En 2018 estalló en la Argentina “la ola verde” que sacudió el escenario nacional y que fue la artífice de la conquista del aborto legal dos años después. El movimiento de mujeres y diversidades puso de relieve la necesidad de la ruptura de la Iglesia con el Estado, un vínculo sellado en la Constitución de 1853 a través de su artículo 2 con la lapidaria frase: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
Mediante esta lucha quedó en evidencia que, mientras interesadamente desde los gobiernos se fomenta el desprecio por la asistencia a poblaciones empobrecidas por las políticas gubernamentales, ningún sector de poder siquiera ha mencionado la millonada de plata que la Iglesia se lleva del Estado, varias veces superior a la asistencia mediante planes que reciben algo más de un millón de personas. La presión de esta denuncia se hizo sentir y a ella se debe el planteo clerical de entonces. Es importante señalar que, antes de aquel 2018, la Iglesia ya había hablado de desprenderse de esa porción minoritaria del financiamiento que reciben (ley 21.950) pero nunca había avanzado en concreto.
