El golpe militar del 24 de marzo de 1976 constituyó un movimiento de reacción política enderezado a liquidar el ascenso revolucionario iniciado en 1969 y cuyo punto más alto había tenido lugar en junio/julio de 1975, con la primera huelga general de la clase obrera argentina contra un gobierno peronista.
El primer punto de la agenda del golpe —para la burguesía nacional y el imperialismo— era la liquidación física de la amplia vanguardia obrera “clasista” que había nacido a partir del Cordobazo y que en el curso de los años posteriores había recuperado de manos de la burocracia numerosos cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos. Ni el retorno de Perón, ni el terrorismo estatal habían logrado derrotar al “clasismo”.
En agosto de 1975, los grandes grupos capitalistas fundaron la Apege (Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), cuya función política fue promover el golpe de Estado.
La Apege estaba integrada por la CEA (Consejo Empresario Argentino), la Sociedad Rural, Carbap, la Cámara de la Construcción, la de Comercio, la de Grandes Tiendas, las cámaras de importadores y exportadores, la de supermercados y las cámaras de bancos. Es decir, el 99,9% de la burguesía nacional y del imperialismo.
Su programa planteaba “la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio”.[1]
Para la “supresión directa” de los “obstáculos legales”, la burguesía necesitaba un completo cambio de régimen. La naturaleza reaccionaria y fascistizante del régimen que pretendía imponer la Apege era clara cuando se refería a “la supresión directa (de los) obstáculos de otro orden”: las comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas combativos del movimiento sindical. Las listas de activistas a secuestrar por las fuerzas represivas eran provistas por las propias patronales (y por la burocracia sindical aliada a ella); los “grupos de tareas”, en numerosos casos, actuaron dentro de las propias plantas, con la complicidad de las patronales. Balbín, jefe de la UCR, planteaba la necesidad de suprimir a la “guerrilla fabril”.
El programa de los “capitanes de la industria”, de la oligarquía y de los banqueros planteaba no sólo la liquidación de toda la legislación laboral sino un auténtico “pinochetazo” económico y social.
La burguesía prepara el golpe
Mientras las huelgas obreras crecían, la descomposición del gobierno peronista se aceleraba. La burguesía pasó entonces a la preparación activa del golpe.
La gran burguesía se lanzó a desorganizar por completo la vida económica. Promovió la inflación y el desabastecimiento; la especulación desenfrenada, la fuga de divisas, la cesación de pagos con el exterior y organizó la “huelga impositiva”.
Un objetivo de este caos económico planificado era disciplinar detrás del golpismo a la mediana empresa y a la pequeñoburguesía; su objetivo principal, sin embargo, era paralizar a la clase obrera desquiciando sus condiciones de vida materiales hasta extremos intolerables.
El viernes 18 de diciembre de 1975 se levantó un sector ultraderechista de la Fuerza Aérea reclamando que Videla fuese designado presidente. El golpe quedó aislado; la dirección de las Fuerzas Armadas entendía que el golpe debía ser “institucional” (encabezado por los jefes de las tres fuerzas). Los altos mandos dudaban, además, sobre las reacciones que podría provocar. Tanto los partidos como la CGT se abstuvieron de intervenir. Pero ante el temor de que el lunes, con el retorno al trabajo, estallaran huelgas espontáneas, la CGT convocó en la noche del domingo a un paro general. El golpe de Capellini se hundió de inmediato; el golpista Agosti desplazó a Fautario en la jefatura aeronáutica. El gobierno perdió así su último respaldo en las Fuerzas Armadas.
El fracaso de Capellini provocó un reflujo del golpismo, que quedó anulado pocos días después cuando —en vísperas de la navidad— el ERP atacó el cuartel de Viejo Bueno de Monte Chingolo.
La revista The Economist anunciaba que el ministro de economía del nuevo gobierno sería José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino y de Acindar. En un “mensaje de navidad” desde Tucumán, Videla le puso fecha: noventa días... el 24 de marzo de 1976.
El lock-out de la Apege
Durante los primeros setenta días de 1976, la burguesía nacional —nucleada en la Apege— profundiza el caos económico y arma el “respaldo civil” del golpe.
El 16 de febrero, la Apege convocó a un “lock-out” contra el gobierno. En su proclama admite que “existe un solo camino para que el empresariado deje sin efecto su plan de medidas de fuerza, y ese camino es la rectificación total de la filosofía política, económica y social que ha llevado a nuestra Argentina al borde del caos”.[2] Negro sobre blanco, los grandes capitalistas reclamaban terminar con el régimen político parlamentario y con la legalidad de las organizaciones de las masas.
Era una ofensiva de conjunto de la gran burguesía para forzar el golpe. Incluso los sectores organizados en la CGE (la más afín al gobierno peronista) se sumaron a la “protesta”: después de que su dirección declarara la “libertad de acción”, nueve de sus federaciones, entre ellas la poderosa federación industrial de Córdoba, adhirieron al paro declarado por los “capitanes de la industria”, la Sociedad Rural y los banqueros. “Colocados entre la ofensiva de la Apege y la belicosa resistencia obrera, (la CGE) se ha plegado, como explotadores que son, al paro del 16”.[3] Una semana después, entre el 21 y el 28 de febrero, la propia CGE llama a una “semana de protesta”.
El 16 de febrero la paralización fue total. Según Carlos Túrolo, autor de De Isabel a Videla, la masividad del paro de la Apege “fue la prueba de amor que necesitaban los militares para saber que no estaban solos. Ese día prestaron mucha atención y se quedaron tranquilos cuando vieron que cerró desde la industria más grande hasta el kiosko más chiquito”.[4]
Frente al paro patronal, la CGT se negó a movilizar a la clase obrera. Una solicitada (del 13 de febrero) no propiciaba ninguna medida de lucha y llamaba a los explotadores a “reflexionar”. Sólo en las fábricas dirigidas por sectores combativos e independientes se realizaron asambleas y se reclamó la ocupación de las plantas.
La parálisis de la burocracia sindical frente al lock-out de la Apege convenció a los golpistas de que no tenían nada que temer por ese lado. La única resistencia podía provenir —como efectivamente ocurrió— de las fábricas dirigidas por delegados clasistas. Por eso, entre el lock-out del 16 de febrero y el golpe del 24 de marzo, el terrorismo contra los activistas y delegados batió todos los récords.
Con Videla, la Apege en el gobierno
El 24 de marzo de 1976, los militares dan el golpe más anunciado de la historia argentina.
Las asociaciones patronales saludan alborozadamente al nuevo gobierno. El 5 de abril, cuando se reanudan las operaciones en la Bolsa de Buenos Aires, la burguesía “saludó” el ascenso del régimen del terrorismo de Estado con una espectacular suba de las acciones: el 250% en una sola jornada.[5]
Al frente del Ministerio de Economía estaba José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del directorio de Acindar y del Consejo Empresario Argentino (CEA). El CEA había sido fundado en 1969 “ante la creciente presencia de los representantes de empresas internacionales en la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (...) Reunía a dueños y gerentes de los grupos que crecieron en los ’60 y ’70, a la sombra de los grandes proyectos de obras públicas y se fortalecieron como proveedores del Estado nacional”.[6]
El CEA estaba integrado por lo más granado de la burguesía nacional: Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio y Zorraquín (Banco Comercial del Norte), Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate, y Pérez Companc. La actual AEA (Asociación Empresaria Argentina) es la continuidad (social y política) de la CEA del golpe videliano.
La Sociedad Rural se quedó con la Secretaría de Ganadería. Adeba con el Banco Central.
Un año después del lock-out que abrió el camino del golpe, el agrupamiento de los empresarios declaraba que “en este aniversario, la Apege considera un deber ineludible expresar su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de seguridad por la decisión, coraje y eficacia con que asumieron la responsabilidad de restablecer el orden”.[7]
Corría febrero de 1977 y a nadie se le escapaba que “el restablecimiento del orden” no era otra cosa que el secuestro, desaparición, tortura y asesinato de miles de compañeros y el secuestro de niños.
Treinta años después, los mismos explotadores que ensangrentaron el país con la dictadura representan a la ‘burguesía nacional’ que Kirchner se ha propuesto ‘reconstruir’.
Hoy, como hace 30 años, es imprescindible la más completa delimitación e independencia política respecto de la “burguesía nacional” y sus partidos. En la lucha por esta independencia radican la vigencia del 24 de marzo y la seguridad de que la vida de miles de compañeros no habrá sido arrancada en vano.
[1] Citado en Política Obrera, 18 de febrero de 1976.
[2] Citado en Política Obrera, 18 de febrero de 1976.
[3] “Lock-out para ilegalizar a la clase obrera y preparar el golpe” (en Política Obrera, 18 de febrero de 1976).
[4] Citado en Vicente Muleiro, “El golpe con traje y corbata”; en Clarín, 18 de marzo de 2001.
[5] La Opinión, 6 de abril de 1976.
[6] Chiaruttini Claudio M., “Amalita, ¿qué pasó con la burguesía nacional?”; en http://archives.econ.utah.edu/archives/reconquista-popular/2005w16/msg00068.htm
[7] Citado en Vicente Muleiro, Op. cit.
