Nelson Marinelli

Dos meses después de su sanción, el gobierno promulgó la ley que establece lo que denomina como “aporte solidario (por única vez) de las grandes fortunas” que, en abril del año pasado, el oficialismo presentó como un “impuesto” que aportaría fondos destinados a comprar equipamientos de salud para atender la pandemia de coronavirus.

El supuesto propósito sanitario no se sostiene ni en las formas, ya que la ley establece que solo el 20% del total a recaudar sería destinado a “adquirir equipamientos para atender la pandemia”, lo cual en el marco de una reducción del presupuesto destinado a la salud reemplazará las partidas ya asignadas. Casi la mitad de la recaudación volverá como subsidios a manos empresarias. De los que “más tienen” a los que “más tienen”.

El diario La Nación publicó una entrevista a José Luis Espert en la que el presunto «libertario» propone una receta a medida del gran capital: una ofensiva abierta contra los derechos de los trabajadores con una reforma laboral, de un ajuste brutal del gasto público a base de despidos en el Estado y de un rumbo colonial para el país mediante la apertura plena al mercado internacional. Es un programa que no saca a la Argentina de la crisis, sino que agravaría el padecimiento popular.

Solo una pequeña minoría de los trabajadores que ganan por encima del costo de la canasta de pobreza (Canasta Básica Total) no son alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. El 85% debe pagar el gravamen, porque la diferencia entre la línea de pobreza y el mínimo no imponible se achica sistemáticamente desde hace años.
La pelea por la liquidación del impuesto al salario se ha convertido en una reivindicación que alcanza a una masa de trabajadores. En el 2020, más de 2 millones de obreros y empleados pagaron ese gravamen, y muchos más se sumarán este año aunque no les alcance el sueldo para vivir.

Mientras las grandes patronales reciben beneficios y exenciones impositivas de todo tipo, la presión fiscal directa, o la indirecta por el pago de impuestos al consumo, hacen recaer el peso de la recaudación de manera creciente sobre las espaldas de los trabajadores.

Basta de impuesto al salario, eliminación de la cuarta categoría de Ganancias. Por impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas de los capitalistas.

El decreto del gobierno publicado el sábado, por el cual se prorroga la prohibición formal de despidos por 90 días y la...

El próximo 31 de enero finaliza la vigencia del decreto de congelamiento de alquileres, de desalojos y de actualización de los créditos UVA, lo que supondrá un brutal golpe sobre las familias trabajadoras cuyos bajos ingresos les han impedido adquirir o construir la casa propia o que han ingresado en el programa UVA, vendido por el macrismo como una panacea y que lo es solo para los bancos acreedores. El 60% de los inquilinos manifiesta que no sabe dónde va a ir a vivir en los próximos meses si no se prorroga la disposición.
El gobierno, según versiones periodísticas, prevé extender solo por uno o dos meses la vigencia de la medida lo cual mantiene una espada encima de la cabeza de los que deben pagar un alquiler por su vivienda. No solo deberán enfrentar el aumento del alquiler según el contrato que hubieran firmado, sino también el pago de la diferencia acumulada a lo largo de un año de congelamiento (más los intereses). Un verdadero cuadro de expulsión de miles y miles de familias trabajadoras. El gobierno se desentendió de las más de 100 mil familias que tomaron los denominados créditos UVA durante el macrismo para la compra de una vivienda con cuotas cuya actualización está atada a la inflación que entre el 2019 y el 2020 creció un 90%.

Quedó tan desgastado el supuesto impuesto a las grandes fortunas, que su promulgación dada a conocer el día de hoy casi no...