A fines de la semana pasada, la embajada norteamericana había ordenado a Sanchez de Losada a ocupar militarmente El Alto, la gran ciudad que rodea La Paz, centro de los acontecimientos revolucionarios. Empezó, entonces, la gran masacre. Claramente, el imperialismo norteamericano no estaba apostando a ningún recambio dentro del régimen, seguramente convencido que tal cosa sólo precipitaría una gran victoria revolucionaria, o sea el desarme del ejército por parte del pueblo, como en abril de 1952.
En esta operación aparecieron "grupos de elite" e incluso brigadas de civiles armados de la derecha.
Durante el fin de semana y el lunes, la extensión de la movilización popular hacia otras zonas de Bolivia y la resistencia paceña hizo naufragar el copamiento militar del Alto. Es el momento en que el vicepresidente llega a la conclusión de que hay que proceder a un recambio. Renuncian tres ministros y algunos partidos de la coalición hacen gestos de abandonar el gobierno.
Nuevamente por instigación del gobierno Bush, Sanchez de Losada lanza una contraofensiva para ocupar militarmente tanto la ciudad capital como El Alto, lo que desata mayores masacres aún. Es el momento que la OEA de los Kirchner y los Lula se pronuncia por "la defensa de la democracia", lo cual naturalmente le impide condenar la masacre cuidadosamente planificada por esa misma "democracia". Durante una parte del martes el gobierno creyó que había puesto fin al levantamiento popular por medio de la represión.
Pero como viene ocurriendo desde mediados de septiembre, cuando los asesinatos de Warisata, las nuevas masacres sólo sirvieron para acentuar la movilización, la audacia y el arrojo de las masas.
El levantamiento se extendió en la geografía boliviana y se profundizó en ciudades como Cochabamba, Potosí y Oruro.
La rebelión cobró cuerpo incluso en Tarija, allí mismo donde el yacimiento Margarita sería el encargado de producir la mayor parte del gas para exportar.
El miércoles 15 la tentativa de "restablecimiento del orden", ordenada por Bush a Sanchez de Losada y a los militares bolivianos había fracasado.
Es el momento decisivo. Cuando una dirección y una organización deben encarar la toma del poder por medio de una cuidada lucha armada.
Por esto mismo, hay síntomas de que el cuerpo de oficiales quiere ahora una salida política.
Por la misma razón, las cancillerías de Buenos Aires y Brasil se están ofreciendo (ahora) para "mediar".
Bolivia, de nuevo, es una escuela política para todo el continente.
El desarrollo del movimiento
El 19 de septiembre, 150.000 personas manifestaron en La Paz y en las principales ciudades en rechazo de la entrega del gas al monopolio encabezado por los imperialistas ingleses y españoles. Jaime Solares, principal dirigente de la Central Obrera, le dio un mes al gobierno para anular los decretos de entrega y amenazó con una huelga general en un futuro indeterminado.
Desde unos días antes, los campesinos de la región de Warisata, organizados en la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) encabezada por Felipe Quispe, cortaban las rutas de la región por reclamos sectoriales, la liberación de campesinos presos y, también, contra la entrega del gas. Se trataba de un corte parcial y limitado, y se habían entablado negociaciones entre el gobierno y los dirigentes campesinos. "Según fuentes muy bien informadas sobre lo que ocurre en el Palacio de Gobierno, la instrucción presidencial es ceder en varias de las demandas socio-económicas de los campesinos, viabilizar de inmediato la liberación de varios campesinos procesados, así como ofrecer concesiones de forma aunque no de fondo en el tema del gas" (Econoticias Bolivia, 28/9).
"El propósito - continúa la información - , es obtener un rápido acuerdo con el Mallku (Quispe), para así desinflar la protesta de la COB y del MAS de Evo Morales" (ídem). Desde el vamos, la política gubernamental apuntó a la división del movimiento mediante la oferta de negociaciones por separado.
El 20 de septiembre, mientras algunos ministros negociaban con la CSUTCB, el gobierno (a instancias de la embajada norteamericana) ordenó el desalojo por parte del Ejército del bloqueo de Warisata: el resultado fue la masacre de seis campesinos (entre ellos una niña). Aunque la dirección de la CSUTCB continuó negociando con el gobierno, según informa Econoticias, hasta el 27 de septiembre (una semana después de la masacre de Warisata), ya no había negociación posible. La masacre desató una rebelión general de los campesinos, que salieron masivamente a cortar rutas y bloquear caminos en toda la zona del Altiplano.
Bajo la presión de las bases movilizadas, la dirección de la CSUTCB se vio forzada a abandonar las negociaciones con el gobierno y a decretar el bloqueo general de rutas y caminos hacia La Paz; también la COB se vio obligada a llamar a la huelga general y a apoyar el bloqueo general de caminos. Al reclamo de la anulación de la entrega del gas se sumaba ya el de la renuncia del presidente Sánchez de Lozada.
La huelga general declarada por la COB se hizo sentir entre los maestros rurales y urbanos, los mineros, los trabajadores de la carne y los de las universidades. Algunas direcciones regionales de la COB, como por ejemplo la de Santa Cruz, boicotearon el llamado a la huelga general (Bolpress, 6/10). Aunque las represalias patronales debilitaron la huelga general en algunos sectores obreros (la legislación laboral autoriza el despido sin causa ni indemnización en cualquier momento), la masa de trabajadores, junto con los estudiantes, comenzó a sostener multitudinarias manifestaciones cotidianas en La Paz. La capital estaba rodeada desde el exterior (los 18 caminos que llevan hacia ella estaban bloqueados por los campesinos), y ocupada desde el interior por las manifestaciones obreras y estudiantiles. Un periodista dió cuenta de la situación al describir al presidente como un "prisionero de palacio" (Econoticias, 2/10).
En esta fase de la lucha no participó el MAS (el principal partido de la oposic ión, encabezado por el dirigente cocalero Evo Morales). El propio Morales se encontraba en el exterior (de donde regresó recién el 6 de octubre). El MAS no se sumó a la huelga general, a la que consideró "prematura" y hasta "precipitada" (Econoticias, 30/9), ni a los bloqueos de caminos. "La negativa de los cocaleros del Chapare y las federaciones campesinas controladas por el MAS para ingresar a las movilizaciones se convirtió en una aliada del gobierno..." (Bolpress, 3/10). La política del MAS fue muy duramente criticada por los activistas obreros y campesinos en lucha (ver aparte).
Pese a la defección del MAS, el ascenso del movimiento continuó. Los mineros de Huanuni anunciaron que marcharían a La Paz y comenzaron su caminata. Pese a la represión, los bloqueos y las manifestaciones se fortalecieron. Bajo esta intensa presión, las federaciones campesinas controladas por el MAS se vieron obligadas a sumarse a los bloqueos de caminos a partir del 10 de octubre. Así, el movimiento se extendió al Chapare y a todo el trópico de Cochabamba. Comenzaron las manifestaciones en otras ciudades, como Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.
El centro de la lucha, sin embargo, seguía siendo el altiplano que rodea a La Paz. En la ciudad de El Alto, la Central Obrera Regional, organizaciones campesinas, de estudiantes, de trabajadores y de vecinos convocaron a un "paro cívico" que paralizó la ciudad completamente durante tres días. La represión fue sangrienta. En sucesivos enfrentamientos en El Alto, fueron asesinados un trabajador minero (la columna de Huanuni ya había llegado a la ciudad) y dos jóvenes. Como después de Warisata, la represión encrespó aún más el odio popular y la movilización.
El 11 de octubre, "los manifestantes y la policía libraron duras batallas por el control de la ruta que une La Paz y El Alto, en cuya jurisdicción se encuentran el aeropuerto internacional y una planta generadora de combustible. Los enfrentamientos estuvieron centrados en la región de Senkata, desde donde a pesar del resguardo militar con el apoyo de tanquetas y helicópteros, no pudieron partir los camiones cisterna con gasolina y diesel" (La Nación, 12/10). Al mismo tiempo, otros sectores se sumaron a la huelga general, como los carniceros, los panaderos y los choferes del transporte público.
El movimiento popular se vuelve imparable. El gobierno anunció "la detención de siete policías acusados de organizar un presunto motín y de vincularse con sectores radicalizados que impulsan la agitación social" (La Nación, 12/10). No es un hecho menor. En la pueblada de enero/febrero de este año contra el "impuestazo", importantes sectores de la Policía se enfrentaron con armas en la mano contra el Ejército.
Desintegración nacional
La "guerra del gas" no es la primera rebelión popular que sacude a Bolivia. Antes fueron, la "guerra del agua" de Cochabamba, en el año 2000 (contra la entrega del agua a los pulpos privatizadores), las puebladas de los cocaleros contra la erradicación forzosa de sus cultivos en el trópico, y la pueblada de principios de este año contra el "impuestazo", que marcan la sistemática tendencia de las masas bolivianas a la insurrección.
Las rebeliones populares son la respuesta de los explotados a la desintegración nacional y a la desenfrenada entrega de las riquezas nacionales.
La privatización de las minas en 1985 provocó la expulsión de 50.000 mineros, muchos de los cuales se han "reconvertido" como cocaleros en la región del Chapare. La privatización petrolera, durante el anterior gobierno de Sánchez de Lozada, trajo una miseria y desocupación masivas al Altiplano y una relativa mejora (muy limitada) en las condiciones de vida de los trabajadores en la zona de explotación oriental. La desintegración nacional se manifiesta, también, en el campo: mientras en el occidente del país y en el altiplano miles de pequeños campesinos languidecen en el hambre y la miseria, en el oriente, un puñado de latifundistas monopolizan las tierras más ricas del país.
Esta tendencia tiene otras manifestaciones, como el colapso de las débiles instituciones políticas nacionales, en particular el Parlamento y los partidos políticos. En la crisis actual, como en las anteriores, el Parlamento es un enorme cero a la izquierda; los partidos patronales de oposición han desaparecido: algunos, como el NFR, porque se han incorporado al gobierno; otros, por su nulo vínculo con la movilización popular.
Las burguesías locales en centros como Tarija, Cochabamba y Santa Cruz vienen desarrollando, desde hace tiempo, planteos autonomistas para aprovechar en beneficio de cada uno de estos sectores los recursos de su región.
Felipe Quispe, el dirigente de la CSUTCB, ha desarrollado ampliamente, por su lado, el planteo indigenista de construir una "nación aymara". También Evo Morales y el MAS, aunque con un énfasis menor, sostienen planteos indigenistas y autonomistas.
Bolivia es una nación en vías de desintegración nacional. Las rebeliones populares muestran la tendencia de los explotados a reconstruir la nación sobre nuevas bases sociales. Sólo la expulsión del imperialismo mediante el gobierno de los obreros y campesinos, que una a los explotados de la ciudad y del campo (y con los de toda América Latina), pueden impedir el hundimiento y la desintegración de Bolivia.
El gobierno frente a la rebelión popular
A un mes del comienzo de la rebelión popular, Sánchez de Lozada sólo cuenta con el respaldo del Ejército, de los medios de comunicación (en manos de diferentes grupos capitalistas), en parte de la Iglesia y los llamados organismos de derechos humanos, y de la embajada norteamericana. El presidente no dudó en masacrar al pueblo, como lo ha hecho con anterioridad (carga con más de sesenta muertos en sus dos presidencias), pero la vía represiva mostró sus limitaciones: cada vez que el gobierno reprimió (en Warisata, o en El Alto), la respuesta fue un ascenso de la movilización popular. Por este motivo, la declaración del estado de sitio "despierta temor en el gabinete presidencial" (Econoticias, 3/10).
Sánchez de Lozada, por otro lado, sabe que un ala de los militares, que se ha expresado públicamente a través de los generales retirados, se opone a la venta del gas a Chile. Estos sectores denuncian que el gas no tendrá como destino final Estados Unidos sino Chile (que carece de yacimientos propios). La venta a Estados Unidos, dicen, es apenas una excusa para rebajar el precio de venta en boca de pozo que recibiría Bolivia.
En el cuadro de la enorme presión de las masas movilizadas, la Iglesia y la APDH (Asociación Permanente de Derechos Humanos) están explorando todas las posibilidades de establecer negociaciones parciales con los distintos sectores en lucha, y obtener el levantamiento de la lucha mediante la concesión de reivindicaciones menores y secundarias.
Felipe Quispe, de la CSUTCB, declaró que "los ampliados provinciales serán los encargados de determinar si los labriegos aceptan retornar a la mesa de negociación (...) si hay posibilidades de hablar con el Gobierno con la garantía de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia creo que sería factible..." (La Razón, 10/10). Osvaldo Peredo, dirigente del MAS, por su parte, declaró que "estamos agotando todas las posibilidades políticas para obligar al gobierno a un diálogo" (Bolipress, 9/10). En cuanto a la característica de estas eventuales negociaciones, el presidente de la APDH fue claro: "Si se dan las negociaciones, se dejará fuera del debate los pedidos de renuncia del presidente" (La Nación, 12/10). El ampliado de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, uno de los sectores más combativos, realizado el 10 de octubre, llamó a todas las organizaciones a "rechazar toda negociación sectorial".
La política de las direcciones de las masas
Al plantear la caída de Sánchez de Lozada, los explotados bolivianos han puesto a la orden del día la cuestión del poder político. La crisis que enfrenta la rebelión popular es que las organizaciones que la dirigen no tienen una respuesta revolucionaria a esta cuestión.
Osvaldo Peredo, dirigente del MAS, dejó en claro en una entrevista radial la estrategia democratizante de su partido, y la defensa del actual régimen político.
"Pensamos - dijo - que las organizaciones populares están demostrando una tal capacidad de administrar toda esta crisis (¡!), en la medida en que se respete el hilo democrático (...) no queremos entrar en una pugna por la toma del poder" (Bolipress, 9/10).
"Respetar el hilo democrático" no significa otra cosa que asegurar la continuidad política y jurídica del actual régimen. Esto es precisamente lo que plantea el MAS: Peredo reclama que se convoque a elecciones para una Asamblea Constituyente y a elecciones generales, junto con las elecciones municipales que tendrán lugar en el 2004.
La Constituyente debe ser convocada por las instituciones del propio régimen ("la continuidad del hilo democrático"), eventualmente por el vicepresidente, Mesa, y deliberar paralelamente al Ejecutivo y Parlamento actuales. Para esto es necesario, antes que nada, disolver la rebelión popular en curso. El MAS ya ha dicho que está "agotando todas las posibilidades políticas para obligar al gobierno a un diálogo". Esto es lo que Peredo llama, en su lenguaje particular, "administrar toda esta crisis".
La justificación del MAS es electoralista. Continúa Peredo: "Al pueblo le conviene más seguir con el hilo democrático porque es imposible que este gobierno gane en las próximas elecciones, empezando por las municipales" (ídem). Negro sobre blanco, la rebelión popular - según el propio Peredo - debe recular para permitir una victoria electoral del MAS en las municipales del año próximo.
La estrategia democratizante esbozada por Peredo confirma la caracterización del Partido Obrero de hace un año: "El MAS es un partido de centroizquierda. Para el tumultuoso torrente de luchas populares que busca una salida al derrumbe capitalista de Bolivia por medio de la acción directa, y que se expresó en la votación del MAS, existe una contradicción insoluble con el programa y la política centroizquierdistas. Las importantísimas responsabilidades políticas que ha asumido el MAS como consecuencia de su victoria electoral, pondrán esta contradicción al rojo vivo" (Prensa Obrera, N° 764, 25/7/02). Esto ha resultado efectivamente así: el MAS plantea el recule de la rebelión popular que reclama la caída de Sánchez de Lozada y se resiste a derrocar el régimen vigente.
Jaime Solares, principal dirigente de la COB, y Felipe Quispe, de la CSUTCB, tienen un planteo relativamente similar: "No vamos a parar hasta que Sánchez de Lozada dimita y deje la presidencia a Carlos Mesa, el vicepresidente, para que de inmediato convoque a una Asamblea Constituyente". Pretenden mantener una continuidad política y jurídica del régimen actual. El planteo de la sucesión supone un compromiso con la rebelión popular, o sea, su recule.
En las direcciones que están a la cabeza del movimiento, está ausente el planteo del gobierno obrero-campesino. En este cuadro, todos los planteos de Constituyente - que parten de la vigencia del actual régimen político - son un arma contra la rebelión popular.
La rebelión popular boliviana tiene al frente a direcciones democratizantes, que oscilan entre la rendición ante Sánchez de Lozada (por la vía de negociaciones parciales) y la continuidad "democrática" del actual régimen político y social de los explotadores. Pero la continuidad del régimen político democrático, que todas estas direcciones defienden, sólo puede apoyarse en la derrota de la rebelión popular en curso.
Al plantear la cuestión del poder, la rebelión popular boliviana ha puesto en un primer plano la responsabilidad de las direcciones de las masas, de la calidad de su política y de la claridad de sus objetivos estratégicos. Las direcciones centroizquierdistas y movimientistas que están al frente del movimiento son un obstáculo para su victoria.
