La estafa es de tal magnitud que “mientras en 2001 las partidas de Seguridad Social absorbían el 6,18% del PBI, en 2005 se redujeron al 4,7%, el nivel más bajo desde 1991. La diferencia —1,5% del PBI— equivale a 8.000 millones de pesos anuales” (Clarín, 5/2). El superávit fiscal del que se ufana el gobierno y que sirve para pagar los intereses de la deuda, proviene de los jubilados. Hasta el Boletín Oficial de Página/12 (10/5), admite que “el actual gobierno no está gastando más en jubilaciones de lo que hacía el menemismo”.
En verdad, como señala la consultora Macroeconomía, del presidente de ABA (Asociación de Bancos), hoy “el haber promedio cayó casi el 15%” con relación a 2001, y de los datos de la Anses surge “una tendencia que ya se notaba en años anteriores. Al ser las jubilaciones uno de los principales gastos del Estado en cuanto a su monto, su menor aumento relativo permite financiar mayores aumentos en el resto de las partidas”. Esas partidas no son otras que el pago de la deuda y los subsidios a los grandes grupos económicos.
Inclusive tras el reciente aumento de las jubilaciones, Macroeconomía dice que el gasto en Seguridad Social mantendría “su nivel en términos del PBI y posiblemente caería como porcentaje del gasto primario total. En este sentido, pese a la resonancia pública que tienen los aumentos de las jubilaciones, el gasto en Seguridad Social está lejos de ser el rubro que esté motorizando el gasto público, sino que por el contrario actúa como un atenuador del mismo”.
Este vocero de la gran banca, con fuertes negocios en las AFJP, da como prueba que “el Tesoro sólo explica el 50% del superávit primario y su resultado financiero es deficitario, mientras que la Seguridad Social explica el 42% del ahorro primario y prácticamente todo el saldo financiero positivo” (que se utiliza para el pago de la deuda).
Jubilación asistencial
La jubilación mínima fue recibiendo sucesivos aumentos, mientras recibieron un aumento miserable las jubilaciones medias y no recibieron nada las más altas. De esta manera, “casi el 70% de los 3.318.866 beneficiarios pasará a cobrar la jubilación mínima. En septiembre de 2002, los que cobraban la mínima eran el 17% del padrón. En agosto de 2003, en esa situación ya estaba el 53%. De esta manera, por los sucesivos aumentos de la mínima, se siguió achatando la pirámide jubilatoria. Además, a partir de junio el haber medio del sistema será de 602 pesos, equivalente al 40% del sueldo medio de los trabajadores registrados” (Clarín, 10/5).
El achatamiento de las escalas jubilatorias (cada vez más gente cobrando la jubilación mínima) responde a una política deliberada, que fue “recomendada” por el Banco Mundial. Consiste en que el Estado “asegure” una jubilación mínima “universal”, de subsistencia, y que los que quieran ganar un poco más contraten un seguro privado a través de una AFJP o una compañía de seguros.
Este achatamiento jubilatorio llevó a que “con relación a 2001, le ganan o le empatan a la inflación 1,5 millón de jubilados que entonces ganaban menos de 260 pesos. Pero el resto (otro 1,8 millón de beneficiarios) recibió aumentos inferiores a la inflación, en particular aquellos que superan el nuevo haber mínimo de 470 pesos. Así, mientras la inflación acumulada desde la devaluación fue del 80,2%, quien ganaba 300 pesos ahora cobrará 470 pesos, una suba del 57%. Y quien ganaba 500 pesos recibió un aumento del 10% y ahora del 11%, con lo que pasará a cobrar 610 pesos (un aumento acumulado del 22,1%, contra una inflación del 80,2%). Esto implica una caída del poder adquisitivo del 32,2%. Y quien ganaba 1.000 pesos, pasará a cobrar 1.110 pesos, una suba de 11%. Así, a pesar de este aumento, esta franja —que involucra a casi 320.000 jubilados- seguirá teniendo un poder de compra un 38% inferior al que tenía en 2001” (Clarín, ídem).
Moratoria
La actual moratoria previsional que permite jubilarse a los que adeudan años de aportes responde a la misma política de jubilación asistencial, a la vez que constituye un “perdón” a los patrones que tuvieron a los trabajadores en negro.
Los que se inscriben en la moratoria en planes de hasta 60 meses, pueden jubilarse con la mínima mientras le deducen la cuota del haber. O sea, que durante cinco años van a cobrar menos que la mínima. Pero esa moratoria, a la que se presenta como una “solución” para aquellos que les falta años de aportes, en la inmensa mayoría de los casos se debe a que el trabajador estuvo trabajando en negro y no pudo ni puede, al momento de jubilarse, justificar los 30 años de aportes mínimos.
En esas circunstancias, lo correcto es que el Estado reconozca los años trabajados en negro porque la responsabilidad por el cobro de los aportes corresponde a la Afip/Anses y no al trabajador. En cambio, con la moratoria, el trabajador tiene que “pagar” los aportes no ingresados por su patrón.
Sin movilidad
La clave para toda esta confiscación es el mantenimiento de la ley de “Solidaridad Previsional” sancionada por Menem-Cavallo. Esta ley eliminó el ajuste automático de las jubilaciones por el incremento del costo de vida o de los salarios, anuló la movilidad o ajuste de las jubilaciones como proporción del sueldo de los activos (por ejemplo, 82% móvil) y condicionó cualquier aumento a lo que anualmente determine la Ley de Presupuesto. Por supuesto, desde que en 1995 sancionó esa ley, el Congreso no aprobó ningún ajuste en las jubilaciones.
Ahora, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que deroga varios artículos de la ley de “Solidaridad Previsional” por las objeciones planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había calificado como “violatorios” los artículos de la ley de 1995 que trababan y dilataban el pago de las sentencias judiciales, pero “mantiene el tope para las jubilaciones del Estado, la eliminación de la movilidad o el ajuste de las jubilaciones como proporción del sueldo de los activos (por ejemplo, 82% móvil) y el que remite la movilidad a lo que anualmente determine la Ley de Presupuesto” (Clarín, 27/4).
Inclusive, y a pesar de que la Corte Suprema declaró la validez del 82% móvil para los docentes y del 85% móvil para los investigadores científicos, el gobierno se niega a pagarlas, con la complicidad de la Ctera.
Pero la falta de movilidad arranca inclusive antes de jubilarse. “Eso sucede porque la jubilación inicial se calcula según el sueldo promedio de los últimos 10 años, sin ningún ajuste por la variación de los precios o de los salarios. Y eso a pesar de que el artículo 24 de la ley previsional vigente, sancionada en 1993, dice que debe calcularse ‘sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, actualizadas y percibidas durante el período de 10 años inmediatamente anteriores a la cesación de servicios’. Pero ninguno de los gobiernos que se sucedieron reglamentó este artículo, más aún después 2001 cuando volvió a dispararse la inflación” (Clarín, 16/4).
De esta manera, cuando el trabajador se jubila, su haber inicial ya es un 25 ó 30% más bajo que el que le correspondería. Luego, como esa jubilación baja no tiene movilidad, termina licuándose por la inflación y es lo que explica que el haber medio solamente represente el 40% del sueldo medio.
“Además, desde 1998, por un decreto, el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) quedó congelado en 200/230 pesos, según los años aportados, cuando debería ser actualizado según la variación de la recaudación previsional. Según los datos declarados por las empresas, desde 2002 los sueldos acumulan un alza promedio nominal del 65%” (Clarín, ídem). O sea, la PBU debería ser de 330/380 pesos.
In-justicia
Los jueces vienen fallando a favor del ajuste de las jubilaciones en causas iniciadas a comienzos de los ’90 o inclusive antes. Como el gobierno las apela, el tema está en manos de la Corte Suprema que aún no se pronunció, salvo en el caso del 82% móvil de los docentes y 85% móvil de los investigadores científicos. Sin embargo, como los fallos sólo tienen validez para la persona que hizo el juicio, aunque después de una década la Corte le dé la razón al jubilado, el gobierno no lo extiende al conjunto de los jubilados.
O sea, el camino judicial no es una salida por varios motivos. Iniciar el juicio es caro por los honorarios de los abogados durante un proceso que puede demandar más de 10 años. Con una jubilación que no le alcanza para llegar a fin de mes, tiene que financiar un juicio costoso. Luego, si llegara a ganarlo, el gobierno está habilitado para cancelarlo... con bonos a 10 años.
AFJP con ventajas
El gobierno mantuvo el esquema jubilatorio tal cual lo diseñó Cavallo. Ese esquema “castiga” con una jubilación muy baja a quien se afilia al Estado —25,5% del sueldo— de tal manera que aún la paupérrima jubilación privada resulta superior a la estatal. A eso, Cavallo le agregó dos cláusulas “cerrojo”: 1) el trabajador que no se afilia (llamado “indeciso”), pasa de por vida a una AFJP; 2) el que se afilia a una AFJP, no puede volver al Estado.
De esta manera, las AFJP reciben todos los meses unos 40.000 afiliados nuevos —indecisos— sin siquiera salir a la calle a afiliarlos, engrosando sus comisiones, que rondan los 1.700 millones de pesos por año.
La magnitud del desfalco es tal que las AFJP se quedan con casi el 40% de los 4.500 millones de pesos anuales de aportes que van a las AFJP.
