Vamos por cientos de fiscales en toda la provincia.
El domingo 27 de abril se conformó el Frente Multicolor - Bermellón e independientes para las elecciones adelantadas de Aten que tendrán lugar el próximo 29 de mayo. Se renovará la Comisión Directiva Provincial, las 22 seccionales, vocales y juntas del Consejo Provincial de Educación y congresales a Ctera. La unidad lograda del conjunto de la oposición y sectores combativos abre las puertas a recuperar Aten de las manos de la dirección actual (TEP peronismo).
A nivel provincial estará encabezado por Angélica Lagunas (Fuscia), Yazmín Muñoz (Negra) y Patricia Jure de Tribuna Docente junto a destacadísimas compañeras/os de toda la provincia. La oposición presentó lista en Plottier donde vamos a defender una seccional que ha estado, junto a Capital, a la cabeza de la lucha en todo el gremio; Centenario, Picun Leufu, Andacollo, Chañar, San Martín de los Andes, Añelo, Aluminé, Cutral Co - Plaza Huincul, Chos Malal y Junín de los Andes. En estas tres últimas, Tribuna Docente encabeza las listas. En tanto en Zapala y Plottier vamos adjunto y en gremial también en esta última y en Capital con la secretaria gremial. Además, Tribuna encabeza la lista a una de las vocalías y congresales a Ctera.
La conformación del frente único en tiempos sumamente acotados es un primer gran paso, ya que la dirección del TEP buscaba dividir a la oposición con la inmediatez de los tiempos de la presentación.
Las razones del adelantamiento y el desafío de recuperar Aten
El adelantamiento electoral en cinco meses apuntó a dos razones. La primera es que el cuadro de malestar por el acuerdo salarial crece. Es que si bien se logró defender con lucha un acuerdo por IPC trimestral contra la tentativa original del gobierno de sumas fijas, no puede ocultarse que el acuerdo salarial nos deja en la línea de la pobreza. Junto a ello, la guerra comercial que impacta en la caída en el barril del petróleo golpea la recaudación provincial y el gobernador busca en la segunda mitad del año revisar el acuerdo salarial para terminar con el IPC y pasar a otro esquema salarial más negativo. Por ello la dirección sindical pretende renovar el mandato anticipadamente, para garantizarle a Rolando Figueroa una nueva tregua en caso de ganar.
La segunda razón del adelantamiento obedece a las rencillas internas del TEP, que está cruzada por la interna del PJ de cara a las elecciones de octubre. Ocurre que el TEP tiene integrantes que apoyarían a la candidata del gobernador Figueroa y otro sector a Parrilli. Para dejar las manos libres de cara a octubre, adelantan a mayo buscando darle un golpe a la oposición con poco tiempo de presentación.
Pese a este cuadro de maniobras la oposición conformó el Frente y se presenta una oportunidad histórica de recuperar Aten. Para ello hay que potenciar una campaña que recorra todas las escuelas de la provincia y garantice fiscales en todos los turnos en toda la geografía provincial, especialmente en aquellos donde impulsarán fraude.
La clave es defender una campaña unitaria donde se exprese la bronca contra una dirección que esta dispuestas a profundizar su tregua con el gobierno denigrando nuestro salario y condiciones de trabajo. La conquista de la dirección provincial y seccionales son centrales para defender un salario acorde a la canasta familiar en momentos que las y los compañeros deben afrontar alquileres que llegan al millón de pesos, que crece la violencia en las escuelas producto de las nefastas campaña oficiales, y por la defensa de nuestras condiciones de trabajo, jubilatorias y para impulsar la cárcel a Sobisch.
Tribuna docente esta jugado por entero con este desafío. Por eso batallamos por un método para la conformación de las listas allí donde no había consenso de quien debía encabezar. Este fue el caso de Plottier, donde propusimos un plenario para que las y los compañeros decidieran las cabezas de las listas, y sin embargo, la Bermellón (PTS y otras agrupaciones) lo rechazó y las agrupaciones de la Multicolor no lo defendieron. No obstante, una gran cantidad de docentes han respaldado a Tribuna Docente de manera explícita y acompañarán la lista unitaria que lleva a Norberto Calducci como secretario adjunto y una mayoría en la comisión directiva.
Ahora, vamos a una gran campaña y a conquistar la voluntad de las y los trabajadores de la educación y cientos de fiscales en toda la provincia.
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Un nuevo ataque violento contra trabajadoras de la educación fue noticia en la ciudad de Neuquén. En este nuevo caso fue en el IFD 12 (departamento de aplicación) donde tres docentes fueron salvajemente agredidas y con heridas graves por parte de una familia de una estudiante.
El hecho fue la última escalada de violencia, porque había una restricción de acercamiento ante amenazas por parte de la familia. Esta vez, sortearon al guardia de seguridad y fueron directamente a propinar una golpiza a la regente, subregente y secretaria del establecimiento. No se trata de un hecho aislado.
La degradación de la tarea docente y la campaña de demonización que impulsa el gobierno del gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Educación Soledad Martínez, impacta en los cuerpos de las y los trabajadores de la educación. El Estado es un impulsor directo de la violencia cuando desvaloriza la tarea docente, su salario, ajusta en infraestructura, recorta derechos, impone el presentismo y persigue docentes en sus domicilios para tal fin.
Las y los trabajadores de la educación son el blanco de ataque del gobierno y la oposición patronal (como categóricamente han apoyado Cristina Kirchner y Juan Grabois), haciéndolos responsables de la catástrofe educativa, alentando de este modo una cacería de docentes sin miramientos.
Desde Aten Capital, que intervino de manera inmediata ante la situación, se convocó a una conferencia de prensa para denunciar los hechos de los que el gobierno es su principal promotor responsable y llamar a un paro de 24 hs con movilización.
Finalmente, ni en las calles, ni en el aula
La burocracia provincial del TEP (Celeste) gastó sus primeros cartuchos en atacar a la seccional Multicolor de Aten Capital, como “carroñera utilización política partidaria”, por reclamar asambleas y un paro provincial que responda al gobierno y defienda a sus docentes. Algo elemental tratándose de una organización de trabajadoras/es, ante una escalada de violencia creciente y cotidiana en las escuelas.
Finalmente, y por la indignación que se repicaba en todas las escuelas y la trascendencia nacional en los medios de comunicación, también tuvo que llamar al paro que no quería.
Es que el TEP está abiertamente integrado al gobierno, adentro y afuera. Con dirigentes que fueron candidatos del gobernador y que renuncian a sus cargos electos en Aten para integrarse como funcionarios en distintos organismos del Estado, luego de entregar luchas de manera escandalosa. Y ya se anotan posando en actos de la rosca patronal hacia las elecciones de octubre.
Sus campañas contra la acción de Aten Capital, en este caso, es parte de esa tarea que exculpa a su gobierno no diciendo ni pío sobre su responsabilidad.
De eso se trata cuando machacamos con la condición indispensable de independencia política, que hace incompatible a la burocracia con las necesidades de las y los trabajadores.
En Neuquén existe desde 2015 la Resolución 1259 ante situaciones de violencia externa. Una especie de protocolo inaplicable, como lo evidencia la situación que ha ganado los títulos de los medios locales.
Para que la escuela y sus trabajadores/as puedan desarrollar la tarea de enseñar en una situación de miseria (de toda la comunidad educativa) y violencia que se potencian, hay que dotar a las escuelas de todas las herramientas, con equipos pedagógicos en cada institución, creando escuelas y cargos para tener las mejores condiciones reduciendo el número de estudiantes por aula y verdaderas duplas pedagógicas, con cobertura de ART que no deje tirada a la docencia con secuelas de un trabajo cada vez más riesgoso, con comedores escolares y becas para estudiantes sin condicionamientos, con la infraestructura necesaria y poniendo fin a la campaña destructiva del rol docente que apunta a desvalorizar el precio de su trabajo. Un salario miserable, empuja a la docencia al doble turno que es cada vez más difícil de conseguir.
Todo eso dejan al desnudo estos hechos violentos y para ello es necesario poner a Aten de pie nuevamente, convocando a asambleas para luchar y defender las condiciones laborales y decir basta a la violencia contra las y los trabajadores de la educación, que nace del propio Estado.
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En las últimas semanas la educación en contexto de encierro de la provincia de Neuquén ha sido el fiel reflejo de las pésimas condiciones de trabajo y cursada a las que se encuentran sometidos tanto docentes como estudiantes.
El ejemplo del CPEM N° 101 de la localidad de Zapala que funciona dentro de la Unidad de Detención Nº 32 es, por la brutalidad de los hechos, el más grafico de todos. El pasado 21 de abril estudiantes y docentes del CPEM Nº 101 quedaron atrapados en medio de una gresca interna entre los reclusos de los pabellones A y B de esa unidad. Uno de los estudiantes fue herido con arma blanca y terminó siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital local; mientras que otro sufrió lesiones en sus dedos, cuando agentes del Servicio Penitenciario le apretaron los mismos contra uno de los tráileres donde se estaba dictando clases.
Este hecho no es un caso aislado, en el día de ayer, en la Unidad 22 de Cutral Co, dos estudiantes en contexto de encierro se enfrentaron a golpes en presencia de una profesora y el preceptor, corriendo riesgo la integridad física de los docentes. En la U11 de Neuquén capital ya hay dos personas fallecidas y otras heridas en represiones por protestas o altercados entre bandas antagónicas que expresan no poder convivir y el servicio penitenciario los reúne de igual manera, quedando en muchas ocasiones docentes como mediadores del conflicto.
Sucede que desde 2023 la comunidad educativa viene exigiendo obras necesarias como la construcción de aulas, baños, con espacio de preceptoría y personal de seguridad, para garantizar el real acceso a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Como es costumbre, ante la falta de espacio, desde el CPE solo han brindado parches con tráileres que en teoría tienen carácter provisorio hasta culminar las obras, que nunca se empezaron ni presupuestaron.
En este punto es necesario recordar que el año pasado el gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley de Emergencia Penitenciaria, aprobando un endeudamiento millonario por 50 millones de dólares, con el objetivo de construir 418 nuevas plazas distribuidas entre las unidades 11 de Neuquén Capital, 22 de Cutral Co y 32 de Zapala, pero hasta ahora (al menos en esta última) solo se visualizan refacciones menores como pintura, revoques y ampliación reducida de un sector destinado a visitas o "tortura" según la ocasión, conocido como "el triangulito".
Según el plan penitenciario, dichas obras representarían un 83,8% de la capacidad carcelaria, incluyendo además la construcción de módulos para educación, trabajo, salud y visitas.
Desde el Ministerio de Educación de la provincia se tiene pleno conocimiento de estos hechos que revisten de extrema gravedad pero la orientación del gobierno es idéntica a la de Milei: un feroz recorte en educación. Es necesario un plan de lucha de Aten para resolver esta y todas las situaciones de violencia que golpean a docencia. Mañana todos y todas al paro de Aten convocado ante los hechos de violencia que sufrieron las compañeras del IFD N° 12.
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Se acaba de dar a conocer un documento de casi 100 páginas del Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, donde se presenta un balance de los “resultados del proceso de monitoreo de políticas sociales ejecutadas” durante el año 2024 en Neuquén.
Para un ministerio cuyo objetivo, según dice el documento, son “los grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, personas trans y no binarias, personas con discapacidad, personas mayores, pueblos originarios y comunidades, juventudes, entre otros”, es esperable que el documento informe sobre los resultados de dicho monitoreo, nada menos que de las “políticas sociales” y los logros obtenidos respecto al desarrollo humano, el cual define como “un proceso que va más allá de lo estrictamente económico, enfocándose en ampliar las libertades y oportunidades de las personas para que puedan vivir una vida digna, productiva y creativa”.
Pero es inútil buscar en su casi centenar de páginas algún resultado concreto de un año de gestión del “modelo” neuquino sobre “políticas sociales”.
Todo se reduce a un aburrido chamuyo con frases hechas, cuadros, datos estadísticos y comentarios sobre la realización de talleres, encuentros y otras actividades, sin la menor mención a los resultados obtenidos. O como lo menciona el documento, sobre la “la evaluación de impacto, que evalúa la efectividad de la política en la población objetivo”.
La juventud
Uno de los programas monitoreados es el de “Jóvenes en Comunidad”, destinado a la formación de liderazgos y dirigido a las 222.929 personas que entre 16 y 35 años. Este programa tuvo 51 inscriptos en ocho módulos, y, como el informe lo indica, tuvo un alto grado de ausentismo.
No hay chamuyo que pueda ocultar el monumental fracaso de este programa. Por empezar porque solo participó, y encima con alta inasistencia, el 0,02% de la población destinataria al mismo.
Otro programa es el llamado “Hablar es prevenir”, sobre cuidado integral de la salud. Se hicieron 31 reuniones de distintas instituciones para efectivizar 47 talleres con un promedio de 30 jóvenes por cada uno. En este caso se llegó al 0,63% de la población destinataria.
En tanto, los femicidios y las violencia entre los jóvenes sigue escalando, en el marco del auge de las bandas narcos y el reclutamiento de “soldaditos”, y la descomposición social en general. La juventud es abandonada a su suerte, es decir, vivir sin presente. Del futuro ni hablar.
La Mañana de Neuquén del 22/12/2024 señaló que “el aumento de los suicidios preocupa en diversos ámbitos de Neuquén. Si bien todavía no hay datos oficiales publicados de este año, se registra un incremento de casos en una problemática que afecta sobre todo a los más jóvenes, siendo la segunda causa de muerte en la franja que va desde los 15 a 29 años”.
Y algo muy grave para un “monitoreo de las políticas sociales” sobre juventud: en las casi 100 páginas no existe ni un referencia siquiera a que pronto se cumplirá un año de la desaparición de la joven estudiante Luciana, sin que el gobierno siquiera garantice su búsqueda. Pero de esto no se habla en el documento del ministerio de “infradesarrollo humano”
Personas mayores
A los mayores no les va mejor. En Neuquén viven 95.593 personas de 60 años y más. En este caso el programa se relaciona con la promoción de sus derechos. A tal fin se realizaron encuentros recreativos, talleres y capacitaciones, instancias de las que participaron 4.620 personas (el 4,83%) de esa población.
La política oficial del gobierno provincial es apoyar las míseras jubilaciones y hasta las represiones en el Congreso de la mano de Milei-Bullrich. Las y los abuelos, y las infancias, son los más asiduos concurrentes a los comedores barriales en busca de un plato de comida.
Este segmento de la población forma parte de una estadística brutal: “en la tierra donde Vaca Muerta genera riqueza, el 40% de sus habitantes no puede sustentar los ingresos básicos y un 11% está sumergida en el drama de no poder cubrir sus necesidades básicas” (Letra P, 26/9/2024).
Género y Diversidades
En este tema, el Ministerio se ocupa, dice, de la promoción y la prevención de la desigualdad de género y la discriminación. Así el informe detalla que en capacitación de la ley Micaela participaron 2.954 personas. Una gran cantidad de las mismas fueron personas empleadas del Estado provincial y las comunas.
Se realizaron algunas jornadas del Proyecto “Enfoque de género en las políticas públicas”, a las que concurrieron 120 personas. También actividades grupales sobre mujeres en situación de encierro y cárceles de Mujeres con la participación de 11,5 por mes.
Un tema particularmente sensible es el de la trata. Como es un delito federal, el informe vuelca un dato sobre la provincia del Neuquén que dimensiona la magnitud de este negocio nefasto: "las personas rescatadas o asistidas desde enero hasta mayo de 2024 fueron 594”. Es decir, se rescatan de esta situación de trata sexual (158 casos), trata laboral (410 casos) etc., más de 100 personas por mes, solo contando las que son rescatadas o asistidas.
Este, el único dato concreto, y que surge de información nacional, no del propio Ministerio de Desarrollo Humano, nos orienta acerca del vacío del resto del informe sobre datos concretos de los resultados de la política social del “modelo” neuquino.
El Ministerio durante todo el año 2024 realizó 39 sensibilizaciones (sic), 3 jornadas de sensibilización y 23 acciones de concientización. Y punto. Nada dice sobre que Neuquén registra uno de los índices de femicidios por habitantes más altos del país.
Infancias
Por supuesto en este tema se abunda en tareas que se denominan “de acompañamiento integral de las infancias”. Fuera de distintas “intervenciones” de tipo administrativo o en redes, nada dice respecto a algunos derechos elementales de las infancias como comer o tener un techo en condiciones.
Desarrollo Humano no incluye entre sus objetivos las infancias con hambre o que viven hacinadas y en condiciones habitacionales deplorables y precarias. Dos de cada tres niñas/os son pobres o indigentes en Neuquén.
La ministra, Julieta Corroza, dirá que que de esos asuntos se ocupan otros ministerios. Pero al calor de los datos estadísticos, esto tampoco es real.
Se le pasa por alto a la ministra que todo desarrollo humano se inicia con la defensa a ultranza de una vida de calidad humana y si es desarrollo debe ser una calidad de vida que mejora en la medida que transcurre el tiempo.
No se verifica nada de eso, o sea que ni en el propio Ministerio de Desarrollo Humano se abocan a mejorar la vida de las infancias... ni de las mujeres, ni de los adultos, ni de nadie que no sean los funcionarios, los capitalistas y amigos del poder que lucran a costa del pueblo.
Las personas con discapacidad
El documento citado dice que “según lo informado por la Andis, hasta julio del 2024 habían 30.548 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente”. Nada menos que el 4% de la población, o sea aproximadamente el 15% de los hogares. Una cifra muy alta, teniendo en cuenta que, como reconoce el propio texto del Ministerio, es posible que por fuera de esas 30.548 personas con CUD existan “casos de personas con discapacidad que no hayan tramitado la correspondiente certificación”.
No es motivo de este artículo el paradigma que utiliza el Ministerio para definir el concepto de persona con discapacidad.
La tarea que se monitorea e informa son las atenciones por diversas vías (mesa de entradas, expediente, contacto personal, WhatsApp, vía telefónica), siendo las más usuales las últimas dos. O sea una atención virtual, lejos del terreno.
Hay otro programa para el acceso al empleo de personas con discapacidad llamado Incluneu: de 430 postulantes, ingresaron a trabajar 81 personas con discapacidad.
Luego se describen acciones en el rubro Deporte, Cultura, Participación Ciudadana, etc.. pero en todos los casos, la tónica es la misma.
La realidad, donde muere el chamuyo oficial
Según el Censo del año 2022 (y no ha variado significativamente) había en la provincia 257.381 viviendas, de las cuales 24.689 son de mala calidad o materiales poco resistentes (madera, lona, etc.). Hay 40.014 hogares con hacinamiento, lo que implica a viviendas construidas con materiales de buena calidad y sólidas.
Según las estadísticas oficiales provinciales, la tasa de empleo bajó desde el cuarto trimestre de 2023 al de 2024 (todo el período abarcado por el monitoreo de las políticas sociales) del 48,4% al 47,5%.
En igual período, la tasa de desocupación pasó del 3,6% al 3,9%. El 31,5% de la población no tiene cobertura de obra social y el 3,2% está cubierta por programas estatales. Recurren a la atención de hospitales cada vez más vaciados de personal, insumos e instrumental.
El nivel de pobreza cerró el año 2023 en un 30,8% de sus habitantes. Al final del año 2024 era del 32%. Creció, levemente, pero creció durante el período del documento del Ministerio de Desarrollo social analizado en este artículo.
Todos estos índices oficiales tienen directa relación con el desarrollo humano, y no indican que el balance del año 2024 del Ministerio haya obtenido resultados satisfactorios en sus objetivos. Por eso el mamotreto de casi 100 páginas que se presentó como “Monitoreo de Políticas Sociales Resultados iniciales de una experiencia Informe 2024” no puede mostrar resultados concretos obtenidos con ese monitoreo de acciones realizadas.
El desarrollo humano implica la asignación real de recursos, algo que durante todo el año 2024 la motosierra del gobernador y sus ministros podó de los bolsillos de los pobres y los sectores más marginados para acumular un superávit de U$S 540 millones, que en el 2025 no estarán destinados al desarrollo humano en la provincia sino a garantizar el pago de la deuda usuraria y sostener los subsidios empresarios.
Por algo el gobernador ya pidió a su gabinete que recorten un 12% los gastos corrientes presupuestados para este año, y ante la devaluación y repunte de la inflación, el gobierno ya ha largado a correr los rumores de mayores recortes, incluso reconsiderar los acuerdos salariales firmados.
El “modelo” neuquino, no tiene nada de original, es capitalismo al palo.
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Desde hace unas semanas, un grupo de ATS (acompañantes terapéuticos, trabajadores precarizados) empezó a reunirse para organizarse por sus derechos. En 2018 y producto de la movilización del sector, se votó la Ley 3.147 que regula el ejercicio de la actividad de los acompañantes terapéuticos de la provincia. Luego de 7 años, aún no fue reglamentada y por ello no se cumple.
La ley especifica el reconocimiento como profesionales de la salud, funciones y competencias en el ámbito público y privado, regulación de las prestaciones, seguro de praxis, etc. A su vez, en el artículo 12 establece que “el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) debe incluir el acompañamiento terapéutico en su lista de prestaciones y cubrir las actividades del acompañante prescriptas por el equipo de salud a cargo del tratamiento del paciente". Por su parte, el 17, que la Autoridad de Aplicación (el Ministerio de Salud), debe “expedir la matrícula de los acompañantes terapéuticos según la normativa vigente y efectuar su inscripción en el Registro Único de Profesionales de la Salud”.
Entre otras actividades, reclamamos audiencias con funcionarios del Ministerio de salud de la provincia, lo que a la fecha sigue sin respuesta. Exigimos el reconocimiento efectivo de nuestra profesión, las condiciones laborales y salariales.
Las y los acompañantes terapéuticos nos plantamos en la jornada de lucha de 36 horas de paro y movilización, junto a los trabajadores estatales, docentes, ceramistas, desocupados, estudiantes y jubilados. El brutal ajuste que viene descargando el gobierno de Milei sobre las y los trabajadores requiere una respuesta colectiva.
Estuvimos presentes en las calles con nuestras banderas, carteles y un comunicado conjunto que plantea terminar con la precarización laboral que padecemos, y reclama salarios que cubran la canasta familiar y la reglamentación de la ley provincial y nacional.
La motosierra de Milei y Figueroa a los derechos de personas con discapacidad y el vaciamiento del sistema de salud mental nos sobrecarga y precariza.
Somos trabajadoras y trabajadores profesionales de la salud. El acompañamiento terapéutico no se terceriza ni se precariza. ¡Se defiende en la calle y con organización obrera!
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Desde hace unas semanas un grupo de ATs (Acompañantes Terapéuticos. Trabajadores Precarizados) empezamos a reunirnos por nuestros derechos. En 2018 y producto de la movilización del sector, se votó la Ley 3147 que regula el ejercicio de la actividad de los acompañantes terapéuticos de la provincia. Luego de 7 años, aún no fue reglamentada y por ello no se cumple.
Es que, la ley especifica el reconocimiento como profesionales de la salud, funciones y competencias en el ámbito público y privado, regulación de las prestaciones, seguro de praxis, etc. Y a su vez en el artículo 12 establece que "El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) debe incluir el acompañamiento terapéutico en su lista de prestaciones y cubrir las actividades del acompañante prescriptas por el equipo de salud a cargo del tratamiento del paciente". Y el 17, que "la Autoridad de Aplicación (el Ministerio de Salud), debe expedir la matrícula de los acompañantes terapéuticos según la normativa vigente y efectuar su inscripción en el Registro Único de Profesionales de la Salud".
Entre otras actividades, reclamamos audiencias con funcionarios del Ministerio de salud de la provincia, que a la fecha sigue sin respuesta. Porque exigimos el reconocimiento efectivo de nuestra profesión, las condiciones laborales y salariales.
Las y los acompañantes terapéuticos nos plantamos en la jornada de lucha de 36 horas de paro y movilización, junto a los trabajadores estatales, docentes, ceramistas, desocupados, estudiantes y jubilados, porque el brutal ajuste que viene descargando el gobierno de Milei sobre las/os trabajadores, requiere una respuesta colectiva.
Estuvimos presentes en las calles con nuestras banderas, carteles y un comunicado conjunto. Que plantea terminar con la precarización laboral que padecemos, por salarios que cubran la canasta familiar y la reglamentación de la ley provincial y nacional.
La motosierra de Milei y Figueroa a los derechos de personas con discapacidad y el vaciamiento del sistema de salud mental, nos sobrecarga y precariza.
Somos trabajadoras y trabajadores profesionales de la salud. El acompañamiento terapéutico no se terceriza ni se precariza. ¡Se defiende en la calle y con organización obrera! ¡Acompañantes terapéuticos precarizados en lucha!
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El gobierno de la provincia profundiza su política de vaciamiento educativo con una ofensiva contra las escuelas rurales. La Resolución 002/18, que contó con la participación del exfuncionario David Franco en el Distrito III de Zapala y firmada por la ya fallecida ministra Storioni, establece restricciones al acceso al transporte escolar para estudiantes de zonas urbanas, incluso cuando asisten a escuelas rurales cercanas. Esta resolución busca dejar sin matrícula a los establecimientos rurales para luego justificar su cierre.
Mientras la provincia de Neuquén rompe récords de superávit fiscal gracias a la motosierra aplicada durante todo el 2024 (paralización de la obra pública, recorte en infraestructura, congelamiento de salarios y abandono de la ayuda social), el gobierno pretende “ahorrar” unas chirolas ajustando en transporte, infraestructura y cargos docentes. Es una verdadera motosierra al estilo Milei, aplicada por el gobierno provincial con la complicidad de funcionarios y de la burocracia sindical del TEP-Celeste.
Esta política antipopular pone por delante el ajuste fiscal para cercenar el derecho a la educación de los pibes de sectores populares, rurales y comunidades originarias.
¿Qué escuelas rurales están en riesgo hoy en Neuquén?
El ajuste del gobierno provincial no es una excepción, es un plan sistemático. Estas son algunas de las escuelas que hoy enfrentan problemas concretos en 2024 y 2025:
Escuela N° 33 de Quila Quina (2024): ubicada en territorio mapuche, no pudo iniciar las clases por falta de transporte escolar. El gobierno ofrecía una 4x4 que solo trasladaba a 5 de los 36 estudiantes. La comunidad rechazó el parche como insuficiente.
Escuela N° 161 de Payla Menuco (2025): sin clases por obras de ampliación inconclusas. El edificio está inutilizado desde hace más de un año. Al comenzar el ciclo lectivo, la obra presentaba solo un 42% de avance.
Escuela N° 73 de Covunco Arriba (2024-2025): en riesgo de cierre por falta de transporte, agua potable y condiciones dignas. La comunidad educativa resiste con organización y lucha.
CPEM N° 95 de Manzano Amargo: sin clases por problemas de infraestructura. La comunidad educativa rechazó volver a aulas-trailer y exige condiciones seguras.
Sigamos el camino de la Escuela N° 73 de Covunco Arriba, con 100 años de historia, la cual enfrenta el vaciamiento: falta de transporte, de infraestructura básica, problemas edilicios desde hace años.
Desde el inicio del ciclo lectivo 2025 la comunidad educativa de la 73 se organizó e impidió el cierre encubierto de la escuela. Su tenaz lucha ha puesto frenos al plan de estos gobiernos. Son las familias, docentes y consejerxs escolares electos quienes llevan adelante la defensa de la escuela como derecho y como trinchera contra el ajuste.
La escuela dio inicio al ciclo lectivo dos meses después que el resto de las escuelas, ya que contaba con una lista de problemas de infraestructura y sin el nombramiento de directivo y docente de aula. Fue una estrategia para seguir dilatando el tiempo y desgastar la lucha en desarrollo que se mantuvo firme pese a estas circunstancias y que llevaron el reclamo junto a consejerxs escolares de la comunidad al propio CPE para destrabar el conflicto.
La escuela pudo frenar el cierre. Pero el CPE niega el transporte a los pibes que viven en la ciudad, en sectores populares sin excepción, mencionando el artículo III de la resolución 002/18. Sin cumplir con lo resuelto en esa reunión. La escuela sigue luchando por recuperar el transporte.
Del MPN a Figueroa: continuidad del ajuste
La política de vaciamiento educativo en las escuelas rurales no nace ahora, es una continuidad directa de los gobiernos del MPN, especialmente del ex gobernador Omar Gutiérrez. Figueroa no solo continúa esa orientación, sino que la profundiza. Mientras la provincia muestra superávit fiscal récord, los gobiernos recortan derechos elementales como el acceso al transporte y la escuela pública. La motosierra no es patrimonio exclusivo de Milei: tiene también su versión neuquina, con nombres y apellidos propios.
La educación pública se defiende luchando. No entregándola cómo lo esta haciendo el TEP-Celeste.
Sigamos de pie organizadxs, con independencia de los gobiernos y las conducciones burocráticas que le son funcionales al ajuste de Rolando Figueroa la ministra Soledad Martínez, podemos frenar esta ofensiva.
¡Basta de ajuste! ¡Basta de vaciar la educación pública!
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El pasado 27 de marzo la Legislatura neuquina aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con el voto de prácticamente todo el arco patronal. Se trata de la ley N.º 3.498 que “implementa el Instituto de Ficha Limpia”. Dicha ley introduce un cambio sustancial sobre un principio básico del derecho burgués: el de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. De esta forma, personas sin condena alguna, puede perder sus derechos electorales, y aún electas, pueden ser impedidas de asumir el cargo para el cual fueron electas.
El artículo 2º, inciso a) hace perder estos derechos, si la persona está sometida a “medidas restrictivas de la libertad”. Un concepto genérico, que puede incluir, por ejemplo, un arresto temporario por alguna banalidad o una prohibición de ausentarse de la provincia. Una medida muy práctica para el poder de turno para ser aplicada arbitrariamente en fechas de presentación de candidaturas, con causas armadas y truchas.
No hace falta que la persona esté sometida a “prisión preventiva” como establecía antes la ley electoral, sino que ahora se generaliza a cualquier “medida restrictiva de la libertad”. Otra situación puede darse con la famosa “demora en averiguación de antecedentes” tan utilizada por el aparato judicial y policial. Pero, además, en el inciso j) se inhabilita a una persona a ser electo y también a ser proclamado una vez electo, si la persona ha “sido beneficiada con una suspensión de juicio a prueba”, en los términos de artículo 76º bis del Código Penal Nacional. “Esta inhabilitación es de carácter perpetuo”, dice la ley de “Ficha Limpia”. O sea de allí en adelante para el resto de su vida.
El uso del aparato judicial en función de los intereses y objetivos de los gobiernos de turno es el instrumento que estos tienen en sus manos como herramienta proscriptiva circunstancial de opositores patronales, pero fundamentalmente para ser utilizada contra las candidaturas de luchadores y la izquierda.
Es muy sintomático, que la audiencia se formulación de cargos de la causa trucha armada por el fiscal Pablo Vignaroli contra el FOL y militantes de izquierda, se haya postergado a último momento dos veces, y recién se haya realizado una vez que la Legislatura votó esa ley llamada de “Ficha Limpia”, que modifica la ley electoral vigente hasta ese momento.
De esta manera la casta que tiene el poder real, tiene un arma poderosa contra quienes disputen su poder o sean referentes de luchas sindicales, sociales, etc.
Se trata de una cuestión muy grave.
… y contradictoria
La ley neuquina de “Ficha Limpia” inhabilita perpetuamente a una persona “beneficiada” por la suspensión del juicio a prueba, pero según el artículo 76º bis del Código Penal Nacional, la persona no puede optar por solicitar la suspensión del juicio a prueba si el delito incluía pena de inhabilitación. Es decir, si a una o un neuquino se le otorga la suspensión del juicio a prueba no se libra a perpetuidad de su inhabilitación electoral, pero como ciudadano argentino, solo pierde el derecho a suspender el juicio a prueba, si la sentencia incluye únicamente una inhabilitación. La Legislatura neuquina ha votado un gran bucle legal.
Ahora bien, la suspensión del juicio a prueba la establece el artículo 76º del Código Penal Nacional de acuerdo a las “leyes procesales correspondientes”. El Código Procesal Penal de la provincia del Neuquén, dice que “la persecución penal podrá ser suspendida cuando al imputado pueda corresponderle una pena de ejecución condicional y no se trate de un delito doloso imputado a un funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de él”.
Para el Código neuquino no corresponde la suspensión de juicio a prueba cuando la condena sea por “delito doloso” y que sea cometido por un “funcionario público en el ejercicio de su cargo o por razón de él”. Para el resto de los mortales la suspensión de juicio a prueba tiene validez. Pero llamativamente, la ley de “Ficha Limpia”, introduce una modificación a tono con la campaña de la causas truchas de la Fiscalía, ya que cualquier mortal empadronado en la provincia, si suspende el juicio a prueba, no puede ser candidata/o para cargos electivos, aunque no sean “funcionarios públicos”.
Este es un aspecto central, porque tiene abierta relación con la actuación del Ministerio Público Fiscal contra las organizaciones sociales, sus dirigentes y militantes de la izquierda, si optaran por el derecho que le otorga el artículo 76º del Código Penal Nacional.
El intento del fiscal Vignaroli
En el período de la transición entre la victoria electoral del actual gobernador Rolando Figueroa sobre el exgobernador Omar Gutiérrez, se “destapó” un infame negociado de recaudación para la corona que ejecutaba desde el ministro de Desarrollo Social y altos funcionarios, hasta un equipo de punteros que oficiaban de cobradores de planes sociales “truchos”. Con bombos y platillos, la defraudación al fisco fue convenientemente hecha pública hacia octubre de 2.023.
Pero … para el Ministerio Público Fiscal, esa maniobra de defraudación no era una novedad. Más bien era un delito que ya tenía siete años de trajinar por la justicia provincial. Es que en el año 2016, una empleada del Ministerio de Desarrollo Social había realizado una denuncia en la causa Nº 69.463 “Montoya Isabel Natalia s/ denuncia malversación fondos públicos” (Minuto Neuquén, 15/10/2023), la que tramitó ante el fiscal Marcelo Jara, quien la terminó archivando. Mucho de los denunciados beneficiados con ese archivo, finalmente fueron los mismos imputados luego en la causa que estalló en 2023.
Unos de los imputados en 2023 confirmó que la estafa arrancó en el año 2016, e involucró en ella al actual intendente capitalino, Mariano Gaido, al entonces gobernador Omar Gutiérrez (cuyo vice en esa época era el actual gobernador Rolando Figueroa). También involucró a funcionarios del Banco Provincia, incluso a un diputado del MPN y otros. Pero respecto a estos funcionarios el fiscal Vignaroli se apresuró a desechar las imputaciones. Como sabemos, para este Fiscal cuando le conviene al poder de turno, las denuncias “no son tan lineales” o “carecen de sustento”.
Pero no se priva de pretender ligar la causa trucha contra las organizaciones sociales, con la causa del fraude ejecutado por los funcionarios del ministerio, ya que la fiscalía ha dicho que citará como testigos en la causa contra las organizaciones sociales, a los funcionarios involucrados en la anterior causa. ¿Sería muy equivocado suponer que a cambio que hundan a los luchadores por lo que digan como testigos en la causa contra los “zurdos”, les alivie la situación en la que están imputados? Todo puede ser en el mundo tenebroso y trenzero del aparato judicial.
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El 12 de abril de 1997, en el marco de una gran huelga de las y los trabajadores de la educación de Neuquén, las fuerzas policiales provinciales, bajo la batuta política del gobernador Felipe Sapag, asesinaron a Teresa Rodríguez de un disparo. A pesar de ser un crimen cometido a plena luz del día, con decenas de testigos y filmado al detalle, el podrido aparato judicial de Neuquén nunca imputó a ninguno de los milicos que actuaron ese día en un barrio de la comarca Cutral Có-Plaza Huincul.
Hubo pericias de alto valor científico que determinaron desde que posición partió el disparo, pero el aparato judicial, argumentando que no se podía precisar al policía que había disparado (varios lo hicieron), señaló que no se podía imputar a ninguno. El mismo aparato judicial que imputa y condena por portación de cara o ideas políticas no encontró fundamentos para condenar al asesino de Teresa.
Aquella huelga durante el menemismo y Felipe Sapag
Las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul conforman un solo conglomerado urbano separado por una calle. Sus habitantes habían protagonizado la gran pueblada en 1996: una rebelión popular masiva, con dos ciudades apostadas en los piquetes que enfrentaron a la Gendarmería y la derrotaron a puro coraje, al punto que los gendarmes debieron retirarse y abandonar la represión.
Felipe Sapag, que había bastardeado llamando “lúmpenes, delincuentes” al pueblo sublevado y luego tuvo que conceder muchos de los reclamos de la pueblada, tenía esa derrota suya como una afrenta de la cual buscaba venganza. Y aquel 12 de abril de 1997 envió a su policía a dar un escarmiento a plomo a granel.
No se trató de un exceso, días antes el gobernador había convocado a un acto partidario del MPN para formar grupos de choque para “romper los candados” de las escuelas.
La sublevación popular organizada en asamblea popular, la que actuaba como un verdadero gobierno local y dirigía el levantamiento -incluso organizaba algunas medidas de orden más general- espantó a la clase dominante. Se había elegido un comité de la asamblea popular, el que se renovaba por tercios, a efectos de no permitir que el gobierno cooptara a los dirigentes, como había ocurrido en la pueblada del año anterior. Lo cual demuestra que no se trató de levantamientos espontáneos, sino que fueron fruto de una experiencia previa, y que se dieron en un marco de otras puebladas en el norte del país.
Realmente la burguesía estaba ante su infierno más temido: la organización independiente de las masas respecto a sus corruptas y antidemocráticas instituciones y el aparato represivo del Estado derrotado por la lucha de los sublevados, al nivel de huir del lugar. Por eso tanto el gobierno nacional de Carlos Menem, como el provincial de Felipe Sapag, pretendían ahogar en sangre ese levantamiento popular.
Es en este marco que asesinan a Teresa Rodríguez. Un juicio contra la policía hubiera abierto una crisis política aún mayor. De allí que siendo un crimen donde las pruebas abundan, no tenga ni imputados ni condenados al día de hoy.
El 12 de abril de 1997 no fue un rayo en cielo sereno
Marzo fue un mes de huelga de Aten: ocupaciones de los puentes, represiones y sobre todo de asambleas masivas del sindicato que pasaban sobre la decisión de las conducciones de “apaciguar los ánimos”.
El 26 de marzo la Gendarmería desocupó los puentes gaseando a quienes lo cortaban. Pero una asamblea de Aten Capital, histórica para la época (1.800 docentes y auxiliares), votaron la continuidad de la medida. La Ctera, ante la bronca nacional por la represión del desalojo, tuvo que convocar para el 31 de marzo a un paro: “¡Ese día marcharon 20.000! Sapag estaba aislado y derrotado políticamente (…) (los movilizados) cantaban Felipe, no seas gil, esos pocos de mierda, ya somos 20 mil…” (En Defensa del Marxismo N.º 17-julio de 1997).
El miércoles 9 de abril Aten convocó a una jornada de movilización “sobre las rutas”. En Cutral Có y Plaza Huincul se movilizaron unas 15.000 personas que enfrentaron a Gendarmería hasta hacerlos retirar. En esa represión es baleada Teresa.
En Neuquén miles se movilizaron a Casa de Gobierno.
Aquel sábado 12 de abril, una numerosa asamblea de organizaciones que rebalsó la sede del sindicato judicial, se había reunido para votar acciones de apoyo a la pueblada en curso, entre ella sumar a la huelga a otros sindicatos, además de Aten.
En esa nutrida asamblea en el sindicato judicial participaron hasta diputados del MPN, quienes actuaban como bomberos de la tendencia a la huelga general. Por ejemplo, la diputada Gloria Cifuentes, dirigente y diputada por el MPN, defendió lo actuado por el gobernador. La asamblea hervía.
Allí desde el PO lanzamos la propuesta de “Fuera Sapag”. La que fue enfrentada por la secretaria general de Aten Capital, Liliana Obregón, diciendo que Aten es un sindicato y esa consigna no la puede apoyar porque es un planteo “político”. La misma que horas más tarde, junto a los dirigentes provinciales de la Celeste de Aten, María E. Figueroa y otros, entregaron la huelga en una reunión con el gobernador, mientras afuera de Casa de Gobierno miles de huelguistas hacían tronar el escarmiento contra ese gobierno ante la noticia que Teresa había fallecido en el hospital donde la trasladaron.
Conclusiones
El asesinato de Teresa Rodríguez fue un crimen de Estado, en el marco de la represión de una sublevación popular con rasgos de independencia política de las instituciones de ese Estado. Por eso continúa impune.
Esa sublevación de ninguna manera fue espontánea, sino que formó parte de una situación enmarcada en una huelga de Aten y con la experiencia de la pueblada del año anterior. Esa sublevación impactó en la base de otros sindicatos y la población en general que la apoyó incondicionalmente, ante un gobierno al borde de su derrumbe. Lo cual no ocurrió por la conducta entreguista de direcciones sindicales y el sostén del resto de los partidos patronales, la Iglesia, cámaras patronales y demás instituciones capitalistas, ante el fracaso de sus fuerzas represivas para doblegarla.
De ninguna manera el crimen de Teresa es un hecho menor, aislado o una consecuencia no deseada de una represión. El fantasma de aquellas puebladas sigue tan vigente, que en el acto recordatorio en Cutral Có-Plaza Huincul de este 12 de abril, la policía, esta vez del gobernador Rolando Figueroa, estuvo provocadoramente en las inmediaciones. Todo un anuncio.
¡Justicia para Teresa y su familia, ayer y siempre!
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Bajo la forma de cooperativas como figura legal, las fábricas ceramistas sostenidas por sus trabajadores, ante los lockouts patronales, como la ex Zanón y la ex Cerámica Neuquén, viven las vicisitudes de un ahogo financiero, político y económico, en parte como consecuencia de la recesión y en parte por una política impulsada desde el gobierno a través del aparato judicial y ahora a través de la presión de la cooperativa que distribuye la energía eléctrica en la ciudad de Neuquén, la Calf.
La larga lucha por sobrevivir como “fábricas sin patrones” en el marco de un Estado y un mercado capitalistas (el patrón colectivo que sigue actuando) no ha permitido la renovación tecnológica y ha colocado mil trabas para su funcionamiento, desde el abastecimiento hasta el acceso al mercado.
La ofensiva por la vía judicial (el desalojo violento) ha fracasado una y otra vez ante la solidaridad de clase y la defensa férrea y heroica de las y los propios obreros ceramistas.
Por lo cual el patrón colectivo decidió utilizar la Calf como ariete para paralizar la Cerámica Neuquén, y desde hace dos meses le cortó la provisión de electricidad aduciendo una millonaria deuda. Deuda que la cooperativa ceramista no desconoce ni se niega a pagar. Incluso ha realizado propuestas de pago, que la Calf rechaza sistemáticamente.
Algo huele a podrido
La Calf tiene la concesión de la distribución de la energía eléctrica en la ciudad de Neuquén. O sea, es una “cooperativa” que a través de la tercerización del servicio que realiza el municipio capitalino (en manos del MPN) realiza un gran negocio sostenido con fondos oficiales.
Las reglas de funcionamiento del mercado capitalista que la “cooperativa” Calf le aplica rigurosamente a la cooperativa obrera no son las reglas que Calf reclama para sí misma. Por ejemplo, a través del decreto 118 del año 2023, se otorgó un Aporte No Reintegrable por $240 millones entre fondos del fisco provincial y municipal para el desarrollo de un plan de “eficiencia energética”. Por otra parte, mediante el decreto 2498 del año 2022, se otorgó otro ANR por $22 millones a la Calf para la compra de un vehículo.
En estos casos, la Calf no aplicó las reglas del “libre” mercado, sino que se benefició con fondos del fisco. Por eso los argumentos que esgrime la diputada del MPN y asesora de Calf acerca de que esta “no puede subsidiar con sus recursos a una empresa privada” son un canto a la hipocresía, porque la diputada y asesora considera que las y los obreros ceramistas sí pueden subsidiar a Calf con sus impuestos y tasas recaudadas por el fisco. Incluso por un monto superior a la deuda que Calf le reclama a la cooperativa obrera.
La asesora de Calf manda a la cooperativa ceramista a gestionar “un mecanismo financiero ante una entidad bancaria, pública, privada o una cooperativa”. Ahora bien, ¿Por qué no defiende ese criterio cuando es Calf la que, en vez de gestionar un mecanismo financiero ante un banco, gestiona un subsidio al Estado?
Por lo tanto resulta falso cuando afirma que la conducta de su asesorada “no responde a disputas políticas ni ideológicas, sino estrictamente financieras”.
¿Quién es el presidente de Calf?
La presidencia de Consejo de Administración de Calf la ocupa Aldo M. Severini, un jubilado del Epen (Ente Provincial de Energía de Neuquén), donde volvió como integrante titular del directorio designado por decreto cuando recién asumió el gobernador, Rolando Figueroa. Si bien los medios mencionan el decreto 147/2024 y hasta su articulado, lo cierto es que el mismo no está publicado en el Boletín Oficial de la época. Pero en la página oficial del Epen figura como director por el Poder Ejecutivo, es decir, es un funcionario del riñón del gobernador; lo que ejecuta como presidente del Calf no es ajeno a la voluntad del titular del Poder Ejecutivo.
Severini fue electo presidente de Calf en enero del año 2024, poco antes de ser designado como director del Epen en representación del gobierno. Fue proclamado por lista única, porque otra lista que se presentó no fue oficializada por la Junta Electoral y la Justicia provincial le rechazó un amparo a la oposición.
Previo a la elección hubo una modificación del Reglamento Electoral, que fue duramente cuestionada por socios autoconvocados por antidemocrático.
En estas condiciones es que Aldo Severini llega a la presidencia de la mano de un bloque de alianzas entre el MPN, el sector del gobernador, el PRO y otros aliados de la coalición gubernamental. Por lo que la postura de Calf, de asfixia y boicot a la cooperativa ceramista, es inescindible de la voluntad del gobierno.
La ley 378
Apenas constituida la provincia como tal, en el año 1964 la Legislatura sancionó la ley Nº 378. Por la misma se estableció que toda nueva industria que se radique en la provincia “será protegida y estimulada por el Estado”.
Las patronales del Parque Industrial, tanto la familia Zanón como la patronal de Cerámica Neuquén, gozaron de los amplios beneficios que establece esta ley, entre los cuales figuran “exención de impuestos provinciales”, “exención del pago de sellados y/o tasas provinciales”, “facilitar el agua indispensable para uso y consumo industrial”, y especialmente (porque viene al caso) “facilitar y proveer de energía necesaria a tarifa preferencial”.
Dado que Calf es la concesionaria del servicio de provisión de energía eléctrica dentro del municipio donde están radicadas las cerámicas en el Parque Industrial, la titularidad de dicho servicio sigue en manos del fisco, por lo que corresponde aplicar a las cooperativas obreras ceramistas no menos de una tarifa diferencial.
Calf no aplica ninguna tarifa diferencial a la cooperativa obrera Confluencia (ex Cerámica Neuquén). No están cumpliendo ni el municipio ni la propia Calf con un beneficio que sí aplicaban cuando la fábrica estaba bajo el dominio patronal. Mas persecución por razones políticas no se puede conseguir.
Por lo que el reclamo de la reconexión inmediata de la energía eléctrica es un acto de estricta justicia con una autogestión obrera que trata de superar el lockout patronal y defender los puestos de trabajo.
El gobernador Figueroa y el intendente Mariano Gaido, que destinan como aporte no reintegrable miles y miles de millones de pesos por año a las empresas con fines de lucro de transporte de pasajeros, deben saldar la deuda con Calf por cuenta y orden de la cooperativa ceramista y aplicar una tarifa preferencial en el futuro que cuente con el visto bueno de esa cooperativa ceramista.
Hay que reactivar el planteo de estatización bajo control obrero de ambas fábricas recuperadas.
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El anuncio de la CGT de convocar el día 9 a una movilización sin paro, y el jueves 10 a un paro sin movilización, sacudió las burocracias sindicales de todo pelaje en la provincia. Más tarde cuando la CGT anunció una fingida extensión del paro a partir de las 12 horas del día 9, el sacudón de las burocracias pasó a mayores. De un par de jornadas para cumplir, se vieron comprometidas por la disposición a luchar de sus propias bases.
Dirigencias como la de Comercio tuvieron que convocar a último momento a marchar el miércoles, y así se pronunciaron otros sindicatos enrolados en la CGT. Por su parte, el secretario general de petroleros, Marcelo Rucci, anunció que no adhería al paro y convocó para el martes 8 a una asamblea “informativa” en Añelo. Pero de “informativa” la asamblea registró la presión de la base por ir al paro, incluso se manifestaron (como nunca antes) algunos reclamos en este sentido. El burócrata se percató del ambiente y, virando 180 grados, lanzó la convocatoria al paro allí mismo. Aunque no puso ningún empeño en organizarlo.
Otras burocracias como la de Uocra, no organizaron ninguna medida. Limitan su accionar en dirimir a los tiros los territorios de influencia de cada cacique. Tampoco organizó la medida Aoma en Zapala, etc. Por supuesto la UTA ni pestañeó. El Supeh tampoco convocó a parar en la destilería de Plaza Huincul. Luego hubo participaciones en la movilización de “cuerpos orgánicos” con batucadas como ATSA, bancarios, Comercio, etc.
De la CGT el que aportó una columna numerosa fue UPCN. Por su parte, ATE convocó a último momento a parar el 9 desde las 8:30 horas para marchar por la mañana y no confluir por la tarde con el grueso de las organizaciones. La columna encabezada por una gran bandera de la CGT neuquina, donde se ubicó Aten Provincial y el PJ, marchó detrás de la columna que encabezó Aten Capital, Aten Plottier, Aten Chañar, el clasismo y la izquierda. La marcha concluyó en el monumento a San Martín, donde se leyó un documento de la Multisectorial, mientras la columna separada de la CGT, Aten Provincia, Adunc y el PJ, CCC, Libres del Sur y el MTD se desconcentraba sin participar del acto.
¿Por qué la CGT y las burocracias “cedieron” la iniciativa?
Resultó muy ilustrativo del carácter de la convocatoria que realizaron las burocracias sindicales, el hecho de considerar esa marcha como un producto que les era ajeno, al cual habían llegado nada más que como una instancia de descomprimir la presión de las bases, y de ninguna manera como una acción con la perspectiva de un plan de lucha.
En resumidas palabras participaron “con la cola de paja”. No era su marcha el 9, como no era su paro el 10, durante el cual no realizaron la menor actividad, ni siquiera la clásica ofrenda de flores en el monumento al trabajador en Avenida Olascoaga que suelen realizar los días de paro.
Por eso ATE convocó por la mañana del 9, y el resto de las burocracias junto al PJ estuvieron a desgano por la tarde. Eso los que estuvieron, el resto ni siquiera convocó a parar. Queda entonces como un saldo muy importante el hecho que la Multisectorial que agrupa al clasismo y la izquierda haya tomado la iniciativa, tanto el 9 como haciendo activo del paro del 10, porque ha sido en un momento en que hay una ofensiva en regla del gobierno contra el clasismo a través del boicot a la producción en las cooperativas de las cerámicas y los juicios a las organizaciones piqueteras. Pero también debe remarcarse que quienes se agruparon en la columna cegetista son una bolsa de gatos que refracta la lucha sin cuartel al interior del pejotismo, y que quienes ni movieron un dedo refractan el posicionamiento sin tapujos a favor de las motosierras, tanto de Milei como del gobernador Figueroa.
El 10 hicimos activo paro
Quienes tomamos la iniciativa el 9 la mantuvimos al día siguiente. Nos concentramos desde las 8 horas en las puertas de la fábrica ceramista que hace dos meses tiene cortada la energía eléctrica por la distribuidora local (Calf, otra “cooperativa” capitalista cuyo directorio es afín al gobierno). El intento es terminar de hundir a las cooperativas obreras y las experiencias como las de Zanón y Cerámica Neuquén.
A partir de las 8:30 horas cortamos la importante ruta 7 que conecta la Capital con Centenario y el Parque Industrial. Y a partir de las 10 horas realizamos una nutrida caravana que llegó hasta las puertas de la Casa de Gobierno donde se realizó una clase pública muy concurrida.
En el arranque de la actividad en la cerámica hubo que superar una provocación de las fuerzas policiales que pretendían filmar a los participantes de la actividad, un hecho que marca que el gobernador Figueroa ya no puede ocultar que el reforzamiento de equipamiento policial no es para combatir, como él dice, el “narcomenudeo”, sino para reprimir los reclamos obreros y populares. Es que haberse sometido incondicionalmente a la política del gobierno nacional, que a su vez actúa como títere de los planes de Trump, no lo blinda contra las consecuencias de la guerra comercial impulsada por el presidente yanqui.
Y ya lo advirtió el gobernador hace un día: “El equipo de Economía lo estudió muy bien, es algo que nos afectó. Perdimos cerca del 20% del valor del petróleo en los últimos tiempos, es un 20% menos de ingresos” y agregó “la secretaria de Hacienda de Neuquén, Carola Pogliano “si la crisis se extiende en el tiempo, el impacto se sentirá. Las regalías se liquidan en función del precio internacional, así que esta caída del petróleo la afecta directamente” (Letra P, 9/04/2.025).
En Neuquén no hay un tránsito sin turbulencia hasta octubre. Tener aceitado el aparato represivo y equipado le resulta fundamental al gobierno. Por su parte la ministra represora Bullrich acaba de designar al ultraderechista Francisco Sánchez como coordinador del comando de seguridad productiva de Vaca Muerta para mantener “libres” las rutas de la región. El coordinador pertenece al PRO, una de las fuerzas que integra la alianza gubernamental del gobernador Figueroa.
Por lo que lo ocurrido tanto el 9, como el 10, muestran a un clasismo y un activismo numeroso, que toma nota del porvenir y se prepara para enfrentarlo con lucha.
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El norte neuquino suma varias escuelas sin clases o que incluso no han arrancado el ciclo lectivo. Entre ellas se encuentran la Escuela N° 225, b° Uriburu de Chos Malal, C.P.E.M. N° 35 de Buta Ranquil, C.P.E.M. N° 100 de Chorriaca y CIart N° 4, b° Tiro Federal de Chos Malal, entre otras.
La comunidad educativa de la escuela N° 225 está asistiendo en trailers para el funcionamiento de las clases. La escuela está en obra. En CIart no tienen edificio propio y en el lugar que se dictan las clases están realizando una obras. Por esto aún no comienza el ciclo lectivo. En el día de hoy las familias del C.P.E.M de Chorriaca se organizaron porque reclaman edificio propio, creación de hora de 4to año y cargos de auxiliares de servicio. El C.P.E.M 35 de Buta Ranquil está tomado por las familias por que no cuentan con la cobertura de cargo de auxiliares de servicio.
El gobierno realiza campañas en nombre de la educación pública, pero lo cierto es que no realizó las obras en las vacaciones de verano, no quieren invertir ni un peso en educación. Pero para Soledad Martínez está a la orden del día a la hora de atacar a la docencia y alumnos/as con reformas que representan peores condiciones para el aprendizaje, como la reforma de los terciarios que afecta a los IFD, el cierre de escuelas rurales, quitándole el transporte o no permitiendo que se inscriban y matriculen niños/as y el ataque al régimen de licencias a través de la implementación del presentismo.
El miércoles por la tarde marchó el C.P.E.M N° 100 en el marco de la movilización nacional en apoyo a los jubilados, contra la represión de Bullrich, para llevar su reclamo a las calles.
Exigimos que se aumente el presupuesto educativo, la construcción de establecimientos educativos. Que el plus extorsivo que constituye el “presentismo” pase al básico, ya que el ajuste e inflación no permiten llegar a fin de mes. Son muchos los problemas educativos, necesitamos asambleas para poder debatir estas cuestiones y organizar un plan de lucha de conjunto, por una educación pública de calidad.
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Construida por la empresa suiza Sulzer en épocas de la dictadura militar genocida, bajo la batuta del represor Castro Madero, la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP en Arroyito, a orillas del lago formado por la represa y central hidroeléctrica homónima, lleva ocho años paralizada.
De ser un logro del desarrollo tecnológico de profesionales y técnicos de la CNEA, hoy es solo un gigante metálico que languidece y se destaca a la vera de la ruta 237 en la estepa patagónica.
La PIAP y sus constructores (que hicieron lo suyo en las grandes huelgas de la UOCRA neuquina en los 80), la cantidad de profesionales, técnicos y personal que le puso el hombro, no merecen este presente en decadencia.
Por enésima vez ahora se anuncia que la PIAP podría reactivarse. Quienes se postulan para hacerlo, no presentan al momento los mejores pergaminos. ¿Estamos ante un nuevo cuento?.
El parto de la PIAP
En la cabeza de ambas dictaduras empresario-eclestíastica-militar de la segunda mitad del siglo pasado, la energía nuclear tuvo un atractivo especial por sus connotaciones armamentísticas. La dictadura que inauguró Onganía en 1966, y la de Videla en 1976, son un ejemplo de ello.
Retrocediendo 70 años, en decisiones tomadas bajo esos gobierno dictatoriales, estaba determinado ya que la PIAP era un objetivo al cual arribar tarde o temprano.
Es que las decisiones de construir centrales nucleares incluyó la opción de reactores que utilizan uranio natural (en realidad levemente enriquecido) como combustible, y que se complementan con refrigeración y moderación de la fisión nuclear con agua pesada.
El agua pesada no es otra cosa que una molécula que en vez de tener dos átomos de hidrógeno tiene dos átomos de un isótopo no radiactivo del hidrógeno, que es el deuterio. Siendo su fórmula química D2O en vez de la clásica H2O.
Y es pesada porque el deuterio es un átomo de hidrógeno que contiene un neutrón en su núcleo, lo que atómicamente lo hace más pesado.
La construcción de la PIAP se adjudicó a la empresa Sulzer, de origen suizo. Atucha I ya se había adjudicado a la alemana Siemmens.
El lugar elegido para su ubicación a la vera del lago artificial que produce el embalse del río Limay por la represa y central hidroeléctrica de Arroyito, se debió a la disposición de energía y a la calidad del agua del lago, materia prima para extraer el deuterio.
La PIAP estrictamente hablando son dos plantas, no una sola. Este diseño de dos plantas gemelas se debe a que una planta de agua pesada construida por Sulzer en la India, registró una explosión devastadora. Además es la única planta de producción de agua pesada que no está adosada a una planta de fertilizantes. La PIAP solo produce agua pesada, con una capacidad de diseño de 100 toneladas anuales por cada una de sus dos mitades.
Dentro de la distribución de áreas de influencia de la dictadura videliana, la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), ubicada frente a la ex Esma, le tocó a la Armada por lo que su presidente de aquellos tiempos era nada menos que el represor vicealmirante Carlos Castro Madero (ver Prensa Obrera 18/1/2021).
La PIAP en la extraterritorialidad
Castro Madero firmó con Sulzer un contrato leonino en todos sus términos. Además de la exención a la empresa suiza del pago de todo “impuesto, derecho de aduana, tributo, tasa, contribución u otro gravamen o carga argentinos, de cualquier naturaleza, presente o futuro, federal, provincial o local”, la cláusula 93º de las Condiciones Generales Volumen I del contrato, expresa textualmente: “Queda expresamente establecido que todo lo relacionado con la aplicación, ejecución e interpretación de este contrato, se regirá por las normas de este mismo contrato y subsidiariamente por la legislación, doctrina y jurisprudencia argentinas”.
Es decir, se colocó al contrato y sus cláusulas por encima de toda norma legal del país, con lo cual el predio de construcción gozaba de una extraterritorialidad legal. Las leyes, la doctrina y la jurisprudencia nacional morían en las puertas de acceso a la PIAP.
Este nivel de cipayismo firmó el vicelalmirante Castro Madero, en nombre de la CNEA.
Esto en nombre de una dictadura genocida que hacía gárgaras de patriotismo y acusaba de defender intereses “foráneos” a quienes luchaban por expulsarla del gobierno. Estas eran las cúpulas militares que dos años después decían “recuperar la Islas Malvinas” en un acto de soberanía.
Para la empresa europea fue un gran negocio. La CNEA les pagó, y no es figurativo, hasta las facturas por el lavado de prendas en los internados donde estudiaban las hijas e hijos de los altos directivos de Sulzer. Además, por ejemplo (y tampoco es figurativo) la cuota de un club de tenis en Neuquén… a pesar de haber construido tres canchas dentro del barrio que la CNEA construyó en Plottier. A los jefes suizos le parecieron poca cosa.
Carlos Menem como presidente, acompañado de Jorge Sobisch como gobernador, inauguraron la PIAP para la tribuna en abril de 1993. Luego del circo, cuando se fueron los gobernadores y sus nutridas comitivas, la PIAP siguió un largo tiempo sin producir.
Ahora una empresa canadiense ronda la PIAP
En estos días, cuando se van a cumplir 32 años desde que Menem-Sobisch la inauguraron ficticiamente, y tras casi una década de paralización, la PIAP fue visitada por directivos de la empresa canadiense Candu Energy.
Se trata de la empresa que fabricó los reactores Candu que utilizan las tres plantas nucleares que tiene nuestro país.
El interés de Candu Energy por la posible compra de agua pesada de la PIAP, si esta retoma su producción, previa inversión de millones de dólares para recuperar el deterioro de la inacción, sería para abastecer a su reciente modelo de reactor nuclear Candu, lanzado al mercado.
Muchos condicionantes antes que esta variante pueda realizarse prácticamente.
En paralelo con esto, ha resurgido por enésima vez, la posibilidad de aprovechar una parte del ciclo productivo de la PIAP para producir fertilizantes.
Mas ruidos que nueces, porque un reactor para una central nuclear tiene como primera finalidad producir energía, a cuyos costos de producción hay que sumarle el costo del agua pesada, un insumo que no requieren otros reactores que funcionan con uranio enriquecido y agua común como refrigerante. Con lo cual la ecuación de costos respecto al precio del kilovatio producido coloca en desventaja a los reactores Candu. Este tipo de reactores, de los cuales existen 31 funcionando en el mundo (sobre un poco más de 800), están concentrados en centrales en Canadá. Solo hay 12 fuera de este país, y tres de ellos están en Argentina.
De modo que la PIAP, si se reactivara, sería un proveedor cautivo de las centrales canadienses. Los que funcionan en China, Rumania, Corea del Sur, Paquistán o la India, han consumido agua pesada de la PIAP, pero ese consumo ha sido menor en relación a su capacidad de producción y no la salvó de la bancarrota incentivada por el precio de las tarifas de gas y electricidad, que se consumen en volúmenes importantes para producir agua pesada.
La provincia de Neuquén participa del 51% de la ENSI S.E. (Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería) que opera y mantiene a la PIAP. Pero en una muestra que la accionista mayoritaria de una empresa fabril (tal vez la mayor de la provincia) no es la propietaria de los recursos naturales de su suelo y subsuelo, la PIAP no puede pagar dos recursos que abundan y que tiene a pocos metros: electricidad y gas.
No hay voluntad gubernamental de reactivarla. Si de tercerizarla a costa de los intereses de sus trabajadores y de los intereses nacionales.
¡Por la reactivación de la PIAP bajo el funcionamiento con control de sus trabajadoras/es! ¡Basta de chamuyos: que Milei y Figueroa pongan los fondos!
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Un rechazo creciente de los obreros al gobierno de Milei.
En una masiva asamblea de miles de trabajadores petroleros en Añelo, corazón de Vaca Muerta, el gremio de Neuquén, Río Negro y La Pampa votó adherir al paro general del 10 de abril. La medida se aprobó luego de semanas de indefinición en que la dirección sindical no confirmaba su participación. La asamblea multitudinaria careció de cualquier deliberación, ya que solo consistió en un informe de la comisión directiva. En cambio, el sindicato de petroleros jerárquicos votó no parar.
La adhesión al paro expresa el repudio de los petroleros al gobierno de Milei y un cambio de táctica de la dirección del gremio con el gobierno nacional. Ocurre que tras la convocatoria al paro general el secretario general Rucci difundía mensajes con elogios al presidente y hablaba de “no poner palos en la rueda”. Sin embargo, el cuadro de bronca creciente contra la política salarial, las condiciones de seguridad y la defensa de los puestos de trabajo han sembrado terreno fértil para la acción de lucha.
En la asamblea la conducción del gremio reconoció el atraso salarial y los despidos en el gremio. Se señaló que se concretaron ya alrededor de 700 desvinculaciones, comienzan retiros voluntarios (despidos encubiertos), y hay una gran incertidumbre por el cuadro internacional que cuestiona el entusiasmo de un nuevo año récord de producción. Mocionaron una semana de plazo a las empresas, de lo contrario habrá nuevas medidas.
La adhesión al paro no incluye movilización, y tampoco se realizaron o se mencionaron medidas organizativas para garantizar en lo concreto el paro efectivo en toda la industria. Pese a ello es indudable que el rechazo creciente de los obreros al gobierno de Milei y las demoras en los reclamos salariales, seguridad laboral y garantías por los puestos de trabajo presionó para un cambio de orientación de la dirección.
El paro petrolero en Vaca Muerta es un golpe al gobierno. A garantizar su éxito en toda la industria.
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El sindicato de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que agrupa a más de 22.000 trabajadores, no ha confirmado su participación en el paro general del 10 de abril. A solo dos días del inicio del paro, anunciado hace varias semanas, la indefinición de la dirección de Marcelo Rucci es una confesión de que no participarán, y, si lo realizan, será sin organización del mismo dejando a los petroleros a merced de las empresas. En los lugares de trabajo, no hay ningún llamado a parar y solo se convocó a la asamblea del miércoles con carácter informativo.
Para que la entregada del gremio no sea tan evidente, su secretario general, Marcelo Rucci, convoca a una asamblea general este miércoles 9 de abril a las 10 de la mañana en Añelo, cabecera de Vaca Muerta. El argumento de la iniciativa es discutir, según declaraciones en los medios, un cambio de diagrama en el régimen de trabajo de 2x1 a 1x1 (Pasar de 14 x7 a 7x 7 días de trabajo).
La preparación de la asamblea viene con la típica arenga y verborragia de la dirección del gremio y denuncias de incumplimientos por parte de las empresas. Sin embargo, las declaraciones previas a la asamblea y la orientación del sindicato revelan que asistimos a una puesta en escena para ir a un nuevo pacto con las petroleras. Seguramente se anunciará algún paro, para luego ser levantado unas horas antes. Ocurre que en una reciente entrevista al diario infobae, el secretario general del gremio señaló que: “cumplió el empresariado y nosotros también cumplimos con la paz social. Siempre son difíciles las paritarias, nunca son fáciles porque obviamente hay desencuentros, pero lo importante es que tenemos un buen diálogo” (Infobae, 15/03). En dicha entrevista se cuida de una crítica a Milei, elogia al gobernador neuquino y señala que las operadoras vienen cumpliendo los acuerdos de seguridad en el trabajo. 15 días después convoca a asamblea y habla de incumplimientos cuando el último acuerdo sobre condiciones de seguridad viene hace mas de un año.
En esta tónica, el sindicato impulsa en sus redes sociales la orientación de que el trabajador debe cuidarse con frases “si no te sentís seguro, no sigas, te queremos en casa”. La campaña en marcha prepara descargar la responsabilidad de los accidentes en el trabajador y no en un esquema ultra explotador a cargo de las empresas.
Sobran razones para el paro
Los motivos para ir al paro general en petroleros son profundos. Es que existen reclamos salariales cuando está en curso la negociación paritaria, las condiciones de trabajo, la seguridad laboral y la defensa de los puestos de trabajo. Esto, en el contexto nacional e internacional que arroja fuertes incertidumbres en la industria energética y prepara nuevos ataques a los petroleros. Sucede que asistimos a una profundización de la guerra comercial con una tendencia internacional de las petroleras a concentrar sus inversiones en otros territorios, por ello importantes pulpos se han retirado de Vaca Muerta como Exxon Movil, Equinor o se han paralizado proyectos megamillonarios como el de Petronas. Así también, la perspectiva marca una tendencia a la baja del barril de petróleo cuestionando los pronósticos de un alza en la producción en Vaca Muerta.
Asimismo, la devaluación reclamada por las petroleras y el gobernador Figueroa, serán un nuevo golpe al salario.
Por ello, más que nunca, los petroleros de Vaca Muerta y de todo el país deben ponerse en pie de lucha y parar este jueves 10 ante la perspectiva concreta de una nueva ofensiva al salario, las condiciones y los puestos de trabajo. La salida pasa por la unión de los trabajadores y no la competencia como pretende el gremio que rechazó que Halliburton traslade trabajadores de Chubut a su base de Neuquén.
La participación de los petroleros en el paro general del 10 de abril sería un enorme golpe a todo el plan antiobrero del gobierno criminal de Milei, las empresas y un espaldarazo a los reclamos concretos del gremio.
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Como cada 4 de abril, el activismo y la oposición en Aten realizamos un acto sobre la ruta donde fue fusilado el compañero Fuentealba. Este año tuvo la particularidad de estar fresco aún en nuestras retinas el fusilamiento en grado de tentativa del fotógrafo Pablo Grillo, a manos de las fuerzas represivas comandadas por la ministra Bullrich. Por eso el acto estuvo cargado con la sumatoria de la emotividad de ese momento.
Los puentes políticos entre aquel 4 de abril de hace 18 años atrás y el 12 de marzo de este año en el Congreso, son inevitables. El acto en Arroyito, al pie del cartel y el mural que recuerda al Carlos real, al militante socialista, tiene el inmenso valor de marcar el contraste con la imagen desbarbada y ligada a mariposas con que lo muestra el TEP y la Ctera. Carlos era docente, sí, pero además un militante revolucionario, y pretenden despojarlo de esa condición.
Pero, además, el acto en Arroyito, en el exacto lugar donde fue fusilado, tiene otro valor histórico fundamental. Ese lugar está a siete kilómetros del puente que íbamos a cortar aquella mañana del 4 de abril. Es decir, marca la ferocidad de la cacería y persecución con que los milicos de Sobisch encararon la represión ese día. Nos gasearon y dispararon durante todo ese trayecto.
Para la conducción baradelista de Aten resulta dificultoso acercarse a ese acto, donde Carlos es reivindicado como un militante socialista y se condena a los gobiernos cómplices del MPN y el actual. Máximo cuando tampoco pusieron todo para la marcha y acto que la conducción de Aten convocaba. El paro facilitaba que la conducción pusiera todos los medios para masificar ese día una marcha provincial y un acto frente a la Casa de Gobierno. Algo elemental, ya que el actual gobernador, Rolando Figueroa, fue integrante del gabinete de aquel gobierno de Jorge Sobisch.
Sin embargo la conducción provincial de Aten no movilizó acorde a la situación. Hubo seccionales que dirige el TEP-Celeste que organizaron actividades locales en el interior y no viajaron a la capital. Tampoco la movilización terminó con un acto frente a la Casa de Gobierno. Menos aún se rozó en los discursos la participación de Rolando Figueroa en las filas del gobierno de Sobisch en el mandato 2003-2007. Todo un tributo a la “gobernanza” que pregona el gobernador.
Luego del cierre de las causas Fuentealba I y II, el máximo responsable político del fusilamiento, tras 18 años, nunca estuvo imputado en ninguna de las dos causas. Apenas fue citado como testigo a requerimiento de la querella en la primera causa (la que centraba la imputación en el autor material del disparo), como si éste hubiera actuado a título individual, sin mandos superiores y sin ser parte de un operativo que fue planificado al detalle, el día anterior, en una reunión en Casa de Gobierno.
Por lo cual la estrategia por la que optó el abogado de Aten de desdoblar las causas, separando el juicio al autor material de un segundo juicio a los responsables políticos, se trató (al menos) de un error fatal. Y era un cuestión evitable, habida cuenta del resultado que años antes había tenido un desdoblamiento similar en la causa por el asesinato del soldado Carrasco en un cuartel de Zapala: solo condenaron a los “perejiles”, pero quedaron impunes el encubridor ministro de Defensa de Nación, Oscar Camilión, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Martín Balza y otros.
De modo que era prácticamente inevitable que el desdoblamiento de la causa Fuentealba, terminara también en la impunidad de Sobisch, de su subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli (ya fallecido), de su jefe de Gabinete, Jorge Lara, ahora funcionario del gobernador Rolando Figueroa y a quien este homenajeó el año pasado por su “extensa trayectoria laboral al servicio de la provincia del Neuquén”. La cual debe incluir con certeza la planificación del “operativo Arroyito” cuando era jefe de Gabinete de Omar Sobisch.
Así las cosas, y habiendo sido citado como testigo en el juicio contra Poblete, para imputar a Sobisch en el juicio de la causa Fuentealba II, había que presentar pruebas contundentes, hechos nuevos relevantes y activar dicho expediente. Nada de eso realizó el abogado Palmieri.
La impunidad de Sobisch
De modo que cuando la querella del abogado de Aten quiso imputar al ex gobernador Jorge Sobisch, y denunció inacción de parte de la justicia, el Tribunal Superior de la provincia le dio una respuesta lapidaria por un lado, y por el otro le sirvió para autoabsolverse de toda responsabilidad en lo actuado para la impunidad legal del ex gobernador.
En la causa caratulada “DR. GUSTAVO EDUARDO PALMIERI S/ RECURSO DE QUEJA EN AUTOS: ‘FISCALÍA DE CÁMARA S/ INVESTIGACIÓN – EXPTE. 38150/07’”, el máximo tribunal expresó reproches al abogado Palmieri como “inactividad de la parte querellante durante el transcurso de la investigación”, “…pasaron cinco meses desde su finalización hasta el momento en que se materializa el planteo”, “…contradicción en que incurre la querella cuando en la causa referida supra (nota: causa Fuentealba I) solicitó que Jorge Omar Sobisch preste declaración testimonial y en la presente, con base en el mismo plexo probatorio, solicita se lo impute y se lo llame a prestar declaración indagatoria”, “…la nula actividad de esa parte durante el extenso curso de este proceso. No propuso ni una sola medida, ni una sola diligencia, ni una sola prueba. Después de casi dos años de promovida la acción penal por requerimiento fiscal de instrucción”. Y remata diciendo: “Obstruir consiste en impedir un accionar, en estorbar su realización. No se puede impedir o estorbar lo que no se hace”.
Cuando tras años de luchas y muchos actos y movilizaciones de las y los trabajadores de la educación se logró reabrir esta causa, ya con otros abogados querellantes, las imputaciones solo alcanzaron a algunos jefes policiales y otros policías, pero acusados nada más que de “abuso de autoridad”, como si el fusilamiento hubiera sido un “exceso”. Ni siquiera se los imputó o condenó por encubrimiento. Estas condenas, aunque constituyeron una victoria política de la lucha de miles y miles de trabajadores de todo el país, y especialmente de Aten como sindicato, no puede dar por cerrada esa lucha.
Lo que expresó precisamente el discurso del secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, en el acto de este 4 de abril y dijo antes en muchas ocasiones: “es lo máximo posible de justicia completa”, para Sobisch queda “la condena social”. Han pasado 18 años, pero con el ejemplo de las Madres y diversos organismos de Derechos Humanos, jamás deberíamos resignar la posibilidad de imputar y obtener una condena al máximo responsable del fusilamiento de Carlos.
Esta probado ante los tribunales que hubo un operativo planificado por el gobernador, su gabinete y las cúpulas policiales. Que el subsecretario de Seguridad estaba en Arroyito dirigiendo y supervisando personalmente ese operativo y en comunicación constante con el gobernador. Tal y como se logró condenar al burócrata Pedraza como responsable político (aunque ni siquiera estaba presente en la escena) por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, hay motivos para decir ¡Cárcel a Sobisch!
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Se votó para la federación nacional de docentes universitarios en Adunc.
El 31 de marzo y 1 de abril se realizaron las elecciones para la Conadu Histórica, nuestra federación de docentes universitarios, en Adunc, gremio docente de Comahue. Los resultados arrojan un importante avance de la Multicolor, que aumentó en un 50% los votos en relación a la elección anterior pasando de 73 a 108 votos, al tiempo que decayeron considerablemente los votos en blanco o nulos. Nuestra lista se ha convertido en una herramienta de expresión de la voluntad de lucha y del descontento con la dirección actual.
Los resultados ponen de manifiesto el trabajo colectivo que hemos puesto en pie a través de un agrupamiento de lucha en gran parte de Comahue, conformado por la Naranja Universitaria (PO + independientes), Rompiendo Cadenas, PTS, IS y docentes independientes luchadores que se han sumado a la Multicolor. Un antecedente de estos últimos guarismos fue la elección del Asentamiento Neuquén de Adunc, que permitió sumar una minoría a la directiva dirigida por el PCR y sectores del kirchnerismo.
Durante el año pasado desde la Multicolor, que cuenta con proyección nacional en todos los sindicatos de base y minoría en la mesa ejecutiva de la ConaduH, hemos planteado la necesidad de una dirección antiburocrática y con independencia política de los gobiernos nacional, provincial y especialmente de los rectores. Esta necesidad surge atento a la entrega de la lucha que hizo la dirección nacional de la ConaduH en momentos que la universidad se ponía de pie y realizaba masivas movilización por el presupuesto para asegurar la calidad de la educación.
El resultado de esta entregada fue la pérdida del salario docente en 70 puntos porcentuales en la era Milei, lo que ocasiona que muchos docentes renuncien y se vacíen las cátedras. Ese cuadro erosiona la posibilidad de que “efectivamente” la universidad sea accesible para las clases populares, se garantice la ciencia y la técnica y la investigación científica y de extensión. Los rectores no resuelven la situación del pago de los servicios para funcionar, mientras avanza el plan de guerra de Milei.
Es el caso de Comahue la rectora Beatriz Gentile arregló con Rolando Figueroa que el gobierno provincial se haga cargo de las facturas de luz en dos sedes, a cambio de asistencia técnica y logística de parte de sus profesionales. La semana pasada el intendente Gaido se comprometió a pagar 269 millones de facturas de luz de 4 meses. Todo un retrato del papel del kirchnerismo de sometimiento a la política de ajuste y miseria del gobierno de Milei sobre las universidades.
Por eso nuestra campaña ha sido la denuncia de la política de cierre de las universidad en relación a las garantías estatales del funcionamiento sobre la base de la independencia política y las libertades de pensamiento y de la investigación científica. La necesidad de que el presupuesto universitario no esté atado a la política privatista, de negociados capitalistas y acuerdos con los gobiernos “motosierra” como el de Figueroa en Neuquén.
Así las cosas, nuestra campaña militante conto con la presencia de Patricio Grande, docente universitario de la Naranja e integrante de la mesa ejecutiva de la ConaduH, con quien hicimos reuniones en Fiske Menuco y en Neuquén que aportaron aumento del caudal de votos en esos asentamientos. El resultado, no obstante, no alcanzó para incorporar otro congresal, quedando la Lista 1 con 4 congresales y la Lista Multicolor con 1, para el congreso ordinario del 8 de abril que elegirá la nueva mesa ejecutiva de la Federación.
Sobre esta base vamos a fortalecer este agrupamiento combativo en el resto de los asentamientos donde tenemos una presencia en función de las elecciones de la comisión directiva y asentamientos de Adunc el año que viene.
Este es el compromiso que asumimos desde la Naranja universitaria y el Partido Obrero como tarea en Comahue, porque el programa de la Multicolor es el único que enfrenta la claudicación de los y las rectorxs y las direcciones sindicales frente a la destrucción de la universidad pública, estatal, gratuita y de calidad que merece la clase trabajadora.
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Este 1 de abril, las y los trabajadores de Cerámica Neuquén desenvolvieron un corte en ruta provincial 7 a la altura de la fábrica con la exigencia de la urgente reconexión de la energía eléctrica a los fines de mantener los puestos de trabajo. La acción obrera, que comenzó desde las 6 de la mañana, fue acompañada por Aten capital, Plottier, Centros de Estudiantes y organizaciones de izquierda, entre ellas el Partido Obrero. Luego de dos horas de bloqueo, los obreros/as fueron recibidos en Casa de Gobierno por el directorio de Calf, empresa que administra la energía en la ciudad. En dicho encuentro, la dirección de Calf montó una nueva provocación al rechazar la propuesta obrera de abonar las boletas vencidas y reclamó el pago total de la deuda, la cual es impagable y asciende a los $100 millones. Ocurre que el débito de la cooperativa obrera no tiene raíz en la falta de voluntad de pago de los trabajadores. Por el contrario, responde a las tarifas altísimas que son parte del proceso de tarifazos que soporta la población. Los que pagan los compañeros/as de cerámica Neuquén contrasta con los subsidios de numerosas empresas en el parque industrial y con las exenciones impositivas destinadas a beneficiar la patria contratista, la sociedad rural neuquina, hoteleros y operadoras petroleras.
La intransigencia de Calf cuenta con el apoyo del gobierno de Figueroa. Es que, a pesar de la demagogia oficial, el cuerpo directivo de cooperativa de energía está encabezado por Marcelo Silvestrini, un hombre del actual gobernador.
Existe, entonces, una decisión oficial de avanzar contra la experiencia ceramista, dejando 50 familias en la calle. Por ello, hay que redoblar el apoyo empezando por un llamamiento de los socios de Calf para rechazar la posición de la directiva, la política de tarifazos y exigir la apertura de las cuentas y balances contables.
Por otra parte, impulsar el apoyo activo en las jornadas de lucha de este jueves, difundiendo el reclamo de la defensa de la fabrica y los puestos de trabajo, explicando las boletas impagables productos de los tarifazos. Impulsemos, en definitiva, una lucha común contra los aumentos en las tarifas y la defensa de Cerámica Neuquén.
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Uno tras otro, diversos alertas sociales anuncian cómo se deteriora la vida de los sectores populares y más empobrecidos en la provincia de Neuquén.
Teniendo en cuenta que los datos oficiales marcan que para el primer semestre del 2024, la pobreza abarcó al 40,4% de la población, y que en la indigencia sobrevive el 11,6% de la misma, las condiciones están dadas para la degradación de la vida a nivel general.
Recurrentemente, los medios periodísticos destacan estos aspectos. Y los gobernantes se refieren a ellos pero desligándose de toda responsabilidad sobre el tema.
Hace pocos días el gobernador se refirió, por ejemplo, al aumento de personas viviendo en la calle. Lo adjudicó a la llegada de migrantes provenientes de otras provincias, que vienen buscando trabajo en la industria energética. Como si eso fuera un explicación coherente.
El gobernador debería explicar por qué un aumento de la extracción de riqueza hidrocarburífera no provoca, como consecuencia, la elevación de las soluciones habitacionales respecto a las necesidades de la población. Se tapa de esta manera que, como lo han afirmado muchas de esas personas que viven en la calle, han llegado allí por no poder afrontar los precios de los alquileres y ante la falta de la construcción de planes de viviendas que remedie el déficit habitacional crónico.
Respecto a esto, el gobernador se limita a ensayar diagnósticos y comentarios, pero no soluciones. Por ejemplo ha dicho que “si bien Neuquén ha crecido con una política de puertas abiertas y que no se busca impedir la llegada de personas de otras provincias, dejó en claro que la gestión provincial está enfocada en atender primero las necesidades de los habitantes locales” (LMN 29/3). O cuando repite, desde su campaña electoral hace dos años, que Neuquén tiene “un retraso de infraestructura de alrededor de 4 mil millones de dólares” (ídem).
Bueno, ¿pero qué ha propuesto que no sea agravar ese déficit en lo habitacional? En el presupuesto 2025, luego de cerrar el año 2024 con un superávit fiscal de 540 millones de dólares, la construcción de viviendas presupuestadas es una gota de agua en el desierto.
Pero no se priva de correr con la policía a quienes son arrojados a vivir en la intemperie por culpa de un gobierno que solo tiene una preocupación: garantizar el lucro de las hidrocarburíferas y destinar el superávit a subsidiar a terratenientes y empresarios.
Las drogas
El alcoholismo muchas veces hace estragos ante la falta de perspectivas de trabajo y de vida, golpeando con gran impacto entre la juventud.
Los boliches cuentan con protección desde el poder, como lo desnudó la desaparición hace años del estudiantes Sergio Avalos en el “boliche” más popular de la época. Y se les permite actuar a los dealers garantizando el negocio de la droga. Los periódicos dan detalles del aumento del comercio de la cocaína y una droga denominada tusi, que se vende adulterada y es mortal.
El gobierno, como respuesta, ha lanzado un plan para combatir el narcomenudeo, que es actuar sobre el efecto y no la causa. Ningún kiosco de narcomenudeo barrial podría fabricar los grandes cargamentos de droga que circulan por la provincia.
Hay sectores donde las largas y extenuantes jornadas laborales son un campo propicio para el consumo y las adicciones. Esto ha sido reconocido hasta por los dirigentes sindicales de esos sectores.
Por otra parte, en las barriadas, la inmensa mayoría de la población laburante que las habita está harta de conocer cada cueva narco de su cercanía (que son desmanteladas a cuentagotas). No es un tema secreto, es “vox populi” donde se trafica. Sin embargo, la Fiscalía y la policía provincial solo actúan cada tanto para la foto y para sostener la imagen como si estuvieran combatiendo el narconegocio, aunque siguen sin afectar a los peces gordos.
La lucha a los tiros en las barriadas es la tónica de cada noche, y aún a plena luz del día, sembrando el terror de los vecindarios. Vamos camino a la “mexicanización” de la provincia, a ser la Rosario de la Patagonia.
Suicidio juvenil
Según datos publicados, el suicidio es “la segunda causa de muerte en la franja que va desde los 15 a 29 años”. Una calamidad.
Pero incluso, la docencia sabe, que se registran casos o intentos, en estudiantes del nivel primario. Pero como es un tema tabú, no se difunden datos oficiales. Por ejemplo Carlos Soto, de una fundación involucrada en el tema, dijo que "la Mesa Intersectorial para la prevención del suicidio dejó de funcionar a fin del año pasado" (LMN 22/12).
A esto debe agregarse el continuo desmantelamiento de los sectores dedicados a la salud psicológica en los hospitales y de los organismos ministeriales que tienen como objetivo ejecutar una política de prevención.
La tuberculosis
Con motivo de que los 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, los especialistas han informado un aumento considerable de casos en la provincia.
Según el boletín oficial de prensa, en el año 2022 se registraron 64 pacientes; bajó a 51 en el año 2023, pero en el año 2024 “se registraron 74 casos con una tasa de 10,9 por 100.000 habitantes” (Neuquén Informa 24/3).
En el año 2022 la tasa mundial por habitante era de 31,4 cada 100.000 habitantes. De modo que la incidencia sobre la población neuquina no es una cantidad que pueda considerarse menor. Es una tasa que está al nivel de Costa Rica o Bahamas, por ejemplo.
Hay que tener en cuenta que “para que se produzca el contagio, el contacto con la persona con tuberculosis debe ser cercano y diario” (Neuquén Informa 25/3).
Es que la tuberculosis es una enfermedad que encuentra en la desnutrición y el hacinamiento su ambiente propicio para el contagio. Dos condiciones que abundan en la pobreza e indigencia… y en las escuelas. Porque las aulas superpobladas y mal ventiladas (que son casi todas) generan un ambiente propicio.
El consumo de leche, un alimento fundamental en la dieta, se ha derrumbado en el país, y Neuquén no es la excepción. Lo mismo en el caso de la carne y otros alimentos claves para evitar el desarrollo de la tuberculosis.
Según los anuncios oficiales, el “Programa Provincial de Control de la Tuberculosis y Lepra, dependiente del programa nacional que lleva el mismo nombre, tiene como objetivo poner fin a la epidemia de tuberculosis para el año 2.030, una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. Podría decirse que dicho programa va camino al fracaso, según los propios datos oficiales. Como son un fracaso las acciones oficiales sobre cada flagelo que castiga a la población pobre en la provincia de Vaca Muerta.
Fracaso que es causado por la orientación social procapitalista de los gobiernos. Hay que dar vuelta la todo para que los pobres coman pan. Es nuestro objetivo, pero la Fiscalía por cuenta y orden del gobierno prefiere perseguir con causas truchas a las organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero, y retacear la asistencia a merenderos y comedores barriales.
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El sábado 29, 14 personas fueron detenidas en el aeropuerto internacional de Bariloche y en Aeroparque cuando se disponían a viajar a Capital Federal con destino final Brasil. Entre los detenidos esta el personaje conocido como Konstantin Rudnev,quien cumplió condena por delitos de abuso sexual en Rusia y es sindicado como jefe de una secta conocida como Ashram Shambalá.
Esta organización, bajo el ropaje de actos rituales, yoga y otras disciplinas, impone la esclavitud y vejaciones sexuales a mujeres de diferentes partes del mundo. Esta banda tiene múltiples denuncias vinculadas a desapariciones, principalmente en Montenegro. La horrenda actividad se vincula también con la venta de bebes que surgen de los embarazos de las personas en condiciones de trata.
Asimismo, la organización también tiene vínculo con el narcotráfico. El líder de la secta fue encontrado con más de 131 pastillas de cocaína, camionetas y una red de comunicaciones. Por otra parte, toda indica que las mujeres detenidas, junto al líder de la banda, eran víctimas de esta organización atento a su cuadro de salud y deterioro físico. Cuatro de ellas, están en condiciones de malnutrición.
Las detenciones se producen luego de un recorrido investigativo que tiene origen en el hospital. Ocurre que una de las mujeres en condición de explotación sexual fue a consultas médicas por su embarazo. A las trabajadoras del hospital local les llamó la atención, no solo la edad de la menor, sino que siempre iba acompañada de dos personas que no le permitían dialogar ni intercambiar con las trabajadoras de salud. Fruto de esta denuncia, la justicia comenzó actuar.
El episodio ocurrido ha generado un alto impacto e impone algunas conclusiones. En primer término, que la trata de personas en nuestra zona es una realidad concreta y se destapa la olla del mal llamado “turismo sexual” donde compañías de turismo vip incorporan en sus “servicios” secretos el acceso a la prostitución. Es que Bariloche y la Comarca Andina son sedes de eventos empresariales de primer nivel, con tránsito y estadía de terratenientes, banqueros y capitalistas. Todos bajo la responsabilidad del poder político empresarial del turismo.
En segundo término, la impunidad y responsabilidad estatal en todos sus estamentos. Ocurre que tuvo que pasar un hecho “doméstico” para que se iniciara una investigación, cuando aún se desconocen los tiempos y lugares de funcionamientos. El alerta se activó a la salida de Bariloche, pero se imponen interrogantes de por qué los alertas de esta organización no se activaron al ingreso y circulación en el país.
El negocio capitalista de la trata, en realidad de esclavitud, se produce por la complicidad e impunidad del poder en todas sus ramas, justicia, gobierno, fuerzas represivas y crece al compás de la descomposición social de un régimen social que busca una tasa de ganancias a costa de cualquier precio. En este caso, a costa de la vida de las mujeres e infancias.
Para las organizaciones de lucha y sindicales lo sucedido interpela a redoblar tomar el tema en su manos, exigir una investigación independiente y luchar por el desmantelamiento de las redes de trata.
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En un acto junto al ministro de Seguridad de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa entregó equipos al grupo especial Uespo de la policía provincial, para enfrentar “situaciones de riesgo”. Se trata del tristemente célebre equipo que actuó en Arroyito cuando fusilaron al compañero Carlos Fuentealba.
El monto destinado a tal fin supera los $ 1.100 millones, que contrasta con el ajuste que sufren comedores y merenderos barriales.
Resulta toda una definición que el gobierno haga un acto de equipamiento de su brazo represor a escasos días del 24 de marzo y a horas de dos fechas que recuerdan dos actuaciones represivas contra huelgas de Aten: en 2006 cuando una patota integrada por punteros del MPN, policías y buchones de la Uocra desalojó el piquete sobre la planta de YPF en Plaza Huincul; y el 4 de abril de 2007 cuando se produjo el fusilamiento de Carlos Fuentealba por parte de esta misma policía que ahora es equipada con sofisticadas armas, municiones y cascos.
El ministro de Seguridad lo dijo sin eufemismos: “modernizar a la Policía y hacer ahorros, evitando gastos superfluos para que los fondos vayan donde deben ir… nuestra tarea es brindar las mejores herramientas y equipamiento ” (LMN 28/3).
Continúa la motosierra en 2025
Mientras se destina al aparato represivo un monto equivalente a la construcción de varias aulas, o que serviría para incrementar las partidas de refrigerio de las escuelas, el gobernador acaba de anunciar que en lo que resta del año se implementará un recorte del 12% en los gastos corrientes.
Toda una definición, porque se trata de los gastos que presupuesta el Estado para atender la educación y salud, las obras públicas, la ayuda social, etc, gastos que de ninguna manera son “superfluos” y que deben incrementarse, no recortarse.
El gobernador no incluyó entre los recortes otros egresos, como los montos destinados a pagar la deuda dolarizada y sus intereses usurarios. Esa deuda está garantizada con los ingresos del fisco provincial (regalías, coparticipación nacional), por lo que los acreedores buitres tienen asegurado cobrar hasta el último centavo de dólar.
Una garantía que no tienen los vecinos de las barriadas para obtener aunque sea una comida diaria en los comedores, o las mujeres sometidas a situaciones de violencia o que las proteja de sus agresores.
Menos aún incluye recortar las eximiciones impositivas o subsidios destinados al empresariado local y a las multinacionales que operan en la provincia. Es la fiel expresión del papel de los gobiernos que administran el Estado por cuenta y orden de la clase capitalista.
Esto es lo que impulsa la militarización de las fuerzas policiales locales. Que esta militarización sea para combatir mejor al narcomenudeo es un cuento chino. Cada vez que desarman un kiosco narco se abren varios otros, pero además cada vez que se desmantela una banda importante queda en evidencia que se trata de una caída en desgracia o una vendetta de bandas rivales.
Lo muestra el caso del decomiso hace unos meses de 780 kilogramos en cocaína valuados en U$S15 millones en la pequeña localidad neuquina de Caviahue, próxima a la frontera con Chile, que ni mosqueó a la policía neuquina. A pesar que como informan los medios la banda “planeaba cruzar la droga a Chile en un convoy de camionetas, tras reunirse en un complejo de cabañas de Caviahue, para seguir luego por un paso fronterizo. Una curiosa empresa porteña, una ganadera en los papeles, había pagado su estadía en el complejo, con un depósito de 680 mil pesos” (Infobae 8/7/2024).
Quienes conocen Caviahue saben que semejante movimiento en la pequeña localidad es imposible que pase desapercibido.
Queda entonces claro a quienes están destinadas las armas, municiones y equipos que ha recibido la Uespo.
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No se hicieron las reparaciones durante el verano.
El CPEM N° 95 de Manzano Amargo no tiene clases por problemas de infraestructura. Las reparaciones de la institución se realizarían en las vacaciones de verano, pero comenzaron posteriormente y por esto permanece cerrada. Esta institución ubicada en el norte neuquino, cuenta con dos planes (Plan 159 para el ciclo básico) y el Plan 054 de Bachiller con Especialidad en “Servicios Turísticos”.
Los/as alumnos/as de la institución están compartiendo un comunicado para poder llevar adelante la visualización del problema que significa no tener clases a esta altura del año y reclaman una solución.
Los chicos y chicas no quieren volver a tener clases en trailers, por los problemas que representa no tener un edificio propio. En la provincia de vaca muerta deberían garantizarse los recursos para la reparación y construcción de los establecimientos necesarios para estudiar.
Mientras el gobierno monta una campaña en redes sobre las "grandes inversiones escolares", lo real es que muchas escuelas no están en condiciones y no tienen clases por problemas de infraestructura, por obras atrasadas, por falta de transporte, entre otros.
Estamos a punto de comenzar abril y el único camino es la organización de la comunidad educativa, por la una solución inmediata para comenzar las clases en escuelas en condiciones, el gobierno de Rolando Figueroa y la ministra Soledad Martínez deben responder a estas demandas. La ministra de Educación montó una campaña contra la docencia que rechaza el presentismo, pero cuando se trata de los reclamos escolares las soluciones hay que arrancárselas. Mientras apoya las reformas educativas en la escuela secundaria que van en detrimento de los derechos de docentes y alumnos, Martínez hace la vista gorda ante todos los problemas edilicios y de infraestructura.
Plata para educación, por presupuestos que se ajusten a las necesidades. Por la defensa de la escuela pública.
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El jueves 27, organizaciones piqueteras y sociales, entre ellas el Polo Obrero, FOL, CTEP, FPDS y compañeros y compañeras de Cerámica Neuquén desarrollaron acciones en las rutas en defensa del trabajo y por la creación de nuevos puestos.
Los ceramistas, desde las 9 hs, llevaron a cabo un corte en ambas manos de la ruta provincial 7, a la altura de la fábrica.
Los compañeros y las compañeras de Cerámica obtuvieron el apoyo de delegaciones de ceramistas de Fasinpat (ex Zanón), organizaciones y estatales.
Las compañeras de Tribuna Estatal, en el marco del paro nacional de ATE, se hicieron presentes para aportar su solidaridad, tanto a ceramistas como a las organizaciones.
El corte de ruta fue preparado por jornadas de luchas previas, atento a que hace siete semanas se encuentran sin el suministro eléctrico producto de las impagables tarifas de luz. Las y los compañeros invierten más recursos en las boletas de energía que en materia prima y en salario, siendo inviable este esquema tarifario.
Fruto de la medida, el gobierno convocó a los ceramistas y se espera que en las próximas horas la cooperativa Calf, empresa que administra el servicio de energía, apruebe una propuesta de pago y de funcionamiento que le permita a la gestión cooperativa obrera impulsar la producción para la defensa de los puestos de trabajo.
Por su parte, las organizaciones se apostaron en la autovía norte, de fuerte circulación petrolera e industrial. Allí, realizaron una volanteada que resumía las denuncias de incumplimiento del gobierno sobre la creación de puesto de trabajo y propone la necesidad de un plan de obras públicas a tono con las enormes necesidades populares. La recepción de la agitación fue muy positiva y dejó la gran tarea de seguirla.
La unidad lograda fue de enorme importancia porque instaló en la escena provincial el cuadro de pobreza, indigencia y la orientación social del gobierno provincial. Por parte de las organizaciones, y del Polo Obrero en especial, proponemos continuar con la campaña en los barrios populares empadronando y convocando a las y los desocupados a luchar por trabajo contra el gobierno rabiosamente antiobrero de Figueroa. A seguirla.
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El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, luego de haber aplicado una motosierra a fondo contra los gastos fiscales para educación, salud, ayuda social y obras públicas durante todo el año pasado, se jactó de haber cerrado el ejercicio 2024 con un “ahorro” de 1.000 millones de dólares y un superávit fiscal 570 millones de dólares.
Dijo que semejante ajuste a los sectores populares y laburantes permitiría encarar el presente año con un festival de obras públicas y de “política social”. Pero, apenas han transcurrido un mes y medio del año 2025 y ahora dice que ha solicitado a sus ministros “revisar los presupuestos para este año y aplicar un recorte en los gastos corrientes”, según cita el diario LMN del 25 de marzo.
Tres días antes, el 22 de marzo, el boletín oficial de prensa del gobierno, publicó declaraciones del ministro de Economía, Guillermo Koening, que afirma que “Neuquén tiene un 60% de sus ingresos dolarizados, que se ven perjudicados porque la inflación supera al tipo de cambio, y agregó que otro inconveniente es la baja en los precios internacionales de petróleo”.
El ministro reforzó sus concepto diciendo que tienen que “ser restrictivos con los gastos sin afectar la provisión de los servicios básicos que tiene que prestar el Estado, como salud, educación y seguridad porque para eso los contribuyentes pagan sus impuestos”, (Idem).
Es una broma de mal gusto. Porque el gobierno provincial ha bancado políticamente y a través de sus diputados y senadores afines cada iniciativa parlamentaria del gobierno nacional, desde el DNU 70/2023 hasta el reciente DNU del cheque en blanco para un acuerdo con el FMI.
Lo que ocurre es que Milei-Caputo se resisten a devaluar previo a las elecciones, y habiendo suspendido las Paso, octubre les queda muy lejos. En tanto la inflación se mantiene en porcentajes que no ceden por debajo del 2% mensual y muestran signos de reactivarse.
Por eso el gobernador, en su discurso inaugural de las sesiones en la Legislatura, clamó por la devaluación, elogiando la que ejecutó Milei ni bien asumió. Como pasa el tiempo y no se produce la misma, el gobierno de Rolando Figueroa ha decidido incrementar el nivel de metida de mano en los bolsillos de la población de menores recursos, y también en los asalariados del Estado. Mientras las obras pública que se han iniciado este año, marchan a ritmo de cuentagotas.
La mano nada invisible
Otra broma de mal gusto del ministro Guillermo Koening es eso que cuida a los habitantes neuquinos porque pagan impuestos.
Es sabido que los gobiernos como acicate para que los sectores populares paguen impuestos difunden el slogan que “los impuestos vuelven en obras al pueblo”.
Dos ejemplos para ver cómo entienden este slogan el gobernador Figueroa y el ministro de Economía Koening son: 1) Si los impuestos que pagan los habitantes de los sectores populares vuelven en obras, el Estado debería construir con lo recaudado de esos impuestos, por ejemplo, los planes de viviendas populares. Planes que brillan por su ausencia los últimos años ante un déficit habitacional creciente. Pero el actual gobierno se ha puesto el guante blanco y ha lanzado no un plan de viviendas sino un plan de recupero de las cuotas de pago de las viviendas construidas hace décadas. Se aplica así el criterio que el vecino de a pie, debe pagar dos veces por las obras públicas. Una cuando paga el impuesto, y otra cuando paga la cuota de la vivienda familiar que le hayan adjudicado; 2) Otro ejemplo de doble pago para los sectores populares es el caso sobre los servicios de salud. Recientemente el boletín oficial de prensa se jacta en voz de las autoridades del Ministerio de Salud, que durante el año 2024 los hospitales recaudaron $16.810 millones en concepto de recupero financiero. Un tributo que deben pagar quienes acuden a un hospital teniendo una obra social. El gobierno pasa por alto que la salud pública se sostiene con lo que paga de impuestos ese ciudadano que por las limitaciones o el coseguro que cobra su obra social, prefiere atenderse en el hospital público por el cual paga sus impuestos. O que debe recurrir al hospital porque, excepto en la capital, por la noche, feriados y fines de semana, no atienden los servicios de clínicas o laboratorios privados que tienen convenios con las obras sociales. Otro caso de doble pago.
Pero, la mano abierta a las patronales
La contracara de estos dobles pagos que sufre la población laburante es el trato fiscal para los empresarios. En el mismo boletín de prensa oficial se anuncia que el gobierno acaba de destinar $1.000 millones para apoyo de las patronales frutícolas que “que tengan menos de 100 hectáreas”, un eufemismo para destinar el subsidio a los que tienen “hasta 99 hectáreas”, que en la zona frutícola de Neuquén no es un productor familiar sino un patrón que explota mano de obra para la cosecha.
El ministro de Producción, Juan Peláez, afirma que el apoyo estatal será “a tasa cero, con un plazo de gracia de tres meses”. Un muestra acerca de cuál es la clase social sobre las que el gobierno pone su “sensibilidad social”. Mano abierta y generosa para las patronales, mano en el bolsillo de las y los asalariados.
El gobierno de Figueroa es una elenco de una orientación rabiosamente procapitalista, desde las hidrocarburíferas y multinacionales, pasando por los terratenientes, hasta las medianas y pequeñas patronales.Para el pueblo trabajador solo hay motosierra.
Rolando Figueroa ata cada día más su suerte a la suerte del gobierno nacional, que en cierta forma ya fue coreada multitudinariamente ayer 24 de marzo: ¡Fuera Milei!.
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Este jueves 27, organizaciones sociales como el Polo Obrero, FOL, Frente Popular Darío Santillán, FOL Unidad, MTE, MST Teresa Vive y trabajadores de Cerámica Neuquén realizarán una jornada de lucha unitaria en rutas por la defensa y la creación de puestos de trabajo. La iniciativa común apunta a golpear con un solo puño a un gobierno que se jacta de provincialista pero que aplica la orientación mileísta y ejecuta un feroz ajuste.
Las razones de la actividad común son importantes. En el caso de Cerámica, desde hace más de un mes están sin luz producto de un corte intempestivo de la cooperativa Calf -que administra el servicio en la ciudad. Las y los compañeros soportan facturas impagables que atentan contra la producción y el trabajo. El gobierno provincial se presenta imparcial; sin embargo, es juez y parte ya que su funcionario, Silvestrini, es parte del directorio de Calf y de Epen, ente de energía provincial.
Los ceramistas en lucha han presentado diferentes propuestas de pago, pero el gobierno apunta al desguace de la fábrica. Están en juego más de 50 puesto de trabajo.
En el caso de las organizaciones, el gobierno incumplió un compromiso de generación de puestos de trabajo a partir de la obra pública. Durante el recorrido de un año, el gobierno fue licitando obras de veredas a cuenta gotas que llevaron a la creación de un tercio de lo prometido. Pocos trabajos y demoras en los pagos fue lo que primó en todo el 2024.
Ante estos reclamos, el gobierno agita su orientación de neuquinidad, es decir, un viejo plato recalentado del MPN sobre una supuesta defensa de la provincia y sus habitantes. Lo cierto es que el superávit fiscal obtenido en el 2024 fue de 590 millones de dólares, obtenido gracias a la motosierra sobre salarios y partidas en salud, educación y asistencia social.
Por otra parte, la administración de Figueroa apuesta a la destrucción de las organizaciones y a terminar con la experiencia ceramista. Es lo que entienden que deben disolver en momentos en que crecen los reclamos populares y luego de que cerrara acuerdo salariales de pobreza para todo el 2025 con las direcciones sindicales. La llamada “paz social” presentada como clave para los negocios en Vaca Muerta, es a merced del salario y el derecho a la vivienda y el trabajo.
Así las cosas, esta actividad común es de enorme importancia. No solo por la unidad lograda entre dos sectores de trabajadores golpeados por la enorme crisis, sino también por la estigmatización y criminalización que promueven el Estado y sus gobiernos. La actividad en concreto consistirá en una volanteada en autovía norte y en un corte en ruta 7. Se trata de una gran iniciativa que debemos desenvolver a fondo para que triunfen estos reclamos.
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En un año electoral, la indomable carestía ha encendido las alarmas para el gobierno nacional y el provincial. Un ingrediente que incentiva esa carestía es el precio de la carne, y especialmente el corte tradicional de amplios sectores populares: el asado con hueso.
El presidente Milei, para minimizar el IPC de febrero, sugirió considerarlo sin incluir el precio de la carne. Es decir, una disparatada manipulación. En Neuquén, el asunto es un tanto más complicado, porque respecto a la sanidad vacuna se traza un límite en el Río Colorado (la famosa barrera sanitaria).
Al sur de dicha barrera, el ganado vacuno se considera libre de aftosa sin vacunación, o sea, se considera la región al sur de dicho río como libre de aftosa en forma natural. Por eso la barrera impide la comercialización hacia el sur de carne con hueso, proveniente del norte del Río Colorado.
Por supuesto los estancieros ganaderos y las patronales de los “Feedlot” aprovechan la situación de tener el status de libre de aftosa como un valor agregado para exportar y hacer pagar a precio dólar, y más el consumo interno.
El gobierno nacional, zarandeado por los escándalos y la crisis económica en combinación con una inflación que no cede, tomó la medida de anular de un plumazo la barrera sanitaria y abrir la comercialización de carne con hueso al sur del Río Colorado. El gobernador de La Pampa celebró entusiasmado por cuenta y orden de sus capitales ganaderos.
Pero los gobernadores patagónicos, en especial el de Neuquén, presionados por sus respectivas sociedades rurales, tras reunirse de urgencia con el ministro de Economía y el secretario de Ganadería, informó que la medida de Milei se posterga por 90 días. Se abre en ese período una mesa técnica para encontrar “soluciones”. Para el peronista gobernador pampeño en pocos días Milei pasó de héroe a “cagón”.
El gobierno nacional reculó porque los gobernadores patagónicos le recordaron el reiterado apoyo de sus legisladores en el Congreso nacional. Por caso, el diputado neuquino de Rolando Figueroa votó al toque a favor del DNU del supuesto acuerdo con el FMI.
Ahora, el gobernador de Neuquén ha dejado trascender que tiene una propuesta para esa mesa técnica. Dijo que propondrá “lograr la unificación de todo el territorio argentino como zona libre de aftosa sin vacunación” y que “si la medida solo se limita a levantar la barrera se pondría en riesgo el estatus y no se garantizaría una estabilización de los precios”. (LMN 23/3).
Una propuesta demagógica para aparentar que se pone a la cabeza de un reclamo popular como es bajar el precio de la carne, pero que es impensable en términos siquiera del mediano plazo, y que ni roza el negocio de terratenientes ganaderos y el negocio del “Feedlot” (transformar kilos de cereales, como el maíz, en kilos de carne en el proceso de engorde a corral).
El gran capital terrateniente es el problema que no se toca
Para el gobernador el consumidor popular es tan víctima como el “productor” (eufemismo para denominar a los zánganos terratenientes que viven en barrios cerrados dentro y fuera de la provincia y se visten de gaucho para los eventos de las sociedades rurales). Los verdaderos productores, que son los peones rurales y sus familias (en particular los menores, ya que existe mucho trabajo infantil en las estancias), el campesino en pequeña escala o los crianceros, quedan fuera de los intereses que defiende el gobernador. A estos reales productores de la carne los deja en la banquina.
Es también una sanata oficial la diatriba contra “los intermediarios que encarecen el precio”, ya que los que comercian y faenan la carne no son otros que los mismos terratenientes ganaderos y sus socios.
Según estadísticas oficiales, en el año 2019 solo el 20% del consumo de carne al sur del Río Colorado era de origen patagónico. El otro 80% se vendía fuera de la zona. Y aún en los cortes sin hueso, que pueden ingresar desde el norte del Río Colorado para ser consumidos en la Patagonia, la producción local se vendía un 40% más cara. Es el monopolio capitalista de toda la cadena lo que hace imposible que la población pobre mantenga el consumo de carne.
La infraestructura del negocio vacuno en Neuquén
En el año 2023 la provincia tenía un poco más de 213.000 cabezas vacunas. Según el director de Sanidad Animal y Fiscalización de la Provincia, Marcos Lauge, la cantidad de reses faenadas en la provincia se duplicó en los últimos cinco años, pero no se comercializa en la provincia.
A fines del año pasado existían nueve unidades habilitadas para faenar y las reses en un 50% provenían de “Feedlot” instalados en la provincia, que engordan terneros en sitios de encierre, según el secretario de Producción de la provincia, Juan Peláez.
En Neuquén, el 81% de la hacienda producida en la provincia se faena en frigoríficos ubicados en su territorio; del resto casi el total se faena en la vecina provincia de Río Negro.
Pero ya se ha dicho más arriba, que esa faena en su inmensa mayoría se vende fuera de la provincia o se exporta.
Como dijo un carnicero citado por LMN el 18 de marzo pasado: “Acá en Neuquén son tres o cuatro apellidos los que trabajan la carne y los que ponen el valor”. Y es así.
El secretario de Ganadería de Río Negro, Tabaré Bassi, reafirma que ocurre lo mismo en la vecina provincia: “necesitamos llegar a faenar 500.000 cabezas, de esa forma podemos equiparar la oferta cárnica al consumidor patagónico con el resto del país. Esto es un 32% más de faena que en la actualidad”. No se faena más porque los tres o cuatro apellidos retacean la faena y los terratenientes ganaderos no tienen interés en aumentar sus haciendas.
Esos terratenientes ganaderos, poseedores de estancias en la zona cordillerana que llegan a superar las 20.000 hectáreas, reciben exención de pago del impuesto inmobiliario (ley N.º 3.117 y otras), créditos a tasas subsidiadas y fondos del Banco Provincia, pero no destinan fondos a incrementar la producción ganadera.
La ley N.º 3.235, bajo el pretexto de beneficiar a los pequeños productores, incluye como beneficiarios de prebendas a “personas jurídicas” (las estancias, por ejemplo), y se suman productores de forrajes, los proveedores de insumos, los medianos y grandes productores bovinos (entre ellos los “Feedlots”) y los frigoríficos, generalizando las ventajas para toda la cadena.
A fines del año pasado, el gobernador Rolando Figueroa anunció “dos líneas de financiamiento por 1.000 millones de pesos para fortalecer a los sectores ganadero y forrajero”, y el secretario de Producción Juan Peláez detalló: “tienen en común que son créditos blandos, tener una tasa subsidiada, tener plazo de gracia y en definitiva estar apuntando a rentabilizar la actividad”.
Los fondos del Estado fluyen hacia los estancieros, pero invierten en explotación inmobiliaria, turismo rural (los cascos de las estancias transformados en hoteles, resort, y hasta canchas de golf) y otros rubros. Tampoco los terratenientes ganaderos al norte del río Colorado tienen ninguna intención de vender en la zona sur sus cortes sin hueso a un precio más barato, similar al que venden en La Pampa y otras provincias hacia el norte. Dice Tabaré Bassi: “la carne bovina sin hueso puede entrar, y entra libremente, a toda la Patagonia. Entran por año unas cuarenta y cinco mil toneladas de carne deshuesada (todas las pulpas, por ejemplo), y nadie la trae a un precio inferior, todos los que la tratan de traer al máximo precio para sacar la máxima renta y hacer el máximo negocio”.
Esto fue dicho en el mismo momento en que el gobierno neuquino cortaba el suministro de carne a comedores de las organizaciones sociales en función de limitar “el gasto del Estado”.
Es la estructura de propiedad y la explotación capitalista del alimento cárnico, a lo que se suman las políticas inflacionarias de los gobiernos, lo que produce la carestía del producto en las góndolas y carnicerías. Sin tocar esos intereses de uno y otro lado del río Colorado, el asado seguirá siendo un producto de lujo para los hogares empobrecidos por el ajuste de Milei y los gobernadores.
Se debe cesar el flujo de fondos estatales a los grandes terratenientes, colocar un impuesto especial a la tierra, anular las exenciones y ventajas que tienen y blanquear bajo convenio a todas/os quienes realmente trabajan los campos y producen su riqueza. Lo cual implica echar a las burocracias de Uatre. La industria alimenticia y toda la economía deben estar en manos de los trabajadores, así los precios no serán fijados en función del lucro.
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Cerca de 15.000 personas se movilizaron por las calles de Neuquén, dándose cita en el Monumento General San Martín para marchar hasta las instalaciones del ejército y volver a realizar un acto en el centro de la ciudad. Participaron columnas sindicales del Frente Gremial que agrupa a sectores estatales, Federación Universitaria, ATE y una variedad de organizaciones sociales y políticas. Aten capital y Plottier asistieron reivindicando la lucha de los 30.000 y con la necesidad de un plan de lucha para derrotar a Milei. La movilización fue encabezada por Madres de Plaza de Mayo Alto Valle con la destacada participación de Lolin Rigoni. Esta enorme luchadora, de 99 años, es un símbolo de lucha y de independencia de todos los gobiernos.
Las actividades se replicaron en todas las localidades con importantes acciones en Chos Malal, Junín y San Martin de los Andes, Cutral Co y Plaza Huincul y comunidades del interior
El Partido Obrero movilizó una nutrida columna con delegaciones del Polo Obrero de Neuquén y Plottier, estatales, jóvenes secundarios, universitarios y relaciones de gremios privados. Las y los compañeros de Tribuna Docente participaron con fuerza en columna de Aten capital y Plottier.
Fue vistosa, en la columna de PO, una intervención artística con carteles de los 30.000 y carteles con las caras de los fascistas de Videla, Bullrich, Milei y Villarruel.
La enorme marcha terminó con un acto con los oradores de la organismos de Derechos Humanos donde se denunció la política negacionista del gobierno, el protocolo represivo y se exigió justicia por Pablo Grllo. En las intervenciones de los organismos estuvo ausente a excepción de Ceprodh, la denuncia a los gobierno capitalistas del 83 hasta Milei y no hubo mención a la motosierra del gobierno de Figueroa, justamente cuando este es un fiel representante de Mieli que impulsa causas contra las organizaciones sociales y desenvuelve un ataque a los derechos de las y los trabajadores
Las enormes columnas de miles de trabajadores gritaron con fuerza y cantaron fuera Bullrich y Milei. Esta masividad deja un mandato claro: hay que seguirla haciendo activo el paro nacional y poniendo en pie un gran plan de lucha para echar a Milei y a sus cómplices.
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El viceministro de Economía de la Nación, Daniel González, dijo en la reunión de ejecutivos de las grandes empresas hidrocarburíferas internacionales, el CERAWeek, que la producción de hidrocarburos en el país es cara en dólares: “Los altos costos se deben en parte a las restricciones cambiarias y en parte a la falta de competencia en el sector de servicios”.
Pocos días después, en otro evento, el presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que la empresa decidió “patear el tablero” porque en Vaca Muerta es un 35% más caro que en EEUU el costo unitario de producción, debido “a las altas tarifas que cobran las empresas de servicios por herramientas y materiales de alta tecnología”.
En la industria hidrocarburífera los costos se miden en dólares, que también es la moneda que mide sus ventas (tanto el barril de petróleo como la medida de unidad del gas se cotizan en la moneda de EE.UU). Y para el caso de la petroleras integradas, están dolarizados en extremo sus ingresos por ventas de combustibles. Incluso, medido en dólares, en Argentina el litro de nafta infinia o de diésel infinia, es más caro que en EE.UU (U$S 1,4 vs U$S 0,80). Por lo que todos los ingresos de las empresas están dolarizados, pero no es así con todos sus costos. Hay una parte de estos que se pagan en pesos (salarios, contribuciones patronales, impuestos, servicios locales, etc.).
Con lo cual hay que leer entrelíneas los dichos de Daniel González y de Horacio Marín. O mejor dicho no hay que tomar estos dichos sobre los costos solamente, sino que hay que ponerlos en el contexto general.
Por ejemplo, el titular de YPF dijo en otro tramo de su disertación “con los sindicatos tenemos que trabajar en otra cosa, como eficiencia y multitareas”. Como si esto no fuera un tema de costos. Y lo es absolutamente, ya que lo que expresa el CEO de YPF es la pretensión de aumentar la productividad del trabajo sobre la base del mayor esfuerzo de las y los obreros petroleros: mayor producción por operario y menos operarios para una misma producción. La eterna cuestión de la extracción de mayor plusvalía del trabajo humano.
Para hacer demagogia, Horacio Marín dijo que los salarios petroleros “no son el problema” ya que no son más altos que en EEUU… aunque el barril de petróleo y el metro cúbico de gas que se producen en Argentina se venden al mismo precio que el producido en EE.UU, e inclusive unos dólares más, ya que en nuestro país el precio de referencia del petróleo es el del Brent, no el WTI.
La mayor eficiencia y las multitareas que reclama el CEO no son otra cosa que una rebaja salarial en relación al valor producido.
Por lo que los anuncios del CEO de YPF y del viceministro de Economía contra las tarifas caras de las empresas de servicios no son más que un taparrabos para una nueva ofensiva contra los salarios y el convenio de las y los trabajadores petroleros.
Quién es quién
Si se tiene en cuenta que las nombradas empresas de servicios son por ejemplo Halliburton o Schlumberger, que acaparan el 80% de dicha actividad en Vaca Muerta, y que el 20% restante se reparte entre otras tres (Calfrac, Tenaris y Weatherford), “patear el tablero” como dijo Marín puede implicar (como ocurre cuando realmente se patea el tablero) en que se termina el juego.
Ni uno ni otro han dicho cómo romperían esa “falta de competencia” de empresas de servicio que dicen denunciar. Porque si, como dijo Marín, Halliburton es tan grande como YPF, no está tratando con una empresa del tercer o cuarto anillo de servicios petroleros sino que trata con un gigante de escala mundial, del estilo de los que están emigrando de Vaca Muerta.
¿Está YPF en condiciones de reemplazar a las dos gigantes de servicios que actúan en Vaca Muerta? De ninguna manera. Por lo tanto, si el CEO dijo que “pateó el tablero”, no vaya a ser cosa que todo termine en que a él “le pateen el trasero”.
Sin llevar el fracking y la terminación de pozos a un salto de escala (imposible bajo el capitalismo sin las mencionadas u otras empresas de servicios), los anuncios del viceministro de Economía de llegar en los próximos años a “1,2 millones de barriles diarios de petróleo y a 200 millones de metros cúbicos de gas por día”, se reducen a una expresión de deseos.
Las reservas de Vaca Muerta son gigantes, pero el Estado nacional y provincial y sus gobiernos, y la misma YPF son liliputenses a escala internacional, donde juegan las grandes ligas.
Asambleas y paritarios electos por la base
Ante este cuadro de anuncios, que desnudados de su efectos mediáticos apuntan contra el convenio petrolero y las condiciones laborales, el vencimiento de la paritaria del sector el próximo 31 de marzo debe abrir un período de urgente deliberación en la base. Las patronales están hablando de incrementar la eficiencia laboral, que no es otra cosa que una forma elegante de decir incrementar la superexplotación que ya padecen las y los obreros. Y están hablando de multitareas, es decir, que cada operario realice más funciones de las que realiza actualmente (ya están sobrecargados).
Es el camino para reabrir la seguidilla de crímenes laborales y accidentes graves que se produjeron a partir de la adenda del convenio firmado hace años atrás.
Precisamente los que firmaron y avalaron esa adenda criminal, que flexibilizaba las condiciones de labor, no pueden ir a firmar una nueva paritaria sin un mandato explícito de las bases reunidas en asambleas. Las empresas le afinan el lápiz a la burocracia sindical con los famosos “aportes al sindicato” que implican sumas multimillonarias por firmar acuerdos salariales con pérdida de poder adquisitivo, con premios que no son remunerativos desde el inicio y otros ardides que terminan desvalorizando el salario. Lo sabe bien el CEO de YPF, que no se queja del salario petrolero.
Las asambleas deben votar un mandato y elegir paritarios. Hay que parar esta ofensiva antiobrera de YPF y los gobiernos nacional y provincial.
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Las y los trabajadores de cooperativas municipales denunciaron una escandalosa situación en el cementerio de la ciudad. Ocurre que la cooperativa que desarrolla su habitual limpieza del cementerio habría firmado un contrato extra con el Ejecutivo para romper bóvedas. Pero, luego de unos días, el encargado del cementerio les comunicó que debían sacar los cuerpos también.
En el contrato no especificaba dicha tarea. Pero dice que deberán realizar lo que les solicite el Ejecutivo, lo que constituye una tremenda explotación y precarización laboral para quienes realizan sus tareas por solo 360 mil pesos al mes (trabajando de lunes a viernes cuatro horas diarias) sin la vestimenta necesaria y la preparación de seguridad de salubridad para la limpieza del lugar y menos para manipular cuerpos. Son necesarias otras condiciones para no poner en riesgo la salud de los trabajadores precarizados.
Esta situación expresa lo más burdo de este gobierno que invierte presupuesto municipal en el campeonato de asadores y no en puestos de trabajo, contratos acordes a la tareas realizadas y recursos de seguridad e higiene para todas las cooperativas de trabajo que realizan la limpieza de toda la ciudad. La organización trae sus frutos.
Los trabajadores precarizados de dicha cooperativa, pasados los días de realizar una tarea que no les correspondía (acarrear con los cuerpos), culminó con compañeras descompensadas y además con serios problemas psicológicos.
Producto de esto mismo, la cooperativa exigió dejar de realizar la tarea de acarreo de los cuerpos. A pesar del temor de perder sus puestos de trabajo y de aprietes diarios con las amenazas de sacarlos del lugar.
Celebramos el gran logro de la cooperativa y llamamos a todas las cooperativas de trabajo de la ciudad a organizarse por condiciones, derechos y garantías laborales.
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Las desinversiones en Vaca Muerta, bajo el formato de venta de áreas de parte de las grandes multinacionales, ya es una cadena que registra anuncios cada día. Obviamente, las ventas tienen como contrapartida la existencia de compradores de las áreas vendidas e interesados para las que están en oferta.
Un proceso de estas características, nada menos que en Vaca Muerta, mueve a preguntarse qué significado tiene. Es una tendencia general que involucra a grandes empresas hidrocarburíferas líderes a escala global. No es poca cosa.
Algunas conclusiones indicativas ya se pueden extraer. Es lo que trataremos de reflejar en este artículo.
El caso de Harbour Energy
A fines del año pasado, la empresa con sede en Alemania, Wintershall Dea, vendió su participación en las áreas Aguada Pichana Este y San Roque a Harbour Energy con sede en Londres. Pero para analizar esta venta no se puede obviar que esta empresa londinense, a fines del año 2023 (un año antes de comprar las áreas de Vaca Muerta) ya había adquirido a Wintershall Dea por 11.200 millones de dólares. Pero Wintershall a nivel global era propiedad de BASF (líder mundial de industrias químicas) y Letter One (un grupo de inversores privados), las que recibieron como parte de la transacción ¡acciones en Harbour Energy, la compradora! O sea que en realidad la filial argentina vendió a su poseedora global. Una venta típica de la “ingeniería de tramoyas” de divisas.
El caso de Exxon
La empresa hidrocarburífera más grande del planeta, vendió sus activos en Vaca Muerta a Pluspetrol por unos 1.700 millones de dólares. Exxon se deshizo nada menos que de siete áreas en Vaca Muerta. Se va para apostar a su producción en Guyana donde por sí sola ya extrae un volumen que es una vez y media lo que produce todo Vaca Muerta. Y por qué no, hay que considerar que apuesta a la producción en EEUU (adquirió Pioneer Resources hace un tiempo en la friolera de U$S 60.000 millones). Otra que considera la escala nacional como pigmea
La empresa Pluspetrol es una hidrocarburífera que formalmente es de la familia Rodriguez/Rey, pero tiene sede en Holanda y está controlada por “sociedades de Luxemburgo que operan desde el paraíso fiscal de Islas Cook” (Prensa Obrera, 24/5/2024).
Exxon, tiene una capitalización bursátil de casi 500.000 millones de dólares, ante la cual Pluspetrol es un pigmeo, que se caracteriza por los frecuentes conflictos laborales acá y en Perú. En este caso, se va una hidrocarburífera de escala mundial, y es reemplazada por una empresa que en comparación con la que vendió, no le llega ni a los tobillos.
Por supuesto, Pluspetrol no tiene la espalda financiera de Exxon, ni las conexiones internacionales, ni la influencia planetaria. O sea, Pluspetrol tiene menos herramientas para enfrentar crisis en los precios y bancar inversiones. Por lo pronto, no termina de secarse la tinta del contrato de venta, que ya Pluspetrol pone en venta su área Loma Jarillosa Este en Vaca Muerta.
El caso Petronas
Después que durante años se anunció un proyecto conjunto de YPF S.A. con Petronas para construir una planta de GNL para exportar, la hidrocarburífera malaya se rajó del proyecto. En aquel momento quedó claro que una hidrocarburífera de escala mundial conoce las tendencias de los mercados globales y se mueve en consecuencia (o los fuerza en consecuencia), y que para la dimensión del negocio de GNL de nuestro país se trataba de algo incierto y de pequeña escala.
Tras más de dos años de sostener el proyecto conjunto con YPF S.A., “abruptamente” Petronas se retiró del mismo. Desde la confirmación de la ubicación de la planta de GNL en Río Negro, con una inversión de U$S 30.000 millones, hasta la confirmación que se retiraba del proyecto, transcurrieron apenas 45 días.
Ahora se conoce que también se desprendería de la mitad de su participación en el área La Amarga Chica que comparte con YPF S.A.. Esto apenas días después de inaugurar una planta de tratamiento conjunta en dicha área. La Amarga Chica es la tercera en producción de Shale Oil en Vaca Muerta, es decir, es un área “top”, no marginal.
El caso Equinor
La razones del retiro de Equinor los explicó Max Medina, gerente de activos de Equinor en Vaca Muerta. Dijo en Houston el año pasado que la empresa necesitaba “contar con mayores incentivos” y en forma “rápida” para sostener su producción (en ese momento de 60.000 barriles por día en Vaca Muerta) y para ampliar ese volumen.
De esta forma Equinor vende su participación del 35% en el área Bandurria Sur, la cuarta en volúmenes de producción de Shale Oil. Un proyecto que cuenta con los “incentivos” del RIGI y del Decreto 929/2013 del gobierno de CFK que le permite exportar el 20% de su producción petrolera y de gas sin retenciones y, además, disponer libremente de las divisas obtenidas.
El caso YPF S.A.
La empresa “de bandera” se deshizo de sus áreas convencionales para concentrarse en Vaca Muerta en los hidrocarburos No Convencionales y, dentro de estos, solo en el petróleo. No le pone fichas al gas, a pesar que hasta hace poco batía el parche de la planta de GNL con Petronas y luego lo hizo con Shell (otra que vende su negocio de refinación y venta de combustibles en el país).
Aunque su presidente sigue sosteniendo las potenciales ventas de GNL a la India o Europa, lo cierto es que YPF S.A. se terminó sumando al proyecto original de PAE con Golar para alquilar un barco licuefactor. Este direccionamiento de las prioridades de YPF S.A. ha llevado a algunos, con un dejo de entusiasmo de patrioterismo, que Vaca Muerta se argentiniza, pero esto es una falacia.
En primer lugar porque YPF S.A. está dirigida por Techint y los fondos de inversión. Y en segundo lugar porque así sea YPF S.A. el principal productor de hidrocarburos en Vaca Muerta y el que más inversión ha realizado (dentro de la huelga de inversiones), no está en condiciones de reemplazar a las multinacionales que ya se han ido y las que se están yendo.
El caso Figueroa
En el acto de venta de Exxon a Pluspetrol en diciembre de 2024 estuvo presente el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en representación de la pequeña porción que la Sociedad del Estado Gas y Petróleo del Neuquén tenía en algunas áreas. La provincia se llevó por bendecir la transacción unos U$S 100 millones. Pero queda en evidencia que aquello de que “Neuquén es propietaria de los hidrocarburos” es un cuento. La decisión de vender de la multinacional con sede en EE.UU pasó por encima de cualquier opinión del gobierno neuquino. Y las palabras del gobernador en la ocasión son un lamento: “si bien Exxon Mobil va a invertir en otros lugares, nosotros creemos que con el GNL también lo vamos a invitar a sumarse al proyecto”. Que espere sentado.
Tres meses después, a Exxon se sumaron otras multinacionales, y Exxon (no sabemos si lo invitaron) está ausente tanto del oleoducto Vaca Muerta Sur, como de cualquier proyecto de GNL.
El riesgo, la clave
Las expectativas de los gobiernos en Vaca Muerta como sostén de un superávit energético que provoque el ingreso de ingentes cantidades de divisas, está cuestionado por este pasaje de manos que vive la cuenca hidrocarburífera No Convencional neuquina. Ese pasaje de manos está motivado en que, en comparación con otras inversiones, por ejemplo Guyana, estas últimas conllevan menores riesgos económicos, de rentabilidad y políticos que Vaca Muerta. Es todo un dato.
Y no está en debate si los recursos bajo tierra de Vaca Muerta existen o no. La potencialidad está ampliamente comprobada. Pero en tanto extraerlos y luego comercializarlos está en la picota, se manifiestan los riesgos del cual se cubren con “ingeniería institucional” las grandes empresas hidrocarburíferas.
La diversificación del riesgo en Vaca Muerta que adopta la forma de empresas asentadas en ventas y adquisiciones especulativas, facilita deshacerse de los activos en caso de una crisis de precios en el barril, una cuestión que mencionan algunos CEOs de las vendedoras.
El Brent (precio de referencia para el barril de Vaca Muerta), está asociado a los avatares del Mar del Norte en Europa. Por primera en su corta vida de producción No Convencional (diez años) Vaca Muerta es zona de riesgo para la renta de las empresas hidrocarburíferas, agravado ese riesgo por la falta de inversiones en infraestructura que garanticen un salto de calidad en el negocio.
En este sentido, está absolutamente claro que las condiciones laborales y los salarios de las y los obreros petroleros son los que están en el máximo riesgo en primer lugar. De hecho, la Uocra denuncia que por terminación de diversas obras en los yacimientos, 2.000 obreros cesan sus tareas en estos días y no se inician otras obras en Vaca Muerta para reinsertarlos laboralmente. El 31 de marzo vence la paritaria del sindicato petrolero, habrá que negociar por un nuevo período hasta el 31 de marzo de 2026. No hay salida que supere la nacionalización bajo control obrero de toda la industria energética del país.
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La comparación entre Pablo Grillo y Carlos Fuentealba es inevitable. No sólo porque un granada metálica de gas lacrimógeno impactó en la cabeza de un trabajador, sino por todo el operativo represivo del miércoles 12 de marzo por parte del gobierno de Milei y Bullrich, como de aquel 4 de abril. En el año 2007, el ahora exgobernador Jorge Sobisch anunció (y comandó) una emboscada criminal contra los trabajadores de la educación.
Desde entonces las armas lanza gases fueron prohibidas por considerarlas armas que pueden causar la muerte. Esta prohibición fue anulada después a partir del protocolo antipiquetes.
Cuando fusilaron a Carlos Fuentealba gobernaba el peronismo, con Néstor Kirchner como presidente y su ministro Aníbal Fernández respaldó a Sobisch ofreciéndole incluso a Gendarmería para reprimir. Y la Ctera, como ahora, no llamó al paro nacional hasta que una movilización multitudinaria, exclamando “Fuera Sobisch”, descolocó a Ctera y llamó a parar.
La CGT y la CTA también hicieron mutis por el foro (como ahora) y solo resolvieron convocar a un paro nacional cuando se confirmó el fallecimiento de Carlos. Porque “el límite es la muerte”, pregonaban.
Los cacerolazos de la noche del 13 de marzo volvieron a resonar y el “que se vayan todos” y “Fuera Bullrich, fuera Milei” marcan un planteo de fondo. Y, como en 2007, se ha formado un arco político de la defensa de la gobernabilidad de un gobierno asesino. Todos ellos vuelven a la escena del crimen y la impunidad.
Sobisch en el 2007 como Milei ahora, son gobiernos que han sufrido duros golpes políticos, que cuentan con sostén de una oposición partidaria patronal y sindical, cómplice de sus fechorías, porque todas avalan el rumbo antiobrero de su gobierno.
Fue correctisima la decisión de las seccionales opositoras de Aten de convocar a un paro el 13 de marzo, que coincidía con una jornada nacional de lucha de Ctera, que en su comunicado afirmaba que “incluirán movilizaciones, actos, radios abiertas y otras acciones en todo el país”. Es decir, la acción de parar estuvo completamente a la altura de la represión y sus víctimas.
Pero la dirección provincial de Aten (TEP-Celeste), puso todo su esfuerzo en atacar el paro convocado por las opositoras con el insólito argumento que “no hay razones para convocar a un paro” y en ensañarse de manera macartista contra la izquierda, al son de Bullrich, Adorni y su volante apócrifo contra el Frente de Izquierda.
Un nuevo capítulo en la situación política se ha abierto en el país y lo que exige la hora es un paro nacional y un plan de lucha ahora. Para derrotar la reforma laboral y previsional que el gobierno defiende a sangre y fuego. Y este miércoles 19 hay que volver a estar con los jubilados.
Hoy Pablo Grillo lucha por su vida. Luchemos para que se vaya Bullrich, la ministra asesina.
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La empresa de capitales franceses Total Energies ha puesto en valuación con intención de venta sus áreas productoras de petróleo en Vaca Muerta. Se suma así a otras multinacionales que ya han ejecutado su desprendimiento de esos activos o se encuentran en vías de hacerlo, en lo que ya es un éxodo de lo que, según los gobiernos, debería ser la meca de las inversiones extranjeras.
Al contrario de lo que afirman los oficialismos, a la huelga de inversiones se suma este proceso de desinversión que tendrá un impacto directo sobre la economía nacional.
Pero, como en otros casos, lo que Total Energies vende en Vaca Muerta lo invierte en otros lugares del mundo. Javier Rielo, senior vicepresidente de Total Energies Exploración y Producción para América en el CeraWeek 2025 en Houston volcó conceptos como: “Llevamos invertidos US$ 14.000 millones en Brasil, de los cuales US$ 12.000 millones son en Oil&Gas... En el Presal (Brasil) es donde tenemos nuestro eje de crecimiento… Estamos invirtiendo US$ 11.000 millones en Surinam en los próximos tres años” (Econojournal 11/3/2025). ¡Surinam!, un país con poco más de medio millón de habitantes en el norte de América del Sur. Esta zona se ha transformado en una meca de las hidrocarburíferas multinacionales.
En el mismo evento Patrick Pouyanné, CEO global de TotalEnergies afirmó: “estamos listos para desinvertir nuestra licencia para producir shale oil en la Argentina” (Ídem, 12/3/2025). Los dichos de los directivos de Total Energies en este aspecto son lapidarios.
No es un rayo en cielo sereno
Las áreas no convencionales petroleras que Total Energies pone en venta en Vaca Muerta son La Escalonada y Rincón de las Cenizas. Que en ambas áreas sea socio de Shell (otra que puso activos en venta) no es ninguna casualidad. Se trata de un proceso más general de rediseño de las estrategias productivas y de inversión de las multinacionales energéticas, a partir del incremento de la guerra comercial a escala planetaria y de la deriva de la guerra en Ucrania y la situación prebélica en el Pacífico.
Todos saben que aunque Milei fanfarronea que es un “lider mundial”, no es más que un chirolita de Trump. Por lo tanto no está en condiciones de jugar ningún papel soberano.
Eso vale también para el gobernador de Neuquén, que como quien ve las barbas del vecino cortar ha puesto las suyas en remojo, adjudicando a YPF S.A. la concesión de cuatro nuevas áreas, ya que por ahora no aparecen las inversiones de las multinacionales y las que ya estaban se van.
Total Energies se reserva su participación en el negocio gasífero de nuestro país, pero habrá que ver cómo se procesa ese rubro. Por lo pronto ya se han licitado los primeros cinco barcos para importar GNL. El año pasado se compraron 29. Si las trabas para aumentar la evacuación gasífera con objetivos en abastecer la zona norte y desde allí a Brasil no se superan en el corto plazo, la participación de Total Energies en la producción gasífera estará amenazada.
En el caso de Petronas, que ya se fue del proyecto de una planta de GNL con YPF S.A., ahora se acaba de conocer que estaría dispuesta a vender la mitad de su participación en el área petrolera La Amarga Chica, un área estrella de la producción de shale oil que está en el podio de producción actual. Por lo que el éxodo no solo sigue sino que se desprenden de áreas de gran producción, de petróleo en unos casos y de gas en otros.
Esta sangría de multinacionales no podrá ser reemplazada por YPF S.A. Vaca Muerta, incluso en sus mejores áreas, está puesta en juego en el casino de la timba energética mundial.
La única sabes es poner toda la industria del ramo bajo control obrero. Es la mejor manera de conservar los recursos y ponerlos a disposición de un país sobre nuevas bases sociales: un gobierno de trabajadoras/es.
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Las seccionales combativas de Aten como Capital, Plottier, Senillosa y Picún Leufú convocaron y movilizaron por el centro de Neuquén para repudiar la brutal represión de Patricia Bullrich-Milei y levantaron el planteo de paro nacional y plan de lucha de las centrales sindicales para derrotar todo el plan motosierra.
De la actividad participaron organizaciones políticas y sociales; los trabajadores de Cerámica Neuquén, centros de estudiantes de Humanidades, Trabajo Social; el Polo y el Partido Obrero, entre otros.
La actividad contrastó con la orientación de la dirección provincial de Aten y Ctera, que solo convocan a un jornada de “lucha” pero sin paro y sin una organización colectiva de todo el gremio. El denominado Frente Gremial, conformado por judiciales, municipales, legislativos y estatales no llamó a ninguna medida.
Y tampoco la dirección de la Verde y Blanca que dirige ATE. Todas estas direcciones, que se llenan la boca hablando de enfrentar a Milei, pegaron el faltazo en un momento clave reflejando la profunda tregua con el gobierno provincial de Rolando Figueroa.
El paro de las seccionales opositoras fue masivo, con un alto acatamiento y participación en las calles, pese a que fue convocado en pocas horas. Es que además de la bronca e indignación por la represión desatada, los hechos sucedidos en el Congreso y el trabajador herido recuerdan a una situación similar a lo ocurrido con Carlos Fuentealba. Por ello también la vitalidad de la medida.
Luego de la enorme movilización y actividad, estas seccionales participarán de la jornada convocada por la dirección provincial a las 18:00 horas. Lo harán con el claro planteo que los trabajadores necesitamos un paro activo y plan de lucha porque las fuerzas para derrotar a Milei están a la orden del día.
El camino marcado por las seccionales de Aten es clave para poner en pie un gran plan de lucha en momentos en que crece la participación popular contra el gobierno hambreador y represor.
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Se conoció el fallecimiento de la trabajadora de la educación María Isabel Millache, de 56 años, que trabajaba en una escuela primaria de Chimpay. El deceso se produce luego de que se le negara su licencia médica, la que impactó en un cuadro de estrés y de mayores afecciones. La noticia causa enorme impacto en toda la docencia rionegrina y la comunidad de Valle Medio.
Se trata de la primera víctima fatal del nuevo esquema de auditorías médicas impuesto por el gobierno mediante las resoluciones 5153/24 y 5154/24 que viene causando innumerables perjuicios de salud a docentes y empleados estatales. Es que por esta esta nueva normativa, las licencias médicas son auditadas por una empresa privada donde en el 99% de los casos se rebajan los días de licencia o se rechaza los días prescriptos por médicos/as. Ocurre que la auditoría se realiza bajo una tecnología donde se desconoce quién la realiza y cuáles son los criterios científicos. A tal punto llega lo nefasto del sistema que el trabajador debe escanear la licencia y es contestado por un sistema en forma casi automática, es la garantía de la super explotación permanente.
Asistimos a una política criminal donde el ajuste en educación se paga con la vida de las y los trabajadores. Ante esta realidad, la seccional de Unter (docente) de Alto Valle exigió una medida concreta de lucha a la conducción central. Es que la dirección del gremio solo ha sacado un comunicado con las condolencias pero ninguna medida de lucha.
Es imperioso que en cada escuela hagamos sentir nuestra bronca, poniendo en pie un plan de lucha para derogar las resoluciones 5153/24 y 5154/24. Urge el congreso de Unter y un paro provincial. Es la mejor forma de luchar por justicia y la memoria de nuestra compañera.
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A pesar del tan publicitado superávit fiscal con que inició el año, a poco de iniciarse el ciclo lectivo va quedando en evidencia que el gobierno usará ese superávit para negocios capitalistas. En el terreno de la educación, a las obras nuevas a cuentagotas se agrega una seguidilla de ajustes sobre la educación rural, un sector desamparado desde siempre. Se aplica un criterio de gestión empresaria: si no hay suficiente estudiantado, se cierran escuelas. Esto somete a comunidades que viven en parajes aislados, bajo condiciones climáticas muy duras, a penurias para garantizar la educación de sus hijas e hijos.
Por ejemplo la Escuela N° 73 de Covunco Arriba, que cumple 100 años en este 2025, es una de las instituciones que se enfrenta al riesgo del cierre. La comunidad educativa junto a las/os consejeros escolares del distrito III vienen luchando en conjunto para evitar el cierre pero el gobierno provincial parece determinado a llevar a cabo el mismo. Desde el distrito III de Zapala, del cual depende la escuela solo intentan dilatar el tiempo y jugar al desgaste para que las familias terminen optando por el pase a otra escuela más alejada de sus hijas/os.
Pero eso no es todo, otra escuela que se enfrenta al mismo destino es la Escuela N° 71 de Tres Chorros, en el norte de Neuquén. La institución tiene problemas de infraestructura y el gobierno provincial ha decidido no invertir en su reparación. La situación es similar en otras partes de la provincia. La comunidad educativa del CPEM N° 95 de Manzano Amargo también se enfrenta a problemas de infraestructura y el gobierno provincial ha propuesto que los estudiantes cursen una vez por semana en un sitio prestado.
La política de vaciamiento de la educación pública
La decisión del gobierno provincial de cerrar escuelas rurales es parte de una política más amplia de vaciamiento de la educación pública. La provincia de Neuquén ha estado reduciendo la inversión en educación durante años, lo que ha llevado a una disminución en la calidad de la educación y a un aumento en la desigualdad educativa.
La ministra de Educación, Soledad Martínez (del Frente Grande), ha argumentado que la decisión de cerrar escuelas es necesaria para "optimizar" los recursos educativos, pero la comunidad educativa y quienes defendemos la educación pública sabemos que en una provincia donde se bate el récord en producción hidrocarburífera, sostener la educación rural son chirolas. Esto es escandaloso y no lo vamos a permitir.
La lucha por la educación pública
La conducción Celeste de la seccional Aten Zapala (usurpada con una elección fraudulenta) y de las otras seccionales que dirige el TEP-Celeste con muchas escuelas rurales, ya deberían estar en pie de guerra. Sin embargo se limitan a gestiones administrativas con su política de tregua a los gobiernos. Es hora de tomar acción y exigir que el gobierno provincial invierta en la educación pública y deje de lado su política de vaciamiento. La educación es un derecho fundamental y no puede ser sacrificada en el altar de una supuesta eficiencia: para garantizar la educación hay que invertir lo que sea necesario, no lo que resulte “rentable” para el fisco.
¡No al cierre de las escuelas rurales! ¡Vamos por asambleas y plan de lucha para enfrentar estas políticas de vaciamiento! ¡Basta de tregua del TEP-CELESTE con los gobiernos!
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En el día de ayer, 11 de marzo, un operativo conjunto de personal policial, judicial y gubernamental desarrolló un grave ataque contra la comunidad Lof Buenuleo violentando la propiedad comunitaria. Desde las 9 horas, policía y Coer junto a máquinas y camiones del municipio de Bariloche irrumpieron, sin exhibir orden judicial, en el territorio de la comunidad rompiendo la tranquera de ingreso, y continuó el operativo hasta llegar a las 90 hectáreas, terreno que la comunidad defiende contra la tentativa oficial de desalojar estas tierras y que sean entregadas al empresario Emilio Friedrich.
Asimismo, es muy grave la situación de la detención de Nehuen Maliqueo autoridad de la comunidad, quien continua privado de su libertad.
El dato de la acción fue la arbitrariedad, violencia e ilegalidad. Sucede que durante el operativo en marcha no se presentó ninguna orden judicial y lo desarrollaron con personal de la Comisaria 38, la cual tiene prohibido intervenir ya que rige una medida cautelar contra esta institución.
Además de este cuadro de vejaciones, se impidió el acceso a la justicia y a los defensores oficiales de la comunidad. Durante el operativo todos los teléfonos de fiscalía estaban cerradas. La fiscal a cargo, Betiana Cendón, no dio la cara y apareció una vez finalizado el operativo.
El discurso oficial de lo sucedido fue que se trató de la apertura de un camino vecinal. Un absurdo jurídico cuando las tierras son propiedad comunal, las cuales están relevadas y certificadas desde el año 2020 en el marco de la Ley Nacional 26.160.
Lo ocurrido contra la comunidad Buenuleo forma parte de un ataque más general contra las comunidades mapuche a cuenta de fuertes intereses empresariales de inmobiliarias, cámaras de comercios, terratenientes y grupos del turismo. Y en el caso específico de la comunidad Buenuleo, los intereses detrás del desalojo buscan apropiarse de la naciente del arroyo Ñireco, una fuente importante de agua que abastece a un 25% de la población de Bariloche.
Por todo esto, por la defensa de la comunidad Lof Buenuleo, por el agua y contra la represión de los gobiernos, profundicemos la organización y la lucha.
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El Orsep es el Organismo Regulador de la Seguridad de las Presas. Se trata del organismo que “fiscaliza la seguridad estructural y operativa de la infraestructura estratégica que componen las presas, estructuras complementarias y auxiliares”.
Para poblaciones de Neuquén y Río Negro, que viven en ciudades y pueblos aguas abajo de varias presas que contienen las aguas de ríos como el Limay, Neuquén, Colorado, etc., para formar lagos y así producir hidroelectricidad a través de centrales, la seguridad de esas enormes barreras construidas sobre los cursos naturales de los ríos es sencillamente de vida o muerte que exista la seguridad operativa y estructural de esas presas.
Un organismo conformado por profesionales expertos en el tema, que han detectado y reparado con obras de ingeniería y tecnología algunos episodios de inseguridad en presas famosas, como fue la fisura en la presa de El Chocón.
Cualquier presa que por alguna falla estructural, tras años de soportar las tensiones de lagos que tienen decenas de metros de altura, pudiera colapsar implica el daño en vidas y bienes que puede desatar una explosión nuclear.
Es decir, cuando hablamos del control de seguridad de presas no hablamos de cosas menores, sino de la protección de cientos de miles de vidas y de miles de hectáreas productivas.
Bajo el capitalismo, con su innata corrupción, tener un organismo estatal que controle las presas no es la panacea, pero implica el mayor control que puede brindar. Eliminar el organismo es jugar a la ruleta rusa.
Las presas del Comahue
Con distintas características constructivas, conteniendo los ríos de la zona, existen una decena de presas, todas ellas con poblaciones ubicadas río abajo sobre las riberas de los ríos. La seguridad estructural de las mismas, pero también la seguridad operativa es cuestión de vida o muerte, y el Orsep jugaba un papel en este aspecto, obviamente en coordinación con otros organismos cuya función es la regulación hídrica. La tarea de profesional y técnicos es clave.
Esto se puso de manifiesto en el caso de la fisura en uno de los estribos de la presa del Chocón, que demandó ingentes trabajos de ingeniería para sellarla, en una muestra que la tarea de medición y control de estas estructuras gigantescas no es una tarea ociosa o un derroche de recursos del Estado.
Aunque se trató mediáticamente de difundir la idea que la fisura de la presa del Chocón era un mito, lo cierto es que la propia empresa concesionaria de la operación de la presa y la central hidroeléctrica, la que en su Memorias y Estados Contables 1994 detalla lo siguiente: “En 1994 (…) se dio término a los trabajos de tratamiento de la Presa El Chocón indicados en el Contrato de Transferencia, efectuándose inversiones por aproximadamente 3,71 millones de dólares en la construcción de una galería revestida en hormigón en la margen izquierda de la fundación de la presa, desde la cual se realizó el tratamiento comprometido. En la margen derecha se finalizaron trabajos similares, siendo necesario destacar la modernización en el sistema de instrumentación, consistente en la colocación de sensores que posibilitan tomar conocimiento instantáneo de las condiciones internas de la presa y permiten el registro y acumulación de datos en forma automática. Se concretaron los estudios y el Proyecto para la ejecución de una nueva etapa solicitada por la autoridad”.
Y en otra Memoria se dice: “También se iniciaron en 1995 nuevos trabajos de tratamiento de la Presa El Chocón, efectuándose inversiones por U$S5,8 millones de dólares en la construcción de una galería revestida en hormigón que una ambas riberas para permitir un permanente control futuro de la presa”. Se hizo un “tratamiento” comprometido con la autoridad de control. Trabajos que costaron a la empresa casi 4 millones de dólares, que no tendrían lógica si la fisura fuera un mito. Pero además se modernizó el sistema de instrumentos sensores sobre el comportamiento de la presa. Y un año más tarde invirtieron casi 6 millones de dólares en obras para el control futuro de la presa. ¿Diez millones de dólares en dos años por un mito?
Sería contrafáctico suponer que hubiera pasado en los últimos 30 años transcurridos desde aquellas obras, si las mismas no se hubieran realizado. Pero se hicieron. Ninguna privatizada, cuya política es la constante huelga en inversiones y en mantenimiento, asume un costo de 10 millones de dólares si las pruebas del Orsep sobre la inseguridad estructural de la presa no tuviera sólidos fundamentos.
Portezuelo Grande: al borde del desastre
Además de la seguridad estructural, la seguridad operativa de las presas es otro aspecto fundamental. En el año 2006, toda la economía de la zona estuvo al borde de la hecatombe.
La presa de Portezuelo Grande, sobre el río Neuquén, es la que desvía el curso de agua hacia los lagos artificiales de Mari Menuco y Los Barreales, como forma de contener al impetuoso río en las épocas de aumento de caudales por lluvias en la zona cordillerana del norte neuquino.
Es un río que en época invernal (de lluvias) adquiere un carácter de torrente arrollador, y aumenta mucho su caudal. El papel de la presa de Portezuelo Grande para desviar ese gran volumen de agua hacia los lagos es fundamental. Así río abajo, tras atravesar otra presa (El Chañar), el río con un caudal controlado permite que se irrigue un valle donde hay producción frutícola y vitivinícola muy importante.
Sin embargo, en aquel año 2006, con lluvias intensas en la zona de su naciente, el caudal del río Neuquén estuvo a centímetros de superar la capacidad de contención y desvío de la presa de Portezuelo Grande.
El registro de la AIC (Administración Interjurisdiccional de Cuencas) de aquellos días cuasi fatídicos de la madrugada del 12 y 13 de julio, así lo refleja: “La consigna era que no debían superar los 427.00 (la cota de contención de la presa), porque si ello ocurría serían sobrepasadas las compuertas del vertedero frontal de la presa. Los caudales continuaron aumentando hasta la hora 03:00 de la mañana del día 13 de julio, momento en el que el caudal operado en Portezuelo Grande, de acuerdo a las mediciones efectuadas por el concesionario de Cerros Colorados, asume un valor máximo de 10.347 m3 /s siendo el caudal derivado a Los Barreales 8.673 m3 /s y el caudal vertido hacia aguas abajo 1.674 m 3 /segundo”. Esa noche la cota estuvo a centímetros de ser sobrepasada y producir un desastre.
Un desastre nada natural, como el de Bahía Blanca, ya que nunca se han construido las otras presas sobre el río Neuquén, que contribuirían a contener los picos de crecidas. La más famosa de estas presas es la reiteradamente fallida obra de Chihuido I. Una obra que lleva décadas de anuncios, y hasta se votó en el año 2015 una ley a las apuradas para habilitar un endeudamiento con un banco ruso. Luego esta operatoria se cayó, y se frustraron en un par de oportunidades otros intentos.
Lo cierto es que a la fecha, Portezuela Grande puede estar sometida en uno de estos inviernos a una nueva situación de catástrofe.
Para dimensionar esa calamidad sirva de punto de referencia el hecho que en el año 1899, cuando no existía ninguna presa por supuesto, la inundación llegó a través del río Negro hasta la ciudad de Viedma y Carmen de Patagones. La primera de ellas arrasada por el agua a 500 kilómetros desde donde hoy el río Neuquén se une con el río Limay para formar el Río Negro.
Las lluvias de abril en la zona Confluencia
Sin estar ligado directamente al manejo de las presas, lo cierto es que las lluvias directas sobre la zona de la capital y alrededores ha provocado reiteradas inundaciones. La del año 1975 fue histórica en sus dimensiones, pero no la única. Últimamente hubo inundaciones en el 2023 y 2024.
Con una cantidad de lluvia infinitamente menor que la caída sobre Bahía Blanca y la zona, la ciudad de Neuquen y aledaños se inunda: “En una hora y media de lluvia cayeron más de 25 milímetros”, dijo un funcionario municipal de la capital para justificar la inundación (LMN 9/2/2024).
Y en abril del 2014 una tormenta de las más fuertes de los últimos 40 años inundó el 80% de la capital. Cayó el doble de agua que la media anual.
Neuquén es una ciudad con fuertes pendientes y barrios populares edificados sobre lechos de escurrimiento de aguas de lluvia (Cuenca XV, Cuenta XVI, etc.), y la especulación inmobiliaria ha construido barrios residenciales en las márgenes de ríos, que en temporadas de lluvias ya fluyen con alto caudal porque las presas deben erogar agua o turbinar en las centrales hidroeléctricas. Dificultando así el drenaje natural de las aguas.
Sin las obras que la huelga de inversiones capitalista retacea, la exposición a sufrir una catástrofe nada natural están a la vuelta de la esquina.
La orientación capitalista de los gobiernos, adelantan la barbarie. La disolución del Orsep la profundiza.
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En forma soterrada, y a través de diferentes medios de prensa, el gobierno provincial ha lanzado una campaña mediática acusando al gremio Aten Capital de promover o ser responsable de incendios en instituciones educativas. El nefasto discurso que pretende instalarse es el siguiente: “en un año de acuerdo salarial cerrado hasta el 2026, la izquierda en Aten quiere romper la 'paz social' y por ello sospechosamente ocurren incendios como e el Colegio San Martín y CPEM 25”. Se trata de una miserable campaña que forma parte de distintos ataques que despliegan los gobiernos contra las organizaciones de lucha y que busca ocultar o desviar la responsabilidad del gobierno en el estado de las escuelas. Solo en la capital fueron cerca de 30 escuelas con problemas edilicios en el comienzo del ciclo lectivo. La prueba más elocuente de esta realidad fue que el propio gobierno cometió el papelón de llamar a los medios para inaugurar el ciclo lectivo en la escuela 256 que estaba en plena reparación.
Para la docencia el tema de infraestructura es de vital importancia. En primer lugar, porque se han perdido vidas de compañeras como la de Silvia Roggetti y de Mónica Jara por desidia estatal en el estado de las instituciones. Y además, porque es la docencia la que defiende las escuelas en condiciones y ha logrado paralizar las clases salvando vidas de alumnos y luchando por más presupuesto.
Como respuesta a la nefasta campaña en curso, y como parte de las tareas en defensa de la escuela pública, la seccional de Aten Capital convoca este jueves a las 10 horas en Casa de Gobierno a una conferencia de prensa rechazando la campaña soterrada del gobierno, denunciando el estado de las escuelas y exigiendo las urgentes respuestas del gobierno para que se desarrollen las clases con escuelas en condiciones.
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La empresa brasilera Raizen (formalmente una sociedad entre el grupo Cosan del país vecino y Shell) ha contratado a J.P.Morgan para valuar y poner en venta la refinería y la red de estaciones de servicio en nuestro país que en el año 2018 le “compró” a Shell por U$S 950 millones. Dado que la multinacional angloholandesa era socia de la empresa “compradora”, aquella “venta” hace siete años atrás fue el primer episodio de lo que ahora se concreta con la intención directa de vender esos activos.
No hay ninguna duda que la conducta de Raizen es la voluntad de Shell. Lo dijo el CEO de Shell: “Es una suerte de reacomodamiento, la mitad de Raizen es de Shell”. Quién lo dijo era Teófilo Lacroze, el CEO de Shell y sucesor en ese puesto de quien por entonces era ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, ex CEO de Shell. Todo cocinado en familia.
Y vale la aclaración porque no se trata de una venta cualquiera. Porque Shell es una petrolera integrada, es decir, que produce petróleo y también explota el negocio (a través de Raizen) de la venta de combustibles, lubricantes, etc. En Vaca Muerta la empresa Shell es operadora de varias áreas, forma parte del consorcio en los grandes oleoductos. Si vende sus estaciones de servicio (ahora en manos de su controlada Raizen), perdería la ventaja de producir petróleo, industrializar (refinería de Dock Sud) y comercializar un bien con alto valor agregado como son los combustibles y con precios dolarizados.
Tal vez lo que finalmente haya detrás de este indisimulado retiro del país termine en que también figure en los planes de Shell la venta de sus activos en las áreas de Vaca Muerta. No es descabellada la especulación de que siga los pasos de Exxon y busque concentrar su inversiones en otros lares (por ejemplo en Guyana, donde en pocos años, arrancando desde cero, ya se produce casi el equivalente de una Vaca Muerta y media). La creciente producción hidrocarburífera de Guyana (donde Exxon acapara gran parte) está en la mira de otras petroleras, entre ellas Shell, pero también Chevrón, Total o la china CNOOC, todas ellas con inversiones en Vaca Muerta.
El Rigi con todas sus ventajas a favor de las empresas y del saqueo a manos sueltas, más los beneficios otorgados por las provincias y municipios, no alcanza para resultar más atractivo que producir con mayor lucro y más cerca de los centros consumidores y con menores fletes.
Como ya se dijo, ¡es el capitalismo, estúpido!, dicho para un Milei que tal vez tenga que apelar a otra frase célebre “me contestaron con el bolsillo”.
Los costos laborales no son “el problema”
Las empresas son muy celosas de dar a conocer sus reales costos de producción de hidrocarburos, referenciados en unidades que puedan establecer comparaciones entre el costo y el precio de venta. Sin embargo, parece que Vista S.A. ha dejado trascender que su costo de extracción de cada barril de petróleo en Vaca Muerta es de 4,7 dólares: “El costo de levantamiento por barril (lifting cost), que es un indicador que mide los costos operativos directos necesarios para extraer un barril de petróleo. Incluye gastos de producción, transporte, tratamiento y servicios de apoyo en el campo, pero excluye costos como amortización, impuestos, regalías y gastos comerciales. A pesar del incremento en la actividad, la empresa mantuvo bajos costos operativos. El costo de levantamiento se situó en 4,7 dólares por barril, un indicador clave de eficiencia”. (LMN 6/3/2025).
Aunque a ese costo se debe adicionar amortización, impuesto, regalías y gastos comerciales, debe aclararse que varios de estos ítems son algo absolutamente dibujable para la empresa. Pero tampoco implican una gran parte del rango que existe entre esos 4,7 dólares/barril de costo de extracción y los más de 70 dólares por barril a los que se vende. El precio final de venta que fija los ingresos totales de la empresa, es unos 15 veces superior. Hay margen de sobra para cubrir otros costos. Lo cual tira por tierra la queja de las patronales petroleras acerca que el salario (que pagan en pesos) les resulta muy caro en dólares.
La huelga de inversiones, sí es “el problema”
De hecho, la megaobra hidrocarburífera que mayor avance tiene (si así se puede caracterizar) es el oleoducto Vaca Muerta Sur para la exportación del crudo por Punta Colorada en la provincia de Río Negro. Sin embargo, fuera del tramo que llega hasta Allen donde empalma con el oleoducto de Oldelval S.A. que transporta crudo hacia Bahía Blanca y terminará su ampliación de capacidad en las próximas semanas, la parte del ducto hasta Punta Colorada (la más extensa), más las obras conexas (playa de almacenamiento, ducto hasta aguas profundas para cargas los barcos, el puerto, etc.), aún están por verse. Lo cual obliga a reiterar la pregunta que publicamos en Prensa Obrera el 22/10/2024: “¿Y si Vaca Muerta Sur queda allí y empalma con el nuevo oleoducto de Oldelval que estará terminado mucho antes que la obra hasta Punta Colorada?”.
Las empresas asociadas en el proyecto Vaca Muerta Sur están buscando un financiamiento internacional de U$S1.700 millones para el tramo Allen-Punta Colorada y que se incluya el proyecto en el Rigi (lo que aún no se concretó a pesar que el gobierno rionegrino y el de Neuquén ya adhirieron a la norma y han otorgado beneficios adicionales).
Todo pende de un hilo. Es decir, penden de un hilo todas las megaobras de infraestructura con que el gobierno nacional y los provinciales involucrados (Neuquén y Río Negro) ya están tirando manteca al techo. Ya se esfumó el proyecto de YPF S.A. con Petronas para la planta de GNL, y finalmente YPF S.A. se sumó al proyecto de PAE S.A. y Golar para el alquiler de un buque licuefactor. El segundo tramo del gasoducto ex Néstor Kirchner no tiene anuncios de inicio. Y la famosa reversión del gasoducto norte no librará al país de importar gas… ¡de Chile!. Cuando por allí se iba a exportar a Brasil usando los gasoductos de Bolivia. Otro anuncio oficial que permanece en el limbo.
Mientras tanto Raizen (Shell más las brasilera Cosan) evalúan poner en venta una refinería y casi 700 estaciones de servicio que venden combustibles a lo largo y ancho del país.
La euforia capitalista por el elenco gobernante y por el futuro dorado con Vaca Muerta comienza a diluirse por la falta de confianza en que el gobierno nacional pueda sostener la ficción de una economía estable. Sin prisa, pero sin pausa, los capitales multinacionales emigran del recurso hidrocarburífero en el país. No de gusto hoy por hoy YPF S.A., que funge como petrolera de bandera, se ha consolidado en la actualidad como el mayor productor de hidrocarburos No Convencionales (casi el 30%) y el mayor exportador. A costa, claro, de reventar los bolsillos de los consumidores con la carestía en los combustibles de todo tipo.
Los meses próximos son claves para determinar qué rumbo tiene la industria hidrocarburífera de Vaca Muerta. Cortar la agonía implica nacionalizar toda la industria energética bajo control obrero.
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Una importante jornada de lucha y de reafirmación de demandas y derechos vivimos este 8M en la localidad de Plottier. El recorrido de la marcha acordado en asambleas de mujeres fue encabezado por una bandera de arrastre con la consigna: “#8M Antifascista y antirracista. Habitando Plottier, en unidad y en las calles contra Milei, sus cómplices y el FMI" pasando por los lugares que habitualmente realizamos (las iglesias), sumando en esta oportunidad pasar por el mural de Rosana Artigas (víctima de femicidio).
Fue muy importante el debate en las asambleas previas, respecto a la consigna en la bandera de arrastre, porque la denuncia de los “cómplices” de Milei originó que sectores más ligados al kirchnerismo-PJ (Mumala, Revuelta, etc.) optaran por restarle organización a la marcha y al acto-festival. Hemos defendido una vez más un 8M con independencia política no solo de los oficialismos, sino también de la oposición trucha, que actúa como salvavidas del gobierno nacional.
En este 8M sobraban motivos para marchar ante el avance que hace el gobierno de Milei y sus cómplices sobre nuestros derechos aplicando además un ajuste de miseria y hambre. La marcha culminó en la Plaza San Martín donde se leyó un documento con duras críticas a los gobiernos nacional y provincial, a la falsa oposición, como así también a las centrales obreras que funcionan como muro de contención a los reclamos de los trabajadores que resisten los ataques de las patronales, manifestando solidaridad a todas las luchas en curso.
La situación en nuestra provincia también registra falta de presupuesto para hacer frente a situaciones de violencia. Se reclamaron para la localidad una oficina de Fiscalía para facilitar el acceso a un lugar donde hacer las denuncias de violencia machista, ya que en la Comisaría siempre ponen uno y mil peros para realizarlas. Se reclamó la construcción de casas/refugios, al mismo tiempo que el acceso a la vivienda y trabajo genuino para las víctimas de violencia por razones de género.
El documento reclamó la aparición con vida de Luciana Muñoz (joven estudiante desaparecida hace siete meses) y para que el gobierno provincial disponga de los recursos para encontrarla y la exigencia de justicia por Silvia Cabañares (que denunció una violación grupal y fue asesinada tiempo después). Se expresó una defensa de la ESI, con el presupuesto necesario para el cumplimiento efectivo, por mayores partidas presupuestarias para Educación Pública y la Universidad Pública, y para los comedores y merenderos populares. Nos solidarizamos con las mujeres y disidencias y las organizaciones sociales y piqueteras que son perseguidas judicialmente y también con el pueblo palestino.
Estando en Neuquén recordamos la falta de presupuesto para el manejo y prevención del fuego, lo que quedó en evidencia en las miles de hectáreas de bosques nativos arrasadas y el intento de penalizar al pueblo mapuche.
Fue un 8M en las calles para señalar todos los reclamos de las mujeres y disidencias sexuales y las de toda la clase trabajadora contra el gobierno de Milei y sus cómplices y el FMI. Para finalizar esta jornada de lucha, lxs asistentes gozamos en la plaza San Martín, frente al municipio, de un festival cultural con artistas locales que imprimieron a este día la nota del arte comprometido, el cual es inseparable de la lucha y cobra mayor valor cuando forma parte de actividades colectivas.
Este festival popular, se desarrolló en paralelo con el evento organizado desde el municipio con gran despliegue de recursos. Pero ni eso impidió que se llevara adelante la movilización de la asamblea NiUnaMenos.
Ni un paso atrás con nuestros derechos. Movilizadxs y en Ias calles. Fuera Milei.
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La motosierra de Milei y el gobernador Weretilneck ataca directamente todos nuestros derechos como trabajadores, pasando por encima del esencial derecho a alimentarnos. Mientras siguen atacando y negando alimentos a los comedores populares, el Polo Obrero de Allen crece en organización y lucha.
Tras un año de lucha contra el gobierno municipal de La Libertad Avanza logramos el ingreso de cinco compañeros del Polo Obrero a galpones de empaque. Una muestra de que el reclamo por trabajo genuino es central en nuestro programa. También conquistamosla entrega de alimentos secos para el comedor “Corazón contento” del barrio Progreso.
Recientemente conformamos una nueva asamblea en el barrio Malvinas, donde los vecinos reclaman servicios esenciales como red de agua potable y gas. Además, seguimos dando la lucha por los depósitos de la Tarjeta Alimentar ganadas el año pasado y que el gobierno provincial se rehúsa a continuar.
Este 8M protagonizamos una gran columna con todos nuestros reclamos. Desde el Polo Obrero ganamos las calles con la consigna ¡Fuera Milei!
Tenemos que seguir organizándonos para terminar con la política que viene desenvolviendo el gobierno contra los trabajadores, de hambre, represión, ajuste y persecución a luchadores.
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El planteo insistentemente reiterado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, es “no vinimos para que todo siga igual”. Pero, fuera de que fue más a fondo con el ajuste de la brutal motosierra que aplicó durante todo el año pasado, en lo esencial, diversos aspectos económicos, sociales, etc., siguen el mismo rumbo del gobierno anterior, y se han profundizado.
Las petroleras: el real poder detrás del gobierno
Lejos del fetiche que “los recursos son de los neuquinos”, el Estado provincial se somete cada día más a las ataduras con las empresas que lucran con los hidrocarburos de Vaca Muerta. Los recursos (en el subsuelo), cuando son extraídos y se convierten en bienes transables, ya no pertenecen al dominio estatal, sino que son del dominio de las empresas (artículo 6º de la ley N.º 17.319, llamada “ley madre hidrocarburífera”). Lo cual finalmente debe ser reconocido en el propio discurso, cuando afirmó que “los precios de los hidrocarburos son una variable que es totalmente independiente de nosotros”.
Lo que desmiente absolutamente eso del dominio neuquino de los recursos, ya que sería un dominio que ni siquiera puede fijar los precios de los bienes de su propio dominio, pues lo fijan esas multinacionales y fondos de inversión que los extraen.
Pero lo que este gobierno ha llevado a una escala superior es la dependencia del Estado de esas multinacionales para funciones que le son propias, referidas a educación, obras públicas y otras. Ninguna de las sociedades anónimas multinacionales, ni los fondos de inversión que las componen accionariamente, y tampoco YPF S.A., son sociedades de beneficencia. Por lo que sus acciones de “responsabilidad social empresaria” son apenas una faceta del negocio general, como un plus por el cual tienen al Estado como rehén de sus fines de lucro.
El gobernador reivindicó esta dinámica como algo positivo y que lo llevará a fondo.
Becas, capacitación y educación para y por las petroleras
El gobernador, al mencionar un “ambicioso plan de becas” estudiantiles que alcanzará este año unos 25.000 jóvenes y niñas/os, hizo un reconocimiento especial a quienes denominó “aliados” en el plan de becas. Y al mencionarlos de acuerdo al aporte que hace cada una, nombró a la flor y nata de las petroleras que saquean Vaca Muerta y la provincia: PAE S.A., YPF S.A., PlusPetrol S.A., Pampa Energía S.A., VISTA Oil S.A., TecPetrol S.A., Phoenix S.A., Shell S.A., ExxonMobil S.A., Total Energies S.A., GtyP S.E., etc.
La ministra de Educación, Soledad Martínez, en la formalización de un acuerdo con dos petroleras, definió el término “aliado” de la siguiente manera: “Ser aliados significa que las dos empresas están haciendo aportes importantes de recursos para poder sostener el programa de becas” (Econojournal, 30/5/24).
Pero no se reduce a la intervención en las becas. También el gobierno ha firmado acuerdos de capacitación con YPF S.A., PAE, Tecpetrol, Vista y otras petroleras. De esta manera el Estado pone parte de los recursos para abaratar la capacitación laboral de las empresas, que deberían ser a su exclusivo costo, ya que el beneficio de trabajadoras/es más capacitados redunda en beneficio de lucro de la empresa.
Esos programas de capacitación para las escuelas técnicas, como el denominado GenEra, son creados por las empresas y financiados por ellas: “En 2.024, el programa beneficiará a nueve escuelas técnicas en cuatro localidades de la provincia: Rincón de los Sauces, Añelo, Neuquén y Senillosa, alcanzando a más de 1.000 estudiantes y 150 docentes. Entre 2025 y 2026 se integrarán diez escuelas técnicas de otras ocho localidades: Chos Malal, Cutral Có, Plaza Huincul, Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Plottier y Centenario, incrementando notablemente su alcance a estas 12 localidades. Los resultados del programa se evaluarán periódicamente y se elaborará un informe para los directivos de las escuelas, con el objetivo de definir las acciones para el siguiente ciclo” (Idem). Lo que quiere decir que serán las petroleras las que definan las currículas de acuerdo a los resultados de las capacitaciones que financian y organizan.
El mismo gobernador dijo en su discurso inaugural de sesiones de este año: “Le pedimos a las petroleras que inviertan en educación y formación para nuestra gente”.
Como explicó Federico Farías, director Operativo de Becas, las mismas abarcan “desde la educación inicial hasta la formación superior, pasando por la formación profesional y la terminalidad de estudios”, (Diario Río Negro, 10/02/25). No es casualidad, entonces, que en el discurso del gobernador se haya mencionado que “se pondrá en marcha también la revisión integral de los diseños curriculares de los niveles primario y superior”.
Lo cual también tiene la derivación de sacar conclusiones sobre el papel de impulsor de estas reformas de los diseños curriculares que juega la conducción TEP-Celeste de ATEN. Lejos de tratarse de propuestas “descolonizadoras” y “emancipadoras”, como afirma la burocracia sindical, no son otra cosa que arrodillar a la educación científica y universal a los intereses de los saqueadores de los recursos naturales.
La cuestión de los recursos
Respecto a este aspecto, el gobernador volcó una frase que, partiendo de una verdad, la usa para justificar el saqueo.
Dijo Rolando Figueroa en la Legislatura: “Quiero dejar en claro que Neuquén no es una provincia rica, es una provincia con recursos”. Esto es así, pero lo que no mencionó es que la explotación de esos recursos está privatizada en el 100% y por lo tanto esos recursos no implican bienestar para la población como macanea el gobernador.
No es casualidad que haya puesto la mira en un recurso como el agua. Por supuesto que Neuquén tiene en sus ríos y lagos un gran recurso hídrico. Pero el uso de los ríos para producir energía está en manos privadas, y la explotación de lagos y orillas también, están acaparados por la especulación inmobiliaria o la explotación comercial.
No es a esta nefasta realidad que se refirió el gobernador. Estaba apuntando a algo tan grave como la privatización de lo que aún no está formalmente privatizado: la distribución y el cobro del uso de agua domiciliaria. Hay una campaña mediática oficial contra el supuesto derroche de parte de las familias. Campaña que el gobernador reforzó diciendo: “La gestión del agua me preocupa especialmente. ¿Por qué? Porque no la estamos cuidando ni le damos el valor que tiene (...) Hoy los neuquinos consumimos más del doble de agua, casi el triple, de la que necesitamos, lo que implica dilapidar recursos tanto para su abastecimiento como para su posterior tratamiento. Tenemos que comenzar a cuidarla y valorarla. No vale lo mismo el agua en el río que en la canilla. Para cumplir con este propósito vamos a armonizar la gestión del agua a partir de parámetros objetivos”.
Obvio que las familias consumen ingentes cantidades de agua, más que el promedio en la Pampa Húmeda. Pero esa es una comparación que carece de sentido, toda vez que los valles verdes neuquinos donde se asientan las poblaciones a lo largo de los cursos de agua o costas de lagos, forman parte de una geología desértica, de clima seco en extremo, y por lo tanto el uso del agua necesaria para mantener un jardín, una huerta o un espacio verde, requiere mucho mayor volumen que en la Pampa Húmeda. Masificar la colocación de medidores del consumo de agua domiciliaria, como es el objetivo oficial, sería una masacre sobre los bolsillos empobrecidos de las y los neuquinos, pero además, un severo daño ambiental.
Pero no se limita al uso del agua domiciliaria como negocio capitalista (lo cual incluye la profundización de las privatización y tercerizaciones que sufre el Ente Provincial de Agua y Saneamiento). Porque se anunció que como se trata de “una política de Estado, el primer paso lo va a dar el gobierno. Ya hemos iniciado el estudio para poner en producción las tierras fiscales de Vaca Muerta a partir de aprovechar el agua industrial como agua de riego para lo cual invitaremos a todos los que se quieren sumar en este desafiante trabajo. Ya me han dicho que sí algunas operadoras y también vamos a convocar a varios superficiarios y poseedores de tierra en la región de Vaca Muerta”. Ahora con el agua que refluye del fracking.
Otra vez las petroleras ampliando el radio de su influencia. Y fue más allá en negocios que las involucran, porque en esta parte de su discurso mencionó un tema aparentemente distinto cuando señaló: “Asimismo, hay mucho interés en concretar centros de procesamiento de datos en nuestra provincia”. Ya se sabe que las petroleras monetizan el gas que no consumen en sus yacimientos. Al uso como materia prima para generar en usinas, ahora le han sumado el uso de esa energía para minar criptomonedas, lo cual es muy coherente con el declarado interés en la IA y el procesamiento de datos, que el gobernador expresó como el objetivo que “Neuquén se proyecte como un referente en transformación tecnológica. En este contexto, la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) irrumpe fuertemente redefiniendo el desarrollo sostenible del agua y la energía”.
Subsidiando al capital
El gobernador anunció que se ha “cambiado de una política de subsidio por la del crédito, de esta forma se incentivaron las líneas de créditos con tasas de interés inferiores a las de Mercado”. Lo que en castellano quiere decir, ahora subsidiamos los créditos.
Lo cual incluye a los proyectos público-privado, como el del Mercado Concentrador de Neuquén S.A. (cuya mitad del directorio lo integran los privados) y su Parque Agroalimentario de Neuquén. O el anuncio de incentivar la instalación de parques industriales, lo cuales gozarán de las mieles de tasas subsidiadas e incentivos que le otorga la antigua ley Nº 378 (del año 1964) entre las que se incluye la “Exención de impuestos provinciales, ordinarios, de emergencia o especiales y cualquier otro gravamen creado o a crearse, por los plazos, porcentajes y/o montos que se especifiquen en el convenio”, “de gravámenes sobre los actos jurídicos relativos a la constitución y/o inscripción de las sociedades, asociaciones y/o entidades que realicen la propuesta” y “de gravámenes fiscales de sellado y/o tasas provinciales, patentes y contribuciones en el territorio de la Provincia, siempre por los plazos, montos y/o porcentajes que se expresen en el convenio”.
También se anunció una “tarifa de energía promocionada” para las inversiones que se realicen en Rincón de los Sauces, uno de los centros petroleros por excelencia. Algo que contrasta con los anuncios de aplicar un severo plan de “recupero financiero” a los adjudicatarios de viviendas populares o el cobro por medición en el consumo del uso domiciliario del agua.
Con seguridad jurídica
La denominada seguridad jurídica fue exaltada por el discurso del gobernador. Uno de los ítems donde se aplica ese principio es el de las obras de rutas e infraestructura, donde las petroleras (otra vez) determinan cuáles sí y cuáles no convienen a sus intereses. No es casualidad que en cuatro rutas que mencionó el gobernador como obras en sociedad con las petroleras, se va a implementar un sistema de cobro de peajes a partir de una ley votada a instancias del Poder Ejecutivo. No sería extraño que cuando se instrumente el sistema de peajes, sean las petroleras o subsidiarias suyas las que ganen la licitación.
En otro ángulo el gobernador dijo que para “las rutas del llamado ‘corredor petrolero’ existe el compromiso de unas 10 empresas que operan yacimientos de Vaca Muerta para realizar esta obra”. En este sentido el gobernador resaltó el acuerdo recientemente alcanzado con YPF S.A. para que financie el pavimento de algunas rutas u obras de redes de gas en Añelo. Varias obras más se realizan en el marco de la “seguridad jurídica” con las petroleras.
Pero no solo rutas y obras de redes de gas, con Pan American Energy se selló un acuerdo para una obra de electricidad. Y detalló el gobernador: “En el día de ayer hemos firmado con Pluspetrol, una empresa nacida en Neuquén, dos convenios a través de los cuales la operadora aportará, por un lado, $166 millones para la ejecución del proyecto “Centro de Día Hospital de Añelo” que será sede del programa de salud mental y será ejecutado por Corfone y por otra parte $250 millones para la financiación de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, a dictarse en la localidad de Añelo”. Y el gobierno, dijo, está acordando con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) un “Fondo de Infraestructura para el Desarrollo de Vaca Muerta”.
Todo muy elocuente de la orientación capitalista que el gobierno seguirá (como desde la fundación provincial y los 60 años del MPN en el poder).
Por lo tanto, contrariamente a lo que anuncia el gobernador, vino para que en lo esencial todo siga en el mismo rumbo.
Hay que romper esta orientación, que no será solo en el marco provincial, para que realmente los recursos y los bienes que se generan a partir de ellos, sean puestos al servicio de una desarrollo de las fuerzas productivas y los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. Socialismo o barbarie, sigue tan vigente como hace un siglo atrás.
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Este jueves 6 de marzo se llevó a cabo un brutal operativo represivo policial a los fines de ejecutar la orden de desalojo contra la comunidad Quemquemtrew en la cuesta del ternero, en la zona de El Bolsón. La medida fue realizada por 150 policías del cuerpo especial de Río Negro, con personal de Montada, con armas largas y toda una infraestructura digital. La orden de la justicia fue presentada como una medida de constatación previa al desalojo. Sin embargo, el descomunal operativo que incluyó todo un arsenal represivo, era acorde a un desalojo y no a una constatación. Y así fue.
Asimismo, el operativo desconoció la presentación de una nueva medida cautelar para frenar el desalojo y se negó el derecho a las infancias. Es que las representantes de la comunidad denunciaron en la conferencia de prensa realizada en FM Alas que no se les permitió presentar una denuncia para preservar la integridad de menores que habitan en los territorios.
La comunidad, que viene reclamando el reconocimiento ancestral de dichos territorios, se retiró voluntariamente y pacíficamente para evitar el desmadre represivo. Recordemos que en dicho lugar fue asesinado Elías Garay por sicarios que responden al empresariado local y al poder de turno. Esto, cuando la comunidad Quemquemtrew, viene reivindicando su legítimo derecho al territorio y desde septiembre de 2021 el empresario Rolando Rocco viene reclamando el desalojo.
La acción represiva fue saludada y reivindicada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Ambos, en nombre de la seguridad jurídica y el orden, hablan de usurpación cuando la realidad es la contraria. Es que cuando se trata de una toma vip, el Estado brinda todas las garantías jurídicas como ocurre con Lewis y Benetton.
Por otra parte, los recursos estatales operados para este desalojo contrastan con los utilizados en los incendios y para la reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas. Como se ve, una profunda orientación de clase se refleja en la persecución y hostigamiento del pueblo mapuche.
El Partido Obrero de Río Negro repudia enérgicamente el desalojo, rechaza la política de criminalización a las comunidades y se suma a las actividades en curso. Es de enorme importancia impulsar una gran campaña por la defensa del pueblo mapuche mostrando que los verdaderos usurpadores y delincuentes son los Lewis y los gobiernos.
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Texproil, una empresa metalífera de punta proveedora de Vaca Muerta y la industria del petróleo en todo el mundo, despidió una decena de trabajadores y suspendió de sus funciones a un turno completo. La empresa en cuestión tiene sede en la localidad de Cipolletti, y posee filiales en Comodoro Rivadavia (Santa Cruz) y en el país vecino de Colombia. En su portal oficial la empresa se presenta como innovadora para la industria del petróleo y el gas, ofreciendo materiales de vanguardia para la extracción.
A los fines de intervenir en esta industria, Texproil se asoció con SageRider INC, una multinacional estadounidense proveedora de petróleo y gas, que adquirió una participación en Texproil SRL Argentina. Texproil pudo así expandir su presencia y oferta de productos de “Intelligent Completion”, es decir una plataforma digital de la industria energética en el mundo. Luego de este acuerdo, añadió a sus actuales capacidades de fabricación y diseño de productos el servicio de monitoreo de presión y temperatura en pozos de producción en tiempo real.
Sobre los motivos de los despidos y suspensiones, las empresas buscan concentrarse en la industria de los no convencionales a tono a la orientación de YPF que se desprende los pozos convencionales en Chubut y Santa Cruz.
Por otra parte, las empresas presionan (y esperan) una devaluación para abaratar los salarios en pesos de los trabajadores.
Asimismo, la continuidad de inversiones de la industria metalúrgica está cuestionada en función del proceso de aranceles impuesto por EE.UU., buscando las empresas mayores concesiones y la eliminación del cepo.
Al mismo tiempo, los despidos alcanzaron a trabajadores de Villa Regina, donde una conocida empresa de servicios desvinculó a dos trabajadores. Los despedidos en cuestión son especialistas en tornería.
Ante este cuadro, la UOM no ha salido a rechazar los despidos. No se podía esperar menos de una burocracia que cerró una paritaria a la baja y ha dejado pasar el ajuste del gobierno y la patronal sobre los trabajadores. Tampoco han dicho nada el gobierno provincial de Alberto Weretilneck ni los intendentes. La UOM es uno de los gremios donde avanzan reformas laborales por empresas.
Por todo esto, desde el Partido Obrero impulsamos comenzar un proceso de deliberación entre los trabajadores de la industria metalífera, afectados por las medidas del gobierno y las patronales.
Nos pronunciamos y luchamos por la defensa incondicional de todos los puestos de trabajo. Ningún despido. Reincorporación inmediata.
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Imitando las medidas mileístas para la inauguración de sesiones en el Congreso nacional, en las que la prensa fue aislada y maltratada para entorpecer sus labores, el gobernador de Neuquén directamente no permitió la presencia de la prensa en el recinto, al cual solo pudieron ingresar los legisladores y funcionarios del Estado y dirigentes sindicales de las burocracias afines (petroleros, Uocra, ATE, etc.).
No obstante, en el discurso pretendió tomar cierta distancia del gobierno nacional, sin dejar de advertir que lo apoyará, como lo ha venido haciendo sistemáticamente desde el RIGI (régimen preferencial de inversiones) y cada medida de la motosierra de ajuste y persecución a los que luchan.
Fue brutal que prácticamente en el inicio hiciera referencia a la desaparición desde hace ocho meses de la joven estudiante Luciana Muñoz, mencionando la consigna que encabeza las movilizaciones que reclaman su aparición: “No estamos todas, falta Luciana”. Un acto repugnante de autoexculpación de sus propias responsabilidades en el tema, que contrasta con la larga perorata que hizo luego, detallando las inversiones en equipamiento sofisticados para la policía y la justicia, que son parte de estos ocho meses de impunidad.
A pesar de lo que diga el gobernador, en esta provincia, ni las mujeres ni las disidencias están cuidadas y protegidas contra los violentos. Con toda razón al finalizar la sesión la diputada Gabriela Suppicich del PO en el FIT-U, que hoy culmina su mandato, convocó a movilizar masivamente este 8M.
El p.q y el reclamo devaluatorio
Como todos conocen, la cuestión hidrocarburífera es un tema nodal de la economía provincial. Respecto al tema fundamental en la vida de la provincia, el gobernador reclamó abiertamente por una devaluación del peso, recordando el beneficio que trajo a las arcas fiscales de Neuquén la devaluación que ejecutó Milei en sus primeros días de gobierno. Respecto a la cual dijo que tras un año de atraso cambiario, “estamos como antes de aquella devaluación”.
Según lo que dijo el gobernador, la fórmula que determina los ingresos por regalías y los impuestos relacionados a los hidrocarburos, dependen de dos factores: uno que denominó “p” que es el precio y otro que denominó “q” que son los volúmenes extraídos.
Por lo que aunque su gobierno otorgue toda clase de ventajas a las empresas y se batan récords de producción respecto a las últimas décadas, como “p” (el precio) está fijado en dólares y éste tiene un atraso cambiario, los mayores volúmenes no redundan en un mayor ingreso de regalías. Por eso reclama la devaluación del peso, lo cual tendría efectos catastróficos sobre la carestía ante salarios bajo la línea de pobreza del 80% de las y los trabajadores neuquinos, ni hablar de las jubilaciones tanto en el ISSN como en la Anses.
El gobernador planteó a la sociedad una opción falsa: devaluar versus no devaluar. Esta falsa opción (ambas rabiosamente capitalistas), no benefician ni a los neuquinos ni a las y los trabajadores y sectores populares de todo el país.
En ambos casos el gran beneficiado sería el capital (el hidrocarburífero en el caso de Neuquén), ya que abarataría el “costo laboral” medido en dólares que es la moneda que fija sus ingresos tanto en la comercialización en el mercado interno como con la exportación creciente.
Para un gobernador que apoya las ventajas impositivas nacionales a las empresas hidrocarburíferas, que las exime de impuestos provinciales, y que hace obra pública (con dineros del Estado) para facilitarles sus negocios, el reclamo de una devaluación lo ratifica como un enemigo de los intereses populares, a los cuales tanto se jactó de defender.
Algo que trató de encubrir con una serie de datos estadísticos, que esconden el gran negocio que se está realizando para la patria contratista con la obra pública.
La redistribución de la riqueza
Otro concepto que lanzó en su discurso el gobernador Figueroa, que funge como pretendida justificación de la motosierra local, es que “no se puede redistribuir lo que no se tiene”. Pero si, como dijo, al asumir su mandato había un déficit de 4.000 millones de dólares en infraestructura educativa, de salud, rutas, viviendas, etc., y 1.000 millones de dólares de deuda del Tesoro, debería haber comenzado por pedir disculpas a la población, ya que en el mandato del 2015-2019 del anterior gobernador, Omar Gutiérrez, el actual gobernador fue su vice, y por lo tanto responsable también de ese nivel de desinversión y endeudamiento. Figueroa, como vice y presidente de la Legislatura promovió la aprobación de las leyes de emisión de deuda en dólares por centenares de millones, que hasta hoy se están pagando a tasas usurarias.
Una particular manera que “no haya para distribuir” es que el Estado custodie, con represión incluso, el lucro y la propiedad capitalista. Que es precisamente la política de Figueroa durante su participación en los gobiernos del MPN, como en el actual.
No hay mejor prueba de ello, que dos anuncios que realizó en su discurso. Por un lado dijo que iba a eximir del pago del impuesto provincial a los Ingresos Brutos al sector hotelería, gastronomía y turismo, empleadores seriales de mano de obra sin registrar y jornadas de 12 horas y más sin pagar horas extras o francos. Pero por el otro, “para que haya”, anunció que a los adjudicatarios de planes de viviendas populares del pasado que no han pagado las cuotas, se les cobrará como recupero para abastecer un fondo para construir viviendas.
Dicho esto en una provincia que hace décadas soporta un déficit habitacional espantoso y donde los alquileres consumen el equivalente a más de un salario promedio. En Añelo (corazón de Vaca Muerta) se cobra hasta U$S 10.000 por mes por un departamento (LMN, 28/2).
El argumento para intimar a familias obreras y pobres a pagar por acceder a un techo, muestra la orientación social rabiosamente capitalista del gobierno. El gobernador dijo que es injusto que el resto de la sociedad con sus impuestos pague las obras que los adjudicatarios de viviendas no pagan. Pero lo que es injusto es que la sociedad se haga cargo de sostener con sus impuestos incrementados las eximiciones impositivas al gran capital.
Porque, además, el pago de las cuotas de viviendas populares por parte de los adjudicatarios, es una doble imposición (como el cobro de aranceles en los hospitales). Todo consumidor aunque no pague otros impuestos, debe abonar el 20% de su consumo como IVA (y para el asalariado no hay eximiciones en esto). O sea, que en un período de 10 años, unos cuarenta salarios se tributan como IVA, monto suficiente como aporte al Estado para que cubra el costo de una vivienda popular. Pero como la construcción de viviendas populares se pagan al precio del negocio para la patria contratista (que luego es eximida de pagar impuestos), “no hay para redistribuir”.
Todo el discurso del gobernador ha sido una cruel hipocresía.
Otros temas como lo dicho sobre educación, salud, obra pública, programas de empleabilidad, etc, serán motivo de otros artículos. Pero hay algo claro: Figueroa llegó al gobierno para que todo siga igual, solo que con formas adornadas de frases grandilocuentes.
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La dirección nacional Celeste de Ctera estuvo a la defensiva durante todo el congreso ordinario XXXIX y el CII extraordinario, porque no pudo justificar por qué la central docente más grande de Latinoamérica y el mundo, ha dejado pasar sin acción alguna, la ofensiva de Milei. Además, tenía como orden del día el tratamiento de memorias y balances acumulados de 2022 y 2023 y la reforma de los estatutos que prácticamente nadie debatió.
Completamente paralizada, la burocracia ni siquiera impulsó parar el día 5 de marzo de manera aislada (cuando comienzan las clases en muchas provincias), porque no se quieren enfrentar a sus gobernadores como el peronista Kicillof.
Las y los congresales de la oposición defendimos el planteo de parar el 5 y desenvolver un proceso de deliberación para darle continuidad a un plan de lucha que derrote el ajuste de Milei y sus cómplices. Ante esto, la burocracia de Ctera tuvo que recurrir a una fuga por la tangente para no votar en contra de la única moción de lucha del Congreso y propuso ya casi en el final del debate... una jornada de lucha sin paro el 13 de marzo.
Fueron pasando uno a uno los congresales de la Celeste, completando el rompecabezas de fundamentos para no luchar: "Está en juego la democracia", "hay que defender la estatalidad del Estado social y garantista que supimos conquistar", "no podemos obligar a que luchen los que votaron a Milei", "hay que hacer lo que todos pueden garantizar", "la derecha avanza y es tiempo de resistencia", "la batalla es cultural", "el que cuestiona a la Ctera le hace el juego a la derecha". Un compendio del manual básico de todo burócrata.
Aunque la secretaria general, Sonia Alesso, tuvo que reconocer que hubo errores para que avance la derecha y que hay gobernadores propios que dicen una cosa en sus provincias y sus diputados votan otra.
Marcelo Guagliardo (secretario general y congresal por Aten y miembro de la junta ejecutiva de Ctera), cerró el congreso con un enérgico discurso que justificó el carnereo del paro del 5. Importa prestar atención, porque estamos ante el posible próximo candidato a secretario general de Ctera. Quien comenzó disparando contra la oposición y no contra Milei y los gobernadores. Cargó la responsabilidad sobre la oposición llegando a afirmar, sacado y a los gritos, que el plan de lucha como una enunciación mágica, es lo que ¡busca el gobierno de Milei! Tejiendo una retórica poética para embellecer su propia colaboración con el ajuste, subestimando la capacidad de acción a la base docente.
Las y los congresales de la oposición, sin embargo, contrapusimos que para dar vuelta la ofensiva contra la educación, es necesario impulsar un plan de lucha con paros nacionales progresivos, llamando a la comunidad a defender sus derechos, contra el gobierno chorrocripto. Porque no es cierto que la docencia no quiere luchar, cuando en Misiones se puso de pie, la dirección de Ctera acordó con el gobierno y dio la espalda al misionazo.
Asimismo, defendimos la legítima victoria de la Lista 5 El Hormiguero en Adep-Jujuy, denunciamos la decisión antidemocrática de impedir la participación de congresales de Uepc Capital electos en asamblea y el ataque del gobierno santacruceño a la lucha de Adosac que se libra en estos momentos. Para que la derecha no avance hay que enfrentarla en la calle y con la lucha, como el 1F y con un verdadero plan de lucha, con la huelga y la movilización de los trabajadores, que las centrales abandonaron, dándole gobernabilidad a Milei.
Apenas finalizado el Congreso de Ctera los títulos de los medios anunciaban que los gremios docentes de la CGT, también carnereaban el paro, suspendiendo la medida. No es casualidad y no es pura coincidencia. Hay que recuperar los sindicatos, luchando para derrotar a Milei y los gobernadores.
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Este viernes 28, el juez Juan Pablo Laurence ordenó la libertad del brigadista voluntario Nicolás Heredia luego de estar detenido por 23 días. Nicolás fue encarcelado el pasado 5 de febrero junto a otros dos brigadistas en el marco de los incendios de El Bolsón y desde esa fecha permanecía en el penal de Bariloche. Deberá presentarse cada 15 días ante la justicia.
La libertad resuelta en el día de ayer no tuvo esta vez oposición de la fiscalía. Es que la contundencia de las pericias y de que asistíamos a una causa trucha se cayó ante la magnitud de la evidencia de que Nicolás no había generado ningún incendio. Se trataba de todo lo contrario, ya que Nicolás Heredia como tantos otros trabajadores/as colaboraron con las tareas para combatir los incendios.
En esa línea, las pericias en el teléfono de Heredia no acreditaron ninguna conexión con la generación de incendios, no se encontraron huellas de Nicolás en la botella de gasoil y los testigos nunca aportaron datos concretos, llegando incluso al ridículo que las mismas versiones ofrecidas por fiscalía se contradecían.
Ante tamaña arbitrariedad, criminalización y persecución quedaba claro que Nicolás Heredia era un preso político. Por ello, desde el primer día se motorizaron numerosas actividades tanto en Neuquén como en Río Negro. En su ciudad de origen y de trabajo, Senillosa, sindicatos organizaron un comité por su libertad. En ese camino, la diputada del Frente de Izquierda -Partido Obrero- Gabriela Suppicich presentó un proyecto de Comunicación exigiendo su liberación y el pronunciamiento del gobernador neuquino. La campaña por la libertad de Nicolás crecía y se nacionalizaba.
La libertad de Nicolás es una victoria de la acción y la lucha de un conjunto de organizaciones y es un golpe a la política de criminalización, persecución y represión. Es que el caso de Nicolás resumió cómo opera el método Bullrich: causas armadas, chivos expiatorios, operaciones mediáticas y criminalización. Un combo que busca quebrar la organización popular a sabiendas del plan de guerra que el gobierno de Milei lleva en marcha. Y en lo concreto, esta causa buscó absolver a los gobiernos y desviar la atención popular de las responsabilidades del vaciamiento de los programas para combatir y prevenir los incendios. Vale recordar que en 2024 recortaron en un 78% el presupuesto del Servicio Nacional del Fuego.
Ahora, vamos por la anulación de la causa a Nicolás y todos los brigadistas voluntarios. Incorporemos este reclamo este 8 y 24 de marzo.
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La próxima temporada invernal ya está en el radar del gobierno para las compras de GNL. Otro año en que los anuncios oficiales sobre un país exportador a Brasil y al mundo del fluído, se cerrará importando grandes volúmenes de gas, hasta de Chile, un país que no tiene hidrocarburos en su subsuelo y que importará GNL que luego venderá a Argentina, actuando de “intermediario”. Como en la épocas de Aranguren, el ¿ex? CEO de Shell que como ministro de Energía de Macri importaba gas de ese país para favorecer a sus accionistas.
La crisis capitalista agrava la clásica anarquía del régimen
En el marco de un mundo fracturado y amenazado por la tendencia hacia una apocalíptica tercera guerra, los Estados pugnan entre sí en un marco de cruce de intereses, incluso los que constituyen un mismo “bloque”. En este contexto, el tema de la energía es vital. En ese mundo de gigantes, la Argentina juega apenas como una hoja seca en el viento.
Es desde este punto de vista que debe analizarse la política energética nacional. La realidad indica que la huelga de inversiones, que ni el Rigi pudo revertir significativamente, y la parálisis o retraso de las obras de infraestructura, colocan al país de Vaca Muerta como importador de gas, no como exportador. Una realidad que no se altera cambiando de nombre a un gasoducto.
En estos días, el Ministerio de Economía ha emitido la Resolución 169/2025, por la cual llama a licitación para la ampliación de la capacidad de transporte del rebautizado ducto, antes Néstor Kirchner y ahora Perito Moreno. Se trata simplemente de aumentar la capacidad de transporte incrementando la presión en los caños.
Una cuestión que en principio implica ciertos riesgos, habida cuenta el caño que se abrió como una lata de sardinas durante las pruebas hidráulicas en la reversión del gasoducto norte.
TSG y la Resolución 169/2025
Hay que tener en cuenta que el gasoducto, ahora Perito Moreno, es apenas la mitad del proyecto original que preveía llegar desde Vaca Muerta hasta San Jerónimo en la provincia de Santa Fe. Como el segundo tramo nunca se construyó, y tal vez no se construya nunca, la llegada a grandes centros de consumo (AMBA, litoral, etc.) se hace por una conexión con el gasoducto Neuba II (con más de 30 años de uso intensivo) en la zona de Salliqueló hasta donde llega el primer tramo construido del Perito Moreno.
No se construyen nuevos gasoductos, sino que se amplia la capacidad de transporte de gas a través del recurso de aumentar la presión interna del ducto, con la construcción de nuevas plantas compresoras.
El proyecto de TSG, que ahora se licita por la Resolución 169/2025, no es otra cosa que construir tres nuevas plantas compresoras en Casa de Piedra (sobre la zona del Río Colorado en la provincia de Río Negro), Chacharramendi y Doblas (estas dos últimas en la provincia de La Pampa).
La potencia que se pretende inyectar a este primer tramo desde Vaca Muerta (Tratayen) hasta Salliqueló, a través de las tres nuevas plantas compresoras, es de 90.000 HP (caballos de fuerza). Y se deberá construir otra planta compresora en el tramo del Neuba II que va de Salliqueló a AMBA, de 15.000 HP.
De esta forma, se duplicaría el volumen de gas transportado por el ducto Perito Moreno (ahora de alrededor de 20 millones de metros cúbicos día). Y se aumentaría el volumen transportado por el Neuba II para llegar al AMBA. El volumen transportado por el ducto Neuba II ya ha sido ampliado a fuerza de mayor compresión desde hace años.
El tema es que la presión máxima para el gasoducto Perito Moreno es de 97Kg/cm², en tanto que la del Neuba II, al cual debe transferir el mayor volumen de gas transportado, es de 70 kg/cm².
Los expertos de los organismos que controlan estos aspectos fueron despedidos. O directamente esos organismos fueron desmantelados. Es significativo que la Resolución en su artículo 3º inciso c) establezca que TGS debe asumir “la responsabilidad de los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de la ejecución de las obras en los tramos finales”, es decir, el trayecto del Neuba II desde Salliqueló al AMBA. El proyecto que motiva la Resolución es presentado por la propia TGS como iniciativa privada. El párrafo citado echa un cono de sombra sobre qué razones tendría TGS para no cumplir un proyecto propio en un tramo que está bajo su concesión.
Las obras de conjunto implican una inversión de U$S 700 millones bajo el paraguas del Rigi, de los cuales U$S 200 están destinados al tramo del Neuba II.
Pero seguimos importando gas
Según fuentes oficiales del sector energético, la Argentina importará este año para la temporada invernal unos 25 buques de GNL y además algunos millones de metros cúbicos diarios desde Chile para el NOA. Es una paradoja, o no, pero el país al cual el país le vendió más energía el año pasado fue… ¡Chile! Así lo dice el sitio Argentina.gob.ar en un comunicado del 21/1/2025, que se jacta de que “el superávit de la balanza comercial energética acumuló USD 5.668 millones” en el año 2024.
Como el mismo comunicado lo afirma, esto se logró sobre la base de que el año pasado las importaciones energéticas “se redujeron un 49,4% interanual”.
¿Se mantendrá esta tendencia para el presente año? Muy difícil. Todo indica que se terminó el viento de cola en el precio del BTU importado por los buques de GNL. El país pasó de pagar en promedio cerca de U$S 30 por MMBTU en el año 2022 a un promedio de U$S 10 en el año 2024.
Pero el precio del BTU de GNL que llegue por los buques durante 2025 rondaría los 15 U$S por MMBTU, un precio cinco veces superior al del GN que se extrae de Vaca Muerta. Con lo cual el superávit de la balanza comercial energética, en gas al menos, quedará comprometido en el presente año. A esto se suma lo que se compre al “intermediario” país vecino.
El marcado atraso de las obras de infraestructura, paralizadas durante más de un año, y la huelga de inversiones en este terreno, colocan al país otra vez al borde del desabastecimiento en los picos de demanda de gas durante el invierno.
Una contradicción con los anuncios del gobierno nacional y el de Neuquén en particular, que salen a vender a los cuatro vientos la potencialidad exportadora inmediata de gas del país. El proyecto de YPF S.A. Argentina GLN, asociada con Shell desde diciembre pasado, se encuentra en una zona gris, ya que la petrolera “nacional” se acaba de sumar al proyecto de GNL que encabezó PAE con Golar a través del buque Hilli Episeyo y que comenzaría a producir en el año 2027.
El proyecto original de YPF, que era su gran apuesta con Petronas, y ahora lo es con Shell, se presenta “con un impacto proyectado de US$ 140.000 millones en 20 años”, según el “acuerdo histórico de exportación” que suscribieron. Pero no termina de asegurar contratos de provisión, a pesar de lo que diga Shell en el optimista informe “Escenarios de Seguridad Energética 2025”.
Ahora YPF tiene una participación del 15% en un proyecto que encabeza PAE, lo que es presentado a modo de taparrabos como “la primera fase” de su propio proyecto original. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Mientras, por otro invierno más, el país importará gas a precios muy por encima de su propia producción. La anarquía capitalista es una mochila de piedras para los intereses nacionales y de los sectores populares. Se debe nacionalizar toda la industria energética bajo control obrero.
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El Consejo Provincial de Educación planteó el cierre de la escuela N° 71 de Tres Chorros en el norte de Neuquén. El establecimiento tiene problemas de infraestructura. La solución sería la construcción de un nuevo edificio institucional, algo que el gobierno no cree necesario y por eso no lo planteó en el presupuesto 2025. La construcción de escuelas y la solución problemas de infraestructura no son una prioridad para este.
Desde el Distrito V de la ciudad de Chos Malal solo se plantea rematricular a las infancias en otras escuelas. Hoy se llevó adelante una convocatoria por parte de las familias de alumnos y alumnas rechazando el cierre de la escuela.
No es una situación aislada en el norte neuquino, ya que la comunidad educativa del Cpem N° 95 de Manzano Amargo se empieza a organizar porque aún no está arreglado el edificio. El gobierno debió reparar el tendido eléctrico, techo, cielo raso y hacer otras tareas. Pero como no se hicieron esas reparaciones, se propone a la comunidad que les estudiantes cursen una vez por semana en el Punto Digital (sitio prestado).
Estos casos se suman a la lista de muchos otros en la provincia, ilustrando la política de vaciamiento de la educación pública de Soledad Martínez y Figueroa en sintonía con el gobierno nacional. La temática de infraestructura escolar es dejada de lado para recortar el presupuesto educativo.
Es necesario organizar un plan de lucha por todas las demandas educativas. Presupuesto para educación. Por escuelas en condiciones. No al cierre de la escuela N°71.
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El gobierno de Rolando Figueroa y su ministra de Educación, Soledad Martínez, realizaron un verdadero papelón convocando a la prensa a la inauguración del ciclo lectivo en la escuela 256 de la ciudad de Neuquén, la cual está en construcción. El panorama fue bochornoso y mostró la continuidad de una política de vaciamiento del presupuesto educativo y de infraestructura escolar.
La llegada de los medios a la escuela en cuestión pudo retratar el estado de la misma, con árboles caídos, pisos en construcción, hierros al descubierto y paredes en pésimas condiciones. Ante este escenario, el gobierno debió cambiar a último momento el lugar de inauguración del ciclo lectivo a una escuela de centenario; sin embargo, quedó expuesta la política oficial de ajuste.
Mientras esto ocurría, la comisión directiva de Aten Capital denunció la estafa del gobierno ya que durante el receso anunció inversiones millonarias e históricas por encima de los $21.000 millones y son más de 30 escuelas las que en Neuquén capital no pudieron iniciar.
El gobernador Figueroa y su Ministra Martínez, se hicieron la rata, de la inauguración del ciclo lectivo en la Escuela 256. Como decenas de escuelas, no está en condiciones o sigue en obra. Miles de estudiantes sin clases. Ni avisaron a la prensa. No pudieron evitar el papelonazo pic.twitter.com/ffY4qdYZoJ
Además del caso testigo de la 256, también la comisión directiva Capital expuso la realidad de la escuela 190 en el oeste neuquino, donde el gobierno había prometido un SUM (salón de usos múltiples) y lo cambió por la instalación de un césped sintético.
El contraste de anuncios oficiales y realidad no es solo de Capital. En la escuela primaria N° 105 de Vista Alegre, las madres y los padres llevaron adelante un piquete a la altura del Dique Ballester reclamando la ampliación del edificio. Sucede que la comunidad educativa se llevó la sorpresa de que no instalaron los tráileres que habían prometido y el gobierno ofreció un sistema de turnos para ir a clases. Se expone el carácter farsante del gobierno que se llena la boca con los 180 días de clases y la calidad educativa.
Así también, en la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza, la minoría de Aten denunció que más de 11 edificios se encuentran con obras inconclusas. Las escuelas con problemas edilicios son: 45, 63, 102, 133, 137, 138, 143, 151, 152, 159 y 172.
Ante este cuadro, es ilustrativo el silencio de la comisión directiva provincial donde la denuncia de la infraestructura escolar es omitida con el fin salvar la política de vaciamiento de Soledad Martínez y Figueroa.
El problema de la infraestructura escolar expone el ajuste del gobierno, que se suma al recorte en los salarios con un acuerdo que nos deja abajo de la inflación en una provincia con alquileres que se acercan al millón de pesos y tarifas de gas y luz superiores a los $100.000. Esto produce que haya que trabajar un turno solo para pagar el alquiler.
Necesitamos deliberar y poner en pie asambleas por la infraestructura escolar, la defensa de nuestras condiciones de trabajo y un salario que alcance la canasta familiar.
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Gabriela Suppicich, dirigente del Partido Obrero de Neuquén, cerró su gestión al frente de la banca del Frente de Izquierda - Unidad en la Legislatura de la provincia, que alcanzó el período desde el 10 de diciembre 2023 al 2 de marzo de 2025. Vale resaltar que en el período en que ejerció como legisladora también encabezó una lista de oposición en las elecciones del sindicato de docentes universitarios obteniendo la minoría en la sede capital.
En un año y dos meses de intensa intervención política denunciando la motosierra de los gobiernos, desenvolvió una agitación política en favor de los principales reclamos populares. Fue así que en la una conferencia de prensa de cierre de su mandato estuvo respaldada con delegaciones de las principales luchas de la provincia.
Gabriela presentó un balance de los proyectos presentados y las conclusiones de cada iniciativa. Participaron de la actividad compañeros/as del Inta, a través de su secretario general Jorge Muñiz, y trabajadores/as de salud que luchan por las seis horas, reclamo del cual fue vocera. También representantes del Inti, el Banco Nación, el Centro de Fortalecimiento Familiar de Valentina Sur. En el caso de Inti, Banco Nación y Afip se obtuvieron comunicaciones legislativas que sirvieron de puntal al proceso de luchas.
Un capítulo central de las iniciativas, y de la conferencia, fue la presencia de los familiares de Silvia Cabañares y Luciana Muñoz. El caso del femicidio de Silvia tuvo a Gabriela como portavoz de la lucha en la causa del abuso sexual grupal y de la campaña por justicia ante el femicidio. En el caso de Luciana defendió sistemáticamente en las sesiones el reclamo de aparición con vida y presentó un proyecto que obtuvo aprobación.
También se hicieron presentes compañeras del FOL y el Polo Obrero, ya que Gabriela presentó un proyecto de ley de garantía alimentaria en momentos que las organizaciones populares son perseguidas y criminalizadas por luchar contra el hambre.
Asimismo fue de enorme importancia la presencia de ATE y Aten Senillosa, en virtud del reclamo de libertad de Nicolás Heredia. Por esta demanda se presentó un proyecto de comunicación que tomará estado parlamentario en los próximos días.
Para finalizar, Gabriela desenvolvió un capítulo de proyectos propios de la clase trabajadora que no se trataron, los cuales reflejan la agenda parlamentaria reaccionaria del gobernador Rolando Figueroa y los partidos patronales. Mencionó la negativa a tratar diferentes pedidos de informe por los subsidios estatales a grandes empresas, sociedades del Estado y doble sueldos a funcionarios. Estos requerimientos importan, ya que Gabriela Suppicich es perseguida por la justicia provincial en el marco de una causa contra las organizaciones sociales. Refleja la doble vara de la Justicia que por un lado persigue a las organizaciones, y por el otro, ofrece y garantiza impunidad a los funcionarios.
Así las cosas, la conferencia de cierre de Gabriela Suppicich expuso la realidad del verdadero Neuquén, levantando importantes reclamos populares y las luchas contra los que gobiernan para el saqueo y entrega de Vaca Muerta.
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Los beneficios a las empresas contrastan con la realidad de miles de rionegrinos.
Desde el viernes 21 de febrero se desarrolla un conflicto liderado por la Uocra Río Negro en la sede de Techint-Sacde en la localidad de Chichinales. La medida consiste en la ocupación de las instalaciones que tiene la empresa en el marco de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur.
La presente obra conecta el oleoducto (crudo de petróleo) desde la localidad neuquina de Añelo, cabecera de Vaca Muerta, hasta la ciudad rionegrina de Allen. Allí empalma con el de Oldelval que va hacia la costa bonaerense en Bahía Blanca y seguirá hacia el sur hasta la hasta la costa rionegrina de Punta Colorada, en Sierra Grande. Se tratan de más de 600 kilómetros, en una obra valuada en 3.000 millones de dólares.
La dirección sindical de Uocra reclama la incorporación de mano de obra local, bloqueando el tránsito a todo trabajador que no sea de la zona. La medida es apoyada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien demagógicamente señaló en su cuenta de twitter: “Basta de atropellos y mentiras. La obra del oleoducto Vaca Muerta Sur es para generar trabajo y desarrollo en Río Negro, no para que empresas foráneas se lleven todo y dejen migajas”. Es una impostura mayúscula, ya que Weretilneck es un entregador serial de los recursos provinciales.
El Rigi y la impostura del gobernador Werefilneck
El reclamo de que el 80% sea mano obra local, levantado por la dirección de la Uocra y el gobernador, se basa en el artículo 2° de la ley provincial 4.818 y en ordenanzas municipales que estipulan porcentajes similares.
Sin embargo, lo que ocultan Weretilnecek y la dirección sindical es que el proyecto se desarrolla en el marco del nuevo régimen de grandes inversiones, el Rigi, que ambos apoyaron. Ese régimen no expresa ningún porcentaje de mano de obra local y solo menciona un 20% de compras a proveedores locales, lo cual es laxo: en el título VII en el artículo 174 inciso L del Rigi (ley 27.742) se estipula que la obligación de contratación de ese porcentaje de empresas locales será “siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentren disponibles y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. Un eufemismo que lo reduce a palabra muerta. La enorme mayoría de los materiales son provistos por Techint a través de Tenaris o Siderar.
Weretilneck y la Uocra ocultan su apoyo al Rigi, porque los invalida en la defensa de los puestos de trabajo y la industria local. Son agentes de las grandes multinacionales, que ahora deben realizar una fenomenal demagogia para no quedar expuestos.
Luchemos por un programa obrero
El Partido Obrero apoya el reclamo de las y los trabajadores de las localidades en la defensa de su prioridad en el ingreso en los puestos de trabajo. Esta defensa no la realizamos con un criterio localista, sino porque son los que soportan día a día la desocupación que genera la desindustrialización de la provincia que es responsabilidad de los gobiernos de las últimas décadas.
Por eso denunciamos al gobernador, que nunca podrá ser un aliado en la defensa de los puestos de trabajo y los intereses de la provincia, ya que impuso su Rigi local regalando tierras, eliminando impuestos y otorgando un conjunto de beneficios a las empresas que contrasta con la realidad de miles de rionegrinos.
Llamamos a las y los trabajadores de la construcción a rechazar la orientación de la burocracia de la Uocra, que centra el foco entre una pelea contra trabajadores de otras provincias. Necesitamos una dirección sindical que luche por fuentes de empleo a través de los necesarios planes de vivienda, obras de urbanización y servicios púbicos de los barrios populares, costeados con impuestos progresivos a las grandes rentas capitalistas.
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El gobierno busca un chivo expiatorio ante los incendios
Este viernes 21/2, el Tribunal de Impugnación de la justicia de Río Negro resolvió que Nicolás Heredia continúe detenido en un penal de Bariloche y rechazó la impugnación de la formulación de cargos realizado por la defensa. Se trata de un fallo vergonzante, violatorio de las garantías constitucionales y al servicio de una campaña que busca encubrir a los verdaderos responsables de los incendios en la Patagonia. La decisión fue resulta por los magistrados María Rita Custet Llambí Mohamed Mussi y Miguel Ángel Cardella.
En los fundamentos del tribunal se ponen de manifiesto las enormes arbitrariedades y se deja al desnudo que asistimos a una causa armada por el poder de turno, es decir, por los Bullrich y los Wereltineck.
El tribunal de impugnación avala toda la teoría fiscal y sostiene como elementos probatorios para la formulación de cargos tres aspectos. En primer lugar, una botella de aceite que estaba en la camioneta que transportaba a Nicolás, algo absolutamente habitual para las herramientas utilizadas en las tareas de los brigadistas. En segundo lugar, el teléfono secuestrado de Nicolás, el cual reconoce que hasta el momento no aparece ningún elemento de cargo y solo solicita más tiempo para terminar las pericias. Y por último, las testimoniales que solo aportan “sospechas”.
Junto al carácter absolutamente endeble de las denominadas “pruebas” para la formulación de cargo, no existen motivos para mantener la prisión preventiva. Según nuestra legislación, la prisión preventiva solo opera cuando existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Y esto de ninguna manera está planteado ya que Nicolás ofreció domicilio legal para sus notificaciones; y sobre el entorpecimiento de la investigación es un argumento claramente arbitrario y ridículo, puesto que los medios de pruebas ya están en manos de la fiscalía ¿cómo podría Nicolás entorpecer la investigación si el teléfono, el combustible y las llamadas testimoniales de testigos ya están en manos de la fiscalía?
Como se podrá apreciar, la resolución es un pronunciamiento político de la justicia al servicio de una campaña que busca colocar chivos expiatorios con el objetivo mayor de ocultar el desguace y vaciamiento del Estado en la lucha contra el fuego y su ligazón con el negocio capitalista responsable de la producción de los incendios.
Quedando claro que asistimos a un fallo clasista y persecutorio, se impone una gran campaña nacional por la liberación de Nicolás y contra la criminalización del pueblo mapuche. Basta de causas armadas por el poder. Libertad ya a Nicolás
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A los casos de Exxon, Petronas y otras se agrega ahora el de Equinor (empresa del Estado noruego), que está ofreciendo en venta su participación accionaria en bloques de Vaca Muerta. La empresa conserva, por ahora, el área offshore frente a Mar del Plata, donde la exploración habría determinado que no hay hidrocarburos y que le quedaría como “inversión perdida”. El año pasado la petrolera noruega ya había vendido a YPF y a CGC su participación en otras áreas offshore, ubicadas frente a las costas de Tierra del Fuego.
Es decir, su presencia en el país se reduciría a una ínfima parte de lo que tenía. Lo suyo no es un rayo en cielo sereno. Y desde este punto de vista es que debe enfocarse la retirada de la petrolera. Lo dejó muy claro Max Medina, gerente de activos de Equinor en Vaca Muerta, cuando en un evento en Houston en el año 2024 dijo que la empresa necesitaba “contar con mayores incentivos” y en forma “rápida” para sostener su producción (en ese momento de 60.000 barriles por día en Vaca Muerta) y para ampliar ese volumen.
Un año después pone en venta esos activos, lo cual tiene una sola traducción: no cuenta con los “mayores incentivos” que reclamó. Ni el Rigi ni los beneficios del decreto 929/2013 del gobierno de CFK (exportar el 20% de su producción petrolera y de gas sin retenciones, y, además, disponer libremente de las divisas obtenidas) alcanzan. El cepo cambiario, la crisis de la economía nacional, la propia situación del mercado hidrocarburífero a escala mundial y los reacomodos de Europa ante la política expansionista y competidora impulsada por Donald Trump explican también la política vendedora de la empresa en Vaca Muerta.
Hay que considerar que Equinor participa del 35% en el área Bandurria Sur, cuyo volumen de producción de petróleo solo es superado por Loma Campana de YPF S.A. y Chevrón. Es decir, que Equinor no participa de áreas marginales sino de la producción en el corazón de Vaca Muerta.
Y vende esa participación en un momento donde el cuello de botella para evacuar barriles desde la zona tendrá un respiro a través de la ampliación de la capacidad del oleoducto a Bahía Blanca y la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur a la costa rionegrina. Y cuando se exporta cada vez más producción petrolera proveniente de Vaca Muerta,
Razones endógenas y exógenas
Los escasos proyectos de inversión que provocó el Rigi (las empresas exigen “mayores incentivos”), la continuidad del cepo y el “atraso cambiario” así como el nivel de reservas negativas, más una economía nacional en declive, constituyen un combo de factores que desaniman el siempre voraz apetito lucrativo de las empresas (y no solo hidrocarburíferas).
A esta altura, incluso, es muy posible que ni las reformas laborales y previsionales en marcha puedan satisfacer los reclamos de “muletas estatales” para abaratar sus costos. Una opinión que recorre las oficinas de los CEOs petroleros es que, en términos de dólares, los salarios del sector se “han encarecido”. Entonces es muy factible, como ocurrió con Exxon, que otros negocios extrafronteras nacionales sean más lucrativos y dirijan sus inversiones hacia ellos.
Por su parte, el gobierno noruego, junto con el de Inglaterra (ambos integrantes de la Otan), acaba de anunciar, en contraste con las declaraciones de Trump, su apoyo a Zelenski y Ucrania para continuar la guerra. Es decir que el país nórdico está metido hasta el caracú en el intento europeo de sostener la guerra desde la Otan. Para el caso de Noruega, el corte del suministro del gas ruso a países europeos ha sido un beneficio adicional, ya que ahora les vende su producción, lo cual ha significado un embolso extra de U$S 113.000 millones de dólares en los últimos dos años. Noruega es el principal proveedor de gas a Europa, especialmente a Alemania. Precisamente Equinor firmó a fines del año 2023 un contrato a largo plazo récord con una firma alemana para proveerle gas.
Pero en la medida que EE.UU. imponga a sus socios europeos el incremento del sostenimiento de la guerra en Ucrania, países como Noruega y su petrolera estatal deberán afinar la punta al lápiz si pretenden sostenerla por sí mismos. Con lo cual en el sector petrolero (y el gasífero también), los factores del mercado mundial combinados con lo que las empresas consideran una pobre “muleta estatal” de parte del gobierno nacional anuncian que la emigración puede ser un proceso que continuará.
La única alternativa es la expropiación bajo control obrero de toda la industria energética, para que los recursos se dirijan hacia la satisfacción de las necesidades populares y el desarrollo nacional.
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encontrarás todos los días la cobertura de las grandes luchas del movimiento obrero, la mujer y la juventud, y el análisis de los principales hechos políticos nacionales e internacionales desde una mirada socialista.
Durante los meses de enero y febrero las familias de la Escuela Nº 73 del paraje rural Covunco Arriba vienen exigiendo respuestas por parte del Distrito III (ubicado en Zapala) del cual depende. El exdirector de dicho distrito, David Franco, adelantó que los estudiantes y docentes de la escuela no contarían con el transporte contratado que garantiza su asistencia al edificio escolar, siguiendo una resolución del CPE.
El estudiantado pretende ser reubicado en otras escuelas. Pero se trata de una escuela rural, donde nada queda cerca. Así, a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2025, año en que la Escuela N.º 73 cumple cien años, el regalo oficial sería el anuncio del cierre de la misma.
Las familias han ido a exigirle tanto al nuevo director del distrito como a la supervisora que los escuche porque desean que sus hijos continúen sus estudios en la escuela. Al no obtener respuestas han decidido plantarse y exigirles el no cierre de la escuela.
Docentes y auxiliares de servicio de la institución han sido notificados verbalmente por la supervisora que deberían cumplir horarios donde tengan otro cargo, si lo tienen.
Pero hay otro detalle aun más escandaloso. A uno de los docentes con más antigüedad le han dicho que no debe presentarse a la escuela y que será notificado de un nuevo destino donde debe cumplir su función. En menos de lo que canta un gallo este gobierno, que tiene su propia motosierra, decide cerrar la escuela y no ha puesto ni un presupuesto para su mantenimiento y refacción.
Es muy grave. La Comisión Directiva de Aten Zapala debe convocar a asamblea y acciones contra el cierre de la centenaria escuela.
Porque mientras el gobierno se jacta de que el año 2025 será de una inversión millonaria en edificios escolares, lo cierto es que cierran escuelas rurales. Toda la educación rural está en la picota, porque para el criterio mercantilista y de motosierra del gobernador Figueroa y su ministra de Educación “progre”, Soledad Martínez, del Partido Socialista, sostener escuelas rurales donde no hay una matrícula numerosa sería un gasto fiscal desmesurado.
Desde Tribuna Docente de Zapala lanzamos una campaña por el no cierre de la Escuela rural N.º 73 del paraje Covunco Arriba. Invitamos también a participar de la acción que llevarán a cabo familias y docentes de la institución en la explanada municipal el día viernes 21/02 a las 8:30 horas.
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La cuarta reunión paritaria de los docentes de Río Negro en el año no sirvió para que el gobierno presentara una oferta atendible. En la línea del gobierno nacional, la gestión de Weretilneck pretende cerrar salarios a la baja. El hambre de las y los trabajadores pareciera ser la única herramienta con la que cuentan los gobiernos para contener la inflación.
Desde el inicio de las conversaciones la discusión se encaminó en dos grandes ejes: la recuperación de los atrasos salariales producidos por el proceso inflacionario de noviembre y diciembre del 2023 (12,8% y 25,5%, respectivamente) y la propuesta salarial para el 2025.
La primera parte se resuelve por parte del gobierno con un ofrecimiento que es una verdadera ofensa: la pérdida salarial producida por la inflación acumulada de noviembre y diciembre, que ronda el 40%, pretende ser resarcida, luego de todo un año de robo descarado, con una suma fija por única vez de entre $85.000 y $105.000 por agente. Lo que debiera ser un pago retroactivo e incorporado al salario por una deuda reconocida, termina siendo un ínfimo pago en negro por única vez.
Por otro lado, la oferta salarial para 2025 pretende complementar el esquema de rebaja salarial, en tanto: nada dice de la inflación de enero, agrega una suma no remunerativa de $50.000 para todas las escalas salariales (con criterio Fonid) y porcentajes sobre el básico de 2,2% para febrero y 1,5% para marzo, abril y mayo. Es importante aclarar que la estimación inflacionaria para febrero ronda el 2,2, pero que las estimaciones para marzo rondan el orden de los 2 a 2,7 puntos.
En definitiva, estamos nuevamente frente a una propuesta que no solo no reconoce lo perdido desde 2023, sino que promete seguir rebajando en relación a la inflación.
La canasta de pobreza cerró para enero en $1.033.716 la nacional y $1.300.000 la patagónica. Si consideramos los salarios de enero, caen por debajo de la línea de pobreza nacional los maestros de grado, preceptores y profesores con 25hs reloj con las antigüedades más bajas. Si se consideran los números de la canasta patagónica, las y los docentes pobres son muchos más. La propuesta del gobierno no solo no saca a un solo docente de la pobreza, sino que promete profundizar la gravedad de esta situación.
Las conducciones de ATE y UPCN recibieron una oferta similar. Luego de manifestar su disconformidad por los primero ofrecimientos y una vez que Rodolfo Aguiar, referente nacional de ATE, se reuniera con el gobernador, la conducción provincial de ATE declaró que ahora la oferta es “más razonable”.
La conducción de Unter aún no se ha manifestado, pero no sería extraño que impulsara la misma línea de claudicación frente al gobierno provincial.
A nivel nacional, los principales medios anuncian que en 13 provincias corre riesgo el inicio de clases. Más allá de que desde el año pasado en Río Negro está anunciado el “no inicio” si no existe un ofrecimiento salarial a la altura, esta provincia no figura en la lista de las 13. Luego de dejar pasar la caída del Fonid y demás programas de ayuda, de que se consolidara una rebaja salarial escandalosa en toda la docencia del país y de que se profundizara el deterioro de toda la educación pública, la conducción de Ctera anuncia una posible medida de no inicio para el lunes 24. Un paro aislado que pretende ser una medida para descomprimir y no para organizar y unificar todas las luchas docentes a nivel nacional, con continuidad en un plan de lucha.
Necesitamos un no inicio y un plan de lucha
La provincia de Río Negro cerró con superávit fiscal su ejercicio 2024, esto, como en el resto del país, se realizó a costa del empobrecimiento y precarización de las y los trabajadores. Necesitamos organizarnos para salir a enfrentar las políticas de hambre y de destrucción de la escuela pública.
Por un aumento que ponga el salario de maestro igual al costo de la canasta patagónica. Todo aumento al valor punto (al básico). Cláusula gatillo por IPC. Rechazo a la reforma flexibilizadora de la secundaria de adultos y técnicas.
Concurramos masivamente a las escuelas a rechazar el plan de ajuste del gobierno. Necesitamos un paro de no inicio y su continuidad en un verdadero plan de lucha.
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El gobierno busca un chivo expiatorio ante los incendios en la Patagonia
El vecino de la localidad neuquina de Senillosa, Nicolás Heredia, se encuentra aún detenido en el penal de Bariloche con prisión preventiva mientras se investiga si tiene alguna responsabilidad en provocar focos de incendio en la zona cordillerana cercana a El Bolsón. Su permanencia en una cárcel, en condiciones infrahumanas (debe dormir sobre una colchoneta y prácticamente sentado), donde comparte la celda estrecha con otros detenidos, es un acto de salvajismo estatal-judicial, que busca quebrar la voluntad del detenido. Es una tortura.
El gobierno nacional y el provincial tratan de tapar con algún chivo expiatorio sus propias responsabilidades en el vaciamiento y la inacción inicial que permitieron el desarrollo de los incendios que arrasaron miles de hectáreas en esa zona.
La actuación policial-judicial contra Nicolás Heredia está teñida de los métodos de la ministra nacional responsable de la catástrofe ocurrida. Los gobiernos buscan alguien sobre el que puedan lanzar las sospechas públicas, lo detienen y luego arman las pruebas para justificar el “método Bullrich”. La “demora” de Nicolás Heredia la hicieron unos “civiles” como dice el expediente judicial, los que avisaron a la policía que lo llevaban a la comisaría. Ninguno de los “civiles” que demoraron a Nicolás lo vio encender fuego alguno, pero como no lo conocían y es portador de cara, actuaron en consecuencia. Días antes se habían detenido a seis personas acusadas de iniciar incendios en la denominada chacra Palma en El Bolsón, las que luego fueron liberadas por el juez, el que recriminó a la fiscalía por dichas detenciones argumentando que “hay que tener elementos de sospecha suficientes para que el Ministerio Público Fiscal pueda detener a las personas como sospechosas de autoría, no detenerlas para que ellos demuestren su inocencia”. Algo elemental en el derecho penal, aún burgués. Sin embargo el “método Bullrich” es al revés, te detiene y luego el fiscal encontrará las “pruebas” a como dé lugar.
Por eso la situación de Nicolás Heredia es la de un rehén, un preso político del régimen.
Fueron a la caza de nuevos “chivos expiatorios”
Cuando el gobierno tuvo la certeza que los seis detenidos iban a ser liberados porque muchas personas testificaron que eran lugareños que lejos de ser incendiarios, eran combatientes voluntarios de los incendios, Bullrich y el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck necesitaban nuevos detenidos. Así surgió la demora por parte de “vecinos” de Nicolás Heredia, al cual se sumaron en el mismo momento dos personas más que mas tarde fueron liberadas. El “pecado” de Nicolás es que no era lugareño, sino que estando como turista fue invitado a sumarse como voluntario y así lo hizo por solidaridad. Por lo tanto no tenía lugareños que dieran fe sobre su persona.
Que la detención de estos tres (luego dos liberados) fue una cacería al azar, lo demuestra que ninguno de los testigos y “vecinos” que lo demoraron para entregarlo a la policía puede afirmar que los vio cometer delito alguno. La policía dice que Nicolás llevaba un recipiente con un líquido. Aun si fuera algún tipo de combustible, es parte del equipo que todo voluntario porta para las motosierras y otras tareas. Y en su carácter de turista (estaba en un camping) su demora por civiles en principio, no provocó que se presentara algún familiar a interesarse por su situación (la familia no fue notificada de su detención en forma inmediata), por lo que la policía consideró que había encontrado el culpable perfecto: sin referencias, sin entorno familiar y con rasgos mapuches. Un combo mortal para Nicolás en función de las necesidades acusatorias del régimen.
Y que esto es así, lo podemos apreciar en tres hechos muy objetivos. El primero es que la policía, sin siquiera imputación alguna, difundió y luego se esparció por las redes el rostro de Nicolás, creando en la población local la cara de un enemigo público. Al punto que detenidos oriundos de El Bolsón que comparten la cárcel con él, ya lo han amenazado. La difusión masiva de su rostro fue una campaña orquestada desde “arriba”. Tal como en su momento ocurrió con las primeras seis detenciones. En segundo lugar porque, como figura en el expediente, la policía de Neuquén ubicó su domicilio en Senillosa y realizó “entrevistas a diferentes lugareños”. Por eso los vecinos de Senillosa donde reside con su madre, y que conocen que se trata de una persona solidaria y honesta se movilizarán esta semana (ver más abajo). No obstante el juez (que conoce este informe desde el 10 de febrero) lo mantiene con prisión preventiva en una cárcel, como los ya condenados.
En tercer lugar porque en el expediente de la causa de Nicolás, aparece un peritaje de suelo y vegetación recogido por la Policía Federal en la chacra de Palma (causa por la que fueron detenidos los primeros seis, luego liberados). Pero se jugaron a encontrar alguna “prueba” que pudiera incriminar a Nicolás en reemplazo de los seis que iban a liberar. Les falló, porque la pericia determina que “no se ha detectado la presencia de líquidos inflamables” en las muestras periciadas.
Es que la intención es ligar el “líquido” que tenía Nicolás con algún foco de incendio. Estamos ante la vulneración de todo derecho del compañero preso.
Habrá movilización este miércoles 19
Convocada por las seccionales Senillosa de ATEN y ATE, se realizó una nutrida reunión Multisectorial, donde se expusieron todas las arbitrariedades de parte de la justicia, la policía y la fiscalía. Incluso como Nicolás no tiene recursos, está en manos del defensor oficial, que prácticamente deja correr todas las tropelías legales del régimen.
La Multisectorial, de la cual participamos como Partido Obrero, resolvió tres acciones que deben dar un vuelco en la situación. En primer lugar se marchará el miércoles 19/2 en la localidad de residencia de Nicolás. Participará de la movilización la madre, quien, como dice en un video (ver aquí), tiene “miedo que lo maten”. La segunda actividad es una nueva movilización en Bariloche que parta desde la cárcel y termine frente a las puertas del juzgado. Y la tercera actividad resuelta es una acción frente a la Casa de Río Negro en la CABA, invitando a organizaciones, diputadas/os y todos los que quieran sumarse.
Esto como arranque de una campaña que libere a Nicolás de las garras de un aparato judicial que dirigen los gobernadores y la ministra Bullrich.
¡Libertad a Nicolás Heredia, preso político de Milei-Bullrich-Weretilnek! ¡Desprocesamiento de todos los acusados falsamente. El responsable es el Estado!
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La jornada federal del jueves 13 tuvo una importante expresión de lucha en toda la Patagonia. Se realizaron movilizaciones, actos, cartelazos, radios abiertas y volanteadas en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Se trató de una iniciativa que volcó a las calles el reclamo a los Estados, luego de 15 días de conmoción por el cuadro de catástrofe que arrojan las más de 38.000 hectáreas quemadas, 130 viviendas arrasadas y cientos de familias evacuadas.
En Chubut, provincia iniciadora de la jornada federal, se desenvolvieron acciones y movilizaciones importantes en Puerto Madryn, Esquel, Trelew, Comodoro Rivadavia y Rawson. En todas las acciones se rechazó la política de criminalización del gobierno de Ignacio Torres, quien ese mismo día había realizado una conferencia acusando a las organizaciones mapuche de los incendios. Se reclamó contra los allanamientos operados a comunidades y por la libertad de Victoria Dolores Núñez Fernández detenida en la comisaría de Esquel. Fue así que la movilización pasó por la comisaría reclamando su libertad ya.
En la Comarca Andina la acción se realizará el próximo miércoles 19 en virtud de que esta semana las tareas urgentes se abocan a la solidaridad concreta con las familias y muchos compañeros/as que actúan como brigadistas voluntarios.
En tanto, en Neuquén capital, cerca de 1.000 compañeros/as convocadas por la Multisectorial se movilizaron por el centro de la ciudad hasta Casa de Gobierno con un acto. Participaron Aten Capital, Aten Plottier, trabajadores de la salud, organizaciones piqueteras, de izquierda, estudiantiles y ambientales. En el sur de la provincia, Junín y San Martín de los Andes, se desarrollaron radios abiertas y concentraciones en las plazas de ambas localidades. Las actividades fueron de enorme importancia ya que es una de las zonas cercanas y afectadas por el incendio en el Parque Nacional Lanín. Se expresó el reclamo de lucha de organizaciones culturales, políticas y artísticas que vienen desenvolviendo una tarea de fuerte solidaridad.
En el norte de Neuquén, Tribuna Ambiental y el Partido Obrero desenvolvieron un cartelazo y volanteada en las principales esquinas de la ciudad. Lo mismo sucedió en la Comarca Petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul, donde el PO, Tribuna Docente y Tribuna Ambiental realizaron un cartelazo y volanteada en Roca y Avenida.
En Bariloche se realizó una movilización y acto que concentró decenas de activistas y luchadores. Participó y convocó la Multisectorial contra la Megaminería, la seccional de Unter (docentes), jubilados/as, los partidos del Frente de Izquierda- Unidad, y de enorme importancia fue la participación de Sandra, madre de Nicolás Heredia (uno de los tres brigadistas voluntarios detenido el pasado 5/2, acusado infundadamente de ser responsable de los incendios en la Comarca Andina). Por ello, el reclamo de su libertad tuvo una destacada transcendencia. Así también fue parte el kultrunazo, Orgullo BRS y otros sectores.
En tanto, en Fiske Menuco se realizó una concentración en Roca y Tucumán donde se desarrolló una gran radio abierta. Fueron parte de la iniciativa el Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales, organizaciones de jubilados, organizaciones políticas y ambientales. El Partido Obrero y Tribuna Ambiental, presentes en la actividad, jugaron un papel en la convocatoria y su desarrollo. En la misma tónica se replicó en Las Grutas.
De esta forma, la jornada federal tuvo el gran valor de concentrar toda la solidaridad previa contra los incendios en una acción callejera, con una fuerte denuncia a los gobiernos y un acompañamiento a las reivindicaciones de brigadistas, y un enérgico rechazo a la criminalización de los pueblos originarios, exigiendo la libertad de Verónica y Nicolás. También hubo reclamos como la asistencia inmediata a las familias, recursos para la reconstrucción de las viviendas y apoyo financiero a los pequeños productores.
Asimismo, se puso de manifiesto el papel del peronismo, que pegó el faltazo al conjunto de las actividades y su reflejo en la nula participación de la burocracia sindical.
Con el empuje de esta iniciativa nacional, sigue el mandato de continuar la movilización, porque los incendios no están extinguidos, sigue la campaña de ataque a las y los luchadores y tenemos que pelear hasta el final por la libertad de Nicolás y Verónica.
El PO y Tribuna Ambiental se la juegan por entero en esta tarea.
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El martes 11 de febrero se realizó la audiencia de impugnación en torno a la prisión preventiva de Nicolás Heredia, uno de los tres brigadistas voluntarios detenido el pasado 5/2, acusado infundadamente de ser responsable de los incendios en la Comarca Andina. En la misma, la Justicia confirmó la prisión preventiva sin pruebas, al servicio de una campaña de criminalización.
Las detenciones de Nicolas y otros compañeres se dieron en el marco de la investigación que tiene a su cargo el fiscal Francisco Arrien, quien fue designado como fiscal especializado para este caso. Finalmente, dos de les brigadistas voluntaries detenides fueron liberados, gracias al gran acompañamiento de vecines y familiares que denunciaron la operación de encubrimiento y desvío de la atención de les responsables reales (Bullrich, Scioli, Milei y los gobernadores).
Similar fue la situación de les seis voluntaries brigadistas detenides el 6/2 y liberades el 8/2, porque los cargos armados por la fiscalía eran prematuros y no tenían argumentos.
Pero Nicolás Heredia lamentablemente continúa, privado de su libertad por ‘portación de rostro’, como mencionaba uno de los testimonios de los supuestos testigos.
La defensa
Durante la defensa de la audiencia se señaló que el celular de Heredia está retenido para corroborar la hipótesis de si hay grupos con los que se comunicó para ver si quería prender fuego. Informándole que por un mes estaría preso imposibilitado de comunicarse con las personas del vínculo.
Pero sin que eso se haya corroborado está detenido desde hace más de una semana. En ese sentido, la defensa no consiente “la formulación de cargos y cuestiona la relación de autoría. Es inocente hasta que haya una instancia donde se pruebe lo contrario. Hasta ese momento tiene que estar en libertad. No hubo formulación de cargos con pruebas que permita la prisión preventiva”.
La defensa hizo hincapié en qué debe haber una formulación de cargos para tener por acreditada la situación de detención. Pero en la práctica no ocurrió así. No hay ningún indicio de que haya tenido intenciones de prender fuego. Todo es potencial, es una sospecha.
Asimismo, le defensore de Nicolás señaló que la ley dice que cuando se puede ver trabada la investigación puede haber prisión preventiva pero tiene que haber indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado trabe, rompa, interfiera, etc. en la investigación, y en este caso no ocurre así. “Tiene que haber indicios, pero acá solo hay sospechas. No hay un dato objetivo. Una foto, un chat, un vídeo, una noticia del diario, no hay nada que lo vincule con grupos incendiarios y justifique la detención”, puntualizó.
La defensa agregó que “es una persona a la que le corresponde el estado jurídico de la inocencia, sin indicio alguno es una violación privarlo de la libertad y un adelanto de pena en caso de ser responsable”. E incluso más, “el teléfono celular está secuestrado. Heredia no puede hacer nada en relación a la información que hay en el celular, ¿cómo podría intervenir en un celular que ya está secuestrado? Osea, no puede interferir, pero desde la fiscalía no se dice cómo podría intervenir tampoco”.
El día de la audiencia ya hace siete días que estaba detrás de las rejas, ahora ya son más de diez, para un trabajador de la construcción que ayuda a sus hermanas, que no tiene antecedentes penales, que es voluntario brigadista.
La defensa pidió la nulidad de la formulación de cargos y que se decrete la inmediata libertad, por no darse los requisitos de indicios de que va a entorpecer la investigación, que la prisión preventiva no sea renovada y tenga libertad inmediata.
La fiscalía
Francisco Arrient, el fiscal de El Bolsón, controversial funcionario público, dijo que no corresponde tomar en esta audiencia de impugnación lo que dicen las entrevistas, los dos testimonios que tomó la fiscalía, porque no es la instancia procesal. Pero a continuación dijó que la defensa no dijo nada de la botella que se envió a Buenos Aires para peritar. Botella con líquido inflamable que los dos testigos vieron en cercanías a les voluntaries brigadistas detenides pero que a la hora de mencionar si la vieron en posesión o no de elles se contradicen entre sí. Entonces, ¿si no hay que hablar de las entrevistas en esta instancia porque Arrien trae a colación más datos, y datos sesgados, de las entrevistas?
Mencionó que estaba en proceso el allanamiento al camping donde estaba Heredia. Dice sobradamente que la defensa señaló que la fiscalía se basa en solo dos testimonios para formular cargos (en la práctica ocurre así, no hay otras pruebas). Y al mismo tiempo hizo hincapié en que no hay violación de ninguna garantía constitucional, que se le dio una audiencia pública y todo (siete días privado de su libertad sin cargo). Por otro lado, mencionó que la etapa penal preparatoria, osea de formulación de cargos, se hace con notas de provisoriedad, dice que sospechan y consideran que hubo un delito y por eso requieren investigarlo, y aclara que el juez no podría negar pruebas porque no es la etapa procesal.
En ese sentido, se sinceró al decir que la hipótesis delictiva es provisoria, pero que la defensa puede traer más testimonios para que haya pruebas que nieguen la acusación. También mencionó que el juez Calcagno fallo bien cuando dijo: “No me corresponde hacer análisis de la prueba respecto a los dichos de algunos testigos” porque aún no se está en la etapa de investigación.
Lo que ocurre es que para la apertura de la investigación tiene que haber pruebas, y no las hay.
Arren justifica el período de 30 días de detención preventiva para que no haya interferencia, pero si solo hay sospechas y no indicios, ¿interferencia de qué tipo habría? El fiscal de justifica en que el domicilio legal de Nicolás está en Senillosa (Neuquén), que está provisoriamente en un camping, y que por eso podría haber peligro de fuga. Humo, una fantasmeada sin sentido.
También justifica que le hayan sacado el celular y que por un mes no pueda contactarse con el celular y sus vínculos para que no advierta y se comunique con gente potencialmente de grupos incendiarios. Todo un cuento que no tiene prueba alguna en la realidad que haya sido fehacientemente corroborada, son solo sospechas.
No contento con todo eso, exigió más de un mes de investigación. O sea, en los hechos, más de un mes de prisión preventiva. Finalizó diciendo que no es arbitrariedad y que la impugnación no puede prosperar, que se dan los requisitos del artículo 130 de la constitución, y que se tiene que ratificar la resolución del juez Calcagno.
La defensa nuevamente
Se señaló que Arrien quería avanzar en qué habria habido daño potencial a personas, pero que eso de poner en riesgo las personas no lo pudieron corroborar y que es una tentativa, otra hipótesis
Con énfasis la defensa explicó que la información que sustente la detención preventiva y la posterior investigación no está. Lo que dice la fiscalía no lo dicen los testigos. Además, señaló la defensa que “en dos días se lo metió para adentro, luego se lo metió preso, y luego se lo está investigando. Tendría que haber sido al revez”.
Y entre otros comentarios explicó que Peralta (testigo) dijo que lo vio con actitud sospechosa nada más, que lo acusan de descartarse de una botella con líquido inflamable, pero no está confirmado si ya estaba en el suelo o no. Asimismo, puntualizó la defensa, que no dicen ‘tal vez sea un sospechoso’, lo tienen a título de autor, en grado de tentativa.
Llamar una y otra vez a los testigos se tendría que haber hecho antes de que pierda su libertad. Cuando recién estaba detenido Nicolás y lo tenían en la fiscalía era el momento de corroborar con los testigos. Al mismo tiempo, la defensa aseveró que en ninguna parte de los testimonios de los testigos dicen que Heredia transportaba la botella y la descartó. Los testimonios 'lo acusan de tener cara sospechosa, de actitud sospechosa'.
En un estado jurídico de duda se tiene que decantar por le imputade, señaló la defensa, y que por eso no hay elementos para aperturar la investigación.
No menor fue la aclaración final en la que la defensa puntualizó que el juez dijo “un mes de prisión preventiva para que no pueda entorpecer la investigación, no por peligro de fuga”. Y que cuando se dice “hay que analizar los vínculos”, son vínculos supuestos, y eso no puede ser justificación alguna para privarle de su libertad
Una pantalla de humo
Pese a la férrea exposición de la defensa en la audiencia, queda claro que el criterio de la fiscalía de un riesgo de fuga y de entorpecimiento por parte de Nicolás no tiene fundamento alguno y que asistimos a una causa que busca criminalizar el pueblo mapuche y las organizaciones solidarias.
Desde el Partido Obrero responsabilizamos a los gobiernos provinciales y a Patricia Burllich del cuadro de persecución y la campaña difamatoria. Exigimos la urgente liberación de los detenidos, una investigación independiente de los orígenes de los incendios y los recursos urgentes para apagar el fuego ya.
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Los incendios en la Patagonia continúan activos con diferentes grados de intensidad. Desde el primer foco, ocurrido el 25 de diciembre de 2024 en los Manzanos (Bariloche), ya hay más de 38.987 hectáreas quemadas lo que perjudicó bosques nativos y devastó a la flora y la fauna autóctona.
En la actualidad el foco de mayor impacto es el del Parque Nacional Lanín, en el Valle Magdalena, donde más de 15.200 hectáreas fueron consumidas, afectando a la comunidad mapuche Chiquilihuín, que debió evacuar el lugar. Estos incendios tienen cercanía con el surgido en Chile en las zonas conalerta roja en las comunas de Ercilla, Galvarino, Purén y Collipulli.
El fuego en el Parque Nacional Lanín bajó su intensidad debido al descenso de la temperatura y de los vientos, lo que permitió un mayor trabajo de brigadistas y aviones hidrantes.
En Río Negro, las zonas de incendios se encuentran en El Bolsón, Manso y los Manzanos (que son abordados por el Servicio Nacional del Parque Nacional Huapi). En el caso de El Bolsón, los focos están ubicados en la confluencia. De los 6 focos, 4 han sido contenidos, los cuales están cercanos a la zona del Azul y Wharton y se encuentran en etapa de enfriamiento y separación de cenizas. Sin embargo, los dos focos ubicados en el área protegida Azul-Lago escondido se encuentran activos y son de grandes proporciones. En esta zona, la última información indica que hay más de 3.800 hectáreas arrasadas.
Asimismo, los focos ígneos de Los Manzanos y el Manso se encuentran activos y todavía no están contendidos debido a la alta complejidad de la zona. En la delimitación de Los Manzanos, las áreas afectadas son Lago Roca-Hess. La cantidad de hectáreas de bosque quemado en Los Manzanos asciende a 10.192 y a 832 en El Manso.
Por su parte, en Chubut los focos se encuentran contenidos. El impacto en estos lugares ha sido de enorme proporciones, dejando quemadas 84 hectáreas en El Pedregoso, 3.530 en Epuyen, 94 en Los Cipreses y 4.917 en Atilio Viglione.
Este cuadro más general que presenta la situación más calma es de enorme volatilidad debido a que las lluvias llegarían a fin de febrero, aumentan las temperaturas superiores a los 30 grados y hay fuertes vientos. Por ello, la situación sigue en alerta permanente.
Orientación estatal y solidaridad popular
En este cuadro de catástrofe, los gobiernos han tomado la decisión de declarar la emergencia ígnea sin destinar recursos acordes a la magnitud de los eventos que golpean a nuestra cordillera. Sucede que la respuesta estatal apunta a desviar la atención popular estableciendo las responsabilidades en las comunidades mapuches, buscando criminalizarlas. De esa forma se oculta el desfinanciamiento y desguace de los programas para prevenir y combatir los incendios.
El gobernador Torres responsabilizó a Jones Huala y a la RAM; en Río Negro se procedió al arresto de brigadistas voluntarios, y en Neuquén, a través de la funcionaria Ortiz Luna, se culpó a las comunidades. Las acusaciones carecen de todo sustento. Con estos objetivos, Torres de Chubut presenta una cronología de las fechas de los incendios y los vincula como represalias al desalojo del Parque Nacional de los Alerces del pasado nueve de enero. Todos los gobernadores mencionan que los sindicados como sospechosos tenían elementos inflamables; sin embargo, como es cotidiano en la región, todo poblador/a tiene elementos para motosierras y motoguadañas. En el caso de la prisión a Nicolás Heredia, se basa en relatos de testigos anónimos y con la retención de su teléfono por un mes para evaluar sus llamados y vínculos.
Como se podrá apreciar, son un conjunto de arbitrariedades concentradas en criminalizar la lucha y la solidaridad popular.
En torno a la asistencia, la misma casi no pasa de meros anuncios. El gobernador de Río Negro anunció una línea de crédito y de subsidios que no alcanza para la reconstrucción de la vivienda o arreglar los sistemas de agua y de luz. En el caso de Neuquén, las comunidades denuncian que la asistencia no llega y corre enorme riesgo la crianza de animales para decenas de pequeños crianceros debido a la imposibilidad de realizar la veranda por la quema de pastizales. A su turno, en Chubut, las y los vecinos denuncian que a un mes de los relevamientos la ayuda estatal no llega demorándose en trámites burocráticos.
Esta orientación de criminalización y falta de asistencia estatal contrasta con la enorme solidaridad popular. Esta abarca desde brigadas de trabajadores que se suman a las oficiales poniendo el cuerpo y sus herramientas en las zonas calientes hasta sindicatos, clubes de futbol y diferentes instituciones que despliegan y realizan almuerzos para brigadistas, entrega de agua a las familias y recolección de dinero para combustible de las maquinas, limpieza de caminos y ropa de trabajo.
De esta manera, el trabajo descomunal de brigadistas ha sido clave en la contención de los incendios y la solidaridad popular también.
En este escenario, la jornada de este jueves es un punto de apoyo para continuar por una gran campaña para la conquista de los recursos necesarios, acordes a la prevención y al combate de los incendios.
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Detrás del incumplimiento de las obras, hay una trama de corrupción.
Durante el último mandato del ex gobernador Omar Gutiérrez del MPN, y como parte de las campañas electorales, se hicieron recurrentes los anuncios oficiales sobre la construcción de 130 canchas de césped sintético en los barrios de distintas localidades y en parajes rurales, muchas de ellas con instalaciones anexas como vestuarios, quinchos, baños, gimnasio, etc. para atraer a la juventud al deporte y la vida sana. En la inauguración de la primera de estas canchas destinadas al rugby, el gobernador dijo: “Hoy estamos pudiendo dar este paso para responder -con lealtad y nobleza- a nuestra niñez, juventud y adolescencia, que nos llena de orgullo y que forma parte de esta revolución deportiva eligiendo el deporte”.
Todas estas obras se realizaban a través de la UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo), es decir, con fondos de Nación o de otros orígenes no provinciales, como parte del llamado “Plan Quinquenal 2019-2023” del gobierno provincial. Pero las obras en varias localidades no se han finalmente realizado, por lo que, según el Tribunal de Cuentas, se abrió una investigación ya que algunas de las obras no realizadas habrían sido igualmente pagadas a los contratistas. Todo un escándalo.
El gobierno provincial actual, como resultado de tal investigación, manifestó que haría la denuncia penal correspondiente, según el trillado slogan de “tolerancia cero” con la corrupción que esgrime el gobernador Rolando Figueroa. Pero, claro está, entre sus funcionarios y adherentes hay muchos que vienen de las filas del MPN o que eran ya funcionarios cuando se “construían” las canchas de césped sintético a partir del año 2018 y durante las sucesivas campañas electorales del MPN.
El anuncio no pasó a los hechos, ya que el gobierno desistió de realizar la denuncia penal con el rebuscado argumento que un fiscal inició una investigación de oficio. Y tratándose de quien es el tal fiscal, el gobierno sabe que puede confiar en que no se salpiquen los funcionarios y dirigentes que se reconvirtieron a sus filas. Es que el fiscal no es otro que Pablo Vignaroli, el mismo que, al estilo del fiscal Pollicita, se dedica a perseguir a las organizaciones sociales y piqueteras, pero se niega a responder qué investigación ha realizado respecto a los fondos no reintegrables que el Estado entregó a sociedades anónimas y empresas privadas.
“No todo es tan lineal” dice el fiscal
Antes de investigar, el fiscal ya adelantó, según su estilo cuando se trata de blindar las responsabilidades de funcionarios, que “no todo es tan lineal” en el caso de las obras no realizadas. La misma conducta adoptada cuando un reconocido funcionario y diputado del MPN fue acusado de ser el jefe de la banda oficial que estafó al fisco con planes sociales. Antes de cualquier investigación afirmó “no hay pruebas que involucren”, asegurando una impunidad investigativa de parte de la fiscalía que dura hasta el día de hoy. La opinión de quien debe investigar antes de proceder a una investigación, valoración de pruebas y estudio del caso, es la señal de la impunidad que viene desde el poder.
Es que en la larga lista de intendentes y ex intendentes que se sumaron a las filas del actual gobierno hay muchas/os que ejercían el cargo cuando estas obras se estaban ejecutando o dejando de ejecutar. Uno de los casos emblemáticos es el de la localidad de Caviahue, donde el actual intendente encontró rollos de césped sintético en unos galpones. Esta obra, cuyo inicio fue anunciado junto a la de Mariano Moreno apenas días antes de las elecciones para gobernador del 2023, no se han realizado, según la denuncia de la actual responsable “ad honorem” de la UPEFE, Tanya Bertoldi, actual diputada nacional del PJ. Pero se habrían pagado total o parcialmente. Lo raro es que ninguna de esas obras estaba prevista en el presupuesto oficial para ese año.
Según la auditoría de la UPEFE se detectaron “certificados y facturas irregulares y hasta obras con pagos de anticipos financieros que no tenían avances en el terreno, firma de documentación con firmas apócrifas y la utilización de documentos no originales”. Hay casos similares en Zapala, Villa La Angostura. Es decir, otro nicho de corruptela gubernamental que debería llevar a otros ministros y al mismísimo ex gobernador, Omar Gutiérrez, al banco de los imputados. En lugar de eso, Gutiérrez disfruta de una jugosa remuneración de miles de dólares por calentar una silla en el directorio de la YPF S.A. designado por el actual gobernador.
Ya existen suficientes elementos para que el “investigador” sea él mismo investigado. Es necesario constituir una comisión investigadora independiente del Estado y el poder y llevar al banquillo a todos los “inhábiles morales” que aún ocupan cargos públicos y viven a costa del erario público.
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La ciudad de Zapala enfrenta desde hace un tiempo una crisis de agua que afecta a miles de vecinos. Según información del diario La Mañana Neuquén, más de 5.000 personas en los sectores del Alto han sido afectadas por la falta de agua. Desde diciembre, algunos sectores de la ciudad, sobre todo del Alto de Zapala, ven afectada su vida diaria lo que puede tener consecuencias graves para la salud y el bienestar.
El Eamsep (ente municipal encargado del suministro) ha atribuido la crisis a la falta de lluvias y la creciente demanda de agua en la región, y también ha señalado que no puede recuperar los tanques de agua. Sin embargo, hay personas que no tienen acceso a agua potable desde diciembre.
La falta de agua es solo un síntoma de un problema más profundo: la falta de inversión en infraestructura y la priorización de los intereses de los amigos empresarios en la Zona Franca en detrimento de las necesidades básicas de la población.
Ante esta situación, la comunidad se ha autoconvocado para exigir soluciones. Este martes 11 de febrero, un grupo de vecinos se reunieron en el Eamsep para demandar respuestas y entregaron una nota.
Además, algunos vecinos han denunciado que cuando se les entrega agua, les dicen que la hiervan, lo que genera dudas sobre la calidad y seguridad del agua que se les proporciona. Exigimos al Ejecutivo que asuma su responsabilidad y tome medidas urgentes para resolver la crisis.
La eximición de la boleta de agua dispuesta por el intendente Carlos Koopmann es solo un parche y no soluciona el problema de fondo. Es hora de que rindan cuentas. Se deben priorizar las necesidades de la comunidad y los trabajadores por sobre los intereses de los amigos del poder.
El Partido Obrero de Zapala fue parte de la asamblea realizada y señala que la única salida de fondo debe partir de una intervención popular para luchar por la apertura de los libros contables del Eamsep y del Ejecutivo municipal para que se transparenten los recursos y las inversiones realizadas en la gestión del agua en la ciudad. Así también, son urgentes el abastecimiento del agua potable y las inversiones de obras publicas para garantizar el suministro.
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Superando las 33.000 hectáreas quemadas por los incendios en la Patagonia (15.000 en el Parque Nacional Lanín, 11.000 en Nahuel Huapi, 3.500 en El Bolsón, más de 4.000 en Chubut) y más de 250 mil hectáreas en Corrientes, la motosierra operada en el presupuesto nacional del manejo del fuego expone la política criminal del gobierno de Milei. Es que, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2024 solo se ejecutó un 22% del presupuesto anual para el SNMF (Servicio Nacional del Manejo del Fuego).
Ocurre que a comienzos del año de 2024, el presupuesto inicial para el SNMF era de $12.107 millones, ejecutándose entre los meses de abril y agosto un total de $4.842 millones, es decir, un 40%. Sin embargo, tras los incendios ocurridos en septiembre de 2024 en Córdoba, se operó un aumento del presupuesto del SNMF a $33.343 millones. Con estos números finales, a diciembre del año 2024 la ejecución alcanzó la suma de $7.335.497,91. Un total de 22% o, mejor dicho, un recorte del 82%.
Los números son criminales y ponen de manifiesto la responsabilidad del gobierno en la falta de prevención y de provisión de recursos necesarios para combatir los incendios. Estos recortes son los que el gobierno busca ocultar y, para ello, utiliza recursos políticos de criminalización del pueblo mapuche acusándolo de responsable de los incendios. O de aumentar las penas para los que provoquen los incendios, en una clara señal distraccioncita.
La ejecución del presupuesto y el aumento urgente del mismo es otra de las razones para movilizar este jueves 13 en todo el país. Como aporte, el Frente de Izquierda presentó un proyecto declarando la emergencia presupuestaria del SNMF y conjunto de medidas para combatir, prevenir y establecer medidas para las y los trabajadores brigadistas.
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El incendio en el Valle de Magdalena se ha desmadrado producto de las condiciones meteorológicas de los últimos días. Los fuertes vientos y las altas temperaturas concluyeron en la triplicación de la superficie incendiada, pasando de 5 mil a 15 mil hectáreas afectadas. Según varios medios locales, es el peor incendio de la historia de Neuquén.
En este contexto, el gobierno de Figueroa ha salido, a través de la funcionaria Luciana Ortiz Luna, a sumarse a la campaña de estigmatización y racismo contra el pueblo mapuche que desarrollan Milei y Bullrich. Las declaraciones buscan tapar la falta de acciones en el inicio del incendio que hubiesen sido determinantes para poner un freno al avance del fuego.
Por otro lado, el ataque del gobierno contra las comunidades mapuches se da en un momento donde son estas las únicas vidas humanas y son sus recursos materiales los que hoy corren riesgo de ser arrasadas por el fuego. Lejos de recibir asistencia por parte del Estado, las comunidades se encuentran combatiendo el fuego por sus propios medios y vienen denunciando desde el principio la falta de recursos humanos, materiales y apoyo aéreo para combatir el fuego en los lugares donde habitan.
Los que sí nos hemos puesto en campaña somos las organizaciones políticas y sociales. Las colectas en La Radio FM Che comunitaria y otros medios han servido para juntar equipos y herramientas para combatir el fuego. Además, impulsado por la Asamblea Socio Ambiental de Junín de los Andes, se han armado viandas para llevar a los voluntarios de las comunidades.
Desde el Partido Obrero impulsamos en la Multisectorial de Junín de los Andes la convocatoria para este Jueves 13/2 a la marcha Federal Apaguen el Fuego Ya. Los gobiernos son responsables.
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Durante la jornada del lunes 11 de febrero se desarrolló una audiencia en la sede judicial de Cutral Co para oficializar la impunidad sobre los responsables de las muertes de Gonzalo Molina, Fernando Jara y Víctor Herrera, quienes fallecieron en la explosión de la refinería New American Oil (NAO) el 22 de septiembre del 2022.
Dicha planta estaba ubicada en el parque industrial de Plaza Huincul, la cual tenía una laguna de residuos de hidrocarburos dentro de la planta por lo que había sido observada previamente. Es decir, que no había intención por parte de la patronal de cumplir con los requisitos de habilitación vigentes.
Sucede que una de los siete imputados, Natalia González, solicitó por segunda vez la modificación de su representante legal. La modificación en la defensa otorga una nueva dilación para el comienzo del juicio por tres meses más. Esta modificación obedece a una nueva maniobra de la patronal, ya que dentro de los imputados se encuentra el gerente general de la empresa, Rodrigo Arias. La patronal de NAO pretende salir impune luego del crimen laboral de los tres obreros fallecidos o pagando los menores costos posibles.
Las y los familiares de las víctimas comprenden perfectamente la situación y, para enfrentar a la patronal y a la casta judicial, optaron por el método de la protesta callejera y la movilización porque saben que es la única forma para lograr justicia por Fer, Gonza y Víctor.
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Este jueves 13 de febrero, a propuesta de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, y replicado ya por varias localidades como Trelew y Comodoro Rivadavia, se convoca a poner en pie una gran movilización nacional y patagónica con la consigna "apaguen los incendios YA, los gobiernos son responsables". La iniciativa es de enorme importancia. Es que más de 25 mil hectáreas fueron arrasadas al momento por el fuego en la Patagonia argentina. Con mayor incidencia en la cordillera pero también en la costa, los gobiernos provinciales y el nacional están dejando que se prenda fuego todo. En Corrientes, más de 20 mil hectáreas ardieron. Entre ambas regiones ya hay dos víctimas fatales, un vecino de El Bolsón, Río Negro, y una mujer de Estación Solari, Corrientes y cientos de familias afectadas con pérdidas totales o parciales.
BASTA!! Se está quemando toda la patagonia. Abandonen el show represivo gobernadores, Bullrich y presidente y pongan todos los recursos para apagar el fuego YA. Esto no da para más. Hay que salir en todo el país a las calles. Apaguen el fuego ya. Los gobiernos son responsables pic.twitter.com/eBzwlJiEft
La represora Bullrich está a cargo del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que durante el 2024 fue ejecutado el 22% del ya de por si bajo presupuesto estipulado y despidió brigadistas nacionales mientras que otros son mantenidos en la extrema precariedad laboral, con contratos de tres meses. Milei utiliza el negacionismo del cambio climático como excusa para abandonar las provincias a los incendios. Los brigadistas nacionales, provinciales, bomberos voluntarios y vecinos trabajan sin descanso con magros recursos y precarizados. La solidaridad es enorme pero no da abasto para las necesidades urgentes ni para la reconstrucción y reparación de todo lo perdido.
Bullrich y Torres montaron una feroz campaña de persecución para militarizar la región, estigmatizar al pueblo mapuche para generar división hacia el interior de la población y para desviar sus propias responsabilidades en relación a la prevención y al combate de los incendios.
En la provincia que gobierna Weretilneck, los principales destinatarios de las falsas acusaciones fueron los mismos vecinos que colaboran en poner freno al fuego ante la desidia estatal. Ya varios vecinos y vecinas fueron encarcelados y luego liberados por no tener ninguna prueba. Están sembrando el terror para intentar quebrar la solidaridad y la organización entre vecinos, al punto que la “patota de Lewis” fue a agredir a quienes pedían por la libertad de los primeros tres apresados.
#Urgente Liberan a seis brigadistas voluntarios apresados en El Hoyo y acusados de generar los incendios en Mallin (El Bolsón). Otro papelón de Bullrich y la justicia. Basta de criminalizar al pueblo . Los responsables son los gobiernos, Lewis y Benetton. Libertad a Nicolás.… pic.twitter.com/83pQeGF4OP
Los habitantes de la cordillera patagónica son víctimas de años de desinversión y los negociados, no solo en materia de prevención, reforestación con nativas y combate de los incendios, sino también en falta de infraestructura adecuada como tendidos eléctricos y caminos, entre otros factores.
La cordillera es un botín de guerra para los grandes empresarios nacionales e internacionales. A los Lewis y Benetton se les suman los grandes intereses mineros, inmobiliarios, etc. y la reciente concesión a un qatarí junto a Gaudio para construir tres represas hidroeléctricas entre El Bolsón y Bariloche. Los gobiernos, garantes de estos negociados, son responsables de la proliferación de los incendios.
Desde el Partido Obrero en el FIT-U hemos formado parte de las actividades solidarias, con epicentro en el local de Lago Puelo, al mismo tiempo que hemos presentado tanto en la Legislatura de Chubut como en el Congreso Nacional proyectos de declaración de emergencia para garantizar todos los recursos necesarios. Sin embargo, en ambas cámaras la agenda no pasa por esta urgencia, sino por seguir garantizando los negociados capitalistas y sosteniendo a Milei.
La marcha del 1F antifascista y antirracista puso en evidencia que hay fuerza para organizarse y luchar, a pesar de la entrega de la burocracia sindical y la dirigencia tradicional. Es momento de salir a las calles para exigir que apaguen el fuego YA, porque los gobiernos son responsables.
Asimismo, la acción representa una gran oportunidad para golpear la política represiva, persecutoria y de criminalización que se opera contra las comunidades mapuche y las organizaciones de lucha. Y de exigir la libertad de Nicolas, injustamente apresado.
Por todo lo expuesto, este jueves 13, tenemos que ser miles en las calles. Es el camino para exigir al Estado y desbaratar las campañas de odio, división y de distracción que están montando desde los aparatos gubernamentales y sus medios afines.
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Este viernes 6 tuvo lugar una propagación del incendio en el sector lindante al Río azul, el cual avanzaba lentamente hacia la alta montaña, pero el viento, su rotación y su intensidad hizo que el mismo bajara hacia las zonas pobladas. Desde las 15 hs, las ráfagas de 70 a 80 kilómetros superaron todos los cortes del fuego y el mismo comenzó a circular sobre Loma del Medio. Fue así que, cerca de las 17 hs, el Comité de Emergencia emitió una alerta de evacuación preventiva que alcanzó Las Perlas del Azul, Paraíso, Hue Nain hacia el norte, Cascada Escondida, Loma del Medio, Doña Rosa, Camping Los Alerces, Campo Base, Camping del Río Azul hasta el Paralelo que une Bolsón con Lago Puelo. Se trató de una de las alertas más importante en los últimos tiempos con más de 700 familias evacuándose. Y uno de los días más críticos desde comenzados los incendios.
La situación fue de tal magnitud que el propio intendente de la localidad señaló: “se está quemando todo, estamos en caos total". Estas declaraciones las realizó en el mismo día donde garantizaba que se iba a realizar la fiesta nacional del Lúpulo a fines de febrero.
Durante toda la jornada fue llamativa la ausencia de aviones hidrantes y helicópteros. El gobierno señaló que por las inclemencias del tiempo fue imposible que circulen, lo cual impactó en que nuevas hectáreas sean arrasadas llegando hasta el barrio Luján. Otra vez, el trabajo de los brigadistas fue determinante en la lucha contra los incendios, el cual continuó durante toda la noche hasta la madrugada del sábado 8.
Lo que sucedió este viernes 7 expuso toda la precariedad y el desfinanciamiento de los gobiernos en una de las zonas más afectadas. Por un lado, las evacuaciones se realizaron en el gimnasio municipal, sin cobertura alimentaria ni de infraestructura para las familias. Los caminos de las zonas de evacuación están sin ninguna preparación y abandonados. En segundo término, los pocos recursos son administrados y están trasladándose de un foco a otro. Es lo que ocurre con los dos aviones y los dos helicópteros que están en ejercicio. A estas alturas, los gobiernos esperan que llegue la lluvia en los próximos días para aniquilar el fuego.
A más de una semana de comenzados los incendios, con seis focos activos en la Patagonia y más de 25.000 hectáreas, la realidad impone una gran acción nacional y regional para que se establezcan todos los recursos necesarios para combatir los incendios, con más aviones, helicópteros, cisternas, reforzamiento y condiciones dignas para los brigadistas. A esos fines, desde distintas asambleas de Chubut se está proponiendo una iniciativa para este jueves 13. Se trata de una acción fundamental que debemos desenvolver en toda la Patagonia y en el país.
Para la zona de la Comarca Andina ( El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyen) la población está inmersa en jornadas solidarias y de trabajo comunitario. Para el día domingo se ha emitido una alerta similar a la de este viernes 7, el cual pone en movimiento toda la solidaridad popular.
El gobierno debe establecer urgente todos los recursos para apagar el fuego ya. Los autores de este desastre no son las comunidades mapuches. Por el contrario, los responsables son los Lewis, Benetton y los gobiernos responsables del desfinanciamiento de la lucha contra el fuego y del desarrollo de negocios capitalistas como la megaminería, la forestación y la industria contaminante.
Apaguen el fuego ya. Los gobiernos son responsables. Libertad a los brigadistas voluntarios. Abajo la persecución y criminalización.
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Este jueves 6, Tomás Anarella y Fabián Pasos fueron liberados sin imputación de cargos luego de estar 24 horas detenidos. Se encontraban en la comisaria de Diana Huapi, cerca de Bariloche. Que la fiscalía no haya podido formular cargos representa una prueba irrefutable de que asistimos a una cacería contra las organizaciones populares y una operación para ocultar las responsabilidades estatales en los incendios en curso.
Luego de recuperar su libertad, Fabián Pasos señaló que hace años se dedica a colaborar con la lucha por combatir los incendios en la comarca. Y, que cuando fue apresado, primero le dijeron que era en función de ser testigo para luego esposarlo y pasarlo en calidad de sospechoso.
A su turno, Nicolás Heredia es el único que sigue detenido y la fiscalía le formuló cargos por “incendio en grado de tentativa” con el argumento de encontrarle liquido inflamable. En las informaciones no se dice qué líquido tenía, ya sobre las imputaciones a Tomás y Fabián las noticias hablaban de que circulaban con nafta y aceite, siendo estos elementos que comúnmente toda persona tiene en sus autos para usar en motosierras.
#URGENTE Liberaron sin cargos a 2 de los brigadistas voluntarios, Tomás Anarella y Fabián Pasos. Aún sigue detenido Nicolás Heredia, acusado falsamente de provocar los incendios https://t.co/vzf5bnk7eO
Así las cosas, las detenciones ilegales e infundadas de tres brigadistas voluntarios ponen de manifiesto el operativo en marcha. La orientación oficial, tanto del gobierno nacional como de los gobernadores, consiste responsabilizar de los incendios al pueblo mapuche y a una supuesta organización terrorista internacional de Chile y Argentina. El que más a fondo va en la línea de Bullrich es el gobernador de Chubut, Nacho Torres, quien denunció al pueblo mapuche.
Luego de las tres detenciones, tanto la policía federal como la provincial se encuentran desarrollando allanamientos en varios puntos; sin embargo, no existen informaciones oficiales sobre los resultados de las mismos.
La libertad de Tomás y Fabián fue fruto de la campaña de solidaridad y del enorme repudio a la patota que ejerció vejaciones y violencia contra el colectivo que reclamó la libertad de los brigadistas. Sigamos la lucha por la libertad de Nicolás y pongamos en pie una gran acción regional para que se destinen los recursos estatales correspondientes y se apague el fuego ya.
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El jueves 30 se inició el foco de incendio que afecta al Valle de Magdalena ubicado en el Parque Nacional Lanín. Actualmente son más de 5.000 hectáreas afectadas entre bosques nativos, mixto de lenga araucarias y caña. Están ubicadas en una zona de muy difícil acceso, a 12 kilómetros del área del Lago Tromen, lo que complica las tareas de contención. Aunque se desconoce su origen, se descarta que sea producto de una tormenta eléctrica.
En los últimos días, las altas temperaturas y los fuertes vientos han complicado mucho el trabajo en la zona. Para combatir este foco se ha conformado un Comando Unificado formado por el Ministerio de Seguridad de Neuquén, Parque Nacional Lanín y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, el SIEN, Policía, Fauna y otras instituciones. Actualmente hay más de 100 brigadistas trabajando en la zona.
Dejar la vida por 700 mil pesos
Cabe mencionar que los trabajadores de Parque Nacional Lanín vienen llevando adelante jornadas de lucha con volanteadas en espacios públicos y denunciando el vaciamiento del organismo, los despidos y la precarización laboral. Denunciaron los primeros días del año los despidos de más 30 compañeros y compañeras en el organismo, algunos con más de 18 años de servicio, sin indemnización y sin explicaciones. Incluso denunciaron persecución política, ya que a una brigadista la despidieron por un posteo en sus redes.
Se agrega a esta situación que un Brigadista en Patagonia cobra 700 mil pesos mensuales, un monto que está muy por debajo de la canasta básica de alimentos de Neuquén. La última paritaria del 1,5% en enero y del 1,2% en febrero es una miseria; esto está generando la renuncia de los brigadistas. Además quieren que los trabajadores hagan SEP (El Sistema de Evaluación Pública), cuando para ingresar a la brigada de incendios de Parques se deben hacer 3 exámenes (físico, teórico y práctico) y quedar en la orden de mérito.
Pese a que la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y el gobierno de Figueroa parecen no parar de hacer publicaciones y videos cinematográficos del trabajo que están realizando, la Comunidad Linares que habita en la zona afectada por el incendio acaba de publicar un video denunciando el abandono de las autoridades; el incendio puede quemar sus hogares y sus recursos de sostenimiento económico como es la cría de animales, ya que la zona afectada es zona de veranada.
Rolando Figueroa señaló este miércoles 5 que se habían portado muy bien desde el gobierno nacional, mostrándose alineado con la política de la motosierra, del vaciamiento y los despidos que se desarrolla en Parque Nacionales. Milei también es responsable de esta situación.
La comunidad de Junín de los Andes está realizando una campaña solidaria recolectando agua, frutas, barras de cereales, snacks, platsul y curitas en la radio "Che" y otros puntos. Pero se vuelve difícil el transporte de las donaciones ya que no cuentan con recursos públicos. Además llevaron adelante otras actividades con la comunidad de San Martin de los Andes para juntar donaciones para enviar a los afectados por el incendio de Mallín Ahogado y a los bomberos voluntarios.
Desde el Partido Obrero somos parte de las jornadas solidarias y exigimos más recursos, aviones, helicópteros y comunicaciones para extinguir el fuego ya, el fin de la precarización laboral y las herramientas necesarias para el combate de los focos. Es importante rodear de solidaridad a las comunidades afectadas y apoyar su lucha.
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Un hecho de enorme gravedad se vivió este miércoles 5 en la comisaría N° 12 de El Bolsón cuando patotas del poder buscaron desalojar el reclamo de libertad de los brigadistas voluntarios injustamente acusados de provocar los incendios. Se trató de una zona liberada por parte de las fuerzas policiales donde personajes a caballo, con rebenques y facones amenazaron y golpearon a las y los compañeras/os que reclamaban.
Estas patotas son las mismas que actuaron cuando se produjo el asesinato de Elías Garay y desalojaron el reclamo de justicia. En ese momento, el intendente municipal, Bruno Pogliano, saludó la acción de la patota señalando que “vivan gauchos que defienden a su pueblo”. Son los mismos personajes que ofician de fuerza de choque en la defensa de Lewis y su toma vip en Lago Escondido.
En los hechos sucedidos este miércoles 5 se desarrollaron todo tipo de vejaciones y violencias. En primer lugar, fueron desalojados por efectivos policiales desde el interior de la comisaría, al grito “fuera de nuestra casa”. Y por el otro, las patotas arremetieron con caballos al grito de “porteños hippies”, golpeando y amenazando. A tal punto llegaron los ataques que uno de los integrantes de esta patota le señaló a las compañeras: “Van a gritar así cuando las violemos”.
Lo ocurrido no se trató de una escaramuza de dos bandos. Por el contrario, constituyó un operativo distraccionista que busca ocultar de las responsabilidades de los incendios. Y culpar a las organizaciones de lucha por los incendios en curso.
Se trata, en definitiva, del método Lewis y de Bullrich: difamar, realizar operaciones y montar provocaciones para que la población liquide a las organizaciones solidarias y combatientes. Un ejemplo de esta situación es el caso del vecino, Tomy Anarella, el cual todos los días combatió los incendios, caminando kilómetros y es acusado de promover los incendios.
Asistimos a una caza de brujas orquestada desde los despachos oficiales donde la criminalización y las patotas están al servicio de los terratenientes como Lewis. Llamamos a las organizaciones a poner en pie una gran campaña en defensa de las/os compañeras/os, la libertad de los brigadistas voluntarios y de los urgentes recurso para poner fin a los incendios.
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Los detenidos están falsamente acusados por los incendios
Este 5 de febrero se informó sobre la detención de tres personas sindicadas como sospechosas de provocar los incendios en la Comarca Andina. Rápidamente, organizaciones sociales y vecinos de la zona han dado fe que dichas personas son brigadistas voluntarios y conocidos en la comunidad.
Por estas horas, una decena de compañeros/as se encuentra en las puertas de la comisaria 12 de El Bolsón exigiendo su inmediata libertad y una investigación a fondo de las verdaderas responsabilidades en los incendios que tienen lugar en Comarca Andina.
Las detenciones forman parte de una campaña de criminalización y persecución del gobierno contra las comunidades mapuche y las organizaciones que vienen exigiendo presupuesto para combatir los incendios.
Esta campaña apunta en dos sentidos. Por un lado, ocultar el desguace, vaciamiento y desfinanciamiento del Estado nacional y los gobiernos provinciales en momentos que arrasan los incendios. Y en segundo término, avanzar en la criminalización de las comunidades.
Desde el Partido Obrero Comarca Andina responsabilizamos a los gobiernos provinciales y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del cuadro de persecución y la campaña difamatoria. Exigimos la urgente liberación de los detenidos, una investigación independiente de los orígenes de los incendios y los recursos urgentes para apagar el fuego YA.
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La Cerámica Neuquén bajo gestión obrera se encuentra sin luz debido al corte ejecutado por parte de la cooperativa Calf ante las impagables facturas producto de los tarifazos. Los precios de las mismas ascienden a 40 millones de pesos mensuales. Los tarifazos en la luz y el gas golpean fuertemente al emprendimiento obrero, su producción, los salarios y los puestos de trabajo.
El corte es realizado por Calf, una empresa que tiene el marco legal de una cooperativa pero que actúa como cualquier empresa capitalista. Su dirección está conformada por exfuncionarios, dirigentes del MPN y sectores de la derecha neuquina.
El corte del suministro fue intempestivo y representa un ataque a las gestiones ceramistas. Es que la forma de proceder expone al peligro de ruptura a las principales maquinas de la cooperativa ceramista: hornos, atomizadores y molinos.
Ante esta realidad, las y los compañeros ceramistas fueron recibidos por el Ministerio de Jorge Tobares, luego de un comunicado y el anuncio de una concentración en las puertas de Calf y de Casa de Gobierno. En dicha reunión, el gobierno se comprometió a gestionar ante el organismo encargado de la energía en la ciudad. Por estas horas el corte perdura y sigue el parate en la producción.
En el encuentro oficial, las y los ceramistas presentaron un plan de producción, el cual incluye un periodo de gracia en el pago de las facturas o alternativas (tarifa diferenciada, por ejemplo). Esto es clave, ya que de mantenerse esta situación tarifaria la realidad de las cooperativas ceramistas es inviable. En la ex Zanón, la deuda de luz se encuentra judicializada.
Todo esto contrasta con las garantías y los beneficios que tienen las empresas petroleras y con la historia de prebendas que poseen los viejos patrones con el 90% de la tarifa de luz y el 70% de la de gas subsidiadas.
El Partido Obrero y nuestra diputada Gabriela Suppicich fueron parte de la convocatoria obrera. Apoyamos con todo el reclamo ceramista contra los ataques del gobierno y en defensa de los puestos de trabajo.
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Las y los trabajadores guardavidas de la ciudad de Neuquén se encuentran con medidas de fuerza y de lucha por una recomposición salarial urgente. Reclaman un aumento del 35% que recupere lo perdido en el periodo 2024. Es que el aumento operado en el año anterior fue del 92,8% contra una inflación anual de 128%. A modo de ilustración del atraso que soportan las y los compañeros, el salario mínimo ronda los $300.000.
El pedido del Sindicato de Guardavidas de Neuquén (Sigune) venía desarrollándose mediante medidas de visibilización, con acciones en el río Limay y con concentraciones en el municipio de Neuquén, pero sin afectar el servicio. Como la negativa del gobierno continuó, las y los trabajadores resolvieron en asamblea del domingo 2 de febrero comenzar con medidas de fuerzas efectivas con quite de colaboración en los dos turnos de trabajo y un piquete en el acceso de la isla 132.
Ante la profundización de las medidas, el gobierno solicitó la conciliación obligatoria ante la subsecretaría provincial. Con esta directiva, el municipio no solo busca desgastar el reclamo salarial, sino que además, que el conflicto no perjudique el curso de la mega fiesta de la confluencia que tendrá lugar del 6 al 9 de febrero en la isla 132.
Es justamente esta fiesta la que pinta de cuerpo entero la orientación del intendente Mariano Gaido, apoyado fuertemente por el gobernador Figueroa. Sucede que el municipio adjudicó el evento a un pool de empresas bajo la carátula de Entertainment World S.A, donde embolsarán millones a costa de un municipio que coloca todos los servicios.
El estado municipal actúa como garante general e impulsor de un negocio millonario para un puñados de empresas en momentos que los salarios municipales no superan la canasta de pobreza y más de 35 barrios de la ciudad no cuentan con servicios públicos.
El reclamo por la recomposición salarial enfrenta la negativa específica del funcionario de Ambiente, Pancho Baggio, exguardavida y miembro del partido de la CTA, devenido en socio del gobierno.
El Partido Obrero apoya los reclamos de las y los compañeros guardavidas en una temporada marcada por las altas temperaturas y las numerosas intervenciones en salvar vidas de vecinos y jóvenes. Solo en el periodo de las fiestas realizaron más de 50 rescates.
Rechazamos la maniobra de dictar la conciliación obligatoria porque es un golpe a la lucha, la cual pretende ser impuesta por el intendente y por la Secretaria de Trabajo que responde al gobierno provincial.
Nos jugamos por su triunfo y acompañamos las medidas de lucha.
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A 4 días de iniciados los incendios, la situación en El Bolsón y la Comarca Andina es dramática. Según partes oficiales, al día hoy lunes 3, son más de 2.723 hectáreas arrasadas. Los focos que se encuentran activos están en la zona del Río Azul y Mallín. Según informa el Coem (Comité de Emergencia) el fuego avanza hacia la alta montaña, alejándose de las fases urbanas. Sin embargo, el cuadro de sequías producto de las altas temperaturas y los fuertes vientos coloca a toda la zona en estado de alerta máxima. En tanto, en la zona del Manso, el fuego también se propaga. Este foco activo viene de la zona de Llos Manzanos (Bariloche).
Los incendios en curso en El Bolsón son el quinto foco de incendio de la temporada, luego del incendio en Los Manzanos (Bariloche) que aún continúa activo y el de Epuyén (Chubut). En Neuquén, en el Parque Nacional Lanín, también se desenvuelve un incendio de grandes proporciones con más de 2.000 hectáreas de bosque nativo devastado.
En torno a las familias evacuadas, son más de 120 familias, de las cuales unas decenas de ellas han perdido absolutamente todo. El Polideportivo municipal de El Bolsón es el centro de evacuados. Y el incendio de Mallín se cobró la vida del trabajador y jubilado Ángel Reyes
Asimismo, el trabajo de brigadistas es descomunal, desarrollándose especialmente en la zona Sur (Costa del Río Azul, Pasarela de Palma, 7 Suavos) donde se sigue trabajando intensamente.
La falta de respuestas estatales y el desguace del sistema de lucha contra el fuego
Los gobernadores patagónicos de Neuquén, Río Negro y Chubut han conformado un comité de emergencia, sin embargo la política de vaciamiento y desfinanciamiento de los sistemas de lucha contra el fuego es evidente. Esta política quedó expresada en la reciente renuncia del Mauro Palma, delegado de la zona Noroeste de servicios públicos, donde se ratifica las denuncias de desguace de los programas de prevención y manejo del Fuego.
A nivel nacional, mediante el decreto 1136/2024 el manejo del fuego fueron transferidas desde la Subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, la cual sintetiza la orientación del gobierno de Milei de ataque al ambiente, a las comunidades mapuches y el desguace de los recursos. Es que en la actualidad solo están operativos tres aviones. Uno del servicio nacional, uno del Split (Río Negro) y el otro cedido por Santiago del Estero. En tanto, la precariedad de los brigadistas es total. Es que la gran mayoría no cuenta con estabilidad laboral, falta de ropa de trabajo, herramientas obsoletas y nula infraestructura de comunicaciones y movilidad.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, realizan conferencias de prensa y videos en redes sociales en forma cotidiana, sin embargo a la hora de anunciar recursos solo se limitan a que están en un etapa “ evaluativa del desastre”. A tal punto llega esta situación, que los funcionarios han levantado una oficina donde los vecinos deben acercarse para que realicen una declaración jurada cuando esos mismos vecinos pelean contra el fuego y reconstruyen sus viviendas. Muchos de estos vecinos denuncian que la ayuda estatal ni llega ni tampoco las donaciones.
Profundicemos la organización y la solidaridad popular. Pongamos en pie una gran asamblea popular de la Comarca
A contaste de la falta de respuestas estatales, la solidaridad popular crece. En primer lugar, con los voluntarios que aportan sus herramientas (motosierras y palas) para combatir el incendio. Las brigadas, en su gran mayoría, están compuestas por voluntarios. Esto refleja la falta de recursos humanos que el Estado profundiza hace años. Por otra parte, las donaciones y colectas crecen. Clubes de futbol, sindicatos y distintas organizaciones se ponen al hombro la tarea de recolección y de distribución. Nadie confía en el Estado. Por eso, se pone en práctica la solidaridad activa. El Partido Obrero y el Polo son parte de esta enorme tarea.
Junto a este trabajo fundamental de poner el cuerpo en la solidaridad activa, es importante poner en pie una gran acción de toda la Comarca con asamblea o multisectorial a los fines de desenvolver un programa y un plan de lucha por soluciones de fondo. Ese programa, parte de la urgencia de recursos para el servicio del fuego con más aviones, más personal, con garantía salarial y estabilidad, infraestructura en movilidad y comunicaciones.
Además, es central el desarrollo de los servicios públicos de luz y redes de agua. A modo de ejemplo, los tendidos eléctricos obsoletos implican que los generadores se recalienten y sean un productor de focos de incendio.
En función de este cuadro, junto a la solidaridad activa, urge poner en pie una gran asamblea o reunión de toda la comarca para defender nuestros bosques, territorio, flora, fauna y a las y los trabajadores/as.
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Neuquén fue uno de los escenarios que repudio masivamente los dichos y la orientación de Milei en Davos contra la comunidad LGTBI+ y los derechos de las mujeres. Fueron más de 10 cuadras de jóvenes, trabajadores/as, jubilados/as, organizaciones sociales, políticas y sindicales. Desde las 18 hs las primeras delegaciones comenzaron a concentrarse en el Monumento Gral. San Martín para desarrollar la movilización que pasó por Casa de Gobierno y finalizó en el centro de la ciudad. La enorme movilización de la capital también se replicó en todos los puntos de la provincia de norte a sur.
La convocatoria del 1F fue fruto del acuerdo de asambleas previas para organizar una columna y recorrido unitario. La contundente participación demostró lo acertado que fue sumarnos a la marcha federal, superando la propuesta de que la actividad consistiera en una radio abierta en el río por parte de organizaciones y direcciones sindicales, muchas de ellas vinculadas al peronismo.
En la asamblea organizadora de la marcha, que se convocó desde la Multisectorial de Mujeres, el Plenario de Trabajadoras intervino planteando la necesidad de realizar una marcha unificada que incorpore ir a Casa de Gobierno. La propuesta finalmente fue tomada por el movimiento LGTBI+ y se expresó la enorme bronca y disposición a la lucha.
La movilización constituyó un golpe a política de Milei que recurre al racismo, la misoginia, homofobia, transfobia, hambre, miseria, persecución y represión a los luchadores para dividir a la clase trabajadora. La respuesta política en las calles con el método de la clase trabajadora, unificando los demás reclamos, cobraron un efecto inmediato, lo cual refleja la voluntad en luchar contra Milei.
En el interior de la provincia se realizaron marchas y actividades. El PDT ha tenido un lugar destacado donde nuestras referentes en Zapala, Cutral Co, Chos Malal y Sur, tomaron la iniciativa e impulsaron acciones para que se exprese la bronca hacia el gobierno teniendo como eje nuestra consigna “Fuera Milei”.
En Neuquén, una columna aguerrida de la 1969 y el PDT llevó como bandera de arrastre el Fuera Milei. La bandera se receptó muchas fotos y simpatía de quienes marchaban y se sumaban a los cánticos propios contra el gobierno. Es que toda la movilización estuvo atravesada por este agotamiento y la necesidad de derrotar la política racista y fascista del gobierno.
Al final del recorrido, nuestras compañeras Andrea Candia y Gabriela Suppicich desenvolvieron nuestro programa, llamando a seguir en las calles, organizándonos hasta derrotar esta política de Milei y sus opositores y denunciando al gobierno provincial de Figueroa por el vaciamiento de los dispositivos de asistencia a mujeres y niñeces en situación de vulnerabilidad. No faltó la exigencia de aparición con vida de Luciana Muñoz, desaparecida hace ya 6 meses.
Este nuevo aire de lucha enciende los motores que dan una enorme perspectiva de organización. Hemos dado un primer gran paso en derrotar viejos discursos que apuntan a un retroceso histórico. No vamos aceptar que nos vuelvan a plantear como modelo un binarismo tajante, vincular la pedofilia con la homosexualidad o quitar la carátula de Femicidio.
Como así también vamos a desenvolver la lucha por todos los derechos laborales y democráticos que durante todo el 2024 el gobierno impuso un retroceso con la complicidad la mano y con el apoyo de la oposición (peronistas, radicales, macristas). Y claro, del apoyo central de las centrales sindicales que hicieron la plancha todo el año.
Sin embargo frente a un nuevo ataque, la respuesta fue en las calles. La salida es desde el movimiento de mujeres y diversidades de género y sexuales que conquistó la ESI, que puso en pie la ola verde por el derecho al aborto legal, el cupo laboral travesti trans y demás conquistas.
Esta semana entrante, tenemos el desafío de convocar a las y les luchadores a seguirla y a continuar la lucha. A esos fines, impulsamos una reunión abierta del PDT y la 1969 para seguir organizando actividades y prepararnos para 8 de marzo masivo.
Este es el camino nos llama el compromiso como militantes revolucionarios a tirar abajo este gobierno que nada tiene para brindarle a la clase trabajadora.
Vamos por más asambleas para discutir cómo seguirla. Fuera Milei.
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El supuesto superávit fiscal se basa en retenciones de fondos provinciales de la Caja de Jubilaciones, transferencias de ATN, entre otros fondos que recortó.
Será a partir de las 10 horas, habrá cortes y manifestación frente a Legislatura, se espera una fuerte movilización de sindicatos combativos y organizaciones piqueteras.
El fuego arrasó con 1600 hectáreas de bosque nativo.
El jueves 30 en horas de la tarde comenzaron fuertes incendios en la zona del Cajón del Azul y Mallín del Medio en la localidad de El Bolsón. Se inició en el sector denominado “Loma de los Piches”, próximo a la confluencia del Río Azul y Blanco, extendiéndose rápidamente para la zona este. Por estas horas, las informaciones indican más de 1.600 hectáreas de bosque nativo (Cipreses, Coihues, Radal, Maitenes etc.) devastado y decenas de viviendas destruidas. Hubo familias evacuadas, animales y turistas que se encontraban en las zonas del camino del Cajón del Azul y los refugios.
Hasta el momento, desde el COEM (comité de Emergencia) no se establece la cantidad de familias afectadas. Trabajan en el lugar 54 combatientes y 12 móviles del Splif (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), 25 trabajadores del servicio nacional contra el fuego y un avión de mismo servicio. Junto a ello, bomberos de la Comarca Andina que abarca a El Bolsón con localidades de Chubut. Para la jornada de hoy, 31 de enero, los pronósticos son negativos ya que no se esperan precipitaciones, pero sí aumento de la temperatura y ráfagas de vientos de 25 a 30 kilómetros.
Como se verá, se trata de un desastre completamente previsible y se suma a los incendios activos en Parque Nacional Nahuel Huapi, Lanín y Epuyén. Sucede que las altas temperaturas, los vientos cada más fuertes, la implantación de pinos altamente inflamables con fines para las construcciones, lo obsoleto de los tendidos eléctricos y los escasos recursos colocan la responsabilidad de lo sucedido en un Estado que organiza el turismo y sus recursos con fines capitalistas y no en función de la preservación de la flora, la fauna y las familias trabajadoras.
Esta caracterización quedó expuesta hace unos días en momentos del aniversario número 99 de El Bolsón. Allí, se anunciaron obras al servicio del negocio capitalista del turismo pero ninguna obra de agua para las barriadas populares, cisternas, equipos de riego para las zonas de interfaces y cambio de tendidos eléctricos. Tampoco se anunció robustecer y fortalecer los equipos del Splif, aviones y la infraestructura necesaria para hacerle frente a una realidad alarmante verano a verano en la Patagonia y en la Comarca.
Asimismo, la situación de las y los trabajadores del Splif y las brigadas es crítica. Ocurre que desarrollan tareas en condiciones de precarización laboral, con contratos a términos, sin estabilidad y con salarios que no alcanzan a superar la canasta de pobreza. Ante este cuadro, lo que sí se fortalece es la solidaridad popular, que inmediatamente pone sus pocos recursos para acompañar y ayudar a combatir el fuego y trasladar a las familias.
Esta solidaridad tenemos que convertirla en organización, lucha y en un programa para arrancarle a los gobiernos soluciones. Hay que poner en pie una campaña por más recursos para combatir los incendios: aviones, cisternas, bombas de agua, recursos móviles, nuevos tendidos eléctricos, condiciones dignas de trabajo y asistencia urgente a las familias afectadas.
Por otra parte, rechazamos la política de persecución que se impulsa desde el gobierno nacional y los mandatarios provinciales como Weretilneck y Torres que buscan responsabilizar a las comunidades mapuche de los incendios. En el caso de Epuyén, desde el gobierno señalaron que el incendio fue una “represalia mapuche”. Y, en el caso de Río Negro, se busca instalar la idea de que los incendios fueron provocados en la previa de la marcha contra Lewis por la apertura y al defensa del Lago Escondido. Se trata de una campaña de criminalización de la lucha popular y una maniobra para ocultar las responsabilidades estatales en los presentes incendios.
Más que nunca, la defensa del territorio, las familias trabajadores, crianceras y el ambiente requieren de la unidad, la organización y la lucha contra un régimen depredador y sus gobiernos.
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En pie de lucha contra los nuevos ataques del gobierno
Este lunes 27 se realizó una importante asamblea de mujeres y el colectivo LGTBI+ en el anfiteatro “gato negro", lugar que es un símbolo de la lucha en nuestra ciudad. De la iniciativa participaron la Multisectorial de Mujeres, ATEN Capital y Plottier, Mujeres y Memoria, docentes, estatales, Polo Obrero, FOL, estudiantes terciarios, universitarios, secundarios y diferentes activistas. Así también, fueron parte una representación de la asamblea Antifascista LGBTIQNB+ Newken que vienen de una asamblea el pasado sábado 25 en la casa ATTA y compartieron sus resoluciones y llamaron a la unidad de acción. Esa propuesta incluye una nueva asamblea este miércoles 29 con una intervención en los semáforos de Olascoaga y Sarmiento, una volanteada y movilizar el 1 de febrero en el Río Limay.
El Plenario de Trabajadoras participó con el planteo de que los ataques del gobierno a la comunidad y a los derechos conquistados en la calle forma parte de una declaración de guerra que el gobierno viene desenvolviendo contra el conjunto de las y los trabajadores. Y que el 1F debe ser el comienzo de un plan de lucha en regla y una instancia de reagrupamiento de todos los reclamos populares. La necesidad de marchar a los centros del poder político es clave porque se trata de expresar quiénes son los responsables y de que solo con el método de la lucha vamos a poder derrotar este régimen de nefasto de Milei y sus cómplices.
Luego de numerosas intervenciones en una asamblea que alcanzó la participación de un centenar de compañeras/es se resolvió: una nueva asamblea este miércoles 29 para unificar con todas las expresiones una acción este 1F y movilizar masivamente. Desde el Plenario de Trabajadoras vamos a seguir proponiendo que la acción del 1F finalice o pase por Casa de Gobierno como expresión de lucha contra el poder político, es decir, los responsables de los ataques contra nuestros derechos y conquistas.
Asimismo, se exigió que las centrales sindicales y la federación universitaria llamen a movilizar, y un pronunciamiento del gobernador, los diputados y senadores sobre los dichos de Milei en Davos. Y por último, realizar una seria de actividades artísticas y llamar desde ahora a organizar un 8 Marzo histórico de lucha contra Milei.
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El gobierno nacional acaba de emitir a través de la Secretaría de Energía la Resolución 15/2015. Por la misma se introducen una serie de modificaciones a las normas vigentes para la comercialización de gas en garrafas y GLP (Gas Licuado de Petróleo).
La Resolución abre la vía para una disparada en el precio de un insumo que es vital para las familias que viven en asentamientos precarios, incluso quienes viven en zonas urbanas y barrios y no tienen el servicio de gas por redes.
En el país, según el Censo 2022, la mitad de la población usa las garrafas para cocinar o calefaccionarse. Son alrededor de 22 millones de personas. Hay provincias como Chaco, Corrientes, Misiones, La Rioja, donde la personas que usan garrafas superan el 85% de la población.
Y no son pocos en provincias como Neuquén, productora de gas por excelencia. Según el Censo 2022, son 114.000 personas (un 13% del total de habitantes) las que carecen de gas por redes y deben cocinar y calefaccionarse recurriendo a otras formas. El 84% de esa cantidad lo hace con garrafas. Incluso hay un porcentaje que aún lo hace a leña o electricidad. Hasta en la propia ciudad Capital y hasta en Añelo donde hasta hace muy pocos meses, miles carecían de gas por redes o en Rincón de los Sauces.
En la capital de Neuquén, la capital de Vaca Muerta, funcionan los camiones “garraferos” que, una vez cada tanto, pasan por las barriadas para distribuir garrafas a precio promocional. La propia empresa estatal de Distribución de Energía Eléctrica (EPEN), durante este invierno otorgó un subsidio al consumo eléctrico que abarcó 13.000 viviendas en varias localidades en toda la provincia que por “no tener gas, encima tienen que pagar más caro por la leña o las garrafas” (Neuquén Informa, Boletín oficial del gobierno, 28/4/2024).
Una Resolución infame
Como toda la política energética relacionada a los hidrocarburos está colocada en función de la exportación como prioridad en función de ingresar dólares (aunque se diga lo contrario). La Resolución, mencionada como manifestación de “sensibilidad social”, establece que los productores de gas butano y propano (el de las garrafas), debe vender al primer eslabón de la cadena del mercado (comercializador) a un precio que “no deberá superar el precio de paridad de exportación”. Es decir, equipara el precio base de venta al precio de exportación, que es en dólares.
Para eliminar cualquier sospecha de tomar una medida a favor de los pobres, también se establece que los “precios guías” que fijará la Secretaría de Energía deberán respetar “una justa retribución de costos eficientes y una razonable rentabilidad” y “no serán vinculantes para los actores comerciales”.
Se trata de una inequidad mayúscula, puesto que incluso si en un hogar que consume garrafas hubiera ingresos salariales, los mismos siempre serán en pesos y el peso del insumo gas en garrafa implicará un incremento mes a mes sobre esos ingresos.
Los mecanismos para poder consumir gas en garrafas con un subsidio también implican una reducción de ese “beneficio”. El artículo 2º de la Resolución establece que los “titulares de hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario de todo el territorio del país, consumidores de GLP envasado, que residan o se encuentren ubicadas, según el caso, en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes o que no se encuentren conectados/as a la red de distribución de gas de su localidad, lo que viabilizará que dichos usuarios cuenten con ingresos adicionales para acceder al mencionado producto”.
Fuera de que en los asentamientos precarios no hay “titulares” legales de hogares, si la norma se refiere a títulos de la propiedad sobre el inmueble será imposible para el sector más vulnerable postular para el subsidio. Pero en los hogares donde se tuviera la titularidad del inmueble, la parte final del artículo 2º introduce un segundo paso al cual apunta la misma. La premisa es que si recibe el subsidio, el gobierno considera que ese hogar “cuenta con ingresos adicionales” y podrá realizar la conexión a la red de gas que existiera en las cercanías. Una perversidad que empalidece las de la ministra Petovello.
En Neuquén
El gobernador de la provincia se encuentra embarcado en una agitada agenda de recorrida por el interior provincial (de campaña electoral, aunque lo niegue), inaugurando con bombos y platillos obras menores, como ampliaciones de escuelas o unas cuadras de pavimento.
En ese contexto de campaña ha manifestado que “el gas es primero para los neuquinos”. Lo hizo en el marco del anuncio de llevar la red de gas natural a localidades del norte neuquino. La obra se canalizará por Hidenesa (Hidrocarburos del Neuquén S.A.), que abastece actualmente a esas localidades con GLP que hasta hace poco se traía desde Bahía Blanca, luego que el gas natural fluyera desde Neuquén hasta la ciudad bonaerense y desde allí, una vez procesado, lo transportaban por camiones.
Hidenesa recibe permanentemente ANR (Aportes No Reintegrables) del tesoro provincial. En el año 2024 recibió por ANR unos $4.200 millones (Decretos 110, 230, 276, 336, 476, 1673 y 1674) y como capitalización unos $25.000 millones. De estos últimos 19.000 millones son para ejecutar las obras de red de gas al norte neuquino.
De estos datos surgen dos cuestiones. En primer lugar que tras décadas de explotación hidrocarburífera, no hubo una política de llevar el gas natural a toda la población. Antes que se desarrollara la explotación No Convencional, que hoy se conoce como Vaca Muerta, en Neuquén existió un gigantesco yacimiento gasífero como Loma La Lata. Es decir, siempre hubo materia prima, lo que no hubo son obras. Siempre, antes y ahora, se privilegió la exportación.
En segundo lugar, la extensión de las redes de gas al norte neuquino , que se ejecuta a través de Hidenesa, es un derivación del aumento de la exportación de gas natural a Chile por el gasoducto del Pacífico (con una capacidad de transporte de 12 millones de metros cúbicos diarios), que pasa en las barbas de las localidades que carecen de redes de gas, como Las Ovejas, Los Miches, etc. Incluso vale decir que en la zona existe el yacimiento gasífero El Portón.
El gran anuncio del gobernador Figueroa es un subproducto derivado del incremento de la exportación de gas a Chile por un gasoducto que pasa por la zona y para reducir el costo fiscal de los subsidios del EPEN y el transporte de GLP al norte. No está motivado en razones de humanidad y bienestar de las familias de esas localidades.
Como ocurre con el gobierno nacional y su perversidad con las garrafas que usan los pobres, el gobierno provincial apela a la demagogia electorera para anunciar algo que el propio gobernador como dirigente, diputado nacional y vicegobernador del MPN nunca impulsó en décadas.
Todo el sistema energético está puesto en función de la exportación. Razones suficientes para expropiarlo de conjunto bajo control obrero. Solo así un país exportador de gas, tendrá redes domiciliarias en cada hogar.
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Las y los trabajadores del Centro de Fortalecimiento Familiar de Valentina Sur se encuentran desarrollando acciones de lucha contra el cierre y traslado del espacio donde realizan sus tareas y la atención a las y los usuarios. Sucede que el Centro de Valentina forma parte de un conjunto de dispositivos que atienden situaciones de violencia a infancias, adolescencias y adultxs. Desde larga data vienen exigiendo el mejoramiento del espacio actual, ubicado en Pinar y Las Palomas de Neuquén capital.
El dispositivo está compuesto por trabajadores/as sociales, psicólogos/as y operadores, que atienden realidades urgentes de usuarios del barrio y de la zona. Según estadísticas del Ministerio, más de 120 casos son abordados desde este dispositivo.
El Centro de Valentina Sur funciona en un espacio cedido por el obispado de Neuquén, pero actualmente el comodato se encuentra vencido y el gobierno pretende derivar este Centro a otro edificio que no cuenta con los espacios y la privacidad que requiere la atención, y, además, alejado de la zona donde residen lxs usuarixs. A tal punto llega la improvisación del gobierno que buscó que el Centro funcione en el mismo lugar de la Federación de Patín Provincial.
Durante todo el año 2023, las y los trabajadores se organizaron exigiendo refacciones importantes ya que el lugar actualmente tiene desconectado el gas natural debido a pérdidas y se deben reacondicionar algunos aspectos de la infraestructura. Luego de denuncias y acciones se lograron ciertas reparaciones, quedando el gas como gran tema pendiente. Sin embargo, el gobierno buscar trasladar el dispositivo degradando la atención de las y los usuarios. Ha apelado al desgaste en el reclamo y al vaciamiento de personal para perpetrar el cierre. Se trata de una política nefasta del gobierno que golpea fuertemente a las familias y usuarios/as.
Ante este cuadro, las y los trabajadores han retomado la lucha en defensa del espacio, y para ello realizaron una conferencia de prensa en las instalaciones. Exigen una reunión inmediata con el ministro Jorge Tobares, la extensión del comodato y las refacciones del lugar, principalmente el gas natural y otras mejoras. Desde el Partido Obrero apoyamos esta lucha desde el primer día y por ello nuestra compañera diputada, Gabriela Suppicich, estuvo presente en esta acción.
Las y los trabajadores de Valentina votaron una campaña de apoyo dirigida a otros Centros de Fortalecimiento y al conjunto de las y los estatales para evitar el cierre y el traslado del mismo. Para ello, es necesario la unidad de todos los centros y un paro del gremio para imponer el conjunto de los reclamos. Vamos por ese camino.
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En la semana que pasó, el gobernador reunió en San Martín de los Andes a un amplio espectro político y de gobiernos locales para firmar una declaración denominada “Gran acuerdo para la Neuquinidad”. En la reunión estuvieron presentes diversos funcionarios y la totalidad de las y los intendentes (a excepción del de Cutral Có, Ramón Rioseco).
Entre los intendentes firmantes se encuentra Mariano Gaido de la Capital, que estuvo representado por una alta funcionaria de su gabinete, pero ya ha declarado “su apoyo incondicional” a las decisiones del gobernador. Firmaron también dos intendentes claves del MPN: el de San Martín de los Andes (anfitrión de la reunión), Carlos Saloniti y el de Zapala, Marcos Koopman. También lo hicieron dos “independientes”, el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y el de Centenario, Esteban Cimolai.
Aunque el aparato mediático propagandístico salió a festejar el hecho como una “refundación política”, el texto del acta expresa de qué se trata todo en realidad: “contar con representación legislativa propia en el Congreso de la Nación”. De eso se trata. De “un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena”, en palabras del cantautor Silvio Rodríguez. No es otra cosa que un guiso recalentado tomado del MPN.
Un balance brevísimo de seis décadas de neuquinidad
El MPN surgió hace más de seis décadas de la mano de los hermanos Felipe y Elías Sapag, con un planteo central: la defensa de los intereses provinciales (que eran los suyos) contra el centralismo porteño. Felipe Sapag acuñó una frase muy emblemática, cuando decía que la provincia no solo limitaba con otras provincias, sino también con Parques Nacionales (en manos del Estado nacional)
Con esa impronta de chovinismo provincial, el MPN en el poder dirigió la provincia durante esas largas seis décadas en forma prácticamente ininterrumpida. Porque aún en períodos de gobiernos golpistas, nunca el MPN como gobierno y sus intereses, tuvo choques de fondo con el “centralismo porteño”. Muy tempranamente el dictador Onganía premió a Felipe Sapag con el cargo de interventor federal de Neuquén por su papel en desarmar y reprimir la huelga del Choconazo.
Durante la dictadura genocida, es el mismo Felipe Sapag el que en su libro “El desafío” (1994) nos exime de aportar pruebas: “Desde el 12 de diciembre de 1978, en reemplazo del general Martínez Waldner, fue designado gobernador de la provincia del Neuquén, el general Domingo Trimarco que desarrolló – en los cinco años de su gobierno – una buena gestión, tanto en lo administrativo como en el desarrollo económico-social y en el respeto y consideración hacia toda la comunidad neuquina”.
El interventor militar actuaba por cuenta y orden de la dictadura genocida y del “centralismo porteño” encarnado económicamente en el nefasto ministro Martínez de Hoz. Felipe Sapag describe al interventor militar en Neuquén como un afín político. Dicho esto, al margen de la militancia de dos de sus hijos y de la represión ejercida sobre ellos. Es decir, no hay desde su fundación hasta que fue desalojado del gobierno el 10 de diciembre de 2023, un solo rasgo de independencia ni política, ni respecto a la economía del “centralismo porteño” de parte del MPN y sus gobiernos.
Esta posición desde los genes partidarios del MPN, se repitió en el apoyo al “Plan Austral”, los acuerdos petroleros Houston I y Houston II de Alfonsín. El apoyo incondicional del MPN bajo el gobierno de Jorge Sobisch a las privatizaciones menemistas. En el año 1999 en el marco de una interna feroz del MPN entre Felipe Sapag y Jorge Sobisch, el primero se inclinó por apoyar a la fórmula De la Rúa-”Chacho Alvarez” y el segundo por la candidatura de Duhalde.
“La Alianza es aire fresco para la política” manifestó Felipe Sapag al recibir a la fórmula de la Alianza en la Casa de Gobierno en su paso en campaña electoral por Neuquén. No hay aquí el menor signo de choque con el “centralismo porteño”. Esta nula delimitación con los ejes centrales de las políticas de los sucesivos gobiernos nacionales, llegó a la cúspide con el mandato de Jorge Sapag (2007-2011 y 2011-2015), cuando por primera y única vez en su historia la papeleta electoral del MPN fue adherida a la de la candidata Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto el gobierno emepenista reprimió durante varias horas la movilización que se oponía al pacto secreto con Chevrón que inició la entrega de Vaca Muerta. Ni hablar que con la asunción de Mauricio Macri las relaciones del MPN con el PRO fueron aceitadas y que también los fueron en el 2019 con un nuevo gobierno del PJ (Frente de Todos), a tal punto que durante su campaña presidencial el candidato Sergio Massa visitó Loma Campana acompañado tanto por el gobernador en funciones, Omar Gutiérrez del MPN, como del “neuquizate” gobernador electo, Rolando Figueroa y del intendente capitalino del MPN, Mariano Gaido. De la afinidad del actual gobernador “neuquinizante” con la política del gobierno nacional de Javier Milei (RIGI, hidrocarburos, etc.), no hay mucho que agregar.
Sin embargo…vuelve la burra al trigo
Al actual gobernador, Rolando Figueroa, le fue bien electoralmente con su lema “neuquinizate” como eje de su campaña. Logró volcar a su favor la base y dirigentes de todo un sector del MPN del cual proviene el mismo gobernador (fue vice de Omar Gutiérrez en 2015-2019), así como Zulma Reina, ahora presidenta de la Legislatura en reemplazo de la separada vicegobernadora. Zulma Reina fue secretaria de Estado, Coordinadora de Gabinete y ministra de Gobierno en el mandato de Jorge Sapag del MPN. El plato es nuevo, el guiso es el mismo…pero recalentado.
Una disputa con muchos pretendientes y pocos sillones
En el 2025 en la provincia se eligen tres cargos en el Senado y tres en Diputados del Congreso Nacional. Como lo establece la ley electoral, el que más votos obtenga se queda con dos bancas en el Senado, el segundo en cantidad de votos con la banca restante. La tres diputaciones se distribuyen por sistema D’Hont.
Aunque formalmente no se ha lanzado la campaña electoral, se avizora la conformación de al menos cuatro bloques patronales. Por un lado el gobernador y todo lo que tiene existencia real del MPN, parte del PRO y parte del PJ. También se incluye al Partido Socialista y otros satélites.
La expresión local del “liberfachismo” es disputada por dos sectores. Uno encabezado por la actual diputada nacional Nadia Márquez y el otro por el ex candidato a gobernador de Milei, Carlos Eguía, que rompió con el presidente con serias denuncias de compra y venta de cargos.
Otro sector esta conformado por una parte del PRO encabezada por su presidente, Marcelo Bermúdez, que especula con una unión con LLA y otros sectores ultraderechistas. El último gran bloque patronal es el PJ, que vive la crisis eterna de sus fracciones y que son refractarias de las divisiones a nivel nacional.
Por lo tanto, en el caso de las bancas senatoriales, hay solo para dos fuerzas políticas de estas cuatro. Y diputaciones, en un caso de cierta paridad electoral, podría ser una para los primeros tres en cantidad de votos, si el D’Hont así lo determina.
Las bancas patronales en el Congreso Nacional son el gran factor de negociación y reparto de chirolas de los fondos del fisco nacional en el poroteo de votos que debe armar el gobierno de Milei para conseguir las mayorías parlamentarias. Ese poder de “negociación” tiende a cero sin lo que busca el gobernador Figueroa: una “representación legislativa propia”.
Queda mucha agua para correr bajo los puentes aún, hasta las elecciones, y más si se anulan o suspenden las PASO. Pero los alineamientos se están perfilando. Para la izquierda local, concentrada en el FIT-U, la realidad social, el ajuste en marcha y la generalización de salarios y jubilaciones de pobreza y trabajo precario, aumento de la pobreza e indigencia, deberían ser un acicate para convocar a un Congreso provincial del FIT-U, el activismo y las luchas. Un reagrupamiento a partir de una deliberación sin canibalismo sería un gran mensaje al conjunto de la clase obrera y de todas/os los laburantes que enfrentan día a día la política de los gobiernos. Nuestro planteo está realizado al resto de la izquierda. ¿Recogerán el guante? No se sabe, pero una cosa es segura: nadie espere que tendrá un resultado electoral espectable sin intervenir en la lucha de clases y convocar a deliberar a la izquierda y el activismo. Un tema central es poder exponer con una gran campaña el guiso recalentado que ofrecen los bloques patronales con el cuento de la “neuquinidad”.
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