14/11/2025

¡Luchamos o Milei termina con nuestros derechos! Conclusiones del plenario del Frente de Lucha Piquetero

Más de 2.000 delegados de todo el AMBA y el interior bonaerense deliberaron en el Parque Lezama.

Más de 2.000 delegados de todo el AMBA y el interior bonaerense deliberaron en el Parque Lezama.

El pasado 6 de noviembre se llevó a cabo un nuevo Plenario Piquetero en el Parque Lezama. Tal como había ocurrido en el año 2023, previo a la asunción del gobierno de Milei, y que termino votando la movilización de aquel 20 de diciembre que marcaría el rumbo de lo que vendría. 

El Polo Obrero junto a las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero lanzaron la convocatoria con el objetivo de abrir una instancia de deliberación que permita sacar conclusiones sobre la nueva etapa política y votar un plan de lucha para enfrentar al gobierno nacional y a los gobiernos locales en sus planes de ajuste.

El documento de convocatoria, votado posteriormente en las 6 comisiones, señala: “El ajuste ya insoportable, se profundizará con medidas que atacan a les mismes de siempre: los hospitales como el Garrahan, las universidades públicas, la atención a las discapacidades y atacarán más la llamada ayuda social, la AUH se congelará como hicieron con los programas sociales..”

Pero por otro lado, el gobierno no tiene mandato para avanzar con las mal llamadas “reformas estructurales”. El mismo documento resalta: “...el gobierno festeja un resultado electoral en donde la mayoría de la población no lo acompañó, más de 13 millones de personas no fueron a votar o votaron en blanco.” En este contexto la conclusión es clara: “esta situación es intolerable para el pueblo trabajador. Solo los burócratas millonarios de la CGT y las CTA miran para otro lado, o peor aun, pactan con el gobierno salarios a la baja y una nueva reforma laboral que busca profundizar la explotación y la precarización mediante la extensión de la jornada laboral a 12 horas, lo que aumentará la desocupación. (…) Solo se conquistarán nuevos derechos y se defenderán los ya conquistados con la lucha unitaria de sindicatos, de trabajadores ocupades y desocupades mediante un plan de lucha común hasta derrotar esta ofensiva”.

Luego de la deliberación en seis comisiones, acercaron su solidaridad al plenario y compartieron sus experiencias trabajadores que encabezan grandes luchas de la etapa en defensa de sus puesto de trabajo. Estuvieron presentes trabajadores de Ilva y de Georgalos. Además se hizo presente una delegación de la Mesa de Jubilados, encabezada por Nora Biaggio, del Plenario de Trabajadores Jubilados, que son protagonistas de las fundamentales movilizaciones de cada miércoles en Congreso en defensa de las jubilaciones.

El compañero Sebastián Rodríguez, delegado de La Naranja Gráfica de la comisión interna de Morvillo, que están ocupando la fábrica hace mas de 6 meses, también acerco su solidaridad. Estuvieron en el plenario también compañeros de La Naranja Telefónicos del gremio Foetra y acercaron su saludo los compañeros del Sutna. Ileana Cellotto, secretaria adjunta del Gremio AGD-UBA, también acercó su solidaridad y adhesión al plenario. Quizá uno de los momentos mas relevantes de la tarde fue la intervención de Gerardo Oroz, de la junta interna de ATE Garrahan y de una delegación de Madres del Garrahan. Los compañeros trajeron al plenario su experiencia de lucha que terminó con el ya conocido triunfo del 61% de aumento para todo el personal del hospital. Con asambleas, paros y movilizaciones lograron la solidaridad de gran parte del pueblo trabajador y mostraron que a este gobierno se lo puede derrotar. Una gran ovación de los mas de 2.000 delegados demostró el enorme significado que tiene la lucha del Garrahan para todo el movimiento obrero de ocupados y desocupados.

El plenario finalizó con la intervención de la Mesa de Dirección del Plenario. Mecha, de la Cuba MTR resaltó: “quienes estamos en este plenario salimos a la calle a sostener la dignidad de este pueblo que lucha, que pelea y que tiene historia de lucha en la calle. A nosotros nos formaron los Cordobazos, los 20 de diciembre, los Puente Pueyrredón. Es por eso que el compromiso es mayor”. Daniela Calarco del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, quien estuvo injustamente encarcelada por mas de tres meses por movilizarse contra la Ley Bases, dijo: “este Frente de Lucha demuestra que es una mentira que el movimiento piquetero ha desaparecido bajo el gobierno de Milei, acá estamos de pie, debatiendo, organizándonos. Somos nosotros quienes bancamos el hambre desde hace dos años cuando el gobierno decidió dejar de enviar alimentos a los comedores populares. Con el ejemplo del Garrahan, con el ejemplo de los jubilados, votamos la consigna del plenario y mas temprano que tarde vamos a ganar.” También intervinieron Leo del Bloque Piquetero y Maribel del MTR 12 de abril. 

Cerró la ronda de intervenciones el dirigente nacional del Polo Obrero Eduardo “Chiquito” Belliboni: “Este plenario se hace en un momento muy difícil, en un momento de avance del gobierno y de una oposición cómplice, que esta golpeando enormemente a las familias obreras. Lo que refleja este plenario es un intento de elaborar los problemas que tenemos. Hubo mas de cien intervenciones en las 6 comisiones, acá no habló un “secretario general” y nada más. La “nueva” dirección de la CGT ya dijo que se va a reunir con el gobierno, no para defender los derechos laborales, solo para preservar sus intereses. A pesar de la CGT, los trabajadores no van a aceptar esta quita de derechos. Acá no nos rendimos de ninguna manera, vamos a ir a buscar a cada vecino. Nosotros nos vamos a unir con los trabajadores ocupados, con los sindicatos, vamos a ir a un 20 de diciembre en unidad para decir: Fuera Milei, Fuera Trump, Fuera el FMI”

Luego del cierre, el plenario votó por unanimidad un plan de lucha que va a poner a miles en las calles para frenar al gobierno. La conclusión del plenario fue clara: luchamos o Milei termina con nuestros derechos.

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28/10/2024

Docentes: el gobierno ofreció 0% de aumento salarial mientras avanza con reformas laborales

El Congreso de Unter de este lunes tiene que votar un verdadero plan de lucha.

Abajo el ajuste del gobierno.

Ya hemos dicho que Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, compite por constituirse en el mejor discípulo de Milei. Luego de consolidar una rebaja salarial y establecida la fórmula del IPC para “actualizar” los salarios docentes, cuando ya perdieron el 10% (mínimo) de su poder de compra, se dedicó a atacar las condiciones de trabajo.

La promoción de la esencialidad en la Legislatura para atacar el derecho a huelga y el cercenamiento en el régimen de licencias son solo dos de las acciones antiobreras más destacadas contra los estatales en general y los docentes en particular.

En la paritaria llevada adelante el día jueves 24, el gobierno propuso un aumento salarial de 0% y continuar con segunda la vuelta en la Legislatura respecto a la esencialidad. No piensa dar vuelta atrás en las modificaciones del régimen de licencias. Temas como el funcionamiento del Ipross o los descuentos de los días de paro ni siquiera fueron planteados. Aún más: según informó un miembro paritario en la asamblea de Roca-Fiske, el gobierno ni siquiera se dispone al pago del IPC para los meses siguientes, tal como se había acordado en la paritaria anterior.

Pero así como el gobernador de Río Negro sigue los pasos de Milei, las direcciones sindicales de la provincia hacen lo propio con la CGT, que se sienta a negociar con el presidente. Luego de un “plan de lucha”, que desde Tribuna Docente y la oposición en general denunciamos como algo intrascendente en relación a la altura del ataque del gobierno, la línea oficialista Azul Arancibia y la Celeste (en los hechos cada vez más alineadas con la CGT y por la unificación de las dos CTA) impulsarán en el Congreso de este lunes 29 a desarrollarse en Villa Regina un paro aislado de 24 hs. La misma fórmula de derrota que impulsaron con los paros zonales luego de la represión que sufrimos en Viedma. En definitiva, es la misma línea de entrega de ATE, que se cuida de aclarar que el paro de 36 horas es contra el gobierno nacional y no contra Weretilneck, con quien mantiene inmejorables relaciones.

Desde Tribuna Docente insistimos en la necesidad de poner en pie al sindicato votando un plan de lucha a la altura del ataque desatado por el gobierno. Tenemos que lograr reabrir la discusión salarial, derrotar el cercenamiento del derecho a huelga que se quiere establecer por la vía de la esencialidad educativa y restablecer nuestro régimen de licencias.

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28/10/2024

El gobierno habilita a las prepagas a limitar la cobertura de medicamentos y tratamientos

Mientras siguen subiendo las cuotas, ahora solo cubrirán recetas de sus propios médicos.

Prepagas.

El gobierno sigue limitando la cobertura médica que las empresas de medicina prepagas está obligadas a brindar a sus afiliados. A partir de ahora los beneficiarios de planes cerrados (que son la enorme mayoría, porque son los más accesibles) solo podrán pedir el reintegro de medicamentos y tratamientos si son recetados por profesionales de la cartilla… de la propia prepaga. La salud de la población condicionada a la ganancia de las empresas, que mientras vienen aumentando sus cuotas al doble de la inflación.

Ni el gobierno ni las prepagas se quieren hacer cargo de la cobertura de los tratamientos más caros. La misma resolución sostiene: “resulta imprescindible implementar medidas que equilibren el derecho de los beneficiarios al acceso a tratamientos y medicamentos, con la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de las Obras Sociales y las Entidades de Medicina Prepaga, para evitar poner en riesgo la continuidad de la atención sanitaria”.

Al gobierno no le importa en absoluto el “derecho de los beneficiarios al acceso a los tratamientos y medicamentos”, al contrario, ahora los usuarios van a quedar rehenes de los negocios entre prepagas y laboratorios. Uno de los argumentos del gobierno es que la medida vendría a terminar con los “vínculos con laboratorios o proveedores de tecnología médica que comprometen la objetividad en sus decisiones”. Pero es fácil imaginar que estos negociados existen gracias a convenios entre grandes prepagas, como Swiss Medical o Medicus, y laboratorios que dominan el mercado como Roemmers o Bagó, en el acceso al consumo masivo de medicamentos. Además, son los mismos representantes de las prepagas a los que el Ejecutivo les brindó un cargo en la Secretaría de Salud, eso desmiente cualquier intención por terminar con un conflicto de intereses.

El foco de la cuestión está puesto especialmente en los medicamentos de alto costo, porque el único objetivo de la medida es avanzar con el plan de ajuste oficial. De no hacerlo, las prepagas y obras sociales no podrán solicitar el reintegro correspondiente que administra el Estado, renuncia que ninguna cobertura parece estar en condiciones de asumir.

Esta orientación es la misma que viene llevando el gobierno desde que asumió, desregulando el mercado de prepagas, habilitando incrementos que superan el 200% en 5 meses, vaciando las obras sociales, recortando los fondos solidarios y compensatorios, y vaciando la salud pública, que se encuentra colapsada.

Esta es una nueva estafa contra los trabajadores y sus familias. No lo podemos permitir. Es fundamental acompañar la lucha de los trabajadores de la salud y ganar las calles para tirar abajo el plan oficial antipopular y antiobrero. Además hay que exigir la apertura de los libros de las empresas de medicina privada al control de los afiliados para evaluar los costos y los márgenes de ganancias de las empresas.

En realidad es fácil imaginar que estos convenios existen sobre todo entre grandes prepagas y laboratorios en el acceso al consumo masivo de medicamentos.

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28/10/2024

En la Argentina del hambre, los capitalistas de la alimentación y cerealeros multiplican sus ganancias

Entre las privaciones de la era Milei ya se encuentran el guiso y el mate cocido.

La caída de los ingresos impide al acceso a la alimentación.

Un ejemplo ilustrativo de cómo el gobierno de Milei se ocupa de transferir ingresos desde el bolsillo popular hacia el de los capitalistas es que, mientras cae el consumo de alimentos, las empresas alimentarias y las agroexportadoras embolsan ganancias récord.

Un estudio elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales (IGEO-UBA), titulado “rascar la olla”, reveló que la pérdida de poder de compra de las familias trabajadoras las priva hasta del plato de guiso y la taza de mate cocido.

Según el informe, en julio 2024, una jubilación mínima o un salario mínimo alcanzaba para preparar 118 porciones menos de guiso que en noviembre 2023. Y 54 porciones menos en el caso de la Tarjeta Alimentar. De conjunto, el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas durante ese período.

Incluso la posibilidad de merendar mate cocido con leche acompañado de un pedazo de pan está puesta en cuestión bajo este gobierno. En julio 2024, el monto de la Tarjeta Alimentar alcanzaba para un 27% menos de tazas que en noviembre 2023. Como si provocar semejante carestía no fuera suficiente, Milei decide robarles la comida a los comedores populares, haciendo que los sectores más vulnerables tampoco tengan acceso al mate cocido y a los guisos que se cocinan en las ollas comunitarias.

Pero solo la población trabajadora se vio perjudicada con el golpe devaluatorio de diciembre, los aumentos salariales a la baja, el ajuste a las jubilaciones y la asistencia social y la desregulación de precios. En cambio, esas mismas políticas gubernamentales proporcionaron enormes beneficios para los capitalistas. Sin ir más lejos, en el período mencionado, las ganancias de las empresas alimentarias crecieron 1.300% y la del complejo agroexportador 4.900%.

Así las cosas, un puñado de monopolios amasó fortunas a costa del hambre del pueblo. Los mismos que, además, son los autores de la fuga de divisas que desangra al Banco Central mediante la subfacturación de exportaciones, la liquidación al dólar blend y la retención de la cosecha en reclamo de una nueva devaluación, que, dicho sea de paso, volvería a erosionar los ingresos populares.

Un gobierno que impide el acceso de las mayorías a la alimentación más elemental mientras enriquece a los poderosos se tiene que ir cuanto antes. La lucha por echarlo condensa los reclamos más sentidos de los trabajadores, como el aumento de salarios y jubilaciones, la asistencia alimentaria y el trabajo genuino.

Fuera Milei: el 9/11, acto del Partido Obrero en Parque Lezama
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28/10/2024

Formosa: una reforma reaccionaria a la medida de Insfrán

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa

La Legislatura de Formosa acaba de aprobar la convocatoria para una reforma constitucional. La iniciativa bajó del Ejecutivo a cargo de Gildo Insfrán, quien el año que viene cumplirá 30 años como gobernador, y tiene mandato hasta el 2027. El argumento esgrimido por el gobierno es por una supuesta  necesidad de modernización de las leyes que garanticen más derechos a la población. Para tamaño argumento, el gobierno pasa por alto que en la provincia la pobreza alcanza el 70% de la población y la indigencia está cercana al 30%, es decir que los derechos más elementales como el trabajo, la comida y la vivienda no están garantizados. En tanto, los servicios de salud como de educación mantienen enormes carencias. Para resolver estos graves problemas sociales, que se profundizan con el ajustazo en marcha, no se necesita una reforma constitucional para perpetuar el gobierno que nos llevó hasta acá, sino más bien todo lo contrario, sacarnos de encima su régimen oligárquico, represivo y basado en su estructura de poder personal.

Insfrán ve peligrar su continuidad. Sucede que hubo diferentes presentaciones ante la Corte sobre la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Ley provincial que establece la reelección sin límites, por lo tanto indefinida, del gobernador. La re-reelección indefinida, sumada a la Ley de Lemas,  son los pilares del armado jurídico para el sostenimiento del régimen gubernamental en el poder y aquello con lo que han bloqueado todo lo que cuestione la autocracia provincial.

Los antecedentes de la Corte en las provincias de San Juan y Tucumán, aunque no son lo mismo de lo que sucede en Formosa, abrieron dudas en el PJ provincial, y  con un Insfrán jugando a fondo con Cristina Kirchner a través de su delfín José Mayans, al parecer el gobierno siente que corre cierto riesgo de un fallo desfavorable.

Una reforma buscaría evitar una resolución en corto plazo por parte de la Corte, ya que se puede especular que el propio gobierno impulse modificaciones con las reelecciones, acotándola a los tiempos de Insfrán, pensando ahora en establecer periodos a partir de los próximos, lo que sería toda una reforma a su medida. Así, la Corte quedaría a la espera de la conformación de esta nueva Constitución provincial.

La oposición patronal que viene depositando enormes expectativas en la Corte para bloquear a Insfrán, salió a cruzar esta maniobra del gobierno, temerosa que se evapore la chance de una sentencia que reclama y que le permita mejorar una oportunidad electoral para las próximas elecciones. Para eso saltaron todos los políticos patronales, rápidos de reflejos,  recargados de discursos democráticos y republicanos, a convocar un frente único opositor para la elección de los constituyentes, para la que el gobierno aún no ha puesto fecha; enemigos como son de la movilización popular, el fantasma del jujeñazo parece sobrevolar sobre sus cerebros. Es la oposición que no tuvo empacho en levantar la candidatura de Milei, quien venía mostrando durante toda su campaña su carácter autoritario y fascistizante.

Los que se han animado a más, son el expulsado de las “fuerzas del cielo”, el senador Francisco Paoltroni y los ex gildistas Gabriela Neme y Adrián Bogado, reclamando incluso la intervención de la provincia por parte del gobierno de Milei. Extasiados por los dichos del Presidente de poner el último clavo a Cristina. De darse una intervención, para lo que no hay condición alguna, lo único que lograrían es cambiar clavo por clavo. Nada bueno podría venir de ahí. Basta con ver el crecimiento de la pobreza y de la represión en el país desde que los embusteros de la libertad llegaron al poder.

Los radicales, bogadistas y ahora libertarios han sido incapaces de presentar un programa alternativo al peronismo que nos saque a los formoseños de la pobreza, y tampoco es de su interés hacerlo. Las disputas por el poder y por el control de  la caja del Estado son motivadas por la ambición de rearmar algunos negociados capitalistas, que quieren manejar y  que hoy están  en manos de la camarilla de Insfrán.  El consignatario de hacienda y senador libertario Paoltroni es un claro exponente de estos intereses, su compromiso es con el capital agrario y la posibilidad de abrir un proceso de acumulación de las tierras a través del despojo a los pequeños y medianos propietarios del campo.

Los trabajadores no debemos quedar embretados en estas disputas ajenas a nuestros intereses. En el fondo perdura un acuerdo general entre todas estas fuerzas para que la crisis la pague el pueblo laborioso. Porque mientras  las políticas de motosierra de Milei avanzan, el kirchnerismo, con el gildismo adentro, llama a no patalear y a bancarse lo que venga hasta el 2027. Así, los únicos que perdemos siempre somos los trabajadores, los jubilados y los jóvenes. 

Por lo tanto, la lucha para poner fin al régimen de pobreza de Insfrán y por la democratización de la provincia, no va a venir de la mano de los defensores de Milei sino de la independencia política de los trabajadores respecto a todas estas fuerzas, que nos permita abrir un camino de lucha por un gobierno propio para terminar con la miseria del pueblo. Llamamos a todos los trabajadores, a los estudiantes, a los jubilados, a las mujeres, a organizarnos por estos objetivos.  Abajo la reelección indefinida y la Ley de Lemas de Insfrán. Fuera Milei.

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28/10/2024

Interfacultades Amba: un paso adelante para el activismo estudiantil

La necesidad de pelear por una nueva dirección del movimiento y un plan de lucha.

Corresponsal.

El sábado 26/10, en Plaza de Mayo y bajo un sol tremendo, se llevó adelante la interfacultades convocada por los centros de estudiantes combativos del Amba e importantes espacios autoconvocadxs que surgieron al calor de la rebelión universitaria.

Alrededor de 500 estudiantes debatimos por largas horas el estado de situación del movimiento estudiantil, la intervención del activismo en el movimiento de lucha abierto y, lo más importante, cómo profundizar la pelea en momentos donde crece la fuerza de lxs estudiantes en todo el país. Desde este punto de vista la realización de la interfacultades constituyó un paso adelante en la tarea de conformar un polo estudiantil combativo e independiente que se proponga ser un canal y un punto de referencia para todos aquellos estudiantes que estén dispuestos a luchar sin ataduras contra el gobierno de Milei, en abierta oposición a la mayoría de centros de estudiantes y federaciones universitarias copadas por radicales y peronistas, que trabajan activamente para encorsetar la fuerza del movimiento estudiantil.

Sin lugar a duda, el desarrollo de tomas en más de 100 facultades en todo el país, las movilizaciones, las clases públicas cortando calles, los choques en algunas universidades entre estudiantes y provocadores liberfachos, dan cuenta de una nueva etapa en la radicalización del movimiento universitario, sobre todo en la vanguardia estudiantil, contra el ajuste de Milei. En este contexto, la realización de la interfacultades no fue artificial, sino la búsqueda de construir un espacio de integración y homogenización del activismo universitario.

Organizaciones, centros y federaciones kirchneristas, peronistas y radicales: ausentes

El avance que significó una instancia de estas características toma una forma concreta: es un puntal de lucha contra el boicot de las autoridades del CIN, la burocracia sindical y las agrupaciones políticas peronistas y radicales. Ninguna de estas organizaciones estudiantiles vino ni convocó una instancia similar. Los centros y federaciones que dirigen fueron el gran ausente de la jornada. La falta de iniciativa de estas conducciones refleja su intención de no confrontar a fondo contra el gobierno. Han hecho suyo el planteo de Máximo Kirchner de no patalear contra Milei.

Por eso la intervención de Tatiana Fernández Martí, dirigenta de la UJS, planteó explícitamente que la instancia de este sábado fue la primera en pos de construir una nueva dirección del movimiento. Frente a la complicidad de las burocracias sindicales y estudiantiles, con expectativas de ilusiones parlamentarias y dialoguistas con Milei y compañía, obliga al movimiento a dotarse de herramientas propias. El plan de lucha votado, que incluye la pelea por una marcha nacional con un encuentro estudiantil federal, dos jornadas de lucha en el Amba (una a Plaza de Mayo), la defensa incondicional de las tomas, las clases públicas y la lucha de nuestros docentes, es un paso adelante en ese sentido. 

Nuestra intervención

Nuestra corriente universitaria colocó los centros de estudiantes que dirigimos al servicio de este objetivo. Así lo hicieron las conducciones del centro de veterinaria de la UBA, de movimiento y visuales de la UNA, el centro de ciencia y tecnología de la Unsam, las representaciones estudiantiles que conquistamos en la FUBA, la FUA y la Secretaría General del centro de filosofía y letras de la UBA.

La intervención en la interfacultades de lxs presidentxs de los centros que comanda la UJS puso de manifiesto la importancia ineludible para el desarrollo del movimiento estudiantil que significa contar con centros combativos e independientes. No es casualidad que estos centros hayan estado a la cabeza de organizar las tomas en sus facultades, las clases públicas y diversas acciones durante todo el año. La intervención de la presidencia del Cecyt fue elocuente, en una universidad copada por centros de estudiantes peronistas, fue el Cecyt de izquierda el que impulsó la toma del Tornavías pese al boicot desbocado del peronismo, como la toma fue un punto de referencia para toda la Unsam, los centros peronistas terminaron plegándose a la toma. El papel del activismo y los centros de izquierda en la UNA fue y es clave para romper el bloqueo de las autoridades kirchneristas, y convertir a lxs estudiantes de la universidad nacional de las artes en una referencia de lucha para todo el movimiento.

Nuestra corriente expresó el enorme salto hacia delante que significan los espacios de organización independiente surgidos al calor de la lucha universitaria, que desafiaron y desbordaron a las burocracias estudiantiles y en muchos casos lograron pasarlas por arriba. Sin la irrupción de estos espacios, de los que somos parte y luchamos por su desarrollo, no existiría un estudiantazo que llegó a tomar 100 facultades después de que el Congreso apruebe el veto de Milei. La toma de las facultades de la UBA dominadas por el radicalismo, como Medicina y Psicología; de la Unlam copada por la Liga Federal peronista, de la Universidad de Tres de Febrero, a pesar del centro dirigido por la Cámpora, o de la UNGS dan cuentas de un progreso significativo de la subjetividad del activismo y un golpe para la burocracia en su papel de contener el proceso.

Colocamos la importancia de actuar en unidad con la docencia combativa. El papel de la AGD-UBA organizando la pelea en unidad entre docentes y estudiantes es fundamental. La jornada de 120 clases públicas que organizó este sindicato clasista fue un punto muy alto en la unidad de acción combativa del movimiento universitario, en un contraste irrefutable entre la docencia combativa que movilizó a Plaza de Mayo y la burocracia que armó un paro de 48hs sin actividad alguna. Por eso fue la UJS quien invitó a Ileana Celotto, secretaria general de la AGD UBA, a dar un saludo en la interfacultades. Apostamos a la unidad combativa de estudiantes, docentes y no docentes para construir la huelga general universitaria y derrotar a Milei.

La UJS también invitó a saludar a la interfacultades a Alejandro Lipcovich, secretario general de la junta interna del Hospital Garrahan. Los trabajadores del Garrahan vienen de protagonizar una marcha blanca que confluyó en Plaza de Mayo junto a estudiantes y docentes. Para nosotros la unidad obrera-estudiantil no es un slogan, es una política que llevamos adelante en lo concreto impulsando acciones comunes de lucha.

Un triste papel

Las maniobras y contramaniobras sobre todo de la juventud del PTS y del Nuevo Más pusieron la realización de la interfacultades en crisis en más de una oportunidad. En primer lugar, el PTS torpedeó desde el minuto cero la realización de la interfacultades. Intentó oponer el rol de los centros de izquierda a las asambleas y espacios autoconvocados. Con argumentos basistas e incluso adaptados a planteos mediáticos contra la izquierda, intentaron reducir la participación de los centros independientes a su mínima expresión. Lo cual confirma, una vez más, que el PTS ve la intervención en el movimiento universitario como un escenario de autoconstrucción faccional, autoproclamativa y pequeño burguesa donde dirigir centros de estudiantes, es decir pelear por ser la dirección del movimiento no tiene ningún valor. Qué favor les haría la izquierda a las burocracias estudiantiles si siguiéramos la orientación que nos propone el PTS. Por suerte eso no ocurre.

Por su parte, la juventud del NMás dice valorar el rol de los centros independientes, pero en los hechos utilizó sus representaciones para atacar a la izquierda, hacer autobombo e intentar al final de la jornada romper la interfacultades. Otra perlita del Nmas fue su planteo, dicho por su máximo dirigente estudiantil, de que “los estudiantes no debemos marchar con los docentes”. Un planteo “estudiantilista” impropio de una agrupación que se dice marxista. El abandono del NMAS antes de finalizar la asamblea, quejándose de algo que nadie entendió (el argumento era una lectura incorrecta de las mociones, sin mayores precisiones) muestra el interés, por parte de esta agrupación, de forzar una “polémica” contra la interfacultades que solo sirve para un autobombo propio. Si el objetivo fuera desarrollar el movimiento de lucha, una acción así no tendría lugar. Llamamos a los compañeros, en tal caso, a revisar sus objetivos. 

Adelante con el plan de lucha votado

Pese a estas dificultades, al sectarismo y falta de brújula de gran parte de la izquierda, la interfacultades pudo realizarse y votar un plan de lucha que, si logra empalmar con el proceso que sigue abierto en los lugares de estudio, puede convertirse en una referencia combativa e independiente dentro de la lucha universitaria y colaborar en la pelea más general por superar a las burocracias estudiantiles y sindicales, desplegar a fondo la fuerza del movimiento estudiantil y poner la lucha universitaria en el plano de la pelea popular por derrotar al gobierno de Milei. Es decir, que las masas trabajadoras ajusten cuentas con el gobierno reaccionario y le den punto final a este experimento ultraderechista e incompatible con cualquier reivindicación popular.

La UJS intervino en la Interfacultades con un eje vertebral: ganar al movimiento universitario a la lucha por el Fuera Milei. 

28/10/2024
BUENOS AIRES

La Clave gana por primera vez las elecciones del centro de estudiantes del Conservatorio Ginastera de Morón

Triunfó con 181 votos, mientras que la lista de la Cepa e independientes obtuvo 118.

La Clave.

El día miércoles 23, la agrupación La Clave ganó con el 60,4% de los votos en las elecciones de centro de estudiantes y CAI del Conservatorio Ginastera de Morón. Lo hizo tras un año de fuerte intervención en la organización de la lucha estudiantil ante el brutal ajuste del gobierno nacional, impulsándola para que avancen los reclamos de lxs estudiantes. Se trata de una elección importante, sacó 63 votos de distancia respecto de la Resonante (Cepa e independientes), un avance de 15 puntos porcentuales respecto a la elección del año pasado y un retroceso de la Cepa (por 76 votos). Recordemos que la Cepa es la corriente estudiantil del PCR, desde hace cuatro años integrante de Unión por la Patria y los frentes del peronismo.

¿Por qué La Clave ganó la elección?

En primer lugar, por haber tenido un posicionamiento consecuente y unitario en defensa de la educación pública. Teniendo un solo vocal en Comisión Directiva, pusimos todo lo que había para poner para garantizar las acciones de unidad del centro de estudiantes en la lucha contra el ajuste de Milei. Estuvimos en cada acción y asamblea, volanteamos permanentemente a lo largo del año, y fundamentalmente nos dispusimos a orientar la lucha por los reclamos específicos del Conservatorio. Esto es muy importante ya que bajo la consigna general de “educación pública”, todos los sectores afines al peronismo buscaron desviar el reclamo a Kicillof, que ejecuta la motosierra de Milei a nivel provincial.

La “amplia unidad” levantado por la Cepa este año llevaba a hacer seguidismo a la parálisis que el peronismo busca imponer al movimiento. El PCR ha profundizado este año su integración al peronismo, borrando toda crítica a la burocracia sindical y sus referentes públicos, y rechazando toda acción por fuera del llamado de estos aparatos. Es además una posición hostil a la crítica, con la que en definitiva buscó borrar cualquier diferencia con el discurso de que no centrar el discurso en Milei era sinónimo de tratar a otros estudiantes de enemigos. Una posición que no corresponde, ya que la única manera de construir la unidad para luchar es impulsando iniciativas comunes sin dejar de hacer claras las diferencias de orientación y método. La anterior conducción entendió equivocadamente que nuestra crítica invalidaba todo campo de acción común, buscando separarse de iniciativas propuestas que fueron valoradas por el estudiantado (Conciertos de comisión de cultura).

En segundo lugar, porque en el Conservatorio este año no hemos tenido prácticamente mejoras en nuestra cursada (salvando el nombramiento de pianistas acompañantes) y la anterior conducción no clarificó por qué esto fue así. La falta de balance sobre nuestras problemáticas en concreto no pudo ser disimulada con una mera enumeración de actividades impulsadas, en las cuales prácticamente en su totalidad también La Clave participó.

Aquí se trata, más que de una cuestión de cantidad de iniciativas o energía dispuesta, de la orientación de las mismas. Por ejemplo, desde la Cepa rechazaron efectivizar las clases públicas votadas en nuestra asamblea docente-estudiantil del 2/5 (con el argumento de que “no había ánimos”) o acompañar la juntada de casi 400 firmas por los baños que realizamos y que demostró que existe un interés del estudiantado en que se resuelvan estas problemáticas. Para avanzar hay que primero tener la voluntad e independencia política necesaria respecto de todos los gobiernos ajustadores.

La oposición del avance y la lucha por problemáticas específicas -única manera de promover el entusiasmo y la participación más amplia- a un concepto meramente formal y esquemático de “protagonismo estudiantil”, consistente en que cada resolución con la que no acordaban debía ser aprobada por todos los cursos, llevó al centro a una parálisis en su función fundamental. Nuestra denuncia clarificó el rol ajustador de Kicillof y mostró la necesidad también de formular a la provincia nuestras reivindicaciones, al tiempo que mostró que la movilización de más de mil estudiantes terciarios de zona oeste el 23 de abril abría una situación sin precedentes para llevarlas adelante. A la coordinadora de terciarios, de la cual nuestra agrupación fue excluida todo el año, le propusimos un mandato de nuestra asamblea de convocar un Encuentro Abierto de Estudiantes Terciarios de Zona Oeste, que salvo la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS, organización juvenil del Partido Obrero) todas las corrientes (Izquierda Socialista incluida) bloquearon y patearon para el año que viene.

En tercer lugar, gracias a una militancia aguerrida que comprendió la etapa en la que estamos y las tareas que de allí se desprenden. Mientras el peronismo promulga que este es un momento de “resistencia” hasta las elecciones, de guardarse, refugiarse “adentro”, construir desde un punto de vista asistencialista e inculca esta visión desmoralizada e impotente, La Clave estuvo en todas las luchas e instancias de organización impulsando hacia adelante y entendiendo que el objetivo era derrotar ahora la política del gobierno.

El año pasado logramos reconstituir una agrupación que existe desde 2013, que había presentado previamente seis listas para las elecciones (logrando en la última una mínima diferencia con respecto a la primera) y con una trayectoria de presencia en cada oportunidad.

La Clave, además de estar en todas las luchas nacionales, organizó salidas con estudiantes a colegios secundarios, redactó íntegramente un protocolo para prevención y abordaje de situaciones de violencia y maltrato y un reglamento democrático del CAI, hicimos charlas (registro de obras, Estatuto Docente, etc.), proyectó The Wall, tomó una iniciativa frente a la falta de acceso a aulas para estudiar, etc. También colaboramos en iniciativas solidarias (clases de apoyo, festivales, etc.) que consideramos subsidiarias a la necesaria organización para luchar y exigir lo que corresponde al Estado.

Esta es la conducción que quiere organizar cada uno de los reclamos estudiantiles, promover los espacios amplios de deliberación, impulsar la unidad de toda la comunidad educativa, y estar presente y a disposición de cada compañerx.

¡A luchar contra el derrumbe educactivo! ¡Basta de ajuste contra la educación! ¡Por la unidad obrero-estudiantil! ¡Vamos por la organización de lxs estudiantes independiente de todos los gobiernos!

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28/10/2024

Milei dice que bajan la pobreza y la inflación, mientras prepara nuevos tarifazos

Las mentiras del gobierno.

El presidente.

El gobierno y sus militantes están divulgando a través de los medios de comunicación y las redes sociales que tanto la pobreza como la inflación se encuentran bajando y que Argentina se dirige hacia un escenario social y económico próspero. Los datos, sin embargo, muestran una realidad completamente distinta.

Según el Indec, en apenas seis meses de gobierno, la pobreza creció 11,2 puntos y la indigencia 6,2; Milei fabricó seis millones de pobres y cuatro millones de indigentes en tiempo récord, superando las marcas desastrosas del peronismo y el macrismo –grandes colaboradores de Milei. El mismo organismo viene de indicar que casi el 25% de los jóvenes de entre 14 y 29 años es indigente; un aumento significativo en relación a mediciones previas.

El gobierno también dice que los salarios le están ganando a la inflación. Estos aumentaron un 5,7% en agosto, superando el índice de precios; pero todavía están casi 40 puntos por debajo de la inflación en la medición interanual (236% contra 200,6%).

Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación (Idep-Unpaz), por otro lado, critica al oficialismo por tomar el mes de variación salarial contra el mes de variación de precios sin considerar la devaluación de agosto 2023 y la de diciembre de 2023; si se midiera correctamente, dicen los analistas (Ámbito, 27/10), se verá que “los salarios siguen perdiendo ante la inflación; los salarios privados registrados del sector privado perdieron casi el 12%, el salario público casi un 70% y el privado no registrado un 52% en el mes de agosto (ago24 vs ago23)”.

Otro síntoma del aumento del empobrecimiento es el crecimiento de la cantidad de personas que utilizan tarjeta de crédito para comprar alimentos. El consumo mediante esa modalidad se incrementó en el segundo trimestre un 57,74% (plan de un pago) y un 29,9% (en cuotas) interanual. En el rubro artículos de primera necesidad, así como en otros, se registró una suba de las compras con planes más largos (7 a 12 cuotas) incentivado por las cuotas sin interés y las promociones bancarias (Verte, 29/9).

Asimismo, ¿no es la caída brutal del consumo otra manifestación de un aumento de la pobreza? En septiembre, según Scentia, el consumo masivo cayó un 22,3% en comparación con el mismo mes del año pasado. Una encuesta de la consultora Moiguer indicó que el 71% de los participantes dejó de hacer asados en familia, el 61% suspendió salidas y el 58% canceló ir a tomar café o helado. Por otra parte, el 48% tuvo que utilizar sus ahorros para pagar gastos cotidianos, un 52% ha contraído deudas y el 83% redujo o eliminó la compra de productos habituales.

El consumo interno de carne cayó un 11,3% en los primeros nueve meses de gobierno libertario con respecto al mismo periodo del año anterior. Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados, se trata del nivel de consumo más bajo registrado en los últimos 26 años. El precio de la carne subió un 119,3% en los primeros 10 meses del año, superando la inflación acumulada de septiembre –con toda seguridad, se ubicará por encima de la acumulada de octubre.

Por otra parte, la inflación es altísima y se están generando las condiciones para que pegue un nuevo salto. En 9 meses superó el 100%, un porcentaje altísimo si se tiene en cuenta que Argentina ingresó en una recesión de gran envergadura. En relación a septiembre del año pasado, cabe destacar, los precios subieron un 209% –más que se triplicaron.

Los indicios de que la inflación aumentará son varios. Los precios de los alimentos y las bebidas subieron un 1,7% durante la cuarta semana de octubre. Es la variación más alta desde la primera semana de julio, según la consultora LCG.

En noviembre, las tarifas de agua y cloaca aumentarán un 4%. El gobierno, además, tiene previsto privatizar Aysa, la compañía que abastece de agua a la Ciudad y 26 partidos del conurbano bonaerense. Quiere entregársela a una empresa privada para que haga grandes negocios, y eso puede conseguirse con la implementación de mayores tarifazos. En materia energética, el gobierno postergó incrementos en la factura de luz.

Asimismo, trascendió que la nafta y el gasoil aumentarán más de un 5% en noviembre. Las petroleras quieren trasladar el precio internacional del crudo, que pegó un salto tras la intensificación de las tensiones bélicas en Medio Oriente, al mercado interno. Esto, en el marco de una importante caída de las ventas de combustible al público.

Las subas de tarifas acumularon un 280% de aumento en lo que va del año. De acuerdo al Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-Conicet), un hogar promedio del AMBA gasta casi $135.000 al mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y agua potable. Una cifra que equivale a casi la mitad del sueldo básico de un docente universitario.

El gobierno también miente cuando dice que la inflación del próximo año será del 18,3%. Hasta el BCRA y el FMI dicen que las previsiones del Presupuesto 2025 son un dibujo; el primero, a través de los analistas del REM, señaló que espera una inflación del 35%; y el segundo, pronostica una del 45%.   

Milei miente, como también lo hizo al decir que la universidad gratuita es “un subsidio de los pobres a los ricos”, que los haberes jubilatorios le están ganando a la inflación, que su gobierno está combatiendo a la casta política, que los aumentos de tarifas se iban a implementar una vez que los salarios se recompusieran, etc. Nos gobierna un mitómano.

Los únicos que prosperan gracias a la política libertaria son los capitalistas. Bajo Milei, Argentina llegó a tener la mayor desigualdad social de los últimos 16 años; un grupo de petroleros, sojeros, industriales, banqueros y acreedores internacionales, a los que Milei considera “héroes”, se enriquece a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.

Que se vayan todos.

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28/10/2024

Que UTA convoque al paro del transporte el 30/10

paro

En la paritaria, la UTA está reclamando un aumento del 25% en 5 cuotas, hasta diciembre, que lleve el salario bruto de $1.060.000 a $1.322.000. Este reclamo –del que los choferes se enteraron recién con la publicación de la última acta paritaria, a finales de septiembre– no alcanza para recomponer lo que se perdió por la inflación en el último periodo. De enero a julio de 2024 la recomposición del salario fue de 77% contra un 102% de inflación, una pérdida de 25 puntos del poder adquisitivo. Pero la pérdida es bastante mayor porque no se toma en el cálculo el fogonazo inflacionario de diciembre de 2023, que fue del 25%. En conclusión, se consolida una pérdida de alrededor de un tercio del salario solo durante los meses que lleva el gobierno de Milei.

Por eso es necesario un salario mínimo de bolsillo de $1.800.000, con ajuste automático de acuerdo al incremento de la inflación para frenar el retroceso salarial.

Las patronales “no tienen propuesta” para la paritaria; total alineamiento con la política salarial del Milei. El aumento se encuentra atado a un incremento de los subsidios que otorgue el gobierno a las patronales, en una situación de fuerte recorte. El ajuste lo terminan pagando los trabajadores del transporte con la pérdida del salario y la precarización de las condiciones de trabajo (y los sectores populares que usan este medio de transporte con los tarifazos, el boleto aumentó ya más del 600%)

Frente al empantanamiento de la paritaria, la UTA lanzó una medida de fuerza -un paro de 48 hs – sin ponerlo a consideración de la base del gremio en las líneas. La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Encontrándose próximo a vencer el plazo de la misma –resta una reunión el lunes 28/10–, hay que deliberar cómo seguimos.

Que UTA convoque

El golpe al salario de los trabajadores –y a nuestros derechos– viene de la mano de Milei, que gobierna contra los de abajo –los trabajadores y sus hijos que quieren estudiar en la universidad, los jubilados, contra la salud pública y un largo etc. Esto va instalando un rechazo cada vez más amplio de sectores que quieren que esta política –y este gobierno– se terminen.

En el transporte, el ataque frontal del gobierno al reclamo salarial de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, el decreto para limitar el derecho de huelga para todos los gremios del sector –en el transporte aéreo está frenado momentáneamente por la justicia– y el anunció de privatización de la línea aérea estatal, activaron la convocatoria a un paro de todos los gremios del transporte (camioneros, trenes, aeronavegantes, subte, marítimos, etc.) primero para el 17/10; fue postergado para el 30/10, con tres reclamos principales comunes: paritarias libres, defensa del derecho de huelga y rechazo a la privatización de AA.

Esta respuesta común de importantes sindicatos del transporte, mayoritariamente de la CGT –que no enfrenta la política del gobierno en absoluto–, es indicativa, aún con los límites que le imprimen estas direcciones sindicales, de que hasta para la defensa de las más elementales reivindicaciones hay que salir a la lucha abierta contra el gobierno, desde donde vienen además los principales golpes. En el marco de la crisis, no se puede dejar de mencionar la propia fractura de la UTA y la conformación del sindicato propatronal y progobierno UCRA en las empresas del monopolio Dota.

La UTA, a contramano de esta realidad, anunció que no se sumará al paro. Es obvio que esta actitud debilita el reclamo salarial y nos margina de la lucha contra los ataques del gobierno. Es necesaria una campaña en todo el gremio denunciando esta política y reclamando asambleas y un plenario de delegados que resuelvan la adhesión de la UTA a la medida convocada por la mesa nacional del transporte este 30/10, como inicio de un plan de lucha.

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28/10/2024

Río Negro: ATE cerró 0% de aumento con el gobierno hasta fin de año

Opongamos un plan de lucha para derrotar esta política "mileísta".

Weretilneck y Aguiar.

La dirección de ATE (y Upcn) cerró con el gobierno y sin ningún mandato 0% de aumento para los salarios de pobreza de todos los estatales hasta fin de año. La decisión representa no solo una definición política, sino una ejecución concreta del programa de Javier Milei: atacar estatales y hacerles pagar el ajuste en el Estado.

La reunión que mantuvieron el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, con el gobernador Alberto Weretilneck, y que advertimos en su momento en Prensa Obrera durante el plan lucha de Senaf, fue para garantizarle al gobierno nacional señales de que no van a sacar los píes del plato y de que la crisis la pagará la clase trabajadora y no la casta. El gobierno declaró que no está en condiciones de pagar ningún aumento, cuando paga intereses de la deuda del Plan Castello por millones de dólares.

La dirección de la verde a nivel nacional y provincial, que aparece disimulando luchar contra el gobierno liberal, en realidad es el garante de aplicar su política. Aguiar llama a un paro de 36 horas para el 30, una posición por demás demagógica sí vemos los 29.000 despidos desde principio de año y la batería de ataques. Rodo y compañía no solo intentan cerrar la discusión paritaria en medio de un proceso deliberativo y lucha en Senaf, en el Garrahan, el Posadas, sino también hacer pasar los ataques patronales, en el país y las provincias: la modificación de la Ley de Licencias en Río Negro, la profundización de la precarización laboral que se sigue ejecutando en el Estado mediante la nueva reforma laboral, y mantener salarios de pobreza y miles con contratos temporales son mandatos mileístas que la dirección verde de ATE administra y ejecuta.

Las bases están luchando desde principio de año, junto a estudiantes y docentes de las universidades, estatales de salud (Asspur), y la dirección sigue con medidas aisladas y divisionistas. Negociar con Weretilneck -alumno número uno de Milei – es una posición 100% propatronal.

En contrapartida, el sindicato de la salud pública (Asspur) convocó a un paro provincial el 30, que rechaza esta política conciliadora de ATE, de ataque contra nuestras condiciones de vida y empalma con el paro nacional del transporte del país.

Hay que mantener el proceso de asambleas y plenarios que toman resoluciones votando medidas de lucha. Las medidas que surjan tienen que empalmar con el plan de lucha de Asspur. El lunes hay Congreso de Unter y no puede haber otro mandato: unir todas las luchas en un solo frente contra el gobierno, que aplica las políticas de Milei contra estatales, la salud, y la docencia provincial.

Estatales, desde Tribuna Estatal entendemos que no puede seguir la política entreguista de la Verde. Tampoco de la Verde y Blanca, que allí donde tiene representación mantiene planchados los conflictos.

Vamos por asambleas en todos los lugares de trabajo para imponer por abajo un plan de lucha y un paro provincial.

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28/10/2024

Trabajadores de la Afip, ¡a luchar a fondo!

Frenando la recaudación, podemos hacer recular al gobierno.

Trabajadores de la Afip en lucha.

El anuncio de Adorni de desguace de la AFIP y despidos de 3.155 trabajadorxs provocó una conmoción y estado de alerta y movilización sin precedentes en el organismo, que se efectivizó aún antes de la convocatoria oficial de las direcciones de los gremios SUPARA y AEFIP. Las direcciones sindicales se confesaron sorprendidas por el anuncio, a pesar que está a la vista que este gobierno viene realizando desguaces similares en otras empresas y organismos estatales. 

El viernes se conoció el Decreto 953/2024 que designa autoridades de un “nuevo Ente Recaudador”, que busca un nuevo “estatus jurídico” para avanzar con una “reestructuración” que atacará la estabilidad y los puestos de trabajo. También afectará el salario -que ya viene perdiendo entre un 60 y 70% de poder adquisitivo en los últimos años- y las condiciones de las y los trabajadores de la AFIP.

En las masivas asambleas realizadas a lo largo y ancho del país se remarcó el inmovilismo precedente y se reclamó la necesidad de ir a un plan de lucha creciente y efectivo. Incluso coordinando con otros sectores que están luchando, como podría haberse hecho el martes 22/10 cruzando a la Plaza de Mayo para confluir con los docente de la UBA, los estudiantes y los trabajadores del Hospital Garrahan y Bonaparte que están luchando contra el mismo ajuste del gobierno. 

Podemos ganar: impulsemos el paro general

Está claro que la única forma de hacer recular al gobierno es parando la recaudación, las fronteras y el comercio internacional. Y así poner en jaque a un gobierno comprometiendo con su preciado “déficit cero”. Los “quites de colaboración” de dos horas y el apagón informático que no es tal son claramente insuficientes. Sirvieron para calentar motores, pero ahora hay que profundizar las medidas. Necesitamos un plan de lucha concreto y ponerlo en práctica ya. Es clave la continuidad de las asambleas generales y de las oficinas para golpear todos juntos, preparando paros escalonados de 24, 48, 72 horas hasta llegar a la huelga general para forzar que se retrotraiga cualquier despido o amenaza sobre nuestros convenios, salarios y el fondo de jerarquización. 

No sirven las comparaciones desmovilizantes que aluden a la poca adhesión en paros generales anteriores, estamos ante una nueva situación completamente excepcional que amerita medidas excepcionales. La movilización de lxs trabajadors de la AFIP en todo el país es nuestra fuerza y la clara señal de que las medidas serán garantizadas masivamente. 

El gobierno de Milei es enemigo de los trabajadorxs de la educación, de la salud, de los jubilados y de los comedores populares. Ellos quieren que la plata que recaudamos lxs trabajadorxs de la AFIP vaya a las arcas de los empresarios y especuladores financieros o al pago de la deuda usuraria. Demostremos que los trabajadores podemos parar este ataque y que sufran en carne propia el “no hay plata”.

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Un nuevo condenado por el crimen de Lucas González

Víctima de gatillo fácil en 2021.

Lucas González.

En la mañana del viernes 25 de octubre se dictó una nueva sentencia por el crimen de Lucas González. En esta ocasión por el delito de ocultamiento de pruebas y plantación de elementos ajenos a la escena del crimen. 

El acusado y condenado es Facundo “Cachorro” Torres, exagente de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Fue encontrado culpable de “Encubrimiento agravado por la condición de funcionario público, por ser el delito precedente especialmente grave”. De este modo, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 contextualizaron el crimen del joven como un hecho enmarcado en un “Contexto de violencia institucional”. 

El asesinato del jugador de las inferiores del Club Barracas Central sucedió en el mismo barrio del sur de CABA, el domingo 17 de noviembre de 2021, a pocos metros del lugar de entrenamiento, cuando un grupo de policías de la brigada sexta de la división Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 tirotearon el coche en el cual se transportaba Lucas y sus amigos. Balacera sin aviso de alto por parte de las fuerzas de seguridad que culminó a escasos metros de la esquina de avenida Iriarte y Vélez Sarsfield. Uno de los balazos terminó alojado en el cráneo del chico, provocándole su deceso horas más tarde en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. 

El primer juicio culminó con la prisión perpetua para tres oficiales, y penas de entre cuatro y ocho años a otros seis efectivos de la misma fuerza represiva local. 

La participación de Torres tratando de modificar la escena del crimen es clara. Videos muestran cómo se va del lugar, y, pocos minutos más tarde, regresa para plantar en el auto acribillado un revolver de juguete, con el fin de hacer pasar el hecho como un enfrentamiento y no una masacre. El efectivo policial terminó cayendo porque otro integrante de la comisaría se quebró e informó cómo se “alardeaba contando cómo había colocado la falsa arma”.   

El tribunal no ha tomado parte en su condena del delito de privación ilegítima de la libertad que sufrió Lucas en sus últimas horas de vida. En el hospital estuvo custodiado por la misma fuerza policial asesina, tratándolo como un delincuente.  

Por otro lado, el veredicto establece la separación del policía por el término de diez años. Al ser un agente joven, el Estado goza de la libertad de reintegrarlo a la fuerza. Por qué no lo haría, si Luis Chocobar, oficial de la policía municipal de Avellaneda quien en 2017 asesinó por la espalda a Pablo Kukoc (al igual de Lucas González, de 18 años), siguió trabajando en tareas administrativas. 

Minutos después de la sentencia, en una sala abarrotada de familiares y amigos cantando “Yo sabía, yo sabía, que a Lucas, lo mató la policía”, Héctor, padre del joven asesinado en Barracas, en conversación con los periodistas, marcado por la angustia y la emoción, expresó que “Cerramos esta lucha de tres años desde el asesinato de Lucas con una buena justicia (…) Estamos agradecidos con toda esta gente porque siempre nos acompañó y nos dio las fuerzas para seguir adelante. Han pasado tres años, hoy Lucas tendría 20, pero vive en sus amigos. Los vemos crecer y vemos que Lucas sigue estando con ellos”.

Tanto los dos juicios efectuados como las condenas dictaminadas son resultados de la enorme movilización del círculo cercano de la víctima, acompañados de vecinos, trabajadores y organizaciones de derechos humanos y políticas del barrio. La lucha por justicia contó con movilizaciones, piquetes en la esquina del crimen, actos y festivales. 

A pocas semanas de conmemorarse un nuevo aniversario de este terrible suceso de gatillo fácil, la lucha por el juicio y castigo a los responsables políticos sigue siendo un capítulo pendiente. Comenzando por Eugenio Burzaco, para aquel entonces ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Como así también del jefe de Gobierno de ese momento, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos integrantes de Juntos por el Cambio (Pro). Tampoco se olvida el silencio cómplice que jugó el Ejecutivo nacional, encabezado por Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner (PJ). 

Lucas González es uno de las cientos de casos de pibes y piba reprimidos, maltratados y asesinados por las fuerzas represivas del Estado. Es urgente seguir ganando las calles contra el gatillo fácil. Por el total desmantelamiento del aparato represivo. Cárcel a todos los responsables de la masacre de Barracas. 

¡Lucas González, presente, ahora y siempre!

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28/10/2024

UBA: operativo antitoma en Sociales

La 15 y las autoridades preparan el cierre de la lucha educativa. Superemos los límites para derrotar a Milei.

Por Malena B.

Asamblea en Sociales.

El alza del movimiento estudiantil y su potencialidad son innegables. La reafirmación del veto a la ley de financiamiento universitario pareció ser una derrota parcial, pero terminó convirtiéndose en la chispa de una lucha que viene en ascenso y radicalizándose, lo que se vio en la toma masiva de las facultades a lo largo y ancho del país. Esto, ya de por sí histórico, cobra una mayor relevancia en un cuadro donde el gobierno avanza contra las condiciones de vida de los trabajadores con una nueva tanda de despidos, tarifazos y reducción de los salarios. Mientras las burocracias sindicales de la CGT y la CTA colaboran con Milei, los estudiantes mostramos que luchando se puede ganar.

Sin embargo, esta no parece ser la idea de la burocracia de los sindicatos docentes y no docentes. Las federaciones ya quieren desactivar la lucha universitaria cerrando un acuerdo miserable para las categorías más bajas de no docentes, y otorgando una “garantía salarial” a los docentes, dándole pie al gobierno para presentar un supuesto acuerdo con sectores de la UBA y el cierre del conflicto. Pero no solo se trata de las autoridades y las burocracias sindicales, sino también de las estudiantiles. En ese sentido, las conducciones de los centros de estudiantes no se quedan atrás, y no hablamos solo de la Fuba reformista sino de la propia conducción del CECSo (la 15 + Acción x Sociales). 

Cambio de conducción, mismos manejos burocráticos

A menos de un mes de la primera toma, la 15 viene maniobrando para bajar la espuma desde un primer momento. La semana pasada no solo reprogramó una asamblea unilateralmente el mismo día y a la misma hora en que estaba convocada, sino que en la asamblea del jueves defendió hasta último momento que Sociales se tomara solamente el fin de semana (una no-toma) y no poner fecha para una próxima asamblea. En este sentido, la maniobra es clara: buscaron desactivar la toma sin tener el costo político de votar en contra de la medida de lucha. De manual. Además, se votó la participación del CECSo en la interfacultades de este sábado, para que después el kirchnerismo en su conjunto la vaciara. 

Si hacemos un racconto desde la segunda marcha universitaria, la conducción ya trató de no convocar una asamblea por dos semanas (incluso sabiendo que Milei iba a vetar el aumento tan solo dos días después), rompió el control estudiantil en la toma permitiendo pasar a las autoridades y también evitó -boicoteó- que se voten las mociones del resto de los sectores políticos y de estudiantes independientes en la asamblea siguiente. Todas estas trabas no solo dilatan sino que desgastan al estudiantado que viene de pronunciarse en las elecciones contra estos manejos burocráticos y la inacción de la UES. 

Podría parecer una casualidad si los bloques políticos a los que responden no estuvieran operando de la misma forma. No es el caso: la gestión de Ana Arias dijo que hay que “administrar las energías” y “nos vemos en febrero” (!). Una próxima maniobra para descomprimir las medidas de lucha. Así funciona el operativo anti-tomas; la gestión y la conducción del CECSO se ven obligadas a posar de combativas frente a un escenario de radicalización del movimiento. 

La pregunta es si la 15 está dispuesta a pagar el costo político del bloqueo a la acción estudiantil, como le pasó a la anterior conducción del CECSo, que seguro es más caro para la Mella y la Emergente que para la Cámpora -que está más preocupada por la campaña electoral del 2025 que por el destino de la universidad pública (siguiendo las indicaciones de Máximo Kirchner). ¿Cuánto tiempo la militancia honesta de estos espacios estará dispuesta a “habitar las contradicciones”? Una vez más se demuestra en la intervención concreta que no hay autoridades progresivas y que el costo que paga el movimiento estudiantil con la integración del centro de estudiantes sea a las autoridades de la facultad -peronismo- o al rectorado de la universidad -radicalismo- es altísimo. Ellos dirimen cómo llegan a las próximas elecciones nacionales, el movimiento estudiantil necesita centros de estudiantes a la altura de la historia. 

Superemos estos límites para seguir haciendo historia

Mientras las burocracias sindicales de Fatun y Fedun, las autoridades radicales y peronistas de la universidad, y los centros de estudiantes afines boicotean las tomas y preparan el terreno para levantar la lucha educativa, el desafío del movimiento estudiantil es impulsar y profundizar la pelea. Quienes quieren “dejar de patalear” hoy son el límite que hay que sortear en el marco de la rebelión universitaria para llevar la lucha hasta el final. 

El salto en las medidas de toma estas últimas semanas demostró un principio de superación del control de las autoridades sobre el conflicto. Por eso hoy se busca aplacarlo, quieren poder continuar utilizando el reclamo de la comunidad educativa para sus propias negociaciones parlamentarias con el gobierno frente al tratado del Presupuesto 2025. Así pasó el cuatrimestre pasado, luego de la masiva marcha educativa del 23 de abril; y acá estamos, a mediados del segundo cuatrimestre, con nuestros docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, un recorte fenomenal sobre de becas y programas y con la universidad pública nuevamente puesta en jaque.

Pero hay un movimiento estudiantil que atraviesa una experiencia y saca conclusiones. El desafío es promover su intervención independiente y fortalecer los espacios de debate y acción para reforzar el plan de lucha. Llamamos a la izquierda a abandonar las peleas faccionales y abocarse en lo que importa: intervenir por el desarrollo del movimiento conquistar todos los reclamos, para abrirle paso a las luchas populares que florecen en todo el país. Solo así vamos a derrotar a Milei. La defensa de la educación pública está en nuestras manos, sigamos haciendo historia.

Fuera Milei: el 9/11, acto del Partido Obrero en Parque Lezama
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28/10/2024
CÓRDOBA

Unquillo: Continua la lucha de los defensores ambientales para salvar el montecito

Que sean las organizaciones ambientales, los trabajadores y las asambleas quienes decidan y controlen cómo se gestiona el agua y el ambiente.

Foto: Resaltador

El pasado día martes 22, integrantes de Amu (Asamblea del Monte Unquillo), junto a la comunidad de Unquillo, hicieron sentir su voz en el Concejo Deliberante de la localidad que forma parte del gran Córdoba. En la protesta ocuparon la “banca del vecino” para exigir la retirada de la prefactibilidad otorgada al proyecto inmobiliario en “El Montecito”.

El mencionado emprendimiento amenaza directamente al monte nativo y a los recursos hídricos de la zona, poniendo en riesgo uno de los pulmones verdes más importantes de la región. Sin embargo, la respuesta de las autoridades dejó en evidencia la falta de compromiso y conocimiento por parte de quienes deberían defender los intereses de la comunidad.

Durante 30 minutos, los vecinos expusieron argumentos claros y contundentes para defender el monte, el agua y la vida. A pesar de la claridad de la exposición, la presidenta del Concejo, Graciela Domínguez, evitó emitir comentarios o compromisos, negándose a dar una respuesta inmediata. El concejal Jorge Paliza, por su parte, expresó que los vecinos habían llegado “tarde” y sinceró su desconocimiento sobre el tema, justificando que “no era su obligación saber”. Paliza no entendió, o no quiso entender, que no es tarde: el fallo que habilita el proyecto aún no está firme, y el municipio tiene autonomía para rectificar la prefactibilidad otorgada en 2016.

Los vecinos no solo recalcaron que los concejales tienen la obligación de informarse, sino que también ofrecieron toda la información que han recabado en estos años de lucha. Recordaron que las decisiones que toman afectan directamente la vida de quienes habitan el territorio y que, en este caso, su responsabilidad es clara: retirar la prefactibilidad y proteger el monte nativo y el agua.

El caso de “El Montecito” no es aislado. La avanzada de los desarrollistas se replica en otras áreas de las Sierras Chicas. En la Reserva Bamba, los intereses inmobiliarios y mineros también amenazan el área protegida. En Salsipuedes, una obra de captación de agua en Villa Silvina, que se presenta como una solución para abastecer a familias de la zona, ha sido denunciada por los vecinos, quienes temen que su verdadero fin sea garantizar el suministro para futuros loteos, poniendo en riesgo el patrimonio biocultural y los recursos hídricos.

Este contexto no es casualidad, sino parte de una estrategia más amplia que se intensificará a partir de la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). El RIGI abre la puerta a una avanzada extractivista sin precedentes en toda la provincia, flexibilizando normativas ambientales y permitiendo que proyectos de gran escala avancen sin las restricciones necesarias para proteger el ambiente y las comunidades locales. Si proyectos como los de “El Montecito” y Villa Silvina ya vienen generando conflicto en los territorios, la aprobación del RIGI multiplicará estos problemas, favoreciendo los negocios privados sobre los bienes comunes.

Frente a este escenario, desde Tribuna Ambiental planteamos que es momento de unificar todos los reclamos ambientales y sociales, y echar a quienes lucran con nuestros bienes a costa del deterioro ambiental. No podemos permitir que los intereses desarrollistas prevalezcan sobre los derechos de los vecinos y el futuro de nuestros territorios. 

Para reforzar la mencionada perspectiva es clave agrupar las luchas y los reclamos en la perspectiva de la huelga general ¡Fuera Milei, y todos los responsables de este ecocidio! Que sean las organizaciones ambientales, los trabajadores y las asambleas quienes decidan y controlen cómo se gestiona el agua y el ambiente.

#ElMontecitoNoSeToca

#LaReservaBambaSeDefiende

#BastadeDesmonte

#NoAlRIGI

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28/10/2024

Untref: a pesar de La Cámpora, los estudiantes se organizan y pelean

Nuevos desafíos para la organización estudiantil independiente.

Asamblea de la Untref.

Por primera vez en la historia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), los estudiantes tomaron las instalaciones durante nueve días. A pesar de que los estudiantes organizados en asambleas independientes (Psicomotricidad, Artes Electrónicas e Ingeniería en Sonido, entre otras), junto a Autoconvocados Untref, se convirtieron en los motores de la lucha, buscando sostener la toma y reforzarla con acciones, la conducción del CeUntref (La Cámpora) logró maniobrar para mantenerse a la cabeza de la misma con el único fin de despojarla de una impronta combativa.

La Cámpora casi no organizó clases públicas y no hubo una sola marcha o festival. Pero sí se movieron para boicotear la acción coordinada con la Unsam sobre la General Paz y retrasar la cena a las 3 a.m. cada noche de toma para desgastar a quienes ponían el cuerpo. Básicamente, trabajaron para ahogar la lucha. Así, con el terreno allanado, operaron una acción quirúrgica junto a la burocracia docente de AdUntref y el rectorado (ambos peronistas) movilizando docentes y graduados afines y todo su aparato a una “asamblea interclaustros” para levantar la toma “que realizaban los estudiantes”, paso necesario para cerrar el conflicto.

¿Por qué un sindicato docente que no convoca a sus afiliados a una asamblea hace cinco años, un centro de estudiantes que fue votado por menos de 100 estudiantes y un rectorado conformado en general por listas únicas movilizan docentes, agrupaciones y graduados afines, todo un aparato universitario, para quebrar a los estudiantes que luchan en defensa de la universidad pública?

La lucha estudiantil enfrenta a Milei y cuestiona a las camarillas universitarias

Todo el régimen político vio en la lucha universitaria un fuego que, si seguía creciendo, podía encender el reclamo, en primer lugar, de los salarios estatales y, a su turno, de todos los trabajadores agraviados del país. Razón suficiente para que las fuerzas políticas tradicionales, sean peronistas o radicales, trabajaran para sofocar y dividir el conflicto a lo largo y ancho del país. Además, a estas camarillas universitarias no les importa ni la oferta horaria, ni los contratos docentes precarios, ni la deserción, ni las becas. Solo defienden sus propios intereses, lo cual es incompatible con la organización autónoma de los estudiantes y la defensa de la universidad pública.

En la Untref, las autoridades precarizan y persiguen docentes, otorgan a dedo las becas del centro de estudiantes, imponen pisos antidemocráticos para elecciones de consejeros universitarios, dominando la universidad de tal manera que puedan desarrollar sus “recursos propios”. Es decir, manejar la universidad como una empresa para “hacer caja” por fuera del presupuesto público, facultad legal instaurada por la Ley de Educación Superior del menemismo.

Con 238 carreras aranceladas (entre ellas, 112 postgrados, 76 carreras de UNTREF Virtual y 5 idiomas con 10 niveles cada uno), con un valor promedio de $60.000 cada cuota, contemplando tan solo 20 estudiantes en cada carrera, las camarillas de la Untref recaudarían unos ¡$285.600.000 mensuales! ¡Y esto sin contar los convenios con empresas que no hacen públicos! Es evidente por qué el rectorado, la burocracia docente y la estudiantil hicieron todo para levantar la lucha. Para ellos, la educación sí se vende y el choque que tuvieron con Milei en algunos momentos del año se debió a diferencias en el tamaño y ritmo del ajuste, así como por el control de estos negociados. Pero cuando la lucha se organiza de forma independiente y empieza a cuestionar a ambos bandos, hacen lo posible para desarticularla.

Reforcemos las autoconvocatorias y el plan de lucha

A lo largo de los 19 días que transcurrieron desde el veto, los estudiantes sacaron muchas conclusiones y el activismo se fortaleció. Es evidente que el centro de estudiantes trabaja en contra y se va a mandar a guardar. La “mesa chica” que deberían conformar las “comisiones y claustros” para convocar una “nueva asamblea” es la declaración final del abandono de la lucha.

Entonces, el problema es qué hacemos los estudiantes. La clave es que los estudiantes autoconvocados se erijan como motor de la lucha, impulsando asambleas abiertas, acciones en la universidad y con otras universidades. Es el momento de tomar la posta y ponerse a la cabeza. En diversas universidades de la zona norte del conurbano, como la Unsam y la Ungs, se preparan clases públicas, movilizaciones distritales y festivales.

Además, la asamblea interuniversitaria realizada el sábado pasado en Plaza de Mayo fue un paso adelante en la organización estudiantil, ya que logró convocar acciones en pos de unificar el movimiento. En ese sentido, se votó una jornada de cortes en todo el AMBA con epicentro en el Obelisco para el viernes 1/11 y coordinar una nueva Marcha Federal Educativa el 12/11. Los grandes ausentes de la jornada fueron las conducciones gremiales y estudiantiles ligadas al peronismo y al radicalismo.

Este lunes 28 está convocada una asamblea independiente en la Untref. Urge resolver un plan de acción junto a los docentes que incluya la puesta en pie de clases públicas, la adhesión a la jornada de cortes de todo el AMBA y la convocatoria a una gran movilización distrital en defensa de la Untref el 1/11. A su vez, es necesario definir una próxima asamblea para decidir democráticamente los siguientes pasos a seguir. Y no olvidemos: ¡El pueblo, unido, jamás será vencido! Vamos que esta pelea la ganamos.

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28/10/2024
CABA

El 4/11 vamos por un gran paro y movilización educativa

Llevemos el rechazo a la reforma, a los cierres de cursos y al ajuste a la presentación de la ministra en la Legislatura.

Ademys.

El lunes 4/11 a las 10 hs. la ministra de Educación Mercedes Miguel se presentará en la Legislatura para exponer el Presupuesto Educativo para el 2025. 

Es una oportunidad para que la docencia y el conjunto de las comunidades educativas le llevemos a la ministra el rechazo de la reforma “BA Aprende” en todos los niveles y los pronunciamientos que firmaron las más de 80 escuelas secundarias; de llevarle el rechazo a los más de 150 cierres de cursos en escuelas secundarias y nocturnas, a los cierres de salas y jardines y de escuelas primarias como la “Indira Ghandi”; de plantar bandera en defensa de la ESI frente al ataque que implica la reaccionaria y disciplinadora “educación emocional”; de reclamar recursos para las escuelas y rechazar el vaciamiento de la educación especial para que haya una verdadera inclusión de nuestras pibas y pibes; de defender una recomposición salarial frente a la pérdida que venimos sufriendo, y reclamar una verdadera titularización y estabilidad laboral para los docentes de nivel superior.

Llevemos estos punto junto al conjunto de los reclamos a una ministra que no visita las escuelas, pero que sí se pasea junto a Macri por los medios de comunicación para anunciar “reformas” que no consultó ni permitió ninguna posibilidad de participación a las comunidades educativas, pero de la que sí fueron consultados y participaron en su diseño “los empresarios”, como la propia ministra declaró en los medios.

Es evidente que el gobierno de Macri quiere ser el mejor alumno de Milei y aprovechar su política de motosierra para avanzar con su propio ajuste y degradación de la educación en la Ciudad.  Pero, así como los estudiantes y docentes están protagonizando un levantamiento con tomas, paros y clases públicas en defensa de las universidades, en la Ciudad en la última semana comenzaron a haber clases públicas en los profesorados y cortes de calle de los estudiantes secundarios contra la reforma y el ajuste presupuestario. Es necesario profundizar estas iniciativas y medidas de lucha y unificarlas en una gran movilización el 4/11, más en momentos que el gobierno está dando a conocer las resoluciones sobre la aplicación de la reforma y se están verificando todas las denuncias respecto a la baja de cargos y pérdida de puestos de trabajo, que viola lo establecido en el estatuto docente, y la perdida de contenidos, materias y degradación educativa que produce.

Es lo que esta impulsando el sindicato docente Ademys, que convocó una asamblea abierta para este martes 29/10 18 hs. en Parque Rivadavia para impulsar la organización de las escuelas, y en la que vamos a proponer, como ya se debatió en la reunión de delegados, la necesidad de convocar a paro el 4/11 para movilizar masivamente a la Legislatura ante la presentación de la ministra. 

Impulsemos reuniones y asambleas por escuelas, semaforazos, cortes y todas las acciones posibles de lucha, y el 4/11 preparemos un gran paro y movilización que reúna al conjunto de demandas de las escuelas para presentárselas a la ministra. 

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28/10/2024
DOCENTES NEUQUÉN

Aten: la “creatividad” del baradelismo le asegura previsibilidad al gobierno

Un ataque a fondo a las asambleas.

Collage Prensa Obrera Neuquén

En los más de 40 años de historia como un sindicato de lucha, que se ganó ser referencia y ejemplo a nivel nacional, las asambleas de Aten fueron protagonistas fundamentales. Pero desde que esas asambleas comenzaron a serles esquivas a la conducción burocrática del TEP (Celeste) su orientación fue tratar de vaciarlas o anularlas.

En muchas ocasiones incluso, la conducción baradelista de Aten denunció la ilegalidad de las mismas cuando eran convocadas por la oposición contra la voluntad de la dirección provincial. Realizaban ese ataque en connivencia con el gobierno que descontaba la jornada a quienes concurrían a las mismas.

Este año cuando durante la huelga de marzo-abril, asambleas masivas rechazaron una y otra vez los intentos del TEP (Celeste) de cerrar acuerdos que consagraban pérdidas salariales, la burocracia decidió curarse de espanto y puso en marcha su “creatividad” para matar las asambleas.

En la huelga a partir del regreso, tras el receso invernal, como las asambleas seguían rechazando cerrar la lucha contra la imposición por ley de un ataque al régimen de licencias y suplencias, la conducción de Aten dio una vuelta de tuerca: acusó de violentas a las asambleas y se retiró de ellas. Pero no logró mermar la masividad de las mismas, sobre todo en las seccionales recuperadas y otras que dirige el propio TEP. De modo que cuando el gobierno convocó a una negociación salarial para todo el año 2025, ofertando unas chirolas más (pero siempre consagrando salarios de bolsillo por debajo de la línea de pobreza y sin retroceder efectivamente en el ataque al régimen de licencias y suplencias), el TEP llegó a la conclusión que si no pudo vaciar las asambleas, podía “crear” un nuevo método de decisión que las neutralizar a. Así impuso, entre gallos y medianoche, la consulta individual a cada docente en las escuelas, mientras se desarrolla la actividad. De tal modo que cada “votante” debe tomar una decisión sobre aceptar o rechazar la propuesta del gobierno sobre una hoja donde se describe solo las “bondades” de la oferta patronal. Cada compañera/o decide sin deliberar, sino en forma individual y aislado de sus compañeras/os.

La “creatividad” burocrática parió las encuestas individuales. A esto le llama “ampliación de la democracia sindical”. Y así pudo asegurarse, entonces, que en el plenario de seccionales del sábado 26 de octubre triunfara la aceptación que da previsibilidad al gobierno para todo el año entrante, ya que tiene en un año electoral, la plena seguridad que los salarios de la docencia y todos los estatales estarán bajo la línea de pobreza, aún con la máxima antigüedad.

En ATE la aceptación se impuso a las piñas y cercenando la voz a quienes se oponían o desconociendo el mandato de asambleas que rechazaban. En Aten se impuso sin golpes físicos, pero golpeando la historia más rica de más de cuatro décadas: las asambleas.

Pruebas al canto

En algunas seccionales dirigidas por el TEP directamente no se convocó a asamblea, todo fue encuesta (Chocón, Añelo, etc.). En otras, a la votación de la asamblea, se sumaron los “votos” obtenidos en las encuestas, los que abrumadoramente favorecieron a la aceptación que buscaba el baradelismo para ir a correr a firmar con la patronal.

En algún Distrito, como forma complementaria de vaciar las asambleas, se instruyó a los directivos para que la asistencia a las mismas sea considerada falta injustificada. Todo un operativo patronal-burocracia.

Algunos ejemplos: en la seccional Cutral Có-Plaza Huincul, que dirige el TEP, donde en la asamblea real la moción de aceptar ganó por 50 votos, se sumaron otros 338 votos provenientes de las encuestas. Lo mismo ocurrió en la seccional Chos Malal donde sumaron 383 votos provenientes de las encuestas. En San Martín de los Andes, las encuestas aportaron 147 votos a la aceptación. En Andacollo 122, en Loncopue 195, en Las Lajas 205, en Aluminé 240, Villa la Angostura 388, Zapala 80, Añelo 137, Rincón de los Sauces 243 y así sucesivamente. A esto el TEP denominó “mayor participación”.

De esta manera el TEP pudo anunciar que la aceptación había obtenido el 70% de los votos. Muy “creativo”. Sin embargo, asambleas reales, numerosas, de seccionales dirigidas por el TEP, votaron abrumadoramente por rechazar la “creatividad” de la encuesta, como es el caso de la seccional Centenario. Algo similar ocurrió en Chos Malal.
Contabilizados por reales asambleístas, el rechazo obtuvo 1.873 votos y la aceptación 1.760 votos. Es decir, ganaba el rechazo.

Esa fue la función que vino a cumplir la “creatividad” de la burocracia, con el auxilio antiasambleas de los funcionarios de algunos distritos que presionaron para vaciar las.

El TEP no quiso arriesgar, a sabiendas que la oferta no contiene una recuperación salarial de lo perdido y que respecto al punto nodal de la ley 3.447 (que liquida el régimen de licencias y suplencias), la oferta es endeble y no definitiva.

La oferta de la “previsibilidad”… para el gobierno

En lo salarial la oferta plantea seguir todo el año entrante con la actualización trimestral por IPC. Por un lado no recupera el IPC de enero (24,5%) ignorado en el actual acuerdo 2024, lo cual consagra (según datos aportados por la misma conducción provincial), que para enero 2025 el salario de bolsillo del maestro inicial ($ 932.216), estará bajo la línea de pobreza….¡de agosto 2024! ($ 1.200.000).
Pero respecto a enero 2025 (punto 7 del acta), se produce un salto al vacío. Resulta que el monto del salario básico (sobre el cual se calcula la antigüedad, la zona, la ubicación geográfica, etc.), depende del valor punto que evoluciona por el IPC.
Pues bien, en el acta se dice que el valor punto de enero 2025 será de 289,4432.

¿En base a qué previsión de la evolución del IPC durante octubre, noviembre y diciembre se basa el TEP, para acordar con la patronal de antemano cuanto sera el valor punto en enero 2025?.

Se basa en la confianza en los datos de IPC a la baja que anuncian tanto Milei como el gobernador. Es decir, descartan sin fundamento real, una devaluación de aquí a fin de año. Más confianza en Milei-Caputo, imposible. El menor repunte inflacionario dejará ese valor punto fijado de antemano, por debajo de la evolución del IPC del último trimestre del presente año.

El otro punto nodal del acta es que por un lado el Tribunal Superior de Justicia sigue dilatando su pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la ley 3.447, la que está en plena vigencia y que la patronal aplica a rajatabla, ya que Salud Ocupacional está desconociendo o recortando a la mitad los días de licencia con reposo laboral que solicitan los profesionales que atienden la salud de las compañeras y compañeros.

Como remedo el TEP presentó (aunque no figura como parte del acta que se aprueba) que el Consejo Provincial de Educación dictó una Resolución (la Nº 1.444) que decide “no aplicar los supuestos indicados en el segundo párrafo del artículo 8º de la ley 3.447”.

Ese segundo párrafo niega la continuidad de la suplencia ante una prórroga de la licencia. Viola directamente el Estatuto del Docente que establece que las suplencias “cubren las prórrogas de las licencias” que cubre el suplente. Está claro que una Resolución del CPE que decide “no aplicar” los postulados de una ley provincial no resiste una orden judicial que lo obligue a aplicar una ley vigente. Es muy endeble como protección a la continuidad de las suplencias ante las prórrogas de licencias.

Pero además, la Resolución del CPE otorga validez legal al Decreto 971/2024 de reglamentación de la cuestionada ley. Ocurre que el Poder Ejecutivo (que presuntamente firmó en agosto pasado, ese Decreto reglamentario) aún no lo publicó en el Boletín Oficial, por lo que es de dudosa vigencia.

El ataque de la ley 3447 está en pie. Lo que dice el TEP está todo en el aire: el TSJ no se pronunció, el Decreto reglamentario no está publicado, una Resolución es una norma de rango muy inferior a una ley provincial, no figura este punto en el acta acuerdo que se aprueba.

No hay previsibilidad salarial, ni de derechos para las y los trabajadores de la educación, el único que obtiene previsibilidad es el gobierno, que con un superávit de más de 300 millones de dólares, la ha comprado por chirolas, con la complicidad del TEP y su “creatividad”.

Las y los trabajadores de la educación tenemos la inmensa responsabilidad de recuperar Aten para aplicar otra creatividad: la de la organización de clase, la independencia política del Estado y los gobiernos y los métodos de lucha.

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06/07/2020

Rectificación del cauce del río Lujan: una obra perjudicial para la cuenca

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha elaborado un plan de obras hidráulicas que comprende diques en la cuenca alta y rectificaciones del cauce en la cuenca media y baja. Pero en abril solamente se adjudicó la canalización del curso medio con un presupuesto de 1.600 millones de pesos.

 

Esta obra forma parte del Proyecto de Implementación del Plan de Manejo Integral de la Cuenca del Río Luján, cuya primera etapa está financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (exCAF) y tiene como objetivo mejorar la capacidad de conducción del río, mediante la implementación de canales complementarios, la ampliación y perfilado de cauces naturales. En este marco, en el mes de abril la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Hidráulica adjudicó la obra de saneamiento hidráulico correspondiente a la adecuación del cauce principal del curso medio del Río Luján para el tramo entre el Ferrocarril Belgrano Norte y la Ruta Provincial N°6. Esta obra consiste en ensanchar y rectificar el cauce del río en tres tramos. Si bien esta obra se realizará en terrenos de Luján y Pilar, también afectará los partidos de Escobar y Campana, ubicados aguas abajo.

 

Estas obras hidráulicas, como solución a las inundaciones, se están abandonando en los países desarrollados por las consecuencias ambientales que generan. Sin embargo, el gobierno de la provincia afirma que los trabajos beneficiarían la región “incrementando la capacidad de evacuación de grandes caudales producto de los excedentes pluviales”. Pero el efecto será inverso; si los meandros del curso del agua se eliminan, en episodios de altas precipitaciones (cada vez más frecuentes debido al calentamiento global), la velocidad del agua se incrementará y arrasará suelo y vegetación. Los humedales tienen un papel muy importante en la regulación de las inundaciones evitando la erosión y protegiendo la costa, al rellenarlos pierden sus servicios ecosistémicos (ambientales), como mitigar el impacto de las crecidas, albergar la biodiversidad y recargar el acuífero, fuente de abastecimiento de agua.

 

La rectificación del curso medio del río impactará directamente sobre la Reserva Natural Municipal de Pilar, y de conjunto en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos que comprende la Reserva Natural Otamendi, la Reserva Natural Río Luján y un sector del delta de Campana.

 

Además, a estas obras que amenazan la zona, hay que agregar el impacto de los countries, barrios privados y los parques industriales. Estos emprendimientos se realizan rellenando ilegalmente los humedales, llanuras inundables y las tierras públicas a la vera del río Luján.

 

Por otra parte, la falta de planes de viviendas sociales obligó a miles de familias a asentarse a orillas del río que sufren inundaciones frecuentemente. Los basurales clandestinos que cuentan con la vista gorda de las autoridades también son un problema, ya que la basura arrasada por el río se atora en las ramas de la vegetación provocando diques de residuos que contaminan el ambiente e impiden la correcta circulación de agua, empeorando así la situación.

 

El Comité de Cuenca de Río Luján, Comilu, que según lo establecido en el artículo 4 de su ley de creación “tiene por objeto la realización de acciones tendientes a preservar el recurso hídrico y a gestionar el mismo de manera integral y sustentable”, fue creado en 2015, sin embargo, al día de hoy, no se ha constituido el Consejo Consultivo Honorario, que es el único espacio que prevé la ley para que la comunidad pueda expresarse.

 

En conclusión, por razones jurídicas, ambientales y socioeconómicas, nos sumamos al reclamo de la Red del Río Luján, oponiéndonos a las obras hidráulicas a realizarse en el curso medio del río.

 

 

 

 

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06/07/2020

Córdoba: familiares de víctimas de abuso reclamarán ante la Senaf

Exigirán que el organismo intervenga en la fiscalía garante de la impunidad en casos como Casita del Hornero y Collegium.

Familiares de víctimas de abuso hacia las infancias en instituciones educativas presentarán, este miércoles 8 a las 9 h, una denuncia ante la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), para exigir su inmediata intervención en la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual N° 1, a cargo de la fiscal Alicia Chirino, por la reiterada aplicación del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental), por medio del cual se avanza en el archivo de las causas y se le niega a las víctimas el derecho a brindar testimonio en Cámara Gesell.


La acción en la sede del organismo, ubicada en Vélez Sarsfield 771, se desarrollará a ocho meses de que se denunciaran  hechos de abuso sexual en el jardín maternal “Casita del Hornero”, ubicado en el barrio Villa Corina al noreste de la capital cordobesa. Esa causa consta de siete denuncias, una de las cuales ya tuvo el veredicto del equipo de peritos a cargo de Laura Beltramino, quienes apelaron nuevamente a la utilización del SAP para garantizar la impunidad; mientras las otras seis aún esperan el resultado de las pericias.


Es un hecho objetivo que el SAP ha sido rechazado tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como por la Asociación Americana de Psiquiatría y diversos organismos, que lo descartan por carecer de validez científica y utilizarse como una herramienta que le resta valor a lo que el niño expone.



A pesar de que el SAP no está reconocido y por tanto no debe aplicarse como una herramienta en los procesos judiciales, la fiscalía de Chirino y su equipo técnico lo han utilizado en innumerables ocasiones para archivar causas. Esta fiscal no solo ha sido responsable del caso “Casita del Hornero”; también ha garantizado la impunidad en los abusos del jardín “Juan Gaviota” y en el caso “Collegium”, donde archivó 16 denuncias  por las mismas razones -en una resolución que fue apelada y se ordenó desarchivar, y por la cual desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, junto a familiares nucleados en el colectivo “Ni Un Niño Más”, presentamos un pedido de enjuiciamiento para su destitución.


Desde el Plenario de Trabajadoras, junto a la Asamblea Ni Una Menos, acompañaremos con una concentración la presentación de las y los familiares. En un contexto donde se incrementan los casos de violencia y abusos contra mujeres, niños y adolescentes, y con un Estado y una justicia que garantiza la impunidad en la mayoría de las causas de abuso sexual, el movimiento de mujeres y disidencias debe tomar una acción de conjunto. Apoyamos la exigencia de justicia y nos sumamos al planteo “yo creo en tu voz” y “ni un niño más”.


Por el fin del abuso infantil y de toda forma de opresión y violencia. Basta de falso SAP. El Estado es responsable.



 

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06/07/2020

Este martes 7, entrevista a Andrés Rieznik, investigador y divulgador científico

Desde las 19.30h, en vivo por Instagram en las cuentas @prensaobrera y @andresrieznik

Este martes 7 a las 19.30 h, como parte del ciclo de entrevistas por Instagram Live de Prensa Obrera, tendrá lugar un diálogo en vivo con Andrés Rieznik.


Físico y divulgador científico, Rieznik forma parte del proyecto de investigación El gato y la caja y conduce en la Televisión Pública el programa La liga de la ciencia. Acaba de publicar el libro Tabú. Neurociencia, genética y moral.


La entrevista, que podrá verse por los cuentas de Instagram @prensaobrera y @andresrieznik, estará a cargo de Martín Vacas Vignolo, licenciado en Matemática y militante del Partido Obrero.


Todes les participantes podrán enviar sus preguntas y comentarios.




 

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06/07/2020

Carrefour: con paro consiguen que se cumplan protocolos para Covid-19

Fue en la sucursal de José C. Paz.

En el día de hoy el local de Carrefour José C. Paz comenzó con un paro completo en Cajas, Salón y Depósito a partir de las siete de la mañana. Para los trabajadores no quedó otra alternativa ante la negativa de la empresa de cumplir sus propios protocolos.


Un compañero con fiebre desde el día 28 de junio fue reintegrado a las tareas sin hacer test ni seguimiento cierto de su estado de salud. El día martes el compañero es diagnosticado con Covid-19 positivo.


La empresa ocultó el caso a los propios empleados y clientes desde el martes a la mañana hasta el miércoles a la hora del cierre, donde envía a los compañeros a la casa más temprano sin informar de nada y proceder a una desinfección clandestina sin ningún control. Se pasaron 48 horas difundiendo virus para no perder facturación.


La propia Subgerencia dio positivo ahora a Covid. A eso se agrega que la empresa no quiere reconocer los contactos estrechos que hubo en el establecimiento. No se sabe cuántos compañeros más están infectados.


A todo esto se agrega que la municipalidad no apareció a pesar de las denuncias hechas por los compañeros.  La connivencia es total y a la vista de las autoridades provinciales y nacionales.


Ante tanta irresponsabilidad los trabajadores fueron al paro y reclaman ir todos a testeado y cuarentena. De poco le valió a la empresa las amenazas, filmaciones del propio gerente para intimidar, e incluso la presencia de un escribano.


Pudo más la unidad de los trabajadores que hicieron cumplir a Carrefour su propio protocolo con medidas de acción directa.




 

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06/07/2020

Universidad de Córdoba: sigue la organización estudiantil

Por tercer jueves consecutivo, el 2 de julio se desarrolló la jornada de visibilización en defensa de la educación pública organizada por la Asamblea Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Esta vez la iniciativa constó de una clase pública y del ya tradicional trueque de apuntes en las escalinatas de Patio Olmos, y finalizó con una asamblea donde les presentes delineamos un curso de acción para reforzar la lucha en defensa de la universidad y por la conquista de todas nuestras demandas.


De la actividad participaron estudiantes de distintasfacultades, docentes y trabajadores no docentes. La UJS se hizo presente junto a compañeres del Frente de Docentes en Lucha y no docentes de la agrupación Naranja. La clase pública tuvo la participación de profesores de la Facultad de Ciencias Exactas, quienes hicieron un abordaje exhaustivo de las implicancias del nuevo software de vigilancia Respondus, contratado de manera unilateral por las autoridades de la UNC, al que se rechaza principalmente por no ser libre, ser poco confiable, interferir en la privacidad de les estudiantes y acceder a la información almacenada en las computadoras.


En el desarrollo de la asamblea se pusieron sobre la mesa las distintas problemáticas que atraviesan a la comunidad educativa como consecuencia de años de ajuste y vaciamiento en las universidades públicas, situación que se ha visto agravada con el advenimiento de la pandemia y la forzosa virtualidad. En primer lugar se estableció la necesidad de reforzar la lucha por el inmediato aumento presupuestario, ante la decisión del gobierno nacional de congelar el presupuesto 2019, que ya ha sido pulverizado por la inflación. También se desarrolló la exigencia de la apertura y el incremento de los montos de las becas, así como de la garantía de la conectividad y los medios materiales para que nadie se quede sin cursar. El rechazo a la cibervigilancia y el pacto con la Universidad del Sentido -inaugurada por el Papa- fue contundente.


Les docentes que se hicieron presentes manifestaron la enorme precarización laboral a la que les arrastra la cursada remota. Mientras ponen los insumos de su propio bolsillo para poder dar clases, se ha eliminado la cláusula gatillo y no hay anuncio de la reapertura de paritarias, lo que implica un masazo a su salario.


Al finalizar se votaron una serie de iniciativas. En primer lugar se resolvió apoyar al apagón docente impulsado por la Conadu Histórica (federación docente) como medida de lucha. También se propuso darle continuidad a las jornadas de los jueves, con una acción el próximo 16 y preparar una movilización para el 28 a la sesión del Consejo Superior. Está instancia es un importante reagrupamiento de la comunidad educativa. Frente la inacción de las agrupaciones estudiantiles ligadas al régimen, el camino es la organización independiente de estudiantes y trabajadores. Sigamos reforzando está perspectiva.


Plata para educación, no para el FMI.

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06/07/2020

Mendoza: vecinos autoconvocados se concentraron en apoyo a los municipales

La concentración de vecinos autoconvocados en la explanada de la municipalidad, en apoyo a la importante lucha que vienen dando los municipales, se realizó hoy por la mañana. Con el adicional de haberse realizado el día después de la represión orquestada por el gobierno provincial y municipal.


Se destacó la participación principalmente de familiares de los trabajadores en lucha y vecinos de las barriadas populares del oeste de la provincia, así como también de miembros de la Coordinadora Sindical Clasista, como Raquel Blas; dirigentes del Sute (trabajadores de la educación), como Pablo Masutti quien fuera uno de los detenidos en el día de ayer, entre muchos otros delegados y activistas.


La acción de hoy es de mucha importancia porque redobla la lucha y además es la antesala de la importante movilización convocada para el día mañana que concentrará en el Km Cero y marchará hasta la puerta del municipio.


Desde el Partido Obrero ponemos todo el empeño en apoyar la lucha de los municipales por el triunfo de todos sus reclamos en curso. Rodear este reclamo obrero debe servir como punto de reagrupamiento para todas las luchas que atraviesa la provincia por el pago de los aguinaldos, pase a planta y salarios dignos.




 

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06/07/2020

Santa Fe: el gobierno retiene salarios de trabajadores esenciales

Además los amenaza con descuentos.

Secretaria adjunta Amsafe Rosario

El gobernador Omar Perotti, una vez más, ataca a lxs trabajadores y jubiladxs provinciales extendiendo el cronograma de pagos hasta mediados del mes, con la excusa de que “la provincia no recauda y que la caja se achicó”.


La bronca de lxs trabajadores estalló rápidamente sobre todo en la docencia. Desde Amsafe Rosario, junto con Ate, se convocó rápidamente a una concentración frente a la sede de Casa de gobierno, en rechazo al cronograma y exigiendo la inmediata modificación, que congregó a más de 250 docentes.


La medida fue justificada por oficialistas y opositores. “Un cronograma extendido de pago, permite que los $25.000 millones de plazos fijos, que expresa el Sipaf (Sistema provincial de administración financiera), tengan tiempo de generar intereses, que serían ingresos necesarios en estos tiempos”. Así lo expresó en su Twitter, Pablo Olivares, el funcionario que llevaba “los números” del Frente Progresista en anterior gestión, y participaba de la mesa técnica salarial.



Deja en claro, que el gobierno de Perotti solo ajusta a lxs trabajadores y que la retención de nuestro salario es una timba financiera solo para beneficio del Estado. Un Estado que ningunea a lxs trabajadores que se encuentran en la primera línea frente a la pandemia. Que no da los recursos necesarios, precariza y pone en riesgo la vida de lxs trabajadores. Un libreto escrito por el FMI, para pagar la deuda.


Perotti y su amiga, la burocracia sindical


En más de cien días de cuarentena, el gobierno provincial no ha respondido a ninguno de los reclamos planteados: paritarias suspendidas, condiciones de trabajo flexibilizadas, docentes reemplazantes sin cobrar. Esto ha sido posible por la tregua que le dio de conjunto la burocracia sindical.


En Amsafe, la conducción de Sonia Alesso actuó a regañadientes a partir de la iniciativa de las seccionales opositoras de Rosario, General López, Belgrano y Caseros, que pusieron en la agenda una medida de acción directa, como el Paro Virtual, de 48 horas de los días 26 y 27 de junio. La repercusión de esta medida a nivel provincial hizo que la burocracia celeste, que militó el boicot a la medida, haya tenido que convocar un paro provincial para el 1 y 2 julio, que impulsó sin entusiasmo.


Entre los estatales la bronca se potenció al escuchar las declaraciones de Cristina Vergara, referente de Upcn en asistentes escolares de la ciudad de Rosario y miembro de comisión directiva. En un audio enviado al cuerpo de delegadxs de Upcn, amenaza a los compañerxs que expresan su malestar con Molina (secretario general de Upcn Santa Fe), justifica al gobierno de Perotti y además deja en claro que desde Upcn hablaron con el gobernador Perotti para que tome represalias con los trabajadores que realicen paro. Es el segundo exabrupto de esta burocracia sindical pejotista, que anteriormente, cuando Amsafe Rosario realizaba su primer paro virtual, salió a tildar de “traidores” a quienes le pararan al gobierno.


La extensión del cronograma de pago generó la reacción de la conducción provincial de Amsafe, de Siprus, y de Sadop, que anunciaron un “quite del crédito laboral” para los días 7 y 8 de julio. La respuesta no tardó en llegar del gobierno a través del secretario de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, que, en diálogo con un medio santafesino, exclamó: “la Provincia va a relevar quién cumple con el servicio”, y continuó: “a quien no cumpla, se le descontará el día”. La medida regiría para “cualquier sector en el que se verifique el incumplimiento del servicio y se adoptará como una política que vamos a mantener en el futuro”, aseguró Pusineri. Un claro gesto del gobierno provincial, de devolución de favores, a su amigo de Upcn.


Por una salida de lxs trabajadores


La pandemia ha expuesto y agravó una crisis que ya estaba en curso. Tanto el gobierno de Fernández, como los gobiernos provinciales, privilegian los acuerdos con los acreedores de la deuda y subsidian a los capitalistas sin atender a las necesidades del pueblo trabajador.


Desde el FIT-U, en la Cámara de Diputados, con nuestra compañera Romina Del Plá y Nicolás del Caño, presentamos un proyecto de impuesto real a las grandes fortunas, con el que se podrían volcar más de $15.000 millones para las cubrir las necesidades de las y los trabajadores. En Santa Fe, significaría que las agroexportadoras, que fugan millones por el Río Paraná, tributen y ese dinero sea destinado para la emergencia sanitaria o por ejemplo para un salario de emergencia de $30.000 para docentes reemplazantes, entre otros. Ya un centenar de delegadxs y activistas de Amsafe Rosario está apoyando este proyecto con su firma.


Desde Tribuna docente, seguimos reclamando en Amsafe, la inmediata convocatoria a asamblea provincial para poner en pie un plan de lucha de toda la docencia santafesina.


Planteamos a todos los sindicatos antiburocráticos, a lxs trabajadores en general, la necesidad de impulsar un plenario provincial de delegados, con mandato de la base, para enfrentar el ajuste del gobierno de Perotti, quebrar la tregua que sostiene la burocracia sindical con el gobierno, y obtener nuestros reclamos.

06/07/2020

Falta de profesionales en terapias intensivas: el colapso del que nadie habla

Principal limitante para la ampliación de camas de terapia intensiva.

Kinesióloga, especialista en terapia intensiva

Días atrás señalábamos en Prensa Obrera cómo el pico de la pandemia empuja al sistema sanitario hacia el colapso, por falta de camas. Un dato en el que queremos profundizar es la dificultad que hay en el país para contar con profesionales especializados en el área intensiva. Este problema tiene un trasfondo de desvalorización del trabajo en el área, profundizado en el sistema público.


En las terapias intensivas se atienden pacientes con diversas patologías, que requieren los cuidados más complejos. Si bien trabajan una cantidad de profesionales y personal no médico, la triada médico terapista, kinesiólogo respiratorio y enfermero resulta indispensable. El trabajo en la terapia intensiva es continuo durante las 24 horas, por lo que la cantidad de profesionales y la intensidad de trabajo no deberían variar a lo largo del día. No debe llamar la atención que esta especialidad no sea la más elegida a la hora de realizar una residencia y, mucho menos, optar por un trabajo estable.



Según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), existen 1.800 médicos intensivistas en el país, alrededor de 1.200 kinesiólogos intensivistas. En cuanto a la Enfermería, el número es más incierto, ya que si bien la especialidad es relativamente nueva y cuenta con 400 egresados, la experiencia profesional abarca a una cantidad de enfermeros más amplia (Página12, 16/4). Teniendo en cuenta la cantidad de camas que el gobierno nacional dice que hay en todo el país, la relación terapista/camas sería de 1:6,3 (cuando la Sati recomienda 1:6) y de kinesiólogo/camas, de 1:9,58 (cuando ese organismo recomienda 1:4).


Nuevamente señalamos que ni las camas ni los profesionales se distribuyen de manera equitativa a lo largo del país, y que, aunque tampoco es algo que el gobierno esté desarrollando con la velocidad que manifiesta, la principal limitante de la ampliación de la dotación de camas es la falta de profesionales para disponerse a cargo de las mismas. Veamos las causas.


¿Cuánto cuesta en tiempo y dinero formarse en el área intensiva?


Las carreras de grado de Medicina y Kinesiología resultan ser las más largas del sistema público, con una currícula que, cumplida en tiempo y forma, dura 7 y 6 años respectivamente. Las residencias suman 4 y 3 años más, con la jefatura opcional.



Si bien las residencias resultan ser la formación intensiva más especializada, tanto para kinesiólogos como para intensivistas la certificación como especialista se otorga luego de completar un curso superior pago. La Universidad de Buenos Aires cobra 41.250 pesos el título de especialista en kinesiología intensivista de 2 años. Formarse en la Sati, tanto para kinesiólogo como para médico (único título habilitante), cuesta más de 60.000 pesos. Los congresos de actualización, cursos y rematriculación tienen costos altísimos que los trabajadores deben pagar con sus salarios. Una vez más, no existe formación de posgrado continua y gratuita, porque el Estado no promueve ni invierte en una salud altamente calificada, sino que esto depende de la voluntad y capacidad de pago de los trabajadores.


24 horas seguidas por salarios de miseria


En cuanto al salario, resulta ser un punto muy importante a la hora de elegir desarrollar tareas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).


En CABA, la devaluación del salario hace que cada vez haya menos trabajadores que soporten la intensidad de las guardias y de las áreas cerradas. Una suplencia de guardia en una UTI de CABA se paga 9.800 pesos las 24 horas en la semana, y el fin de semana se suma un plus que no llega a los 2 mil pesos. El gobierno porteño mantiene a muchísimos trabajadores médicos y kinesiólogos realizando guardias fijas con cargo de suplentes, con un contrato de mayor flexibilidad, ya que si el trabajador se enferma o se toma licencia por descanso, no cobra sus guardias. Además, un titular de guardia cobra alrededor de 56 mil iniciales, un salario bajo, pero casi 17 mil pesos más que un suplente que realiza el mismo trabajo. Sacando cuentas, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta les paga a profesionales ultra especializados, con más de 10 años de formación, entre 400 y 500 pesos la hora, por 24 horas de trabajo continuo. Tampoco se reconoce el trabajo en área cerrada, que muchos trabajadores han judicializado para recibir el plus correspondiente.



En el sector privado, las guardias de fin de semana pueden llegar a pagarse 14 mil pesos a kinesiólogos y hasta 20 mil a médicos intensivistas. Esta es una de las razones por las cuales los trabajadores eligen el ámbito privado, aunque el trabajo termina siendo flexibilizado a través de la contratación por monotributo.


La situación de Enfermería resulta más precarizadora. En el sector público de la CABA, además de no ser reconocidos como profesionales y tener salarios de 35 mil pesos, no hay ningún reconocimiento a la labor ni especialización del enfermero intensivista. Solo algunos servicios han ganado la reducción de la jornada laboral a 6 horas, producto del reclamo histórico de insalubridad. En las clínicas privadas suelen recibir un plus por área cerrada, que ronda el 20% del básico. Pero generalmente, la estrategia es pagárselo a todo el personal, para así poder disponer de rotación de los trabajadores según las necesidades cotidianas.


El estrés y la sobrecarga laboral que genera el área cerrada, sumado a la falta del reconocimiento remunerativo de la especialización y responsabilidad en el área, apuntan también a que los trabajadores no soporten llegar al momento de la jubilación sosteniendo cargos. En el mejor de los casos pueden aspirar a una jefatura de guardia, pero los salarios y las jubilaciones siguen siendo una miseria. En países como España, los profesionales se “retiran” de las guardias pasados los 45 años. Ya que poner el cuerpo y la mente 24 horas seguidas por chaucha y palitos es un costo muy alto que los trabajadores pagan con sus vidas.


Desde Tribuna de Salud creemos que la promoción y prevención de la salud son una pieza fundamental en la defensa de las condiciones de vida de los trabajadores, y que el acompañamiento en los momentos más graves debe ser abordados dentro de un mismo plan estratégico. Es importante fortalecer con recurso humano capacitado todos los servicios de salud, y resulta de suma urgencia cambiar de raíz la formación de grado y posgrado, y las condiciones laborales, para que haya profesionales que puedan desarrollar su trabajo poniendo sus conocimientos al servicio, en este caso, de la pandemia, y no entregando sus vidas.

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06/07/2020

Las Heras: continúa la ola de despidos a los trabajadores precarizados en Santa Cruz

Casi 150 municipales desvinculados en esta semana

José María Carambia, intendente de Las Heras

Alrededor de 150 compañeros municipales se quedaron sin trabajo esta semana en Las Heras. Son  trabajadores precarizados de distintos planes de empleos de la ciudad de Las Heras, Santa Cruz, que cumplían funciones en la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Javier Jara; en Obras Públicas, a cargo de Guatima; en Defensa Civil, donde permanentemente hay rotación de jefes y en otras dependencias municipales. Cuando los empleados se presentaron a cubrir sus tareas les informaron verbalmente que su contrato se había caído, que tenían que ir a Recursos Humanos y ahí el director de Personal les informaba que las ordenes “venían de arriba”.


Se trata de trabajadores/as con dos a cinco años de antigüedad, que cobraban $8.500 por 7 horas de trabajo y que en muchos casos cubrían fines de semana, asuetos y feriados. Pero lo más bochornoso es que en los contratos que ahora rescinden hacían figurar que cobraban $15.000. No les pagaron el mes de junio y la Municipalidad cerró por receso invernal hasta el 26 de Julio.


La modalidad de contratación se denomina PAM (Plan de Ayuda Municipal). Algunos ingresaron del padrón de desocupados de Uocra, varios son monotributistas, quienes quedaron sin trabajo y endeudados con la Afip. Entre ello existe un gran número de mujeres que son el único sostén de familia, violentadas laboralmente en plena pandemia, durante el crudo invierno patagónico y sin sustento alimentario para sus familias. El comedor municipal solo funciona para la entrega de 30 viandas y el ejército, que repartía alimentos en los barrios, se volvió hace tres semanas a los cuarteles.


La mayoría de los compañeros no tiene copia del contrato, ni recibo de sueldo, y sólo algunas lograron sacar fotos a las planillas de asistencia que les hacían firmar. Estamos ante un flagrante caso de fraude laboral.


Régimen de precarización laboral


La tercerización laboral en el Estado no es novedad en Santa Cruz. Desde hace más de dos décadas que el propio gobierno provincial ha cubierto de planes y cooperativas los puestos de trabajo, cuando queda una vacante de personal de planta.


El intendente de Las Heras, Carambia, sigue el derrotero de Aníbal Fernández en Río Turbio con 417 despidos en Ycrt, del intendente Grasso en Rio Gallegos con 120 despidos, del intendente Maimo en Pico Truncado que, represión mediante, también dejó en la calle a 208 familias. Esta semana también acampan frente al municipio de Caleta Olivia los despedidos de la gestión Cotillo.


El ministro de Trabajo, Teodoro Camino, oriundo de Las Heras y férreo adversario político de Carambia ¿no se dio por enterado de estos despidos? ¿No piensa intervenir de oficio?


Alberto Fernández manifestó oportunamente que los empresarios como Techint, que despedían trabajadores en medio de la pandemia, debían ser calificados como “miserables”. Sus aliados oficialistas y sus opositores en Santa Cruz se han sumado a ese repudiable club.


Llamamos a todos los compañeros despedidos a coordinar una jornada de lucha provincial para reclamar al gobierno de Alicia Kirchner y a su ministro de Trabajo el cese de todos los despidos. Exigimos el pase a planta de todos los tercerizados y precarizados, para que dejen de ser “botín de guerra” tras cada elección.





 

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06/07/2020

Río Cuarto: la empresa urbana de transporte viola el marco regulatorio

Pero el intendente Llamosas le prorroga la licencia.

El Concejo Deliberante de Río Cuarto dictó una resolución permitiéndole a la empresa SAT continuar “prestando” el servicio de transporte urbano de pasajeros. Valen las comillas puesto que la firma viene tomando de rehenes a trabajadores y al pueblo en general, dejando sin transporte a toda la ciudad durante meses.


De este modo el oficialismo del PJ, con el voto de una concejal de Cambiemos, le renovó la licencia hasta fin de año. Es claro que la continuidad de la empresa se hace dejando de lado lo que establece el marco regulatorio del sistema de transporte de la ciudad. La sola aplicación del mencionado marco legal terminaría con las chances de que SAT continúe haciendo un negocio fenomenal.


El marco regulatorio es claro al establecer que “los concesionarios están obligados a prestar el servicio garantizando la regularidad y continuidad en todas las circunstancias”. Además el acuerdo señala que serán consideradas faltas gravísimas el abandono de los servicios sin la previa autorización de la autoridad de aplicación. Por el acuerdo que rige la prestación del servicio, la SAT debe “entregar toda información técnica y documentación que la autoridad de aplicación solicite, debiendo ser suministrada en los tiempos y formas requeridos”. Sin embargo nada de lo señalado se cumple.


Durante las gestiones del PJ o las de radicales y macristas la empresa monopólica de transporte siempre salió ganando, cobrando boletos que no guardan relación con los salarios que cobran los trabajadores de la ciudad. Llamosas llegó al gobierno prometiendo que SAT se iba, pasó toda su gestión y la firma se quedó, para seguir “prestando” un servicio carísimo.


A lo largo de la gestión Llamosas la empresa aumentó el boleto un 242 %, y recibe subsidios que maneja a gusto y placer. Como muestra de ello, vale mencionar que los fondos destinados a sueldos son retenidos. También el dinero aportado por el boleto educativo, con el que podían pagar al menos el salario de abril, no lo destinaron al pago de trabajadores. SAT hace lo que quiere con los trabajadores y usuarixs.


SAT tiene una prorroga indebida porque cuenta con la banca del poder político.  El paro que realizan los trabajadores, reclamando grandes porcentajes de meses de salarios y aguinaldo, sin que el intendente y el gobierno de la provincia hagan garantizar acuerdos firmados, da cuenta de la connivencia entre la patronal y quienes gobiernan.


En oposición a la prórroga, el Partido Obrero llama a sacar todas las conclusiones del caso. Para que fin de año sea el final de la SAT es necesario una intervención obrera y popular para reorganizar el sistema de transporte sobre nuevas bases. En esa perspectiva se encuentra el planteo de estatización del servicio bajo control de trabajadores y usuarixs.




 

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06/07/2020

Portezuelo del viento: un debate patronal

Hace una semana el gobernador mendocino Rodolfo Suárez se reunió con sus pares del Comité Interjurisdiccional de Río Colorado (Coirco) y el ministro de Interior, Wado de Pedro. Este consejo está integrado por Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y la Pampa. Las provincias solicitaron la realización de nuevos estudios de impacto ambiental y de audiencias públicas. En el caso de tener que realizarse todo de nuevo, y parece que así será, la provincia de Mendoza se encontraría con un atraso en más de un año solo con los nuevos estudios de impacto ambiental. Est,o lejos de ser un triunfo para la lucha ambiental, coloca en suspensión los proyectos patronales de Suárez y compañía.


Portezuelo es presentado por parte de las patronales de la construcción como una gran obra pública que generaría miles de puestos de trabajo, lo cual no es cierto, pero sí es cierto que es un gran negociado de obra pública que tiene como único benefactor a un solo conglomerado, la UTE Malal Hue, integrada por fondos chinos y argentinos.


Los estudios de impacto ambiental auguran alrededor de mil puestos de trabajo directos, mientras calculan alrededor de 3 mil indirectos con las mejores condiciones, las cuales día a día se demuestran poco concretables. Sin embargo ninguna de estas cosas se encuentra garantizada. Cientos de poblados sucumbieron a los intereses de empresas constructoras que prometieron un nuevo vergel en los territorios donde se instalaban y sin embargo eso no fue posible. En Mendoza funcionan actualmente nueve presas y ninguna de ellas significó una modificación sustancial de las condiciones socioeconómicas de ninguno de los departamentos.


Estos estudios entienden que su impacto en el territorio es enorme, el espacio afectado mudaría una población entera y eliminaría la trashumancia de un territorio que desde tiempos ancestrales viene llevando a cabo esa práctica ganadera. El ecosistema se vería notablemente afectado y las condiciones de vida de los pobladores aledaños dependerían de una intervención del gobierno de varios millones de dólares; los habitantes de Las Loicas (el pueblo afectado) manifestaron su desconfianza ante esto. Las Loicas es un pueblo que practica la trashumancia, un ejercicio ancestral que fue reconocido por la Unesco como patrimonio de la humanidad y que sería eliminado al modificarse no solo la locación del pueblo sino el ecosistema.


Malargüe es el vergel del petróleo mendocino, la mitad de la producción sale del departamento más austral y el 60% de los pozos mendocinos se encuentran allí. Sin embargo, la economía del departamento no ha cambiado significativamente, de hecho la construcción de la represa es presentada como un paliativo que en contextos de regalías y de los puestos de trabajo podría ayudar a recuperar el departamento. Es central comprender que ningún modelo extractivista es una medida salvadora para la población y sí lo es para las compañías beneficiadas que se quedan con las ganancias de los proyectos.


El cambio de gobierno


La obra que data del 2006 fue resucitada durante el gobierno de Macri en pleno auge radical en Mendoza. Un verdadero premio dolarizado por ser la provincia punta en el ajuste, la recesión y en ir perfilando un matriz económica y energética al servicio patronal. Con el cambio de gobierno, Portezuelo se convirtió en un gasto más para un gobierno nacional en crisis. Esta es, además, la oportunidad para darle un golpe fatal al gobierno provincial y lograr repuntar los votos peronistas en la provincia de Cambia Mendoza. Como contraparte, el gobierno mendocino busca elevar su figura luego de ser gestor fracasado de la modificación de la 7.722, presentándose como defensor de los recursos provinciales y proponiendo incluso la separación de la provincia.


Se suma, además, el hecho de que los desembolsos regulares que debiera hacer el gobierno nacional no son la mejor garantía en un proceso de crisis. Cuando se prioriza el pago de la deuda (y el default) que suma semana a semana más concesiones, el pago a una provincia de desembolsos millonarios, no sería la administración más eficiente en términos de capital.


¿Agua para quién?


Las provincias del Coirco no manifiestan sus preocupaciones en términos populares, obviamente, sino que lo hacen en reclamo de las necesidades patronales afectadas por una latente reducción del caudal de agua, de la misma manera en que se encuentra el debate con La Pampa donde se realiza una gran campaña mediática, donde lugares como Santa Isabel se encuentran en total abandono y el gobierno pampeano no hace nada. Es que el reclamo de las provincias afectadas no tiene de ninguna manera un carácter ambientalista como lo quieren pintar, sino que es un reclamo patronal. En sus propias provincias son ejecutores, estos gobiernos, de las prácticas más arrasadoras sobre el ambiente: el desmonte para la soja, los basurales a cielo abierto, la industria petrolera, los incineradores, etcétera.


El reclamo de las provincias, en el caso de dejar afuera los revanchismos políticos, proviene de las patronales sojeras y petroleras que reclaman el derecho de agua del río para sí. En ninguna de las provincias afectadas se garantizan servicios esenciales a la población, como el agua potable o la alimentación a través de la siembra o la protección de los ecosistemas. El activismo debe estar atento a estas implicancias porque si no termina ingresando en un debate patronal.


En Mendoza, particularmente, es de sospechar que no solo el agua, sino la latente energía pasible de ser utilizada, fuera sustento de las explotaciones mineras que se auguraban tras el intento de modificación de la 7.722. Se agrega, además, las cantidades necesarias para la extracción petrolera.


La obra pública negociada


El costo de la obra es de alrededor de mil millones de dólares. Una cifra colosal. Esto en el marco de una gran polémica por el proceso de llamado a licitación y presentación de pliegos que llevó a renunciar a un funcionario público. Es, más allá de fraudes y corrupción, otra vez parte del negociado de la obra pública. Una transferencia colosal de miles de millones a las empresas privadas que no están pensando precisamente en repartir las generosas ganancias a las que acceden.


Es central no solo repudiar la depredación ambiental a costa de las ganancias capitalistas, sino rediscutir la matriz energética y ambiental en función del cuidado de ambiente y las necesidades populares.


El rechazo del Coirco no debe festejarse como un triunfo popular sino que debe colocarse en la comprensión de las necesidades populares; así como la carestía y desocupación, debe enfrentarse con una política independiente de la patronal. La necesidad de un congreso de bases de trabajadores ocupados y desocupados, y la unión de las asambleas ambientales (sea este un llamado a todo el activismo y organizaciones que lucha por la defensa del ambiente) en el debate debe ser clave para no caer en posiciones individualistas. Se hace necesaria una obra pública al servicio de los intereses populares, como lo es la construcción de viviendas para las más de 70 mil familias que esperan el llamado del IPV o los miles de barrios que se inundan o no tienen servicios básicos. El debate de Portezuelo busca entregarse a la población envenenado en la competencia capitalista. y debe enfrentarse con alevosía. Solo una perspectiva alejada de los intereses patronales puede ser la vía de la salvación de la población mendocina y su ambiente.




 

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06/07/2020

Más de 250 artistas y trabajadores de la cultura en la segunda Asamblea Nacional

Se resolvió realizar una caravana nacional, un festival multidisciplinario y más medidas ante la crisis del sector.

Integrante de Trabajadores Audiovisuales Precarizades (TAP)

Este fin de semana tuvo lugar la segunda Asamblea Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Confluimos más de 250 compañerxs de todo el país y debatimos durante más de tres horas un plan de salida para la crisis por la que atravesamos lxs trabajadores del sector.


Días antes, el gobierno había anunciado con bombos y platillos la salida de la Beca Sostener Cultura II. Todxs lxs presentes caracterizaron la medida, a la vez que escasa e insuficiente, como el producto del estado de deliberación y movilización que se desarrolló por la vía de autoconvocatorias, asambleas, acciones de redes y demás medidas de lucha, que actuaron por fuera del inmovilismo que reinó entre los sindicatos del sector en los más de 100 días en que lleva la paralización absoluta de nuestras actividades laborales, y por ende, de nuestros ingresos.


Nuestra Asamblea Nacional viene ofreciendo un canal de movilización a ese movimiento general. Tuvo su epicentro en la concentración realizada en Plaza de Mayo el 25 de junio, donde llevamos nuestros reclamos al centro del poder político. A la deliberación instalada en la sociedad sobre la crisis en la cultura, el gobierno había respondido hasta entonces atendiendo los reclamos de las patronales de la cultura (Tinelli, Suar, dueños de teatros, etc). Nuestra movilización colocó en la agenda el planteo de lxs artistas y trabajadores de la cultura sin ingresos, y particularmente la consigna de los 30 mil pesos.


Sin embargo, la medida lanzada por el gobierno, además de insuficiente, es engañosa: los fondos ($450 millones) provenientes de la Anses son una limosna sobrante de los ingresos familiares de emergencia (IFE) que el gobierno ajustará en el tercer pago de esa ayuda. En la presentación se usa el monto de 30 mil pesos que instalamos con nuestro reclamo, pero con la introducción de un “hasta”, lo que supone que otorgarán becas de distintos montos cuya variación no se aclara. Aunque vaga en sus requerimientos, la beca sugiere una contraprestación laboral. Resultó infectada por el virus del aguinaldo, por lo que será pagada en cuotas: la primera en agosto, la segunda no está claro.



Por otro lado, lleva como requerimiento el ir acompañado de una carta de presentación por una personalidad de la cultura o entidad gremial, así como la sugerencia de que las solicitudes serán analizadas por un jurado cuya composición no está aún establecida, pero que se cae de maduro que integrarán las burocracias de los sindicatos y sociedades de gestión de derechos. Esto coloca en el centro de la cuestión el reparto de esa miseria, y quienes actuarán como los gendarmes de este proceso. Obviamente también es un recurso que desenvaina el Estado para enfrentar al movimiento que surgió como un hervidero desde las bases de los gremios, y tratar de contenerlo a través del corset de las burocracias sindicales.


La Asamblea de este fin de semana destacó el movimiento autoconvocado y las acciones de movilización, en oposición al inmovilismo de la burocracia, como factor de presión sobre el lanzamiento del plan. Realizó la crítica sobre lo insuficiente del anuncio, a la vez que planteó la necesidad de luchar por la universalización de la llegada de la beca a todxs lxs compañerxs. Al mismo tiempo trazó la necesidad de continuar con un plan de lucha por los 30 mil mensuales retroactivos, y por el plazo que dure la parálisis laboral. También cuestionó el monto y origen de los fondos, oponiendo nuestro planteo de gravar a los grandes capitalistas de la industria, las plataformas digitales (OTT) y de streaming, para poder concretar algo indispensable: la triplicación de la partida presupuestaria, para que llegue a todxs lxs que están necesitando urgentemente un subsidio.


La materialización en un plan de lucha muestra la disposición de todxs lxs compañeros del sector por continuar hasta conseguir la satisfacción de sus reclamos. Visto que no nos han recibido en los organismos públicos donde solicitamos reuniones, insistiremos en el reclamo de una audiencia y en la inclusión de los empadronamientos que hemos realizado en la Beca Sostener.


Se resolvió, finalmente, el siguiente plan de acciones:


· Acción en redes y mailazo nacional, la semana del 6 al 10 de julio


· Festival virtual multidisciplinario el 13 de julio


· Caravana nacional el 15 de julio


· Reclamo al Ministerio de Cultura por la inclusión del total del padrón de las Asambleas y organizaciones, para aplicar a las Becas Sostener Cultura II del FNA, sin discriminación ni jurado.


· Realización de asambleas provinciales y/o regionales en el lapso del presente mes


· Comisión de relevamientos hechos hasta el momento de la situación de los trabajadores de la cultura


· Campaña de apoyo a los proyectos de ley “Frente a la emergencia económica de artistas y trabajadorxs de la cultura” e “Impuesto a las grandes fortunas”

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06/07/2020

Neuquén: avanza la Campaña Financiera

Vamos a una gran lucha política por los objetivos planteados

La Campaña Financiera del PO neuquino se encuentra superando el 20% de los objetivos planificados, faltando aún que  ingresen una gran cantidad de aportes internos  y relaciones ante el retraso en el cobro de los salarios que impone el gobierno.


La campaña se desarrolla en un contexto excepcional de la situación política y social de la provincia. Es que en Neuquén se conjuga una vuelta a la fase a 1 por la explosividad de los contagios y una crisis social y laboral de gran magnitud.  Sin embargo, la vuelta a la fase 1 es trucha, porque la mayoría de las actividades económicas se encuentran funcionando, quedando la cuarentena reducida a una fuerte regimentación social, con salidas de la población por terminación de DNI. Por el otro lado, los ataques a los derechos de los trabajadores avanzan de la mano del gobierno de Omar Gutiérrez y los empresarios que operan en la provincia. Es que el gobierno anunció el pago desdoblado del aguinaldo en tres cuotas, la última de las cuales se cobrará recién en el mes de septiembre, lo que en los hechos representa la anulación del mismo. Esta ofensiva, que busca reunir los recursos para garantizar el pago de la deuda provincial dolarizada,  se suma al congelamiento salarial por seis meses, el desfinanciamiento de la obra social, de las jubilaciones y un fuerte recorte en la ayuda social. En el ámbito privado, el cuadro de suspensiones y rebajas salarial es total.  Miles de petroleros están suspendidos cobrando la mitad o menos del salario. Gremios como construcción y  gastronómicos tienen picos de suspensiones. Los trabajadores de comercio no han parado en sus labores,  estando expuestos a los contagios y no cobrando el bono especial de $10.000.



Pero los ataques de la clase capitalista y el Estado tienen una fuerte resistencia de importantes luchas obreras y populares. Fue así que la lucha minera irrumpió en el escenario provincial, reivindicando el método de la ocupación y el corte de ruta, conquistando un ingreso mensual de $30.000; las trabajadoras de Clínica Cutral Co sostienen la permanencia en las instalaciones del establecimiento y han logrado arrancarle aportes económicos a los municipios de la comarca petrolera; los trabajadores de la educación han salido a la calle, con un gran papel de Tribuna Docente, acompañando la lucha de los desocupados docentes, siendo la única agrupación que sostuvo  una concentración en Casa de Gobierno en momentos que se discutía la cobertura de horas y cargos; los trabajadores de Expreso Argentino acampan hace más de 40 días y han logrado una cautelar que obliga a la patronal a pagar los salarios; los obreros ceramistas enfrentan la tentativa del remate de Cerámica, despertando una solidaridad y apoyo de la comunidad enorme.


Los trabajadores de la salud, cuyas denuncias exponen los contagios y la precarización laboral, están organizando comités de salubridad y bioseguridad, por ejemplo en Cutral Co y en Zapala. Las organizaciones sociales y piqueteras, a puro corte de ruta, han logrado obtener beneficios concretos y el activismo estudiantil de la Universidad del Comahue enfrenta un ajuste al derecho a estudiar por parte de la gestión kirchnerista y del MPN que dirige la universidad.


De todas estas valiosas luchas se componen los objetivos políticos  de la Campaña Financiera. Es que en cada una de ellas ha estado el Partido Obrero presente, dirigiendo algunos conflictos y apoyando con todo otros.


Asimismo, el trabajo parlamentario también se inscribe en estos objetivos. Es que con el protagonismo de nuestra compañera Patricia Jure, los proyectos legislativos se encuentran organizando a trabajadores tercerizados de salud, desocupados docentes, trabajadores de la cultura, gastronómicos. Y también, la campaña provincial por casas refugio para las víctimas de violencia de género.


Vamos a una lucha política para garantizar cada aporte comprometido y a completar los debates con cada compañero y compañera. Para ello, nos valemos de ser un partido presente en cada lucha, con los debates de los grandes temas nacionales, la adhesión al proyecto del FIT-U de impuesto a las grandes fortunas y el manifiesto del Partido Obrero que concentra el análisis y nuestro programa para la presente etapa.


Conscientes de las limitaciones objetivas que impone el cobro en cuotas del aguinaldo y el cuadro de despidos, suspensiones y rebajas salariales, están en marcha actividades financieras para que muchos de nuestros contactos y simpatizantes puedan colaborar en diferentes eventos.  El Polo Obrero de Plottier prepara “empanadas piqueteras” y el de la capital provincial una venta de pollos. Los docentes organizan una lentejeada y en el norte, los compañeros lanzan una venta de canelones para aportar al objetivo financiero.


El objetivo de aportes de obreros petroleros, mineros, ceramistas, docentes, de la salud, estudiantes y los desocupados,  muestran a un partido de combate decidido a intervenir para que la crisis la paguen los capitalistas.


Vamos por el 100% de los objetivos.




 

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Liberan al policía que asesinó a sangre fría a un joven en la Isla Maciel

La jueza alega que el asesinato de Lucas Barrios por el efectivo Nicolás Rendichi fue "homicidio con exceso en la legítima defensa”.

En las últimas horas, y pese a la oposición del fiscal que interviene en su causa, el policía federal Nicolás Rendichi fue puesto en libertad


Hace poco más de un mes, el día 30 de mayo, Rendichi había asesinado brutalmente al joven Lucas Barrios, de 18 años, a metros de la cancha de San Telmo (en la Isla Maciel, en el partido bonaerense de Avellaneda). El efectivo le vació el cargador y hasta le disparó la bala de la recámara a Barrios, que perdió la vida en el Hospital Fiorito tras recibir un total de 18 impactos.


El hecho se produjo luego de que Rendichi coordinara con Barrios la compra de una consola PlayStation vía redes sociales. Según la versión del agente, el día de los hechos llegó a la calle Pinzón al 1500, se bajó de su auto particular en el cual lo acompañaba su hermano y se encontró con Barrios, que le pidió que lo siga en un pasillo. A la brevedad habría aparecido un tercero, armado, que en presunta complicidad con el vendedor de la consola se aprestó a robarle. Allí el efectivo desenfundó su arma reglamentaria, lo que motivó que el tercero en cuestión efectuara “al menos 4 disparos”. Pero en los hechos, Rendichi disparó todas las balas que tenía a Lucas Barrios.


Desde el primer momento, la versión del policía fue por demás incongruente. En primer lugar, claro que no pudo explicar por qué la víctima mortal fue Barrios. Pero tampoco por qué llevaba consigo el arma reglamentaria si no se encontraba desempeñando funciones. Tras los sucesos, Rendichi acudió por sus propios medios a la comisaría primera de Avellaneda a denunciar intento de robo, tras lo cual quedó detenido y bajo indagatoria por disposición del fiscal Elbio Laborde de la UFIJ descentralizada número 3 del distrito, caratulando la causa como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.


Pese a la oposición del Laborde, ahora ha sido puesto en libertad por disposición de la jueza de Garantías Brenda Madrid, que modificó la carátula del caso a homicidio con exceso en la legítima defensa, un delito más leve.


El padre de la víctima, David Barrios, hizo una serie de declaraciones al respecto. En primer lugar, denunció que se está tratando de dejar el crimen “en la nada”. Pero agregó también que él se encontraba trabajando a 30 metros del lugar de los hechos, y ratifica que no hubo enfrentamiento, sino que todas las detonaciones provinieron del arma del policía. Peor aún, que primero le disparó a su hijo reiteradamente en la pierna, destrozándole el hueso, ante lo que había quedado inmovilizado y reducido. No obstante, Rendichi se dirigió a su auto, del cual volvió a bajar posteriormente para darle el último disparo, en el pecho, a Barrios. Todo mientras personas presentes en el lugar le gritaban incesantemente que deje de disparar (Télam, 4/7)


Se hace notorio entonces que la liberación de Rendichi y el cambio de carátula de la causa apuntan a garantizar una impunidad escandalosa. Y esto no es casual. Tan solo en las últimas horas se produjeron en el país la represión en Mendoza a municipales y dirigentes sindicales, un caso de gatillo fácil en Córdoba y la represión a vecinos de La Plata que protestaban ante un prolongado corte de luz con perdigones y balas de goma.


Hay indudablemente un crecimiento feroz de la violencia policial y el gatillo fácil, que es consecuencia directa del reforzamiento del aparato represivo del Estado. Montados en el control de la cuarentena, tanto el gobierno nacional como gobernadores e intendentes -inclusive de provincias y localidades donde la misma ya no rige tan estrictamente- han acrecentado el despliegue de la presencia policial, que actúa con una brutalidad cada vez mayor.


Mientras la crisis se agudiza, se delinea cada vez más claro un plan integral de descargar el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y sectores populares -ataque a los ingresos jubilatorios, aguinaldo en cuotas para estatales y según la voluntad de las empresas en el sector privado, suspensiones, recortes salariales y despidos supuestamente prohibidos que no cesan.  Este auténtico plan de guerra no puede ser llevado a cabo sino a través de echar mano a las descompuestas fuerzas represivas del Estado, que envalentonadas siguen acumulando casos de gatillo fácil y abusos de todo tipo.


La lucha por acabar con el régimen del gatillo fácil es indisociable entonces de la lucha porque los trabajadores no paguen la crisis. Es por eso que el conjunto de los explotados del país tienen que erigir un programa propio de salida, donde el desmantelamiento del aparato represivo sea entonces una consigna de primer orden.

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06/07/2020

Nueva oferta por la deuda: crónica de una entrega anunciada

Festejan en la bolsa y Wall Street ante la magnitud de las concesiones.

En el día de hoy el gobierno argentino presentó una nueva propuesta para la reestructuración de la deuda ante la SEC, el organismo norteamericano en la materia. Aunque todavía no se conocen oficialmente las opiniones de los acreedores, los rumores hablan de una recepción más que aceptable que entusiasma al ministro Martín Guzmán y que seguramente se traducirá en la suba de los bonos argentinos en la bolsa local.

La reacción del mercado financiero está más que justificada. El gobierno argentino está ofreciendo u$s53,3 de valor presente neto (VPN) para los bonos emitidos durante el gobierno de Macri, cuando buena parte de esos valían u$s29 y por los cuales el gobierno había comenzado ofreciendo u$s39 en abril, lo que ya había sido percibido por el mercado como una oferta más benevolente de lo que se esperaba. Incluso estos cálculos sobreestiman la tasa de descuento, por lo que el valor de salida de los nuevos títulos podría ser aún mayor. Pero estas estimaciones solo representan el cálculo de la ganancia inmediata de los fondos de inversión, que omiten que la quita de capital es casi inexistente, por lo que si mantienen las tenencias hasta la fecha de vencimiento cobrarán u$s98.

Esta la tercera oferta “mejorada” que se hace pública, es decir que estamos frente a una capitulación de la capitulación. La nueva oferta achica considerablemente los plazos de repago. En lugar de los tres años de gracia solicitados en un comienzo, ahora se pagarían intereses desde septiembre de 2021. Además de una concesión financiera, este aspecto opera como una garantía de que se ejecutará el ajuste necesario durante el mandato de Alberto Fernández. Además, la enorme mayoría de los nuevos bonos culmina los pagos de la totalidad del capital para 2030 y 2035.

La situación se agrava aún más si nos detenemos en la oferta a los dueños de los bonos emitidos por los gobiernos kirchneristas en los canjes de 2005 y 2010, dado que a ellos se les ofrece u$s57,5 y conservar todas las normas que operan a su favor en lo que se conocen como las CAC, las cláusulas de acción colectiva que determinan las condiciones en las cuales los bonistas pueden litigar en caso de incumplimiento de los pagos.

Este punto es mucho más que un detalle. Los medios informan que las negociaciones con BlackRock están interrumpidas justamente porque este fondo pretende que todos los nuevos bonos ofrecidos contemplen esos beneficios de los bonos emitidos durante el kirchnerismo, a diferencia de los emitidos a partir de 2016 que incluyen las llamadas “cláusulas antibuitre”.

O sea que los bonistas que tienen títulos del macrismo reclaman igual trato que el que obtuvieron los acreedores en tiempos del canje de los “nacionales y populares”, que tuvieron a Néstor Kirchner y Lavagna como protagonistas. Sin embargo, estas pretensiones de BlackRock y su comité de acreedores Ad Hoc se contraponen a toda la jurisprudencia internacional en materia de reestructuraciones de deuda de la última década, cuando a nivel mundial la propia burguesía decidió poner un coto al abuso de los acreedores sobre los países quebrados.

La historia sin fin

Junto con la nueva propuesta, el gobierno nacional ha extendido una vez más el plazo de vencimiento de la oferta, otorgando tiempo para decidirse hasta fines de agosto. Más allá de la dilación, la realidad es que Argentina se encuentra en default de la deuda en dólares y los titulares de una parte de la deuda macrista ya se encuentra en condiciones de presentar en los juzgados de Nueva York la cláusula de aceleración, que implica que el gobierno debe pagar todos los intereses de esos bonos. Una fecha por demás importante será el 31 de julio, cuando los bonistas “K” entren también en condiciones de litigar. Es decir que somos rehenes cada vez más apretados y el tiempo lo ganan los lobos de Wall Street, no nuestro país.

De todas maneras, las presentaciones judiciales no son la variante más probable que se baraja en estos días. Para evitarlo el gobierno ha reculado sobre cada uno de los ítems de su propuesta inicial: la quita de capital que desde el primer momento fue baja, ahora es prácticamente nula; la baja de los intereses viene siendo cada vez menor, triplicando la media internacional; y finalmente el plazo, como dijimos se acorta.

Para colmo de males, un nuevo “endulzante” para quienes ingresen ahora al canje, es incorporar un bono que pague los intereses acumulados durante el periodo de negociación. Recordemos a su vez que Argentina ya aceptó que vuelvan los monitoreos del FMI en el marco del famoso Artículo IV, y según trasciende los fondos mantienen en la mesa exigencias coloniales como garantías sobre las exportaciones.

Sin embargo, todo esto no sería suficiente para BlackRock y los grupos que lo acompañan en la negociación, que siguen amenazando con juicios y que de conjunto pueden vetar el acuerdo. Mientras la estrategia oficial es intentar dividir al grupo entregando cada vez más y más concesiones, el fondo de inversión más grande del mundo se mantiene firme especulando con que el planteo de que “es todo lo que el país puede pagar” ya se flexibilizó dos veces.

Los bonistas le tomaron el tiempo al gobierno, saben que está dispuesto a entregar lo que no tiene para llegar un acuerdo porque es un reclamo común de toda la burguesía que opera en el país. Algunos han estimado que lleva cedidos unos 15.000 millones de dólares en lo que va de la negociación, cumpliendo la mayoría de las demandas de los acreedores, que nuevamente se enriquecen a costa de una política que condena al hambre a millones de trabajadores.

https://prensaobrera.com/politicas/cual-es-el-precio-de-la-reestructuracion-de-la-deuda-externa/

 

¿Sustentabilidad?

El gobierno lanzó su primera oferta poniendo como condición la sustentabilidad de la de deuda, luego de que el propio Guzmán manifestara que era “impagable”. Por iniciativa oficial se trató en el congreso de una ley, que con el lema de la sustentabilidad fue apenas una maniobra para mostrar el compromiso de todos los partidos patronales con el saqueo. Ahí, solo el Frente de Izquierda denunció que el sometimiento del país al pago de la deuda externa es incompatible con su desarrollo, y votó en contra.

Desde el primer momento el gobierno recibió el apoyo del Fondo Monetario. Ocurre que el organismo internacional es parte interesada en la negociación de la deuda con los privados, porque una vez que se haya llegado a un acuerdo con ellos será la hora de sentarse a negociar los nada menos que u$s44.000 millones que se deben al FMI. El gobierno vendió la especie que “a peor arreglo con los bonistas, menos recursos para el Fondo”, y que el organismo había puesto un límite de lo que Argentina podía pagar en u$s50 de VPN. Pero ya vemos que no es así, han ido más lejos, con la anuencia del FMI que luego será el encargado de garantizar los planes de ajuste. Como dijimos más arriba, la oferta actual excede ese valor que ya de por sí implicaba un salvataje enorme a los acreedores.

La deuda en dólares bajo legislación local también será reestructurada. Se trata de otros u$s15.000 millones a los cuales el gobierno promete otorgar las mismas condiciones que se acuerden con los bonistas de ley extranjera, aunque en este caso no existe la posibilidad de litigar en el extranjero.

Teniendo en cuenta la totalidad de la deuda -y no solo la negociación actual- la pelea de los fondos por las condiciones para litigar en caso de incumplimiento de los bonos nuevos toma otro color, porque son quienes ahora se van a beneficiar de la entrega del gobierno argentino. Son los más conscientes de que el pago de la deuda argentina es completamente inviable y que este acuerdo sienta las bases del próximo default.

Es necesario rechazar esta política colonial de entrega de los recursos nacionales, contraponiéndole el no pago de la deuda externa como el puntapié inicial para un desarrollo industrial del país sobre nuevas bases sociales.

 

 

 

 

 

 

 

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06/07/2020

Cortes de luz en Florencio Varela en medio de la catástrofe sanitaria

En los últimos días miles de vecinos de los barrios de Florencio Varela han sufrido cortes de luz. Muchos de ellos con problemas de salud graves que requieren de electricidad para enfrentarlos ya que son personas electrodependientes. Desde luego que los barrios afectados están habitados por familias de trabajadores, muchos de ellos desocupados o cuentapropistas, cuyas situaciones se han agravado como resultado de la enorme crisis que se está descargando sobre las condiciones de existencia de la mayoría laboriosa. Los barrios afectados por los sucesivos cortes de energía eléctrica son el 5 de Enero, Villa Vatteone, La Sirena, Zeballos, Villa Aurora, San Jorge, 9 DE Julio, San Francisco, Km 26, Santa Inés, El Rocío y Luján, por solo nombrar algunos de los 58 barrios afectados. La gravedad es enorme, en circunstancias en que en el distrito hay 1.197 casos de Covid-19, que según el pronóstico de la Secretaría de Salud del municipio tiende a duplicarse en julio.


La empresas privatizadas de energía se quejan de su situación financiera y buscan un nuevo incremento tarifario. Esta es la excusa para provocar los cortes, pero cabe señalar la casi nula inversión en la mejora de la red eléctrica, a pesar de la alta facturación que en el caso de Edesur le ha permitido ganancias operativas en 2019 de $12.600 millones, como resultado de aumentos tarifarios enormes, en el orden del 5.000% entre 2015 y 2019.


El municipio conducido por un albertista Andrés Watson hace la maniobra clásica: intima a Edesur, denuncia al Enre, pero la situación no se resuelve, lo cual expresa la enorme ineptitud del Estado capitalista, en cualquiera de sus jurisdicciones, para resolver algo tan elemental. Lo que ocurre es que la compañía privatizada goza del beneplácito y protección de éste y todos los gobiernos y resulta intocable. Los vecinos de algunos barrios ya han salido a cortar las rutas con el ánimo de resolver este problema. Hay que partir de ese ánimo de lucha, potenciarlo y unificarlo, como así también dotarlo de un programa y una perspectiva: es necesario declarar la inmediata emergencia energética, lo cual supone la formación de cuadrillas especiales de trabajadores que recorran los barrios para encarar la solución de los cortes de luz, que se abran puestos laborales efectivos que amplíen las dotaciones de trabajadores, tanto como sea necesario para afrontar la emergencia; que se termine con la tercerización laboral; que se abran los libros contables de la empresa para que una comisión obrera investigue donde han ido a parar las ganancias, que Edesur sea expropiada sin compensación bajo gestión de los trabajadores.





 

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Caravana contra el cierre de Austral

Desde la esquina del exzoológico partió una caravana de autos contra el cierre de la empresa Austral y su fusión con Aerolíneas Argentinas.

Como el pasado 24 de junio, en el aniversario de la creación de Austral, los trabajadores salen a movilizarse contra una “fusión” flexibilizadora que busca desguazar la empresa (“se crearán 2 unidades de negocios: un proyecto de mantenimiento y reparación de aeronaves a terceros y el desarrollo de una unidad de carga para el traslado de mercadería. Ambas, con una lógica y como modelo de negocios independiente”) y a su vez atacar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores actuales de Austral ( “tenemos que adaptar las condiciones de trabajo a los estándares de la industria, para competir en condiciones de igualdad con las compañías de la región. Esto implica revisar las cláusulas de los convenios que quedaron obsoletas”).

 

 

La fusión de Austral con Aerolíneas se da en le marco de un ataque a todos los trabajadores aeronáuticos con las rebajas salariales y los despidos (como en Latam).

De la caravana de autos está participando la Agrupación La Pista y la Coordinadora Sindical Clasista. Ileana Celotto, secretaria general de Agd-Uba y dirigente de la CSC, envió desde el lugar una crónica:

 

 

https://www.prensaobrera.com/politicas/69856-fusion-aerolineas-austral-desguace-tercerizacion-y-ataque-a-los-convenios

 

 

 

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06/07/2020

En el Instituto de Formación Docente N°113 nos preparamos para los talleres de ESI

Por una Educación Sexual Integral laica, científica y respetuosa de las diversidades.

Desde la agrupación Mariano Ferreyra (UJS + independientes), actual conducción del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente N°113, estamos impulsando un masivo taller de Educación Sexual Integral (ESI) que contará con varies oradores y comisiones en las que se van a abordar temas como la violencia hacia la mujer, el rol que juega el Estado, el aborto, la trata de personas y la libertad sexual en este régimen social, entre otros.


Será a partir del 16 de julio. A días de comenzar, ya son decenas les estudiantes que se anotaron a través del formulario.


La UJS, en conjunto con Tribuna Docente, hemos lanzado la campaña “La ESI no se toma cuarentena”, para exigirle al Estado que garantice la implementación de la ESI en el marco de la cursada virtual y volver a colocar en agenda la lucha por la conquista de una verdadera educación sexual de carácter laico y científico, que incluya como primer paso la modificación de la limitada ley actual, y que abra el debate de sus contenidos.


En el año 2006 se aprobó la Ley de Educación Sexual (26.150), pero es al día de hoy que los institutos educativos carecen de su implementación, o bien se aplica sin contemplar las diversidades sexuales, los embarazos no deseados, con recursos escasos y una apología de la regimentación del cuerpo de las mujeres. El Isfd 113 no es la excepción: en nuestro instituto solo recae en el último año de algunas carreras, simplemente como una materia con un módulo por semana y en muchos casos dependiendo de la predisposición de les docentes, haciendo que tanto éstos como les estudiantes estén obligades a formarse por fuera del horario laboral o de cursada, teniendo que acudir incluso a cursos arancelados por la falta de oferta gratuita. Además, no existe un protocolo con respecto a los casos de violencia de género, discutido por toda la comunidad educativa.


Participemos masivamente


Es fundamental continuar la lucha por una ESI laica, científica y respetuosa de las diversidades, el aborto legal seguro y gratuito y la separación de la Iglesia y el Estado.


¡Te invitamos a que te sumes!



 

06/07/2020

Ennio Morricone: la ternura y la violencia de la historia, en música para imágenes

El compositor italiano murió este lunes 6, tras una extraordinaria carrera como musicalizador de cine, que tocó todas las notas del devenir social.

“Todas las músicas que he escrito las hice con gran amor, algunas mejor logradas que otras. Pero las recuerdo todas como si fueran hijos. Si hay un hijo más bravo, más bello, para mi son todos iguales”, sostenía Ennio Morricone en una de sus últimas entrevistas, y ¿quién podría decir que no es así?


Es que es imposible atravesar una escena musicalizada por el maestro, que hoy se fue a los 91 años, con el cuerpo indemne.


Se fue habiendo compuesto más de 500 películas y series, de haber trabajado con autores como Pier Paolo Passolini, Brian de Palma, John Carpenter, John Boorman, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Terrence Malick y Gillo Pontecorvo, y de imprimir en la conciencia popular una buena cantidad de leit motivs indelebles, como ese “tuturu tu tún” de El bueno, el malo y el feo que se volvió sinónimo del western, de su polvo y su tensión.


Fue con el director de ese clásico, Sergio Leone, aunque algunos años antes, que dicen que Morricone entró para siempre en su liga única. Según recuerdan en un rico especial del podcast Banda Sonora Original dedicado al compositor, Leone le encargó para Un puñado de dólares, del año ‘64, una música que recuperase la cantinela de sonidos metálicos que había escuchado de otras piezas, y que volvería a hacer sonar en otras películas del género.


Hablamos del spaghetti western, del cual tanto Leone como Morricone son figuras centrales, y que tuvo en Un puñado…  su definitivo lanzamiento para masas. La confluencia de director y compositor aparece tan mágica como necesaria: hoy cuesta separar a la potente banda sonora de Morricone de esta resignificación italiana del género, que venía a teñir con el realismo sucio y ese maridaje entre crudeza y belleza, tan propios de los tanos, un género nacido por el contrario para ensalzar las virtudes de la “civilización” moderna sobre la “barbarie” india. Leone y otros autores del subgénero (con los que también trabajó Morricone) cargaban de personajes cínicos, de héroes egoístas, lo que había sido el terreno (no exclusivo, pero terreno al fin) de cowboys ejemplares -mientras, merece decirse, también en Norteamérica se operaba un vuelco, con el desarrollo del oscuro “western crepuscular”. Un bello y buen fin de toda esta trama es la musicalización de Morricone para Los odiosos ocho, de 2015, en que Tarantino indagará con sus particulares gestos sobre la violencia de origen del Estado norteamericano.


Las pocas definiciones políticas de Morricone -algún apoyo a Matteo Renzi y Barack Obama, y su alegría por ir a recibir un premio “de los Reyes de España”- no opacan algunas decisiones laborales, mucho más interesantes, dejando su música en películas afines a los explotados. Son esas melodías familiares al thriller en la entrada a la fábrica de La clase obrera va al paraíso, que anticipan el accidente laboral, y las estridencias que acompañan las labores fabriles de un trabajador -aún- sin conciencia de clase. Es el tenso sonar del suspenso en la redada de los militares franceses de La batalla de Argel, y el triste tono con que acompaña en ella a un condenado a muerte, en su camino a una guillotina que ha pasado de ser instrumento del terror revolucionario jacobino a herramienta de la opresión colonial. Son esos coros cual liturgia cristiana en Teorema, ese escupitajo de Passolini a la moral cristiana de los burgueses. Es el conmocionante piano que acompaña el viaje en tren en Sostiene Pereira, drama de resistencia basado en la novela de Tabucchi sobre la Portugal del dictador Salazar. Son los violines dulces en la comida pobre de la familia campesina, en esa recorrido sobre el ascenso del fascismo que es Novecento.


En el citado podcast BSO se habla de un Morricone dulce, con el sonar conmovedor de cuerdas y de los vientos en que se formó (dio sus primeros pasos, de joven, como trompetista), en films como Cinema Paradiso, y uno estridente, de graves marcados y arreglos de piano tensionantes, que recorre films como Los intocables de De Palma.


Y en todos esos registros, en las decenas de géneros, en los miles de imágenes y acordes, Morricone aparece -y seguirá apareciendo- con toda su ternura, su épica y su crudeza. Trama sonora potente, huella y hermana de la violencia, y de la esperanza, de la historia.



 



 

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06/07/2020

Primer caso positivo de Covid-19 en la fábrica Campo del Tesoro de Pilar

Delegado de Campo del Tesoro Pilar por la Asociación de Trabajadores Unidos de la Carne (Atuc)

Se confirmó el primer caso positivo de coronavirus en la fábrica Campo del Tesoro, ubicada en el parque industrial de Pilar, que se dedica al procesamiento de carne. El compañero se encuentra aislado en su casa. Sin embargo, la patronal se niega a realizar los hisopados de los trabajadores que tuvieron contacto con el contagiado.


Esta situación no es un hecho aislado en el parque industrial de Pilar, todos los días se confirman casos de trabajadores que se contagian producto de la política del gobierno nacional, provincial y municipal, los cuales le permiten a las patronales continuar con la producción cuando no se cumplen los protocolos de seguridad e higiene.


Reclamamos a la patronal de Campo del Tesoro Pilar que se hagan los tests a los trabajadores que tuvieron contacto con el compañero infectado y comparten el turno, para prevenir la propagación del virus. Esta tarea la tiene que realizar nuestra ART, la cual no está dando las respuestas ante esta situación.


Los trabajadores de Campo del Tesoro enfrentamos una ofensiva de la patronal sobre nuestros salarios y  condiciones de trabajo. La empresa no pagó el aguinaldo a los trabajadores que están de licencia por ser grupo de riesgo frente a la pandemia de coronavirus. Esta decisión es un ataque al conjunto de los trabajadores de la planta ya que representa un castigo a los que tienen una enfermedad y no pueden concurrir al lugar de trabajo.


El pago del aguinaldo se calcula en forma proporcional a las horas trabajadas y los sueldos de los últimos meses. En nuestro caso hemos recibido un recorte salarial por la aplicación de la garantía horaria por parte de la empresa, la cual no correspondía, ya que la producción nunca paró en la planta.


Esta decisión cuenta con el aval de los paritarios de la federación de la carne, que han pactado con la patronal sin consultar a los trabajadores.


Debemos rechazar este ataque a nuestro aguinaldo. Reclamamos a la federación de la carne asambleas para rechazar esta decisión de la patronal en defensa de los puestos de trabajo, el salario y nuestra salud.


Los trabajadores de Campo del Tesoro Pilar somos los que vamos a defender nuestro trabajo y nuestra salud y la de nuestras familias.



 

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¡Aparición con vida ya de Facundo Castro!

No se sabe nada desde el 30 de abril, está implicada la Bonaerense.

Facundo Castro

El 30 de abril, Facundo Castro salió desde la localidad de Pedro Luro (partido de Villarino) rumbo a Bahía Blanca, donde pretendía encontrarse con su expareja.

Según versiones oficiales, fue detenido por un retén policial en la vecina localidad de Mayor Buratovich. Allí le labraron un acta, ya que no contaba con un permiso de circulación en el marco de la Aspo, constataron que poseía domicilio en Pedro Luro y lo dejaron seguir rumbo a Bahía Blanca.

El 4 de junio, la madre de Facundo radica la denuncia en la comisaria de Pedro Luro, e interviene la  ayudante de fiscal de Villarino bajo la carátula de “averiguación de paradero”.

En la causa, las declaraciones de los testigos son contradictorias y aparecen varias incongruencias. La versión policial que fundamentó la investigación por “averiguación de paradero” fue dada por los oficiales Curruhinca y Sosa, quienes declararon haberle labrado el acta por infracción a la cuarentena en la localidad de Buratovich. Si bien el acta dice que lo encontraron dentro del pueblo, en la declaración que figura en la causa dicen que fue un retén en la ruta. Asimismo, el  15 de junio ordenaron el primer rastrillaje, resultando infructuoso (la banquina acababa de ser arada). Ese mismo día, la Policía le dio a la familia otra parte de su versión, que hasta ese momento desconocía: la oficial Xiomara Flores, vestida de civil, había llevado a Facundo en su auto particular hasta la siguiente localidad, Teniente Origone. Esa versión fue apoyada por otro policía, quien declaró haber detenido a Facundo en Origone a raíz de una denuncia anónima por violación de la cuarentena, y lo habría dejado continuar rumbo a Bahía Blanca luego de requisarlo. Para sostener esta versión, la Policía presentó varios testigos y relatos, pero su expareja asegura que Facundo nunca llegó a destino y que tampoco logra comunicarse con él desde el 30 de abril.

Las alarmas se encendieron cuando tres testigos se comunicaron con familiares de Facundo. Los tres sostienen haber visto a la Policía subir a Facundo a un patrullero, a tres kilómetros del lugar que indicaron como punto de retén aquel 30 de abril. Los tres se habían presentado para declarar pero nunca fueron convocados por la Policía.

El 2 de julio, su familia presentó una denuncia penal por “desaparición forzada” en la justicia federal, solicitando que se aparte a la Policía Bonaerense de la investigación. Finalmente, también se sumó como querellante la Comisión Provincial por la Memoria, con el mismo pedido de desplazar a la Bonaerense. El historial de hostigamientos policiales contra Facundo, al que hizo referencia su madre, agrava aún más las sospechas de una desaparición forzada a manos de la Policía.

Desde que comenzó el aislamiento obligatorio, las redes sociales han dado cuenta de los reiterados abusos y humillaciones perpetrados por las fuerzas que componen el aparato represivo del estado, a lo largo y ancho del país, sin distinción del color político del gobierno de turno.

Repudiamos el accionar de la Bonaerense de Kicillof y Berni. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de Facundo. Por una comisión investigadora independiente, conformada por los familiares y Organismos de Derechos Humanos. Apertura de los libros de todas las comisarias, bajo control de vecinos, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, para determinar las distintas responsabilidades por parte del Estado. Llevamos más de 60 días sin saber de Facundo. ¡¡Exigimos aparición con vida YA!!

 

 

 

 

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06/07/2020

Salta: paro en la minera “Manufactura de los Andes”

Ante la amenaza del Covid-19 y la falta de medidas de protección.

Se paralizaron las actividades en esta planta industrial minera ubicada a 4.000 m sobre el nivel del mar, cerca de Olacapato, desde las 6 hs. de este lunes. Es que a la inquietud por la falta de medidas de protección, se agregó el hecho de que en la minera Exar, que trabaja en esa zona, se confirmaron dos casos positivos de coronavirus.


A continuación un resumen de los puntos del petitorio:


1. Se solicita que se realicen los controles médicos pertinentes (PCR).


2. En el caso de que el personal entrara en aislamiento, se le pide a la empresa la cobertura total del sueldo.


3. Entre los días 3 y 4 de este mes ingresaron dos equipos con azufre provenientes de Chile, pasaron por Olacapato y al día siguiente regresaron a la planta a descargar el azufre y cargar nuevamente el producto terminado; a todo esto a los choferes no los hicieron cumplir con el aislamiento obligatorio.


4. La empresa no cumple con todos los protocolos correspondientes, como ser la entrega y el uso de los barbijos obligatorios, el uso de los guantes de látex, lo mamelucos Tíbet en el caso de la carga de producto terminado, el alcohol en gel en cada sector.


5. No cumple con la entrega de los certificados médicos correspondientes al ingresar al predio de la planta, como ser a todos los choferes y el personal que trabaja en planta que es de Jujuy y del pueblo de Olacapato.


6. La revisión médica que nos hacen no es adecuada porque solo nos toman la temperatura y nos preguntan si tenemos algunos síntomas y, en algunos casos, a la gente de San Antonio de los Cobres les dejan hecho el certificado médico sin realizar ningún tipo de control.


7. El medio de transporte en el cual viaja el personal en los cambios de turno no cumple con el protocolo; en una trafic de 20 pasajeros viajamos todos amontonados sin distanciamiento social.


8. Limpieza de los baños y pabellones todos los días, ya que solo se realiza en algunas ocasiones de lunes a viernes.


9. Entrega de elementos de protección para el personal.


10. Provisión de los elementos indispensables para abastecer al sector de salud que posee el predio.


11. Que no haya represalias por la medida adoptada en defensa de la salud de los trabajadores.


El paro continuará hasta que haya respuesta al pliego y se reclamó al secretario general de Aoma (el sindicato de los trabajadores de la minería) el apoyo a la medida.


En el inicio de la cuarentena, fueron los compañeros de la minera Livent, en el Salar del Hombre Muerto, los que paralizaron la planta en reclamo de medidas de seguridad e higiene.


Solo unos 40 días duró la suspensión de actividades hasta que Fernández incluyó a la minería entre las actividades “esenciales”. La formación de comités de seguridad e higiene en cada empresa con derecho a veto resulta esencial para defender la salud de los compañeros y de sus familias.



 

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06/07/2020

El turno del marxismo liberal

Un nuevo derrape de Altamira.

Jorge Altamira acaba de publicar una nota en la que critica el artículo publicado por Gabriel Solano recientemente en Infobae, “La soberanía alimentaria le queda grande al kirchnerismo”. Altamira acusa a Solano por un supuesto desbarranque teórico y político hacia el desarrollismo. El pecado de Solano que llevaría a semejante afirmación consistiría en que el texto de marras señala que la causa del empobrecimiento se originaría en el hecho de que “los alimentos se encuentran dolarizados y los salarios pesificados”.


Esto, según el denunciante, repetiría “las tesis de los desarrollistas hace sesenta años, cuando iniciaron el ciclo de devaluar el peso y poner retenciones a las exportaciones agrarias. Denunciaban el ‘modelo exportador’ porque encarecía lo que llamaban ‘bienes-salario’, es decir, los alimentos y, como consecuencia, los salarios. Era necesario, sostenían, para la industrialización de Argentina, desdoblar el salario local del salario internacional”.


Se trata de un contrasentido. Solano denuncia el golpe a los salarios que representa la devaluación de la moneda (“pesificación” del salario). Altamira equipara a Solano con los promotores de las devaluaciones con retención a las exportaciones.


Según Altamira la pobreza no se origina en el sistema de precios sino en las contradicciones del capital y sobre todo en la crisis capitalista. Pero en una sociedad capitalista una de las formas en que se expresan las crisis es a través de cambios y oscilaciones bruscas y violentas de los precios. Un derrumbe de precios puede ser la forma en que se expresa un crack bursátil, puede llevar a las quiebras de empresas o el ingreso a una depresión. Los oscilaciones en los precios es la forma en que se abre paso tortuosamente la ley de valor y la distribución del trabajo social en el marco de la anarquía capitalista en la que no se establece una asignación previa de recursos.


Pero, agreguemos también que, a través de los cambios de precios, se abre paso, asimismo, la transgresión a la ley del valor, a la que apela el capitalismo para neutralizar su crisis. Asistimos así a la tentativa por parte de la burguesía de superar los límites insalvables de su régimen social. Aunque esta tentativa concluya siendo infructuosa y prisionera de sus contradicciones irreprimibles e insalvables, eso no desmiente el hecho que esto genera tremendas consecuencias económicas para todas las clases sociales y en especial para los trabajadores. La alteración de los precios relativos apelando a medidas despóticas del Estado es moneda corriente y una vía frecuente a través de la cual se producen transferencias de ingresos de la clase obrera y los explotados en favor de la clase capitalista y de una fracción de esta última en detrimento de otra.


El congelamiento de los salarios o su retraso respecto a la inflación es un intento por depreciar el salario y empujarlo por debajo de su valor y de esa forma contrarrestar la declinación de la tasa de beneficio, que está en las raíces del impasse y la bancarrota capitalista que enfrentamos. El hecho de que los salarios y las jubilaciones cubran apenas una parte de la canasta familiar señala que la clase capitalista obtiene no solo beneficios sino superbeneficios para tratar de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. La reducción de los costos laborales y en ese terreno la reforma laboral y jubilatoria han pasado a ser un objetivo estratégico para la burguesía a nivel mundial. Crisis capitalista y oscilaciones bruscas de los precios relativos son dos caras de la misma moneda.


Esto vale también a la hora de los tarifazos, los impuestazos y, agreguemos, las devaluaciones. Es casi un clásico que los grandes planes de ajuste -y eso lo sabemos muy bien en América Latina y en Argentina- arranquen con devaluaciones que van de la mano de otras medidas brutales de austeridad.


Uno de los objetivos de la devaluación es depreciar los costos laborales (“pesificar los salarios”, como dice Solano) en tanto los precios se dolarizan, por lo pronto de aquellos bienes destinados o vinculados con la exportación. Estos ajustazos son una fuente de privaciones y penurias inauditas de las masas y por lo tanto de empobrecimiento (como bien destaca Solano en su nota). Más aun, estos mazazos tienen la capacidad de acelerar la pauperización a una velocidad inusitada.


¿Viva la dolarización?


Frente a cualquier ajuste y devaluación debemos defender el poder adquisitivo de los salarios y reclamar su actualización de acuerdo al costo de vida. Pero ese hecho no nos puede llevar a convalidar la dolarización de los precios internos, como si fuera un hecho irreversible y automático frente al cual hay que encogerse de hombros. ¿Por qué los precios locales tienen que estar alineados con los internacionales? Siempre hemos planteado que los precios internos debían estar determinados por el costo de producción. ¿Acaso no es lo que reclamamos para el precio de los combustibles o de las tarifas de los servicios? Quienes reclaman su dolarización son las empresas del sistema energético. Esa estructura de precios relativos es arbitraria e, incluso, violenta la ley del valor en beneficio de petroleras y privatizadas.


Lo mismo vale para la producción agraria donde la cadena de valor está copada por el gran capital, desde los proveedores de semilla, agroquímicos y demás insumos hasta la grandes cerealeras que comercializan el producto pasando por los pool de siembra y la gran propiedad terrateniente. El precio interno de los alimentos debería reflejar el promedio del tiempo trabajo socialmente necesario para producirlos. Y no el precio internacional.


El precio internacional de los alimentos incorpora la renta agraria, o sea, la determinación de precios por las tierras menos productivos del mercado. Esta determinación genera una ganancia extraordinaria para los propietarios de las tierras más productivas (en este caso, el capital agrario nacional). Para Altamira, denunciar que los salarios devaluados de los trabajadores argentinos “bancan” el pago de esta ganancia extraordinaria sería “pasarse al desarrollismo”.


Para Altamira la estructura de precios relativos viene dada, es inalterable y, por lo tanto, sería inútil e irrelevante forzar su cambio. Sería como luchar contra molinos de viento, una acción quijotesca. El denunciante, bajo esta óptica, probablemente sin advertirlo -al menos eso esperamos-, termina adoptando como propias las premisas del neoliberalismo, que reivindica la liberación de precios y la dolarización de tarifas y de bienes y servicios, que normalmente figuran en las agendas que promueve el FMI y el gran capital. Estamos ante un deslizamiento del “crítico” a una suerte de marxismo liberal.



Cómo se defiende el salario


Una consigna clave, irrenunciable y estratégica, por supuesto, es que el salario cubra la canasta familiar pero esa canasta de bienes y servicios, convengamos, varía según cada país. De modo tal que su traducción en términos de dólares no sería uniforme en el planeta. Señalar esto es una verdad de Perogrullo por lo que nos sentimos eximidos de extendernos en los comentarios. Lo que hay que medir no es el salario nominal sino su poder adquisitivo, o sea, el salario real.


Como ya ha pasado a ser costumbre, estamos en presencia de un bandazo más de Altamira, quien salta de un punto de vista o una tesis a la contraria, borra con el codo lo que escribió con la mano con total desparpajo. Recordemos que en una polémica reciente, el grupo de Altamira denunciaba a Solano y al Partido Obrero por “antiestatista” por despreciar la intervención del Estado y el rol progresivo que está llamado a tener en diferentes escenarios. Su entusiasmo “estatista” llegó al extremo de reivindicar la intervención de las fuerzas armadas en la distribución de alimentos y la acción coercitiva del Estado en ese plano. Hemos dado en su momento una respuesta pormenorizada de nuestros críticos y puesto de relieve la grosera tergiversación que hacen de nuestros planteos y la pérdida de brújula marxista de los suyos.


Sin embargo, ahora, sorpresivamente, con este giro liberal, resulta que el Estado debería declararse impotente para intervenir en la estructura de precios. Estamos ante una resurrección de Von Mises y Milton Friedman y los Chicago boys, que llaman a que el Estado se abstenga de interferir en la actividad privada, y que se debe dar rienda suelta a las leyes de mercado. De todos modos, hay que convenir, que los liberales no van tan lejos como Altamira pues alientan fervientemente el rescate del Estado para auxiliar al capital cuando se encuentra en aprietos o al borde de una quiebra o inclusive, sin llegar a ese extremo, cuando alientan la colocación de aranceles y ajustes en los tipo de cambio en el marco de la guerra comercial y monetaria que se ha exacerbado a niveles brutales. Lejos de rendirse ante una competencia libre, interfieren como nunca en los precios en la lucha descarnada con sus rivales.


Estado obrero y política de precios


Otra mala costumbre de Altamira que viene siendo moneda corriente es que omite las citas y cuando lo hace las mutila. En el artículo con el que polemiza, Solano plantea lo que debería hacer el Estado obrero, cuestión que, sin embargo, es obviada olímpicamente por el denunciante. El planteo desarrollado en el artículo de Solano es integral: “un plan de reorganización social integral, que incluya la nacionalización del comercio exterior, de la gran propiedad agraria y de sus procesos de industrialización”. Es decir un proceso de transformación social anticapitalista, que plantea la expropiación de la propiedad agraria y de la gran industria. En contra de esta posición, históricamente defendida por el Partido Obrero, Altamira se desliza no solo al liberalismo agrario sino al reformismo, al plantear exclusivamente una política referida al aumento de salarios. Los socialistas no solo tenemos un planteo referido al reparto de la riqueza social, sino que planteamos una transformación social que incrementa dicha riqueza. En el caso argentino eso requiere fomentar un proceso de industrialización, algo que la burguesía nacional, nacida en las entrañas de las inversiones imperialistas y de la propia capitalización de la renta agraria en la industria, no ha podido llevar adelante.


Es cierto que la burguesía industrial ha pretendido históricamente capturar y apropiarse de la renta agraria -y como parte de ello ha tratado de darle un fundamento y alcance teórico a sus aspiraciones a través de las tesis acuñadas por Prebisch y el desarrollismo. El mecanismo tradicional es apelar a devaluaciones y retenciones al campo. Es obvio que esto implica una transferencia de ingresos del capital agrario al capital industrial. Tampoco se nos puede escapar que el abaratamiento de los alimentos que sobrevendría como resultado del desdoblamiento de los precios locales de los internacionales constituiría un subsidio a la burguesía industrial y no una mejora de las condiciones de vida de las masas. No habría un cambio en el poder adquisitivo de los salarios.


Hay que decir, sin embargo, que esta transferencia de ingresos en favor de la burguesía industrial siempre fue limitada. Tomando por ejemplo el kirchnerismo, las retenciones no impidieron el desarrollo a fondo de la sojización y las ganancias récord de los sojeros. El gobierno de Perón terminó utilizando el Iapi (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, creado en 1946 y disuelto en 1955) para subsidiar al agro. Y ninguno de ellos le tocó un pelo a la estructura agraria. Por otro lado, la burguesía nacional fue incapaz de desarrollar una industrialización, inclusive teniendo en su favor esa transferencia de ingresos y los torniquetes contra el salario que aplicaron sin excepción todos los gobiernos pretendidamente “desarrollistas”.


Pero ese hecho no implica que un Estado obrero (que es a lo que hace referencia Solano y que Altamira oculta) deba privarse de utilizar algunos de esos instrumentos que, con los trabajadores en el poder, cambia su contenido social y sus beneficiaros. Estos recursos constituyen una palanca muchas veces necesaria a la que deben apelar los trabajadores para encarar un desarrollo de las fuerzas productivas y una transformación social. Importa señalar que esta transformación incluiría una revolución en el campo, poniendo fin al “modelo sojero”, que va de la mano de los desmontes, la expulsión de la población campesina y la destrucción del ambiente y dando pie a una diversificación de la producción y una explotación racional del suelo. La renta agraria sería apropiada por el Estado a través de la nacionalización del comercio exterior y la expropiación del capital en toda la cadena de valor. Pero en lugar de ser utilizada para el pago de la deuda externa o subsidiar a la clase capitalista, permitiría financiar un plan de industrialización y pone en pie una infraestructura a la altura de las necesidades. Lo mismo puede extenderse a las rentas petroleras y de otros recursos naturales.


Viene al caso sacar a flote los debates en la URSS acerca de la industrialización que enfrentó a la oposición de izquierda con la línea que prevalecía en la dirección del partido bolchevique. El joven Estado soviético debía crear un fondo para la inversión y el mismo solo podría provenir de la apropiación de una parte de los ingresos del campo. Esto fue conocido como la “ley de acumulación socialista”, término acuñado por Preobrazhenski, uno de los principales referentes de la oposición de izquierda liderada por Trotsky. Preobrazhenski descartaba como impracticable el principio de “intercambio equivalentes” y abogaba “por una política de precios dirigida conscientemente hacia la explotación de la economía privada en todas sus formas” (Preobrazhenski, Nueva Economía). En otras palabras, alterar la estructura de precios, cuestión que a Altamira le resulta una quimera. Por supuesto, como bien dice Solano, uno de sus efectos obviamente beneficiosos sería el abaratamiento de los alimentos. Y eso traería aparejado un aumento del salario real. En cambio la receta de Altamira es que los precios internos se alineen con los precios internacionales, o sea, que los alimentos continúen siendo caros e incluso más caros que sus niveles actuales lo que deberían ser compensados con aumentos de salarios equivalentes. El denunciante parece no advertir que si se hiciese caso a sus recomendaciones toda la renta seguiría alimentando al sector agrario, impidiendo que importantes recursos puedan ser redireccionados a la inversión, cuestionando las posibilidades de un desarrollo industrial. Poco serio. Está claro que esto termina en un disparate lo cual no nos debe sorprender pues también ha pasado a ser costumbre la ligereza y la liviandad con las cuales el denunciante viene haciendo sus críticas y aseveraciones.


Esta nueva voltereta, que lo ubica en el campo del marxismo liberal nos habla del despiste político y teórico no de los denunciados sino del denunciante. Pero, ¡atención! esta voltereta no será la última: cada uno de estos giros es exhibido como señal de plasticidad cuando no pasa del rango de una dialéctica trucha.




 

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06/07/2020

Pilar: en el Isfd 51 conquistamos los bolsones y vamos por las becas

La pandemia del Covid- 19 ha profundizado el desempleo y la precarización laboral. Esto se refleja en los estudiantes que se ven expulsados cruelmente por este sistema, imposibilitados de continuar con sus estudios y afrontar esta virtualización forzada llena de baches, especialmente en nuestros institutos de formación docente. Recordemos que previo a la pandemia la caída industrial era de 5,8% y que en julio, durante la pandemia, es de 26,6 %.

 

Ante este contexto, desde la comisión directiva del centro de estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente n° 51 reclamamos al municipio computadoras, becas distritales, Wifi libre y SAE (Servicio Alimentario Escolar); este Servicio no se brinda en el nivel terciario, como si los estudiantes de los profesorados estuviéramos ajenos a la crisis.

 

Por eso desde el CE decidimos impulsar la campaña de la UJS por SAE para los terciarios y, gracias a nuestra tenacidad en los reclamos, el 17 de junio logramos arrancarle al municipio de Pilar los bolsones de comida que se reparten a domicilio. Esto se lleva a cabo a través de un padrón que realizó el centro de estudiantes desde la página de Eepa (Espacio Estudiantil Participativo Activo) en conjunto con los delegados y estudiantes independientes.

 

Los compañeros se comunican a diario con el centro a través de nuestra página o vía WhatsApp para pedirnos sumarse al padrón del bolsón, argumentando que quedaron fuera del IFE o no recibieron la tarjeta alimentaria y están desocupados. En su mayoría son madres solteras, único sostén de familia.

 

Este trabajo colectivo, que requirió de mucho esfuerzo, ya culminó con una primera etapa y se repartirán cada 15 días, pero continuamos reclamando para que sea cada una semana, ya que la cantidad de alimentos es insuficiente. Celebramos el objetivo arrancado al municipio pero consideramos que es una medida paliativa ante tan terrible crisis económica.

 

Por eso desde el Eepa continuamos luchando por todas nuestras reivindicaciones y este jueves 2 de julio mantuvimos, vía Zoom, una reunión con Alejandro Piqué y Damián Espíndola, ambos miembros de la Subsecretaría de Educación Superior de Pilar, en búsqueda de respuestas sobre el pedido de becas distritales para los estudiantes del 51 y el reclamo por el edificio propio para nuestro instituto.

 

Los funcionarios fueron reiterativos en aclarar que no hay fondos pero que de todas formas analizarían la propuesta. Sin embargo, consideramos que Pilar es un distrito con un gran capital y se podrían sacar fondos de impuestos a la enorme cantidad de countries, a las multinacionales que se encuentran en el km 50, al parque industrial que es el segundo más grande de Latinoamérica y a las propiedades ociosas.

 

Con respecto al edificio propio, esta gestión no tiene entre las prioridades ninguna obra sobre el tan reclamado edificio para el 51, ya que la prioridad se focaliza en la emergencia sanitaria. Sin embargo, sí se presentó un proyecto de universidad pública a crearse en el mismo predio, que no contempla las carreras que se dictan en nuestro instituto, sino que se focalizará en Ciencias de la Salud y Desarrollo Productivo y Tecnológico.

 

Consideramos que el proyecto de una universidad no se contrapone con el reclamo histórico de los estudiantes del 51. Las respuestas son insuficientes y no satisfacen la demanda del único profesorado público del distrito de Pilar, del que son responsables. Sin dudas esta falta de medidas empuja al estudiantado a desertar de la carrera.

 

Por nuestra parte continuaremos todos los reclamos pertinentes, elevaremos un proyecto de Beca Distrital, como se planteó en la reunión, y continuaremos con la distribución de bolsones de comida para todo aquel compañero que lo necesite. ¡Vamos por todas nuestras reivindicaciones!

 

 

 

 

 

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06/07/2020

Saturación de camas y hospitales en el Gran Buenos Aires

Centralizar ya el sistema de salud, es cuestión de vida o muerte.

Con un crecimiento exponencial que alcanzó un número de 40.000 contagiados, la provincia de Buenos Aires, junto a la Capital Federal, concentra el 91% del total de 75.000 infectados en el país. Esta suba de casos positivos trae aparejada un aumento de la demanda de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), una cuestión clave y determinante, cuando desde mediados de junio, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, viene abriendo el paraguas sobre un eventual colapso del sistema de salud provincial. La aceleración del número de infectados en el Amba obligó a los gobiernos nacional y provincial a anunciar el retroceso de fase en el conurbano y la capital con una “cuarentena dura” por dos semanas hasta mediados de mes.



Pero el colapso del sistema sanitario se acerca a pasos agigantados. El ministro Daniel Gollán informa parcialmente cuando dice que la provincia tiene un 51% de camas ocupadas, que escala al 60% en el Gran Buenos Aires. Una radiografía ya de por sí alarmante cuando entramos de pleno en el invierno y aumentan las enfermedades infecciosas y virósicas. El dato sobresaliente y negativo es, sin embargo, la creciente saturación de las unidades de terapia intensiva en los municipios más poblados de la zona oeste y sur que suman casi el 40% del total de infectados de la provincia. Los municipios que están en una situación crítica son La Matanza, Quilmes, José C Paz, Lanús, Moreno y Escobar que tienen entre el 75 y el 90% de plazas ocupadas. En La Matanza, el distrito más populoso, suman 5.500 los afectados por el Covid-19, una consecuencia directa de la falta de agua, cloacas y servicios en los barrios pero también de la apertura económica que propició el intendente Espinoza. Sin una centralización del sistema de salud el 66% de los pacientes de Quilmes depende del “subsistema privado” y aumenta en toda la provincia la dependencia de los capitalistas de la salud que ponen condiciones para ceder camas como lo han hecho con la imposición del subsidio de 410 millones de pesos mensuales para clínicas y hospitales privados, que saldrán de las arcas del Ioma desfinanciando a la obra social de los trabajadores del Estado.


Otros distritos comprometidos por la cantidad de casos positivos son los pertenecientes al Gran La Plata con 1.000 infectados en la ciudad capital, 119 en Ensenada y 228 en Berisso. En La Plata, los trabajadores de la salud son los más castigados por el avance del Covid-19 y la falta de elementos de protección. Una característica de la región, es el crecimiento de contagios en los lugares de trabajo bajo la intimación de los empresarios que amenazan con despedir. En la zona norte del Gran Buenos Aires, San Fernando se ha convertido en el foco de la pandemia de la región con una suba del 85% en los últimos siete días con focos en las villas San Jorge y Presidente Perón, ubicadas en el límite con Tigre. La pandemia sacó brutalmente a luz las condiciones de miseria social en las que vive una masa de los trabajadores bonaerenses en los casi 2.000 asentamientos, villas y barriadas precarias.



Esta escalada, que llevó en la última semana a un aumento del 50% de contagios en por lo menos 26 municipios bonaerenses, está saturando la posibilidad de recepción de enfermos graves en grandes municipios como ocurre con el Hospital Interzonal de Agudos “Luis Güemes” de Morón, el “Simplemente Evita de González Catán” en La Matanza, el “Magdalena Villegas de Martínez” de Tigre, y Hospital Regional “Dr. Iriarte” de Quilmes que tendría ya completa su capacidad instalada. Si bien la situación en la provincia es desigual y el pico de la pandemia se encuentra en el área metropolitana, la propagación del virus ha empezado a extenderse nuevamente a las llamadas “zonas libres de Covid-19”. Las Flores, Ayacucho y Roque Pérez han tenido que retroceder de fase por la aparición de contagios. De no revertirse, y en caso de ampliarse esta tendencia, entraría en crisis la llamada fase 5 (flexibilización) donde se anotaron 72 municipios del interior bonaerense en la cuarentena “administrada” de Kicillof.



Con la curva en ascenso, se agudizan los choques entre las intendencias, en otro capítulo de la crisis política en la provincia. El intendente macrista de Olavarría, ciudad donde se expandió rápidamente el virus, está en una guerra virtual con los distritos vecinos. Lo mismo ocurre en Bragado donde el jefe comunal Vicente García dispuso una cuarentena obligatoria para quienes vivan en el municipio y retornen por razones de trabajo desde Chivilcoy. En lugar de un sistema integral de salud y una política común para combatir la pandemia bajo el comando del estado, se agudiza la feudalización de las comunas y el “sálvese quien pueda” ante el temor a un desplome del sistema sanitario.


En Quilmes, con 3.000 afectados “se preparan alternativas”, pero la intendenta Mayra Mendoza aclara que “el 66% de la atención de salud en el distrito corresponde a las obras sociales y medicina prepaga”, lo cual, agregamos nosotros, agrava todo porque la falta de control sobre este sector es total. Al igual que en CABA, los pacientes infectados son enviados a su casa por el sector privado y de obras sociales que no se hace cargo del aislamiento, de manera que su conducta está fuera de todo control social y del Estado. Tampoco se sabe cuál es el nivel de salturación de camas en ese tramo de la salud. Lo cual hace urgente, de vida o muerte, la centralización del sistema de salud, tal cual lo ha planteado desde el inicio nuestro partido y el Frente de Izquierda.



Mientras todavía están por verse los resultados de las restricciones (fundamentalmente en el transporte), el ministro Gollán y el gobernador Kicillof ya preparan otra voltereta y preanuncian un retorno a la fase 3 después del 17 de julio. En línea con esta política“normalizadora” el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, quiere apurar la vuelta a clases en el interior de la provincia. En rigor, Alberto Fernández y Kicillof exceptuaron de la cuarentena “rígida” a 2.500 empresas no esenciales, la gran mayoría del territorio bonaerense. Esta apertura en defensa de los intereses capitalistas y con la colaboración de una burocracia sindical cómplice que “se acuerda” de los protocolos de seguridad e higiene solamente allí donde presionan y actúan los trabajadores, explica la multiplicación de los infectados en la clase obrera. Por otro lado, la miseria social exponencialmente acentuada en estos casi cuatro meses, empuja a una masa de la población a romper la cuarentena para sobrevivir.


La cantidad diaria de infectados y la proyección exponencial en el Gran Buenos Aires son una catástrofe social para los trabajadores. Es una tarea de la hora la puesta en pie de las comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y barrios bajo el control de representaciones de la clase obrera para elaborar y hacer cumplir los protocolos de protección. Los comités de crisis bajo la batuta del gobierno y las intendencias han demostrado ser apéndices de una política al servicio del capital y para que la clase obrera pague la crisis. Centralización del sistema de salud, por un plan único de salud y combate de la pandemia bajo control de los trabajadores. Basta de subsidiar al capital privado de salud.



 

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06/07/2020

Chile: después del 2 y 3, necesitamos un plan de lucha y una huelga general

Abajo la tregua de la CUT. Por un congreso de bases del movimiento obrero

Las protestas y barricadas que se desarrollaron el 2 y 3 de julio en todo el país, donde se volvió a evidenciar el carácter criminal y asesino de la represión estatal; la proliferación de las ollas comunes, que representan la repuesta popular al crecimiento del hambre en las poblaciones; las luchas que empiezan a protagonizar sectores del movimiento obrero, como el paro que impulsa para este lunes un sindicato minero en oposición a la orientación de la burocracia de la Federación de Trabajadores del Cobre, dan cuenta que el proceso abierto el 18 de octubre pasado de ningún modo se ha cancelado.

 

Las tendencias a la rebelión popular siguen completamente presentes y latentes, dado que las grandes reivindicaciones que dieron lugar a la rebelión chilena no solo se encuentran insatisfechas sino que se han agudizado. La tentativa del gobierno de Sebastián Piñera y toda la ‘oposición’, de blindarse contra una nueva emergencia de la rebelión popular sellando un nuevo “acuerdo nacional”, encontró rápidamente un cuestionamiento popular callejero y combativo. Organizar ahora la respuesta general de la clase trabajadora contra el régimen de la catástrofe sanitaria, la desocupación, el robo a los jubilados y el hambre, se presenta como la tarea de primer orden.

 

Progresa la crisis sanitaria y social

 

En las últimas semanas se ha puesto en evidencia que la clase trabajadora es el sector más expuesto al coronavirus. Se trata de la consecuencia lógica de la negativa patronal y del gobierno de paralizar las actividades no esenciales y de no garantizar las medidas elementales de seguridad e higiene para evitar la propagación de los contagios. Es lo que se revela, en primer lugar, entre los propios trabajadores de la salud, que ya cuentan entre sus filas con más de 13 mil contagiados. O, para dar un ejemplo, en la fábrica Fruna de Maipú, en la que se han producido contagios masivos; o entre los empleados de comercio, o entre los mineros, donde la masiva propagación del virus ha paralizado de hecho gran parte de la faena y donde se prepara un paro para este lunes 6. En la Región Metropolitana se multiplicaron las denuncias de trabajadores, de rubros no esenciales, que son obligados a ir a trabajar por las patronales que utilizan permisos fraudulentos para tal fin, ello frente a los ojos de las autoridades que, en el mejor de los casos, se limitan a realizar actas de infracción. La impunidad de la que goza la clase capitalista surge de una alianza de hierro con el gobierno, que desde el primer momento ha evitado la instauración de una cuarentena general.

 

La evolución de los contagios y las muertes por Covid-19 se combinan con un descomunal crecimiento de la pobreza. Con una tasa de desocupación que alcanza el 12%, y con expertos que advierten que si se contabiliza el empleo informal podría llegar hasta el 20%, con salarios y jubilaciones que no alcanzan a cubrir la canasta de pobreza, la tentativa del gobierno de Piñera de vetar las limitadas leyes de ayuda social que han sido aprobadas por el Congreso y de mantener el régimen de fraude y robo de las AFP, se revelan como una política criminal.

 

La “argentinización” de la economía chilena

 

En momentos donde crecen los contagios y la carestía, el gobierno de Piñera avanza en una reforma constitucional que plantea un mayor hundimiento de las cuentas nacionales. Se encuentra ya en tramitación la posibilidad de que el Banco Central de Chile pueda comprar bonos del Tesoro en el mercado secundario. La iniciativa implica una reforma constitucional que apunta al financiamiento del fisco en forma indirecta con las reservas del BCCh. La iniciativa busca abordar el problema del vaciamiento sistemático de las arcas fiscales por parte del gobierno, como consecuencia de los planes de rescate capitalistas impulsados por el gobierno, entre los que se encuentra el paquete de 12 mil millones de dólares acordado por Piñera, junto con la ‘oposición’.

 

Es necesario recordar que este plan que se tiene para el Banco Central, ha estado precedido por un endeudamiento del país con el FMI, por el orden de los 23 mil millones de dólares, por un descomunal despilfarro de reservas en el mercado de cambio para evitar una mayor devaluación del peso, y por la emisión de una línea crediticia barata para la banca privada equivalente a los 40 mil millones de dólares. Hay que tener en cuenta también el derrumbe del PBI proyectado para este año, el crecimiento exponencial de la deuda corporativa, que supera el 130% del PBI, y la contracción de las exportaciones de Codelco, como consecuencia de las parálisis de las faenas por los brotes de covid-19, y de la industria vitivinícola, como consecuencia de la caída de la demanda china.

 

Tomados de conjunto, todos estos elementos plantean que el horizonte que le depara al Estado chileno es el de del Estado argentino, es decir, el default. Recobra, como nunca, la importancia de un plan económico y político integral de los trabajadores, que parta de la ruptura con el FMI, la nacionalización sin pago de todo el sistema bancario, los recursos naturales y estratégicos, y el control obrero general.

 

Por la huelga general

 

En el actual cuadro de evolución de la crisis sanitaria, de la crisis social y de la bancarrota capitalista, la dirección de la CUT mantiene paralizados los sindicatos y ha sido un factor primordial en el sostén del gobierno criminal de Piñera. Esta fue la línea fundamental de la dirección de la CUT desde el 18 de octubre hasta la fecha. La parálisis de la CUT tiene especial contundencia desde el desembarco de la pandemia, justamente en el momento en el que más a fondo ha ido la burguesía y el gobierno contra las conquistas y los derechos de los trabajadores. La estrategia de doble agente que desarrolla el PC, conducción de la CUT, es perversa: no adscribe los acuerdos llevados adelantes por toda la oposición como partido, pero subordina a la CUT al plan del Estado y las patronales de descargar la crisis en los hombros de la clase trabajadora. Esta estrategia devela el compromiso del Partido Comunista y todos sus aparatos con el régimen imperante.

 

En este escenario, se impone la necesidad de luchar por un congreso de bases del movimiento obrero y una articulación a nivel nacional de las asambleas populares que hoy están en las ollas comunes por un paro activo nacional y un plan de lucha por el conjunto de las reivindicaciones obreras y populares: la duplicación del presupuesto sanitario y la centralización de todo el sistema de salud, incluyendo el sector público y privado, y ponerlo bajo la dirección de comités de crisis compuestos y electos por los propios trabajadores y profesionales de la salud; defender el derecho a cuarentena defendiendo un ingreso mínimo para todos los desocupados, garantizado por el Estado, de $550 mil. Hay que prohibir los despidos y las suspensiones, establecer salarios y jubilaciones mínimas de $800 mil y poner en pie comités de trabajadores en todos los lugares de trabajo, con poder de paralización de las tareas no esenciales o de las tareas que no respeten los protocolos de seguridad e higiene.

 

El impulso de estas medidas de emergencia, en conjunto con un plan económico y político de conjunto, le otorga una renovada actualidad a la pelea por echar a Piñera y por una asamblea constituyente libre y soberana.

 

 

 

 

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06/07/2020

Subte: ante el acuerdo anti obrero de Larreta y la UTA

Debe convocarse el plenario de delegados

La Naranja del Subte

Hace ya 10 días que Metrovías, el gobierno de Larreta y la burocracia de la UTA firmaron un acuerdo, a espaldas de los trabajadores y de la AGTSyP – el gremio mayoritario –   por el cual un 40% del sueldo será no remunerativo. Se basan en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita la reducción de los sueldos de trabajadores que, por razones ajenas al empleador o de fuerza mayor, trabajen menos horas que las acordadas por convenio. En este caso, la patronal argumenta que se está trabajado con horarios reducidos y que la recaudación ha caído sustancialmente. Argumentación falaz porque se trata de trabajadores de un servicio “esencial” adaptado a un horario de emergencia, ambas condiciones impuestas por decretos presidenciales. En segundo lugar porque se desconoce el perjuicio que sufre la concesionaria, ya que no se han abierto sus libros contables ni se ha investigado el destino de los millones ganados durante 26 años  por recaudaciones y subsidios del estado. Y aunque  lo hubiera, no corresponde cargar con la pérdida a quienes solo cuentan con su trabajo y su salario para su subsistencia y la de sus familias, comparado con la espalda de un holding multinacional  como el de Roggio. El acta incluye una ayuda por viático de 400 pesos por día físicamente trabajado, lo que constituye una discriminación contra los trabajadores exceptuados por decreto y los aislados por Covid – 19


Las sumas no remunerativas afectan centralmente a los aportes  jubilatorios, que son salario diferido de los trabajadores que retendrá la patronal y afectará más todavía a las arcas depredadas de la ANSES. Esta rebaja salarial disfrazada, se da exactamente en momentos en que debería tratarse la recomposición salarial, dado que la paritaria venció en febrero y existe una inflación prevista de no menos de un 43%. Se trata entonces de un ataque patronal a caballo de la pandemia, que debe ser rechazado activamente por la AGTSyP, incluyendo el método gremialmente desleal de haberlo firmado con el gremio minoritario y a espalda de la base y la AGTSyP.


La conducción del sindicato, luego de haber rechazado el acuerdo en los papeles, se ha  limitado a proponer una gestión legal aduciendo nulidad. Es decir: nada. Y rechazó en el plenario de delegados que trató el tema, la propuesta de los delegados y el ejecutivo de la Naranja del Subte y otros sectores, de desconocer el acuerdo, dar plazo para su retiro y poner en marcha un plan de lucha. En el debate, los argumentos de la mayoría – “no es el momento”; “el contexto de pandemia nos limita”; “la crisis económica se agrava” –  no se condicen con el rechazo que expresó la AGTSyP hace poco al pacto CGT – UIA (homologado por el gobierno), que justamente habilita las suspensiones y la reducción de los sueldos.


Las distintas  posiciones fueron giradas a los sectores para  ser debatidas y votadas. Varios han rechazado y propuesto un plan de lucha,  como Tráfico de la B, los Talleres Rancagua y San José e Instalaciones Fijas de la E.  Pasados 10 días, durante los cuales la Subsecretaría de Trabajo homologó el acuerdo, no se ha convocado el plenario de delegados que debe considerar los pasos a seguir ante este ataque a los trabajadores  y su representación genuina.  La demora juega a favor de la patronal y la UTA.



 

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06/07/2020

EN VIVO: Juan Esteche de Alianza x el Clima entrevista a Romina Del Plá por la ley de suspensión de desmontes

Por las cuentas de instagram @rominadelpla y @alianzaxelclima

En noviembre de 2019, Romina del Plá presentó un proyecto de ley para prohibir los desmontes en todo el país que aún no se ha tratado en la Cámara de Diputados. La semana pasada ha enviado una carta al presidente de la Comisión de Ambiente de Diputados, Leonardo Grosso, reclamando que se trate el proyecto ante el avance masivo de los desmontes que se dio durante la cuarentena.


La entrevista rondará en torno a esta problemática y la realidad que viven hoy las principales regiones afectadas por esta actividad, con la participación del público mediante preguntas y comentarios. El entrevistador será Juan Esteche, coordinador de #BastaDeDesmontes y miembro de la agrupación Alianza por el Clima.



 






 

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06/07/2020

CABA: olla popular en Boedo

Una actividad para agrupar a les trabajadores en la lucha por la vivienda, el trabajo y la cultura.

PO Boedo

Este sábado 4 de julio, tomando todas las medidas de sanitización y de distanciamiento social, varias familias se acercaron a la olla popular que pusimos en pie en el local de Boedo, gracias al aporte y donaciones de vecines y el centro de estudiantes del departamento de Movimiento de la Universidad Nacional de Arte (UNA).


Cabe destacar que una de las donaciones de ropa la hizo un trabajador de la cultura del barrio y nos contaba cómo en el centro cultural La Minga, de Boedo, se están planteando organizar subastas para poder pagar el alquiler del galpón donde funciona el CC, ya que no tienen los recursos para poder sostenerlo mientras no se le pueda dar uso y generar así un ingreso de dinero. A su vez, este se organiza también entre los trabajadores de la cultura luchando para que les otorguen un subsidio por el parate de la actividad en cuarentena ya que todos los talleristas y artistas en general quedaron sin trabajo.


A la Olla Popular se acercaron vecinos en situación de calle que viven bajo la autopista; familias que viven hacinadas en habitaciones con baños y cocinas compartidos con diferentes familias; otra que había salido a caminar, con hijes incluidos, para buscar algo de ropa, alimentos o en el mejor de los casos, trabajo, golpeando puerta por puerta; también hubieron otras personas que vieron los carteles que durante la semana pegamos en la zona aledaña al local y se acercaron a comer, pues se encuentran también sin trabajo.


Los testimonios de cada uno desnudaron la desidia con la que el Gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional implementan su política en cuarentena. Por un lado, tenemos el caso de Patricia, quien con siete hijes vive en una pequeña habitación y que por cobrar una pensión por discapacidad de una de sus hijas, con la que apenas pueden subsistir, no pudo acceder al IFE, aún siendo que actualmente se encuentra desocupada, ya que con la cuarentena fue despedida de su trabajo donde realizaba tareas domésticas. Por otro lado, el caso de un hombre que sí pudo cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia que comenzó a abonarse a principios de abril, pero que ya pasada la primera semana del mes de julio todavía está esperando el segundo pago, el cual no sabe cuándo se efectivizará. Por su parte, una de las jóvenes relata cómo tenía que ir a buscar de comer a la iglesia todos los días, a pesar de que “es tan fea la comida que ni los perros quieren comerla” y soñaba con poder contar ella con sus propios alimentos para cocinarle a sus hijes. Las historias siguen…


Todos los relatos son un ejemplo más de la situación que pasan millares de trabajadores en todo el país. En un cuadro de desocupación brutal y colapso del sistema sanitario, los despidos, la falta de alimentos y el derecho elemental a la vivienda, son ninguneados por los gobiernos, mientras millones y millones de dólares son destinados al pago de la deuda y a rescatar a mega empresarios.


En Boedo se abrió un nuevo puntal de lucha para intervenir junto a les estudiantes de la UNA; en la pelea de los trabajadores de la cultura del barrio y junto al Polo Obrero, organizando a las familias de les trabajadores desocupades por sus reclamos; porque con hambre, sin trabajo y sin vivienda no hay cuarentena.


Vamos por 30 mil pesos mensuales de subsidio al parado, aumento de emergencia para jubilados y pensionados, centralización del sistema de salud y el impuesto a las rentas y grandes fortunas para reorganizar la economía al servicio de las necesidades de les trabajadores.





 

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06/07/2020

San Fernando es un nuevo foco de propagación del Covid-19

Se dispara la curva de contagios: aumentaron un 85% en solo 7 días.

En el municipio de San Fernando la curva de contagios de Covid-19 se disparó con todo. Aumentó un 85% en tan solo 7 días, con 400 casos positivos, 10 muertos y 121 recuperados. Esto ubica al municipio en el foco de la pandemia en el conurbano norte.


Las villas de emergencia en el ojo de la pandemia


La mayoría de los contagios se da en la villa San Jorge, también conocida como el barrio “Cocarsa” por el frigorífico que se encuentra en él. La villa cuenta con 400 familias. La villa Presidente Perón es habitada por 380 familias. Entre ambas barriadas se cuentan 200 casos positivos. El drama de las villas es total. En el barrio El Garrote ubicado en Tigre, limítrofe con San Fernando, también han aparecido casos positivos de Covid-19.


Pese a esto, no se dieron a conocer operativos de hisopado. Nadie sabe si se realizan masivamente los hisopados , los cuales deberían hacerse de manera urgente sobre la población en riesgo. Por otro lado el municipio sigue sin brindar la información actualizada respecto de los contagios y las medidas a llevar a cabo para afrontar la emergencia sanitaria. Por el contrario, sus funcionarios quitan dramatismo diciendo que todo está bajo control.


Pobreza y vaciamiento de la salud


Esto pone de relieve dos cuestiones centrales: en primer lugar, la situación que se vive en los barrios, los más afectados por la pandemia por múltiples causas,desde el avance del hambre, donde las familias trabajadoras hacen malabares para poder sostener la cuarentena y la imposibilidad de cumplir con las mínimas condiciones de higiene necesarias por la falta de agua potable, el hacinamiento y la falta de un protocolo sanitario, la escasa o nula entrega de kits de higiene, entre otras cuestiones sobre las cuales el municipio no brinda respuesta alguna.


En segundo lugar, muestra cómo el municipio no cuenta con un sistema sanitario público preparado para enfrentar la pandemia. El Hospital Municipal San Cayetano, ubicado en Virreyes, cuenta solo con 41 camas disponibles para internación. No se conoce el número de respiradores y camillas que existen en la “sala de terapia intensiva abocada únicamente a casos de Covid-19”  inaugurada al comienzo de la cuarentena por el intendente Juan Andreotti. Al igual que en toda la provincia, en nuestro distrito, el sistema de salud no está preparado para el pico máximo de contagios que todavía está en camino.


Organicemos una salida de los trabajadores


Se  debe centralizar el sistema de salud completo (público y privado) en un comando único nacional, bajo el control de los propios trabajadores de la sanidad, siendo ellos los que decidan las medidas a llevar a cabo para enfrentar la pandemia, puesto que son ellos quienes están en la primera línea de fuego enfrentando la pandemia.


Luego de más de 100 días de cuarentena , a las familias de los barrios cada día les cuesta más sostener el confinamiento. Se necesitan los recursos para poder defender la cuarentena. El hambre empuja a las calles.  Hay que arrancarle los recursos al Estado con la organización independiente barrio por barrio. El descontrol que produjo en San Fernando la apertura de decenas de fábricas y cientos de comercios, no trajo ningún saldo positivo para la población trabajadora. Solo ganancias para los empresarios.


Luchemos por una cuarentena bajo control de los trabajadores y las trabajadoras


Seguro al parado de $30.000 para todos los desocupados y/o cuentapropistas. Aumento de los bolsones de alimentos y kits de higiene para todas las familias. Por un plan de viviendas que le haga frente a la crisis habitacional en el distrito. Para ello hay que rechazar el pago a los usureros internacionales y establecer de inmediato un impuesto a las grandes fortunas, y colocar los recursos nacionales en defensa de la vida de la población trabajadora.



 

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Otro gatillo fácil en Córdoba: la policía mató a Antonio Ávila en Villa El Libertador

El pasado sábado 4 de julio, en el barrio Villa El Libertador se dio un nuevo caso de gatillo fácil, esta vez a manos de la división motorizada de la policía de Córdoba. La víctima fatal es un hombre de 35 años llamado Antonio Ávila que murió por un disparo en el abdomen. El crimen policial ocurrió en calle Caracas al 5200

 

Producto de los testigos, la investigación judicial en curso imputó a los cabos primeros Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez por la muerte del mencionado vecino. La fiscal Eugenia Pérez Moreno dictó la orden de detención para ambos policías, y los acusó de homicidio doblemente agravado por la función y el uso de arma de fuego.

 

Debe haber justicia para Antonio Ávila. En los crímenes policiales en el poder judicial se dilatan los plazos, tendiente a otorgarle impunidad. Y cuando se dicta sentencia, esta suele ser benévola para los uniformados.

Este nuevo caso de gatillo fácil también es consecuencia de que los gobiernos le dan vía libre a los abusos policiales en las villas con la excusa de la cuarentena. Sin embargo, como denuncian las organizaciones piqueteras, “con hambre no hay cuarentena”, y mientras el presupuesto para la asistencia social está por detrás, se incrementan los gastos en reforzar un aparato represor, comprando nuevos móviles, otra muestra de la orientación de Schiaretti.

 

Urge desmantelar el aparato represivo del Estado, abrir los libros de las comisarias, terminar con la política abiertamente pro militarización de las barriadas, juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del gatillos fácil.  Para esto es necesario la organización de les trabajadores en defensa propia.

 

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05/07/2020

Sombras de Luz: política, éticas y transformaciones de la fotografía en la obra de Carlos Bosch

Un valioso documental sobre el fotógrafo recientemente fallecido.

En 1980, y unas semanas antes de morir, se publica La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía, un ensayo hermoso y sugerente en el que Roland Barthes hace gala de su mejor estilo para descifrar, desmenuzar y desentramar a la Fotografía (así en mayúscula y unida al articulo definido, como tantas veces hace Barthes) como signo, objeto artístico, obra, elemento productor de sentido y de ahí desarrollar una profunda reflexión sobre el Tiempo, la Nostalgia y la Muerte. Allí Barthes concluye que “en el fondo la fotografía es subversiva, y no cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando es pensativa”. Se podría agregar: cuando comunica.

El pasado 22 de junio murió Carlos Bosch, maestro de fotógrafos. Un personaje singular que atravesó en su práctica todas las transformaciones de la fotografía, los medios y nuestra historia desde los sesenta a la actualidad. Bosch también concluye que la fotografía subvierte cuando comunica, y que es la intención de hacerlo su principal posicionamiento: “Yo no susurro con mis fotos. Hay muchos fotógrafos que susurran y que son hermosos para ver y quedarse adelante. Yo intento gritar para comunicar”. La frase es parte de los largos testimonios que son la base de Sombras de luz. La fotografía de Carlos Bosch, un documental estrenado en 2018, dirigido por Daniel Henríquez, guionado por Leonardo Novak y que cuenta con la investigación y archivo de Carmela Silva. Que -con motivo del fallecimiento de Bosch- se puede ver en Internet de manera gratuita hasta las 24 horas del domingo 5 de julio. El logrado documental permite, además de conocer al personaje (por demás interesante) y poner en valor su obra (injustamente desvalorizada), reponer ciertas posiciones sobre la Política de la Fotografía, su Ética y las consecuencias de las transformaciones estructurales en ellas.

Política de la fotografía

 

¿Cómo contar la historia de Carlos Bosch? ¿Cómo mostrar su obra? Desde el comienzo Sombras de luz sugiere que, felizmente, evitará la biopic como género y el relato cronológico. Lo “importante es el presente”, señala Bosch al bocetear en papel uno de sus autorretratos, y es justamente desde ese tiempo y ese trabajo -la serie de autorretratos Los miedos- que la narración comienza. Esto permite ver a Bosch muy activo, planificando fotografías, trabajando en su taller, armando una fotografía dentro de la ex cárcel de Caseros, etc. “No quisimos mostrarlo como el fotógrafo que había sido, sino como el que estaba siendo todavía”, señala Leonardo Novak, autor del guion. El resultado es la sensación de estar en frente de un artista y de hacerlo en plena cocina de su arte.

 

La cuestión no es menor, teniendo en cuenta las tentaciones que puede ofrecer el rico pasado de un personaje que fue un importante reportero gráfico en tiempos de modernización periodística y de revolución política en la Argentina; que compartió la redacción del diario Noticias con personajes de la talla de Rodolfo Walsh, Juan Gelman o Paco Urondo; que ejerció el fotoperiodismo en tiempos de la “apertura” política post franquista en España haciendo escuela en varios medios; que se infiltró en los grupos fascistas pro-franquistas, muerto Franco, para armar un fotorreportaje de antología; que fue el único fotógrafo en documentar la primera marcha del orgullo gay en Europa; que cubrió la invasión soviética a Afganistán, etcétera, etcétera.

 

Es en ese punto que la política también aparece en presente para desde allí recorrer un periplo que lo muestra a Bosch insistir tozudamente, en sus autorretratos, frente al reclamo de volver al registro periodístico, al documento. Pero también frente a la sanción institucional que premió con solo una mención a uno de sus autorretratos y que le molestó tanto a Bosch. Su respuesta no puede ser más política: “A mí me interesa el tema y para contarlo como quiero necesito producir, elaborar la foto”. Es que si “en la fotografía tiene que haber un lenguaje, una forma de narración” y debe tener como requisito fundamental “sujeto, verbo y predicado”, tal como señala Bosch, la cuestión es que no es el fotoperiodismo actual el lugar en donde poder decir lo que él quiere decir.

 

No lo es por las transformaciones que han tenido la fotografía, los medios y las empresas periodísticas. Cuando la modernización periódística avanzó en los sesenta en la Argentina, la fotografía vivió su esplendor como documento. Fundamentalmente por su capacidad de condensar información y por el papel ilustrativo que tenía en relación con el texto escrito. Esa importancia venía acompañada de un presente revolucionario en lo político. Bosch vive ese proceso como una transformación política y personal: “Yo fui tomando conciencia de mi rol. Yo vengo de la universidad y soy de derecha pero voy tomando conciencia a medida que vivo la realidad, y eso me lo dió la vida de reportero gráfico y uno va viendo el mundo real y no el mundo que te cuentan los medios o la universidad”. Este estar en la calle es lo que va forjando el compromiso político de Bosch que lo lleva a su “primer raje”: el exilio en 1975.

 

Pero hay un “segundo raje”, que se da cuando ya no se podía practicar el fotoperiodismo de la misma manera. Bosch sitúa este gran cambio a principios de los ochenta: “hay una ruptura en el sentido de que las empresas empiezan a comprar a los medios de comunicación, y eso te planteaba el dilema de dónde vas a publicar algo que ponga en duda al orden financiero de la época que se apropió de todo. Era un momento en que sentí que tenía que irme y fue una especie de segundo raje”. Eso alejó a Bosch de su trabajo como reportero gráfico.

 

Eticas de la Fotografía

 

Para Bosch hay límites morales y éticos en derredor de la fotografía, pero no son los que impone una moral o una ética vinculada al sentido común. Es la ética del compromiso con lo que uno quiere contar, con el mensaje que se quiere dar, la única presente en la fotografía. Porque como él mismo aclara: “los que somos fotógrafos y  hemos trabajado en un medio de comunicación, sabemos que muchas veces caemos en la disyuntiva entre el mensaje que queremos dar con la conducta ética que tenemos que tener para obtener esa foto”. El secreto está en no de perder la perspectiva, tal como le pasó a él cuando no tenía nada y “fabrica” una foto al pedirle un fusil Kaláshnikov a un chico para ponérselo a una mujer. De ahí solo puede sacarte el compromiso con la fotografía de verdad, proceso que en él se dio cuando “las buenas imágenes fueron capaces de convencerme a mí de no hacer cosas que yo no tenía ganas de hacer”.

 

Esa pérdida de perspectiva es la otra cara de una moneda corriente hoy: la imagen liberada de carga. La pura imagen. Para Bosch, estamos en una época en que reina la imagen: “estamos llenos de imágenes todo el tiempo, pero las fotografías son otra cosa”. Esa distinción es fundamental para entender que cuando la imagen se libera puede servir para cualquier cosa. En el documental, Bosch ejemplifica con la exposición de la foto de un niño sobreviviente en Siria. Lo hace en plena Feria del Libro: “es doloroso ver un niño así, es doloroso ver a aquel niño en la playa, pero cuando este tipo de imágenes se hacen de esta manera, fuera de contexto, sin explicaciones, lo único que hacen es provocar un dolor insensibilizador”. Para remarcar su distancia con esos modos de hacer periodismo y fotoperiodismo, apunta que “esta es una discusión que yo tengo con muchos fotógrafos de hoy y periodistas también, que están convencidos de que a la realidad hay que mostrarla de cualquier manera. Y no hay que mostrarla de cualquier manera”.

 

Un lenguaje final

 

El documental tiene varios aciertos. Es atrapante aún siguiendo a la típica estructura del testimonio a cámara. La música es, sencillamente, excelente y fue compuesta especialmente por Eliane Correa, hija del protagonista. La música como fondo de las fotografías logra un efecto llamativamente cautivador y solo superado por el recurso, varias veces usado, de dejar varios segundos las fotografías sin fondo músical alguno, interpelando desde su poder de sugerir, movilizar e inquietar.

 

En 2016 Bosch obtiene el Gran Premio del Salón Nacional de Artes Visuales con la segunda fotografía de la serie de autorretratos, Los miedos. Es la foto en la cual Bosch pone en imagen su miedo a la muerte. La escena es una joya dentro del documental. Bosch está en su casa, acomodando ropa y suena el teléfono. Él se dirige a atenderlo y la cámara lo espera, pero capta de lejos el sonido de la charla. En ella destaca que la “foto es muy fuerte”. Luego se acerca a la cámara y le pregunta a quien la maneja: “¿a qué no sabés a quién le dieron el primer premio de fotografía?”, para luego emocionado señalarse a sí mismo y abrazarse con el cámara.

 

Poco antes, al exponerla, contaba en el documental que no tenía más laboratorista y que para hacer el efecto buscado en la foto había raspado con un cuter el negativo hasta lograr lo que quería: un Bosch auténtico.

 

“Me gustaría mostrarle a la gente joven que le pasa a un viejo. A mí nunca los mayores me dijeron: ‘mirá, cuando llegues a la vejez te va a pasar tal cosa’, y nunca estuve preparado para llegar a la vejez. Y llegué a la vejez y me pegué flor de hostia porque me encuentro que yo sigo de la cabeza bien, pienso y tengo ganas de laburar, pero el cuerpo no me acompaña” señala Bosch cerca del cierre. El testimonio resulta llamativo porque lo que se ve es otra cosa: un artista activo y muy creativo en esa etapa de su vida.

 

Edward Said, con el espectro de Adorno detrás, y enfrentando a la etapa final de la leucemia que lo llevará a la muerte, analizaba cómo la decadencia del cuerpo, el deterioro de la salud y el acercamiento, inevitable, de la muerte produce en los grandes artistas un nuevo lenguaje (en su obra y en su pensamiento), al que denomina “estilo tardío”, que implica una tensión no serena y nada armoniosa, una productividad no productiva sino contra. Mucho de eso se deja ver en Sombras de Luz, como registro de una etapa muy creativa de alguien que transitó por todas las transformaciones de la fotografía y construyó una enorme y valiosa obra, que tiene en este interesante documental una muy justa y lograda recuperación.

 

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05/07/2020

Chubut: el PTS y una posición que diluye la lucha contra la megaminería

Por una gran campaña por la Iniciativa Popular junto a las asambleas del No a la Mina

Delegado de Aluar

El lunes 22 de junio la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh), lanzó públicamente una campaña de firmas por una Segunda Iniciativa Popular para avanzar en la legislación contra la megaminería contaminante. En Chubut, la Iniciativa Popular es un mecanismo legal contemplado en el artículo 263 de la constitución provincial, mediante el cual la legislatura se ve obligada a tratar en un plazo no mayor a seis meses, un proyecto de ley que tenga la firma del 3% del padrón electoral, actualmente 13.500 personas.


La histórica lucha de la población chubutense contra la megaminería es mundialmente reconocida. Se ha  expresado en las enormes movilizaciones de Esquel y la cordillera en 2003/2004, la consulta vinculante de aquel entonces y en la ley de Iniciativa Popular de 2014, bloqueada escandalosamente por el lobby minero, de la mano del voto de diputados y diputadas que formaban parte de mismas fuerzas políticas que actualmente componen la legislatura provincial.


Frente a esta nueva campaña ofensiva del movimiento de lucha por el No a la Mina, los compañeros y compañeras del Partido Obrero caracterizamos que, con todos los límites que presentan los mecanismos de la democracia burguesa, una campaña de este tipo, si es acompañada por la movilización popular y un debate a fondo en el movimiento obrero, puede alcanzar la fuerza social necesaria para asestar un nuevo golpe a la tentativa de avance megaminero que impulsa el gobernador Arcioni y a nivel nacional el mismo Alberto Fernández.


De este modo, siguiendo la línea de las campañas electorales del 2019, donde el Frente de Izquierda-Unidad fue la única fuerza política que incluyó como punto programático el #NoEsNo en Chubut, propusimos al resto de las fuerzas FITU, el MST y el PTS, realizar una declaración conjunta de apoyo a esta nueva Iniciativa Popular, en los términos de la izquierda revolucionaria, ponerle el cuerpo a esta campaña con el método del frente único, e incluso poner a debate del movimiento del No a la Mina el programa socialista de la izquierda, la necesidad de enfrentar implacablemente a los partidos patronales e involucrar activamente al conjunto de la población chubutense y a sus organizaciones obreras.


Con la única fuerza con la que no hubo acuerdo fue con el PTS, pues han insistido (al punto de retirar la firma de este documento unitario) con una posición que consideramos absolutamente errada en términos políticos y estratégicos: la convocatoria a un “plebiscito vinculante donde se exprese la voluntad popular”.


Consideramos desde el Partido Obrero que es una posición incorrecta y a contramano de las asambleas de toda la provincia. Porque el pueblo de Chubut ya decidió, en 2003, en 2014 y con las importantes movilizaciones de fines de 2019 contra la última intentona de Arcioni, golpeada a su vez por la gesta de la población de Mendoza en defensa de la ley 7722, que en este caso no “plebiscitó” derecho alguno.


Chubut ya ha “votado” con la movilización callejera. Esa es la caracterización y la impronta que surge desde las bases de las asambleas y con la que hemos acordado como punto de arranque de esta campaña política. Dejamos al margen el contradictorio (y hasta ofensivo) hecho de hacer de cuenta que apoyamos una campaña, pero a renglón seguido borrarla con el codo y traficar otra bastante diferente, con la que a sabiendas el resto de las fuerzas no acordamos.


Una posición a contramano y con historia


No es la primera vez que el PTS en Chubut plantea esta posición. Ya en diciembre de 2019, en sucesivos artículos en La Izquierda Diario (21/12 http://www.laizquierdadiario.com/Fuerte-repudio-en-Chubut-al-ataque-y-modificacion-de-la-ley-7722-de-Mendoza y 23/12 http://www.laizquierdadiario.com/Chubut-se-realizo-una-gran-jornada-contra-la-megamineria), proponían, en soledad, mandar a votar a quienes estaban movilizando en las calles.


También es necesario señalar que el plebiscito provincial es una consigna levantada en numerosas ocasiones por los mismos partidos patronales. Es el planteo que levantó el ex gobernador Mario Das Neves en 2015.


En 2018, Javier Touriñán, como presidente del bloque del Frente Para la Victoria, , quien promocionó la implementación de una “consulta popular vinculante” a efectuarse en simultáneo con las elecciones provinciales de 2019.


Esta trampa con barniz “democrático” es incluso sugerida por el actual diputado pro-minero del Frente de Todos, Santiago Igón, quien cada vez que es consultado por su posición sobre el tema responde que “el pueblo de Chubut debe elegir”. El mismo Arcioni suele responder en un sentido similar cuando no está abiertamente siguiendo el guión de Panamerican Silver. Las mineras y los partidos patronales se entusiasman con poder dar vuelta el repudio popular con los presupuesto millonarios de las mineras y la manipulación de los medios de comunicación. No casualmente el mote con que descalifican al movimiento del No a la Mina las mineras y sus voceros en los partidos patronales es el de “antidemocráticos”.


En los albores del gobierno de Fernández y del cambiemita Suárez en Mendoza, el pueblo cuyano en la calle fue el que arrancó el retroceso de la legislatura dónde ambos en bloques, el peronismo y y Juntos por el Cambio habían votado una ley pro megaminería. En cambio un plebiscito como el propuesto por algunos sectores de la burguesía y por el PTS, haría pesar todo el aparato del Estado y del poder capitalista para extorsionar a una población asediada por la crisis y la quiebra capitalista que Arcioni descarga sobre sus espaldas. No olvidemos que la burguesía, para rescatar a los banqueros de la deuda y a los pulpos petroleros que han quebrado la provincia, presenta la megaminería contaminante como salida. Una mentira para seguir hipotecando los recursos y el patrimonio medioambieltal en favor de las corporaciones del negocio del saqueo de los recursos naturales.


El No es No se conquista en las calles


La discusión de fondo en este punto es la comprensión del carácter de la democracia burguesa para unos y para otros, y las acciones concretas a llevar adelante. Flojo favor le hace al desarrollo de la izquierda en Chubut esta posición trasnochada del PTS, que por su historia y lucha, el movimiento del No a la Mina ya ha descartado. La Iniciativa Popular impulsada por las asambleas es un punto de apoyo para ratificar, nuevamente y con la movilización popular, el #NoEsNo, por eso la apoyaremos e impulsaremos a fondo, como ya hemos hecho en las primeras mesas de firmas que se han realizado en toda la provincia.


Por este motivo, nuestro aporte va en el sentido de la declaración firmada por el Frente de Izquierda Unidad en Chubut: “Exigimos a la CGT que rompa el pacto megaminero de saqueo y entrega de los bienes comunes y que junto a la CTA, ATE, ATECh abandonen la tregua con el gobierno. La Iniciativa Popular debe ser debatida en todo el movimiento obrero y el No a la megaminería incorporado como un punto programático fundamental junto a la pelea por el salario, contra el pago a la deuda externa y por impuestos a las grandes fortunas como PAE, Aluar, Benetton, las pesqueras y grandes supermercados, como medidas de emergencia ante la situación actual. Pongamos en pie asambleas intersectoriales en todos los pueblos y localidades, en la perspectiva de un plenario provincial de unidad de todos los sectores en lucha para echar a Arcioni y sus socios, derrotar este plan de gobierno y debatir un programa de salida obrero y popular a la crisis de Chubut, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores”.



 

05/07/2020

“Agruparse ante las carencias”: Jaina Elgueta, Clara Parodi y Fabiola Masino, en la radio de Músicxs Organizadxs

Las músicas intercambiaron con Ramiro Pérez sobre su experiencia artística, sus reclamos y sus luchas.

Conducida por el cantante lírico Ramiro Pérez, se realizó este viernes 3 la sexta edición de la radio de Músicxs Organizadxs (MO), con entrevista a tres invitadas de lujo: las cantantes Fabiola Masino y Jaina Elgueta, y la directora de orquestas Clara Parodi.


Músicxs free-lance y pandemia


Masino, destacada cantante lírica de Tucumán, dio cuenta de su trayectoria, desde sus inicios como guía vocal del Coro Universitario y su debut en el Teatro Colón a los 24 años, pasando por sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid y el trabajó en el Teatro Real de esa ciudad y otros muchos de primer nivel. Después de 13 años en Europa, Masino se radicó en Buenos Aires para atender una situación familiar y ya no se volvió a ir.


Masino se definió en la entrevista como música free-lance (es decir independiente), “ya que trabajo muy poco tiempo en elencos estables en relación de dependencia” -además de practicar como docente y terapeuta. Y destacó que ser free-lance “tiene su costado positivo: manejar el tiempo propio, estar más creativo” y que “todo parece fluir cuando hay trabajo”. Pero marcó como costado negativo la falta de seguridad de un trabajo continuo, que ahora se agudiza ante la situación de la pandemia. Otro costado es que la tarea suele ser solitaria e individualista, aunque ella no comparte mucho esto, porque en el armado de elencos se construye un grupo estable por un tiempo con el desarrollo de vínculos. Y se refirió a la condición del cantante medio, que en Europa está sujeto a audiciones continuas -lo que, a pesar de ser un “gran entrenamiento”, “es desgastante”.


Masino marcó que la situación actual, ante la falta de trabajo, hace que la tarea docente sea más viable, y para ello se ha adaptado a la versión online, aprendiendo a utilizar la tecnología y desarrollando distintos recursos pedagógicos. Ante la vulnerabilidad y las carencias -señaló- surge la necesidad de agruparse, no solo para actividades benéficas, sino para debatir cómo se sale de esta situación. Y expresó su identificación, en ese sentido, con las propuestas y reivindicaciones de MO.


La lucha en el Teatro Municipal de Santiago Chile


Luego fue el turno de la cantante Jaina Elgueta. Procedente de México y recibida en la Escuela Superior de Bellas Artes, se especializó estilísticamente en Italia e integró el Coro Sinfónico de Méjico. Luego de una experiencia en el Teatro Municipal de Santiago, se radicó en Chile, y es cantante estable del coro de ese organismo, donde además es delegada.


En el diálogo se recorrió la lucha que los trabajadores del Teatro Municipal de Santiago dieron un año atrás contra el vaciamiento y despidos en todos sus sectores. Durante el conflicto se achicaron las plantas en un 25%, pero ya antes, en el año 2006, casi toda la orquesta había sido disuelta como resultado de otro conflicto. En esta nueva etapa los sindicatos- agrupados por sectores- se unieron y lograron que el director se fuera. Esto no fue, fácil ya que en el teatro hay una federación de sindicatos, siete en total, y ante esta diversidad costó mucho conciliar y unirse entre todos para hacer valer los derechos, en el marco de crisis y amenazas. Estos trabajadores fueron quienes durante la rebelión chilena del 2019, y a pesar de la feroz represión, hicieron una función en la puerta del Teatro Municipal para apoyar al pueblo.


Jaina relató en la entrevista que, a partir de la pandemia, la situación se encuentra mucho peor, ya que el gobierno “ha elegido la economía sobre lo humano” y se exacerba la precariedad. Para la cantante, “la gente está mas herida y prevé que habrá un estallido peor”. La crisis ha pegado en el Teatro y no se sabe qué va a pasar, hay una situación de impasse dentro del descalabro. Y señaló que el Teatro necesita un mayor apoyo desde el Estado -es una casa de tipo semipública, semiprivada- y que es necesario el desarrollo de un movimiento como MO, para agruparse y levantar las reivindicaciones del sector.


José C. Paz, un ejemplo de lucha contra el ajuste


Finalmente pasó por la radio Clara Parodi, quien estudió dirección de orquesta y profesorado de saxofón, implicada en la música contemporánea. Además de multi-instrumentista, es directora de las orquestas municipales de José C. Paz y Pilar, y de la Orquesta Escuela Frederic Chopin.


Clara contó que en un simposio de directoras de orquesta en Uruguay se discutió como la cuestión de género influye en el trabajo. Fue allí donde a ella, que había sido desplazada de la dirección de un concierto que daba cierre a un festival, “le cayó la ficha” sobre la naturaleza de ese hecho, porque “muchas veces se naturalizan situaciones”. Si bien hay muchas buenas directoras, destacó, no llegan a acceder a los nombramientos en los escasos puestos.


Antes de que se declare la cuarentena, el intendente Mario Ishii (del Frente de Todos) disolvió y despidió a los integrantes de la Orquesta de José C. Paz, que funciona en uno de los distritos bonaerenses más pobres y -enfatizó Clara- salen a dar conciertos en los barrios, escuelas y hospitales. La directora relató cómo empezaron un plan de lucha y visibilizaron la problemática, recibiendo un enorme apoyo y solidaridad de la comunidad, músicos, dirigentes sindicales y también Musicxs Organizadxs. Así fue que lograron torcerle el brazo al intendente, logrando la reincorporación de casi todos los músicxs de la orquesta. En la entrevista se plasmó que, pese a un descuento en el salario y otras cuestiones, esa victoria es un logro importantísimo de los compañerxs en un terreno sumamente adverso, y Clara remarcó que hay compromiso de reincorporar a todos los trabajadores y que seguirán con ese reclamo.


Experiencias, carencias, reclamos y luchas en tres valiosos intercambios, en una nueva edición de la radio de Músicxs Organizadxs.

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Mendoza: Rodolfo Suárez reprime y detiene a decenas de municipales

Por orden directa del gobernador, Rodolfo Suárez, y del intendente de Mendoza , Ulpiano Suárez, se llevaron detenidos a decenas de municipales, incluidos los que estaban encadenados, mediante un enorme operativo policial.

Fueron rodeados, golpeados, detenidos y llevados a las comisarías 3ra y 4ta. En medio de la tensión, un compañero se descompensó y tuvo que ser asistido. También fueron detenidos varios dirigentes gremiales presentes como Sebastián Henríquez (Sute) y Roberto Macho (ATE).

Repudiamos la nueva represión del gobierno frente al legítimo reclamo de salarios dignos y apertura de paritarias. Los palos y los procesamientos no podrán frenar el reclamo de los y las trabajadores.

Llamamos a todas las organizaciones a acercarse a las comisarías 3ra y 4ta para exigir la inmediata liberación de todos/as. Así como también a participar activamente de la asamblea de vecinos autoconvocados mañana lunes a las 10.30 h en la explanada de la municipalidad de Ciudad, y a la movilización convocada por los municipales para el día martes desde el kilometro 0, a las 10 h.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prensaobrera.com/libertades-democraticas/71815-mendoza-nueva-represion-de-suarez-a-los-municipales

 

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05/07/2020

Neuquén: contagios en el sistema de emergencias, la remoción de Ortiz Luna y la crisis de la salud

Removieron a la titular del Sien, cuyas declaraciones muestran la precarización que reina en el área.

Tribuna Estatal Salud

El viernes 3, el gobierno provincial removió de su cargo a la titular del Sistema Integral de Emergencia Neuquén (Sien), Luciana Ortiz Luna, que venía desempeñándose en ese cargo desde su creación en 2012. El Sien es un sistema de asistencia pre-hospitalaria, que cuenta con una central de emergencias (número 107), se ocupa de toda la emergencia por fuera de hospitales en la ciudad de Neuquén, y colabora en situaciones de desastres en el resto de la provincia.


La remoción de Ortiz Luna se produce en un contexto de alza de la pandemia en la provincia. La habilitación de actividades económicas productivas y comerciales por parte de Alberto Fernández, y del gobernador Omar Gutiérrez (MPN) en la provincia, pavimentó los contagios. La curva se ha disparado, llegando a tener un promedio de 10 casos diarios y triplicándose en el término de un mes (de junio a julio) los casos confirmados en la provincia.


Fue en ese cuadro que el Sien alcanzó el pico de contagios, con 17 de sus trabajadores afectados. Frente a ello, la ex titular salió públicamente a reconocer dos problemas clave: la mala calidad de los elementos de trabajo y el problema del contagio debido a la circulación comunitaria del virus. Por otra parte, en varios tuits expresó que se limitaron los testeos en la provincia para mostrar números irreales, que hay faltante de camas y que habían aumentado los contagios. Y, ya fuera de sus funciones, se despachó diciendo en un programa televisivo que la Unidad de Cuidados Exclusivos Covid 19 (UCE) instalada en el Espacio Duam “es indigna” y que el sistema público puede colapsar en semanas. Y expresó en relación al gobierno “el poco interés por los trabajadores de salud”.



Cómo se llegó a los contagios en el Sien


El Sien surgió con el proyecto plurianual del Estado provincial (2012 – 2015), con su propio  presupuesto. Mientras en el sistema de salud estatal seguía la sangría de recursos tecnológicos, bajos salarios y falta de cargos, este organismo pudo comprar ambulancias, nombrar enfermeros, camilleros y médicos, pagar las guardias, la comida y generar los nuevos espacios físicos (tiene varias bases en el conglomerado Neuquén – Plottier – Centenario). También, en convenio con Aeronáutica, realiza vuelos sanitarios hacia el interior y a centros de mayor complejidad como Buenos Aires, La Plata o Mendoza (aunque ya en el 2015 hubo denuncias del estado de los aviones y el helicóptero que por fallas técnicas no estaban operando, haciendo que los traslados fueran por tierra únicamente, con el riesgo de accidentes que eso ocasiona).


Así las cosas, el Sien ha sido uno de los caballitos de batalla del gobierno para ir a atender y trasladar a pacientes infectados por Covid-19 sin saber si tenían diagnóstico positivo del virus. Esta tarea, sin equipos de protección personal correspondientes y sin unidades equipadas para poder atender, es una bomba de tiempo para cualquier trabajador.


Vaciamiento de la salud


A la política de desidia patronal del Estado, con falta de insumos, precarización laboral, personal y equipos de protección, se le suma el no pago del IPC (cláusula “gatillo” salarial) y ahora con la decisión política del gobierno del MPN de pagar el aguinaldo en tres cuotas. La inflación sigue en aumento y no hay cuarentena que la frene: en Neuquén, para el mes de mayo, los rubros de “transporte y servicios”, “atención médica y gastos para la salud” y “alimentos” fueron los que más subieron, dando una acumulación interanual de más del 54 %. Una verdadera catástrofe para el salario de miles de estatales en la provincia.


A pesar de este cuadro devastador, los sindicatos que nuclean a lo estatales hacen la plancha. En el horizonte de las burocracias sindicales solo tiene prioridad mantener los negociados con el gobierno.


Los trabajadores y trabajadoras estatales necesitamos organizarnos para intervenir en esta pandemia. Es necesario un plan de lucha exigiendo mejores condiciones de trabajo para mitigar el riesgo al que estamos expuestos y que no nos licuen el salario, unificando nuestros reclamos a todos los sectores en lucha.



 

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05/07/2020

Sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez

El asesinato de Fabián Gutiérrez, cuando aún no están claros los móviles del crimen, ha desatado una lucha política.


No es extraño. Gutiérrez fue parte de los colaboradores más estrechos del kirchnerismo, tanto de Néstor como de Cristina, de quien fue secretario privado siendo ella presidenta de la Nación. Pero Gutiérrez cobró notoriedad cuando declaró ante el fiscal Stornelli y el juez Canicoba Corral, en la causa de los cuadernos, como arrepentido. Gutiérrez detalló con lujo de detalle el traslado de bolsos con dinero de la Casa Rosada a la bóveda en la casa de los K en El Calafate. Gutiérrez debió a su vez responder por su rápido y enorme enriquecimiento.


La ligazón estrecha de Gutiérrez con la causa de los cuadernos y su testimonio condenatorio de CFK sirvieron para que la oposición de Cambiemos se apoderara del tema para considerar que la muerte de Fabián Gutiérrez se trató de “un nuevo crimen vinculado al poder kirchnerista” según las palabras del diputado Cornejo (del ala dura de la Ucr), pero la propia coalición de radicales y macristas lo consideró una “causa de grave repercusión institucional”. El gobierno respondió con “indignación” a las sugerencias de la oposición, pero es consciente que el crimen de Gutiérrez trajo a la superficie nuevamente las principales causas de corrupción del kirchnerismo. No solo eso, la oposición al reclamar que la investigación pase al fuero federal puso el dedo en la llaga: la justicia de Santa Cruz es una pata indisoluble del dominio K en la provincia. Como dato ilustrativo la hija de la gobernadora Alicia Kirchner, y por lo tanto sobrina de la actual vicepresidenta, es la fiscal que interviene en la causa. Para completarla quienes están acusados del crimen al igual que el asesinado (y la justicia) son parte del kirchnerismo y de sus negocios en la provincia.


Es indiscutible que la oposición macrista ha aprovechado para sacar la pelota de su campo donde estaba instalada desde que se descubrió el espionaje llevado adelante por los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri, con su propio entorno comprometido. El descubrimiento de la red que vigilaba incluso a funcionarios del propio gobierno convulsionó a la coalición opositora. El crimen de Gutiérrez es una oportunidad para que el tema pase a segundo plano.


En una desatada guerra de las bandas que controlan los servicios de inteligencia (en todos los gobiernos), la teoría del crimen político calza como un anillo al dedo: por eso han salido explotarla.


El crimen de Gutiérrez, cuyas motivaciones reales no se saben aún (y posiblemente sea difícil que se sepan con certeza), en un santiamén trajo al primer plano la corrupción de unos y otros, la pudrición del Estado con sus servicios de inteligencia como manifestación ineludible, la cooptación de la justicia y la guerra de los aparatos que gobiernan, entre otras cuestiones.


Para los trabajadores que deben lidiar con el coronavirus, con la pérdida sus puestos de trabajo, con la reducción de los salarios y el ataque a sus conquistas históricas, las denuncias cruzadas que desató el crimen de Gutiérrez agregan una razón más para sacarse de encima el régimen podrido de los capitalistas que gobierna este país.



 

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05/07/2020

Universidad Nacional del Comahue: Preparemos una gran acción de lucha por nuestros reclamos

Por Sol Canet
Vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades

Luego de la asamblea interclaustro de la Facultad de Humanidades, el pasado jueves 2, en vísperas del paro nacional de la docencia universitaria convocado por CONADUH, les estudiantes y docentes resolvimos marchar a las puertas del rectorado por todos nuestros reclamos.


La asamblea estuvo atravesada por el debate sobre cómo la virtualización forzosa afecta tanto a estudiantes y como docentes, y el fuerte ataque a la educación universitaria que constituye la falta de presupuesto que agudiza más los problemas gobierno tras gobierno, reflejado directamente en la deserción estudiantil y la precarización laboral de les docentes.


En este sentido, la asamblea ha rechazado masivamente la resolución de la decana de la Facultad de Humanidades, que resolvió adoptar políticas expulsivas para les estudiantes y agravando las condiciones de la precarización docente ya que les empuja al dictado de las materias del primer cuatrimestre hasta agosto.


El presupuesto 2020 para las universidades, que debió ser tratado en el Congreso, quedó subordinado a la orientación política del Gobierno nacional, o sea, al pago y la reestructuración de la deuda y el salvataje a los capitalistas como Vicentin.


Culminando el primer cuatrimestre, aun no se han pagado las becas de contraprestación, las becas de ayuda económica y ni siquiera se ha asegurado un plan para garantizar las condiciones materiales de la virtualización como dispositivos, efectiva conexión gratuita y el buen funcionamiento de las plataformas como Pedco y Siu.


En este mismo sentido se ha llevado adelante el ataque a la docencia, porque tampoco se garantizan las condiciones de su conectividad, avanzando la extensión laboral sin pago, el no cumplimiento de la clausula gatillo y ahora, el pago del aguinaldo en cuotas.


Las responsabilidades de las autoridades están a la vista.


Las autoridades no solo han actuado como correa de trasmisión de este ajuste y  haciendo oídos sordos a los reclamos de estudiantes y docentes, también han adoptado una política expulsiva para les estudiantes en su derecho a estudiar.


Ejemplo de esto es lo resuelto por la decana de la Facultad de Humanidades que no ha dado respuestas a la regularidad incondicional para todes, que es de suma importancia para que les estudiantes no perdamos el acceso a las becas y a los tramites de las obras sociales. A su vez, rechazamos, que se haya resuelto la condición de libres para quienes no pudieron acceder a las clases virtuales pero que se han inscripto a las materias por Siu.



¿Y la FUC?


Queda claro el rol de la Federación Universitaria conducida por Miles y la Cepa, agrupaciones ligadas al oficialismo,  se ha borrado de todas las luchas políticas que denuncian a la responsabilidad de las autoridades.


Comenzada la cuarentena, la federación no movió un solo dedo para impulsar la deliberación democrática entre les estudiantes como tampoco a una representativa de centros que realmente ponga en pie un plan de lucha para defender nuestros reclamos.


Organicemos una gran acción de lucha el miércoles 8 de julio


Desde la UJS, por lo contrario, hemos impulsado la organización de reuniones abiertas y asambleas y acciones presenciales en el rectorado y en las calles. Este es el camino que queremos profundizar llamando todes les estudiantes y docentes a participar de la nueva acción de lucha unitaria el miércoles 8 de julio.


Rechazamos la regimentación de las salidas por el numero de documento impuesta por el gobierno de Omar Gutiérrez.


Sigamos el camino de las luchas en curso de las y los trabajadores de expreso argentino, les docentes, el polo obrero  y  los trabajadores ceramistas contra el remate de la fabrica y en defensa de sus puestos de trabajo.


Vamos por la regularidad incondicional para todes, pago de becas BAE y de contraprestación, conexión y dispositivos para docentes y estudiantes que lo necesiten, por el pago y el aumento de la beca progresar a 10.000. Por la defensa del salario docente, contra el pago del aguinaldo en cuotas y la precarización laboral.


Por el aumento extraordinario del presupuesto para la universidad, bajo el impuesto progresivo de las grandes rentas y fortunas presentado por el FIT-U, para garantizar las condiciones de estudio y trabajo.  No al pago y restauración  de la deuda externa, defendamos nuestro derecho a estudiar.


 

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05/07/2020

Córdoba: la Coordinadora Sindical Clasista resuelve campaña por un congreso de delegados de base

Con una participación representativa de importantes gremios de la provincia, sesionó el sábado 4 el plenario de la Coordinadora Sindical Clasista de Córdoba (CSC). La reunión estuvo integrada por todas las agrupaciones sindicales que conforman la coordinadora: la Fucsia del Suoem (municipales de la capital), Tribuna Docente, Tribuna de Salud, Frente Docentes en Lucha, La Naranja Estatales, Agrupación de Trabajadores de Reparto, Prestadorxs Precarizadxs y el Polo Obrero. También contó con la destacada participación de activistas y delegados del Sutna (neumático), el Sindicato de Municipales de Jesús María, trabajadorxs de Luz y Fuerza y empleadas domésticas.


Se trató de un plenario de luchadores que dio cuenta de la activa intervención de la CSC en los principales conflictos obreros que atraviesan la provincia. El informe a cargo de Alejandro Roqueiro, delegado departamental de Tribuna Docente, destacó la situación crítica en que la clase obrera libra batallas claves en defensa del salario, las jubilaciones y los puestos de trabajo. En este sentido se colocó entre las tareas centrales la organización y el desarrollo de los agrupamientos clasistas dentro de cada sindicato, capaces de ofrecer un rumbo a la clase obrera que rompa con el pacto de la CGT, la CTA y los gobiernos.


A lo largo del debate tomó la palabra la compañera Susana Rins, delegada del Suoem por la lista Fucsia, que rescató la enorme lucha que desarrollan lxs municipales contra el ajuste del PJ en la ciudad. Se trata de una lucha estratégica para la clase obrera cordobesa, puesto que tras el ataque a lxs municipales, vienen por el convenio de los recolectores y los choferes de UTA. El PJ pretende mandar una clara señal a todo el arco patronal y es por esto que el plenario resolvió el apoyo a esta lucha, conquistando la solidaridad activa del conjunto de la clase obrera.


A su turno, los compañeros del Sutna destacaron la importancia de la lucha que están librando por el pago integral de los salarios en IBF y Neumático de Avanzada. En una provincia azotada por los despidos arbitrarios e ilegales en la industria, que se combina con la imposición patronal de volver a la producción sin las mínimas condiciones de bioseguridad, la lucha que está librando el gremio del neumático, con el método de la asamblea y la acción directa, constituyen un norte para todo el sector. El plenario resolvió por unanimidad apoyar activamente todas las medidas de acción que dispongan los trabajadores, en pos de lograr el triunfo de su reclamo.


La organización contra la armonización jubilatoria y el robo a lxs jubiladxs fue un punto destacado en el plenario. Esta campaña debe unir al conjunto de lxs trabajadorxs en una lucha estratégica contra el gobernador Juan Schiaretti y Alberto Fernández, que han convertido a la Anses y la Caja Provincial en la fuente de financiamiento de subsidios a los privados y para el pago de una deuda usuraria con los acreedores internacionales. En esta línea, el debate en torno a la campaña en apoyo al impuesto a las grandes fortunas (que el Frente de Izquierda presentó como proyecto en el Congreso nacional) cobró centralidad, puesto que es un eje de delimitación con la salida pro-patronal de los gobiernos, que refuerza políticamente las luchas obreras y establece una salida a la crisis para lxs trabajadorxs.


En el debate también participaron compañeros trabajadorxs de la salud que batallan dentro de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) por organizar los hospitales ante la debacle sanitaria y el desmantelamiento de la salud, en la perspectiva de un sistema centralizado de salud pública. También tomaron la palabra no docentes, empleadas domésticas, docentes provinciales y universitarios, jóvenes trabajadores de reparto y trabajadores de la salud. En las diferentes intervenciones se colocó la necesidad de establecer una unidad en las luchas, y el rol que cumple en este punto el Plenario del Sindicalismo Combativo y su política de frente único, opuesto por el vértice a la integración de las burocracias a los gobiernos.


El plenario deliberó y resolvió impulsar una campaña por el plenario de delegados de base y el paro provincial de las CGT’s y las CTA’s, apoyado en las principales luchas que atraviesan la provincia. En la perspectiva de reforzar la construcción de una alternativa política de lxs trabajadores, se votó dar un nuevo impulso a la campaña de pronunciamientos por el proyecto del impuesto a las grandes fortunas del FIT, con el objetivo de juntar 500 firmas en la próxima semana.


Además, se resolvió el apoyo a todos los procesos de organización en curso como el reclamo de las empleadas domésticas, de los repartidores, los municipales de Jesús María, los trabajadores de la salud; como así también el apoyo activo a la lucha que libran lxs trabajadores del Sutna y el Suoem. Finalmente se votaron nuevas iniciativas para continuar la lucha en defensa de las jubilaciones, impulsando la charla de los jubilados el próximo miércoles, participar de la movilización del 15 de junio y acompañar la presentación en la legislatura del proyecto de ley contra el doble ajuste jubilatorio a los trabajadores municipales.


Con estas resoluciones la Coordinadora Sindical Clasista se arma para dar batalla en cada sindicato, organizando al activismo y a los trabajadores en una perspectiva clasista y de independencia política de los gobiernos, capaz de disputar la recuperación de los sindicatos, y reforzar la construcción de una salida política de lxs trabajadorxs a la crisis.




 

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05/07/2020

Los primeros contagios en Catamarca y el rol de las mineras y el gobierno

Con seis contagios confirmados de coronavirus, la provincia volvió a fase 1.

Luego de 105 días sin infectados, la provincia de Catamarca registró el primer caso positivo en la ciudad capital, y cuenta con 6 ya confirmados y más de 100 posibles contagios. En los departamentos de Belén y Andalgalá, se encuentran asiladas 40 personas, luego de haber tenido contacto con un infectado de la provincia de la Rioja.


Dos puntos de contagio 


Los contagios confirmados en la capital de la provincia fueron a partir del contacto con un transportista que provenía de la ciudad de Buenos Aires. Este trató con cinco personas, y desde allí se disparó la propagación con más de 100 posibles contagios.


En el interior, la alerta comenzó con la noticia de un camionero de la empresa minera Livent que transportaba maquinaria desde La Rioja a la planta ubicada en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra. El camionero hizo noche en Belén y en esa oportunidad tuvo contacto estrecho con un lugareño, y este último mantuvo conexión con muchas personas más, que llegaron hasta la ciudad de Andalgalá.


El camionero da positivo en La Rioja, un día después en el hisopado que le realizaron cuando emprendía otro viaje hacia Catamarca. Las autoridades de Salud, como las de la empresa, tardaron dos días en notificar a la provincia de Catamarca el resultado positivo de este trabajador. Esto explica el largo período de circulación del primer contacto.


Las mineras y los gobiernos ponen en peligro a la población


El caso “0” en Catamarca era una verdadera anomalía por varios motivos. El primero de ellos es porque estábamos rodeados por provincias con infectados y el segundo es que el 90% de las actividades ya estaban en funcionamiento, lo que ponía en cuenta regresiva el primer contagio.


Los emprendimientos mineros de litio son los que desde el principio de la cuarentena han intentado continuar con la producción a como dé lugar. En aquel momento, Livent fue denunciada por sus trabajadores por no respetar los protocolos y las normas de bioseguridad, además de que los pobladores de las ciudades aledañas al emprendimiento se manifestaron en contra de la continuidad de la producción, ya que entendían que el transito que produce la empresa es un foco de contagio.


Por otra parte, desde el Ministerio de Salud se informó que al día de hoy el 26% de las camas de terapia intensiva y el 9% de los respiradores con los que cuenta la provincia están siendo ocupados, por otras afecciones distintas a Covid-19. La provincia no comenzó a tener un verdadero brote y ya tiene el 10% de las capacidades de salud afectadas.


Es evidente que mientras el criterio que prime sea el de las corporaciones capitalistas, la población no está segura. Es necesario que la cuarentena tenga un control popular.




 

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05/07/2020

El Papa Francisco sigue encubriendo al exobispo de Orán, el abusador Gustavo Zanchetta

Hace exactamente un año, la fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, requirió juicio oral y público, en la causa caratulada “Zanchetta Gustavo Oscar-Abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido”, en perjuicio de dos víctimas. Ahora se conoció que Zanchetta, ex obispo de Orán, fue restituido en sus funciones, de las que había sido apartado, en la Secretaría de la Sede Apostólica (APSA), un organismo clave que administra las propiedades inmobiliarias y financieras del Vaticano en todo el mundo.

Como lo demuestra el documento publicado por El Tribuno, Zanchetta salió del país el año pasado, a pesar que la fiscal a cargo de la investigación alego peligro de fuga, gracias a un certificado extendido por la Santa Sede y firmado por el sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra. Desde el Vaticano habían declarado mandarlo a llamar para pedirle la renuncia. Se demuestra que solo dejó de asistir, y hoy Zanchetta está de nuevo en el mismo puesto.

Zanchetta contó desde un principio con el encubrimiento íntegro del Papa y el Vaticano. En el 2017 cuando era obispo de Orán, sorpresivamente renunció, alegando problemas de salud y se fue al Vaticano. Días después salió a la luz que en realidad pesaban sobre él las denuncias de abusos a seminaristas y una causa por administración fraudulenta. Se fue ante la inminente actuación de la justicia. Una vez instalado en el Vaticano, fijó domicilio en Santa Marta, la misma residencia del Papa y luego fue nombrado en la APSA, a sabiendas de las causas por abuso en Orán.

El 26 de noviembre del 2019 se presentó en Orán ante la Jueza Zamora Toledo, con dos abogados, uno por la causa penal y otro puesto por el Vaticano. Este último se presentó como su vocero y representante canónico, Javier Belda Iniesta, que en una entrevista a La Nación del 30/11/19, se quejó de un ensañamiento armado, ya que la acusación no es violación, “si no por abuso sexual simple, que puede ser un abrazo que quizá fue considerado demasiado largo, una mano, pero no violó a nadie”.

Zanchetta se presentó para evitar un pedido de captura internacional, ya se lo había declarado en rebeldía, por no fijar domicilio ni responder los correos electrónicos. En la audiencia se lo puso en conocimiento de la acusación y del pedido de juicio oral y público. Pasaron 7 meses y el juicio aún no tiene fecha, por lo pronto y confiados en la mano blanda de la justicia salteña, el ex obispo vuelve a sus funciones en el Vaticano.

Fue una puesta en escena la “gran cumbre para fijar medidas de protección a los menores”, que celebró el Papa en enero del 2019. Muchas de las víctimas denunciaron que la medida buscaba desalentarlas a que  acudan a la justicia ordinaria. Los hechos demuestran que fue una maniobra para ganar tiempo, porque cuentan también con la impunidad que le da la justicia ordinaria manejada por el poder político en todos los países.

En Salta, no lograron avanzar las causas contra los curas abusadores, aún está en manos de la corte definir si prescriben las denuncias contra el cura Aguilera, capellán de la Universidad Católica, una instancia que marcará un precedente, para poder juzgar a otros, que tienen denuncias por hechos ocurridos en la década del 90 o antes.

Lo de Zanchetta revela que a pesar de las poses, desde el Vaticano se sigue amparando a los curas abusadores, como lo hace también el régimen político y la justicia en los distintos países. Salta y la Argentina no son la excepción. Por eso debemos redoblar la lucha para que los casos no queden impunes y para la separación de las iglesias del estado.

 

 

 

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05/07/2020

Chaco: las denuncias de un atentado en el Hospital Perrando

La provincia del Chaco ha sido noticia nacional nuevamente, por un supuesto atentado en el Hospital Perrando de Resistencia, el principal centro de salud cabecera en la provincia.


Sucede que este miércoles 7, pacientes con coronavirus que están conectados a respiradores en la terapia sufrieron una falla en la mezcla de aire comprimido y oxígeno que utilizan los mismos, lo que puso en riesgo sus vidas.


Está grave situación derivó en una denuncia que apunta a una “mano desconocida” que habría apagado el aire comprimido que alimentaba los respiradores. Rápidamente las autoridades del hospital salieron a los medios denunciando un atentado político contra la llegada del presidente a Chaco (quien finalmente no la realizó). Uno de los codirectores, Daniel Pascal, sostuvo que “podían haberse muerto varios pacientes” y que “afortunadamente, el ataque se descubrió a tiempo y no se materializó por la rápida respuesta de uno de los técnicos a cargo”.


Para las autoridades sanitarias, quien planificó el crimen fue una persona con conocimiento del funcionamiento interno del centro de salud, porque “conocía dónde estaba la llave” y el sector donde están los tableros para cerrar los conductos de aire comprimido. “Esto fue un sabotaje, un intento criminal, para mí, perfectamente planificado y tenía que provocar el caos, el día que llegaba nuestro presidente a Resistencia. No me cabe la menor duda que eso fue un atentado”, consideró Pascual en diálogo con CiudadTV.


En estos momentos se continúa con la investigación, el análisis de las cámaras y los datos que puedan arrojar los testigos para llegar a identificar a los responsables de este “atentado” como han transmitido las autoridades a los medios.


La denuncia de los trabajadores


Pero los trabajadores advierten que “no hubo ningún tipo de atentado”, sino que el episodio respondió a problemas de infraestructura.


El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Provincia explicó que “los servicios de oxígeno, aire comprimido y aspiración, siempre se manejaron a nivel central, pero la empresa encargada de la obra modificó el sistema e incorporó una llave de paso, en el marco de las adecuaciones y refacciones de la Pastilla 6 hoy llamada Covid, pero todo este proceso nunca fue notificado a los trabajadores”.


De conjunto, no han sido informados de los cambios, refacciones, modalidades de funcionamiento de las nuevas construcciones que se realizan. Niz asegura “que no se han realizado la prueba en vacío en los respiradores”, de vital importancia para calibrar las mezclas entre aire comprimido y oxígeno. Y señala que es necesario “para que el recurso humano haga el reconocimiento del área, de los equipamientos, del funcionamiento de los mismos y a la hora que el paciente requiera conectarlo al respirador, que estos equipos tenga un desempeño perfecto, porque de ello depende su vida. Cuando hay un problema de aspiración, oxígeno central y/o aire comprimido se convoca al personal de Mantenimiento, pero sin planos nuestros compañeros están ciegos, porque desconocen como se hicieron las instalaciones”.


En ese contexto, los trabajadores advierten que “posiblemente al estar abierta mínimamente la llave (…) no sonó la alarma, porque estaba conectado un respirador y era suficiente la provisión en esa medida de graduación, pero al tener conectado varios el suministro de aire comprimido fue insuficiente y sonaron las alarmas”. Y señalan que “la prueba en vacío es lo único que nos permite reconocer dónde están cada uno de los elementos que necesitamos para la atención y sobre todo en un servicio crítico. Pero a juzgar por lo sucedido, ni los trabajadores, ni los jefes tuvieron la posibilidad de probar todos los respiradores para verificar si funcionaban correctamente de acuerdo con la demanda”.



El accionar ilegal de las autoridades


Niz marcó que “las autoridades sanitarias han violado la Ley de Obras Públicas, porque no han cumplimentado el procedimiento de entrega de obra finalizada y tampoco han llevado a cabo las auditorías de control pertinente. Es de máxima gravedad”.


Los trabajadores exigen que se tomen en cuenta las pruebas y testeos técnicos necesarios para evitar riesgos. Y señalan “lo que es importante investigar es quién recibió la obra, quienes hicieron la auditoría y a partir de ahí, si la Directora, Subsecretario y demás le notificaron formalmente a nuestros compañeros e hicieron la prueba en vacío necesaria”.


Niz, por su parte, señaló que “va a salir a la luz la transgresión a la Ley de Obras Públicas en cuanto a la ausencia de un Inspector de Obra, del cumplimiento del Proyecto Ejecutivo, los funcionarios que autorizaron los pagos de las Certificaciones de Obra; es de público conocimiento que el gobernador inauguró una mañana las instalaciones y por la tarde internaron a los pacientes. Esto demuestra que nunca se realizó la prueba en vacío. Y no es lo mismo tener conectado un respirador que seis, por que el nivel de exigencia es distinto”.


Vaciamiento sanitario


Con este episodio queda de manifiesto nuevamente la precariedad del sistema de salud en una de las provincias más afectadas por el Covid-19, y como esto ha puesto en riesgo la vida de personas.


“Las instalaciones sanitarias no han sido habilitadas y tampoco las autoridades han verificado el estado de las obras, ni siquiera las han auditado” concluyó Niz luego de reunirse con los trabajadores de mantenimiento.


Aquí es clave remarcar la pasividad del sindicato de UPCP, por la grave situación que atraviesan las y los trabajadores de la salud de la provincia que hoy ha sumado una nueva víctima con el fallecimiento de la enfermera precarizada, Mónica Moyano.


Por su parte, los trabajadores siguen en estado de asamblea permanente, movilizando y organizando los reclamos. Este lunes nos damos cita nuevamente, a las 9 h en la explanada del hospital Pediátrico, para defender la salud pública. Para exigir el pase a planta, aumento de salario, triplicación del presupuesto, insumos y elementos de bioseguridad, basta de precarización, basta de lamentar víctimas como Mónica Moyano o Miguel Duré.



 

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05/07/2020

Salta: estudiantes terciaries salen a luchar por sus reclamos

Las autoridades de los diferentes institutos terciarios continúan maniobrando para imponer la virtualización forzosa, incluso vulnerando derechos antes adquiridos. Les estudiantes terciaries de los institutos N°6001, N°6002, N°6005, N°6006, N°6007, de Orán, San Martín, Mosconi, Tartagal, Rosario de la Frontera,  entre otros, enfrentan estas maniobras y rechazan la desigualdad material en la cursada por diversos medios, como ser cese de actividades, un llamado a la auto convocatoria, presentación de notas al Ministerio de Educación, recolección de firmas, un amparo colectivo y una denuncia al Inadi.


“Nos  discriminan por ser pobres”


En la pandemia, las desigualdades sociales y materiales se agudizaron, y los más golpeados han sido la clase trabajadora y les estudiantes, pero más aún les terciaries que, de entre todos los niveles, son los más precarizados por el vaciamiento presupuestario evidenciado en la falta de infraestructura, designación docente,  etc.


La situación de fondo del estudiantade, no se reduce a la cursada, sino que, en su gran mayoría es madre, padre, trabajador, precarizado o desocupado. Muchos de ellos se ven obligados a elegir entre comer o estudiar, pero esto a las autoridades  no parece importarles.


Una de las principales denuncias que tienen les estudiantes es la falta de conectividad, esto generó un descontento generalizado, ya que los límites de la cursada virtual ha catapultado los índices de deserción en todos los niveles educativos. Además, este problema trae a colación la falta de una página oficial de donde les estudiantes puedan obtener los materiales bibliográficos.


La vuelta a clases que quiere el gobierno


Mientras se busca por diferentes medios  exponer a les estudiantes a una vuelta a clases sin ningún tipo de medidas preventivas, el gobierno nacional y provincial ni siquiera ha puesto un peso para que se garanticen las condiciones de salubridad, designaciones docentes o les más de dos mil ordenanzes que se necesitan en la provincia. El Estado pretende imponer una decisión burocrática sin poner un mango en la educación a costa de la salud de docentes y estudiantes.


Un ejemplo de esta política fue la Resolución 140, la cual fue derogada a las horas por su arbitrariedad y la denuncia que efectuamos desde Tribuna Docente y nuestra bancada que ocupa Claudio del Plá.


Reforcemos la organización independiente de las autoridades


Ante el cuadro planteado que viven les estudiantes terciaries, desde la Unión de Juventudes por el Socialismo, consideramos que es fundamental romper el corsé burocrático que imponen al autoridades a la organización estudiantil independiente. Así, también es primordial la conformación de centros de estudiantes libres de la injerencia de las autoridades, que actúen como una herramienta de organización para la conquista de todos los reclamos.


No hay ninguna transición ni vuelta a clases por fuera de la decisión de estudiantes y docentes, les cuales deberán discutir las condiciones adecuadas para regresar a las aulas en cada institución específica y tener el derecho a veto ante cualquier plan que no cumpla con las condiciones de bioseguridad.


Saludamos y acompañamos con toda nuestra solidaridad la auto convocatoria de les terciaries, Ningún estudiante puede quedar fuera, pedimos la regularidad irrestricta y la extensión de las correlatividades y la garantización del internet y computadoras.



 

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05/07/2020

Instructivo sí, aborto legal no

El instructivo gubernamental de interrupción del embarazo con medicamentos, el negocio de la clandestinidad que continúa.

Por Paula La

Luego de las declaraciones de Alberto Fernández de que no iba a presentar en el Congreso el proyecto de legalización del aborto, el Ministerio de Salud de la Nación publicó a través de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva un instructivo de “Interrupción legal del embarazo con medicamentos”. El documento da especificaciones de cómo realizar un aborto con pastillas, en un contexto donde se multiplicaron los llamados gratuitos para pedir orientación en materia de salud sexual y violencia de género.

“Si el tratamiento se realiza en casa, por lo general se indican 3 dosis de 4 pastillas cada 3 horas. Es importante completar las 3 dosis, aunque se haya producido la expulsión o haya iniciado el sangrado (…) Se puede elegir el uso sublingual, bucal o vaginal, según la preferencia de la persona”, señala el texto, en indicaciones que parecen propias de una red de socorristas que asiste voluntariamente a mujeres, más que del Estado -que debería garantizar las condiciones para que las mujeres accedan de manera segura, legal y gratuita a la práctica.

La propuesta que se imparte por parte de este organismo gubernamental, de que el aborto puede realizarse “en casa”, pretende ser una lavada de cara a los bloqueos que impone el propio Estado junto con las Iglesias para su legalización.

El negocio del misoprostol y el aborto clandestino

El folleto comienza diciendo que una de las formas seguras de interrumpir un embarazo es con el uso de medicamentos, como el misoprostol, pero no aclara el costo que supone su acceso. Tampoco da cuenta de que uno de los medicamentos más apropiados para realizar abortos químicos, la mifepristona, está prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).

 

 

Recomendado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los métodos más seguros y menos invasivos, el misoprostol es un fármaco para la interrupción de embarazos -fundamentalmente durante el primer trimestre de gestación- y uno de los más utilizados en los hospitales para los casos de abortos no punibles.

Producto de la enorme lucha del movimiento de mujeres por el aborto, desde octubre del 2018, se encuentra habilitado por la Anmat su uso comercial para fines ginecológicos y obstétricos, bajo receta archivada. Es decir, bajo rigurosa prescripción y vigilancia médica, y a condición de que el nombre de la paciente y el profesional se conserven a control en la farmacia durante dos años. Previo a esto solamente se conseguía el Oxaprost, un medicamento de acción gástrica que mezcla diclofenac con misoprostol, de Laboratorios Beta.

La producción de misoprostol hoy la poseen dos laboratorios: el LIF en Santa Fe, de gestión estatal y con distribución limitada a la provincia, y el Laboratorio Domínguez, de gestión privada, con alcance a nivel nacional. Mientras que el precio de privados oscila entre los 5 mil y los 8 mil pesos, la producción estatal implica un ahorro de entre el 60 y 70%. Algo que pone en evidencia la enorme diferencia que hay entre los valores comerciales y los costos de producción, y por lo tanto el lucro que un sector realiza a costa de la necesidad de miles de mujeres. De esta manera se propone a quienes no pueden pagarlo la maternidad forzada o los abortos inseguros practicados con “métodos caseros”, que en gran parte terminan con consecuencias graves de salud (físicas y psicológicas), mutilaciones o hasta la muerte.

En una orientación que intenta contener a un potente movimiento de lucha y que empalma con los intereses de las empresas ligadas al sistema de salud, el gobierno embellece el uso del misoprostol como una técnica fácil y amigable para realizar en casa, oficializando la clandestinidad para quienes quieren terminar con un embarazo no deseado.

 

Criminalización y desidia estatal

Aunque menciona que debe haber indicaciones de un equipo de salud, el instructivo no aclara que el acompañamiento debe ser constante, que la utilización del misoprostol varía en función de cada paciente y en algunos casos no implica un tratamiento ambulatorio. Destaca los efectos secundarios del procedimiento y recomienda ir a la guardia de un hospital en los casos donde haya fiebre mayor a 38 grados y sangrado abundante. Quienes elaboraron la propuesta parecen ignorar el estado de los hospitales públicos y la saturación de las salas de terapia intensiva, sobre todo en el contexto actual. Asimismo, que producto de la falta de educación sexual, de las dificultades en el acceso a la salud, del miedo y de las penalidades que existen hoy sobre el aborto en Argentina, muchas mujeres, sobre todo las más pobres, no recurren en ningún caso al hospital, quedando desprotegidas y expuestas a numerosos riesgos.

El aborto clandestino en nuestro país es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. Por caso, en el mes de junio una mujer que había ingresado a un hospital como consecuencia de un aborto inseguro murió en La Matanza. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunció también a fines del mes pasado que “siguen muriendo mujeres por realizarse abortos, otras están detenidas, y otras han debido continuar con embarazos no deseados” (Télam, 27/6). Puntualizó, además, que en lo que va del primer semestre del año hay cuatro mujeres presas por la práctica en Santiago del Estero, una de las provincias que no adhiere al protocolo ILE ni tiene ninguna legislación sobre el tema.

Aunque no caratuladas como “aborto”, sino como homicidio, son numerosas las detenciones a mujeres por realizar la práctica, extendiéndose la condena a profesionales de la salud, amedrentados por acompañar y garantizar este derecho. Se refleja de esta manera la injerencia del clero en el terreno de la salud y la justicia, y la postración por parte de los gobiernos con el objetivo de disciplinar a las mujeres y sostener un régimen oscurantista y reaccionario.

No hay cuarentena para el aborto y la violencia contra las mujeres

La cuarentena no ha revertido la problemática del aborto clandestino, sino que por el contrario la agrava, como consecuencia del confinamiento obligatorio y del empeoramiento en las condiciones de vida. Sumado a esto, desde el mes de marzo se registra un incremento de denuncias por violencia de género y abusos contra mujeres y niñas, femicidios y embarazos no deseados.

Ante este cuadro, del Ministerio de Mujeres y Géneros muestra una completa inacción. Ni siquiera en el lanzamiento del “Plan contra las violencias de género” se hizo referencia a la situación de las mujeres en pandemia y al aborto legal. Algo que encuentra su explicación en la subordinación del ministerio a los intereses del gobierno de pagar a la deuda externa, a costa de poner en riesgo a la población e impedir que se garanticen los derechos más elementales. Otro tanto sucede con los subsidios millonarios a la Iglesia Católica y el recule en el impuesto a las grandes fortunas, que podrían destinarse a atender los problemas más urgentes.

En medio de la crisis sanitaria y económica que atraviesa al país, la creación de un Consejo Autónomo que atienda nuestras demandas y funcione como una herramienta de organización política se vuelve fundamental. Más que nunca debemos organizarnos y pelear por el aborto legal, por la separación de la Iglesia del Estado, por la educación sexual integrla, laica y científica desde la niñez y por el no pago a la deuda.

 

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La escalada de muertes de adultos mayores por Covid-19 era evitable

La catástrofe fue anunciada. Innumerables informes acerca del funcionamiento sin control y deficitario de los geriátricos en la Argentina aparecieron en los últimos años.


Y, más recientemente, las denuncias especificas de la Defensoría de la Tercera Edad. “Antes que llegue el virus al país ya había advertido que los geriátricos habilitados eran una bomba de tiempo, y los clandestinos un terreno minado. Lamentablemente no me equivoqué y las autoridades no tomaron medidas preventivas, por eso ahora estamos lamentando estas muertes” (Eugenio Semino, Infobae 3/7/20)


A casi cuatro meses de la determinación de la cuarentena, escuchando en forma repetitiva  “los adultos mayores son vulnerables al coronavirus”, “ si se contagian tienen altas probabilidades de morir “, las medidas específicas y  elementales para evitarlo no han sido tomadas.


A la dificultad de quedarse en casa, tomar medidas de higiene y alimentarse correctamente cuando  el 80% de los jubilados  cobran $16842 pesos  o menos en el caso de los pensionados.de jubilación se agrega la grave situación en los geriátricos.


Semino agrega que “entre el 28 y el 32% de los muertos por coronavirus en AMBA residían en geriátricos. Del resto de las provincias no hay datos”.


Tempranamente se conocieron contagios masivos en varios geriátricos, en Saldán de Córdoba, en el de Belgrano y varios más.


El esquema también se conoció enseguida: empleados que se contagian afuera, ellos, como trabajadores esenciales  deben circular si o si, en muchos casos entre diferentes instituciones porque la miseria salarial los obliga, viajando en transporte público,  introducen el Covid-19 en los geriátricos o al revés, trabajadores que se contagian en el geriátrico y llevan la enfermedad al colectivo, al tren, al barrio, a su familia.


El círculo de contagio es claro porque el adulto mayor internado en un  geriátrico permanece quieto, encerrado y carente de todo contacto con sus familiares por disposición gubernamental.


Los ejemplos de lo que venía ocurriendo en el resto del mundo también adelantaban esta información.


El gobierno y  las autoridades sanitarias no han garantizado las medidas elementales para evitar los contagios y las muertes anunciadas.


No establecieron un sistema único de salud estatal, colocando todos los servicios  privados y los geriátricos en ese sistema, bajo control de los trabajadores.


No han determinado un plus salarial para los trabajadores de salud y los de los geriátricos para que no tuvieran que correr de un lado para otro, para que pudieran reponerse y cuidarse. El estado es responsable del agotamiento y sobrecarga de todo el personal de salud, de la falta de reemplazos, de sus contagios, de que vayan a trabajar enfermos.


En el caso de los geriátricos en especial, la falta de medidas de seguridad e higiene sumado a la falta de personal determinan que las tareas cuerpo a cuerdo sean absolutamente contaminantes y arriesgadas para el trabajador y para el residente.


En los geriátricos el residente está recluido, pero el movimiento es general, no sólo por los empleados sino por el ingreso de mercadería y de especialistas médicos y sanitarios que visitan a los internados o que los tienen que trasladar para estudios y atenciones.


Para efectivamente garantizar el cuidado de las personas mayores, para evitar sus muertes por coronavirus son necesarios  los testeos sistemáticos, periódicos,  ante la aparición de enfermos o supuestos contagios  y  para detectar la enfermedad tempranamente incluso en los asintomáticos.


Deben ser instituidos como protocolo obligatorio en todos los geriátricos para residentes y trabajadores.


El aumento salarial para los trabajadores de los geriátricos, para los trabajadores de salud, un plus por tarea esencial, peligrosa  e insalubre, los turnos reducidos, la dotación de los elementos de seguridad e higiene personal son un recurso fundamental para la salud de ellos y de sus pacientes.


El proyecto de impuesto a las grandes fortunas presentado por el FIT , el no pago de la deuda con el FMI asegurará los fondos para un sistema de salud integral que frene al coronavirus efectivamente.




 

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05/07/2020

Romina Del Plá presenta proyecto en defensa de la movilidad jubilatoria

Se acaba de presentar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que plantea la anulación del DNU que suspende la movilidad jubilatoria. El proyecto es presentado por Romina Del Plá del Partido Obrero y acompaña con la firma Nicolás Del Caño de PTS, ambos del Frente de Izquierda.


Se compone de un único y simple artículo:


Artículo 1°- Se anula el Decreto de Necesidad y Urgencia N°542/2020, por medio del cual se prorroga la suspensión de la movilidad jubilatoria prevista en la Ley Nº 24.241 hasta el mes de diciembre de 2020, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional el 17 de junio de 2020, y publicado en el Boletín Oficial el día 18 de junio del corriente.


La suspensión de la movilidad es un robo a los jubilados


La presentación de este proyecto por parte de la bancada del PO, es  una iniciativa parlamentaria que toma lo presentado por miles y miles de jubilados que firmaron y siguen firmando el amparo colectivo presentado por la Defensoría de la Tercera Edad, a través de su titular, Eugenio Semino.  Cabe recordar que el amparo colectivo fue rechazado por la jueza federal de la Seguridad Social Silvia Saino. Se presentó apelación per saltum y  se encuentra en este momento en la Corte Suprema, con el agregado de las consideraciones de la pérdida en los ajustes por decreto de junio, establecidos por la nueva postergación de la suspensión de la movilidad.


En cuarentena, los jubilados luchan


La lucha por la defensa incondicional de la movilidad se estuvo llevando adelante a través de autoconvocatorias de organizaciones de jubilados a movilizaciones y luego a través de acciones virtuales como mesas de debate y actos nacionales.


Todas estas acciones, que ponen en movimiento a los jubilados y pensionados de todo el país, empalman con la luchas que se desarrollan en Córdoba contra la reciente liquidación de las condiciones jubilatorias de la Caja Provincial, con las de Santa Fé en defensa del 82% móvil y de su caja, las de Neuquén defendiendo el Instituto de Seguridad Social, las de Buenos Aires donde la docencia, estatales, municipales y judiciales enfrentan el intento de armonización con Anses que las direcciones sindicales se niegan a reconocer, en claro apoyo a la política del gobierno de Fernández y Kicillof.


Defensa de la movilidad como derecho adquirido


El proyecto de anulación de la suspensión de la movilidad de las jubilaciones plantea en sus fundamentos, cómo esta medida de suspensión de la movilidad ha significado una confiscación a las ya miserables jubilaciones y un avasallamiento al derecho adquirido de la movilidad:


“Por la vía de un nuevo DNU, el gobierno nacional prorrogó hasta fin de año la suspensión de la movilidad jubilatoria que establecía un índice de aumentos compuesto en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)” “Los porcentajes aplicados hasta ahora por decreto, ilustran la pérdida adquisitiva que ya sufrieron nuestros jubilados desde la suspensión del mes de diciembre pasado. Lo que en mayo era de$ 15.892, por decreto pasó a $16.864 y debería haber sido de $17.403. Una jubilación de $20.000 pasó a $21.224 en junio y debió haber sido de $22.371.  En el caso de una que en mayo era de $106.934, por decreto cobra en junio $113.478 y debería haber cobrado por la movilidad anterior $127.498 (abogados Bernabel & Asociados).”


Macri y Fernández confiscan a los jubilados


Ya este índice, impuesto por el gobierno de Macri en las violentas jornadas de diciembre del 2017, confiscaba a los jubilados, avanzando hacia la desvalorización de los haberes. Lo impuesto por el gobierno de Fernández, en diciembre del 2019, es un nuevo paso en esa confiscación porque garantiza con esta medida la consolidación de una jubilación mínima en junio de $16.842 contra los $45.020 de valor de la canasta básica jubilatoria (medida en el mes de abril)


La anulación del DNU que suspende la movilidad es un derecho inalienable, constitucional de todos los jubilados.


Con las luchas, con el amparo Colectivo y con el proyecto presentado, se enfrenta la política del gobierno por la cuál “Los jubilados sostienen al Estado y no al revés”, como plantea el Partido Obrero en el folleto editado a principio de año, escrito por Néstor Pitrola.


Esa política del gobierno de Fernández, de la mano de Fernanda Raverta, la camporista nombrada al frente de Anses, confisca los fondos jubilatorios y los usa para rescatar a los capitalistas a través de los ATP (Pago de la mitad de los sueldos para empresas que informen caída en las ventas, sin que se controlen sus cuentas ni operaciones), se los exime de sus aportes patronales, se dan créditos a tasa cero.


La mano del FMI


Fernández  negocia con el FMI y los acreedores avanzar en la reforma jubilatoria. Se está discutiendo en la bicameral que en medio de la pandemia no cesa de reunirse para concretarla, junto con la liquidación definitiva de las 13 cajas jubilatorias provinciales que vienen queriendo armonizar, es decir incorporar al Anses con el consiguiente avasallamiento de las conquista jubilatorias que allí persisten, como la edad, la movilidad y el cálculo del haber.


Mientras, se le paga jubilaciones de privilegio a Macri de unos $700.000, Michetti  de $500.000 y Boudou $ 450.000, ¡aunque por ahora no les pagarán sus retroactivos!


El proyecto presentado se acompaña de una nueva presentación del proyecto por el 82% móvil pata todos los jubilados y pensionados y con la campaña de miles de formas por una jubilación de emergencia de 30.000 pesos imprescindible para los adultos mayores que son las principales víctimas del coronavirus y que se encuentran imposibilitados de “quedarse en casa” con jubilaciones miserables como las actuales.

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05/07/2020

Mia Khalifa y una fuerte denuncia a la industria pornográfica

Relató abusos que sufrió en las filmaciones y sesiones fotográficas y reclama nuevamente que bajen sus videos de canales.

Durante la última semana miles se pronunciaron en redes y canales de comunicación para que se levanten los videos en los que participó Mia Khalifa, ex actriz porno y ‘girl cam’, de sitios pornográficos, que después de seis años  siguen comercializando sus videos, sin su consentimiento y sin poseer los nombres de dominio sobre los mismos.


La campaña, que contiene más de 1 millón 500 mil firmas, surgió a partir de la denuncia de Khalifa por la red social Twitter el pasado domingo, quien expresó que luego de reiterados pedidos para que bajaran de canales porno los videos en los que ella participó en 2014, siguen promocionándolos. Poniendo en riesgo su integridad psicológica e incluso física, ya que en varios de esos videos viste un hiyab (velo que usan las mujeres musulmanas), lo que ha provocado que reciba amenazas de muerte del Estado Islámico.


Por otro lado, relató abusos que sufrió por parte de Bang Bros, compañía estadounidense y monopolio de este género en la web. No solo la habrían engañado para realizar fotos (supuestamente para la revista Vogue), sino que quien se las tomó habría sido abusivo con ella al momento de realizarlas.


La industria de la misoginia y la explotación sexual


Índices recientes recogidos en el Informe:la verdadera teoría del porno, de la web de la Asamblea Abolicionista de Madrid, arrojan que la industria del sexo, que envuelve al proxenetismo y a las compañías pornográficas, factura alrededor de 7.000 millones de dólares anuales solo en Estados Unidos (aunque ese número se duplica en los datos del FBI). Se trataría de la “tercera economía del mundo, únicamente superada por la de las armas y el tráfico de drogas”.


La demanda de pornografía es tal que la mayor página de alojamiento de videos y fotografías de ésta índole es más grande que las de Dropbox, CNN y New York Times juntas. La industria pornográfica es actualmente una generadora de ganancias exponenciales para sus empresarios a costa de la explotación sexual de miles de personas, principalmente niños y mujeres.


El contenido sumamente misógino y machista que usualmente reproduce es el espejo de un sistema que promociona el sometimiento y la opresión en su forma más cruda.


Las páginas como “PornHub” o “XNXX” pueden ofrecer en su contenido desde violaciones hasta pedofilia, como así también escenas donde sobre todo la mujer es puesta en un lugar de degradación o sometimiento constante. Sin embargo en el caso de BangBros, principal “distribuidora” de contenido, con más de 38 sitios web de esta índole, el único conflicto legal que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos fue en el 2005, por no aclarar en un mail a clientes que se trataba de contenido pornográfico.


Luego de que se viralice el reclamo para que bajen los videos, la empresa pornográfica se defendió acusando por difamaciones a Khalifa y llamando a presentar el reclamo en los tribunales. No es una novedad que se respalden en la propia justicia, que no solo avala la industria con todo lo que implica actualmente, sino que los ampara mediante la ley, ya que quienes realizan acuerdos con estas productoras generalmente son obligados a firmar contratos abusivos para lucrar con los derechos de rescisión, en el caso de que les actrices decidan abandonar “la productora”.


La denuncia de Khalifa por el abuso sufrido cuando realizaba una sesión de fotos, es moneda corriente en los “rodajes porno”. Numerosas actrices en numerosos testimonios han denunciado abusos, violaciones y ser obligadas a realizar actos sexuales que no estaban pautadas de antemano. Paige Jennins cuenta en primera persona en Youtube cómo se fuerza a les actrices a aceptar escenas que no quieren rodar, de las que les falta información o que consideran incómodas y/o degradantes, bajo la amenaza de no cobrar lo pactado. Al mismo respecto se expresaba en un tuit la actriz Dana Armond, a raíz del escándalo por el caso Nikki Benz en el 2016: “Brazzers posee toda la industria pornográfica. Las mujeres no tienen más opción que aceptar el abuso o dejar de alimentar a sus familias.”


En el 2019 la guía de la industria sexual de los Estados Unidos, Xbiz, presentó una exhibición en la cual uno de los lemas era la defensa de la libertad de expresión, vinculando a esta con la libre compra-venta y producción de pornografía. Este lema, que bien podría vincularse con sectores que intervienen en el movimiento de mujeres argentino, representa un claro intento de maquillar como “libertad cultural” el sometimiento y explotación a las mujeres y disidencias en pos de un gigantesco negociado.


Una de las “ramas” de este negocio es la pornografía infantil, la cual se incrementó un 50% durante la cuarentena, acorde a un registro de las búsquedas de usuarios en la Deep Web (Crónica Global, 8/4). En la Argentina, se estima que al 2018 este negocio facturaba alrededor de 250 millones de pesos anuales. El rol cómplice del gobierno fue poco disimulable: la Cámara de Diputados ese año votó una ley en la que extendió dos meses la pena mínima e incorporó la figura de la portación de imágenes como penalizable, pero que no decía ni una palabra sobre proceder a un desmantelamiento de las redes de producción de material pornográfico y explotación sexual infantil, o del seguimiento de la ruta del dinero que genera el mismo, de la confiscación de bienes, el desmantelamiento de los circuitos (hoteles, clubes, casas privadas) donde se explota sexualmente a menores, entre otras “omisiones”.


Casos como el de Khalifa dan cuenta del sometimiento que sufren quienes tienen la necesidad de vender contenido a canales pornográficos, como así también el rol del Estado de los distintos países de mantener un velo de impunidad sobre este negocio. Es necesaria la organización independiente de las mujeres y disidencias, para erradicar este negociado que somete a les prostituyentes, reproduce estereotipos sexuales sumamente misóginos, y las prácticas más aberrantes como la pedofilia o violación.


Por la Educación Sexual Integral, laica y científica, en todos los niveles, para garantizar una real libertad sexual.


Por el desmantelamiento de los canales pornográficos denunciados por actrices, y por el desmantelamiento de las redes de trata.




 

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05/07/2020

Falleció en Chaco por coronavirus la enfermera Mónica Moyano

Una nueva víctima de la precarización en la provincia.

Las Autoridades de la Unidad Médica Educativa Uncaus confirmaron en la mañana del sábado 4 el fallecimiento de la enfermera Mónica Moyano, internada por Covid-19, luego de 18 días de permanecer internada. La suya es la muerte número 108 en la provincia del Chaco, y la segunda, tras la del doctor Miguel Duré del hospital Perrando, entre el personal de salud.


La sensación inevitable de dolor que atraviesa el personal médico es comparable con la bronca que despierta la precariedad salarial y laboral, criminal, en la que se encuentra “la primera línea” o los “héroes y heroínas” que son las y los trabajadores de la salud. Mónica era una de las tantas trabajadoras precarizadas del sistema de salud del Chaco, una enfermera becada con un salario de miseria, sin los insumos ni protecciones necesarias.


La precarización y la falta de inversión, dos puntos vitales que intervienen en la crisis de la salud en el Chaco, es de arrastre: han pasado gobiernos radicales y peronistas y no han hecho más que mentir y profundizar el ajuste de un presupuesto indiscutiblemente insuficiente. A la falta de inversión, de respuestas salariales, del pase a planta o las condiciones laborales y de salubridad, se suma que el personal está trabajando al máximo de sus capacidades humanas y técnicas, con varios compañeros y compañeras contagiados, y hasta viendo morir a sus colegas en sus propias manos.


El caso de Mónica es el de cientos de compañeras y compañeros que tienen que salir al campo de batalla día a día en pésimas condiciones, con escasos recursos, en una de las provincias más afectadas por el Covid. Son altísimos los porcentajes de trabajadores de la cartera de la salud en negro, con salarios precarios y en precarias condiciones laborales.


La dolorosa noticia de la muerte de Mónica, de tan solo 33 años de edad, como así también la muerte del doctor Duré, no van a pasar desapercibidas. Debemos organizarnos, contra la parálisis de la burocracia sindical, contra el abandono de un Estado que no defiende los intereses de las y los trabajadores, por la triplicación del presupuesto de salud, por el pase a planta, el aumento de salario, los insumos, los reacondicionamientos de los centros de salud y ambulancias. Estos reclamos serán parte de pliego de reivindicaciones por los que nos movilizamos el próximo lunes 6 de julio, a las 8 h, desde el Hospital Pediátrico.


Que la lucha recorra la provincia. Pongamos en pie asambleas que discutan las necesidades de cada sector y un plan de lucha unificado hasta obtenerlas. Que no tengamos que lamentar más víctimas de la precarización como Mónica Moyano y Miguel Duré.



 

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05/07/2020

Apoyemos la Iniciativa Popular e impulsemos la movilización para derrotar la ofensiva megaminera de Arcioni y Fernández

Declaración del Frente de Izquierda y de los Trabajadores- Unidad de Chubut

Los partidos que conformamos el Frente de Izquierda-Unidad, nos oponemos firmemente a la instalación y desarrollo de la megaminería en el territorio y exigimos el respeto absoluto de la voluntad del pueblo de Chubut, expresada en las enormes movilizaciones cordilleranas en 2003/2004, la consulta vinculante de aquel entonces y la ley iniciativa Popular de 2014, de no permitir la instalación de zonas de sacrificio en la provincia. En un mismo sentido, acompañamos la Iniciativa Popular impulsada el lunes 22/6 por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh), para avanzar en la legislación contra la megaminería contaminante en la provincia.


Desde hace casi 20 años, el pueblo de Chubut ha fortalecido su convicción de no entregar a cambio de ninguna cantidad de dinero la lucha contra la megaminería en la provincia. Sin embargo, la primera IP fue bloqueada escandalosamente en 2014 por el lobby minero, de la mano del voto de diputados y diputadas que formaban parte de mismas fuerzas políticas que actualmente componen la legislatura provincial: el Frente de Todos, Chubut al Frente y también radicales y PRO de Juntos por el Cambio, desoyeron el reclamo popular.



A principios de 2020 la “pacificación” del PJ provincial fue propiciada por “Barrick” Gioja, paladín de la megaminería en San Juan, una experiencia que es tomada como modelo de aplicación nacional por el actual secretario de Minería, Alberto Hensel. En continuidad con la era Macri, la orientación prominera del gobierno de Alberto Fernández es parte de las garantías que se ofrecen en la renegociación de la deuda externa con acreedores como BlackRock y organismos imperiales como el FMI. En este punto, creemos necesario llamar la atención sobre el significado del nuevo proyecto de reestructuración de la deuda provincial que ha presentado Arcioni, que en líneas generales cuenta con el consenso de la “oposición” de JxC y el FDT-PJ. La tentativa de reestructuración y un salto en el saqueo colonial de los bienes comunes de Chubut están profundamente ligadas. Una cosa no se puede sin la otra. Lo novedoso del proyecto es que entre los recursos que funcionarán como garantía del cobro, además de las regalías petroleras, aparecen la coparticipación federal y los “recursos de libre disponibilidad”, es decir cualquier recurso y bien común no implicado en el presupuesto provincial. Sobre esta base se buscará avanzar con la recurrente cantinela de la “diversificación de la matriz productiva”, que para el capital significa el desembarco de la megaminería, el fracking y la modalidad offshore en la industria petrolera -que también buscará “diversificar” su cartera de inversiones


El gobierno de Arcioni pretende avanzar con los proyectos Navidad (de Panamerican Silver) y Suyay (de VALE, la minera brasileña responsable del desastre de Brumadinho), pero también con la minería de uranio en la meseta como acordó Macri con Putin. Todo esto, en el marco de una orientación extractivista que tiene como iconos a la Barrick en San Juan, Vaca Muerta y el Fracking en Neuquen, y el agronegocio con el glifosato extendiendo la frontera sojera. Los intereses de las mineras, petroleras y agroindustriales se materializan en las decisiones políticas y leyes que votan los partidos tradicionales. Por eso, la lucha contra la megaminería contaminante y el saqueo de los bienes comunes es eminentemente una lucha política contra los garantes de la orientación capitalista extractivista en Chubut y toda la argentina.


La política del Frente de Izquierda-Unidad se opone por el vértice a esta política de depredación capitalista. El rechazo a la megaminería contaminante es el Punto 8 de nuestra plataforma programática constitutiva. En Chubut, las y los candidatos y voceros del FITU han impulsado el No a la Megaminería como parte del programa de los distintos sectores de la clase trabajadora que han salido a la lucha y la unidad entre esta y las asambleas de vecinos contra la megaminería. En un mismo sentido han colocado el #NoEsNo como un eje destacado durante las campañas electorales del 2019, de la demagogia tanto de Cambiemos como del FDT-PJ, de la mano, por ejemplo, de diputados nacionales como Santiago Igón, hoy abiertamente pro-minero.



Llamamos a enfrentar a los partidos patronales y su pacto sin grietas, de saqueo y contaminación de los bienes comunes.


La Iniciativa Popular debe ser tomada por el conjunto de la población chubutense y la clase obrera organizada debe jugar un rol activo para enfrentar esta ofensiva prominera, pues es a través de las direcciones sindicales burocráticas que se lleva adelante la extorsión a trabajadores petroleros y de la construcción, entre otros, que las mineras y los partidos políticos buscarán “tercerizar” la fuerza de choque necesaria para quebrar al movimiento de lucha, basta como muestra el “botón” de Ávila, patotero de docentes y militante pro-minero de la primera hora. Es necesario desnudar los falaces argumentos que presentan a la megaminería como una variable de salida a la crisis económica. Solo es una vía para el saqueo de Chubut y el país en favor de los pulpos multinacionales.


Exigimos a la CGT que rompa el pacto megaminero de saqueo y entrega de los bienes comunes y que junto a la CTA, ATE, ATECh abandonen la tregua con el gobierno. La Iniciativa Popular debe ser debatida en todo el movimiento obrero y el No a la megaminería incorporado como un punto programático fundamental junto a la pelea por el salario, contra el pago a la deuda externa y por impuestos a las grandes fortunas como PAE, Aluar, Benetton, las pesqueras y grandes supermercados, como medidas de emergencia ante la situación actual. Pongamos en pie asambleas intersectoriales en todos los pueblos y localidades, en la perspectiva de un plenario provincial de unidad de todos los sectores en lucha para echar a Arcioni y sus socios, derrotar este plan de gobierno y debatir un programa de salida obrero y popular a la crisis de Chubut, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores.


Acompañemos la Iniciativa Popular e impulsemos la movilización popular, único camino para lograr su aprobación. Siguiendo el camino del movimiento mendocino en diciembre y como ya lo demostró la población de Chubut el #NoesNo se gana en las calles.


Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad


Chubut 4/7/2020


Partido Obrero – Tribuna Ambiental- Red Ecosocialista – Mst

04/07/2020

Neuquén: revienta el salario para pagar la deuda usuraria

Un día después de haber anunciado una reestructuración de la deuda pública en pesos por $ 4.307 millones y la toma de $ 660 millones de nueva deuda, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, acaba de informar que el aguinaldo de los empleados estatales se pagará fraccionado en tres cuotas (fines de julio, agosto y setiembre).  Estas medidas contra el salario y jubilaciones se suman al congelamiento salarial desde abril.


Pero mientras a los empleados no solo se le postergan los pagos, sin que se contemple ningún tipo de interés por mora, a los bancos y especuladores que tenían Letras en pesos, se las reestructuró por nuevas Letras dolarizadas y con mayor tasa, lo que implica un negocio a dos puntas: cobrarán más que la tasa original pactada y se beneficiarán ante una devaluación, porque pusieron pesos y se llevarán dólares.



Sin embargo, todo este atropello no resuelve el problema de fondo. Porque el 70% de la deuda que vence el presente año es en dólares, correspondiente a los bonos Ticap, Ticade, Tideneu, el Préstamo del banco Credit Suisse y las Letras del Tesoro suscriptas por Gas & Petróleo del Neuquén S.A. en su momento. Se trata de más de 15.000 millones de pesos, que ante una devaluación transformarán los pagos de aquí a fin de año en una sangría financiera que requerirá nuevas “reestructuraciones” y mayores endeudamientos a futuro, como acaba de ocurrir.


El Estado revaloriza las deudas con los buitres…


…y desvaloriza los salarios y jubilaciones. Las nuevas Letras tienen mayor tasa de interés que en su primer pago (pasó de Badlar + 5 puntos básicos a Badlar + 6,5 puntos básicos). El segundo y tercer pago a 15 y 30 meses están directamente dolarizados, más 3 y 4 puntos básicos respectivamente, es decir, una tasa de usura brutal.


Este “pedaleo” de la deuda en pesos para el año entrante tiene como única función asegurar el pago de la deuda en dólares que tiene la provincia. Es entregar más a los pesificados, dolarizarlos y asegurar el pago a los ya dolarizados.


Por eso la actualización salarial pendiente desde el 1º de abril, aun en el caso de ser abonada alguna vez, no contemplará ni intereses por mora ni actualización. Lo mismo con  las cuotas del aguinaldo, que serán pagadas con hasta tres meses de atraso. Es evidente que el gobierno abandonará por todo el año el pago de las actualizaciones por IPC, un ajuste que las conducciones de ATE-CTA y Aten le dejaron pasar sin pena ni gloria.


De esta manera un gobierno que no deja de prestar fondos subsidiados a las patronales, y en especial a las gastronómica y hoteleras de las zonas turísticas, que no solo tienen un alto grado de empleados en negro o bajo fraude laboral, sino que no están pagando salarios aún cuando reciben fondos del Estado neuquino y los ATP del Estado nacional.


Esta reestructuración de la deuda en pesos con tenedores privados, el gobernador Gutiérrez la ha negociado con un amplio consenso y autorización explícita del gobierno nacional y el ministro Guzmán con quien intercambió una serie de elogiosos tweets. Lo cual explica, tal vez, la aparición en esta reestructuración de nuevas entidades bancarias, fuera de las tradicionales, hasta ahora, participaron de los bancos Galicia y Macro, además del BPN. Lo cual no deja de ser todo un reconocimiento que la “reestructuración” neuquina está colocada en la línea de los acuerdos que se perfilan con la deuda externa.


También la postergación, congelamiento y desvalorización de salarios y jubilaciones están en es línea.


A la escala neuquina tenemos los rescates estilo “Vicentin”, los pagos de deuda con grandes ventajas para los buitres acreedores, el hundimiento de salarios y jubilaciones.



 

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04/07/2020

Unsam: algunas conclusiones a 100 días de virtualidad

Luego de 100 días de cuarentena y cursada online, amerita que les estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) debatamos qué pasó y cómo nos fue, para afrontar mejor los desafíos del siguiente cuatrimestre.


La Unsam antes de la cuarentena


Con la llegada de la pandemia al país, se colocaron carteles marcando la importancia de lavarse las manos con jabón, alcohol en gel, etc, pero en los baños que usábamos a diario brillaban por su ausencia. Cualquiera que caminara por el campus recordará que frente al crecimiento del dengue tampoco se cortaban los pastizales que con cada lluvia acumulaban agua.


Ambos hechos graficaron claramente cómo desde las primeras semanas presenciales las necesidades de la comunidad educativa no se garantizaban por parte de las autoridades. Una vez decretada la cuarentena y la cursada virtual, se repitió la misma lógica: “mejor decir que hacer”. Veamos algunos ejemplos.


Deserción y permanencia


La implementación de la virtualidad, sin asegurar la condiciones para que todes puedan llevarla adelante, generó este año la mayor deserción estudiantil de hace mucho tiempo. Durante la virtualidad, ni siquiera repartieron las computadoras/tablets con las que cuenta la universidad, ni garantizaron acceso a internet a quienes lo precisaban. Incluso con las dificultades económicas crecientes que generó la pandemia, las becas no aumentaron.


Además la deserción estudiantil era moneda corriente antes de la virtualidad. Con comisiones superpobladas y estudiantes cursando por la ventana, el 70% de los inscriptos solía quedar afuera en el CPU. El problema de la permanencia tampoco es nuevo. Con carreras que se cursan en un solo turno, otras que se alternan las materias en los tres turnos, disponer del tiempo y de los recursos está íntimamente ligado a las posibilidades económicas que tenemos. Por ejemplo la licenciatura de Historia se cursa de 13 a 17 h, lo que no dejá muchas opciones: trabajás o estudiás. Las miserables becas o disminuyeron este año (la beca de fotocopias en humanidades de 800 a 350 copias), o quedaron casi obsoletas frente a la inflación (las de continuidad son de $30 o $58 por día).


Hasta aquí, podemos resumir que la deserción estudiantil y la desigualdad de oportunidades, que venían creciendo en la Unsam, se han agravado producto de la “virtualidad forzada” –sin garantizar las condiciones- mostrando la creciente incompatibilidad de la orientación de las autoridades y las necesidades de la comunidad educativa. Sumado a esto, el salario de nuestros docentes venía perdiendo frente a la inflación, y con la virtualidad se les impuso en los hechos prácticamente el doble de trabajo por el mismo sueldo.


“Acá decido yo y al que no le gusta que se las arregle”


La primera resolución rectoral en pandemia fue “que cada escuela implemente la virtualidad como pueda” (como si todas las escuelas tuviesen la misma plata), luego “que les docentes armen sus materias virtuales a como dé lugar”, que frente a la necesidad de presupuesto “se abra un CBU para donaciones”. Recién cuatro meses después de iniciado el año lectivo, se reunió el consejo superior, en la reunión las autoridades de dedicaron a pintar espejitos de colores, diciendo que todo marchaba sobre ruedas y no trataron ninguno de los problemas que atravesamos los estudiantes y docentes a partir de la virtualización.


Ahora, la modalidad de exámenes finales también es librada al azar. Los parciales que ya están terminando mostraron la desregulación completa y la falta de condiciones de la virtualidad. Desde exámenes con 15 minutos para responder vía cámara web, pasando por no saber de antemano la modalidad del examen hasta la acumulación de todos los exámenes en una semana.



En los hechos, se reforzó la imposición unilateral de decisiones por parte de las autoridades, que no llegó con la pandemia. El presupuesto anual, convenios con empresas, reformas de carreras, etc., nunca se someten a discusión con la comunidad educativa.


“Unidos y Organizados” para pagar la deuda


Sucede que sigue vigente el mismo presupuesto educativo que votó el macrismo en diciembre 2018, pulverizado por la inflación y absolutamente insuficiente frente a las necesidades en pandemia. Son las autoridades quienes se encargan de implementar al interior de nuestras casas de estudio el ajuste en educación que ejecuta el gobierno nacional. Los rectores de todo el país bancan esta política, y el rector de la Unsam, Carlos Greco, ni hablar. Fue hasta hace días uno de los más altos funcionarios del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ente encargado de la planificación y aprobación de los presupuestos y políticas educativas.


Como los capitalistas nacionales, los rectores también comparten la prioridad central del gobierno: alcanzar un acuerdo sobre la deuda externa y rescatar a los bonistas privados, aunque implique hoy mismo la prórroga de este presupuesto de misería, la suspensión de la paritaria docente, el congelamiento de la beca Progresar, etc.


Les estudiantes tenemos que tomar los problemas en nuestras propias manos


Esta realidad impacta cada vez en más estudiantes y docentes acumulando críticas. Si las autoridades aún logran imponer todas estas medidas, se debe a que cuentan con la completa sumisión de las conducciones de la mayoría de los centros de estudiantes, y del sindicato docente y no docente.


Estos se dedicaron a replicar todos las resoluciones de las autoridades, votarlas en los consejos de escuela y superior, y en consecuencia no organizar la lucha de les estudiantes por sus reclamos. Ninguno de los centros dirigidos por el kirchnerismo convocó asambleas, salvo en humanidades por presión de la izquierda y les estudiantes.


El Centro de estudiantes de Ciencia y Tecnología (con La Caldera en la presidencia) mediante asambleas y reuniones organizó los reclamos de la escuela demostrado que la organización da sus frutos (asambleas, debate democrático, reapertura de becas, que nadie pierda la regularidad, extensión de la prórroga de finales, la elaboración de un protocolo para rendir los finales) y convocó a extender la organización con asambleas en cada escuela y luego una unificada.


Frente a la intensa actividad del CeCyT y La Caldera en cada escuela, peleando por abrir un canal para que el activismo unifique sus reclamos a partir de una asamblea interescuelas, contrastando con el trabajo consciente de embellecer la virtualidad y evitar todo proceso de organización estudiantil, las conducciones kirchneristas se vieron obligadas a acoplarse. Pero solo pretendieron posar para la foto; no convocaron a nadie a fin de boicotearla, plantearon que solo los estudiantes con cargos en centros puedan votar y, una vez que fueron derrotados, se negaron a firmar el acta e impulsar las resoluciones. A esto se suma que no convocaron ni una instancia de debate hacia el 8 de marzo, y hasta se negaban a denunciar la no respuesta del gobierno y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad al aumento de los femicidios y la violencia hacia las mujeres.


Consecuencia de la subordinación a las autoridades y al gobierno, estos centros bloquearon cualquier expresión de organización estudiantil, en un momento crítico para todes les estudiantes.


Pospandemia: aulas, investigación, profundización virtualidad


En cuanto a lo que depare la pospandemia, las autoridades ya tienen el ojo puesto en acrecentar sus negocios. Hace tiempo no alcanza la cantidad de aulas, por lo que venían avanzando en la virtualización de carreras (por ejemplo psicopedagogía, la carrera más grande de Humanidades que la hicieron semipresencial, una semana compu, otra clase). La pandemia, el ajuste y la virtualidad de hecho, profundizaron esta orientación, como ya se expresaron los rectores de todo el país en una reciente nota publicada por la agencia Télam. Allí hay un negoción vinculado a las plataformas virtuales a través de convenios con grandes multinacionales.


En segundo lugar, también venían creciendo los posgrados pagos, fundamentalmente los virtuales, y todo indica que proliferaran cada vez más, incluso con el pasaje de contenido de grado a postgrado.


Por último, con un presupuesto cada vez más devaluado, subordinarán aún más la importante capacidad de investigación científica de la Unsam (se debe exclusivamente al enorme esfuerzo de nuestros investigadores) a las necesidades del mercado, como sucedió con las tiras reactivas para detectar el dengue en 10 minutos que desarrolló la universidad que hoy produce y vende una empresa privada.


¡Sumate a La Caldera para defender la educación pública!


De conjunto, se aprecia un rumbo negativo para la educación pública. Su defensa requiere más que nunca que les estudiantes y docentes irrumpamos en la escena, recuperando nuestra herramientas gremiales, organizándonos de forma independiente de las autoridades y el estado.


A su vez, la defensa de nuestras condiciones de cursada inevitablemente plantea el problema de dónde saca el gobierno los recursos nacionales y a donde los destina.


En este sentido, planteamos la pelea por la defensa irrestricta de las condiciones de cursada, el aumento del presupuesto educativo, a la vez que sostenemos la necesidad de implementar un impuesto a las grandes rentas, fortunas, timba financiera, propiedad terrateniente, etc. e investigar la deuda externa y cesar su pago. Lo cual también permitiría poner los cañones en combatir el hambre, la desocupación y reforzar el sistema de salud.


En definitiva, la defensa de la educación pública se liga a la pelea por la reapropiación de los recursos nacionales y bajo esta perspectiva actuamos desde La Caldera y en la conducción del CeCyT. Profundicemos este camino, ganando cada vez más estudiantes a la defensa de la educación pública. ¡Sumate!



 

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La Plata: reprimen a vecinos que reclamaban por falta de luz

Cortaban la bajada de la Autopista La Plata - Buenos Aires.

Fotos y videos gentileza FOL PRENSA

El viernes 3 de julio la Policía Bonaerense comandada por Sergio Berni y Sebastián Martínez Pass reprimió ferozmente una protesta de vecinos del barrio La Bajada, que habían cortado la bajada de la Autopista La Plata – Buenos Aires para reclamar tras una semana entera sin tener servicio de luz eléctrica, en el marco de la crisis sanitaria y con el agravante de que allí vive una niña paciente electrodependiente.


Los vecinos denuncian que están “hace 14 años en el barrio y venimos desde siempre reclamando un nuevo transformador y medidores”, y que Edelap “hace el censo y después no viene más”. La respuesta del gobierno de Kicillof a este abandono es enviar a la policía a reprimir con perdigones y balas de goma, ingresando al barrio y poniendo en peligro a decenas de familias, jubilados y niños.



Por otra parte, la empresa pretende responsabilizar a los vecinos por la existencia de “conexiones clandestinas y precarias” que afectan la calidad del servicio, cuando en más de una década no ha invertido un solo peso a pesar de haber recibido millones en materia de subsidios estatales. Esta situación se repite en todos los barrios de la periferia platense, que sufren sistemáticamente cortes de luz porque las instalaciones no dan abasto.


Desde el Partido Obrero repudiamos la brutal represión de la Bonaerense de Kicillof y Berni. Nos solidarizamos con los reclamos de los vecinos de La Bajada, y exigimos que se satisfagan urgentemente. Responsabilizamos al intendente Julio Garro de Cambiemos por el precario estado habitacional de los más de 200 asentamientos de la ciudad. Reclamamos un plan de obras de infraestructura para garantizar la provisión segura de los servicios básicos a todos los barrios de la periferia. Frente al invierno y el avance de la pandemia, el abandono de estas necesidades es un crimen de Estado.




 

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04/07/2020

Misiones: una municipalización que no resuelve los problemas de los trabajadores

Acerca de la creación del municipio de Villa Salto Encantado

El jueves pasado se sancionó la ley provincial que separa a Villa Salto Encantado de la localidad de A. Del Valle y la convierte en el municipio N° 77 de la provincia. La Ley fue saludada como una reparación histórica por el presidente de la Legislatura provincial y principal líder del Frente Renovador, Carlos Rovira; por el intendente de A. Del Valle, Eldor Hutt, oriundo de una colonia que ahora es parte del nuevo municipio; y por algunos vecinos de la zona.


¿Una reparación histórica?


El argumento de la reparación histórica hace referencia a un reclamo surgido hace años cuando se trasladó el núcleo gubernativo del municipio de A. Del Valle del  Km 12 (Salto Encantado) al Km 4 (A. Del Valle) de la Ruta Nacional 14. El traslado, dicen los que sostienen el reclamo, tenía un tinte político al ser el Km 4 una “zona radical” y el Km 12 una “zona peronista”, y derivó en un abandono de Villa Salto Encantado y sus colonias agrarias.


Entre el núcleo urbano del municipio de A. Del Valle y el nuevo municipio de Villa Salto Encantado hay solamente 6 kilómetros de distancia y la circulación de transporte y personas es fluida. La verdad es que el “reclamo histórico” de abandono podría aplicarse a una enorme cantidad de barrios de alrededor del núcleo céntrico de A. Del Valle donde la falta de atención a los caminos y a los servicios como luz o agua son igual o más urgentes que en Villa Salto Encantado.


Desde 2003 a la fecha, 17 años, el gobierno de la provincia y del municipio corrieron por cuenta del Frente Renovador -10 años de gobierno de un intendente oriundo de la zona- que en casi todos esos años contó además con mayoría en la legislatura provincial y el Concejo municipal. El mismo partido que hoy vota separar a los municipios es el que no ha resuelto ninguno de los acuciantes problemas de los trabajadores de uno y otro lado.


La demagogia localista como herramienta política


Una verdadera reparación histórica hubiera sido que el Estado provincial y municipal destinaran recursos al mejoramiento de los servicios en los barrios obreros y las colonias de Salto Encantado donde las personas deben tomar agua mezclada con tierra, o pagar conexiones carísimas de luz; a poner en condiciones los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS); y a terminar la ruta 220, en vez de construir terminales de ómnibus fantasmas, sillas aerostáticas millonarias abandonadas en un parque provincial o veredas carísimas en el “parque lineal” Cainguas.


Una separación de los municipios debería haber surgido de una consulta popular a todos los habitantes de Villa Salto Encantado y no de una reunión entre “dirigentes” locales que responden a intereses propios y de empresarios locales.


La separación de Villa Salto Encantado no va a resolver los problemas de los trabajadores de la zona. Para que esto ocurra es necesario que el Estado provincial grave con impuestos a las grandes fortunas de la provincia y que esa riqueza se ponga al servicio de las necesidades de los trabajadores, como lo plantea el proyecto de ley nacional presentado por el Frente de Izquierda. Los trabajadores debemos organizarnos y luchar por la aprobación de esta ley nacional, por el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, concentrando todos esos recursos en función de las necesidades de la población trabajadora.




 

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El Polo Obrero continúa desarrollándose en Bahía Blanca

En ocasión del 18º aniversario del asesinato de Kosteki y Santillán, el Polo Obrero de Bahía Blanca realizó un corte de ruta con las vecinas y vecinos del Barrio Puertas del Sur. Allí reclamamos garrafas, alimentos para merenderos y comedores y kits de higiene, sosteniendo la consigna de que con hambre y frío no hay cuarentena.


Gracias a esta medida, que fue tomada por algunos medios y difundida ampliamente en redes sociales, logramos algunos compromisos por parte del municipio. Entre ellos, la conquista de las garrafas necesarias para los merenderos, con la promesa por parte del Estado municipal de renovar la entrega periódicamente. Esto, sumado a subsidios para comprar alimentos que fueron conquistados en otras instancias, nos da la posibilidad de mantener merenderos en al menos tres barrios de la ciudad. No obstante, destacamos que se trata solo de un comienzo, ya que también estamos empeñados en la tarea de poner en pie un comedor.


Ahora que el municipio debió reconocer que comenzaron los contagios por circulación comunitaria, más que nunca se vuelve necesaria la asistencia a comedores y merenderos, kits de higiene para toda la población, garrafas irrestrictas y universales. Si bien los vecinos pueden comprar una garrafa con la Tarjeta Celeste ($1.060), al ser de $400 el costo promedio de cada una les queda una miseria absoluta para hacerse de alimentos. Si a esto le sumamos la suspensión del tercer pago del IFE, la situación es explosiva.


Por otro lado, el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, a cargo de Federico Susbielles, hombre del gobernador Kicillof, anuncia con bombos y platillos el récord histórico de movimiento en el puerto: 6.731.062 toneladas, que incluyen maíz, porotos de soja, alfalfa y frutas, entre otros productos. Como ya señalamos anteriormente, las contradicciones sociales en Bahía Blanca rozan la obscenidad. La ciudad se encuentra rodeada de plantas hidrocarburíferas y tiene uno de los puertos más importantes del país por el que se van miles de toneladas de alimentos, en plena actividad durante la cuarentena, mientras la miseria se multiplica entre los trabajadores, tanto ocupados como desocupados.


Este fin de semana daremos un paso más en la organización, cuando comencemos a repartir la merienda para los niños del barrio Puertas del Sur. ¡Vamos por la organización en todos los barrios! Por un plan universal de garrafas. IFE sin restricciones. Por un seguro al desocupado de $30.000 mensuales. Kits de higiene. Alimentos para merenderos y comedores. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!




 

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04/07/2020

Neuquén: el gobierno pagará el aguinaldo en tres cuotas

Rechacemos la medida, urge un paro general de la CTA con movilización.

Diputada provincial Partido Obrero - Frente de Izquierda

El gobernador Omar Gutiérrez confirmó el pago del aguinaldo en tres cuotas. Se abonará el 40% en la segunda quincena de julio, el 30% en agosto y en septiembre el 30% restante. Para el caso de los salarios más bajos recibirán el 50% en la primera cuota.


La medida significa un mazazo a las condiciones de vida de los más  70.000 trabajadores/as en la provincia. En marco de un alza los contagios de coronavirus, en particular entre los trabajadores de salud, y el congelamiento salarial imperante, el pago del aguinaldo en cuotas representa otro ataque más del gobierno de Gutiérrez.


Ni bien fue comunicado el pago del aguinaldo en cuotas, las direcciones de los sindicatos Aten y ATE emitieron declaraciones rechazando la medida, pero no convocando a ninguna medida. En su comunicado, Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE y la CTA, solo se limita a reclamar ayuda al gobierno nacional, salvando así al gobierno provincial. El cacareo de Quintriqueo prepara la entrega, como hizo con el congelamiento salarial.


El pago en cuotas del aguinaldo ya había sido lanzado por el gobernador como un “rumor”, y las direcciones de los sindicatos de la CTA se han limitado a pedir explicaciones. Así dejaron pasar la rebaja salarial de abril, utilizando el temor que se instala por la pandemia. Hay que romper el chaleco de fuerza criminal de las burocracias sindicales, reclamando un inmediato paro y movilización provinciales. Nuestra mejor medida de bioseguridad en esta pandemia es luchar en defensa del salario y el trabajo.


El Partido Obrero en el Frente de Izquierda llama a tomar en nuestras manos medidas vitales, por el pago en tiempo y forma del aguinaldo, el aumento de salarios por inflación y un seguro por desocupación de $30.000 mensuales.


Repudiamos el pago de la deuda externa provincial. Exigimos la centralización del sistema de salud, la provisión elementos de protección y medidas de bioseguridad en los lugares de trabajo a través de comisiones electas por los trabajadores, la realización de testeos masivos, el pase a planta de los trabajadores precarizados, la distribución de alimentos y gas. Por un impuesto a las grandes fortunas para reunir los recursos que permitan una real cuarentena.


Que la crisis la paguen los capitalistas.



 



 

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04/07/2020

Hermes Binner: el ascenso y derrumbe del Partido Socialista

Falleció a los 77 años Hermes Binner, exgobernador de Santa Fe, exintendente de Rosario y dirigente del Partido Socialista. Su muerte se produjo por un cuadro de neumonía. Binner hacía tiempo se encontraba fuera del escenario político. Padecía una afección neurológica que según indicaban los medios era Alzheimer.


Binner concentró en su figura, el ascenso y derrumbe del Partido Socialista tras la vuelta a la democracia en la Argentina, como una fuerza política de Estado y defensora del orden capitalista existente.


El nacimiento del Partido Socialista Popular y la subordinación al peronismo


Desde su militancia universitaria en la facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario en la década del ’70, Binner integró el MNR y el Mapa (Movimiento de Acción Popular Argentino) formados por Guillermo Estévez Boero[1].


El PSP desde sus inicios fue una amalgama política donde todos sus grupos se reivindicaban a grandes rasgos con “ideas socialistas”, sin declarar una base política teórica nítida. Pero a pesar del eclecticismo teórico, todos los grupos integrantes del PSP se caracterizaban por algo en común: habían renunciado a la pelea para que la clase obrera de la Argentina se estructure en un partido político propio, independiente del peronismo y más en general de los partidos de la burguesía. Una línea de continuidad con la asimilación del PS a la política de adaptación parlamentarista de principios del siglo XX y con ello el abandono de cualquier perspectiva de transformación revolucionaria, que tuvo como máxima expresión la votación de los créditos de guerra durante la Primera Guerra Mundial.


En noviembre de 1971, Estévez Boero el mentor de Binner escribió su ensayo Realidad Política Argentina. Allí señalaba que la clase obrera debía estar sujeta a una alianza con el peronismo y con el radicalismo como forma de derrotar a la oligarquía. Por su parte, el PSA participó de La Hora del Pueblo en noviembre de 1970, junto con el peronismo y el radicalismo entre otros. Una coalición de los partidos de la burguesía, para buscar una vía institucional a la enorme efervescencia en la clase obrera a pocos meses de la gesta obrera que significó el Cordobazo en mayo de 1969. Ya como PSP unificados, apoyaron la candidatura de Juan Perón e Isabel Perón de septiembre de 1973, a pesar de la masacre de Ezeiza y la vuelta de Perón con la intención de estrangular el ascenso obrero que se producía en el país.


Bajo la dictadura militar, si bien el PSP se colocó contra el golpe, decidió suspender su periódico, no confrontar con la dictadura militar, “ablandar” sus planteos políticos y cambiar su lenguaje. Es decir, renunciaron a dar una lucha política bajo la dictadura.


La vuelta a la democracia


Con la vuelta a la democracia, el PSP va a fondo en su asimilación al Estado. En 1985 el PSP establece una alianza con el PSD (Partido Socialista Democrático), llamada la Unidad Socialista. El PSD era una vieja fracción derechista del PS, que no solo apoyó la dictadura del 76, sino que colocaron como embajador de Portugal entre 1976 y 1979 a su dirigente máximo, Américo Ghioldi.


En este marco, en 1989 Héctor Cavallero gana la intendencia de Rosario en esta alianza de Unidad Socialista. Bajo la intendencia de Cavallero, Binner es nombrado secretario de Salud de la municipalidad de Rosario. Cavallero fue intendente hasta 1995, año en que asume en su lugar Binner, con un PSP ya integrado al Frepaso, junto a Chacho Álvarez y Patricia Bullrich. Cavallero después se integraría a las filas del PJ.


El 2001, de Binner a Kirchner: la intendencia de Rosario y el 2001


En las elecciones de 1999, con Binner como intendente de Rosario, el PSP y el Frepaso integraron a la Alianza que llevaría a De la Rúa a la presidencia. El gobierno que terminó de quebrar al país, provocando el estallido y la rebelión popular de diciembre de 2001 que liquidó al gobierno. Para diciembre de 2001, siempre bajo la intendencia de Binner, Rosario tenía el récord histórico de 22,8% de desocupación y Patricia Bulrrich había sido eyectada como ministra de Trabajo un mes antes (La Capital, 13/12/2001). La bancarrota económica del 2001 y la rebelión popular desatada en todo el país, encontró a Binner en esas jornadas de diciembre impulsando el llamado comité de crisis, junto con el gobierno provincial de Carlos Reutemann, las fuerzas represivas y los grupos empresariales de la ciudad. Desde allí, la clase capitalista y sus representantes políticos pilotearon la crisis de diciembre de 2001, para actuar contra la rebelión popular en curso, y a favor de la brutal represión que se cobró la vida de Pocho Lepratti y ocho trabajadores santafesinos más.


Binner se integró en 2003 al frente transversal de Néstor Kirchner, sumando esfuerzos políticos al proyecto de “reconstrucción de la burguesía nacional” colaborando con el frente sojero, la extensión de las concesiones de los puertos privados y el impulso a la especulación inmobiliaria sobre las costas del Paraná. La alianza profundizó la crisis tanto en el PS como en el PJ, teniendo a María Eugenia Bielsa, actual ministra de Vivienda de Alberto Fernández, como uno de sus exponentes en las denuncias contra la corrupción kirchnerista –que relegó a favor del encumbrado cargo como funcionaria del Frente de Todos.


El gobierno kirchnerista empalmó con un alza de los precios de las materias primas, entre ellas la soja, que devaluación de la moneda mediante generó un ingreso extraordinario de divisas en el país. La exportación por los puertos de la provincia crecía a toneladas. El PS transformó a Rosario en la ciudad donde el capital agrario realizaba sus inversiones. Proliferó la especulación inmobiliaria y los negocios de la noche. Se creaban los cimientos para el estallido del gran delito vinculado al narcotráfico y la criminalización de las finanzas por los puertos privados. A esa altura, se veían nítidamente dos ciudades de Rosario: una, la de las grandes torres, la especulación inmobiliaria y la inversión para mantener la fachada que consumían los sectores de la clase capitalista agraria e industrial. La otra, la Rosario de las 100 villas miseria y la de los índices de desocupación más altos del país.


Binner dejó de ser intendente en el año 2003 (lugar ocupado por Lifschitz), fue candidato a gobernador y solo perdió con Obeid debido a la ley de lemas. Para el año 2007, con el Frente Progresista Cívico y Social formado, es decir el PS ya unificado y aliado a la UCR fundamentalmente, Binner gana la gobernación de Santa Fe. La victoria de Binner en 2007 fue apoyada por un enorme espectro de centroizquierda, sindicatos y organizaciones sociales. Todos se reagruparon en el llamado Encuentro de Rosario, que contaba por personalidades como Elsia Carrió, Pino Solanas y Víctor De Gennaro entre otros. Un frente popular que cooptó y deglutió a diversas organizaciones de izquierda y de trabajadores bajo la expectativa de un gobierno provincial comandado por el PS.


Quedó sin investigar la causa que afectaba al propio Binner por corrupción en 2007. Sí está acreditado que tuvo como financista a la empresa Terminal Puerto Rosario S.A., algo que contradice la ley que prohíbe que concesionarios públicos realicen aportes de campaña. Una empresa envuelta además en un escándalo por lavado de dinero del narcotráfico en España. El crecimiento de la inseguridad en la provincia es el resultado de un régimen político que tiene como base de sustentación a los puertos privados y un régimen de contrabando legalizado desde el Estado.


Pero el gobierno provincial de Binner ya tenía sus marcas de nacimiento, por haber gobernado Rosario por 18 años a esa altura. La gobernación no era más que profundizar su entrega al gran capital agroexportador y la Bolsa de Comercio de Rosario. Binner dejó la gobernación en el año 2011, año en que fue candidato a presidente y obtuvo el 16%, detrás del 54% obtenido por CFK. Probablemente el punto más alto del PS y el progresismo en el país. Era el canto del cisne del derrumbe que se aceleraba en el progresismo y la desintegración del “Encuentro de Rosario”, que terminaría con el Partido Socialista integrado a la candidatura del derechista Sergio Massa y más cercano en el tiempo, con Roy Cortiñas en las listas del macrismo en ciudad de Buenos Aires.


En 2013 fue electo diputado nacional y para 2015 fue candidato a senador. El loteo del PS, desguazado por los grandes partidos capitalistas, se profundizó junto con el retroceso electoral sistemático, asociado a la experiencia recorrida por la población trabajadora de Santa Fe con el carácter rabiosamente capitalista de quienes se hacen llamar socialistas. La posibilidad de estructurar un “frente progresista” de la mano de las sojeras, aceiteras y de los pulpos exportadores más grandes del mundo concluyó en un fracaso total.


Binner inició su carrera política junto a Estévez Boero, quien planteaba que el camino para terminar con el capitalismo, era que la clase obrera tenía que aliarse a los partidos de la burguesía. Binner fue directamente un representante político de la gran burguesía industrial y agraria que operan en Santa Fe.


Su muerte marca el derrumbe definitivo del PS. Una rosa marchita


Todas las fuerzas políticas que integran el régimen que gobierna este país saludaron la trayectoria de Hermes Binner, un verdadero “hombre de Estado”. Resulta por eso llamativo el mismo reconocimiento de Octavio Crivaro y del PTS, viniendo de una corriente política que se propone dar una pelea antiestatal y anticapitalista y estructurar a partir de ello una política independiente de la clase obrera. No podemos dejar de remarcar que Binner fue intendente cuando asesinaron en su ciudad al Pocho Lepratti, este solo hecho desmerece cualquier saludo plañidero.


Lejos del respeto luctuoso, los socialistas revolucionarios tenemos que balancear correctamente a partir de un análisis político lo que significó Binner como emblema de la estatización del PS y la orientación social de un gobierno rendido antes el capital agroexportador. El homenaje a Binner no puede tapar el derrotero del PS, que culminó en las últimas elecciones con el apoyo explícito a la fórmula Lavagna-Urtubey y tácito de Antonio Bonfatti a Alberto Fernández.


El partido de la rosa también ha dejado de existir.


 


[1] *En abril de 1972, este grupo político de Estévez Boero, confluyó con tres organizaciones más: con una de las fracciones del PS, (el Partido Socialista Argentino), con el Grupo Evolución (desprendimiento del Partido Socialista Democrático), y Militancia Popular (desprendimiento del Partido Socialista de Vanguardia).


 

04/07/2020

“Queremos cobrar la zona fría para todos los compañeros que trabajan en las chacras”

Testimonios de trabajadores rurales en lucha de Río Negro. También exigen paritarias y asambleas.

Prensa Obrera se hizo presente ayer viernes en horas del mediodía en el barrio Santa Rita de Villa Regina para entrevistar a trabajadores rurales, representantes de diferentes establecimientos de la zona que vienen hace varias semanas poniendo en la agenda publica provincial la exigencia de apertura de paritarias y el reconocimiento inmediato de la zona fría, que implicaría una mejora salarial. Tres de ellos (Daniel, José y Nicolás) hablaron con nosotros y señalaron situaciones que entienden tienen que modificarse dentro del sindicato que los aglomera, es decir, la Uatre.

 

“No solo queremos el aumento de poda, sino que también queremos la zona fría. Estamos en desacuerdo con las medidas que están tomando ellos”, nos comenta Daniel, en referencia a la dirigencia del sindicato. Y afirma que “tiene que haber un diálogo, primeramente con los trabajadores, porque los dirigentes no pueden elegir por sí solos. Ellos están puestos ahí por nosotros que votamos, y ellos tienen que ver cómo estamos nosotros… y sin embargo, dicen que no nos corresponde la zona fría”. Además, enfatiza que necesitan la zona fría no solo en invierno, sino “todo el año. En la cosecha también, porque hay rocío”. Daniel tiene toda la razón: estamos en la Patagonia y como él mismo dice, “el mal tiempo es todo el año para nosotros”.

 

Cuando le consultamos si sabe cómo se está llevando adelante la negociación salarial, Daniel comenta que “hace meses que no vienen los sindicalistas a las chacras. No se preocupan por nuestras necesidades, acá hay trabajadores que se calientan con leña por ejemplo. Es fácil verlo desde adentro (por las oficinas) sentado y calentito”.

 

Sobre la continuidad de la lucha, Daniel afirma que “hemos hablado con distintos trabajadores de distintas empresas, y queremos que el gremio haga una reunión. Que llame, como llama para las elecciones, a delegados de distintas chacras para en conjunto exigir e intensificar la medida de fuerza”. Al preguntarle si de esas reuniones podrían participar trabajadores de bases, contestó: “yo creo que sí porque, por ejemplo, en los galpones (empaques) se hace”.

 

Sobre el día a día de un trabajador rural, José, un trabajador de 30 años de actividad, del alejado barrio de Santa Rita, comenta que “no tenemos centro comunitario. Para ver un médico tenemos que ir a Villa Regina (localidad a la que el barrio pertenece). Tenemos que estar horas y horas esperando. Falta una salita en el barrio para poder atendernos”.

 

En cuanto al salario rural, el sindicato y la obra social nos comenta: “cuando vamos a ver un médico tenemos que pagar la obra social y pagar $400 o $500 adicionales. La obra social la pagamos, pero eso no lo miran. Un compañero se enferma y tenés que ir al hospital, pese a que nosotros hacemos aportes”.

 

José se muestra crítico también del poder político. “Nosotros somos peones rurales y no nos miran. Si no laburamos ellos no van a tener el esfuerzo de nosotros. Nosotros hacemos muchos esfuerzos pero los políticos no nos miran a nosotros. La plata no la ganamos de arriba. Tenemos que ir a trabajar. Como en la Uatre, entran y se olvidan de la gente. Cuando quieren un voto van y tocan las manos y nosotros le damos votos, y le juntamos gente, y eso no se hace con la gente”.

 

Su mensaje es que “nosotros estamos luchando con los compañeros que están pasando lo mismo. Queremos cobrar la zona fría para todos los compañeros que trabajan en la chacra”.

 

Nicolás, en tanto, nos dijo que “la mutual no funciona, es un problema de hace años. No tenemos un médico propio, un dentista. Para ir al dentista tenemos que ir hasta General Roca”. Y llamó a “que nos unamos todos”.

 

La realidad del trabajador rural ha empeorado producto de años de abandono y entrega de la dirigencia sindical y el poder político. Con las cartas sobre la mesa, un importante sector de los trabajadores rurales se quiere organizar, y a la vez preparar para una lucha que no será nada corta ni nada fácil. Saben los derechos que les corresponde y también saben que pueden conquistarlos. Todo nuestro apoyo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandil: el Polo Obrero lanza campaña por un plan de viviendas populares

A raíz de las denuncias sobre el avance de la construcción en las sierras, analizamos la ligazón de la problemática del negocio inmobiliario y la falta de viviendas que los trabajadores de nuestra localidad sufren desde hace décadas. El artículo que escribimos para Prensa Obrera suscitó un gran debate entre vecinos que, además de apoyar nuestro planteo, acercaron sus denuncias personales.


Fue a partir de ese debate y de aquellas denuncias que surgió la iniciativa de conformar un movimiento local que se organice para pelear por las reivindicaciones de aquellos que no tienen un techo, incluidos, por supuesto, quienes alquilan. En una reunión virtual que se realizó este viernes 3 de julio los vecinos plantearon distintas problemáticas y experiencias personales cuya solución, se concluyó, necesita de la intervención estatal y choca, además, con los intereses y negociados armados por los mismos funcionarios del gobierno y empresarios locales.


Las definiciones estratégicas de la reunión consisten en una campaña de fotos y textos por redes sociales y “boca a boca” para visibilizar el conflicto y lograr instalarlo en el común de la población y en la agenda política local. Se decidió también convocar asambleas barriales para discutir presencialmente con los vecinos que tengan la necesidad de una vivienda propia y otros reclamos -desocupación, hambre- con el objetivo de acrecentar el agrupamiento y sumar fuerzas al reclamo.


Tenemos como meta también realizar, luego de reunir fuerzas, una movilización al municipio y a la Secretaría de la Vivienda para acompañar la entrega de una carta en la que se exponga la deplorable situación habitacional de los barrios obreros y se presente una lista de las necesidades que los trabajadores exigen sean resueltas por el Estado.


Desde el Polo Obrero y el Partido obrero, nos ponemos a trabajar esta campaña y a organizar colectivamente a los vecinos para que estos esfuerzos lleguen a buen puerto y obtengan sus resultados.


Vamos a una gran campaña por un plan de viviendas populares, por una solución al problema habitacional. ¡Basta de hambre, frío y desocupación! ¡Que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores!



 

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04/07/2020

La jornada nacional de lucha de la docencia universitaria en la UNLu

Paros y apagones virtuales.

Secretario adjunto (por la minoría) de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Luján

Los y las docentes de la Universidad Nacional de Luján nucleados en el sindicato Adunlu protagonizamos el viernes 3 una jornada de lucha nacional con paros y apagones virtuales en reclamo de aumento salarial; contra la precarización laboral en curso derivada de la virtualización forzosa; en rechazo al reciente acuerdo paritario firmado por las burocracias sindicales del sector y el gobierno nacional/CIN (Consejo Interuniversitario Nacional); por la defensa del convenio colectivo; en rechazo a la fragmentación del aguinaldo y por un inmediato aumento del presupuesto para universidad, ciencia  y técnica.


La medida se desarrolló el viernes 3 de julio y alcanzó a los/as docentes de todas las sedes y centros regionales de la Unlu (Luján, San Miguel, Campana, San Fernando, Caba y Chilvicoy). Cabe destacar que se trató de la primera medida de fuerza nacional impulsada por la Federación Conadu Histórica durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 (también contó con la importante adhesión de la Coad-Rosario, gremio de base de la Conadu).



El paro tuvo una importante adhesión entre la docencia de la Unlu y concitó, además, la atención de la prensa local y regional. En Luján esta medida fue votada mayoritariamente por la última asamblea general de Adunlu (el oficialismo, la lista Violeta, votó en contra de realizar cualquier acción de lucha) y se suma así a la gran lucha que venimos desarrollando desde el inicio del cuatrimestre contra la virtualización forzosa, por la defensa integral de nuestras históricas y recientes conquistas y por una universidad pública al servicio de la clase trabajadora. No queremos una universidad que flexibilice a sus trabajadores ni que expulse a sus estudiantes.



Vamos por nuevas asambleas


Necesitamos que en Adunlu continúe y se profundice el método de deliberación asambleario para arribar a la toma de decisiones colectivas que serán fundamentales para enfrentar lo que viene en el corto y mediano plazo. Estamos ante momentos críticos donde se definirán buena parte de nuestras cuestiones laborales esenciales para, al menos, la segunda parte del año: la recuperación o la caída de los salarios, las condiciones más elementales para el dictado de clases presenciales o remotas, qué hacer frente a los exámenes finales y la fundamental lucha por un presupuesto para el desarrollo de la enseñanza y la ciencia.


Todas cuestiones centrales y urgentes que amerita de prontas deliberaciones asamblearias para formar opinión y posición colectiva, en la perspectiva de construir desde abajo, y con una profunda mirada y solidaridad de clase trabajadora, un plan de lucha nacional de la docencia universitaria cimentado sobre la base de la independencia política y gremial de los gobiernos, las gestiones universitarias y de todas las burocracias sindicales.




 

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04/07/2020

Beca Sostener Cultura II: un barbijo de friselina contra el Covid

Actuemos

Con un muy sobrio y bien realizado video institucional, se dio a conocer hoy el lanzamiento de la Beca Sostener Cultura II “que va a promover el Fondo Nacional de las Artes junto con el Ministerio de Cultura y gracias al apoyo de la Anses en todo lo que es la efectivización del pago de la misma”, nos informa Diana Saiegh, titular del organismo de fomento cultural.


María Fernanda Raverta, titular de la Anses, por su parte nos dice que “tiene que ver con abrazar a los artistas, a las trabajadoras y trabajadores de la cultura”.


A su turno, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, afirma que “son recursos públicos a partir de una orientación que da un gobierno nacional que tiene sensibilidad de todos los sectores”. Remata el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, con una apelación metafórica: ”vamos a mantener encendida la llama de la cultura, porque estamos seguros que el sol volverá a brillar entre nosotros”.


Se complementa con un graf que da cuenta que se dispondrá de $450 millones para distribuir en becas que buscan “acompañar” a artistas, etc., la fecha de inscripción entre el 13 y 17 de julio. Plano a la cúpula del CCK, zoom alejándose, logos. Fin.


Después de la sobredosis de abrazos, sensibilidades, acompañamientos y buenos deseos de soles brillando, veamos algunos aspectos de la “letra chica” para aplicar a la beca:


1.- “Se conformará un jurado que evaluara…”, es decir, será selectiva, no para todes quienes la necesitan.


2.- “No podrán aplicar quienes fueron favorecidos con la IFE o por algún subsidio del FNA (Fondo Nacional de las Artes), individual o colectivo, durante 2019”, no importa que para las becas que el FNA otorga deban presentarse comprobantes de gastos, es decir, que en ningún caso implica un ahorro que quien obtuviera el “beneficio” guarde desde hace un año en el colchón para disponer ante una amenaza de pandemia.


3.- “Podrá presentarse una carta de recomendación de entidad cultural oficial, privada, sindicato” acreditando idoneidad se supone. No sabemos si la conducción Celeste de la Asociación Argentina de Actores que se negó a reclamar la IFE y la Tarjeta Alimentaria de modo colectivo para les compañeres asociados que no la recibieron y las necesitan porque, dijeron, quedaría en una situación desigual el ciudadano de a pie… dispondrá de cartas de recomendación para sus afiliades en este caso. De cualquier modo, las cartas de recomendación ya adelantan una situación de hijos y entenados según el criterio del jurado.


4.- “Se otorgará un monto de hasta $ 30.000 pagadero en dos cuotas”. Acá dos cuestiones. La primera relativa al monto: los $30 mil es un consigna histórica de la lucha que nuestras agrupaciones Músicos Organizados, Actuemos, TAP -audiovisuales- y AFP –fotógrafes- desde hace cuatro meses venimos impulsando, ratificada por el voto de centenares de artistas y trabajadores de la cultura que participaron de las numerosas asambleas realizadas, y aprobada , difundida y popularizada por los miles de compañeres que hemos empadronado. Simbólicamente es una victoria de quienes la hemos levantado a pesar del boicot explicitado por las burocracias del sector. Materialmente y de modo deformado –por las características que estamos observando- es también un logro de la movilización y la lucha sostenida. La segunda cuestión necesariamente remite a lo que es ya un leit motiv de la “ayuda” oficial: llega tarde –suponemos se comenzará a percibir en agosto, después de mas de 130 días sin ingresos-, se otorga por única vez en dos cuotas y deja afuera a miles de artistas y trabajadorxs de la cultura (si hipotetizamos que todes recibirán el monto máximo, les beneficiaries serán apenas 15.000 compañeres de todas las ramas).


Cuando tomamos conocimiento de esta beca, solicitamos urgente reunión con el Ministerio de Cultura de la Nación, lugar al que fuéramos derivados con creación de expediente por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros el 25 de junio luego de recibirnos en Casa Rosada en el contexto de la movilización a Plaza de Mayo. Reclamaremos la inclusión de todes les compañeres que integran nuestros padrones para el otorgamiento de la beca al tiempo de señalar los límites de la misma e insistir por las reivindicaciones que conforman nuestro pliego de reclamos:


.- $ 30.000 mensuales hasta que podamos volver a trabajar.


.- Exención del pago de monotributo.


.- Impuesto a la plataformas digitales (OTT) para constituir un fondo exclusivo para subsidios a trabajadorxs del sector, que no signifique trasladarlo al costo del servicio para les usuaries.


.-Suspensión del pago de alquileres de viviendas particulares y espacios de entrenamiento, ensayos y dictado de clases.


.-Ningún despido, suspensión ,baja de carga horaria o de contratos en la cultura.


Y este sábado 4 de julio llevaremos adelante la Segunda Asamblea Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura para profundizar el plan de lucha que venimos desarrollando. Resulta prioritario el impulso del proyecto de ley presentado por Romina Del Plá ( PO FIT-U) que levanta todas nuestras reivindicaciones, en particular la imposición de un gravamen a las plataformas digitales, las ganadoras de la pandemia, y los $30 mil mensuales hasta que podamos volver a trabajar.



 



 

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04/07/2020

Las mujeres en la primera línea de batalla, también en Ciencia y universidades

agrupación Naranja de Ciencia y Técnica

El contexto de pandemia mundial ha puesto de manifiesto las profundas inequidades de género en el mercado laboral, dejando a las mujeres expuestas en las primeras líneas de batalla frente al Covid-19: enfermeras, cuidadoras de adultos mayores y niños/as, trabajadoras de los servicios de limpieza y precarizadas en comercio y reparto, así como también aquellas vinculadas con la rama de producción alimenticia, entre otros sectores altamente feminizados.


En Ciencia y universidad, es conocida la brecha jerárquica y salarial entre varones y mujeres. En este contexto de pandemia se suma el desborde de lxs docentes (otro de los rubros feminizados) por el dictado de clases online a través de plataformas y formatos desconocidos, compartiendo dispositivos con sus hijxs (y sus respectivas clases) y sorteando problemas de conectividad y disponibilidad de tecnología y de tiempo propias y de lxs estudiantes. Lxs docentes se están haciendo cargo no solamente de las clases y de generar nuevos contenidos, sino además de los medios tecnológicos y medioambientales necesarios para llevarlas adelante: compra y arreglo de dispositivos, pago de conexión a internet y a plataformas pagas, electricidad, todos a su cargo en un contexto de crisis económica y congelamiento de paritarias.


Hace pocas semanas, asimismo, se ha difundido desde distintos medios académicos internacionales un dato muy significativo: existe una marcada diferencia en el volumen de envíos de papers a revistas especializadas por parte de hombres y mujeres durante la cuarentena. Este dato no nos sorprende. Por el contrario, evidencia la persistencia de una profunda desigualdad en la dedicación a tareas domésticas y de cuidado entre mujeres y hombres. Estas tareas no remuneradas e invisibilizadas material y simbólicamente son clave para la reproducción social y para garantizar la sostenibilidad de las familias trabajadoras.


Sin dudas, la crisis que desató la pandemia del Covid-19 y el impacto de las medidas adoptadas para frenar su propagación, han agudizado la desigualdad de género estructural. La suspensión del funcionamiento de los espacios de escolarización, instituciones de cuidado, personal de casas particulares y redes de cuidado informal supone una sobrecarga de trabajo, especialmente para mujeres-madres a cargo de hijxs, de personas con discapacidad o personas de riesgo, y más aún en los casos de familias monoparentales (o aquellas en las que uno de los progenitores realiza tareas consideradas “esenciales”). Ello ha provocado una situación de estancamiento en las carreras profesionales de estas mujeres (mayoritariamente), quienes ni hoy ni en un futuro cercano podrán concursar en igualdad de condiciones que sus compañerxs.


A las dificultades de la disponibilidad tecnológica y de tiempo, la responsabilidad de los quehaceres domésticos y de cuidados, se suman además los efectos del encierro y el aislamiento sobre la salud mental. La cuarentena está acompañada del distanciamiento de seres queridos, la reclusión prolongada en el hogar, incertidumbre respecto del alcance de la enfermedad y de la crisis económica, así como una abrupta reducción de ingresos familiares. Numerosos estudios reportan el negativo impacto psicológico que esto produce en adultos y niños/as. Síntomas como el insomnio, la ansiedad, la irritabilidad y dificultad en la concentración acompañan la frustración y la angustia producto de la adaptación obligatoria a las nuevas modalidades de trabajo, de estudio y de vida.


Por último, el aislamiento obligatorio ha exacerbado la violencia de género y doméstica y se han visto multiplicados los femicidios a los valores más altos registrados en la última década: uno cada 27 horas. A la habitual falta de respuestas del Estado, se sumó la irrisoria iniciativa del barbijo rojo que descarga la responsabilidad sobre las víctimas y lxs farmacéuticxs. Lamentablemente, lxs docentes e investigadorxs no somos ajenxs a dichas problemáticas. En nuestro ámbito laboral, gran parte de las desigualdades de género se asientan sobre relaciones laborales donde el abuso, la discriminación y la violencia son moneda corriente. La virtualización de nuestras tareas no suspende dichas condiciones, más bien las potencia, penetrando en la intimidad de nuestros hogares, en horarios y de formas inaceptables.


En este escenario descrito, pareciera que para algunas instituciones nada ha cambiado. En Conicet, los cronogramas de convocatoria a informes e ingresos de investigadorxs se mantuvieron con total “normalidad” y sólo luego de la lucha encabezada por Jóvenes Científicos Precarizados de Buenos Aires se logró conquistar las prórrogas para quienes las necesitaban. Mientras tanto, la patronal se niega a otorgar verdaderas licencias por cuidado para becaries. En la UBA y otras universidades se han virtualizado nuestras tareas sin respetar las licencias otorgadas mediante resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Nº 207/2020 del 16 de marzo último) a todx trabajadorx a cargo de niñxs en edad escolar mientras dure el aislamiento obligatorio y la suspensión de clases en las escuelas. Con absoluta falta de sensibilidad sobre esta realidad, la UBA comunica a sus docentes la obligatoriedad de completar un curso virtual… ¡sobre género!, como si estuviéramos ante un contexto de especial disponibilidad de tiempo libre, cuando la situación es exactamente la opuesta.


A ello se suma que miles de docentes ad-honorem siguen sosteniendo las cursadas sin cobrar por su trabajo y sin contar con cobertura médica. En el caso de lxs investigadorxs en formación, a través de los plazos de finalización de becas (y sus salarios) se busca ejercer presión para que lxs becarixs vuelvan a sus tareas sin tener en cuenta el cierre de los lugares de trabajo, las particularidades de sus investigaciones y su derecho a las licencias. Al momento de las evaluaciones que hará el organismo sobre las convocatorias probablemente continúe aplicando criterios de productividad que, hoy más que nunca, perjudicarán el futuro laboral de quienes durante esta pandemia se han visto mayormente afectadxs en su desempeño laboral. En este contexto, las prórrogas generalizadas de becas, convocatorias y concursos –acompañadas por medidas de discriminación positiva al momento de su apertura- son la respuesta necesaria ante la pandemia, para evitar que se profundicen las brechas de género en la investigación científica y las universidades.


Para no quedar a merced de relaciones opresivas y desarrollarnos como docentes e investigadorxs en ambientes más equitativos y libres de violencia de género, exigimos:


Un aumento salarial de emergencia y apertura urgente de paritarias docentes y estatales; salario para todxs lxs ad-honorem; ningún docente, investigadorx, becarix por debajo de la línea de pobreza. Dispensas por cuidados y por violencia de género; estabilidad laboral para quienes ejercen su derecho a la licencia. Protocolos contra la violencia de género y laboral. Prórrogas generales de becas y suspensión de plazos de evaluación y concursos; políticas de discriminación positiva que garanticen la igualdad de género en ciencia y universidad. Obra social para todxs lxs trabajadorxs y su grupo familiar.



 



 

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04/07/2020 | 1600

Plan sobre violencias de género

El paradigma estatal de la precarización de las mujeres.

El gobierno nacional, en cumplimiento de la Ley de erradicación de la violencia de género, presentó su Plan 2020-2022.

 

Es el segundo plan presentado en el marco de la ley de 2009, el primero fue presentado en 2016 por Macri, Carolina Stanley y Fabiana Túñez. El anterior “plan”, que el actual ministerio trae a colación en su Plan 2020-2022, había sido presentado por la titular del entonces Consejo Nacional de las Mujeres del gobierno de CFK, luego de que estallara el “Ni Una Menos” en 2015, con el objetivo de disimular que no habían tomado una sola medida para atacar un flagelo tan importante, que hizo explotar de indignación a la población. Seis años después de la promulgación de la Ley 26.485, cuando se produjo el estallido popular por los femicidios, Cristina Fernández no había reglamentado la Ley y el Consejo Nacional de las Mujeres dirigido por una funcionaria de La Cámpora, no había dado cumplimiento a la presentación del plan de erradicación de la violencia.

 

 

Ninguno de los expositores/as se sintió interpelado para referir en particular a la situación de las mujeres bajo la pandemia. Por el contrario, la ministra afirmó, tal como figura en el informe, que su plan es cambiar el paradigma de la atención de la emergencia. La afirmación representa una operación política y una mentira: ya que en el pasado es falso que el Estado se haya encargado de atender la “emergencia”. De lo reclamado por la movilización del 2015 y las subsiguientes, casi no se dio respuesta a ninguna de las demandas aún, empezando por el hecho de que no se destinaron presupuestos y los destinados se subejecutaron. El anuncio de conjunto se inscribe en la continuidad del macrismo, al que no casualmente la nueva ministra se privó de criticar, en particular la orientación que primó de tercerizar la asistencia otorgando subsidios a ONGs amigas, sencillamente porque este gobierno también quiere reservarse el preciado recurso de la cooptación.

 

El presidente de la Nación improvisó un discurso en el que no dijo una palabra sobre el aborto legal, el tema tampoco fue introducido por la Ministra ni por la Directora contra la Violencia de Género, ni por la presidenta del consejo de asesores del Ministerio, Dora Barrancos, que fueron quienes intervinieron. Tampoco hubo referencia a la educación sexual ni a la separación de la iglesia del Estado, desde ya. La integración de las diversidades (”personas lgtbi+ en situación de riesgo”) que tanto destacan voceros del oficialismo no pasa de ser cartón pintado mientras se sigue amparando y reforzando a la principal institución de la prédica oscurantista contra sus derechos y de reproducción y fomento del odio contra su comunidad, y contra cualquier noción de libertad para las mujeres. Y por supuesto que bajo el verso del cambio de paradigma, no se asume ninguna medida concreta para atacar la emergencia de la realidad de violencia contra mujeres y niños que se vive bajo la cuarentena. No va a haber empleo formal, ni contratación de especialistas con estabilidad laboral. El paradigma estatal sobre la mujer permanece intacto.

 

El Presidente fue muy concreto para referirse a la intención de dar, como única respuesta a la necesidad de alivianar la carga de cuidados que tienen las mujeres, un ingreso asistencial como remuneración para seguir bajo el agobio de tareas de cuidado que debieran alivianarse por la vía de la obra pública, la creación de centros deportivos, artísticos, de hogares adecuados, de jardines para los niños desde los 45 días en barrios y lugares de trabajo con atención de profesionales; nada de esto aparece en el tan promocionado “Plan”. En aras de construir un relato, refirió a que en el gobierno habría un 38% de mujeres ocupando cargos jerárquicos. Pero ocultó que esa jerarquía no incluye a los ministerios ya que no encontró más que a tres mujeres sobre 21 puestos, para alcanzar la máxima jerarquía. Claro que la presencia femenina no garantiza abordaje de género en absoluto, el punto es que él quiere vender que sí.

 

Para sintetizar lo anunciado sirve reproducir lo que el diario oficialista refiere sobre las medidas a adoptar:

 

● Prevé la creación de centros de abordaje integral de las violencias por razones de género en las provincias.

 

● Un programa de apoyo económico urgente y de asistencia integral inmediata para familiares en casos de femicidios, travesticidios y trasfemicidios.

 

● Propone un conjunto de acciones de prevención fundadas en un sistema de alertas tempranas que apunta a actuar a tiempo en las situaciones de violencia.

 

● A su vez, acciones a mediano y largo plazo para modificar los patrones culturales y estructurales que sostienen las desigualdades basadas en el género, entre ellas, campañas en los medios de comunicación sobre construcción de otras masculinidades y vínculos sexo afectivos responsables y diversos.

 

● Moderniza la Línea 144.

 

● Se promoverá que no solo se reciban denuncias en oficinas judiciales sino también en otras agencias del Estado.

 

(Página/12)

 

La generalización de ingresos asistenciales se impone como “salida” de la crisis

 

La pandemia aceleró los tiempos de un plan de gobiernos y patronales para extender entre la mitad de la población, pobre, sin trabajos registrados y con jubilaciones de hambre, ingresos estandarizados y asistenciales. Luego de ver las cifras de las ganancias de los bancos en estos meses, queda claro que en la crisis, agudizada por las medidas adoptadas, hay algunos que ganan, y mucho.

 

 

El plan en cuestión fue presentado bajo la forma de un pretendido “cambio de paradigma”. Sin embargo ninguna de las medidas adoptadas apunta a cambiar el paradigma de la precarización y el abuso de la vulnerabilidad de las mujeres de la clase trabajadora. Para la Ministra el cambio de paradigma recae sobre el hecho de que buscan una atención integral, que incluye modificar las cuestiones de la cultura machista con propaganda oficial y cursos sobre las llamadas “masculinidades”. Estamos en presencia de un gobierno que profundiza las condiciones de vulnerabilidad de la población, condenando particularmente a las mujeres, un gobierno que mantiene una profunda discriminación jurídica contra ellas, un gobierno aliado de los “antiderechos” de Aciera (que no casualmente se mantienen en un particular silencio público) y de la Iglesia católica, que impartirá instrucciones de cómo los individuos deben actuar a pesar de que hayan sido educados por el Estado que usa el SAP (Síndrome de Alienación Parental) contra las mujeres y los niños abusados, por la Iglesia Católica, cuya primacía en el ámbito educativo es total, y por Estado y patronales que le muestran a la población cotidianamente que la mujer vale menos y por eso es la más precarizada y doblemente explotada. Pero en el discurso oficial se responsabiliza a los individuos y “al género”, como afirmó Alberto Fernández.

 

Señalan que se afectarán en dos años 18 mil millones de pesos, una cifra verdaderamente ínfima para atender un universo amplio de situaciones de vida y materiales, responsabilidad del mismo Estado que luego, obviamente, regatea la asistencia. Como el Ministerio subejecuta el presupuesto actual, las promesas sobre destinos presupuestarios deben ser tomadas con pinzas porque el jefe de gabinete tiene la potestad de modificarlas a gusto. “El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ejecutó menos del 27% de su presupuesto, y la mayoría fue para pagar remuneraciones y ‘gastos menores’” (La Vaca, 24/6).

 

En declaraciones radiales la Ministra anuncia subsidios durante seis meses para mujeres que sufren violencia, anunció que llega luego de que a muchas de ellas que forman para de las 5 millones de personas a las que solo se asistió en casi 4 meses con dos cuotas IFE de 10 mil pesos, se les recortara ese recurso. No sabemos de cuánto serán estos subsidios y cuáles serán los criterios para considerar el otorgamiento de los mismos. Lo que si sabemos es que se hace un anuncio a días de operar un recorte a esa misma población. En la ecuación matemática contable del gobierno, la asistencia a los más vulnerables se recorta en vez de incrementarse.

 

 

Merece atención el final de la intervención de la Ministra. En ella afirma que no es un plan que ataca la violencia contra las mujeres sino que ataca las “violencias de género”. Una pena que nos hayan privado de conocer la definición de ambas conceptualizaciones por parte de las y los funcionarios. Lo cierto es que bajo ese “nuevo paradigma” se sigue sosteniendo el viejo discurso de que el único responsable de la violencia contra las mujeres es el hombre, tal como lo definió el propio Presidente. Otro gran ausente fue la comunidad trans travesti, sobre la que ni siquiera se manifestó un compromiso de cumplir con el cupo de la Ley Diana Sacayán en la provincia de Buenos Aires, al que ahora en el Congreso quieren modificar por una política de incentivos patronales si contratan a integrantes de la comunidad. Mientras siguen sin poner fecha de tratamiento a una ley nacional de cupo laboral para esta comunidad. El gobierno respeta a las patronales, no a la comunidad que tiene una expectativa de vida de 35 años. El Estado defiende el negocio prostibular, por eso el Ministerio no manifiesta su voluntad de colaborar para que esta comunidad no tenga como único y terrible destino, la prostitución.

 

El detalle sobre el plan en cuestión abrirá nuevos análisis críticos, sin embargo una mirada general sobre los anuncios puede acercarnos la dimensión del chamuyo del Presidente cuando afirmó que le tocaba gestionar “el fin del patriarcado”.

 

La arremetida gubernamental con la silenciosa anuencia macrista, para atacar a los y las trabajadoras a través de medidas que contemplan la reducción de ingresos de jubilaciones y pensiones, en un universo en el que la gran mayoría son mujeres, la condena a que las empleadas domésticas cobren un salario mínimo, el aguinaldo en cuotas, el teletrabajo sin derechos, el recule frente a las licencias por cuidados a pedido de la Unión Industrial Argentina, el hambre sin asistencia, el recorte de los IFE, son ajustes a la población que se implementan reforzando a las grandes patronales y a las iglesias. Ningún patriarcado será derrotado con charlas de compromiso de funcionarios sobre lo mal que está la violencia de género y este plan precarizador.

 

El anuncio en cuestión se inscribe entre las tantas mentiras y maniobras de las que es objeto nuestro movimiento para evitar que la furia de la ola verde facture a este gobierno sus responsabilidades ante los femicidios, el aborto clandestino, la falta de vivienda, la educación sexual clerical, la precarización laboral, la discriminación jurídica y demás políticas cotidianas que sufren las mujeres y los diversos géneros.

 

 

 

 

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04/07/2020

Córdoba: piquete de choferes autoconvocados hace activo el paro de transporte

En el tercer día de paro general en del transporte urbano, los trabajadores autoconvocados de la empresa Ersa protagonizaron una nueva jornada de lucha. En horas del mediodía se concentraron en la zona del Patio Olmos y allí realizaron un corte sobre calle Vélez Sarsfield para luego marchar a la sede gremial.


Con la protesta reclamaron el pago inmediato de los salarios adeudado y denunciaron que la empresa tiene 32 trabajadores fuera de convenio, es decir en negro. Activistas declararon a Prensa Obrera que hay choferes a quienes se les adeuda entre $100.000 y $120.000, lo que da cuenta de la impunidad con la que se maneja una patronal con la complicidad del poder político.


La nueva acción de lucha partió de una autoconvocatoria que está haciendo activo el paro general. La medida da cuenta de una iniciativa desde abajo, así como de una conducción del sindicato que sigue con las puertas cerradas a los trabajadores.


La acción de lucha duró horas, expresión de una disposición a dar pelea y de un esfuerzo del activismo del gremio por hacer activo el paro. Esto es clave para no quitar la presión y arrancar los reclamos.


La patronal ha salido a pedir más subsidios, y vuelve a hablar de discriminación entre el interior y el Área Metropolitana. El intendente guarda silencio de radio, mientras voceros de su gobierno se suman al reclamo patronal por más subsidios, sin reparar en qué hicieron las empresas con los fondos de los contribuyentes que recibieron estos años, dejando de lado el poder de control que tiene el Estado. Es una muestra de la connivencia entre unos y otros.


La centrales sindicales tampoco abren la boca, aún cuando el paro de transporte afecta de conjunto a la clase obrera, tendiendo que pagar más costos de traslado.


Todo el apoyo a la huelga, pago inmediato de todos los reclamos, estatización del transporte bajo control obrero. Que la crisis la paguen los capitalistas.





 

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