Dentro de los 11 ediles que juraron este 3 de diciembre en el Concejo Deliberante de Salta, asumió Pablo Emanuel López por los próximos 4 años. Recordemos que López fue expulsado en una sesión especial el 1 de agosto de este año a partir de la denuncia de su expareja, también militante libertaria. Por dichas denuncias el recién asumido concejal está imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos, privación ilegítima de la libertad agravada también en dos hechos, y concusión, en concurso real.
López hace honor al prontuario inmoral de los funcionarios libertarios en Salta, como Alfredo Olmedo denunciado por explotación y precarización de sus empleados o Emilia Orozco, flamante senadora nacional, que no repara en expresar comentarios misóginos y racistas contra mujeres originarias, y que como diputada, votó cada uno de los ajustes salvajes a la salud, la educación, a los jubilados y discapacitados. Estos son los que se presentaron diciendo que eran distintos, y que venían terminar con la casta y la corrupción.
Si bien López fue supuestamente expulsado de su partido, no se conoce ningún pronunciamiento oficial de La Libertad Avanza que repudie o rechace su asunción. Según declaraciones públicas de quien denunció a López, este tendría algún tipo de acuerdo con la actual senadora nacional Emilia Orozco, quien en una primera instancia protegió a López frente a las denuncias. Ya conocemos los alcances de la casta libertaria para que las denuncias por coimas, estafas, vínculos narcos, o mal desempeño de funcionario público sean archivadas por una justicia obsecuente. La corrupción libertaria en la provincia, como la nacional, avanza por más impunidad, con un solo objetivo, que es destruir los derechos de los trabajadores, las mujeres y las diversidades.
La demora de la justicia en esta causa garantizó la impunidad para que López vuelva a asumir. Por otra parte, el resto de los concejales no hizo nada para impedir que asuma, a pesar que en agosto votaron por unanimidad su expulsión.
Desde el PO de Salta repudiamos este hecho y denunciamos a la casta libertaria corrupta de la que forma parte el concejal Pablo Emanuel López. Sólo la movilización popular podrá derrotar toda esta trama corrupta y antiobrera.
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Un gravísimo caso de muerte en una comisaría se dio el miércoles 26 de noviembre. Alrededor de las 20:30 horas la policía de la localidad de Rosario de Lerma detuvo en la calle a Fernanda Ríos con la excusa de que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y que se negó a identificarse. Según declaraciones del comisario del destacamento, cuando lograron la identificación a las 21:30 horas y se prestaban a dejarla en libertad descubrieron que se ahorcó con su propia remera.
Según la policía intentaron reanimarla y llamaron a la ambulancia, a las 22 horas desde el hospital informaron que no se pudo reanimar y falleció. Ni 2 horas estuvo detenida.
Por el caso está interviniendo la Fiscalía Penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), a cargo de la fiscal Luján Sodero Calvet, quien emitió un comunicado informando que se están investigando los procedimientos y si hubo responsabilidades institucionales.
El caso de Fernanda es otro caso más de muerte en situación de detención que se carga la policía brava de Sáenz. En la mayoría de los casos son detenciones por contravenciones que violentan las libertades públicas, no estamos en dictadura militar para tener que identificarnos bajo pena de ir detenidos, sin embargo es la práctica común. Obviamente la gente se resiste al atropello y es ahí donde les imputan resistencia a la autoridad, que lleva a las personas a estar detenidas por horas.
A todo esto hay que sumar que la policía salteña siempre tuvo especial saña con travestis y transexuales, que muchas veces ni siquiera son detenidas bajo sospecha de cometer algún delito o contravención, pero si son golpeadas, correteadas con los patrulleros o heridas con balazos de goma en los llamados despejes de calles.
Otro aspecto repudiable es la cobertura inicial de los medios de comunicación, quienes bajo un sesgo estigmatizante decían que fue detenida por ejercer la prostitución, cuando ni la propia policía afirma eso.
El sábado 29 se realiza la Marcha del Orgullo Pelusa Liendro, justamente lleva el nombre de la activista trans, quien organizó en el 2004 la primera marcha del orgullo en Salta denunciando los atropellos policiales, abusos, detenciones y golpes. Pelusa murió asesinada en su auto una semana después de ir a un programa televisivo, nunca se esclareció su crimen.
Hoy los crímenes de odio continúan y también los abusos policiales. Desde la organización de la diversidad 1969 y el Partido Obrero exigimos la inmediata separación de todo el personal de la comisaría de Rosario de Lerma para que no puedan obstruir la investigación y que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de esta muerte. Porque como ya lo demostraron las organizaciones de DDHH nadie se suicida en una comisaria.
Justicia para Fernanda. Abajo la contravencional represiva. El Estado es responsable.
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Ezequiel Avendaño, de 19 años, murió el 8/11 por quemaduras en el 83% de su cuerpo, tras el incendio de una de las celdas de la Alcaidía de Salta. Junto con él, otros 17 presos, en su mayoría jóvenes, fueron internados en terapia intensiva del Hospital San Bernardo. A Ezequiel, esa semana le iban a dar la libertad.
En un clásico comunicado sobre estos casos, el Servicio Penitenciario informó que el inicio del incendio fue responsabilidad de los detenidos. ¿Pero cómo es que tenían posibilidades de prender fuego? Las familias denuncian que los penitenciarios los dejaron quemarse, pudiendo sacarlos antes que el fuego se propagara y llevarlos al patio. Pero tardaron lo suficiente para que se quemaran o asfixiaran por el humo de los colchones. Incluso denuncian que, cuando los sacaron quemados, los esposaron y les pegaron en esa terrible situación.
Aislados por la opinión pública, que no reclama explicaciones de esta barbarie, con el concepto que si están presos son responsables de algún delito, el detenido en la Alcaidía o en cualquier otra unidad carcelaria está expuesto a morir bajo circunstancias por las cuales el Estado no se ve obligado a rendir cuentas. Solo las familias piden que los protejan. La aceptación de esta práctica implica aceptar la pena de muerte para el detenido.
¡Pero cuidado! En la Salta de Sáenz -y antes, con Romero y Urtubey- cualquier joven puede ser víctima de esta barbarie. Los detenidos en la Alcaidía son presos sin condena, es decir, están detenidos durante meses por presunción de algún delito, sin pruebas de ninguna fiscalía y, mucho menos, de la necesidad de prisión preventiva.
Aún en el caso del régimen contravencional, que debiera ser derogado en su totalidad, se establece que el procedimiento no debería demorar más de una hora, nunca más allá del máximo de seis horas que prevé la ley. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Policía de Salta, violando la Contravencional, que solo admite la detención en flagrancia, le permite a la Policía detener por “presunción” de cometer una contravención.
Cada fin de semana, la Unidad de Protección Ciudadana realiza “razzias” con el Operativo Trapito del Ministerio de Seguridad, contra personas en situación de calle y /o indigencia, víctimas de adicciones o por haber sido encontrada en estado de ebriedad o incluso por limpiar vidrios de los autos. Los operativos emiten centenares de multas que recaudan para una caja de la Policía sin rendición de cuentas.
Nada de esto son contravenciones y mucho menos delitos. Pero ahora, el intendente de la capital, Emiliano Durand, está tratando de “solucionar” esta insuficiencia normativa. Acaba de anunciar la presentación de un proyecto de ley para meter presos por 40 días a los jóvenes limpiavidrios, los llamados “trapito”, en sintonía con la política represiva de Sáenz y el marco represivo nacional de Bullrich-Milei.
Los antecedentes de este Estado represivo
La política represiva de Sáenz, dirigida particularmente contra los jóvenes pobres de los barrios, comenzó durante la pandemia, a través del decreto 255, que se transformó en un verdadero toque de queda, impidiendo a los vecinos salir de sus casas, sin tener que tomar ninguna política de asistencia estatal, y dominar así una población que ya en el 2020 estaba compuesta en un 50% por trabajadores cuentapropistas, que no podían cumplir la cuarentena porque no contaban con un ingreso estable con el que alimentar a su familia.
El modus operandi de la Policía fue realizar cacerías en donde jóvenes trabajadores eran baleados con postas de goma en la cara, muchos de ellos perdieron uno de sus ojos en Metán, Ballivián, J.V González, Capital. La misma política represiva fue utilizada por Sáenz para contener la toma de terrenos, que se multiplicaban por el hacinamiento que sufría la población trabajadora, y que continúa por la nula política de planes de viviendas populares. En la Fiscalía de DDHH, a cargo de Verónica Simesen de Bielke, se recibieron 745 denuncias de torturas y abusos policiales durante 2021, y solo 11 fueron a juicio. Ningún policía preso.
Esa misma Policía, protegida por la Ley Contravencional, ya era responsable de abusos a mujeres trans y de crímenes en comisarías o en traslados, como los casos de Guri Farfán, David Alfonso, Cristian Gallardo, Martín Carreras, Nahuel Salvatierra, Lucas Mercado y tantos otros; crímenes por los que no hay ningún policía preso, a pesar de las denuncias de los familiares que se organizan contra el gatillo fácil.
En junio de este año, la Gremial de Abogados y la Fundación Alfa presentaron un Hábeas Corpus colectivo por la población en condiciones de vulnerabilidad socio-económica y/o en situación de calle y toda aquella comprendida dentro del llamado “operativo trapito”, cuya libertad ambulatoria sigue bajo amenaza, por ser habitualmente detenidas por la Policía de la Provincia de Salta sin orden judicial (sea o no por presunta contravención).
Por la enorme cantidad de pruebas presentadas en el Hábeas Corpus, está claro que no son excesos o errores de individuos, es una política de Estado -que hemos combatido desde el PO todos estos años- contra una población empobrecida por todos los gobiernos de los últimos 30 años, en muchos casos víctima de adicciones, para lo que no hay una política de tratamiento. Práctica que por su sistematicidad e impunidad se vuelve a repetir porque son “directivas provenientes del mando policial o fiscal, ya que es imposible que desconozcan esta situación, pues no se trata de casos aislados” (Hábeas Corpus colectivo).
Finalmente esta política represiva busca estigmatizar a estas personas, favorecer los discursos y conductas de odio y justificar el accionar policial.
Condiciones de detención
En el Hábeas Corpus, Alfa denuncia que estas personas son detenidas, esposadas y conducidas al Centro de Contraventores, privadas de su libertad sin ninguna explicación de la causa. Se las mantiene incomunicadas, a pesar que el Código Contravencional establece la inmediata comunicación al Fiscal y Juez competentes, así como la comunicación a una tercera persona o abogado, de la situación de detención. En el ínterin, son desnudadas sin que se les realice revisión médica, sometidas a malos tratos, se les toma fotografías, se les impide ir al baño, entre otras prácticas vejatorias. Cuando salen, la mayoría no sabe si se les instruyó alguna causa. En el caso de mujeres trans, suelen ser alojadas en los mismos espacios que los hombres, en una práctica claramente discriminatoria.
En el Centro de Contraventores son hacinadas en celdas pequeñas con otras decenas de personas. No cuentan con ventilación ni luz adecuada ni con elementos básicos de abrigo, descanso ni higiene (tampoco alimentación), con colchones en el piso, letrinas en la celda, lo que produce olores nauseabundos y riesgo de enfermedades.
En las unidades carcelarias, la situación de las personas detenidas por causas penales, con o sin condena, es aún más grave. En primer lugar, la sobrepoblación y hacinamiento, son parte del castigo. Con una población informada por ellos mismos de 3.994 presos para un sistema carcelario destinado a albergar 2.777 personas, de los cuales cerca de 1.000 son procesados sin condena. Todo esto sin contar con los presos en comisarías, en condiciones infrahumanas, cuyo número no está informado porque su permanencia en esos establecimientos está prohibida.
La atención de la salud es nula, impidiéndole ex profeso acceder a los turnos médicos dificultosamente obtenidos por los familiares. Se les niega el derecho a estudiar y al trabajo. Con el mismo criterio de abuso y maltrato, no se les permite llegar a sus mesas de exámenes a los estudiantes universitarios, produciendo la pérdida de turnos de exámenes; lo que están reclamando los jóvenes estudiantes a través de un Habeas Corpus presentado recientemente por la Fundación Alfa. Se suma a ello el constante padecimiento de malos tratos, golpizas y hasta violaciones sexuales.
La complicidad de la Corte de Justicia y el Ministerio Público -ante quienes el Comité Provincial contra la Tortura ha presentado un Hábeas Corpus colectivo por todos estos hechos, en particular la cuestión del hacinamiento-, el silencio de García Castiella, el Procurador General, es criminal y son responsables de las crisis que se producen cada tanto.
Una política nacional
En la Ley Bases se amplían los supuestos que habilitan la privación de la libertad por motivos penales, restringen el acceso a la Justicia en caso de violencia institucional, limita y criminaliza las protestas sociales, aumenta las escalas penales tales como atentado a la autoridad, reduce penas para los que cometen excesos “en cumplimiento de su deber” como parte de las fuerzas de Seguridad, e introduce la prohibición de presentar querella en casos de violencia institucional cuando la víctima está sospechada de algún delito aun en el grado de tentativa (Informe del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura- agosto 2025).
La política represiva de Sáenz-Durand-Bullrich-Milei se alimenta del prejuicio de la población sobre quiénes son los reprimidos. Incluso las familias están completamente solas reclamando justicia, como es el caso de los Avendaño y de los que fueron antes asesinados en comisarías.
Pero en tanto estos crímenes queden impunes, todos los hijos de trabajadores están expuestos, porque no es una política de seguridad. Es el complemento necesario de gobiernos que trabajan para un puñado de empresas mineras, bancos, latifundios, muchos de cuyos dueños ni siquiera viven en la Argentina. Que reemplazan con represión la falta de viviendas, de trabajo, de tratamientos de las adicciones que avanza con el incremento del narcotráfico en la provincia. La salida a esta barbarie está asociada a la derrota de Milei, de Sáenz y de todos sus socios. Mientras tanto, los hijos de los trabajadores no están a salvo.
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Dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados ex delegado de La Veloz del Norte
Gustavo Saenz.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió a bancar públicamente la reforma laboral negrera de Milei en nombre de las patronales locales que quieren desenganchar a los salteños de los convenios de trabajo nacionales y promover los convenios por empresa. A esto le llama “mirada federal”. Sáenz citó el caso de los choferes de ómnibus de Saeta, a los que el Estado paga sus salarios. Dice que como el Estado nacional gira menos subsidios a la provincia la solución es que los choferes salteños cobren menos.
El ataque a los choferes viene atado al ataque a los usuarios. Quieren eliminar los subsidios al transporte y, como dijo el diputado y senador provincial electo mileista Cornejo, que el usuario pague el boleto pleno y se elimine la gratuidad a jubilados y estudiantes de todos los niveles.
Además de bancar la reforma laboral banca la reforma previsional que se propone terminar con los regímenes especiales de jubilación que tienen los choferes y otros sectores como la docencia. Olmedo, el jefe político de la Libertad Avanza en Salta (uno que nunca trabajó e hizo su fortuna con la explotación de tierras fiscales de Salta Forestal) salió a defender una jornada laboral de 14 horas.
Sáenz, como Milei, cree que puede engañar a los trabajadores si camufla la reforma con el nombre de modernización laboral. Sabemos que es una exigencia del FMI, junto con la previsional y la impositiva, que son instrumentos de ajuste al pueblo trabajador. No se van a crear nuevos puestos de trabajo ni se va a blanquear a los que están en negro.
La UTA de Salta y la mayoría de los gremios ni siquiera abrieron la boca para denunciar a Sáenz por este intento de desenganchar a los trabajadores salteños de los convenios nacionales. La CGT nacional se prepara para entregar los convenios con la sola condición de que se preserven los privilegios de la casta sindical.
En Salta estamos impulsando la organización de los choferes y del resto de los trabajadores para derrotar esta reforma negrera. Pasemos por arriba de los dirigentes vendidos, hagamos asambleas para organizar esta lucha. Se puede triunfar, la condición es tomar la lucha en manos propias.
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Luego de un mes y medio la patronal de la empresa Padilla aún no acredita los haberes que debieron ser abonados semanalmente. Por eso los trabajadores del limón iniciaron este jueves un piquete con cortes parciales, medida que se reforzó el viernes con cortes totales. Tanto la empresa Padilla como el contratista ( Miguel Tevez) se pasan la pelota y ninguno se hace cargo de pagar lo adeudado. Tanto el Ministerio de Trabajo como el sindicato estuvieron totalmente ausentes.
Está situación de desamparo y desprotección viene de hace tiempo ahora reforzada por las políticas de ajuste de Milei. Exige por lo tanto la organización independiente de los trabajadores, impulsando en los lugares de trabajo la elección de delegados que prepare las condiciones para enfrentar los ataques de las patronales y el Estado.
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Dos delegados del sector agrícola de la empresa Seabord Corporation, propietaria del Ingenio Tabacal, denunciaron ante el Ministerio de Trabajo (seccional Orán) que la empresa continua usando el método de quema de cañaverales para despejar los terrenos de cultivo.
La denuncia expresa que cuando los incendios se salen de control, alcanza a la zona de montes linderos a las tierras de la empresa y que se obliga a los regadores a tener que actuar de brigadistas para apagarlos, sin contar con la capacitación ni los elementos necesarios. Señalan además que en muchos casos los trabajadores tuvieron que meterse en las acequias para evitar ser alcanzados por las llamas y que hubo casos de intoxicaciones por el humo.
La empresa fue advertida de esta situación por los delegados y al no tener respuestas estos publicaron sobre la situación en las redes sociales. La respuesta de la empresa ante estas publicaciones fue el maltrato y la amenaza de despido.
La quema de las cañas secas se transforma en un problema importante porque la escasa humedad ambiente y los vientos y el calor de esta época los pone fuera de control alcanzando el monte. El responsable de Bomberos Voluntarios de Orán confirmó al medio Informate Orán, que los principales focos de incendios provienen de los terrenos del ingenio. Este mismo medio da cuenta de testimonios de vecinos que denuncian que esta es una práctica recurrente por parte de la empresa, afectando a la población, a productores vecinos y al ambiente en general.
Las cenizas de la caña quemada se elevan a gran altura y luego caen en las localidades vecinas pudiendo provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Una investigación de la Universidad de Tucumán señala que esta práctica empobrece los suelos y dificulta la posibilidad de sostener cultivos a lo largo del tiempo.
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El excomisario Vicente Osvaldo Cordeyro fue reportado como desaparecido el jueves 9 de octubre pasado. Su auto apareció en las inmediaciones del Cerro Elefante en la localidad de San Lorenzo, muy cercana a la Ciudad de Salta. Finalmente el sábado 11 su cuerpo fue encontrado en el cerro mencionado, y según el Cuerpo de Investigaciones Fiscales la autopsia reveló que el excomisario murió producto de una asfixia por ahorcamiento.
El Comité Provincial del Partido Obrero publicó un comunicado que compartimos a continuación.
Comunicado del Comité Provincial del Partido Obrero frente a la muerte del comisario Cordeyro
1. Exigimos la investigación independiente de la muerte del comisario para que se llegue al esclarecimiento completo y se haga justicia. Para que no haya impunidad ni encubrimiento, como en otros sonados casos como el de las turistas francesas en donde la policía “plantó” pruebas y se fabricaron culpables, el del comisario Píccolo, que cuestionaba este encubrimiento y apareció “suicidado”, o el de la campesina Liliana Ledesma, en donde se protegió hasta su muerte al diputado oficialista Aparicio, integrante del clan Castedo y se dejó escapar al sicario Lino Moreno, ya condenado.
2. Desde el Partido Obrero luchamos desde siempre contra el entrelazamiento del Estado y sus instituciones con el narcotráfico. Un Estado que no puede desarmar esta trama porque es parte del problema. Sáenz monta operativos militares con Bullrich, como el Plan Güemes y el Operativo Roca, que son un encubrimiento de que no están dispuestos a terminar con el negocio narco y que al contrario, lo usan como excusa para la militarización de la frontera norte, que ya se cobró la vida de un trabajador a manos de gendarmería. El comisario Cordeyro advirtió hasta pocas horas antes de su muerte sobre el avance de distintos clanes en la provincia y la responsabilidad (complicidad) de los gobiernos y parte de sus funcionarios e instituciones en esta situación. Nosotros hemos denunciado cómo la justicia local se ha negado a investigar al exsecretario de Seguridad del gobierno de Sáenz, Benjamín Cruz, que además fuera apoderado del Partido del gobernador, que sigue impune. Desde nuestras bancas, en su momento, impulsamos una comisión investigadora sobre el diputado Aparicio, al que el oficialismo obligó a renunciar para evitar esa investigación.
3. El compromiso con el narcotráfico alcanza a todos los niveles del Estado como acaba de quedar en evidencia con el caso Espert, al que Milei protegió hasta el final pero tuvo que desplazar como candidato en el principal distrito ante el escándalo público por el financiamiento narco de su campaña electoral. O también por la sanción de una amplia ley de blanqueo, que habilitó ese beneficio para el dinero de los narcos, con el voto de todos los partidos, incluido el peronismo, en el Congreso Nacional.
4. El entrelazamiento del Estado y sus partidos de gobierno con el narco y las políticas de ajuste de Milei y los gobernadores, que cerraron masivamente los comedores de las organizaciones de desocupados en las barriadas, que hacían de contención de la juventud, ha dejado los territorios bajo el dominio de las bandas narco y constituye la principal fuente de inseguridad como ha podido comprobarse en el reciente triple narco-femicidio. También, en los asesinatos de tinte mafioso no solo en los pueblos de frontera sino en la periferia de la Ciudad de Salta.
5. Reiteramos nuestro reclamo de completo esclarecimiento de la muerte del Comisario Cordeyro, que no dudamos será una contribución a la lucha por el desmantelamiento de un Estado narco a nivel local y nacional.
Claudio Del Plá, Pablo López, Cristina Foffani, Rodolfo Burgos, Gabriela Cerrano, Carmen Venencia, Mirta Hauchana.
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De izquierda a derecha; Claudio del Plá (PO), Andrea Villegas (MST), Daniela Planes (PTS).
A continuación, reproducimos declaración de trabajadores de la cultura, el arte, la ciencia, la universidad y la intelectualidad en apoyo al Frente de Izquierda Unidad.
Las elecciones a diputados y senadores del próximo 26 de octubre se desarrollarán en un escenario convulsivo. El funesto gobierno de Milei, que algunas voces interesadas tildaban de “imbatible”, ha recibido duros golpes, gestados en la esforzada movilización popular de jubilados, trabajadores, mujeres y diversidades.
Los políticos capitalistas del sistema han prestado -y continúan brindando- inestimables servicios de gobernabilidad a Milei. Lo hemos visto con los legisladores “ensobrados”, con los avales al blanqueo de capitales, con los gobernadores cómplices -de todos los colores políticos- cómo Gustavo Sáenz, con los pactos de la burocracia sindical y con el autoajuste que aprovecharon varios en este contexto. No introducen ninguna ruptura con los aspectos centrales de la política de Milei y Caputo al servicio del empresariado y del imperialismo. Todos son pagadores seriales de la deuda, que es incompatible con las aspiraciones populares.
Los traspiés electorales, en especial en los sectores sociales más postergados, se combinan con un esquema económico inviable y con una bronca popular que aumenta cada día.
El rechazo a los vetos sobre el financiamiento universitario, emergencia pediátrica y en discapacidad -todas conquistas arrancadas con la movilización y lucha desde abajo- muestra que no tiene ningún mandato para su motosierra contra el pueblo.
Solo el Frente de Izquierda Unidad es consecuente con la defensa de la universidad, el sistema científico, los institutos de la cultura, la salud pública. No solo de palabra, sino también con la organización cotidiana en los lugares de trabajo y producción cultural.
Sin terminar con el pago de la deuda no hay viabilidad para nuestras demandas. Tampoco con la entrega de nuestros recursos estratégicos, desde el litio o Vaca Muerta a la red petrolera en la costa atlántica o el sistema nuclear. Ni con la reforma laboral y previsional. Todas exigencias de la agenda imperialista, atadas a los préstamos impagables que contrajo este gobierno y que se suman a los anteriores.
Denunciar el genocidio a cielo abierto que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza y sus ramificaciones sobre Cisjordania y defender al pueblo palestino y su resistencia, es imperativo. Es una ofensa para la humanidad y un plan al servicio de los intereses imperialistas y su guerra comercial.
No podemos resignarnos y esperar a 2027. Es necesario desmontar el andamiaje de Milei y sus cómplices: la Ley Bases, la pretensión de terminar con los convenios colectivos y las jubilaciones, el oscurantismo y racismo, la mercantilización de la salud, la educación y la cultura.
Apoyamos al Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) en las elecciones legislativas de octubre, cuya listas están encabezadas por Claudio Del Plá, Andrea Villegas y Daniela Planes . Siempre con los trabajadores, nunca con los ajustadores, los corruptos y el FMI.
Primeras firmas:
Mercedes Quiñones (docente Facultad de Humanidades UNSa), Miryam Pagano (docente Facultad de Humanidades UNSa), Osvaldo Geres (docente Facultad de Humanidades UNSa), Andrés Vaca (docente Facultad de Humanidades Unsa), Sebastián Abeledo (docente Facultad de Humanidades UNSa), Martín Herrán (docente Facultad de Cs. Exactas UNSa), Nahuel Morandini (docente Facultad de Cs. Naturales UNSa), Ana Silvia Simesen de Bielke (docente jubilada UNSa), Lucio Yazlle (docente jubilado Facultad de Cs. Naturales UNSa), Marcelo Gea (docente Facultad de Cs. Exactas UNSa), Eugenia Giamminola (docente Facultad de Cs. Naturales UNSa), José Gil (investigador UNSa – Conicet) , Juan I. Areta (investigador Principal - Conicet), Ingrid Holzmann (investigadora Adjunta – Conicet), Delfina Acosta (becaria Conicet), Rodrigo Córdoba (becario Conicet), Damián Payo (becario Conicet – docente universitario), Florencia Boasso (antropóloga), Hugo Alberto Orce (ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente), Bruno Luis Baldi (ingeniero agrónomo, trabajador del Inta), Raquel Adet (referente del arte y los DD.HH.), Rodolfo Elbirt (actor), Andrea Rico (gestora cultural), Jorge Oscar López (cineasta jubilado) Miriam Fuentes (poeta y docente) José María Martinelli (realizador audiovisual), Luz María Sarmiento (abogada), Rocío de los Ángeles Tacacho (abogada), Justo Salim (abogado); equipo del programa radial Asamblea Permanente: Mónica Nucciarelli, Rodolfo Zacarías (dirigente gremial y social) y Arturo "Pachula" Botelli (músico y compositor).
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Contó con el respaldo de su amigo el Papa Francisco.
Luego de varias apelaciones rechazadas, finalmente el juez del Tribunal de Impugnación Sala IV de Salta ordenó la inmediata libertad a Gustavo Zanchetta y le aplican medidas sustitutivas, que en definitiva no le significarán ni siquiera una molestia al exobispo abusador. De la condena original de cuatro años y seis meses de prisión solo cumplió cuatro meses, y después estuvo con prisión domiciliaria en un convento donde la Iglesia ofició de garante. Luego, alegando problemas de salud, solicitó permiso para viajar al Vaticano donde vivió en la residencia Santa Marta, a metros del difunto amigo suyo Papa Francisco.
Esto es un nuevo capítulo donde la Iglesia consigue que uno de sus miembros quede impune. La Corte de Justicia, el máximo tribunal de la provincia de Salta, ya había favorecido a otro exobispo abusador José Carlos Aguilera dictando su sobreseimiento por declarar prescritos los abusos que cometió contra niños de distintas localidades donde ofició como sacerdote.
Vale recordar que el gobierno de Gustavo Sáenz, apenas asumió, cambió la composición de la Corte de Salta incorporando como juez a Horacio Aguilar, el cuestionado abogado de Blaquier y al cual los organismos de derechos humanos señalaron la incompatibilidad porque también fue juez federal en Jujuy en la misma cámara que debía resolver el juicio de lesa humanidad de la Noche del Apagón.
El primer caso fuerte que debía resolver la Corte de Justicia salteña era el caso de Aguilera. En aquel momento denunciamos que abría la puerta para que otros curas queden impunes.
Horacio Aguilar también fue abogado de Seabord Corporation (El Tabacal) y el 22 de abril del 2022 renunció a la Corte aduciendo razones personales, pero luego asumió como abogado defensor de Zanchetta.
Las víctimas de abusos de Zanchetta, que eran seminaristas, siempre señalaron la impunidad con que se movió en todo momento hasta que dos de ellos se atrevieron a romper el silencio y denunciarlo. Incluso durante el juicio declararon testigos que también describieron los abusos y no denunciaron porque les pareció muy difícil de sobrellevar el proceso judicial.
La Iglesia siempre trató de apaciguar los ánimos prometiendo acciones eclesiásticas internas, una suerte de tribunal que solo sirvió de pantalla, ya que Zanchetta contaba con el apoyo de arriba del Papa e incluso llego a tener un cargo en el banco del Vaticano.
Más que nunca reclamamos la separación de la Iglesia del Estado. Mucha gente le creyó al Papa Francisco que habría una nueva Iglesia Católica, y sin embargo tuvo a su lado a elementos tan repugnantes como Zanchetta y otros tantos a los cuales victimas de todo el mundo pedían que sean juzgados.
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Concentración frente al triple femicidio en Plaza 9 de Julio (Salta).
El triple femicidio de La Matanza es una muestra horrorosa de la conjunción entre una mafia organizada en torno al narcotráfico y la explotación de niñas y mujeres, que denunciamos tantas veces sin ser escuchadas porque las redes de trata y el narcotráfico funcionan de manera común con la protección del Estado.
No solo lo alertamos desde el movimiento de mujeres sino también con las organizaciones piqueteras y sociales denunciando que el avance del narco, el delito organizado y la prostitución de menores en los barrios son producto de años de miseria, pobreza y abandono; y no hubo ni hay respuesta de los gobiernos.
¿En Salta cómo estamos?
Lamentablemente no estamos lejos de que ocurran casos como estos. Ya tuvimos el femicidio de una jovencita que estaba en situación de calle y que nunca buscaron, cuando su familia denunció la desaparición.
Hace unos días se conoció que una banda integrada por un remisero operaba frente a la escuela 11 de Septiembre captando chicas menores de edad, ofreciendo pagos de $60.000 por un beso y hasta $200.000 por sexo si son vírgenes. El fiscal federal Eduardo Villalba lo calificó como “de una gravedad inusitada” y con “particularidades” complejas. En concreto, sostuvo que se captaban niñas de una escuela para explotarlas sexualmente. Reconoció que hubo denuncias previas que “no fueron atendidas debidamente por los organismos del Estado”, y que esa fue la razón por lo que esta organización “continuó actuando y causando daños irreversibles en niñas de 16 años”. La denuncia se radicó en junio del año pasado cuando una madre descubrió que su hija de 16 años tenía dinero y un celular de alta gama donde había chats que hablaban de encuentros sexuales y se hacía alusión a su hermanita de 12 años. La justicia provincial se declaró incompetente. Recién en septiembre de este año, 14 meses después, se realizó el operativo donde fueron detenidos el remisero y otros 3 adultos participes.
En la causa está también el informe donde se da cuenta de que las adolescentes tenían una relación de dependencia y temor con el remisero, porque les amenazaba de avisarle a sus padres de lo que hacían. Cuesta creer que sea solo una pequeña bandita sin complicidad estatal, ya que siempre existió el temor sobre el famoso auto blanco Volkswagen Voyage que fue visto rondando otras escuelas. Finalmente los 4 participes quedaron con prisión preventiva y el remisero además imputado por abuso a la niña de 12 años, hermana de una de las víctimas de 16, quien fue manoseada cuando logró hacerla subir al auto blanco.
Todavía falta ver cómo terminará este caso, porque los antecedentes de Salta son pésimos; la mayoría de los casos conocidos de trata de personas quedaron en total impunidad, como el del exintendente de Salvador Mazza, quien fue absuelto por falta de pruebas.
Avanzan los narcos
Capítulo gigante es el aumento del narcotráfico que inunda los barrios de dealers. Las familias desesperadas denuncian que si en algún operativo detienen a uno que vende a los días aparecen 3 más. Como si nada, se suceden crímenes mafiosos o la muerte de jóvenes adictos. Es alarmante también el crecimiento de las adicciones en mujeres, que por lo general se prostituyen para poder costearse la dosis.
Indudablemente la pobreza es un motor para que las bandas delictivas puedan actuar captando a sus víctimas y como venimos denunciando desde el Partido Obrero, el Estado aparece siempre, no asistiendo, sino siendo parte del problema. Hay decenas de causas de narco policías en operativos grandes y también de microtráfico. También hay funcionarios como Benjamín Cruz, amigo personal de Sáenz y apoderado de su partido y exministro de Seguridad, quien nunca fue citado a declarar cuando está involucrado en la trama que llevó al asesinato de Darío Monjes a manos de sicarios narcos.
Mientras tanto Bullrich, Petri y Sáenz hicieron circo con un alambrado y la militarización de la frontera con el Plan Güemes, cuyo único resultado fue el asesinato del joven bagayero Sebastián Gómez. Son responsables directos, solo quieren reprimir al pueblo y no a al delito, que en el caso de Sáenz desarrollan sus amigos.
En Salta, la violencia hacia las mujeres hace estragos
Van 13 femicidios este año. Recientemente hubo un femicidio terrible en Cafayate, y otro en el barrio Hernando de Lerma en Salta, cometido por la expareja de una mujer, quien estaba con libertad condicional por intento de femicidio de su pareja anterior. La justicia de Sáenz deja que los violentos nos maten, ya sean pareja, expareja o violentos miembros de bandas delictivas.
Sáenz, como Milei, también ajustó la asistencia a las víctimas de violencia. En muchos municipios se cerraron las oficinas de violencia por falta de recursos. Hace años prometió crear un fuero único para ver todas las denuncias y causas de los violentos; pura mentira, hizo demagogia con las necesidades de las mujeres. Además, por supuesto, el crecimiento de la pobreza y trabajo precario lleva a las mujeres y niños a vivir en condiciones paupérrimas, dejándolos en total vulnerabilidad frente a los narcos y el crimen organizado.
No queremos más femicidios como los de Brenda, Morena y Lara, ni abusos, ni explotación de mujeres por redes trata o narcos, ni violencia en el hogar, ni en las calles. Basta. Las mujeres tenemos que retomar las calles, fortalecer las organizaciones de mujeres defendiendo por sobre todo nuestra independencia del Estado. Esto no se aguanta más, cuando decimos Ni Una Menos, el Estado es responsable, nos referimos a la responsabilidad de los que gobiernan y gobernaron.
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encontrarás todos los días la cobertura de las grandes luchas del movimiento obrero, la mujer y la juventud, y el análisis de los principales hechos políticos nacionales e internacionales desde una mirada socialista.
Rápidamente, luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, los que lo sostenían procedieron a demarcarse. Los fervientes defensores de la motosierra, que acompañaron en el Congreso la Ley Bases y aplicaron el ajuste en sus provincias, salieron a tomar distancia.
La respuesta de Sáenz, en particular, es la expresión del cómplice que dio todo, pero lo estafaron en el reparto del botín. Argumentando que el gobierno de Milei son “palomas de Iglesia” porque "cagan a sus fieles", en donde el fiel es él, claro, solo se animó a quejarse cuando vio al jefe en el piso. Una de las cuestiones que más le molestó, según sus propias palabras, es que Karina le haya armado listas en las elecciones provinciales de mayo, que le ganaron la capital.
Su ajuste y el de Milei
Con esta puesta en escena pretende mostrarse como víctima del gobierno nacional, pero fue el ejecutor de la motosierra de Milei en Salta. Pagando salarios por debajo de la línea de pobreza a los estatales, despidiendo a los docentes que salieron a luchar, imponiendo descuentos y faltas “injustificadas” por días de paro, atacando así el derecho a huelga. Y reprimiendo con la Infantería a los municipales de Hipólito Yrigoyen, que, como en todos los municipios, son los que menos ganan.
Mano dura con los trabajadores pero subsidios a los empresarios. Acaba de hacer aprobar un nuevo endeudamiento por 100 millones de dólares para obras para las mineras, a las que además les rebajó impuestos provinciales, lo mismo que a los supermercados y a los dueños de la tierra. Igual que el acompañamiento del RIGI con sus diputados nacionales.
Elecciones: dime con quien andas…
El interés que defiende Sáenz está claramente representado en la lista que encabeza Flavia Royón, exMinistra de Energía de Milei y representante directa de las mineras. Acaba de manifestar que va al Congreso a apoyar las reformas previsional y laboral.
¿Pero alguien puede pensar que alguna de las otras listas del PJ puede representar el interés popular? Urtubey es un patrón de la UIA y se disfraza como anti Milei con el aval de CFK en la lista de Fuerza Patria, donde es candidato a senador. Va con la burocracia sindical de la CGT en su lista, la misma que ha quedado paralizada frente a los ataques a los jubilados y a las familias de personas con discapacidad y, él mismo cuando gobernó, utilizó el sueldo de los estatales como variable de ajuste para equilibrar las cuentas provinciales, con su ministro de Hacienda, Emiliano Estrada, quien encabeza su lista de diputados. Igual que Milei. Todo mientras endeudaba la provincia con el Fondo de Reparación Histórica y el Plan Bicentenario, que seguimos pagando.
Leavy, la otra lista del PJ, va con una fracción del saencismo: la diputada Laura Cartuccia. Su lista es la del Partido de la Victoria, pero el presidente del PV e intendente de Tartagal, Hernández Berni, va con Sáenz, como todos los intendentes. Leavy en realidad conforma esta lista solo, después de fracasar en el intento de armar una lista que uniera desde Sáenz hasta el centroizquierda (la mentira de un frente anti Milei con su cómplices, como se armó en Tucumán y Catamarca).
En resumen, el PJ va en tres listas que se dividieron por los cargos y son incapaces de encarnar una oposición que defienda al trabajador.
La UCR va en una lista testimonial-residual, encabezada por la diputada Soledad Farfán, que en la Legislatura vota todo con el oficialismo saencista. Muchos dirigentes radicales fueron cooptados por los mileicistas, lo mismo que el PRO que se disolvió entre el saencismo y LLA.
La única oposición en defensa de los trabajadores: el Frente de Izquierda
La lista del FITU de Salta, con Claudio Del Plá del Partido Obrero como candidato a Senador en primer término, Daniela Planes del PTS en segundo término y Andrea Villegas del MST, encabezando la lista de Diputados, es la única oposición consecuente y obrera en esta elección. Conformada además con docentes que protagonizan las luchas de la provincia como Jesús Choque (PTS) y Carmen Venencia (PO), la lucha de la marea verde como Gabriela Cerrano (PO) y la movilización de los jubilados como Héctor Burgos (PO).
Votar al FITU es reforzar la lucha del Garrahan y la agenda del pueblo trabajador en la calle, que esmeriló la autoridad de Milei y contribuyó con su derrota. También de los jubilados, la de los docentes y municipales salteños, de los familiares de personas con discapacidad que han sido atacados con la reducción del presupuesto en prestaciones y que se agravara con las coimas y sobreprecios de Karina Milei y su banda.
Nuestra campaña es, en primer lugar, un llamado a la movilización popular para derrotar los nuevos agravios de un gobierno que “no tiene plan b” aunque su política haya sido repudiada en las urnas, por eso ratificó los vetos. Advertimos contra las maniobras de Sáenz y otros gobernadores cómplices que ahora se visten de opositores que hicieron y harán lo imposible para que Milei haga todo el trabajo sucio contra los trabajadores. El voto por legisladores de la izquierda, los únicos que no se van a dar vuelta y contribuyen a la organización popular para derrotar a Milei y sus cómplices, es parte de la lucha para que, ante este nuevo fracaso de la política capitalista, pugnemos por una salida de los trabajadores.
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Se realizó en Salta el 1° Plenario de Jubilados y Pensionados, organizado por el Plenario de Trabajadores Jubilados, con el objetivo de abrir un debate contra el saqueo a nuestras cajas y obras sociales y votar un plan de lucha. Fueron invitados los familiares de personas con discapacidad, que se encuentran luchando por la quita de beneficios de la Agencia de Discapacidad.
En el medio, el gobierno de Milei vetó el aumento irrisorio del 7,2% y la moratoria previsional, mientras se iba conociendo el entramado de coimas y los negociados en el Programa Incluir Salud y el Pami.
En el debate, los compañeros expresaron su indignación. María Cristina, una jubilada a quien desde hace 4 meses el Pami no le entrega los pañales. Velkis, una compañera que trabajó 30 años como enfermera del hospital público y su haber jubilatorio no supera los $ 400.000, porque los sueldos en salud están constituidos por un 40 % de adicionales en negro gracias a los “arreglos” de la burocracia saencista. Juan, quien se indignó contra la afirmación vulgar de que la moratoria plantea que el trabajador en blanco es el que sostiene los privilegios de los que nunca laburaron. Señaló además que las amas de casa trabajan una enorme cantidad de horas sin reconocimiento económico ni derechos jubilatorios y defendió el derecho de las compañeras a jubilarse. Su intervención nos dio pie para denunciar la enorme cantidad de compañeros que trabajaron toda su vida en negro, como los trabajadores rurales, las empleadas de casas particulares, los compañeros de la construcción, los trabajadores municipales sin aportes y una enorme cantidad de changueros que constituyen el 50 % de la población de Salta.
Explicamos que esos compañeros no podrán jubilarse porque, a pesar de haber trabajador toda su vida, las patronales no les hicieron los aportes. Que ningún gobierno los obligó pero que esto se agravó con la Ley Bases de Milei, que exime de multas al evasor. Planteamos un programa de salida ante el desfinanciamiento de las cajas: restitución de los aportes patronales, pase a planta de todos los trabajadores en negro o precarizados y aumento de los salarios igual al costo de la canasta familiar.
Polemizamos con la justificación del Estado para preparar una reforma previsional en el aumento de la longevidad del trabajador. Explicamos que los progresos tecnológicos del capitalismo permiten aumentar los años de vida, ha aumentado la productividad del trabajo y ahora se necesitan menos horas de jornada laboral y menos cantidad de tiempo de trabajo en la vida de un trabajador para obtener la misma producción. Al revés de la tendencia internacional del capital en las reformas previsionales a aumentar la edad para jubilarse y a recortar los haberes jubilatorios, obligando al trabajador a seguir trabajando.
Las madres de niños y jóvenes discapacitados con Pensiones No Contributivas denunciaron el recorte de las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y del Pami, e indicaron la necesidad de unir las luchas con los jubilados, como el caso de Ana, cuyo hijo con retraso madurativo no puede acceder al Centro de Día al que acude desde hace 17 años perdiendo las prestaciones de educación y salud. Como en todo el país, las compañeras conformaron Tribuna Disca en Salta para enfrentar la quita de beneficios, denunciar públicamente a la Andis e incluso realizar amparos con los compañeros abogados. La victoria de la sanción de la Emergencia de la Discapacidad fortaleció a las familias que luchan junto con los prestadores organizados, haciendo retroceder los vetos de Milei en la calle, en el marco de las denuncias de coimas del régimen ajustador.
Al revés de la enorme actividad desarrollada por nuestras agrupaciones, los sindicatos y agrupaciones que marchan todos los miércoles con nosotros rechazaron participar en el plenario. Ni la Asociación de Jubilados de Docentes Universitarios, ni la de ATE, ni de Sitepsa, ni los Jubilados Autoconvocados de la Plaza aceptaron nuestra invitación para debatir un pliego de reclamos común y un plan de lucha. Una total ceguera en medio de las derrotas que está recibiendo Milei y la fenomenal crisis de régimen que protagoniza, que amerita un frente único que vaya a la calle por nuestros reclamos y explote la crisis del gobierno. No la ven porque están en la expectativa electoral y la maniobra del PJ de incrementar sus bancadas.
En el plenario votamos la campaña por 1 millón de firmas por nuestros reclamos y una jornada de lucha y milonga para el 20 de septiembre, Día del Jubilado. La llevamos a la movilización y acto del miércoles como parte del plan de lucha nacional.
Nos ponemos con Tribuna Disca y el Plenario de Trabajadores Jubilados a organizar a todos esos trabajadores que están percibiendo la necesidad de derrotar a Milei en la calle.
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Luego de tres días de paro, reclamando el aumento salarial dispuesto en las paritarias provinciales así como la provisión de ropa de trabajo, los municipales de Hipólito Yrigoyen, ante el absoluto silencio de la intendenta, tomaron el complejo municipal amenazando con impedir la ejecución de los festejos de la Fiesta Patronal.
La respuesta de la intendenta fue la represión: la Infantería de la Policía de la Provincia desalojó el complejo a los tiros. El resultado son 25 trabajadores heridos con balas de goma y un trabajador de Tránsito con pérdida de un ojo.
Los videos y las fotos, con varios trabajadores con heridas en el rostro, muestran que la Policía tiraba directamente a la cabeza de los manifestantes.
Yrigoyen: un pueblo con una larga tradición de lucha
Los trabajadores municipales son los peores pagados en toda la provincia, con salarios que rondan la mitad de la canasta de pobreza, con una parte importante de su sueldo en negro y precarias condiciones de trabajo. Yrigoyen no es la excepción.
El negreo de estos trabajadores municipales se completa en la zona, con el negreo de una amplia masa de trabajadores rurales, que trabajan de sol a sol, con salarios miserables, en diversas fincas frutihortícolas o de producción de soja. También con los trabajadores de la norteamericana Seabord (Ingenio Tabacal), que exporta millones de dólares al año y paga salarios inferiores a la canasta de pobreza. Trabajadores azucareros que han enfrentado los despidos con paros heroicos, reprimidos brutalmente por jueces y gobernadores manejados por la compañía. O los ordenanzas de escuela, que trabajan por un plan social y que debieron ir a medidas de fuerza por el pase a planta, y fueron reprimidos por la intendenta con despidos. Un pueblo que efectivamente tiene una larga tradición de enfrentar la explotación y la represión.
Es en ese marco que el gobierno de Sáenz salió a pedir ayuda a su socio Milei. Y la militarización de la frontera norte con el Plan Güemes y el Operativo Roca, organizados por Bullrich, viene a completar el cuadro de control social, habilitando a las fuerzas armadas a avanzar con la represión interna. Los asesinatos de dos jóvenes bagayeros -Fernando Gómez en Salta, e Ivo Torres de Jujuy, por parte de la Gendarmería- son la consecuencia de esta política.
El pueblo de Yrigoyen tiene la palabra
Llamamos al pueblo de Yrigoyen a rodear de solidaridad la lucha de los trabajadores municipales, para que triunfe el reclamo salarial y para imponer la cárcel a los responsables materiales y políticos de la represión y lesiones a estos compañeros.
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La docencia salteña sale una vez más a la calle porque no aguanta más la pulverización de los salarios y las paritarias miserables que ofrece este gobierno que no mejoran en nada en su economía de indigencia
Al grito de "paro general" y "unidad de los trabajadores", una movilización se desplazó por el centro de Salta, recibiendo muestras de simpatía de los trabajadores que esperaban el colectivo para regresar a sus casas. A esta primera movilización se unieron pequeños grupos de la salud, autoconvocados y el colectivo lesbo trans.
La oferta del gobierno, del 14% en cuotas hasta febrero 2026, fue rechazada masivamente en asamblea. Ni los gremios oficialistas la firmaron.
Desde Tribuna Docente consideramos que la docencia tiene enormes desafíos por delante para que la lucha triunfe. Necesitamos una asamblea provincial masiva, sin restricción de la palabra, y asambleas por escuela que preparen la extensión del paro a las escuelas que todavía vacilan.
Proponemos que haya una asamblea provincial el próximo sábado, para evaluar la situación de la medida de fuerza y votar medidas de extensión. Y, sobre todo, que vote una dirección provincial, independiente del gobierno, lo que resulta indispensable para triunfar.
En medio de una lucha donde nos jugamos todo, es esencial volver a construir un cuerpo de delegados que una a las escuelas de toda la provincia y garantice las medidas que vote la asamblea.
Proponemos reuniones de los compañeros de las escuelas con mayor acatamiento para que se tomen la tarea de visitar las escuelas de su zona y sumarlas al paro.
Es una oportunidad para transmitir la experiencia de las luchas anteriores (de 20 años de autoconvocatoria) a las nuevas generaciones docentes, para construir una nueva dirección que lleve esta nueva lucha al triunfo.
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El Conicet realiza una auditoría ambiental y social.
Desde el Partido Obrero llevamos adelante un amparo judicial en 2017 contra la Municipalidad de Salta y la empresa Agrotécnica Fueguina, quien tiene un contrato por recolección y disposición final de los residuos en el vertedero San Javier. La empresa se lleva más del 25% de los ingresos del municipio y fue sostenida por todas las intendencias. La acción judicial la llevamos adelante denunciando la contaminación que produce el vertedero, localizado en una zona urbana a pocos metros de barrios construidos por el propio Estado, y que termina contaminando el Río Arenales que atraviesa la capital y va a desembocar en el dique Cabra Corral afectando la salud de los vecinos de toda la zona sudeste.
La causa lleva acumulados 17 cuerpos. Pasaron años sin mayores novedades, ya que el juez a cargo Marcelo Domínguez por años hacía lugar a las chicanas presentadas por la empresa y por la municipalidad contra la causa, y no a la parte demandante, nuestra compañera Jorgelina Franco, exconcejal del PO y vecina del vertedero. En 2022 Domínguez pasó a ser el Ministro de Seguridad de Gustavo Sáenz, la causa recayó en el Juzgado de Minas a cargo de la jueza Mosmann y empezaron a haber novedades importantes.
Luego de una inspección ocular en el vertedero la jueza determinó que era necesario para la causa la producción de las pruebas científicas del efecto del vertedero en la zona y que debía realizarse con una institución imparcial como el Conicet. La empresa AF, que luego de décadas de usar el vertedero no cuanta ni siquiera con un Certificado de Impacto Ambiental y Social como establecen las leyes vigentes, presentó un informe que fue rechazado por la jueza. Lo mismo el intento del gobierno municipal de encargar el informe a una empresa que es actualmente contratista del Estado.
Este mes se llevó adelante el primer relevamiento en el vertedero junto a las partes y el equipo de investigadores del Conicet que realizará el estudio de aguas, suelo, aire y el impacto social en la zona, empezando con la realización con drones de un mapa propio de todo el predio del vertedero, zonas aledañas y los ríos cercanos al mismo.
La propia jueza pudo observar cómo decenas de personas separan los residuos en condiciones peligrosas, sin ningún tipo de protección, a corta distancia de las máquinas que entierran la basura, y resolvió emitir una acta para que en un plazo no mayor a 11 días se les provea de ropa y calzado de trabajo.
Con las bancadas del Partido Obrero seguimos todo el procedimiento del contrato de la empresa AF durante años. En primer lugar porque es un contrato leonino que se lleva el grueso del presupuesto municipal, y porque los innumerables incumplimientos tuvieron la venia de los intendentes de turno Isa, Sáenz, Romero y Durand.
La situación de los mal llamados “recuperadores” o “recicladores” es paupérrima. Todos los intendentes buscaron la forma de evadir sus responsabilidades creando distintas figuras contractuales truchas que los mantienen en una condición tan marginal que ni siquiera son trabajadores precarizados. Desde el primer momento reclamamos que sean considerados trabajadores con todos los derechos que se necesitan para una labor tan insalubre.
Vale una mención a la situación de los barrios de la zona sudeste, donde está localizado el vertedero. Allí la provincia de Salta creó barrios con loteos para familias pobres, como el barrio Justicia. A eso se le fueron sumando asentamientos de cientos de familias desesperadas que no pueden acceder a una vivienda y que viven en condiciones insalubres, porque además de estar a metros de un enorme basural a cielo abierto el Estado no le garantiza ningún servicio esencial porque los considera asentamientos ilegales.
Durante la última ola polar los vecinos de los asentamientos aledaños al vertedero protagonizaron piquetes porque la empresa prestataria de la luz les cortó las conexiones precarias dejándolos en peores condiciones de las que ya viven.
Desde el Partido Obrero llamamos a los vecinos de la zona sudeste y de los asentamientos a que nos organicemos y luchemos juntos para conquistar condiciones dignas de vida y por terminar con la contaminación, trabajo con todos los derechos para los recicladores, urbanización y vivienda para todos.
El avance de la causa debe ser un punto de apoyo para encarar esta lucha.
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Nuevamente Salta es noticia nacional por un escándalo sexual. En este caso, de uno de los “héroes” de La Libertad Avanza (LLA). El protagonista es Pablo Emanuel López, concejal de la Ciudad de Salta, quien fue denunciado en un programa periodístico donde se dio a conocer el audio de una llamada de una mujer que le reclama a López que le devuelva lo que le saca de su salario como asesora y éste le responde, que por cada "chupada de pito" (sic) le devolverá $10.000. El audio circuló rápidamente y en no más de dos horas, López presentó su renuncia en el Concejo Deliberante.
La denunciante es militante también de LLA, es asesora del bloque y electa Convencional Municipal para la reforma de la Carta Orgánica de la Ciudad de Salta. La mujer afirma que es expareja de López, y que la relación empezó en el 2019 cuando ambos militaban en el PRO. También denuncia que López la sometió a violencia sexual incluso presionándola a tener sexo con otro hombre mientras él filmaba. Cuando ella quería poner límites a eso, reaccionaba con violencia física y psicológica.
La joven afirma que su salario, convenido con LLA, era de $500.000 y López le retenía $200.000. Finalmente, se termina desencadenando esta crisis, cuando la joven le reclama la restitución y el concejal, en un acto de abuso de poder, le responde con una extorsión sexual.
Asco!! se hacia el mosquita muerta, moralina alta y coso. Fuera abusador, violento!! Fuera Milei!! https://t.co/ZWt0pY71dG
López, originalmente, fue electo concejal por el PRO en el 2021 pero en el 2023 se pasó a La Libertad Avanza, fuerza con la cual, en la última elección de mayo, fue reelecto a la banca de concejal, siendo el más votado en esa categoría. Además es docente y, por este caso, el Ministerio de Educación resolvió suspenderlo en su cargo.
Ahora todos recuerdan el episodio de hace un año atrás cuando otro concejal, en ese caso de Salta Independiente, fue apartado del Concejo por denuncias de violencia de género de su esposa. López, en esa oportunidad, jugaba al impoluto moralina, diciendo que el Concejo era ejemplo para la sociedad. Al mismo tiempo, impulsaba la “ficha limpia”.
Todos los hombres (y mujeres) del Presidente
Rápidamente, Alfredo Olmedo, ahora candidato a senador por LLA, salió a informar que López fue expulsado de esa organización y que, incluso, no va a asumir en diciembre el nuevo mandato de concejal. Olmedo intenta eludir su responsabilidad planteando que López ¡había pasado Ficha Limpia! Sin embargo, la víctima denuncia que los responsables de La Libertad Avanza de Salta sabían lo ocurrido, incluso nombra a la diputada Emilia Orozco, quien lejos de ayudarla, decía que “a esa loca hay que tenerla cortita”. Típica sororidad de las celestes, primero la casta.
El mismo Olmedo en el 2015, fue denunciado por su expareja por violencia de género, quien resultó lastimada con heridas visibles en las manos luego que le reclamara por encontrarlo en un motel con otra mujer. También fue parte de la violenta afrenta de Milei, en el 2018, contra la periodista Teresita Frías, quien fue agredida verbalmente por Milei delante de público y otros periodistas. En esa causa, la Justicia sacó una resolución donde le prohibió volver a disertar en la ciudad de Metán. Ahora, Milei agrede a otras periodistas, desde un lugar de mayor poder, la Presidencia de la Nación.
Ahora que la olla está destapada y huele a podrido, el Gordo Dan, que vino a Salta a apoyar a Cornejo y a López en la campaña de mayo, dice “ojalá que se muera”. Les estallan en la cara las consecuencias de la política de reclutamiento de LLA en todo el país, con la cooptación de diversos arribistas nuevos o de otros partidos solo dispuestos a reproducir la motosierra de Milei tanto en lo económico como en lo ideológico. Son los y las antiderechos contra las mujeres, el vaciamiento de la obra pública, la reducción de los salarios de millones de trabajadores, los despidos, el hambre de los jubilados.
Son los que hacen campaña contra la casta pero reproducen toda las bajezas de los políticos del PJ, que hicieron historia en Salta como Mazzone, el intendente fotografiado en calzones con pibas adolescentes, o el narco Villalba, encontrado en un prostíbulo donde se encontraron mujeres secuestradas por la trata.
La justicia salteña no los condena, por el contrario, siempre quedan impunes o con sentencias ridículas, sea cual sea el delito cometido. La impunidad de los funcionarios que gobiernan con Sáenz, y ahora con Milei, son especialmente violentos contra los derechos de las mujeres, aun cuando se trata de mujeres de su propio espacio. Para terminar con ellos tenemos que poner en pie nuevamente, un poderoso movimiento de mujeres en las calles, que junto con la clase obrera, se proponga como tarea, echar a Milei y a todos sus cómplices.
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Salta Forestal: Sáenz busca consumar una nueva estafa al pueblo salteño
La empresa debe ser recuperada por el Estado como parte de un plan agropecuario integral y sustentable gestionado por los trabajadores y campesinos de la zona.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, presentó un proyecto de ley sobre Salta Forestal, que se anunció en los medios como la solución al reclamo histórico de los puesteros que reclaman la propiedad de sus tierras. Sin embargo, dentro del mismo se incluye una renegociación del contrato con las empresas concesionarias que explotan una parte importante de estas tierras fiscales, con una concesión por 64 años y en condiciones escandalosas. Estas empresas son: Cresud, propiedad del financista de Milei, Eduardo Elsztain, y una empresa del Grupo Ruiz propietaria del Ingenio San Isidro en Salta y de varios ingenios en Tucumán. El proyecto va en sintonía con los anuncios que el gobierno había hecho a principios de este año.
Es claro que la supuesta satisfacción del reclamo de los puesteros encubre una nueva estafa al pueblo salteño, ya que la renegociación del contrato con los actuales concesionarios, quienes devolverán al Estado tierras que no utilizan, sin duda tendrá como contraparte la condonación de la deuda de casi 100 millones de dólares que tienen del canon no pagado por el uso de esas tierras.
Con esta medida Sáenz va camino a consumar una nueva estafa al pueblo salteño como lo hizo Urtubey en 2017, cuando condonó la deuda por decreto a los anteriores concesionarios entre los que se encontraba la familia de Alfredo Olmedo, también por la falta del pago del canon, que según la ley vigente es el 10% del valor de la producción (en el mercado privado se paga por arriendo un 22% de ese valor). En aquella oportunidad, el compañero Claudio Del Plá denunció penalmente a Urtubey por tomar una medida que es facultad de la Legislatura. Esta causa penal se reabrió recientemente. Por eso el actual gobernador busca cubrir su responsabilidad bajo el paraguas de esta ley en tratamiento.
La renegociación estará a cargo del presidente del directorio de Salta Forestal, Ignacio Lupión, ex presidente de la Sociedad Rural Salteña.
¿Qué dice la ley sobre los puesteros?
En relación al tema de los puesteros, el dictamen aprobado por diputados empeora el texto original. El nuevo texto no otorga la propiedad a las familias sino que habilita a Salta Forestal a realizar convenios con cada una de las familias, las que recibirán hasta un máximo de 1.200 hectáreas. Esto contrasta con las 4 mil hectáreas que la ley prevé para el otorgamiento de nuevas concesiones. Cada convenio con las familias deberá ser ratificado por una ley, contrastando también con el hecho de que la renegociación con los poderosos concesionarios no necesita ratificación alguna del parlamento.
Previo a los convenios, Salta Forestal realizará un relevamiento de las familias pero, a diferencia del texto original, lo hará ya sin la colaboración de la universidad u otras casas de altos estudios. Recordemos que ya existe un informe realizado por profesionales de la Universidad Nacional de Salta.
En el dictamen aprobado no se incluyó el artículo 5 del proyecto original que establecía que la Dirección General de Inmuebles se hacia cargo de todos los tramites y eximía a las familias de los costos de sellado. Esto deja abierta la posibilidad de que sea cada familia quien deba costear los gastos de mensuras y planos que son altísimos.
El proyecto incluye la posibilidad de que los puesteros opten por otro terreno rural distinto al que ocupan o por un terreno de 1.500 metros cuadrados en una supuesta urbanización llamada La Bomba. En este lugar no existe otra infraestructura que no sea de la empresa Cresud, por lo que todo indica que buscarán que algunos puesteros opten por ir allí para proveer de mano de obra (cautiva, ya que no hay otra alternativa laboral sino a muchos kilómetros) a esta empresa. No hay nada que establezca la posibilidad de que quienes tomen esa opción puedan acceder a una vivienda.
Una parte de los puesteros señalan, con toda razón, que si no existe un plan integral que abarque los aspectos productivos y ambientales, sus actividades no serán viables económicamente, por más que tengan un título de propiedad. En ese caso se verán obligados a vender sus tierras una vez que se cumpla el plazo que lo impide, establecido en el proyecto. Quizás este sea también uno de los objetivos centrales del gobierno para que en poco tiempo la tierra quede en manos de grandes terratenientes.
Como se ve, el proyecto es un cheque en blanco en manos de un representante directo de los dueños de la tierra en Salta, como lo es Lupion, cuyo resultado será una nueva estafa contra el interés de los salteños, particularmente los puesteros de Salta Forestal y los habitantes de todo el departamento de Anta, uno de los más pobres de la provincia.
Desde el PO estamos acompañando los reclamos de los puesteros y planteamos desde hace décadas que Salta Forestal debe ser recuperada por el estado para que sea parte de un plan integral y sustentable de producción agropecuaria, gestionado por los trabajadores y campesinos de la zona. La renta de Salta Forestal debe ser aplicada a sacar del atraso y la pobreza a la mayoría de los habitantes de la zona. Los concesionarios deben pagar los $100 millones que deben por canon y los funcionarios cómplices ser investigados y condenados.
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Sáenz presentó un proyecto de ley para que los empleados públicos pierdan su obra social.
El gobernador Gustavo Sáenz, pasadas las elecciones provinciales del 11 de mayo intenta avanzar con el ajuste. Presentó un proyecto de ley para que los empleados públicos pierdan su obra social, IPS, y pasen a Pami cuando se jubilen, además de diversos recortes a las prestaciones. Al mismo tiempo estableció una serie de rebajas de tasas e impuestos a las grandes empresas. Frente a esto, el Comité Provincial del Partido Obrero publicó una declaración la cual transcribimos a continuación.
Organicemos la respuesta de los trabajadores al “ajustazo” de Sáenz y Milei
Sáenz anunció un violento ataque a los derechos de los afiliados del IPS y un beneficio aproximado de 200 mil millones de pesos en rebajas de impuestos y tasas para los dueños de la tierra, las mineras y los supermercados.
En conferencia de prensa, y en medio del repudio generalizado que provocó el proyecto de ley de reforma del IPS, Sáenz anunció que se equivocó, que no quiso decir lo que dice el Artículo 3 del Proyecto de Ley que lleva su firma y que plantea que al momento de la jubilación los empleados públicos pierden su obra social y pasan al Pami.
Hay que exigir que el proyecto se archive y movilizarse el martes a la Legislatura para que esto ocurra, porque si el proyecto sigue en pie vendrán recortes a los beneficios del IPS, como el reconocimiento de los descuentos sobre el precio de los medicamentos genéricos y no el que el profesional nos recete o recomiende.
Los anuncios de Sáenz están en sintonía con los de Milei ayer, con la prohibición del derecho a huelga y la eliminación del piso salarial que hasta ahora garantizaba el Estado nacional para la docencia. También el blanqueo anunciado hoy, con beneficios extraordinarios para los grandes evasores y lavado de dinero del narcotráfico.
En el caso de Sáenz, le rebaja el 20% en la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos, beneficia principalmente a los supermercados y grandes comercios que en ningún caso van a rebajar sus precios. Todos ellos además son modelo de precarización laboral y trabajo en negro. También eeduce 15 tasas vinculadas a la actividad minera y rebaja el impuesto a los grandes propietarios de la tierra, el inmobiliario rural, que ya vienen pagando una miseria del 0,02% de los ingresos totales de la provincia. Además, elimina diversos impuestos, entre ellos los que gravan productos forestales, la lotería, las apuestas hípicas, el cemento Portland y los combustibles derivados del petróleo.
Mientras intenta reducir el presupuesto del IPS recortando beneficios, dispensa generosamente la plata de los salteños en beneficios para los capitalistas que mas ganan en la provincia.
Desde el Partido Obrero llamamos a los trabajadores a discutir en los lugares de trabajo y en asambleas por localidad, la organización de un paro y una gran movilización a la legislatura el martes próximo. Para exigir el retiro del proyecto de recorte de beneficios del IPS y exigir una auditoria con mayoría de representantes de los propios afiliados; la derogación del decreto 340/25 “anti-huelgas” y la restitución de la paritaria nacional docente también eliminada por decreto.
Comité Provincial del Partido Obrero
Cristina Foffani; Carmen Venencia; Pablo López; Claudio Del Plá; Rodolfo Burgos; Gabriela Cerrano; Mirta Hauchana; Jorgelina Franco.
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Los intereses sociales detrás del gobierno de Sáenz.
Entre la gran cantidad de candidatas y candidatos del gobernador Gustavo Sáenz en esta elección salteña que tendrá lugar el 11 de mayo próximo, se destacan dos que representan de manera abierta los intereses de las empresas mineras.
La primera es nada menos que Flavia Royón, quien luego de ser secretaria de Minería en el gobierno salteño pasó a ser secretaria de Energía y Minería de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández, e incluso continuó un tiempo más en ese cargo durante la presidencia actual de Milei. Se dice que la permanencia en el cargo aún en el cambio de gobierno se dio por la férrea defensa de Royón de los negocios mineros. Hoy, en el marco de la campaña electoral y siendo candidata a diputada en una de las colectoras del gobernador en el departamento capital, ha planteado la idea de que hay que modificar la ley de ambiente de la provincia para agilizar los proyectos mineros. Varios medios de comunicación nacionales y provinciales han denunciado que la exfuncionaria además de tener dos cargos en el Estado salteño, dirige una consultora y es socia de una empresa vinculada a la extracción de litio.
Por otro lado está Alberto Castillo, candidato a senador de una lista libertaria inventada por Sáenz. Castillo fue presidente de Remsa, la empresa estatal salteña que maneja la minería. Desde ese lugar impulsó un acuerdo espúreo con la minera sudafricana llamada Portofino -representada en el país por algunos exfuncionarios macristas, amigos suyos de su pasado como militante del PRO. Ahora hace campaña “criticando” al gobierno provincial por las supuestas altas tasas que se le cobrarían en Salta a las empresas exploradoras de minería. Una pantomima para reclamar que, como ya sucede en otras provincias, haya gravamen cero.
Estas candidaturas muestran los intereses sociales que están detrás del gobierno de Sáenz.
Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda planteamos ante la política de saqueo de los recursos minerales que promueve el gobierno, la explotación estatal de la minería en base a un plan nacional de industrialización del litio y del resto de los minerales bajo control de los trabajadores y derecho a veto de las comunidades locales en materia ambiental.
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Este lunes 15 Patricia Bullrich vino a Salta junto al ministro de Defensa Luis Petri con el objetivo de presentar la segunda etapa del Plan Güemes, que se extenderá ahora a Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.
Un plan que comenzó en Aguas Blancas, Orán y que ya provocó un trabajador de frontera asesinado por la Gendarmería y dos heridos de bala. Ahora anuncian la participación del Ejército en el control de la frontera.
Pablo López, candidato a diputado provincial por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, explicó en un comunicado de prensa que "en línea con el uso (ilegal) de las Fuerzas Armadas en la represión interna, hoy estuvieron los dos funcionarios anunciando la intervención del Ejército, la Gendarmería y las demás fuerzas nacionales, ahora en el área de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. Tanto la ministra como el gobernador hicieron ostentosas declaraciones sobre un supuesto éxito del plan Güemes en el combate a los carteles de droga. E incluso afirmaron que avanzan contra los vínculos del narco con la justicia y otros poderes del estado".
"Sin embargo, quien fuera 'mano derecha' y secretario de Seguridad de Sáenz, Benjamín Cruz, que quedó claramente vinculado a las bandas narcos del Norte de Salta en la investigación del crimen de Darío Monges, no está ni siquiera investigado”, agregó.
Con respecto al accionar de las fuerzas nacionales en el marco del Plan Güemes, la población de Orán ya ha sufrido el crimen de Fernando Gómez en Aguas Blancas, un joven trabajador de frontera, de manos de la Gendarmería de Bullrich; crimen por el que la izquierda junto a la familia del joven se movilizó en Orán y en la capital, para lograr finalmente la imputación de 5 gendarmes, a pesar de las grandes maniobras de encubrimiento de Bullrich y la Justicia para presentar el hecho como un “enfrentamiento”.
“Desde las bancadas del Partido Obrero hemos denunciado por décadas la necesidad de desarmar la trama de funcionarios, jueces y miembros de las fuerzas de seguridad con el narcotráfico. Lo hicimos denunciando al diputado del PJ, Aparicio, como parte del 'Clan Castedo', ejecutor del crimen de Liliana Ledesma. Sin embargo, esta trama continúa intacta. ¿Cómo es posible que se sigan secuestrando cargas de cocaína con el sello de los Castedo, a pesar de que están presos? Porque Bullrich y Sáenz evitan seguir la ruta del dinero en los bancos y confiscar a los carteles que operan en Salta. Todo lo demás es una puesta en escena para tranquilizar a la población, que es la principal victima de la inseguridad creciente”, concluyó López.
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Como en todo el país, en la previa del 24 de marzo hubo polémica en las reuniones para la organización del acto, en un marco donde el régimen de Sáenz está totalmente asociado a la represión de Bullrich y ejecutan a dúo el llamado Plan Güemes que se cobró la vida de Fernando Gómez. Desde el Partido Obrero defendimos al contrario la realización de un acto independiente con micrófono abierto, que es la posición que apoyó la mayoría.
Los diputados del gobernador, electos por la UP, aprobaron todas las leyes represivas de Milei como la de “Reiterancia” o la “Antimafias”. Los sectores del kirchnerismo con poder real a en la provincia son colectoras electorales de Saénz en las elecciones del 11 de mayo. Cristina Kirchner intervino el PJ para armar una suerte de ficción opositora, nada menos que enviando al represor Berni como Interventor. La llamada izquierda del kirchnerismo festejó la llegada del represor.
De parte del MST se propuso quebrar la tradición de actos independientes que desde siempre venimos realizando en la provincia, en clara delimitación física y política de los sectores vinculados con el PJ, con el gobierno y la burocracia sindical. Se trata de un planteo de disolución política de la izquierda y los luchadores.
Así las cosas, los compañeros MST se vieron obligados a concurrir al acto con toda la izquierda, la red de derechos humanos, varias organizaciones piqueteras y de la lucha de las mujeres. El debate sobre cuál debe ser la estrategia de la izquierda siguió en el acto. Sus oradores se dedicaron a criticar al Frente de Izquierda porque su política sería un obstáculo para la “unidad de los luchadores” y que ellos son los que realmente quieren “construir poder” mientras que el resto sostendríamos una posición sectaria.
Al cruce salió el compañero dirigente de Rebelión Popular que denunció que se está agitando la idea de que estamos ante un gobierno fascista para forzar la disolución de la izquierda detrás de las corrientes burguesas; y que una cosa es que Milei tenga ideas fascistas y otra muy distinta que haya logrado instalar un régimen fascista.
El MST viene de escindirse en Salta del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Debe entenderse esa separación por el fracaso de su tentativa para imponer su hegemonía política en el frente -sin fundamento alguno-, que se base en el desarrollo de las fuerzas del FIT-U y/o en los antecedentes electorales de cada fuerza. Es la búsqueda de una hegemonía para los que están en contra de que el Frente de Izquierda sea un canal de independencia política para que los trabajadores superen al peronismo. No es casual que en la presentación electoral en soledad en Orán hayan presentado lista abriendo el frente… hacia la derecha, con sectores del oficialismo de ATE.
Estamos frente a un debate de fondo, imprescindible entre los luchadores. De un lado está la política que ha llevado a la frustración de generaciones de militantes y hasta la desaparición de partidos de la izquierda en nuestra país, el seguidismo al peronismo o a las corrientes burguesas o pequeñoburguesas. Del otro, el nuestro, la defensa del Frente de izquierda como un canal para la lucha por un gobierno de los trabajadores.
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El norte provincial de Salta fue golpeado nuevamente con una enorme crecida del río Pilcomayo que ha obligado a centenares de familias a desplazarse escapando de las aguas.
Los departamentos más afectados son Rivadavia y Santa Victoria. Se estima que hay más de 600 familias desplazadas, algunas reubicadas en escuelas y otras que se encuentran aisladas en parajes donde las correntadas no permiten la llegada de ningún tipo de asistencia.
Momentos críticos se vivieron el domingo 16 cuando pobladores del paraje La Estrella fueron sorprendidos por las aguas y se resguardaron en la ruta 54, aunque las aguas cortan la ruta en varios tramos.
La población de estos parajes pertenecen mayoritariamente a comunidades originarias y hay puesteros criollos. Viven en la extrema pobreza desde siempre, y al momento de evacuarlos a zonas secas aparece recién la situación de que muchos necesitan atención medica por alimentación deficiente o falta de medicamentos para enfermedades crónicas y estacionales.
El que no debería sorprenderse por esta situación es el gobernador Sáenz, ya que desde la última gran crecida del Pilcomayo, en el 2018, no se hizo ninguna obra de envergadura para la canalización del río, ni anillos de contención importantes. Además, desde principios de año que en Bolivia ya se advertía sobre la situación del Pilcomayo, e incluso se puede planificar una evacuación porque el paso de la crecida tarda casi un día desde Bolivia hasta el norte de Salta.
Luego de varios días de padecimiento de las comunidades, recién este jueves 16, Sáenz fue hasta la zona a hacerse el preocupado cuando sabe que Nación no va a aportar ni un peso para obras, incluso algunas que estaban en desarrollo se paralizaron. Hace unos días el gobernador se reunió con el ministro de Economía Caputo y no nombró la situación del norte, ni la del Valle de Lerma donde también hubo pobladores afectados por la tormenta que azotó el 7 de marzo.
Mientras tanto la asistencia que recibe de Pettovello es la misma que dió en su momento Arroyo cuando estaba al frente de Desarrollo Social, ni un bolsón más. ¿De dónde sacará para asistir a todas esas familias? ¿Acaso le sacarán a los pocos comedores y merenderos provinciales que aún existen? Algunos caciques de las comunidades dicen que la asistencia mayoritariamente proviene de donaciones solidarias de pobladores de otras localidades.
Sáenz es uno de los gobernadores pilares del ajuste de Milei. Sus diputados le aprueban todo, incluso el acuerdo infame con el FMI con el argumento de que ese apoyo político es necesario para que Salta reciba buenos resultados de gestiones. Ni un colchón consigue.
Mientras las comunidades originarias padecen nuevamente perder lo poco que tienen, recibirán con suerte un bolsón y cuando se sequen las aguas volverán a sus tierras más pobres que antes.
Para que se realicen las obras necesarias y la asistencia real para todas las familias es necesario que se vaya Milei, y su motosierra. La obra pública cero es incompatible con la vida. Hay que terminar con los gobiernos oligarcas que solo reprodujeron la pobreza estructural por décadas.
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Apoyamos la lucha de los y las compañeras ordenanzas de Yrigoyen
Un clásico que sufren los trabajadores estatales precarizados es que no hay otra forma de ingresar al Estado en la provincia y en los municipios (a excepción de la docencia, que ha conquistado un sistema de ingreso parcialmente objetivo de puntaje) que pasar años por contrataciones precarias de todo tipo, con salarios que son un tercio o la mitad del sueldo del trabajador efectivo que cumple la misma función.
En Hipólito Yrigoyen, los y las 36 ordenanzas precarizados de las escuelas, que desde 2021 trabajan bajo un convenio entre el Ministerio de Educación y los municipios (quienes ofician como intermediarios), han sufrido un nuevo recorte de plantel y modificación de sus condiciones laborales.
Desde la semana pasada, con el comienzo del ciclo lectivo, 18 compañeros que debían haber ingresado a prestar servicio en las escuelas bajo este sistema de contratación, cobrando un plus de $ 60.000 como complemento de los $ 78.000 del Plan Volver al Trabajo, no fueron convocados a trabajar. En la mañana del viernes 14 se concentraron frente a la Intendencia. La respuesta del Municipio es que la lista enviada por el Ministerio se ha modificado.
Los compañeros vienen luchando por el pase a planta del Ministerio de Educación, como corresponde a la tarea que realizan. Esperaban que este año los incorporaran a la Provincia con un contrato precario, pero que era un escalón hacia arriba en el calvario del pase a planta que todo trabajador estatal de Salta debe sufrir, antes de ingresar en forma efectiva al sistema bajo convenio.
Sospechan que esos puestos van a ser cubiertos por punteros de la intendenta Soledad Cabrera o de los funcionarios del Ministerio, vinculados al gobernador Gustavo Sáenz en la localidad. Este es el sistema perverso que el empleado del Estado, que realiza una actividad necesaria en las distintas reparticiones, debe sufrir. Y de paso, además del disciplinamiento que impera por la fragilidad del vínculo laboral, Sáenz se ahorra una masa de dinero del presupuesto público. Una motosierra que aplican los gobiernos peronistas desde hace 40 años y que precede largamente a Milei.
Este es el empleo que Sáenz y sus intendentes ofrecen. Estos son los empleos que Milei considera una carga insoportable que hay que reducir. Por supuesto, incomparable con los millones de dólares que destinan diariamente para los especuladores financieros.
Apoyamos la lucha de los y las compañeras ordenanzas de Yrigoyen. Exigimos su inmediata reincorporación y pase a planta bajo convenio del Ministerio de Educación.
Llamamos a todos los trabajadores ordenanzas precarizados de la provincia a organizar un gran movimiento de lucha, de alcance provincial, para terminar con la penuria del trabajo precario y los sueldos de miseria de Sáenz y los intendentes.
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Daniela Planes (PTS), Pablo López y Claudio Del Plá (PO).
Desde el Partido Obrero de Salta junto a los compañeros del PTS hemos inscrito el Frente de Izquierda y de Trabajadores, que busca usar la batalla electoral del 11 de mayo para fortalecer la lucha contra el brutal ajuste capitalista del gobierno de Gustavo Sáenz y Milei. Defendemos la función esencial del frente, que es ser una herramienta para enfrentar a todo el arco político de los partidos de gobierno que hoy sostienen a Milei, y favorecer una intervención política independiente de la clase trabajadora.
Con esta herramienta buscaremos concentrar el voto de los trabajadores en una elección que aparece dominada por Sáenz, que armó un sinfín de colectoras sobre la base de la cooptación de todos los partidos -a excepción de la izquierda- para que la Legislatura y los concejos sigan siendo una escribanía de su gobierno y de espaldas al conjunto de los reclamos populares. En estos días los diputados nacionales de Milei, que ganó la última elección en Salta, se han dedicado a atacar las movilizaciones de los jubilados, y los de Sáenz son parte de la runfla que impide que el Congreso Nacional investigue al presidente que fue encontrado in fraganti organizando la estafa multimillonaria con las criptomonedas. La conquista de bancadas de la izquierda en estas instituciones descompuestas puede ser un gran instrumento de denuncia y de apoyo a todas las causas populares, y de propaganda de una salida de los trabajadores. Un punto de apoyo para las batallas decisivas e indispensables que habrá que dar en la calle.
La intervención de CFK en el proceso electoral salteño no puede ser más elocuente: mandó a intervenir el PJ local nada menos que de la mano del represor Berni para inscribir un frente fantasmal con pequeñas agrupaciones como el PTP o el Frente Grande, a sabiendas que todo el PJ y todos los miembros del Partido de la Victoria con posiciones de poder serán colectoras del gobernador, exvice de Massa y hoy socio de Milei.
La función de nuestro frente es enfrentar todo este dispositivo político que busca que nada cambie en la provincia, donde tenemos récord de trabajo en negro a nivel país y un crecimiento enorme de la pobreza aunque en ella vengan realizándose los mayores negocios capitalistas en el área de la minería del litio.
La deserción del MST
Es en este contexto que hay que ir a buscar las explicaciones de por qué el MST no se ha integrado al frente. Aunque el formato de la ruptura se asocie con la conformación de las listas y el lugar que cada partido iba a tener en ellas, esto es solo una manifestación de divergencias de fondo en relación a cuál debe ser el rol del Frente de Izquierda.
Eso es así dado que en las discusiones previas el MST, con acuerdo del PO y el PTS, ocupaba un lugar central con la candidatura a diputado en un esquema que daba al PO y al PTS cabeceras de lista conforme los antecedentes electorales y la necesaria integración de todas las fuerzas en la campaña. No tuvimos acuerdo en la pretensión del MST de establecer una primacía que no le correspondía y por eso se escindieron.
¿Por qué esta conducta, que solo puede favorecer a los adversarios de la clase obrera en la provincia?
La única respuesta es que pretenden hegemonizar el frente porque están en contra del carácter independiente del Frente de Izquierda. Andrea Villegas, su vocera en la provincia, tomó la palabra en un acto contra el gatillo fácil en la provincia para atacar el carácter “cerrado” del frente. En el fondo quieren volver por el camino en el que ya fracasaron, cuando probaron toda clase de frentes con corrientes pequeños burguesas como las de "Pino" Solanas y Luis Juez. Todo esto se agudiza, evidentemente, con el fuerte chantaje que ejercen hoy las corrientes del kirchnerismo, responsables del fracaso histórico que llevó a Milei al poder, para que la izquierda se disuelva detrás de los que hacen demagogia opositora pero lo sostienen al gobierno desde el congreso y la CGT.
Nos ponemos al hombro la responsabilidad de ofrecer a los trabajadores salteños una alternativa independiente con la única representación del Frente de Izquierda en la provincia.
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Días posteriores al examen de la cátedra “Introducción a los estudios de medicina”, los estudiantes fueron notificados de que sus exámenes no serían corregidos; una medida de protesta de los docentes por la precariedad laboral en la que desarrollan su actividad. “Cada seis meses, la UNSa debe decidir si tiene los recursos para pagar los sueldos” dice el medio Aries FM (26/2). Imperan la falta de infraestructura edilicia, la insuficiencia de becas, entre otros graves problemas que reflejan que el aumento de presupuesto es imprescindible. Aunque la directora de la carrera afirmó que la cátedra retomaría las clases, la crisis presupuestaria hace peligrar la continuidad de la carrera.
Con 2.062 estudiantes preinscriptos en 2025, junto a Nutrición y Enfermería, es la carrera más demandada con el 28% del total de inscriptos en la UNSa. Sin embargo, el gobierno de Milei -al igual que los gobiernos anteriores- no garantiza el presupuesto necesario para su funcionamiento. A modo de adaptación, las autoridades de la Facultad de Salud han establecido medidas arbitrarias que funcionan como colador, como exámenes sorpresas con muy poco tiempo de preparación o permitir solo tres inasistencias, para que se reduzca la cantidad de estudiantes que cursan. La grave consecuencia es la deserción de miles de jóvenes. La dirección del centro de estudiantes no ha convocado a ninguna medida para defender la carrera y reclamar aumento de presupuesto; al contrario, se adapta al ajuste.
La carrera de medicina fue creada en un escenario de miseria presupuestaria, con examen de ingreso para filtrar la cantidad de alumnos y limitar su masividad. El ajuste de Milei al presupuesto universitario ha profundizado la precariedad laboral y de la cursada de la carrera de medicina.
Frente al ajuste es necesario elegir cuerpos de delegados por cátedras y en asambleas de carreras resolver pliegos de reclamos de manera colectiva. Con este método hay que luchar por el aumento de presupuesto para la continuidad de medicina, enfermería y nutrición; por estabilidad laboral para los docentes y un salario igual a la canasta familiar. Es necesaria una ampliación de equipos de cátedra acorde a la cantidad de estudiantes, laboratorios y prácticas para todas y todos; aumento de las becas de comedor para miles de jóvenes cuyas familias están siendo brutalmente golpeadas por el ajuste de Milei. Que nadie más quede afuera.
Retomar la lucha de los estudiantes de la toma del rectorado 2024, que denunciaron la miseria presupuestaria y reclamaron el aumento del presupuesto para defender la universidad pública, es la tarea a desarrollar.
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Actor. Delegado General y Gremial - Delegación Salta Asociación Argentina de Actores y Actrices
Asociación de Actores y Actrices de Salta.
“La marcha antifascista y antirracista del 1F no existió… estas palabras no están escritas… usted no existe, esto no es real…”. Algo así fue como comenzó Lucrecia Martel (prestigiosa directora de cine salteña) al dirigirse a la multitud de personas que nos congregamos para manifestarnos el pasado sábado 1° de febrero de 2025, extremadamente caluroso y sudoroso, cuando la jornada de protesta y lucha culminaba en el anfiteatro de la Usina Cultural de Salta. Por primera vez los actores y actrices estuvimos en una marcha con nuestro cartel y nuestra columna, con la Asociación de Actores y Actrices, uniéndonos al resto del pueblo nada menos que con la consigna del antifascismo y antirracismo.
Desde que asumimos en diciembre, en la delegación del gremio nos dimos la tarea de integrarnos , participar activamente de las manifestaciones masivas y populares en defensa de los derechos culturales en particular y los derechos humanos en general.
Y ello es así porque entendemos que es con la unión solidaria y organizada de los trabajadores que vamos a tener una oportunidad real para hacer frente a este intento feroz de someternos.
En nuestra provincia, como en todo el país, la reacción contra el discurso de Milei en Davos no se hizo esperar.
Una de las consignas más importantes, junto con las de “al closet, ni al calabozo no volvemos más”, fue “no dejemos que nazca la serpiente del huevo fascista”.
En nuestra ciudad la marcha estuvo integrada por una importante cantidad de activistas y personas identificadas con el colectivo y los movimientos LGTBIQ+, especialmente agredidos por las expresiones de Milei, pero también nos integramos a la movilización distintos partidos políticos, grupos de derechos humanos, sindicatos, artistas, ciudadanas y ciudadanos comunes, que entendemos que no es un ataque selectivo o sectorizado, sino que se dirige al conjunto de los trabajadores, a los jubilados, docentes, amas de casa, estudiantes, artistas, al pueblo laburante.
Aunque este gobierno y sus cómplices no lo quieran reconocer, la marcha sí existió, fue en todo el país y en forma masiva. Pero como bien me explicó un compañero militante de larga trayectoria, no solo es importante que pasen cosas (como la marcha), es también importante “interpretar” lo que pasó. La marcha fue un fuerte golpe contra los Milei y sus secuaces, contra aquellos que llevan adelante ideas fascistas, y que, si los dejamos, van a implementar un régimen fascista en nuestro país.
Lo que está pasando (la guerra declarada por Milei, a los gritos, en forma grosera con insultos en contra de todos y contra todo, salvo unos cuantos, esos que ya sabemos, los mismos de siempre) no nos sorprende. Lamentablemente lo esperábamos, sabíamos que inexorablemente iba a pasar. Lo que sí sorprende es que algunos dirigentes y actores sociales legitimen este gobierno ”porque surgió de las urnas”.
¡No tienen legitimidad! Nadie tiene legitimidad para vociferar que “le importa tres carajos” los derechos humanos, los derechos y las libertades públicas, la memoria, la vida y la dignidad del pueblo.
La lucha es hoy, es ahora, no podemos esperar más, es en todos los escenarios posibles, tenemos que actuar. Y la lucha es más necesaria en el escenario más popular, más libre e igualitario que es la calle. ¡A luchar compañeres!
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La ministra de educación provincial, Cristina Fiore, se adelantó a publicar en X (ex twitter) la cesantía de 117 docentes que hicieron paro durante el año 2023. Fue confirmado días después con la publicación en el boletín oficial mediante el decreto 20, cuyos considerandos señalan que se concluyen las actuaciones del sumario iniciado en el 2024 contra “docentes que hicieron paro”.
Es un hecho sin precedentes en la historia de la docencia salteña, y es sobre todo un ataque brutal a la autoconvocatoria. Fundamentalmente, es un ataque al instrumento que nos nucleaba y fortalecía: las asambleas plurales, masivas y soberanas.
Para consumar este ataque, el gobierno eligió despedir una parte de los compañeros que decidieron seguir reclamando por fuera de la Asamblea autoconvocada y poner sus expectativas en una gestión ante la justicia del Estado, sosteniendo una carpa testimonial de protesta en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta.
Al mismo tiempo, se reunía el gobierno con la intergremial para discutir la paritaria para el año 2025. No hubo ofertas salariales, ni las burocracias exigieron ningún porcentaje, aunque el 2024 cerró con una pérdida de los salarios frente a la inflación del 30%. En ambos lados de la mesa se juntaron enemigos jurados de la auto-convocatoria que desde el 2005 a esta parte vino superando a todas las burocracias sindicales e imponiendo las mejoras y conquistas para la docencia y para todos los empleados públicos salteños.
Los sumarios
En lo formal, la ministra declara que se cesanteó porque no pudieron justificar 130 días sin asistir a las aulas.
Aún desde este punto de vista las cesantías están plagadas de vicios escandalosos, de violación de normas jurídicas, de manipulación de datos y vulneración absoluta de los derechos a reclamar por las condiciones laborales y los derechos esenciales como la seguridad y la vida. Los docentes que hicieron descargo durante el proceso sumarial, informaron que algunos solo tienen tres días, algunos 8, otros 15 días de paro, porque sus establecimientos no estaban en condiciones. Problemas que aún siguen sin resolverse, como un docente que sigue dando clases en un depósito. Otros docentes que tienen numerosos días de inasistencia ni siquiera figuran en el listado del anexo. Todo un proceso lleno de arbitrariedades e ilegalidades.
La burocracia sindical, instigadora de los despidos
La gremial ADP ha sido instigadora de los despidos, que fueron reclamados por su secretario general y directivo de la Ctera, Fernando Mazzone. Sonia Alesio y Roberto Baradel (dirigentes de Ctera) están callados la boca ante los despidos, siguiendo la tradición carnera de Ctera, que ha llegado a venir a Salta a hacer actos con Virgilio Choque contra las masivas huelgas autoconvocadas; también lo hizo con la hoy en prisión Patrica Argañaraz, ex secretaria general.
Igual calificativo merece la Junta Calificadora de méritos y disciplina de todos los niveles y modalidades, íntegramente conformada por vocales de la Celeste, de delegados de la plaza y del sindicato Sitepsa, que avalaron esta cesantía mediante el Dictamen Conjunto N° 906/24.
Es la misma burocracia la que, plagada de corruptos como la tesorera de ADP condenada por estafar a los afiliados con planes de vivienda, habilitó la caída del salario y que no movió un dedo frente a la grave situación de los edificios escolares. Este año murió un alumno en La Poma al caer en el pozo ciego en el patio de su escuela y hubo varios casos de intoxicación por deficiencia de las instalaciones, incluso en Salta capital.
Organizar la respuesta
El gobierno y las burocracias tratan de instalar que los despidos son una sanción a quienes tuvieron faltas graves por fuera de una protesta colectiva, es decir que este sería un problema individual de cada uno de los despedidos. La verdad es que este es un ataque a toda la docencia y a su derecho a luchar.
De allí que lo que corresponde es volver a reunirnos en asamblea, reorganizar a la docencia con los métodos históricos de la asamblea. Sólo en este marco podremos revertir los despidos, recuperar el salario, enfrentar las medidas de ajuste y achique que se vienen, recuperar de manera permanente el incentivo docente y la copa de leche para secundarios que fue conquistada con la autoconvocatoria, y defender el régimen jubilatorio que está en la mira del gobierno. Reorganicémonos para derrotar el ajuste de Milei y del gobernador Gustavo Sáenz, su política de represión y de sanciones, que parte de la base de liquidar el presupuesto educativo e incluso busca avanzar en reformas reaccionarias en los contenidos como el vaciamiento de las ESI.
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En lo que varios medios interpretaron como una respuesta a las denuncias del Partido Obrero, el gerente de Salta Forestal presentó en Casa de Gobierno una serie de medidas acerca del destino de estas 320.000 Has. fiscales concesionadas en su mayor parte al grupo Elsztain, el financista de Milei, y al grupo Ruiz (dueño del ingenio San Isidro y de varios más en Tucumán) que comprara la concesión a la familia Olmedo.
El debate sobre este caso emblemático de robo al pueblo de Salta, repleto de complicidades de los gobiernos de Romero, Sáenz y Urtubey, se retomó a partir de la reapertura de la causa penal contra el exgobernador Urtubey impulsada por Claudio Del Plá por fraude a la administración pública cuando firmara una condonación millonaria a favor de los concesionarios por el pago del canon establecido en la ley 7623.
En diciembre hemos actualizado la denuncia con una presentación pública, fundada en los datos oficiales de la recaudación del canon desde la vigencia de la ley hace 14 años hasta el presente y en la estimación del valor de la producción obtenida por los concesionarios privados. De esos cálculos surge la estimación de que estas empresas acumulan una deuda con el Estado salteño de unos 100 millones de dólares.
Los anuncios: no aclaren que oscurece
Acerca del tema del canon se anunció que, por 2024, las empresas han acordado el pago de unos 3,5 millones de dólares a partir de una auditoría realizada sobre la producción de los adjudicatarios. No se informó sobre cuantas Has en producción surge esta cifra y mucho menos sobre la deuda histórica. La responsabilidad del cobro de este canon es del gobernador que lleva 6 años en el poder, como antes lo fue de Urtubey, que designa a las autoridades de Salta Forestal encargadas de establecer su valor para cada año.
El gerente de la empresa, el contador Haddad, anunció también que se ha iniciado una negociación que volvería a modificar las condiciones del contrato original y que el propósito sería recuperar 160000 Has que los concesionarios no están explotando para proceder a concesionarlas a otros privados. De este modo, afirmó, se incorporarían más recursos por canon para el Estado. Así, quedaría definitivamente fuera de cualquier responsabilidad empresaria la preservación integral ambiental y social en el predio que establecía el contrato original, que no habilitaba la explotación económica, ni mucho menos los desmontes, que además fueron ejecutados ilegalmente al menos sobre 60.000 Has. Se habló, sin más detalles, de un plan de colonización de estas tierras “recuperadas” que llamativamente, por ahora, no serían de interés de los poderosos grupos económicos que representan los concesionarios que están entre los terratenientes más grandes del país.
El destino de los puesteros
Se dijo también que atenderán los reclamos históricos de los puesteros, que son unas cien familias poseedoras legitimas a las que se les otorgaría el derecho de propiedad. Claro que el principal reclamo de estas familias es que puedan hacer viable su actividad económica que hoy se desarrolla en condiciones penosas, que el Estado invierta en caminos e infraestructura, que se les garantice el uso de las tierras, que puedan colocar su producción, incluso abasteciendo al Estado . Al contrario, la mayoría de ellas tuvo que apelar a juicios para evitar desalojos y reivindicar sus derechos.
En estos casos, como en un eventual plan de colonización sobre otras superficies recuperadas, el problema es que se va a repetir la historia de otras colonizaciones como las de la zona de Tolloche, bajo el gobierno de Romero, en donde los campesinos terminaron vendiendo sus tierras ahogados por las deudas. Los terrenos se habían valorizado luego de inversiones estatales realizadas en nombre de “ayudar al pequeño productor” y fueron a parar a manos de grandes propietarios. Es decir que la colonización no fue una salida para los pequeños productores campesinos sino “una estación intermedia” para una concentración de la propiedad en una provincia donde, según el último censo agropecuario del año 2019, solo 70 propietarios tienen la mitad de las Has. productivas.
Conclusiones
Los anuncios dejan claro que el gobierno no quiere revisar ni ejecutar la deuda millonaria de los concesionarios, que no quieren hacer público cuál es el valor real de la producción sobre el que debe calcularse el 10% de canon para la provincia. Que mucho menos quiere que se investigue, se exponga y sancione las responsabilidades penales de los funcionarios por el perjuicio al pueblo de Salta con los negociados sistemáticos con estas tierras públicas.
Sáenz no tiene ningún plan para recuperar Salta Forestal para los salteños, no puede tenerlo, porque igual que sus antecesores gobierna para los grandes grupos económicos de la minería y para los dueños de la tierra. No es casualidad que el nuevo presidente de Salta Forestal, Ignacio Lupión, haya sido hace poco presidente de la Sociedad Rural o que su presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, sea a la vez presidente de la Cámara del Tabaco.
Desde el Partido Obrero seguiremos batallando, como lo hacemos desde hace décadas, para que vayan presos los responsables políticos de los negociados con Salta Forestal. Reclamamos, como lo hicimos desde nuestras bancadas, que estas 320.000 Has. de tierras públicas sean recuperadas por el Estado, que se establezca un plan integral de uso productivo y preservación ambiental gestionado por los trabajadores y pobladores. Solo en este marco podrán satisfacer sus legítimos reclamos los puesteros y el 100% de la renta se aplicará a la creación de trabajo de calidad, viviendas e infraestructura para sacar de la pobreza a la enorme mayoría de los habitantes del departamento Anta donde se ubican estas tierras.
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El 18 de diciembre pasado, luego del asesinato de Fernando Gómez a manos de la Gendarmería, Ariel Gareca, otro joven bagayero (actividad muy extendida en la zona, que consiste en el ingreso de productos a través de la frontera con Bolivia), fue gravemente herido con un disparo en la cabeza. Según su hermano relató a Página 12, Ariel fue retenido en el suelo por varios gendarmes y allí le dispararon, es decir que le tiraron a matar. Gareca, que es bagayero desde hace 5 años, fue dado de alta, pero tienen que ponerle platino en su cráneo perforado por una bala de plomo. Aún tiene dificultades para hablar y no puede mover la mitad del cuerpo, así que no puede trabajar, siendo el único sostén de su familia -tiene una hija de 4 años. La familia busca trasladarlo a la capital salteña para que lo vea un especialista.
El abogado de la familia Gareca, David Leiva, reconocido por intervenir en juicios de lesa humanidad, informó en un comunicado que hay otro bagayero herido con arma de fuego, Franco Walpa. Además, denuncia que la causa está completamente estancada y que todavía no hay ningún gendarme imputado. También señaló que aún no se conocen los resultados de la autopsia de Fernando Gómez, ni se han incorporado las pericias balísticas. Explicó que consta en el expediente un informe de la propia Gendarmería que revela que 14 gendarmes hicieron 1.800 disparos, aunque dice el informe que con balas de goma. Señala, además, que hay mujeres que presenciaron los hechos y que dicen que no existió ningún enfrentamiento armado, que los disparos solo salieron desde los gendarmes, desmintiendo las primeras versiones oficiales de que hubo un enfrentamiento armado. Denuncia que la escena del crimen no fue preservada, ya que Gómez fue cargado y trasladado hacia la ruta. Recordemos que los bagayeros reaccionaron y arrojaron piedras cuando los gendarmes quisieron tirar el cuerpo al río.
De acuerdo a la información de Radio Cadena Noa de Orán, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales confirmó que Gómez recibió un balazo de plomo en el pecho, y que las heridas de Gareca y Walpa se produjeron también con plomo. También publica la emisora el testimonio del abogado de la familia Gómez, Gonzalo Ramos, que señala que no hay secuestradas armas, ni hay gendarmes heridos, con lo que esto también desmiente la versión del enfrentamiento.
Todos estos testimonios confirman que se trató de un acción criminal contra los jóvenes que, ante la falta de trabajo, no han encontrado otra alternativa mejor para sobrevivir; y no existe ningún plan serio contra los narcos, como quieren mostrar la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz. El testimonio de Daniel Gareca, hermano de Ariel, en Página 12, señala que la actividad de bagayeo es la que más ingresos les deja, el doble que el trabajo en una finca, y que no hay muchas más alternativas.
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Yolanda Vargas, una trabajadora que vive de changas, perdió a sus dos hijos en febrero de 2021 producto del incendio de su precaria vivienda de madera en la localidad de Colonia Santa Rosa. Yolanda había salido a comprar mercadería para preparar la comida que vendía a diario como medio de subsistencia cuando se produjo el incendio producto de una falla eléctrica, según indicaron los bomberos.
De acuerdo al abogado de Yolanda, Luciano Camaño, la fiscalía pone sobre las espaldas de Yolanda la responsabilidad por habitar una vivienda precaria, pero en ese tipo de vivienda vive una parte muy importante de la población del norte provincial, e incluso los intendentes y funcionarios provinciales entregan casillas de madera similares a las que habitaba Yolanda y sus hijos. Señaló además que había iniciado mucho tiempo antes el trámite para acceder a una vivienda. Además tenía 39 denuncias realizadas porque el padre de los niños no pasaba la cuota alimentaria. Yolanda llega a esa situación de precariedad al perder su trabajo registrado durante la pandemia de Covid.
Es claro que el Estado quiere hacer responsable a Yolanda de lo que el propio Estado es responsable y no se hace cargo: que miles de salteñas y salteños viven en condiciones precarias ya que no pueden acceder a una vivienda, sin trabajo o con trabajos muy precarios. Esta misma situación es la que lleva a miles de personas en el departamento de Orán a vivir del bagayeo, como Fernando Gómez, recientemente asesinado por la represión de la gendarmería de Bullrich. El ajuste brutal que impone tanto Milei como su cómplice, el gobernador Sáenz, agravará aun más esta situación.
Repudiamos que se criminalice la pobreza. El Estado es responsable de la muerte de Thiago y Melani, por lo que reclamamos justicia por ellos y la absolución de su madre Yolanda Vargas.
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Abogado querellante en causas de lesa humanidad, representante de la familia de Ariel Arnaldo Gareca, trabajador de frontera herido gravemente en la represión de gendarmería.
Bagayeros.
Aunque los pueblos de frontera siempre estuvieron mancomunados por su historia, su cultura y sus razas y vínculos familiares, como los pueblos de Orán – Salta (Argentina) y Bermejo (Estado Plurinacional de Bolivia), las fronteras que los separan a través de Rio Bermejo no impiden ni impidieron históricamente el transito vecinal fronterizo con su entramado de servicios de trabajos, cultura, educación, comercios de todo tipo y más.
Las poblaciones de ambas ciudades concurren cotidianamente a satisfacer sus necesidades vitales. Otrora las poblaciones rurales y aborígenes de Bolivia poblaban las fincas de terratenientes azucareros y rurales por remuneraciones deprimentes y en negro, contribuyendo a formar la riqueza del patrón. Los que tenían oficios de albañil formaron parte de las construcciones en Orán o Bs As, la contraprestación fue cobijarlos en las universidades gratuitas u hospitales, entre otros. A modo de ejemplo Evo Morales, ex presidente boliviano, estudió en una escuela primaria de Salta y el Moto Méndez fue lugarteniente del Coronel Martín Miguel de Güemes, en las guerras emancipadoras.
El desguace del Estado bajo la presidencia de Carlos Saúl Menen con la privatización de YPF, la mecanización y automatización del Ingenio San Martin del Tabacal (Hoy Seaboard Corporation Industrias Renovables y Alimentos) y de las empresas del sector agrícola, sustituyeron la mano de nuestro peones rurales por máquinas y empujaron al desempleo a miles y miles de trabajadores de Orán, los que, en la desesperación alimentaria y para mantener su dignidad, encontraron trabajo en el contrabando de ropas y artículos electrónicos, a los que se conoce como bagayeros, coca, a los que se conoce como chancheros, y cocaína, a los que se conoce como mulas, recibiendo por este transporte desde Bermejo hacia Orán (atravesando ríos, montes o la ruta nacional 50) entre 30 mil pesos o un poco más, por bulto, sin importar que la salud de su cuerpo se vaya minando hasta terminar en enfermedades que los incapaciten para el trabajo -como los estibadores de azúcar en el Ingenio- que terminaban con fuertes dolores en sus espaldas o en los meniscos, después de hombrear bosas de 50 kilos por su actividad laboral.
Es en el marco de estas actividades que se lanzó el Plan Guemes de la ministra Bullrich, celebrado por el gobernador Saenz: “dijeron que era para combatir el narcotráfico y el contrabando”. Se cobraron la vida de Fernando Gómez y, a partir de la protesta de este deleznable atentado, hirieron de gravedad a otros trabajadores de frontera, ¡que importa que estos sean bagayeros, chancheros o mulas!; no importa digo, si al día siguiente el chanchero o el bagayero alterne trabajando como mula y continúen alternando. Así es la frontera, es que lo hacen por estado de necesidad y para ejemplo hemos conocido la casa de Fernando Gómez, precaria, de madera, donde viven ocho mayores y 10 niños, varios dormitorios que comparten padres y niños; no es distinta la realidad de Ariel Arnaldo Gareca, que lo tienen en estado de inconsciencia desde que le pegaron con un perdigón de plomo en la cabeza, durante la protesta frente al puesto 28 de Gendarmería Nacional.
El Plan Güemes se encarnizó con los trabajadores de frontera, no con los patrones de estos ni con los empresarios destinatarios del contrabando de mercaderías con sustanciales volúmenes, o con los que contratan las mulas. Calcularon la muerte y los daños físicos como un modo de vender un disciplinamiento a sangre y fuego, para fines propagandísticos que consoliden imágenes de políticas publicas en el plano nacional. Para esas políticas necesitaban el cuerpo muerto de Gómez y el lacerado de Gareca, actualmente en estado vegetativo, mas el de otro trabajador que perdió un ojo.
Algunos que separan los bagayeros o chancheros de las mulas, con miopía política, asimilan estas actividades a las del narcotráfico y es por eso que con su silencio esconden la falta de análisis. ¿Acaso las mujeres u hombres que transportan en su cuerpo capsulas de cocaína no debieran ser considerados victimas de trata de sus patrones? Los sectores progresistas de la política y de la izquierda se deben este debate.
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Bullrich volvió a defender el accionar criminal de sus subordinados
En la noche del martes 18 de diciembre, la Gendarmería atacó con armas de fuego a trabajadores que pasan hojas de coca y cigarrillos por la frontera de Salta con Bolivia. Los trabajadores y vecinos reaccionaron con cortes de ruta en Orán y en los puestos fronterizos. Entre las 10 y las 13 la Gendarmería ingresó al barrio Caballito de Orán de donde son buena parte de las víctimas, enfrentando una tenaz resistencia y repudio de los vecinos. Diariamente, unos 5.000 trabajadores van a la frontera a ganarse el pan trayendo todo tipo de mercaderías. La esposa de la víctima declaró ante El Tribuno: “Mi marido era pasador de hojas de coca. Tenía hijos. Fuimos al puesto 28 y no nos dejaron pasar. Queremos saber qué pasó y que nos entreguen el cuerpo”.
La hoja de coca es de venta legal en todos los comercios del norte del país, no se trata de narcotraficantes como afirmó la ministra Patricia Bullrich o de un operativo para combatir el delito como dijo el gobernador Gustavo Sáenz. Estamos ante el crimen de un trabajador. Bullrich y Sáenz habían lanzado hace 15 días, con bombos y platillos, el Plan Güemes que militarizó la frontera en Aguas Blancas instalándose por primera vez un batallón de la Prefectura.
Denunciamos el crimen de un trabajador de frontera por la represión de Sáenz y Bullrich. Es el debut del Plan Güemes cuyas víctimas son los trabajadores, no los narcos. Exigimos el cese de la represión que sigue ahora en los barrios de Oran. pic.twitter.com/gMVs1d1LXk
El comercio fronterizo es la única alternativa laboral en la zona. Es así porque se han destruido miles de puestos de trabajo con el avance de la caña de azúcar y la soja que desplazaron otros cultivos con mano de obra intensiva.
Entre los heridos que se registran por el momento, los trabajadores reprimidos denunciaron que dos de ellos tienen lesiones graves por disparos de armas de fuego y un tercer trabajador sufrió golpes severos. Todos han debido ser trasladados en código rojo al hospital San Vicente de Paul de Orán.
Bullrich publicó un cerrado respaldo, ¡y sus felicitaciones! a la Gendarmería que llevó a cabo este asesinato: “Nuestros efectivos son la primera línea de defensa contra el narcotráfico. Todo mi reconocimiento para ellos”. No extraña esta reacción, se trata de la misma persona que defendió a esa misma fuerza ante la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut y a la Prefectura ante el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en Río Negro.
A este operativo gravísimo de impunidad se sumó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quién sostuvo, también por medio de su cuenta de X: “Más unidos que nunca en la lucha contra el crimen organizado. Gobierno Nacional y Provincial trabajando de manera conjunta para combatir el narcotráfico, la delincuencia y la inseguridad. Ni un paso atrás. Cuidamos nuestra frontera. Avanza el plan Güemes”.
La pretensión de la ministra de presentar a los bagayeros como los grandes “narcos” es parte de un operativo de manipulación de la realidad como el que vimos cuando acusaba a manifestantes populares de “terroristas”.
Salta está caracterizado por especialistas como un Estado narco. Está preso y condenado el ex juez federal Reynoso del distrito Orán y otros tres jueces acaban de ser destituidos, lo mismo que el intendente de Aguas Blancas, en todos los casos por complicidad con el narcotráfico. En lo que va del año, camionetas policiales, patrulleros y ambulancias han sido el instrumento de enormes traslados de cocaína. En el juicio por el asesinato de Darío Monges aparecen claros vínculos de los narcos con funcionarios del actual gobierno. A los responsables del narcotráfico hay que encontrarlos desarmando el entramado de complicidad del poder político y las instituciones del Estado, no militarizando la frontera para terminar asesinando a trabajadores empobrecidos.
Los narcos son los que se beneficiaron con el blanqueo de capitales promovido por el gobierno de Milei. A los narcos lejos de perseguirlos, les proveen beneficios.
Vergüenza: Sáenz y Bullrich capos de un estado infisionado hasta los tuétanos por el narcotráfico festejan la muerte de un trabajador ... Frontera norte: "Ni un paso atrás", el respaldo de Sáenz al accionar de Gendarmería tras el enfrentamiento https://t.co/58l2PDuS0N
El crimen del bagallero no puede quedar impune, tampoco puede quedar impune Bullrich ni continuar al frente de un ministerio que reprime y asesina de esta manera.
Llamamos al pueblo de Orán a movilizarse para que se castigue a los responsables materiales y políticos de este crimen, a defender la libertad para ganarse el pan de miles de trabajadores y a exigir el desmantelamiento de un Estado narco que es el responsable de estos nuevos crímenes contra el pueblo.
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Luego de un largo proceso, el gobierno finalmente presentó el proyecto de ley y la actualización del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, cuya actualización está vencida desde 2014. La Legislatura salteña le dará un tratamiento exprés.
Es que la iniciativa cuenta con el apoyo y el apuro de la Sociedad Rural Salteña, lo cual habla por si solo. Su presidente, Joaquín Elizalde, quien se fotografió junto a la vicepresidenta Villarruel cuando estuvo en Salta, defendió el proyecto públicamente en distintos medios de comunicación. A los ruralistas los apura una resolución de la Unión Europea que establece que no permitirá el ingreso de materias primas o productos asociados a la deforestación. La SRA supone que la aprobación del ordenamiento territorial evitaría perjuicios de dicha resolución a la producción local, por eso vienen reclamando su inmediato tratamiento desde hace tiempo.
Según las palabras de Elizalde a La Nación (4/12), son 700 mil las hectáreas que estarán en verde para sumarse al millón cuatrocientas mil que ya están en producción, y que por lo tanto son pasible de ser afectadas por desmontes. A eso dice que hay que sumarle un millón y medio más, de las tres millones de hectáreas que están en amarillo, donde podría hacerse ganadería bajo un sistema silvopastoril o manejo de bosques con ganadería integrada, que no implica un desmonte total.
Hipocresía sin límites
El día antes de la presentación formal del proyecto, el gobernador Gustavo Sáenz defendió la iniciativa en oportunidad de la jura de nuevos ministros. En su discurso, el gobernador dijo que no puede ser que haya tierras sin producir en una provincia donde los salteños piden limosna, y se preguntó “¿de que nos sirve tener una gran reserva natural si hay gente muriéndose de hambre?” Hay que explicarle al gobernador que la gente se muere de hambre porque él, en complicidad con el presidente Milei, está aplicando el ajuste más grande de la historia. Pero, además, porque en Salta gobierna un régimen político, del que él es parte, que ha defendido los intereses de los grandes terratenientes que ampliaron significativamente la frontera agropecuaria, incluso con desmontes ilegales, obtuvieron enormes ganancias y pagan un miserable impuesto inmobiliario rural mientras los trabajadores salteños se empobrecieron cada vez más.
En Salta son cada vez más frecuentes las noticias de trabajadores rurales rescatados del trabajo casi esclavo. Los ingenios azucareros han dejado a ciento de trabajadores en la calle en los últimos años, al tiempo que han ampliado sus superficies de producción, entre otros ejemplos que muestran que detrás de las patronales del campo no hay ninguna salida a la pobreza; todo lo contrario.
Señaló, además, que van a cuidar el medio ambiente como siempre, y que la nueva ley hará un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales fomentando la producción sin comprometer la biodiversidad y los ecosistemas. A otro con ese cuentito. Salta tuvo en su momento una de las tasas de desmontes más altas del mundo. La Corte Suprema le ordenó a la provincia realizar un estudio de impacto ambiental integral y acumulativo por los desmontes. En Salta se desmontaba de manera ilegal en plena pandemia, sin que se le mueva un pelo al gobierno.
El gobernador no solo ha puesto a disposición de las patronales del campo este proyecto sino que, también está reclamando al gobierno nacional que si privatiza el ferrocarril Belgrano Cargas, se lo entregue a estos grupos para que puedan abaratar sus costos con un ferrocarril cuya infraestructura, locomotoras y vagones son producto de una multimillonaria inversión estatal.
El contenido del proyecto
La novedad más destacada de este nuevo ordenamiento es que se agrega un color amarillo oscuro que representa un área de producción y conservación (APC). Esta categoría ambigua no existe en la ley de bosques, su inclusión es una violación de la ley. En esta área de poco mas de 3 millones de hectáreas se incluye el área verde, la que se puede desmontar; son 720 mil hectáreas. Pero esa área verde no está determinada en el mapa. El texto del proyecto de ley le da un cheque en blanco al gobierno para decidir que parte de la misma pasa a la categoría III (verde). Es lo que estipula el artículo 2, que le da la navaja a un mono. A esto se le suma una disposición transitoria con la que el gobierno determinará la reglamentación para esa determinación, en un plazo de 120 días a partir de la sanción de la ley. Esto favorece a los terratenientes en el sentido de que sus tierras no corren riesgo de quedar en un área amarilla (y por lo tanto no puedan desmontar); el gobierno les va a ir acomodando lo verde de acuerdo a sus intereses. De esta manera el mapa, es un no mapa.
Para matizar, incorporaron un artículo que establece que para los proyectos a realizarse en el área verde se realizará una Consulta Previa Libre e Informada establecida en el Convenio 169 de la OIT. Este derecho de las comunidades originarias y campesinas nunca fue cumplido, y su realización no depende de esta ley, ya que es un derecho consagrado en nuestro país desde el año 1992 con la sanción de la ley N°24071. Aunque lo que abunda no daña, es claro que un régimen político que históricamente negó los derechos de los pueblos originarios no los va a empezar a respetar ahora. Es una ilusión pensar lo contrario. Además, deja afuera por ejemplo a los proyectos que se pueden hacer en las áreas en amarillo, como si los mismos no pudieran afectar a las comunidades.
Cuestionamientos y ¿avales?
La iniciativa del gobierno está siendo cuestionada por organizaciones ambientalistas tanto provinciales como nacionales e internacionales, y por organizaciones sindicales, políticas, de derechos humanos, entre otras. Particularmente por la posibilidad de que se desmonten 700 mil hectáreas y porque no se dio participación a todas las comunidades.
Como contrapartida, el gobierno y algunos medios tributarios de las patronales agrarias hacen mucho énfasis en que el mapa cuenta con el respaldo técnico-científico de profesionales de institutos de la Universidad Nacional de Salta como el Inenco, la propia UNSa, el Inta, el Conicet, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y la Administración de Parques Nacionales (APN). Todos ellos participaron del proceso de elaboración del nuevo mapa. El gobierno encontró allí una legitimación a su proyecto.
Al mismo tiempo, el gobierno provincial ha reivindicado que cuenta con el aval del gobierno nacional. Si, el del negacionista del cambio climático, el presidente Milei. Otra cosa que habla por si misma.
Desde el Partido Obrero y Tribuna Ambiental rechazamos este proyecto y llamamos a todas las organizaciones de lucha a a coordinar acciones para exigir que el parlamento no sancione el proyecto.
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Con la realización del juicio por el crimen de Darío Monges, en los testimonios e investigaciones que se van ventilando, comienza a quedar cada vez más evidente que una significativa cantidad de funcionarios de extrema confianza de Sáenz, así como participantes de las listas del PJ con los cuales llegó al gobierno de la Provincia, están vinculados al narcotráfico.
Monges fue asesinado en septiembre de 2022, con 5 tiros en la cabeza, el sello de un ajuste de cuentas narco. En el juicio, su padre aseguró que su hijo era un empleado para todo servicio de los hermanos Moreno (Mario, Diputado Provincial del PJ y Daniel, Intendente de Vaqueros y Presidente del Foro de Intendentes de Salta). Pero lo más significativo es que también aseguró que quien daba las órdenes, el que le pagaba a Darío, era el Secretario de Seguridad de la Provincia Benjamín Cruz; quien le proporcionaba 2 policías de la Brigada con los cuales hizo varios viajes al Norte, “para negociar con gente peligrosa” (El Tribuno 4,11,24). E incluso, para “trabajos” de orden personal como trasladar a un adicto, hijo de la clase alta, para ser tratado en Tucumán, por los cuales Monges cobraba sus servicios (Ídem)
Cruz llegó a ese cargo luego de pasar, acompañando a Gustavo Sáenz, por diversos cargos en la Municipalidad de Salta cuando Sáenz fue Intendente; Secretario de Seguridad cuando Sáenz llego a gobernador y Presidente del partido País con el que Sáenz arribó a ese cargo.
Meses antes de ser asesinado, Monges se había entrevistado en la cárcel de Orán con el sicario Oscar Díaz, en ese momento incomunicado, con autorización del Director de Políticas Penales Ángel Sarmiento. A partir de la investigación de los mensajes del celular de Monges, clonado de la nube porque el celular nunca se encontró; sabemos ahora que, en esa entrevista, Monges le solicitó al narco preso 100.000 dólares “a cambio de favores relacionados con su detención como traslados y permisos de visita” (Infobae, 14,11,24). En el intercambio de WhatsApp de Monges con el Secretario de Seguridad, Cruz le reclamaba el pago de “un saldito pendiente de la gente del Norte” por 16.700 dólares, ya que él había hecho todo lo que se le había pedido y más, según su reclamo (Ídem)
Sin embargo, el fiscal federal, Eduardo Villalba, a pesar que desde los días posteriores al crimen ya cuenta con los mensajes intercambiados entre Monges y Cruz; no ha requerido peritar los 4 celulares del ex Secretario de Seguridad y la imputación a Cruz es solo por el delito de tráfico de influencias, por haber autorizado el ingreso de Monges a la cárcel de Orán para entrevistarse con el sicario Díaz. De hecho, Cruz siguió hasta el mes pasado cumpliendo funciones como juez del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Salta.
Villalba tampoco ha abierto una investigación sobre los hermanos Moreno para conocer sus responsabilidades en la estructura de la banda, a pesar que en los chats entre Monges y Cruz éste le pide que se reporte con los hermanos Moreno, cuando los medios comienzan a sacar a la luz el episodio de la entrevista con el sicario Díaz. A partir de allí, Sáenz lo saca a Cruz de la vidriera política y lo cambia rápidamente de cargo, pasando de secretario de Seguridad de la Provincia a secretario de gobierno de la Municipalidad, bajo la Intendencia de Bettina Romero.
Todos los caminos conducen a Sáenz
Monges se entrevistaba también con Cristian Palavecino, al que la policía de Cruz no encontró durante 5 años pero que Monges veía en su propia casa, mientras estaba prófugo. Palavecino era buscado por la Policía de Salta por el asalto a la empresa de Pichanal, Abra del Sol, ocurrido en 2022, con pedido de captura nacional e internacional por un homicidio y una tentativa de homicidio en el que la víctima reconoció a un policía mientras Palavecino lo torturaba (Infobae, 25/09/24).
Las entrevistas con Monges fueron filmadas por Palavecino. En ellas, Monges le ofrecía garantías de diversos funcionarios de Salta e incluso del gobernador de Córdoba (Ídem). Mas tarde, el propio Palavecino se filma, bajo la dirección de su abogado, amenazando al gobierno de dar a conocer pruebas que involucran a Sáenz y al Ministro de Seguridad Abel Cornejo (El Tribuno 17/10/24).
Recientemente, en la conferencia de prensa del Ministerio Público Fiscal de septiembre del 2023, el Procurador, García Castiella, afirmó que los cárteles de la droga han diseñado un copamiento de las intendencias de las ciudades fronterizas del Norte de Salta. Y que han escalado los crímenes de mejicaneadas a sicariato y crímenes cada vez más frecuentes y robos con extremada violencia.
Veamos. Monges en su entrevista con Palavecino relata el enojo de Sáenz y su hombre de confianza Pablo Outes, actual diputado nacional, porque acaba de ser detenido el Intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, quien cae con 200 millones entre dólares, pesos y 4 vehículos de alta gama. Se lo acusa de peculado junto a familiares y funcionarios, por sustraer caudales públicos percibidos en los puestos denominados Vove y Guandacarenda, por tasas y servicios municipales. Monges relata que Sáenz está enojado porque “le tendrían que haber avisado para que no lo agarren con tanto”.
Además de Méndez, otro intendente de Sáenz de otra ciudad fronteriza detenido, es el intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, que ya tenía (según informe del procurador), antecedentes y condenas cumplidas por narcotráfico y una causa abierta por lavado de activos en la provincia de Santiago del Estero. A pesar de esos antecedentes, formó parte de las listas de Sáenz. Llamativamente, el Intendente hoy tiene detención domiciliaria porque no está investigado por sus vínculos ni sus antecedentes sino por entorpecimiento en la investigación del crimen de su hermano, o sea un delito menor.
El predecesor de Méndez, en la Intendencia de Salvador Mazza, Carlos Villalba, candidato del Frente de Todos, fue procesado por sus vínculos con la trata de personas.
¿Cuánto está desarrollado el narcotráfico en Salta?
Según Vicente Cordeyro, ex Jefe de Investigaciones de la Policía, “en la provincia, desde hace 20 años el narcotráfico, a través de diferentes clanes como Castedo, Motoc, Loza, Cala Alemán, Guzmán, Aguilera, Ruiz, se ha ido consolidando. Son siete clanes muy importantes que han transportado toneladas de droga a través de la Quiaca, de Salvador Mazza, de Aguas Blancas, por la ruta 34, la 9, la 50, la 51 y la 81”….“en ese circuito de casi dos meses, tenemos tres toneladas y media de cocaína secuestradas en Salta únicamente”... ”hacia Europa a través de Aguas Blancas y Salvador Mazza, por tierra y por aire” (Cara a Cara-Aries, 4/10/24).
El poder de compra de los cárteles no queda en los intendentes. También el aparato judicial de Orán aparece formando parte de la estructura delictiva. El juez Federal Raúl Reynoso y el Fiscal Federal José Luis Bruno, ambos imputados (el primero condenado) por recibir miles de dólares de narcotraficantes detenidos a cambio de su liberación. Lo mismo que el juez Solá Torino, que terminó suicidándose cuando lo iban a detener. El juez Claudio Parisi, detenido junto a su secretario por otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria al líder de una banda de sicarios, permitiéndole fugarse. El juez Edgardo Laurenci, quien dejó escapar al sicario Lino Moreno, detenido por el crimen de Liliana Ledesma (asesinada por denunciar a los hermanos Castedo y su vinculación con el diputado provincial Aparicio, del romerismo); pero Laurenci fue premiado con una jubilación de privilegio que le permitió escapar impune del jury. El juez Francisco Oyarzú, enjuiciado por liberar en 11 oportunidades a delincuentes juzgados por narcotráfico y robos a mano armada.
No es coincidencia que ya en el 2015 la Corte de Justicia de Salta, formada por Abel Cornejo y Fabian Vittar, habían declarado inconstitucional el impedimento de salidas transitorias a condenados a perpetua.
Vamos camino a convertirnos en Rosario?
Por medio de ambulancias, patrulleros, camionetas de bomberos, avionetas con hangares, pistas y depósitos en diversas fincas de la provincia, con la impunidad que otorga la policía, la gendarmería, jueces y el entrelazamiento con el Ejecutivo provincial, ha crecido de forma descomunal el narcotráfico y el consumo en los barrios de Salta.
Recientemente, Sáenz y la ministra Bullrich firmaron el Plan Güemes, que implica mayor despliegue de fuerzas en la zona, el envío de efectivos de prefectura naval y la utilización de mejor equipamiento tecnológico. La misma estrategia fracasada de Rosario. Un gobierno que habilita el ingreso de capitales de los cárteles de droga por medio del blanqueo al sistema financiero legal no va seguir la ruta del dinero narco, confiscar sus bienes y desmantelar el aparato del Estado asociado a las bandas. Esto solo puede ser la acción de la población trabajadora que se organiza y lucha para terminar con el Estado capitalista, para el que el narcotráfico es un negocio más.
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Una vez más no hay paritarias para los trabajadores estatales de Santiago del Estero. El gobernador Gerardo Zamora apela a “otorgar” un bono, como si fuera un patrón de estancia que se conmueve de vez en cuando por la situación de los estatales, mientras los sueldos se mantienen en niveles de indigencia.
Ahora se trata de un bono de 1.300.000 en tres cuotas mensuales, la primera el 5 de noviembre de 500.000 pesos la segunda en diciembre de 500.000 pesos y la tercera en enero de 300.000. Hasta ahora vienen pagando los salarios más bajos del país. Un empleado público está cobrando en blanco 130.000 pesos, que si le sumamos los pagos en negro llegan a cobrar 370.000 pesos: la tercera parte de lo que cuesta una canasta básica de los gastos de una familia.
Esto cuando los aumentos de los impuestos, de la luz y ahora del boleto (al que pretenden llevar a $850), hacen insostenible la vida de la mayoría de las familias. Como en todas las provincias, sufrimos en Santiago la motosierra de Milei pero también la licuadora del gobernador kirchnerista Zamora, que se financia pagando salarios miserables y en negro y anulando las paritarias.
Esto no podría llevarse adelante sin la complicidad de las conducciones burócraticas de los sindicatos de la provincia, que siguen tranzando con el Estado para beneficio propio.
Por eso desde el Partido Obrero impulsamos asambleas en los lugares de trabajo para enfrentar esta política, pasando por encima de los dirigentes vendidos y exigiendo una verdadera recuperación del salario. Los $500.000 deben ser permanentes, pasar al básico y en blanco, de modo que también vayan a la jubilación. El piso salarial para la categoría 1 debe ser igual al costo de la canasta familiar, hoy calculada en $950.000.
Ocupados y desocupados, que estamos enfrentando a un gobierno que cortó todo tipo de asistencia a los comedores populares, debemos ir a una lucha en común para imponer nuestros reclamos. Nuestros necesidades son incompatibles con el régimen de Milei y su ajuste "más grande de la historia", pero también con la política de Zamora que traslada ese ajuste a los santiagueños.
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encontrarás todos los días la cobertura de las grandes luchas del movimiento obrero, la mujer y la juventud, y el análisis de los principales hechos políticos nacionales e internacionales desde una mirada socialista.
El 4 de mayo de 2025 habrá elecciones legislativas en Salta. Esta semana además fue derogada la ley que establecía las Paso a nivel provincial.
Se trata de una nueva manipulación del proceso electoral, por quien hasta ahora maneja un poder casi irrestricto con mayoría agravada en las cámaras y con la cooptación de la mayoría de la oposición, a excepción del Partido Obrero y la izquierda. Gustavo Sáenz ha puesto ese poder a disposición de Milei, de su Ley Bases y de los vetos contra los jubilados y la universidad; de las mineras, de los ingenios, del Banco Macro y de las grandes empresas. Fue parte del asado de agasajo en Olivos junto a Osvlado Jaldo de Tucumán, Raúl Jalil de Catamarca y Hugo Passalacqua de Misiones.
El adelantamiento electoral tiene el propósito de blindar este régimen para que nada cambie, y evitar que se manifieste una oposición obrera y popular de los que estamos siendo víctimas de esta política.
La maniobra tiene sobre todo dos propósitos:
1.-Con los recursos del Estado, manipular múltiples listas de diputados, concejales y senadores provinciales en una elección que se realiza por departamentos, es decir que no habrá ninguna candidatura que alcance todo el distrito. La reforma dejó en pie además el fraudulento sistema de adhesiones o colectoras que favorece al oficialismo.
2.- Justo cuando se está aplicando “el ajuste más grande de la historia” contra los trabajadores de todo el país, que impacta brutalmente en Salta, Sáenz le presenta al pueblo la idea de que una cosa es la política provincial y otra la nacional. Por un lado busca correrse de su responsabilidad como socio privilegiado de Milei en la aplicación de este ajuste, a la vez que deja abierta la puerta para pactar con él las candidaturas nacionales por Salta en octubre. Yendo aún más lejos Castillo, titular de Remsa y hombre clave del gabinete de Sáenz que maneja todo el negocio minero, acaba de declarar que la del gobernador será la lista oficial de Milei en esas elecciones.
Es evidente que los salteños no podemos poner la expectativa en estas elecciones completamente amañadas, en donde además los electos asumirán recién siete meses después.
Al ajuste hay que enfrentarlo ahora.
Los salarios de maestros y trabajadores estatales en general terminarán el año perdiendo más de 30 % contra la inflación, la desocupación arrecia por la parálisis de la obra pública, en Salta se paga una de las tarifas de luz más caras del país, 302.000 personas están bajo la línea de indigencia.
Sobre este cuadro Sáenz anunció en la cena de Olivos que apoyará el Presupuesto 2025 de guerra de Milei que hará bajar aún más las jubilaciones, y deja sin financiamiento salud y educación. La contraparte, según se justifica, sería un paquete de obras públicas. Es decir, es otro pacto como los que firmó en este año sin que a la provincia llegara un solo peso. La construcción de los yacimientos mineros del litio, presentada como salida al problema del empleo, se está frenando por la caída del precio internacional del mineral.
"Fuera Milei", la consigna que levantamos como norte de la lucha popular en el país, apunta también a sus cómplices que gobiernan las provincias.
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En la Universidad Nacional de Salta, el pasado jueves 27, después de una gran militancia y mucho esfuerzo, se ha logrado conformar la lista “Frente de Izquierda + Independientes” que se presentará a las elecciones del Centro de Estudiantes de Humanidades (CUEH) a realizarse el próximo 9 de octubre. La lista está conformada por nuestra UJS, el PTS y una gran cantidad de compañeros luchadores independientes de las autoridades universitarias y de los gobiernos del ajuste.
El hambre, el agobio económico, la imposibilidad de poder pagar sus gastos, la necesidad de tener que ir a trabajar más tiempo para poder permitir que su familia logre sobrevivir, en suma, dan como resultado el brutal crecimiento de la deserción estudiantil.
Los salarios de nuestros docentes han quedado totalmente atrasados en comparación a la inflación acumulada, no solo desde la asunción de Milei, sino desde mucho antes también, gracias a los ajustes que llevaron a cabo tanto los “nacionales y populares”, como macristas o “anarcocapitalistas”; perdiendo así fuertemente su poder adquisitivo, y viéndose obligados a dejar de dar clases en la universidad o tener que buscarse otros trabajos para poder vivir. Nuestras universidades se sustentan con docentes que en muchos casos son ad honorem (no cobran ningún sueldo) o están precarizados.
La presentación de nuestra lista va en línea con la necesidad de construir una nueva dirección para poner en pie un movimiento estudiantil poderoso que enfrente esta situación junto a los trabajadores y todas las víctimas del ajuste.
No podemos dejar la lucha que estamos dando en manos de los rectores que responden a los partidos que sostienen, desde la llamada “oposición”, la motosierra de Milei y los gobernadores contra la educación pública.
Tampoco de las agrupaciones estudiantiles como Praxis, Voces o la Franja Morada que están subordinados a ellos. El desafío es derrotar con el método de la unidad en la lucha y la preparación de una huelga general esta política antiobrera y antinacional. No puede ser la vía lo que nos plantean las agrupaciones de Grabois (Praxis) o del PJ (Voces) que proponen esperar a las elecciones 2025 o 2027.
Esta ha sido nuestra política como UJS desde siempre y seguirá siendo en estas elecciones. Hemos estado impulsando asambleas en la carrera de Historia y pretendemos hacer lo mismo en carreras como la de Educación, para que juntos no solo nos movilicemos este 2 de octubre que viene, sino que le demos vida al movimiento estudiantil independiente que no ceda ante el gobierno y no pare de luchar hasta conquistar todos sus reclamos.
Todo esto nos ha permitido formar esta lista en la facultad, ganando reconocimiento y apoyo por parte de muchos de nuestros compañeros, que han aportado de diversas formas a la conformación de la lista.
Las elecciones que se aproximan muestran un panorama confuso y de diversas rupturas. Praxis no es la alternativa a la actual dirección a cargo de Voces, aunque se autoperciben combativos, la realidad nos muestra que no organizan a los estudiantes para que vayan hacia una gran lucha. Se adaptan a la situación, y así como Voces, se resguardan en el asistencialismo, mostrando “como grandes logros” la compra de un microondas o la realización de un Festival, mientras que en las luchas donde apremiaba que se organizara a los estudiantes en asambleas, no hicieron más que un par de asistencias a las marchas y negociar junto al rectorado para que el ajuste contra los estudiantes quizás sea “un poquito menos trágico”. Franja Morada, por otro lado, se encuentra en un declive fuerte en la facultad, sosteniéndose con su aparato en alguna que otra carrera, pero habiendo perdido gran parte de su credibilidad y sus votantes.
Desde la UJS dimos batalla por una lista única de toda la izquierda, los independientes combativos de Filosofía y otras carreras. Una parte del sector independiente con el que compartimos y seguiremos compartiendo las luchas formó una lista de auto-convocados, rechazando la unidad con las agrupaciones de la izquierda, en nombre de “salir de la lógica partidaria” como si fuéramos lo mismo las agrupaciones que luchamos contra el gobierno que aquellas que lo sostienen, se equivocan. A nuestra lista del Frente de Izquierda se sumó todo un sector de independientes combativos. El Mas y su “Ya Basta” decidió romper la unidad de la izquierda con planteos de una hegemonía inaceptable y ajena a la realidad del desarrollo de las agrupaciones, siguiendo así la línea faccional y rupturista que vienen desenvolviendo a nivel nacional.
Vamos con todo a la calle el 2/10, si hay veto ocupemos las facultades. Avancemos en las elecciones del CUEH, en la construcción de una dirección que esté a la altura de los desafíos de esta etapa. Por un centro de estudiantes independiente de toda autoridad y gobierno ajustador, que se organice en asambleas, que pelee por los principales reclamos de los estudiantes.
Por la ampliación del comedor universitario
Por la entrega masiva de becas de comedor y de fotocopias.
Por la implementación de horarios nocturnos para los que trabajan y estudian.
Por la creación de guarderías para que las madres puedan dejar a sus hijos en manos de alguien responsable mientras estudian.
Por la creación de mas comisiones para todas nuestras materias. Por el apoyo a los paros que realizan nuestros docentes
Vamos todos juntos a golpear con un solo puño ¡Viva la lucha de los estudiantes!
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En el marco de 4 días de huelga activa provincial, los trabajadores viales frenaron la aprobación de la ley de consorcios camineros que supone una especie de privatización de áreas enteras del mantenimiento de caminos y la derivación de recursos del presupuesto estatal a los privados. El proyecto de ley, que tiene media sanción de Diputados, pasó a comisión bajo la presión de una movilización masiva. El oficialismo de Sáenz, que tiene mayoría amplia en ambas cámaras, sigue defendiendo el proyecto, por boca incluso del Director de Vialidad Provincial. Prometió hacer modificaciones a consensuar con el gremio, pero los trabajadores reclaman con toda razón que el proyecto simplemente se anule o archive.
Sáenz banca esta ley porque está aplicando el mismo ajuste que Milei implementa a nivel nacional. Los sueldos de los empleados públicos perdieron un 30% contra la inflación en lo que va del año. Ahora Milei reclama que para el año que viene los gobernadores ajusten también despidiendo empleados públicos; Nación ya despidió a 30.000 compañeros. Empezó por los contratados. Sáenz tiene miles de contratados en Salta, entre ellos los mas de 400 compañeros de vialidad que vienen de una década de negreo con los convenios municipales y solo hace un año tienen contrato -conquistado después de una lucha enorme.
Para Sáenz el ajuste es la oportunidad de avanzar en negocios y privatizaciones, en ese marco es que promueve la ley de consorcios camineros, la entrega de viviendas del IPV con anticipos millonarios que dejan afuera a la mayoría de los sin techo y la privatización de la recaudación de impuestos. Además de la ley de consorcios está en discusión en el gobierno volver a establecer peajes, privatizando el mantenimiento de varias rutas, entre ellas el acceso a Salta, a costa de cargarle el mantenimiento de las rutas a los automovilistas en lugar de a las grandes transportistas que son las que “rompen” los caminos.
Al contrario de estos proyectos de privatización y desguace, de caída del salario y despidos de los empleados públicos, lo que hace falta es más presupuesto para fortalecer vialidad, equiparla y pasar a planta permanente a la mitad de sus trabajadores que hoy son los contratados y están en riesgo. La suspensión del tratamiento de la ley es un primer triunfo. Ahora hay que seguirla hasta imponer estas medidas, porque en cualquier momento el gobierno va a insistir en la sanción de la ley y en otras medidas de ajuste contra los trabajadores.
Acaban de elegirse delegados en todos los sectores, es una oportunidad para que se hagan asambleas, armar un pliego de reclamos y discutir cómo sigue la lucha para enfrentar afrontar estos desafíos.
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Jéssica Gutiérrez está desaparecida desde el 11 de septiembre en La Caldera. Su última comunicación fue ese día, cuando salió de su lugar de trabajo y se dirigía a su casa.
Las sospechas sobre su expareja siempre estuvieron presentes, mas aún cuando días después este se suicidó. La comunidad de La Caldera está consternada por estos sucesos y exige respuestas. Las mujeres de La Caldera necesitan una respuesta y han empezado a movilizarse.
La violencia de género no se terminó como dijo el ministro de Justicia Cuneo Libarona, que transmite el pensamiento reaccionario de Mile; solo decidió dejar de ocuparse y restringir los pocos fondos destinados a abordar este drama.
Sáenz, por su parte, nunca cumplió siquiera con el anuncio de crear un fuero único para abordar la violencia de género y las mujeres que sufren violencia siguen en peligro junto a sus hijos. Ahora pretende prolongar la ley de emergencia en violencia de género cuando en realidad siempre fue un saludo a la bandera.
Negar la violencia o simular que se hace algo produce más violencia; por eso los crímenes y ataques son cada vez más brutales, como lo demostró el caso de la mujer asesinada a hachazos por su pareja en barrio Juan Manuel de Rozas, o la pelea por su vida luego de ser atacada con un destornillador en Orán este último fin de semana.
Las mujeres necesitamos una respuesta, no puede ser que desaparezcamos a 5 cuadras de casa en una zona urbana y que ni la policía, ni fiscales, ni investigadores puedan resolver el caso. Ya tenemos en Salta casos como el de Marcela Mamani, a quien no encontraron jamás, ni viva ni muerta. ¡Queremos que encuentren a Jéssica YA!
Impulsemos con todo la movilización de la comunidad para que el Estado ponga todo lo que hay que poner para encontrarla y que se llegue a fondo en la investigación.
Como parte de la lucha contra la violencia nos estamos preparando para participar con una gran delegación en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que se realizará en Jujuy entre el 11 y el 13 de octubre próximo.
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Se cumplieron hoy 72 horas de quita de colaboración y movilizaciones provinciales de los trabajadores viales. Se lucha contra un proyecto de ley de creación de consorcios camineros que tiene media sanción de Diputados y que podría aprobarse en el Senado.
Los consorcios, integrados básicamente por los propietarios de la tierra, se financiarían con una parte del presupuesto de Vialidad y con el 4% de la recaudación del inmobiliario rural. Aunque al principio el proyecto se refiere al mantenimiento de caminos vecinales, se deja la puerta abierta para que intervengan en los caminos y rutas que actualmente mantienen los trabajadores de vialidad. Se trata de una suerte de privatización y tercerización del trabajo de Vialidad.
Esta tercerización tiene como antecedente directo lo que pasó bajo el gobierno de Romero en los 90, cuando se armó la empresa Valle Vial en base al desguace de Vialidad Provincial. Luego la tercerización siguió con convenios negreros realizados entre el Estado provincial y los municipios en donde varios centenares de trabajadores trabajaron por años en las peores condiciones y con un ingreso 5 o 6 veces menor al de un trabajador de planta. Después de años de lucha, los tercerizados de los municipios accedieron a un contrato directo con vialidad pero con ingresos muy lejos de los que percibían sus compañeros de planta.
Con la ley, el oficialismo provincial de Sáenz vuelve a la carga con estas políticas privatistas y de desguace que aplicaron los gobiernos de las últimas décadas; de allí el cerrado y legítimo rechazo de los trabajadores.
La excusa de los promotores del proyecto es que estos caminos vecinales e interfincas no tienen mantenimiento. Pero la solución al problema es otorgar más presupuesto, maquinarias y personal bajo convenio a Vialidad Provincial para que se haga cargo de esas tareas; no usar esta situación para justificar un nuevo intento de desguace.
Frente a la lucha enorme de los viales contra el desguace,los senadores maniobran, proponiendo modificaciones a un proyecto que no tiene arreglo.Debe ser archivado. Acá explico nuestra posición. pic.twitter.com/bn7Oko40TQ
Por ultimo, el trabajo de vialidad es el de un servicio público que no puede dejarse en manos privadas que seguramente van a orientar la inversión en aquellos caminos de mayor interés para sus negocios y no así en los que son esenciales para el conjunto de la población.
No hay maquillaje que salve esta ley
Dada la envergadura de la movilización, los Senadores se mostraron dispuestos a discutir modificaciones y colocaron como alternativa que vuelvan a celebrarse convenios con los municipios, es decir que en lugar de los consorcios sean los intendentes los intermediarios de una tercerización. Si se acepta esto sería dar marcha atrás con la lucha de años de cientos de compañeros contra los convenios municipales.
La ley debe ser archivada y hay que exigir todos los recursos para que Vialidad pueda hacerse cargo de todos los caminos. Esto exige que pasen definitivamente a planta todos los contratados y que los terratenientes hagan aportes extraordinarios para el financiamiento de Vialidad. Lo que aportan los dueños de la tierra por inmobiliario rural es apenas el 0,04 % de los ingresos del presupuesto provincial. Los recursos que le faltan a Vialidad deben salir del aumento de los impuestos a los terratenientes para que paguen de acuerdo con el valor actual de sus tierras.
Están todas las condiciones para derrotar el desguace, defender los puestos de trabajo y exigir todas los recursos necesarios para su funcionamiento.
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El miércoles 10 de julio fue interceptado por gendarmería un móvil policial con 420 kg de cocaína en la provincia de Salta. En el operativo fueron detenidos dos efectivos y hay un tercero prófugo.
El gobierno de Gustavo Sáenz trató de encubrir la situación como un hecho policial aislado, pero con el correr de los días se van conociendo que es un nuevo emergente de un Estado narco. Salta es la puerta de entrada del 80% de la droga que ingresa al país (así lo declaró Cordeiro, exfuncionario provincial y experto en el tema a FM Aries).
El vehículo donde transportaban la droga es de la Infantería para el traslado de detenidos. Los policías involucrados iban con uniforme e intentaron pasar el control diciendo que estaban en servicio. El policía prófugo, que se escapó a los tiros, no es cualquier agente: es Julio Omar Nuñez, jefe del GIC (Grupo de Intervención Conjunta), una división de la infantería de elite con acceso a toda la información de inteligencia en la frontera.
El sujeto debería estar suspendido, ya que en febrero protagonizó un escándalo en Tartagal porque ingresó exhibiendo armas de fuego y con uniforme a un hotel alojamiento a amedrentar a su expareja. Se dijo en aquel momento que fue detenido y suspendido porque el dueño del motel denunció destrozos y que apuntaba a cualquiera con el arma reglamentaria. Nunca fue suspendido.
Esto dijimos hace un año.Hoy, el estado que dirige Saenz es más narco que nunca.400 kg de cocaina en un patrullero. https://t.co/n9eEMqDTTw
Los 420kg de droga incautada tenían el logo relieve del delfín, que identifica a la banda de Delfín Castedo, quien actualmente está preso por narcotráfico y lavado de activos junto a su hermano Ula Castedo en la cárcel de Ezeiza. La banda de los Castedo se hizo conocida para los salteños porque son los responsables del asesinato de Liliana Ledesma, una pequeña productora que en 2006 denunció en la Cámara de Diputados de Salta y en los medios de comunicación al exdiputado Aparicio del PJ y a los hermanos Castedo por usar los caminos vecinales de sus tierras para traficar drogas. Días después Ledesma fue llevada por la hermana de Aparicio hacia un puente donde es asesinada por sicarios.
Por el crimen de Ledesma fueron condenados a perpetua los Castedo, como autores intelectuales. Uno de los sicarios, Lino Moreno, que cumplía condena por este crimen, se fugó luego que un juez salteño, Edgardo Laurenci le concediera salidas transitorias sin vigilancia. El procurador elevó pedido de Juri por mal desempeño, pero el juez renunció para evitar el proceso y que se investigue su responsabilidad en el caso. El gobernador le aceptó la renuncia colaborando con su impunidad. El sicario sigue prófugo y el exjuez tranquilo en su casa.
Acá un experto describe lo que nosotros denunciamos como un estado-narco en Salta, desde hace 30 años: Narcotráfico: Salta es el nexo con el consumo en Europa https://t.co/Gz7pk22D1Z
El caso del ex juez federal de Orán, Reynoso, que cumple condena por vender libertades de los narcos, es el antecedente inmediato de la conducta de Laurenci y de un poder judicial con amplios sectores asociados a los traficantes. Recordemos el nombramiento como juez federal de Tartagal, que cuando era secretario de los jueces Urso y Oyarbide fue sancionado por irregularidades en dos casos de narcotráfico- y solo la banca del Partido Obrero en el Congreso impugnó.
En el juicio a los Castedo quedó demostrado, post mortem, que el diputado Aparicio era parte del Clan. En su momento la bancada del PO exigió una comisión investigadora sobre este diputado y el oficialismo prefirió hacerlo renunciar para encubrirlo.
Ahora está en curso otra denuncia grave por la desaparición de Jesús Pastrana, de 31 años, quien fue a trabajar como casero en una finca de los Castedo en Yacuiba – Bolivia. El joven buscaba trabajo por Facebook, Roxana Castedo se comunicó con él y lo llevo a trabajar. Empezó en febrero y la última comunicación con su familia fue el 23 de marzo desde el teléfono del hijo de Castedo. Su padre hizo la denuncia por la desaparición en Bolivia y denunció en las radios de Tartagal que en Argentina no le querían tomar la misma.
Otra mas del estado narco? Buscan a un joven salteño desaparecido de una finca en Bolivia | La principal hipótesis es la trata de personas https://t.co/yHPyHAVGtq a través de @Pagina12
Con el Estado narco se vienen multiplicando los crímenes mafiosos, en la frontera y ahora también en la capital.
Otro agujero negro son las cárceles, tanto la cárcel federal de Güemes como las de la provincia. En Güemes, aprovechando los festejos de año nuevo, se dio a la fuga Patricio Ruiz Díaz, alias “señor Fusil” porque portaba armas de guerra. Este sujeto fue trasladado de la cárcel de Monte Quemado a la de Güemes porque había una advertencia que tenía planificado fugarse, y efectivamente lo hizo con ayuda interior y exterior. Mientras Bullrich persigue a los que luchan y aún hay dos detenidos por movilizarse, el “señor Fusil” sigue prófugo y ni noticias.
En el penal de Villas las Rosas también se comprobó toda una red para hacer pasar drogas al penal, encabezada por sus jefes. Además, todavía están frescas en el recuerdo las estafas piramidales a miles de salteños por financieras truchas comandadas por altos jefes policiales.
400 kg de cocaína en un patrullero en Salta. Otra vez el narcoestado.Mirá. https://t.co/GswQJmp10j
Hace unos años se relevó a la cúpula de Drogas Peligrosas de la provincia porque se descubrió que incautaban drogas a los dealers y la revendían, y liberaban una zona para que entren otras bandas comandadas por policías. Con la injerencia de la policía provincial en los casos de microtráfico, a partir del gobierno de Urtubey el entramado de policías y traficantes se multiplicó.
Este año se vienen secuestrando entre 1.000 y 2.000 kg de droga por mes, en muchos casos en vehículos oficiales: una ambulancia, un camión de bomberos con el hermano del intendente de Aguas Blancas, el vehículo de una mujer policía que explota en una estación de servicio con el tanque de gas lleno de cocaína y ahora el patrullero con 420 kg .
La reciente sanción de la Ley Bases, con el apoyo de los diputados de Sáenz, puso en vigencia el blanqueo de capitales para que los narcos y sus aliados en las instituciones estatales completen el negocio. Los especialistas dicen que en Salta lo que crece es el consumo de la pasta base, la más barata de las drogas y la que mas daño hace a la salud.
Desarmar la trama del Estado narco, seguir la ruta del dinero y confiscar los bienes de los narcotraficantes es una cuestión central en defensa de la vida de los salteños. Desde el PO batallamos desde hace décadas por este objetivo.
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NO a la Ley Bases, el DNU 70/23 y el protocolo represivo de Bullrich.
En la mañana del martes 18 de junio, organizaciones de DD.HH, sindicales, de desocupados y de la izquierda realizaron una conferencia de prensa en el centro de la ciudad de Salta para presentar un documento común contrapuesto al planteo del pacto de los ajustadores y cómplices de Milei como Sáenz, Romero, Urtubey y la burocracia sindical de la CGT que se sumó a la iniciativa del gobernador salteño.
En la conferencia también se reclamó la inmediata libertad de todos los detenidos en la movilización en contra de la Ley Bases del pasado 12 de junio en las inmediaciones del Congreso y el cese de la persecución a los que luchan.
Las organizaciones firmantes acordaron realizar un plenario el próximo 29 de junio para seguir recogiendo adhesiones y discutir un plan de acción frente a las políticas de ajuste y la represión.
El gobernador Sáenz entregó una copia del texto de su pacto a la vicepresidenta Victoria Villarruel en oportunidad de los homenajes a Güemes que tuvieron lugar el lunes 17. A pesar de las pantomimas de los diputados libertarios de retirarse del desfile y la de Sáenz de simular una oposición a las políticas del gobierno nacional, es claro que comparten la política de ajuste, de entrega de los recursos naturales y de enormes beneficios para los capitalistas.
Compartimos a continuación el texto firmado por las organizaciones de lucha.
NO AL “PACTO DE GÜEMES” DE SÁENZ, ROMERO, URTUBEY Y LA CGT.
Llamamos a la unidad y coordinación de los que luchan, para enfrentar sus planes de ajuste y saqueo.
El gobernador y los ex gobernadores se han reunido y anunciado en común, la intención de firmar un pacto, al que han sumado la adhesión de la CGT. Dicen que el propósito es reclamar un conjunto de obras públicas que están paradas como consecuencia del ajuste “más grande de la historia”, que aplica Milei. Lo que no dicen es que Milei jamás podría aplicarlo sin el apoyo de ellos y de buena parte de los gobernadores y legisladores de los partidos que han gobernado y gobiernan el país y nos llevaron a esta enorme crisis.
Por eso le garantizaron los votos para que saliera la Ley Bases. Entre escándalos, represión y prebendas, el Gobierno logró imponerla con lo justo, con el quórum y aprobación del radicalismo y el PRO, y la complicidad de un sector del peronismo y de la CGT, que no llamó a un paro activo ni a movilizarse para que no pase la ley. Luego el gobierno desencadenó una persecución, armada por Patricia Bullrich y Adorni, con una cacería a las organizaciones que se estaban movilizando, mientras la CGT huía vergonzosamente.
La contribución salteña a la Ley Bases
Desde Salta, Romero es el lobbysta de Milei en el Senado para que se aprobara la Ley bases. Sáenz mandó a sus diputados a votar a favor y es su mejor alumno aplicando el ajuste contra los salarios y aplicando tarifazos contra las familias salteñas. Urtubey nos dejó la hipoteca de la deuda trucha del Fondo de Reparación Histórica y el del Bicentenario, que Sáenz viene pagando sin investigar. Los tres son ahora los promotores de este pacto, nada menos que para, ¿“defender a Salta”?
Las consecuencias de 30 años de gobierno de los tres, las conocimos la semana pasada. El informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo de la Unsa, sobre la pobreza y el trabajo en Salta, mostró cifras pavorosas: 65% de pobreza, 21% de indigencia, 53% de trabajo en negro. El déficit de vivienda alcanza a 80.000 familias y del plan “Mi lote” no hay noticias al cabo de 5 años de gobierno de Sáenz.
En la Salta gobernada por este trío empobrecedor, el Banco Macro pasó de banco número 20 al número 1 dentro de la banca privada nacional. La propiedad de la tierra se ha concentrado en muy pocas manos al punto que según el censo agropecuario 2019, sólo 70 personas o empresas concentran el 50 % de la propiedad y por lo tanto de la renta de la tierra. Estos terratenientes solo aportaron el 0.03% de los ingresos provinciales el año pasado según la información oficial de la oficina de Presupuesto, ya que pagan impuestos sobre una valuación de sus tierras 20 veces menor al precio de mercado.
La enorme renta extraordinaria que obtiene la minería del litio que hoy, aún con precios bajos, cuadruplica los costos de producción, y se va del país, dejando migajas de regalías y algunos puestos de trabajo temporarios, de baja calidad, en la construcción y ninguna industrialización ni valor agregado en origen. El trío en cuestión apoya fervientemente el Rigi (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) que está incluido en la ley Bases, para otorgar aún más beneficios de carácter colonial a estas empresas.
La visita de Bullrich dejó en claro que van a avanzar con la profundización del extractivismo y por eso la intención de instalar la gendarmería en la Puna, para aplastar la lucha creciente de los trabajadores. Es estratégico recuperar los bienes comunes para ponerlos bajo el control de los trabajadores y el pueblo, fundamentalmente el litio, detener el extractivismo que destruye nuestros territorios fundamentalmente la megaminería del oro y el avance de la frontera sojera y el uso de agrotóxicos. El Rigi implica características de saqueo similares a las que usaron en África. Debemos enfrentar y detener estos planes.
El Pacto que necesitamos para defender al pueblo de Salta debe ser entre todas las víctimas del ajuste y de la política empobrecedora de Milei y de los que gobernaron las últimas décadas.
Los que suscribimos este documento planteamos que el punto de partida para enfrentar el plan de ajuste de Milei y los gobernadores tiene que ser desde abajo, coordinando la mayor unidad entre todos los sectores afectados por el ajuste: trabajadores del sector público y privado, movimientos sociales, estudiantes, las mujeres y diversidades y los jubilados.
La exigencia de un plan de lucha y paro activo a la burocracia de la CGT y la CTA debe servir para avanzar en la organización independiente, en la superación de la burocracia en los sindicatos y en el reagrupamiento de los trabajadores en torno a sus reclamos, construyendo un plan de lucha, en el camino a la huelga general.
En oposición al pacto de los que hundieron a Salta en la pobreza extrema y hoy proponen abrirla al saqueo definitivo de sus recursos naturales, planteamos un conjunto de reivindicaciones para que la crisis no la pague el pueblo trabajador. Solo en la unidad y coordinación entre los distintos sectores mostraremos la fuerza que se expresó en la marcha federal universitaria, la movilización de las mujeres el 8M, el paro nacional del 9 de mayo y la gran movilización contra la ley de Bases, para derrotar el plan de ajuste.
Necesitamos que se garanticen un conjunto de medidas de emergencia:
• El acceso a la alimentación de los 302.000 salteños que están debajo de la indigencia.
• Un plan de loteos y construcción de viviendas populares en base a un banco de tierras públicas y privadas que sean declaradas de utilidad pública y sujetas a expropiación.
• El pase a planta permanente, con todos los derechos, a los miles de trabajadores precarizados en el estado.
• Que se garantice un piso salarial para todos los trabajadores igual al costo de la canasta familiar.
Hay que formar un fondo extraordinario para financiar estas medidas con un impuesto extraordinario a las grandes empresas mineras, bancos y exportadoras; con la actualización a valor de mercado del impuesto que deben pagar los grandes terratenientes; con la suspensión de los pagos e investigación de las deudas del fondo de Reparación Histórica y del Bicentenario, completamente fraudulentas; y con el No Pago de la Deuda Externa.
NO a la Ley Bases, el DNU 70/23 y el protocolo represivo de Bullrich.
Firmas: Adiunsa (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta), Asociación de DDHH Coca Gallardo, Asociación Lucrecia Barquet DDHH, Hijos Salta, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, Asoc. Civil de Mujeres Foro de Mujeres por Igualdad de Oportunidades, Marta César (Periodista Feminista), Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad [PO-MST-PTS], Cuba MTR-PRML, PARTIDO DE LA LIBERACIÓN, MTR VOTAMOS LUCHAR POR EL CAMBIO SOCIAL, MTL REBELDE, REBELIÓN POPULAR FACUNDO MOLARES.
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Un niño de 11 años murió al caer en un pozo ciego en desuso que se derrumbó en el medio del patio de la Escuela de La Poma, en la puna salteña.
No es la primera vez que muere un niño en una escuela de la provincia producto del mal estado edilicio. Ahora fue Valentín, de 11 años, quien pagó con su vida las políticas de vaciamiento de la escuela pública. Un niño de 9 había muerto en el Hogar Escuela en 2013, al derrumbarse una pared precaria.
Es el vaciamiento de presupuesto y el no mantenimiento, gobierno tras gobierno, agravado ahora con el corte de la obra pública impulsado por el gobierno de Milei.
Esta vez fue un pozo ciego fuera de servicio que está hace 7 años, desde cuando la escuela se conectó a la red de cloacas. Un pozo de 7 metros de profundidad y 2 de diámetro, en el medio del patio y junto a las hamacas, en el lugar de mayor tránsito de los niños, que no fue rellenado ni se le hizo una tapa que garantice la seguridad (con el señalamiento visible). No es un accidente producto de un descuido de ningún trabajador de la escuela; es una falla estructural, responsabilidad del gobierno.
En plaza 9 reclamando justicia por Valentin niño fallecido al caer en un pozo en el medio del patio de su escuela en La Poma. pic.twitter.com/d4OxYcdRIX
La ministra de Educación, sin embargo, ha puesto el foco en la supuesta responsabilidad de la directora y de los docentes que “deberían cuidar a los niños en el recreo”… para sacarse de encima sus propias responsabilidades. Las autoridades instruyeron sumario para indagar en si alguna directora denunció existencia de ese pozo. Lo cierto es que la Dirección de Infraestructura encargada de esa función no respetó los protocolos técnicos para clausurar ese tipo de instalaciones.
Al día siguiente de la muerte de Valentín, la secretaria de Gestión Educativa sacó un memorándum para que en todas las escuelas se informen los lugares inseguros de sus edificios. No solicita sin embargo, que se informen los problemas sobre el acceso al agua y del estado de los sanitarios que en muchos casos atentan contra la salud de los niños.
El ministerio terceriza las tareas en los municipios o en cooperativas con trabajadores precarizados y con un presupuesto miserable que no alcanza para nada el alistamiento de las escuelas para iniciar el año. Lo mismo está haciendo ahora cubriendo 1.000 puestos de ordenanzas que están vacantes, con trabajadoras que perciben planes sociales sin derecho alguno, ni ART, ni jubilación y que cobran $78.000 al mes.
Docentes y padres bancan con rifas y bingos la mayor parte de los arreglos en los edificios. El gobierno tiene paralizadas 30 obras esenciales en las escuelas. Los padres de la escuela Perón de Pichanal ocuparon el edificio durante varias semanas para que se reanuden las obras; la escuela Pizarro de Orán tiene 3 aulas inhabilitadas y hubo un abrazo de la comunidad exigiendo las obras necesarias.
Sin embargo, el gobierno provincial se presenta como “el jamoncito del medio” y apunta a la irresponsabilidad de los docentes de un lado y a la falta de inversión del gobierno nacional, del otro. Pero es Sáenz quien manda a sus diputados a votar la Ley Bases que representa, justamente, el ajuste brutal en las obras públicas. Es el mejor alumno de Milei. Ahora impulsa un “Pacto de Güemes” junto a Romero y Urtubey que, por 30 años, gobernaron Salta sembrando pobreza y este derrumbe de la infraestructura escolar.
Asambleas de padres han interpelado a los funcionarios de educación sobre la responsabilidad del gobierno en la muerte de Valentín. Reclaman además asistencia psicológica ante el impacto brutal de esta muerte en toda esta pequeña comunidad de unos 1000 habitantes. El activismo docente se juntó en la capital para denunciar al gobierno y exigir justicia por este verdadero crimen del cual el responsable es el Estado.
Desde Tribuna Docente impulsamos que se haga un pliego integral de las demandas de cada escuela en materia de inseguridad, acceso al agua potable y funcionamiento deficiente de los sanitarios así como la designación de ordenanzas de planta. Docentes y directivos vienen denunciando que tienen la presión del ministerio para que no hagan públicos los problemas edilicios que tienen los establecimientos ni se suspendan las clases por ninguna causa.
Nos unimos para que no ocurra ni una muerte más en las escuelas. El ajuste en educación mata.
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encontrarás todos los días la cobertura de las grandes luchas del movimiento obrero, la mujer y la juventud, y el análisis de los principales hechos políticos nacionales e internacionales desde una mirada socialista.
Gustavo Sáenz, Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey
El gobernador Gustavo Sáenz y los ex gobernadores Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, se han reunido y anunciado la intención de firmar un llamado “pacto de Güemes”, ya que se firmaría el 17 de junio, aniversario de su muerte.
En esta semana el gobernador se ha reunido con los gremios de la CGT y con los intendentes, y trascendió que el eje del pacto sería el reclamo de un conjunto de obras públicas que están paralizadas a partir del “ajuste más grande de la historia” que ejecuta Milei.
Veamos la conducta de estos impostores
Romero, actual senador nacional, es el lobbysta de Milei en el Senado para que se apruebe la Ley Bases. Sáenz mandó a sus diputados a votar a favor y es su mejor alumno aplicando el ajuste contra los salarios y los tarifazos a las familias salteñas. Urtubey nos dejó la hipoteca de la deuda trucha del Fondo de reparación histórica y el Fondo del Bicentenario. Los tres son ahora los promotores de un pacto, nada menos que para “defender a Salta” ante las consecuencias de las medidas que se están tomando a nivel nacional.
EL PARTIDO OBRERO PROPONE UN PACTO DE LAS VÍCTIMAS DEL AJUSTE@ClaudioDelPla sugirió "dar vuelta la tortilla" y propuso una alternativa en favor de los trabajadores. Enumeró los puntos que podrían incorporar.https://t.co/Jkyp14WbjC
La semana pasada se conocieron los datos del informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) sobre la pobreza y el trabajo en Salta: 65% de pobreza; 21% de indigencia; 53% de trabajo en negro.
El déficit de vivienda en la provincia alcanza a 80.000 familias y del plan “mi lote” no hay noticias al cabo de 5 años de gobierno de Sáenz.
Suman 29 años en el poder y tenemos 53% de trabajo en negro y déficit de 80000 viviendas: Gustavo Sáenz se reunió con exgobernadores para acordar el Pacto de Güemes en defensa del federalismo y la Constitución https://t.co/kzIPBJ8fKs
En la Salta gobernada por este trío empobrecedor, el Banco Macro pasó de ser el banco número 20 al número 1 dentro de la banca privada nacional. La propiedad de la tierra se ha concentrado en muy pocas manos al punto que, según el censo agropecuario 2019, solo 70 personas o empresas concentran el 50% de la propiedad y, por lo tanto, de la renta de la tierra.
Estos terratenientes solo aportaron el 0.03% de los ingresos provinciales el año pasado según la información oficial de la oficina de presupuesto, ya que pagan impuestos sobre una valuación de sus tierras 20 veces menor al precio de mercado. La enorme renta extraordinaria que obtiene la minería del litio que hoy, aún con precios bajos, cuadriplica los costos de producción, se va del país dejando migajas de regalías y algunos puestos de trabajo temporarios, de baja calidad, en la construcción y ninguna industrialización ni valor agregado en origen. El trío en cuestión apoya fervientemente el RIGI (régimen de grandes inversiones) que está incluido en la Ley Bases para otorgar aún más beneficios de carácter colonial a estas empresas.
El pacto que necesitamos para defender al pueblo de Salta debe ser entre todas las víctimas del ajuste y la política empobrecedora de Milei y de los que gobernaron las últimas décadas. Necesitamos un conjunto de medidas de emergencia; garantizar el acceso a la alimentación de los 140.000 salteños que están en la indigencia; encarar un plan de loteos y construcción de viviendas populares en base a un banco de tierras públicas y privadas que sean declaradas de utilidad pública; pasar a la planta permanente, con todos los derechos, a los miles de trabajadores precarizados en el Estado; garantizar que el piso salarial de todos los trabajadores sea igual al costo de la canasta familiar.
Hay que formar un fondo extraordinario para financiar estas medidas con un impuesto extraordinario a las grandes empresas mineras, bancos y exportadoras; con la actualización a valor de mercado del impuesto que deben pagar los grandes terratenientes; con la suspensión de los pagos e investigación de las deudas del fondo de Reparación histórica y del Bicentenario, completamente fraudulentas.
El desafío inmediato es impulsar en Salta la más grande movilización popular, el próximo miércoles 12 de junio, contra la sanción de la Ley Bases que es el decálogo de todo el ajuste contra el pueblo.
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Se produjo una nueva muerte en las minas de Salta, esta vez fue en el Proyecto Mariana, que busca explotar litio en el Salar de Llullaillaco y pertenece a la empresa china Ganfeng Lithium.
La falta de empatía y la política de la patronal, totalmente criminal, se llevó la vida de un trabajador de 55 años, que se desarrollaba como oficial albañil de la empresa contratista Vicente Moncho Construcciones. En la Mina Lindero de la empresa Mansfield había muerto un obrero de 26 años triturado por una de sus maquinarias. Sus familiares denuncian la responsabilidad de la empresa.
La nueva víctima venía con una descompostura general compatible con un enfermedad respiratoria. Fue atendido por el personal médico del lugar pero no dieron relevancia a lo que estaba pasando, solo lo medicaron con pastillas y no le facilitaron la ambulancia para su traslado en tiempo y forma. Solo cuando se complicó el cuadro habilitaron la bajada, pero ya era demasiado tarde. Según algunos medios, padecía una pulmonía.
Los trabajadores denuncian el trato inhumano de la empresa. Estos se alojan en un lugar llamado La Villa que no cuenta con todo lo necesario para enfrentar las inclemencias climáticas, como por ejemplo agua caliente. Solo hay tres baños para más de 100 trabajadores y los mismos se encuentran muy alejados de las habitaciones, por eso el 90% se encuentran con cuadros respiratorios.
Canallas con cómplices en el gobierno. El 10/11/23 hubo huelga de los obreros de Moncho que reclamaban por la falta de ropa térmica y agua caliente, despidieron a los voceros... Muere un obrero de la construcción en la Puna y hay reclamos https://t.co/lUxGGZpghC
Recordemos que en 2023 se produjo un fuerte conflicto en esta empresa, con un paro total, debido a que las condiciones laborales son significativamente peores que las que existen en otras contratistas, y los salarios que pagan son de miseria, más tratándose de un trabajo en una zona de condiciones ambientales extremas. Uno de los reclamos centrales ya había sido la falta de entrega de ropa térmica y agua caliente. En esa oportunidad la empresa terminó despidiendo a los referentes de la lucha.
Sus compañeros se encuentran realizando asambleas y paro desde el mismo momento que se conoció su muerte. También denuncian otras irregularidades, como los amenazas, o que al que se enferma se le da la baja; no tienen la libertad de volver a sus casas por cuestiones personales ya que tienen que cubrir los gastos de transporte ($250.000), lo que es imposible solventar por un trabajador. Además de las reivindicaciones que vienen levantado, como la provisión de ropa de trabajo y la de no trabajar en condiciones climática muy desfavorables.
La situación ha puesto en alerta a los trabajadores mineros de todo el NOA. Según el medio Que Pasa Salta, el paro que se está llevando adelante en Salta podría extenderse a las minas de Jujuy y Catamarca. En Catamarca, justamente, hubo el mes pasado una huelga en la minera del Litio Liex porque se obligó a los trabajadores a subir a la mina en medio de un temporal que puso en riesgo sus vidas.
Convocamos a todos los trabajadores a organizarnos para la lucha por todas nuestras reivindicaciones y derrotar la Ley Bases que viene a profundizar la precarización laboral y entregar nuevos beneficios a las mineras.
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Cada vez que Sáenz busca disimular su condición de gobernador agente de las mineras, de los grandes terratenientes, del Banco Macro y de socio de todos los planes de ajuste, anuncia un “Pacto por Salta”. Ahora viene a proponer otro pacto para que se firme el 17 de junio, aniversario del fallecimiento del General Güemes, nada menos que para defender a Salta ante las consecuencias del ajuste de Milei. Pero fue él mismo el primero de los gobernadores en sumarse a colaborar con el gobierno del “ajuste mas grande de la historia”, como dice el presidente.
Hace pocos días mandó a sus diputados nacionales a votar la Ley Bases que es la hoja de ruta de un gravísimo paquete de medidas contra los trabajadores y convierte a la Argentina en una colonia del gran capital, incluso del que tiene origen en el narcotráfico. Allí se liquida el derecho a la jubilación para el 80% de los argentinos, elimina el monotributo social dejando sin obra social ni aportes jubilatorios a más de un millón de trabajadores desocupados o cuentapropistas y avanza en una reforma laboral negrera. El llamado Régimen de las Grandes Inversiones, apoyado con entusiasmo por Sáenz y otros gobernadores peronistas, promete dejar tierra arrasada en las provincias que ceden sus recursos naturales en bruto a empresas que pueden importar “hasta los clavos” que utilicen sin pagar impuestos y renuncian a legislar por un lapso de 30 años sobre el destino de estos recursos.
No se puede defender al pueblo de Salta al mismo tiempo que se es cómplice de Milei. Es claro además que, desde la primera hora, el gobierno provincial armó su propio ajuste haciendo votar una ley de emergencia que recorta gastos esenciales en salud y educación. Luego aplicando una política de caída de los salarios estatales, que vienen perdiendo ampliamente contra la inflación. En nombre de la crisis financiera, se tomó un crédito de 40 mil millones de pesos con el Macro, pero de esa plata no fue ni un peso a salarios ni a la asistencia a los comedores, aunque desde que asumió Milei otros 100.000 salteños pasaron a estar por debajo de la línea de pobreza. Esa plata se aplica al pago de la deuda fraudulenta, que tomó Urtubey, de los fondos de Reparación Histórica y del Bicentenario, que este gobierno blanqueó, y a subsidiar a sectores empresarios.
El truco es siempre el mismo, el hombre toma el poncho salteño lo revolea y anuncia que busca la defensa de los intereses de todos: ricos y pobres, ocupados y desocupados, jóvenes y ancianos. Claro que si tenemos en cuenta que lleva casi 6 años en el poder y que en los anteriores 24 años fue siempre parte de la camarilla gobernante, sea con Romero o con Urtubey, es evidente que su política ha consolidado y agravado la pobreza para más de la mitad de los salteños. En este tiempo al agente financiero de la provincia le fue bárbaro, pasando de banco número 20 a banco número 1 en el país, al igual que a las 70 empresas que concentran la propiedad y la renta de la mitad de las tierras productivas de la provincia.
Los que debemos unirnos en Salta somos las víctimas del ajuste de Milei y de Sáenz, como se han unido los trabajadores de todos los sectores en Misiones contra la miseria salarial. Un plan para defender al pueblo de Salta debe partir de la base de una movilización general para que caiga la Ley Bases, del establecimiento de un plan de emergencia para financiar las principales demandas de la población, como la garantía de un salario igual al costo de la canasta familiar, la financiación de un plan de viviendas masivo y de los servicios esenciales. La plata hay que ir a buscarla en la actualización de los impuestos que paga la gran propiedad agraria (el año pasado solo aportaron el 0.4% del presupuesto) y en el aumento de las regalías mineras que hoy pagan solo el 3%. Vamos por la unidad de los trabajadores para derrotar esta política que aplican a dúo el gobierno nacional y el provincial.
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Protesta contrar el ataque del gobierno provincial.
En la mañana del lunes 13 de mayo, mientras se realizaba una audiencia pública en la localidad de La Caldera, el Polo Obrero y el Partido Obrero, junto al MTR Votamos Luchar por un Cambio Social y la Cuba, se concentraron frente a la Sociedad Anónima de Transporte Automotor (Saeta) para rechazar el nuevo aumento del boleto que se discutía en dicha audiencia.
La actividad tuvo una gran repercusión en los principales medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurrió en otras similares cuando se estaba también por aumentar el boleto. Esto muestra que la situación social de miseria profundizada por la motosierra de Milei, que Sáenz aplica en la provincia, hace que este boletazo sea un golpe mortal contra el bolsillo de las y los trabajadores.
En el acto que se realizó, los compañeros y las compañeras de las organizaciones presentes coincidieron en que a esta política la vamos a derrotar con la movilización popular. También coincidieron en la necesidad de imponer que se establezca un abono social para los trabajadores y trabajadoras. El compañero Claudio Del Plá, que intervino en nombre del Polo Obrero y del Partido Obrero, explicó que este boletazo tiene su origen en la Ley Bases que se discute en el Congreso, donde diputados y senadores que responden a los gobernadores la están apoyando, y que solo así se puede aprobar ya que el gobierno nacional es una minoría en ambas cámaras. Denunció que también se está imponiendo un brutal aumento del boleto interurbano. Por último, hizo un llamado a movilizarse muy masivamente cuando se trate en el Senado para frenar esta ley que afectará de manera decisiva la vida del pueblo trabajador.
Es importante señalar que Saeta viene siendo derrotada en sus intentos de poner restricciones al boleto estudiantil gratuito, producto de la movilización de los estudiantes, donde la juventud del PO, la UJS, viene jugando un importante papel.
La audiencia pública, que se realizó fuera de la capital salteña donde se concentra la gran mayoría de los usuarios, tuvo una concurrencia paupérrima como todas las últimas que se realizaron. En ella, el presidente de Saeta justificó el pedido de aumento en función de la quita de subsidios del gobierno nacional y el aumento de los costos. Por su parte, el diputado olmedomileísta Roque Cornejo, en un acto de cinismo brutal, rechazó el aumento y dijo que había que establecer un boleto obrero, cuando es su gobierno el principal impulsor de los tarifazos. Según el diario El Tribuno, la totalidad de los escasos asistentes rechazaron el boletazo.
El boleto urbano base costaba en enero de este año $110. A finales de ese mes pasó a $290, y, luego, el 4 de marzo a $490. Si la Autoridad Metropolitana de Transporte autoriza este nuevo aumento, en 4 meses el boleto habrá aumentado en un 600%. Mientras tanto, el salario de los trabajadores estatales por ejemplo, en el mismo período tuvo un aumento de apenas un 40%.
Este boletazo tiene un efecto particular para los empleados de comercio y para las trabajadoras de casas particulares. En el primer caso, porque estos trabajadores utilizan por lo menos cuatro colectivos por día de lunes a viernes y los sábados dos o cuatro también. En el segundo, porque las trabajadoras que tienen trabajo por horas, se movilizan de una zona a otra de la ciudad usando varios colectivos diarios, con lo que este aumento puede implicar que directamente no les convenga trabajar ya que van a gastar más en transporte de lo que obtienen de salario.
Hay que ganar con todo la calle para derrotar estos brutales ataques contra las y los trabajadores.
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La movilización de este martes 23 en Salta, que formó parte de la gran Marcha Federal Universitaria, fue la más masiva que se haya visto en décadas en la provincia. Quizás haya que remontarse a las enormes marchas docentes de la huelga del 2005 como antecedente a una movilización popular tan masiva, y tal vez la de hoy la supere. Muchos medios señalan que había no menos de 15 mil personas, otros señalan entre esa cifra y 20 mil.
Cuando la plaza 9 de Julio, que fue el punto final de la marcha, ya estaba llena muchas columnas todavía no habían ingresado a la misma.
La marcha estuvo precedida de un abrazo a la UNSa el pasado jueves 18 de abril. Concentró una presencia masiva de estudiantes, docentes, investigadores y personal no docente, tanto de la universidad como del IEM (Instituto de Educación Media que depende de la UNSa), investigadores y becarios de Conicet, pero también se sumaron graduados de la UNSa, estudiantes y docentes terciarios y secundarios, trabajadores de distintos organismos estatales provinciales y nacionales, sindicatos y organizaciones de desocupados. Hubo presencia de estudiantes y docentes de las sedes del interior en la capital, y una marcha en Tartagal, donde hay una sede de la UNSa.
La simpatía de la gente en las calles se hizo sentir con aplausos desde la vereda o desde las casas y edificios. Mucha gente, además, se fue sumando en el recorrido. En la concentración, que fue en el Monumento 20 de Febrero, se escuchaban los bocinazos de apoyo de la gente que pasaba.
Lo contradictorio es que estuvieron presentes funcionarios y legisladores del oficialismo provincial, que ya dispuso a sus diputados nacionales para votarle la Ley Bases de Milei.
El movimiento estudiantil tiene ahora un desafío inmediato para dar continuidad a la lucha, porque el gobierno de Sáenz quiere restringir el boleto estudiantil gratuito imponiendo, a partir del 30 de abril, requisitos absurdos que dejarían a todos los ingresantes sin boleto. No solo los estudiantes rechazan esos requisitos sino también las autoridades de la universidad.
Luego de la lectura del documento que se hizo en la plaza realizamos un acto con las organizaciones con las que venimos hace años luchando juntos.
Desde el Partido Obrero y la UJS se han hecho distintas actividades para convocar a la movilización, no solo en la universidad sino en distintos lugares de estudio y trabajo, y eso se notó en la importante columna que movilizamos.
La movilización fue una respuesta contundente al plan motosierra de Milei, y debe ser el puntapié de un plan de lucha para derrotarlo.
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Este jueves 18 de abril, el Polo Obrero realizó una olla popular en el Barrio 17 de octubre de la zona norte de la ciudad de Salta. Como parte de una actividad que se desarrolla en todo el país, se puso de manifiesto el reclamo de asistencia alimentaria para comedores y merenderos, y que el gobierno tome medidas ante la creciente epidemia de dengue.
La actividad fue anunciada el día previo con volantes y un sonido rodante que recorrió toda la zona.
Se acercaron muchas vecinas y vecinos con sus hijos, haciendo que la olla de 70 litros de guiso se agotara por completo en poco tiempo. Los comentarios de todos los que se acercaron eran las dificultades para poder contar en sus casas con alimentos suficientes. La mayoría asistía a comedores que se sostenían a puro pulmón y con donaciones de comercios pequeños, y que producto de la situación económica actual ya no pueden sostenerse.
El Plenario de Trabajadores Jubilados recorrió los centros de jubilados de la zona invitando a la olla. Muchos jubilados que cobran la mínima se acercaron y manifestaron que la negativa del gobierno de Sáenz y el de Milei de abastecer los comedores, incluidos los de los centros de jubilados, los han puesto ante una situación más delicada a la que ya tenían.
La olla tuvo una gran repercusión, donde los que pasaban saludaban o tocaban la bocina de sus vehículos en señal de apoyo.
Con esta actividad se refuerza la presencia del Polo Obrero en la zona para agrupar a más vecinos en las luchas venideras contra la motosierra de Milei y de Sáenz.
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Piden un préstamo para refinanciar la deuda de Urtubey.
La aprobación en Diputados del crédito con el banco Macro es un complemento de la política de ajuste que lleva adelante Sáenz destruyendo salarios y desfinanciando la salud pública. Toman fondos para pagar la deuda del Bicentenario que debió invertirse en obras que nunca se hicieron, a excepción de un 20% de los fondos que ejecutaron los municipios. El destino de aquellos fondos, con Urtubey como gobernador y Estrada como ministro, fue financiar los déficits del Ejecutivo y la campaña presidencial del primero.
Esta deuda trucha ya fue refinanciada y reconocida en su momento por Sáenz y por todo el arco político de Salta a excepción del Partido Obrero que fue el único en votar en contra en Diputados en una votación de 57 a 1.
Aunque la ley aprobada no lo dice, el uso del dinero va a ser discrecional. Lo confirma el hecho de que en los últimos días el gobierno se ha reunido con distintas cámaras empresarias a las que, en nombre de la crisis económica y el incremento de tarifas de los servicios, se ha comprometido a subsidiar por distintos mecanismos.
Esta fuera de la agenda del gobierno ir a buscar los fondos en las grandes actividades económicas de la provincia. Los dueños de la tierra solo aportaron 4 de cada mil pesos de los ingresos del año pasado, según la información oficial de la Oficina de Presupuesto de la Provincia. Esto es así porque pagan impuestos por valores ridículos de la tasación de sus tierras. Tampoco se propone ir a buscar los fondos en la minería. Al contrario, Sáenz es un ferviente promotor del nuevo Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) que esta contenido en la Ley Ómnibus de Milei, que sus diputados apoyaron y van a volver a apoyar en los próximos días cuando sea tratada en el Congreso.
Decimos que el crédito es un complemento de la motosierra, que también aplica Sáenz a nivel local, porque no está previsto destinar fondos a la emergencia alimentaria planteada por el crecimiento de la pobreza y el corte total de los alimentos a los comedores de parte del gobierno nacional. Tampoco se prevé aplicar los fondos a la emergencia sanitaria por el impacto del dengue en la provincia, que demanda la vacunación masiva, la contratación de brigadas para el descacharrado, la fumigación focalizada en los lugares de contagio y el fortalecimiento de los dispositivos asistenciales con más personal y recursos.
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Como en todo el país, en la ciudad de Salta se realizó una asamblea abierta del Partido Obrero el pasado sábado 13 de abril. Docentes, trabajadores de la salud, estudiantes universitarios y terciarios, trabajadoras de casas particulares, desocupadas y trabajadoras y trabajadores jubilados participaron de la asamblea. El informe inicial estuvo a cargo del compañero Claudio Del Plá y la compañera Gabriela Cerrano, ambos dirigentes del PO. Posteriormente se abrió el debate
Un tema que fue parte de varias intervenciones fue la epidemia de dengue. La situación en la provincia es muy grave, por eso existe una gran preocupación entre los luchadores lo que hizo además que sea un eje central en la movilización del pasado 10 abril. Hubo un balance de dicha jornada, sobre todo para las y los compañeros simpatizantes que participaron de la asamblea.
La compañera Maripaz, de la juventud del PO (Unión de Juventudes por el Socialismo), hizo un balance de la reunión convocada por las autoridades de la universidad nacional que refleja, por un lado, una grave situación, y, por el otro, la adaptación de las autoridades a “pilotear” el ajuste. Por eso concluyó con un llamado a que el movimiento estudiantil se vuelque masivamente a las calles en la marcha universitaria del próximo 23 de abril.
Una compañera delegada del Polo Obrero y trabajadora de casas particulares comentó su experiencia de ser estigmatizada como “planera” al punto tal de perder algunos trabajos por participar de movilizaciones. Mencionó incluso que el Polo no solo se moviliza por las reivindicaciones propias de los trabajadores desocupados o precarizados, sino que acompaña la lucha de todos los trabajadores, como ocurrió en la última huelga docente. La lucha docente y la de los jubilados también fue parte del debate.
La principal conclusión de la asamblea fue la necesidad de preparar la huelga general para derrotar el brutal ajuste de Milei y que en Salta aplica el gobernador Gustavo Sáenz.
La asamblea votó una agenda inmediata de lucha. En ese sentido, se acordó impulsar movilizarnos en Salta el 23, reclamando la suspensión de actividades por parte del rectorado y convocar a todo el pueblo a sumarse masivamente en defensa de la universidad pública. Asimismo, llegar a los estudiantes secundarios y terciarios que sufren la falta de edificios, copa de leche y la restricción del boleto. Cuadro que expone el ajuste que aplica Sáenz, agudizando la deserción estudiantil.
Se aprobó también la realización de ollas populares por zonas para reclamar contra la quita de alimentos a los comedores y exigir un protocolo para atender la epidemia del dengue, sumando a los vecinos de las distintas barriadas.
Visitar los centros de jubilados de los barrios para sumarlos a unificar los reclamos en la calle con todos los trabajadores, y seguir desarrollando el Plenario de Trabajadores Jubilados, también fue parte de la agenda votada.
Vamos con todo a desarrollar esta agenda de lucha.
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La jornada nacional de lucha del pasado 10 de abril por el reintegro de los alimentos para merenderos y comedores, en Salta reunió al Frente Piquetero de Lucha, la Utep y la Coordinadora por el Cambio Social, en una concentración en la puerta de la Casa de Gobierno.
Frente a miles de trabajadores desocupados, se realizó un acto en el que se denunció al gobierno de Sáenz como responsable de la extensión de la epidemia de dengue, por no haber desenvuelto una verdadera campaña de prevención antes del verano, y de contención ahora. Salta ya supera los 10.000 casos y 16 personas fallecidas. Peor todavía, porque el brote se produce en una provincia con un sistema de salud completamente vaciado. Los oradores denunciaron también que, como parte de la misma política, este gobierno se niega a destinar fondos extraordinarios para asistir a los merenderos y comedores de las organizaciones de desocupados, ante el desfinanciamiento del gobierno nacional.
Finalmente, luego de tres horas de espera, los representantes de las organizaciones fueron atendidos por el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, la secretaria de Asuntos Institucionales, Frida Fonseca, y funcionarios de Salud y Desarrollo Social.
Reclamaron, en primer lugar, la declaración de la emergencia alimentaria, con la ejecución de fondos extraordinarios para que se asista con mercadería a merenderos y comedores, en reemplazo de los alimentos que el gobierno nacional ha dejado de enviar a las provincias. Solicitaron además módulos alimentarios para todas las familias carentes de recursos organizadas en las agrupaciones presentes. Y extendieron el reclamo por alimentos incluso para los comedores de las escuelas técnicas y la copa de leche para secundarios y terciarios.
En segundo lugar, reclamaron que Sáenz determine la emergencia sanitaria, comenzando una verdadera campaña para llegar a todos los hogares de las zonas afectadas por la epidemia, con descacharrado, fumigación localizada, desmalezamiento, entrega de larvicidas para los pozos ciegos, repelentes, etc. Para ello, reclamaron la incorporación con asistencia económica, ropa y herramientas destinadas a estos objetivos, de los trabajadores desocupados de las organizaciones, para formar cuadrillas que lleven adelante en las barriadas, todas las tareas necesarias.
El reclamo se extendió también al reequipamiento de los hospitales de toda la provincia para tratamiento de la emergencia, con mayor cantidad de profesionales, ampliación del servicio con hospitales de campaña y la entrega de medicamentos.
Con el mismo objetivo de frenar la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad, reclamaron la extensión de redes de cloacas y agua potable a todos los barrios de la provincia que carecen de las mismas, para evitar los reservorios en pozos ciegos y en el agua estancada de los envases provisorios.
Los funcionarios comenzaron rechazando tomar un compromiso que significase destinar recursos provinciales, enfatizando ser víctimas de una política de restricción de gastos por parte del gobierno de Milei.
https://bit.ly/4ap0W98
La respuesta de distintos referentes fue que con solo cobrar un impuesto extraordinario a las mineras aparecerían los fondos necesarios para paliar la emergencia. Se denunció que en la misma semana, el gobierno se había reunido con las Pymes y Cámaras empresarias para acordar una línea de subsidios y créditos blandos, para ayudarlos a paliar la caída de las ventas y el tarifazo en las facturas de luz. Finalmente reconocieron que el gobierno provincial había decidido tomar nueva deuda en función de resolver este tipo de reclamos, dejando de lado las necesidades populares. El nuevo endeudamiento que quiere el gobierno también se utilizará para pagar la deuda fraudulenta que dejó Urtubey, como lo explicó la compañera del Polo Obrero, Gabriela Cerrano, en el acto que se realizó al inicio de la jornada.
La respuesta a las organizaciones de desocupados será presentada en una nueva reunión la próxima semana. Las organizaciones alertaron que, sospechosamente, nada de esto fue informado en el parte de prensa oficial.
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Los paquetes tienen el emblema del delfín del Clan Castedo.
En los últimos treinta días distintos operativos secuestraron casi 1.300 kg de cocaína provenientes de Salta; 816 kg en un camión de zapallos, 314 kg en la autobomba de los bomberos de la localidad fronteriza de Aguas Blancas, y 134 kg en una ambulancia de Orán. En todos los casos, los paquetes estaban con el emblema del delfín característico del Clan Castedo.
Si se tiene en cuenta que siempre se calcula que lo secuestrado es una pequeña proporción de lo que efectivamente se traficó, podríamos afirmar que por las fronteras de Salta y desde Salta hacia el resto del país pasan cantidades gigantescas de droga. Con seguridad, la mayor parte de la que se consume en el país y de la que se exporta.
Hace 17 años, el Clan Castedo asesinaba a la campesina Liliana Ledesma, quién denunció al diputado Aparicio por expulsar campesinos para quedarse con tierras en plena frontera con Bolivia. Muchos años después, los Castedo fueron a prisión y ahora están condenados, pero todo indica que en estas dos décadas nunca dejó de funcionar el clan, que tiene enormes lazos con todos los poderes del Estado salteño.
El exjuez federal de Orán, Reynoso, vendía las libertades de los narcos. Miembros de Gendarmería y policía provincial, incluidos importantes jefes, fueron descubiertos también vinculados al narcotráfico. Legisladores como el diputado Aparicio o un presidente del Concejo Deliberante de la ciudad fronteriza de Salvador Mazza aparecieron asociados al Clan Castedo en estas dos décadas. Los crímenes de estos mafiosos se multiplicaron en la frontera pero en los últimos dos años llegaron a la capital salteña.
Desde el Partido Obrero hemos denunciado en tiempo real todas las manifestaciones del Estado narco y peleamos por su desmantelamiento. Hemos exigido que se siga la ruta del dinero y se incauten los bienes de los narcos y sus cómplices. Hemos propuesto comisiones investigadoras en Diputados cuando fue el caso Ledesma y desde el poder se le garantizó impunidad al diputado Aparicio, cuya asociación con los Castedo quedó probada en el juicio por el crimen de Liliana. Denunciamos en tiempo y forma la actividad de la policía provincial cuando asumió la persecución del microtráfico hace años.
Hoy circula más droga que antes de que la policía asuma esa función, aunque creció el doble la cantidad de presos por esta causa. Está fresco el compromiso del exsecretario de Seguridad de Sáenz con uno de los más pesados sicarios asociados a toda esta mafia. El actual ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, dijo recientemente en los medios de prensa que en Salta no hay bandas narcos.
Sáenz, como antes Urtubey y Romero, cierran la boca y miran para otro lado porque una investigación en regla, empezando por seguir la ruta del dinero, pondría en el banquillo a buena parte de los capitalistas locales, mientras crece la amenaza de que al enorme crecimiento del consumo se agreguen los crímenes masivos como los que hoy ocurren en Rosario de Santa Fe.
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Nuevamente Salta vuelve a sufrir una nueva oleada de casos de dengue. Pero a pesar que ya desde los 90 existe la enfermedad en nuestra provincia -lo que manifiesta su carácter endémico-, cada año, la extensión territorial es mayor, así como el incremento de casos. Esto plantea la necesidad de una campaña de prevención por parte del gobierno, en el período invernal, para limitar el impacto sobre la población en el verano. Sin embargo, llegamos a esta situación y el Estado solo se limita a recomendarle a la población que limpie su cuarto, descargando toda la responsabilidad en ella.
“En la última Semana Epidemiológica (SE), comprendida entre el 17 y el 23 de marzo, el Ministerio de Salud Pública confirmó 2.255 nuevos casos de dengue en Salta, acumulando 6.479 positivos desde que inició este año y 82 casos de chikungunya. Los casos confirmados de esta enfermedad transmitida por mosquito fueron notificados en 22 de los 23 departamentos de la provincia. La Poma continúa siendo el único en el que no se registraron notificaciones positivas de dengue”, con mayor cantidad de contagios en Capital, Metán y Anta (Ministerio de Salud Pública de Salta). “En la última semana se registró un aumento del 80,5% de casos de dengue y el 73% chikungunya en Salta: hay departamentos con 700% de casos más que la semana pasada” (ídem anterior).
A continuación, la propia página oficial del Ministerio de Salud Pública alerta sobre los pozos ciegos como principales criaderos para la proliferación del Aedes Aegypti.
Una política planificada de Salud Pública de la Provincia, ante la certeza de la llegada de la epidemia, debería haber destinado los fondos necesarios para la extensión de redes de cloacas y la erradicación de pozos ciegos en toda la provincia. Sin embargo, desde los últimos 20 años, venimos padeciendo la desinversión en política sanitaria y el vaciamiento presupuestario de Aguas del Norte. Incluso hemos padecido negociados como el Fondo de Reparación Histórica y el Plan Bicentenario, muestras del manejo corrupto de la clase capitalista en nombre de las necesidades populares.
Al mismo tiempo, el reequipamiento de hospitales y centros de atención primaria de toda la provincia, ya que, ante la mala nutrición y las condiciones precarias de vivienda creciente entre la población trabajadora, una parte puede cursar cuadros graves. Por lo tanto, los pacientes con dengue requieren un seguimiento profesional de al menos 10 días, con control clínico y de laboratorio. El sistema de salud de la provincia hoy, no acepta un incremento de la demanda de atención, lo que se vuelve un riesgo de vida para pacientes con antecedentes de diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad, insuficiencia renal crónica, entre otras.
En la última semana, el Gerente del Hospital Del Milagro, Dr. Rodrigo Giménez Lascano, manifestaba para el medio Salta Comparativa, que la guardia se encuentra sobrepasada y que trabajan con el doble de cantidad de demanda. “Solo este fin de semana recibieron más de 300 consultas, de las cuales 280 eran cuadros febriles, y de esos, 240 fueron diagnosticados como dengue. De esa cantidad 30 fueron internados” señaló.
Por falta de espacio debieron agregar camillas en los pasillos para pacientes con cuadros de deshidratación aguda, una de las manifestaciones de la enfermedad. Ni pensar en el aislamiento que estos pacientes requieren, para prevenir que sean nuevamente picados y contraigan dengue los pacientes que llegan al hospital con otra patología. Sin contar que la sobrecarga laboral de estos trabajadores implica la reducción de otros servicios hospitalarios.
En el marco del desfinanciamiento presupuestario, los bajos salarios y los despidos del personal precarizado con los que Sáenz inauguró el año, la motosierra y licuadora pone en peligro la salud de la población.
Recordemos que Sáenz fue responsable del desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vectores, conocida como en Salta como La Palúdica, para quedarse con su edificio e instalar allí el Museo del Folklore, en una zona que se ha convertido en un paseo cervecero destinado al negocio inmobiliario y del turismo. El vaciamiento que le siguió, el despido de las cuadrillas de trabajadores que actuaban en todo el ámbito provincial y regional combatiendo los vectores de transmisión del dengue, el zika, la chikungunya, el chagas y el paludismo.
Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública informa que ha sido autorizado a comprar 300.000 dosis de la vacuna QDenga, para vacunar a la población. Sin embargo, hasta ahora, solo ha comprado menos del 10% y solo las han aplicado en 3 departamentos de la provincia. A 10 días del pico de la enfermedad, urge la aceleración de la campaña de vacunación. El retraso pone en riesgo la salud de miles de personas.
Y finalmente, una correcta y efectiva limpieza y eliminación de objetos en desuso en los domicilios de la población, así como el desmalezamiento de espacios públicos, baldíos, pastizales, canales, combinada con una fumigación directa en lugares de almacenamiento y depósitos a cielo abierto, drenajes y acumulación de agua, que combata el mosquito adulto, fuertemente desarrollado con las lluvias del período. En la última semana hemos visto el crecimiento de contagios en la población que habita a la vera de los ríos.
Pero esto requiere una campaña del Estado provincial y municipios, que organicen a la población a través de los medios y redes, y con brigadas de trabajadores con la ropa, recursos y capacitación necesaria para el manejo de estos procedimientos.
También, el estado debe garantizar la provisión de repelentes ya que estamos sufriendo una suba generalizada de los precios de repelentes e insecticidas.
Esta nueva epidemia, como ya pasara con el Covid-19, expone el grave problema de desinversión en infraestructura urbana en los barrios obreros, en el sistema de Salud y los bajos salarios y la precarización laboral, ahora agravado por la motosierra de Milei y los gobernadores a niveles extraordinarios.
Los trabajadores y vecinos de la provincia debemos reunirnos y votar un plan de lucha para imponer un fondo especial para equipar hospitales, extender redes de agua potable y cloacas a todos los barrios de la provincia, brigadas de descacharrado, desmalezamiento , fumigación y recolección de residuos desde cada vivienda con disposición final a cargo de la Municipalidad. Y porque no hay forma que la iniciativa particular resuelva algo que afecta a millones de personas, el Estado debe presentar ante la población un plan que enfrente la emergencia. Pero además, una planificación anual para combatir al vector, comenzando por la destrucción de las larvas y huevos en su etapa acuática, antes de cada verano.
Con el Polo Obrero vamos a desenvolver este debate en toda la provincia. El dengue llegó para quedarse y no podemos cometer el error de esperar que llegue el frío. Pongamos en pie asambleas y comités de crisis que organice a la población trabajadora.
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Jalil (Catamarca), Sáenz (Salta) y Zamora (Santiago del Estero)
Este martes 26 de marzo se estará desarrollando en Salta la 19° asamblea de gobernadores del Norte Grande. Además de los gobernadores del NOA y el NEA, se ha hecho presente el ministro del Interior, Guillermo Francos, junto a otros cinco funcionarios del gobierno nacional.
Según se informa desde el gobierno de Salta, en el temario están incluidos temas como el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), los subsidios al transporte y a la energía, la situación de la obra pública (como la reversión gasoducto Norte), el programa Incluir Salud (medicamentos oncológicos, HIV, trasplantes, diálisis, etc.) y el consenso fiscal 2023 y las deudas.
En los últimos 15 días, Sáenz, el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo y otros gobernadores, ordenaron a sus diputados que no den quórum a sendas sesiones en donde debía tratarse la “recuperación” de las jubilaciones (una nueva formula de movilidad) y también la reposición del incentivo docente.
En los salarios de los docentes de las 10 provincias que hoy se reúnen en Salta, se aplica el descuento neto de los haberes con la eliminación del incentivo.
Cada uno de los gobernadores viene aplicando su propia motosierra, como lo demuestran la caída en picada del salario real de los empleados públicos y los ajustes extremos en salud y educación.
¿En qué consisten entonces las diferencias que hoy van a discutir con los funcionarios de Milei? ¿En alguna provincia están planteando que los sojeros o los ingenios paguen impuestos de acuerdo a lo que valen realmente sus tierras? ¿O que las mineras dejen de pagar un miserable 3% de regalías?
Al contrario, están viendo si recuperan algo de caja haciéndose cómplices de la reinstalación del Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores; si cierran filas para que se sancione el régimen de grandes inversiones que favorece a las mineras con la eliminación del pago de retenciones a partir del tercer año, una merma del 10% en Ganancias. Hacen lobby en favor de un sector de las tabacaleras o del negocio de los biocombustibles. Quieren salvar el financiamiento de alguna obra pública como la de la reversión del gasoducto o alguna ruta asociada al funcionamiento de los grandes negocios.
No hay en la agenda de los gobernadores ninguna política para defender a sus trabajadores frente al crecimiento exponencial de la pobreza o la desesperante crisis de salud con la endemia del dengue.
Ahora quieren hacer causa común entregando sus votos a favor de la nueva Ley Ómnibus, que liquida el derecho a huelga y el estatuto del docente, a la que en esta oportunidad pretenden incorporar toda la reforma laboral del DNU 70, que arrasa con el derecho colectivo de los trabajadores.
En oposición a esta unidad de los cómplices de la motosierra de Milei, desde el Partido Obrero impulsamos la unidad de los trabajadores. Preparemos una huelga general para derrotar la motosierra de Milei y los gobernadores.
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Desde principios del 2023, comenzaron las obras de construcción de 2 aulas y la cocina, además de la refacción de los techos y un nuevo cableado, de una escuela muy desinvertida del barrio Misión Wichi de Pichanal. La obra comenzó a paralizarse desde julio por falta de fondos, y finalmente en diciembre la empresa se retiró aduciendo que el gobierno provincial no está enviando los fondos para la certificación de obras.
A pesar que los padres fueron advirtiendo al gobierno provincial durante las vacaciones sobre la necesidad de destinar los fondos para que continué la obra de infraestructura, para evitar la parálisis de las clases; Sáenz decidió aplicar la motosierra y no responder el reclamo.
Sin luz, sin agua, con cables colgando y materiales de construcción por doquier, el viernes pasado los padres decidieron organizarse para cortar la ruta 34 ante el comienzo de la tercera semana sin clases. Hoy el Polo Obrero ha iniciado una olla popular en la puerta de la escuela, para exigir junto con los padres la continuidad de la obra. Al cierre de esta nota, la empresa aseguró que en el curso del día de hoy está llegando a Pichanal con el material de construcción y los trabajadores, para continuar la obra. Al mismo tiempo, el intendente se acercó para hablar con los padres, asegurándoles que la Municipalidad se va a hacer cargo de la electricidad y el agua.
El plan de lucha continuará hasta que se concrete la promesa del municipio y la provincia.
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En Salta la movilización de las organizaciones independientes en este 24 de marzo fue multitudinaria. Agrupó a más de 20 organizaciones, que en su mayoría son con las que venimos luchando contra todos los gobiernos y participando de las recientes grandes jornadas de lucha contra el plan motosierra de Milei y que Gustavo Sáenz aplica en Salta.
La movilización hizo su recorrido habitual por el centro de Salta pasando por la dependencias de las fuerzas represivas y del Ejército, que simbolizan la represión de ayer y de hoy. La misma concluyó en la Plaza 9 de Julio, donde se desarrolló el acto.
Por el Partido Obrero intervino el compañero Claudio Del Plá, quien destacó que la masividad de la movilización en todo el país es una enorme respuesta del pueblo argentino y un golpe al gobierno nacional y a los gobernadores que quieren imponer un ajuste brutal a los trabajadores.
El compañero además denunció la avanzada represiva del gobierno nacional contra los que luchamos y los intentos de garantizar la impunidad de los genocidas. Al mismo tiempo denunció que Sáenz hizo su propio protocolo antiprotestas el año pasado, al que luego la Legislatura convirtió en ley en medio de la huelga docente.
Destacando la importancia de una masiva movilización independiente como la que tuvo lugar en Salta y en todo el país, el compañero Del Plá hizo un llamado a las organizaciones presentes a reforzar la lucha y a preparar la huelga general para derrotar a Sáenz y Milei.
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La Corte de Justicia de Catamarca emitió el pasado 13 de marzo un fallo en función de un amparo ambiental presentado en 2021 por Román Guitián, cacique de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano.
En la presentación, Guitián pide que se revoquen todas las autorizaciones otorgadas a las empresas mineras de litio que actúan en el Salar del Hombre Muerto, para realizar obras en el Río Los Patos y usar su agua. El cacique señala que esos permisos fueron otorgados sin la realización de audiencia pública y con el desconocimiento total por parte de la comunidad y violando toda una serie de normativas, tanto aquellas que protegen los derechos de las comunidades originarias como las que tienen que ver con el ambiente. Denuncia, además, que se otorgaron autorizaciones para realizar obras, como un acueducto por ejemplo, sin tener estudios hidrológicos completos y sin un estudio de los impactos ambientales acumulativos que tendría el uso del agua del río por parte de distintos proyectos mineros que explotan o exploran litio.
Las dos empresas a las que le fueron otorgados permisos en el Río Los Patos son Livent, que explota litio desde el año 97, y Galaxy Lithium, cuyos proyectos hoy están en manos de Arcadium Lithium producto de la fusión de Livent y Allkem. Pero hay tres empresas más que hicieron pedidos de permisos para la extracción de agua del río.
Existe además el antecedente de la Vega del Río Trapiche, que se secó como consecuencia del uso del agua por parte de Livent.
En la presentación se denuncia también que el Estado provincial sigue negando el derecho al acceso a la información pública ambiental a las comunidades.
El fallo, sus alcances y limites
En primer lugar la Corte se declara competente para intervenir en el caso, luego de que hubiera varias idas y vueltas en el tema en distintos estrados judiciales, y luego declara procedente la acción de amparo ambiental presentada.
El fallo hace lugar parcialmente a lo solicitado en el amparo presentado por Guitián. En ese sentido, le ordena al Ministerio de Minería realizar un estudio de impacto ambiental acumulativo e integral del desarrollo de la actividad minera (litio), que deberá versar sobre el impacto ambiental acumulado “sobre el Río Los Patos-Salar del Hombre Muerto-Dpto-en el departamento de Antofagasta de la Sierra; sobre el paisaje, la fauna y flora del lugar, el clima y el ambiente en general, como las condiciones de vida de los habitantes del lugar y de la comunidad indígena afectadas” (textual del fallo). Asimismo, ordena que se garantice el derecho a la información y a la participación de la comunidad originaria y a los habitantes de Antofagasta de la Sierra. Por último, establece que el gobierno provincial, a través de los organismos correspondientes, debe abstenerse de otorgar nuevos permisos, autorizaciones y declaraciones de impacto ambiental con respecto a obras o actividades sobre el río Los Patos hasta tanto esté presentado el estudio de impacto integral.
El principal límite del fallo es que suspende nuevas autorizaciones dejando en pie todas las que están vigentes, por lo que las obras siguen su marcha y podrían estar produciendo un daño que sea irreparable. Esto fue considerado por uno de los ministros de Corte que votó en disidencia planteando la suspensión de los permisos que están vigentes, en función del principio precautorio que establece la legislación ambiental.
El otro límite es que plantea que el estudio de impacto se enfoque solo en el Río Los Patos y no sobre la totalidad del Salar donde hay siete proyectos litíferos en distintos grados de avance. Si bien la presentación de Guitián hacía eje en el río, la Corte pudo haber ampliado el alcance del estudio.
La respuesta ridícula de Jalil
Conocido el fallo, el gobernador se reunió de manera inmediata con representantes del sindicato Aoma y de la Cámara de Proveedores Mineros para a través de ellos llevar tranquilidad a las empresas mineras, las que en sus propios comunicados señalan que no se ven afectadas en los permisos que ya han obtenido.
Por otro lado, dijo en un comunicado que la Corte no solicitó estudios ambientales que ya existen y menciona uno en particular realizado por el Consejo Federal de Inversiones. Primero, la Corte es muy clara en que los estudios presentados por las empresas solo refieren a los impactos de sus proyectos de manera individual. Segundo, el estudio del CFI al cual refiere es un estudio hidrogeológico de la cuenca del Río Los Patos, que incluso es preliminar, que no tiene nada que ver con un estudio de impacto ambiental.
En medio de todo esto, El Ancasti informó que Arcadium anunció una serie de despidos que no tendrían que ver con el fallo sino con la caída del precio del litio y los anuncios de reducción que hizo la empresa para todas sus plantas instaladas en distintos países. Vamos a ver si la preocupación de Aoma por lo que puede implicar laboralmente el fallo se constata con un plan de lucha contra estos despidos.
Los límites del fallo que hemos señalado hacen que no podamos considerarlo un triunfo, pero sí podría considerarse un importante paso hacia adelante, sobre todo de quienes vienen luchando hace tiempo contra la explotación de litio en el Salar. Primero porque fue admitida la presentación y hubo una resolución. Segundo porque en dicha resolución se obliga al Estado a garantizar la participación de las comunidades y de la población en general de la zona y porque el estudio de impacto ambiental integral es importante no solo para este caso sino para otros lugares donde haya más de un proyecto en un mismo salar, por ejemplo. Puede ser un gran impulso para seguir luchando y que se frenen los proyectos en vigencia antes que pueda ocurrir un daño importante.
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Jalil intenta desmarcarse del naufragio de Milei. los libertarios buscan provincializar las elecciones para evitar que el colapso nacional los arrastre.
Pedro Saracho criticó a los referentes de La Libertad Avanza en la provincia, en el marco del escándalo que involucra a los hermanos Milei y a Eduardo "Lule" Menem.
El gobernador Gustavo Sáenz fue a la Legislatura salteña, en la inauguración de las sesiones parlamentarias, a justificar un enorme ajuste contra el pueblo de Salta en nombre del ajuste de Milei.
Por eso anunció que los salarios de los empleados públicos sólo se ajustarán por la recaudación, que va en franca caída, y no por la inflación. Por eso los médicos, los maestros y los trabajadores municipales arrancan el año con una caída brutal del salario de por los menos un tercio de su poder adquisitivo, y ha comenzado el despido masivo de municipales en algunas ciudades del interior.
En Educación, la ministra ya anunció que no se nombrará a los más de 1.000 ordenanza que faltan para el mantenimiento de las escuelas. Incluso está cuestionada la continuidad de los comedores escolares, porque no pueden funcionar con un presupuesto de $250 por alumno. Por ello han salido a cobrar $10.000 de cooperadora a los padres, que no tienen ni para comprar los útiles a los hijos.
En la salud pública han postergado las operaciones programadas, y la población que sufre enfermedades crónicas ya no tiene acceso a medicamentos oncológicos, para diabéticos o pacientes con HIV. Al mismo tiempo le quieren hacer creer a la gente que esta miseria presupuestaria se la puede compensar cobrándole a los trabajadores extranjeros por la atención en el hospital. Ahora, Sáenz le pide al Anses que le quite el Potenciar Trabajo a los compañeros extranjeros, muchos de los cuales hace años viven en Argentina y luchan con nosotros.
A la reducción del subsidio del transporte respondió con un boletazo que llevó el pasaje a $490, y que en pocos días puede llegar a $1.000, mientras las empresas mantienen su ganancia garantizada por kilómetro recorrido.
A la par del ajuste a los trabajadores, el ministro de Economía anunció la entrega de las regalías mineras como garantía de un nuevo hipotecamiento de la provincia. Sáenz ve en la crisis la oportunidad de nuevos negociados para el Banco Macro y para sus empresarios amigos, contratistas parásitos del Estado.
En el primer mandato, con esta política contra el pueblo, logró un superávit de 143 millones de dólares, que no fueron a hospitales, escuelas o salarios, sino al pago de la deuda ilegal e ilegítima dejada por Urtubey con el negociado del Plan Bicentenario y el Fondo de Reparación Histórica.
En su discurso en el acto de las organizaciones movilizadas para rechazar esta orientación de la apertura de sesiones, el dirigente del Partido Obrero de la provincia Claudio Del Plá expresó que para defender a los trabajadores salteños hace falta un impuesto extraordinario a las mineras y a los grandes latifundios que exportan en dólares dejando cifras irrisorias en la provincia, y expuso una plataforma de reivindicaciones populares perentorias que deberían ser resueltas con esos recursos.
Ellas son: un verdadero seguro al desocupado que cubra la canasta básica; aumento de emergencia del 100 % y un salario inicial para estatales provinciales y municipales de $ 600.000, que es el costo de la canasta de pobreza; ningún despido, pase a planta de todos los precarizados;
reequipamiento de los hospitales y de las escuelas; urbanización de los barrios para que todos tengamos acceso al agua potable, plan de viviendas y loteos populares que resuelva el problema del techo a más de 80.000 familias e incorpore a la mano de obra desocupada; asistencia alimentaria a comedores y merenderos; no al aumento del boleto de colectivo, de los servicios de luz, gas y agua, y de las tasas municipales.
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Ante los anuncios del gobierno nacional de una reducción de los subsidios al transporte público, la empresa estatal Saeta ha solicitado un aumento del boleto urbano. El pedido es para que el boleto pase de los $110 actuales a $500; es decir, más de un 350% de aumento. Una bomba atómica contra el bolsillo de las y los trabajadores. El último aumento se aplicó en agosto de este año.
El pedido de aumento tiene que ser analizado por la Autoridad Metropolitana de Transporte, que debería convocar a una audiencia pública. Sin dudas será tan trucha como las que se vienen convocando, en enero y en lugares alejados de la ciudad de Salta, que concentran la gran mayoría de los usuarios del sistema.
El boleto de transporte interurbano, servicio que no es prestado por Saeta, aumentó un 50% el 1 de diciembre y aumentará otro 50% el 1 de enero.
Las consecuencias de los anuncios ya se están haciendo sentir. Los servicios nocturnos han sido cancelados y los choferes que cubrían esos servicios fueron suspendidos. Esta medida fue una decisión de las empresas, avalada por Saeta. La UTA se declaró en estado de alerta.
Las empresa aducen que además de los aumentos de los costos (particularmente el combustible), luego de la devaluación de Caputo, desde noviembre no se han girado a la provincia los subsidios del gobierno nacional.
El gobierno salteño duplicó para este año los subsidios que aporta al sistema en relación a lo que aportó el año pasado. A esto hay que sumarle el hecho de que hasta octubre se han recibido montos mayores de subsidios nacionales respecto a los que estaban presupuestados.
Hasta ese mismo mes, según se desprende de la ejecución presupuestaria, de los 16 mil millones presupuestados de subsidios nacionales, se ejecutaron 18.800 millones, es decir que hubo un importante incremento.
Una vez más el gobierno salteño le carga a los usuarios el costo de un sistema donde las empresas prestadoras han obtenido ganancias siderales sin arriesgar un peso. Nunca se plantea una reducción de esa ganancia parasitaria, que debería ser eliminada. El servicio tiene que ser completamente estatal y estar bajo control de trabajadores y usuarios.
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Pasaron muy pocas horas luego de que el gobernado Sáenz encabezara la campaña del derrotado Massa en la provincia para que el hombre se sumara a la banda de los colaboradores del plan motosierra de Milei.
De movida, planteó la contraparte de incorporar a sus propios funcionarios al gabinete nacional, lo que se confirmaría en las próximas horas con la designación de Flavia Royón en Minería. Se trata de la exsecretaria de Minería de Salta -durante su gestión se cerró la adjudicación de los principales yacimientos de Litio que involucran a las más grandes mineras del mundo. Llegó a ese cargo luego de ocupar diversos lugares en el gremialismo empresario y de ser gerenta del frigorífico Bermejo, propiedad del Banco Macro. La postulación de Royón como se ve es toda una demostración que pretenden continuar con el saqueo minero con una miserable regalía del 3%.
En el Ministerio de Educación designó a Cristina Fiore, en línea con Torrendell, el derechista y eclesiástico que puso Milei como secretario de Educación a nivel nacional. Fiore fue vocera principal de los antiderechos en el Senado nacional y busca atacar la enseñanza de las ESI en la escuela pública.
Por lo demás, Sáenz mantiene la mayor parte de su actual gabinete, lo que incluye la cooptación de sectores de la UCR y del PRO, a lo que ahora sumó a un ala del Partido de la Victoria (Unión por la Patria).
Luego se anunció la formación de un bloque parlamentario “federal e independiente”, junto a los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Misiones. Un pacto que no tiene otro sentido que el de sumar los votos de sus diputados nacionales a las leyes del ajuste de Milei, negociando prebendas para los empresarios mineros, petroleros y otros.
El ajuste fiscal lo pagarán los trabajadores. En esta línea se intenta eliminar las paritarias mensuales que se han venido realizando para consagrar una caída abrupta del valor de los salarios estatales y prorrogar el presupuesto 2023 para aplicar el ajuste discrecionalmente mientras los ingresos del Estado serán varias veces superiores por efecto de la superinflación fogoneada por el plan motosierra.
Respecto del anuncio de la parálisis de la obra pública, Sáenz sólo reclamó que se adjudique y realice la del gasoducto Sur-Norte ya que de no realizarse pone en riesgo el abastecimiento de gas para el próximo invierno. Ello pone en cuestión también la actividad de las mineras, de nitratos Austin y de las cerámicas, que son grandes consumidoras. Los domicilios también podrían quedar sin abastecimiento aunque hay un 40% de los salteños que siguen usando garrafa. Las obras de redes de agua, indispensables porque el sistema está colapsado, o la urbanización de tierras para lotes con servicios y vivienda para los 80.000 salteños sin techo, quedaran sin presupuesto.
La provincia, que ya acumula 500 millones de dólares en deuda, con vencimiento de unos cien millones desde 2024, ha comenzado a discutir si se abre un nuevo endeudamiento apelando a entregar las inmejorables garantías de las regalías mineras por el oro y el litio.
Será un endeudamiento para bancar los negocios capitalistas, al mismo tiempo que se sostiene el ajuste contra los trabajadores, que abre, además, posibilidades de negocios al Banco Macro, agente financiero de la provincia que ya en la crisis del 2001 embolsará enormes beneficios por colocar deuda provincial, garantizada por la regalías del petróleo y el gas.
Vamos por lo nuestro para que la crisis no la paguemos los trabajadores
Queda claro que ante la crisis el gobierno ha decidido blindar los grandes negocios y esquilmar a los trabajadores. Nuestro desafío, al contrario, es como blindamos el ingreso popular luchando por un salario que cubra la canasta familiar indexado mensualmente, por el pase a planta de todos los precarizados, por una jubilación y salario mínimo de $500.000, por el financiamiento prioritario de las obras de agua y vivienda.
La provincia tiene recursos, son los que se están llevando las mineras del litio y el oro por una regalía miserable y sin industrializar. La gran propiedad terrateniente paga dos pesos de impuestos. La crisis la deben pagar los capitalistas. Nuestro desafío es unir a las víctimas del ajuste de Sáenz y Milei para lograrlo.
El 20 de diciembre es la primera cita frente a la legislatura.
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Cristina Fiore será la nueva ministra de Educación. Una legisladora saltimbanqui, oficialista de todos los gobiernos de turno en los últimos 28 años, con origen en el PRS (partido de la dictadura militar de Ulloa).
Como senadora nacional fue la principal vocera contra la sanción de la ley del aborto legal y es impulsora de los movimientos religiosos-antiderechos, que impiden, cada vez que pueden, la aplicación de la ILE (interrupción legal del embarazo) en casos de niñas abusadas. Impulsó también la represalia judicial contra la doctora Miranda Ruiz, de Tartagal, quien fue judicializada y hasta detenida por hacer una ILE en un hospital público. Fiore fue vocera de todas las canalladas inventadas con el propósito de impulsar la derogación del aborto legal en Argentina.
Obviamente en su nuevo cargo intentará impedir la aplicación de las ESI en las escuelas, o mutilar completamente sus contenidos conforme reclama la curia. No puede esperarse otra cosa, ya que siempre militó por la vuelta de la religión en las escuelas públicas, materia que fue excluida luego de una enorme lucha de los padres por la vía de un fallo de la Corte.
En oposición a este retroceso oscurantista, desde el Partido Obrero y Tribuna Docente , hemos impulsado y luchamos por la educación laica y científica sin la injerencia de la iglesia. Que las ESI sean dictadas por profesionales especializados con la metodología de taller en los establecimientos públicos y privados donde se pueda intercambiar ideas, experiencias y construir colectivamente alternativas a los urgentes situaciones de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El carácter antiderechos de esta funcionaria va más allá; no solo milita en el espacio pro-vida de los “celestes” contra los derechos de las mujeres y los niños, sino que también va en contra del derecho a manifestarse por reclamos populares. En la última gran huelga docente autoconvocada que conmocionó al país durante los meses de mayo y junio de este año, presentó en la cámara de diputados junto a otra diputada , el proyecto antiprotesta para intentar sacar a la docencia de la calle. Es decir que asume una enemiga jurada de la lucha de la docencia por el salario y autora de la llamada ley antipiquete sancionada sobre tablas en sólo 48 hs por las dos cámaras.
La educación salteña viene sufriendo gravemente el crecimiento de la pobreza y años de desinversión, todo lo cual se agravará sin dudas con un Sáenz que parece se va alineando con Milei y sus medidas de ajuste brutal y de avances privatistas en educación. Los resultados de una evaluación sobre los alumnos de 6° grado de las escuelas pobres son alarmantes; 6 de cada 10 niños no alcanzaron los conocimientos mínimos de lengua y matemáticas.
Fiore representa un estandarte de la derecha ,la iglesia y el ajuste antiobrero.
Su nombramiento reafirma la necesidad de que nos organicemos de manera independiente los docentes, estudiantes y padres, para defender la educación pública científica y laica, los derechos de los niños y jóvenes, la triplicación del presupuesto para educación y la separación de la iglesia del Estado.
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La reunión del ministro-candidato junto a los gobernadores del PJ con Morales y Valdez de la UCR, viene a reafirmar en que consiste el gobierno de Unidad Nacional del que habla Massa incorporando a sectores del Pro y la UCR. Se trata de una unidad nacional para defender a las oligarquías provinciales, a las mineras y sus negocios, a la obra pública que favorezca esencialmente sus negocios, mientras el déficit de vivienda y acceso a los servicios básicos, raja las paredes.
Esta comunión de los gobernadores está en línea con las demandas del embajador yanqui, Marc Stanley, que viene reclamando un gobierno de amplia base que no ponga en riesgo la gobernabilidad y mantenga inalterado, por ejemplo, el régimen desregulado para la extracción del Litio (único en el mundo) en donde apenas se pagan 3% de regalías a las provincias y se amenaza el recurso del agua para toda la Puna.
El “federalismo irrenunciable” de estos gobernadores quedó graficado en la constituyente de Morales que habilita los pactos unilaterales de la provincia con potencias extranjeras e instituye un régimen represivo contra los trabajadores. En la misma línea que la ley anti-protestas que hizo sancionar sobre tablas Sáenz contra la huelga docente.
Massa, que vende su candidatura como una suerte de trinchera “para que no se pierdan los derechos”, ha venido cogobernando con Morales en Jujuy e integró fórmula en 2015 con Sáenz, en una lista que integró a Olmedo como diputado nacional.
Los gobernadores del PJ van con Massa para la elección del 22/10 y se discute ahora si los del radicalismo lo apoyarían en una eventual segunda vuelta contra Milei.
Hay que entender también que el encuentro de ayer en Güemes es un mensaje de los gobernadores a Milei, para que, en caso de triunfar sostengan en pie los intereses de estas oligarquías y la cuota parte del presupuesto público que sostiene los negocios de los contratistas del estado que son también la base social capitalista de todos ellos.
Como se ve, la agenda de los trabajadores de las provincias con los mayores indicadores de pobreza del país no podía estar presente en esta reunión en la que se buscó blindar los intereses de la oligarquías locales con cualquier resultado electoral.
En la línea de la rebelión del pueblo de Jujuy, de la gran huelga de la docencia auto-convocada salteña, de los pueblos mineros que enfrentan el saqueo y los atropellos contra el ambiente, debemos enfrentar el ajuste de Massa y la amenaza de un gobierno de Milei y su motosierra contra los trabajadores. En las elecciones votar al Frente de Izquierda para defender la independencia política de los trabajadores de este régimen reaccionario y fracasado cuyos gestores se reunieron ayer en Güemes.
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Cristian Ríos, candidato a secretario general de la seccional de Salta del sindicato de aguas gaseosas el año pasado y Alberto Delgado, apoderado de la lista de oposición que, aunque perdió por pocos votos la seccional, fue ganadora en la Coca Cola, que es la empresa con más trabajadores, fueron despedidos recientemente por la patronal. Con estos despidos la empresa busca impedir la participación de ambos trabajadores en la elección de delegados internos que debe realizarse en menos de 30 días.
Estos despidos vienen a sumarse al de Gonzalo Aban, el 7 dejulio pasado, quien fuera el vocero de la huelga de los trabajadores en el mes de abril por incremento de salarios y hoy reclama en la Justicia su reincorporación por despedido discriminatorio contra sus derechos sindicales.
El paro de abril tuvo como eje el cuestionamiento a los acuerdos paritarios firmados por la Fataga y el reclamo de un adicional de fábrica. La dirección del gremio terminó entregando en la conciliación obligatoria este reclamo, con el falso argumento de que “no son legales los acuerdos por empresa” por encima del convenio base.
Es claro que hay complicidad del gobierno provincial y su Ministerio de Trabajo como también de las direcciones del gremio que junto con la empresa multinacional quieren eliminar toda clase de oposición gremial. Pretenden avanzar en la tercerización de sectores y una caída del salario real agravada por un achatamiento de la escala salarial a partir de la admisión de montos fijos en negro en las últimas paritarias.
Los trabajadores discuten en estos momentos las medidas a tomar por la reincorporación de sus compañeros.
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Acto de la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda
Milei y Olmedo, su candidato local, han canalizado un voto de protesta de un amplio espectro social que va de los barrios más pobres a los sectores de la clase media.
Recordemos que a poco de obtener con amplitud su reelección, Sáenz tuvo que enfrentar una enorme huelga autoconvocada de la docencia que enfrentó con represión y le planteó una aguda crisis política. Es un contexto similar al de Jujuy, en donde Morales sufre una importante derrota luego de protagonizar la represión contra una rebelión popular. La intervención popular en ambas provincias encontró límites insalvables por la característica de sus direcciones, el voto a Milei pudo ser una búsqueda deformada de seguir protestando.
Veintiuno de los 23 senadores y la enorme mayoría de los intendentes apoyaron la lista de Massa y de Outes, el ministro coordinador de Sáenz, pero Milei ganó en 22 de los 23 departamentos. Libres del Sur que es una de las patas del gobierno y viene de conquistar varios concejales y un diputado en las provinciales, no pasa las Paso.
La fracción de los Biella que encabeza un partido provincial que viene de un fracasado frente amplio con Olmedo y La Cámpora en las provinciales, sólo llega al 2,5%.
El triunfo de Olmedo-Milei es el triunfo de los que buscan sin mediación alguna, imponer en Salta los intereses de los terratenientes y grupos exportadores contra los trabajadores. Estos tienen un representante directo en Olmedo, que hizo campaña proponiendo que se pague a las mineras el valor de dólar paralelo, para que paguen más impuestos. Aunque Olmedo es un conspicuo representante de la “casta” salteña (hizo su fortuna con la explotación de 150.000 hectáreas de tierras fiscales otorgadas por el romerismo) hizo campaña presentándose como ajeno a los “políticos” que gobernaron y su candidata a diputada, Emilia Orozco, se hizo popular con una denuncia demagógica sobre las altas dietas de los concejales que sólo hemos cuestionado las bancadas del PO en los últimos 20 años. Sortearon cien dólares por día de campaña para hacer propaganda de que con ellos llega la dolarización, con la que los obreros cobraríamos en moneda “fuerte” nuestros sueldos. Omitieron, claro, que cualquier dolarización arranca con una megadevaluación y confiscación de los ingresos populares.
La votación de la izquierda
En conjunto la izquierda pasa del 6% a gobernador hace 3 meses, a poco más del 3% ahora a presidente. En aquella elección los partidos que integramos el Frente de izquierda, sumados, habíamos obtenido un 3,1 %.
El FIT-U, a pesar de caer en votos respecto a las provinciales, es el único que supera las Paso. En la interna triunfa con el 62,25 %, la lista del MST y el PO, que encabezaron Solano y Ripoll, Andrea Villegas y Pablo López en diputados, y Claudio Del Plá al Parlasur.
La campaña estuvo dominada por la elección presidencial y nuestra lista desplegó una enorme movilización política, que en el último tramo incorporó la militancia activa y la fiscalización de cientos de compañeros de el MTR 12 de Abril y la colaboración de los compañeros de la William Cooke. Culminó con un gran acto de cierre realizado frente al centro de convenciones de la ciudad de Salta, en donde en ese momento se reunían 1.700 empresarios y funcionarios responsables del saqueo de litio en toda latinoamérica. Dejamos así simbólicamente expuestas las alternativas políticas de fondo entre la totalidad de los políticos capitalistas que entregan el recurso por un miserable 3 % de regalía y poniendo en riesgo el agua. Los trabajadores necesitamos un plan estatal de explotación e industrialización con derecho a veto de las comunidades en materia ambiental, frente al saqueo en curso.
En Salta más que en ninguna otra provincia, han sido acertados los planteos de campaña de Solano y Ripoll en el sentido de superar los límites del desarrollo precedente del FIT-U. Expusimos durante la campaña que nuestra lista se propone trascender los límites de una izquierda que apenas tenga presencia en el parlamento y disputar la organización y dirección de las grandes masas para tener la fuerza, que en el pasado aun con grandes elecciones, no tuvimos.
Los resultados electorales marcan una crisis del conjunto del régimen político y alertan sobre la victoria de la fracción que busca una salida fascistizante que nos empeñaremos en derrotar en las calles. Solo la izquierda puede hacerlo, el PJ y el kirchnerismo le pavimentaron el camino.
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En una entrevista que le realizaron el pasado domingo 30 en un programa que se emite por el Canal 10 de Salta, Alfredo Olmedo, candidato al Parlasur en la lista de Milei, reivindicó la figura del genocida Antonio Bussi. Cuando otro entrevistado, Daniel Escotorin, candidato al Parlasur por una de las listas de Unión por la Patria, le recordó que Milei fue asesor del genocida en el Congreso nacional, Olmedo se levantó de la silla y dijo: “Para hablar del general Bussi me pongo de pie. Gracias a él somos libres”. Sin dudas el facho-terrateniente hizo referencia al papel del genocida durante el Operativo Independencia, que se desarrolló durante el gobierno de Isabel Perón.
Bussi fue condenado por delitos de lesa humanidad por los aberrantes crímenes que cometió durante la última dictadura, período en el que fue interventor de la provincia de Tucumán. La reivindicación de Olmedo incluye también, por supuesto, lo que el genocida hizo durante este período.
No son extrañas a Olmedo este tipo de declaraciones, en su momento reivindicó al gendarme sospechado de ser el asesino de Santiago Maldonado. Por eso no llama la atención que forme parte de las listas del facho-libertario Milei, que llevó de candidato en Tucumán al hijo de Bussi en las pasadas elecciones provinciales. Por otra parte, la candidata a vicepresidenta de Milei es una histórica reivindicadora de la dictadura genocida.
Comprando votos con la plata que gana explotando trabajadores rurales...
En estos últimos días de campaña, Olmedo comenzó a realizar un sorteo diario de 100 dólares o su equivalente en pesos al valor del dólar paralelo. Para ingresar al mismo hay que dejar una serie de datos personales, al igual que en los sorteos de la dieta de Milei. La Agencia de Acceso a la Información Pública ha puesto los ojos sobre ambos porque se estarían haciendo de una base de datos para fines políticos. También ha solicitado informes sobre el sorteo el ente que regula los juegos de azar en la provincia, aunque seguramente sin ninguna consecuencia para el sojero.
Pero detrás del sorteo también se esconde una maniobra para que los participantes le hagan campaña gratis, ya que aquel que difunda en sus redes sociales fotos de los lujosos vehículos ploteados de la campaña de Olmedo y Milei aumenta sus chances de ganarse los 100 verdes.
Aunque Olmedo diga que él hace la campaña con su propia plata, hay que recordar que él se hizo millonario explotando 150.000 hectáreas de tierras fiscales de Salta Forestal por las que nunca pagó el canon. Sin dudas que el dinero que sortea también proviene del trabajo casi esclavo que Olmedo explota en su producción de olivos en La Rioja, en donde recibió una importante cantidad de denuncias.
Cabe aclarar que Olmedo nunca hizo público algún documento donde haya renunciado a los aportes estatales que reciben todos los partidos, por ejemplo para imprimir las boletas. Por lo que está claro que miente. Pero si fuera cierto que solo usa su plata, tampoco es reivindicable, ya que lo que hace es invertir plata en la campaña pensando en que luego la puede recuperar.
… y haciendo lobby para los exportadores
Olmedo ha hecho durante la campaña un reclamo para que ciertos grupos exportadores, particularmente de la agroindustria y las mineras, tengan un tipo de cambio diferencial, es decir que se les reconozca un mayor valor a los dólares que reciben una vez declarados en el país. Por eso Olmedo miente también cuando dice que con su sorteo impulsa que los laburantes tengan dólares en el bolsillo, como según él propone Milei. Las consecuencias negativas de esta política saltan a la vista con el dólar preferencial para el agro que estableció Massa tras el nuevo acuerdo con el FMI, que produjo un aumento de precios de más del 10% en una semana.
A sabiendas de que una devaluación mayor del peso (o una dolarización) sería un golpe mortal a los ya bajísimos salarios, Olmedo la viene reclamando desde que era diputado nacional.
Demagogia barata
La lista de diputados nacionales de Milei-Olmedo la encabeza la actual concejal de la Ciudad de Salta, Emilia Orozco, quien ha cobrado notoriedad pública cuando se refirió en sesión a las abultadas dietas que cobran los legisladores, lo que le valió una furiosa respuesta del concejal oficialista José García. Todo esto ocurrió en medio de la huelga docente, lo que hizo mayor la repercusión; los carteles de los docentes rezaban: “Quiero cobrar como José García”.
Sin embargo, Orozco nunca propuso nada en relación a las dietas, pero ante el temor de que se lo reclamen dijo que iba a sortear su aguinaldo o más recientemente que donaría la dieta. Ninguna novedad hay del tema, es demagogia barata.
Vamos con el voto que realmente les duele a los dueños del poder
Olmedo es el emblema de la casta política y de la oligarquía en Salta, de eso no hay ninguna duda. Es parte del régimen que ha gobernado la provincia desde hace más de 25 años, que hoy tiene su continuidad en el gobernador Sáenz.
Para superar a este régimen ajustador, represor y descompuesto, necesitamos a la izquierda que se planta, la que viene luchando en la calle contra el ajuste. El 13 de agosto metamos el voto por Solano-Ripoll y los candidatos locales de la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda, el único voto que les duele a los dueños del poder, para reforzar esta perspectiva.
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La Autoridad Metropolitana de Transporte acaba de autorizar un aumento del boleto para el la ciudad de Salta y las localidades del área metropolitana que alcanza a casi un 80% de aumento. De esta manera el boleto urbano pasa de $61,50 a $110. De esta manera el boleto en Salta se convierte en uno de los más caros del país.
El aumento golpea muy fuerte a los trabajadores de las localidades del área metropolitana que tienen un boleto más caro y también a los de localidades del interior ya que con anterioridad el gobierno autorizó una suba del boleto interurbano también del 80%.
El aumento llega después de una semana en que se realizará una audiencia pública, tan trucha, que solo contó con la participación de funcionarios del Estado.
Lo que aduce la AMT para autorizar estas subas son los incrementos en los costos, incluidos los salarios de los trabajadores del transporte, pero lo que nunca ponen en discusión es la ganancia que se llevan las empresas, principalmente las del área metropolitana que están bajo la órbita de la empresa estatal Saeta, que tienen la ganancia asegurada y sin ningún riesgo, ya que cobran por kilómetro recorrido. Tampoco se revisa el contrato de la empresa que maneja el sistema informático de cobro de boleto y recarga de las tarjetas, el que hace unos meses tuvo un fallo grave durante varios días, por un supuesto intento de hackeo.
Las empresas de transporte interurbano están reclamando mayores subsidios del estado y amenazan con hacer un paro y en otros casos, como La Veloz del Norte que tiene el monopolio del transporte a Güemes, Anta, Metán y Rosario de La Frontera, que amenaza con reducir servicios.
Terminemos con el parasitismo empresario
En el caso del transporte del área metropolitana, bajo la órbita de Saeta, el Estado ha quintuplicado el subsidio respecto a 2021 y duplicado respecto a los presupuestado en 2022. En esos años hubo modificaciones presupuestarias que aumentaron los subsidios sobre lo presupuestado, algo que seguro ocurrirá este año a pesar del brutal boletazo.
En 2021 los subsidios del Estado representaban el 62% del presupuesto total de Saeta, el resto se completaba con los ingresos por recaudación. Este año el porcentaje del subsidio trepó al 73%.
El Estado pone la plata, compra los vehículos, paga parte de los salarios, por lo que el papel de las empresas que prestan el servicio, y que encima tienen denuncias por precarizar trabajadores, es completamente parasitario.
Hay que ir a un sistema bajo gestión estatal y control de trabajadores y usuarios que garantice un sistema de transporte en función de las necesidades populares y que eliminando el parasitismo empresarial garantice un boleto acorde a los ya golpeados salarios.
Hay que ganar nuevamente la calle contra el boletazo y sumar el reclamo contra los tarifazos que el gobierno anuncia para la electricidad y el agua.
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En Unión por la Patria, sin dudas su frente principal ya que recordemos a Sáenz siendo candidato a vicepresidente de Massa en 2015, una de las listas lleva de candidato en primer término a Pablo Outes, coordinador general del gobierno salteño. Outes competirá contra una lista del kirchnerismo, que en las elecciones provinciales jugaron a ser “oposición”, y con otra lista que hizo lo mismo y que es la del partido Felicidad.
Sáenz colonizó con candidatos propios la lista de Union por la Patria y la de Juntos por el Cambio. Se explica porque estan todos con el ajuste contra los trabajadores.Por eso van con Saenz, el represor de la docencia el de la ley antiprotestas.Vamos con el FITU.#Solanopresidente
En Juntos por el Cambio, el gobernador tiene un candidato propio en dos de las listas que disputan la interna. En el caso de la lista que encabeza Miguel Nanni, quien salió segundo en la elección reciente para gobernador y que posa de opositor, en segundo lugar está la secretaria del gobernador y coordinadora de prensa, María Eugenia De Vita. La otra lista, encabezada por la fascistoide Inés Liendo, el segundo lugar lo ocupa Alberto Castillo, el presidente de Remsa, la empresa estatal que controla la minería. Recordemos que Castillo se fue del PRO luego de que su regional Salta fuera intervenida justamente porque ese partido le puso varios funcionarios a Sáenz. Nanni finalmente acompañará la candidatura de Bullrich y Liendo la de Larreta. Una tercera lista, formada por radicales “desencantados”, buscará contener al electorado radical con una lista corta que no lleva candidato a presidente.
Una novedad fue que finalmente Olmedo no será candidato a diputado en la lista de Milei, va en la lista de parlamentario del Mercosur regional. No está claro si esto obedece a alguna crisis entre el sojero y el facho-libertario o a que quieren aprovechar la repercusión de la extrema demagogia que hace la actual concejal capitalina, Emilia Orozco, con el tema de las altas dietas de los parlamentarios.
Olmedo va por Milei al Parlasur.Yo encabezo la de la izquierda. El va a proponer que todos se dolaricen y ya que estamos, nos declaremos colonia de los yanquis...Yo a defender la unidad socialista de los pueblos para que no nos sigan saqueando los recursos naturales. ¿Debatimos?
En Salta, nuestra lista “Unidad de Luchadores y la Izquierda”, que lleva la fórmula presidencial de Solano-Ripoll, estará encabezada por la compañera del MST, Andrea Villegas, y quien suscribe esta nota en segundo término. También como titulares la integra la compañera Gabriela Cerrano en el tercer lugar. La lista de parlamentarios del Parlasur la encabeza el compañero Claudio Del Plá.
Nuestra lista no solo expresa a la izquierda que está sistemáticamente en la calle luchando contra el ajuste y la represión de Sáenz, sino también la que defendió al Frente de Izquierda en las elecciones provinciales.
Nuestro gran desafío es, ante el ascenso de las luchas en la provincia y de que la conformación de listas muestra que los políticos capitalistas se unen para mejor imponer el ajuste, poder canalizar el descontento creciente de la población con un voto a nuestra lista para que la orientación del FIT-U sea la de una izquierda que lucha y que organiza un nuevo movimiento popular con banderas socialistas, en los barrios y en los lugares de trabajo y de estudio.
Competiremos dentro del frente con la lista del PTS, que decidió romper el frente en las elecciones provinciales, muy probablemente para probarse en función de la interna que finalmente impusieron dentro del FIT-U, mostrando que su interés gira en lo electoral y no en el interés general de la clase obrera que debe organizarse para derrotar al régimen oligárquico que gobierna Salta hace más de veinte años.
Vamos con todo con la izquierda que se planta, la que lleva en el lomo la experiencia de grandes batallas contra los más brutales atropellos de los que gobernaron Salta las últimas décadas, la que acompañó la reciente rebelión de docentes y trabajadores de la salud, la que enfrentó la represión de Sáenz y su intento de prohibir la protesta por decreto y ahora a través de una ley.
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Con la presentación de alianzas se va clarificando el panorama político en Salta, desnudando además el fraude sistemático del régimen gobernante. Los partidos que integraron el frente que llevó a Sáenz a ser reelecto en las elecciones de mayo hoy van divididos. Unos integran una alianza del oficialismo nacional y otros adhieren a Juntos por el Cambio.
En el primer caso se trata el frente Unidos por la Patria, el oficial de Sáenz, que incluye al PJ, a casi todas las variantes kirchneristas, al Partido de la Victoria que en las provinciales armó un frente “opositor” junto a Olmedo, y hasta el PTP (CCC) que forma parte de un frente de lucha contra la ley antiprotestas aprobada a iniciativa del gobernador.
En el caso de Juntos por el Cambio se trata de una alianza del intervenido PRO salteño y la UCR, al cual adhieren los partidos de Bettina Romero, que viene de perder la intendencia de Salta siendo parte del oficialismo provincial; el Partido Renovador que fue en la lista de Emiliano Durand, el saencista que destronó a Romero de la intendencia; el partido FE del concejal García, repudiado en las luchas recientes por su defensa hacia las abultadísimas dietas parlamentarias; y el Frente Plural de Matías Posadas, quien hasta antes de mayo era funcionario del gobierno provincial.
Todo indica que en estos dos frentes principales de los candidatos capitalistas habrá una interna de varias listas, tanto a presidente como a diputados nacionales.
El pretendido frente opositor que armaron el Partido de la Victoria, Olmedo y los Biella para la elección provincial, y que fue un fracaso -quedando tercero detrás de JxC- se disolvió apenas terminada la misma, pero todos tributan a las políticas de ajuste. Olmedo será el candidato a diputado de Milei y el partido Salta Independiente de los Biella iría solo.
El Frente de Izquierda para enfrentar a los políticos capitalistas
La novedad en el Frente de Izquierda es que a diferencia de las elecciones provinciales el PTS está adentro. Su decisión de romper en las provinciales provocó un daño enorme, y su ruptura podría explicarse en que, teniendo una decisión tomada de ir a las Paso en las nacionales, estaban tanteando el terreno.
El Partido Obrero y el MST, que venimos de pelear juntos en la elección provincial, en el único frente de la izquierda que hubo, vamos con todo al Plenario de la Izquierda y los Luchadores del 17 de junio, para plantar una lista de la izquierda que está batallando en la calle sistemáticamente contra el hambre, contra la represión y acompañando todas las luchas obreras. En las elecciones próximas iremos juntos en la lista que a nivel nacional encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll.
El cuadro de cara a las elecciones nacionales se caracteriza por un ascenso muy importante de las luchas obreras con la gran huelga docente y de los trabajadores de la salud, pero que ha tenido otras expresiones como los municipales de la ciudad de Salta, los trabajadores judiciales, los de Coca Cola y trabajadores mineros.
Luego de todas las provocaciones de Sáenz hacia los docentes en particular y a todas las luchas en general, con represión, detenciones, la ley antiprotesta y la resolución para escarmentar a la docencia con la recuperación de clases en días inhábiles, han tenido el resultado de un gobierno golpeado que ha ido retrocediendo en varias de estas provocaciones. Las manifestaciones masivas en la calle, que ya le venían impidiendo aplicar el protocolo represivo de principios de año, han dejado por ahora la ley antiprotestas como papel mojado.
La lista del PO y el MST será en las elecciones la lista de la izquierda que se planta frente al régimen oligárquico que gobierna Salta hace décadas a puro ajuste y represión. Es la expresión de los que hemos ganado las calles con la Unidad Piquetera, para luchar contra el hambre, por trabajo, por vivienda, por el agua. Es la que expresa la necesidad de desarrollar un gran movimiento popular con banderas socialistas para echar a los políticos capitalistas.
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En el municipio de Vaqueros, a través de los canales municipales y medios de comunicación, se difundió que se abría una inscripción para la entrega de 60 lotes con servicios a familias sin vivienda y que estén en situación de vulnerabilidad social. Cientos de familias hicieron cola desde el día anterior y algunos acamparon con temperaturas bajo cero para poder inscribirse por un lote. En 2 días se presentaron más de 1.000 postulantes –en cada jornada- y muchos no pudieron inscribirse. Vaqueros tiene una población aproximada de 8.000 habitantes, el doble que la registrada en el censo de 2010.
El déficit habitacional en el departamento de La Caldera es realmente alarmante, tanto en los parajes como en otros lugares (La Calderilla, Vaqueros). Esto se debe, entre otras cosas, al desarrollo inmobiliario de los barrios privados y las fincas, que fue expulsando a los pobladores locales, ya que el precio del metro cuadrado alcanzó valores inaccesibles para cualquier trabajador, peor aún para las familias de escasos recursos.
El poder político local ha fomentado fuertemente el turismo y la vivienda estilo country, dedicando, además, el suministro del agua a dichos emprendimientos. Así, muchos pobladores locales se quedaron sin acceso al agua potable. El municipio de Vaqueros sí le garantiza el agua a las propiedades con piscinas que están publicitadas en las plataformas de alojamiento.
Los campesinos que viven en los parajes también dieron cuenta de que no tienen agua para las huertas y la cría de animales de corral (con lo que sobrevivieron durante décadas). Incluso hay comunidades originarias que fueron desplazadas de sus tierras por supuestos propietarios flojos de papeles, que presentan posesiones veinteañales siendo que los pobladores ni los conocen.
Las familias más pobres se ven obligadas a vivir en asentamientos de la zona norte de la ciudad de Salta o en la ribera del río, sin servicios básicos. La última oferta habitacional del municipio fue realmente miserable –tan sólo 60 lotes pelados, no viviendas.
Por otra parte, vecinos de La Caldera dieron testimonio de que hace años son beneficiarios de núcleos húmedos (cocina y baño) del Instituto Provincial de la Vivienda y de que no tienen noticias sobre cuándo empezarían las obras.
Más que nunca es necesario poner en pie un movimiento de lucha por la tierra y la vivienda en todo el departamento de La Caldera y en la provincia. Es una necesidad terminar con la especulación inmobiliaria y destinar la tierra para vivir. Está demostrado que solo así los trabajadores podrán acceder a un techo y al agua para uso familiar y para las huertas y cría de animales.
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Luego de la sanción definitiva en el Senado de la provincia de Salta de la ley antiprotestas, el pasado jueves 2 de junio las organizaciones de la Unidad Piquetera y la UTEP votaron un plan de lucha por la anulación de la ley, entre otros reclamos, que dio inicio este lunes 5. Fueron invitados docentes y trabajadores de la salud autoconvocados que están en plena lucha, para coordinar acciones.
La jornada inició con una nueva provocación a través del ministro de Gobierno Ricardo Villada, que acusó a dirigentes opositores, entre ellos al compañero Claudio Del Plá, como los responsables de la huelga y de las movilizaciones y cortes. Las absurdas declaraciones públicas del ministro no hicieron más que generar mayor repudio contra el gobierno.
El plan de lucha arrancó con una conferencia de prensa en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta, con la presencia del dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Belliboni, y de otros dirigentes nacionales de la Unidad Piquetera. En la misma plaza comenzaban a concentrarse los docentes y trabajadores de la salud para movilizarse por el centro de la ciudad. Allí también culminó la jornada en la capital salteña.
Concluye la gran jornada de lucha en Salta los piquetes la Capital se concentran en la Plaza 9 de Julio. Hubo casi 30 cortes en toda la provincia. La Ley anti piquete no pasará! Viva la lucha de los docentes y enfermeros autoconvocados! Abajo el Ajuste !!! Fuera el FMI !!! pic.twitter.com/K3b6jUCoUq
Inmediatamente después, en la ciudad de Salta se realizaron cinco cortes y en el interior hubo cortes, principalmente sobre la ruta 34, en unas 10 localidades. Los cortes y movilizaciones se llevaron adelante con docentes y trabajadores de la salud en unidad con los movimientos de desocupados.
Una enorme respuesta al intento del gobierno de Sáenz de amordazar la protesta en medio de un agravamiento de la crisis y profundización del ajuste, y como un intento de amedrentar en particular a la lucha docente y de salud a la cual no quiere dar respuesta.
Un gobierno acorralado
A pesar de haber conseguido su reelección con escasa dificultad, Sáenz está acorralado por una creciente lucha, no solo de docentes y salud, sino que ya hubo jornadas de lucha de los mineros en Quijano; previamente los trabajadores de Coca Cola, reprimidos en los días previos a las elecciones; y se asoma una fuerte lucha en el ingenio Tabacal.
El gobierno, consciente de que va a profundizar el ajuste y los tarifazos, apela a una ley antiprotestas que agrava incluso el protocolo que sacó por el decreto 91/23. Se suma así a la línea de Morales en Jujuy y la de los gobiernos de Córdoba y Mendoza entre otros.
Pero la sanción de la ley y el repudio a la represión sufrida por docentes y trabajadores de la salud no ha hecho más que disparar una gran cantidad de pronunciamientos de solidaridad con los que luchan y de rechazos y repudios al gobierno y su ley.
La votación de la misma, además, mostró algún grado de crisis ya que se aprobó con 21 abstenciones en Diputados y por 11 a 10 votos en Senadores. Sin embargo, hay que decir con total claridad que las abstenciones favorecieron la aprobación de la ley y que en el Senado 9 de los que votaron en contra habilitaron el tratamiento sobre tablas para que se apruebe de modo exprés.
Las patronales a favor de la ley represiva
Antes de la sanción definitiva, la ley tuvo el apoyo de las principales entidades patronales de la provincia, como la sociedad rural, la cámara de la minería, Prograno, entre otras. Se trata nada menos que de los sectores que se llevan todas las riquezas de la provincia, cuya población es cada vez más pobre, muchos de los que se apropian de las tierras de las comunidades originarias, los sectores para los cuales gobierna el régimen oligárquico salteño desde hace décadas.
Vamos por su anulación
Sáenz se reunió con los representantes de la CGT donde se comprometió a que la ley no afecte el derecho de huelga. Es claro que esa reunión fue con los que nunca paran ni se movilizan, a pesar de que razones para hacerlo sobran.
La realidad es que la ley puede avanzar sobre el derecho de huelga de los trabajadores de la educación, salud y transporte, en particular, lo cual es gravísimo.
La ley, además, refuerza a la ley contravencional respecto de las movilizaciones, una ley que ya fue utilizada en más de una oportunidad contra los manifestantes y que le da amplias facultades a la policía.
Gran jornada de lucha ABAJO LA LEY ANTI PROTESTAS de Sáenz. Piquete y ollas populares en Portezuelo. pic.twitter.com/yP5xUVywWr
— Gabriela Cerrano (@GabrielaCerrano) June 5, 2023
La norma pretende obligar a las organizaciones a informar sobre las movilizaciones a la policía, es decir a los represores, incluso dejándole sus datos personales. Esto es peor aún si tenemos en cuenta las movilizaciones de familiares de víctimas del gatillo fácil, que deberían informar a los asesinos que van a movilizarse.
Es claro que hay una fuerza creciente en la lucha que puede derrotar este intento represivo del gobierno. Hay que llamar a todo el pueblo a pronunciarse y movilizarse, porque además más sectores ganaran las calles con sus reclamos más temprano que tarde.
Vamos con todo por su anulación, por una respuesta al petitorio de los autoconvocados y respuestas a todos los reclamos en curso.
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Movilización de docentes y trabajadores de la salud del 29/05/23
En medio de una creciente lucha de los docentes y trabajadores de la salud, la Cámara de Diputados salteña dio media sanción, en la tarde del martes 30 de mayo, a una ley para regimentar los reclamos populares. La misma se aprobó sobre tablas, luego de que los diputados mantuvieran una reunión con funcionarios del gobierno de Sáenz sobre la lucha en curso.
Compartimos a continuación el comunicado del Comité Provincial del Partido Obrero.
Repudiamos la ley anti protesta aprobada en diputados
Desde el Partido Obrero denunciamos y repudiamos la media sanción dada por la Cámara de Diputados, sobre tablas, a una ley que, al igual que el decreto 91/23 del gobernador Sáenz, intenta prohibir cualquier tipo de reclamo popular.
El proyecto aprobado, además, avanza en una prohibición específica contra el derecho de huelga de los trabajadores de la salud, la educación y el transporte.
El argumento de muchos diputados que se abstuvieron (“de que no era el momento oportuno”) indica que están a favor de una ley contra el pueblo y se abstienen para garantizar que la ley igualmente se apruebe.
Cualquier intento de reglamentación de los reclamos populares no tiene otro objeto que tratar de impedirlos y sancionarlos.
Basta de provocaciones,abajo la ley mordaza de Saenz y sus diputados.Que Saenz reciba a los autoconvocados y de respuesta al petitorio.Todo y todos en apoyo de esta lucha. pic.twitter.com/e7fiTFNdAM
Está claro que esta media sanción es una confesión del régimen gobernante, que tiene a Sáenz a la cabeza, de que no habrá ninguna respuesta favorable al reclamo de docentes y trabajadores de la salud y de que además preparan nuevos ataques contra el pueblo, como los tarifazos que ya están siendo anunciados. Sáenz es el ejecutor en Salta del ajuste de Massa, Fernández y el FMI, que implica un enorme retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores y que van a imponer con represión.
La sanción de Diputados busca ser también una especie de amenaza contra la lucha en curso. Sin embargo, luego de la represión y las detenciones, el movimiento de docentes y trabajadores de la salud no ha cesado de recibir el apoyo popular, el cual se manifestó también en el repudio a los avances represivos del gobierno y a todas sus maniobras, y en el repudio al papel de la Justicia, en este caso, a través de la jueza Ada Zunino.
Llamamos al pueblo salteño a seguir acompañando la enorme lucha de los docentes y trabajadores de la salud y la de sectores de trabajadores del sector privado, como los azucareros, que también salen y saldrán a defender sus salarios.
Comité Provincial del Partido Obrero
Claudio Del Plá, Gabriela Cerrano, Carmen Venencia, Cristina Foffani, Pablo López, Mirta Hauchana, Héctor Burgos, Jorgelina Franco.
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El azúcar subió 500% en los últimos doce meses, la primera categoría de los salarios del último mes no supera los cien mil de bolsillo y, para colmo, las patronales anuncian una zafra (tiempo de cosecha) corta.
La situación no se aguanta más
Ayer una masiva movilización conmovió las calles de Ledesma. De ella participaron solidariamente los compañeros de la seccional de Uatre, el Polo Obrero de la localidad y otras organizaciones de desocupados, pero el grueso lo aportaron los obreros azucareros. Hoy se cumple un paro general de 24 hs convocado por la Fotia tucumana, y un sector de autoconvocados realizó un corte en el puente Lucas Córdoba. El domingo 21, una asamblea de 400 obreros (la mayor en los últimos 6 años) emplazó a la empresa Seabord, dueña de El Tabacal en Salta, a establecer 250 mil para la categoría inicial a partir de mayo, revisiones cada dos meses, prohibición de despidos por 10 años y decidió ir al paro por tiempo indeterminado si no hay respuesta favorable.
Los trabajadores azucareros de Ledesma reclaman un salario que alcance a la inflación. La empresa alza fortunas con la remarcación de precios, dólar especial para la exportación, mientras quienes producen la riqueza son pobres. pic.twitter.com/m4mC8eJAgH
— Sebastián Copello 🇵🇸 (@sebacopello) May 29, 2023
Los gremios de tres ingenios jujeños y el de El Tabacal de Salta coordinaron un pliego de 250 mil de inicial y estarían dispuestos a una medida de fuerza en común. Hoy se reúne la paritaria de estos 4 gremios. La Fotia reclama aumento del 140% ahora y las patronales ofrecieron 130%, de los cuales se cobraría en mayo 50% y el resto en cuatro cuotas. Esto provoca rechazo, porque la zafra duraría apenas cien días, es decir que los temporarios no alcanzan a cobrar la totalidad del aumento.
Buena parte de las direcciones gremiales han acompañado pasivamente el deterioro del salario y, en algunos casos como Tabacal, asumieron con una línea dialoguista, que solo ha permitido el avance patronal contra el salario, pero también las reestructuraciones y cambios en la modalidad del trabajo con la eliminación de las colonias, implicaron decenas de despidos y amenazan con muchos más. La Fotia tucumana está directamente integrada al gobierno de Manzur, que es agente directo de las patronales .
Hay un evidente impulso desde las bases y de sectores de los delegados que está imponiendo estas iniciativas de lucha. Esta planteada la unidad con los vecinos de los pueblos y con el resto de los trabajadores en lucha, que en el caso de Salta abarca a los trabajadores de educación y de salud autoconvocados.
Un congreso de delegados de base mandatados, de Salta y Jujuy, debería crear las condiciones para que un plan de lucha en común doblegue a las grandes patronales de la región, que tienen de su lado a los gobiernos de Morales, Sáenz y sus ministros de Trabajo.
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La pasada elección del 14 de mayo fue una demostración acabada de lo que desde el Partido Obrero venimos denunciando sobre el régimen oligárquico que gobierna Salta y el régimen electoral que le permite perpetuarse en el poder. Sáenz consiguió su reelección dominando todo el escenario electoral: la publicidad oficial puesta a disposición de su campaña, la compra de voluntades para disolver frentes opositores, la colocación de candidatos de su riñón en listas opositoras, entre otras cosas.
El adelantamiento electoral le permitió a Sáenz diluir ante los ojos de los trabajadores su responsabilidad en la enorme crisis nacional. El gobernador es el ejecutor en Salta del ajuste del FMI, e incluso le dio una funcionaria a Massa, que es la que aplica los brutales tarifazos en la energía eléctrica que valientemente enfrentan los trabajadores de Orán con un acampe de más de seis meses.
El sistema de listas colectoras le permitió también arrastrar una enorme cantidad de votos a su reelección y al mismo tiempo imponer un recambio de intendentes entre candidatos de su propio palo, como ocurrió en la capital y en la mayoría de los municipios. Sáenz tenía dos candidatos a intendente en cada municipio.
El piso proscriptivo del 5%
La ley electoral de la provincia exige un piso del 5% de los votos para acceder a un cargo parlamentario. Nunca fue modificado en las varias reformas de la ley, ni en las de la constitución. Desde el PO siempre hemos planteado su eliminación.
Por este piso el Frente de Izquierda no va a tener representación en los concejos de Salta ni de Orán. En el caso de Salta, Gabriela Cerrano debió ingresar en el puesto 13 de las 21 bancas, de acuerdo al sistema D'hondt. En el caso de Orán, Josefa Cardozo debería ingresar tercera de las 12 bancas a elegir.
El frente de Izquierda MST Partido Obrero debió haber conquistado dos concejales en Oran y uno en capital, nuestra compañera Gabriela Cerrano. El piso proscriptivo del 5% que la reforma de Sáenz dejó en pie, lo impide.
En ambas ciudades además se da un hecho muy grave y es que la mayoría absoluta del electorado se queda sin ninguna representación en esos concejos.
En el caso de Salta, casi el 57% de los votantes no va a tener representación. Aquí el nuevo intendente, Emiliano Durand, tendrá 15 concejales sobre 21.
El caso de Orán es más grave y extremo, aunque al mismo tiempo contradictorio. En esta ciudad el 87% de los votantes no tendrá representación alguna en el concejo, solo dos listas, que apenas sacaron entre un 6 y un 8% tendrán concejales, un 50% del concejo cada una.
Sin embargo, acá hay un hecho contradictorio ya que la gran cantidad de colectoras le impidió al intendente electo tener siquiera un concejal ya que ninguna de sus listas alcanzó el piso. Todos los concejales serán (vamos a ver) opositores.
Este piso del 5% se ha convertido en un sistema de proscripción de candidatos legítimamente electos. Al mismo tiempo actúa como una especie de voto calificado, donde una minoría de votantes, que como en Orán no supera el 15%, tiene la totalidad de los representantes. Esto garantiza una enorme concentración de poder, situación que se agravará con la elección de los concejos por mitades que establece la reforma constitucional impuesta por Sáenz. En esta elección se eligieron por última vez la totalidad de los concejales.
El 87% del electorado de Oran y el 46% de los que votaron en capital se quedó sin ninguna representación en los concejos deliberantes. Es el régimen completamente fraudulento que dejó en pie Saenz luego de su reforma con el piso proscriptivo del 5%.
Hay que decir también que por el fraudulento sistema de colectoras, que ha provocado que se presenten una enorme cantidad de listas de concejales, podría haberse dado el caso de que ninguna de ellas supere el piso. En ese caso, ¿se disuelve el parlamento municipal? ¿Se convocan a nuevas elecciones?
Desde el Partido Obrero estamos analizando la posibilidad de hacer una presentación judicial contra este piso, que no solo negó la posibilidad de una representación de la izquierda, sino que dejó a la mayoría de la población sin ninguna representación en los concejos deliberantes. Lo haremos como parte de nuestra lucha en defensa de las libertades democráticas y de la lucha por terminar con el régimen de los políticos capitalistas que nos siguen hundiendo en la pobreza.
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Candidato a intendente de Vaqueros por el Frente de Izquierda MST - Partido Obrero
Dengue.
En 2017, durante el gobierno de Urtubey, se firmó un convenio de cooperación técnica entre el Inta, el Ministerio de Salud de la provincia y la Unsa, con el objetivo de desarrollar un controlador biológico de las larvas de los mosquitos, a un costo casi nulo y de óptima bioseguridad, para combatir la reproducción doméstica del Aedes Aegypti, que es el vector transmisor del dengue.
El convenio consistía en que, desde el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del Inta Castelar, cedían una cepa de un biolarvicida muy estudiado (Bacillus Thuringiensis) para que, entre el Inta Salta, la Unsa y el Ministerio de Salud, pudieran desarrollar el cultivo con el firme propósito de darle inmediata marcha al proyecto, dada la históricamente crítica situación del dengue en Salta. El bacillus Thuringiensis es un controlador biológico de la larva del mosquito que se puede aplicar en cualquier espejo de agua, de una eficiencia del 97% en el control del las larvas y rápida acción, completamente inocuo para las personas.
En 2018 se pone en marcha el convenio y se establecen las bases de la prueba piloto: multiplicar la cepa y realizar un biopreparado para aplicación doméstica en los departamentos en situación crítica. Para ello era necesario un acelerador de procesos biológicos que aumentara la velocidad de reproducción de la bacteria, un equipo que sale unos U$S 15.000, pero el gobierno se desentendió por completo de sus obligaciones; hecho que hubiera dejado el proyecto trunco de no ser por el compromiso y tesón de los trabajadores involucrados en el convenio.
Tras las pesquisas de uno de los trabajadores del Ministerio de Salud se descubre que existía un bio acelerador en desuso en un instituto de Castelar y, a través del Inta Salta, lo consiguen en comodato. Entre los trabajadores montaron el laboratorio en el Hospital del Milagro a pulmón, reciclando muebles, pintando todo ellos mismos, sin aporte alguno del Estado Provincial, ni para la pintura literalmente. La irrupción del Covid terminó de desinflar el proyecto, que continuaba a pesar de la indiferencia mortal del gobierno provincial.
Valga la siguiente gragea para poner en claro qué queremos decir cuando hablamos de la desidia mortal del gobierno: tras numerosos ensayos lograron determinar que el caldo de cultivo óptimo para la multiplicación de la bacteria era un té de puerros, y el gobierno provincial ni siquiera llegó a aportar eso: ¡no puso ni un té de puerros!
Dando una clase magistral de oportunismo electoral, el gobierno de Sáenz, en plena crisis del dengue, mira bajo la alfombra y reflota el convenio, que estaba por caer producto de su propia indolencia, negociando una prórroga por un año, sólo un año, amagando con reactivar el proyecto pero, como siempre, sin aportar ni un té de puerros.
A la postre, casi seis años después de haber firmado el convenio, “podrían” llegar a iniciar la prueba piloto recién para el próximo verano, cuando, de no haber sido por la mortal desidia de los gobiernos capitalistas, dicho preparado podría estarse distribuyendo desde hace años, proveyendo a la población de un bio controlador inocuo y de alta eficacia, un escudo sanitario contra el dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y otras enfermedades transmisibles por picaduras de mosquito.
El compromiso y el tesón de los trabajadores debe superar males mayores que el flagelo del dengue, debe superar la desidia mortal de los gobiernos capitalistas, para los que la vida de las personas no vale ni un té de puerros, organizando su fuerza en un gobierno de los trabajadores.
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En los últimos días se generó una expectativa en la realización del debate de candidatos a intendente en la ciudad de Salta. Fue mediante una ordenanza que establece que se realizaría 7 días antes de las elecciones, pero a 15 días de las mismas no hubo acuerdo en el Concejo Deliberante sobre la reglamentación y la comisión que debe organizarlo.
Incluso se acusa al presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, de impedir el debate para que no se exponga a Emiliano Durand -uno de los candidatos de Sáenz. Pero Bettina Romero, la otra candidata del gobernador, tampoco quiere ir. De hecho hubo otro debate organizado por OAJNU y ninguno de los dos asistió.
Los impulsores del debate, que también son concejales oficialistas, promueven que la exposición de ideas o propuestas lleva a que el elector pueda tener la opción de elegir la que le resulte más convincente. Sin embargo, en el debate también se miente descaradamente: no olvidemos la promesa de Macri de hambre cero o que le iba a aumentar el salario a los maestros; o Fernández que prometió que con el peronismo volvía el asado, y lo que tenemos es un brutal ajuste.
Lo cierto es que aunque el debate se realice tampoco garantiza un ejercicio democrático en sí mismo, ya que las fuerzas políticas que compiten en las elecciones no parten de una igualdad. En primer lugar, Bettina Romero, quien va por la reelección, utiliza todos los recursos del Estado para su campaña electoral. Por su parte, Emiliano Durand despliega un aparato monstruoso de publicidad y también recursos del Estado. Hace unos meses en un evento organizado por él mismo para los pequeños emprendedores sorteó tablets del Enacom que estaban destinadas para niños y adolescentes.
El frente Avancemos también dispone de enormes recursos. Hizo publicidad millonaria en el partido de Argentina contra Curazao, como así también bingos y sorteos gratuitos en sus caminatas que nadie explica quién financia.
Esto de los sorteos gratuitos lo hacen todos los partidos del régimen porque reina una apatía general, no solo de ir a votar, sino de escuchar a los candidatos. Los trabajadores están más preocupados por los problemas del día a día, sobre todo en lo económico y se impone la idea general que son todos lo mismo.
Si vemos lo que pasa con el reparto de la publicidad otorgada por el Estado, ya está hecho para que la ventaja siempre la tengan los partidos del régimen.
Desde el Frente de Izquierda exigimos estar en cualquier debate, no solo para la difundir nuestro programa, sino también para hacerlo en un escenario de denuncia a la impostura de los candidatos del régimen que son todos parte del actual gobierno y responsables de brutal ajuste que sufren los salteños.
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El viernes 28 de abril en horas de la tarde se levantó el paro de los obreros de Coca Cola de Salta que reclamaban un aumento salarial. El paro fue la consecuencia de una nueva paritaria a la baja firmada por la federación de trabajadores de aguas gaseosas.
El levantamiento se produjo después de la brutal represión por parte de la policía de Sáenz y la intervención de la burocracia de la CGT, que llegó un par de horas después que la policía a pedir que dejen salir los camiones para que “se reabran las negociaciones”, cosa que ni siquiera habían podido lograr luego de la represión que despejó el piquete en puerta de fábrica, ya que los compañeros choferes se negaron a manejar. De las negociaciones sólo participaron el secretario general de Sutiaga y los “jefes de la CGT” sin la presencia de ningún delegado ni de representantes de las bases que fueron los que sostuvieron en todo momento el enorme paro.
La presión de la empresa fue muy fuerte. Un gerente salió en los medios a mentir diciendo que el sueldo básico es de $300.000, intentando poner a la opinión pública en contra de la lucha. Luego se reforzó a partir de los telegramas de despido que empezaron a llegarle a los trabajadores. La empresa entonces ofreció dejar sin efecto los despidos y la CGT pidió un bono por única vez de $30.000 y un compromiso de discutir en el marco de una conciliación obligatoria un aumento sobre el ítem productividad que es el reclamo que dio origen al paro, con el que los obreros buscan compensar, con un adicional de empresa, la paritaria miserable que firmó la federación.
El papel de la CGT fue hacer causa común con la empresa por el levantamiento del paro. A menos de 12 horas de consumada la represión que dejó como saldo cuatro compañeros detenidos y otros dos con heridas de bala de goma en el rostro, la CGT se reunía en un plenario para dar su apoyo a la reelección de Sáenz, el que había mandado la represión en defensa de la multinacional el día anterior.
Cuando el secretario general de la CGT dijo en la puerta de la planta que no había que aceptar banderas políticas, en un intento de atacar la presencia del Partido Obrero y otras organizaciones en solidaridad con esta lucha, es porque no podía desplegar la suya, que es la de los responsables del ajuste del FMI, los que gobiernan para los dueños de Coca Cola.
El paro fue producto de la acción de un sector de jóvenes luchadores que fueron mostrando al conjunto de los trabajadores la necesidad de salir a la lucha para defender el salario, aun cuando el sindicato rechazaba cualquier acción en ese sentido.
Estos compañeros, que sufrieron anteriormente aprietes de la empresa con un despido que luego se revirtió, y después de dar la pelea en las elecciones del sindicato y perder por escaso margen, fueron junto a algunos delegados el real sostén de la lucha. Una lucha tenaz, que se plantó desde el primer momento y que además puso el cuerpo cuando llegó la infantería a reprimir.
El sindicato solo avaló el paro porque el descontento obrero era imparable. La federación, que envió a sus representantes hace cosa de un mes cuando se iniciaron acciones de lucha con el objeto de desarticularlas, en esta semana con paro, represión y despidos no sacó ni un comunicado de prensa.
Es importante tener presente, como un aspecto muy positivo del balance de esta lucha, que se asoma una nueva dirección, que se ha ganado el respeto de sus compañeros y que debe ser fortalecida para los enormes desafíos de lucha que se plantean en el gremio ante una profundización de los ataques a la clase obrera que se van a venir.
A pesar de todos los intentos de la empresa y el gobierno de poner a la gente en contra de la lucha se puede ver en las redes sociales una abrumadora muestra de solidaridad con los obreros y de indignación con la represión.
Unidad de ocupados y desocupados
El viernes 28 por la mañana una columna de dos mil compañeros desocupados de la Unidad Piquetera llegó hasta la puerta de fábrica para concretar allí la solidaridad con los compañeros de la Coca y realizar con ellos el acto por el Día del Trabajador, que emocionó hasta las lágrimas a muchos compañeros. Gobierno y empresa deben haber visto que no había espacio para sostener los despidos que buscan descabezar a la nueva dirección combativa que se está formando.
Saquemos todas las conclusiones
Es importante abrir un debate entre los compañeros sobre el balance de la lucha. Porque más allá de que el reclamo central del paro sigue pendiente, la lucha deja planteada la posibilidad de conquistar una nueva dirección que pueda llevar una próxima lucha al triunfo y hasta conquistar la dirección del sindicato para que se ponga a disposición de los trabajadores y no de la patronal ni del gobierno.
Pero también es importante que se vea con claridad que la fortaleza de la lucha no fue el respaldo legal del sindicato sino la unidad de los trabajadores y la disposición a sostener un paro que fue con acatamiento total.
Esta lucha debe servir también para los obreros de la Coca, como para los trabajadores en general, para ver la necesidad de organizarse de manera independiente de los que hace 40 años gobiernan para el beneficio de los capitalistas. Esta es la clave para encarar la lucha por la recuperación de los sindicatos que hoy están en manos de la burocracia y también para la lucha por un gobierno de los trabajadores.
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Miles de trabajadores desocupados y precarizados de la Unidad Piquetera marcharon en la capital salteña este viernes 28 de abril por la Avenida Paraguay hasta la planta de la Coca Cola, donde los trabajadores de esa empresa se encuentran realizando un paro con total acatamiento.
Allí realizaron un acto, que tuvo como primer orador a un representante del cuerpo de delegados de la Coca Cola, quien agradeció a la Unidad Piquetera la solidaridad con su lucha, denunciando a los grandes empresarios que quieren precarizar el trabajo de los trabajadores ocupados.
Luego Claudio Del Plá, en representación del Partido Obrero, tomo la palabra explicando: “En una jornada de lucha por el día internacional de los trabajadores, que mejor forma de realizarlo que con los compañeros de la Coca Cola, que se encuentran cumpliendo un paro por reclamos salariales y acaban de enfrentar la represión de la policía de Sáenz”.
“En este país donde el gobierno ha dado la señal para que las patronales paguen salarios que llegan a ser la mitad que en el pasado, en donde el 80 % de los jubilados gana $59.000, necesitamos la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, porque quieren que la crisis la paguemos nosotros. Los que están en el poder quieren que se enfrente el que tiene trabajo en blanco con el que no tiene laburo, porque lo que se viene es un golpe contra el pueblo trabajador. Han fracasado y los que decían que iban a llenar la heladera terminaron trayendo al FMI. Necesitamos superar a la CGT, cómplice del gobierno y organizarnos por un gobierno de los trabajadores” concluyó Del Plá.
📣 ¡¡En estos momentos!! Màs de mil personas en las puertas de Coca Cola
La UNIDAD PIQUETERA se movilizó en apoyo a la lucha de los obreros y contra la represión. pic.twitter.com/U4xGUrMuM2
Uno tras otro, los compañeros de la Unidad Piquetera describieron la critica situación de los trabajadores argentinos, la necesidad de unir a los que luchan y la solidaridad de clase con los trabajadores de la Coca Cola, de los que luchamos todos los días en la calle contra el ajuste de Fernández y de Sáenz.
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Los trabajadores de la planta de Coca Cola de Salta, perteneciente a la empresa mexicana Arca Continental, comenzaron un paro de actividades total desde el miércoles 26 de abril. La medida también incluyó el bloqueo de entrada y salida de camiones, con permanencia en las puertas de la planta. El acatamiento fue total entre los trabajadores bajo convenio, con una gran unidad y disposición a la lucha.
Desde que la Federación de Trabajadores de Aguas y Gaseosas firmó una paritaria a la baja para este año, como viene ocurriendo desde hace tiempo, generó un enorme descontento entre las bases. Un grupo de ellos, que habían enfrentado a la dirección de Sutiaga en las ultimas elecciones, realizaron semanas atrás una protesta frente a la planta en reclamo de aumento salarial. La medida fue rechazada por el sindicato, pero tuvieron que convocar una asamblea general junto a representantes de la Federación.
El descontento fue creciendo hasta llegar a la decisión de ir al paro. Esta vez el sindicato tuvo que respaldar la medida. El reclamo de los trabajadores es que se aumente el porcentaje que se paga por el ítem productividad, que en Salta es del 16% cuando en otras plantas llega al 70%. De esta manera se busca sortear de algún modo a la mala paritaria firmada a nivel nacional.
Desde que se decidió el paro la empresa se ha negado sistemáticamente a cualquier tipo de diálogo y amenazó con el despido masivo de los trabajadores.
La brutal represión y el rol de la burocracia sindical
El jueves 27 por la mañana hubo un pedido, bajo amenaza de la presencia de la infantería, para dejar salir cinco camiones de larga distancia, al cual se accedió luego de votar en asamblea. Por la tarde comenzó la presión para que puedan salir los camiones con el stock para abastecer a los comercios locales, lo que fue rechazado.
Con un despliegue policial enorme, la infantería, armada hasta los dientes, desalojó de manera brutal a los trabajadores de la puerta de la planta. Hubo tres detenidos y algunos heridos de bala de goma. La policía disparó a la cabeza de los compañeros. Tras la represión se instaló una valla y un cordón de la infantería con el objetivo de sacar los camiones, abastecer a los comercios y debilitar la lucha. Sin embargo, la medida fracasó porque, al ver la represión, los camioneros se negaron a sacar los vehículos.
En horas de la noche se hizo presente la cúpula de la CGT. Si bien manifestaron su apoyo a la lucha y se propusieron para intentar un diálogo con la empresa, pidieron que se libere la salida de camiones como contrapartida para que la empresa acceda a algún tipo de negociación. Un intento de ablande de la lucha.
🛑 GRAVE Represión y detención de tres obreros en la puerta de Coca Cola Salta
Después de 24 hs de huelga en la puerta de la empresa el gobierno mando a la policía a reprimir a los trabajadores deteniendo y disparando balas de goma pic.twitter.com/UeOAuZn3QH
Desde el Partido Obrero estuvimos acompañando ya desde la protesta anterior y por supuesto también en esta oportunidad.
Junto a la Unidad Piquetera se decidió modificar el acto por el 1 de mayo y realizarlo el viernes 28 de abril en apoyo a los trabajadores en paro. Mientras se escribe esta nota un acto unitario con los obreros de la Coca Cola se realiza sobre la avenida frente a la planta industrial.
Hay un activismo joven que ya enfrentó a la burocracia en las elecciones y que perdió por apenas 30 votos, y se viene haciendo cada vez más fuerte en esta planta, pero también entre trabajadores de otras empresas.
La experiencia recorrida en estos días de paro ha mostrado la necesidad de la organización independiente de los trabajadores frente a un gobierno que, sin dudar, apela a la represión para defender los intereses de los capitalistas.
🏴 Marcha la Unidad Piquetera en repudio a la represión a los trabajadores de Coca Cola
Solidaridad con esta lucha, ya que enfrentan a una patronal multinacional que paga salarios a la baja, cuando los trabajadores rechazaron la paritaria miserable, la empresa despidió a 400 😠 pic.twitter.com/mbiOoUGb5e
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El Frente de Izquierda MST-Partido Obrero, único frente de izquierda en la elección salteña, realizó el martes 25/04 un masivo acto político en la Plaza 9 de Julio en la ciudad de Salta. Cerca de mil compañeras y compañeros estuvieron presentes.
El acto contó con la participación del precandidato presidencial del PO, el compañero Gabriel Solano, y de la compañera Celeste Fierro, dirigente nacional del MST.
El acto tuvo una importante repercusión en los medios de prensa, que no solo entrevistaron a los dirigentes nacionales y candidatos locales durante toda la jornada sino que varios estuvieron presentes en el propio acto.
La apertura estuvo a cargo de la compañera Andrea Villegas (MST), candidata a diputada provincial por la capital, quien denunció el vaciamiento de la educación pública que lleva adelante el gobierno salteño y reivindicó la lucha de la docencia autoconvocada para defenderla, además de luchar por el salario. Denunció a la burocracia que ha sido cómplice del gobierno. Destacó también la gran lucha del pueblo de Orán que mantiene un acampe desde hace meses contra el brutal tarifazo en la energía eléctrica.
Continuó en el uso de la palabra la compañera Gabriela Cerrano, senadora mandato cumplido del Partido Obrero y candidata a concejal en la ciudad de Salta. Planteó el enorme desafío de conquistar nuevamente bancadas en los ámbitos parlamentarios, porque desde que no hay una presencia de la izquierda y del Partido Obrero en ellos, han avanzado sin oposición alguna los negociados de las contratistas del Estado que se paga con brutales impuestazos que golpean a los trabajadores. Es el caso de Agrotécnica Fueguina en el municipio de Salta, que se lleva 14 millones de pesos diarios y está produciendo una enorme contaminación ya que no separa los residuos y los amontona en un basural a cielo abierto. Denunció también los negociados para el turismo que harán en el edificio de la Palúdica, donde funcionaba el organismo de control de vectores de enfermedades como el mosquito que transmite el dengue y que hoy azota a la provincia con más de 8.000 casos confirmados.
Denunció además a Emiliano Durand, el otro candidato a intendente de Sáenz y que disputa con Bettina Romero, de ser parte también del régimen que gobierna la provincia y la ciudad para los empresarios amigos.
Celeste Fierro (MST) explicó cómo la inflación y la devaluación están devorando los salarios, y que esto es la consecuencia de aplicar el ajuste que impone el FMI y ejecuta el gobierno del Frente de Todos. Denunció que los que se reclaman la oposición, como el macrismo, tienen el mismo programa de ajuste. También explicó que en Salta, los índices de pobreza superan a la media nacional, como consecuencia de la política de ajuste que también lleva adelante Sáenz.
El candidato a intendente de la ciudad de Salta, el compañero Carlos Zarzuri (MST), denunció también los negociados para las empresas que impulsa Bettina Romero en el municipio, afectando al ambiente, como la obra en el cerro Ala delta y el vertedero de basura. También denunció la política represiva impuesta sobre los vendedores ambulantes que fueron expulsados de las calles por el reclamo de las patronales de la Cámara de Comercio.
El compañero Gabriel Solano, precandidato presidencial del Partido Obrero, destacó la conformación del Frente de Izquierda en Salta como un instrumento para ir con más fuerza a las elecciones a enfrentar a los políticos capitalistas. También que señaló que su constitución fue un gran acierto porque vamos a las elecciones a luchar, como una huelga o un piquete, porque allí se plantea una confrontación de clase, la cual hay que dejar de manifiesto y por eso es clave que la izquierda actúe unida en esa lucha.
Señaló que queda claro que este frente que hemos formado integra a la izquierda militante y que lucha, porque un frente de la izquierda que se reclama revolucionaria no puede hacerse considerando como cuestión principal su influencia en las redes sociales, la presencia en la televisión o una encuesta. Hizo un llamado a que con este mismo método se constituya el Frente de Izquierda a nivel nacional, porque no hay ninguna duda que vamos a una etapa de fuertes confrontaciones con los partidos capitalistas que van a fondo con el ajuste impuesto por el FMI.
Lo único que están discutiendo los partidos que han gobernado es quien paga el costo de la crisis, pero todos están a fondo con aumentar los ataques a la clase obrera.
Señaló que un elemento importante de la crisis es que los dos principales líderes políticos de los partidos capitalistas, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, no se presentan a las elecciones porque saben que pierden, ya que son responsables de una bancarrota histórica del país. “Si Argentina sigue gobernada por los mismos de siempre se va a pique. Solo se puede salir si gobiernan la izquierda y los trabajadores” sentenció el compañero.
Solano hizo un llamado a ir a todos lados a debatir el programa nuestro y confrontarlo al de los liberfachos, porque si gobierna Milei vamos a estar peor que ahora.
El cierre del acto estuvo a cargo de nuestro compañero Claudio Del Plá, candidato a gobernador. El compañero señaló que el principal desafío que tenemos es unir a toda la clase obrera para terminar con los gobiernos capitalistas que nos han hundido en la miseria.
Explicó también cómo en Salta los sucesivos gobiernos, Romero, Urtubey y ahora Sáenz, han gobernado para los dueños de la tierra, para las mineras, las petroleras y para el banco Macro, haciendo crecer enormemente sus ganancias mientras los índices de pobreza, desocupación y trabajo precario no han para de crecer.
Dejó en claro que Sáenz es una pieza clave del ajuste que lleva adelante el gobierno nacional y salvar a los capitalistas, por eso reclamó un dólar especial para los empresarios tabacaleros. También explicó el papel de Emiliano Estrada, que quiere polarizar la elección con su lista integrada por kirchneristas y el partido de Olmedo que está con Milei. Denunció que Estrada, actual diputado nacional oficialista, fue funcionario del actual gobierno nacional y también fue ministro de Economía de Urtubey, ejecutando uno de los mayores ajustes contra el salario de los empleados públicos.
Finalmente llamó a los presentes a dar una enorme batalla para que el pueblo pase de largo de estas maniobras y vote a la izquierda para terminar con la pobreza, la falta de agua, la falta de vivienda, con el saqueo de los recursos naturales como el litio. Que la lucha por el voto al Frente de Izquierda sirva además, para desarrollar una gran fuerza social que pueda imponer un gobierno de los trabajadores.
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