El 24 de marzo de 1976, los militares dieron el golpe. Los capitalistas lo aplaudieron. La burocracia se borró. La única oposición al golpe del 24 de marzo provino de la clase obrera: 200 fábricas pararon en todo el país para repudiarlo.
El golpe impuso un retroceso enorme a la clase obrera. Fueron asesinados miles de activistas, hubo despidos masivos, desocupación, intervención de las organizaciones sindicales. El salario real cayó un 40% en un año. Se perdieron conquistas históricas, como los convenios colectivos y las obras sociales. Con el aplastamiento físico de la clase obrera, se montaba el plan económico de Martínez de Hoz y del conjunto de los grandes capitalistas.
Pero el movimiento obrero enfrentó la represión y a la dictadura.
Ya en abril se multiplican los petitorios, quites de colaboración y reclamos salariales en IKA Renault, Yelmo, EMA, Chrysler, Mercedes-Benz, CBS. El movimiento logra arrancarle al gobierno un aumento del 15%. Eran medidas parciales, moleculares, pero abarcaban a varios gremios. Desde su periódico clandestino, Política Obrera se lo caracterizaba como “un primer repunte obrero, aún débil y que será zigzagueante y vacilante por mucho tiempo, que conocerá derrotas, pero que marca el esfuerzo iniciado por poner un límite a la amplia ofensiva patronal, límite que constituye de por sí (aunque se obtenga a un nivel importante de pérdidas de conquistas que no se pueden recuperar en lo inmediato) un importante factor de confianza y de reagrupamiento de la clase obrera y de crisis en la política gubernamental”1.
Las primeras huelgas nacionales
Estas movilizaciones prepararon el “estallido” de septiembre, la primera movilización de envergadura nacional de la clase obrera contra la dictadura. Durante los primeros días de ese mes hubo una oleada de paros y movilizaciones cuyo epicentro fueron las automotrices del Gran Buenos Aires y una gran cantidad de metalúrgicas. El gobierno había decretado un aumento salarial trucho del 12% en momentos de carestía impresionante (el poder adquisitivo del salario era la mitad del de diciembre y un 70% menos que junio de 1975).
En Chrysler de Monte Chingolo se inició un paro. El lunes 6, GM Barracas paró reclamando aumento salarial y la normalización de la jornada laboral. También paró Ford, que ya había sufrido, en los primeros meses del golpe, una “purga” gigante de delegados. En Mercedes-Benz, las asambleas resolvieron paros de dos horas por turno. El martes 7, pararon Fiat, las dos Chrysler y seguía el paro en Ford y GM Barracas. El movimiento abarcó, en menor grado, a otras plantas mecánicas (Peugeot, Borgward, Materfer). También a los metalúrgicos (Siam, Febo, Wobron, Tamet) que pararon esos días, porque el gobierno había eliminado el franco del 7, día del gremio. Las movilizaciones partían del activismo fabril. La burocracia, borrada.
Terminada las huelgas, las empresas despidieron y suspendieron a gran parte de los activistas, pero se vieron obligadas a normalizar la jornada laboral y a otorgar aumentos en casi todas las fábricas. Los capitalistas se asustaban porque “los paros automotrices sacaron el tema (de los salarios) de las reuniones de expertos para ponerlo en la calle”2.
1977, la lucha se extiende
En varias etapas el gobierno planteó modificar los convenios, la estabilidad laboral y el estatuto de las asociaciones profesionales3.
La privatización parcial de las empresas estatales iba acompañada de despidos masivos. En octubre de 1976, el gobierno despidió a 264 trabajadores de Luz y Fuerza, entre ellos gran cantidad de delegados, lo que provocó un contundente paro general “que arrancó desde las bases”. La burocracia fue obligada a sumarse4. Luego de vacilaciones y de recurrir al auxilio de la burocracia, la dictadura ocupó militarmente el 90% de las empresas energéticas y encarceló activistas. PO explicaba que “no sólo estaba en juego si la militarización podía o no derrotar las huelgas obreras (...) sino que ésta definía todo un curso político posterior que el gobierno es incapaz de sostener en la actual situación”5.
La derrota de octubre no evitó que en el verano de 1977 resurgiera la lucha. A partir de la ley 21.476, el gobierno pretendía atacar varias conquistas de los convenios (entre ellas, una muy sentida, mediante la extensión del horario de trabajo). Una enorme huelga de telefónicos y lucifuercistas enfrentó ese plan de la dictadura.
Desde el vamos, la burocracia de Luz y Fuerza se esforzó por restringir las medidas de lucha; los trabajadores buscaron superar los límites impuestos por la burocracia. Pero la falta de un plan de lucha y de métodos de consulta y resolución democrática fueron desgastando la lucha. A partir de estas circunstancias, la dirección de Luz y Fuerza decidió levantar las medidas para “negociar la aplicación” de la ley. La base repudió el levantamiento; muchos sectores se negaron a cumplir el nuevo horario. En este marco se produjo el secuestro de Oscar Smith, secretario general de Luz y Fuerza, que fue asesinado. Ante el secuestro, el gremio volvió a parar; la burocracia “bajó” a las plantas y oficinas para reclamar que no se reabriera el conflicto.
En telefónicos, el peso del conflicto lo llevaron las “comisiones de representantes zonales”, que se habían comenzado a formar desde mediados de 1976. La burocracia de Guillán, igual que la lucifuercista, llevó la lucha a un callejón sin salida.
En junio de 1977 paró todo el cordón industrial de San Lorenzo, especialmente John Deere y Masey Ferguson. PO advertía que “los reclamos, si bien se están generalizando, no están coordinados y se mantienen en los límites fabriles”6. En noviembre las huelgas ferroviarias y del subte tuvieron un carácter nacional que se repetirá en las huelgas nacionales de 1978, 1979 y 1980. En esos años, se sumaron los portuarios, Alpargatas, plásticos, Goodyear, Olivetti, en “una seguidilla de huelgas que van picoteando en los grandes centros proletarios del Gran Buenos Aires”7.
Más crisis, más lucha
En junio de 1981 la huelga general de los metalmecánicos conmueve con miles de manifestantes ganando la Plaza de Mayo contra el cierre y suspensiones de las automotrices. “Por primera vez el proletariado le disputaba la calle al régimen militar sobre la base de la presencia organizada de columnas fabriles”8.
Desde fines de 1980, ante la crisis de la dictadura y la seguidilla de luchas en fábricas y sindicatos, la burocracia comenzó a “reorganizar la CGT”. Por esta vía, pretendía superar su desprestigio ante las bases obreras y, al mismo tiempo, intervenir en la lucha de fracciones que se desarrollaba dentro del PJ.
La lucha antidictatorial crecía. El 15 de octubre, miles de familiares de detenidos y desaparecidos reclamaron en Plaza de Mayo. El 22, centenares de universitarios manifestaron contra los aranceles. A fines de octubre, centenares de periodistas ocuparon la Plaza de Mayo reclamando contra la represión al gremio. Desde comienzos de octubre, comenzaron a formarse comisiones de despedidos en Peugeot, Mercedes-Benz, Petroquímica Sudamericana, Italar. En este cuadro, la burocracia de la “nueva CGT” convocó para el 7 de noviembre a una “jornada de oración” en San Cayetano, por “Paz, pan y trabajo”. Debutaba Saúl Ubaldini.
La convocatoria terminó convirtiéndose, pese a la enorme presencia policial y contra la voluntad de la burocracia, en una gigantesca movilización política contra la dictadura. Hubo una masiva presencia de activistas obreros, estudiantes y familiares, que supieron “luchar a brazo partido por explotar la mezquina brecha abierta por la CGT para hacer una manifestación política contra la dictadura”9.
La resolución de la Multipartidaria —integrada por el justicialismo, los radicales, los intransigentes y el PC, entre otros—, que declaró públicamente que no apoyaba la marcha, pone en evidencia quién luchó y quién no luchó contra la dictadura.
El principio del fin
El “Porteñazo” del 30 de marzo de 1982 fue la mayor expresión de lucha obrera de ese período. Convocados por la CGT, cincuenta mil jóvenes y trabajadores coparon la Plaza de Mayo en una verdadera huelga política de masas. Durante seis horas el centro porteño fue escenario del enfrentamiento entre los trabajadores y la policía. La clase obrera lideraba la lucha antidictatorial. La movilización se extendió a Mendoza, Rosario, Neuquén y Mar del Plata. Hubo miles de detenidos en todo el país, un dirigente obrero mendocino muerto y centenares de heridos.
La jornada anunciaba el colapso de una dictadura agotada en sus contradicciones internas, la crisis económica y la movilización de las masas. Su último y desesperado intento de mantenerse en pie lleva, cuatro días más tarde, a la ocupación militar de las Malvinas.
Un balance correcto
Contra lo que dice la “historia oficial”, el PJ, la UCR y el resto de los partidos patronales no sólo no lucharon contra la dictadura sino que la apoyaron. Hoy llenan sus bocas con “democracia” y “memoria”, pero centenares de radicales y peronistas fueron intendentes y embajadores de la dictadura. Luego, con el fracaso a cuestas, trabajaron en una multipartidaria para ordenar una salida democratizante en 1983, que garantizó la impunidad del aparato represivo y siguió gobernando para la misma burguesía golpista.
Un balance serio de la lucha contra la dictadura debe mostrar que los únicos que enfrentaron consecuentemente a la dictadura fueron los trabajadores. A pesar de una dirección traidora y cómplice, los milicos nunca lograron derrotar a la clase obrera en forma decisiva ni sumirla en una completa desmoralización política.
Con el terror respirando en la nuca, fue reconstituyendo sus fuerzas poco a poco. Comisiones internas y cuerpos de delegados clandestinos, petitorios, quites de colaboración, sabotajes y paros sorpresivos fueron forjando a una clase que impidió un retroceso histórico de las condiciones de vida de la población. Esa lucha contra los genocidas, de un heroísmo extraordinario, forma parte de la historia y la conciencia de los trabajadores argentinos de hoy.
1) Adelante N° 2, 12/5/76.
2) Cronista Comercial, 20/9/76.
3) La Opinión, 10/6/77, y La Nación, 8/6/77, describen el plan de la nueva “ley sindical”. En 1979 se va a promulgar la nueva “ley sindical” (la ley de asociaciones profesionales) que prohibió a la CGT, a los sindicatos nacionales y a los delegados de base por menos de 100 operarios (situación del 40% del movimiento obrero).
4) Adelante N° 10, 3/11/76.
5) Tribuna N° 21, 25/11/77.
6) Tribuna N° 17, julio 1977.
7) Política Obrera N° 293, 16/4/79.
8) Prensa Obrera N° 130, 27/3/86.
9) Política Obrera N° 325, 9/11/81.
