNP fue cuestionada por organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que sostuvo en un comunicado que “no se puede hablar de diálogos con el gobierno nacional, mientras el presidente Iván Duque y su cúpula militar continúan ordenando disparar contra los jóvenes que se encuentran en resistencia; no se puede hablar de diálogos, mientras siguen desapareciendo, torturando y judicializando a quienes se encuentran de manera activa en el paro nacional” (Cric-Colombia.org, 17/5). Vale recordar que la represión ya ha dejado alrededor de 50 muertos. Los bloqueos continúan y las movilizaciones indígenas están copando varias ciudades del país (como Medellín y Cartagena).

El gobierno colombiano está tratando de desactivar la rebelión por medio de un movimiento de pinzas, que incluye la represión y la trampa del “diálogo”, a la que se ha plegado también la centroizquierdista Coalición de la Esperanza. La oposición, incluyendo a Gustavo Petro, defiende la continuidad de Duque y se centra en las elecciones de 2022.

Un encuentro nacional de trabajadores, campesinos, indígenas y estudiantes que centralice la lucha es vital para avanzar en la huelga general hasta echar al gobierno criminal y antiobrero.

https://prensaobrera.com/internacionales/colombia-dos-semanas-de-paro-y-rebelion-popular/

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19/05/2021 | 1622

Las raíces de la agresión sionista contra el pueblo palestino

Funeral de Islam Wael Bernat, joven de 15 años asesinado en Cisjordania.

En casi diez días de bombardeos sobre la Franja de Gaza, Israel dejó más de 220 muertos y cientos de heridos. Entre los objetivos abatidos figura un edificio donde funcionaban las oficinas de Associated Press y la cadena Al Jazeera, lo que muestra un intento por ocultar la masacre. Los daños alcanzaron a cincuenta escuelas y al laboratorio central de pruebas contra el Covid-19, que debió ser cerrado. Miles de personas perdieron sus casas y se aglomeran en centros de refugio, sin medidas de seguridad e higiene, lo que puede conducir a un descontrol de la pandemia, en un territorio donde apenas el 2% de la población se encuentra vacunada. Las autoridades del enclave costero, además, denuncian que Israel bloquea el ingreso de la ayuda humanitaria.

Esta masacre en curso cuenta con el aval directo del imperialismo yanqui y europeo, que la justifica en nombre del derecho de Israel a defenderse de los misiles que lanza Hamas, la organización que gobierna el territorio gazatí desde 2007. Esta presentación, que equipara la violencia de los opresores y los oprimidos, omite, en primer lugar, que la resistencia a Israel excede largamente a una organización en particular, ya que se trata de la resistencia de un pueblo entero, lo que de paso explica la ferocidad de los ataques sionistas contra la población civil, incluyendo niños. Al mismo tiempo, esconde la desproporción de fuerzas entre los bandos, toda vez que Israel cuenta con uno de los ejércitos mejor pertrechados del mundo y un sistema antimisiles que intercepta la mayoría de los lanzamientos desde la Franja. Del otro lado, los palestinos resisten con armas rudimentarias, y en las calles de Cisjordania -donde hay movilizaciones de repudio contra los ataques- se defienden con piedras frente a la munición de plomo que lanzan las fuerzas de seguridad. Como en las anteriores agresiones sionistas, más del 95% de las víctimas pertenecen al pueblo palestino.

El poderío militar israelí no podría explicarse sin el auxilio norteamericano, que financió parte de la construcción del “Domo de Hierro” y una semana antes de los bombardeos le vendió armas por 700 millones de dólares al gobierno de Benjamín Netanyahu, solo por citar dos ejemplos. Israel es un gendarme del imperialismo en Medio Oriente, sirviendo a sus propósitos de controlar una región estratégica y rica en petróleo.

Las teorías de los “dos demonios” que circulan por estos días evitan ir a las raíces del conflicto; si lo hicieran, quedaría en evidencia la responsabilidad exclusiva del Estado de Israel. En el plano más inmediato, la escalada actual sobreviene a una resolución de la Corte Suprema israelí que habilitaba el desalojo de familias palestinas en los barrios de Jerusalén Este, para favorecer el desarrollo de nuevas colonias, lo que desató las movilizaciones más importantes en los últimos años. Al mismo tiempo, Israel desplegó soldados en sitios de rezo de la comunidad musulmana en Jerusalén Este, en pleno Ramadán, mes sagrado de esta colectividad. Una auténtica provocación, que se completa con las movilizaciones de bandas ultranacionalistas al grito de “muerte a los árabes”.

Anexión

Pero estos hechos no son más que el último episodio de una larga política de anexión y limpieza étnica, que empieza ya bajo el mandato británico sobre la Palestina histórica. A expensas del Imperio Otomano y los pueblos de la zona, el Reino Unido y Francia pactaron en 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, el reparto del Medio Oriente. Fueron los acuerdos de Sykes-Picot, por el nombre de los cancilleres de las dos potencias, y consagraron el control de Londres sobre Palestina y otras áreas de la región.

Un año más tarde se firmaba la declaración de Balfour, en que los británicos se comprometían a establecer un “hogar nacional para el pueblo judío” en los territorios de la Palestina histórica, en línea con los reclamos del movimiento sionista. A partir de ese momento, se produce un creciente desplazamiento de población judía a la región. Entre 1922 y 1940, ésta salta vertiginosamente de 83.790 a 467.000, equivalente a un tercio de la población nativa (Middle East Eye, 18/5). En paralelo, se desenvuelve un proceso de confiscación de tierras a los palestinos y empeoramiento de sus condiciones de vida, que conducen a la huelga general de 1936 (que se extiende durante seis meses) y a una revuelta posterior que dura hasta 1939, brutalmente reprimida por las autoridades coloniales y las milicias sionistas (se estima que hubo 5 mil muertos).

En 1937, una comisión (Comisión Peel) propone por primera vez la partición de Palestina y la creación de dos Estados, sobre la base de un desplazamiento masivo de los palestinos. Una década más tarde, Naciones Unidas aprueba una división, lo que desencadena una guerra civil. En 1948, David Ben-Gurión proclama -vencido ya el mandato británico- el nacimiento del Estado de Israel (reconocido tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética), que se queda con el 55% del territorio. Más de 700 mil palestinos son expulsados de sus tierras. El sionismo se ha valido de la atroz persecución sufrida por el pueblo judío para tratar de justificar estos hechos y ha intentado poner un signo igual entre antisemitismo y antisionismo.

Desde entonces, Israel fue ampliando el radio de su colonización, hasta la situación actual en que el pueblo palestino vive diseminado en una serie de cantones entrecortados por la vigilancia militar israelí. O bien, habita los barrios y las ciudades más empobrecidas de Israel (representa alrededor de un quinto de su población), sufriendo un régimen de apartheid. En esta avanzada, debemos mencionar la guerra de 1967, tras la que Israel se apropia de Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este y las alturas del Golán (en la frontera con Siria), así como el posterior y sostenido desarrollo de colonias. En 2020, la autorización de estos asentamientos marcó el récord en una década.

El pueblo palestino ha resistido tenazmente la ocupación y su causa se ha transformado en un clamor de las masas de Medio Oriente, además de contar con una gran simpatía a nivel global. En 1987 y en 2000, las masas palestinas protagonizaron dos grandes levantamientos conocidos como las intifadas. Desde entonces, siempre ha estado latente la posibilidad de un tercer alzamiento. En 2019, las marchas por el retorno, en la frontera gazatí-israelí, fueron reprimidas con un saldo de 250 muertos en un año.

Las movilizaciones actuales, así como la huelga general de la población árabe-israelí en Israel y en los territorios palestinos, contra los bombardeos, expresan la persistencia de esa causa y son un rotundo golpe a la política de normalización de relaciones diplomáticas con Israel por parte de las burguesías árabes (Emiratos Arabes, Bahrein, Sudán, y habría conversaciones con Arabia Saudita). Esta orientación se pretendía justificar aduciendo que el problema palestino ya no era un eje de la situación regional, punto en el que hoy se ven ruidosamente desmentidos.

A lo largo de los años, el imperialismo ha auspiciado -con la anuencia de la Autoridad Palestina y las burguesías árabes- iniciativas tendientes a cerrar el conflicto por medio de la creación de un seudoestado palestino, que legitime a su vez la ocupación sionista (tal es el caso de la llamada “solución de dos Estados”). Pero la propia dinámica expansionista del sionismo, que avanza como un pac-man, fue inviabilizando estas tentativas. Cabe mencionar que el “acuerdo del siglo”, uno de los últimos engendros del sionismo y el imperialismo para la región (provisoriamente suspendido por la crisis política dentro de Israel), devalúa aún más el alcance territorial de aquel planteo previo y permite a Israel extender su apropiación hasta el valle del Jordán.

La Autoridad Palestina (AP), que administra algunos territorios de Cisjordania desde los acuerdos de Oslo de 1993 con Israel, se ha visto desbordada por la actual ola de movilizaciones. Su ascendente político se fue deteriorando a raíz de sus crecientes vínculos con Israel, que despiertan un rechazo en la población. Aún hoy, en medio de los bombardeos, el portavoz de la AP, Abu Rudenheid, defiende los acuerdos de cooperación en materia de seguridad y descarta romperlos (ídem, 19/5).

 

La Franja de Gaza

El foco de las agresiones actuales del sionismo se concentra en el enclave costero de 360 kilómetros cuadrados. Israel se lo apropió en 1967, pero se retiró de él en 2005. No obstante, impuso un bloqueo terrestre y marítimo ante el triunfo electoral de Hamas, en 2006, que completa desde la otra frontera Egipto(1). Esto transformó a Gaza en una prisión a cielo abierto. Posee una densidad demográfica de las mayores del planeta y el 80% de su población depende de la ayuda humanitaria. Ha sido declarada “inhabitable” por la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina.

Israel ha llevado a cabo tres invasiones (“Plomo fundido”, “Pilar de defensa”, “Margen protector”) contra el enclave, que dejaron miles de muertos e incluyeron el uso de fósforo blanco. En la jerga perversa del sionismo, a esto se le llama “cortar el pasto” -es decir, desmalezar periódicamente el terreno de “terroristas”. Gaza es un dolor de cabeza permanente para el sionismo. El expremier Yitzhak Rabin supo decir alguna vez que lo mejor sería que al enclave se lo tragara el mar, pero que eso lamentablemente no iba a suceder (La Nación, 17/5).

La cuestión suscita toda clase de debates, habiendo sectores que reclaman una suerte de “solución definitiva”, que pase por una incursión a fondo hasta quebrar a Hamas. No obstante, otros retrucan que esto tendría un costo político y militar muy alto y podría incluso conducir al reemplazo de Hamas por direcciones políticas aún más hostiles a Israel (ver, por ejemplo, “Israel's Gaza bind - destroy Hamas or wait for the next war?”, en Jerusalem Post, 19/5). Netanyahu, en su última conferencia de prensa, no ha descartado ninguna posibilidad.

Campaña internacional

Israel llega a esta última campaña de bombardeos en el marco de una fuerte crisis política, que hemos analizado en otros artículos. Netanyahu ganó las últimas elecciones, pero volvió a fracasar en la formación de una mayoría de gobierno, por lo que esa tarea le fue encomendada ahora a quien salió segundo en los comicios, Yair Lapid. De momento, todas las negociaciones han quedado congeladas por los ataques, y la mayor parte del arco político cierra filas contra los palestinos, pero es probable que los entuertos se reanuden, e Israel podría a ir a su quinta elección en dos años.

Frente a la masacre del sionismo es necesaria la más enérgica campaña a nivel internacional. Las decenas de miles de personas movilizadas en Europa y en Medio Oriente marcan el camino. A la vez, está más vigente que nunca el reclamo del derecho al retorno de los refugiados y el planteo de terminar con el Estado sionista, y abrir paso a una Palestina única, laica y socialista, como parte de una federación socialista de pueblos de Medio Oriente.

(1) Hamas es una organización islamista nacida en 1987, durante la primera Intifada. Creció aprovechando el rechazo a los acercamientos de la dirección laica de la OLP (luego Autoridad Palestina) con Israel. Es de raíces sunnitas y tiene buenos vínculos con Turquía y Qatar, pero debido a sus lazos con los Hermanos Musulmanes es combatida por Egipto. Sostiene algunos vínculos con el gobierno iraní, pese a que este es shiíta.

https://prensaobrera.com/internacionales/el-frente-de-izquierda-unidad-repudio-los-bombardeos-contra-la-franja-de-gaza/

 

https://prensaobrera.com/internacionales/quien-es-el-terrorista-en-palestina-un-video-para-entender-el-conflicto-actual/

 

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19/05/2021 | 1622

Copa América: el presidente Alberto Fernández a la defensa del negocio del fútbol

Que se lleve a cabo aunque no queden jugadores sanos.

Alberto Fernández con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol

“Hablemos con toda franqueza: es una Copa América para la televisión, es una Copa América para cumplir contratos televisivos”, dijo el presidente Alberto Fernández, para que no queden dudas de que se trata esencialmente de un negocio, en la entrevista donde no solo confirmó que la Argentina sigue adelante con la decisión de llevar a cabo en el país este certamen de selecciones nacionales de Latinoamérica, y que comienza dentro de menos de un mes, sino que, incluso, está dispuesto a cubrir los compromisos que le corresponden a Colombia (el país coorganizador) que se encuentra en medio de la enorme rebelión popular.

Para Alberto Fernández, está claro, el show (y el negocio) debe seguir, aunque haya casi 30 mil nuevos contagios y 700 muertos cada 24 horas, y todas las semanas se alcance un nuevo récord en ambos índices, que se suma a la saturación de las camas de terapia intensiva con una ocupación casi plena en todo el país.

El sentido de esta decisión oficial se emparenta con la que rige para las demás actividades económicas del país que se mantienen a pleno, con la prioridad puesta en las ganancias de los capitalistas porque, al contrario de lo que declamaran al inicio de la pandemia, tanto el gobierno nacional como los de todas las provincias, prima “la economía” por encima de “la salud” de la población trabajadora.

En este caso, la defensa de los negocios del fútbol se suma a la pretensión del gobierno nacional y de los provinciales de todo pelaje político, de mostrar una cierta “normalidad” y morigerar el desastre creciente del cuadro sanitario, cuando todas las semanas se alcanzan nuevos récords de contagiados y muertos.

Los negocios de las mafias

Por el lado de las mafias que manejan el negocio del fútbol, la parálisis de los torneos supone que dejan de embolsar multimillonarios fondos. Así, por ejemplo, para la edición 2021 de la Copa Libertadores, que se está disputando ahora con más heridos que soldados, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) repartirá un total de 168.300.000 dólares en “todas las fases e instancias decisivas”. Y se estima que la Confederación, una cueva de corrupción que saltó por los aires hace pocos años por los desfalcos de sus dirigentes, se queda con más de la mitad de los ingresos que le llegan por los derechos comerciales y de la televisión.

La zanahoria para los clubes (y sus mafias) es que el premio por coronarse campeón es de 15 millones de dólares que, sumado a lo que ganan en las series clasificatorias, supone un premio total de casi 24 millones de dólares, más los de la Recopa y el Mundial de Clubes a los que queda habilitado. Y todos los que participan algo reciben, para que el interés se acreciente.

La necesidad de mantener en marcha el negocio del fútbol llevó incluso a la Conmebol a intervenir como un Estado más cuando negoció con la china Sinovac la entrega de 50 mil dosis de vacunas para inmunizar a todos los planteles de los países latinoamericanos que integran la entidad.

Esta mecánica supranacional, de vacunación VIP masiva, no hizo reaccionar a ningún gobierno ni dirigente del fútbol, con la excepción del DT de Perú, el argentino Ricardo Gareca, quien declaró en solitario, que no permitiría que se vacune a los jugadores del seleccionado mientras no lo estén todos los que conforman la población de riesgo del país.

Otra voz que se levantó contra el todo vale, fue la del gremio de los jugadores de fútbol de Colombia, que reclamó que no haya partidos en medio de la crítica situación que atraviesa el país. Esto, luego de que River, Nacional de Montevideo y Atlético Mineiro jugaran sus partidos en Colombia, mientras en las cercanías de los estadios los hinchas se manifestaban y la policía los dispersara y llenara de gases lacrimógenos el propio campo de juego.

A la vista de todos

Dada la repercusión pública que tiene el fútbol, ha saltado a la vista de todos este carácter escandaloso (y criminal) de la decisión de las autoridades de clubes, entidades organizadoras del negocio y de los gobiernos, de seguir adelante con las competencias a como dé lugar en medio de la pandemia, que está haciendo estragos en la salud y la vida de millones de personas.

En una población joven como la de los jugadores, que se supone cuidada, la cantidad de casos positivos es de tal magnitud que equipos casi completos se han contagiado con el Covid-19. Se expone a los jugadores, porque el negocio no debe parar, como si se tratara de una enfermedad simple, cuando aún no se conoce cuáles pueden ser las consecuencias de haber contraído la enfermedad.

El ejemplo de River, que apenas logra juntar a los 11 de un equipo para poder jugar un partido de la Libertadores (incluyendo a un lesionado), es un extremo que se pretende naturalizar para que el show pueda seguir. El mismo River, que jugó el fin de semana pasado con un equipo “muleto” por los contagios en el plantel, al día siguiente del partido mostró que tres de los jugadores que lo integraron, también dieron positivos de Covid-19.

Mientras se distrae con las “fiestas clandestinas”, indicadas como casi único ámbito de contagio, todo lo que sea un negocio capitalista es defendido por el gobierno y, desde ya, por toda la oposición patronal. Con el porcentaje de infectados sobre el total ubicado probablemente entre los más altos del país, el de los jugadores y demás trabajadores que rodean la actividad del fútbol, ni siquiera aparece en la mira de quienes debieran intervenir.

La Conmebol, que también organiza la Copa América, sigue planteando, en este cuadro de crisis de pandemia, abrir los estadios al público con un aforo del 30% porque, en “la mirada de la Conmebol, una Copa América para la TV no será económicamente tan atractiva como un torneo con público” (La Nación, 18/5).

Desde el gobierno, es tal la superficialidad en el tratamiento del problema que el presidente Fernández, en la misma entrevista, dijo que solo se trata de acordar con la Conmebol -que también organiza este torneo- “de garantizar protocolos que hagan posible” la disputa de la Copa América.

Esto, cuando ninguna autoridad nacional ni provincial se ocupa ni preocupa por la aplicación de los protocolos en los lugares de trabajo ni en los transportes, donde hay datos claros que allí se producen contagios masivos.

Está claro que, en medio de este pico creciente de crisis sanitaria, se trata no de incentivar sino de detener los torneos hasta que se pueda garantizar la inmunidad de todos quienes intervienen en la actividad del fútbol. Exactamente lo contrario de lo que promueve el gobierno.

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19/05/2021

¡Fuera Duque!

Por qué el Grupo de Puebla conspira contra el levantamiento popular en Colombia.

Nadie ignora que la rebelión popular del país caribeño es el punto más alto de la lucha de las masas oprimidas de América Latina y que su desenvolvimiento amenaza con quebrar el orden capitalista, en un cuadro en que toda América Latina se ve sacudida en el transcurso de los dos últimos años por continuos levantamientos que surcan el subcontinente desde Chile a Paraguay, desde Perú a Ecuador, sin olvidar a Haití y República Dominicana.

El pueblo colombiano no logra ser doblegado por la despiadada represión del ejército y la policía. Para llevar a un repliegue de las masas las clases dominantes también recurren a la “zanahoria”, esto es, a las maniobras políticas de la burguesía democratizante. Estas se ven corporizadas en el Grupo de Puebla, del que forma parte el gobierno argentino.

El 10 de mayo tuvo lugar una reunión del Grupo de Puebla con la participación de decenas de ex presidentes y dirigentes de diversos países de América Latina entre los que se encontraban algunos muy destacados: Ernesto Samper (presidente de Colombia entre 1994 y 1998), Rafael Correa (ex presidente de Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Andrés Arauz (reciente candidato a presidente correísta en Ecuador), Cuauhtémoc Cárdenas (ex candidato a presidente en México), Marco Enríquez Ominami (ex candidato a presidente de Chile, actual Frente Amplio), Jorge Taiana (senador argentino por el Frente de Todos). El objeto de la reunión fue la situación colombiana. Cuatro días más tarde hubo otra reunión cuya finalidad era la misma, en la que participaron algunos de los ya mencionados junto a “Pepe” Mujica, miembros del CLAJUD (Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia) e integrantes del “progresismo” colombiano entre los cuales se destacaba Gustavo Petro. Llama la atención la ausencia de presidentes en ejercicio: Evo Morales (Bolivia), López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina), presentes en otros eventos del Grupo Puebla.

La reunión realizada el 14 de este mes, lejos de apoyar la rebelión popular, aunque reconocía la justicia de muchos reclamos, no se colocaba en el terreno de la huelga general que plantea echar al represor Duque. En efecto, uno de los puntos salientes de la declaración señalaba: “ Invitar a todos los jóvenes, ciudadanos, los partidos políticos de oposición y al gobierno a un diálogo social que escuche los justos reclamos y ponga fin a los enfrentamientos que han costado vidas, desapariciones y reiteradas violaciones de derechos humanos”, y añade en otro párrafo: “hacer un llamado a los manifestantes a que permitan un corredor humanitario que permitan la circulación de vacunas, insumos y misiones médicas, los instamos a esperar los resultados del diálogo y permitir que la ciudadanía pueda ejercer a plenitud sus también legítimos derechos a la movilidad, al trabajo y a la supervivencia”.

Definiciones

Las definiciones son claras, evidenciando el cinismo del nacionalismo burgués y la autoproclamada burguesía “progre”: atribuyéndole a las masas en lucha contra la miseria y la explotación parte de la responsabilidad en la ausencia de alimentos, medicinas y atención médica, como así también en la represión y las muertes. Responsabiliza paritariamente a opresores y oprimidos.

Es un llamado a deponer la lucha. El grupo de Puebla le reclama al pueblo insurgente de Colombia la desmovilización de su lucha, preservando al gobierno represor de Duque. El presidente argentino ha planteado la necesidad de la “paz social”. Es decir, la detención de la lucha de clases, cuando lo que hay que levantar es el apoyo directo a la lucha por acabar con este régimen sangriento, entreguista y antipopular.

En consonancia con este pronunciamiento que pretende desarmar política y físicamente la insurgencia de las masas colombianas y llevarlas a un callejón sin salida, en la reunión mencionada del 14 de mayo, Oscar Laborde, presidente del Observatorio por la democracia y vicepresidente del Mercosur, declaró: “envié una carta al presidente Iván Duque para el inicio formal de negociaciones que permitan acuerdos sociales e institucionales que restablezcan la paz en nuestro país y ratifiquen el compromiso democrático del Estado de la República de Colombia”.

Y agregó: “propongo una mesa de trabajo internacional que impulse el restablecimiento de la paz”. Petro ha llamado a la intervención de la OEA y la “intermediación” de Argentina, México y Bolivia. Pero no hay nada que “intermediar”: los pueblos latinoamericanos deben ponerse del lado de la rebelión popular colombiana y apoyar su lucha para terminar con Duque y su régimen.

¿Por qué México, Argentina y Bolivia no rompen relaciones con el gobierno de Duque? Por mucho menos, los presidentes del Grupo de Lima, alineados detrás de Trump y Bolsonaro, desconocieron al gobierno venezolano e hicieron frente común con el intervencionismo del imperialismo y la derecha.

Bomberos

La posición del Grupo de Puebla lo lleva a actuar como bombero de los levantamientos populares. No casualmente la declaración del Grupo, antes de las firmas de sus integrantes, plantea su brega porque Latinoamérica sea “un territorio de paz”. La “paz” es entendida como la renuncia a la rebelión de los pueblos contra la opresión y la explotación. Con este tipo de “paz” todavía tendríamos al gobierno golpista de Jeanine Añez en Bolivia. Actúan, así, como cómplices de los llamados gobiernos “neoliberales” ajustadores, sobre la base de maniobras que impidan su caída a manos de la lucha popular. Ya ha ocurrido y ocurre en Chile, se repite en Paraguay y Perú y es uno de los mecanismos para desviar y/o derrotar los alzamientos de masas.

Hay que defender la rebelión popular en Colombia, llenándola de solidaridad, y respaldando la finalidad de las masas colombianas de expulsar a Duque. Apoyemos la extensión y profundización de la huelga general en curso. La realización en Colombia de un congreso de obreros, campesinos y estudiantes que centralice la movilización contra Duque debe rechazar las maniobras de la burguesía opositora colombiana y del Grupo de Puebla. Y en Latinoamérica: defender el derecho a la rebelión de los pueblos contra los planes fondomonetaristas y la solidaridad inmediata y activa con el levantamiento de nuestros hermanos de clase de Colombia. Una Conferencia Latinoamericana de la izquierda y el movimiento obrero combativo sería un gran paso adelante en la constitución de un polo de independencia política de los explotados contra los “bomberos” desmovilizadores del Grupo de Puebla. Es un imperativo para las corrientes que se reclaman de izquierda y de la lucha antiimperialista.

https://prensaobrera.com/internacionales/colombia-comienza-a-entroncar-con-el-ascenso-general/

https://prensaobrera.com/sociedad/la-rebelion-colombiana-se-cuela-en-el-futbol/

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