China
El 99% de los miembros de la Asamblea Nacional Popular china (parlamento) aprobaron una enmienda constitucional que establece el carácter “inalienable” de la propiedad privada capitalista.
Es claro que la enmienda constitucional se limita a traducir al plano jurídico la realidad social existente: oficialmente, un tercio del PBI chino y más de la mitad de sus exportaciones son producidos por el capital privado, que es además el principal contratista de obreros. Estos porcentajes no registran a los llamados “sombreros rojos”: empresas que, formalmente propiedad del Estado, son dirigidas y manejadas por capitalistas privados.
No es la primera vez que la propiedad privada aparece en la Constitución china. Fue incorporada en 1988 como “complementaria”; en 1999, una nueva enmienda la reconoció como “un componente importante” de la economía nacional; ahora, además de inalienable, cuenta con los mismos derechos y garantías (en términos de financiamiento, inversiones, propiedad de tierras, impuestos y comercio exterior) que las empresas estatales. La política de “pequeños pasos” con que la burocracia china encaró el proceso de la restauración pone en evidencia su carácter híbrido y transicional. Es una expresión, también, de la conciencia de la burocracia restauracionista acerca de sus carácter socialmente explosivo (revolucionario) .
La enmienda constitucional contiene una curiosidad: condiciona la “inalienabilidad” de la propiedad privada a su carácter “legal”. Ocurre que en China el capital fue expropiado en 1949, por lo cual la “desestatización” supone un acto de confiscación del patrimonio público en beneficio privado. Como han señalado varios voceros capitalistas, el derecho a la propiedad privada queda condicionado a un sello de “legalidad” que debe ser otorgado por la Justicia –o sea, por la burocracia–. La burocracia conserva el control político del proceso de la restauración. La detención del oligarca Khodorkovsky en Rusia y la incautación de las acciones de su empresa, la enorme petrolera Yukos, por una orden judicial, revela la enorme importancia que puede llegar a cobrar la cuestión de la “legalidad” previa que se le exige a la propiedad constitucionalmente inalienable.
La enmienda que consagra absolutamente la propiedad privada fue aprobada bajo un “intenso lobby de la Federación Empresaria de Industria y Comercio y los delegados de la ciudad de Cantón a la Asamblea Nacional” (Le Monde, 5/3). La Federación patronal está “férreamente controlada por el Partido Comunista Chino” (The Washington Post, 29/9/02), y los delegados de Cantón a la ANP, como los de toda China, son miembros del Partido Comunista. Es decir que el PCCh se ha convertido en el partido de la alianza, dominada por la burocracia, de los funcionarios estatales y los nuevos capitalistas. Ya hace dos años, antes de que se aprobara la enmienda que permitió el ingreso de capitalistas al PC, se informaba que “el 20% del 1,8 millon de capitalistas privados existente en China está afiliado al PC” (ídem). Esta “alianza entre el PC y los capitalistas”, reconoce un diario norteamericano, “es el elemento clave para mantener el control político de la transición”. No se le puede negar la razón a uno de los nuevos capitalistas chinos cuando afirma irónicamente que “es difícil decir quién está cooptando a quien”... (ídem).
La reforma define constitucionalmente la naturaleza social del Estado chino. Desde el acuerdo por el “traspaso” de Hong Kong a la soberanía china, en 1984, el Estado de la burocracia se ha convertido progresivamente en el protector coercitivo de las relaciones sociales crecientemente capitalistas. Bajo la presión contradictoria de la lucha entre el gran capital y las masas desposeídas, el Estado chino, dominado por la burocracia, va definiendo sus características burguesas. La transición al capitalismo se opera bajo la dictadura despótica de la burocracia restauracionista.
La instauración de la propiedad privada en la Constitución culmina otra etapa en la reconstrucción (bajo una forma burguesa) del Estado parcialmente destruido por la Revolución Cultural de mediados de la década del ‘60. En ella, bajo la dirección de una fracción de la burocracia (maoísta), las masas propinaron golpes demoledores a la burocracia y a su aparato estatal y mostraron una abierta tendencia a una acción política independiente. La Revolución Cultural fue para la burocracia china lo que la revolución política en Polonia, en 1980, fue para la soviética: la evidencia de que podía ser barrida por las masas. Ambas buscaron más decididamente, a partir de ahí, la alianza definitiva con el imperialismo (restauración capitalista) como su única salida y como la vía para transformar sus privilegios de usurpadores en derechos de propietarios. Después del reflujo de la Revolución Cultural, China restablecía relaciones con Estados Unidos, bajo la dirección del propio Mao, lo cual inició el proceso de la restauración capitalista.
Un miembro del gobierno chino reconoció que el “fuerte lobby” desarrollado por los capitalistas para la aprobación de la enmienda obedece “al temor de muchos empresarios de que sus capitales sean estatizados nuevamente en caso de un retorno de la balanza ideológica hacia la izquierda” (Le Monde, 5/3). Otros dicen que la burocracia autolimita sus derechos frente a los del capital –el privilegio al consumo frente al derecho a explotar la fuerza de trabajo–. Pero esto es más fácil ponerlo en el papel que sostenerlo frente a las grandes crisis.
La restauración capitalista ha creado en China desigualdades sociales extraordinarias y, por sobre todo, ha llevado a un despojo de los derechos sociales de las mayorías, a las que lanza al mercado de trabajo para el capital. En el campo, se asiste a sistemáticas rebeliones contra las expropiaciones de tierras y el saqueo impositivo por parte de las burocracias locales (¡lo que, sin embargo, no viola la “intangibilidad” de la propiedad privada, simplemente porque ella no es reconocida a los campesinos!). En numerosas localidades, la burocracia central ha debido anular las elecciones de autoridades municipales de aldeas y pueblos porque fueron elegidos los llamados “héroes campesinos”, opuestos a estas confiscaciones. Según una revista oficial china, “34 millones de campesinos perdieron total o parcialmente sus tierras entre 1987 y el 2001 (...) Si el ritmo actual de las expropiaciones se mantiene, China tendrá 78 millones de campesinos sin tierra en el 2030” (ídem).
La “inviolabilidad” de la propiedad privada no protege a los campesinos parcelarios sino que promueve la confiscación de tierras que los campesinos sólo tienen en usufructo. En la misma reunión del Comité Central del PC que aprobó la enmienda protectora de la propiedad privada (en octubre del año pasado), se aprobó la autorización a la acumulación de grandes extensiones de tierra. Un diario norteamericano explica que ante “el temor a la competencia de los alimentos importados” (cuando China ingrese a la OMC), las “grandes granjas privadas (tienen) mejores condiciones de competitividad y eficiencia” que los pequeños lotes campesinos (The Washington Post, 15/10/03). El respeto a la propiedad privada refuerza la tendencia a la expropiación de los campesinos, que es arbitrada (y aprovechada) por la burocracia del Estado.
También se asiste a una creciente rebelión entre los obreros de las ciudades, como consecuencia de los despidos y de los atrasos en el pago de salarios, jubilaciones e indemnizaciones. “A los 94 millones de campesinos que han migrado a las ciudades en busca de empleo se les adeudan salarios por 12.000 millones de dólares, lo que es una causa permanente de protestas” (informe de la agencia oficial Xinhua, noviembre de 2003). Al mismo tiempo, la privatización de los servicios públicos dejó a 20 millones de niños fuera de las escuelas y más de la mitad de la población no puede hacer frente al costo de las medicinas y los aranceles hospitalarios. Por ello no es de extrañar que “los desórdenes y otros actos de desobediencia sean rutina en China” ... “la peor pesadilla de los dirigentes chinos es que un día todos los agraviados de China, desde los campesinos pobres a los desempleados urbanos, se unan” (Chicago Tribune, 1/11).
Las contradicciones económicas que enfrenta la restauración son, por otro lado, tan explosivas como las sociales. La penetración del capital extranjero ha creado una sobreproducción prematura enorme (comparado con las necesidades insatisfechas en China), o sea una masa de empresas que enfrentan mercados saturados y acumulan mercancías invendibles. Los bancos estatales que las financiaron acumulan montañas de créditos incobrables (el 80% del patrimonio, casi un billón de dólares). El constante ingreso de capitales impulsa la revaluación del yuan y, por esta vía, una pérdida potencial de competencia internacional (en el marco de salarios de hambre); las quiebras industriales que esto podría provocar acabarían por hacer explotar el sistema financiero. Se pronostica que en los próximos años cerrarán unas 2.500 empresas estatales y se privatizará la mayoría de las 100.000 existentes (El Cronista, 15/3). Llegado a este punto, se verá si el rescate económico, por parte del Estado, se hace en el marco de la propiedad capitalista (lo que definitivamente sujetará a la burocracia y al Estado al capital internacional), o si tiene lugar en un marco revolucionario, lo cual barrería con el capital y la burocracia y liquidaría la etapa restauracionista mucho antes de su culminación.
China se distingue de los países capitalistas por el peso de la burocracia estatal en su cualidad de árbitro de la sociedad; por la misma razón, la lucha política contra el gobierno se diferencia de la que se libra en los países históricamente capitalistas, porque en China se plantea la confiscación también de las propiedades y privilegios de la burocracia estatal del Partido Comunista.
La constitucionalidad de la propiedad privada marca el progreso de la restauración capitalista y, al mismo tiempo, la necesidad de un reaseguro por parte de la burocracia y los nuevos capitalistas ante las explosivas contradicciones que enfrentan. Con toda su importancia, sin embargo, se trata apenas de un resguardo adicional; el principal sigue siendo la apropiación política del Estado por la burocracia restauracionista y sus nuevas relaciones con el capital financiero internacional.
Rusia
En Rusia, el derecho constitucional a la propiedad privada capitalista está vigente desde hace años. Sin embargo, los burócratas que gozaban de las necesarias “conexiones”, se convirtieron en oligarcas capitalistas, no por medios constitucionales sino burocráticos, acaparando las grandes compañías y yacimientos petroleros y mineros a partir de medidas de gobierno administrativas; lo mismo hicieron, en las repúblicas y regiones de Rusia, cientos de “pequeños oligarcas” que contaban con el respaldo de los gobiernos locales. Pero si China se mueve en la dirección de Rusia, al establecer el derecho a la propiedad privada en la Constitución, Rusia se mueve en la dirección de China, al restaurar el control y la dirección que parcialmente había perdido la burocracia estatal. Ambos procesos restauracionistas tienden a una “convergencia”.
En cuatro años en el poder, Putin, un ex oficial de la KGB, centralizó el aparato del Estado de una manera casi absoluta: las dos cámaras del Parlamento, los gobernadores, la prensa y hasta los oligarcas han sido anulados como factores políticos independientes y hoy se encuentran férreamente subordinados al Kremlin. El mismo tipo de “dictadura civil” existe en la mayoría de las ex repúblicas soviéticas.
Para muchos, Rusia es hoy “el reino del siloviki”, una palabra que refiere a los aparatos represivos. La socióloga Olga Kryshtanovskaia ha descubierto que el 25% de los puestos en la administración civil están ocupados por oficiales que pasaron por el ‘siloviki’; cuanto mayor es el nivel de la Administración, mayor es la concentración de ‘siloviki’. Antes de la llegada de Gorbachov al poder, el número de ‘siloviki’ en la administración civil era de apenas el 3% (Financial Times, 5/3).
El período de dominación irrestricta de la novel oligarquía capitalista, bajo Yeltsin, demostró que la restauración del capitalismo lleva a la completa desorganización de la economía; cuando la circulación monetaria fue sustituida por el trueque, en 1996/99, se temió por la sobrevivencia de Rusia como nación. La reacción provino de los órganos de seguridad. Como la restauración capitalista no es el resultado del desarrollo de la sociedad rusa sino que es impuesta desde afuera de ella (economía mundial), sólo se la puede imponer desde arriba. El mismo Yeltsin comenzó un proceso sistemático de reconstrucción de los servicios de seguridad; la guerra de Chechenia jugó un papel decisivo para el retorno de los servicios al centro de la escena. Fue Yeltsin, precisamente, el que designó a Putin como su sucesor.
Algunos, como el norteamericano Bill Browder, que opera en Rusia desde hace diez años, afirman que Putin “está actuando claramente en interés del Estado” (Financial Times, 1/11/03). Desde los tiempos del zarismo, la “afirmación” del Estado ruso obedeció a la necesidad de hacer frente a la presión exterior. La extensión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, la incorporación de los países de Europa oriental a la Unión Europea, las maquinaciones norteamericanas en el Báltico, en Asia Central y en el Cáucaso, han servido de acicate a este retorno de la KGB. La nueva centralización del Estado, estrechamente precaria en su base económica (exportación del petróleo), es necesaria para renovar el ímpetu de la restauración capitalista (incluso salvarla del naufragio), aunque choca al mismo tiempo con las tendencias irrefrenables del capital y la oligarquía capitalista a poner todo bajo su control. La burocracia rusa busca recobrar la fuerza de arbitraje.
Es decir que la afirmación del Estado –necesaria para el avance de la restauración capitalista– choca con las manifestaciones de la propia crisis capitalista.
Un comentarista del Moscow Times (5/3) describe a los ‘siloviki’ como “una nueva oligarquía en charreteras (que pretende) asumir el rol de los oligarcas de la era Yeltsin (e) intenta presentar su ataque a la vieja oligarquía yeltsiniana como un ataque para erradicar a la oligarquía”. Es decir, otra mafia privatista. El despido del primer ministro Kassyanov (el último sobreviviente del clan Yeltsin en el Kremlin) obedece, según el diario Moskovskie Novosti, a que “se oponía a que las próximas privatizaciones de la industria aeronáutica, los puertos, los ferrocarriles y las máquinas-herramienta beneficien a los grupos cercanos a los ‘siloviki’...” (reproducido por Le Monde, 11/3).
La “redistribución” de los activos continúa. Putin no sólo encarceló al oligarca petrolero Khodorkovsky y congeló una parte del capital del gigante Yukos; además, forzó la separación de ésta con la Sibneft (cuya fusión habría sido anunciada pocos días antes de la detención de Khodorkovsky). En la misma línea, impulsa un oleoducto para llevar el petróleo siberiano a Japón (y no a China como pretendía el patrón de la Yukos).
El ascenso de los ex KGB y los ‘siloviki’ al poder político constituye, para algunos, “una venganza de los derrotados en el golpe de 1991”. Efectivamente, el golpe de 1991 contra Gorbachov fue impulsado por la KGB, que fue disuelta como consecuencia de su derrota. En aquella oportunidad, el PO caracterizó que el objetivo del golpe era instaurar en Rusia un “socialismo a la china”, es decir, impulsar la restauración por la vía del establecimiento de una férrea dictadura policíaco-militar. Estos “oligarcas en charreteras” son los que, según los grupos de izquierda que apoyaron el golpe de la KGB en el ‘91, iban a “salvar a Rusia del capitalismo”.
Putin ha reinstalado en el Kremlin el busto de Yuri Andropov, el jefe de la KGB que, en 1984, se convirtió en secretario general del PCUS y primer ministro ruso. Pero Andropov fue también el tutor de Gorbachov y de la política que éste trató de impulsar. Es decir que el proceso de la restauración del capitalismo en Rusia se inició por iniciativa de los servicios de inteligencia que tenían conocimiento acerca de las insuperables contradicciones que enfrentaba el régimen burocrático y del estado de ánimo de las masas.
Como atinadamente recuerda un académico, “Rusia, además de un coloso en hidrocarburos, es una formación social (...) El sistema soviético creó su propia sociedad” (Financial Times, 5/3). La propiedad privada capitalista no ha surgido de ella sino que ha sido insertada por la presión del capital mundial con el material de la diferenciación social que produjo la evolución interna del país (burocratización). Por ejemplo, Rusia carece de una “clase media” propietaria que le dé un sustento político y social a una dominación capitalista. En la medida en que el régimen restauracionista y el aparato del Estado se asientan en una “formación social” que todavía no se ha desarrollado en forma capitalista, la dominación de la propiedad privada se encuentra en una fase inicial, “embrionaria”, aunque con fuertes signos de agotamiento (prematuro).
La restauración del capitalismo es un proceso contradictorio y explosivo porque plantea necesariamente el reemplazo de una “formación social” no capitalista –es decir, la disolución de las relaciones existentes– por relaciones sociales plenamente capitalistas en la etapa histórica en que el capitalismo enfrenta su decadencia.
