Un reciente trabajo de un grupo de historiadores santacruceños (Historia de la clase obrera en Santa Cruz 1900-1946) ha establecido la relación directa entre la constitución del Estado en el entonces Territorio de Santa Cruz, el establecimiento de fuerzas armadas en el territorio y la matanza de 1.500 trabajadores en las huelgas de 1920-21. La matanza se realizó en beneficio de los estancieros que eran la clase dominante de la época, pero su contenido político y social es más profundo: la militarización del territorio, las ligas patrióticas y la formación de los primeros concejos deliberantes, es decir las bases del futuro Estado santacruceño tienen como punto fundacional la masacre de la peonada. Como decíamos en los ’80, refiriéndonos a la dictadura militar de Videla, en el genocidio de los peones “no hubo excesos”. Fue una acción criminal reclamada por las clases dominantes para consolidar un Estado a su imagen y semejanza, que les aseguró tres décadas de “paz social”, entendida como una dominación de los trabajadores por la vía del terror.
Pasada la mitad del siglo XX Santa Cruz se hizo provincia; la economía giró a la explotación de sus recursos naturales, en primer lugar el petróleo y ya en los albores del siglo XXI, la pesquería y la minería contaminante a gran escala. La actividad petrolera, en principio estatal, se tercerizó primero y privatizó luego en los ’90 donde también inicia la actividad minera. En esta década podemos decir que se consolida la dominación del capital financiero sobre Santa Cruz, por la vía de la exportación de los recursos naturales y la inversión financiera en los proyectos extractivos, facilitada por un gobierno que tiene como norte esta colonización y se asume como socio o
comisionista de la misma. Ese gobierno desde 1991 estuvo dirigido por la familia Kirchner y hasta la actualidad. Tres décadas permiten juzgar una “política de Estado”. A los que les sorprendió la declaración reciente de CFK sobre que la discusión entre garantismo o mano dura es “berreta”, hay que recordarles que Néstor inauguró su Intendencia a fines de 1987 con una brutal represión a una huelga en el corralón municipal, luego ya en la gobernación organizaba contramarchas encabezadas por esbirros como Rudy Ulloa, para intimidar cualquier manifestación opositora, denunciaron penalmente y persiguieron a los mineros de Río Turbio en las huelgas con ocupación de 1994 y 1998, en los ’90 promovieron la instalación permanente de la gendarmería en Las Heras que no es una zona de frontera, en abril de 2002 organizó una emboscada y golpiza contra el movimiento cacerolero en Río Gallegos,
Desde fines de los ’90 y sobre todo en 2003, 2004 y 2006 reprimieron los reclamos de los petroleros activos y de los desocupados después de la privatización, encarcelaron mujeres durante meses en esa represión a
los movimientos de desocupados en el norte provincial, militarizaron las escuelas con la gendarmería ante la huelga docente de 2007, luego en 2011 organizaron golpizas contra gremios estatales con la patota de la Uocra en 28 de Noviembre y frente a la legislatura. Ese mismo año la federal disolvía con los carros hidrantes la marcha de docentes de Santa Cruz que habían viajado a Buenos Aires a llevar el reclamo. En 2014 encarcelaron a petroleros en conflicto durante meses y la cantidad de procesados por luchar en la provincia se siguió incrementando. En 2016 y 2017 varias veces la policía reprimió manifestaciones en gobierno y sobre todo frente a la legislatura,
con varios heridos. La persecución a los que luchan llega a nuestros días con un proceso contra jubilados y otro contra 4 dirigentes por las luchas de 2017 más otro proceso por la huelga de Río Turbio contra los despidos de 2018.
Contra la versión de que “el peronismo nunca reprimió” están los crímenes de Victor Choque, Teresa Rodriguez, varios compañeros en Salta, Maxi y Darío en Puente Pueyrredón y la complicidad con el crimen de Mariano Ferreyra. En los últimos años con Berni a la cabeza reprimieron en Guernica. Berni es el símbolo de que CFK ha abandonado a los “garantistas” a su suerte.
Alicia Kirchner y las huelgas patagónicas
Rechazamos que un gobierno con una trayectoria de persecución y represión a los reclamos obreros como la que tiene el kirchnerismo durante más de treinta años en la provincia se postule como “querellante” en una causa federal para declarar la masacre de huelguistas de hace 100 años como “crimen de lesa humanidad”. Es un acto de hipocresía mayor y un intento de encubrir las persecuciones actuales contra los que luchan, por medio de una reivindicación “de los que lucharon antes”
Alicia Kirchner acaba de declarar que el “partido militar” fue responsable de las matanzas del 21, que también el partido militar fue utilizado en el genocidio de los ’70 y que ahora se usa el partido judicial y el partido mediático para perseguir (poniendo como víctima a CFK). Más allá de los “partidos” “las corporaciones son las mismas” nos dice Alicia. Muy bien Alicia: las corporaciones son las mismas, que son socias de su gobierno y que su gobierno ha favorecido con la privatización de todos los recursos naturales y hasta del Banco Provincia. A los estancieros el kirchnerismo no les cobra impuestos a la tenencia de la tierra (este impuesto recauda el 0,0001 de los recursos de la provincia) en una provincia que es la segunda en extensión territorial del país y donde hay gigantescas estancias en manos de Benetton y otros grandes capitalistas argentinos y extranjeros.
La continuidad del Estado represor de aquellos años se expresa también en las políticas de su gobierno, como se detalla más arriba. La represión de los años 20 fue ordenada por el primer gobierno elegido del radicalismo, la de la dictadura por el llamado “golpe cívico, militar, eclesiástico”. No se trata de “partido militar” sino de la represión militar a cuenta de los intereses sociales dominantes. La denominación de “partido” (militar, mediático, judicial) descalifica a los partidos que defienden sus ideales y es probablemente un modo demagógico de sumarse al repudio generado por la acción de los políticos capitalistas.
Lo de la justicia merece un análisis especial, ya que en el diseño del sistema judicial nacional y en la designación de los jueces el kirchnerismo ha jugado un papel decisivo ya que gobernó 15 años de los últimos 20 en el país. No hablemos del sistema judicial de Santa Cruz que fue colonizado por Néstor desde 1995 cuando, a imagen y semejanza de Menem con la Corte Suprema, amplió el Tribunal Superior para asegurarse la mayoría. Desde entonces la justicia de Santa Cruz es una colonia del partido gobernante. El “partido judicial” de Santa Cruz es kirchnerista hasta los huesos.
En resumidas cuentas, el gobierno de Alicia Kirchner es heredero del Estado fusilador, representa a las mismas corporaciones que se beneficiaron de aquella matanza y a otras nuevas que han copado la economía de mano de su propio gobierno, utiliza la llamada democracia para asegurar su dominación con persecuciones, con la ley de lemas y con el control total de la justicia, carece por lo tanto de entidad moral para ser querellante a favor de los obreros masacrados.
Conclusión: levantemos todas las banderas de los mártires de 1921, la apropiación de los homenajes ha encontrado sus límites en la existencia de comisiones independientes que organizan actos, incluso en fechas diferentes del feriado oficial, que se ha fijado el 7 de diciembre, fecha de la rendición incondicional de los huelguistas, o sea, de su derrota. Es que el verdadero homenaje es desenvolver los objetivos de fondo de los huelguistas, que comenzaban por construir organizaciones obreras independientes del poder político, llevar esa organización a las estancias con delegados por establecimiento y plantear todos los reclamos como parte de una estrategia revolucionaria que, con sus variantes, de conjunto se proponía terminar con la explotación capitalista.
Hay que recordar que la Sociedad Rural se (re)funda en 1920 en Río Gallegos para impedir el reconocimiento de la organización obrera y para reclamar la instalación de regimientos permanentes del ejército en el territorio. Así rechazaban cualquier acuerdo incluso si tuviera aval del gobierno considerándolo ilegal y por sobre todo rechazaban cualquier formato de delegados en los lugares de trabajo¹. Ciento un años después seguimos construyendo organización obrera y un movimiento popular con banderas revolucionarias.
¹Trabajo de Miguel Auzoberria, Hugo Huenul, Élida Luque y Susana Martínez. Grupo Editor Universitario. Colección Pasado y Presente de la clase obrera en Argentina.
https://prensaobrera.com/politicas/a-tres-anos-de-la-asuncion-del-frente-de-todos-un-fracaso-que-no-es-solo-del-gobierno
