09/06/2020

Tierra del Fuego: Textil Río Grande maniobra para dejar en la calle a los trabajadores

Este lunes 8 en horas de la mañana, con un intempestivo clima de fuertes vientos y temperaturas bajo cero, se concentraron los gremios Soiva, Setia y AOT  frente a la fábrica Textil Río Grande para movilizar y llevar un petitorio al concejo deliberante local. Tras dos semanas transcurridas de tenaz y aguerrida lucha, en la que los trabajadores se vieron conminados a levantar un acampe el feriado del 25 de mayo, los obreros se hallan inmersos en un profundo desasosiego e incertidumbre y sin ningún tipo de respuesta por parte de la patronal.


La empresa viene con atrasos en sus pagos desde el año pasado, abonando de forma irregular, escalonada y en cuotas, adeudándoles actualmente cuatro quincenas del corriente año. Asimismo, arguye no tener recursos para pagar salarios, pero el Grupo Sedamil convoca a pagar más de 200 retiros voluntarios. Mientras tanto, ha cerrado, unilateral y herméticamente, toda instancia de diálogo con las entidades sindicales y recientemente ha realizado la maniobra de devolver los contenedores con stock de materias primas varados en el puerto de Ushuaia (valorados en un millón de dólares), con la clara intención de no continuar produciendo en la provincia. Tal y como acontece en Trelew, en donde el mismo grupo empresario avanza con la concreción de su plan de retiros voluntarios a la baja, con el pérfido objeto de echar a todos los trabajadores a la calle.


En el petitorio acercado al cuerpo de concejales municipales, leído públicamente por Wálter Hernández (delegado de Textil Río Grande), solicitan se gestionen subsidios para ayudar a sobrellevar esta difícil situación para los obreros, hasta tanto se arribe a una solución de fondo ya que se hallan endeudados, sin obra social y a merced de la más ignominiosa desidia y arbitrariedad patronal. Asimismo, requieren que en el caso de que la empresa decida retirarse de la provincia, se arbitren los medios necesarios para expropiar el espacio físico y las correspondientes maquinarias de la fábrica, en aras de que los trabajadores puedan conformar una cooperativa de trabajo.


Finalmente, se refirió a que en el año 2023 vence la prórroga de la ley 19.640 (Ley de Régimen de promoción Industrial), planteando que en el “tratamiento de la extensión de la misma también se tenga en cuenta al trabajador y se pueda legislar para que se beneficie al empleado en caso de situaciones similares a las sucedidas aquí en Río Grande”.



Desde el Partido Obrero, Tribuna Docente y el Polo Obrero de Tierra del Fuego nos acercamos a expresar nuestra solidaridad, acompañar la movilización y llamamos al conjunto de la clase obrera fueguina a apoyar la lucha de los textiles contra el vaciamiento del parasitario grupo Sedamil. A tal efecto, convocamos a la organización independiente de todas las direcciones burocratizadas, promoviendo todo tipo de acciones de lucha para defender el trabajo de los embates del capital: concentraciones con distanciamiento social, cortes de calle, caravanas de autos, etc.


Instamos a que el gobierno provincial y el Municipio de Río Grande otorguen un subsidio a los trabajadores que garantice la canasta básica acorde a los niveles de inflación actual (hoy medida a nivel nacional en $45.000).


Que se abran los libros de la empresa y se paguen inmediatamente todos los salarios adeudados. Apoyamos la expropiación de Textil Río Grande y planteamos que el Estado reabra toda empresa que cierre y la coloque bajo control obrero.


Ningún despido, ni suspensión, no a las rebajas salariales, no a la flexibilización laboral. ¡Vamos por el triunfo de los trabajadores de Textil Río Grande y para que la crisis la paguen los capitalistas!




 

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09/06/2020

Leonardo Macrino murió en la calle, víctima de la desidia del gobierno porteño

La crisis de vivienda y el vaciamiento del programa Buenos Aires Presente.

Tribuna Municipal

Este fin de semana falleció Leonardo Macrino, de 42 años, en situación de calle, víctima del abandono y la desidia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.


Leonardo vivía junto a su familia en una habitación de hotel. El miércoles 3 fueron desalojados, quedando con sus pertenencias en  situación de calle, en el barrio de Montserrat. De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia 320/2020, se suspenden los desalojos hasta el 30 de septiembre, incluyéndose las habitaciones destinadas a vivienda familiar en pensiones, hoteles o similares; pero el gobierno de la Ciudad no garantiza la ejecución de la norma, habilitando desalojos forzosos e ilegales -en una nueva muestra de que los decretos presidenciales son papel mojado.


Leonardo presentaba, de acuerdo a lo que su esposa declaró, síntomas de Covid-19. Pese a las reiteradas llamadas por parte de los vecinos al 108, el teléfono que el gobierno dispuso para la asistencia a personas en situación de calle, recién en el día de ayer atendieron la situación de la familia. La respuesta del programa Buenos Aires Presente (BAP) se limitó a informarles que por tales síntomas no podían ingresar a paradores, sin realizar siquiera un hisopado, y a otorgarles unas mantas.


El BAP es un programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, que asiste a las personas en situación de calle. En el mes de marzo, sus trabajadores difundieron un comunicado en el que denunciaban la falta de dispositivos para la tarea, desmintiendo la versión oficial del gobierno en cuanto a la ampliación de lugares de albergue y equipos de trabajo. Muy por el contrario, las y los trabajadores han denunciado que los albergues resultan absolutamente insuficientes para la demanda existente, incrementada por la pandemia, y que tanto los elementos de seguridad para la correcta atención sin riesgo de contagio, como los elementos que le proveen a las familias, son escasos por completo.


A esto se le suma que los trabajadores del programa son en su mayoría trabajadores monotributistas precarizados con salarios de miseria, como los que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat acostumbra a pagar. No cuentan con obra social ni ART, con lo cual la exposición al contagio resulta un ataque más gravoso a sus condiciones de vida, y deben desarrollar jornadas de trabajo muy por encima de la extensión horaria correspondiente.


Las condiciones para el desarrollo de esta tarea no se han modificado, pese a que en los últimos días las cifras indican más de 400 personas contagiadas por día en la Ciudad; pese a que -de acuerdo al Observatorio de Derecho a la Ciudad-, al menos 400 mil personas viven sin acceso a los servicios públicos necesarios (agua y gas) y en condiciones de hacinamiento (propiciando la propagación explosiva del virus). Y a que, si bien el gobierno habla de 2.000 personas en situación de calle, los relevamientos de organizaciones populares arrojan que la cifra real superaría las 7.000.


La muerte de Leonardo y la situación de la familia dan cuenta de las distintas problemáticas que nos aquejan y ante las cuales el gobierno de la Ciudad no da respuesta. La falta de posibilidad de acceso a la vivienda digna (en contraposición al favorecimiento de Larreta en el avance de los grupos inmobiliarios en la ciudad) es un elemento que debe ser tomado en cuenta junto con la imposibilidad de acceso a la correcta asistencia sanitaria y a fuentes de trabajo.


Exigimos al gobierno mayor presupuesto para los programas que atiendan a los sectores más desprotegidos en esta pandemia, alojamiento inmediato transitorio en viviendas vacías para todas las familias en situación de calle que no tienen condiciones para la higiene frente al Covid-19 y se encuentran expuestos al frío, que año a año incrementa el número de víctimas. Exigimos el pase a planta de los trabajadores precarizados del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y salarios dignos y que no se encuentren por debajo de la canasta básica de alimentos.

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08/06/2020

Repudio al accionar de la AFI contra los trabajadores y la izquierda

Repudiamos los informes de inteligencia que se hicieron desde la AFI sobre más de 400 periodistas, distintas organizaciones sociales, el PTS y el MST, partidos de nuestro Frente de Izquierda Unidad. La carpeta en la que figuran informes sobre una actividad pública realizada por compañeros del PTS en 2017 en las instalaciones del Hotel Bauen, listas de aportantes y de militantes que hicieron cursos, está realizada con informaciones que son públicas y pueden obtenerse con facilidad por cualquier persona en el juzgado electoral. Sin embargo, a esos informes se les añade datos totalmente falsos que figuran aparentemente de "fuentes propias" del "Departamento de Delitos Contra el Orden Constitucional" de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que tienen como único objetivo habilitar la prosecución de la intervención de la inteligencia sobre la izquierda y los luchadores, incluso con cobertura judicial. Ejemplo de esto es el falso objetivo que se le atribuye al plenario público del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC) realizado en el Hotel Bauen el 24 de septiembre de 2017: "Organización insurgencia OMC 2017" y "vínculos con las 'FARC argentinas'", poniendo al PTS en carácter de "organización bajo observación progresiva". Como parte del mismo repudiable mecanismo de espionaje sobre la izquierda, en un audio de un exagente de la AFI reproducido ahora por canales de TV y páginas web, e investigado desde el Juzgado de Lomas de Zamora por el juez Villena, se reconoce que intentaron también espiar e infiltrar al MST y se explica con detalles que, al costarle ese objetivo, decidieron inventar una asociación ficticia para acercarse y tener información “minuto a minuto” de sus actividades.



Uno de los objetivos de los espías de Macri, Arribas y Patricia Bullrich era demonizar el repudio masivo que hubo en Argentina al G20 y a la vista de Donald Trump, en noviembre de 2018, donde los partidos que conformamos el Frente de Izquierda Unidad junto a otras organizaciones protagonizamos una marcha masiva, y un militante y un dirigente del PTS fueron detenidos en una franca provocación de parte de las fuerzas represivas y la Justicia Federal. La preocupación de Macri-Bullrich fue fortalecer el aparato represivo para cuidarles las espaldas a los presidentes explotadores del mundo que se dieron cita en nuestro país y perseguir a las organizaciones de izquierda.


Los servicios de inteligencia no son "el sótano de la democracia", sino que son los cimientos de este régimen político. Absolutamente todos los gobiernos los han utilizado contra opositores políticos y sociales en abierta vinculación con la Justicia Federal. Un punto crucial de la persecución a los luchadores es el juicio que sigue curso contra Daniel Ruiz y César Arakaky por movilizarse el 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria del macrismo. En este punto exigimos la absolución inmediata de Daniel y César y la libertad de Sebastián Romero.


Los luchadores y partidos de izquierda hemos sido permanentes víctimas de esta metodología que no comienza en 2015 con el gobierno de Macri, sino que pervive desde la dictadura genocida. Durante el kirchnerismo denunciamos el "Proyecto X" de Gendarmería, el gobierno infiltró movilizaciones de trabajadores y se le dio plenos poderes en el área de defensa a un agente de inteligencia que actuó durante la dictadura, como César Milani, mientras que se votaban las llamadas leyes "antiterroristas" como se ordenó desde el Departamento de Estado norteamericano. Ahora estamos ante graves hechos de inteligencia de Gendarmería a los mineros de Andacollo y el “ciberpatrullaje” de la ministra Frederic, a lo que se le suman los casos de represión como en Penta, el asesinato de Espinoza o tremendos los abusos contra los qom en Chaco, por solo nombrar algunos hechos aberrantes que están aconteciendo.


El Frente de Izquierda Unidad exige una investigación hasta el final y el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de este espionaje que es verdadero atentado contra las libertades democráticas. Nuestro planteo es claro: la disolución de la AFI y la apertura de todos sus archivos y el cese de toda persecución a las y los que luchan. Llamamos a todas y todos los trabajadores a repudiar este accionar y luchar por estos objetivos.


8/6/20



Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U)


PTS-Partido Obrero-Izquierda Socialista-MST 



 

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08/06/2020

Editorial: Vicentin, ¿otra YPF?

Vicentin ha sido intervenida por el gobierno de Alberto Fernández, quien personalmente anunció que se enviará un proyecto de ley declarando a la empresa concursada de utilidad pública y sujeta a expropiación. Declaró al mismo tiempo que se trata de un “rescate al servicio de la soberanía alimentaria” del país y designó a Gabriel Delgado su interventor, que dependerá de YPF Agro. Enfatizó en preservar la colocación de su producción a los 2.600 productores agrarios que trabajan para la compañía, pero no fue tan claro en la cuestión de la preservación de los puestos de trabajo de los 7.000 trabajadores que dependen de la propia Vicentin. A ellos los llamó a sumarse al plan de rescate.


Son muchos los interrogantes, pero también varias certezas para analizar y contribuir a una política desde el campo de los trabajadores de Vicentin y de los trabajadores en general, porque sin duda no será el primer ni el último caso de quiebras que ponen en liquidación miles de puestos de trabajo.


Vicentin se trata del mayor default privado desde 2001. Del default de un pago de U$S 350 millones en diciembre, pasó a una convocatoria de acreedores en febrero, con una deuda estimada en U$S 1.350 millones de dólares. De ellos, $18.000 millones fueron contraídos con el Banco Nación en un caso absolutamente escandaloso de “capitalismo de amigos” bajo la gestión de González Fraga durante el gobierno de Macri, lo que ha dado origen a un voluminoso expediente judicial.


Nadie entiende cómo puede quebrar una empresa que resultó la cuarta mayor exportadora del país en 2018/2019, años durante los cuales liquidó 8,4 millones de toneladas de granos y en 2019 su cerealera exportó 2,6 millones de toneladas de granos, 5,9 millones de toneladas de subproductos y 1,4 millones de toneladas de aceites. Ocupó el cuarto lugar en el ranking general y primera en subproductos y aceites. Su facturación anual orilla los U$S 4.000 millones. El holding posee "Renova, la fábrica de aceite más moderna y eficiente del mundo, el frigorífico Friar, Algodón Avellaneda, Arsa, que maneja los yogures y postres que le compró a Sancor, además de la oleagionosa San Lorenzo. Es dueña del Puerto Público de Rosario (…) bodegas (…) Y hasta tiene Renopack, una planta de envases para los aceites que elaboran desde Molinos (…) a Marolio", y la diversificación llegó a la industria del cine, con una productora que realizó la película “El padre Jorge” (Clarín, 11/2). Contabiliza además sociedades en Paraguay, Brasil y España.


Pero Vicentin está asociada a otros grupos, en particular la Suiza Glencore con la que comparte la propiedad de Renova, que posee plantas de biodiesel y glicerina en San Lorenzo y molienda de soja en Timbúes. Renova es propiedad de Vicentin Family Groupe, una sociedad separada de Vicentin S.A.I.C. que acaba de ser intervenida por el gobierno de Fernández. Glencore ya es dueña del 66% de Renova y quería el otro tercio hasta que se declaró la pandemia y cambiaron las cosas. Por un lado EE.UU. cerró definitivamente la importación de biodiesel con aranceles proteccionistas estrafalarios y por otro lado cambió el mercado mundial. Todo indica que la intervención no abarca al conjunto del grupo y sus propiedades.


Por otro lado, ha sido anunciada por Fernández, Kulfas y Sagasti (la senadora kirchnerista a la que se atribuye el proyecto de rescate) la formación de un Fondo Fiduciario que gerenciará el departamento Agro de YPF. El Presidente se esmeró en aclarar que YPF tiene amplia experiencia en la operación de una sociedad “mixta”, es decir, que opera y cotiza en la bolsa de Nueva York y por lo tanto sujeta a sus normas y controles.


Lo explicitado y esbozado, que tendremos que examinar a fondo cuando lleguen los proyectos de ley, está inscripto según se ha informado en un plan de “incentivos” a la producción y exportación de alimentos. Otra definición destinada al “mercado” y a ubicar la maniobra como un verdadero rescate, cuyo final puede ser una reprivatización o una indemnización en el marco de asumir el pasivo descomunal de deuda con los bancos que serían los acreedores de unos U$S 1.000 millones y el resto con sociedad comerciales y productores privados.


Mucho menos explícito fue el gobierno respecto a la situación de los trabajadores. Los obreros aceiteros están trabajando de forma desigual según las plantas, en algunos casos con guardias mínimas, con una producción en algunas plantas reducida al 30/40% y el 3 de junio pasado recibieron según se informaron en el Ministerio de Trabajo una oferta de rebaja del 30%. La cuestión de la continuidad incondicional de los puestos de trabajo, el respeto al convenio y el pago integral de salarios y de la paritaria firmada por Aceiteros aparece en el centro de la escena para impulsar asambleas de inmediato.


Las medidas anunciadas por el gobierno no aseguran ni la continuidad incondicional, ni las garantías a los trabajadores, ni el cobro de las deudas a las fortunas de todo el grupo. El plan anunciado puede terminar en un jugoso negocio como el que hizo Repsol (indemnizada por U$S 5.000 millones que se estiraron hasta casi el doble después de vaciar las reservas petroleras y dejar un pasivo indeterminado), pagando a los vaciadores. Por otro lado, sometiendo a una superexplotación de los trabajadores para pagar las deudas a los bancos y proveedores.


Lo anunciado está en las antípodas de una nacionalización al servicio del país y de los trabajadores, tal vez la prueba más expresiva sea que las acciones de YPF han subido un 14% en estas horas. El Partido Obrero ha planteado desde el primer momento, en diciembre, la expropiación sin indemnización de todo el grupo y de las fortunas personales de las familias Padoán-Nardelli, sus dueños. Las cuentas deben ser abiertas al control de los trabajadores, y la producción a pleno y bajo convenio colectivo solo puede hacerse bajo gestión de los propios trabajadores de la empresa estatizada. Las asambleas obreras tienen que tomar en sus manos el destino de su fuente de trabajo en toda su perspectiva.



 

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08/06/2020

Miércoles 10 de junio jornada nacional de lucha de los trabajadores de salud

Delegaciones de trabajadores de salud de CABA y Provincia van al obelisco 12hs.

El miércoles 10 de junio se convocó a una jornada nacional de lucha por los reclamos de los trabajadores de salud en todo el país. Entre los convocantes esta la Cicop, seccionales opositoras a la conducción de AMM (Hospital Sardá y Gutiérrez), la Apss y otras asociaciones de profesionales de la CABA; como también la asamblea de residentes y Concurrentes CABA y la CPR (residentes de la provincia de Buenos Aires). A su vez se replicarán acciones en diferentes provincias organizados por sindicatos de salud provinciales como la UTS de Córdoba.


Los principales reclamos que los trabajadores de salud llevaremos a la jornada son el faltante de EPP en los efectores de salud, el reclamo contra la precarización laboral generalizada que existe, el aumento salarial y el pago efectivo del bono que a dos meses de su anuncio todavía no se efectivizó ni una cuota. La convocatoria también señala la necesidad de avanzar en un impuesto a las grandes fortunas en este contexto de la pandemia que agrava la situación económica general y con el objetivo de que esta crisis no la paguen los trabajadores.


A su vez la asamblea de residentes y concurrentes CABA presentará un relevamiento sobre las condiciones laborales y los déficits a los que el gobierno los expone. Esto es parte de un plan de lucha más general que vienen desarrollando desde principio de año.


Esta jornada es un punto de continuidad luego de semanas de lucha de diferentes sectores de salud en todo el país que van desde actividades en la puerta de los efectores hasta caravanas de autos en diferentes provincias y localidades. Es un canal de lucha ante el rol desorganizador que juega la burocracia sindical por su asociación a las patronales. Por ejemplo en la CABA la dirección del sindicato médico (AMM) no ha organizado en ningún hospital un reclamo por todos los puntos antes mencionados y al mismo tiempo le han dado la espalda a los reclamos de la asamblea de residentes y concurrentes de CABA. Lo mismo vale para la lista 10, que hasta el momento no se le conoce ninguna acción de lucha concreta.



Llevemos el reclamo del pase a la carrera profesional


Otro sector que va a estar presente son los enfermeros y enfermeras de la CABA con el reclamo histórico del pase a la carrera profesional de salud (ley 6.035). Sus condiciones laborales se ven agravadas por la pandemia. En este contexto el legislador del FIT-PO, Gabriel Solano, ha hecho una convocatoria a los legisladores para redactar un proyecto en común para reconocer a enfermería. Se ha conformado un comité de lucha de enfermeras que van a reunirse con los bloques de la legislatura que dicen que apoyan su pase para presionar y poder avanzar con la propuesta. Ante la ausencia de los sindicatos que los agrupan, desde la Naranja de Enfermería vamos a participar de esta jornada y llevar todos los reclamos.



Actividad


La convocatoria es entre las 10 y 11 h en la puerta de cada efector para manifestarse con carteles, aplausazo y ruidazos y a las 12 h concentrar en el Obelisco donde delegaciones de los sindicatos y asociaciones convocantes darán una conferencia de prensa. A su vez está planteada una radio abierta en la Sardá convocada por la seccional de AMM y el Frente de Recuperación Gremial.



 

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08/06/2020

Mar del plata: la situación sanitaria y el Covid-19 en la “fase 4″

La ciudad de Mar del Plata ha ingresado esta semana en lo que se denomina la cuarta fase de cuarentena, con una flexibilidad de la circulación social más a fondo: comercios abiertos, horarios para salir a comprar y hasta para esparcimiento. Aunque la situación entre los trabajadores de la salud es al menos preocupante.


En Mar del Plata, si bien se informó por los medios locales que un buen número de trabajadores de la salud dieron positivo a los hisopados, no existen cifras oficiales de lxs infectados de coronavirus. Cabe mencionar el caso de la periodista Gabriela Azcoita, conductora del canal Telefé de la ciudad, que se mantuvo en absoluto secreto. El 7 de junio se comunicó el hisopado positivo de una residente de Clínica Medica del Higa de nuestra ciudad. Según lo informado por el Sisa (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), son 40 personas afectadas por Covid-19 en Mar del Plata. De esa cifra, más de la tercera parte correspondería a trabajadores de la Salud. Una vez más son los trabajadores que están en la primera línea los principales afectados.


En nuestra ciudad el panorama es agravado por el llamativo número de falsos positivos, que posteriormente dieron negativos y la gravísima denuncia del colegio y el centro de bioquímicos que advertían que las personas que llegaban a Mar del Plata eran trasladadas desde los retenes hasta un reconocido laboratorio de la ciudad a realizarse un hisopado que debían abonar en forma particular, para determinar si presentaban coronavirus, sin haber ninguna normativa establecida.


Esto pone en evidencia que la precarización laboral, los bajos sueldos, el no contar con los suficientes ni adecuados elementos de protección sanitaria y el que no se respeten las licencias indispensables se convierten en los motivos por los cuales lxs trabajadorxs de salud representan la mayoría de los contagios. El tan mencionado bono de refuerzo no llegó nunca, lo que sí aumentaron son las guardias extras, con tiempos sin límites, el porcentaje de trabajadores de salud infectados y la clara desprotección del estado.


Los trabajadores de la salud en pie de lucha


El sábado 30 de mayo se llevó a cabo una jornada histórica de protesta nacional de médicxs autoconvocadxs como continuidad de la masiva caravana realizada en Córdoba el día jueves 28 de mayo. Esta última se realizó en las vísperas de un nuevo aniversario del “Cordobazo”, reclamando mejoras en las condiciones laborales y salariales y repudiando la perversa y descabellada imputación de dos médicos por el contagio de coronavirus.


Bajo las siguientes consignas: basta de precarización laboral del equipo de salud, EEP para todo el equipo de Salud y no a la criminalización del acto médico, la protesta nacional del 30 tuvo una gran convocatoria en todo el país, siendo notable en Mendoza, Catamarca, Jujuy, Tucumán y en Mar del Plata. Las casi 10 cuadras de autos y bocinazos hicieron sentir los reclamos en “La Feliz”, donde se sumaron las consignas “Eliminación de los negociados a costa de la privatización de la salud” y “Centralización de la Salud”.


En este contexto, donde se comercializa con la salud, más que nunca la protesta de los médicxs autonconvocadxs cobra fuerza, a pesar de que medios oficialistas intentaron desvalorizar la movilización confundiéndola con la llamada “anticuarentena” y que en algunas provincias como en Santiago del Estero las fuerzas represivas impidieron la caravana, al no dejar circular a quienes se congregaron para manifestarse, accionar repudiado por lxs trabajadores de la salud. El estado policial en Santiago del Estero incluso se atrevió a más, en una clara muestra de “ciberpatrullaje”: intimaron a médicos con notificaciones por instigar vía redes sociales a una protesta que rompería la cuarentena, amedrentándolos con imputaciones penales.


La salud pública viene de décadas de vaciamiento. Este abandono empezó en la dictadura y ningún gobierno democrático lo subsanó, con Ministerio o sin Ministerio de Salud. La pandemia solo pone en evidencia una realidad cruda y triste, que recae sobre los trabajadores de la Salud, poniendo en juego sus vidas.



 




 

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08/06/2020

Observatorio de los trabajadores – Informe del sector gráfico bajo la pandemia

Ofensiva de las patronales gráficas en medio de la pandemia con la abierta complicidad del sindicato. Se necesita una nueva dirección.

Redactado con el aporte de compañeros gráficos

La impresión gráfica es una actividad en retroceso, golpeada por la crisis capitalista y condicionada por el avance tecnológico y la digitalización de una parte importante de su producción. Las patronales se imponen sobre el activismo y los trabajadores (salvo en lugares puntuales) apoyados en la ilimitada colaboración de la dirección sindical. La pandemia vino a profundizar este escenario.


La contracara se da donde tiene peso el clasismo. El contundente paro de los trabajadores de Morvillo en defensa del salario expresa una tendencia a la lucha que recorre distintos sectores del movimiento obrero, marca un camino a seguir y la necesidad de una nueva dirección clasista y de lucha en el gremio gráfico.


No hay un dato oficial ni público sobre la cantidad de puestos de trabajo perdidos en los últimos años. Según la directiva sindical, durante los cuatro años del gobierno macrista se perdieron más de 3.500 entre despidos y cierres. Se estima que más de 350 talleres bajaron sus persianas, con un promedio de 11 por mes durante el 2019.


En los últimos años cerraron talleres históricos y grandes plantas impresoras. La cámara empresaria reconoce más de 6.000 despidos. En ambas variantes, la cifra es alarmante. La ofensiva patronal golpeó en todas las ramas del gremio y no discriminó entre empresas grandes, medianas o chicas.


La pasividad de la dirección sindical allanó el camino al ajuste. Su orientación fue mantener aisladas las luchas o apagar -vía senderos administrativos- los conatos de rebelión en la base en los talleres.


No hubo plenario de delegados ni asamblea de gremio para discutir y resolver acciones en defensa de los puestos de trabajo. En cambio, la directiva del sindicato sí convocó a asambleas generales para imponer aportes compulsivos al conjunto de los trabajadores y para modificar el Estatuto en función de disolver organismos e instancias de intervención de la base.


Entre las modificaciones hay una que pinta de cuerpo entero a la dirección sindical: la asamblea general como instancia resolutiva en caso de conflicto fue reemplazada por una “consulta al cuerpo de delegados”.


La contracara de esta política fueron las ocupaciones de AGR-Clarín e Interpack, orientadas por el clasismo, contra el cierre de ambas plantas. Aisladas por la dirección sindical dieron una enorme batalla en base a las decisiones y resoluciones de la asamblea general. Movilizaron al activismo más consciente y combativo del gremio, recogieron la solidaridad amplios sectores del movimiento obrero y los trabajadores, protagonizaron jornadas de lucha con movilizaciones, actos, radio abiertas, festivales. Denunciaron la complicidad del estado. Una escuela de lucha, a pesar de la derrota, que deja invalorables lecciones a los gráficos y al movimiento obrero en general.


Con la cuestión salarial la orientación fue la misma. Se aceptaron, paritaria tras paritaria, los términos impuestos por las cámaras patronales: vigencia, topes, cuotas, sumas fijas, cláusula de absorción. El resultado es una escala salarial que está muy lejos del valor de la canasta familiar y que deja al 90% del gremio con ingresos por debajo de la línea de pobreza.


El mapa se ve mejor con el celular horizontal



Los plenarios de delegados sin mandato pretenden simular una democracia sindical que no existe para tomar las decisiones del sindicato ni en los lugares de trabajo. La ausencia de consulta y deliberación previa en la base de gremio fue el mecanismo utilizado para imponer paritarios sin mandato que nunca fueron electos por los trabajadores y que virtualmente se limitaron a escuchar y aceptar todas las propuestas del tándem cámara empresaria-gobierno. Verdaderas paritarias “a la carta” de las patronales.


Por otro lado, frente a una menor recaudación -y pese al aporte compulsivo-, un gran perjuicio recayó sobre la obra social. Se apeló –aunque de ninguna manera alcanzó- a la oferta de servicios a otras obras sociales para recaudar parte de lo perdido con los salarios devaluados, los cierres y despidos. La consecuencia fue que se restringió el acceso y se deterioraron las condiciones de atención a los afiliados gráficos, y se agravaron las condiciones de trabajo de sus empleados que ya eran de tipo carcelarias.


La directiva sindical integra la Corriente Federal, está alineada incondicionalmente con el kirchnerismo y hoy es militante del ajuste fondomonetarista que lleva adelante Alberto Fernández. Su política de subordinación a los gobiernos incluye al alfonsinismo (la Federación Gráfica Bonaerense -FGB- puso un ministro de Trabajo), menemismo (Ongaro apoyó la marcha del sí a los indultos), la Alianza (es recordado el abrazo fraternal entre Ongaro y Bullrich retratado en los medios nacionales).


En estas condiciones los gráficos entramos a la pandemia.


Las patronales y el sindicato desconocen la cuarentena


Desde un primer momento de la cuarentena parte de la actividad gráfica quedó exceptuada del aislamiento: “los sectores proveedores y miembros de la cadena de valor de las industrias productoras de bienes esenciales”, según publicó la cámara empresaria haciendo referencia a la industria de alimentos, medicamentos, artículos de higiene y servicio postales.


Pronto se reveló el plan de las patronales, en línea con toda la burguesía industrial, y comenzaron los aprietes en todos los lugares de trabajo para retomar la producción a como dé lugar aunque, en muchos casos, la actividad no entraba dentro de los rubros “esenciales”.


Muchas empresas se ampararon (y lo siguen haciendo) en las imprecisiones del DNU presidencial. El artículo 6, inciso 9 señala que quedan exceptuados del aislamiento el “personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos”. La referencia es clara para los medios periodísticos. Sin embargo, la rama editorial hizo extensivo el concepto a todo tipo de revista y folletería.


En cuanto al sector ligado al packaging tuvo una línea de continuidad con la industria alimentaria: empresas que imprimen envases o estuches de golosinas argumentaron ser parte de la cadena de valor de bienes esenciales. En el medio se imprimieron también paquetes de cigarrillos. Actividades nada esenciales en el marco de una pandemia que lleva más de 360 mil muertos en el mundo, en su inmensa mayoría pertenecientes a la clase trabajadora.


Un caso particular es el de la empresa Ipesa que anunció el cierre de su planta impresora y que, no obstante, sigue siendo beneficiada en las licitaciones del gobierno para imprimir los cuadernillos escolares, que ella terceriza.


Otra situación para destacar es el estado de las cooperativas. Abandonadas totalmente a su suerte y sin ingresos están en una situación muy precaria. No hay un planteo de la Federación Gráfica para que el estado les garantice un ingreso al menos durante la crisis sanitaria.


Una vez más queda expuesto que la idea de una gestión obrera compitiendo de igual a igual con empresas privadas en el marco del régimen capitalista encuentra rápido limitaciones y las lleva a una creciente autoexplotación. Aprovechando las dificultades que enfrentran las cooperativas, muchas veces las patronales las aprovechan para tercerizar su producción y abaratar costos o incluso, en ocasión de conflicto, buscan desviar allí sus trabajos.


Sin un planteo integral al Estado que incorpore la garantía de los salarios de convenio, que las cooperativas sean proveedoras privilegiadas del Estado con cobertura de ART y obra social, exenciones impositivas, precio preferencial de los servicios, las perspectivas de las gestiones obreras son mas estrechas aún.


Para agravar el cuadro, el gobierno no las incluyó en el programa ATP, del que si fueron beneficiarios desde Techint, al grupo Clarín y la Sociedad Rural: los recursos nacionales son utilizados para subsidiar al capital (sumamos acá al “barril criollo” de las petroleras) y al pago de la fraudulenta deuda. Prioridades que establece el gobierno.


La dirección del sindicato, por su parte, se mantiene en cuarentena desde el día uno. Solo emitió comunicados en línea con la cámara empresaria señalando las actividades exceptuadas del aislamiento. Cada taller quedó librado a su fuerza para enfrentar la ofensiva patronal.


En la etapa previa la directiva tampoco impulsó ninguna iniciativa para garantizar las licencias establecidas en el DNU para los sectores de riesgo o afectados al cuidado de menores ni para garantizar los elementos de protección de bioseguridad.


En plena cuarentena se aventuró un paso más: en un comunicado conjunto con la cámara empresaria ratifica “la responsabilidad social compartida por ambas instituciones en defensa de la salud y la vida de todas y todos”. Ambas organizaciones presentaron un protocolo en común que ninguna patronal respeta.


En lugar de denunciar a las empresas que violan la cuarentena, aprietan a los trabajadores, despiden, cierran y desconocen las condiciones de seguridad e higiene mínimas, la Verde emite un comunicado con las patronales destacando su responsabilidad social. Un encubrimiento que clarifica los intereses que defiende la directiva.


¿Quién paga la crisis?


La burguesía pretende aprovechar la profundización de la crisis que provoca la pandemia y las dificultades organizativas para imponer un nuevo piso de explotación de la clase obrera.


La patronal gráfica no es la excepción. En un audio de una videoconferencia de la cámara empresaria difundido por internet, las patronales discuten como utilizar todos los recursos posibles frente a la cuarentena.


Los debates abordan temas como la imposición de vacaciones adelantadas, reducción de jornada laboral “solicitada” por el personal (suspensiones), recomendaciones de como apretar a los trabajadores de sectores de riesgo y licenciados por cuidado de menores, la ventaja para despedir a los trabajadores en período de prueba.


Es imperdible la explicación detallada de las ventajas del programa ATP, con la insistencia de incorporar a todo el personal de planta (referencia para los fuera de convenio y directores) para recibir el beneficio. El exponente explica que la aplicación del artículo 223 bis en la industria sumado a la ATP redunda en una reducción del 85/90% del costo total de la masa salarial.


El presidente de la Cámara explica que tiene “fluidos y amplios contactos con el sindicato gráfico y otros” y que la FGB estaría dispuesta a aceptar suspensiones al 70%. Pero que la resolución de la cámara empresaria es ir a acuerdos por empresas por la disparidad del nivel productivo: fábricas al 10% de su capacidad productiva, otras al 50% y otras al 100%.


La realidad del gremio muestra que se cumple la voluntad de las patronales de ir a acuerdos por empresas, que la dirección sindical no cuestiona.


El paro de 26 horas de los trabajadores de Morvillo contra el anuncio de un recorte del 30% del salario y ante la falta de fecha de cobro se inscribe en una tendencia que aparece en distintos sectores del movimiento obrero que están enfrentando este ataque patronal y marca un camino.


Para que la crisis no la paguen los trabajadores se impone la lucha por nuevas direcciones sindicales antiburocráticas, clasistas y combativas. Impulsemos el debate en las fábricas sobre la salida a la crisis.


Desde la Lista Naranja Gráfica en la Coordinadora Sindical Clasista planteamos:


· Por un subsidio al parado, que incluya a las gestiones obreras, mientras dure la cuarentena de $30.000. Por un impuesto a las grandes fortunas, la renta, las grandes extensiones de tierra, la vivienda ociosa y la banca.


· En defensa de las paritarias: asambleas de fábrica y plenario de delegados con mandato para discutir nuestros salarios y resolver acciones de conjunto de todos los gráficos.


· No a los despidos, suspensiones y recortes salariales.


· No pago de la deuda, la nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos naturales para centralizar los recursos económicos nacionales y dirigirlos a satisfacer las demandas del pueblo trabajador.


A continuación presentamos un resumido repaso de algunos talleres que sintetizan el estado de situación del gremio.


Morvillo



La patronal anunció, antes de la cuarentena, el cierre del turno noche “o 62 despidos”. Una lucha firme logró mantener, aunque reducido, el tercer turno.


Cuando se decretó el aislamiento, la empresa lanzó una fuerte ofensiva para golpear a la organización gremial a través de comunicados a los whatsapp personales de los trabajadores. Las provocaciones, basadas en mentiras y deformaciones de las posiciones de la Comisión Interna, se impulsaron aprovechando las dificultades organizativas de los primeros días de la cuarentena, con todos los compañeros en sus casas. La base del ataque fue la amenaza de cierre si no se retomaba inmediatamente la producción.


Estas dificultades organizativas se revirtieron paulatinamente a medida que se fue retomando la actividad y se fue regularizando la actividad sindical en la planta. Se discutieron dotaciones mínimas y día tras día se sigue batallando rigurosamente por las condiciones de seguridad e higiene.


Los primeros días de mayo un proceso de asambleas por sectores realizadas por deudas salariales derivó en una asamblea de todo el turno mañana que tuvo una continuidad en el turno siguiente: en los hechos se convirtió en un paro de 5 horas a partir del cual se reclamó y obtuvo un cronograma de pago.


A la semana siguiente, la patronal anunció su intención de recortar un 30% los salarios. A su vez, volvía a negarse a informar nueva fecha de cobro. Una masiva y combativa asamblea votó un paro, luego de 26 horas, en rechazo del recorte salarial. Como resultado se obtuvo un acta donde se establecía un cronograma de pago, que incluso al momento de escribir este texto, la patronal mejoraba en sus términos.


El triunfo más importante es el refuerzo de los métodos clasistas de lucha: la comprensión de que los métodos asamblearios y la unidad de acción son las mejores herramientas de organización y lucha frente a la ofensiva de la burguesía. Este triunfo refuerza al colectivo obrero para las próximas batallas.



 


Ramón Chozas



El taller Gráfico Ramón Chozas, ubicado en Barracas, forma parte de la larga lista de empresas gráficas que quiebran la cuarentena y atentan contra la salud y el salario de sus trabajadores.


La patronal extendió a sus empleados un permiso para circular totalmente “trucho", ya que el mismo dice que se dedican a la impresión de etiquetas de alcohol, alcohol en gel y alimentos, cuando en realidad se dedican principalmente a la impresión de papelería escolar y comercial.


A la violación del decreto también hay que sumarle la del protocolo de Seguridad e Higiene (que la cámara empresaria firmó junto a la Federación Gráfica Bonaerense). En este punto la empresa incumple con las licencias de los compañeros que pertenecen a los grupos de riesgo, como tampoco garantiza los elementos de seguridad e higiene.


En una muestra de desprecio total hacia los trabajadores, el departamento de Recursos Humanos les “sugiere” a cada uno que lleve su propio barbijo.


No se respeta el distanciamiento entre compañeros en los puestos de trabajo ni en los vestuarios que se encuentran superpoblados debido a no que no convocan sólo a dotaciones mínimas como marca el protocolo.


La directiva del sindicato se limitó a una inspección que, no obstante las violaciones flagrantes, aprobó los métodos de trabajo y condiciones de seguridad e higiene.


Al momento de la redacción de este texto nos enteramos de una caso confirmado de coronavirus en el taller. La patronal aisló a un grupo extremadamente reducido de trabajadores (tres) por 14 días, y otro grupo por 72 horas. En un comunicado adjudica a los trabajadores la responsabilidad de los posibles contagios “por haber tenido contacto estrecho sin protección correspondiente” o porque “no mantuvo la distancia social”. La misma patronal que obligaba a los trabajadores a que se consiguieran sus propios elementos de protección. Ahora reduce al mínimo los costos -con aislamientos mínimos- frente a casos positivos. Una misma línea: priorizar la rentabilidad empresaria.



 


Ipesa



La patronal de Ipesa despidió a la mitad del personal en 2019 y ahora, en plena cuarentena, anunció el cierre de la planta impresora. Sin embargo, sigue licitando para el gobierno nacional. No solo eso, recientemente fue adjudicataria de una tanda de cuadernillos escolares del Ministerio de Educación. Al tener la planta cerrada terceriza el trabajo. Todo esto sucede frente a los ojos del gobierno y la complicidad de una dirección sindical que no mueve un dedo en defensa de los puestos de trabajo. La denuncia en el Ministerio de Trabajo y la conciliación obligatoria no tienen mucho valor si no son acompañadas por acciones que refuercen el reclamo de reapertura y el respeto a la conciliación que la patronal desconoce.


New Press



La empresa New Press, que nunca dejó de imprimir y es beneficiaria del régimen de subsidios de la ATP aplicó suspensiones masivas alegando “razones de fuerza mayor” citando el artículo 221 de la LCT en clara violación al DNU presidencial que prohíbe despidos y suspensiones. Entre los suspendidos se encuentran trabajadores con cobertura gremial, exdelegados y candidatos en las elecciones de gremio postergadas por la pandemia.


Diario Popular



La patronal de Diario Popular arrastra una deuda salarial desde el 2018. Los trabajadores vienen cobrando en cuotas y no les hacen los aportes desde septiembre del año pasado. Les deben el 50% del salario del mes de mayo (solo cobraron la ATP). En algunos casos la deuda es mayor porque un sector cobró solo el 25% del salario.


Se vienen realizando asambleas en donde la indignación toma cada vez mas fuerza. La última asamblea resolvió mantenerse en sesión hasta el cobro de la deuda del mes. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y los trabajadores retomaron tareas. La patronal no desembolsó ni un centavo. Solo puso fecha de cobro probable para la siguiente semana.


Los trabajadores realizaron una denuncia pública por las redes. Allí se implica a la patronal pero también al Ministerio de Trabajo que no ofrece ninguna respuesta ni abre un canal de negociación. En la denuncia interpelan al poder político, tanto a Kicillof como a Fernández, que permiten que todo esto suceda delante de sus narices y utilizando fondos del Estado. Hay que destacar que, además de contar con la pauta publicitaria, la empresa fue beneficiada por el programa de subsidios ATP y la postergación del pago o reducción de las cargas sociales.


La actividad de los diarios fue exceptuada, desde un primer momento, del aislamiento preventivo y obligatorio. La patronal nunca garantizó los elementos de seguridad e higiene necesarios. Además, implementó un mecanismo de suspensiones. El diario es se ubica tercero entre los mas vendidos y es parte de un holding más amplio vinculado a la actividad periodística/comunicacional.


Al momento de redactar este informe y frente a la posibilidad de que la asamblea programada al finalizar la conciliación resolviera acciones de lucha, la patronal ofreció un cronograma de pago.


Aluex



Luego de un conflicto relacionado con la seguridad por el fallecimiento del supervisor del sector eléctrico, producto de una descarga proveniente del tablero principal, que derivó en un paro de una semana, en el taller Aluex se retomaron las tareas en medio de la pandemia por el Covid-19.


Se realizaron permanentes reclamos acerca de la seguridad e higiene. La patronal no garantizaba los elementos básicos (barbijo. alcohol en gel) ni el distanciamiento social.


Se modificaron los horarios de rotación y se comenzó a trabajar 12 horas rotativas en los turnos mañana y noche, dejando al eventual turno tarde licenciado.


Las primeras quincenas no se presentaron inconvenientes en relación a las liquidaciones, pero en las últimas la empresa pretendió modificar la modalidad de pago de horas extras de los días sábados.


No se respetan todas las licencias y además se intenta flexibilizar para cubrir los puestos de trabajo vacantes debido a las licencias otorgadas.


Recientemente, frente a malas liquidaciones e irregularidades en las rotaciones, los trabajadores realizaron asambleas. La patronal anunció que retomaría el funcionamiento de tres turnos de 8 horas continuos con todo el personal y largó una campaña difamatoria contra el sector de la Interna que defiende el mandato de asamblea (reclamo de liquidación y esquema de rotación). La intención es claramente meter una cuña divisionista en el taller para romper la unidad.


La empresa nunca dejó de funcionar por estar relacionada a la producción de medicamentos. Sin embargo fue incorporando la producción de productos de belleza, como las tinturas. Pese a no parar en ningún momento y mantener el nivel de producción en elevados niveles, fue beneficiada con el programa ATP.


La Lista Naranja denuncia la maniobra divisionista patronal y reclama que se implementen la metodología de dotaciones mínimas para realizar las actividades esenciales. Para el resto de los trabajos es imprescindible que la empresa demuestre fehacientemente que está exceptuada del aislamiento establecido en el DNU. Reclamamos, además, que normalice las malas liquidaciones.


Triñanes



Los compañeros de Triñanes trabajan de manera intercalada semanalmente. La empresa produce todos los días. Hubo un caso positivo de Covid, se presentó el Anmat (un organismo del Ministerio de Salud) e informó de una supuesta desinfección. Ofrecieron algunas charlas. El aislamiento del personal fue reducido. Entre otras arbitrariedades de criterio no se tomó en cuenta el período de incubación del virus (7 días previos a los síntomas) para definir quienes fueron los “contactos estrechos”. Sin embargo no hubo testeos al personal.


Bolsapel



Los trabajadores de Bolsapel fueron convocados a trabajar el lunes siguiente al anuncio de la cuarentena. Realizaron asamblea y decidieron abandonar la planta porque no estaban dadas las condiciones mínimas de seguridad e higiene. No había barbijos, no había control de temperatura, tampoco desinfección. Una vez que la patronal comenzó a cumplir con los reclamos retomaron la actividad.


La empresa ofreció extender el pago de la suma fija pactada con la dirección sindical -en reemplazo de paritarias- hasta fines de año. Les anunció que no va a haber reapertura de paritarias.


Bolsapel produce envases desde los necesarios para productos esenciales (alimentos e higiene) hasta los de golosinas y cigarrillos. Con el argumento de su integración en la cadena de valor de la industria alimenticia nunca dejó de producir la totalidad de los trabajos. A contramano de las recomendaciones sanitarias que recomiendan disminuir la exposición al virus, proliferan las horas extras en la planta.


Al momento de escribir este artículo los trabajadores estaban deliberando ante un probable caso positivo de Covid-19 en la planta, que habría sido ocultado por la patronal.


Pesout



La patronal de Pesout acumula una deuda de aguinaldos y vacaciones de años. Los trabajadores vienen cobrando cuotas semanales a discreción de la patronal. A pesar de aumentar su producción e incumplir sistemáticamente el pago de salarios, aguinaldo, vacaciones y aumentos paritarios la empresa, recibió la ATP.


No garantizan los elementos y las condiciones de seguridad e higiene en cantidad ni calidad. A los trabajadores no se les toma la temperatura ni antes, ni durante ni después de la jornada laboral.


 

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08/06/2020

Córdoba: un mapa revelador de la crisis ambiental

Una importante iniciativa de la Multisectorial Ambiental de Córdoba se puso en marcha el 5 Junio, día mundial del ambiente. Este día se publicó un detallado mapeo de los conflictos y luchas ambientales de la provincia.


El informe se difunde al cumplirse un año del Cordobazo ambiental, que fue la primera acción de la multisectorial ambiental de Córdoba. Vale recordar que, el año pasado se realizaron acciones en las calles y presentación de pliego de reivindicaciones al Estado provincial, sin obtener respuestas. Lo que redobla la perspectiva de lucha y organización.


Después de un año, en el que la multisectorial estuvo en la primera línea de los reclamos ambientales en la provincia, haciendo de cada conflicto particular una causa de todas las asambleas y organizaciones que la integran, de esa síntesis surge el mapeo. La Multisectorial Ambiental Cordobesa (MAC) es un reagrupamiento de asambleas y organizaciones ambientales de la provincia que funciona como un frente único


La presentación del mapa está acompañada por un pliego donde se describe la situación de la provincia. El objetivo del mapeo podría resumirse en uno de sus párrafos que dice: “Este mapa, es una muestra del ecosistema de luchas y resistencias que abarcan el territorio provincial, pero que son parte de problemáticas y entramados globales. Por medio de diferentes capas y sus correspondientes puntos, hemos ido recopilando e identificando las problemáticas, conflictos, denuncias, luchas y resistencias en las que estamos inmersxs”.


Dicho pliego presenta blanco sobre negro la situación ambiental de la provincia y los reclamos de las organizaciones ambientales. Un aspecto novedoso es que el mapa es interactivo y está abierto para la actualización e incorporación de nuevos territorios donde se den ataques sobre los bienes comunes.


La militancia de Tribuna Ambiental, que somos parte de la MAC, reafirmamos que la defensa del ambiente requiere una lucha contra los gobiernos y el Estado que fomentan la depredación capitalista de los recursos naturales. En ese sentido, llamamos a todo el movimiento de defensa del ambiente a poner en pie un frente único de lucha, convocando un plenario nacional de organizaciones obreras, juveniles y ambientales para votar un plan de acción. La única salida para revertir la crisis climática es que la crisis la paguen los capitalistas.



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08/06/2020

Femicidio en Córdoba: detienen al primo hermano del vicegobernador

El poder y la doma rodean a la víctima.

La Fiscalía de Instrucción de Río Segundo ordenó la detención de Julio Saluzzo, imputado por el “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género” de su esposa, Verónica Tottis. La víctima fue hallada en el interior de una camioneta, calcinada, a unos metros de la banquina de la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 43, el pasado jueves 4.


Verónica componía una familia estrechamente vinculada con el poder de Córdoba. Por un lado, su marido es primo hermano de Manuel Calvo, el vicegobernador de la provincia. Saluzzo, el único señalado por el crimen, figura como contratista del Estado provincial y es un conocido apadrinador del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María (Dfjm). Del otro lado, el hermano de la víctima, Nicolás Tottis, quien fue hasta hace poco el presidente de la comisión organizadora del festival Dfjm. Y tuvo que pedir licencia en medio de una denuncia por abuso sexual a una promotora del cuestionado evento que año a año se desarrolla en la ciudad cabecera del Departamento Colón.


La fiscal a cargo de la investigación del crimen, Patricia Baulies, indicó que la violencia en la pareja venía desde hace años. “Prima facie podemos hablar que lo que ocurrió coincide con lo que sucede normalmente en estos casos: celos, persecución y también que la mujer deje de ser sumisa y comience a rebelarse” (La Voz del Interior, 8/6).



El maltrato y el machismo avalado por el gobierno


Por lo expuesto hasta acá, el escenario común de la familia estaba dado por la doma. Una actividad que recibe sumas millonarias del gobierno de Schiaretti, y se sustenta del maltrato animal, el machismo y la misoginia. Allí, las mujeres ocupan categóricamente un segundo plano, relegadas a premios inferiores y denigrantes, a cambio de mayores sacrificios.


Mientras la violencia sea patrocinada por el gobierno a la par que desfinancia los programas destinados a las necesidades de las mujeres, indudablemente las prácticas en el Anfiteatro José Hernández se verán reproducidas en la cotidianeidad de sus promotores y espectadores, sin que ningún miembro de la justicia saque la pata del terreno doméstico.


Exigimos el urgente esclarecimiento del crimen de Verónica Tottis sin ninguna indulgencia.



 




 

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08/06/2020

Fasta: una red oscurantista sostenida por el Estado

Agrupación 1969 Zona Norte

Estos últimos días salió a la luz una serie de testimonios que dan cuenta del accionar violento, oscurantista y discriminatorio de una red de instituciones educativas pertenecientes a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta). Exestudiantes de estos colegios relatan abusos sexuales por parte del personal, la promoción de un accionar discriminatorio, el contenido misógino y odiante hacia las diversidades sexuales y de género que se dicta en sus aulas. La historia de Fasta es una muestra más de los profundos lazos que han tendido con el Estado las Iglesias Católica y, sobre todo en el último tiempo, Evangelistas.


Fasta surge como una “milicia juvenil” en el año 1962, bajo la tutela del cura Aníbal Ernesto Fosbery, con la “misión” de evangelizar y predicar los valores católicos en la sociedad. Luego de fundar su primera institución en 1975 en la provincia de Tucumán, este grupo católico integrista (fundamentalista) ha crecido gracias a subsidios del Estado hasta llegar a tener 23 colegios, una universidad con dos sedes, una editorial de libros educativos y dos fundaciones en Rosario y Tucumán. Estas últimas funcionan como centros de asistencialismo, en base a la tercerización de la asistencia estatal. Es una demostración del profundo interés que tienen el propio Estado y los gobiernos en el sostenimiento ideológico del imaginario social sobre la estructura del núcleo familiar patriarcal capitalista.


El pasado 1° de junio el Inadi presentó una denuncia para “investigar” los maltratos denunciados en la red de colegios Fasta. A su vez la legisladora porteña del Frente de todos, Ofelia Fernández, presentó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad a “investigar en profundidad sobre los acontecimientos y prácticas denunciadas”. Pero en el campo oficial nadie dice una palabra sobre la necesidad de dejar de financiarla.


Mientras se subsidia a instituciones oscurantistas como Fasta, se desfinancia serialmente la Ley de Identidad de Género, la cual ni siquiera se aplica en las propias instituciones públicas. Como resultado, en estos ocho años desde su sanción la situación del colectivo travesti-trans y del conjunto de las diversidades de género ha empeorado, junto con el agravamiento de la crisis económica y de la pauperización de las condiciones de vida de la clase obrera. A pesar de toda la demagogia que se hace sobre el tema, han aumentado las tasas de crímenes de odio en el país -resultado final de una cadena de violencias que va desde la deserción escolar a la falta de empleo genuino y la expulsión del sistema de salud-, mientras que el faltante de hormonas lleva a la interrupción de decenas de tratamientos, lo que puede tener consecuencias mortales. Los gobernantes se vanaglorian de que Argentina es uno de los países más avanzados en materia legislativa en cuanto al colectivo LGTBI+, pero nuestra realidad material desmiente cualquier tipo de mejora real.


El sostenimiento de miles de fundaciones y ONGs oscurantistas, y sobre todo el financiamiento estatal de los colegios confesionales, evidencia que el Estado capitalista es un enemigo natural del movimiento de mujeres y las diversidades sexuales y de género porque actúa como sostén de estructura social de la familia como unidad de reproducción de relaciones de opresión.


Exigimos justicia por todes les niñes violentades y una investigación independiente de los abusos y torturas realizados en las instituciones de Fasta.


Este caso pone una vez más de manifiesto la necesidad de la organización independiente del Estado para luchar por la real implementación de educación sexual laica y científica, obligatoria en todas las instituciones educativas públicas y privadas y contemplativa de las diversidades sexuales y de género; por la aplicación inmediata de la Ley de Identidad de Género; por la separación de las Iglesias y el Estado.



 

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INFORME ESPECIAL: los comedores populares, la primera línea de lucha contra el hambre

Una radiografía de cómo funciona la red del Polo Obrero a pesar de la falta de asistencia oficial.

En estos últimos días el gobierno nacional informó que el coronavirus está expandiéndose en los barrios populares. En las villas de la Ciudad los casos positivos suman 4.886, representando más del 40% del total de los contagios a nivel local, siendo las más afectadas la villa 31 con 2.347 infectados, la villa 1-11-14 con 1.609 y en la villa 21-24 con 442 contagiados al 8 de junio según datos oficiales. En la provincia de Buenos Aires la cifra de contagios asciende a 8.700, aunque hay pocos datos sobre su distribución en barrios carenciados.


La crisis social se agrava día a día profundizando la precarización del trabajo, aumentando el trabajo a destajo, los despidos y suspensiones en un contexto donde las patronales buscan no perder ganancias y aprovechan crisis para pagar menos salarios. El Ingreso Familiar de Emergencia, por su parte, dejó a 4 millones y medio de trabajadores afuera y los que llegaron a cobrarlo tuvieron que dividir 10.000 pesos en más de 70 días que lleva la pandemia. En este contexto los comedores populares crecen día tras día y juegan un papel fundamental para dar acceso a la comida a quienes más lo necesitan.



En estas condiciones podemos decir que, si la primera línea de pelea contra el virus en materia sanitaria son las y los trabajadores de la salud, la primera línea contra el hambre la componen los miles de trabajadores/as y desocupados/as en las barriadas, frente a la completa inacción de los Estados nacional, provinciales y municipales. Se trata del sector más expuesto que afronta la crisis habitacional y pone en pie el funcionamiento de comedores, merenderos y ollas populares ante la necesidad alimentaria que se profundiza como consecuencia del avance de la pandemia. Los y las que se organizan en las barriadas afrontan la propia pandemia de la manera más brutal como lo demuestran las muertes de Ramona Medina, comunicadora de La Poderosa, Victor Giracoy, del comedor Estrella de Belén y de Agustín Navarro de Barrios de Pie. Son un lamentable botón de muestra de lo que estamos afrontando.


El Ministerio de Desarrollo Social lanzó el programa “El Barrio Cuida al Barrio”, que trata que los compañeros de las barriadas integren postas de salud sin el salario que corresponde, sin ninguna formación previa, sin los elementos de seguridad necesarios, sin las herramientas que se necesitan, como un simple tomador de fiebre u olfato. Esto fue rechazado en algunos barrios, como en Villa 20 en CABA, por la exposición que lleva a los vecinos de los barrios al virus y acompañado por el reclamo que eso debería de llevarlo adelante personal idóneo y no las organizaciones como pretende el Ministerio de Desarrollo Social.



A nivel nacional, el Polo Obrero tiene presencia en 18 provincias y cuenta con 488 bocas de comedores y merenderos en los cuales todo funciona a pulmón. El gobierno solo asiste a los comedores en materia de alimentos, pero no da nada para la manutención de locales, garrafas , y ni siquiera elementos de cocina. Todo esto funciona con colectas que hacen los propios compañeros de los barrios para poder llevar el plato de comida a la casa.


¿Qué pasa en los comedores y merenderos populares del Amba?


El Polo Obrero de La Matanza organiza 37 comedores populares donde diariamente llegan más de 11 mil personas a pedir alimentos. Según los compañeros/as, con lo que llega del Estado la capacidad asistencia solo llega a cubrir poco más de la mitad, teniendo que dividir raciones y acudir a donaciones que no son suficientes. Al día de hoy, casi 3.000 mil personas quedan sin poder alimentarse y los vecinos hacen colectas solidarias de las verdulerías para armar ollas populares.



En materia de salud, solo llegaron kits de limpieza con algunos elementos básicos a 25 de los 37 comedores, pero sin ningún barbijo, máscaras, ni alcohol en gel o común para poder prevenir los contagios. Liliana, compañera del Kilómetro 47, denuncia que a partir del medio día no llega el agua, imposibilitando algo tan elemental en medio de la pandemia como lavarse las manos. A su vez, denuncia que no hay testeos ni unidades de salud ni febriles en los barrios y agrega: “el hacinamiento en las barriadas de La Matanza es igual que en la villa 31, ya vimos qué pasó con el caso de Ramona Medina y acá puede ser mucho peor”. Ante la consulta por protocolos o elementos de higiene comenta: “los protocolos los armamos nosotros, el municipio no nos mandó nada”. Sofía Muñoz, vecina de Villa Unión, retrata cómo la falta de trabajo en la villa hace más necesaria la asistencia alimentaria.



En el caso de Merlo alrededor de 2.400 desocupados/as sostienen algunas ollas con donaciones y las duplicaron ante la falta de entrega de alimentos del gobierno nacional y la ausencia del municipio de Gustavo Menéndez (Frente de Todos) que no asiste en nada los comedores y merenderos. Lo mismo sucede en Moreno, donde distintas compañeras arman ollas populares itinerantes para poder llegar a más barrios. Lo cierto es que nunca alcanza, en un cuadro donde cada vez más vecinos se acercan con la necesidad debajo del brazo, y miles de trabajadores desocupados de esos barrios quedan desamparadas sin ningún tipo de ayuda.


Una situación similar se vive en la zona norte de la provincia, donde organizamos 28 puntos de entrega de alimentos y ollas populares para mil trabajadores/as, pero ante la falta de asistencia quedan sin cubrir otros mil.


La zona sur no dista de esta realidad. Allí el Polo Obrero organiza más de 40 puntos de distribución de comida y alimentos donde asisten a más de 5.000 personas. A su vez, según un relevamiento realizado por los propios compañeros/as desde que empezó la pandemia se registra una duplicación en la necesidad de asistencia. Esto se ve reflejado en el testimonio de Mirta Santillán, una abuela luchadora del municipio Presidente Perón (barrio Los Pinos), que relata que se sumaron 80 chicos al merendero que abren tres veces por semana. La situación se agudiza con el incremento de las familias en los comedores que llegan a un total de 130 personas: “todo corre por nuestra cuenta (…) tenemos una dolorosa angustia de decirle a muchísimas familias de que ya no queda más comida”.



Nuestra querida abuela pone plata de su jubilación y se suman las donaciones que hacen compañeros y vecinos para mantener ollas populares y el merendero. El municipio de Blanca Cantero (Frente de Todos) da la espalda a los vecinos: “ponemos un poco de plata de nuestro bolsillo para comprar el gas, somos dos jubilados que cobramos la mínima”. Tampoco asisten con alimentos y kits sanitarios, reflejando una desidia total del Estado: “para la limpieza y la higiene tenemos una amiga que nos dona los guantes y productos de limpieza, para el municipio no existimos”.


En la Ciudad de Buenos Aires más de 10 mil personas acuden a 24 puntos de distribución de alimentos, entre comedores y merenderos. La lista de espera con necesidad de asistencia, presentada al gobierno de Larreta, alcanza a 3.000 personas. Según compañeros/as y vecinos/as, aquí los kits sanitarios tampoco aparecen y los protocolos de actuación para el Covid-19 aparecieron 50 días después de la pandemia, cuando escalaban los casos confirmados. La falta de respuesta por parte del gobierno de la Ciudad frente a los problemas de hacinamiento, infraestructura y asistencia sanitaria se puso de relieve con el caso de Ramona Medina en la villa 31. Una realidad que se vive en todas las villas de la CABA. Por caso, las vecinas de la 1-11-14 denuncian la falta de agua en el barrio como un factor de expansión de la pandemia. El cuadro empeora teniendo en cuenta que el gobierno se niega a desinfectar los comedores populares donde llegan miles de personas y la asistencia alimentaria no da abasto.



Asimismo, el operativo Detectar planteado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene grandes falencias: se registran casos donde se trasladan a sospechosos de Covid-19 a la espera de resultados junto a los casos que ya dieron positivos, posibilitando mayores contagios. Asimismo, se pretenden aislamientos en casas en las que son impracticables por las condiciónes de hacinamiento. Por otro lado, no se asiste con alimentos y kits sanitarios a las familias con contagios o contactos estrechos.


Organicemos los reclamos por la comida y salud en los barrios populares


La situación social en las barriadas es devastadora. Mientras se profundiza la crisis económica y la recesión, el gobierno nacional pasó de hablar del impuesto a las grandes fortunas a meter mano a las cajas de la Anses para pagar deuda y subsidiar a empresas como Techint, del millonario Paolo Rocca.


Después de la crisis de los sobreprecios “de los fideos” denunciado por varias organizaciones y que terminó con la renuncia de 14 funcionarios de gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social dejó de entregar alimentos secos. En La Matanza entregó la mitad de lo que entregaba con normalidad y en el resto de los municipios de la provincia, así como en CABA la entrega es nula desde hace más de 40 días, lo que desató las movilizaciones del Polo Obrero junto al Frente de Lucha bajo la consigna “con hambre no hay cuarentena”. El aislamiento social y obligatorio no puede sostenerse sin alimentos, agua, elementos de seguridad e higiene elementales y un ingreso económico equiparado a la canasta básica.



La solución que encuentra Kicillof en la provincia de Buenos Aires, a la medida del ministro Berni, es el aislamiento de los barrios populares, como Villa Azul, a través de despliegues de las fuerzas de seguridad, mientras que los vecinos del barrio denuncian la falta de asistencia en materia alimentaria y sanitaria. Se trata de una medida de contención, además de represiva, que convierte a los barrios en guetos frente a la falta de una salida al problema concreto de miseria. Debemos sumarle a esto que el gobierno del exministro de Economía tiene congelada la cantidad de alimentos desde la era Vidal, desde hace 2 años. En CABA la situación sigue siendo desesperante producto de la falta de agua, las condiciones de hacinamiento y la falta de la asistencia alimentaria. En este contexto el clero pidió el desembarco del ejército en las villas mostrando la línea represiva que comparte con el Estado nacional.


Lo que atraviesa transversalmente al gobierno nacional, provincial y al de la Ciudad es la inacción y la aplicación de paliativos que están lejos de dar una solución integral a los barrios populares.


Desde el Polo Obrero y el Partido Obrero planteamos la necesidad de partidas presupuestarias especiales para los barrios populares. Reclamamos la duplicación de los alimentos para los comedores populares y su regularización, la entrega masiva de kits de higiene y sanitarios. Exigimos que el gobierno asigne a cada barrio unidades febriles y de testeos para los casos que presenten síntomas y contactos estrechos, el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia sin restricciones y su continuidad.


Planteamos un seguro al parado de 30.000 pesos que se actualice por inflación para poder dar una salida al hambre. Y en vísperas de un acuerdo del gobierno con los bonistas reclamamos el no pago de la deuda usuraria y que se utilicen esos recursos para resolver las grandes penurias que vive la clase obrera.





 

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08/06/2020

Enfermería: avanza la campaña para que la Legislatura apruebe el pase a la carrera profesional

Ya juntamos 6.000 firmas, logremos su tratamiento en la Legislatura

Por Erika Lub

En plena pandemia, Enfermería se encuentra en la primera línea de fuego contra el Covid-19.


Hoy contamos con muchísimos compañeros y compañeras infectados, aislados, y ya debemos lamentar el fallecimiento de colegas por la desidia del Estado. Esto se debe a la mala calidad y falta de elementos de protección personal, a lo que se suman las condiciones de trabajo precarias y los salarios bajos que nos obligan al pluriempleo.


La población nos demuestra todos los días su reconocimiento y su apoyo a la labor que desarrollamos y al grado de exposición que tenemos, pero el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue dándonos la espalda.


Distintos legisladores se pronunciaron a favor del pase a la carrera profesional, por lo menos de un sector del colectivo de Enfermería. El legislador Gabriel Solano, del PO-Frente de Izquierda, difundió una carta proponiendo, al conjunto de los bloques que se pronunciaron por nuestro reconocimiento, desarrollar un proyecto común. Si esto se diera, nos faltaría solo un voto en la Legislatura para que se apruebe.


En la última sesión de la comisión de salud, a partir de la intervención de Solano, se empezó a dar el debate y varios legisladores dijeron estar de acuerdo. Hasta la legisladora de la UCR que preside esa comisión dijo estar de acuerdo con nuestro reclamo. Desde el bloque del peronismo también habían presentado un proyecto.


Tenemos que ser los enfermeros, organizados, los que recorramos cada uno de los despachos de los legisladores y hagamos llegar nuestro reclamo y nuestra presión a cada recoveco de la Legislatura.


Formemos comisiones trabajo, sigamos juntando firmas en el change org, difundamos videos, coloquemos en todas las redes sociales nuestro reclamo.


Sumate a la campaña. Enfermería es profesional.



 

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08/06/2020

Neuquén: nuevo avance de la lucha de Clínica Cutral Co

Los y las trabajadoras se concentraron frente a la Municipalidad de Plaza Huincul.

En una nueva jornada de lucha, los y las trabajadoras de Clínica Cutral Co se concentraron en las puertas del municipio de Plaza Huincul para denunciar al vaciador Ricardo Corradi Diez, socio mayoritario de la clínica y Ministro de Ciudadanía en el gobierno provincial del MPN.


Producto de la movilización, y luego de dos horas de espera, dos delegadas de la Clínica fueron recibidas por el secretario de Gobierno del municipio, Guillermo Pérez, quien ratificó el pago de un aporte económico por tres meses de carácter renovable. También se comprometió a tratar en la próxima sesión del Concejo Deliberante un proyecto de comunicación en apoyo a la resolución 1058 de la Legislatura que insta al Ejecutivo provincial a garantizar los salarios y la continuidad laboral, presentada por la diputada del Frente de Izquierda, Patricia Jure, quien estuvo presente durante toda la jornada apoyando a las y los trabajadores.


El martes 16, una comitiva de compañeras de la Clínica Cutral Co viajará a Neuquén capital para movilizarse junto al Plenario del Sindicalismo Combativo en el marco de la jornada de lucha nacional. Allí, harán entrega de un pedido de audiencia al gobernador Omar Gutiérrez para que reglamente y ejecute la Resolución 1058. Sigue firme la lucha por el pago de salarios y aguinaldos adeudados y la defensa de los puestos de trabajo.



 

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08/06/2020

Brasil: manifestaciones antifascistas en Belo Horizonte

Este domingo 7 de junio, manifestantes tomaron las calles de Belo Horizonte para protestar contra el racismo, en defensa del SUS [Sistema Unico de Salud] y por la democracia. Los actos antifascistas contra el racismo se encontraron en la Plaza 7, en el centro de Belo Horizonte, y siguieron hasta la Plaza de la Libertad, donde se cerraron. La manifestación reunió activistas, representantes de grupos, partidos y movimientos sociales, agrupaciones antifascistas y militantes del Movimiento Negro de Belo Horizonte.







Fotos: Luiz Rocha – LPS/Mídia Ninja


Versión en portugués y galería de fotos

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08/06/2020

Proyecto Multipropósito Nahueve: la mano invisible del “valijero” y De Vido

Como en un “deja vú”, la provincia de Neuquén vuelve a firmar un contrato con la empresa Rovella-Carranza, una de las preferidas del “valijero” López y de De Vido, procesados por corrupción en la obra pública. Durante la década kirchnerista, la empresa se asoció en Neuquén con Gas y Petróleo de Neuquén, con YPF, y con la empresa vial de la familia Sapag.


En esta oportunidad será la encargada de construir una pequeña represa y central hidroeléctrica sobre el río Nahueve, en el norte de la provincia, con un presupuesto de 18 millones de dólares. Unos 15 millones financiados por un fondo de Abu Dhabi, y el resto lo pone el Tesoro Provincial. Mientras se pagan salarios sin actualizar y le deben $ 2.800 millones de pesos a la Obra Social y Caja Jubilatoria, el compromiso de poner los tres millones de dólares hasta completar el presupuesto de la obra es una bofetada a los empleados estatales de Neuquén. Pero es parte del retorno de las ayudas del gobierno nacional a la provincia (acaba de adelantarle $ 5.000 millones), que se devuelven en sobreprecios en obras a empresas amigas del poder central. La mano y el método de De Vido y López siguen intactos.


La obra Nahueve es cuestionada por campesinos y pequeños crianceros porque afectará sus tierras. Un comunicado de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino denuncia que la obra “inundará chacras e implicará traslados de pobladores del lugar, así como roturas y destrucción de cuadros y chacras productivas en el trazado del canal de cuatro kilómetros que se proyecta construir para derivar 18m3/s (la mitad del caudal medio) de agua hacia una central hidroeléctrica”.


Hace poco, con otra obra, esta vez sobre el río Neuquén en Chos Malal, los pequeños chacareros tuvieron que salir a cortar el paso de maquinaria para no correr ellos también, riesgos de inundación de sus parcelas.


¿Por qué entonces la central Nahueve?


La ley que autorizó al Poder Ejecutivo a contraer el préstamo, la Nº 2.950, fue votada poco después de la elección provincial de ese año, en mayo del 2015.


La banca del FIT, en ese momento representada por Gabriela Suppicich del PO, denunció esa operación como “un acto de coloniaje”. Y no era para menos. En el artículo 5º de la ley, se establece que “Las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios, … en los convenios de préstamos y documentos complementarios, deben prevalecer en su aplicación específica, por sobre la legislación local en la materia”. Como lo dijo Suppicich en su momento, eso incluye la legislación laboral.


El préstamo en dólares tiene una tasa del 2% (una tasa aproximada a la internacional en el 2015, aunque ahora la triplica), con cinco años de gracia. En el 2016, bajo el gobierno de Macri, se firmó el acuerdo de garantías con el fondo de Abu Dhabi (Decreto Nº 1039/16) . Han pasado casi cuatro años desde entonces. Es entonces que “súbitamente”, en plena crisis, a inicios de marzo de este año, el gobierno adjudicó la obra a Rovella-Carranza.


El fundamento oficial para la obra ayer y hoy es en boca del gobernador Omar Gutiérrez: “va a generar cuatro megawatts para fortalecer la cantidad y calidad de energía de la zona Norte, con una inversión de 18 millones de dólares que va a generar la irrigación de 24 hectáreas, y va a producir tranquilidad con las crecidas del río Nahueve” (Vaca Muerta News, 27/9/2016).


El argumento del abastecimiento de energía choca con el hecho que se ha construido la línea Comahue-Cuyo, inaugurada en el trayecto neuquino en el año 2012, capaz de abastecer a lo que iba a ser la mina de potasio y localidades del sur mendocino. Esta línea de alta tensión une la Central Termoeléctrica Agua del Cajón en las afueras de Plottier, con capacidad de producción de 672 MW, (¡168 veces más que la Central Nahueve!), y el sur de Mendoza. Es decir, era mejor hacer una derivación de esta línea.


A lo que debe agregarse el llamado cierre del “anillo norte”, una obra eléctrica que figura en el Plan 2030 y que el gobernador acordó con China a fines del 2018 por un monto de 34 millones de dólares, y que asegurará la provisión eléctrica al departamento Minas, precisamente donde ahora se construirá la Central Nahueve.


El argumento de la provisión de agua potable de calidad contrasta con la situación que vive el cercano pueblo de Andacollo, que es privado de la llegada del agua cristalina del canal la Primaveraporque un estanciero ligado al MPN, y exdiputado, construyó un embalse que impide que todo el caudal llegue a la localidad y que se irriguen unas 30 hectáreas de chacras aguas abajo del embalse del que se apropia el terrateniente.


Así, un crédito de 15 millones de dólares, “más los intereses, comisiones, gastos y accesorios” (artículo 1º de la ley Nº 2.950), para producir 4 MW, escapa a toda ecuación costo-beneficio, exceptuando, claro, las jugosas comisiones y demás “gastos y accesorios” de los intermediarios financieros de la operación crediticia.



 

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08/06/2020

Avellaneda: ¿otra vez contra los docentes?

El intendente Jorge Ferraresi vuelve a atacar a los trabajadores de la educación.

A pocos días de que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se viera obligado a dar marcha atrás con la ordenanza firmada por él mismo en el cual cesaba a 27 docentes municipales de forma ilegal y sin motivos, se dio a conocer la situación de otra veintena de docentes municipales del Instituto de Arte que no perciben sus salarios hace meses.


El reclamo ante la falta de cobro fue dirigido al director de Enseñanza Artística, Gonzalo Vásquez Flores, por todos los canales correspondientes, para que luego de varios meses se convocara a los trabajadores para informarles que “no estaban dados de alta y que dejaran de trabajar porque no iban a cobrar”. Tras éste atropello los docentes decidieron sumar a su denuncia a la señora Victoria Onetto (secretaria de Cultura y Promoción de las Artes), quién también se había visto envuelta en  la ordenanza de Ferraresi, y al propio Jorge Ferraresi para recibir respuestas, ya que se reproduce el mismo formato que en el pasado: los docentes toman sus cargos de manera legal, estatutaria y con firmas de los empleados y luego son desconocidos por los mismos funcionarios. Sin embargo, esta vez, tardaron tres meses en notificarlos.


Los docentes vienen sufriendo hace muchos años el desfasaje de cobro, con meses de retraso. A veces llegan a esperar cuatro o cinco meses para recibir su primer sueldo. Bajo la cuarentena por la pandemia el teletrabajo empeora la salud psíquica y física de los docentes, y se agrava la situación si, además, no perciben sus salarios.


Los docentes afectados por esta medida están a la espera de una respuesta favorable del Ministerio de Trabajo, a donde han trasladado su exigencia.


Exigimos la inmediata solución favorable a los 26 docentes municipales, el alta urgente en sus puestos de trabajo y pago inmediato de los salarios adeudados.


Basta de ajuste a los trabajadores.




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08/06/2020

Cipolletti: justicia por Aldana, la niña que falleció en el incendio de su precaria vivienda

Una tragedia que pone de manifiesto la crisis habitacional en Río Negro.

En el día de hoy se realizó una conferencia de prensa en el barrio obrero de Cipolletti, donde la semana pasada perdiera la vida Aldana, una niña de 11 años, producto del incendio de su precaria vivienda. Sus dos hermanos y el padre se encuentran internados en grave estado en Buenos Aires. Lila Calderón, referente social de la toma, denunció ante los medios locales lo ocurrido.


El trágico hecho puso de manifiesto una realidad que vive casi la mitad de la población de la ciudad, en tomas casi sin acceso a los servicios públicos. La falta de urbanización de los asentamientos contrasta con los beneficios que goza la especulación inmobiliaria en la ciudad y la provincia, lo que encarece los terrenos y agrava la crisis habitacional.


Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con la familia y participamos de la conferencia de prensa planteando que la única salida es luchar por un plan de construcción masiva de viviendas y de urbanización de los barrios populares, bajo control de los vecinos, poniendo a disposición todos las tierras urbanas ociosas y financiado con un impuesto extraordinario a los especuladores financieros, a los bancos y grandes capitalistas. Planteamos la anulación del sistema de créditos UVA y la defensa del derecho a la vivienda de los trabajadores.


Luego de la conferencia, una asamblea voto que si sigue sin haber respuesta de parte del gobierno movilizarán a la Municipalidad.


¡Justicia por Aldana!




 

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A 80 días de decretada la cuarentena, ¿qué pasa con las medidas para “cuidarnos”?

El IFE y el subsidio a los desempleados en el mundo y en América Latina.

Pasados 80 días del decreto que paralizó la actividad económica en la Argentina y dispuso la cuarentena obligatoria es posible intentar un balance de las medias tomadas para garantizar que puedan ser sostenidas por toda la población.


Es claro que el Covid-19 no produjo las tremendas desigualdades que existen y se profundizan desde hace 50 años, pero las puso en primer plano cuando hubo que mirar las condiciones del conjunto de la población. Es obvio que no es lo mismo la cuarentena en Nordelta que en Villa Azul.


A pesar de que al virus lo trajeron las personas que viajaron fuera del país, los más afectados por la cuarentena han sido los trabajadores, que son los que menos viajan al exterior.


Desde el descuento del 25% de los salarios pactada por los burócratas de la CGT, como siempre sin una mera consulta a las bases que lo sufren, hasta el nuevo robo a la movilidad jubilatoria.


Pero los que más han sido golpeados por el desempleo por el parate económico son el 40 % de la mano de obra activa que no está registrada y los que desde antes del Covid-19 no tenían ningún empleo.


Las cifras de esta situación hablan por sí solas de esta realidad.


Más de 12 millones de personas se anotaron para el subsidio de $ 10.000, 4 millones no lo recibieron y recién en los primeros días de junio se terminó de cobrar, reduciendo el subsidio a $125 por día por familia. En 80 días esto es lo que recibió una familia para “bancar” la cuarentena para comer, higienizarse y cuidarse del virus, una medida que explica porqué decimos que Fernández no garantiza la cuarentena.


En muchos países se implementó un subsidio por la cuarentena que permitió sustentar el confinamiento y la imposibilidad de trabajar.


En Hong Kong el gobierno paga un subsidio de 1.280 dólares por cada ciudadano que no puede trabajar; en Bélgica asciende a 1.300 euros; en Australia es de 750 dólares; en Italia de 400 euros.


En Japón 120 millones de personas sin empleo recibirán 855 dólares mientras dure la cuarentena, lo que según el gobierno nipón significará un crecimiento adicional del PBI del 1 %.


En América latina también


En El Salvador 1,5 millones de desempleados recibirán 300 dólares por 3 meses, además de la suspensión del pago de los servicios públicos; en Panamá es de 100 dólares y se reducen los costos de los servicios públicos; en Perú, 13 millones de trabajadores recibirán un subsidio de 110 dólares; en Bolivia, el subsidio es de 72 dólares más una reducción del 30 % en las tarifas de los servicios.


En Puerto Rico no dejaron de aplaudir a los trabajadores esenciales, pero les otorgaron un bono salarial que va de 2.500 a 4.500 dólares. Aquí, el gobierno nac & pop de Fernández, aún no terminó de efectivizar los 72 dólares para los trabajadores de la salud que prometió en marzo.


En Argentina se han multiplicado los reclamos de trabajadores despedidos y desocupados que denuncian el desamparo frente a la cuarentena y sus efectos en la vida de la población, y más aún, son reprimidos cuando protestan como ocurrió con los trabajadores del Frigorífico Penta o los campesinos de Quitilipi, Chaco.


La crisis con la provisión de alimentos a los miles de comedores populares, que dejó sin alimentos a la población más vulnerable y que aún no se resolvió, mostró dos cosas: una, que el Estado es un botín de las empresas privadas, que lo saquean con sobreprecios y dos, que una impresionante cantidad de trabajadores no tiene para comer en un país que produce alimentos para 400 millones de personas.


Sin embargo, la crisis de sobreprecios en los alimentos no puede ocultar que la situación era previa al Covid-19. A mediados del año pasado, la totalidad de las organizaciones populares ganamos las calles, incluyendo un enorme acampe piquetero de 48 horas del Polo Obrero y el Frente de Lucha para denunciar el descomunal aumento de la pobreza, la desocupación y la falta de asistencia a los comedores populares que desbordaban de pedido de alimentos, lo que incluía a trabajadores con salarios bajísimos y jubilados. En esa oportunidad el parlamento votó una ley de emergencia alimentaria que aumentaba el 50% la asistencia a los comedores sociales, ¡ni Macri, ni Fernández la aplicaron, ni siquiera bajo la pandemia!


Luego de 80 días de un enorme trabajo de miles de compañeras y compañeros (desafiando la enfermedad y casi sin condiciones sanitarias) que reciben, descargan y cocinan alimentos para cientos de miles, el gobierno ha anunciado un bono para las/os esenciales cocineras/os de los comedores populares de…. 3.000 pesos; en 80 días son 27, 50 miserables pesos por día. Además una parte de estas compañeras/os cobran un plan social de $ 8.500 por lo que fueron excluidos del pago del IFE.


Para la memoria de los compañeros de los comedores de las villas de Capital, Ramona, Víctor, Agustín y Carmen, responsables de comedores muertos por Covid-19, los 37 pesos son poco menos que un insulto.



Dos varas


Mientras los trabajadores y trabajadoras no pueden soportar el peso de esta cuarentena si no tienen los recursos, asistimos a propuestas de pago de la deuda externa cada vez más beneficiosas para los acreedores y que implican compromisos de ajuste para la población como por ejemplo hacia los jubilados y jubiladas. Se entregan subsidios millonarios a empresarios que siguen despidiendo, dejando a familias en la calle.


El impuesto a las grandes fortunas, con el que amagaron algunos diputados K, fue aplazado sin fecha y la toma de acciones de grandes empresas, en compensación por los enormes sudsidios, ni vio la luz. Alberto Fernández lo descartó de plano: “son ideas locas” dijo, para tranquilizar al FMI y los bonistas en medio de los compromisos de pago de la deuda.


Del otro lado está la Villa Azul, a la que solo acudió el Estado cuando estallaron los contagios, es decir, cuando ya era tarde.


Como defender a los trabajadores en la cuarentena


La estrategia de una derecha reaccionaria y bolsonarista que quiere reventar la cuarentena para no disminuir sus ganancias, se asienta en las necesidades elementales de una población asfixiada por la situación social y aunque no mueva a nadie expresa deformadamente una preocupación de los trabajadores. La respuesta no es la que reclaman la derecha y los empresarios que no tomarán un tren repleto a las 6 de la mañana para ir a trabajar.



La respuesta es la organización de los trabajadores para garantizar la cuarentena y las condiciones de trabajo para los esenciales, discutiendo protocolos de trabajo, reclamando los elementos de salubridad y los alimentos que se necesitan en la emergencia, para que la crisis la paguen los capitalistas, mediante un impuesto a las grandes fortunas como propone el FIT-U.


En los próximos días se producirá una confluencia unitaria y piquetera en las calles, sin precedentes en lo que va de la cuarentena. Casi todas las organizaciones no oficialistas, coincidiremos en una acción y un programa que denuncia esta situación y cuáles son nuestros reclamos para garantizar la cuarentena:

Provisión integral y preventiva de elementos y kits sanitarios para comedores y personas en riesgo, alimentos para los comedores populares.

Testeo de todos los espacios populares para evitar que se multiplique el virus y ¡no haya más Ramonas! Testeo de los grupos de contacto estrecho que se detectan.

Seguro al desocupado/a para todos los que lo necesiten de $ 30.000.

Apertura y aumento de los planes sociales. que duplique el monto de los actuales $ 8.500. y duplicación de la AUH.




 

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Provocación de la Policía en Zapala

Libertad ya a Cristian Carinao

La policía provincial de Zapala, que actúa en conjunto con el gobierno municipal, detuvo hace minutos al compañero Cristian Carinao del Polo Obrero cuando regresaba a su casa, luego de haber estado en un reclamo frente a las oficinas de Desarrollo Humano.


El compañero forma parte de las cuadrillas que realizan tareas de mantenimiento, es decir, que los funcionarios saben perfectamente quien es y porque motivos se encontraba allí.


El reclamo estuvo centrado en la urgente necesidad de ayuda social, la cual escasea. El municipio direcciona hacia sus punteros lo poco que distribuye, en vez de atender todas las necesidades populares y las de miles de familias que carecen desde leña hasta garrafas, ante temperaturas invernales muy bajas.


El Polo Obrero hace responsable a la policía provincial y al gobierno del municipio de la seguridad e integridad del compañero detenido, así como de todos/as los/as integrantes de la agrupación.


¡Libertad ya a Cristian Carinao!


¡Apertura de puestos de trabajo genuinos!


¡Cese de los atropellos policiales a los que reclaman por hambre y ayuda social!




 

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08/06/2020

Concentración frente al Centro Médico Talar de Tigre ante 20 casos de Covid-19

Entre enfermeras, camilleros, médicos y personal de maestranza, ya son veinte los y las trabajadoras contagiadas de coronavirus en el Centro Médico Talar, ubicado en la localidad bonaerense de Tigre.


Ante esta situación, trabajadoras, vecinos y organizaciones se concentraron hoy frente a la puerta de la clínica, para reclamar por las medidas sanitarias y una mejora en las condiciones de trabajo. Desde que comenzó la pandemia vienen denunciando que la patronal no ha brindado los materiales de seguridad y protección (barbijos N 95, mamelucos Anti Covid19, escafandra y guantes), obligándolos a procurárselos ellos mismos.


Mientras se desarrollaba la protesta, la patronal amedrentó a los y las trabajadores, haciéndoles firmar una declaración de que estaban conformes con los materiales de seguridad entregados por la clínica -que recién fueron distribuidos hoy-, y por la que rechazaban la representación gremial elegida democráticamente. Toda una extorsión.


Una de las trabajadoras contagiadas, que empezó el reclamo por condiciones de trabajo, se encuentra con respirador. El cuadro se podría haber evitado si la ART no se hubiese negado a tomar las denuncias (algo que ahora se estaría revirtiendo, como producto de la concentración).


Este centro pertenece al grupo Basa, que tiene más de 18 clínicas y sanatorios y contratos millonarios con obra sociales y ART, y sobre el cual pesan numerosas denuncias de privilegiar el lucro capitalista a costa de la salud de sus trabajadores y pacientes. Al mismo tiempo, el grupo viene en una ofensiva precarizadora contra sus trabajadores: no respeta los convenios, paga los sueldos con retraso y persigue a quienes se organizan con estos reclamos.


La situación en este centro médico es una nueva expresión del fracaso del Estado en la administración de la cuarentena. En la Provincia de Buenos Aires, y en todo el país, las y los trabajadores de salud están sometidos a condiciones laborales precarias, sin los equipos de protección personal adecuados, sin que se respeten las licencias correspondientes, con jornadas laborales extenuantes y una alta tasa de contagio intrahospitalario.


El Sindicato de Sanidad, que nuclea a quienes trabajan en la salud privada, deja pasar estos ataques.


Exigimos a los dueños del Centro Médico Talar y también al gobierno municipal y provincial el hisopado a toda la planta de trabajadores, con su correspondiente informe (por escrito), así como de sus familiares y contactos directos.


Se debe garantizar la entrega de elementos necesarios para la prevención (barbijos, guantes de látex, mascarillas, cofias, escafras, camisolines y desinfectantes), el inmediato pago de los sueldos adeudados, un ingreso mínimo igual a la canasta básica y el cumplimiento del escalonamiento salarial y actualizaciones paritarias. Así como la libertad gremial, cesando con las presiones, permitiendo las afiliaciones sindicales y reconociendo a las delegadas electas por los y las trabajadoras. Es menester una comisión de seguridad e higiene, conformada por sus trabajadores, con la que la patronal deba acordar todas las medidas a tomar.


El 10 de junio está convocada una jornada de lucha nacional por la defensa de la salud y las condiciones de trabajo y seguridad de todos los y las trabajadores del sector.



 

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Paro de choferes en la línea 148

La medida de fuerza continua por cuarto dia consecutivo, sin perspectiva de acuerdo

Los choferes de colectivos pertenecientes a la empresa Nuevo Halcón, que gestiona la línea 148, continúan con la medida de fuerza que comenzó a las cero horas del viernes 5 de junio. Reclaman pago de salarios atrasados y mejoras en las condiciones de higiene y trabajo, adelanto de haberes, desinfección de las unidades, pago de la obra social, etc. También se suma la falta de unidades para lograr mayor frecuencia en los recorridos que unen CABA con barrios del sur del Conurbano bonaerense.


La respuesta de la empresa es que el Estado no cumple con el pago del subsidio de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el gobierno destina millones de pesos a las empresas al mismo tiempo que las exime del 95% de las cargas patronales.


Esta medida se suma a la que adoptan hoy los choferes de la línea 9, que une Retiro con Villa Caraza, perteneciente a la empresa Dota, también por falta de pago; y las luchas que llevaron adelante la semana pasada los choferes del interior, acompañadas con movilizaciones, tanto en Córdoba como en Rosario, que lograron un triunfo parcial arrancando un compromiso de pago a los empresarios del transporte automotor nucleados en la Fatap.


Las empresas de transporte vienen siendo beneficiadas hace años por los distintos gobiernos con subsidios millonarios y hoy descargan la crisis sobre los hombros de los trabajadores. Por eso es necesario la unificación de todas las luchas en curso, exigir la apertura de los libros contables de las empresas y la estatización bajo control de los trabajadores de toda empresa que no pague los sueldos, suspenda o despida y preste servicio deficitario.





 

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08/06/2020

Clínica Nuestra Señora de la Dulce Espera: hablan los trabajadores

“No somos héroes, y nos podemos contagiar”

A la par del avance de la pandemia, las precarias condiciones de trabajo y salubridad en la Clínica Nuestra Señora de la Dulce Esperanza de Sarandí empeoran de forma veloz y feroz.


Entrevistamos a un integrante del personal, quien nos desarrolló la radiografía diaria del centro sanitario.


P: Buenas tardes, ¿te parece si arrancas contándonos cuáles son las condiciones de trabajo en la clínica?


R: Las condiciones de trabajo son pésimas. No te dejan material, tenés que andar buscando por todos lados, no hay nunca nada, escasez en todo. Nos hacen trabajar 12 horas diarias, día por medio. Cuando en realidad deberían ser 10 horas. Como no quieren pagar personal te explotan 12 horas. Una vergüenza, cuando se llenan los bolsillos a raíz de la esclavitud de personal


P: ¿Y con el Covid-19 no mejoró?


B: No, para nada fue aún peor, nos tenemos que comprar nuestros propios barbijos, máscaras, etc. Ellos (dueños del centro de salud) al principio nos decían que no pasaba nada y traían una infectóloga que no sabía nada. Sin protección, y desinfección tanto para nosotros como para la ropa de cama de la clínica. La gente tiene que estar con sábanas todas manchadas. Sabiendo que tienen un cuarto lleno de ropa de cama


P: ¿Hay casos de Covid-19 dentro del personal?


B: Sí, la jefa de enfermería, las de neo y otros casos que no sabemos porque jamás se testeó a más nadie, y si pedías luego te despedían como le pasó a un compañero. Diciendo luego mentiras y ensuciándolo con calumnias. A los trabajadores se los informa si están infectados solo telefónicamente. Jamás le muestran un resultado, por lo cual no se quedan conformes.


P: ¿Cuántos trabajadores son por turno?


B: En enfermería uno por piso. Y el enfermero te hace todo, electro, te saca sangre, para laboratorio, es camillero.


P: ¿Cuántos pacientes atienden de forma diaria aproximadamente?


B: Depende de cómo está el piso pero se atiende de 10 a 16. Sacando que algunos son adultos y otros pediátricos, porque ahí mezclan todo.


P: ¿Con relación al sueldo, pagan en tiempo y forma?


B: El sueldo se divide en dos partes una el 5 y otra el 20 de cada mes. Obvio que mucho menos de lo que dice el convenio. En realidad tendrían que pagar de una sola vez y punto, no en dos cuotas. Hay compañeros que renunciaron y hace más de 2 meses lo tienen dando vueltas con el pago. Hay compañeras a las que no le pagan su sueldo, porque no van a trabajar por ser personal de riesgo.


P: ¿Hay alguna separación entre infectados de Covid-19 con posibles confirmados?


B: No, ninguna. Todos son Covid hasta que el test diga lo contrario. Y si no estaba se contagió igual. Porque ponen positivos con negativos, solo para que entre más gente y si no hay lugar mandan la orden para que se mueva todo.


P: ¿El municipio o la provincia hicieron algún tipo de inspección?


B: No, jamás vi gente del municipio ni de provincia jamás, por eso hacen lo que quieren porque jamás esa clínica es inspeccionada. Si fueran se llevarían una gran sorpresa.


P: ¿El sindicato hizo algo al respecto?


B: Nosotros no sabemos qué es eso, no nos dejan asociarnos y si lo hacemos somos despedidos. Y si vamos al sindicato, ellos se enteran enseguida. Llamé al sindicato para charlar pero jamás tuve respuestas.


P: ¿Cuáles considerás que son las medidas urgentes a tomar en esta situación?


B: Las medidas urgentes es la protección a los trabajadores, con la información correspondiente, barbijos N95 (los correspondiente para los centros de salud), más los quirúrgicos, y el material necesario de desinfección. Y más personal. Por ejemplo, en el sector de limpieza hay solo uno de dos y dos a la mañana para toda la clínica. Mejores sueldos y humanización para todos los trabajadores y pacientes. Testeos para todo el personal de salud. No somos héroes, y nos podemos contagiar.


Exigimos sueldos dignos, testeos para el personal, protección adecuada. Necesitamos trabajar, pero también volver a nuestras casas, sanos y salvos, por nuestra familia. Urgente gente de la municipalidad y provincia para controlar esa clínica. Acá fallecen bebés por la falta de insumos correspondientes, y nunca apareció nadie del Ministerio de Salud a investigar nada. Basta de jugar con la salud. Basta de Sandra Panizza (titular de la clínica) llenarse los bolsillos sentada desde su casa.

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08/06/2020

UTE: por una asamblea docente unificada que trate los reclamos educativos y laborales

La debacle educativa porteña no es noticia para ningún docente ni para la mayoría integrante de las comunidades educativas. Un sistema educativo golpeado por las continuas reformas vaciadoras, diseñadas por los gobiernos y por los mismos organismos internacionales de crédito que hoy son parte sonante de quiénes reclaman el pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta.


En más de 80 días de aislamiento social obligatorio, las necesidades se revelan en sus múltiples expresiones y las desigualdades aumentan entre las y los estudiantes con la brecha digital y la segmentación educativa, mientras que la docencia porteña ha afrontado de todo: viene denunciando la situación de la cuarentena, signada por el colapso de las condiciones del teletrabajo; despidos y reducciones salariales en las escuelas privadas; sobrecarga y precarización laboral producto del trabajo remoto, con recursos propios, frente a cientos de estudiantes que no cuentan siquiera con conectividad y el creciente hambre de las familias frente a la miseria que entrega el gobierno de Larreta, que encima ahora pasa de ser quincenal a mensual.


Este cuadro de situación está coronado por la mal llamada Ley de Emergencia de Larreta que implica mayor ajuste y postración salarial y de derechos. Y por las recientes novedades del Gobierno de la Ciudad (Gcba) que ha anunciado el cese de docentes suplentes y el llamado a actos públicos, diseñados por el ministerio, sin control alguno de docentes inscriptos y postulantes de acuerdo a los listados y sin control acerca de los cargos ofrecidos. Es decir, un viejo anhelo del GCBA de continuar avanzando sobre los derechos planteados en el Estatuto del Docente y el ingreso, la permanencia y ascenso que conforman la carrera docente, que empalma con los ataques patronales que aspiran a la aplicación de una reforma laboral y previsional, sobre la que no se pueda retroceder una vez pasada la pandemia.


Estos ataques a las condiciones laborales y salariales docentes suceden ante el silencio e inmovilismo de la Celeste de UTE-Ctera (Unión de Trabajadores de la Educación). No han convocado a una sola medida de deliberación y organización de la docencia, bajo el argumento de no disponer del soporte técnico necesario para realizar un plenario que resuelva medidas inmediatas para golpear y derrotar a Larreta y su política antieducativa. En estos más de 80 días solamente han convocado a reuniones, fraccionadas por distrito o área, teniendo mucho cuidado de que no puedan participar los delegados multicolores o críticos a la conducción, por miedo a que se cuele el reclamo de un plenario de delegados y de medidas de acción concretas del sindicato.


La sumisión de la Celeste al gobierno nacional la ha llevado a respetar el acuerdo de gobernabilidad que mantiene Alberto Fernández con Rodríguez Larreta. Han cumplido a rajatabla con el aislamiento social obligatorio pero en este caso selectivo: con la propia docencia reforzando el cerrojo que tiene el sindicato en pos de resguardar el pacto de gobernabilidad. Este apoyo e integración al gobierno es el que le impide a la Celeste enfrentar a Larreta. La Celeste sólo ha asomado la cabeza como vocera del gobierno nacional, quien también viene aplicando recortes a las jubilaciones y vaciando la Anses, convalidando la firma de la rebaja salarial del 25% pactada por la CGT, y que ha anunciado el congelamiento salarial para los estatales, el cual también buscará aplicar a los docentes. Mientras avanza esta política de ajuste, el impuesto a las grandes fortunas sigue archivado y tanto el gobierno nacional como la oposición derechista se niegan a tratar en el Congreso el único proyecto presentado que es el del Frente de Izquierda.



Los que luchan pueden ganar


Los últimos tiempos han demostrado que las y los que luchan son los que pueden ganar. El año pasado Larreta retrocedió ante el avance del enorme movimiento de médicos y residentes, que se impusieron con la fuerza de un movimiento decidido; o, previo a ello, el retroceso en el cierre de las escuelas medias nocturnas.


Es necesario que la UTE, como el mayor gremio docente de la Ciudad, convoqué a un plenario de delegados y un plan de acción en defensa del salario, las condiciones laborales y las condiciones de vida y estudio de nuestros estudiantes y sus familias.


Los ataques que se desprenden del pago de la deuda externa y el ajuste en marcha ameritan sindicatos y centrales independientes de cualquier gobierno y de las distintas variantes de la política patronal


Reclamamos:


Por una asamblea unificada de toda la docencia de CABA. Que la UTE-Ctera convoque urgente a instancias de asambleas para organizar todos los reclamos.


Universalización de los comedores escolares, entrega de canastas alimentarias reforzadas a todas las familias que lo requieran.


Satisfacción inmediata de todos los reclamos de alimentos, de servicios y de subsidio al desocupado y de todos los elementos de protección e higiene que reclaman los/as trabajadores de las Villas de Caba y los/as trabajadoras de la salud, frente al avance de casos de Covid-19.


Distribución masiva de computadoras a cargo del gobierno para estudiantes y docentes, conectividad gratuita.


Respecto a la situación salarial: aumento de emergencia, no al congelamiento salarial de la Ley de Emergencia de Larreta.


Respuesta urgente a los docentes del Fines, que hace 6 meses no cobran su salario.


Ningún docente cesado bajo la pandemia. Actos públicos virtuales, excepcionales, trasparentes y bajo control de la docencia. Restitución de las Juntas de clasificación votadas por el voto democrático de la docencia. ¡Abajo la Coreap!


Realización de concurso de ingreso para las/os curriculares.


Ninguna rebaja salarial o despido en las escuelas privadas. Basta de flexibilización laboral.


Frente al teletrabajo: respeto a la carga horaria, licencias y la libre organización de los/as trabajadores en defensa de sus condiciones de trabajo.


Defensa de los postítulos de los Institutos de formación docente.


Por el aborto legal, seguro y gratuito. Por una educación sexual de contenido laico, científico y respetuosa de la diversidad sexual. Por la aprobación del protocolo ILE en CABA. Separación de la Iglesia del Estado.


Campaña de firmas en apoyo al proyecto de FIT-U de impuestos a las grandes fortunas y capitalistas.


Basta de represión al pueblo Qom. Abajo la represión en Chaco. El gobierno es responsable.


Justicia por Floyd, apoyo al pueblo norteamericano. Fuera Trump.


No al pago de la deuda externa.


Que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores.





 

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08/06/2020

The rebellion faces a battle against repression and militarization

Trump up against the ropes

Versión en español


After spending Sunday night hiding in an underground bunker for fear of the thousands of protesters who continued to surround a White House late at night with the lights off, Donald Trump rehearsed a counterattack on Monday.


Ignoring the advice of some of his advisers, who urged him to try to tone down the protests against police repression and for justice for George Floyd, which had already become the most widespread rebellion in 50 years, he redoubled his efforts to impose a repressive way out to the uprisings.


Trump launched his message at St John’s church, near the White House, where he called himself the "president of law and order" and declared the protests to be "acts of domestic terror”. He announced the dispatch of the army to ensure control of Washington DC and said that if the governors and mayors of the country (where nighttime curfews and the dispatch of National Guard delegations are widespread) didn’t repress the protests more intensely, he would send the army to ensure order in their cities, with or without the agreement of the local governments. He said that the protesters would be arrested, detained and hunted down, threatening long sentences. He focused on Antifa (anti fascist action), as responsible for the clashes at the protests.


After Trump issued the statements, 1,600 soldiers entered the area of the capital, stationed military trucks in the surroundings of the White House and monitored protests from helicopters, flying low with notoriously armed personnel.


Repression, in accordance with presidential orders, effectively intensified nationally. In Louisville (KY), David McAtee was shot dead and his body was left in the street for twelve hours by the police. The Associated Press (as of June the 1st) has reported 4,400 detainees, but many observers believe these are conservative numbers.


The arrogance and the repression do not manage to hide the increasement in Trump’s political isolation in this clash. Journalists released leaked FBI reports that dismissed Antifa's involvement in organizing the protests. A growing number of Republican legislators distanced themselves from Trump's line of confrontation.


Trump's isolation is not only due to the worsening of the protests in recent weeks, but to the general course of the economic, social and health catastrophe, which has confirmed Prensa Obrera's characterization of the United States as not only the center of the pandemic but also of the capitalist crisis that was developing before it erupted.


The bonapartism of plebeian and police bases that Trump has tried to mount, linked to his policy of trade war and repatriation of capitals, as a defense against the capitalist crisis, has failed. He failed to consolidate a regime of personal power, when his policy seemed to reactivate sectors of the industry or when he boasted of record unemployment numbers, at the cost of enormous exploitation and precarious employment. Now the crisis has overcome all defenses and Trump is playing all his cards to crush the rebellion that has risen up against him.


The economist Nouriel Roubini, remembered for his accurate forecast of the 2008 crisis, in a recent interview (Intelligencer, 5/22), rejected the sayings of those who make optimistic forecasts of a rapid recovery of the markets based on rises in stock prices. The economist explains the rise by the influx of Treasury funds given to companies, through monetary and fiscal packages. But he also points out that, in July, millions of the newly unemployed stop receiving their benefits and that the trend towards a fall in consumption is irreversible, among other things, because any drop in unemployment will be met with more precarious jobs and lower wages.


The revolts in North America have opened a new stage worldwide. After a brief interval, imposed by the pandemic, the rising wave of mass struggles seen in the past year in the Middle East, in Latin America, in France and, although with a program with imperialist influence, in Hong Kong, has resumed with renewed forces and nothing less than in the heart of the international capitalist system.


The Protest Doesn’t Stop


The enormous militarization, the curfews and the threats haven’t been enough to nullify the movement set in motion. On Tuesday night, the 2nd, there were protests in all 50 states, as well as in Washington DC and Puerto Rico.


The radicalization was preceded by a growing wave of labor and tenant strikes. In that process, the union bureaucracy has not only failed to play a progressive role but has been part of the lobby to reopen the industry and hand over its workers to the coronavirus, in exchange for not stopping the accumulation of profits.


It is no coincidence that the headquarters of the AFL-CIO union bureaucracy was burned down on Monday by protesters. Among their federated unions, they count the police associations, which play a systematic role in defending the violent actions of their members. However, grassroots union sectors have participated in the protests or published political statements in support of the revolt. The Minneapolis bus drivers, who refused to let their buses be used to move arrested protesters, went on general strike and issued a political statement which explained their actions and where they claimed "Police brutality is unacceptable! The system has failed the entire working class, from the coronavirus to the economic crisis we face" (Socialist Resurgence, 29/5).


The new chant, which accompanies those raised by the anti-repressionist movement in previous stages, is "Abolish the police”. After experiences with governments of both political signs, of co-optation and savage repression against successive generations of fighters, a broad vanguard abandons any idea of partial reforms and demands the complete dismantling of the repressive apparatus.


Can this be solved in November?


The Democratic Party has gone out with all its figures to flirt simultaneously with the protests and not to bring about any fundamental change in the situation, even while continuing to direct the repressions where they are in power and without calling for an end to the repression.


President Barack Obama published a letter in which he seems to support the protests, although he condemns the acts of violence, as if they weren’t systematically produced by the state apparatus. The focus of his letter is that, together with the protests, changes will come in the next elections. Obama states that each city has different problems and we will have to see how to try out local reforms according to their needs. Nothing could be further from a huge movement that denounces an unbearable system of oppression, which operates from one end of the country to the other.


The Democratic candidate, Joe Biden, rushed to have his picture taken at a protest and announced that he would go to George Floyd's funeral, only to say that it was inevitable that the protests would be repressed, but that he recommended the police aimed at the legs, not the heart.


The Democratic Left, behind Sanders and the Socialist Democrats, plays no politically independent role in the protests, although thousands of its militants are undoubtedly on the front lines of the mobilizations. They are a purely electoral force, busy at the moment denying that they can negatively affect Biden's chances of a victory over Trump in November.


But it is undeniable that the political conditions of the elections, which would be held in November (whether or not they are held and whether they are still the subject of a political and legal struggle), will vary enormously according to the outcome of the current situation. A picture of the advance of the movement and the recounting of Trump's repressive advance will open up a new political context. If the repression succeeds in imposing demobilization, Trump could regain his breath and even maintain a cadre of exception until the elections.


Trump Out Now


The defeat of Trump and his racist and repressive government, which has shown its willingness to give up the lives of the people in order to keep the profits of capital moving, is the central task of the moment. First of all, along with the jailing of all the police who participated in the murder of George Floyd and the other racial crimes, all those who have ordered and carried out the savage repression seen these days must be arrested. The army and the National Guard must be withdrawn. Curfews and states of siege must be lifted. All detained demonstrators must be released and any legal cases against them annulled. And to proceed with the dismantling of the police and prison apparatus, which is an undeniable mechanism of class and racial oppression.


To achieve this objective, it is necessary to forge the political and protest unity of a broad and dispersed fighting movement that doesn’t have a common strategy of action. It means organizing assemblies, in every place of work, of study, of housing. It also means promoting meetings in trade unions, student bodies and all people's organizations. The popular rebellion must act in a unified way as a condition for victory.


Voting to unify the entire fighting movement into a common stream and establish the program of the masses’ demands.


The urgent problems and demands that the pandemic and the economic crisis have placed as matters of life and death cannot be absent. Free health care for the entire population, from coronavirus testing to routine medical treatment; workers' and popular control of  the compliance of the health and safety conditions demanded by the pandemic; suspension of all evictions and the guarantee of a single home; social security for the unemployed without time limit; prohibition of layoffs and suspensions; full enforcement of work agreements and a minimum wage that covers a family living costs.


A path of mass radicalization and fighting militancy has begun in the world's leading global power. Trump’s defeat will be a point of support for workers' and anti-imperialist fighters all over the world. The exploited of the world look with expectation, support and solidarity to the workers and youth of the U.S. who have stood up.

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08/06/2020

Docentes: área curricular, desocupación y vulneración de derechos

Una vez más los derechos de los docentes del Área Curricular son vulnerados. En el contexto de Covid-19 y suspensión de clases y habiéndose habilitado los actos públicos virtuales para el resto de las Áreas, los curriculares en la Ciudad de Buenos Aires siguen esperando.


En la última reunión entre sindicatos y gobierno, representantes del Ministerio informaron que no habría actos públicos para el área curricular y no dieron definiciones respecto a las tomas de posesión de los docentes ganadores de concurso de traslado y acumulación y mucho menos de cuándo y cómo se realizaría el concurso de ingreso para este área. De este modo, cientos de docentes curriculares continuarán cobrando salarios de miseria o en la desocupación.


El descontento no se hizo esperar y en minutos las redes y grupos de whatsapp de docentes curriculares estallaron con mensajes exigiendo el acceso a actos públicos virtuales y también que se respeten sus derechos estatutarios que vienen siendo vulnerados desde el año pasado. Vale recordar que de acuerdo con la agenda educativa los concursos de ingreso, acumulación y traslado deberían haberse realizado en diciembre, pero debido a que los listados se encontraban plagados de errores los concursos comenzaron a realizarse este año, ya comenzado el ciclo lectivo, afectando el normal desarrollo de las clases y retrasando ingresos  y tomas de posesión con la absoluta responsabilidad de la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP): ¡el mismo organismo que ahora organiza los actos públicos virtuales y pretende garantizar eficacia y transparencia!


Hagamos memoria


Sin embargo, los ataques al área curricular son de larga data y de la más variada índole.


La desvalorización de la hora cátedra que se inició en el año 2014 constituyó un ataque brutal al salario de los docentes que pasaron de trabajar 16 hs a 20 hs para cobrar proporcionalmente el mismo sueldo. La organización y la lucha docente lograron frenar ese proceso.


Luego en el año 2017, la resolución 2307 elimina a los idiomas extranjeros de la Dirección de Escuelas Primarias y los coloca bajo la órbita de la Gerencia Operativa Lenguas en Educación (Gole) que ya venía funcionando con algunas atribuciones en cuanto a la designación de docentes a dedo, además de meter por la ventana la evaluación estandarizada y externa, la precarización laboral con docentes contratados, la destrucción de la carrera de ascenso y meterse de lleno en el negocio de las plataformas educativas y becas para asistentes de idioma de dudoso currículum.


Desde ese momento hasta el día de hoy, innumerables fueron las denuncias realizadas por la docencia: exclusión del llamado a concurso del cargo de Supervisor Coordinador de Idiomas Extranjeros y más tarde irregularidades en la convocatoria  y retraso en la toma de posesión de dicho cargo, incumplimiento en los plazos estatutarios en la convocatoria para el Curso de Ascenso de Idiomas Latinos, por nombrar solamente algunas de ellas.


Reforma laboral


El control y centralización del  acceso a los cargos, es un ansiado objetivo del gobierno como parte de una reforma laboral que intenta imponer.  Ya lo vimos con la eliminación de la juntas de clasificación docente con las leyes Abrevaya (2011) y Gorleri (2015) y con el traspaso de idiomas a una Gerencia Operativa que designa docentes a dedo como mencionáramos más arriba. Y ahora, cuarentena mediante, avanza varios casilleros con los actos públicos virtuales  con absoluto control por parte del gobierno excluyendo del acceso a los cargos al Área Curricular en su conjunto.


Es claro que el objetivo del gobierno es destruir nuestro convenio colectivo de trabajo. Avancemos en la organización por su defensa.



 

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En el marco de la huelga docente que lleva más de 60 días en la provincia, el gobierno de Vidal profundiza una escalada de persecución contra quienes encabezan el reclamo salarial.
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No alcanzaron los votos del congreso para el paro de 48 hs. Se impulsan nuevas acciones de lucha.
Hay “motosierra”, pero solo nacional.

Bahía Blanca: masiva olla popular del Polo Obrero

Más de un centenar de vecinos en el merendero Las Estrellitas del barrio Puertas del Sur.

El Polo Obrero organizó el domingo 7 de junio una olla popular a la que asistieron más de 110 personas, en el merendero Las Estrellitas del barrio Puertas del Sur. La iniciativa tuvo lugar luego de la jornada del martes 2, en la que una delegación movilizó a la Municipalidad con la consigna “Con hambre no hay cuarentena”, pero como el intendente Héctor Gay incumplió su compromiso de entregar alimentos la actividad fue sostenida con aportes solidarios.


Esta acción permitió difundir los planteos del Polo Obrero entre los vecinos y destacar la necesidad de organizarnos en los barrios ante la falta de trabajo y el encarecimiento de la comida. “Ni un paquete de fideos se puede comprar”, reflexionaba un vecino. Esta realidad contrasta con el rol del municipio, que reparte discrecionalmente bolsones raquíticos con nueve productos, que ni siquiera contienen leche o aceite.


En esta concurrida olla popular planteamos la necesidad de luchar por trabajo genuino, por un seguro de $30.000 al desocupado, la entrega de alimentos para merenderos y comedores, de kits de higiene. Este programa requiere de asambleas en los barrios para organizarnos contra el ajuste que estamos sufriendo, contra el pago de la deuda usuraria y por la unidad de trabajadores ocupados y desocupados.


Con esta jornada, vamos preparando el terreno para una gran movilización del Plenario del Sindicalismo Combativo el 16 de junio. El hambre no espera. El Polo Obrero en Bahía se abre paso.



 

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08/06/2020

Importante movilización de artistas y trabajadorxs de la cultura

Un paso adelante en la lucha por un ingreso en cuarentena.

Fotos :@smbordone @danielpeluffofoto @willyroj @ojoandres @holandesph @violemontoya

Una importante movilización al Ministerio de Cultura de la Nación fue realizada el jueves 4 de junio. Se trató de una medida conjunta de las distintas organizaciones que vienen desarrollando medidas de lucha para paliar las consecuencias para les trabajadores del párate del sector por la cuarentena, luego de acordar puntos programáticos comunes. Fue una jornada de alcance nacional, ya que junto a esta movilización en la Ciudad de Buenos Aires se realizaron acciones en La Plata, Lomas de Zamora y Río Gallegos. Diferentes medios alternativos difundieron la protesta a través de notas, entrevistas y replicando vía redes la medida.


Los reagrupamientos Músicxs OrganizadxsActuemos, la Asamblea de Trabajadorxs Audiovisuales Precarizados (TAP) y la Asamblea de Trabajadorxs de la Fotografía (ATF) sintetizaron los reclamos de la convocatoria unitaria en la exigencia de una compensación salarial de $30.000 mensuales, la exención del monotributo y el establecimiento de un impuesto extraordinario a las plataformas digitales (Netflix, Spotify, Amazon, Youtube) para financiar esas medidas.



Estas demandas acordadas encabezarán a partir de ahora los pliegos reivindicativos en las próximas reuniones pautadas con los funcionarios del Ministerio de Cultura, ya que hasta la fecha no ha habido respuesta oficial a los reclamos presentados en las reuniones precedentes, en las que se ha denunciado lo exiguo y discriminatorio de los subsidios destinados hasta el momento por los diferentes organismos de fomento.


Para conquistar esas demandas es necesaria la profundización del plan de lucha. Por eso se está organizando la realización de una gran asamblea nacional de artistas y trabajadorxs de la cultura, convocada por las cuatro agrupaciones y abierto a todas las organizaciones de artistas en lucha y a les artistas independientes, a quienes les vienen dando la espalda las burocracias sindicales del Sadem (sindicato de músicos), de la Asociación Argentina de Actores, el Sica (cine) o el Satsaid (televisión).


No podemos quedarnos pasivos viendo cómo se deterioran nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias, tenemos que salir a dar la lucha, cada vez mas organizados y sumando nuevas voluntades, porque sin ingresos les artistas no podemos vivir.



 

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08/06/2020

Hospital Zubizarreta: el 10, sumémonos a la jornada nacional de lucha de la salud

Tribuna Municipal - Hospital Zubizarreta

Este miércoles 10 de junio tendrá lugar una jornada nacional de lucha de los trabajadores de la salud. Están entre sus convocantes Cicop (profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires), ALE (Asociación de Licenciados en Enfermería), seccionales opositoras de la Asociación de Médicos Municipales (Sardá, Gutiérrez), Apss (Asociación de Profesionales de Servicio Social), varias asociaciones profesionales, y la asamblea de residentes y concurrentes de CABA. Los reclamos de la jornada incluyen el aumento salarial, EPP (equipos de protección personal) en cantidad y calidad, el pase a la carrera profesional de enfermería y la incorporación de personal en la planta permanente para terminar con la precarización laboral. Estas reivindicaciones responden a las problemáticas que nos exponen a los contagios.


¿Qué pasa en el Zubizarreta?


De la mano de la flexibilización de la cuarentena asistimos a una nueva serie de contagios en los hospitales. A diferencia de los casos anteriores, son menos los contagios horizontales (entre trabajadores) y más los verticales (de pacientes a trabajadores). De lo que se concluye que mientras aumenta la demanda de atención, por el alza de la curva en la población, no mejoraron significativamente las condiciones de trabajo. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sigue flexibilizando la cuarentena en beneficio del lobby patronal a la vez que no da ninguna respuesta a los reclamos de la salud. En el Zubizarreta no hay grandes avances, lo que es preocupante siendo que todavía está por delante el pico de la pandemia.


Tras extendidos reclamos por los EPP en los efectores de salud, el gobierno de la ciudad sigue sin resolver el problema. Al contrario, en áreas que atienden Covid en el Zubizarreta hay algunos retrocesos. En la guardia se empezaron a retacear los barbijos N95 y el equipamiento ya no se entrega siempre completo. En la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) ya no se entregan camisolines hidrorrepelentes, reemplazándolos por los comunes, y se indica utilizar los barbijos N95 por encima del tiempo recomendado. En los sectores no Covid la dotación de EPP es incompleta y de pésima calidad. Un riesgo si se considera que no hay independencia completa respecto de los sectores Covid y que los pacientes ingresan con un simple control de temperatura.


En pocos servicios se conformaron cohortes para todo el personal. A un mes y medio del cierre de la UTI, Enfermería prácticamente no está rotando. En algunas casos se otorgó un franco semanal, pero no está regularizado ni es para todos. El problema de fondo es la falta de personal, que no ha sido revertida con las incorporaciones que, además, son precarias y transitorias. Por si fuera poco, los bajos salarios, congelados desde febrero, han obligado en algunos casos a trabajar más horas tomando guardias o segundos empleos, ampliando la exposición al virus. El hartazgo frente a los maltratos y el acceso discrecional a los cargos jerárquicos dañan las ya precarias condiciones de trabajo impuestas por el gobierno de la ciudad.


Las conducciones sindicales


Así las cosas, es claro que nuestra exposición va en alza y que la jornada de lucha del 10 puede ser un canal para amplificar el alcance de nuestros reclamos. Sin embargo, algunos se llamaron a silencio. La celeste y blanca de Sutecba, pandemia de por medio, sigue siendo el mejor aliado que Rodríguez Larreta podría querer, responsabilizando a los profesionales por los contagios. La verde y blanca de ATE no adhirió hasta el momento a la jornada del 10. Más allá de las acciones legales, no se le conoce acción de lucha alguna en el campo de la salud. Ladran pero no muerden. Con sus diferencias, ambos abandonaron el reclamo salarial. De otra forma, deberían asumir que el bono, que llega con dos meses de retraso, es una miseria. Su integración al gobierno nacional impide hasta lo más elemental.


Tomemos la lucha en nuestras manos


La jornada de lucha de este miércoles 10 nos plantea una oportunidad para unificar nuestros reclamos con numerosos trabajadores de la salud. Hay una convocatoria para manifestarse entre las 10 y las 11 hs en la puerta de los distintos efectores de salud con carteles, aplausazos, semaforazos o cortes de calle. Al mediodía habrá una concentración en el Obelisco donde distintas delegaciones sindicales y asociaciones convocantes realizarán una conferencia de prensa. Desde Tribuna Municipal creemos necesario participar de esta jornada y organizar una acción a las 11 hs en la puerta del Zubizarreta sin distinción de afiliación ni de tarea o disciplina. Tomemos la lucha en nuestras manos.


EPP completos, de calidad y en cantidad para todo el personal.


Bono de 20 mil pesos, reapertura de paritarias e indexación salarial por inflación


Testeos masivos, respeto de los aislamientos, protocolos discutidos con los trabajadores.


Pase a la carrera profesional de enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica. Incorporación de profesionales precarizados.


Pase a planta de residentes y concurrentes que egresan, y de todo el personal tercerizado.


Incorporación de personal. Salario y ART para concurrentes


Centralización del sistema de salud.


 

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Ante la crisis alimentaria y sanitaria en Lomas de Zamora, vamos al corte de Puente La Noria

Martes 9 de junio desde las 10 horas. Con hambre no hay cuarentena.

La crisis alimentaria y sanitaria se desenvuelve con una velocidad atroz en el distrito de Lomas de Zamora. Escasean los alimentos, no se proveen los insumos sanitarios, colapsan los servicios médicos y los testeos por Covid-19 son por demás, escasos. Toda la zona de Cuartel IX (Budge, Fiorito, El Tongui, Olimpo, Barrio Obrero, etc.) reproducen las peores condiciones de vida en medio de la pandemia.


Desde el comienzo de la cuarentena, el Ejecutivo municipal de Martín Insaurralde ha cortado toda la provisión de alimentos e insumos sanitarios a los comedores y organizaciones sociales. Los docentes del distrito reconocen un faltante de por lo menos 20.000 cupos alimentarios en el Servicio Alimentario Escolar, que se distribuye con largas filas en las escuelas. La combinación entre la cuarentena y la falta de alimentos está llevando a muchas familias obreras a la desesperación y a tener que salir a la calle a pesar de exponerse al contagio.


El Hospital Gandulfo –hospital de cabecera en el distrito- se ha convertido a su vez en un foco de infección, debido a las precarias condiciones a las que son sometidos sus trabajadores. Es lo que quedó al descubierto con la muerte de María Esther Ledesma, trabajadora dentro de los grupos de riesgo, a la que se le negó reiteradas veces la licencia y murió a causa del virus.


Ante esta grave situación, las organizaciones sociales y piqueteras venimos impulsando ollas populares y entregando los pocos alimentos con los que contamos. En reiteradas ocasiones hemos solicitado al municipio que arbitre los recursos alimentarios y sanitarios para poder garantizar la cuarentena, pero la conducta de las autoridades municipales ha sido intransigente: compromisos que no se cumplen y la negativa a recibir los reclamos de la población más pobre del distrito.


Desde el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones del distrito venimos manifestándonos para que el gobierno atienda estos reclamos urgentes; sin embargo, en la última acción que realizamos ni siquiera accedieron a recibirnos. Por estos motivos, las organizaciones sociales y piqueteras hemos unificado todos los planteos detrás de una acción común para el próximo martes 9 de junio, con un corte en el Puente La Noria, para hacer oír nuestros reclamos. El municipio debe dar respuesta al hambre y la emergencia sanitaria en los barrios. Con hambre no hay cuarentena.


Reclamamos la entrega inmediata de alimentos a nuestros comedores, merenderos y vecinos que lo necesiten; trabajo genuino y obra pública en los barrios, bajo convenio y equipamiento pertinente en el marco de la cuarentena; mayor presupuesto y abastecimiento inmediato para hospitales y todas las salitas del distrito; basta de militarización en los barrios populares; testeos masivos y aislamiento en condiciones dignas para las personas infectadas; urbanización de los barrios populares (zanjeos, tendido eléctrico, etc.). Asegurar agua potable en todos los barrios.



 




 

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08/06/2020

En Almirante Brown los vecinos se organizan ante los cortes de luz

El día viernes por la mañana, vecinos y vecinas del barrio Rayo de Sol en la localidad de Longchamps (Almirante Brown) se organizaron para cortar las calles del distrito ante la falta de luz por cinco días. Luego de reiterados reclamos a la empresa que provee el suministro eléctrico (Edesur) decidieron realizar un piquete ante la falta de respuesta de la empresa y del Estado.


De igual manera ocurrió con vecinos del barrio Gendarmería, quienes realizaron la misma acción el día jueves, luego de estar tres días sin luz.


Estar sin luz durante varios días seguidos es moneda corriente barrio adentro en Almirante Brown, ya que no se realizan obras de ningún tipo para poder tener un servicio a la altura de las grandes facturas que llegan a los domicilios. Diariamente miles de afectados realizan reclamos ante Edesur, luego dichos reclamos pasan a las empresas tercerizadas que se encargan de enviar las cuadrillas para “arreglar los inconvenientes”. Lo cierto es que muchas de estas veces los trabajadores de dichas cuadrillas no se enteran de los reclamos, ya que la tercerizada cobra por cada trabajo encargado sin que exista ningún control de su efectiva realización o de la calidad del resultado, ahorrándose así miles de pesos que deberían ser destinados al material para reparaciones de cables de baja y alta tensión y para el cambio de transformadores.


Las empresas a su vez no dan la cara y exponen a los trabajadores a enfrentarse con la bronca de los vecinos, hartos de pasar días y días sin luz, lo que también conlleva a que estén sin agua. Se trata de una extrema precarización laboral, donde los trabajadores carecen de respuestas para los vecinos y estos no cuentan con ningún interlocutor para realizar sus reclamos y tener alguna certidumbre de qué pasará.


El Estado no se responsabiliza por los cortes de luz, ni intima a las empresas para que estas den el suministro correcto a los miles de vecinos. El vaciamiento del sistema energético va al ritmo de las presiones de las concesionarias privadas para aumentar las tarifas, aun a costa de dejar a miles de vecinos sin suministro eléctrico en medio de la pandemia. Tanto la luz como otros servicios indispensables deben ser nacionalizados y puestos bajo control de sus trabajadores y usuarios.


Luego de la acción que llevaron adelante los vecinos, organizados y no amedrentándose ante la presencia policial, lograron que una cuadrilla se acercase, escoltados por vecinos, y así arreglar el problema.


Debemos organizarnos en todos los barrios y exigir la apertura de los libros de las empresas. Que se sepa en que se destina nuestro dinero y los abultados subsidios que otorga el Estado.




 



 

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Mendoza: el espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia sobre el Sute

Fichas filtradas nombran a Laura Espeche, del Secretariado Ejecutivo Provincial del sindicato de trabajadores de la educación.

Tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño, sobre las actividades de espionaje de la agencia durante el gobierno de Mauricio Macri, se conoció  a través de medios periodísticos la existencia de fichas sobre periodistas, académicos, políticos y organizaciones. Entre ellas figura el PTS, partido integrante del Frente de Izquierda – Unidad. Entre los dirigentes de la organización se menciona a Laura Espeche, actual secretaria de acción social del Sute (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), que fuera recuperado de manos de la burocracia celeste y en diversas ocasiones opositor a las políticas de ajuste de Macri.


El aparato de inteligencia del Estado se utiliza para operar contra los trabajadores organizados y eso constituye una amenaza para cualquier forma de organización independiente.


Repudiamos esta acción y nos solidarizamos con los compañeros espiados. La apertura de los archivos de inteligencia y el cese del espionaje sobre las organizaciones se hace más urgente que nunca.

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Quedaban dos manifestantes apresados desde hace cinco días, por la política represiva de Cornejo y Milei.
08/06/2020

Crece el desempleo e impacta con fuerza en Córdoba

Los números de la caída del empleo formal e informal y el aumento de la pobreza e indigencia muestran la brutalidad de la crisis social que se está descargando sobre la espalda de los trabajadores.


En ese sentido, estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), dan cuenta de que se perdieron unos 900 mil puestos de trabajo en cuarentena. El mismo observatorio señala que todavía no es posible saber cuántos puestos más se perderán hasta el final del confinamiento, y cuántos puestos de trabajo se perderán pos cuarentena.


Los datos de la UCA y de los organismos oficiales, que muestran la gravedad de la situación, hay que tomarlos cuidadosamente, porque estos mismos datos son utilizados por los empresarios para reclamar mayores subsidios, mayor flexibilización laboral y la apertura de la cuarentena a cualquier costo humano. Tal es el caso de Techint, que despidió a 1.450 trabajadores en abril. Alberto Fernández no solo no frenó los despidos sino que premió al grupo de Paolo Rocca (dueño de la mayor fortuna del país) con los fondos del sistema previsional. Tenaris y Ternium informaron en los últimos tiempos ganancias millonarias en pesos y en dólares. En la misma línea se encuentran los Blaquier que mejoraron sus ganancias operativas un 128% el año pasado y poseen una fortuna de 550 millones de dólares, nunca dejaron de producir durante la pandemia.


Se trata de una política de rescate a los capitalistas en medio de una crisis general que golpea con fuerza a las familias obreras.


Crece el desempleo en Córdoba


En el Gran Córdoba crece la desocupación. La pérdida de puestos de trabajo no solo se debe al parate por la pandemia: en el sector privado ya había una caída en rubros como el de la construcción. Además, el gobierno de Schiaretti dejó sin trabajo a la juventud de los planes laborales precarizados PPP y PIP, entre otros.


De acuerdo a un estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba se estima que, con la misma base de comparación, el empleo asalariado informal y los cuentapropistas se habrían reducido un 21 %. En tanto que la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que todos los meses elabora el Ministerio de Trabajo de la nación, mostró ayer que el nivel de empleo registrado en el sector privado durante abril se redujo 3,1% a nivel nacional y 4,1% en el Gran Córdoba, con respecto al mismo mes de 2019.


En el Gran Córdoba, de acuerdo con el cálculo de la Bolsa, la tasa de desempleo se ubicaría en 19,6% en el inicio del segundo trimestre, más del doble del 9,5% del cuarto trimestre del año pasado, que es el último dato oficial disponible. Esta tasa sería la más alta en 17 años: hay que remontarse al 2003 para encontrar un valor superior del 23.6%.


En este marco de crisis, Schiaretti sigue el libreto de Fernández de ajustar a los trabajadores ocupados, desocupados y a los jubilados para hacer frente al salvataje de las patronales y al pago a los usureros internacionales. En ese sentido, la planteada reestructuración de una deuda sin quita, poniendo como garantía los fondos de coparticipación y mayores beneficios al capital financiero implica un mayor ajuste a un pueblo trabajador que tiene que pagar en impuestos más de la mitad de sus ingresos.


Vale recordar que la deuda provincial creció más del 1.000% durante el período macrista, se desarrolló en beneficio del capital financiero y de grandes capitalistas de la obra pública y de los sojeros.


Una salida para los trabajadores


Los trabajadores no podemos ser quienes paguemos la factura de estos negociados millonarios, con recortes salariales y jubilatorios, con falta de asistencia social y presupuesto sanitario, y mucho menos con despidos. Hay que dejar de pagar la deuda usuraria y corrupta de Córdoba, e investigar las responsabilidades del gobierno, de los acreedores y de los beneficiarios de los créditos.


Es necesario gravar al gran capital con el objetivo de financiar las necesidades populares urgentes que impone la pandemia, establecer un seguro al desocupado de $30.000, sostener las fuentes de trabajo y recuperar la capacidad productiva mediante un plan de obras públicas al servicio de las necesidades populares.


Llamamos al movimiento obrero a sacar las conclusiones y organizarse para imponer una agenda obrera. La crisis la deben pagar los capitalistas.




 



 

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08/06/2020

Meoni miente

Los trabajadores del transporte frente al coronavirus.

Respecto de la incidencia del coronavirus en su área, el ministro de Transporte Meoni mintió a los medios diciendo que, en nuestro país, “no hay trabajadores infectados en ninguna de las modalidades del transporte”.


Sin embargo, los trabajadores de distintas áreas contabilizan 13 contagios en el ferrocarril Roca; 11 en el San Martín; 10 en el Mitre; 7 en el Belgrano Norte; 2 en el Urquiza; 7 casos positivos en el subte,;13 contagios en el transporte automotor del Amba y 19 casos en Aeroparque y Ezeiza, entre trabajadores de Aerolíneas, tercerizados de seguridad y policía aeroportuaria.


Si no se conocen más, es porque las empresas hacen esfuerzos en ocultar a la opinión pública y a los propios trabajadores tanto los casos positivos como los procedimientos que se adoptan. En este ocultamiento se refugia Meoni.


Sucede que desde que la Unión industrial acompañada por la burocracia sindical comenzó su lobby por la flexibilización de la cuarentena, todas las miradas se colocaron en el transporte público del área metropolitana.


Las condiciones iniciales presentadas por el gobierno para esta flexibilización (micros para el personal a cargo de las patronales, escalonamiento horario en la empresas) fueron dejadas de lado por el incremento de costos que suponían para el sector empresario y se reforzó la idea de que el transporte público debía circular a como diera lugar. Los controles policiales en los accesos de las principales estaciones y cabeceras no reducen el caudal de público simplemente porque la liberalización de actividades multiplica los permisos de circulación.


El fallecimiento reciente de un vigilador de la empresa Murata que se desempeñaba en el ferrocarril San Martín sacó a la luz la falta de elementos de prevención, la exigencia de prestar servicio al personal de riesgo y el traslado a otros objetivos de los trabajadores de contacto estrecho en lugar de la cuarentena y testeo. El reclamo de los trabajadores tercerizados obtiene como respuesta la represalia o directamente los despidos.



En Trenes Argentinos y en los concesionarios de trenes de pasajeros del Amba no es muy diferente. La provisión de elementos de prevención ha sido fruto del reclamo y hasta de acciones gremiales de los trabajadores sin acompañamiento de los sindicatos, que se han mantenido alineados con las gerencias y justificado todas las acciones empresarias.


La entrega de barbijos de burda confección, guantes de talle único y alcohol en gel vencido y en botellas de gaseosa obliga a los trabajadores a proveerse, de su propio bolsillo, el material idóneo para desempeñar sus tareas.


Hasta que Trenes Argentinos contrató a una tercerizada de desinfección, los compañeros de limpieza venían denunciando la falta de lavandina o cualquier otro desinfectante para el lavado de las formaciones y estaciones.


En el subte, los trabajadores aplicaron los protocolos de hecho, ante la resistencia de la patronal, reteniendo tareas, aislándose ante casos sospechosos o confirmados en líneas B, E y D y, en los talleres, retienen tareas en mantenimiento porque las flotas de pasajeros tampoco vienen desinfectadas.


La afirmación falsa de Meoni es un intento de dar garantías de confiabilidad en el transporte para avanzar aún más en la liberalización total de las actividades empresarias. El refuerzo logrado del sistema de salud para enfrentar un pico de la pandemia que nos venden en cadena nacional Fernández, Larreta y Kicillof puede tener la misma consistencia que las palabras de Meoni.


Sin embargo, contra las expresiones del ministro, las últimas dos semanas se dispararon la mayoría de los casos positivos en el transporte. Frente a esto, tenemos un programa:


  • Planteamos la conformación de comités obreros de seguridad e higiene electos en asambleas, con poder de veto, en cada lugar de trabajo, para garantizar las medidas de protección de la salud de los trabajadores del transporte y de los pasajeros. Control de los protocolos por los propios trabajadores.
  • Frente a la ola de nuevos contagios, control Covid-19 (temperatura y saturación de oxígeno en sangre) para todo el personal del transporte al ingresar al servicio. Licenciamiento y testeo de todos los trabajadores de contacto estrecho con casos positivos.
  • Reclamamos el pago íntegro del salario. Donde la patronal no lo cumpla que el Estado lo garantice y se abran los libros de esas empresas, bajo control de los trabajadores.
  • Estatización, bajo control de los trabajadores, de toda empresa de transporte que cierre.
  • Prohibición de despidos y suspensiones retroactivo a febrero y hasta fin de año. Reincorporación de todos los despedidos.
  • La actualización automática de los salarios es una medida elemental frente al aumento constante de los precios, y una inflación que no bajará del 40%. Exigimos que se respeten las cuotas y las cláusulas ya firmadas. Reclamamos un plus por la esencialidad de nuestras tareas.
  • Por la vigencia de las paritarias, con representantes electos por asambleas de base y con mandato. Ningún acuerdo debe hacerse sin la consulta con los trabajadores. Defendemos la libertad de organización sindical y política de los trabajadores en el marco de la cuarentena.
  • Refuerzo del sistema de transporte público, para evitar concentraciones, sumando los micros de media y larga distancia que se encuentran parados, y los micros escolares, con reglamentación y pleno reconocimiento de derechos y salario convencionales.
  • Que las empresas garanticen el costo del traslado seguro de sus trabajadores, a través de transporte particular.
  • Este plan requiere la centralización del sistema de transporte público y privado, bajo control de representantes electos por los trabajadores.
  • No al pago de la deuda externa. Apoyo al proyecto de ley por un impuesto progresivo a las grandes fortunas del Frente de Izquierda-Unidad. Todos los recursos volcados para defender la vida y la subsistencia de la población. $30 mil a los desocupados. Que la crisis la paguen los capitalistas.


Coordinadora Sindical Clasista

La Naranja del Subte

Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra – Lista Gris

Agrupación La Pista

La Naranja de UTA




 

08/06/2020

Río Gallegos: gran jornada de lucha del Frente de Artistas

Vamos a una asamblea virtual abierta el jueves 18.

Frente de Artistas Río Gallegos

El Frente de Artistas de Río Gallegos realizó, el jueves 4 de junio, una concentración en la esquina de Kirchner y San Martín para visibilizar los reclamos de los artistas y trabajadores de la cultura. Se hicieron presentes en la actividad músicos, artistas escénicos y artistas visuales, en una jornada que tuvo carácter federal con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Lomas de Zamora, entre otros lugares.


Muchos artistas y trabajadores vienen sufriendo una situación insostenible durante la cuarentena, sin trabajo y poca e insuficiente asistencia del Estado. Por eso salimos a la calle con la consigna #SinIngresosNoPodemosVivir y presentamos, el viernes 5, una nota en la Secretaría de Cultura de la provincia, en la que plasmamos los más sentidos reclamos.


Entre esas reivindicaciones figura la exigencia de una compensación salarial de $30.000 para todos los trabajadores de la cultura, la cesión de espacios en radios y Lu 85 Tv Canal 9 Río Gallegos para difundir las producciones artísticas locales, el pago de cachet de artistas que participen de Ciclos de Recitales y Obras de Teatro Online promovidos por el Estado provincial, la efectivización y puesta en marcha a nivel provincial del protocolo para la apertura de salas de ensayos, estudios de grabación y productores de contenido; la apertura de Academias de Danza con clases reducidas y protocolo correspondiente, la adjudicación inmediata del IFE; la exención del pago de monotributo, servicios y alquiler de espacios culturales hasta que se vuelva a trabajar; y la creación de una plataforma federal por parte del Estado con contenidos elaborados por los artistas y docentes percibiendo honorarios por ello.


Luego de una gran jornada en la que recogimos el apoyo de sectores de la población a nuestros reclamos, nos preparamos para darle continuidad a las acciones de lucha. Los artistas de Río Gallegos y de toda la provincia necesitamos organizarnos para pelear por nuestros derechos. Con esa orientación, llamamos a todos los artistas de la provincia a sumarse a la asamblea virtual abierta del Frente de Artistas que se realizará el día jueves 18 de junio a las 16:00.


¡Viva la lucha de los artistas y los trabajadores de la cultura!



 



 

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08/06/2020

Hurlingham: protección sanitaria en las escuelas y actos públicos virtuales de inmediato

Por Fiorella

Tribuna Docente Hurlingham movilizó, el pasado martes 2, con las medidas pertinentes del aislamiento social al Consejo Escolar del distrito. La medida tuvo el objetivo de presentar por escrito un petitorio firmado por gran cantidad de docentes pidiendo la urgente implementación de actos públicos virtuales, respetando el estatuto docente, para que los miles de trabajadores de la educación cesados puedan tomar horas de trabajo y cubrir cargos jerárquicos. También, llevamos una solicitud con problemáticas que se desprenden del contexto pandémico, para que las autoridades competentes resuelvan con premura. Las mismas son:


  • Las clases virtuales han producido una recarga laboral enorme y los gastos de conectividad de docentes y alumnos. Se plantea que las tareas se realicen en el horario escolar y la urgente entrega de dispositivos y conectividad gratuita para docentes y estudiantes por parte del Estado.
  • Reforzar los bolsones de suministros con alimentos adecuados y de valor nutritivo, incluyendo elementos de higiene.
  • Proveer a los docentes que preparan los bolsones de alimentos de kits sanitarios pertinentes: alcohol en gel, guantes, barbijos, máscaras, cofias, camisolines.
  • Mantener esta tarea como voluntaria y, en caso de faltar personal, que sea cumplido por trabajadores preparados para cumplir dicha actividad. Entre otros pedidos.


El Consejo Escolar se encontraba cerrado, por lo que nos dirigimos a la Jefatura Distrital y allí pudimos hacer entrega del petitorio y de los reclamos expresados más arriba. 


Por último -en el cuadro de escalada de los casos de Covid-19- ya se han producido, en algunos distritos de la provincia, casos de contagios en la distribución de alimentos. Hacemos responsable por la salud del personal docente y auxiliar al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional por no proveer las condiciones mínimas de protección sanitaria para esta tarea.




 

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08/06/2020

La binariedad cis en el deporte

Las personas travesti trans y no binaries en lo incierto.

, , Agrupación LGBTI 1969

En el medio de la crisis capitalista mundial y pandémica, muchos deportes y clubes se vieron afectados ante la suspensión de las actividades y la falta de ingresos que producen los torneos. En el plano nacional, el último fin de semana antes de la cuarentena total, gracias a las presiones de clubes de peso como River Plate, se logró la suspensión del fútbol frente a la explosión del Covid-19. Este reclamo fue resistido por el gobierno nacional; el mismo presidente Alberto Fernández llamó a la continuidad de los partidos de la Superliga argumentando que era un entretenimiento para la población aislada y en sus casas. Esto reflejó, una vez más, los intereses políticos y empresariales del Estado con los negociados privados de la televisión, los sponsors, y sin lugar a dudas, las presiones por parte de la AFA. Nadie quiere perder una moneda.


Con la injerencia de la estrategia de marketing, se elige muy bien qué vender apelando a la masividad del público, ya que los deportes con más aficionados son los más vendidos. En esta línea, se expresa la discriminación y la falta de presupuesto por parte de las gestiones para los deportes femeninos, ya que la mayoría de estos están asociados culturalmente solo a la masculinidad.


Al fútbol se lo concibió como una actividad de hombres para hombres y se le da más relevancia desde el periodismo y las empresas que al fútbol femenino, que también compite históricamente en clubes y tienen sus victorias representando a selecciones, como en el caso de la selección femenina de USA, que viene luchando por el salario igualado al fútbol masculino sin ningún tipo de repercusión mediática.


Gracias a las luchas que se gestaron al calor de la “Ola Verde”, los reclamos del movimiento de mujeres y del movimiento Lgbt+ lograron alcanzar una importancia mundial, llevando todo tipo de reclamos y, entre ellos, se concretó con más fuerza la organización del fútbol femenino y de diversidades sexuales y de género.


A través de la lucha de las jugadoras y lxs jugadorxs, se ha logrado que varios clubes profesionalicen a las jugadoras y reciban un salario (aunque no sea igualado al sueldo masculino). Sin embargo, muchas jugadoras y jugadorxs siguen ocupándose de cuidar a sus hijes y de las tareas del hogar, entrenando en condiciones precarias y sin ni siquiera viáticos, con la mochila cargada de opresión y explotación capitalista.


Si bien existe un avance en la profesionalización del fútbol femenino, se sumó la explotación de lxs jugadorxs y una disputa respecto a los derechos de la televisación.


¿Qué pasa con las identidades trans y no binaries?


A principios del 2020, el club Villa San Carlos inició las gestiones para incluir a la delantera trans Mara Gómez en su plantel de cara a la segunda parte del torneo profesional y sería el primer fichaje de un equipo de la máxima categoría que suma a una futbolista trans en su plantel. El caso de Mara, como tantos otros, deja sobre la mesa y refleja la exclusión de la población lgbt+ en el deporte y el atraso en los ámbitos más hostiles, tanto como la falta de implementación de la ley de Identidad de Género en el ámbito del deporte.


Una de las problemáticas importantes a analizar, de la mano de la no contemplación de esta ley, es la situación de las personas travesti trans y no binaries en el deporte, que no encuentran espacios afines a su identidad de género para poder desarrollarse como profesionales o, simplemente, poder entrenar en un club y estar en un equipo, donde les no binaries y varones trans terminan jugando en ligas femeninas o excluides de todo tipo de competición y equipos. Aún existen casos de clubes barriales y profesionales donde no existe el fútbol femenino y hay casos de mujeres entrenando con varones sin poder competir en las ligas por su condición de género.


Como ya se ha anunciado, en la previa de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, el Comité Olímpico Internacional cambió sus políticas determinando que ya no es necesario que les deportistas transgénero atraviesen una operación para competir en la rama correspondiente a la identidad de género autopercibida. Sin embargo, mantuvieron sus políticas biologicistas en referencia a la medición de la testosterona, donde las mujeres trans deben mantener sus niveles por debajo de los 10nmol/L durante todo el año previo a la competencia. Los expertos médicos, coinciden en que el hecho de que tomar hormonas femeninas inhibe las ventajas de fuerza o musculares que podría dar la testosterona.


La noticia recibió mucho repudio y acciones transodiantes en todas las redes sociales, partiendo del odio que reproducen las Iglesias y el Estado junto a los roles de género y la familia monogámica heterosexual, además del eterno debate de la ventaja física, cuando en el ámbito del deporte conviven personas con diferentes capacidades y la fuerza corporal es completamente independiente del género.


Por deportes sin distinción de género


Dentro del marco del régimen capitalista, el deporte no está exento de negociados y las personas travesti trans y no binaries son excluides y discriminades porque el deporte reproduce la cisnorma. Desde las clases de educación física en los primeros años educativos, las diversidades sexuales y de género se encuentran frente a una incomodidad, reproduciendo en las mismas clases un “separatismo” de géneros para realizar ciertas actividades físicas, debido a que no se aplica la ESI laica y científica, siendo esto una responsabilidad estatal. En este sentido, pongamos en pie un movimiento lgbt+ independiente que luche por el efectivo cumplimiento de la educación sexual laica y científica que contemple a las diversidades sexuales y de género, de la mano de una transformación social de raíz, encauzando la construcción de espacios de sociabilización y recreación sin la injerencia de las Iglesias y la norma binaria.



 




 

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08/06/2020

INFORME ESPECIAL- Luján: situación social, sanitaria, habitacional y medioambiental ante el Covid-19

¿Bajo qué condiciones se enfrenta al coronavirus?

El inicio del “Plan Detectar” en el barrio Villa del Parque puso de relieve la crítica situación sanitaria, social y habitacional existente en las barriadas populares de Luján. En este municipio bonaerense se registran 43 casos positivos de Covid-19.


Conurbano bonaerense


En un reciente informe especial titulado “Los barrios populares del Conurbano bonaerense ante el coronavirus” (20/5) su autor, Marcelo Mache, explica que la crisis sanitaria y la emergencia epidemiológica han despertado todas las alarmas en las villas, asentamientos y barrios populares debido a las condiciones de hacinamiento y déficit estructural y sanitario que se padece en las zonas más humildes. La falta de elementos sanitarios, agua potable, políticas de prevención y el hacinamiento en las viviendas exponen a los vecinos a una mayor propagación del virus. Según fuentes oficiales, en el conurbano bonaerense existen unos 981 barrios populares o vulnerables que albergan a unas 328.393 familias en condiciones de hacinamiento y sin contar con los servicios básicos.



Luján: algunas características generales


El partido de Luján es uno de los grandes centros turísticos del país. Anualmente es visitado por millones de personas que realizan “turismo religioso” al santuario de la virgen o que concurren a su polo gastronómico campestre de las localidades de Open Door, Carlos Keen y Cortínez. También el partido cuenta con la instalación de importantes industrias (textiles, ceramistas, plásticos, cartón, alimentación, metalúrgicas, calzado, etcétera) y un fuerte desarrollo del sector agropecuario, sustentado fundamentalmente en los agronegocios y la expansión del monocultivo de la soja. Sin embargo, esta aparente “opulencia” contrasta con las precarias condiciones de vida de miles de lujanenses. Condiciones que, sin dudas, se agravan es estos tiempos de pandemia.


Luján se caracteriza por tener un conjunto de localidades situadas en áreas rurales (Jáuregui, Carlos Keen, Olivera, Torres, Cortínez y Open Door). Alrededor del 70% de su población se concentra principalmente en la ciudad cabecera (Luján) y solo un 10% de la población habita en zonas rurales. El último Censo Nacional (2010) contabilizó que, en una superficie total de 777,1 km2, el distrito tenía 106.273 habitantes, 32.524 hogares, y 37.527 viviendas. Empero, según una proyección realizada por la Dirección Provincial de Estadísticas, para 2017 Luján superaría los 116 mil habitantes.


Desde la vuelta al régimen constitucional, a finales de 1983, el municipio es gobernado alternadamente por los partidos tradicionales: Unión Cívica Radical, la Unión Vecinal (brazo político civil local de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica) y por diversas fracciones del justicialismo. Desde el 10 de diciembre del 2019, Leonardo Boto (Frente de Todos) es su intendente.



Vivienda


Según los datos del último censo oficial (2010) en Luján miles de hogares se encuentran en una situación realmente muy complicada en materia de vivienda:


Sobre un total de 32.524 hogares, 15.530 presentan algún tipo de “déficit cualitativo”, de los cuales 3.992 se encuentran en estado crítico (Atlas ID, Ministerio del Interior de la Nación).


En la actualidad, el déficit habitacional es una enorme problemática que afecta a miles de trabajadores desocupados y también ocupados. Un registro (no actualizado) de la Dirección de Tierras del municipio, muestra que existen al menos unas 5.000 familias que no acceden a una vivienda propia.


Además, según un Registro Nacional de las Personas realizado por organizaciones sociales, la Fundación Techo y Caritas, en Luján existen 13 barrios populares, donde 670 familias no acceden legalmente a una vivienda digna y a un terreno que puedan pagar con sus ingresos (Ladran Sancho, 11/3/2018).


Como contracara de esta situación, existen en este municipio 26 barrios privados y clubes de campo registrados, quienes a la fecha adeudan más 45 millones de pesos en concepto de pago de tasas y servicios municipales.


En la última década, los planes para la construcción de viviendas destinadas a los sectores populares por parte del Estado, fueron casi inexistentes. El último plan data del 2015 y se preveía allí la construcción de 202 viviendas destinadas a la relocalización de familias que habitan en zonas inundables por el Río Luján. Sin embargo, solo se logró finalizar y entregar 60 de las 202 viviendas planificadas.



Agua y cloacas


Un informe publicado en el año 2018 por la Plataforma del Agua (dirigida por la Universidad Nacional de Quilmes) muestra que solo el 45 por ciento de las y los lujanenses está conectado a la red pública de agua corriente en sus viviendas.


En cuanto al tratamiento de los desechos sépticos, la estadística se divide en dos áreas. En la zona urbana, el 54 por ciento no posee cloacas, mientras que en el área rural agrupada solo el 7 por ciento cuenta con ellas. El saneamiento por cámara séptica y pozo ciego llega al 43 por ciento en la zona urbana y al 92 en la parte rural. Aquellas viviendas que solo tienen “saneamiento a hoyo excavación en la tierra” alcanza el 1,68 por ciento de los hogares, donde la pobreza es extrema (Nicolás Grande y Agustín Gigante, El Civismo, 2018).


Testimonios


Viviana Figueroa. Histórica referenta del Polo Obrero en Luján y responsable del comedor popular “Los Penachitos” en el barrio Villa del Parque:



“Lo que abundan en el barrio son las familias sin viviendas. En una pieza hay una familia con nueve o siete integrantes que duermen en una cama. Es una realidad terrible, llena de necesidades y el Estado no está respondiendo. En los nuevos asentamientos del barrio, donde hay unas 30 familias sin viviendas, las personas no tienen el kit sanitario ni agua potable. Por eso existe un gran necesidad de colaborar en la organización de estos compañeros”.



Crecimiento de la pobreza y la desigualdad


El crecimiento de la pobreza y la indigencia es una problemática de extrema gravedad en todo Luján. En las últimas tres décadas, el crecimiento de las barriadas pobres estuvo acompañado por la instalación de grandes y lujosos emprendimientos inmobiliarios del sector privado. Así, en muchas zonas de este distrito bonaerense, el lujo y la falta de servicios básicos (que padecen miles de familias) están separados por escasos metros.


Según un informe elaborado por la Municipalidad de Luján a finales del 2019, la asistencia alimentaria gubernamental a personas en situación de vulnerabilidad extrema se corresponde con unas 3.000 bolsas de alimentos secos mensuales, 690 kilos de carnes, 3.000 kilos de leche en polvo, etcétera. A esa fecha, diciembre de 2019, existían a lo largo y ancho del partido unos 50 comedores barriales.


Este crítico cuadro se agravó profundamente en el actual contexto de pandemia. La demanda de alimentos en los barrios populares se incrementó notoriamente, empero la asistencia del Estado para atender estas necesidades elementales es más que insuficiente. Una situación que es denunciada por vecinos y organizaciones.


 



Salud


El Hospital Municipal “Nuestra Señora de Luján”, principal centro de atención sanitario del municipio, sufre ininterrumpidamente desde inicios de los años ’90 las consecuencias de las políticas privatistas, de descentralización presupuestaria y de ajuste estructural.


Según describen documentos oficiales “existe una enorme deficiencia edilicia, no está sectorizado, y se encuentra desbordado. Los consultorios son insuficientes (…). No hay comité de infecciones (esencial para la prevención y el control de las infecciones intrahospitalarias). Con respecto al equipamiento, no se encuentra operativo el tomógrafo, hay deuda con la empresa de mantenimiento y no resulta claro si es viable repararlo. Los residuos son recolectados en un camión propio por los centros de salud y llevados al depósito que se encuentra en el hospital donde son almacenados junto con los propios del hospital”.


A comienzos de la actual pandemia el hospital contaba con cuatro respiradores artificiales en su unidad de terapia intensiva. A la fecha solo se incorporaron dos nuevos respiradores artificiales y cuatro bombas de infusión.


Ello, en el marco de una deuda municipal que asciende a los 469 millones de pesos.


El partido registra, a la fecha, 43 casos positivos de Covid-19. El Hospital Nacional “Colonia Montes de Oca”, situado en la localidad de Torres, tiene la máxima concentración de casos positivos de coronavirus en el partido de Luján. Hasta la fecha son 17 las personas que se configuraron como casos positivos. Entre ellos se encuentran profesionales de la salud (médicos y enfermeros), personal de maestranza y pacientes del hospital psiquiátrico. Tal como venimos planteando en anteriores notas, es esencial y urgente que el Estado nacional y en este caso el gobierno municipal de Luján (ambos del Frente de Todos) garanticen todas las medidas y protocolos preventivos para evitar un mayor crecimiento en los contagios en los centros de salud.



Medioambiente


Luján posee el basural a cielo abierto más grande de la provincia de Buenos Aires. Conocido popularmente como “la quema”, se encuentra ubicado en una zona urbana situada en el llamado bloque barrial de “los santos” (San Pedro, San Marta, San Jorge y San Fermín). La contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias son moneda corriente entre las y los vecinos de esta zona del partido.


La situación que atraviesa este basural es completamente ilegal, contradiciendo toda la normativa nacional y provincial vigente. Un informe del año 2011 muestra que en Luján se producían unos 88.700 kilos diarios de basura. La ciudad cabecera aportaba 63.500 kilos, mientras que Jáuregui y Pueblo Nuevo generaban 8.200 kilos diarios. En dicho informe se proyectaba que para 2030, el distrito tendrá que lidiar con un total aproximado de 113.300 kilos por día de basura (El Civismo, 15/3/2016).


A pesar de la enorme lucha de vecinos y los distintos proyectos oficiales presentados para sanear y relocalizar el basural, nada se ha modificado. Más bien todo lo contrario, la situación se agrava gobierno tras gobierno.



Necesitamos un plan de salida a la crisis y para enfrentar la pandemia


Ante esta situación de crisis generalizada, es fundamental profundizar la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados en cada barrio y lugar de trabajo, para reclamar la provisión periódica de alimentos, agua potable y artículos de limpieza, la prohibición de despidos y suspensiones y la creación de un seguro al parado de 30 mil pesos. Para que todos los recursos nacionales, provinciales y municipales se utilicen para atender la actual emergencia sanitaria y social.


Como parte de una salida integral a la crisis, es necesario generar e implementar nuevos mecanismos impositivos (tasas) con carácter progresivo sobre los grandes patrimonios (que sean aplicables tanto a las personas humanas como a las sucesiones indivisas), las altas rentas, la gran propiedad agraria, a los bancos y las viviendas ociosas de mayor valor. Esto permitiría incrementar significativamente la recaudación municipal con fondos que deberían ser utilizados exclusivamente para atender las diversas urgencias sanitarias y sociales: elaboración de material sanitario; contratación de personal de salud; aumento salarial para los trabajadores municipales, recursos para los comedores populares, etcétera.


Se necesita con urgencia la triplicación del presupuesto de salud, sobre la base del no pago de la deuda y la eliminación de los negociados de privatización de la salud; testeos masivos para el personal y los pacientes del Hospital Montes de Oca; poner en marcha un gran plan de viviendas populares, de obras de infraestructura y saneamiento del Río Luján; la inmediata erradicación y saneamiento del basural a cielo abierto; y la apertura de todos los libros municipales.



 

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Reclamo de justicia por Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, atropellados por un patrullero

Familiares y vecinos marcharán el lunes 8, bajo la consigna "No fue un accidente sino un asesinato".

Este lunes 8 tendrá lugar una movilización en la Plaza Mitre de la localidad bonaerense de San Nicolás, para reclamar justicia por Ulises Rial (de 25 años) y Ezequiel Corbalán (de 31), que murieron en la madrugada del lunes 1 en el marco de una persecución policial.


La fuerza argumenta que “chocaron un patrullero”, cuando lo cierto es que el impacto con el mismo se produjo como consecuencia de la persecución y el amedrentamiento represivo contra ellos, y que justifican en que no podían andar de a dos en la moto. Ulises murió en el acto, mientras que Ezequiel estuvo varios días internado con muerte cerebral.


Por este motivo, sus familiares y vecinos reclamarán el lunes bajo la consigna “No fue un accidente sino un asesinato”.


Este accionar policial represivo no es novedad en los barrios de San Nicolás. El intendente Manuel Passaglia aprovechó la pandemia para militarizar los barrios, desarrollando una intensa persecución a los jóvenes y trabajadores que se ven obligados, por el aumento de la pobreza y la desocupación, a salir de los barrios para changuear para poder obtener el alimento diario. San Nicolás es récord, en el interior de la Provincia de Buenos Aires, en el aumento de la pobreza y la desocupación -como han puesto de manifiesto las acciones locales de las organizaciones de lucha como el Polo Obrero, que denuncian asimismo el vaciamiento de los comedores populares y la concentración de la poca atención alimentaria en las iglesias, fuertemente subsidiadas.


Mientras que se ha establecido un toque de queda para reforzar esta política represiva, se suman las denuncias por zonas liberadas en los barrios.  Es decir que la violencia policial tiene como objetivo, por un lado, el control social de los barrios más golpeados de San Nicolás, y por otro, el control sobre el negocio del narcotráfico, el crimen en los barrios y la prostitución.


Reclamamos justicia por Ulises y Ezequiel, y exigimos el juicio y castigo a los policías involucrados, la investigación independiente de las responsabilidades políticas y el fin de la persecución y maltratos de la policía en los barrios.


 

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07/06/2020

La UBA se queda con 30% del sueldo de farmacéuticos de la Ciudad

El lunes 8 van al paro.

El próximo lunes 8 de junio los farmacéuticos de convenio UBA, del primer nivel de atención de la Ciudad de Buenos Aires, van al paro. Denuncian, entre otras cosas, que por el convenio en cuestión la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la Universidad de Buenos Aires se queda con un 30% de sus ya bajos salario.


La situación de estos profesionales describe de pies a cabeza la precarización y las pésimas condiciones de lxs trabajadores de salud en general, en medio de una pandemia que tiene a la Argentina en el ranking mundial de porcentaje de trabajadores del sector infectados. El gobierno de Capital Federal es un abanderado de este ajuste, como se vio con la luchas de Enfermería por no ser reconocidos como profesionales de la salud; y con lxs residentes y concurrentes, quienes vienen dando una gran pelea contra la superexplotación que padecen en sus trabajos .


En este caso, los farmacéuticos denuncian demoras en los pagos de salarios (con haberes atrasados desde el mes de abril), la precarización laboral a la que están sometidos y la falta de elementos de protección contra el virus a la hora de realizar sus tareas, desempeñadas en los hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesacs) de la Ciudad, que lxs dejan gravemente expuestos al contagio del virus. La burocracia que dirige el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos en relación de dependencia (SAFyB) no solo mantiene un silencio de radio ante estos hechos, sino que su secretario general, Marcelo Peretta, se pasea por los medios pregonando el levantamiento de la cuarentena, al compás de la burguesía nacional, junto a personajes como Patricia Bullrich.


El gato y la caja (de la UBA)


Estos profesionales se encuentran bajo un convenio firmado por la y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades de FFyB desde hace años impulsan todo tipo de convenios de estas características, tanto con los gobiernos como con empresas y laboratorios privados. Desde la mayoría estudiantil en el Consejo Directivo y la presidencia del Centro de Estudiantes (Cefyb), integrados por nuestra agrupación Antídoto (UJS + independientes), sistemáticamente los rechazamos y denunciamos, por su carácter privatista de la educación y por su contenido antilaboral.


Este caso es ejemplar. El convenio no solo los somete a condiciones laborales pésimas y a la total exposición del contagio de virus y enfermedades, sino que además habilita que la facultad de Farmacia y Bioquímica se quede con el mentado porcentaje de su salario, para engordar la caja (negra) de los llamados “recursos propios” de la facultad.


En la facultad de Farmacia y Bioquímica estos convenios, al igual que proyectos de posgrados arancelados, reformas de planes de estudio discutidas vaya a saber uno por quién (seguro no por la comunidad educativa) e incluso recortes de contenidos, son aprobados a diario en el Consejo Directivo. Para que esta estafa sea avalada, cuentan con los votos del bloque radical de la gestión (que integra la mayoría en los claustros de profesores y graduados) y del bloque “opositor” kichnerista-peronista (incluida la representación estudiantil de la agrupación Sinapsis, uno de los desprendimientos por derecha de la ruptura de Nuevo Encuentro). La única voz independiente que no defiende estas políticas privatistas y precarizadoras de la educación, sino que las denuncia y combate, sigue siendo, como desde hace 10 años, Antídoto y la UJS.


Unidad entre estudiantes y profesionales


FFyB y la UBA en general tienen que servir como campo para que los estudiantes, docentes y graduados nos organicemos con un programa contra los negociados perpetrados por las autoridades, las empresas y el gobierno, por el financiamiento único estatal de las universidades, contra los convenios privatistas y por el salario y condiciones laborales dignas de todos los trabajadores de la educación y la salud.


En este sentido, el apoyo a la lucha de los profesionales de la salud es de vida o muerte, como lo demuestra el caso de la enfermera fallecida en Lomas de Zamora por Covid-19. El Cefyb se suma a la pelea de los trabajadores farmacéuticos que hoy luchan por su salario y condiciones laborales dignas.


Para esto, es necesario que sea acompañado del desarrollo de un programa de salida a la crisis económica y sanitaria: que incluya como pilar de esa batalla el no pago de la deuda externa y un impuesto a las grandes rentas y fortunas, para destinar esos recursos estratégicos a la salud, al aumento salarial a todos los trabajadores que se encuentran luchando contra la pandemia, a la centralización del sistema de salud antes de que este colapse, y a frenar de verdad los despidos y suspensiones.





 

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07/06/2020

Coto Ramos Mejía: se confirmó positivo de coronavirus y la empresa no toma medidas

Crecen los casos en supermercados, con la complicidad de la burocracia sindical.

Ante la confirmación de un nuevo caso positivo de coronavirus en otra sucursal del supermercado Coto, esta vez en Ramos Mejía (zona oeste del conurbano bonaerense), se pone nuevamente en evidencia la falta de protocolos sanitarios frente a la pandemia por parte de la empresa, que deja librados a su suerte a las y los trabajadores.


Se trata de una cajera de la sucursal 51 de esta localidad, que reside en el partido de Moreno y que ya el 31 de mayo había dado aviso a los supervisores de que podría haber contraído Covid-19, ya que presentaba síntomas y convive con un familiar que se desempeña en el área de la salud. Ante esto, la empresa solo hizo que se fuera a su casa, en transporte público, y le encomendó que se manejara por la obra social. Tampoco dio aviso al resto del personal. El hisopado le fue realizado el lunes 1, y el resultado le fue comunicado a las 48 horas.


Si bien la trabajadora se encuentra aislada, la empresa no ha aislado a sus compañeros y compañeras que se desempeñan en el mismo sector, por no tratarse de “casos estrechos”. Ello pese a que comparten lugares en común como ser el comedor y, en este caso en particular, el vestuario de mujeres.


Asimismo, los trabajadores de reparto Rappi que hacen los repartos del supermercado desde principio de año fueron desafectados de la tarea, debido a que habrían tenido una relación estrecha con la trabajadora con coronavirus. Los trabajadores de reparto vienen de realizar tres paros en reclamo de las medidas para prevenir los contagios, ya que no les brindan los elementos ni sus empleadores ni las empresas que los contratan.


El jueves por la tarde, la empresa cerró la sucursal para realizar la desinfección. “Este viernes a la madrugada la empresa envió la copia del certificado de desinfección que hizo, con los productos adecuados”, confirmó Dario Butera, director general de Trabajo de La Matanza y dirigente sindical de la Unión Ferroviaria a un medio local. La sucursal 51 estuvo menos de 24 horas cerrada.


Los contagios en los supermercados vienen en aumento y esto es producto de que la gran mayoría de las grandes cadenas no aplican un protocolo para prevenir los contagios. Apenas cumplen con la entrega de los elementos básicos, como barbijos y alcohol en gel. En el caso particular de la cadena Coto, en donde ya se registran 39 casos solo en la Ciudad de Buenos Aires y -con este último- 5 en el conurbano, los trabajadores siguen denunciando la falta de protocolos y, ante los reclamos, la empresa emitió circulares para prohibir que los repositores externos hagan conocer los contagios (Gestión Sindical, 2/6). También denuncian que en muchas sucursales no hay un límite de ingreso de los clientes. En algunas de las sucursales se le toma la temperatura al ingresar a los trabajadores y en otras, también a los clientes. Al parecer esto último quedaría a criterio de cada gerente. El accionar de esta patronal no sorprende en lo absoluto: ya habiéndose registrado casos positivos de coronavirus en el país y pasados diez días del anuncio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, sus trabajadores reclamaron ante la falta de los elementos y la respuesta del representante de Recursos Humanos fue que si no les gustaba la situación “se vayan a vivir a Cuba”.


El propio Alfredo Coto, a principios del mes de abril, expuso a las y a los trabajadores a un posible contagio. En esa oportunidad -y en la misma sucursal en donde se detectó el último caso de coronavirus-, hizo que sean las y los trabajadores quienes reclamen ante la clausura por parte del Municipio de La Matanza, por el hallazgo de productos que no cumplían con las normas y la reglamentación de sanidad. El reclamo estuvo también encabezado por Ramón Muerza, de un sector de la burocracia del Sindicato de Empleados de Comercio, y mano derecha y fuerza de choque de Alfredo Coto.


El Seoca y la Faecys, en la línea de las patronales


El Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste (Seoca), dirigido por Julio Rubén Ledesma, actúa en la misma línea que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y que las patronales frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus.


Por un lado, no han exigido de manera fehaciente a las empresas la implementación de protocolos sanitarios para la prevención del contagio por tratarse de una actividad esencial, con los trabajadores cien por ciento expuestos al contagio -ya sea por la dinámica que tienen los supermercados, que es constante, y porque son muchas las horas las que están en contacto con la gente. A lo que se suma que como la inmensa mayoría se traslada a su lugar de trabajo en el transporte público.


Los sindicatos han dejado que las empresas actúen a su antojo. Solo en los supermercados o mayoristas en donde los cuerpos de delegados actuaron de manera independiente, ante el inmovilismo del sindicato, pudieron imponerle a las patronales un protocolo. Es el caso del mayorista Diarco ubicado en el Mercado Central, donde los trabajadores impusieron el cambio de régimen laboral, trabajando 15 días corridos por mes y con 15 de licencia, sin afectar el salario. En otros, por el contrario, los delegados responden a las órdenes del sindicato.


Por otro lado, el Seoca se alineó a la par de la Faecys al pacto CGT -UIA, que no es otra cosa que un ataque directo a los trabajadores. No han tomado una acción directa por la pelea de un bono que compense el esfuerzo de los trabajadores mercantiles, ni reclamado la apertura de las paritarias.


Ante la parálisis de los sindicatos y los atropellos de las patronales, desde la Agrupación Clasista de Comercio planteamos la elaboración de un protocolo obrero, hecho por las y los trabajadores, que sea aprobado en asamblea. Y que el control de su aplicación sea llevado a cabo por delegados mandatados o comisiones elegidas por los mismos trabajadores. Planteamos asimismo la reapertura de la paritaria con un salario indexado a la inflación, reducción de jornada y un plus salarial de 20 mil pesos para la rama supermercados, por insalubridad.

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Aumentan los atropellos policiales en Salta

Este martes 9, los familiares de Agustín Arroyo, víctima de represión, llevarán sus denuncias a la legislatura provincial.

A partir de que se decretó la cuarentena en Salta, han crecido los casos de abusos policiales, en un contexto en que los trabajadores se ven muchas veces obligados a salir para garantizar su subsistencia -en una provincia en que la mayoría de ellos está precarizada y en negro. Estos atropellos cuentan con el resguardo del decreto 255/20 del gobernador Gustavo Sáenz y del ministro de Seguridad, el negacionista de la dictadura Juan Manuel Pulleiro, que le otorga más facultades represivas a la policía en nombre de resguardar la salud de la población.


Si bien estos atropellos ya existían desde antes de la cuarentena, ahora directamente se han descontrolado: después de las 20 hs los policías salen a hacer razzias por las calles, como si estuviéramos bajo estado de sitio. Existe un gran temor de que a alguno se le pase la mano y termine provocando una muerte. 


Nuevas denuncias


En la localidad de Rosario de la Frontera se denunciaron nuevos casos, como el cometido contra Agustín Arroyo, joven reprimido brutalmente por agentes del 911 el 24 de mayo. Sus familiares visitarán, este martes 9, la legislatura provincial para denunciar ante la comisión de Derechos Humanos de Diputados estos atropellos. Las denuncias que ya hicieron no han tenido hasta el momento respuesta alguna por parte de las autoridades locales.


De Rosario de La Frontera es oriundo el diputado Gustavo Orozco, quien defiende a los policías ante estos hechos, como también lo hizo en el caso de Rosa Sulca -cuyo pedido de auxilio no fue tomado seriamente y terminó asesinada. El propio Orozco está denunciado por los mismos atropellos cuando era jefe de la Brigada de su localidad, y en unos días empieza un juicio en su contra.


En la capital salteña, un jubilado de 62 años fue golpeado y bajado del colectivo por un efectivo cuando este se dirigía hacia su casa, arguyendo que no tenía dinero para el boleto.


Por su parte, los vecinos que estaban ocupando los terrenos en Tartagal, así como en los barrios Solidaridad y Justicia de la ciudad de Salta, fueron reprimidos y desalojados sin una orden judicial. Y disparos con balas de goma le produjeron la pérdida de un ojo a José Mercado, en la localidad de Gerardo Ballivián.


La gran mayoría de casos de atropellos policiales tienen como antecedente común la agresividad de los policías, así como también la negativa de las comisarias a tomarles las denuncias.


Represión como política de Estado


Cada uno de los casos denunciados no son hechos aislados, sino que se enmarcan en un aumento general de los casos de abusos y atropellos policiales como una política de Estado, tanto en Salta como en el resto del país.


Es preciso que los trabajadores y la juventud le pongamos fin a la política represiva que lleva adelante Gustavo Sáenz. Se busca, por medio del aparato represor, que la crisis la paguen los trabajadores. Mientras tanto, Alberto Fernández se ha llamado a silencio, incluso ante la brutalidad de la policía chaqueña contra la comunidad Qom.


Estaremos acompañando el día martes 9 en la Comisión de Derechos Humanos a los familiares de Agustín Arroyo, y exigiremos que se investigue cada caso y pediremos juicio y castigo a los responsables materiales y políticos.

07/06/2020

Transporte interurbano de Córdoba: trabajadores marchan ante el incumplimiento de los acuerdos salariales

Las patronales reclaman más subsidios y rebajas salariales. Es necesaria la estatización bajo control obrero del sistema.

Trabajadores del transporte interurbano de Córdoba realizaron una manifestación por el centro y la terminal de la capital provincial, el pasado viernes 5. La medida fue en respuesta al incumplimiento del acuerdo por parte de las patronales, que establecía el pago integral del 100 % de sueldo de marzo, y del 75 % de salario de abril y mayo, en cuotas. Enzo Noriega, vocero de los empresarios nucleados en Fatap, declaró a los medios que no pagaron porque no tienen la plata, y que esperan por más subsidios nacionales.


La movilización fue la primera protesta callejera en 56 días de paro. Previamente, la conducción de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) había levantado acciones, argumentando que eran imposibles por la pandemia. Esta vez, obligada por las circunstancia, convocó a una marcha que permaneció durante horas por las arterias principales de la ciudad, y que al llegar a la zona de la terminal culmino con un piquetazo. Hay reservas de lucha para defender el salario, y los puestos de trabajo.



El dirigente máximo del sindicato, Emiliano Gramajo, en declaraciones a Cadena 3 declaró que “los empresarios aducen que tienen que esperar los subsidios cuando el acuerdo no es así. Llegamos a un acuerdo del 75% de sueldo para garantizar puestos y no respetan ni eso. El gobierno provincial sigue negociando. Ahora la pregunta es: ¿van a tener para pagarnos el acuerdo?” Sugestiva pregunta sobre las patronales que, durante más de 56 días, realizaron retención indebida de sueldos, demorando pagos de sueldos con subsidios nacionales.


En este marco, el planteo de la conducción es solicitar que “el gobierno provincial haga un esfuerzo, adelante la plata del subsidio nacional para que se pueda pagar íntegramente el 75% de los salarios”. Por el lado de los empresarios, esperan por el ingreso de subsidios nacionales. Además, Enzo Noriega manifestó que “las empresas se han desfinanciado, se cortó la cadena de pagos y esto pone en riesgo el funcionamiento de algunas empresas”. Con este discurso, las patronales pretenden imponer salarios adecuados a la “nueva normalidad”.


Subsidios


En la previa del acuerdo incumplido por la patronal, hubo declaraciones cruzadas entre el intendente de Córdoba Capital, Martín Miguel Llaryora y uno de los voceros del gobierno nacional en la provincia, el senador Carlos Caserío. Llaryora es uno de los intendentes que pidió por una mayor equidad en la distribución de subsidios nacionales; el parlamentario nacional manifestó que ya se había girado fondos extra a la provincia por un total de 3.100 millones, y que “ahora no hay plata, estamos emitiendo y ni siquiera sabemos si el pago de la deuda será solventable, no es momento para discutir el reparto de subsidios”.


El cruce de declaraciones revela que para quienes gobiernan, en tanto poder concedente, no piensan tocar el “costo empresario”. Mientras tanto, las patronales buscan seguir pasándole una factura mayor de subsidios al Estado, a la vez que pretenden imponer modificaciones en las condiciones de trabajo. En este punto, tienen con quienes gobiernan un acuerdo en toda la línea.


El sistema de transporte viene funcionando durante décadas en base a un esquema que se sustentó en subsidios, manejados de manera discrecional por las patronales vinculadas al poder político. Vale recordar que estos subsidios fueron establecidos en otro momento económico. Ahora es claro que su continuidad, en los mismos términos de funcionamiento, entró en crisis.


Por eso, la defensa del salario, las jubilaciones y la obra social requiere de la deliberación e intervención del conjunto de trabajadores del transporte en la órbita de Aoita. Es necesario poner en marcha un plan de lucha de conjunto. Cabe remarcar que el mencionado gremio también nuclea a empleados de empresas de transporte urbano de grandes ciudades, como la de Río Cuarto.


La defensa integral del convenio y del derecho al transporte para el pueblo trabajador está asociada a la estatización del sistema, bajo control de trabajadores y usuarios. Es la única vía de terminar con el costo empresario de empresarios parásitos. En ese sentido, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley. Esa es la perspectiva por la que se salvan los puestos de trabajo y se garantiza un servicio de calidad.



 

En esta nota

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La banca de la concejala Cintia Frencia fue la única que en soledad presentó e insistió a viva voz con el procedimiento de expulsión que implica la conformación de una comisión investigadora.
Alzó la voz en el recinto para exigir la expulsión y apeló a la movilización popular hasta que caigan todos los responsables, materiales, ideológicos y políticos del crimen de Agostina.
Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
07/06/2020

Neuquén: faltan 70 mil viviendas, pero un quinto de los fondos de Nación irá a un centro de convenciones empresariales

La visita a Neuquén del presidente Alberto Fernández selló un acuerdo por el que se otorgarán $2.145 millones de fondos de Nación a la provincia. De estos, $438.500 millones serán destinados a la construcción de un Centro de Exposiciones y Convenciones, con el objetivo de impulsar el turismo empresarial tanto nacional como extranjero. La obra quedará cerca del río Limay y será administrada por la corporación Cornideu, una entidad compuesta por el Estado municipal y provincial. Este ente tiene a su cargo el desarrollo del “pulmón turístico” en la isla 132, un espacio de 60 hectáreas que constituye un preciado botín de la especulación inmobiliaria que opera en Neuquén capital.


El centro de exposiciones tendrá una superficie cubierta de 3.233,15 m2, semicubierta de 537,000 y espacios exteriores de 5.134,17 m2. Según las afirmaciones del gobierno, el proyecto estará destinado a “dotar a la ciudad de una infraestructura edilicia para posicionarlo como organizador de eventos” y en pos del “desarrollo del turismo de reuniones a nivel regional e internacional”.


Con la firma del convenio, el gobernado Omar Gutiérrez hace realidad un ansiado proyecto, que había quedado frustrado el año pasado con la caída de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


La majestuosa obra pinta de cuerpo entero la orientación del gobierno de Gutiérrez (con el aval de Fernández). Por un lado, el Centro de Convenciones avanza en la dirección de que la isla 132 sea un “nuevo Puerto Madero” donde tengan exclusividad las construcciones empresariales y privadas de grandes superficies. Y por el otro, refleja con claridad de la prioridad en los destinos de los recursos públicos. Es que cuando urge la construcción de 70.000 viviendas populares, hospitales y escuelas, el Estado neuquino destina más de $400 millones a un centro de convenciones para el turismo empresarial y alejado de las necesidades populares.


Defendemos la isla 132 como un espacio comunitario, y la prioridad de las obras públicas para las grandes necesidades de los trabajadores.

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07/06/2020

Las mujeres y diversidades de Junín de los Andes nos manifestamos contra el fallo del fiscal Rivarola

PDT Junín de los Andes

Este sábado 6, mujeres y diversidades sexuales de la localidad neuquina de Junín de los Andes realizamos una intervención artística y de lucha, repudiando el reciente fallo del fiscal Fernando Rivarola, de Chubut, en favor de seis “hijos del poder” de esa localidad que violaron a una joven.


La iniciativa consistió en colgar, en el puente del río Chimehuin, muñecos de tela que representaban a Rivarola y a los seis perpetradores. Se trató de un claro repudio ante el dictamen del fiscal, quien sentenció que la violación fue un  “desahogo sexual”, tratando de invisibilizar y negar el crimen. Les compañeres realizamos la  intervención bajo la consigna: “no fue desahogo sexual, fue violación”, sumándonos así  a las jornadas de lucha en solidaridad con les compañeres de Chubut.



Semanas atrás, les compañeres juninenses tomábamos las calles, con todas las medidas de bioseguridad, y nos manifestábamos frente a la casa del violador Ramón Eugenio Llull, un ex militar a quien la justicia neuquina le concedió la prisión domiciliaria amparándose en el creciente número de casos de coronavirus, sin tener en cuenta la opinión de  víctimas y a sus familias, y no tomando ninguna medida de protección hacia ellas. Tras las manifestaciones callejeras y la intervención en redes, se logró poner de manifiesto el nefasto accionar de les jueces Trincheri, Sommer y Deiub que le dieron a finales de abril la domiciliaria a Llull. Luego se daría marcha atrás con esta medida, volviendo el violador a la cárcel a mediados de mayo, pero con la posibilidad de obtener más adelante la domiciliaria. Es claro que el camino para conquistar y defender nuestros derechos son las calles. Acá ningún gobierno nos dio nada y todas nuestras reivindicaciones se las arrancamos a un Estado capitalista que es garante y responsable de preservar las relaciones de opresión y dominación que sufrimos por parte de este régimen social.


La lucha está en las calles, con la organización del movimiento de mujeres y diversidades independiente del gobierno provincial y el gobierno nacional. No podemos depositar nuestras esperanzas en un gobierno que nos dio la espalda desde el día que asumió. Pasó con el aborto, con Alberto hablando de un limitado proyecto propio -que al día de hoy sigue sin aparecer- y, luego, aclarando que “tiene otras urgencias”. Pasó con la escalada de femicidios en cuarentena, con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades limitando su respuesta a la infructífera Campaña Barbijo Rojo, destinando cero presupuesto y volcando en las víctimas la responsabilidad de solucionar su situación. Y nuevamente ante la resolución del fiscal Rivarola, con la titular de esa cartera, Elizabeth Gómez Alcorta, adjudicando el asunto a “la falta de perspectiva de género en la administración de la justicia”  y planteando como solución una capacitación, omitiendo la responsabilidad estatal de este aberrante dictamen.


La impunidad de la que hoy gozan Joaquín Pérez, Ezequiel Quintana, Leandro del Villar, Luciano Mallemaci, Robertino Viglione y Tomás Soriano, hijos de empresarios y políticos chubutenses, muestra la necesidad de un cambio más profundo, en la medida que la justicia responde y defiende intereses de clase.


Llamamos a las mujeres y diversidades a organizarse con independencia política de todos los gobiernos. Reclamamos la destitución del fiscal Fernando Rivarola y cárcel común a los 6 violadores; que jueces, fiscales y funcionaries sean elegides por el voto popular y con mandato revocable. Basta de crímenes de odio. Organicemos la lucha por la habilitación urgente de Casas Refugio para dar alojamiento a las mujeres y sus hijes víctimas de violencia, que ya fue aprobada hace más de un mes en la Legislatura neuquina y que al día de hoy sigue sin ser reglamentada por el gobierno provincial MPN de Omar Gutiérrez.


Ni una menos. Fue violación, no desahogo sexual. El Estado y los gobiernos son responsables.

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07/06/2020

“The demands of the movement will clash with the Democratic Party”

Testimonies of the popular rebellion in USA; interview with Michael Letwin, Labor for Palestine New York

-What has the conflict been like this week in your area?


-In New York there’s been, as throughout this country, a mass revolt. Tens of thousands of people in the street, multiracial, significantly and confronting extreme police violent as are people throughout this country and throughout the world. On the one hand the terrible brutality of George Floyd’s murder and the murder of so many other black and brown people is almost insufferable to watch. But at the same time, this rebellion that’s happening now is so inspiring. The courage and the militancy that’s out on the streets and the understanding that this is not a question of a few bad police apples or something that is unordinary, but rather something that is quite common and relates to the legacy of slavery and of capitalism in this country.


The militancy and the radicalism of the demands that have come out of the movement. To defund the police, dismantle police, abolish prisons. Not that everybody has those positions. But nonetheless the widespread demand for those changes to the system itself. And not just changes, but an end to the system in many cases. Whatever people mean by that, it’s impressive and striking.


-What reaction have you seen in the movement to Trump’s announcement of the army being on call as a means to upscale the repression?


-It’s interesting I think that there hasn’t been a retreat of the protesters in the face of that threat or of the existing mass violence that’s coming from the state. Thousands and thousands of people are out in the street. They may be more than before. The police have been able to inflict tremendous brutality on the movement, but they have not been able to back the movement down at all. If anything, the brutality that the state has inflicted against the protesters has only reinforces people’s determination to be out and to resist martial law, to resist the curfews, to resist the ongoing daily violence, and the specific violence that’s being launched against them by the police.


And, also I think it’s interesting that despite the lipservice that liberal politicians have given to the movement, they in fact are the ones who are helping to orchestrate the mass violence. So, in New York City, for example, which has a liberal democratic mayor, the violence that is being rained down on the protest is coming directly from that administration. I think that deepens everyone’s understanding, if they didn’t already know, that despite differences in rhetoric from Trump, from Biden, to in our case, mayor Di Blasio in New York City, and across the political spectrum, whatever politicians may be saying, their deeds speak for themselves.


When they send out police to brutalize protestors, as happened in New York City repeatedly, including last night (Wednesday June 3rd), that is not an aberration, that comes from the top. Those are orders that go out from the administration. Whether that’s Trump, or the governors, or mayors. This kind of violence is systemic, and it’s organized and it’s coordinated. We saw this with Occupy Wall Street almost ten years ago, when the mayors were given the order by the Obama administration to shut down Occupy. That happened everywhere, very systemically, across all political lines. And we’re seeing the same thing now in regards to repression against the movement.


The strength of the movement is also clear from the fact that the politicians, and even the former defense secretary, has to give lipservice to the movement. You see these pictures of police taking the knee. Now, that’s obviously disingenuous. That’s completely ridiculous. I mean, there may be a few police officers who actually feel that way, but when the top uniformed police chief in New York City takes the knee as he did the other day, that’s simply an attempt to confuse people about the role of the police. It’s also interesting that the former Defense Secretary James Mattis, has been criticizing Trump for calling out the troops. It’s significant because he’s thinking “are the troops going to, in fact, obey orders to attack and, if necessary, fire on the protestors?”. Because, unlike the police, the army and the national guard come from the same working class communities as the protestors do. The number of people of color in the military is over 40%. And, if you go back to the 1960’s you see that there were examples where black troops called out to repress protests in the cities refused to deploy, most notably in the case of the Fort Hood 43, a group of black troops who refused to go to  Chicago in 1968 to shoot and brutalize protestors.


I think that the ruling class is very aware that this is a concern, that the military will have absolutely no credibility with anyone if they engage in that kind of behavior. Which is not to say that they won’t. But it shows the power of the movement that they have to pay lipservice to those kinds of concerns.


-What are the most important social and political sectors that make up the demonstrations?


-I think it’s a confluence of different forces. At the heart are black youth in particular, who everywhere have been at the forefront of the rebellion, as has been the case going back to the 1960’s and even beyond.  What is different about this particular time, say from 1968 (this is the biggest mass rebellion in the states since 1968), is that though there was a large movement of radicalized whites and other sectors, against racism and against the war, black people in the rebellion were largely segregated and kept separate from the rest of society.


I think a major difference in this rebellion is that though it’s in the same scale and echoes that rebellion in 1968 following the murder of Martin Luther King, it’s drawing out huge numbers of white people, many of whom have been involved in other protests in the past, for Black Lives or Occupy, or against Trump, or any number of things that have been going on.


So when you see the images of these protests you are struck by all these forces coming together to support black people, to oppose the system, to call for radical change. Sometimes openly, explicitly anticapitalist in its expressions, and certainly against the institutional racism that the George Floyd murder reflects.


And, that’s quite a different thing than you would have seen in 1968. I remember the rebellion in 1968. I was 12 years old, I had been marching all my life with my parents.  We had seen police violence. But if you look at the newsreels from 1968 you will see a much more segmented society. And even though today’s society is totally segregated in many ways, these protests have somehow overcome that to come together on a multiracial basis against the system itself. And every time the police attack and every time the military is brought out and threatened with it only deepens the radicalization and the understanding in the movement, that these are not aberrations, this is not simply a problem of retraining police or anything like that, which we’ve heard talked of in the past sometimes. Rather there is a call to demolish and deconstruct the police, to end the police, to abolish prisons. Again, I’m not talking about everyone, but these ideas are widely circulated. They’re even reflected in the corporate media. Which is a tribute to the power of the movement. So I think there’s a growing awareness among protestors of the power of mass mobilization. And how that has immediately changed the political terrain, overnight, throughout this country. Of course that coincides and overlaps with Covid-19. The tremendous impact of Covid-19, especially on poor and working class people. Black victims of Covid-19 are grossly disproportionate to the proportion of black people in society. So on every level this is bringing together these concerns and awareness.


-What are the main slogans and demands that the movement is calling for?


-Defund police I think has become one of the most prominent single demands. Together of course, with the demands to prosecute police and to convict police. Not just these police, but all police who are committing brutality, which is to say, police as an institution. But, as far as a program, we’re seeing defund the police emerge. This is a movement where so much is decentralized, this doesn’t reflect a high level of organization and structure, the movement for Black Lives is the closest thing to a centralized voice. If you look at their website and the things they are putting up “defund the police” is the major demand that they have put out. Now, the question is, what does that mean? People have different views. Does it mean reduce funding to the police but keep the police as an institution? There are a wide range of opinions. Certainly many poor people and black people are fearful that if we abolish police they will be unprotected from daily violence within the community, or whatever. I don’t want to overstate. I’m sure many people feel that way. However, it’s significant that if we look back to before Black Lives Matter emerging out of Ferguson in 2014, and you look back to earlier movements against police abuse, even in the last 20 years. For example during the protests that took place after the murder of Amadou Diallo in 1999,a young black man who was unarmed, shot at 41 times by the police. He was killed, outright. And many of the demands in those protests were for much more limited things, for most people. Arrest, prosecute, more training for police not to be violent and things along those lines. You don’t hear any of that now. You don’t hear about training police or more community based policing, that’s all gone. And I think that’s a good thing, because even in 1999 these were not going to be meaningful demands. You were not hearing these demands to abolish or defund police in the movement as a whole.  Now you’re hearing it across the board.


It’s opened the door to a discussion. What does this really reflect? What is the point of the police as an institution? There is a widespread understanding that the police as an institution is a criminal enterprise, that it is a source of violence in our society. If the military comes out and does the same thing, the same will apply to them. That’s why the former defense secretary says “let’s not go down this road”. That’s why the current defense secretary is saying “we’re not going to mobilize troops right now, because we don’t need to do that yet”. It’s an attempt to insulate the military from being viewed also as an institution of repression and oppression, both at home and abroad. And it’s also an attempt to make sure that there’s not a breakdown in the military in the rank and file as happened during the Vietnam  years, both in Vietnam among black and other poor troops, with mass mutiny that took place and helped bring down the American war machine during the war, and made it impossible to deploy troops in the cities against urban rebellion on an ongoing basis.


-The rebellion is evidently centered on racism and police brutality, how big a role do you think the social and economic catastrophe being lived plays in it?


There is an intimate connection. Some people have called it a perfect storm. In 1968 of course there was the war, there was mass violence against black people, there was very high unemployment in black and brown communities. But there wasn’t a pandemic. So this pandemic of Covid-19, together with the underlying, ongoing pandemic of racism and anti-blackness has created the grounds for this kind of radical analysis that people are bringing to these protests, and to what they’re saying about this country.


The fact that the system has proven itself so clearly to be unable and unwilling to deal with any of these things. What Naomi Klein calls “disaster capitalism”. Even at the height of this pandemic, there is no pretense that the state is able or even trying to do anything meaningful to protect people. Especially in the most vulnerable sections of society. Particularly black people, who are just viewed as expendable.


It’s not hard to imagine what Trump and mucho of the ruling class are thinking. In regards to Covid-19. Something like “that’s fine, if this helps us get rid of large numbers of black and brown people, and old people of all colors and “baby boomers”  who we would have to have on social security, and so on”. So, it makes a lot of sense that they’re not terribly concerned about Covid-19. You see as much being said by the white supremacist right and that’s what’s being discussed. This reflects the same dynamics that went on during Katrina or any other natural disaster that you can think of, regarding the unwillingness and inability of the state to provide the most fundamental public health.


Of course public health in this country almost doesn’t exist. There’s not even the pretense of a national health system. So what you have is privatized, defunded healthcare, save for that which only a few have access to. So that’s part of the context in which this is happening.


And, even before these protests, there’s been growing worker activism especially among the unorganized, like in Amazon, with walkouts over lack of safety conditions regarding Covid-19. I don’t think that’s connected yet in terms of the demands of the movements. But, clearly people are bringing all that awareness, that whether it’s Covid-19 or its institutional racism and police violence, this system breeds these things. This system is not broken, it’s working just the way it’s supposed to.


Capitalism is being shown, perhaps more now than in any moment in living memory, to be completely unable and unwilling to protect even the most fundamental aspects of life, for most people.


-Are you aware of any initiatives to try to coordinate protests or discuss a common platform across the country? 


-I am not aware of a unified attempt to do that. Of course, it’s going on. There are discussions happening everywhere, from the protests, to online. Again, the movement for Black Lives is an attempt to do that, and a couple of years ago they issued a platform which is wide-ranging and essentially comes across as anti-capitalist. It includes things ranging from “abolish prisons” to  the need for healthcare and housing and employment.


Interestingly one of the key things that came out of Ferguson and the previous Black Lives Matter movement was a growing identification and solidarity with Palestine. Of course there’s solidarity in many directions and it’s not the only example.  The Black-Palestine connection has grown, it’s increasingly seen as critical, because of the great similarities of their oppression, and the fact that the perpetrators of that oppression are the same governments and the same system.


It reclaims a tradition that goes back at least to the 1960’s of black support for Palestine in this country coming from Malcolm X, coming from the Student Non-Violent Coordinating Committee, coming from the Black Panther Party, coming from the League of Revolutionary Black Workers in Detroit, who made those connections and who insisted that that connection had to be stressed. That in turn has been reflected in Palestinian support for black uprisings in this country, particularly in regards to Ferguson and the current uprisings. There’s been strong support from Palestine. The understanding is that although this country didn’t need the Israelis to teach them brutality, racism and oppression, the ties between the American and Israeli regimes are particularly clear in things like coordination between police forces in Israel and US, the increased militarization of police in US and of course the 3.2 billion dollars a year that the US government gives to the Israeli apartheid regime every year.


So there’s the intifada in Palestine and what is essentially a domestic intifada in this country now, though it’s usually not called by that name; and there’s a growing understanding that these resistances are connected, and that the right to resist is connected.


-What do you think is the perspective for this movement to defeat the Trump government and its repressive onslaught?


-Well, that remains to be seen. I’ve lived through the last six decades and have seen many movements rise and fall. Under repression and also internal divisions and the combination of the two. I don’t pretend to know where things are going to go. I do take heart from the tremendous resistance that’s going on. The fact that the police and the military are not able to put this back in the bottle, at least so far. If anything it’s causing some cracks in the ruling class’s rhetoric and that shows the power of the movement. I believe the key is to build alliances across all sections of the oppressed, of the working class.


Unions in this country are very weak, not just in their numbers but in the politics of their leadership. Although some unions have issued statements against the murder of George Floyd and against broader institutional racism and violence, you don’t see the unions as institutions or their leaders in the front of this. To the extent that they have been visible, they have not articulated radical visions of what needs to be done.


Union members are out on the streets, just by virtue of the sheer number of people out resisting. But not the unions as institutions and this will not happen from the top, it has to happen from below just like everything else. Because union leaderships are compromised.


One of the issues that comes up is the unions relationship to police unions. Police unions are among the most racist institutions in this country. The debate of whether police are simply workers and should be unionized versus those of us who feel that police are not workers, police are simply agents of the ruling class. They’ve always been that and they have their roots in the slave patrols of the 19th century and are inherently racist and violent towards the population. Nonetheless within the AFL-CIO, the main union in our country, there are unionized police officers who have been allowed to be a part of the labor movement, even if just in name. That has to end.


Police do not belong in labor. Police are not workers. They are an inherently oppressive institution. Unions need to make that clear. I think that that’s one of the demands that union members who are involved in these protests will be bringing to their unions.


-Do you see any debates regarding advancing towards independent organizations of the working class, outside the traditional bipartisan system?


-I haven’t seen much organized discussion about that. Discussion on trying to set up a Labor Party again or whatever you want to call it. An independent third party of the working class and the oppressed.


One of the big debates will be how to respond to the neoliberal leadership of the Democratic Party’s attempt to coopt the movement into the Biden campaign. Biden who on the one hand is saying he opposes the murder of George Floyd and on the other suggests police should be shooting people in the legs. Exactly what Israeli police do to cripple Palestinians protestors in Gaza, every day.


So, the major political question that’s going to arise is, should the movement essentially fold into the democrats’ campaign against Trump? That’s obviously what Biden and Hillary Clinton and so on are trying to do.


Hillary Clinton issued a great tweet the other day. “Trump has called on troops to repress peaceful protests in this country for a photo op.” It sounded great. But it ended with “Vote”.  For Biden, obviously. Last night Barack Obama was on TV and sent a similar message. These are all people who have reserved their greatest criticisms for the left, for black youths, for the Black Lives Matter movement for “not being willing to work within the system”.


There’s nothing new about these debates. This goes back in this country to the 1930’s and earlier. What relationship should mass movements have to the Democratic Party. There will be different views in the mass movement about that. There will be some who are susceptible to those arguments, who will think that it’s great that they are coming out and saying this. And I think it’s great because they’re being forced to come out and say these things in support of Black Lives.


However, it’s a two-edged sword, because they will attempt to demobilize the movement into voting. And whether people vote or not is less important than whether they demobilize the movement. Clearly some people are going to vote as a protest for anyone who is going against Trump. That’s sort of inevitable. But the real question is if the movement can give rise to new institutions, anti-capitalist institutions, independent and opposed to the Democratic Party as well as the Republican Party.


I don’t see a lot of that being discussed in the protests right now. But the demands that the movement is giving rise to clearly are going to clash what the neoliberal Democratic Party wants to do. Cornell West has been talking a lot about this in his interviews about the rebellion. About the attempts by the neoliberal Democrats to coopt and demobilize the movement. That’s the discussion going forward.  

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07/06/2020

“These protests are against racism, but also against the despair generated by capitalism”

Testimonies of the popular rebellion in USA; interview with Sean Larson of Rampant Magazine Chicago

Sean Larson is an editor of Rampant Magazine (rampantmag.com) in Chicago.


-What has the conflict been like this week in your area?


-The conflict has been very sharp, almost 100% spontaneous, and widespread. The only trusted institutions in the city around these protests are the Black organizer groups that have been doing the important organizing work for years. Right now, these groups are very overstretched doing on-the-ground support for poor communities whose food and childcare has been cut off by the city, and jail support for protesters, so that leaves little capacity left to organize and lead demonstrations. But people come out every night by the thousands, all over the city, sometimes in 5-6 places with little communication amongst each other. It is predominately youth, people in their early 20s to early 30s, very multiracial. There is a deep wellspring of anger and it has only grown so far, even in the face of sadistic violence by the police. My view is only partial, though, and member of one of the radical Black organizations would have a fuller picture.


-What social and political sectors are important in the demonstrations in your area?


-Teachers and schools, transit workers, and nurses. Anyone responsible for social reproduction, not the traditional industrial working class. The people in these social reproduction sectors are very disproportionately people of color and women, so there are far more political dimensions, struggles against oppression, involved in these workplaces.


 -Together with the evident demands against the racism of the state and police killings, what role do you think social and economic concerns play in the mass demonstrations seen this week?


-The demands against racist police violence overshadow everything else, that is what this rebellion is centrally about. But of course these rebellions are responding to much more: the longstanding sense of social and economic hopelessness in Black and brown communities that have been systematically neglected by city policy for decades (centuries), the COVID-19 pandemic that has forced these very same communities into work and contact with the public as so-called “essential” workers (which only means they are disposable in the eyes of the ruling class), the impending economic depression triggered by the pandemic and the way that eclipses the future even more, and the general apocalyptic melancholia brought on by the disaster of climate change, which is driving a lot of the youth anger. These demonstrations are about racism, but also about the all-sided desperation of late capitalism.


-What slogans and political demands are popular among demonstrators?


-Black Lives Matter, defund the police, fuck the police, abolish the police.


-Are you aware of any initiatives to effectively coordinate the protests nationwide or to discuss a political platform or a set of demands for the movement across the country?


-No, these are very unorganized. There are the traditional, professional leftists, some even with good revolutionary politics, who are playing a conservatizing role by waiting and seeing what will happen. There is no leadership whatsoever right now, though there are many, many attempts to co-opt or capitalize on the rebellion. People get their updates from Twitter, not from organizations.


-How can workers, youths and the oppressed effectively organize to defeat the Trump government and its repressive onslaught, in your opinion?


-I think, abstractly, we have to build a revolutionary party rooted in the multiracial working class that can contend for mass influence and ultimately smash the capitalist state. But in practice, it is the groups with the deepest roots in communities, teachers’ unions, people who have done mutual aid work, community organizing, that have the most potential influence right now, and most of those groups obviously do not have a revolutionary perspective. It is a bit difficult to even think about channeling this uprising in any direction or durable organization right now, but hopefully that will come as the demands to defund the police raise larger questions of social and political priorities and wealth distribution. Trust among organizers is a precious commodity right now, and good will built up over the previous years is indispensable. Meanwhile, those who have only helped themselves leading up to this have no moral authority and remain isolated.


 -What debates are there among militants and activists today in the states regarding promoting  an organization of the working class independent of the traditional bipartisan political system?


-There are always abstract discussions of an electoral working-class alternative, but in practice it is seen as far too big of a wasted effort as an immediate step, because unless you get over 50 percent of the vote, you do not get any seats and it was all a wasted campaign, due to our “first past the post” electoral system. This is a major block on any of these electoral efforts, and there is not an easy fix if you want to participate in elections. The largest socialist organization in the country, the Democratic Socialists of America (DSA), is very heterogeneous and loosely organized, so it is much easier for the organization to issue statements online than to take decisive steps to further the rebellion. Within DSA, there are many positions, some want to use the Democratic Party to reach more people, others want to focus on their local communities rather apolitically. The Left in general is very unprepared for this rebellion, but of course it is more than welcomed and I support it unconditionally.

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Del espionaje macrista a periodistas y organizaciones de izquierda, al ciberpatrullaje

Las cerca de 500 fichas, elaboradas durante el macrismo, se insertan en una trama conspirativa que incluye a todos los gobiernos.

Abogada. Integrante de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel).

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia contra el espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri sobre periodistas, empresarios, académicos, políticos y organizaciones. Se suman al menos medio millar de fichas, que incluyen los datos personales e ideológicos de los espiados.


La denuncia quedó radicada ante el juzgado de Marcelo Martinez de Giorgi, que deberá -según informa Página12- investigar a los agentes que realizaron los informes y a Mauricio Macri.


Caamaño aportaría la prueba el lunes 8, que consiste en fichas halladas en una caja fuerte de la Dirección de Eventos Especiales, separadas en tres sobres identificados como  “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”.  Según surge de informaciones periodísticas, el PTS, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, fue infiltrado durante sus actividades, y en la documentación encontrada en la AFI había fichas de los legisladores y ex legisladores Raúl Godoy, Alejandro Vilca y Christian Castillo y de delegados sindicales y candidatos del FIT para las elecciones en 2017.


Paralelamente está en trámite otra causa, en el juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villela, donde se citó entre otros a Cristina Fernández y Horacio Rodríguez Larreta como víctimas del espionaje en la era macrista. La causa de Lomas referencia entre los espiados a jueces, diputados, intendentes y gremialistas, entre ellos a María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Graciela Caamaño y Hugo Moyano.


Las nuevas denuncias dan cuenta de la continuidad de una política de Estado. Desde que Jaime Stiuso quedase al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado décadas atrás, la infiltración y el espionaje han sido moneda corriente. Ningún presidente se privó de espiar a sus opositores.


A comienzos del gobierno de Menem, el Partido Obrero denunció la existencia de una orden del Ministerio del Interior para realizar espionaje político sobre partidos de izquierda como el PO y el MAS, lo que luego fue confirmado por un arrepentido. Los organismos de Derechos Humanos padecieron la infiltración en el propio seno del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, por parte del agente de la Policía Federal, Américo Balbuena, quien se presentaba como integrante de la Agencia Walsh en plena era kirchnerista. Fue durante el gobierno de los Kirchner que se echó mano al Proyecto X encarado por la Gendarmería Nacional, donde  se registraba a dirigentes políticos y sociales y personalidades del movimiento de Derechos Humanos, como Néstor Pitrola y Elia Espen de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Durante el macrismo esta metodología no cesó, y se hizo fuerte en la causa Maldonado, donde está en trámite aún la denuncia realizada por la familia de que fue víctima del espionaje ilegal y de pinchaduras telefónicas. La asociación de Patricia Bullrich con estas tareas de espionaje y la recepción de información desde Chile dataría de enero de 2017. La coordinación entre ambos Estados en la persecución a los mapuche, simpatizantes, activistas y quienes impulsen cualquier reclamo que afecte los intereses de los monopolios instalados en la Patagonia, queda cada vez más probada. También periodistas como Mauro Federico y Gustavo Silvestre fueron espiados y sus mails hackeados por no estar alineados al macrismo.


Las luchas, por su parte, fueron víctimas directas del espionaje: la de los obreros de la gráfica AGR fue una de ellas, con el monitoreo permanente realizado por camionetas blancas sin identificación. En Formosa, la policía de Gildo Insfrán espiaba y se infiltraba en el Partido Obrero, hecho que también fue denunciado y que los jueces adictos al gobernador intentaron cajonear.


Las nuevas denuncias destacan que, en las fichas encontradas, se clasifica a los periodistas en una especie de semáforo según su alineación u oposición al gobierno macrista; por sus militancias por el derecho al aborto y en la actividad gremial y, en el caso de los trabajadores de prensa, además, si denunciaron ser víctimas de violencia policial mientras realizaban alguna cobertura.


El reclamo por la apertura de todos los archivos de las agencias de inteligencia y el cese del espionaje estatal está a la orden del día. Y con renovada fuerza en el actual contexto, de avance represivo en todo el territorio nacional, que suma a los numerosos hechos de violencia policial la instauración de un ciberpatrullaje generalizado por parte de las cuatro fuerzas federales.



 

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Entrevistamos para Prensa Obrera a Michael Letwin, defensor público de Brooklyn, miembro de Labor for Palestine (Movimiento Obrero por Palestina)


-¿Cómo fue el conflicto esta semana en tu zona?


-En Nueva York ha habido, como en todo el país, una rebelión de masas. Decenas de miles en las calles, de todas las razas (lo cual es significativo), confrontando con una violencia policial extrema, como lo está haciendo la gente en este país y en todo el mundo. Por un lado está la brutalidad terrible del asesinato de George Floyd y de tanta gente negra y de color que es una realidad casi insoportable de ver. Pero al mismo tiempo, la rebelión que estamos viviendo es una gran inspiración. El coraje y la combatividad que se ve en las calles. También la comprensión de que no es un problema de unas manzanas podridas entre los policías o de algún suceso fuera de lo común. Es algo que es completamente cotidiano y se relaciona con el legado del esclavismo y el capitalismo en este país.


La combatividad y radicalización de los reclamos que el movimiento ha planteado. Desfinanciar la policía, desmantelar la policía, abolir las cárceles. No es que todos sostengan estas posiciones. Pero más allá de eso, la extensión de esas demandas de cambios al sistema es un hecho en sí mismo. Y no sólo cambios, en muchos casos se reivindica terminar con el sistema. Habría que ver que es lo que cada uno entiende por eso, pero sin duda es impresionante y genera un gran impacto.


-¿Qué reacción has visto en el movimiento a los anuncios de Trump de tener a disposición al ejército como forma de dar un salto en la represión?


-Creo que es interesante que no haya habido un recule de parte de los manifestantes frente a esa amenaza ni frente a la violencia masiva ya existente que está descargando el Estado. Miles y miles están en las calles. Quizás más que en los días anteriores. La policía ha podido infligirle una gran violencia al movimiento, pero no han podido hacerlo retroceder para nada. Por lo contrario, la violencia que el Estado ha infligido contra los manifestantes solo ha reforzado la voluntad de la gente de estar en las calles, de resistir el estado de sitio, de resistirse a los toques de queda, de resistir la violencia cotidiana, y la violencia específica que la policía está lanzando contra ellos.


Y también creo que es interesante que más allá del apoyo verbal que los políticos progresistas le han dado al movimiento, son los que de hecho están ayudando a orquestar la represión violenta. Así que, por ejemplo, en Nueva York, que tiene de alcalde a un demócrata progresista, la violencia que se está descargando contra la protesta viene directamente de su gobierno. Creo que esto profundiza la comprensión de todo el mundo, por si no lo sabían, de que fuera de las diferencias discursivas, de Trump, a Biden o, en este caso al alcalde Di Blasio de Nueva York y a lo largo del espectro político, digan lo que digan los políticos, son sus acciones las que hablan por ellos.


Este tipo de violencia es sistémica, organizada y coordinada. Como vimos cuando fue Occupy Wall Street hace casi diez años, cuando el gobierno de Obama les dio la orden de aplastar a Occupy. Sucedió en todos lados, en forma sistemática, por encima de los colores políticos. Lo estamos volviendo a ver en la represión a este movimiento.


Ves estas fotos de policías arrodillándose [la conducta de protesta adoptada por deportistas en repudio a la brutalidad policial]. Esto obviamente es deshonesto, ridículo. Digo, puede haber algunos oficiales de policía que tengan esa opinión, pero cuando el principal jefe policial de Nueva York se arrodilla uniformado como sucedió el otro día, es solo un intento de confundir a la gente sobre el rol de la policía.


También es interesante que el ex Secretario de Defensa [de Trump] James Mattis, haya estado criticando a Trump por llamar al ejército. Importa porque él está pensando “¿los soldados van a obedecer órdenes para disparar contra manifestantes si llega a eso?”. A diferencia de la policía, el ejército y la guardia nacional vienen de las mismas comunidades de la clase obrera que los manifestantes. El 40% del ejército son gente de color. Y si te fijas en los años 60 ves que cuando llamaron a tropas negras para reprimir en las ciudades hubo rechazos a movilizarse, famosamente en el caso de los 43 de Fort Hood 43, un grupo de soldados negros que rechazó ser movilizado a Chicago en 1968 para disparar y reprimir manifestantes. Creo que para la clase dominante hay una preocupación de que el ejército pierda toda credibilidad si toma este tipo de conducta. Lo cual no quiere decir que no lo hagan. Pero ese tipo de discurso muestra el impacto del movimiento.


-¿Cuáles son los sectores sociales y políticos que componen las manifestaciones?


-Creo que hay una confluencia de fuerzas distintas. El corazón del movimiento son los jóvenes negros en particular, que en todos lados han estado al frente de la rebelión, como ha sido desde los años 1960 e incluso antes.  ¿Qué diferencias hay entre esta vez y digamos, 1968? (esta es la mayor rebelión de masas desde 1968). En ese momento aunque había un gran movimiento de blancos y otros sectores de la población radicalizados, contra el racismo y la guerra, los negros dentro de la rebelión en gran parte estaban segregados y separados del resto de la sociedad.


Creo que una gran diferencia de esta rebelión es que aunque tiene la misma escala y recuerda a la rebelión en 1968 luego del asesinato de Martin Luther King, está convocando a enormes cantidades de blancos, muchos de los cuales ya han estado movilizándose con Black Lives o con Occupy, o contra Trump, o con un montón de cosas que han estado pasando.


Entonces cuando ves estas manifestaciones causa un impacto la confluencia de todas estas fuerzas para apoyar a los negros, oponerse al sistema, pedir un cambio radical. A veces abiertamente, explícitamente anticapitalista en los planteos que hace, y con toda claridad contra el racismo institucional que el asesinato de George Floyd refleja.


Aunque la sociedad de hoy sigue segregada en muchísimas formas, estas protestas han superado eso de alguna manera para unirse sobre una base multirracial contra el sistema mismo. Y cada vez que la policía ataca o se saca a los militares para amenazar solo se profundiza la radicalización y la conciencia del movimiento.  Estos no son excesos, no se trata de reeducar a la policía, ni nada así. Sino que se llama a demoler y deconstruir a la policía, terminar con la policía, abolir las prisiones. No es que lo opine todo el mundo, pero estas ideas están circulando ampliamente. Hasta las reflejan los medios empresariales. Eso muestra el poder del movimiento. Creo que hay una consciencia creciente sobre el poder de la movilización masiva. Y de como esto ha cambiado inmediatamente el escenario político, de la noche a la mañana, en todo el país. Claro que esto coincide y se superpone con el Covid-19. El tremendo impacto del Covid-19, especialmente en la gente pobre y trabajadora. Las victimas negras de Covid-19 tienen una proporción groseramente mayor que la proporción de negros en la sociedad. Así que en todos los niveles están actuando estas preocupaciones y se está tomando conciencia.


-¿Cuáles son las principales consignas y los principales reclamos del movimiento?


-Desfinanciar a la policía creo que se ha vuelto una de las consignas más destacadas. Junto, claro, con los reclamos de que se procese a la policía y se condene a la policía. No solo los policías de este caso, si no todos los policías que ejercen violencia, lo que implica a toda la policía como institución. En términos de programa, lo que estamos viendo emerger es la desfinanciación de la policía.


Este es un movimiento donde todo es muy descentralizado, sin alto niveles de organización y estructura. El movimiento por Vidas Negras (Black Lives) es lo más cercano a una voz centralizada. Si miras su sitio web y las cosas que suben “desfinanciar la policía” es el reclamo principal que levantan. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? La gente tiene distintos puntos de vista. ¿Quiere decir reducir el presupuesto de la policía pero mantenerla como institución? Hay una amplia gama de opiniones Seguro que hay mucha gente pobre y negros con miedo de que si la policía es abolida van a estar desprotegidos frente a la violencia cotidiana que existe dentro de la comunidad. No quiero caer en una exageración. Seguro que hay mucha gente que piensa eso. Sin embargo,es significativo sí miramos a los movimientos contra abusos policiales antes de que surja Black Lives Matter desde las protestas de Ferguson en 2014, incluso en los últimos 20 años. Por ejemplo, durante las protestas que existieron luego del asesinato de Amadou Diallo en 1999, un joven negro, desarmado, que fue disparado 41 veces por la policía. Un asesinato, sin más. Y en las protestas que surgieron los reclamos era mucho más limitados, para la mayoría de la gente. Que arresten y procesen a los culpables, que entrenen más a la policía para que no sean violentos y ese tipo de cosas. No se escucha eso ahora. No escuchas reclamos para que entrenen policías o para que haya policías con base comunitaria, no está más eso. Creo que eso es bueno, porque incluso en 1999 estos reclamos no era relevantes. No se escuchaban estos reclamos para abolir la policía o desfinanciar la policía en el movimiento. Ahora las escuchas por todos lados.


Esto abre la puerta a un debate. ¿Qué está reflejando esto en realidad? ¿Cuál es la función de la policía como institución? Hay una comprensión extendida de que la policía como institución es una asociación ilícita, que son una fuente de violencia en nuestra sociedad.



-Es evidente que la rebelión está centrada en el racismo y la violencia policial, pero ¿cuán importante te parece el rol que juegan la catástrofe social y económica que se están viviendo?


Hay una conexión íntima. Algunos lo han llamado la tormenta perfecta. En 1968, claro, estaba la guerra, había violencia masiva contra los negros, había desempleo muy alto en las comunidades negras y de color. Pero no había una pandemia. Así que esta pandemia del Covid-19, junto con la pandemia subyacente y continua del racismo y la anti-negritud han creado la base para este tipo de análisis radicalizado que la gente le está aportando a las protestas, lo que están diciendo sobre este país.


El hecho de que el sistema se haya mostrado tan claramente incapaz y desinteresado para resolver cualquiera de estas cosas. Lo que Naomi Klein llama “capitalismo del desastre”. Incluso en el punto alto de la pandemia, no hay siquiera la pretensión de que el Estado intente hacer algo significativo para proteger a la gente. Especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Particularmente la gente negra, que son vistas como descartables.


No es difícil imaginar lo que Trump y gran parte de la clase gobernante está pensando respecto al Covid-19. Algo como “está bien, si nos ayuda a deshacernos de grandes cantidades de gente negra y de color, y gente vieja de todas las razas y “baby boomers” [los hijos nacidos luego de la segunda posguerra] que vamos a tener que tener cobrando jubilaciones”. Así que tiene sentido que no estén muy preocupados por Covid-19. Vez que algo así dice la derecha blanca supremacista y eso refleja el debate. Esto refleja el mismo tipo de dinámica que se vivió con el huracán Katrina o con cuallquier otro desastre natural que se te ocurra, respecto a la falta de voluntad y capacidad del Estado para proveer la salud pública más elemental.


Claro que prácticamente no existe la salud pública en este país. Ni siquiera existe la premisa de un sistema nacional de salud. Lo que tenés es una salud vaciada y privatizada, salvo aquella a la que solo acceden unos pocos. Así que eso es parte del contexto.


Incluso antes de estas protestas, hay un creciente activismo obrero, sobre todo en sectores desorganizados, como Amazon, con abandonos de tarea por falta de condiciones de seguridad  frente al Covid-19. No creo que eso se haya conectado todavía a nivel de los reclamos de los movimientos. Pero, claramente la gente está aportando toda esa conciencia de que, sea el Covid-19 o el racismo institucional y la violencia policial, este sistema genera esas cosas. Este sistema no está roto, está funcionando exactamente como se supone que debe.


El capitalismo está quedando expuesto, quizás más que en ningún otro momento que podamos recordar, como carente de la voluntad y la capacidad de proteger incuso los aspectos más básicos de la vida de la mayoría de la gente.


-¿Conoces iniciativas para tratar de coordinar las protestas o discutir una plataforma nacional común?


-No conozco ningún intento unificado para hacer eso. Claro, está sucediendo. Hay discusiones por todas partes, en las protestas, en las redes. El movimiento Black Lives es un intento de hacer eso, y hace un par de años elaboraron una plataforma que es amplia y en lo esencial es anticapitalista. Va desde cosas como abolir las prisiones a garantizar salud, vivienda y empleo.


Es interesante que uno de los temas claves que surgió de Ferguson y el movimiento previo de Black Lives Matter fue una identificación y solidaridad creciente con Palestina. Claro que hay solidaridad en muchos sentidos y este es solo un ejemplo. La conexión negros-Palestina creció. Se considera central, por las grandes similitudes en la opresión, el hecho de que los opresores pertenecen a los mismos gobiernos y al mismo sistema.


Retoma una tradición que se remite por lo menos a los años 1960 con apoyo negro para Palestina de parte de Malcolm X, del Student Non-Violent Coordinating Committee [Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos], del Partido de Panteras Negras, de la League of Revolutionary Black Workers [Liga de Obreros Negros Revolucionarios] de Detroit, que hacían esas conexiones y decían que había que destacarlas. Esto, a su vez, se ha reflejado en apoyo palestino para los levantamientos negros en este país, particularmente respecto a Ferguson y los levantamientos actuales. Ha habido un fuerte apoyo de Palestina. La comprensión es que aunque este país no necesito a los israelíes para enseñarles de represión, racismo y opresión, las relaciones entre los regímenes de EEUU e Israel son muy claros en cosas como coordinación entre sus fuerzas policiales, la creciente militarización de la policía norteamericana y, claro, los 3 mil doscientos millones de dólares que el gobierno de EEUU le da al régimen de apartheid de Israel cada año.


Entonces está la intifada en Palestina y lo que es esencialmente una intifada doméstica en este país ahora, aunque no se la suela llamar por ese nombre; y hay una conciencia creciente sobre la conexión entre estas resistencias, y la conexión respecto del derecho a resistir.


-¿Qué perspectiva crees que tiene el movimiento para poder derrotar al gobierno de Trump y su ofensiva represiva?


-Bueno, eso está por verse. En seis décadas de vida he visto a muchos movimientos subir y caer, bajo la represión y las divisiones internas o una combinación de ambas. No pretendo saber que va a pasar. Si me da fuerza la tremenda resistencia que se ha desatado. Del hecho de que la policía y el ejército no hayan podido meter el genio de vuelta en la botella, por lo menos hasta ahora. Está causando grietas en el discurso de la clase dominante y mostrando el poder del movimiento. Creo que la clave es construir alianzas entre todos los sectores de los oprimidos, de la clase obrera.


Los sindicatos en el país son muy débiles, numéricamente y en términos de la política de su dirección. Aunque algunos sindicatos han emitido declaraciones contra el asesinato de George Floyd y contra el racismo y la violencia institucionales en términos generales, no ves a los sindicatos en términos orgánicos ni a sus dirigentes ponerse al frente de esto. Si estuvieron, no plantearon salidas de fondo.


Hay afiliados sindicales en las protestas, por el solo hecho de lo masivas que son las protestas. Pero no los sindicatos como organizaciones. Y esto no va a ser modificado desde sus direcciones, tiene que modificarse desde abajo como todo. Porque las direcciones sindicales son cómplices.


Uno de los temas que aparece es la relación de los sindicatos con las asociaciones de policías. Los sindicatos policiales están entre las instituciones más racistas de este país. El debate de si los policías son solo trabajadores que deben ser sindicalizados contra los que decimos que no son trabajadores, los policías son solo agentes de las clases dominantes. Siempre lo han sido y tienen sus raíces en las patrullas esclavistas del siglo XIX y son inherentemente racistas y violentos contra la población. Sin embargo dentro de la AFL-CIO, la principal central sindical de nuestro país, hay policías sindicalizados que son admitidos como parte del movimiento obrero, aunque sea nominalmente. Esto debe terminarse.


La policía no es parte del movimiento obrero. Los policías no son trabajadores. Son una institución inherentemente opresiva. Los sindicatos tienen que clarificar esto. Creo que este es un reclamo que los miembros de sindicatos que están participando en las protestas tienen que llevar a sus sindicatos.


-¿Ves que existan debates respecto a avanzar hacia organizaciones de la clase obrera independientes, por fuera del tradicional sistema bipartidista?


-No he visto mucha discusión organizada sobre eso. Debates de lanzar un Partido Laborista o como lo quieras llamar. Un tercer partido independiente de la clase obrera y los oprimidos.


Uno de los grandes debates que se vienen va a ser como responder al intento de la dirección neoliberal del Partido Demócrata para cooptar el movimiento a la campaña de Biden. Biden que por un lado dice que se opone al asesinato de George Floyd y por el otro, sugiere que les disparen a los manifestantes a las piernas. Exactamente lo que la policía Israelí hace para incapacitar a manifestantes palestinos en Gaza, todos los días.


Así que el tema central que va a surgir es si el movimiento debe fundirse en la campaña de los demócratas contra Trump. Eso es obviamente lo que Biden y Hillary Clinton y el resto están intentando.


Hillary Clinton emitió un gran tweet el otro día. “Trump ordenó a tropas a reprimir una protesta pacífica para hacer una foto.” Sonaba bárbaro. Pero terminaba con “Vote”.  Por Biden, claro. Anoche Barack Obama daba en la tele un mensaje parecido. Esta es toda gente que ha reservado sus principales críticas para la izquierda, para los jóvenes negros, para el movimiento Black Lives Matter por no estar “dispuestos a trabajar dentro del sistema”.


Estos debates no son nuevos. Esto sucede en este país desde la década de 1930 y antes también. El problema de que relación debe haber entre los movimientos de masas y el Partido Demócrata. Va a haber distintos puntos de vista en el movimiento de masas sobre esto. Hay algunos que van a estar más influidos por estos argumentos, que les va a parecer genial que salgan a hacer estas declaraciones. Y yo creo que está genial que se vean obligados a salir a decir estas cosas en apoyo a Black Lives.


Sin embargo, es un arma de doble filo, porque van a intentar desmovilizar el movimiento hacia el terreno electoral. Y es menos importante si la gente vota o no que sí logran desmovilizar al movimiento. Es claro que algunos van a usar el voto como protesta y apoyar a cualquiera que se presente contra Trump. Eso es medio inevitable. Pero la verdadera pregunta es si el movimiento puede dar lugar a nuevas instituciones, instituciones anti-capitalistas, independientes y opuestas tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano.


No veo que esto se esté discutiendo mucho en el movimiento hoy. Pero los reclamos que están surgiendo del movimiento claramente van a chocar con lo que quiere hacer el Partido Demócrata neoliberal. Cornel West ha estado hablando mucho de esto en sus entrevistas sobre la rebelión. Sobre los intentos de los demócratas neoliberales de cooptar y desmovilizar el movimiento. Esa es la discusión que se viene.


Entevista realizada por Guillermo Kane 




 

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07/06/2020

“Estas protestas son por el racismo, pero también por la desesperación que causa el capitalismo”

Testimonios de la rebelión popular en EEUU; entrevista a Sean Larson de la revista Rampant de Chicago

Movilizacion esta semana en Chicago

Entrevistamos para Prensa Obrera a Sean Larson, editor de la revista Rampant de Chicago (https://rampantmag.com/).


-¿Cómo viene el conflicto en tu zona esta semana?


El conflicto es bastante fuerte, casi 100% espontáneo y extendido. Las únicas instituciones en la ciudad que inspiran confianza en relación a las manifestaciones son los grupos de organización negros que llevan años haciendo un importante trabajo organizativo. Ahora mismo, estos grupos se encuentran superados por la asistencia a las comunidades pobres, cuyos alimentos y guarderías infantiles fueron recortados por la ciudad, y el apoyo a manifestantes arrestados, así que les queda poca capacidad para organizar y lideras las protestas. Pero la gente sale cada noche de a  miles, por toda la ciudad, a veces en 5 o 6 lugares con poca comunicación entre sí. Es un grupo mayoritariamente juvenil, de entre 20 y poco más de 30 años, sumamente pluriracial. Hay un florecimiento de ira que solo viene creciendo, incluso en vistas de la violencia sádica de la policía. Aunque mi visión es sólo parcial. Un miembro de las organizaciones radicalizadas negras tendría un panorama más amplio.


-¿Qué sectores sociales y políticos son importantes en las manifestaciones en tu área?


– Los docentes y las escuelas, trabajadores de tránsito y enfermeras. Cualquiera que participe de la reproducción social, no la clase obrera de la industria tradicional. La gente en estos grupos de reproducción social son desproporcionadamente personas de color y mujeres, así que hay muchas otras razones políticas y luchas contra la opresión en estos lugares de trabajo.


-Junto a las demandas evidentes contra el racismo estatal y los asesinatos policiales, ¿qué rol creés que juegan las preocupaciones económicas y sociales en las protestas de esta semana?


-Las demandas contra la brutalidad policíaca racista se imponen por sobre todas las demás, son el eje de la rebelión. Pero, por supuesto, estas rebeliones responden a mucho más: la eterna sensación de desesperanza social y económica en comunidades negras y latinas, la pandemia del Covid-19 que forzó a estas mismas comunidades a trabajar y entrar en contacto con el público por ser trabajadores “esenciales” (lo cual solo significa que son desechables a los ojos de la clase gobernante), la inminente depresión económica desatada por la pandemia y la manera en que ésta vislumbra un futuro más negro, aún más, y la melancolía apocalíptica general creada por el desastre del cambio climático, que moviliza a mucha gente joven. Estas protestas son por el racismo, pero también por la desesperación generalizada que causa el capitalismo tardío.


-¿Qué planteos y demandas políticas son populares entre los manifestantes?


-Black Lives Matters (Las vidas negras importan), desfinancien a la policía, a la mierda la policía, abolir a la policía.


-¿Estás al tanto de alguna iniciativa para coordinar efectivamente las protestas de manera nacional o discutir una plataforma política o un pliego de reivindicaciones para el movimiento a lo largo del país?


-No, éstas son muy desorganizadas. Están los izquierdistas profesionales y tradicionales, algunos incluso con buenas políticas revolucionarias, que juegan un rol conservador de esperar a ver qué pasa. No hay ningún tipo de liderazgo por el momento, aunque hay muchos intentos de cooptar y capitalizar la rebelión. La gente se informa por Twitter, no por medio de las organizaciones.



-¿Cómo crees que pueden los trabajadores, la juventud y los oprimidos derrotar al gobierno de Trump y su despliegue represivo?


-En abstracto, creo que debemos construir un partido revolucionario con raíces en la clase trabajadora pluriracial que pueda generar una influencia masiva y conduzca al aplastamiento del estado capitalista. Pero en la práctica, son los grupos con mayor inserción en las comunidades (los sindicatos docentes, las personas que hacen trabajo comunitario y las organizaciones comunitarias) quiénes tienen mayor influencia potencial en estos momentos y, por supuesto, muchos de estos grupos no tienen una perspectiva revolucionaria. En este momento es un poco difícil pensar sobre la canalización de este levantamiento en alguna dirección o algún tipo de organización duradera, pero con un poco de suerte esto llegará a medida que las demandas por la abolición de la policía impulsen planteos más profundos sobre las prioridades sociales y políticas y la distribución de la riqueza. La confianza entre organizadores es un bien preciado en estos momentos y la buena voluntad construida a lo largo de los años previos es indispensable. Mientras, aquellos que sólo se han ayudado a sí mismos han llegado a este punto sin ninguna autoridad moral y permanecen aislados.


-¿Qué debates hay entre militantes y activistas en EEUU con respecto a promover una organización de la clase obrera independiente del sistema político bipartidista tradicional?


-Siempre hay discusiones abstractas de una alternativa electoral de la clase obrera, pero, en la práctica, es visto como un enorme esfuerzo perdido desde el inicio, porque a menos que consigas más del 50% de los votos, no obtienes ninguna banca, debido a nuestro sistema electoral de mayoría simple. Esto es un bloqueo gigantesco a todos estos intentos electorales y no hay una solución simple si buscas participar en las elecciones. La mayor organización socialista en el país, Demócratas Socialistas de América (DSA), es muy heterogénea y tiene una organización muy laxa, por lo que es mucho más fácil para la organización realizar planteos por las redes que tomar acciones dedicas para impulsar la rebelión. Dentro de la DSA hay muchas posiciones, algunos quieren usar al partido demócrata para tener más llegada, otros, centrarse en sus comunidades locales, más bien de manera apolítica. La izquierda en general está muy poco preparada para esta rebelión, que, por supuesto, es más que bienvenida y que yo apoyo incondicionalmente.


Entevista realizada por Guillermo Kane 




 

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07/06/2020

General Madariaga: que Ioma no abandone a Jazmín

La joven padece de una enfermedad potencialmente mortal y la obra social, vaciada por todos los gobiernos, no da respuestas.

Jazmín Ruiz, de la localidad bonaerense de General Madariaga, tiene 24 años y padece de fibrosis quística de páncreas, una enfermedad crónica y potencialmente mortal, que afecta los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Bajó 8 kilos en 15 días, ya que no tiene garantizados los 25 comprimidos por día de una medicación singular que requiere para poder realizar adecuadamente las cuatro comidas diarias, viéndose obligada a reducir la ingesta de alimentos y diferir las comidas.


Desde diciembre del año pasado, el Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma), obra social de los trabajadores públicos bonaerenses de la que es afiliada, no la está conteniendo sanitariamente a Jazmín. Las evasivas y pretextos, por parte de la segunda obra social más importante a nivel nacional, han sido una constante, llegándole a decir hasta que habían perdido su trámite. Recientemente se excusaron sosteniendo que por la pandemia no pueden hacerse con la medicación, porque proviene de Estados Unidos. Le adeudan de esta forma 45  envases de pastillas. Sin embargo, las investigaciones de su familia y de las redes solidarias que han tejido -las cuales proveen actualmente de enzimas a la joven- permiten establecer que otros pacientes en la misma situación, con otras coberturas sociales, han sido provistas con medicamentos del mismo origen.



Lejos de ser un caso aislado, diferentes campañas de las seccionales de la gremial docente Suteba dirigidas por la Lista Multicolor, y de nuestra agrupación Tribuna Docente, han puesto de relieve la continuidad  del vaciamiento y saqueo del Ioma bajo todos los gobiernos, constatando el abandono de decenas de compañeros que más de una vez han llegado a la muerte. La subejecución en inversiones y compras de medicación, el ajuste descargado sobre los trabajadores de la obra social, la dilación y falta de pago a los prestadores y acompañantes terapéuticos, son apenas algunas de las formas que han perpetuado los sucesivos directorios como mecanismos de desguace del Ioma. La obra social ha sido el botín de oro de cada gobierno, para obtener el dinero que necesitan para afrontar los pagos de la deuda provincial a los acreedores buitres -incluida la deuda en dólares del gobierno de Vidal, recientemente convalidada por Axel Kicillof.


El vaciamiento de Ioma ha dejado desde hace tiempo a cientos de miles de trabajadores y sus familias, que efectúan regularmente sus aportes, sin las prestaciones médicas mínimas elementales que la obra social debería brindar, sean en forma de medicamentos, atención médica, internaciones o intervenciones quirúrgicas.


Los afiliados y trabajadores necesitamos que se abran los libros contables de la obra social, bajo nuestro control, para develar el destino de los aportes que millones de trabajadores efectuamos mensualmente y que deben garantizar la totalidad de las prestaciones médicas y farmacológicas requeridas en cada caso y complejidad.


Reclamamos que se otorgue urgentemente la medicación que necesita Jazmín.


Asimismo, exigimos la conformación de un directorio compuesto por los afiliados directos; que el Ejecutivo provincial no pueda absorber los fondos del superávit del Ioma para otros destinos y que la provincia se haga cargo de poner el dinero que haga falta para cubrir todas las prestaciones. Por una defensa integral del Ioma, y su puesta bajo control de trabajadores y afiliados. Cobro en tiempo y forma de las prácticas y servicios de los acompañantes terapéuticos y prestadores de la obra social.



 

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07/06/2020

Los docentes desocupados de Neuquén profundizan su lucha

Tribuna Docente Neuquén.

La realidad de los trabajadores docentes de Neuquén que están desocupados es dramática. Es que con más de 70 días de cuarentena, las dificultades sociales de no contar con salarios se hacen sentir con fuerza, más aún cuando no tienen acceso al Ingreso Familiar de Emergencia. Ha llegado a plantearse el problema del hambre para muchos compañeros, así como el tener que dejar  los alquileres y volver a las casas de los padres.


Se trata más de 500 cargos y miles de horas sin cubrir.


Ante esta realidad, la dirección de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten), de la lista TEP, finge que ha variado su posición, pero siempre manteniendo la tregua y la complicidad con el gobierno provincial de Omar Gutiérrez. En todo un primer período de cuarentena, y cuando las movilizaciones de los docentes desocupados se ponían en marcha, la propia dirección del gremio acusaba a sus compañeros de romper la cuarentena; a tal punto que un miembro de TEP y del Partido Comunista pidió la represión para los que se manifestaban. Cuando la realidad y la carestía avanzaron, la dirección se vio obligada a convocar a un “apagón virtual”, al que no convocó como paro -es decir, haciéndolo de imposible cumplimiento en las condiciones de virtualidad.


La carestía mencionada llevó a que un grupo importante de compañeros/as se movilizara, junto a nuestra agrupación Tribuna Docente, al Ministerio de Desarrollo Social para exigir módulos alimentarios. Tanto Desarrollo Social como Educación se tiran la pelota y siguen sin dar respuestas.


A la par de esta movilización, sin lanzarlo como una campaña, la dirección del sindicato impulsó otorgar una ayuda económica de $4.000 para que los desocupados compren alimentos, que luego terminó admitiendo que se trataba de un préstamo. En vez de luchar, el gremio impulsaba agravar el endeudamiento de los trabajadores.


Este viernes, en la acción en Casa de Gobierno junto a los ceramistas y trabajadores de Expreso, los docentes desocupados expresaron fuertes inquietudes e iniciativas de continuar la lucha. Por ello, las próximas semanas vamos a nuevas medidas.



Junto al reclamo de que el Estado pague los aportes patronales, la anulación de reformas laborales, la liquidación de tiempo y forma de los salarios, la exigencia de la cobertura de horas y cargos, es necesaria una profundización de la lucha. Este reclamo vital choca de frente con la orientación del  gobierno provincial y también nacional. Es que el gobernador Gutiérrez está decidido que del ajuste a los salarios y jubilaciones saldrán los recursos para cumplir religiosamente los compromisos de deuda.


Muchos ya se organizan junto a Tribuna Docente, que está metida a fondo para que el Estado llame a cubrir los cargos y las horas, porque sin salario y sin trabajo no hay cuarentena. Vamos con toda la docencia a impulsar un paro de actividades hasta ganar, empalmando con la jornada nacional del Plenario Sindical Combativo, el próximo 16 de junio.

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Por asambleas para organizarnos ante este flagelo.
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07/06/2020

Escuelas Fasta: “enseñanza” con un manual antiderechos

Contra el matrimonio igualitario, la educación sexual integral y las libertades democráticas.

Los medios de comunicación han hecho público que en las escuelas Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta) imponen la lectura obligatoria de un manual titulado “Nueva Evangelización y Cultura”, del autor Juan Carlos Bilyk, quien según CBa 24 es “responsable de los contenidos y la bibliografía de la dirección” de la institución.


En la provincia de Córdoba, Fasta cuenta con sedes de nivel inicial, primario, secundario y superior en Marcos Juárez, San Francisco y la capital.


En el citado medio se dieron a conocer pasajes del manual, en el que se encuentran definiciones contra la comunidad LGTBI y la libertad sexual tales como que “el lesbianismo es un despropósito, una depravación de la misma naturaleza humana”. Un posicionamiento en contra del matrimonio igualitario y la adopción por parte de miembros de la comunidad LGTBI, inculcando y exigiendo una postura homofóbica por parte del alumnado.


Hay pasajes en el manual en el que se dice que “por medio de agresivas campañas y constante presencia en los medios buscaron imponer un modelo de uniones que fuera socialmente aceptado bajo riesgo, para quien se oponga, de ser tachado de discriminador, homofóbico, y cavernícola (como mínimo). Y ciertamente lo lograron”


El manual es un tratado antiderechos. Instruye en contra de la libertad sexual y en contra del derecho a la educación sexual. Puntualmente define al aborto como “matanza de inocentes”, planteando en contraposición como anticonceptivos la castidad y los métodos de planificación natural. El autor Bilyk afirma que usar preservativo para protegerse del Sida es “jugar a la ruleta rusa: se multiplicarán más las experiencias sexuales, persuadidos de la protección ofrecida por el profiláctico y aumentará la probabilidad de contagio”.


En el mencionado libro, se busca perpetuar la imagen de la familia patriarcal y capitalista. Se plantea el divorcio como “la ruina de la familia y del matrimonio por medio de la promulgación de leyes con tal fin (la familia como institución natural, no estamos hablando del sacramento) fue uno de los primeros objetivos de los enemigos de la cultura católica”


Obviamente este libro caracteriza a la ola verde como un movimiento al que “en realidad, la mujer les importa muy poco. El odio -al varón, al orden natural, a la iglesia, y en definitiva, a Dios- las ciega irracionalmente. Solo pretenden imponer mediante falacias y violencia (ideológica, ya sea verbal o física), un modelo de sociedad donde la dignidad de la persona humana se trastoque por el más grotesco permisivismo”. Toda una deformación de un movimiento que, entre otros puntos, cuestiona a la iglesia y a su papel reaccionario.


No es un dato menor que estos establecimientos estén bajo la responsabilidad de un grupo católico integrista, fundado por un sacerdote con vínculos con la última dictadura militar y con el criminal nazi Erich Priebke. De acuerdo al último relevamiento anual de la Dirección de Información Educativa, del Ministerio de Educación, esta red de instituciones cuenta con subvención estatal en el 76 % de sus escuelas, y en el 48 % de ellas el aporte del Estado es del 100%.


¡Aplicación de la ESI, ya!


Las posiciones políticas e ideológicas con las que forman a les estudiantes de las escuelas Fasta constituyen un hecho grave contra los derechos de mujeres y disidencias.


La cuarentena no es excusa: en este contexto, más que nunca, es necesaria una real implementación de la Educación Sexual Integral, porque sabemos que la mayoría de los abusos son intrafamiliares y que miles de niñes y adolescentes están transitando el confinamiento con sus violentos y abusadores.


La lucha por una ESI laica y científica para el ejercicio de una sexualidad libre y plena debe ir empalmada por la lucha más general contra la violencia, por el no pago de la deuda y finalmente por la emancipación de la clase obrera.



 

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Cientos de miles se movilizaron junto a los familiares y la Asamblea Ni Una Menos, a 11 años del primer grito.
Cintia Frencia había pedido la exclusión de concejal por encubrimiento.
Sumate a la primera asamblea el sabado 6/6 a las 10:30 hs en ISFD 809 Esquel.
07/06/2020

La Nación hace campaña por la virtualización en la UBA

Un relevamiento a todas luces dudoso, para justificar la precarización y el ajuste.

Por Emax Pe

El pasado miércoles 3 de junio, el diario La Nación publicó un artículo en el cual asegura que “el 80% de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires ve positivo estudiar de manera virtual durante la cuarentena”. Tal afirmación se pretende sustentar sobre un supuesto relevamiento, que en ningún momento el artículo detalla de dónde proviene, quién lo llevó a cabo ni con qué fines. Tan solo se limita a decir que “se hizo sobre 3.500 estudiantes” y arroja una cierta cantidad de cifras que, dada la falta de todas estas precisiones, se hacen totalmente incomprobables. Más aún, en la UBA hay cerca de 300 mil estudiantes matriculados, 85 veces más que los supuestos abordados. Es decir: un relevamiento que invita por todos los flancos a dudar de su veracidad. Y que, de ser verídico, sería por demás insuficiente para presentar de manera tan taxativa el parecer y la situación del estudiantado.


Este artículo no es ingenuo en lo más mínimo. Tiene detrás una intencionalidad clara, que es ejercer presión por la virtualización educativa en la UBA, algo que las autoridades universitarias tratan de desarrollar aprovechando la cuarentena. Basta con decir que está firmado por María Elena Polack, quien fuera reconocida por su ‘labor periodística’ con el premio UBA 2018 por el rector Alberto Barbieri en persona. Se trata claramente de una operación en favor de estos intereses y que tiene al rectorado de la universidad detrás.


Los resultados están a la vista


En los hechos, la realidad del estudiantado de la UBA está totalmente en las antípodas de lo que busca presentar el artículo. Como ya señalamos previamente, esta virtualización improvisada ha demostrado un fracaso rotundo, que se traduce en una creciente deserción estudiantil y un avance en la precarización laboral de la planta docente. En los últimos días esto se ha vuelto a visibilizar cuando el inicio del acompañamiento virtual en el CBC se vio frustrado por la caída del campus idem.


Los sucesos de estos meses han evidenciado los resultados inevitables del sofocamiento presupuestario sistemático, así como la anarquía dentro del régimen universitario para organizar la cursada. Y, a su vez, que el peso de esto se descarga sobre docentes y estudiantes, que han sido lanzados a acoplarse a esta nueva modalidad sin las condiciones más básicas aseguradas. La ausencia de capacitación y la sobreexigencia docente, la brecha que se profundiza entre quienes pueden disponer de los elementos tecnológicos y quienes no, la inmensa demora y el congelamiento de la beca Progresar a miles de estudiantes, así como la condición de regularidad y los exámenes en estos términos de inestabilidad son una muestra clara. Esto no podía ocurrir de otra forma cuando el gobierno y el rectorado, que administra posgrados y negociados paralelos al interior del universidad, no han destinado un sólo centavo a garantizar la virtualidad. En ese mismo sentido, cabe mencionar el enorme agravante de que el presupuesto vigente fue votado a fines de 2018, es decir, un presupuesto megadevaluado. La marcada orientación del gobierno de Alberto Fernández, que ha postergado una actualización presupuestaria para concentrar recursos al servicio del pacto de pago de la deuda externa, ha sido uno de los bastiones fundamentales de este fracaso. Contrariando a lo que Polack, La Nación y el rectorado quieren instalar, la amplia mayoría estudiantil en la UBA padece enormes dificultades para sostener su cursada.


¿En qué términos se daría la virtualización? Es claro, en primer lugar, que sobre la base de un ataque al estatuto y una mayor precarización laboral de los docentes, que ya sufrieron recientemente la eliminación de la cláusula gatillo. En los términos vigentes, la virtualidad ya ha implicado el aumento de las horas extras impagas. Ello al tiempo que destruye la estructura pedagógica de intercambio, transformando a la universidad en un lugar de instrucción y no de elaboración, yendo en contra del espíritu crítico del cual tendrían que estar dotadas las casas de estudio. Finalmente, se abre el paso a un ajuste mayor de presupuesto al reducir el uso de los edificios, y por consiguiente, los despidos y reducciones salariales a trabajadores docentes y no docentes.


Esta experiencia de los últimos meses demostró que la virtualización ha multiplicado exponencialmente la deserción en la UBA, siendo ya miles quienes optaron por abandonar la cursada frente a esta batería de obstáculos. Desde la UJS-Partido Obrero venimos denunciando, desde el inicio del ciclo lectivo, el plan de las autoridades universitarias con esta virtualización, y entendemos que no se puede seguir permitiendo la sangría estudiantil.


Para esto, los estudiantes tenemos que organizar el reclamo y exigir al Estado que disponga de recursos que ayuden a enfrentar la deserción: conectividad y computadoras para docentes y estudiantes que lo requieran, entrega de las becas y aumento del Progresar a $10.000, capacitación virtual gratuita para los docentes, parciales no obligatorios, y regularidad incondicional. Más aún cuando la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), conducida por Nuevo Espacio – Franja Morada, la UES-PJ y demás agrupaciones del rectorado, ha sido cómplice, brillando por su ausencia.


Bajo este programa lanzamos en los CBC la campaña #QueNadieSeQuedeAfuera, así como en cada una de las facultades con sus propias formas. Convocamos entonces más que nunca a la organización independiente de gobierno y autoridades para enfrentar este plan de ataque a la educación.



 

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07/06/2020

El “desahogo sexual” tiene historia: las violaciones según la justicia argentina

La expresión de un régimen de sometimiento

Abogada APeL

El pasado 3J, en un nuevo aniversario del Ni Una Menos, amanecimos con la noticia de que la violación en grupo cometida por seis agresores “hijos del poder” hacia una menor de edad en el año 2012, en Chubut, había sido un “acto de desahogo sexual”, según el fiscal Fernando Rivarola, quien intervino en la causa.

Ello fue en el marco de la propuesta de un acuerdo de juicio abreviado, por el cual se cambió la calificación original de abuso sexual con acceso carnal a una figura legal más leve (abuso simple), que permite sancionar con una pena de tres años de prisión, cuya propuesta de cumplimiento es en suspenso (no debe cumplirse efectivamente en prisión). Además, de los seis agresores denunciados originalmente, solo tres permanecen imputados. Lo que caracteriza a todos ellos son los vínculos con el poder político (nietos del ex gobernador provincial, lazos de amistad, y hasta uno de ellos hermano del intendente de un pueblo de la provincia).

“Desahogo sexual” es violación

Luego de las estrategias en cuanto a la calificación legal para evitar una condena de efectivo cumplimiento, el fiscal redobló la apuesta y recurrió al indignante término “desahogo sexual” para justificar una violación grupal contra la víctima menor de edad, quien había debido realizar una campaña en redes sociales el año pasado a fin de impulsar la investigación del hecho.

Corresponde aclarar que el término no tiene sustento normativo, pese a lo cual el Ministerio Público Fiscal de la provincia respaldó la afirmación del funcionario y lo justificó, arguyendo que su intención era “aclarar términos legales para que se comprendan por quienes no son abogados” (sic).

En primer lugar, los conceptos jurídicos “técnicos” son definidos por quien los interpreta; en este caso, un funcionario, lo cual refleja la orientación política que hay detrás, en tanto reproductor de un discurso que refleja una materialidad social de opresión sexual.

En segundo lugar, la defensa corporativa demuestra que no se trata de un caso de un “operador jurídico aislado”, sino que el propio órgano (“autónomo”, según el artículo 120 de la Constitución Nacional) promueve dicha interpretación a los fines de la difusión a la sociedad en su conjunto. Lo que es más grave aún, ya que el “ejemplo” al público debería ser abordar el abuso sexual como lo que es: un sometimiento que agrede la sexualidad de la víctima. Además, se trató de una excusa sin sentido, ya que el caso se caracteriza por ser reservado por involucrar menores de edad, por lo que el público en general no tendría acceso. A su vez, la justificación refleja que el órgano encargado de acusar respecto a estos delitos tiene una perspectiva que prioriza al agresor en lugar de la víctima, que es quien sufre la agresión. Incluso, parte de una concepción individual respecto a la necesidad de canalizar su deseo sexual que debe ser “desahogado sexualmente” a través de la opresión sexual hacia un otre.

Vale destacar, pues, que se trata de una política institucional. Y que no es nueva: ha sido utilizada en diversos precedentes judiciales al momento de definir el abuso sexual. A su vez, diversos operadores judiciales la han puesto de manifiesto al analizar este delito.

Este abordaje desconoce un contexto social, caracterizado por una doble opresión que padece la mujer por el rol social asignado, y además se le asigna la función de satisfacción del deseo sexual. Al mismo tiempo, se desconoce que el sometimiento sexual opera como herramienta de opresión, como se ve en el ámbito de la Iglesia a través de sus funcionarios -luego encubiertos por el mismo Estado que la subsidia-, y en su reproducción a nivel intrafamiliar.

El término refleja una necesidad de librarse de un supuesto “ahogo”, a través de una concepción de la sexualidad utilitarista que, en lugar de ser caracterizada como un ámbito de libertad y autodeterminación, se convierte en una “necesidad” que debe ser satisfecha con un otre cosificado para tal fin. Podría vislumbrarse, de esta manera, un fiel reflejo de la reproducción de las relaciones sociales de producción, que mercantilizan la sexualidad y le asignan fines utilitarios.

El delito de abuso sexual en nuestra legislación

La legislación de nuestro país, desde 1881 en adelante osciló, en un primer momento, alrededor del encuadre del delito como una afección a la honestidad, la familia y la moral pública. A su vez, en los distintos proyectos de reforma siguientes, se le añadió la afección a las buenas costumbres, el pudor y la moralidad sexual. De esta forma, se observa que la intención era la protección a la “moral” que quería imponerse en esa época, como parte de una protección al régimen social existente. A su vez, no se consideraba delito el abuso sexual a una mujer en situación de prostitución, por ser una mujer “deshonesta”, o a aquella cometida en un ámbito de adulterio. Incluso, podía condonarse el acto si la víctima se casaba con su agresor.

Desde 1999 hasta la actualidad, se lo considera un “Delito contra la integridad sexual”, lo cual remite a una concepción moral del término, como “aquel que tiene entereza moral”, y tiene como consecuencia que aquella persona agredida sexualmente quedaría despojada de esa supuesta entereza.

De esta forma, se observa que el abordaje legislativo del delito coloca aquello que dice proteger en un ámbito referido a la moralidad, que indefectiblemente se encuentra relacionado con una concepción religiosa y, además, determina y regula la conducta sexual como “moral” e “inmoral”, es decir, que coloca a la sociedad y sus valores como la principal afectada.

El propio abordaje del Código Penal respecto a esta conducta refleja que el eje no está en la prohibición de una conducta en tanto afecta a la víctima, en cuanto a su autodeterminación y libertad sexual, sino que con términos valorativos afectaría a la moral social. Sin embargo, lo lesionado es la libertad en cuanto al ejercicio de la sexualidad y la disposición del cuerpo.

Tanto los operadores jurídicos y funcionarios como la legislación, que parte del mismo Estado, reproducen una concepción de la agresión sexual que no tiene como prioridad la protección a la víctima.

Los funcionarios judiciales reproducen el interés del Estado

La afirmación del fiscal Rivarola que merece un total repudio, en tanto reprodujo una concepción del término que pretende justificar la agresión sexual al mismo tiempo que naturaliza el sometimiento y opresión de las mujeres en la sociedad, refleja incluso, su incumplimiento a sus deberes de funcionario. Ello así, pues en cuanto garante del “control de la legalidad” ha reproducido términos que no hallan sustento normativo, a la vez que se encuentran a contramano de tratados internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscripto y que han sido sancionados con el fin de eliminar la violencia de género.

Sin embargo, debe destacarse que no se trata de un caso aislado, sino que, tal como fue descripto en el presente artículo, el Estado ha impulsado una concepción de estos delitos, mediante su legislación y la reproducción de los operadores jurídicos, que lejos de priorizar los intereses de las afectadas, busca reproducir los intereses del capital de la mano del sometimiento y opresión sexual a las mujeres.

¿La perspectiva de género en el Poder judicial es la solución?

Distintos sectores del ámbito judicial y del poder ejecutivo han abordado la noticia desde la ausencia de perspectiva de género en los funcionarios. Es así que la titular del flamante ministerio de la Mujer y Diversidad de Género, Elizabeth Gómez Alcorta, que ha abandonado los reclamos del movimiento de mujeres para integrarse al Estado, tuiteó que la solución radica en profundizar la capacitación de los integrantes del Poder Judicial.

Si bien desde el Plenario de Trabajadoras hemos apoyado la sanción de Ley Micaela, en el marco de la lucha de los familiares de Micaela García y del movimiento de mujeres, hemos denunciado la responsabilidad del Estado en tanto garante y reproductor de la situación de violencia de género. La “capacitación de género” de los funcionarios -que, por lo demás, no se ha implementado de forma eficiente en todos los ámbitos- encuentra rápidamente sus límites, en la medida que esos funcionarios reproducen el interés de ese Estado del que son parte. Deben tomarse medidas concretas que aborden la situación.

Crimen de los hijos del poder: uno más y van…

A esta situación se suma el hecho de que los agresores tienen vínculos con el poder político de la provincia, lo que configura un “crimen de los hijos del poder”, que se han caracterizado por quedar impunes.

Así lo hemos visto en numerosos casos de agresiones sexuales en nuestro país, como los de María Soledad, Paulina Lebbos y Lucía Pérez, donde los involucrados eran funcionarios estatales, miembros de fuerzas de seguridad o hijos de los llamados feudos provinciales del interior.

Esto no es menor, porque además de reproducir un interés de clase, en el marco de un sistema social basado en la opresión, el fiscal protegió al poder político que ha sabido representar los intereses de la clase capitalista en la provincia. De esta forma, mientras la mayoría de los delitos que se persiguen son los cometidos por la clase trabajadora, que es la que ocupa las cárceles en una mayor proporción (en un enorme porcentaje sin condena firme), aquellos cometidos por funcionarios o por quienes tienen vínculos con empresarios y el poder político, quedan impunes o son sancionados con penas leves que garantizan que su cumplimiento no sea en prisión. De esta forma el Estado se posiciona, doblemente, como garante de la impunidad.

Luchemos contra un régimen de sometimiento y opresión

Desde el Plenario de Trabajadoras señalamos que el caso de Chubut no es aislado, sino que refleja la responsabilidad del Estado en tanto reproducción de las estructuras sociales y herramientas de dominación de clase y de género que garantizan los intereses del capital a través de la explotación y el sometimiento sexual, que oprime a las mujeres.

Por eso, creemos que es necesario desarrollar una lucha independiente del Estado, que impulse una ley de educación sexual integral laica y científica, la separación de las iglesias del Estado en tanto institución que reproduce el sometimiento, implementación efectiva de la Ley Micaela, elección por el voto popular y con mandato revocable de jueces, fiscales y funcionarios, juicio y condena efectiva para los violadores hijos del poder, basta de abusos y femicidios.

Además, postulamos la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres, que sea una herramienta de organización política de las mujeres y fortalecimiento de nuestra lucha, con autonomía política frente al Estado y presupuesto para que seamos nosotras mismas las que tomemos en nuestras manos la batalla contra la opresión y la violencia. Fuera el fiscal Rivarola. Ni Una Menos; el Estado es responsable.

07/06/2020

Córdoba: siete meses sin avances en la causa de abuso sexual en el jardín Casita del Hornero

Se trata de la misma fiscal a cargo que en el caso Collegium, por cuya actuación el Frente de Izquierda ha pedido un jury de enjuiciamiento.

El 8 de noviembre del 2019 se denunciaron hechos de abuso sexual en el jardín maternal “Casita del Hornero”, ubicado en el barrio Villa Corina al noreste de la capital cordobesa. El caso asentado en la justicia incrimina al personal de la institución bajo la figura de “abuso sexual con acceso carnal” perpetrado contra niños de sala de 4. Cuenta con los testimonios estremecedores de los pequeños, que describieron hechos similares mencionando a la maestra. Ello, sumado a los cambios de conducta que desarrollaron y a informes psicológicos que determinaron positivamente que había habido abusos.


A siete meses de las denuncias, y terminadas las pericias, la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual N° 1, a cargo de la fiscal Alicia Chirino, aún no se expidió con los resultados para que la causa pueda seguir su curso legal. Este accionar, que atenta contra el reclamo de justicia por parte de los familiares tiene precedentes muy graves respecto al mal desempeño de sus funciones por parte de Chirino. Para dar cuenta de esto cabe remitirse al nefasto desarrollo que esta fiscal tuvo en un hecho similar, conocido como caso Collegium; frente a ello, a través de la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, junto a los familiares nucleados en el colectivo “Ni Un Niño Más”, iniciamos en 2019 un pedido de Jurado de Enjuiciamiento en la Legislatura para su destitución por mal desempeño del cargo.


La justicia tiene un carácter misógino y opresor, que vuelve a verse en la invisibilización que está haciendo frente a este enorme flagelo del que son víctimas la niñez y adolescencia. Así lo da cuenta la falta de celeridad, la visión parcializada, la desestimación de los indicios probatorios y la prolongación del secreto de sumario. También el direccionamiento de la investigación hacia los padres por medio de la defensa del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un supuesto trastorno que lleva a un niño decir algo en contra de un mayor porque otro le ha introducido ideas o recuerdos falsos en su mente -que no es reconocido por la comunidad científica.


Los antecedentes mencionados y las dilaciones en el caso han puesto en estado de alerta a los familiares, quienes evalúan la posibilidad de movilizar para visibilizar el caso y apuntar contra la justicia.


Pero esta situación no es un hecho aislado. El reciente dictamen del fiscal Fernando Rivarola en Chubut, donde establece que una violación en manada “es un accionar doloso de desahogo sexual”, y por el que se pedirán tres años de acción en suspenso -garantizando que los violadores, “hijos del poder”, no pasen ni un solo día presos- expone la naturalización de la violación y las relaciones de opresión y dominación que sufren las mujeres y niños bajo este régimen social, y de las cuales el primer responsable es el Estado y sus instituciones.


Frente a esta situación, y en un contexto en que con el confinamiento se agudiza la violencia y los abusos contra mujeres, adolescentes y niños, el movimiento de mujeres y disidencias debe tomar una acción de conjunto. Desde el Plenario de Trabajadoras nos sumamos al planteo “yo creo en tu voz”, el pedido de justicia por parte de los familiares de las víctimas del caso “Casita del Hornero”, y reforzamos y acompañamos las luchas que decidan.


Profundicemos la lucha para que haya justicia, por el fin del abuso infantil, y de toda forma de violencia y opresión.

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¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz
06/06/2020

Denuncian casos de Covid-19 en sucursales de McDonalds

Se han hecho público al menos 3 casos en menos de una semana.

En el transcurso de esta semana, se han difundido por lo menos tres nuevas denuncias de casos de coronavirus en los locales de McDonalds, en las zonas de Tigre, San Cristóbal y Recoleta. La noticia comenzó a circular, no por los protocolos aplicados por la empresa, sino por la necesidad de respuestas que lxs trabajadorxs exigieron ante el abandono de la patronal.


Las pésimas condiciones de salubridad con la cual volvimos a trabajar quedaron en evidencia antes las nuevas denuncias de casos de Covid entre les trabajadorxs de los locales. A las empresas de fast food poco les importa la salud de sus trabajadorxs, ya quedó demostrado que desde la reapertura de sus tiendas, poco han hecho para garantizarla.


Nuestrxs compañerxs nos contaron que la empresa no les brindó ningún comunicado, sino que a partir del boca en boca, fueron enterándose que algunxs de sus compañerxs habían contraído la enfermedad. La patronal no solo no les avisó sino que al día siguiente los hicieron ir nuevamente a trabajar, dejando a todxs expuestos a contagios y también a quienes conviven con ellos, pudiendo ser del grupo de riesgo, ya que no se otorgan licencias pagas para aquelles que conviven con personas que integran ese grupo.


Pero esto no termina acá, ya que ni la empresa ni el Estado garantiza los testeos, tampoco las licencias para todo el personal. Entre excusas y justificaciones dudosas, solo le hacen los testeos a algunxs de los que habían trabajado 48 horas antes con lxs trabajadorxs contagiadxs. Claramente el fin de la empresa es seguir abriendo a costa dfastmce la salud de todxs sus trabajadorxs, mientras el sindicato y el Estado se mantienen en silencio.


El protocolo en el cual la empresa se resguarda, amparado por el Estado, es irrisorio, ya que permite que todos los que no hayan estado en contacto con lxs trabajadorxs contagiadxs durante las últimas 48 horas puedan ir a trabajar, sin la necesidad de testeos a todos sus empleados, ni el cierre de tienda previo.



Ante los reclamos de lxs compañerxs en el sindicato, les respondieron diciendo “ustedes no deberían ir a trabajar”, como si no trabajar fuera una opción en plena crisis económica, donde la devaluación destruye nuestros salarios. Nuevamente el sindicato hace poco y nada, sin intervenir en la situación, ni tomando medidas u organizando a lxs trabajadorxs, nuevamente nos dejan a la deriva de los abusos patronales.


Rechazamos los protocolos basuras que intentan imponernos las empresas, el Estado y el sindicato, es necesario que lxs trabajadorxs de fast food intervengamos para frenar estos atropellos.


Vamos por comités de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo.


Condiciones de salubridad e higiene eficientes, que no pongan en juego nuestras vidas.


Licencias pagas al 100% de todxs lxs trabajadorxs que convivan con personas del grupo de riesgo.


Seguí en redes a Combo de lucha.


Suma tu denuncia en el relevamiento y organízate con nosotrxs.


 



 


 

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06/06/2020

Avance de los contagios en La Boca: ¿cómo nos organizamos los vecinos?

Por Marcos M.

A pesar de los dichos del gobierno nacional y el jefe de gobierno de la ciudad, el Covid-19 está en crecimiento en los sectores populares. En el barrio de La Boca, en una semana se cuadriplicaron los casos y se pasó de 20 casos hace una semana a 130 el día de hoy.


En el caso de la Boca, la vivienda en conventillos o los asentamientos como el de Lamadrid aumentan el riesgo de contagio de covid-19 por las características habitacionales que presentan, pero también son el segundo foco de los casos de dengue después de la Comuna 8. A este cuadro actual insalubre y precario, donde la asistencia estatal brilla por su ausencia, se suma la política del Gobierno de la Ciudad (pre pandemia) que favorece el avance de los grupos inmobiliarios en el barrio, el copamiento de terrenos para el desarrollo inmobiliario del distrito de las artes, la entrega de los terrenos de Casa Amarilla, el encarecimiento de los alquileres y la expulsión de vecinos del barrio mediante la coartada de las relocalizaciones. Ambas problemáticas colocan a La Boca en una alarmante emergencia habitacional, sanitaria y alimenticia.


La escalada del virus en la Boca llega cuando el gobierno de la ciudad (apoyado y hasta felicitado por el gobierno nacional) ya ha mostrado su incapacidad de respuesta frente a la pandemia en otros barrios populares y villas de la ciudad. Al momento, el 50% de nuevos contagios se da en estos sectores y las medidas que parten del gobierno pretenden que sean los vecinos quienes sean responsables de la asistencia durante la pandemia, ya sea dejando en sus manos las Postas de Salud, el Operativo Detectar o como pasa con la asistencia alimentaria donde los propios vecinos organizan las colectas para asistir a los comedores populares ante las pobrísimas provisiones del gobierno de la ciudad y el nacional. Por el lado de los cuidados higiénicos son conocidas las denuncias por falta de suministro de agua y por falta de entrega de kit de limpieza. Desde el punto de vista económico, el gobierno nacional aún no ha asignado el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) a la totalidad de los vecinos mientras el número de desocupados o suspendidos sin goce de sueldo aumenta.



Mientras transcurre la pandemia y aumentan las necesidades populares, la política del Estado es seguir favoreciendo a la burguesía con la excusa de la pandemia, ahogando a los sectores populares y desligándose de la responsabilidad de la asistencia, al tiempo que se endeuda con organismos internacionales (como es el caso de la Ciudad, donde Rodríguez Larreta se endeudó en 150 millones de dólares) para obras que nunca llegan a los barrios.


La factura para los sectores de trabajadores y desocupados viene por partida doble: pagar las deudas que toma el Estado y autoasistirse sin elementos materiales y económicos y en condiciones de confinamiento y precariedad.


Bajo este cuadro, es necesario organizar a los vecinos con independencia del Estado y los partidos patronales, que son los responsables de la propagación del virus Covid-19 y el dengue en La Boca y de la situación de vulnerabilidad de los vecinos del barrio previo al estallido de la pandemia. La pelea por reclamar al Estado la asistencia inmediata, está unida a la pelea de los sectores de los trabajadores de la salud que ni siquiera han recibido el bono prometido por Alberto Fernández, y a la pelea de miles de trabajadores que se organizan ante los despidos y suspensiones.


Desde el Partido Obrero La Boca planteamos:


1.       Testeos masivos a familias y contactos estrechos de infectados ya sea de vecinos como de organizaciones.


2.       Agua potable para todos los habitantes las 24hs.


3.       Vivienda transicional para personas infectadas y asistencia económica a familiares


4.       Desinfección, descacharreo y fumigación de espacios comunes. Entrega de kits de limpieza e higiene.


5.       Presupuesto de emergencia para salud, hospitales y cesac (centros de salud comunitarios).


6.       Asistencia económica y alimentaría a familias de barrios populares. Control de alimentos por organizaciones barriales.


7.       Asistencia económica y de vivienda a víctimas de violencia de genero.


8.       Información correcta sobre el estado de avance de la enfermedad.


9.       Rechazamos la represión contra la juventud y la utilización de las Fuerzas Armadas y de seguridad en la asistencia social. Libertad para organizarse y reclamar tomando medidas de distanciamiento social.


10.   Conformación de un comité territorial de seguridad e higiene integrado por vecinos, organizaciones y trabajadores de la salud, con control de protocolo y con autoridad de seguimiento del personal designado por autoridades del ministerio de salud, IVC (Instituto de la Vivienda) y hábitat.


11.   Postas de salud con personal profesional


 

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06/06/2020

José Pihen: traición y entrega en el robo jubilatorio de Córdoba

El precio que cobra la burocracia sindical para pavimentar la reforma previsional.

El secretario general de la CGT Regional y del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), y también legislador del peronismo, ha obtenido una jubilación de privilegio días antes de que se aprobara en la Legislatura el robo jubilatorio cordobés. Cobrara unos 250 mil pesos. Para llegar a esa cifra, superior incluso al salario de un parlamentario, Pihen ha recorrido un largo camino de traición al movimiento obrero y a la causa de las y los jubilados. La resolución que le otorga el “beneficio” no tiene desperdicio.


Resulta que en el año 2002, previo a que comenzara la historia de la armonización jubilatoria, el gobierno de De la Sota promovió un programa de retiros voluntarios. Pihen, que en ese momento ya conducía el SEP desde hacía diez años, solicitó la jubilación con solo 56 años de edad. Luego en el 2003, Pihen renuncia a la jubilación anticipada pero efectúa una “reserva de derechos” y el trámite se archiva. El 11 de marzo del 2020, el burócrata pide el desarchivo del expediente y el beneficio que finalmente el gobierno le otorga.


A Pihen no lo afectará la reforma previsional del pasado 20 de mayo. Pero no solo eso. Tampoco lo afectará la reforma del 2002 y la del 2008. Mediante esas reformas los gobiernos de Duhalde-De la Sota y Cristina Kirchner-Schiaretti, comenzaron y continuaron el proceso de “armonización jubilatoria” de la Caja provincial con el régimen de la Anses. El objetivo de la armonización es básicamente destruir el régimen local que garantizaba el 82% del mejor salario bruto y pasar a calcular como nación, donde un jubilado percibe poco más de la mitad su salario en el retiro. Ahora Schiaretti-Fernández han completado en gran parte ese objetivo histórico. Pihen es el único al cual se le reconoce la aplicación de Ley 8.024, un reclamo extendido entre trabajadores estatales.


Para alcanzar los $250 mil de jubilación, Pihen no se jubila como trabajador, lo hace con una jubilación de privilegio en la categoría “legisladores y funcionarios del Poder Legislativo”. Pihen quiere cobrar un precio alto por todos sus “servicios” al gobierno peronista, equiparándose a los ingresos que perciben funcionarios del Estado capitalista y jueces y fiscales, que llegan en algunos casos a los 400 o 500 mil pesos. La UCR por medio del exintendente Mestre ha salido a plantear que se trata de una estafa. Sin duda que lo es, pero contra las y los trabajadores, y no contra los funcionarios macristas-radicales que fueron los primeros en atacar gravemente la Caja de Jubilaciones (decreto 1.777 de 1995), y que tienen a cientos de sus integrantes cobrando jubilaciones de privilegio.



El hecho de que Pihen haya reiniciado su trámite en marzo pasado es una prueba que ratifica nuestra denuncia de que la burocracia sindical conocía los planes de reforma laboral de Schiaretti. Su complicidad en la entrega estaba clara desde mucho antes, cuando el SEP y también la Uepc (docentes), fueron haciendo pasar las rebajas de aportes al fondo compensador, por aumentos salariales. Ello significaba quitarle financiamiento a la Caja para pavimentar las bases económicas y sociales de la reforma reaccionaria.


Todo este entramado delincuencial del gobierno y la burocracia sindical es rechazado por el movimiento obrero y la población trabajadora. Las encuestas marcan una caída importante de la imagen de Schiaretti, que tiene sus causas en este robo. Se ha creado una enorme presión social al respecto, que incluso ya se vio reflejada en un primer fallo judicial en contra de la reforma previsional.


Pero lo más importante es que el movimiento reclama lucha. Las burocracias sindicales, luego de haber dejado pasar el robo jubilatorio sin movilizar, han tenido que improvisar “caravanas” para montar una especie de rechazo, pero se niegan a decretar el paro general y la movilización masiva. El activismo clasista y combativo tiene una enorme responsabilidad en la situación planteada, pues ante la traición y la entregada de la burocracia, debe impulsar el reagrupamiento para reclamar asamblea general y plan de lucha.


Desde el Partido Obrero y la Coordinadora Sindical Clasista intervenimos en esta lucha con un programa de salida obrera la crisis: abajo el robo jubilatorio, restitución del 82% móvil y de la ley 8.024, terminar con el trabajo precarizado y en negro, reponer aportes patronales, eliminar jubilaciones de privilegios de funcionarios, que la Caja sea conducida por trabajadores mediante un directorio electo y revocable, plan de lucha y paro general, congreso de delegados de bases, y fuera la burocracia sindical.



 



 

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06/06/2020

Córdoba: ¡Fuera Pihen!

Comenzamos una campaña en los sindicatos para que renuncie el líder de la CGT.

Tribuna Docente , Tribuna de Salud

El hecho desfachatado de que José Pihen, secretario general del CGT  Córdoba, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos y actual legislador por el bloque “Hacemos por Córdoba”, se haya jubilado dos días antes de la sanción de la ley 10.694 que implica un recorte brutal a  las jubilaciones del conjunto de los estatales, generó una profunda indignación entre les trabajadores. No es para menos, con esta maniobra, se aseguró una jubilación de privilegio de $250.000 mensuales, mientras las jubilaciones de los estatales caerán drásticamente.


Sin embargo, a las conducciones del resto de los sindicatos que integran la CGT no se les movió un pelo. El viernes 5 de junio, a horas de conocerse la noticia, la CGT realizó una pobre caravana de autos que concluyó con un acto cuyo orador fue  Pihen y recibió los aplausos de todas las cúpulas sindicales presentes. Como entre bueyes no hay cornadas, la burocracia sindical conocedora del robo que preparaba el gobernador  Schiaretti contra las jubilaciones, ahora sigue su línea de complicidad con el accionar artero de Pihen. El silencio y el encubrimiento  de los Monserrat (Uepc, docentes) y compañía son tan repudiables como el propio hecho consumado.



Lo de Pihen es solo una muestra grosera de lo que significa la ligazón de los gremios provinciales con el gobierno provincial de Schiaretti e incluso con el gobierno nacional.  La injerencia del Estado en las organizaciones obreras, además de corromperlas, tiene la función de que estas se constituyan en correa de trasmisión de las políticas de ajuste contra los propios trabajadores.


El accionar de Pihen constituye un verdadero acto de traición al conjunto de la clase obrera cordobesa que se organiza contra el rodo a las jubilaciones más grande de la última década y es absolutamente incompatible con la tarea de llevar adelante la representación de las y los trabajadores. Por tal motivo, las agrupaciones que integramos la Coordinadora Sindical Clasista, comenzamos a desarrollar una campaña para que Pihen renuncie a todos los cargos que ocupa, en los cuales dice representar a les trabajadores. No podemos dejar nuestras organizaciones obreras  en manos de corruptos aliados al gobierno provincial ajustador. ¡Fuera Pihen de la CGT!


Firmá el petitorio:



 

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06/06/2020

La Nirva: impulsemos una campaña nacional por el fondo de huelga

Romina Del Plá vistó a los trabajadores, que defienden sus puestos laborales

En el día de hoy Romina Del Plá, diputada nacional por el Frente de Izquierda, junto a una delegación del Partido Obrero de La Matanza, visitó a los compañeros y compañeras de La Nirva, que se encuentran en asamblea permanente. En un intercambio con más de 30 trabajadores se habló de la necesidad de la vuelta a la producción y la continuidad de la lucha por la pronta paga de lo adeudado en salarios por parte de la patronal.


Los trabajadores impulsan un fondo de huelga que ya ha recibido aportes de sindicatos combativos y organizaciones como Suteba de La Matanza, el Polo Obrero, Adosac, Ademys, y Barrios de Pie, como así también de la banca del PO-FIT en el Congreso. Se puso sobre la mesa la necesidad de una campaña nacional en apoyo a esta iniciativa. El sindicato de pasteleros no solo se mantuvo ajeno a todo el conflicto, sino que tampoco aportó hasta el momento.




Romina hizo extensiva la invitación formal a los trabajadores de La Nirva a la movilización a la Plaza de Mayo el 16 de junio, enmarcada en una jornada nacional de lucha votada por el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo en su último encuentro. Los compañeros y compañeras de la Nirva han trazado lazos con los trabajadores en lucha. El conjunto de la clase obrera debe responder con tenacidad frente a los abiertos ataques de las patronales que pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores con despidos, suspensiones, y rebajas salariales. La solidaridad y las acciones en común son la clave frente al silencio cómplice de las burocracias sindicales.



 

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06/06/2020

Algodonera Aconcagua: precarización y desidia patronal para seguir con la producción

Desde el comienzo de la cuarentena, y amparada en la decretada esencialidad de la industria textil, la empresa algodonera Aconcagua no ha cambiado para nada su ritmo de producción. Las jornadas de trabajo en la planta de la localidad de Wilde no se han reducido, ni se ha elaborado protocolo alguno de rotación de trabajadores. Al comienzo de la pandemia, incluso, llegaron al punto de emitir permisos de circulación que falsamente decían que se producía alcohol en gel. Tampoco se cumplen las normas básicas de bioseguridad dentro de la planta: el crecimiento en maquinarias de algunos sectores en los últimos años limitó los espacios y hace imposible el distanciamiento social adecuado.


Los y las trabajadores de la algodonera cobran salarios por debajo de la canasta básica familiar, y para colmo desde el inicio de la cuarentena quienes fueron licenciados por tener hijes o familiares a cargo cobran menos del 70% de sus salarios. De esta forma, la patronal se acoge al vergonzoso pacto de la CGT-UIA-gobierno.


Dos casos de coronavirus fueron confirmados en los últimos días, por lo que debieron realizar el aislamiento domiciliario algunos de los trabajadores que habían estado en contacto con ellos. Pero pocos días después desde recursos humanos se dio la tarea de presionar a varios trabajadores a volver a sus puestos, a pesar de no haberlos testeado en ningún momento y de no haber cumplido el período de aislamiento. La situación se agrava con el hecho de que algunos trabajadores que habían presentado síntomas compatibles con el Covid-19, como fiebre, se los envió a su domicilio sin ninguna indicación (ni siquiera la de llamar al 148), y fueron contactados a la brevedad para volver a trabajar sin testeo ni atención médica. Luego se supo que el servicio médico contratado era el mismo de la fábrica Cattorini, la cual protagonizo un escándalo tras hacer trabajar a un operario con coronavirus que derivó en contagios.


El panorama que se vive dentro de la fábrica se completa con la tercerización laboral. Servicios de vital importancia, como limpieza, se encuentran tercerizados en una contratista, al igual que un sector de los mismos operarios nunca efectivizados, y de los cuales la empresa se desentendió al principio de la pandemia. Estos compañeros tercerizados residen en barrios “aislados” como Villa Azul, y fueron dados de baja por no poder presentarse a su puesto.


Estos atropellos de la patronal pasan sin que se pronuncie la Asociación Obrera Textil (AOT). Su secretario general, Hugo Benítez, hasta declaró que “ni los trabajadores ni los empresarios tienen la culpa de lo que está pasando y tenemos que repartir las pérdidas” (Línea Sindical, 27/4). Pero en la repartija los empresarios reciben subsidios para pagar salarios y jugosas exenciones impositivas, mientras los trabajadores reciben despidos y rebajas salariales. La comisión interna de la fabrica responde a la misma orientación entreguistam y no convocar asamblea ni instancia alguna para discutir cómo frenar los ataques de la patronal.


Los trabajadores de Aconcagua deben deliberar e intervenir con un planteo propio, en defensa de su salud y sus condiciones laborales. Debe licenciarse con goce de sueldo a todos los trabajadores que hayan tenido contacto estrecho en los últimos siete días con un caso confirmado, con el correspondiente aislamiento y testeo. Basta de tercerización laboral, pase a planta de todos los tercerizados, sin ningún recorte salarial.


Contra la desidia de las patronales y el gobierno, es necesaria la creación de comisiones de seguridad e higiene electas en la fábrica por los mismos trabajadores, que garanticen el cumplimiento de las medidas de higiene, distanciamiento, rotación y las licencias correspondientes.



 

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06/06/2020

La tenaz lucha de Clínica Cutral Co obliga al Concejo Deliberante a pronunciarse

El viernes 5, el Concejo Deliberante de la ciudad de Cutral Co aprobó un proyecto de comunicación en adhesión a la resolución 1058 presentada en la legislatura neuquina por Patricia Jure del FIT-U en la cual se insta al Ejecutivo Provincial  al pago inmediato de salarios adeudados, aguinaldos, la continuidad de los puestos de trabajo y la reapertura de Clínica Cutral Co.


Para lograr esto los y las trabajadoras de la Clínica tomaron la iniciativa de montar un piquete con olla popular en las puertas de la municipalidad de Cutral Co. Por ello fueron recibidos por el mandamás y hermano del intendente, Ramón Rioseco, quien  había ninguneado a los y las compañeras de la clínica hace cuatro meses atrás, asegurando que la municipalidad no podía intervenir porque se trataba de un “conflicto entre privados”.


En la negociación con Rioseco, aparte de la ayuda económica obtenida, los y las trabajadoras dejaron sentado muy firmemente que la intención es recuperar las fuentes de trabajo en la Clínica y camino a esa conquista el municipio de Cutral Co debía amoldarse a la resolución presentada por Jure hace dos meses atrás en la Legislatura.


La decisión del Concejo Deliberante de Cutral Co, dominado abrumadoramente por el riosequismo,  es una doble victoria y expresa una contradicción esclarecedora. Es que los diputados Mariano Mansilla y Teresa Rioseco, de las filas riosequistas del Frente de Todos, votaron en contra de la Resolución 1058 impulsada por la compañera Jure. La presión de los y las compañeras de la Clínica torció esa voluntad política y obligó a los concejales cutralquenses a armar una sesión extraordinaria para  votar una comunicación a favor de la Resolución 1058.


El método de la movilización obrera y el apoyo de los parlamentarios clasistas abona el terreno para conquistar avances. Se abren de aquí en más importantes jornadas para la reapertura de la Clínica Cutral Co y la defensa de los salarios y puestos de trabajo.




 

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06/06/2020

Salvar a Fátima del femicida y de la violencia del Estado tucumano

En horas de la noche del jueves, la periodista tucumana Mariana Romero subió a twitter un video en el que se ven las crudas imágenes de una casa destrozada y regada en sangre de Fátima Aparicio, víctima de un intento de femicidio por parte de su ex pareja, Luis Ernesto Rondón. Luego relató en un hilo los hechos.


Fátima Aparicio denunció a Rondón ante la justicia salteña y tenía una custodia policial. Sin embargo, temía por ella y por sus hijos, por lo que decidió escapar a Tucumán. Una vez allí, recurrió a la fiscalía para dar aviso de su situación, pero se rieron de ella. En la policía le dijeron que antes de darle una perimetral debían hacerle un examen psicológico, el cual nunca llegó a realizarse porque Rondón la encontró antes. Esto ocurría mientras el gobernador Juan Manzur hacía demagogia con las mujeres a través de la Ley Micaela.




En mayo de 2019, Rondón ingresó a la casa de Fátima e intentó asfixiarla en el baño. Luego la arrastró hasta la cocina, y la golpeó en la cabeza con un martillo. Los vecinos, alertados por los ladridos de la perra, trataron de ingresar al departamento, pero al agresor arrastró nuevamente a Fátima para trabar la entrada. Los vecinos vieron cómo se filtraba sangre por la rendija, y cuando rompieron la puerta encontraron una escena espantosa: varios cuchillos sobre la mesa, Fátima inconsciente y con su ropa bajada, sangre por todas partes. Los vecinos retuvieron a Rondón y llevaron a la mujer al hospital, que estuvo 15 días en coma con un edema pulmonar y múltiples fracturas.


El atacante quedó detenido con prisión preventiva, la cual venció el 4 de junio porque el juzgado decidió no dar importancia a tramitar la causa y no avanzó la investigación, a pesar de la abundante evidencia. Pidió el beneficio de domiciliaria y fijó su residencia en casa Fátima, que por temor escondió a sus hijos la semana pasada. La Cámara de Apelaciones de la que depende decidir extender la preventiva es la misma que ha sido responsable de infinidad de resoluciones contra víctimas de violencia de clase y de género. Una de sus integrantes, Alicia Freidenberg, es responsable de haber otorgado total impunidad al clan Alperovich en la causa por la desaparición y posterior asesinato de Paulina Lebbos.


Gracias a la viralización de la publicación de la periodista, hoy es conocido en todo el país que Fátima está expuesta nuevamente, por el desprecio de la Justicia por las causas de violencia hacia mujeres pobres, y por la desidia del gobierno de Manzur que no tiene un sólo dispositivo para asistir y ayudar a las mujeres en esa situación, ya que no garantiza la exclusión de los violentos ni brinda refugios a las mujeres y sus familias, ni por supuesto ofrece un sustento económico para la víctimas de violencia. Las pocas veces que las víctimas encuentran protección en el aparato del Estado, ella está relacionada con la acción de trabajadores comprometidos que muchas veces avanzan a pesar de los enormes impedimentos que encuentran en su camino. Solo el movimiento de mujeres puede salvar a Fátima.


La seguridad para Fátima requiere no solo que Rondón permanezca detenido, sino también que avance en su juzgamiento y castigo, además de garantizar la protección de la familia.



 

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06/06/2020

Un grito global por George Floyd

Fin de semana de protestas en varios países

Las protestas por el crimen de George Floyd se extienden por todo el mundo. Este sábado, se esperaba una manifestación multitudinaria en Washington, a la par que hubo protestas en Canadá, Australia, Corea del Sur, Japón y varios países europeos.


El viernes tuvo lugar en Estados Unidos la décima jornada consecutiva de movilizaciones (Atlanta, Los Angeles, Minneaopolis, Miami, Nueva York y Denver), que en muchos casos sufrieron la represión de las fuerzas de seguridad. El crimen de Floyd ha actuado como detonante de una rebelión que tiene como trasfondo la catástrofe económica, social y sanitaria. Trump, que no cesa en sus provocaciones y amenazas contra el movimiento popular, es blanco de la furia de los manifestantes. Pero la bronca alcanza también a los demócratas. El jueves, durante un homenaje a Floyd con la participación de 10 mil personas, el alcalde neoyorquino Bill de Blasio fue abucheado y recibido al grito de “renuncia” cuando intentó tomar la palabra. El repudio responde a que los gobernadores y alcaldes demócratas han apelado, como Trump, al toque de queda y la represión contra las protestas.



Bajo el influjo de la rebelión norteamericana, en México han estallado protestas contra el crimen de Giovanni López, un albañil de 30 años que fue torturado y asesinado por la policía municipal de Ixtlahuacán, localidad contigua a Guadalajara.


Las movilizaciones de solidaridad con Floyd, fuera de Estados Unidos, han adoptado también críticas a los regímenes locales. En el Reino Unido, por ejemplo, las masivas manifestaciones de este sábado (en Londres, Manchester, Sheffield, Glasgow, Cardiff y Leicester, entre otras ciudades) pusieron bajo la lupa el “racismo institucional” en el país. Estas marchas han desafiado las advertencias del gobierno para que la población no se movilizara, poniendo como pretexto el coronavirus (en paralelo, el gobierno muestra su completa desidia frente al avance del Covid-19). Durante la semana, hubo marchas con una destacada participación de la juventud, que fueron reprimidas por la policía.


En Francia, este sábado hubo nuevas movilizaciones, pese a que fueron prohibidas por las autoridades. El martes pasado, cerca de 30 mil personas se habían manifestado en París, bajo la convocatoria del Comité Adama, que lleva el nombre de Adama Traoré, un joven negro que murió en 2016 tras su detención por parte de fuerzas policiales.


Durante la semana, hubo también movilizaciones multitudinarias en Amsterdam, Dublin y en Frankfurt.



Protesta en Sidney, Australia


 


En Canadá ha habido concentraciones en diferentes ciudades este sábado. El primer ministro Justin Trudeau participó de una de ellas en la capital, Ottawa. Es una hipocresía: el Estado canadiense aplica la misma política racista y represiva que Estados Unidos (una encuesta indica que la población negra de Toronto representa el 36.5% de las víctimas a manos de la policía, siendo apenas el 8% de la población de la ciudad entre 2000 y 2017, según CBC News del 3/6). A su vez, es responsable de una política genocida hacia las comunidades indígenas, como ha certificado un comité que investigó el asesinato de más de mil mujeres nativas entre 1980 y 2012. Por estos días, hay movilizaciones en el país por el esclarecimiento de la muerte de Regis Korchinski-Paquet, una joven afroindígena que murió bajo custodia policial.


También en Australia, las marchas (que reunieron más de 10 mil personas) denunciaron el encarcelamiento y muerte de indígenas a manos de las fuerzas de seguridad (más de 400 casos, según la Comisión Real de Australia sobre los Derechos de los Aborígenes).


Todas estas protestas desenmascaran el rostro criminal del Estado capitalista. Para terminar con la opresión, la violencia estatal y el racismo, es necesario que gobiernen los trabajadores.



 





 

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06/06/2020

CABA: paro en Salud de farmacéuticos precarizados

El lunes 8, por el pago inmediato y el pase a planta

Tribuna Municipal

El lunes 8 entrarán en paro un grupo de farmacéuticos del primer nivel de atención de CABA ante el atraso del pago de su salario. Los trabajadores denuncian que este problema lo sufren todos los meses, en mayo recibieron su salario a mitad de mes y perciben sus haberes con dos meses de atraso, esperando actualmente el correspondiente a abril.


Estos profesionales, que se desempeñan en las farmacias de CeSACs (centros de salud) y hospitales, se encuentran bajo un convenio precario entre la UBA y el gobierno de la Ciudad, que los mantiene como monotributistas, sin ART, obra social o aportes jubilatorios, con salarios muy por debajo de los de un trabajador de planta y con la misma carga laboral. Este convenio de la Facultad de Farmacia y Bioquimica es un método de cooptar profesionales recién recibidos, quedándose con el 30% de su salario, aumentando las cajas de recursos propios a costa del salario de los compañeros precarizados.


Actualmente se encuentran cumpliendo tareas en pandemia con los mismos riesgos de contagio que cualquier otro trabajador. Son considerados trabajadores esenciales, pero para el gobierno de Larreta no es esencial la regularización de su situación laboral.


Dentro de los reclamos que realizan también se encuentra el aumento salarial que no perciben desde octubre del año pasado, y que por ser monotributistas no cuentan con representación gremial y por lo tanto no están considerados en ninguna paritaria. También denuncian que durante los últimos meses cinco profesionales renunciaron por la situación precaria en la que están e incluso una compañera lo hizo porque tuvo una  lesión en su lugar de trabajo y al no contar con ART u obra social debió hacerse cargo de todos los gastos de su tratamiento.


Desde Tribuna Municipal acompañamos la medida de fuerza de los compañeros y exigimos el pase a planta ya de todos los trabajadores farmacéuticos del primer nivel de atención y la regularización inmediata de su salario!



 

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Berazategui marcha contra el gatillo fácil: justicia por Alan

El reclamo de justicia por Alan Maidana, el joven asesinado por un efectivo de la Policía Federal Argentina el pasado 24 de mayo en Berazategui, se hizo sentir en la tarde de ayer. Una gran convocatoria de familiares, vecinos, amigos y organizaciones políticas y sociales se concentraron en la esquina de las calles 114 y Varela, lugar donde ocurrió el lamentable hecho, para marchar hacia el Cruce de Berazategui y Florencio Varela donde culminó con un corte total para visibilizar el reclamo de justicia y contra el gatillo fácil y exigir que el cabo primero Germán Bentos continúe detenido hasta el juicio oral y sea condenado a prisión perpetua.


El caso de Alan no es un hecho aislado sino que responde a una política de Estado que utiliza la cuarentena para militarizar las barriadas y regimentar a los sectores populares para que no se organicen y se suma a otros casos como el de Luis Espinosa de Tucumán, Lucas Barrios en la Isla Maciel y la represión a la familia Qom en el Chaco.



Seguimos exigiendo justicia por Alan y todas las víctimas de gatillo fácil.


Fuera la policía de los barrios, pongamos la cuarentena bajo control y supervisión de los trabajadores y vecinos.



 

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06/06/2020

Córdoba: primer fallo judicial contra el robo jubilatorio

La Cámara en lo Contencioso Administrativo N°3 dictó una medida cautelar que deja sin efecto la ley 10.694 para el pago de los haberes de una jubilada bancaria. De esta manera, no se le podrá descontar sus ingresos tal cual establecía la normativa conocida popularmente como “robo a las jubilaciones”. El gobierno anunció que apelará la medida judicial.


Por la medida cautelar, la jubilada seguirá cobrando sus haberes sin ser afectada por la mencionada ley, sancionada de manera express el pasado 20 de mayo. El recurso judicial en favor de la demandante tendrá vigencia hasta tanto se resuelva el pedido de inconstitucionalidad de la norma.


La jubilada bancaria percibe un doble ingreso (jubilación y pensión), lo cual la hace víctima de la reforma reaccionaria que establece que el gobierno interventor de la caja imponga un “aporte solidario” del 20% para dobles ingresos y una rebaja para el 15% de los beneficiarios que cobren “jubilaciones altas”


La medida cautelar es un primer freno a la reforma previsional, fruto de la enorme presión social que se ha creado al respecto. El abogado de la demandante, Dr. Carena, en declaraciones a Cadena 3 manifestó: “Se dio lugar a una medida cautelar que no es de fondo, pero que hace lugar a que mientras se sustancia el juicio no le retengan el 20% en cada beneficio que le ordenaba esta ley”. Además, fundamento el amparo declarando que “todo lo que sea regresivo es inconstitucional a nivel nacional, provincial y de las normas internacionales”.


El gobierno apelará la medida, llevando el caso al Tribunal Superior de Justicia, que ha venido avalando todas y cada una de las reformas anti jubilatorias en la provincia.


La tendencia a la lucha recorre las filas del conjunto de estatales, lo que ha obligado a la burocracia sindical a improvisar medidas como las caravanas, pero buscando eludir el llamado al paro general. Cabe tener en claro que la burocracia sindical ayudó a redactar la reforma, y que el secretario general de la CGT Regional, José Pihen, arregló su jubilación en las vísperas de que se vote el robo a las jubilaciones, en un hecho que pinta de cuerpo entero al conjunto de la burocracia sindical.


Es necesario desarrollar a fondo esa tendencia de lucha, para imponer un paro activo con movilización y un plan de lucha para tirar abajo la reforma, y abrir paso al conjunto de reclamos de las y los jubilados, empezando por la devolución de la caja a sus verdaderos dueños.



 

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Movilización en Chaco y Buenos Aires contra la violencia policial

Partido Obrero del Chaco

El día de ayer nos movilizamos en Chaco y Buenos Aires contra la represión que se vienen sufriendo en los barrios, remarcando el grave hecho que sufrió una familia qom en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, en el interior como la que desenvolvió la policía en Quitilipi al movimiento 25 de Mayo, los abusos de la comisaría séptima que disparo por la espalda a un joven, la que reciben los movimientos sociales, los remiseros o la caravana de la salud pública. En todas ellas el punto en común es el incremento de la brutalidad policial y la represión.


Esta represión es la forma que tiene el gobierno de controlar las enormes tensiones sociales producto de que la carencia en las necesidades básicas para poder atravesar está cuarentena obligatoria producto del Covid-19. Que refiere a trabajo, salario, alimentos, elementos de bioseguridad e higiene. Esta movilización se replicó en Castelli donde estuvieron presentes los reclamos del sector de salud y de la comunidad educativa de los terciarios que se movilizan contra el cierre de carreras y por la fuente laboral.



Mientras marchamos se armaba una gran asamblea en el hospital Perrando de Resistencia ya que la falta de insumos, elementos de seguridad e higiene, el no pase a planta, la falta de aumento salarial o de medicamentos está llevando a una situación insostenible que se ve agravada por los crecientes casos de coronavirus y dengue en la provincia.


El gobierno de Capitanich pretende responsabilizar a su gabinete a quienes trató de inexpertos y que lo ha reemplazado de “los errores que vienen cometiendo”, pero la oficina única de gobierno que reemplaza a ese gabinete tampoco da ningún tipo de soluciones a la problemática. La mano dura, los guetos, los abusos y la represión es una política de este gobierno para contener los reclamos.


Reclamamos el fin de la represión, el juicio y castigo a los policías involucrados, la investigación independiente de las responsabilidades políticas y el desmantelamiento de los aparatos represivos.


Reclamamos un impuesto a las grandes fortunas, por el no pago de la deuda externa para que se inviertan en salud, en salario y alimentos e impulsamos la organización de los trabajadores para que la crisis agudizada por la cuarentena no la paguen los trabajadores.



 

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General Roca: la política del gueto del Frente de Todos y Juntos Somos Río Negro

Desde el Partido Obrero repudiamos la medida que de conjunto el Municipio de Roca–Fiske y el gobierno provincial tomaron para aislar los barrios del norte de la ciudad del centro de la misma.


La medida provincial fue consensuada entre la provincia y la intendenta. Esta medida restrictiva y discriminadora de los barrios populares de la ciudad a tono con la impronta autoritaria de la intendenta pretende resolver de la manera más brutal el crecimiento de los casos de Covid-19 en la ciudad. En horarios de la tarde los puentes que cruzan el canal de riego conocido como Canal Grande, y que a su vez unen a los barrios más populosos y humildes de la ciudad con el centro de la misma, fueron bloqueados por montículos de tierra para impedir el ingreso de la gente del barrio al centro de la ciudad. A la falta de medidas de asistencia y de saneamiento de los barrios por parte del municipio se le suman la pésima gestión provincial en materia de salud con protocolos que no se llevaron adelante, insuficiente o nulo equipamiento de los agentes de salud mal remunerados, insuficiente equipamiento de las ya carenciadas “salitas” de atención médica, las demoras en las obras que agua potable largamente reclamadas en los asentamientos, entre otras cosas. Los recursos municipales y provinciales sí se ponen a disposición para construir una barrera y formar un gueto “del otro lado del canal”.


En un gesto de oportunismo político ante la reacción de vecinos y vecinas que en muchos casos a pala salieron a desbloquear los puentes, la Intendenta de la localidad intentó despegarse de la situación a través de un comunicado extrañamente fechado el 3 de junio donde cuestiona lo desatinado de la medida del bloqueo porque dificulta la circulación, pero en ningún momento cuestiona el carácter estigmatizador de la medida hacia los sectores populares que habitan al norte de la ciudad.


De igual manera la provincia sale a despegarse manifestando en un comunicado que “el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro no recomendó la colocación de montículos de tierra en los puentes del Canal Grande de General Roca para impedir el tránsito”.


Desde el partido obrero llamamos a las vecinas y vecinos a organizarse para no dejarse atropellar.


¡Sin comida y sin trabajo no hay cuarentena!



 

06/06/2020

Kicillof tira la toalla ante los buitres

Axel Kicillof declaró que existe “cierto margen para introducir cambios” en la renegociación de la deuda externa. En pocas palabras, el “nacional y popular” anticipa una mejor oferta de pago a los fondos buitres. Un dato de esta agachada es el acuerdo bajo el poncho que se trae Kicillof con el comité de acreedores de la deuda externa bonaerense para que no inicien juicios por el incumplimiento de los dos vencimientos que llevaron a la provincia a zona de default.


El “margen” que invoca Kicillof no se ve en el sistema de salud pública provincial, bajo la amenaza de un colapso inminente por la saturación en progreso de las camas terapia. Tampoco se ve en los barrios bonaerenses que carecen de servicios como agua potable o cloacas, y que son focos de contagio del coronavirus y guetos de la miseria.


Con la provincia hipotecada y las cuentas en rojo, las señales del gobernador a los bonistas refuerzan las presiones del capital financiero por mayores concesiones. En el proceso de canje abierto por la reestructuración de 7.148 millones de dólares de deuda, los buitres ya se aseguraron el compromiso de pago del 97% del capital, convalidando el brutal endeudamiento en dólares del gobierno de Vidal. Los bonistas acreditan también a su favor un piso de pago de intereses del 45%, más favorable que la negociación de la deuda externa nacional. Está por verse si el “margen” que invoca Kicillof se refiere a una mejora en los intereses, a un acortamiento de los plazos o a una combinación de ambos beneficios con un plus agregado para cerrar el acuerdo antes del 19 de junio, fecha de un nuevo vencimiento.


Kicillof prepara un pedido de nueva deuda que enviaría la semana que viene a la Legislatura bonaerense. Se trata de 500 millones de dólares que la provincia deberá negociar con los organismos multilaterales de crédito, más otros 20.000 millones de pesos de deuda y la autorización para emitir Letras de Tesorería por 8.000 millones de pesos. Como eso requiere de la aprobación de Juntos por el Cambio en el parlamento, lo que anticipa nuevas capitulaciones y pactos ajustadores con la oposición derechista.


La otro cuestión de fondo en la negociación siguen siendo las garantías de repago que puede ofrecer una provincia quebrada. Al servicio de ello es que Kicillof prorrogó el Presupuesto 2019 de Vidal y avanza en la “armonización” del Instituto de Previsión Social (IPS) con la Anses. Es el primer paso hacia una nueva ofensiva contra las jubilaciones bonaerenses, cuya media es superior a los haberes jubilatorios de la Nación. El golpe contra los jubilados es una exigencia de los bonistas. Entre las garantías está también la supresión de la cláusula gatillo para los docentes y la postergación sin fecha de las paritarias estatales en la provincia de Buenos Aires. La defensa del salario y las jubilaciones, junto al pago a término y completo, deben ser asegurados con la organización y movilización de los trabajadores.


Este ataque que se prepara contra los empleados públicos de la provincia y los municipios exige sacar de la “cuarentena” a los sindicatos, impulsar la convocatoria a cuerpos de delegados y asambleas para votar un pliego de reclamos, empezando por el aumento salarial y la efectivización de todos los contratados y precarizados que se desempeñan como monotributistas, la reincorporación de todos los despedidos, la convocatoria inmediata a paritarias, la investigación y no pago de la deuda externa usuraria.



 

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Córdoba: audiencia Pública por la libertad sindical y contra las imputaciones

En una Córdoba movilizada, donde cientos de trabajadores han ganado las calles contra los ataques sistemáticos de Schiaretti y los intendentes, enfrentando incluso la política estatal de persecución y judicialización de la actividad sindical y la lucha social, la legisladora del Frente de Izquierda, Soledad Díaz, convoca para el próximo jueves 11 de junio una audiencia pública contra las imputaciones a los trabajadores, contra la represión y persecución a los luchadores sociales, y por el derecho a la libertad sindical. Participaran importantes representaciones de organizaciones sindicales, piqueteras y sociales.


Las imputaciones a los médicos del geriátrico de Saldán, por el delito de contagio intencional, son parte de una avanzada integral contra el conjunto del movimiento obrero cordobés. El descomunal operativo policial contra los municipales de Jesús María, que fueron a la acción por el cumplimiento de la paritaria firmada, fue el anticipo de una seguidilla de ataques a la movilización popular. En las últimas semanas asistimos a las imputaciones de más de una decena de trabajadores municipales de Córdoba, por movilizarse contra el recorte salarial del 15%. Otras tantas imputaciones se han impuesto sobre choferes de UTA también por manifestarse por la falta de pago tras tres semanas de paro.


Mientras tanto, crecen los operativos policiales sobre las protestas sociales. Con un gran operativo policial el gobierno desarticuló la segunda movilización de los feriantes que reclamaban ante la desocupación forzosa. En la misma línea se dispuso una política de amedrentamientos en las diferentes acciones que el Polo Obrero llevó adelante frente el Ministerio de Desarrollo Social, y una fuerte regimentación en las barriadas. A la vez que la Asamblea Ni Una Menos denuncia el hostigamiento policial sufrido en el marco de una concentración frente al Polo Integral de la Mujer para reclamar medidas ante el incremento de la violencia.



Para perseguir y regimentar al movimiento obrero, el gobierno pone de excusa el aislamiento. La manipulación del pasaje a fase 3 de la cuarentena por cinco días, cuyo propósito fue aprobar el robo a los jubilados, expone de cuerpo entero la impostura gubernamental. La perfidia es absoluta si tenemos en cuenta que es el gobierno de Schiaretti quién ha habilitado el funcionamiento de más de 200 fábricas levantando objetivamente la cuarentena para el 82% de los trabajadores.


Estamos ante un intento deliberado por perpetuar un régimen de excepción para imponer la agenda capitalista contra la clase obrera. Esta orientación fue ampliamente ratificada por Schiaretti, quien en su discurso del lunes pasado, centró el ataque en las grandes movilizaciones, y apuntó contra cualquier tipo de protesta social.


Las crecientes movilizaciones obreras y populares han resquebrajado las pretensiones represivas. Contra las imputaciones al personal de salud se levantaron dos caravanas masivas que tendrán su continuidad el 9 y 10 de junio en una nueva jornada. Las imputaciones sobre municipales y choferes, fueron repelidas por la acción directa impuestas en los lugares de trabajo, que en el caso de los municipales confluyeron en dos masivas movilizaciones y una persistente tendencia a la lucha. También las organizaciones de jubilados y agrupaciones combativas realizaron un importante “cabildo” ante la Caja de Jubilaciones. De igual modo, el movimiento de mujeres realizó una enorme movilización el 3J donde unos de los reclamos centrales fue el rechazo al pago de la deuda.


La Audiencia Pública convocada por el Frente de Izquierda actúa sobre esta tendencia a la movilización, que supera las maniobras burocráticas y judiciales, y apunta a reforzar una acción del movimiento obrero para golpear sobre la política represiva del gobierno provincial y los municipales. Esta será una instancia para reforzar la acción nacional de lucha definida por el Plenario del Sindicalismo Combativo el próximo 16 de junio.



 

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06/06/2020

“Desahogo sexual”: la ministra Gómez Alcorta le lava la cara al Poder Judicial

UJS Medicina - UBA

Tras la indignación generalizada que generó el dictamen del fiscal Fernando Rivarola en la causa por la violación colectiva llevada adelante por la llamada Manada de Chubut, donde considera el hecho como “un accionar doloso de desahogo sexual”, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se limitó a escribir un tweet cuestionando “la falta de perspectiva de género en la administración de la justicia” y planteando como solución la “capacitación de muchxs integrantes del Poder Judicial”.


Lo que la ministra oculta es que el accionar de Rivarola no es un caso aislado, sino que es una muestra más de la responsabilidad del Estado y del Poder Judicial en la violencia hacia las mujeres. ¿O acaso no paso lo mismo con el caso de Lucía Pérez? Un femicidio en donde se absolvió a los acusados alegando que la joven tenía experiencia sexual y era consumidora habitual de drogas. La impunidad de que gozan los hijos del poder no es un problema de formación, si no de los intereses de clase que defiende la Justicia; intereses a los cuales sirve la opresión que sufrimos las mujeres. En este cuadro, el tweet de Gómez Alcorta es una lavada de cara a los jueces y fiscales.


No sorprende que esta sea la respuesta de un Ministerio que para enfrentar los femicidios -que aumentaron considerablemente durante el aislamiento social- únicamente desarrolló la campaña del “barbijo rojo”, sin destinar un solo peso para medidas verdaderamente efectivas contra esta situación, que garanticen la preservación de las mujeres. Son las limitaciones de un gobierno cuyo principal objetivo es el pago de la deuda.


Por eso, lo que realmente es necesario es la elección de jueces y fiscales mediante el voto popular y la revocabilidad de sus cargos, para desmantelar el entramado de complicidades del Poder Judicial. Igualmente, la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres, independiente del gobierno de turno, para que realmente se tomen medidas contra toda la violencia que recae sobre las mujeres bajo este régimen social. En oposición a la lavada de cara de la ministra de la Mujer, reclamamos la destitución del fiscal Rivarola, y la cárcel para todos los integrantes de la Manada de Chubut.



 

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06/06/2020

Tucumán: el violador de Lucía pidió la domiciliaria

¡Niñas, no madres!

Sol, la mamá de Lucía, la niña violada y obligada a parir en Tucumán, fue entrevistada por Canal 8 en la noche del viernes. Allí denunció que el violador de la niña, que era pareja de su abuela, solicitó la prisión domiciliaria. La audiencia donde se determinará esto será el próximo martes 9 de junio. A tan solo tres meses de dictada la sentencia por 18 años, Víctor Eliseo Verón podría salir libre y ella teme por la seguridad de su hija.


Denunció además que todas las reparaciones que la justicia ordenó para la niña estaban siendo demoradas: todavía no le entregaron una casa, sigue sin poder vivir con su mamá para alejarse del lugar donde fue abusada porque no le restituyen la tenencia, etc.



A un año del caso Lucía, el Estado continúa hostigándola. Ninguno de los funcionarios implicados fue llevado a la justicia. Vigliocco y Chahla fueron premiados por el gobernador Manzur con la continuidad en sus cargos y sin ningún tipo de represalia por obstaculizar los derechos de la niña. No hay charla a la que concurra el gobernador por la ley Micaela que lo salve de su responsabilidad de sostener a Vigliocco a quien la madre de la nena denunció, entre otras cosas, por extorsión material para hacerla retroceder de su decisión de avanzar con el aborto legal que le correspondía a Lucía.


Tampoco fueron juzgados monseñor Sánchez, que violentó la privacidad de la familia difundiendo públicamente sus datos, los curas y grupos antiderechos que los amenazaron y se apostaron en las puertas del hospital perpetuando su calvario. A Adriana Gianonni, la fiscal que denunció penalmente a lxs médicos que hicieron la ILE, Manzur le concedió el retiro voluntario, una verdadera jubilación de privilegio. Y Manzur mismo, quien hace demagogia con la ley Micaela y la Emergencia en Violencia, continúa aplicando todo el peso del Estado en seguir torturando a Lucía.


Inmediata respuesta a todas las demandas de Lucía y de su madre. Restitución de la niña. Prisión efectiva para su violador.




 

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06/06/2020

La Plata: los despedidos de Educación arrancan nuevas reincorporaciones

Realizaron una nueva concentración en Gobernación: "¡Kicillof y Vila: no son 15, son 43!"

Los trabajadores despedidos de Educación volvieron a concentrar frente a la Gobernación bonaerense en La Plata, el viernes 5, para reclamar a Kicillof su reincorporación, tras cinco meses sin ingresos. La medida había sido resuelta en asamblea, y fue llevada a cabo con las medidas necesarias de prevención y cumpliendo con el distanciamiento social. Con esta acción se logró arrancar un avance en el proceso de recontratación de una parte de los despedidos.


Allí leyeron un documento explicando la exposición que sufren los compañeros y sus familias en plena pandemia, sin trabajo desde fin de año. Luego hicieron entrega del mismo a funcionarios de la Gobernación y difundieron su reclamo en los medios de comunicación presentes.


A partir de esta nueva concentración, desde la Dirección Provincial de Recursos Humanos se comunicaron telefónicamente con 15 despedidos para citarlos a entrevistas individuales, buscando eludir la representación sindical de la Junta Interna de ATE Educación Sede en el conflicto. Se les informó a que serían reincorporados bajo diferentes formas contractuales según las necesidades de usos y funciones de diversas direcciones de la Dirección General de Cultura y Educación.


La ministra Agustina Vila persiste en su negativa a recontratar a todos los despedidos e intenta dilatar el conflicto para desgastar al colectivo de trabajadores, que viene avanzando en el objetivo de recuperar sus puestos de trabajo.


Desde Tribuna Estatal en la Junta Interna de ATE Educación Sede venimos acompañando esta lucha por la reincorporación de todos los despedidos y su pase a planta permanente, contra el gobierno “nacional y popular” que perpetúa la precarización laboral. Es un pelea a la que le dieron la espalda las diferentes burocracias sindicales, desde UPCN y Soeme hasta la conducción “progresista” de ATE provincia y el “kirchnerismo sindical” de la agrupación Verde y Blanca. Todas las alas de la burocracia se sumaron operativo de acusar a los compañeros de funcionarios de la gestión macrista.


Con la organización independiente y el método de la deliberación en asamblea del plan de acción, la lucha va cosechando avances. Sigamos por este camino.





 

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06/06/2020

Docentes CABA: actos públicos virtuales, Larreta avanza sobre derechos laborales

Ningún docente cesado bajo la pandemia.

Maestro de primaria del programa Maestro + Maestro y miembro Consejo directivo de Ademys

Congelamiento salarial, virtualización forzosa, ajuste en la entrega de alimentos, sobrecarga de tareas pedagógicas y administrativas, trabas en las licencias médicas, y lo “nuevo”: actos públicos virtuales que están diseñados para centralizar desde el Estado el proceso de asignación de cargos, sin control por parte de la docencia, eliminando aún más la transparencia en el orden de mérito.


Luego de declarada la suspensión de clases el 16 de marzo, miles de docentes en CABA –y varias decenas de miles a nivel nacional- se quedaron sin la posibilidad de tomar nuevos cargos, incluso aquellos docentes que por haber cesado en sus cargos suplentes o interinos se encuentran en una situación acuciante: sin cargo, sin sueldo, sin cobertura de obra social y sin ningún tipo de asistencia por parte del gobierno porteño o nacional.


Es por esto que desde la banca del Frente de Izquierda se presentó un proyecto de ley en el Congreso para dar una salida de emergencia ante esta situación: la puesta en marcha de manera excepcional de un sistema de asignación de cargos a través de actos públicos virtuales que funcione durante el período que dure la suspensión de clases y el otorgamiento de un salario mínimo universal a toda la docencia sin cargo de $30.000, extendido a aquellos docentes que tuvieran algún cargo un horas con un salario inferior a este monto.


Este planteo canalizaba el reclamo de alrededor de 100.000 docentes afectados por la suspensión de nombramientos para cobertura de cargos vacantes en todo el país. Sucede que, ante la cuarentena, se suspendieron los actos públicos presenciales, ámbito en el que normalmente los docentes toman los cargos en base a un orden de mérito público que surge de sus títulos, antigüedad y distintos antecedentes pedagógicos que están pautados de antemano en los Estatutos Docentes de cada jurisdicción. De esta manera, tanto el gobierno nacional como cada uno de los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires están subejecutando el presupuesto educativo destinado al pago de las suplencias que se fueran generando durante el año; presionan en los hechos para que los docentes con cargos no tramiten ni soliciten licencias médicas; y descargan el trabajo del acompañamiento pedagógico de cursos y grados que estén sin docente sobre las espaldas de sus propios compañeros o, peor: directamente se desentienden en la práctica de la pretendida “continuidad pedagógica”.



Ademys en la Ciudad de Buenos Aires hizo un planteo ante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra de Educación, Soledad Acuña, para atender a esta situación sobre la base del mismo criterio: actos públicos virtuales, vigencia plena de las licencias estatutarias, otorgamiento de una cobertura salarial de emergencia para que ningún docente quede por debajo de lo que es la garantía mínima salarial de una maestra de grado de jornada simple ($32.800) y la entrega de bolsones de alimentos a las familias docentes que lo requirieran, atendiendo a la particular situación de crisis, así como la extensión de la cobertura de la obra social de la ciudad (ObSBA).


Como parte de esta campaña, se llevó a cabo un relevamiento en la docencia porteña en la que en pocos días se inscribieron centenares de docentes afectados, y una olla popular para sacar el reclamo a la calle apelando a la movilización bajo el planteo de que la cuarentena no puede ser con hambre y sin salario.


Actos públicos virtuales: una respuesta tardía y deformada


Acusando recibo de la presión política tras la evidencia de que existe una situación preocupante de desocupación o subocupación en la docencia y que no es protegida por ningún tipo de subsidio, el gobierno de la ciudad anuncia la realización de actos públicos virtuales, a más de dos meses y medio del último acto público presencial (en el caso de Media, casi tres meses).


Pero en manos del gobierno, se intenta imponer una arbitrariedad absoluta en el manejo de la asignación de cargos, sin control por parte de la docencia, violando así el derecho a actos públicos transparentes que garanticen el acceso a los cargos en base al estricto orden de mérito, con listados confeccionados de la manera idónea. A imagen y semejanza de la plataforma de ingreso al sistema educativo porteño (cuenta @bue) se establecerá un sistema de promoción y selección en base al orden de mérito y puntaje  que es definido por la propia plataforma. El derecho a reclamo y control por parte del docente es nulo.


Por otra parte, la implementación de estos actos públicos no resuelve la situación hacia atrás y abre un incierto compás de espera que busca desactivar el reclamo y la organización. Esto porque la implementación de los actos públicos virtuales, tal como la entiende el gobierno, sería gradual. Por lo tanto, para que los docentes sin cargo puedan acceder a los mismos, efectivizar la toma de posesión y comenzar a percibir el primer sueldo, pueden pasar hasta tres meses. Si a esto le sumamos el hecho de que se están trabando los pedidos de licencias, la cantidad real de cargos que irían a actos públicos serían muy pocos. Esto no solucionaría la situación de desocupación o subocupación docente en la ciudad.


A su vez, en la reunión que mantuvo con los sindicatos docentes de la ciudad el gobierno informó que a  medida que se concreten los actos públicos virtuales de cada área cesarán los docentes alcanzados por la resolución que les daba continuidad. De esta manera el gobierno avanza con un ajuse que dejará desocupados a estos docentes. Pero además los problemas que hubo en la confección de listados a dejado excluidos a muchos docentes o les ha asignado incumbencias que no tienen. La crisis económica se agrava y frente a este escenario el Gobierno de la Ciudad no tienen mejor idea que dejar sin trabajo a cientos de docentes.


Por esto, ratificamos la necesidad de la continuidad de los suplentes y de implementar el salario universal de emergencia de $32.800 para todos.


Una reforma laboral en medio de la pandemia


Si bien el gobierno está dando respuesta a un reclamo de la docencia, y no tenía en los planes hacerlo, aprovecha esta situación para ir a fondo con la centralización en la asignación de los cargos docentes eliminando la transparencia y el control en el respeto al orden de mérito y la confección de los listados, lo que constituye una reforma laboral aplicada al gremio docente.


Decimos esto porque uno de los elementos centrales del Estatuto Docente es evitar que el poder político de turno seleccione a dedo al personal docente como si fuera una escuela privada o una empresa y, en cambio, se imponga un criterio objetivo, público y transparente desde la inscripción hasta la toma de posesión de cada cargo u hora, así como el ascenso y todo el régimen de disciplina. La forma institucional que encontró la docencia, en un proceso de lucha histórico, fueron las Juntas de Clasificación y Disciplina, organismos colegiados con mayoría docente electa y minoría de representantes del Ministerio. Hasta 2011, año en que la Legislatura porteña aprobó la ley Abrevaya que modificó las Juntas de Clasificación, estas funcionaron con seis vocales electos por la docencia de cada junta y tres vocales nombrados por el Ministerio de Educación. Todo el proceso de inscripción para interinatos, suplencias, ingreso (titularización) y ascenso, la realización de los actos públicos y concursos de ingreso y ascenso, la organización de los cargos y horas vacantes, el nombramiento, etc., estaban a cargo de estas juntas que debían rendir cuentas a la docencia, y eran electos cada dos años por el voto directo de los propios docentes. Es decir que la docencia tenía sus propios representantes que velaban por la transparencia en el acceso a los cargos, en organismos colegiados con presencia de la patronal (en minoría). Es más, los docentes no solo tenían el derecho a votar a sus representantes en las Juntas de Clasificación y Disciplina: tenían el derecho de ser electos, o sea, de postularse como candidatos a ser vocales cumpliendo ciertos requisitos mínimos (tener antigüedad de diez años o más en la junta correspondiente, etc.).


Desde 2011, es el gobierno quien tiene en sus manos todas las atribuciones que llevaban a cabo las juntas, a través de la Comisión de Registro y Evaluación de los Antecedentes Profesionales (Coreap), integrada totalmente por miembros designados por el Ministerio de Educación. Las Juntas permanecen como cobijo para los sindicatos burocráticos que se reparten el botín de las prebendas del gobierno, ya que están limitadas a un ambiguo “seguimiento”; de hecho, en el Estatuto fueron eliminadas las funciones de las juntas y apenas se menciona cómo están conformadas pero no a qué se dedican.


En 2015, a través de un pacto del macrismo como toda la oposición legislativa (con sólo cuatro votos en contra, de los diputados de izquierda) se aprobó la eliminación de la elección por parte de la docencia de los “nuevos” vocales de las Juntas de Clasificación y Disciplina, que pasan a ser designados por los sindicatos, en base a la cantidad de afiliados en cada área, reconocidos por el propio gobierno. Esto forma parte de un pacto de caballeros entre el gobierno y los sindicatos burocráticos con la clara intención de evitar el mal trago de someterse a que el conjunto de la docencia exprese con su voto el nivel de representación de cada uno de los sindicatos. Debe recordarse que, en las últimas elecciones de juntas (año 2011), Ademys fue el segundo sindicato más votado por la docencia y el más votado en algunas áreas como Primaria. Esto implicaba un golpe para la burocracia sindical y para el gobierno.


La virtualización de los actos públicos puede convertirse en un nuevo capítulo que profundice una reforma reaccionaria que deje sumida a la docencia en una desprotección aún mayor. Es necesario retomar la gran lucha del gremio docente y avanzar en la restitución del Estatuto Docente histórico y que las Juntas de Clasificación y Disciplina sean organismos democráticos elegidos por el voto docente.



 

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06/06/2020

Murió enfermera del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora por Covid-19

María Ester Ledesma pertenecía al grupo de riesgo y el Estado le rechazó la licencia reiteradas veces.

El pasado jueves falleció María Ester Ledesma, trabajadora de salud del Hospital Gandulfo (Lomas de Zamora) que se desenvolvía como enfermera en el área de pediatría y quien habría solicitado, en reiteradas oportunidades, el licenciamiento de sus labores debido a que padecía una afección médica preexistente.


María Ester llegó a solicitar seis veces la licencia laboral para poder cuidar de su salud, sin embargo sus pedidos no fueron escuchados por las autoridades del hospital ni atendidos por los funcionarios del gobierno, quedando expuesta a una gravosa situación que más temprano que tarde condujo a su muerte. Estamos ante una muerte absolutamente evitable cuya responsabilidad recae en manos del Estado.


La negligencia de las autoridades del Hospital Gandulfo y el vaciamiento al cual es sometido por parte del gobierno de la provincia de Axel Kicillof y su ministro de Salud, Daniel Gollán, llevó a que María Ester contrajera Covid-19 en el hospital y que a su vez contagiará a su madre, la cual también falleció unos días atrás. El hijo de María Ester, también contagiado, aún se encuentra en recuperación.


Días atrás, el 20 de mayo, trabajadores y trabajadoras del hospital y de otras dependencias sanitarias, provinciales y municipales, realizaron una actividad en la puerta del Gandulfo para denunciar las precarias condiciones en las que se ven obligados de desenvolver sus tareas diarias, más aun en este contexto de pandemia donde el vaciamiento de insumos se ha agravado. Sin embargo, la respuesta de las autoridades provinciales y municipales es nula.


El deterioro sanitario en el Hospital Gandulfo impacta fuertemente en todo el distrito de Lomas de Zamora: se trata del hospital de cabecera de la región, al cual acuden las familias obreras de los barrios más pobres del distrito.


En Lomas de Zamora solo se han realizado 3.390 testeos con unos 280 casos positivos sobre una población que supera holgadamente las 500.000 personas y que concentra altos niveles de superpoblación hacinados en barrios carenciados como El Tongui, Olimpo, Fiorito, Budge y otros. La intendencia de Martín Insaurralde realiza operativos cosméticos para aparentar que está haciendo algo, pero quiere evitar a toda costa destapar la olla depresión en los barrios conociendo la verdadera propagación del virus.



 


El caso de María Ester no es el único cuya responsabilidad recae sobre el Estado. Hace unos días denunciábamos el contagio de una madre que asistía a los precarios operativos de entrega del Servicio Alimentario Escolar, el que se realiza con los recaudos mínimos a falta de provisión del gobierno provincial y municipal.


La muerte de María Ester arroja una nueva alarma sobre la situación que padecen los y las trabajadoras de la salud en la provincia de Buenos Aires y en el país entero, sometidos a condiciones precarias, sin los equipos de protección personal adecuados, sin que se respeten las licencias correspondientes, con jornadas laborales extenuados y una alta tasa de contagio intrahospitalario. Todo esto muestra el fracaso del Estado en la administración de la cuarentena.


Exigimos que se investiguen las responsabilidades en el caso de María Ester Ledesma y que se clarifique porque se le denegó una y otra vez la licencia laboral y se avance sobre los responsables; el aumento de los insumos y el presupuesto para el personal de salud; las licencias con goce de sueldo para el personal en grupo de riesgo y los comités de salud de los trabajadores en cada establecimiento. Necesitamos un control obrero y popular de la cuarentena.




 

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06/06/2020

Neuquén: visita presidencial, más firmas que realidades

Un acto entre puestas en escena y una crisis de fondo.

La visita del presidente Alberto Fernández a Villa La Angostura en Neuquén, para recorrer diversas obras y culminar con una conferencia de prensa, se produjo en el día en que las operadoras petroleras de Vaca Muerta informaron que bajarán siete equipos de perforación de los yacimientos. Lo cual anuncia la caída de contratos con las empresas de servicios y de estas con sus tercerizadas, que incrementarán los despidos, suspensiones y recortes salariales.


La elección de Villa La Angostura, donde se confirmó el regreso de la actividad en el rubro gastronomía y una próxima habilitación para los centros de esquí, le puso un marco alejado de la médula de la crisis y la desinversión: Vaca Muerta.


Para “vestir” el acto y justificar el viaje, el gabinete nacional firmó variados convenios de obras (muchas ya en marcha y otras solo anuncios) y varios auxilios financieros a la provincia, una actividad que no requiere un viaje presidencial y que bien se podrían haber firmado en alguno de los viajes del gobernador Omar Gutiérrez a Buenos Aires.


Pero no todo fue una puesta en escena para la tribuna y la prensa. Uno de los ejes centrales del show de anuncios fue la “sinergia” de ambos gobernantes en calificar a este gobierno como de un serio federalismo, algo remarcado mucho por Alberto Fernández, y que es del gusto del paladar del MPN.


La asociaciones nada lícitas


Durante la década kirchnerista la ayuda de Nación a la provincia con el financiamiento de obras estuvo centrada, sobre todo las viales, en que la mayoría fue adjudicada a empresas ligadas a De Vido y el “valijero” López en sociedad con las empresas de la familia Sapag. En esos años era rutina la UTE Rovella-Carranza con C.N.Sapag, en obras por miles de millones de pesos.


Hoy, con los anuncios de financiamiento desde Nación de obras por 12.000 millones de pesos, mucha de ellas viales, parece que vuelven los viejos tiempos. Por de pronto, esta semana, se firmó con Rovella-Carranza el contrato para construir una central hidroeléctrica en el norte neuquino.


Pagar cuanto antes, mejor


El presidente Alberto Fernández dijo que no aceptó la propuesta de los bonistas para iniciar el pago de la deuda luego de su mandato (lo consideró inmoral), así que reivindicó que fue el gobierno argentino el que pidió acortar los plazos. Un bolazo que no supera un archivo, pero que presenta la rendición ante las imposiciones de los bonistas como un acto ético y de soberanía.



Pero en su alegría de poder ayudar a los empresarios, tiró un dato muy significativo: afirmó que las empresas radicadas en la provincia, sobre todos pymes, llevan recibidos más de 1.300 millones de pesos en ATP para subsidiar el pago de unos 52.000 salarios. Lo hipócrita de esto es que hoy mismo el sindicato ceramista marchó a Casa de Gobierno reclamando que se incluya a las cooperativas obreras en el pago de los ATP, esto cuando llevamos casi tres meses de cuarentena.


La respuesta a la situación de Vaca Muerta se la ligó al acuerdo por la deuda y se puso el énfasis en que será una generadora de divisas por exportación una vez que evitemos el default. La bajada de siete equipos el día de hoy, que todo el periodismo conoce, flotó en el aire, aunque no hubo preguntas en ese sentido.


La única diferencia de esta visita presidencial con las de Macri es que este último pudo visitar Vaca Muerta y ahora, obvio, faltaron los globitos amarillos.



 

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06/06/2020

Todo un hogar de personas con discapacidad contagiado de Covid-19

Confirmaron 43 casos de Covid entre los 47 residentes del lugar.

El Hogar Puentes, ubicado en la localidad de Chilavert del partido bonaerense de San Martín, alberga 47 pacientes de 18 a 60 años con problemas psicológicos, autismo y parálisis cerebral, entre otras patologías con tratamientos médicos complejos. Allí, fueron confirmados en las últimas horas 43 casos de Covid-19, después de los testeos que se llevaron a cabo el lunes 01 de junio.


Las versiones de los familiares y los voceros de la Municipalidad sobre el primer caso son encontradas. Los primeros denuncian que el primer contagio se detectó el 18 de mayo, pero las fuentes municipales afirman que data del día 28, cuando una enfermera que reside en la Villa 31 dio positivo en los controles que se llevaron a cabo cerca de su domicilio.


Un dato que certifica que el primer caso es anterior al positivo de la enfermera es que el día 26 de mayo notificaron a los familiares de los pacientes que trabajadores del hogar tenían Covid-19, y por ese motivo activarían el protocolo cerrojo desde esa fecha hasta el 2 de junio para mantener aislado el lugar.


El brote, como era de esperarse, alcanzó prácticamente a todos los residentes. Tras el primer caso solo se testeó a nueve pacientes sospechosos, lo que pone de relevancia la responsabilidad del gobierno en el hecho de que el hogar se convirtiera en un foco infeccioso. No sorprende, cuando la intendencia de Fernando Moreira (del Frente de Todos) hace 10 días llevó adelante con un gran despliegue el operativo Detectar, solo para testear a 33 personas de las 11.000 entrevistadas.


Al igual que retacean los testeos solo para los casos en que aparecen síntomas, las autoridades municipales informaron que solo trasladarán al hospital en caso de que el cuadro se complique, dejando a estos pacientes al cuidado de las enfermeras y enfermeros o acompañantes terapéuticos (que no fueron testeados), y no de personal especializado para atender la enfermedad. Ni las obras sociales ni el municipio dan una respuesta sobre el traslado de los cuatro residentes que dieron negativo, exponiéndolos de este modo a que también contraigan el virus.


En el marco de la escalada de contagios, San Martín lidera el corredor norte con 393 casos a la fecha, con un índice de duplicación de casos en 10 días, y con una de las tasas más altas de mortalidad de la provincia de Buenos Aires con 23 muertes. Para evitar la proliferación de contagios y atender a los enfermos es necesario triplicar el presupuesto de salud, garantizar la provisión de insumos hospitalarios, realizar testeos masivos, y proceder a la centralización de todo sistema sanitario bajo control de los trabajadores.



 

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06/06/2020

Protestas contra el crimen del “George Floyd mexicano”

Masivo repudio al crimen de Giovanni López, un albañil de 30 años asesinado por la policía municipal de Ixtlahuacán

Las calles de Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco, se vieron estremecidas el jueves por una movilización en repudio al crimen de Giovanni López, un albañil de 30 años que fue asesinado por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, localidad contigua a Guadalajara. Varios medios lo califican como el “George Floyd mexicano”.


El viernes, asimismo, hubo nuevas manifestaciones en Guadalajara, el Distrito Federal (a la embajada norteamericana, por Floyd, y a la casa de Jalisco), y San Luis Potosí. Están previstas otras manifestaciones para la semana entrante.


El 4 de mayo pasado, efectivos policiales detuvieron violentamente a López por no usar tapabocas. Horas más tarde, fallecía en un hospital, tras ser torturado y baleado en un pie, según denuncias de sus familiares. Ante la falta de avances en la investigación, éstos dieron a conocer un video de la detención, pese a las amenazas e intentos de soborno del alcalde Eduardo Aguilar.



La difusión del video causó una conmoción y dio paso a la movilización. Cientos de manifestantes irrumpieron en la casa de gobierno de Jalisco el jueves al grito de “fuera Alfaro”, en referencia al gobernador del estado, que pertenece al Movimiento Ciudadano (una fuerza que se presentó a las elecciones de 2018 como parte de una coalición con el PAN y el PRD, que llevó de candidato a Ricardo Anaya). También fueron incendiados tres patrulleros.


Solo tras la movilización, un mes después del crimen, fueron detenidos los primeros efectivos de la policía municipal, lo que muestra el apañamiento oficial a las fuerzas represivas.


El crimen y las protestas abrieron una grieta en el poder estatal. Alfaro aludió a una conspiración “desde los sótanos del poder”, en la Ciudad de México, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo desafió a presentar pruebas por las acusaciones. Alfaro integra un bloque de siete gobernadores que reclaman al estado federal una rediscusión del pacto fiscal, para obtener mayores recursos en el cuadro de crisis abierto por la pandemia.


El brutal crimen de López ha puesto otra vez la lupa sobre las fuerzas de seguridad, acusadas de todo tipo de abusos y atropellos en el marco de la cuarentena. Oliver López, detenido a fines de marzo en una estación de servicio en Tijuana, murió luego de ser pisado en el cuello por un efectivo, en un caso muy similar al de George Floyd en Estados Unidos.


López Obrador condenó el crimen de Giovanni en Jalisco, pero su gobierno ha mantenido la militarización del país, en nombre de la “guerra contra el narcotráfico” (una política iniciada en 2006 por el gobierno de Felipe Calderón, que ha dejado 250 mil muertos y que no ha desmantelado a los carteles, que tienen todo tipo de lazos con el aparato estatal). AMLO formó una Guardia Nacional, adscripta a la Secretaría de Defensa, y emitió un decreto que permite el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. En abril, según los reportes oficiales, hubo 150 mil efectivos en las calles de ambas fuerzas (La Jornada, 21/5). Entre sus tareas, figura la represión de los migrantes, para cumplir el pacto entre López Obrador y Trump que busca impedir la llegada de aquellos a los Estados Unidos.


Las marchas contra el crimen de López se producen bajo el influjo de la rebelión norteamericana. Frente a los George Floyd del mundo, las masas dicen basta. Está planteado redoblar la movilización para lograr la condena de los responsables.



 



 

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La impostura de Negri y Bullrich sobre la “violencia institucional”

El macrismo esbozó una campaña tendiente a denunciar la represión en provincias gobernadas por mandatarios afines al gobierno nacional. Incluso el diputado por Córdoba, Mario Negri llegó a pedir la renuncia del ministro de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. El PRO busca explotar el silencio cómplice de todo el arco kirchnerista en las muertes a manos de las policías provinciales, que vienen ocasionando graves violaciones a las libertades democráticas. Se trata de una impostura.


Mediante un comunicado titulado “Decimos ‘no’ a la violencia institucional”, el partido que conduce Patricia Bullrich hace referencia a los asesinatos a manos de las policías provinciales de San Luis, Santiago de Estero, Tucumán. También mencionan el brutal ataque policial en Chaco, que incluyó golpes, torturas psicológicas y abusos sexuales a jóvenes de la comunidad Qom. Para terminar reclamando la plena vigencia de los derechos humanos en el marco de la pandemia.


La mención de la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza, trabajador rural en Tucumán, a manos de la policía viniendo de los elementos responsables de las muertes de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y tantos otros es indigna.


El comunicado por parte de Bullrich y Negri no es más que mentira descarada por parte de quienes cuando fueron gobierno impulsaron abiertamente la violencia policial. Incluso tuvo al presidente Macri respaldando al policía Chocobar y fomentando la doctrina del gatillo fácil.


Pero esto no solo fue una política que llevaron adelante cuando fueron gobierno sino que en la actualidad en Córdoba, radicales y macristas apoyando abiertamente las políticas de militarización de las barriadas. Con la excusa de la pandemia, Schiaretti pretende montar un Estado policial. Esta posición es apoyada por todo el arco político patronal y que deja en evidencia la doble vara con la que se maneja Negri, denuncia las violaciones a derechos democráticos en algunas provincias, y omite palabra en relación a los abusos policiales y casos de gatillos fácil en la provincia. Esto pinta de cuerpo entero la hipocresía política con la que se manejan.



Los hechos que fueron de relevancia nacional en estos días permiten clarificar el rol de los partidos alineados con el régimen político capitalista. Los kirchneristas son parte del frente político que gobierno en Chaco con Capitanich a la cabeza que viola sistemáticamente los derechos humanos de les trabajadores y las comunidades originarias. Lo mismo vale para los macristas, que por ejemplo en Mendoza no dudaron en desplegar la policía contra la movilización popular ante la entrega de los recursos naturales a las mineras. Ambos bloques políticos patronales se valen de la represión para imponer sus políticas de ajuste y represión al pueblo trabajador.


Por eso, todo el arco político que gobernó y gobierna en Argentina tiene una responsabilidad directa en el uso del aparato represivo del Estado al servicio de los capitalistas y contra la lucha de la clase obrera que se levanta ante las políticas de hambre y miseria a las que nos quieren someter.


La necesidad de desmantelar el aparato represivo del Estado y el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de los abusos policiales van a venir de la mano de la acción política independiente, de la organización de les trabajadores en una alternativa política propia.



 

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Alzó la voz en el recinto para exigir la expulsión y apeló a la movilización popular hasta que caigan todos los responsables, materiales, ideológicos y políticos del crimen de Agostina.
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¿Qué encubren el fiscal Raúl Garzón y ministro Juan Pablo Quinteros? Escribe Soledad Díaz