Ya hemos dicho que Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, compite por constituirse en el mejor discípulo de Milei. Luego de consolidar una rebaja salarial y establecida la fórmula del IPC para “actualizar” los salarios docentes, cuando ya perdieron el 10% (mínimo) de su poder de compra, se dedicó a atacar las condiciones de trabajo.
La promoción de la esencialidad en la Legislatura para atacar el derecho a huelga y el cercenamiento en el régimen de licencias son solo dos de las acciones antiobreras más destacadas contra los estatales en general y los docentes en particular.
En la paritaria llevada adelante el día jueves 24, el gobierno propuso un aumento salarial de 0% y continuar con segunda la vuelta en la Legislatura respecto a la esencialidad. No piensa dar vuelta atrás en las modificaciones del régimen de licencias. Temas como el funcionamiento del Ipross o los descuentos de los días de paro ni siquiera fueron planteados. Aún más: según informó un miembro paritario en la asamblea de Roca-Fiske, el gobierno ni siquiera se dispone al pago del IPC para los meses siguientes, tal como se había acordado en la paritaria anterior.
Pero así como el gobernador de Río Negro sigue los pasos de Milei, las direcciones sindicales de la provincia hacen lo propio con la CGT, que se sienta a negociar con el presidente. Luego de un “plan de lucha”, que desde Tribuna Docente y la oposición en general denunciamos como algo intrascendente en relación a la altura del ataque del gobierno, la línea oficialista Azul Arancibia y la Celeste (en los hechos cada vez más alineadas con la CGT y por la unificación de las dos CTA) impulsarán en el Congreso de este lunes 29 a desarrollarse en Villa Regina un paro aislado de 24 hs. La misma fórmula de derrota que impulsaron con los paros zonales luego de la represión que sufrimos en Viedma. En definitiva, es la misma línea de entrega de ATE, que se cuida de aclarar que el paro de 36 horas es contra el gobierno nacional y no contra Weretilneck, con quien mantiene inmejorables relaciones.
Desde Tribuna Docente insistimos en la necesidad de poner en pie al sindicato votando un plan de lucha a la altura del ataque desatado por el gobierno. Tenemos que lograr reabrir la discusión salarial, derrotar el cercenamiento del derecho a huelga que se quiere establecer por la vía de la esencialidad educativa y restablecer nuestro régimen de licencias.
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El gobierno sigue limitando la cobertura médica que las empresas de medicina prepagas está obligadas a brindar a sus afiliados. A partir de ahora los beneficiarios de planes cerrados (que son la enorme mayoría, porque son los más accesibles) solo podrán pedir el reintegro de medicamentos y tratamientos si son recetados por profesionales de la cartilla… de la propia prepaga. La salud de la población condicionada a la ganancia de las empresas, que mientras vienen aumentando sus cuotas al doble de la inflación.
Ni el gobierno ni las prepagas se quieren hacer cargo de la cobertura de los tratamientos más caros. La misma resolución sostiene: “resulta imprescindible implementar medidas que equilibren el derecho de los beneficiarios al acceso a tratamientos y medicamentos, con la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de las Obras Sociales y las Entidades de Medicina Prepaga, para evitar poner en riesgo la continuidad de la atención sanitaria”.
Al gobierno no le importa en absoluto el “derecho de los beneficiarios al acceso a los tratamientos y medicamentos”, al contrario, ahora los usuarios van a quedar rehenes de los negocios entre prepagas y laboratorios. Uno de los argumentos del gobierno es que la medida vendría a terminar con los “vínculos con laboratorios o proveedores de tecnología médica que comprometen la objetividad en sus decisiones”. Pero es fácil imaginar que estos negociados existen gracias a convenios entre grandes prepagas, como Swiss Medical o Medicus, y laboratorios que dominan el mercado como Roemmers o Bagó, en el acceso al consumo masivo de medicamentos. Además, son los mismos representantes de las prepagas a los que el Ejecutivo les brindó un cargo en la Secretaría de Salud, eso desmiente cualquier intención por terminar con un conflicto de intereses.
El foco de la cuestión está puesto especialmente en los medicamentos de alto costo, porque el único objetivo de la medida es avanzar con el plan de ajuste oficial. De no hacerlo, las prepagas y obras sociales no podrán solicitar el reintegro correspondiente que administra el Estado, renuncia que ninguna cobertura parece estar en condiciones de asumir.
Esta orientación es la misma que viene llevando el gobierno desde que asumió, desregulando el mercado de prepagas, habilitando incrementos que superan el 200% en 5 meses, vaciando las obras sociales, recortando los fondos solidarios y compensatorios, y vaciando la salud pública, que se encuentra colapsada.
Esta es una nueva estafa contra los trabajadores y sus familias. No lo podemos permitir. Es fundamental acompañar la lucha de los trabajadores de la salud y ganar las calles para tirar abajo el plan oficial antipopular y antiobrero. Además hay que exigir la apertura de los libros de las empresas de medicina privada al control de los afiliados para evaluar los costos y los márgenes de ganancias de las empresas.
En realidad es fácil imaginar que estos convenios existen sobre todo entre grandes prepagas y laboratorios en el acceso al consumo masivo de medicamentos.
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La caída de los ingresos impide al acceso a la alimentación.
Un ejemplo ilustrativo de cómo el gobierno de Milei se ocupa de transferir ingresos desde el bolsillo popular hacia el de los capitalistas es que, mientras cae el consumo de alimentos, las empresas alimentarias y las agroexportadoras embolsan ganancias récord.
Un estudio elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA), titulado “rascar la olla”, reveló que la pérdida de poder de compra de las familias trabajadoras las priva hasta del plato de guiso y la taza de mate cocido.
Según el informe, en julio 2024, una jubilación mínima o un salario mínimo alcanzaba para preparar 118 porciones menos de guiso que en noviembre 2023. Y 54 porciones menos en el caso de la Tarjeta Alimentar. De conjunto, el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas durante ese período.
Incluso la posibilidad de merendar mate cocido con leche acompañado de un pedazo de pan está puesta en cuestión bajo este gobierno. En julio 2024, el monto de la Tarjeta Alimentar alcanzaba para un 27% menos de tazas que en noviembre 2023. Como si provocar semejante carestía no fuera suficiente, Milei decide robarles la comida a los comedores populares, haciendo que los sectores más vulnerables tampoco tengan acceso al mate cocido y a los guisos que se cocinan en las ollas comunitarias.
Pero solo la población trabajadora se vio perjudicada con el golpe devaluatorio de diciembre, los aumentos salariales a la baja, el ajuste a las jubilaciones y la asistencia social y la desregulación de precios. En cambio, esas mismas políticas gubernamentales proporcionaron enormes beneficios para los capitalistas. Sin ir más lejos, en el período mencionado, las ganancias de las empresas alimentarias crecieron 1.300% y la del complejo agroexportador 4.900%.
Así las cosas, un puñado de monopolios amasó fortunas a costa del hambre del pueblo. Los mismos que, además, son los autores de la fuga de divisas que desangra al Banco Central mediante la subfacturación de exportaciones, la liquidación al dólar blend y la retención de la cosecha en reclamo de una nueva devaluación, que, dicho sea de paso, volvería a erosionar los ingresos populares.
Un gobierno que impide el acceso de las mayorías a la alimentación más elemental mientras enriquece a los poderosos se tiene que ir cuanto antes. La lucha por echarlo condensa los reclamos más sentidos de los trabajadores, como el aumento de salarios y jubilaciones, la asistencia alimentaria y el trabajo genuino.
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La Legislatura de Formosa acaba de aprobar la convocatoria para una reforma constitucional. La iniciativa bajó del Ejecutivo a cargo de Gildo Insfrán, quien el año que viene cumplirá 30 años como gobernador, y tiene mandato hasta el 2027. El argumento esgrimido por el gobierno es por una supuesta necesidad de modernización de las leyes que garanticen más derechos a la población. Para tamaño argumento, el gobierno pasa por alto que en la provincia la pobreza alcanza el 70% de la población y la indigencia está cercana al 30%, es decir que los derechos más elementales como el trabajo, la comida y la vivienda no están garantizados. En tanto, los servicios de salud como de educación mantienen enormes carencias. Para resolver estos graves problemas sociales, que se profundizan con el ajustazo en marcha, no se necesita una reforma constitucional para perpetuar el gobierno que nos llevó hasta acá, sino más bien todo lo contrario, sacarnos de encima su régimen oligárquico, represivo y basado en su estructura de poder personal.
Insfrán ve peligrar su continuidad. Sucede que hubo diferentes presentaciones ante la Corte sobre la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Ley provincial que establece la reelección sin límites, por lo tanto indefinida, del gobernador. La re-reelección indefinida, sumada a la Ley de Lemas, son los pilares del armado jurídico para el sostenimiento del régimen gubernamental en el poder y aquello con lo que han bloqueado todo lo que cuestione la autocracia provincial.
Los antecedentes de la Corte en las provincias de San Juan y Tucumán, aunque no son lo mismo de lo que sucede en Formosa, abrieron dudas en el PJ provincial, y con un Insfrán jugando a fondo con Cristina Kirchner a través de su delfín José Mayans, al parecer el gobierno siente que corre cierto riesgo de un fallo desfavorable.
Una reforma buscaría evitar una resolución en corto plazo por parte de la Corte, ya que se puede especular que el propio gobierno impulse modificaciones con las reelecciones, acotándola a los tiempos de Insfrán, pensando ahora en establecer periodos a partir de los próximos, lo que sería toda una reforma a su medida. Así, la Corte quedaría a la espera de la conformación de esta nueva Constitución provincial.
La oposición patronal que viene depositando enormes expectativas en la Corte para bloquear a Insfrán, salió a cruzar esta maniobra del gobierno, temerosa que se evapore la chance de una sentencia que reclama y que le permita mejorar una oportunidad electoral para las próximas elecciones. Para eso saltaron todos los políticos patronales, rápidos de reflejos, recargados de discursos democráticos y republicanos, a convocar un frente único opositor para la elección de los constituyentes, para la que el gobierno aún no ha puesto fecha; enemigos como son de la movilización popular, el fantasma del jujeñazo parece sobrevolar sobre sus cerebros. Es la oposición que no tuvo empacho en levantar la candidatura de Milei, quien venía mostrando durante toda su campaña su carácter autoritario y fascistizante.
Los que se han animado a más, son el expulsado de las “fuerzas del cielo”, el senador Francisco Paoltroni y los ex gildistas Gabriela Neme y Adrián Bogado, reclamando incluso la intervención de la provincia por parte del gobierno de Milei. Extasiados por los dichos del Presidente de poner el último clavo a Cristina. De darse una intervención, para lo que no hay condición alguna, lo único que lograrían es cambiar clavo por clavo. Nada bueno podría venir de ahí. Basta con ver el crecimiento de la pobreza y de la represión en el país desde que los embusteros de la libertad llegaron al poder.
Los radicales, bogadistas y ahora libertarios han sido incapaces de presentar un programa alternativo al peronismo que nos saque a los formoseños de la pobreza, y tampoco es de su interés hacerlo. Las disputas por el poder y por el control de la caja del Estado son motivadas por la ambición de rearmar algunos negociados capitalistas, que quieren manejar y que hoy están en manos de la camarilla de Insfrán. El consignatario de hacienda y senador libertario Paoltroni es un claro exponente de estos intereses, su compromiso es con el capital agrario y la posibilidad de abrir un proceso de acumulación de las tierras a través del despojo a los pequeños y medianos propietarios del campo.
Los trabajadores no debemos quedar embretados en estas disputas ajenas a nuestros intereses. En el fondo perdura un acuerdo general entre todas estas fuerzas para que la crisis la pague el pueblo laborioso. Porque mientras las políticas de motosierra de Milei avanzan, el kirchnerismo, con el gildismo adentro, llama a no patalear y a bancarse lo que venga hasta el 2027. Así, los únicos que perdemos siempre somos los trabajadores, los jubilados y los jóvenes.
Por lo tanto, la lucha para poner fin al régimen de pobreza de Insfrán y por la democratización de la provincia, no va a venir de la mano de los defensores de Milei sino de la independencia política de los trabajadores respecto a todas estas fuerzas, que nos permita abrir un camino de lucha por un gobierno propio para terminar con la miseria del pueblo. Llamamos a todos los trabajadores, a los estudiantes, a los jubilados, a las mujeres, a organizarnos por estos objetivos. Abajo la reelección indefinida y la Ley de Lemas de Insfrán. Fuera Milei.
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