En la reunión del Comité Nacional del Partido Obrero, el 12 y 13 de junio pasados, se discutió en forma prioritaria la situación política nacional y se arribaron a las conclusiones que siguen:

1. El nuevo planteo sobre la deuda externa, que puede significar un reconocimiento de hasta el 70 por ciento de la misma, derriba cualquier veleidad de independencia nacional de parte del gobierno de Kirchner. Sumado al envío de tropas a Haití, para sostener a un gobierno impuesto por Bush y para distender la presión política y militar que sufre el imperialismo norteamericano como consecuencia de la ocupación de Irak, expresa el agotamiento de la tentativa nacionalista burguesa de la que hizo alarde el equipo que se arrogó la representación de la ‘causa nacional’. La colaboración internacional con el imperialismo norteamericano tiene su lugar de privilegio en Bolivia, donde Kirchner sostiene al gobierno de Mesa contra la insurgencia popular –cobrando como comisión la importación de gas boliviano por medio de Techint. A esto hay que añadir el descarado recule ante las privatizadas, donde la promesa de poner fin a los contratos firmados con el menemismo ha concluido en un masivo aumento de tarifas –cuyo dinero va integralmente al pago de la deuda externa que financió la compra de las empresas estatales por parte de esos monopolios. Para completar el negociado que significa la renegociación de la deuda externa en los términos expuestos, el gobierno necesita que la Corte Suprema dictamine la constitucionalidad de la pesificación, de lo que depende el arreglo con las Afjp. Este hecho pone de manifiesto el contenido social de la llamada depuración de la Corte, que se pintó, en su momento, bajo los colores de los derechos humanos.

2. Un reconocimiento de la deuda en ‘defol’ del orden de los 50-60.000 millones de dólares significa, una vez que se le agregan los 35 mil millones de dólares de la deuda armada por Duhalde y Kirchner para compensar a los bancos, y los 35 mil millones que se deben al FMI y compañía, cerca de 130.000 millones de dólares, que equivalen a todo el PBI. Se trata de una hipoteca confiscatoria que, debido al sistema impositivo imperante, deberán pagar los trabajadores –no los capitalistas que se beneficiaron con ese endeudamiento. Los 6.000 millones de dólares de superávit fiscal que el gobierno se ha comprometido a obtener ante el FMI no alcanzan para pagar los vencimientos anuales de esa deuda. Ya desde el 2005, el Estado argentino estará obligado a contraer nuevas deudas para pagar la mayor parte de las que vencen ese año. Deberá también asegurar la obtención de un excedente en el comercio exterior, de unos 5 a 10 mil millones de dólares, para poder cancelar las deudas, tanto pública como privada, más los giros de utilidades y dividendos de las privatizadas. El gobierno de la ‘causa nacional’ lleva a Argentina a una nueva bancarrota.

3. Duhalde, primero, y Kirchner, después, han impuesto el mayor ajuste fiscal desde la crisis de 1890, por medio de la devaluación de la moneda y el congelamiento relativo de los salarios. Por tentativas de una escala menor perdieron sus puestos, oportunamente, Cavallo y López Murphy, luego de grandes movilizaciones populares. El gobierno actual necesita mantener ese nivel confiscatorio para pagar la deuda pública y promover los negocios de los capitalistas locales. La ‘reconstrucción de la burguesía nacional’, que Kirchner designó como el objetivo estratégico de su gobierno, es una operación muy cara para el pueblo argentino, que no está en absoluto en condiciones de pagar. Los rebautizados políticos ‘nacionales y populares’ (todos fueron funcionarios menemistas) están sembrando, ellos mismos, la próxima rebelión popular. La política de elevados superávits fiscales ha ahondado las crisis fiscales de todas las provincias, que están siendo obligadas a resignar un porcentaje de la recaudación federal de impuestos –del 53 al 40% (si se tiene en cuenta que no ‘coparticipan’ la retención a las exportaciones y el impuesto al cheque). El año que viene, cuando tengan que comenzar a pagar las deudas provinciales que refinanciaron con el Estado nacional, deberán renunciar a otro 10% de la coparticipación federal. En suma, su coparticipación quedará reducida en promedio al 30%. Para peor, Kirchner pretende obtener ahora una ley de “responsabilidad fiscal” que consolidaría esta realidad confiscatoria, y quedarse de paso con un ‘fondo’ de 2.500 millones de pesos para satisfacer las ‘necesidades insatisfechas’ de su propia camarilla.

4. El agotamiento de la tentativa nacionalista enunciada por el gobierno en sus comienzos inaugura una nueva etapa política. Tiene un impacto enorme en la conciencia social, que se irá manifestando con el tiempo. Pone al desnudo la inviabilidad de las corrientes pequeño burguesas ‘setentistas’, que, completamente desmoralizadas, habían imaginado que se les presentaba una segunda oportunidad. Luego de la Coordinadora Radical, en los ‘80, y de los Frentes del Sur, Frente Grande y Frepaso, de los ‘90, es la tercera tentativa ininterrumpida de la pequeña burguesía democratizante que fracasa, se puede decir, aun más ignominiosamente. Pero el agotamiento del planteo oficialista tiene su impacto mayor en la crisis social; la llamada ‘recuperación económica’ no ha atenuado los niveles extraordinarios de pobreza e incluso los ha consolidado como consecuencia del incremento del trabajo en negro y de la flexibilidad laboral. En las regiones donde el impacto económico del aumento de las exportaciones de soja ha sido mayor, ha crecido la miseria social en lugar de disminuir. Las provincias se encuentran en un estado de rebelión –en particular Tucumán, Chaco, gran parte de Jujuy, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero; Buenos Aires se acaba de incorporar al pelotón con las huelgas estatales y docentes. El conjunto de las clases sociales se encuentra amotinada; es así que la acción directa es el primer medio al que recurre la población para protestar contra el hambre, la desnutrición, el gatillo fácil, los secuestros, la falta de gas o de luz, las confiscaciones de los ahorros y aportes jubilatorios, o cualquier acto arbitrario del Estado. Los piqueteros son nada más que la expresión concentrada de la tendencia del país. La completa capitulación ante el capital financiero y las privatizadas deberán acentuar este cuadro de rebelión. La evolución de los grandes desequilibrios económicos que caracterizan la economía mundial, y en especial el desenlace de las crisis financieras de Brasil y Turquía, y las consecuencias de las derrotas del imperialismo en Irak, tienden a agravar este cuadro de crisis, incluso si se dan episodios de mejorías. La situación actual de la Argentina, que combina la confiscación económica con la rebeldía popular, constituye una reivindicación irrefutable del movimiento piquetero, que con sus planteos y luchas mantuvo la continuidad del Argentinazo en la conciencia del pueblo, y que ha dado al conjunto de la clase obrera y los explotados la referencia y la orientación frente a las falsas expectativas e ilusiones en una nueva posibilidad histórica para el nacionalismo de contenido capitalista y para el peronismo.

5. La normalización político-electoral del 2003, con la suba de Kirchner, y la contención parcial de la bancarrota del 2001 han renovado la tendencia a la movilización popular. En la etapa precedente, la desorganización social y del Estado operaron, a partir de cierto momento, como un factor de freno de la movilización. Cuando las masas y sus organizaciones no han alcanzado la madurez adecuada para aprovechar una situación de características revolucionaria, la descomposición que caracteriza a la crisis abierta disipa, a partir de cierto momento, las energías populares. Con la ‘normalización’ reaparecen las reivindicaciones ‘contenidas’ o ‘reprimidas’ en el período previo. Los trabajadores, en general, no pueden seguir cargando con las consecuencias de la devaluación, que en cambio ha enriquecido a unos pocos. Tampoco pueden tolerar que se pretenda convertir a la confiscación producida por la devaluación en el nuevo piso histórico de la explotación capitalista. Esta es la causa de la extendida agitación de la mayoría de las clases sociales. El gobierno en ningún momento alentó la movilización popular para respaldar su mentada ‘causa popular’; intentó, al contrario, crear una ‘brigada anti-piquetera’, continuó la judicialización de la protesta, no esclareció ninguno de los crímenes cometidos bajo el duhaldismo y se encuentra empeñado en demoler el trabajo político y social del movimiento piquetero. De un modo general, el peronismo ha evitado ‘ganar la calle’, sea cuando, bajo Duhalde, denunciaba una amenaza de los piqueteros, sea cuando, con Kirchner, salió a hacer demagogia contra los acreedores internacionales. Los amotinamientos populares, que se producen continuamente, rompen, por lo tanto, con el cuadro oficial.

6. La movilización popular en curso tiene ante sí la tarea de realizar las tareas incumplidas por el Argentinazo. Tiene la oportunidad de poner fin al despotismo patronal en los lugares de trabajo, que fue el objetivo estratégico del capitalismo desde la dictadura militar. Tiene la oportunidad de acabar con la explotación de los sindicatos por parte de la burocracia. Tiene la oportunidad de liquidar la usurpación de la representación popular por parte de los políticos corruptos de la clase capitalista. La realización de estos tres objetivos crea una nueva situación de poder y se convierte en el punto de partida de una nueva tentativa popular que sea victoriosa. Por eso el Partido Obrero llama a luchar por la formación de cuerpos de delegados y comisiones internas y renovar la representación obrera en los lugares de trabajo –con la completa conciencia de que es el único camino para terminar con la flexibilidad laboral, los bajos salarios y el verdugueo patronal. Por eso el Partido Obrero llama a la unidad del activismo sindical para echar a la burocracia y renovar de cabo a rabo a los sindicatos. Por eso el Partido Obrero llama, al pueblo en general, a tomar las decisiones en sus manos y formar Asambleas Populares –sólo así pondrá fin al ‘gatillo fácil’ y los secuestros, a la mugre, la contaminación, el abandono y la pobreza en los vecindarios. La reorganización del pueblo en estos términos abrirá el camino para instalar un gobierno responsable ante los explotados, un gobierno de trabajadores. Las luchas actuales en las provincias, las huelgas de estatales y docentes y las movilizaciones populares contra la policía, el entrelazamiento de todas estas luchas con las movilizaciones y reivindicaciones que impulsa el movimiento piquetero, ponen a la orden del día los comités de base, la lucha contra la burocracia y las asambleas populares. La confianza en la burocracia sindical es una vía segura para la derrota de estatales y docentes; en oposición a la entrega de la burocracia proponemos la formación de comités de huelga responsables ante las asambleas, formación de una coordinadora de comités de huelga, y la organización, sobre esta base, de la huelga general indefinida hasta la obtención de los 250 pesos al básico y la estabilidad para los contratados. En las provincias en lucha llamamos a organizar también asambleas populares en todas las localidades y a coordinarlas con el movimiento piquetero y los comités de lucha o de huelga de los trabajadores.

7. “Reconstruir la burguesía nacional” es un objetivo intolerable, porque supone un inmenso sacrificio popular. En oposición a ese planteo retrógrado, el Partido Obrero plantea la reorganización del país sobre nuevas bases sociales, en primer lugar a expensas del imperialismo. Un país cuyas instituciones siguen los dictados del FMI, es una semi-colonia. El sometimiento nacional está presente en todos los poros de la crisis política del Estado. La independencia nacional es central a la presente crisis política y solamente podrá ser resuelta por el desplazamiento de los gobiernos capitalistas por un gobierno de trabajadores. En Argentina, desde el presupuesto del Estado hasta la lista de ingresos y gastos de los hogares son decididos por el Grupo de los 8, la Tesorería de Estados Unidos, el Citibank y el FMI; la burguesía nacional oficia de intermediaria y de comisionista. La lucha por la independencia nacional no suma sino que opone a los trabajadores contra la burguesía nacional. Los fuerza a organizarse como fuerza dirigente de la lucha nacional. Una salida nacional exige la ruptura con el FMI. El Partido Obrero plantea la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda externa y su investigación por un comité de trabajadores y la unidad socialista de toda América Latina. El Partido Obrero llama a enfrentar la nueva capitulación de Kirchner y Lavagna ante el FMI y los acreedores internacionales, apoyada por todo el peronismo, la UCR, la centroizquierda y el ARI, y a la oposición al envío de tropas a Haití, mediante una campaña nacional para exigir la convocatoria de un plebiscito. Denunciamos como una manipulación, una arbitrariedad y un entreguismo mayor el giro del gobierno con relación a su planteo anterior de una quita del 75% de la deuda impaga y le exigimos que someta la deuda y Haití a una decisión popular.

8. La crisis política actual se manifiesta en que, aun en un marco constitucional, Kirchner se ve obligado a gobernar con un método de choques cotidianos con sus adversarios reales o supuestos, porque está obligado a ratificar todos los días su condición de árbitro político. No se trata solamente de que carece de una mayoría parlamentaria propia sino de que, en un marco de contradicciones explosivas, la política oficial, que responde a la burguesía nacional, las potencia cada vez más. Sin una base organizada, está obligado a atacar a derecha y a izquierda y a explorar sus propias condiciones de equilibrio oponiendo la una contra la otra, sin desenvolver ninguna tendencia autónoma hasta el final. El gobierno actual es una resaca del Argentinazo, de ningún modo constituye una superación de la crisis del 2001. La crisis entre Kirchner y Duhalde es ilustrativa, porque se trata de un choque entre corrientes políticas que son mutuamente dependientes. Duhalde fracasó como alternativa de gobierno en el 2002, por lo que recurrió a Kirchner, y Kirchner, que sólo puede arbitrar esgrimiendo una completa independencia de cualquier tendencia política, no puede gobernar sin la base parlamentaria y política del duhaldismo. La llamada ‘gobernabilidad’ esta socavada por la descomposición social capitalista, la entrega al imperialismo y la persistencia de la confiscación económica de las masas. El enfrentamiento dentro del peronismo no tiene un carácter de principios sino de camarillas y sirve para ilustrar al pueblo acerca de la descomposición del principal partido de la burguesía, el peronismo. De aparato de rescate, en la crisis del 2001, el peronismo se encuentra amenazado por nuevas divisiones y la desintegración. El Partido Obrero advierte al pueblo sobre cualquier ilusión de que el kirchnerismo pueda ‘trasparentar’ la política eliminando a sus mafias o devolverle al peronismo un carácter antiimperialista que le habría hurtado el menemismo. La lucha de camarillas entre Kirchner y Duhalde es una excelente oportunidad para tomar conciencia de la necesidad de un partido de la clase obrera y para acelerar su construcción.

9. Las elecciones previstas para el 2005 se han integrado a la crisis política; el gobierno piensa, incluso, en adelantarlas. Episodio parlamentario, forma parte de una crisis que es esencialmente extraparlamentaria –de descomposición económica y del Estado, de bancarrota financiera internacional y nacional, de luchas crecientes, de una tendencia generalizada a los amotinamientos populares. Incluso la realización de esas elecciones está condicionada a los ritmos y extremos de la crisis, que son por definición imprevisibles. El Partido Obrero advierte al pueblo que el adelantamiento que se ha producido de la campaña electoral es una demostración de que los capitalistas no han arreglado nada con la salida electoral del 2003 y la suba de Kirchner; que la crisis que eclosionó con el Argentinazo es, por momentos, más intensa que en el 2001; que esta crisis, manejada por la burguesía, sólo habrá de deparar nuevos infortunios y una mayor descomposición de los aparatos del Estado. En estas condiciones, el Partido Obrero lanza una campaña nacional por el desarrollo de una alternativa organizada de carácter obrera y socialista, en oposición a la irrecuperable descomposición del nacionalismo burgués y pequeño burgués, como una condición esencial para hacer frente a la bancarrota capitalista desde los intereses de los explotados, y por un poder político de los trabajadores que reorganice la nación sobre nuevas bases sociales.