La falacia mayor de Hebe Bonafini cuando proclama “el fin de la resistencia”, no se encuentra siquiera en el hecho de que ninguno de los criminales de la dictadura ha sido condenado, incluso después de la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. Para obtener alguna condena hay que recurrir a los tribunales de otros países, que es precisamente lo que Kirchner ha buscado evitar con la anulación de aquellas leyes. La falacia mayor de Bonafini estriba en que en Argentina gobierna, como nunca antes, precisamente bajo Kirchner, la clase social que organizó el golpe militar del ’76. Lo que los actuales gobernantes llaman hoy ‘burguesía nacional’, sus antecesores del ‘proceso’ la llamaban los ‘capitanes de la industria’; entre 1976 y 1982 se consolidaron los grandes conglomerados económicos capitalistas que hoy ejercen a sus anchas sus derechos a la explotación de los trabajadores y de los recursos nacionales. El “fin de la resistencia’, nada menos que bajo el gobierno de Kirchner, con el único pretexto de que hizo bajar un retrato de Videla en el Colegio militar, significa una reconciliación con la clase social que organizó el régimen político que torturó y asesinó a treinta mil ciudadanos. Acindar sube en la Bolsa todavía más que bajo la dictadura, aunque hoy las relaciones de fuerza en su capital accionario favorezcan a la Belgo Mineira; lo mismo se puede decir de Techint, a la que el gobierno militar favoreció con las primeras privatizaciones de la siderurgia. Los fiscales pueden ir todavía detrás de un Astiz o del ‘turco’ Julián (para eso ni hubo que esperar a Kirchner), pero el régimen no va a ir por el directorio de los pulpos, como tampoco por un Kissinger o un Bush. Solamente se podrá proclamar el ‘fin de la resistencia’ cuando se haya puesto fin a la explotación de los grandes pulpos capitalistas, o sea de la burguesía nacional.

 

Bonafini se ha animado a más, y asegura que ‘marchamos al socialismo’. Esto no es verdad para Kirchner, pero tampoco para Chávez. Los centroizquierdistas y nacionalistas sólo procuran ampliar el campo de dominación de la burguesía nacional, ni siquiera desafiar realmente al imperialismo. Es una vieja aspiración de los movimientos nacionalistas que se los confunda con el socialismo, porque al decir de ellos representan a todas las clases sociales. La cuestión central hoy en América Latina es, precisamente por esto, separar al socialismo del nacionalismo, a la clase obrera de la burguesía nacional. Los dichos de Hebe de Bonafini pretenden contrarrestar esta separación; en esta política la acompañan los D’Elía, fundamentalmente los Moyano y la burocracia sindical (sin olvidarnos de la CTA), y también el partido comunista. Por eso la cuestión estratégica de la etapa es organizar una alternativa obrera y socialista. A partir de esta estrategia se plantea la construcción y el desarrollo de un partido de la clase obrera.

 

El próximo 24 de Marzo, cuando se cumplen treinta años del golpe militar de la burguesía nacional y del imperialismo, tenemos que marchar contra el gobierno, porque es el gobierno de la burguesía nacional y también del imperialismo. Es precisamente su carácter capitalista lo que explica que haya una treintena de presos políticos, miles de luchadores procesados, los responsables políticos de Puente Pueyrredón impunes y miles de gatillos fáciles haciendo ‘justicia’ por su cuenta contra los jóvenes trabajadores. Los saqueadores del Banco Nación o los criminales de Río Tercero, entre tantos otros, quedarán impunes por ‘prescripción’.

 

Los patrones controlan los precios

 

En los próximos días, cuando el Indec señale la disparada de precios en enero, los oficialistas saldrán a decir que sin los ‘acuerdos de precios’ las cosas serían peores. El fracaso quedará convertido en éxito. Pero está claro que al gobierno no le interesa controlar los precios sino valerse de la ficción del control de precios para atacar los reclamos de aumento salarial. Le preocupa, no las góndolas, sino las paritarias. Un gobierno que defiende una devaluación del doscientos y pico por ciento de la moneda, no puede sanamente pretender que se le crea que quiere controlar los precios. El gobierno lucra con la inflación, porque cobra impuestos sobre los precios que se pagan, mientras mantiene congelados los salarios de sus trabajadores. Los trabajadores debemos reclamar el poder adquisitivo, de los salarios y de las jubilaciones, anterior a la devaluación, y exigir asimismo la indexación de los ingresos durante todo el período de duración de los convenios. ¡Qué mejor coacción contra el aumento de los precios que la amenaza de un inmediato aumento de los salarios!

 

Bajo el capitalismo los precios los fija el mercado, y cuando la crisis lo impone, el mercado negro. Cuando hay una recuperación de la demanda los capitalistas adoran el mercado y cantan loas a la ley de la oferta y la demanda; pero cuando hay una crisis piden la intervención del Estado. En el momento actual reclaman precios ‘libres’, pero salarios ‘regulados’; en la crisis pedirán, al revés, precios ‘regulados’ y salarios ‘libres’, o sea que los salarios se puedan pactar a la baja (como ocurre ahora en Europa o en General Motors y Ford, en Estados Unidos). Es decir que el mercado es una realidad contradictoria, donde se confrontan intereses sociales con fuerza desigual. Los trabajadores no podemos controlar el mercado, donde actuamos atomizados como consumidores, pero sí podemos controlar la producción, donde estamos unificados por la explotación; exijamos que los capitalistas abran sus cuentas y libros. El mercado oculta que el precio, en definitiva, si dejamos de lado la amortización de los medios materiales empleados en la producción, se reparte entre salario, beneficio industrial e interés financiero. Para poner en evidencia cómo se hace este reparto es necesario abrir los libros y las cuentas, poner al desnudo lo que ocurre en el lugar de trabajo, sea la fábrica o el comercio. Para contrarrestar la inflación es necesario limitar las ganancias, incluido el superávit fiscal que sirve al pago de la deuda pública. Esto solamente puede hacerse bajo la vigilancia de los obreros en los lugares de trabajo. Los sindicatos deberían incluir en sus plataformas la apertura de las cuentas de las empresas y organizar comités de vigilancia, por lo menos en los principales centros de producción y de comercio.

 

Inflación y reelección

 

Es común escuchar que la reelección de Kirchner depende de que pueda controlar la inflación. Pero la inflación es la salida del capital a su bancarrota de 2001; para salir de esa bancarrota se devaluó el peso, se emitió dinero para salvar a los bancos, se indexó la deuda pública, se deprimieron los salarios, se desvalorizó la propiedad. La recuperación capitalista consiste precisamente en aumentar precios, salarios, ganancias, rentas, o sea en revalorizar la propiedad y el capital. En definitiva, la inflación es una consecuencia de la crisis. Como a nivel mundial se utilizaron procedimientos parecidos para superar la crisis de 2000-2003, existe igualmente una inflación internacional que se manifiesta en el crecimiento descomunal, por un lado de los déficits fiscales, por el otro de los precios de las materias primas. Para recuperar el equilibrio, entre dos fases de la crisis, la deflacionaria y la inflacionaria, el capitalismo necesita atravesar por conflictos sociales e incluso políticos e internacionales. La economía mundial se caracteriza, en el momento presente, por desequilibrios enormes.

 

Es decir que si Kirchner quiere la reelección deberá, más que contener la inflación, contener la resistencia de los trabajadores y de los desocupados a la inflación. La reelección de Kirchner depende entonces del resultado de una lucha general de las clases. La lucha social y política confluyen objetivamente.

 

Frente Político de los luchadores y sus organizaciones

 

Es claro de lo anterior que la lucha cotidiana debe ser orientada políticamente; debe servir para arrancar las reivindicaciones y permitir el progreso material y moral de los trabajadores, sea de los que tienen un empleo, de los desocupados, de los jubilados y de todos los oprimidos por el actual régimen social, pero debe servir también para acumular fuerzas en un polo político alternativo al gobierno de la burguesía nacional. La lucha cotidiana será, manifiestamente, una lucha política, que tendrá como protagonista al gobierno, incluso más que a las patronales; por otro lado, solamente podrá avanzar y consolidarse si es capaz de agrupar al conjunto de las clases sociales afectadas en una alternativa de poder.

 

El proceso político y social de Argentina está fuertemente condicionado, por otra parte, por la crisis internacional que se desarrolla en América Latina y que tiene por centro a Bolivia. Existe un cerco contra el proceso boliviano, que protagonizan en la primera línea Kirchner y Lula, al extremo que se han empeñado desesperadamente en encontrar una salida de algún tipo a la desintegración del Mercosur, con la finalidad de hacer causa común para contener la crisis de Bolivia. Es necesario forjar un polo político internacional en América Latina contra el cerco a Bolivia, en nombre de la nacionalización de los recursos naturales, bajo gestión obrera, y de la formación de gobiernos obreros y campesinos. Las posibilidades de Kirchner, por un lado, para reforzar su gobierno de la burguesía nacional, y las de los trabajadores, por el otro, para poner fin al cuadro de superexplotación y miseria, dependen del triunfo o la derrota del cerco capitalista contra Bolivia. Separar en compartimientos estancos la lucha reivindicativa de la política y la lucha nacional de la internacional sería manifestar una colosal incomprensión del momento presente.

 

Llamamos a todos los luchadores y a sus organizaciones a discutir la puesta en pie de un frente político, que integre las luchas reivindicativas a la de una alternativa obrera y socialista y las luchas nacionales a la lucha internacional por la unidad socialista de América Latina.