Carteles reclamando que se vaya Sobisch
Es frecuente que los 4 de abril (anivesario del fusilamiento de Carlos Fuentealba) o en diversas instancias judiciales de este largo proceso penal, la conducción TEP-Celeste de Aten y la conducción de Ctera acusen a la oposición (que solo dirigió el sindicato del 2012 al 2014), de haber “abandonado” la causa Fuentealba II.
Desde el 2007 hasta el presente, han pasado 16 años, de los cuales 14 de ellos la conducción de Aten estuvo en manos del yaskismo celeste. El Fura solo estuvo en el mandato de diciembre de 2012 a diciembre de 2014.
A partir que se ha reabierto dicha causa, es pertinente hacer un balance de cómo llegamos hasta el presente. Las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores de la educación deben conocer el gigantesco operativo de impunidad tramado desde el gobierno provincial y lo que calla o falsifica la conducción celeste.
El gobierno del MPN y el salvataje de todo el régimen a Sobisch
Aquel 4 de abril, en el marco de una huelga muy dura, enfrentando la política de ajuste del gobernador Jorge Sobisch del MPN, que a esa fecha del 2007 había lanzado su candidatura presidencial, se produjo el fusilamiento por la espalda de Carlos Fuentealba, a manos de un integrante de las fuerzas policiales apostadas en Arroyito. Al servicio de esa pretensión (ser presidente) el gobernador Sobisch, al estilo de los Espert actuales, llevaba adelante, respecto a los reclamos obreros y sociales, la política de “cárcel o bala”.
Contaba en su haber en uno de sus mandatos anteriores (1991-1995), la salvaje represión a la Coordinadora de Desocupados el 2 de octubre de 1995. Así como diversas represiones a anteriores huelgas de Aten, de ATE o acciones de comunidades mapuches.
Así que el 4 de abril del 2007, tal como lo reconoció públicamente apenas horas después, el gobernador montó un operativo especial de represión bajo su absoluto control y supervisión.
No estaba solo, pues el gobierno nacional de Néstor Kirchner, a través de su ministro Aníbal Fernández declaró que enviaría gendarmes a Neuquén para “preservar la seguridad provincial" si Sobisch se lo pedía (Clarín, 10/5/2007). Ya había enviado cientos de gendarmes a militarizar las escuelas santacruceñas.
Sobisch, en su carácter de candidato a presidente y competidor electoral del kirchnerismo, deshechó la oferta, y parafraseando a un diputado del MPN, “soltó la bestia” propia.
También recibió el apoyo fundamental del MPN. A mediados de abril del 2007 la Convención partidaria aceptó “que Sobisch debe terminar su mandato”, y Jorge Sapag, su rival en la interna del MPN y candidato a gobernador, expresó que “Sobisch debe terminar su mandato (Río Negro, 15/4/2007)”, citado en Prensa Obrera Nº 988 del 19 de abril de aquel año. El gobierno kirchnerista (que para las presidenciales de ese año realizó una alianza con la UCR con la fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos) también aportó lo suyo sumando el apoyo de su candidato oficial para la gobernación, el intendente radical de la capital, “Pechi” Quiroga, quien afirmó que “Sobisch será castigado en las urnas el próximo 3 de junio”, es decir, que no debía irse en el marco de las movilizaciones multitudinarias que recorrían Neuquén y el país.
Consecuente con esta política, el MPN en el gobierno a través del entramado con el aparato de la burocracia judicial montó un operativo de impunidad que sigue vigente en la actualidad. Jueces y fiscales protegieron en primer lugar al exgobernador Jorge Sobisch. Este era presidente de la Junta de Gobierno del MPN aún en el año 2013.
Contra ese entramado hemos tenido que luchar las y los trabajadores de la educación y quienes apoyan el reclamo de justicia por Carlos Fuentealba desde hace 16 años. Obviamente no todos luchamos con la misma estrategia política.
Diario Río Negro
La Co.Ca.Pre
Apenas unos días después del fusilamiento de Carlos, más de 30.000 personas marcharon en Neuquén (replicada en casi 200 ciudades y pueblos de todo el país), bajo la consigna ¡Fuera Sobisch ya!
Aproximadamente un mes después del fusilamiento, Aten convocó a una reunión a todas las organizaciones en el local central del sindicato. Se formó la Co.Ca.Pre (Comisión Carlos Presente). En una de las primeras reuniones, el abogado de Aten, Gustavo Palmieri, explicó que su estrategia sería dividir la causa en dos: una contra el autor material, el cabo Poblete, y otra contra los responsables políticos (el gobernador, el ministro de Seguridad Pascuarelli y los jefes policiales).
Nuestra posición como Tribuna Docente (ver Prensa Obrera Nº 993 del 27/5/2007) fue que ante la mala experiencia del caso Carrasco de dividir la causa, y que terminó en la absolución de todos los responsables políticos, no era conveniente la estrategia del abogado.
La Co.Ca.Pre dejó de reunirse en el local de Aten y pasó a funcionar en forma independiente de las asambleas y el conjunto del colectivo de Aten.
Desde allí en adelante, las decisiones, las estrategias del caso, las tomaba la Co.Ca.Pre y el sindicato las garantizaba con las acciones, movilizaciones, paros, etc..
Una de las primeras acciones de la Co.Ca.Pre fue ir en mayo a Buenos Aires a “exigir” que la Ctera “se pusiera a la cabeza de todo este conflicto” (declaraciones de Sandra Rodríguez publicadas en Página 12, del 4/10/2007).
En esa oportunidad se brindaron sendas conferencias de prensa, una en Ctera con la presencia de Hugo Yasky entre otros (Perez Esquivel, Taty Almeida, etc.) y otra en el hotel Bauen.
La conducción de Ctera que había dado la espalda a la huelga de Aten se autoproponía como aliados en la búsqueda de justicia.
Tampoco era un buen indicio el acercamiento al gobierno nacional que enviaba gendarmes a reprimir las huelgas docentes en las provincias.
De allí que nuestro planteo fue que “Co.Ca.Pre sea independiente del gobierno enemigo de tos trabajadores, y de sus agentes” (PO Nº 993).
Lejos de ellos la orientación de la Co.Ca.Pre y de la conducción de Aten y Ctera, hasta los presentes días, fue excluir a quienes sosteníamos esa posición y colocarse en la línea de los Yasky y los aliados del gobierno nacional.
¿Fue un crimen institucional?
Uno de los debates mas sustanciosos que se dieron en las instancias judiciales por las que atravesó la causa, es el referido a si fué o no un “crimen institucional”.
Es un concepto nodal del caso, porque de eso depende si es aplicable la figura de extinción de la acción penal del artículo 56º de la Ley Orgánica de la Justicia Penal del Poder Judicial neuquino. Tratándose de un crimen institucional o de Estado, la extinción de la acción penal no se aplicaría. La defensa de los imputados, la Fiscalía y algunos jueces que actuaron en el caso han sostenido reiteradamente que cabe la aplicación del polémico artículo y la acción penal se ha extinguido el 14 de enero de 2016, a los dos años de la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimiento Penal.
En este punto no hubo la menor improvisación de la política de impunidad. El aparato judicial en consonancia con el poder político provincial, se prepararon desde muy temprano para cerrar el tratamiento del caso bajo el la tipificación de “crimen institucional”. La condena a Poblete en julio de 2008 se dictó bajo el concepto que el fusilador había actuado “bajo su libre albedrío”, no como ocurrió en realidad, que fue parte de un operativo planificado, dirigido y supervisado en el terreno por un funcionario de alto rango y toda la cúpula policial y monitoreado desde Casa de Gobierno. Todo esto fue ignorado por el tribunal que condenó a Poblete.
Luego ese argumento falaz de la “acción individual”, fue la base para los sucesivos sobreseimientos que tuvo la causa. Argumento que se sostuvieron aún cuando quienes lo aplicaban, incurrían en contradicciones de fondo. Por ejemplo el plexo argumentativo de la jueza de garantías Carina Álvarez en su fallo del 24 de febrero de 2016. Allí la magistrada niega que se haya tratado de un “crimen institucional” o de “una grave violación a los Derechos Humanos” según el criterio de la Corte Suprema y de los Pactos Internancionales de rango constitucional, de la Corte Interamericana, etc.
Esta jueza dijo que admitiría la tesis de la querella si el caso pudiera encuadrarse en que “la nota característica de las violaciones a los derechos humanos es que aquellas se cometen desde el poder público o gracias los medios que este pone a disposición de quienes lo ejercen”.
¡Pero esa es precisamente una descripción cabal de lo ocurrido en Arroyito!
Es más, luego del mismo, el propio gobernador dijo “lo volvería a hacer”, reconociendo que todo partió de su orden y ocurrió bajo su dirección mediata. La jueza también deshechó considerar que hubo un “uso desproporcionado de la fuerza por agentes públicos”, cuando un análisis elemental de los hechos demuestran que la balacera y los gases, así como la persecusión que terminó en el fusilamiento a mansalva de Carlos, ocurrió durante kilómetros y también fuera de la ruta en una zona a campo abierto, es decir, no cesó cuando no existía una acción de corte de ruta.
Ante semejante cúmulo de pruebas que se trató de un “crimen institucional” o “una violación grave de los Derechos Humanos”, la jueza insiste en que fué “un caso aislado y/o exceso de funcionario individual”. Por lo que también rechaza que la represión hubiera tenido como objetivo “producir efectos de miedo, amedrentamiento colectivo, que serán funcionales a los intereses y necesidades de los grupos de poder”.
Con este nivel de arbitrariedad se sostuvieron los sobreseimientos a lo largo de 16 años.
Las “torpezas” procesales de la querella
En estos 16 años la causa Fuentealba II ha pasado por todo tipo de altibajos y por diversos estamentos judiciales, incluída la Corte Suprema. Las tropelías judiciales se fueron venciendo en la medida que cada 4 de abril o cada instancia judicial, desde la base y las seccionales opositoras se impulsó el paro, el acto en Arroyito y la movilización.
Pero en todo este proceso hay que considerar también la influencia que tuvo una serie de “torpezas” jurídicas sostenidas por la querella del abogado de Aten , Gustavo Palmieri. “Torpezas” que redundaron en ventajas legales para el operativo de impunidad del exgobernador Jorge Sobich y de los imputados.
En la causa contra Poblete la trama de la impunidad tuvo que tirar lastre y condenar a cadena perpetua al policía que jaló el gatillo, pero impuso a cambio algunos condicionantes. Por ejemplo considerar en el fallo que el fusilamiento fue “el obrar particular de un efectivo de la fuerza policial provincial, que en nada configura un plan organizado”. Así dejó el camino sembrado de espinas para la causa Fuentealba II.
Esta condena del fusilador fue apelada, confirmada luego por el Tribuna Superior de Justicia de Neuquén, luego llegó a la Corte Suprema de Nación que también confirmó la condena a perpetua en el 2011 y luego nuevamente en el 2012.
Pero el camino espinoso, para la otra causa ya estaba sembrado y encontró su otra veta en la estrategia de la querella, que consideraba que una vez obtenida la condena al ejecutor material, habría mas, no menos, elementos para imputar a Sobisch en la causa por las responsabilidades políticas. El priorizar una causa, llevó a que la otra fuera directamente dormida por la querella. En ella había quince imputados, desde el subsecretario de Seguridad Raúl Pascuarelli, jefes policiales y milicos que actuaron reprimiendo a mansalva.
Esto ocasionó que cuando luego de varios meses de condenado el cabo Poblete, la querella quiso reactivarla mediante un recurso de queja denunciando demoras en el aparato judicial, (“DR. GUSTAVO EDUARDO PALMIERI S/ RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: ‘FISCALÍA DE CÁMARA S/ INVESTIGACIÓN – EXPTE. 38150/07”), pero recibió una durísima reprimenda del Tribunal Superior de Justicia por su inacción de años.
Algunos de los párrafos extraídos de esa reprimenda dicen que: “Todo ello, sumado a lo que se desprende de las constancias de este voluminoso legajo, me lleva a avalar las críticas que formulara el Juez de Instrucción a la nula actividad de esa parte durante el extenso curso de este proceso. No propuso ni una sola medida, ni una sola diligencia, ni una sola prueba. Después de casi dos años de promovida la acción penal por requerimiento fiscal de instrucción, advirtió que –según su parecer- los hechos debían ser imputados de otro modo y agregarse otras personas. Argumentó que dicha inacción se debía a una cuestión meramente estratégica, consistente en esperar la finalización del juicio de la causa “Poblete” –en la que, dicho sea de paso, tampoco ofrecieron prueba, ya que se les expiró el término legal para hacerlo-, para aprovechar los elementos de convicción que de allí se desprendieran, todo lo cual se incorporó a las presentes actuaciones. Sin embargo, tal como lo resalta el instructor, transcurrieron cinco meses desde la finalización de aquel juicio hasta que formularon la presentación que originó todo este vericueto, sin que el estado de las cosas variara sustancialmente. Nada aportaron tampoco en ese período. Ni siquiera al momento de constituirse como querellante particular, expusieron una relación sucinta del hecho ni individualizaron a los imputados, tal como lo requiere la ley de rito (art. 70 bis, C.P.P. y C.), pese a que ya existía en la causa una requisitoria fiscal que los contenía.
Además, tampoco ha sido prolija su única intervención en esta causa, cual fue la presentación que originó todo este trajín recursivo, ya que, como lo resaltara en considerandos anteriores, ni siquiera mencionaron la prueba que fundaba su petitorio, la hipótesis que proponen, ni cómo esa prueba permitía lograr la convicción necesaria para que se acoja su pretensión de reformular los hechos imputados y llamar al proceso a un nuevo individuo.
En consecuencia, no resulta acertado alegar, como lo hace la querella, que los órganos judiciales obstruyen su actividad, cuando nada han hecho. Obstruir consiste en impedir un accionar, en estorbar su realización. No se puede impedir o estorbar lo que no se hace”.
¡¡Lapidario en términos jurídicos !!
Impugnaciones cruzadas y el Tribunal de “Garantías”
En enero de 2014 se instrumentó en la provincia un nuevo Código Procesal Penal establecido por la ley Nº 2784 que entró en vigencia junto a la ley Nº 2891 (Ley Orgánica de la Justicia Penal). En esta última, en su artículo 56º, se establece el plazo máximo de duración de un proceso penal.
Basándose en la expiración de dicho plazo sin elevación a juicio de la causa Fuentealba II, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de todos los imputados, menos del policía Matus acusado de abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público.
A partir de allí se producen una serie de impugnaciones cruzadas y la causa transita entre estamentos judiciales, incluído el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.
Lo que concluye en el año 2016 con el sobreseimiento de 14 de los 15 imputados por parte de la jueza Carina Alvarez. En su fallo la jueza vuelve a reprochar a la querella “la falta de participación activa” advertida por un juez anterior en diciembre de 2008. Y le recuerda que “entre los años 2012 y 2013 el Tribunal le autorizó dos diligencias de investigación que no sucedieron”. Y agrega que en enero de 2014 comenzó a regir el nuevo modelo procesal “pero hasta la audiencia del 19/08/2014 la querella nada hizo”.
El 5 de setiembre de ese año se dictó el sobreseimiento de los imputados.
Recien en diciembre de 2015 la querella insiste en la audiencia de formulación de cargos, y un comunicado de la Comisión Directiva Provincial de Aten informa que incluyen como “importante novedad” a Jorge Sobisch en las acusaciones en carácter de “coautor del homicidio culposo en perjuicio de Carlos Fuentealba, conforme arts. 84 y 45 del Código Penal”.
De modo que si es por “demoras” o “abandonos” de la causa, son suficientes los que generó la propia querella.
Recién en el año 2019, la Corte Suprema de Justicia de Nación ordena retomar la investigación, la que es habilitada el 25 de noviembre del año 2021 por otro juez de garantías, Lucas Yancarelli, y deriva en las audiencias acusatorias que comenzaron este 1º de marzo de 2023.
Dieciseis años luego del fusilamiento, en gran parte por las sucesivas maniobras de impunidad, pero también por la demora causada por las “torpezas” procesales y argumentativas de la querella.
El reinicio de las audiencias y de las imputaciones
Ante las nuevas audiencias iniciadas el 1º de marzo, hay que poner las cosas en su lugar, porque no es casualidad, ni un exabrupto, decir que hoy el abogado Gustavo Palmieri haya sido reemplazado desde hace unos años en la querella por los doctores Ricardo Mendaña y Marcelo Medrano. Y que hoy quien fuera durante mucho tiempo el abogado querellante del maestro fusilado, sea el abogado defensor de algunos de los funcionarios responsables de la explosión de la escuela de Aguada San Roque, que provocó un triple crimen laboral, entre ellos dos docentes y un trabajador de la construcción.
Hay que considerar que a esta altura, luego de tantas “torpezas” los imputados originales que eran 15 se han reducido a 8 (uno falleció, el exsubsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli) y que las imputaciones a siete de ellos son por los delitos de “abuso de autoridad” y “encubrimiento agravado” (con tope máximo de 2 años de condena. Es decir, excarcelable). Y para el caso del policía Matus “abuso de armas y lesiones leves, agravadas por su condición de funcionario público”, que tienen penas menores también.
En tanto la Fiscalía en esta reapertura del juicio, llega al mismo pudiendo sostener la acusación sólo contra el policía Matus, pues dicho organismo votó en otras instancias previas a favor del sobreseimiento del resto.
La imputación al exgobernador Jorge Sobisch está lejos del radar aún, y sin una gran movilización y acciones del colectivo de Aten y de Ctera, sentarlo en el banquillo de los acusados es una posibilidad casi nula.
Si bien el defensor de los imputados pidió ahora citar a Sobisch en carácter de testigo, habrá que ver que ocurre con ello.
Aún así la justicia incompleta que implique la condena de estos ochos milicos, constituirá un triunfo de una larga lucha sostenida por el colectivo de Aten en primer lugar.
https://prensaobrera.com/sindicales/se-realizo-el-xv-congreso-nacional-de-tribuna-docente
