05/05/2022

Acceso a la vivienda, de mal en peor

Alquileres, créditos y ventas fuera del alcance de la población.

Ciudad de Buenos Aires.

La crisis de vivienda sigue atravesando su larga agonía, signada por el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las fluctuaciones de un mercado inmobiliario dominado por la especulación. Alquileres y créditos UVA siguen subiendo, mientras cientos de miles de familias carecen de vivienda estable y mucho menos de una propia.

Según el sitio ZonaProp, que domina la oferta mercantil de alquileres de viviendas, los valores de los alquileres de CABA -como zona de referencia- aumentaron un 57% en el último año, contra una inflación menor del 55,1%.

De esta forma, el alquiler de un monoambiente en CABA se ubica, en promedio, en un valor de $47.785 mensuales, casi $10.000 más que un salario mínimo; mientras que un dos ambientes de 50 m2 se ubica alrededor de los $58.825.

La conjunción de la crisis social y económica con la actual Ley de Alquileres sigue produciendo sus consecuencias, lo que no será saldado con los proyectos que trabajan los partidos patronales, que buscan dar rienda suelta al negocio de la especulación inmobiliaria.

La agonía de los Hipotecados UVA

Para el caso de las 120.000 familias que accedieron a los créditos UVA, con la ilusión de obtener una vivienda propia, la cosa no va mejor: “Desde su creación (2017) hasta ahora el UVA se indexó casi 700 por ciento”, comentó a Página 12 (5/5) una integrante del colectivo Hipotecados UVA, que pasó de pagar una cuota de $9.800 a $53.000.

Todas las medidas anunciadas para contener la disparada de las cuotas UVA no han servido para solucionar y/o atenuar la cuestión, sino solo para postergar un desenlace inevitable: el quebranto de las familias sometidas a dichas condiciones, con el aumento del capital adeudado, a pesar de pagar rigurosamente las cuotas establecidas. Una deuda eterna.

La última de ellas implicó el prorrateo del aumento de las cuotas, desde el 1° de febrero del 2021 hasta el 31 de julio del 2022, precedida por un congelamiento de los aumentos, todo lo que no hace más que acumular una deuda impagable.

En un reciente fallo en la provincia de Mendoza un deudor hipotecario obtuvo que se le aplique el coeficiente de variación salarial y no el UVA, como antecedente para el conjunto de los hipotecados, lo que reabrió las tratativas legislativas para “consensuar” un proyecto de salida-rescate… para los bancos.

Los Hipotecados UVA reclaman que se tenga en cuenta el menor indicador entre la inflación y la variación salarial, como índice de actualización, como ocurre con el programa Casa Propia.

Más viviendas, menos propietarios

Otro dato de la situación es el crecimiento sin comparación de la oferta de venta de viviendas en el mercado inmobiliario. Solo en CABA se calculan más de 130.000 viviendas publicadas.

La sobreoferta, en un mercado con casi nula capacidad de compra, debido a los bajos salarios y a la inexistencia del crédito hipotecario, sigue deprimiendo los precios: según el mismo informe de ZonaProp “el 28% del total de los departamentos en venta en abril fueron retasados a la baja en los últimos meses”, con un descuento promedio del 8,2% en los últimos 6 meses, acumulando una caída del 17,8% desde 2019.

Pero por la caída del poder adquisitivo de los salarios y la falta de crédito a “tasas cero” -como el programa Casa Propia indexado a los salarios- no existe mercado de demanda para esas viviendas, alejando cada vez más a las familias sin techo del hogar propio.

Sin plata para alquilar, sin plata para pagar lo adeudado y sin crédito e ingresos para comprar, la vivienda propia aparece como un derecho prohibitivo para la población trabajadora e incluso para los sectores medios, con mayores ingresos.

El acceso a la vivienda debe garantizarse partiendo de la recomposición general de los salarios y la restitución del crédito hipotecario, a tasa cero, y con cuotas que asciendan a un máximo del 25% de los ingresos familiares. Hay que terminar con el negocio de la especulación inmobiliaria, que encarece el suelo y los precios de las viviendas, con la recuperación de las tierras enajenadas por el Estado y la implementación de un Banco de Tierras para garantizar planes de vivienda para la población trabajador.

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