Neuquén: los manejos del poder que la Fiscalía no investiga
El papel de la eterna contadora de la corona y algo más.
La transición fue parte del pacto de impunidad.
La Contaduría General de la Provincia estuvo ocupada por más de 30 años por la Cra. Esther F. Ruiz, quien se acaba de jubilar. En ese transcurso pasaron los gobernadores emepenistas, Felipe Sapag, Jorge Sobisch, Jorge Sapag (durante su mandato fue ministra de Economía) y Omar Gutiérrez, algunos de ellos con mandatos de reelección. A partir de diciembre de 2023 la gobernación la ocupa Rolando Figueroa, proveniente de las filas del MPN, pero con un armado electoral por fuera del partido de origen.
En esas tres décadas, todos los signos políticos se sucedieron a nivel nacional. Hubo rebeliones populares en la provincia como los Cutralcazos, y a nivel nacional como el Argentinazo. Hubo crisis mundial como la del 2008 que pegó de lleno en la provincia, el acuerdo con Chevrón, la pandemia y una infinidad de hitos históricos. Cayeron y subieron gobiernos, cambiaron los ministros de Economía provinciales y los jueces del Tribunal Superior, pero nada cambió en la Contaduría General, la que fue inmune durante esas tres décadas a los cambios de su entorno. La Contaduría fue hasta hace días, un cargo estatal vitalicio.
No es un cargo menor, se trata de un cargo estratégico (apenas un par de escalones por debajo del gobernador en el rango jerárquico del Poder Ejecutivo). El actual gobernador, habiéndose presentado por fuera del MPN nunca consideró su remoción cuando asumió hace ya más de un año. Anunció con una carta, que La Nación del 6/10/2022 publicó, donde anunciaba que iba a defender a Neuquén “de quienes quieren saquearla desde afuera, y también de los que quieren hacerlo desde adentro”. Por supuesto no hizo ni lo uno, ni lo otro.
En el Decreto N.º 3 del dos de enero pasado, al aceptar la renuncia de la contadora general para “acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria”, el actual gobernador califica que las funciones de la Contaduría General es la de “ser órgano rector de los sistemas de control interno de la hacienda pública, actuando por ello como Auditoría Interna del Poder Ejecutivo”.
Nunca trascendió que le pidiera explicaciones a la Contaduría de su rol durante tres décadas respecto a algunos escándalos y fraudes de gran magnitud que ocurrieron en la provincia. Él sabrá las razones, pero valen la pena recordarlos.
Por ejemplo el caso Temux, donde se imputó a directivos del Banco Provincia del Neuquén S.A. y empresarios por estafa por un monto que rondaba los U$S 22 millones, pero que finalmente fueron sobreseídos por “extinción de la acción penal” al transcurrir el plazo para investigar y producir sentencia. El fiscal del caso no era otro que el actual fiscal Pablo Vignaroli.
A este escandaloso fraude recontrapúblico se ligó otro, el caso de la empresa Damovo y el plan de seguridad del gobernador Sobisch y su ministro Manganaro, con sus contratos secretos y la dilapidación de U$S 50 millones, según las afirmaciones del propio gobernador.
Sin embargo, a pesar de haber superado escándalos de corrupción de gran repercusión pública, como los mencionados, hay uno de esos escándalos más reciente, que ni siquiera la tuvo mencionada en la profusa información y listas de nombres de funcionarios que los medios de comunicación daban a conocer. Se trata nada menos que la causa sobre las “estafas con planes sociales”, que involucra al ex ministro de Desarrollo Social y varios altos funcionarios, respecto a los cuales “el próximo 18 de febrero se realizará la audiencia de control de acusación; y que la fecha de juicio se estima será en marzo o abril de este año”. (Comunicado oficial del Ministerio Público Oficial 9/1/2025).
Sin embargo, quien encarnaba la función de la “auditoría interna del Poder Ejecutivo”, nunca estuvo en la mira de la investigación, a pesar que está imputado un funcionario de la Contaduría General que era “auditor” sobre el pago de planes sociales.
Esto surge de declaraciones del propio fiscal Pablo Vignaroli quien afirmó que la maniobra de estafa se encubría “gracias al accionar de integrantes de la Contaduría de la provincia que daban su aval”. (LMN 24/8/2023) y dijo también que “era muy fácil darse cuenta” (Idem).
O sea, en el organismo de “auditoría interna” del poder, nadie se dio cuenta. Aunque era “muy fácil”, parece que la experiencia que otorgan 30 años en la titularidad del organismo que cumple la función de “rector de los sistemas de control internos de la hacienda pública”, no permitieron percatarse que algún subordinado laboral del organismo “daba aval” a la maniobra burda de los máximos funcionarios de Desarrollo Social. Los encubría.
Tampoco fueron observados funcionarios del BPN S.A.. El gobernador afirma cada vez que tiene la oportunidad que hubo "complicidad de algún empleado del BPN S.A.” (LMN 27/12/2024). O cuando el gobernador “instó a que la entidad financiera denuncie si encuentra alguna irregularidad y vaticinó que le costaba creer que algún directivo no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo”. (MinutoNqn 11/12/2024).
El gobernador dice que hace esta acusación porque tiene “conocimiento de la botonera del Estado”. El también estuvo décadas en el círculo rojo del poder del MPN. Sabe de qué habla. Pero ni él, ni la titular del “órgano rector de los sistemas de control interno”, tras treinta años en el núcleo del poder, han usado “la botonera del Estado” para “defender la transparencia” (De la carta de Rolando Figueroa, ídem). Algo muy difícil de explicar.
Cualquier secreto guardado por fidelidad con los sucesivos gobiernos, incluso el actual y su período de transición de 10 meses con el de Omar Gutiérrez, no serán expuestos a la luz pública y la proclamada transparencia, que solo sirve de excusa para perseguir organizaciones sociales, y no por casualidad encabezada por el mismo fiscal, el Dr. Pablo Vignaroli. No hace falta siquiera conocer como funciona la botonera, alcanza con haber leído los diarios y actuado en consecuencia. Todo muy turbio. Antes y ahora.
La transición fue parte del pacto de impunidad
El fiscal Pablo Vignaroli nunca fue más allá de la teoría que alienta el gobernador sobre “algún empleado” infiel respecto a las responsabilidades de la Contaduría General y sobre el BPN S.A.. Esta coincidencia tan práctica para el tejido de alianzas del actual gobernador con los máximos responsables del gobierno saliente, trata de amnistiar de antemano a algunos altos y altas funcionarias, la flor y nata de la “casta” en el poder.
No hay miembros del directorio del BPN S.A. imputados, a pesar que un empleado recibió sumas millonarias derivadas de la estafa con el cobro de beneficiarios fantasmas de planes sociales. Tampoco hay integrantes de máximo nivel de la Contaduría General de la Provincia. Es que en la larga transición de diez meses donde el gobierno saliente de Omar Gutiérrez, y el electo de Rolando Figueroa, tuvieron varias reuniones, acordaron el cierre del gobierno emepenista que se iba (con sus garantías de impunidad). Además de la política conjunta hacia el 2024 (por ejemplo la toma de deuda con la emisión de U$S 18.575.000 en Letras Dólar Link y de U$S 100.000.000 para las Letras Dólar MEP a una tasa 9,45% a 30 meses o la elaboración paritaria del presupuesto del año pasado).
Estas reuniones comenzaron muy temprano. Por ejemplo la primera ocurrió apenas un par de semanas después de la victoria de Figueroa, y continuaron así por todo el año 2023. En esas reuniones se acordaron todos los pactos de quienes serían el lastre a tirar por la borda y de quienes eran parte del pacto de impunidad.
Allí hay que bucear la impunidad que hoy gozan respecto a los escándalos y fraudes las autoridades del BPN S.A. y de la Contaduría General. La “casta” de vez en cuando brinda un show mediático y tira lastre, pero la corruptela inherente al Estado capitalista continúa o se renueva con nuevas y nuevos funcionarios.
Luchemos por un funcionariado electo en un 100%, con salarios que no superen el salario promedio de un trabajador o trabajadora especializada. Por cargos absolutamente revocables y sin ningún tipo de privilegios. Por la ruptura de los lobbys patronales y la ligazón del Estado al capital a través de la deuda fiscal. Es la base transicional para terminar en serio con la corrupción: un gobierno de trabajadoras/es.
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