Los 750 trabajadores de IMPSA están con medidas de fuerza frente a la comunicación de que solo recibieron la mitad de sus salarios correspondientes a noviembre. Los aguinaldos están en duda.
El paro se desarrolla con asistencia al lugar de trabajo y por el momento sin medidas callejeras, así lo afirman desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y ASIMRA (Asociación de supervisores de la industria Metalmecánica). Los trabajadores también destacaron que llevan meses sin actualización salarial con excepción de un 2,5% reciente.
IMPSA está en una situación delicada, el proceso de privatización, tan acicateado por todo el arco político nacional, viene demorado y las necesidades financieras se acrecientan, ya que tanto el gobierno nacional como el provincial, que cedió todas sus acciones, han dejado de realizar aportes. En este cuadro, la única empresa interesada en comprar la compañía es la norteamericana ARC Energy, la cual ve con preocupación el alto nivel de pasivos de la empresa. Esto viene siendo una forma de presión para la baja del precio, y también reducir aún más “los costos operativos” que no es más que avanzar con despidos, lo que hace pensar que seguirá dilatando la situación.
La crisis de IMPSA se arrastra de larga data, como ya denunciamos desde estas líneas. El vaciamiento hecho por Enrique Pescarmona y sus pasivos, y los inútiles salvatajes del estado nacional y provincial, solo están dejando el saldo de que los trabajadores sean quienes paguen la totalidad del costo de la crisis.
El inmediato pago de los salarios adeudados, los aguinaldos y aumentos que recompongan el ingreso de los obreros, la apertura de los libros contables de la empresa para ver cuál fue el destino de todos los subsidios y los fondos de la empresa son reclamos urgentes, en el camino de romper la paz social y la tregua que tienen firmada la CGT con Milei y Cornejo, y que han dejado correr el ajuste a los trabajadores.
Es necesario rodear de solidaridad esta lucha de los trabajadores de IMPSA para desenmascarar que las privatizaciones del “gobierno libertario” y sus socios políticos no es salida alguna de la crisis. Solo los trabajadores pueden revertir esta situación poniéndola a producir bajo su control y los intereses de la clase obrera.
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En el transcurso de 12 meses fueron 8 los aumentos en la electricidad que elevaron los valores en un 660%. Este número quedará muy por encima de la inflación de 182,9%, en una provincia con topes salariales escandalosos, esto constituye un golpe brutal al bolsillo de las familias trabajadoras que muy lejos vieron sus ingresos aumentar esas sumas.
Abundan los casos de público conocimiento de jubilados que recibieron facturas con graves aumentos y montos superiores a los $200.000 pesos, incluso cuando el consumo fue inferior al periodo anterior. Ya no alcanza tampoco vivir con las luces apagadas para afrontar la brutal descarga de los tarifazos que impulsa el gobierno nacional, con Javier Milei a la cabeza, y que respalda en toda línea el gobernador Alfredo Cornejo, en nuestra provincia.
El Estado principal garante del negociado
Desde el gobierno justifican los aumentos en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que define el gobierno provincial, y en los costos de distribución, que establece la Secretaría de Energía de la Nación. Todos costos que son muy difusos en la manera de calcular, además de totalmente arbitrarios, y llevaron a que en meses los aumentos fueran por ejemplo de 53% (noviembre 2023), 159% (febrero 2024), y 30% (mayo 2024) entre otros que siempre estuvieron por arriba de la inflación del Indec.
A estas cifras hay que agregarle que el estado provincial se niega a aplicar la resolución del gobierno nacional que impide que se cobren tasas municipales en la boleta de los servicios públicos, a conciencia de que la recaudación por el alumbrado público caería abruptamente si se tuviera que facturar en un boleto separado.
En tanto, las empresas justifican este saqueo con el pretexto de que los valores del VAD estaban atrasados y también a la quita de subsidios por parte de la Casa Rosada. Vale aclarar que empresarios que se dedican a los negociados con el servicio como es el caso de Daniel Vila, uno de los dueños de Edenor, Edesur y Edemsa, vienen reclamando que los aumentos sean mayores, mientras mantienen deudas millonarias con el Estado. Poco y nada se sabe del destino de los subsidios que recibieron y lograron ganancias netas en este año de más de $40.331 millones.
No solo de las ganancias originadas a partir del servicio fue que los empresarios y accionistas se vieron beneficiados, a sabiendas de la política de Javier Milei, sino también de los frutos que han repartido las acciones de las empresas como por ejemplo el caso de Edenor que tuvieron subas del 89,6% en lo que va del año. También le sacaron jugo al financiamiento vía obligaciones negociables como es el caso de Edemsa que ofrece rentabilidades del 8,5% anual en dólares.
Un verano que garantiza chispazos
Mientras el gobierno garantiza el negociado de los Vila-Manzano y compañía, la certeza que vamos a un verano complicado en materia de suministro es una realidad, y serán las familias trabajadoras las que tendrán que sufrir los cortes del servicio por largas horas, algo que ya se ha visto en varios sectores de la provincia.
Justamente el gobierno solo ofreció incentivos jugosos a las grandes empresas, que son las que más consumen, a cambio de morigerar el uso de la energía eléctrica. Por contraparte quedaron totalmente excluidos los usuarios residenciales y pequeños comerciantes de los incentivos por ahorrar energía.
Con la perspectiva a futuro de cortes y nuevos aumentos se hace primordial organizar en cada barrio asambleas contra el tarifazo en los servicios públicos que además de la luz incluye al agua y el transporte público, como ya hemos denunciado con anterioridad. Frenar todo tipo de suba, evitar cualquier tipo de cortes a las familias trabajadoras, y reclamar la apertura de los libros contables deben ser las principales consignas para dar una batalla más amplia que concluya con todas estas empresas en manos de los trabajadores. Ninguna tregua al plan motosierra de Milei y Cornejo, por una salida propia de los trabajadores a la crisis y los tarifazos.
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La Dirección General de Escuela de Mendoza ha enviado a distintos institutos terciarios de la provincia una modificación curricular del Profesorado de Historia en la que incluye el cierre de diferentes materias, reducción de horas cátedras y una disminución de los contenidos de cada materia.
Con el argumento de mejorar el tiempo de egreso de los estudiantes, la DGE ha propuesto dividir la formación en un ciclo troncal común, unificando materias de la carrera de historia con las de geografía, y un ciclo específico para los dos últimos años donde deberán optar por una especialización. Esto implica una reducción del 10% de horas cátedras y la eliminación de espacios curriculares como Historia y Problemática de los Pueblos Indígenas e Investigación Histórica.
Esto no solo afecta la capacidad del futuro docente para comprender y enseñar de manera integrada los procesos históricos complejos, sino que dejará a muchos docentes sin trabajo al perder sus cátedras como así también la pérdida de horas por la reducción propuesta en el nuevo plan de estudio.
Esta reforma no es aislada, se enmarca en la política de ajuste que viene impulsando el gobierno provincial sobre los trabajadores estatales, principalmente sobre la salud y la educación. El plan del gobierno consiste en reordenar la educación y la salud en función de los intereses del empresariado nacional e internacional favoreciendo carreras y materias que ellos consideran “productivas o prioritarias”. Esto, que se inició con la reforma de los terciarios de 2018 en la que aparecieron las carreras prioritarias, ahora buscan profundizarlo modificando los planes de estudio para recortar materias y despedir docentes.
Esto va en consonancia con otro proyecto que impulsa el gobierno para otorgar incentivos a los docentes en función del mismo principio; aquellos docentes que posean especializaciones consideradas “prioritarias” por la DGE recibirán un ítem salarial que podrá significar hasta un 30% de Asignación de la clase, Estado Docente, Zona y Antigüedad.
Por otra parte, que el nuevo plan de estudio elimine materias como Historia de Asia y África contemporánea, Historia Regional, Historia y problemática de los pueblos indígenas, Historia Argentina Reciente e Investigación Histórica no es casual. Con esto, la DGE busca afectar la formación de los docentes como investigadores reduciendo la capacidad de realizar investigaciones propias y desarrollar un pensamiento crítico. Esto es fundamental para la enseñanza de la historia, ya que permite a los docentes desarrollar una comprensión más profunda de los procesos históricos, aplicar esa comprensión en sus prácticas pedagógicas y combatir las mentiras históricas que los gobiernos capitalistas buscan instalar para justificar sus discursos de odio y el ajuste brutal que descargan sobre los trabajadores. Recordemos que mediante Resolución N°1390, la Cámara de Diputados de la provincia resolvió que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos mientras que Milei-Villarruel defienden la Colonización de América, el hispanismo y la recuperación del día de la raza.
Frente a esto, docentes autoconvocados se están organizado y presentarán un documento con el que rechazan la reforma. Carina, docente de Historia de Tunuyán y parte de la Asamblea de Docentes Autoconvocados, comentó a Prensa Obrera: “Es una reforma curricular inconsulta en donde no fuimos convocados los docentes, los que nos llegó fue solamente un documento al cual le podíamos hacer modificaciones o aportar a través de un formulario de Google. Al leer el documento vemos que tiene muchos retrocesos epistemológicos, se va perdiendo la especificidad y hay materias que desaparecen. Entonces ante esto estamos muy preocupados porque aparte también hay una un recorte de la carga horaria”.
“Por esto hemos realizamos un documento que lo estamos socializando para recibir apoyo y también estamos juntando firmas explicando nuestra posición con respecto a esta reforma curricular que realizó la Dirección de Educación Superior de la DGE. El documento se presenta en Educación Superior junto a toda la gente que nos quiera acompañar en esto. También están participando activamente no solamente los docentes sino también los estudiantes que también van a estar afectados con esto”, finalizó.
Desde Tribuna Docente y el Partido Obrero llamamos al conjunto de la docencia y al estudiantado a rechazar esta reforma que pretende amoldar la educación superior a los intereses del capital y a la motosierra del gobierno provincial y del nacional. Organizar los profesorados junto a estudiantes y docentes es la tarea del momento. Llamamos a apoyar a los autoconvocados que se están organizando frente a este ataque. Sin embargo, es necesario sacar el Sute del inmovilismo al que lo ha llevado la conducción Azul-Naranja con un amplio debate entre la docencia; hay que profundizar la lucha por la defensa de los terciarios y la docencia en su conjunto.
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