El martes 17 de septiembre se inicia el juicio oral por daños hacia el diario El Chubut el 20 de diciembre de 2021, en la ciudad de Trelew, en pleno Chubutazo contra la ley de zonificación minera.
Se trata de principio a fin de una causa armada. Algunas de las pruebas contra los vecinos, aceptadas por el juez Richieri, son filmaciones de policías de civil infiltrados en las movilizaciones. En el caso de uno de los vecinos acusados, Marcos Antonio Willipan, militante del MTE, la filmación obtenida por los infiltrados lo demuestra simplemente caminando por la vereda de enfrente al Diario El Chubut. Con pruebas como esta es que la justicia imputó a Marcos y a tres vecinos más por “daños e incendio”, en concurso real, de acuerdo a los artículos 183, 186 inciso 1 y 55 del Código Penal, en carácter de coautores.
Frente a esta nueva ofensiva, el movimiento de lucha realiza un acampe en Trelew, en apoyo a los vecinos acusados, con festivales, exposiciones y actividades para informar y reforzar los lazos de solidaridad entre la comunidad chubutense, protagonista de la histórica lucha de 2021.
Esta nueva causa armada se inscribe en una larga saga en Chubut, que incluye desde la criminalización y condena de dirigentes sindicales docentes y estatales como Santiago Goodman y Estela Juárez por la lucha contra los incumplimientos salariales de Arcioni en 2019; nuevos juicios contra Daniel Murphy y Carlos Magno en Comodoro Rivadavia, también por luchas de 2019, que comenzó este 13 de septiembre; juicios vinculados a luchas socioambientales como la causa del juez Lleral contra los vecinos que defendieron la Segunda Iniciativa Popular en mayo de 2021, entre quienes está Santiago Vasconcelos, actual diputado provincial del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad; la causa contra los vecinos del Chubutazo, donde la jueza Martini aceptó la suspensión del juicio a prueba para la mayoría de los vecinos acusados, lo que le valió interpelaciones directas del gobernador Torres: “Si la jueza tiene miedo, que se consiga un perro”. Y además, un proyecto de resolución plagado de falsedades, votado a favor por todos los bloques políticos salvo el Frente de Izquierda, donde se repudia el fallo de la jueza.
Todas estas causas y la campaña de criminalización impulsada por la justicia, que responde al poder político, tienen el mismo objetivo: disciplinar a la población que lucha o por sus salarios o en defensa del agua y los territorios.
Esta seguidilla de juicios y causas a esta altura del año coincide con la reciente adhesión de la legislatura de Chubut al Rigi (donde todas las fuerzas políticas, salvo el Frente de Izquierda Unidad, tuvieron diputados que dieron su voto, como los casos de Mariela Williams por el PJ y Daniel Casal por Familia Chubutense), un nuevo intento de levantar la tranquera para la entrada de la megaminería y para profundizar el saqueo petrolero, energético, etc. Esto se enmarca en una situación donde Milei y los gobernadores buscan profundizar el saqueo de los territorios en función de la obtención de dólares para acumular reservas y pagarle al FMI.
Es por ello que estas causas son señales inequívocas por parte del poder político y la justicia, con el objetivo de brindar “seguridad jurídica” para los capitales que deseen realizar nuevas inversiones y para que aquellos que ya están las mantengan.
A su vez, la construcción de “minorías violentas”, como la campaña plagada de mentiras del vicegobernador Menna y los diputados Aguilera y Juncos, contra los vecinos, incluidos comunicadores sociales, que se movilizan y los interpelan, busca negar el carácter popular de las movilización y pavimentar el terreno para futuras represiones y la violencia desde el Estado. No es casual en este contexto que el diario El Chubut haya vuelto a utilizar en sus editoriales el término “ecoterrorismo”, al mismo tiempo que milita el proyecto “Calcatreu” en Río Negro y el “hallazgo” de oro y cobre en “Sacanana 2”, en el departamento de Gastre.
En esta nueva causa, lejos de estar en juego la libertad de expresión de un medio que ha sido, es y será rabiosamente prominero, lo que está en juego es la libertad de la población a levantarse y alzar la voz contra las nuevas ofensivas extractivistas que vendrán.
“Ningún vecino a juicio por defender el agua” es la consigna de la hora.
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En una provincia con solo un 3% del bosque nativo, y en la que en los últimos meses se quemaron alrededor de 90 mil hectáreas, no es extraño que esta sea la situación.
Este jueves 22 de agosto comenzó en la Oficina Judicial de Rawson el denominado “Juicio por el Chubutazo”, donde ocho vecinos de Chubut son perseguidos por la Justicia por haber participado junto a decenas de miles de la pueblada de diciembre de 2021 contra la ley de zonificación del exgobernador Arcioni y sus aliados.
En las afueras de la Oficina Judicial se concentraron vecinos autoconvocados, la asamblea de Vecinos de Rawson-Playa Unión, integrantes de la UACCH Trelew y de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, el MTE Rawson-Chubut, y compañeros del Partido Obrero y la UJS (entre ellos, el diputado provincial del Frente de Izquierda Unidad, Santiago Vasconcelos), entre otras organizaciones, como el PTS, Poder Popular y Marabunta.
La fecha no es casual, este jueves 22 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la “Masacre de Trelew”, es decir, un claro mensaje de disciplinamiento a los luchadores por parte de las mismas clases dominantes que gobiernan Argentina de 1972 a la fecha.
🎭✊ El querido Norman Briski, en Chubut, en el Teatro Español, lúcido, vinculando la Masacre de Trelew y la memoria de lxs fusiladxs con las luchas actuales contra el saqueo, el RIGI, la megaminería, y por un mundo mejor que la descomposición capitalista en la que vivimos. pic.twitter.com/2YHhtELbOm
La acusación contra las y los vecinos la lleva adelante la fiscal Florencia Gómez, conocida por impulsar causas armadas contra la protesta social y las luchas sindicales. Gómez fue quien impulsó el juicio en 2022 contra Santiago Goodman, exsecretario general de Atech, y otros dirigentes, por protestas frente a los incumplimientos salariales contra docentes y estatales en 2019. Más recientemente, esta fiscal participó de otra causa armada contra dirigentes de la estiba, del sindicato Supa.
Santiago Vasconcelos declaró a Prensa Obrera: “Este es un nuevo capítulo de la criminalización de la protesta, en este caso contra vecinos que fueron partícipes de la rebelión popular que fue el Chubutazo en 2021, cuando el gobierno de Arcioni, la Legislatura y el gobierno nacional, impulsaron la zonificación minera bajo una brutal represión. Quienes tienen que estar en el banquillo de los acusados son justamente quienes estafaron políticamente a la población, como Arcioni, que asumió estando en contra de la megaminería. Tienen que estar en el banquillo todos quienes le dieron la espalda al pueblo, quienes nos reprimieron, no la población que salió genuinamente a manifestarse. Esto se enmarca además en una serie de persecuciones que está llevando adelante Torres y Menna contra los vecinos que se manifiestan, con denuncias falsas. Más que nunca tenemos que rechazar todo tipo de criminalización, más cuando el gobierno nacional abrió nuevamente la Side para espiar a las organizaciones sociales que luchan contra el hambre y criminalizarlas, mientras Pettovello deja que se pudran los alimentos. Son ellos quienes deben responder ante la Justicia y nosotros debemos seguir movilizados en las calles para derrotar los planes tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional”.
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La modificación del Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos constituyen nuevo salto en la criminalización de la protesta y la intromisión del Estado en las organizaciones políticas.
Este jueves 16 de agosto, el oficialismo del gobernador del PRO Ignacio “Nacho” Torres y sus aliados del peronismo y libertarios locales, se preparan para intentar aprobar la adhesión de la provincia de Chubut al Rigi, un régimen diseñado a medida de las grandes multinacionales, las cuales demandan al Estado capitalista una serie de ventajas en el marco normativo e impositivo vigente como condición para invertir.
En Chubut, más allá del alerta que recorre el histórico movimiento de lucha del No a la Mina (por la posibilidad de que la adhesión al Rigi sea a futuro una nueva puerta de entrada para la megaminería) este régimen favorecerá el fracking, la explotación petrolera off-shore, el saqueo energético de las hidroeléctricas y toda la estructura económica de una provincia que está puesta al servicio del extractivismo exportador y no de las mayorías populares.
En el marco de una lucha que se viene organizando desde abajo, con numerosas asambleas previas, encuentros virtuales y convocatorias para este jueves en las principales ciudades de la provincia y a la misma Legislatura en Rawson (donde la banca del Partido Obrero en el FIT-U que ocupa Santiago Vasconcelos será nuevamente una tribuna de denuncia y un punto de lucha y organización), más de 50 trabajadorxs docentes e investigadores del CCT Conicet-Cenpat, presentaron a los diferentes bloques de la Legislatura una carta en rechazo al Rigi. Prensa Obrera la reproduce a continuación:
Puerto Madryn, 12 de Agosto del 2024
A presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut,
A todos los bloques de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut,
Desde el colectivo de trabajadorxs autoconvocadxs del CCT CONICET-CENPAT expresamos nuestro rechazo al RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones) y solicitamos a lxs legisladorxs de la provincia de Chubut que se expidan en contra de su adhesión. El RIGI impulsa y legaliza las políticas de saqueo y destrucción de nuestros territorios en pos del enriquecimiento del Norte Global. Este régimen beneficiará a grandes corporaciones y multinacionales por sobre el pueblo Argentino, brindándoles excepciones impositivas por 30 años y otorgándoles prioridad en el uso del agua y de nuestros bienes comunes. El RIGI es, en efecto, una cesión de soberanía tanto en el territorio como en materia jurídica ya que le posibilitará a las grandes empresas y corporaciones accionar judicialmente en contra del Estado Argentino en tribunales internacionales pro empresariales. El RIGI constituye una violación a la no regresividad de las leyes ambientales y del artículo 41 de la Constitución Nacional. Además, es contrario a acuerdos internacionales asumidos por la Argentina como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT. En el ámbito local pone en riesgo a la Ley XVII-N° 68 (ex ley 5001) de la provincia de Chubut ya que, a pesar de excluirla en la adhesión al RIGI, las empresas aún podrán iniciar reclamos judiciales para evitarla.
Rechazamos el RIGI porque los supuestos “beneficios” económicos y de desarrollo local que traería este régimen no son tales. Las grandes corporaciones no se verán obligadas a ingresar los dólares de exportación a la economía argentina, tampoco se verán obligadas a comprar insumos locales ni emplear mano de obra local. El RIGI es lisa y llanamente un saqueo legalizado y con importantes beneficios para las grandes corporaciones y multinacionales que únicamente dejará pobreza, contaminación y destrucción en nuestra provincia. Rechazamos el RIGI porque bajo un nombre engañoso busca impulsar proyectos sin licencia social a través de su adhesión. Como parte del colectivo de trabajadorxs autoconvocadxs del CCT CONICET-CENPAT denunciamos este régimen como parte del plan del gobierno nacional para destruir al Estado Argentino y aniquilar nuestra soberanía. Este plan está siendo padecido también en el sector CyT a través del brutal ajuste que el gobierno está realizando en todas las instituciones públicas que producen conocimiento y tecnología nacional, así como en las universidades nacionales que forman profesionales locales. Este ajuste provoca una pérdida de recursos humanos altamente calificados, y representa una malversación de recursos públicos, ya que dichos recursos humanos fueron formados gracias al aporte de décadas de inversión pública. En paralelo con lo que se pretende con el RIGI, el desmantelamiento del sector científico y tecnológico sólo puede conducir a un país colonizado, con una economía primarizada, sin producción propia en CyT, obligado a comprar conocimiento extranjero.
Trabajadorxs autoconvocadxs del CCT CONICET-CENPAT
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Chubut, diciembre de 2021 (Foto: Aníbal Aguaisol).
El bloque oficialista del gobernador Ignacio Torres, junto a sus aliados del PJ y los “libertarios” provinciales, buscarán avanzar en la Legislatura de Chubut con la adhesión al Rigi (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, un capítulo de la denominada Ley Bases).
La información la confirmó públicamente el flamante ministro de Economía de Torres, Andrés Meizner, quien fue en diferentes oportunidades funcionario del exgobernador Mariano Arcioni. También lo hizo Daniel Hollman, el jefe del bloque oficialista de “Despierta Chubut”. Diferentes versiones indican que la fecha para adherir al Rigi sería a partir del inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de agosto.
Es un régimen diseñado a medida de las grandes multinacionales, las cuales demandan al Estado capitalista una serie de ventajas en el marco normativo e impositivo vigente como condición para invertir; lo que no haría más que continuar profundizando el saqueo de los bienes comunes naturales y por lo tanto la pobreza, la dependencia económica y la destrucción de los territorios y las comunidades.
Hay que subrayar también que son más que fluidos los vínculos entre el capital financiero (los sectores de poder a los que Milei responde preferencialmente) y los capitales extractivistas transnacionales, tanto es así que los fondos de inversión son accionistas importantes de mineras, como el caso de BlackRock.
En su discurso del retrasado Pacto de Mayo, que incluye en su punto 7 “El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”, Milei apuntó específicamente contra el “ambientalismo”. Va de la mano con la creación por parte de Patricia Bullrich, vía decreto, de la “Unidad de Seguridad Productiva”, una especie de “guardia pretoriana” compuesta de fuerzas federales para reprimir protestas y reclamos, desalojar cortes de ruta y dar garantías jurídicas excepcionales a los grandes capitalistas.
El Rigi es otro ejemplo que grafica la falsedad de la supuesta “destrucción del Estado” por parte de Milei, y refuta a los sectores peronistas y kirchneristas sobre que el problema es la “ausencia” estatal. Es una política activa del Estado capitalista con el objetivo de profundizar el carácter semicolonial de la economía argentina.
No es casual que la primera en adherir haya sido la Río Negro gobernada por Alberto Weretilneck el 12 de julio pasado, pues existe una puja entre la provincia patagónica y la provincia de Buenos Aires por la instalación de una planta de GNL (Gas Natural Licuado) en Punta Colorada o en Bahía Blanca, y ante la intención de Pan American Energy (de Bulgheroni) de exportar GNL a partir de 2027 en asociación con la británica Golar, que posee una de las flotas de buques de licuefacción más importantes del mundo (Econojournal,5/7).
A pesar de esta enorme ofensiva, toma fuerza en todo el país la resistencia y diferentes instancias de organización, deliberación y lucha convocadas para enfrentar la implementación del Rigi y su adhesión por parte de las provincias.
Recientemente interpelado por integrantes del movimiento No a la Mina en Esquel, el propio gobernador Torres dijo que el Rigi en Chubut buscará impulsar la energía eólica y el hidrógeno verde, y que no necesariamente implica el avance de minería a gran escala y por tanto la modificación de la ex Ley 5001, aquella conquista del pueblo de Chubut para frenar la megaminería. Luego de haber apoyado con sus diputados y senadores la Ley Bases y haber firmado el Pacto de Mayo, tras una poco verosímil cortina de “greenwashing” Torres oculta varios elementos.
En primer lugar, oculta el saqueo que subyace en la entrega de los territorios para la producción de energías renovables para “exportar transición energética” a las grandes potencias. Además, significará un incentivo para las petroleras en el avance de proyectos de fracking en Comodoro Rivadavia, como lo ha intentado fallidamente Tecpetrol (de Paolo Rocca) en el yacimiento el Tordillo, o los anunciados proyectos offshore en Restinga Alí.
Los proyectos hidroeléctricos que Torres tiene en agenda frente al vencimiento de concesiones nacionales como las de Futaleufú, también esperan los beneficios del Rigi para continuar con el saqueo. El megaproyecto popularmente conocido como “Paso Puelo” es fuertemente resistido por las y los vecinos de la Comarca Andina, y junto al Corredor Bioceánico que busca conectar Comodoro Rivadavia con Puerto Chacabuco (Chile) son obras de infraestructura que Torres impulsa no para beneficiar a la población sino para perfeccionar las rutas del saqueo.
Al mismo tiempo, Torres oculta sus propios antecedentes: Sebastián “100 lucas” López, legislador del PRO coimeado de las mineras, fue hasta hace muy poco aliado de Torres; si como dice el dicho las acciones valen más las palabras, recordemos que el único rol de Torres como senador durante el Chubutazo de 2021 contra la megaminería fue un repudio mediante un proyecto de declaración… a las “violentas manifestaciones”; claramente del lado del lobby megaminero, ante la brutal represión de la policía al pueblo movilizado en las calles y la intención de Arcioni y sus aliados de pasar por encima de más de 20 años de resistencia a la megaminería.
Recientemente, en una charla con el periodista Alejandro Fantino en la cumbre empresarial norteamericana Amcham Summit 2024, Torres declaró sobre la minería en Chubut: “Es una discusión incómoda, pero es una discusión que hay que dar. La discusión se llama licencia social” (El Pregón Minero, 13/3). El antecedente más reciente del ineludible carácter promegaminero del gobernador se dio también en la Legislatura provincial, cuando Javier Raidán -candidato de Torres finalmente votado para el puesto vacante en el Superior Tribunal Tribunal de Justicia- arrancó respondiendo una pregunta sobre el Rigi de la banca del Partido Obrero en el FIT-U del siguiente modo: “Chubut es una provincia que tiene una enorme riqueza minera”. El bloque peronista, en cambio, facilitó a Torres los votos necesarios para aprobar el pliego.
A estos elementos, acaso discursivos, se le suma el muy terrenal hecho de varias publicaciones en el Boletín Oficial de Chubut habilitando la exploración de proyectos de uranio en el departamento de Paso de Indios. Torres busca avanzar con minerales nucleares, y ya lo está haciendo.
El oficialismo de Torres seguramente contará en la Legislatura con el apoyo del bloque del PJ y los libertarios para adherir al Rigi. El actual régimen de saqueo, ajuste y represión vigente en Chubut es históricamente trasversal a todos los partidos tradicionales. Como botón de muestra, en el bloque peronista está Juan Horacio Pais, jefe de bloque del oficialismo del exgobernador Arcioni e impulsor en diciembre de 2021 de la aprobación de la Ley de Zonificación Minera en la Legislatura de Rawson.
Es posible que existan negociaciones entre los diferentes bloques para incorporar modificaciones a la versión original del proyecto, que el peronismo -como hizo en el Congreso Nacional- encubra su apoyo con agregados sobre la inclusión de pymes y la industria al Rigi. El propio Daniel Hollman, jefe de bloque de Torres, deslizó que quizás se vote una versión que incluya una excepción de la megaminería en el Rigi.
Al margen de estos detalles, la adhesión al Rigi en Chubut implica una profundización de un régimen de saqueo y expoliación de características históricas, que ha sumido en crisis económicas y sociales recurrentes (rebeliones de trabajadores estatales por falta de pago de salarios) a una provincia que actualmente es la quinta exportadora del país.
Frente único de lucha contra los saqueadores
El histórico movimiento de lucha de Chubut en defensa del agua y los territorios tiene una enorme experiencia y mantiene la guardia alta frente al inminente avance del Rigi en la Legislatura. A pesar de estar aún muy frescas en la memoria de las clases dominantes las diferentes puebladas que protagonizó Chubut en las últimas décadas, no hay que perder de vista que la aprobación del Rigi busca allanar el terreno para intentonas futuras. La misma función política cumple la criminalización y las causas armadas contra las y los luchadores de la provincia.
Es necesario impulsar un frente único de lucha contra los saqueadores. De un lado están ellos y sus representantes políticos, del otro hay que fortalecer la deliberación y las acciones de las asambleas socioambientales, los trabajadores y sus sindicatos, el movimiento estudiantil, de mujeres y diversidades, las comunidades indígenas, el movimiento piquetero y toda la riqueza de un movimiento de lucha que la historia reciente ha demostrado es absolutamente transversal al pueblo chubutense. Al servicio de ello pondremos el lugar que hemos conquistado en la Legislatura de Chubut, como tribuna de denuncia y punto de organización con la banca del Partido Obrero en el FIT-U que ocupa Santiago Vasconcelos.
El Partido Obrero interviene en este frente único con un programa político de lucha abierta contra el capitalismo y por un gobierno de trabajadores, con medidas transicionales como la nacionalización de los recursos naturales y los bienes comunes bajo control de los trabajadores, así como el derecho a veto de las comunidades de los emprendimientos extractivos que buscan implementar en los territorios.
Para los socialistas es crucial enfrentar las consecuencias sociales y ambientales de un modo de producción que está amenazando la vida misma en el planeta, por su vínculo destructivo con la naturaleza, donde todo es pasible de convertirse mercancía. Un primer paso en esta lucha es enfrentar la depredación ambiental capitalista, de la cual el Rigi es un puntal.
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