Días pasados, los dos bloques que integran el Consejo Superior de la UBA intentaron aprobar la adecuación de la carrera de Ingeniería a la Ley de Educación Superior, que exige la acreditación en la Coneau. La maniobra fue impedida por los estudiantes de la Fuba.
El despacho llevaba las firmas de varios decanos, incluyendo la de Sorín, de Arquitectura. Sorín fue electo decano con un programa que planteaba la derogación de la Ley de Educación Superior y su instrumento: la Coneau. Rechazaba, asimismo, la acreditación de la carrera de Arquitectura en su ámbito. La posición de Sorín se encuentra en abierta contradicción, además, con una resolución aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad que solicita al Superior que eleve el pedido de derogación de la Ley 24.521 de Educación Superior y rechaza a la Coneau como organismo evaluador, sus acreditaciones, sus éstandares y criterios de evaluación.
Los criterios para la acreditación, en 2007, de las carreras de Arquitectura en la Coneau, acaban de hacerse públicos, lo cual abre, en la Facultad, el debate sobre su aceptación o rechazo.
Qué es la Coneau
En referencia a la Ley de Educación Superior menemista, el propio Sorín, en un documento dirigido a la Facultad, critica que “el espíritu de la misma es coincidente con las prácticas neoliberales dominantes en los ’90, para las cuales la educación debe ser un bien transable en el mercado tal como lo recomiendan la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial”.
Su aplicación fue resistida por el movimiento estudiantil y docente. Sin embargo, se colaron algunos de sus lineamientos, como la aparición de posgrados pagos y la tendencia a firmar convenios y pasantías que brindan trabajo y mano de obra calificada a muy bajo costo.
La LES establece que los planes de estudios deben tener en cuenta contenidos curriculares y criterios sobre intensidad de formación práctica, que una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), creada a tal fin, debe acreditar en forma periódica. La Coneau también debe encargarse de instrumentar las evaluaciones externas para dichas carreras. La Coneau se crea como un organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Educación con doce miembros designados por el Poder Ejecutivo, entre los cuales hay seis representantes del Congreso Nacional y uno del Ministerio de Educación.
El organismo quiebra la autonomía universitaria al fijar contenidos e imponer evaluaciones externas.
Ahora, según Sorín, el Consejo Superior de la UBA se había manifestado en contra del proceso de acreditación porque, junto con otras disposiciones de la Ley de Educación Superior, atentaba contra la autonomía universitaria garantizada por la Constitución. Pero, no sin contradicción, agrega que “...sin abandonar esta idea central y manteniendo la defensa irrestricta de la Universidad estatal, gratuita y democrática, la Comisión de Enseñanza ampliada (del CS) resolvió —ante el compromiso que significa frente a los futuros graduados la no acreditación— que cada Facultad puede presentarse al Consejo Superior y solicitar autorización para incorporarse al proceso de evaluación”.
Para imponer la LES se somete a las universidades estatales a un brutal ahogo presupuestario; la adecuación y acreditación abre la canilla del financiamiento.
La falta de presupuesto forzó a las universidades estatales a convertirse en una agencia de colocación y contratación (para generar fondos para autofinanciarse) a través de posgrados pagos, convenios de todo tipo y hasta el cobro de comisiones por pasantías estudiantiles mal pagas.
La UBA enfrenta esta situación: tiene un presupuesto de 590 millones de pesos cuando necesita 1.200 millones para funcionar. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo recibe 29 millones de pesos anuales, 95% de los cuales se destinan al pago de salarios no docentes y a parte de sus docentes. De los 3.370 docentes, 1.233 dan clases sin cobrar sueldo.
En este cuadro, la acreditación a la Coneau a cambio de presupuesto equivale a una extorsión.
Sorín explica: “la no acreditación podría traer como consecuencia que nuestros egresados —al encontrarse por fuera del sistema universitario— se vean imposibilitados de matricularse (o sea, de ejercer la profesión de manera independiente), de acceder a las becas de investigación, de competir por lugares en la Administración Pública, de ejercer en otros países del Mercosur y de revalidar sus títulos fuera de nuestro territorio. Es decir que corremos el riesgo de convertir a la Carrera en un estudio cultural sin validez profesional...”.
Este argumento es solamente un mecanismo de extorsión. Lo prueba el hecho de que no fue necesaria ninguna pauta de acreditación, durante todos estos años, para que los títulos tuvieran validez y los egresados consiguieran trabajo acá y en la China.
La Coneau —en realidad un acreditador de posgrados—, corre el riesgo de desaparecer. Recién en 2003 pudo empezar a poner en práctica su objetivo evaluador. Su “éxito” hasta este momento es escaso en las universidades nacionales; en las principales universidades fue resistida y sufrió varios reveses. En Comahue, una exitosa lucha contra la acreditación logró que los títulos no acreditados no pierdan valor.
Las carreras de Arquitectura de las otras universidades están a la espera de que la UBA acredite para hacerlo a su sombra.
Qué significa la acreditación de Arquitectura?
La resolución 498/2006 para acreditación de las carreras de Arquitectura fija los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad y formación práctica y los estándares de acreditación de las carreras con el acuerdo del Consejo de Universidades.
Entiende al título de Arquitecto como el de máximo grado y deja abierta la puerta a la existencia de títulos intermedios, porque aclara que no tendrán esa jerarquía.
Establece la existencia de tres instancias de formación, secuenciales y graduales. Divide los contenidos básicos en áreas y subáreas. El camino a los famosos ciclos que Menem, Shuberoff, la Alianza y Dujovne buscaron introducir sin éxito para brindar títulos intermedios “degradados”. Propone una carga horaria mínima de horas de práctica de taller, que es la mitad de la vigente y que, en los hechos, representará el cierre de cátedras y el despido de docentes.
Establece un trabajo final de práctica profesional obligatoria (examen de egreso) en el último año de la carrera, que puede acreditarse a través de pasantías, empleos profesionales desarrollados en sectores productivos de servicios y que sin duda va a representar un obstáculo en la graduación. La acreditación, así entendida, no permite la graduación sino que la bloquea.
Con relación a los docentes, la resolución establece formación académica y experiencia profesional en el área de producción de bienes y servicios y programas que los vinculen a los sectores productivos y de servicios. También, evaluaciones periódicas y mecanismos de promoción a la carrera docente que tengan en cuenta dicha evaluación. Esto es impracticable hoy con docentes mal pagos que deben recurrir a otros trabajos para sobrevivir.
En cuanto a los recursos presupuestarios, aclara que la institución y la unidad académica donde se desarrolla la carrera deben tener una asignación presupuestaria que les permita cumplir con sus fines y objetivos. Infraestructura adecuada para la cantidad de alumnos. Aulas y talleres suficientes en cantidad, capacidad y disponibilidad horaria, equipamiento didáctico acorde con las metodologías, bibliotecas y centros de información equipados y actualizados.
¡Maravilloso! Pero: ¿con la sola acreditación de las carreras estaría disponible el dinero para satisfacer las reivindicaciones por las que los docentes luchan, paran y se movilizan desde hace años? Es decir, aumento del presupuesto, estabilidad de la planta, salario para los que hoy dan clase en forma gratuita, que los docentes puedan formarse en la carrera docente, adecuada relación docente-alumnos, equipamiento, actualización bibliográfica, etcétera, etc.
Los parlamentarios (algunos de ellos son miembros de la Coneau) que votan año a año el miserable presupuesto para las universidades nacionales, ¿votarían el presupuesto necesario, acreditación mediante? El Ministerio de Educación, que viene diciendo que no hay dinero para aumento de salarios docentes hasta 2010, ¿cuando se aplique la Ley de Financiamiento Educativo cambiaría el discurso?
No nos engañemos, no hay ninguna garantía de presupuesto.
Detrás de la educación hay un gran negocio
En nuestros días, tanto la salud como la educación han pasado a convertirse en interesantes y redituables negocios. Lucran con ellos capitalistas privados tanto nacionales como extranjeros, sin quedar afuera la Iglesia.
Los cursos de educación a distancia, la formación permanente, la gran oferta de carísimos posgrados, licenciaturas cortas y maestrías, que tienen más valor por su cantidad que por su calidad, y la aparición de montones de universidades privadas, son un botón de muestra de un negocio que mueve millones y pretende mover muchos más.
Cerremos el círculo: una de las formas de rentabilizar el negocio es achicando la universidad pública, limitando el ingreso, reduciendo la matrícula, el presupuesto y los ciclos de grado, reduciendo la cantidad de docentes. Generando más y más negocios con los posgrados. Volviendo ‘competitivas’ a las universidades privadas con títulos que tengan el mismo valor académico y profesional que el de las universidades nacionales. Por ese motivo, tanto la acreditación, como la Coneau y la LES, están al servicio de un negocio que el gobierno de Kirchner-Filmus avala.
Si la ley, como dice Sorín, considera a la educación un bien transable, hay que derogarla, y con ella debe desaparecer la Coneau como su satélite evaluador. Pero eso no es lo que se propone el gobierno, ni Sorín, ni los demás decanos progres. Por eso plantean una mayor representación a las universidades nacionales en la dirección de la Coneau (su caja y sus amigos), para agarrar viaje.
Más que nunca se impone al conjunto de estudiantes y docentes:
• Rechazo a la acreditación de la carrera de Arquitectura en la Coneau, y a ésta como organismo evaluador, al igual que a sus acreditaciones, sus éstandares y criterios de evaluación.
• Derogación de la Ley de Educación Superior.
• Inmediata triplicación del presupuesto universitario para financiar a esta universidad pública, laica y gratuita.
• Aumento de salarios. Media canasta familiar para el cargo testigo.
• Salario para los ad honorem.
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