El proceso político argentino se encuentra nuevamente en un punto de viraje. Esto se manifiesta en diversos aspectos, pero principalmente en la crisis del proyecto electoral lanzado por el gobierno en junio pasado; en el agravamiento de la crisis económica y en una nueva ruptura de las negociaciones con el FMI; en la extensión de la crisis financiera a Uruguay, Paraguay y Brasil; y, por sobre todo, en el sostenido crecimiento de las luchas populares bajo sus diversas formas: aumento de las ocupaciones de empresas, inicio de luchas estudiantiles y, por supuesto, un sostenido desarrollo de las organizaciones piqueteras y de las asambleas populares.

Un adelantamiento en crisis

La crisis del proyecto electoral es absolutamente relevante, porque ese proyecto apuntó a desviar la movilización de masas, de un lado, y a contener la desintegración del peronismo, del otro. Establecía dos etapas: elecciones primarias en los partidos a fines de noviembre y la elección de un nuevo Presidente a finales de marzo, para asumir el gobierno en mayo del 2003. La artificialidad del planteo se veía ya en su inconstitucionalidad, toda vez que tanto la Constitución como las leyes desautorizan la posibilidad de adelantar las elecciones y el cambio de gobierno. Las primarias tenían por único objeto unificar al peronismo, que en la actualidad tiene siete candidatos, con intenciones de voto que en su inmensa mayoría no superan el 5 por ciento. Dado el completo derrumbe de la Unión Cívica Radical y la inconsistencia del centroizquierda y de la derecha, la unificación electoral del peronismo es considerada por la burguesía como la única salida viable a la crisis política. En los últimos días, sin embargo, la anulación de las primarias se considera un hecho consumado, lo cual llevaría al peronismo a concurrir a las elecciones en un enorme estado de dispersión. No hace falta decir que si este cuadro no se modifica, las elecciones no tendrán lugar, porque ni el peronismo ni el imperialismo aceptarían otro gobierno que no salga del partido oficial.

Es precisamente cuando se ponía al desnudo esta crisis del proceso electoral que los partidos y la burocracia sindical de centroizquierda y el ex trotskista Zamora se unen para "suspender" sus campañas electorales, exigiendo la renovación de todos los cargos electivos. También Izquierda Unida suspende su campaña electoral, que se desarrollaba con la consigna: "por un candidato único de la izquierda". El centroizquierda y la izquierda democratizante se han visto obligados a improvisar: el primero pide una elección general y la caducidad anticipada de los mandatos legislativos. Como este planteo exige una reforma previa de la Constitución, este bloque lanza la consigna de una Asamblea Constituyente. Es muy claro que el centroizquierda pone en paréntesis la campaña electoral por la simple razón de que ésta ha perdido sustancia y que su planteo de elecciones para todos los cargos procura un rescate del régimen político a partir de la inviabilidad del peronismo, sin dejar por eso de ser una plataforma electoral para el caso de que las elecciones de marzo tengan lugar de cualquier manera. Izquierda Unida plantea una Constituyente con un temario reformista más amplio, pero que coexistiría con el régimen actual. Aun hoy, la diputada nacionalista Alicia Castro, que pertenece al "espacio" de Izquierda Unida, continúa con la campaña electoral.

Crisis capitalista y lucha popular

La base económica de la crisis política en curso es el fracaso del gobierno en revertir el derrumbe social y financiero o siquiera atenuarlo. La desocupación real ha alcanzado un índice absolutamente excepcional del 55 por ciento; las quiebras de empresas son las más altas de toda la historia; el salario real ha retrocedido en siete meses un 25%; no existe en absoluto el crédito bajo ninguna forma; a pesar de una devaluación monstruosa del peso las exportaciones se encuentran estancadas. Lo que es peor, las principales medidas de saneamiento capitalista aún no han sido tomadas; por ejemplo, el aumento de las tarifas de los servicios de luz, teléfono, agua y gas; o la renegociación de la deuda externa, que está paralizada. Precisamente debido a esto, no avanzan las negociaciones con el FMI. Es que los grandes capitales no quieren que el gobierno obtenga préstamos de estabilización porque pretenden aprovechar la crisis económica para desvalorizar sus deudas locales a expensas de las finanzas públicas.

Un factor poderoso de la presente crisis, aunque todavía no el decisivo (éste sigue siendo el derrumbe capitalista y la extraordinaria división de la burguesía), ha sido la lucha de las masas, en particular del movimiento piquetero. Es necesario recordar que la masacre de hace sólo dos meses contra los piqueteros (26 de junio) tuvo el objetivo premeditado de establecer un régimen fuerte que pudiera arbitrar la crisis económica y política. El gobierno no tenía previsto en ese momento una convocatoria electoral. Pero cuando el movimiento piquetero reaccionó a la masacre con una movilización que arrastró a los sindicatos y a las asambleas populares, la que se extendió desde el 27 de junio hasta el 9 de julio, el gobierno no tuvo más remedio que recular: encarceló a los policías responsables de los asesinatos y llamó a las elecciones, porque era la única forma de impedir su caída. A partir de este momento se sucedieron varias victorias populares: la extensión del subsidio a los desocupados hasta dos millones de personas; la expropiación de varias empresas ocupadas; diversos aumentos salariales; e incluso la reducción de la jornada laboral en los subterráneos sin modificación de los salarios; pero además se frenaron ataques importantes, como los desalojos de viviendas ocupadas.

Otro adelantamiento o caída de Duhalde

En el momento actual, se cae ese plan político-electoral que hace solamente 60 días se había sacado a relucir para impedir la caída del gobierno. Claramente, estamos ante la inminencia de un nuevo viraje. Las alternativas son: un adelantamiento aun mayor de las elecciones, por ejemplo para diciembre, o la caída de Duhalde (varios gobernadores de provincias e intendentes municipales ya han caído y otros van a caer en las próximas semanas). La cuestión que crece en estos días es quién se haría cargo del gobierno. La impresión de que el gobierno está decapitado se ha acentuado como consecuencia de una impresionante ola de delitos y de secuestros que tiene por principal protagonista a la propia policía. La descomunal descomposición del Estado se acompaña de la evidencia de que habría una conspiración política detrás de la ola delictiva para desarrollar un proceso de militarización.

De los principales partidos del país (y también de los que no lo son en absoluto), el Partido Obrero fue el único que atacó la convocatoria electoral desde el comienzo, llamó a destruirla y planteó la necesidad de completar el trabajo de la rebelión del 19 y 20 de diciembre pasado, echando al gobierno para convocar a una Asamblea Constituyente por parte de las organizaciones en lucha. Desde el 1° de julio hasta el 3 de agosto, el Partido Obrero emprendió una campaña nacional con estas posiciones, que culminó con un acto de cinco mil personas, en un 80 por ciento militantes obreros y piqueteros. Es a partir de la primera semana de agosto que comienza el viraje del centroizquierda, Zamora e IU hacia una "suspensión" de la campaña electoral. De las diversas victorias políticas del Partido Obrero en los dos últimos años, esta última es posiblemente la más resonante, porque ha causado una fuerte impresión entre los trabajadores que han cotejado las diferentes posiciones en disputa.

El movimiento piquetero revolucionario (Bloque Piquetero) ha ganado una enorme audiencia, autoridad y reclutamiento en los últimos meses, y también proyección política. Ha estado en el centro de la crisis con la masacre del 26 de junio y las luchas posteriores. Ha desplazado al sector colaboracionista (Ccc-Cta). Agrupa a las empresas ocupadas y a diversos sindicatos; su perfil de organización obrera se acentúa de día en día. En un reciente encuentro de empresas ocupadas, varios delegados plantearon la necesidad de que el Bloque Piquetero encabece una campaña por la huelga general. Tiene previsto ocupar las empresas que despidan o suspendan y también reabrir y ocupar las que ya hayan cerrado para ponerlas a producir bajo gestión obrera. No hay al menor sombra de duda del creciente número, organización y militancia del Polo Obrero, que está impulsado por el Partido Obrero. El Polo Obrero organiza a aproximadamente unos ocho mil miembros. Unas cien asambleas populares de la Capital y del Gran Buenos Aires trabajan ya organizadamente con el Bloque Piquetero; lo mismo ocurre en el interior del país. También en Córdoba, Rosario, Neuquén, Salta, Tucumán y Resistencia, el Polo Obrero es una organización de masas.

Constituyente convocada por el pueblo

Las características extremas que ha alcanzado la crisis política invalidan el plan del gobierno y es muy probable que éste deba adelantar aún más las elecciones; el objetivo es que el nuevo adelantamiento ayude a prevenir un levantamiento popular y actúe como factor integrador de la oposición política, tanto la que está en el peronismo como el centroizquierda; asimismo, podría servir para que el imperialismo y el FMI otorguen una suerte de tregua al gobierno y puedan intervenir en el proceso electoral. Un adelantamiento, naturalmente, también podría acelerar la crisis del peronismo y por lo tanto del proceso político en su conjunto. Por medio de un Presidente, que deberá salir de un ballotage, la burguesía pretenderá crear un árbitro que controle una "normalización" política ulterior.

Si la burguesía se unificara en un nuevo adelantamiento electoral, sería difícil que las masas, que se encuentran en lucha, pudieran evitar pasar por esta experiencia. Para reforzar la salida electoral contra los embates de nuevas crisis, podría ocurrir que le añadan la convocatoria paralela de una Asamblea Constituyente con la vaga promesa de reformar el régimen político. Tal como lo previó el Partido Obrero desde un inicio, el planteo de echar al gobierno capitalista con la consigna de Asamblea Constituyente soberana, es combatido por la misma burguesía con el slogan de una Constituyente que colabore con el poder político. Este hecho marca el enorme progreso que ha tenido la situación política en un sentido revolucionario, porque el conjunto de las clases sociales tiene que discutir entre dos alternativas explícitas de poder: una Constituyente restringida y sometida, o una Constituyente soberana. Se confirma asimismo que la lucha por la conquista de las masas pasaría por las reivindicaciones de la democracia: la burguesía tratando de servirse de ellas para atar a las masas al cadáver descompuesto del Estado burgués; los socialistas para oponerlas a ese Estado, mostrar que el camino de la Constituyente soberana pasa por su destrucción, es decir, valernos de esta consigna para desarrollar la transición hacia la dictadura del proletariado.

Un nuevo adelantamiento electoral o su aborto suponen la vigencia de la cuestión del poder. Más allá del peronismo dividido y del centroizquierda inconsistente, se desarrolla otro polo de poder en torno al Bloque Piquetero, las asambleas populares que luchan con el Bloque, las empresas ocupadas bajo gestión obrera, un número creciente de sindicatos en lucha y el movimiento estudiantil combativo. La Asamblea Constituyente soberana no puede salir de una iniciativa parlamentaria; depende por completo de un nuevo levantamiento popular que planteará qué gobierno convocará a la Constituyente. El PO impulsa, en estas condiciones, la realización de un Congreso de piqueteros, asambleas, sindicatos, empresas ocupadas para que, en una nueva crisis, ese Congreso plantee su candidatura al poder y la convocatoria de una Asamblea Constituyente soberana.