La policía provincial fue protagonista recientemente de un nuevo hecho delictivo, en este caso la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza. Este asesinato no se trata de ninguna manera de un hecho aislado, todo lo contrario es parte de un modus operandi de la policía tucumana, una fuerza que tiene en su haber decenas de casos de gatillo fácil, encubrimiento e instigación al delito.  Veamos algunos de los hechos más resonantes de los últimos años:

Caso Paulina Lebbos: Paulina desapareció el 26 de febrero del 2006 y su cuerpo fue hallado sin vida días después. El accionar de la policía fue cuestionado desde un primer momento por Alberto Lebbos, papá de Paulina, a sabiendas que la policía intentaba ocultar una de las principales líneas de investigación, la de los “hijos del poder”. Años de encubrimiento de la policía en complicidad con fiscales como Albaca que tuvieron la causa paralizada durante años. Muchos policías que participaron en la causa fueron premiados con ascensos y otras prebendas por participar en el encubrimiento. Luego de una larga lucha de la Comisión de Familiares se logró llevar a juicio a varios implicados: Eduardo Di Lella, exsecretario de Seguridad; Hugo Sánchez, exjefe de la Policía provincial; Nicolás Barrera, exsubjefe de Policía; Héctor Brito, exjefe de la Unidad Regional Norte, todos ellos recibieron una condena, pero ninguno aportó absolutamente nada para dilucidar el autor del crimen, llevaron el encubrimiento hasta el final.

Ismael Lucena: en noviembre del año 2011 fue asesinado por la policía provincial, el caso tuvo gran repercusión ya que los familiares de Ismael lucharon incansablemente junto a la comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad por el esclarecimiento del crimen y el castigo a sus culpables. Ismael fue abordado por la policía cuando volvía junto con un amigo caminando a su casa de Las Talitas después de haber perdido el colectivo. En ese momento dos policías de civil los persiguieron sin motivo alguno y luego de alcanzarlos en la galería de una vivienda cercana, los golpearon salvajemente. Ismael fallece producto de esa golpiza. Los policías autores del hecho intentaron armar un acta falsa donde se manifestaba que Ismael y su amigo habían sido asaltados y las lesiones procedían se hecho, todo para ocultar que fueron ellos mismos los autores de la salvaje tortura. Finalmente los familiares obtuvieron justica apoyados por organizaciones de derechos humanos y partido de izquierda.

Acuartelamiento policial del 2013: entre el 8 y 11 de diciembre de este año la provincia vivió días violentos debido a una “huelga” policial. La policía provincial se autoacuarteló exigiendo un aumento salarial y la reincorporación de policías separados de la fuerza por delitos comunes, de hecho varios de los líderes de la sedición estaban en esta última situación. En ese momento el gobernador Alperovich se negó a acordar con los rebeldes y con el correr de las horas fue la misma fuerza policial la que encabezó saqueos y disturbios varios. Oficiales de policía con la cara cubierta encabezaron bandas motorizadas que se dedicaban a levantar guardias policiales o de seguridad privada y las reclutaban para armar saqueos. La población trabajadora de los barrios vivió tres días de gran tensión al punto que se armaron equipos de autodefensa en las barriadas para impedir el ingreso de los delincuentes comandados por la policía. Finalmente los sublevados se salieron con la suya, consiguieron el aumento salarial exigido y solo unos pocos fueron llevados a juicio por instigación al delito. El martes por la tarde se produjo una movilización Plaza Independencia donde confluyeron miles de tucumanos a repudiar el accionar policial, esa movilización fue reprimida por la policía. Alperovich decidió ceder ante la fuerza que le cuida la espalda en caso Lebbos y que de un modo general respalda su gobierno. La cantidad de personas que murieron en esos días todavía permanece oculta, las fuentes oficiales hablan de menos de 8 víctimas, pero los hospitales estuvieron desbordados.

Miguel Reyes Pérez: el 24 de diciembre de 2016, Miguel un joven de 24 años que vivía en uno de los barrios del Gran San Miguel de Tucumán fue atacado por la policía. El ataque había sido anticipado por el oficial, que había amenazado a Miguel diciéndole una semana antes: “ahora andá, pero en donde te pille, te dejo en el cajón”. La policía hostiga constantemente a los jóvenes en los barrios, en muchos casos los utilizan para delinquir, en otros se trata simplemente de ejercer la “autoridad”. La amenaza se concretó el mismo 24 en la cercanía de su casa en el barrio San Cayetano. El disparo y los golpes lo dejaron en coma por 24 días en el hospital, falleció sin remedio. La coartada de la policía fue que se trató de un enfrentamiento, en tanto responsabilizan a Miguel de un robo y afirman que portaba un arma. Sin embargo, nunca se encontró tal arma y la prueba de parafina le dio negativa. Luego de numerosas actuaciones por parte de los abogados de Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), quienes llevaron adelante la querella, y medidas de lucha de la Mesa de Apoyo a la Causa “Justicia por Miguel Reyes Pérez”, se logró la imputación de los policías autores del crimen.

Facundo Ferreyra: este caso se encuadra perfectamente en la “doctrina Chocobar”. En 2017, Facundo, de 12 años, circulaba con unos amigos en moto cuando dos policías motorizados comenzaron una persecución que terminó con su asesinato. Los familiares y testigos aseguran que la policía le disparo por la espalda. Uno de los policías luego cayó preso por robar una cartera y el otro aún sigue en funciones. Luego de que el hecho saliera a la luz el gobernador Manzur intentó acallar a la familia de Facundo con prebendas de todo tipo, al día de hoy el caso sigue impune. Claudio Maley, el actual ministro de Seguridad, que ya cumplía fundaciones en ese momento dijo que no se trató de un caso de “gatillo fácil” ya que los policías se defendían de un ataque, una verdadera canallada. Maley fue partícipe necesario en este encubrimiento.

Violencia contra el Colectivo Trans-Travesti: En 2013 se conoció el caso de Celeste, una joven trans tucumana que fue detenida ilegalmente durante tres días y sometida a todo tipo de torturas y abuso sexual. Cuando logró escapar, se dirigió a un hospital donde constataron las marcas de lo sufrido. De los siete policías de la Seccional VI acusados, solo fueron condenados dos de ellos a cinco años de prisión y en el fallo ni siquiera se mencionó el abuso sexual. En 2012, Ayelén Gómez fue detenida y abusada sexualmente en la comisaría 2da. Apenas recuperó su libertad, denunció a los policías y se mudó a Buenos Aires. Al regresar a Tucumán, en el año 2017, tan solo unos meses después, fue asesinada y su cuerpo fue arrojado bajo las tribunas de un club de rugby.

Estos y muchos otros casos muestran el accionar de la policía en la provincia.

Luis Espinoza junto a su hermano fueron detenidos en forma ilegal por la policía provincial, fueron secuestrados, torturados y luego Luis fue asesinado por uno de los efectivos, que contó con la complicidad de otros 9 oficiales y de un civil. Su cuerpo fue preparado para tratar de ocultar el crimen y luego fue arrojado en el límite con la provincia de Catamarca. Esta maquinaria de ocultamiento y asesinato no puede quedar impune.

El caso de Luis Espinoza se entiende en una provincia donde la tortura está institucionalizada en las comisarías, todavía sigue vigente la ley de contravenciones de la última dictadura, un instrumento justificado por las fuerzas represivas y el poder político para realizar detenciones y apremios ilegales contra el pueblo y la juventud. Las fuerzas policiales están al servicio del estado y en función de sostener la estructura de clases vigente. Ninguna fuerza de seguridad están realmente al servicio de confrontar con el delito, simplemente lo “regulan” asociándose a él cuándo es necesario hacerlo. Las fuerzas de seguridad tratan de mantener el delito dentro de cánones “razonables” para que puedan continuar los negocios capitalistas y la explotación de la clase obrera.