Desde la deuda externa y la guerra hasta la violencia doméstica; desde la lucha sindical hasta las reivindicaciones específicas de las jóvenes; desde los derechos maternales y sexuales hasta la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente; desde la lucha por la tierra y la vivienda hasta la situación de las mujeres migrantes: los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres son un multitudinario foro donde se ponen en cuestión todos los problemas sociales y nacionales.
Año a año se amplían las temáticas porque las mujeres participamos, como protagonistas directas o desde nuestro lugar en la organización familiar, en todos los pliegues de la vida política del país. Las que no somos ni enfermeras ni médicas, intervenimos en defensa del hospital público porque nos toca cuidar la salud de nuestras familias. Las que no somos ni docentes ni estudiantes, enfrentamos la política de privatización de la educación porque somos madres de chicos que van a la escuela. Las que no hemos pasado por el aborto clandestino, acompañamos a nuestras hermanas, hijas o amigas. Las que no vivimos en barrios envenenados por el PCV o por las fábricas como Dock Sud, enfrentamos la depredación de las mineras, las sojeras, las papeleras, los ingenios. Luchamos desde las fábricas recuperadas o en defensa del salario, y también por la incorporación a planta permanente de los planes Jefas y Jefes y por trabajo genuino.
Las mujeres somos un factor político porque estamos en las calles desde la irrupción del movimiento piquetero y desde el Argentinazo. Eso transformó el Encuentro: hoy el análisis de la opresión de la mujer y las reivindicaciones específicas de género confluyen intrínsecamente con el análisis de nuestras luchas como trabajadoras, pobladoras, estudiantes, militantes contra el gatillo fácil, los crímenes del Estado y la impunidad.
El gobierno de Kirchner
Llegamos al Encuentro en medio de una crisis política que tiene su expresión más alta en la desaparición de Julio López. El gobierno de Kirchner tenía encomendado recomponer las relaciones capitalistas y la autoridad del Estado, hechas añicos el 19 y 20 de diciembre de 2001. Debía cerrar el capítulo abierto por el Argentinazo, terminar con el estado deliberativo popular que impulsa que los sectores oprimidos defiendan sus condiciones de vida apelando invariablemente a la acción directa (contra las papeleras en Gualeguaychú o ante una violación). En síntesis: Kirchner debía reconstruir las bases sociales anteriores a la crisis de 2001. Pero después de la caída de cinco presidentes tuvo que revestirse de un barniz nacionalista, nombrarse hijo de las Madres, apelar a la demagogia progresista.
La movilización popular lo obligó a alternar su política de “reconstrucción de la burguesía nacional” y entrega de los recursos naturales con una política de cooptación y parches, de demagogia ante las reivindicaciones democráticas, que está encontrando sus límites al mismo tiempo que comienza la cuenta regresiva del superávit fiscal y la reactivación económica.
El gobierno derogó las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final para impedir la extradición de los genocidas, abriendo el camino a los juicios. A pesar de que las citaciones se hicieron con cuentagotas, su demagogia sobre los derechos humanos ha terminado con un desaparecido, corroborando que sin la disolución de los aparatos represivos es imposible terminar con la impunidad.
El gobierno votó una ley nacional de educación sexual, cuyos contenidos van a ser redactados de común acuerdo con la Iglesia, esterilizando cualquier avance que ésta hubiera podido significar, por ejemplo, en la prevención del embarazo adolescente.
El ministro de Salud firma petitorios, como si fuera un ciudadano común, a favor del aborto, pero el gobierno ni siquiera garantiza los abortos no punibles y se limita a re-reglamentar el artículo 86 del Código Penal (abortos no punibles), que fue aplicado durante siete décadas sin necesidad de ninguna reglamentación.
Las promesas de terminar con la desocupación y el trabajo en negro resultaron en un aumento de la brecha social, la miseria salarial y el trabajo precario, base de sustentación de la recomposición de sectores enteros de la burguesía.
Los controles de precios, propagandizados como un remedio contra la inflación, terminaron sirviendo sólo para frenar los aumentos salariales.
Ante el derrumbe del sistema educativo generado por la Ley Federal de Educación, el parche fue una nueva ley que acentúa las características privatizadoras de la anterior.
El gobierno dilató los tarifazos con un festival de subsidios a las privatizadas. El país enfrenta una crisis energética que se acompaña con tarifazos en las provincias y disfrazados de cargas especiales.
El intento kirchnerista de reconstruir el Estado sobre las mismas bases sociales tropezó con lo que puso de manifiesto la crisis de 2001: que esas bases sociales son inviables. Los límites de la reactivación económica y el fracaso en el intento de desmovilizar a las masas han dado lugar a un reagrupamiento de la oposición. Todo un sector de la burguesía empieza a indicar que se acabaron los parches, que es hora de asumir el fracaso de la política de hacer equilibrios entre el salvataje capitalista y el populismo. En concreto: que es hora de que el gobierno llegue a un compromiso de fondo con la derecha, el Ejército y la Iglesia.
El secuestro de López no sólo es un ataque al pueblo. Expresa el intento de obtener una nueva Semana Santa del ‘87. La derecha busca el punto final para los crímenes de la dictadura, pero también los del gatillo fácil, del Puente Pueyrredón, de la Dársena, de Paulina Lebbos. Pretenden un alineamiento aún más férreo con el imperialismo. Y, por sobre todo, un punto final para la rebelión popular. En ese programa está incluido el olvido de todos los derechos de las mujeres. No en vano la Iglesia es voz principalísima de esta extorsión, con sus llamados a la reconciliación nacional. Las mujeres sabemos qué nos reservan la Curia, el Ejército y la derecha. Pero también sabemos que el gobierno “nacional y popular” no sólo ha dejado intactas todas las formas de opresión femeninas sino que avasalló incluso derechos conquistados, como los del aborto no punible.
La incapacidad para encontrar a Julio López a veinte días de su secuestro, pone de manifiesto el virtual hundimiento de la llamada política oficial de derechos humanos. La lucha contra la impunidad no va a avanzar con juicios que pueden demorar incluso décadas, por un lado, y ‘grupos de tareas’ que secuestren testigos por el otro. Está planteada una tarea que el gobierno no va a ejecutar: el desmantelamiento de los aparatos represivos. Para eso es necesaria la acción directa, junto al conjunto de los trabajadores.
Debemos aprovechar el Encuentro para sacar un balance político de un año recorrido por las luchas pero también por políticas enfrentadas. En Jujuy están presentes todas las tendencias, incluidas aquellas que son voceras del gobierno, de las organizaciones conciliadoras, de la burocracia sindical y de la Curia. Son los sectores que apelan al consenso y utilizan “la cuestión de género” — la palabra opresión no entra en su vocabulario — para encubrir su defensa del gobierno y la adaptación a “lo posible”.
Es falso que seamos complementarias las que negocian en la Casa Rosada o el Congreso con las que luchamos en la calle. Es falso que “cada cual a su manera, todas aportamos a la misma causa”. El Encuentro debe convertirse en una asamblea que defina una política independiente para el movimiento de mujeres, que vote democráticamente un programa y un plan de lucha.
No hay manera de aplastar la reacción clerical sin oponerse al kirchnerismo, que más allá de sus roces puntuales, la subsidia y obedece sus exigencias.
No hay manera de avanzar en la lucha por nuestros derechos sin una organización claramente enfrentada al gobierno, al aparato del Estado, a los burócratas sindicales.
Necesitamos una alternativa, que es colocar nuestra lucha en la perspectiva de un nuevo régimen social, sin explotadores ni explotados. Pongamos en marcha una alternativa política propia, una alternativa de la clase obrera, una alternativa obrera y socialista.
