La nacionalización de los hidrocarburos por parte del gobierno boliviano ha sacudido la realidad política del Altiplano y de Sudamérica. Como es frecuente en circunstancias como éstas, abundan los que atribuyen la medida a toda suerte de conspiraciones o a ideologías supuestamente superadas. La nacionalización es, sin embargo, dentro de sus propios límites, una respuesta forzada por la nueva realidad insurgente en Bolivia. Las privatizaciones de la llamada década neo-liberal no aportaron nada al desarrollo de la sociedad boliviana y dejaron planteada la perspectiva de la desintegración nacional. Las “guerras del agua” primero, a partir de 2000, y la insurrección de octubre de 2003, más tarde, pusieron en la superficie una rebelión social contra las formas de producción colonialistas. Sin la reapropiación de sus recursos naturales a Bolivia la amenazaba la extinción.

 

Las privatizaciones ‘tipo Bolivia’ constituían a esta altura incluso una anomalía internacional. El fracaso de la ocupación de Irak dio al traste con su propósito fundamental, que era la privatización a ultranza de sus hidrocarburos. Aunque es poco conocido, en Irak se está reconstruyendo la empresa estatal de energía de la época de Saddam. En el gobierno de Bush se impusieron, al menos por un tiempo, los pulpos petroleros que defienden la existencia de la Opep, esto para mantener elevados los precios y los beneficios del petróleo. En el mismo sentido comenzó a operar Rusia al expropiar al principal pulpo local, Yukos, y absorberlo en las operaciones de la estatal Gazprom. La misma tendencia se observa en África. En la lugar de la pura ‘apertura’ quedó establecido en forma transitoria un ‘modelo’ de competencia entre empresas estatales para atraer inversiones privadas. Pero el barril de petróleo por encima de 70 dólares ha provocado, en lugar de una competencia entre Estados para atraer inversiones, una competencia entre los pulpos para ganarse los favores de los Estados.

 

La crisis más aguda relacionada con el control de los hidrocarburos no se da en América Latina sino en Eurasia, o sea con relación a Rusia y las naciones de la ex URSS. La Unión Europea y los Estados Unidos quieren romper el monopolio de la provisión de gas a Europa por parte de Gazprom. Para eso han lanzado una enorme ofensiva para abastecerse desde las naciones fuertemente gasíferas y petrolíferas de Azerbaiyán y Kazajistán. Esta acción los pone en colisión con China, que también intenta asegurarse acuerdos de inversión en estos países. Las amenazas de a taque militar a Irán está vinculadas, en una cierta medida, a esta crisis general. La cuestión de la energía afecta, asimismo, las crisis en curso en Sudán (Darfur) y en Nigeria. Bajo la forma de un choque por el control energético se va planteando una lucha internacional por el diseño social y la tutela imperialista de todas las naciones que salieron de la ex Unión Sovié tica, e incluso de China.

 

Sudamérica

 

La crisis que se desarrolla en América Latina, a partir de la recuperación nacional de PDVSA, en 2002, es subalterna a esta crisis internacional. Hasta hace muy poco, la totalidad de las petroleras se habían acomodado a los nuevos planteos de asociación del gobierno venezolano, e incluso cuando éste aumento sus exigencias, hace un par de meses, sólo se retiraron efectivamente la francesa Total y la italiana ENI (Exxon vendió sus activos a Repsol).

 

La nacionalización boliviana busca sustituir las viejas privatizaciones por el esquema internacional de asociación Estado-petroleras, pero representa una diferencia sustancial. De un lado, es la respuesta retardada a una crisis revolucionaria pasada y afecta al conjunto de la realidad boliviana (ya se anuncian medidas agrarias). De otro lado, abre una crisis en América del Sur, donde el negocio petrolero está dominado por miembros menores de los monopolios — Repsol y Petrobras, pero que son estratégicos para los gobiernos de Lula y de Kirchner.

 

El gobierno boliviano ha planteado apropiarse del 82% del valor de la producción petrolera, incluida la refinación, por medio de medidas impositivas y de una participación mayoritaria en el capital. En la reunión de Puerto Iguazú, Lula dejó en claro que este planteo es inaceptable, por lo que se llegó al compromiso de las negociaciones previstas durante los próximos seis meses. Petrobrás no acepta siquiera una modificación importante del precio del gas que Bolivia vende a Brasil, porque no podría repasarlo a los precios de consumo final, ni tampoco aceptaría un subsidio significativo del Estado. Esto pone al desnudo que no es una empresa nacional sino una ‘estatal de mercado’ (como la bautizó alguien), o sea controlada por las Bolsas de Nueva York y San Pablo, por lo que no puede admitir una caída de su nivel de reservas ni de sus beneficios sin romper con sus accionistas. Petrobras es un caso claro de corrupción social de una empresa nacionalizada, por eso entra en violenta contradicción con la nacionalización boliviana. En Brasil está planteada la nacionalización real y verdadera de los recursos energéticos.

 

El carácter de la nacionalización boliviana quedará determinada por esas negociaciones. Bolivia ha establecido una regalía del 18% e impuestos directos del orden del 32%, lo que le daría ingresos de unos ochocientos millones de dólares al año. Por otro lado, YPFB recibirá, “a título gratuito”, la administración de los Fondos de Capitalización, que ya participan con entre un 30 y un 50% del capital en las actuales sociedades petroleras privatizadas (Andina, Chaco, Transredes). Todo esto no alcanza para ‘refundar’ YPFB, porque los mayores ingresos deben cubrir la crisis fiscal y porque los Fondos de Capitalización están comprometidos al pago de jubilaciones. Bolivia tampoco puede capitalizarse significativamente a partir de los bajos volúmenes actuales de producción; para explotar sus enormes reservas que requiere poder financiar grandes inversiones. Esto lleva a la conclusión de que la vía elegida, para ‘refundar’ YPFB ofrece posibilidades limitadas. Todavía habrá que ver los limites adicionales que pueda imponer la ‘negociación’ con Lula, Kirchner y Zapatero, que ofician de agentes de las petroleras (sus voceros han dicho que no aceptarán ningún reparto por encima de 50-50). El asesor de Lula, Marco Aurelio García, le confesó a Clarín (9/5) que Brasil intentó impedir la nacionalización boliviana (¡en “diez visitas que hice a Bolivia”!) con el ofrecimiento de “infraestructuras”, y de una “inversión de 6.500 millones de dólares”. Este izquierdista de la Universidad de Campinas estaba ‘ofreciendo’ la anexión de Bolivia a Brasil. El reportaje que publica Clarín debe ser guardado como un testimonio invalorable de la perfidia pro-imperialista de la izquierda democratizante latinoamericana.

 

A la luz de los límites propios de la nacionalización y de las maniobras de los ‘negociadores’ argentino-brasileños, la única vía para empezar a reconstruir efectivamente una empresa estatal en las condiciones de pobreza social y fiscal de Bolivia es la expropiación de todos los pozos y activos que fueron privatizados. Se trata de yacimientos que fueron descubiertos por YPFB y que fueron privatizados a precios de remate, lo que significó una confiscación al revés, o sea del patrimonio estatal por los pulpos internacionales.

 

K en problemas

 

La explotación del gas boliviano fue hasta ahora un jolgorio para Repsol y Petrobrás porque se lo vendían a sí mismas a un precio muy bajo, en perjuicio del fisco boliviano (menos de 3 dólares por millón de BTU, contra 12 dólares en el mercado internacional) para luego revenderlo en Argentina y Brasil. El reclamo de Bolivia de aumentar el precio en un 65% no solamente corta este negocio: en el caso argentino emerge como otro factor más para socavar control de precios con que Kirchner ha querido manejar la inflación. Para viabilizar el gasoducto del norte, que quieren construir Repsol y Techint, habría que aumentar los precios internos del gas en la misma proporción (y aun así serían baratos con relación a los internacionales). Si la explotación del combustible estuviera nacionalizada en Sudamérica, los costos y los beneficios se armonizarían entre los países que estuvieran adheridos a un plan de industrialización común de sus economías.

 

Pero la Argentina de Kirchner tiene un problema incluso mayor, porque tendrá que importar petróleo e incluso gas debido al agotamiento de las reservas comprobadas. Los Repsol y compañía han sobreexplotado los pozos que les entregó YPF y no han aportado reservas nuevas significativas. Repsol logró transformarse en una firma petrolera a partir de una empresa de estaciones de servicio, descapitalizando a Argentina, o sea invirtiendo en el exterior la mayor parte de las ganancias obtenidas en el país. Kirchner no tiene ya la salida de aprovisionarse barato desde Bolivia, a pesar de los denodados esfuerzos que hizo De Vido para convencer a los bolivianos de lo contrario. En el campo de la energía se pone claramente de manifiesto la imposibilidad de salir de la crisis argentina mediante transformaciones superficiales sobre las viejas bases.

 

Nacionalizaciones truchas

 

La nacionalización boliviana, sin embargo, tuvo el efecto adicional poderoso de poner a la luz la situación de quiebra potencial de Repsol e incluso de Petrobras. En el voraz mercado internacional no alcanza con registrar ganancias para quedar a flote, ni anotar pérdidas para quebrar. Repsol gana mucho, pero sus reservas registradas son menguantes y su rédito no es suficiente para reponerlas. Una auditoría revelaría que son menores aún que las que declara (como ya ocurrió). La calificadora Moody’s la clasifica con “tendencia negativa”, lo que significa que no está disponible para obtener créditos normales. No tiene condiciones de ningún tipo para resolver el problema de Argentina, que es precisamente el agotamiento de sus reservas. Los observadores opinan que podría sufrir una ‘compra hostil’ por parte de un competidor, debido a la caída del valor de su capital. El valor del capital de Petrobras, por su lado, ha sido afectado por las medidas tomadas en Venezuela y en Bolivia.

 

En estas condiciones, los círculos kirchneristas han sacado a relucir la necesidad de ‘recuperar’ la ‘soberanía estratégica’ — lo que no significa, de ningún modo, expropiar a los pulpos privados y hacerles pagar por el saqueo del país. Se trata de lo contrario: de asociar al Estado o a la ‘burguesía nacional’ a esos pulpos en retroceso. Se trata, no del rescate de Argentina sino de Repsol, fundamentalmente, y de otros pulpos. Para eso se creó Enarsa: el Estado pone plata (regalando concesiones o invirtiendo en ellas) para que los pulpos petroleros sigan haciendo negocios. Una intervención de Estado de capitales ‘nacionales’ kirchneristas prevendría, obviamente, un intento de ‘compra hostil’ de Repsol por un competidor internacional. No es casual que Kirchner haya bendecido la formación de la Cámara de la Energía. Aunque quienes la integran han recibido el mote de empresarios nacionales, se trata de titulares de Fondos de Inversión que recogen dinero de inversores internacionales atraídos por la proximidad de los ‘nacionales’ al poder. Denunciamos estas seudo-nacionalizaciones truchas que está preparando el kirchnerismo — verdaderos negociados — y planteamos la nacionalización sin pago de Repsol y los pulpos petroleros, y la recomposición de YPF bajo gestión obrera.

 

Hay que destacar también que las operaciones de prensa que insinúan falsas nacionalizaciones sirven para ocultar algo que no es para nada falso, que son las concesiones que las provincias están dando al capital privado a todo trapo, en especial San Juan y Salta. El ‘clima de negocios’ de esta Argentina kirchnerista lo ha hecho relucir el vicepresidente del pulpo minero de La Alumbrera, al celebrar el Día de la Minería con “ganancias extraordinarias”, según dijo.

 

Chávez

 

La nacionalización boliviana ha creado un escenario que refuerza las posibilidades políticas de una campaña por la nacionalización de los recursos estratégicos en América Latina. Esta nacionalización sería un poderoso impulso a una unidad política del continente y a una planificación de un desarrollo independiente. En Perú está claramente planteada la nacionalización del petróleo, cuya explotación está provocando, al igual que la minería, una calamidad ambiental. En México, la empresa estatal Pemex se encuentra semiquebrada, como consecuencia del desquicio de su gestión capitalista y del enriquecimiento que habilita a burócratas y contratistas. En estas condiciones, una nacionalización real implica el reemplazo de la gestión capitalista por la gestión obrera y un plan económico único independiente del capital.

 

Todos los observadores coinciden en que Venezuela aportó con asesores y respaldo político a la nacionalización resuelta por Bolivia. El diseño final de la nacionalización boliviana procura emparentarse al modelo que está vigente en Venezuela, o sea una asociación pública-privada con mayoría estatal. El problema es que YPFB no existe, mientras PDVSA es una empresa establecida con enormes recursos. Otro problema es que Chávez impulsa una asociación petrolera latinoamericana con Lula y Kirchner — que quieren poner límites a la nacionalización boliviana compatibles con los intereses de Repsol y Petrobras. Si Chávez defiende consecuentemente la nacionalización, incluso parcial, que ha habido en Bolivia, no solamente deberá romper con Lula y con Kirchner -deberá, además, poner a PDVSA al servicio del desarrollo de YPFB, lo que lo llevaría a un choque sin salida con todos sus socios petroleros privados en Venezuela.

 

Estamos frente a una crisis de conjunto en América Latina, aunque el eje sea la energía. Una crisis eminentemente internacional, que provocará choques sociales y políticos de dimensiones enormes. En estas condiciones planteamos una campaña por la nacionalización sin indemnización de los recursos estratégicos en Argentina y toda América Latina, y por la Unidad política sobre bases socialistas.

 

La nacionalización sin pago no constituye un planteo arbitrario o caprichoso. La restitución del enorme patrimonio acumulado sobre la base de la explotación y el sacrificio de las masas no puede ser rescatado por medio de un mayor sacrificio aún. La nacionalización no tiene por objeto trasladar el capital de una rama de la producción (la nacionalizada) a otra (sea cual fuere) sino servir a una reestructuración social sobre nuevas bases. Por eso es la única que puede ofrecer una nueva perspectiva histórica.