22 trabajadores rurales del ingenio Ledesma fueron notificados la semana pasada de su cesantía. Se trata de trabajadores que se desempeñan en el sector de cítricos de la empresa. Esta noticia enciende nuevamente las alarmas por la profundidad del ajuste que lleva adelante la patronal, ya que se suma a los 165 despidos en el mes de febrero y los 70 despidos de mayo.
Además se están llevando adelante corte de fichas de trabajadores rurales del azúcar, que informan que hace cinco meses esperan ser convocados incluso transcurriendo la zafra. Esto implica un incumplimiento de actas acuerdo donde la empresa se comprometió a garantizar la fuente y los tiempos de trabajo. También circula entre obreros de fábrica que terminada la zafra esperan un nuevo ajuste y ola de despidos.
Ledesma sigue aduciendo que se encuentra en una crisis por la caída del precio del azúcar y que para garantizar la rentabilidad se llevan adelante estas reestructuraciones.
A los trabajadores representantes del Ingenio les informaron que “era una orden de la dirección de la empresa y que como toda área debe hacer un ajuste para poder sostener a la compañía” afirmó recientemente en una entrevista Benjamín Ramírez, Sec. General de Uatre Ledesma, sindicato recuperado y donde se encuentran nucleados los trabajadores.
La empresa de los Blaquier, lejos de generar pérdidas, en su Memoria y Reporte anual 2023-2024 declaró una ganancia neta de 40 mil millones de pesos, siendo la más alta de la provincia. Mientras tanto, el salario en la categoría 1, y sobre la que se negocia en la mesa paritaria, no supera los 800 mil pesos en fábrica y por supuesto es mucho mejor en el campo.
Los despidos buscan flexibilizar y tercerizar los contratos, como ya sucedió en el Ingenio La Esperanza con el Grupo Budeguer, que despidió cientos de trabajadores y luego recontrató a una minoría a través del monotributo eliminando antigüedad, categoría y evadiendo cobertura médica y aportes jubilatorios.
Estas medidas no son ni más ni menos que la ejecución en los hechos de una reforma laboral pactada entre el gobierno, las patronales y las centrales sindicales para liquidar todos los derechos y condiciones de trabajo.
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Este lunes 7 el militante del Partido Obrero y de la agrupación 1969 del colectivo LGTBIQ+, Agustín Ramal, se presentó a declarar en el marco de la denuncia judicial realizada por la Federación Argentina LGBT contra La Nación+, Clarín y La Derecha Diario, responsables de una campaña de persecución y hostigamiento por su orientación sexual y por haberse pronunciado como hincha de Argentinos Juniors en apoyo a la movilización por los jubilados al Congreso el pasado 12 de marzo.
Durante días, estos medios y sus ejércitos de trolls lo atacaron con mensajes homoodiantes, amenazas y agravios personales por participar de un video junto a otros estudiantes e hinchas que llamaban a movilizarse por los jubilados. El ataque no fue un hecho aislado, sino parte de un clima de odio fogoneado desde el gobierno nacional, que alienta la persecución a las disidencias sexuales, la juventud que lucha y todo sector que se organiza.
"Fui a declarar contra La derecha diario, grupo Clarín y La Nación Más, los 3 medios durante una semana me persiguieron por ser de la comunidad LGTBI+ y por tener una voz disidente, por defender a la lucha de los jubilados y ser hincha del bicho, porque bancamos desde las hinchadas. No queremos que ningún pibe más sufra ni un crimen de odio más por el clima de odio que genera este gobierno", sostuvo Ramal.
Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero, también se hizo presente para acompañar a Agustín y afirmó: "Estamos en la fiscalía, en minutos le van a tomar testimonio a Agustín Ramal por una causa que la FALGBT le abrió a publicaciones como las de La Derecha Diario. En el marco de la convocatoria a la movilización del 12/3, comenzaron con sus métodos habituales de expresar su homofobia, su odio a las diversidades sexuales y eligieron de objetivo a Agustín".
"Fui a declarar contra La derecha diario, grupo Clarín y La Nación Más, los 3 medios durante una semana me persiguieron por ser de la comunidad LGTBI+ y por tener una voz disidente, por defender a la lucha de los jubilados y ser hincha del bicho, porque bancamos desde las… https://t.co/ycXNDhnygJpic.twitter.com/C0RFnWW1Ga
La campaña de difamación contra Agustín es parte de la política represiva del gobierno y la promoción de discursos reaccionarios. El hostigamiento al compañero fue un capítulo dentro de todo un montaje de intimidación, mentiras y amenazas con que Bullrich preparó el clima político para la criminal represión del 12 de marzo en el Congreso, que entre decenas de heridos dejó como saldo la hospitalización de Pablo Grillo con un disparo en la cabeza. Intentan estigmatizar y amedrentar a quienes alzan la voz contra el ajuste y la represión.
No vamos a permitir que se naturalicen los crímenes de odio ni la persecución política. Nos solidarizamos con nuestro compañero Agustín Ramal y llamamos a reforzar la organización independiente para enfrentar esta ofensiva reaccionaria. Frente a un gobierno que quiere volver al oscurantismo, respondemos con lucha, visibilidad y orgullo.
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En una conferencia en la ex Esma, Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución del nieto 140, hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, secuestrados por la dictadura militar en diciembre de 1976 en Cutral-Có (Neuquén), y hermano de Adriana Metz.
Nació en 17 de abril de 1977 en un centro clandestino de detención llamado La Escuelita, ubicado en Bahía Blanca. Su madre, Graciela, estudió Economía y era militante. Junto a su hermano Néstor, Raúl trabajó desde chico en una tintorería y luego en el ferrocarril; también militaron en la Federación Juvenil Comunista.
Raúl y Néstor fueron detenidos durante la dictadura de Onganía y terminaron como presos de máxima seguridad en Devoto. En ese contexto se realizó una campaña por su liberación, entre cuyas organizadoras estaba Graciela. Luego, se alejaron del Partido Comunista para dedicarse a militar en comedores barriales, donde Raúl y Graciela se conocieron y enamoraron.
Más tarde, Raúl y Graciela ingresaron al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
En diciembre de 1976, fueron secuestrados por un grupo de tareas compuesto por efectivos del Ejército y la policía neuquina, que dejaron a Adriana con un vecino. En La Escuelita, sufrieron todo tipo de vejaciones. En enero de 1977, se perdió el rastro de Raúl.
En abril de ese año, Graciela dio a luz y solo pudo permanecer con su hijo unos pocos días. En 1981, envió una carta a la casa de los abuelos Metz informándoles sobre el nacimiento.
Adriana, por su parte, comenzó a militar durante los juicios por crímenes de lesa humanidad y hoy es referente de Abuelas de Plaza de Mayo en Mar del Plata.
La restitución se da en el marco de la ofensiva negacionista del gobierno nacional, que no solo ha relativizado los crímenes del terrorismo de Estado, sino que ha promovido la liberación de genocidas condenados y el cierre de espacios vinculados a la memoria y los derechos humanos.
En ese contexto, la restitución del nieto constituye una conquista enorme por parte de quienes continúan luchando contra la impunidad de ayer y de hoy.
El nieto 140 es una de las más de 500 personas apropiadas durante la dictadura. Su restitución vuelve a poner en primer plano la lucha por la identidad y contra la impunidad, en un momento donde desde el gobierno se ataca de manera directa a todo lo que contribuya al juicio y castigo de los responsables del genocidio.
Cada nieto recuperado es nuevo refuerzo de la enorme lucha de madres, abuelas, organismos de derechos humanos y de todo el pueblo argentino por los 30.000 detenidos desaparecidos, por los hijos y nietos apropiados, por juicio y castigo a los responsables del genocidio, por la defensa de las libertades democráticas que este gobierno insiste en atacar y frente a quienes quieren reinstalar el negacionismo y arremeter contra los derechos humanos.
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La convocatoria lanzada por les trabajadores del Hospital Garrahan para el próximo 17 de julio a Plaza de Mayo reúne las condiciones para transformarse en un gran punto de unificación de las luchas contra el desmantelamiento del sistema público de salud que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. No se trata de una crisis más: estamos frente a una política criminal que pone en juego la vida misma de millones de personas.
Desde hace meses, les trabajadores del Garrahan vienen denunciando el vaciamiento presupuestario que pone en riesgo la atención de miles de niñes. Faltan insumos, hay renuncias masivas de profesionales, no se cubren cargos, se ajustan salarios y hasta se eliminaron las residencias. Pero lejos de ser un caso aislado, lo del Garrahan es la punta del iceberg de una ofensiva general contra el derecho a la salud.
Un informe reciente de DW en Español reveló que más de 60 personas con cáncer han muerto en los últimos meses por no poder acceder a los medicamentos oncológicos que el Estado dejó de entregar. Más de 100 expedientes están paralizados y los pacientes deben recurrir a la caridad para intentar sobrevivir. El caso de Ariel Wagner, un paciente con leucemia que necesita un medicamento de 21 millones de pesos por mes, es la expresión más brutal del ajuste oficial. El gobierno está condenando a muerte a los sectores más vulnerables de la población.
A esto se suma el desmantelamiento del Instituto Nacional del Cáncer, el cierre de programas de detección temprana de enfermedades como el cáncer de mama o cuello uterino, y la transferencia del costo del tratamiento a las provincias. Las consecuencias son visibles: grandes diferencias interjurisdiccionales en los resultados oncológicos, con provincias como Formosa y Misiones en el quintil más alto de mortalidad por cáncer cervicouterino y de cuello uterino.
Luego de el vaciamiento de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, la notificación de casos de tuberculosis aumentó un 10,3% en 2023 respecto del año anterior. Y Argentina sigue siendo uno de los países con alta carga de enfermedad de lepra. Mientras tanto, el gobierno también avanza en el vaciamiento de programas clave como el de VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual, cerrando áreas que proveen test, reactivos y antirretrovirales a miles de personas, lo que promueve su proliferación.
Este ajuste también afecta gravemente el Programa Nacional de Vacunación, que no solo compra vacunas sino que monitorea brotes como los de legionella o fiebre hemorrágica. En medio de la mayor epidemia de dengue de la historia del país, el Ministerio de Salud decidió que la vacuna no será incluida en el calendario nacional. El “plan motosierra” de Milei es una política sistemática de aniquilación del sistema público de salud donde el que no puede pagar, muere.
Las muertes evitables, la falta de atención, el colapso hospitalario y los despidos en el sector salud son el resultado directo de las políticas que Milei vino a implementar al servicio del FMI, los laboratorios y las grandes corporaciones de salud privada.
Por eso, el 17 de julio tenemos que llenar Plaza de Mayo. Les trabajadores del Garrahan no pueden estar solos. Es necesario que confluya la lucha de les residentes y concurrentes, de los hospitales provinciales, de quienes defienden el Posadas, el Roffo, el Elizalde, el Gutiérrez, y de todas los sectores en conflicto, como las organizaciones sociales, los sindicatos combativos, los centros de estudiantes, y los familiares de pacientes abandonados a su suerte.
Es Milei o nuestra salud. Si no frenamos este plan de guerra contra los laburantes, el colapso sanitario será irreversible.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
El juez federal Luis Armella archivó la investigación sobre la escandalosa visita de seis diputados de La Libertad Avanza a los genocidas presos en el penal de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz. Con esta maniobra, el gobierno de Milei busca legitimar la política negacionista y de defensa de los genocidas que impulsa desde el primer día.
La visita se trató de un operativo planificado con apoyo del Servicio Penitenciario Federal, que depende directamente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los chats aportados revelaron la existencia de una red coordinada por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor condenado, que articulaba a defensores de genocidas, funcionarios y hasta jueces.
El argumento oficial de que se trató de una “recorrida institucional” se cae a pedazos. No hubo ningún informe posterior, como exige este tipo de visitas. Por el contrario, los diputados se llevaron propuestas para favorecer la prisión domiciliaria de los represores y evaluaban emitir un comunicado reclamando la revisión de sus condenas. Lo de institucional fue apenas una coartada para intentar encubrir una reunión política en favor de los genocidas.
La decisión de cerrar la causa blanquea la complicidad del Poder Judicial y del conjunto del aparato estatal con este operativo. Este episodio confirma que el gobierno libertario no solo desprecia los derechos humanos, sino que trabaja activamente por la impunidad de los genocidas.
El archivo de esta causa no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado cada vez más explícita: mientras se habilitan visitas a genocidas, el gobierno de Milei reprime brutalmente la protesta social, militariza el Congreso, persigue judicialmente a trabajadores y organizaciones populares, y reivindica públicamente a los responsables del terrorismo de Estado.
La defensa de la libertades democráticas requiere impulsar ahora la lucha contra el gobierno de Milei.
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Desde el 25 de junio, Alexia Abaigar permanece detenida en la Unidad 7 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El pedido de excarcelación de la funcionaria de Axel Kicillof fue denegado por la jueza Arroyo Salgado. La irregularidad de la detención-incomunicación por más de 48 horas y falta de pruebas de aquello de la que se la acusa, fue ampliamente denunciada por sus abogados. Una aberración jurídica que pretende fijar un antes y un después pasando por encima del más elemental derecho a la defensa.
Estamos frente a un claro caso de persecución política. "El ataque a la Casa de Espert" que invoca la justicia y la derecha no pasó de un medio centenar de volantes, un pasacalle y una bolsa de bosta -todo encuadrado en una contravención municipal- convirtiendo este hecho menor en una ofensiva judicial y penal destinada a criminalizar toda oposición política al gobierno liberfacho y su camarilla. Tratándose de José Luis Espert, la “incitación a la violencia” que se le adjudica a Alexia Abaigar es una provocación deliberada.
Espert, candidato de La Libertad Avanza para las elecciones de octubre hizo carrera pidiendo "cárcel o bala" y más bala que cárcel. El provocador profesional es un lumpen que azuza la violencia contra los "zurdos" y viene de ser expulsado de un panel de debate por las agresiones contra Cristina Kirchner. Estamos frente a un delincuente comprometido con la estafa del criptogate y con denuncias de financiamiento narco de sus campañas.
Después de la detención de Abaigar, las persecuciones se han incrementado. En estos días la policía de Bullrich allanó la municipalidad de Quilmes y domicilios de militantes de La Cámpora, deteniendo por lo menos a cuatro personas más, entre ellas a Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria que reporta a la intendenta camporista Mayra Mendoza. Los allanamientos, detenciones e incomunicaciones ilegales repiten el proceder irregular que se aplicó contra Abaigar. La foto de la concejala Mieri de Quilmes, esposada como una delincuente, no tiene otro propósito que el de la intimidación política para acallar todo cuestionamiento a la banda gobernante.
Hay que movilizarse
El peronismo hizo una conferencia de prensa para denunciar las detenciones y para pedir la libertad de las y los detenidos. Verónica Magario tuiteó la arbitrariedad de la detención de Alexia Abaigar reclamando su inmediata libertad (la funcionaria presa tiene además una enfermedad autoinmune que afecta sus pulmones). Sin embargo, ni kirchneristas ni kicillofistas han dado un solo paso efectivo en el plano de la movilización popular contra estos ataques gravísimos a las libertades públicas y políticas.
Estamos frente a un reforzamiento del estado policial liberfacho que ya viene aplicándose contra el movimiento piquetero y dirigentes populares. La respuesta de Mayra Mendoza a Espert "nos vemos en las urnas" es una renuncia a ganar la calle para sentar en el banquillo de los acusados a la patota de Libra. Como ocurre con la prisión domiciliaria e inhabilitación política a Cristina Kirchner, el peronismo le cede la iniciativa a Milei prometiendo "volver" en el 2027 y no mueve un dedo por la libertad de la ex vicepresidenta. La gravedad de estas persecuciones exige una respuesta inmediata para derrotar las políticas represivas y de censura política del gobierno liberfacho.
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En el último tiempo, los vecinos de Lago Puelo y otras localidades de la Comarca Andina vienen enfrentando aumentos desmedidos en las tarifas eléctricas. Las facturas se han duplicado, triplicado o incluso cuadruplicado sin explicación, también se han detectado recategorizaciones arbitrarias que han hecho pasar a usuarios residenciales como comerciales o industriales, incluso en zonas donde las viviendas fueron arrasadas por incendios y ya no existe consumo real.
Los vecinos han comenzado a organizarse y presentaron reclamos ante el Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y Defensa del Consumidor.
El 26 de junio pasado se reunieron vecinos, asociaciones y cooperativas de productores, cámaras de turismo, jubilados, de Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo convocados contra el desmedido aumento que se está registrando en las facturas de luz, en el consumo y la tarifa del servicio eléctrico en el Noroeste del Chubut.
En la reunión estuvo presente el director de la Dirección General de Servicios Públicos, Ezequiel Suazo, quien no dio respuestas concretas al aumento de la tarifa ni al servicio deficiente. En contraposición, el funcionario expresó que el aumento fue solo del 40%, mientras que los presentes le mostraron facturas hasta con un 150% de aumento.
El funcionario se comprometió a dar una respuesta antes del 12 de julio. El vencimiento de la boleta de luz es el próximo 18 y, de no abonarse, comienzan a sumar intereses punitivos.
Luego de una temporada alta inexistente, azotada por los incendios, hoy en medio de la ola polar que golpea la Patagonia, Vecinos de Lago Puelo y los pueblos de la Comarca denunciaron facturas de 300 mil, 600 mil y hasta 1 millón y medio de pesos, solo de consumo familiar y mediciones de la DGSP que evidencian aumentos superiores al doble de las facturaciones anteriores en las facturas recibidas a partir del Período 01/2025.
Por supuesto los mas golpeados son los hogares que no pueden enfrentar boletas que son superiores incluso a sus ingresos. La situación es crítica para los comercios locales y productores, pero sobre todo para los electrodependientes, para los jubilados, que están pagando más de 300 mil pesos, para los damnificados por los incendios, y para los inquilinos que no pueden sostener boletas de energía no consumida con riesgos de incendios en verano por la falta de mantenimiento.
Un vecino precisando datos publicó una solicitada en la que demuestra un aumento “desproporcionado y sin aviso” en las tarifas, alertando que entre septiembre de 2024 y junio de 2025, el valor del kWh aumentó un 514%, mientras que el cargo fijo se incrementó un 695%.
Durante ese período, se ha registrado un aumento acumulado del 514% en el valor por kWh, pasando de $19,25 a $118,12, y un incremento del 695% en el cargo fijo, que pasó de $1.110 a $8.828. De esta forma, denuncian que la tarifa que se abona por el servicio de energía eléctrica deficiente que ofrece la DGSP no se corresponde con los aumentos desmedidos de su facturación. No puede haber tarifa sin servicio. No puede haber aumentos sin explicación.
El pasado lunes los vecinos se hicieron presentes en el Concejo Deliberante de Lago Puelo y expusieron la situación. Además de rechazar el tarifazo, denunciaron un servicio deficiente, que continúa con cortes frecuentes, que conllevan además cortes de agua, llegando algunos a más de 15 horas, situaciones de riesgo en cualquier condición climática por falta de mantenimiento, incendios y accidentes de los trabajadores de la propia dirección, etc. Esto con una red funcionando en ocasiones por debajo de los parámetros de 220 voltios, afectando el normal funcionamiento de los artefactos eléctricos hogareños, de los comerciantes y del sector industrial.
El Concejo Deliberante, a instancias de los vecinos, sancionó, con copia a municipios de región noroeste, exhortar al Subsecretario de Servicios Públicos de la Provincia de Chubut, Ezequiel Suazo, a que se haga presente en el recinto del Concejo Deliberante de Lago Puelo en un plazo no mayor a 72 horas y desistir de la acción iniciada, retrotrayendo las tarifas al Período 01/2025 y la re categorización a Diciembre 2024.
Las temperaturas bajo cero han puesto en evidencia años de falta de inversión y abandono, miles de familias viven cortes de electricidad y agua por rotura de bombas y cañerías congeladas. En las ultimas horas se le sumaron los cortes de servicio de gas.
Camuzzi, empresa privada encargada de distribuir el gas, ofrece respuestas mínimas o nulas. En la Comarca los hogares enfrentan cortes intermitentes. La empresa confirmó que el Gasoducto Cordillerano Patagónico, que abastece a toda la región, no da a basto: el consumo récord y problemas operativos colapsaron el sistema, hay miles de usuarios afectados.
Pasan las horas y no hay solución, mientras los aumentos tarifarios siguen llegando sin demora. Concretamente no se ha ofrecido ninguna solución, solo apelan a ahorrar el consumo y se restringen actividades.
El corte del suministro de gas y de servicios esenciales, y los tarifazos descomunales son la muestra de la desinversión sistemática, la falta de obras y la falta de acción frente a situaciones previsibles, como la demanda de gas en pleno invierno. En paralelo, las empresas engordan sus bolsillos a costa de nuevos aumentos mientras no invierten un solo peso en el servicio.
Este miércoles los vecinos unieron sus reclamos y marcharon junto a los jubilados contra los tarifazos y el estado de los servicios básicos y presentaron las firmas recolectadas a la DGSP.
Que se dispongan partidas presupuestarias excepcionales del municipio y la provincia para asistir con combustible, abrigo y alimento a todos los afectados. Basta de tarifazos y servicios obsoletos. Exijamos que la Dirección General informe los criterios utilizados para fijar los nuevos valores, se justifique el desfasaje con la inflación oficial, se rinda cuentas de los fondos recaudados, y presente un plan de inversión y mantenimiento urgente.
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Una compañera fiscal general por el Partido Obrero en el FIT-U no pudo culminar la tarea que llevaba adelante ante diferentes situaciones de hostilidad transodiante.
Este jueves 3 de julio, residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires llevan adelante un paro con movilización en defensa del sistema de residencias y sus condiciones laborales. La medida fue votada en asamblea como continuidad del reclamo por aumento salarial, pero se profundiza ante la amenaza concreta del cierre de cupos para el ciclo 2025/2026 en hospitales porteños, y los anuncios del gobierno nacional sobre una nueva reglamentación para las residencias en hospitales dependientes del Ministerio de Salud.
Mientras una residente puede trabajar hasta 285 horas mensuales cobrando apenas $4.350 la hora, el gobierno de la Ciudad, en manos de Fernán Quirós, responde cerrando vacantes y reduciendo aún más el acceso a la formación profesional. En paralelo, el Ministerio de Salud de la Nación avanza con un nuevo reglamento que liquida la relación laboral de los residentes y la reemplaza por un sistema de becas sin derechos laborales elementales como el aguinaldo, la antigüedad o los aportes jubilatorios. Un doble ataque que desnuda la orientación común de ajuste y desmantelamiento.
El nuevo esquema propuesto por Nación establece un modelo de “beca anual” con montos definidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, y un sistema de remuneración fragmentado que obliga a los hospitales nacionales a cubrir con recursos propios lo que el Estado no garantiza. En lugar de reconocer la tarea profesional que desempeñan los residentes como trabajadores del sistema de salud, se los expulsa del marco laboral formal, se precariza su situación y se recorta el presupuesto de las instituciones públicas que los forman.
Frente a esta avanzada, residentes y concurrentes de CABA vuelven a las calles con un mensaje claro: el cierre de residencias, los salarios de miseria y la eliminación de derechos laborales no pasarán sin lucha. La residencia no es una beca ni un curso: es trabajo esencial para el sostenimiento de los hospitales públicos. La defensa de la salud pública empieza por garantizar condiciones laborales dignas y formativas para quienes están en la primera línea.
"La transformación de las residencias en becas implica más precarización laboral y una descentralización total del sistema de salud", sostuvo Lucía Wiguez, médica recién recibida de la UBA. Sofía, residente del Hospital Alvear, dijo: "Venimos a exigir una urgente rexomposición salarial. Las condiciones en las que trabajamos los residentes son nefastas".
"Venimos a exigir una urgente rexomposición salarial. Las condiciones en las que trabajamos los residentes son nefastas" Sofia, residente del Hospital Alvear pic.twitter.com/hEuNoRXOxv
También se hicieron presentes referentes de partidos de izquierda como Gabriel Solano, legislador por el Partido Obrero en el FIT-U: "En todos los hospitales de la ciudad y del país los salarios no alcanzan, las condiciones de trabajo son paupérrimas y con largas jornadas laborales. Sin residentes no hay hospital. Hay que bancar su lucha y defender la salud pública", sostuvo.
"Estamos en Callao y Corrientes movilizando para reclamar contra los cambios en el sistema de residencias" @fedukiig , estudiante de medicina de 3er año de la UBA pic.twitter.com/Pni3fCfwB0
La próxima instancia de lucha es a las 16 horas en Plaza de Mayo donde los trabajadores del Garrahan llevarán adelante una acción contra el desmantelamiento del hospital y en defensa del conjunto de la salud pública, una de las principales víctimas del brutal ajuste oficial. Además convocan a una enorme movilización de todos los sectores para el 17 de julio.
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Azul: importante charla sobre la lucha de las y los jubilados
Nora Biaggio y Eduardo Martínez, del Plenario de Trabajadores Jubilados, conversaron con compañeras y compañeros que se organizan por esta causa en la localidad bonaerense.
El sábado 28 de junio, con una jornada marcada por la ola polar, unos veinte compañeros y compañeras formamos parte de la charla abierta organizada por el Plenario de Trabajadores Jubilados (PTJ) y la organización local que impulsa la lucha: Jubiladas y Jubilados Unidos de Azul (JUA). En el hall del céntrico Complejo Cultural San Martín (que se encontraba sin calefacción), el frío no fue obstáculo para sentir que el fuego del reclamo de los jubilados arde también en el interior de la provincia de Buenos Aires y de todo el país.
La charla, que se extendió durante dos horas, inició con la presentación por parte de los compañeros azuleños, Carlos Brizuela y Elisén Pereyra, acerca de su trayectoria en estos meses. Son parte de este agrupamiento: jubilados de la docencia universitaria, de la papelera tomada y recuperada por sus trabajadores, obreros industriales y de la rama de servicios; muchos de ellos y ellas se jubilaron por medio de la moratoria ante el robo de sus aportes y debido al trabajo informal. Como lo destacó Brizuela durante la charla, “somos la generación del Cordobazo”, que vivió y protagonizó en su juventud el alza obrera y popular de los ’60 y ’70 y hoy ya se encuentran jubilados del trabajo, pero no de la lucha.
Es de destacar que, tal como lo expresaron los compañeros, el grupo de J.U.A. se organizó al calor del plan de lucha impulsado por las Organizaciones de Jubilados de los Miércoles. El persistente reclamo que este frente único viene realizando en el Congreso Nacional fue irradiando el ejemplo y prendiendo la mecha para que surjan grupos locales autoconvocados.
Retomando esta experiencia, Nora Biaggio expuso la larga historia y tradición de lucha que tienen los jubilados y jubiladas en nuestro país, rastreando el origen de las convocatorias hasta la década de 1990 contra las AFJPs y la quita de aportes patronales. Son más de 30 años y, haciendo las cuentas, ya van más de 1350 convocatorias de los Miércoles de los Jubilados. Más acá en el tiempo, están el hito de las jornadas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional del macrismo y la lucha contra el congelamiento de haberes del gobierno de los Fernández, en 2020. Esta última etapa abrió a la confluencia de organizaciones que, con la llegada de Milei, puso las bases para el crecimiento y desarrollo del movimiento a una escala nacional.
A continuación, intervino Eduardo Martínez y aportó algunas conclusiones: todos los gobiernos de las últimas décadas han ajustado y robado los fondos jubilatorios y del PAMI porque, como expresa la consigna del PTJ, son los jubilados los que financian al Estado y no al revés. A su vez, esto mismo explica la necesidad de luchar desde un campo de independencia política de todos los partidos capitalistas que han sido parte del robo jubilatorio. Esto incluye obviamente al gobierno nacional pero también a los partidos que gobiernan las provincias, algunas de las cuales tienen cajas jubilatorias propias (no transferidas a Anses) y son vaciadas para financiar los negocios capitalistas y el endeudamiento estatal.
En el intercambio posterior entre los asistentes surgió la denuncia de que el ex candidato a intendente por La Libertad Avanza en Azul cobra una PUAM (Pensión Universal para Adultos Mayores) lo cual es un grosero robo porque se trata de un odontólogo retirado que tiene un patrimonio multimillonario. A su vez, todos los asistentes coincidieron en lo grave que es que ni la CGT nacional ni la local organicen o acompañen la lucha por los jubilados de hoy y los futuros, expresión de su colaboracionismo con Milei y su plan motosierra sobre los derechos de los trabajadores. Se resolvió sumarse al plan de acción propuesto por la coordinación nacional de jubilados con la campaña por un millón de firmas, seguir yendo a PAMI por los reclamos puntuales alrededor de la cobertura de medicamentos y terapias y el sostenimiento de las próximas movilizaciones, empezando por la marcha antirrepresiva del 16/7. Quedó establecida, también, una vía de comunicación directa entre el PTJ y algunos de los participantes de la charla y del movimiento de lucha en Azul.
A pesar de la crudeza del invierno y del ajuste fondomonetarista de Milei y sus cómplices, en todo el país los jubilados enseñan a luchar, extendiendo la llama de su reclamo y mostrando el camino.
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Una vez más el gobierno define un nuevo ataque a los trabajadores de salud. En esta ocasión con la transformación de Residencias en Becas.
En la resolución 2109/2025, el Ministerio de Salud da una nueva vuelta de tuerca contra la salud pública en general y los residentes en particular. Se impulsa la descentralización, el desfinanciamiento, la precarización y destrucción salarial.
La eliminación de las residencias y su conversión en becas es un paso más en la destrucción de la salud pública. Menos salario, menos derechos previsionales, más horas de trabajo, más privatización.
El 17 seamos miles y miles en las calles para apoyar al Garrahan
En este articulado se dispone la formación de dos tipos de Becas: Beca Institución y Beca Ministerio.
La Beca Institución implica que el residente cobre su salario del hospital o centro de salud, sin percibir ya obra social ni ningún tipo de aporte, pudiendo llegar a percibir algún adicional hospitalario. En el caso de la Beca Ministerio, el salario será definido por la cartera de salud con los descuentos pertinentes, pero sin recibir los adicionales de la institución.
Otra provocación del gobierno contra el Garrahan. Cierre de las residencias y reconversión en una beca. El 17 tenemos que marchar junto al gran hospital pediátrico porque solo con el triunfo de los trabajadores los chicos de todo el país van a estar mejor. https://t.co/MPJArox6px
En ambos casos el salario será reducido, las condiciones laborales aún más precarizadas y las modalidades de contratación serán múltiples, con distintos empleadores que apliquen las normas a su gusto. Es un ataque total a los residentes transformando su contrato en una beca.
ESCÁNDALO. Milei cerró la residencia de PEDIATRÍA del Hospital Garrahan para convertirla en una beca. NO DESTRUYAN AL GARRAHAN El 17 vamos a la marcha en Plaza de Mayo a defender el Hospital pediátrico más importante del país
— Tatiana Fernández Martí (@tatious_) July 2, 2025
No podemos permitir este atropello. El ataque es a todos los trabajadores de la salud. Sin residentes no hay hospital. Unifiquemos la lucha en el hospital y el país de todos los trabajadores de salud, sin importar su tarea y forma de contratación. Vayamos por una gran marcha de Congreso a Plaza de Mayo el 17/7 a las 16.30.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
El pasado 18 de junio se realizaron las elecciones en Amsafe para elegir comisiones departamentales y la comisión directiva provincial. El acto eleccionario comenzó a mediados de marzo, con la convocatoria a la asamblea para la elección de juntas electorales, donde se comenzó a organizar el fraude.
Los padrones ya contaban con personas que eran estudiantes o que hacía mucho tiempo habían dejado la docencia. En la asamblea de Rosario para elegir Junta Electoral participaron más de 1.000 personas y se votó -a propuesta de una docente del Frente de Jubilados en Lucha- que la junta departamental sea integrada por mayorías y minorías, por lo que el Frente 4 de Abril-Carlos Fuentealba logró incorporar a dos miembras, ya que por escaso margen de 70 votos se impuso el oficialismo provincial en la Junta de Rosario. Para la conformación de la junta provincial, la burocracia peronista no accedió a este método, dando cuenta de que solo accedió a ejercer la democracia sindical ante la posibilidad de perder la asamblea, cosa que finalmente no ocurrió gracias a la presencia de estudiantes disfrazados de docentes. El fraude ya estaba en marcha.
Luego, con la conformación de las Juntas, se expusieron los locales de votación. Para este momento ya el fraude estaba tomando forma. En Rosario, con 3.200 afiliadxs más que la ultima elección -11.300 en 2022 a 14.474 en 2025-, se cerraron más de 50 locales de votación. Y no cualquiera, se clausuraron aquellos ubicados en las escuelas donde el "Frente 4 abril" tiene mayor ascendente entre la docencia. Con esta decisión, se buscó dificultar que los docentes puedan expresar su voluntad democrática, obligando a los afiliados a movilizarse entre cinco y ¡veinte cuadras! para ir a votar, en una ciudad donde el boleto de colectivo cuesta, por tramo, $1.200, el dato que muestra que el objetivo era dificultar la votación. Es que en Santa Fe, donde hay la mitad de afiliados que en Rosario, hubo más mesas para votar: 171 en Santa Fe versus 163 en Rosario. Todo esto fue denunciado en el momento.
A mediados de abril se presentaron las listas. La junta electoral provincial, integrada totalmente por la Celeste/Trabajadores de la Educación, utilizó el intervalo de tiempo que tenía para oficializarlas, para filtrar los nombres de los compañeros y compañeras de las listas opositoras a sus personeros, que utilizaron esa información para presionar a las y los candidatos para que se bajen de las listas opositoras, utilizando amenazas contra sus puestos de trabajo. Pese a los aprietes, la oposición logró presentar 15 listas sobre un total de 19 departamentos, más la lista provincial.
Los padrones: la herramienta clave de la burocracia de Roberto Baradel
Con el proceso electoral en marcha, la Junta Electoral Departamental debía entregar los padrones provisorios a los miembros de la Junta, a los apoderados de cada lista y a los delegados de escuela, para que puedan fiscalizarlos y realizar las modificaciones del caso. Ni los integrantes por minoría de la Junta Electoral, ni los apoderados de las listas pudieron acceder a los padrones, solo lo hicieron los delegados de escuela. Los padrones debían exponerse en un lugar público en la escuela, para que todos los afiliados realicen reclamos. Los delegados del Frente 4 de Abril lo hicieron, los que responden a la Celeste no, por lo que muchos docentes jamás se vieron en el padrón.
Con algunos padrones en mano, los delegados comenzaron a realizar los reclamos pertinentes, como el cambio de lugar de votación por pedido del afiliado (mayor cantidad de horas en el establecimiento de votación), o la exclusión del padrón, porque la persona en cuestión no pertenecía al establecimiento educativo. Las exclusiones fueron rechazadas por la Junta Electoral, porque el reclamo debía hacerlo el afilado y no el delegado, una ventana por la que se coló todo tipo de gente ajena a la docencia: ¿cómo iba a pedir ser excluido alguien que se estaba sumando a un fraude? Se presentaron más de 500 reclamos, pero solo se dio lugar a algunas modificaciones, todas relacionadas al cambio de lugar de votación.
El tiempo para modificar los padrones era hasta mediados de mayo. Ya los tiempos del estatuto no se estaban cumpliendo, porque los padrones definitivos deben estar 30 días antes de la elección. Los mismos llegaron recién una semana antes y con el fraude convalidado. Los padrones definitivos venían con nuevos ingresos de afiliados que no figuraban en los padrones provisorios. Constatamos trescientas personas que votaron que no cumplieron con los requisitos estatutarios para votar: ser docente, tener recibo de sueldo donde constate el descuento del sindicato, tener 6 meses de antigüedad en la escuela para ser parte del padrón y haberse afilado antes del 31/12/2024.
En la propia elección, la burocracia de Sonia Alesso-Roberto Baradel dio la orden de desconocer totalmente el estatuto del sindicato, según el cual, para votar, hay que acreditar identidad y exhibir recibo de sueldo con el descuento a Amsafe. Para colar a cualquier tipo de gente, la Junta Electoral sacó un instructivo para los fiscales, diciendo que solo debía pedir DNI, habilitando que vote su padrón trucho.
El peronismo y Bases-Partido Socialista, unidos para robarse Amsafe Rosario
El día de la votación, los presidentes de mesas, todos del oficialismo, tenían solo una indicación: votaban todos sólo con DNI. En algunas mesas se logró que no voten estudiantes o personas que ni siquiera pertenecían al ámbito de la educación, gracias a la determinación de los fiscales opositores. Son más de 300 los casos constatados de docentes truchos, cuyos casos más emblemáticos son el candidato a concejal del Movimiento Evita, miembro de la mesa ejecutiva de la juventud peronista del departamento de Iriondo, y consejeros estudiantiles pertenecientes a Bases, el desprendimiento del Partido Socialista que responde a Claudia Balagué y el concejal Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, que encabeza el diputado Del Frade. Personas que NO son docentes y estaban habilitadas para votar, metidos en el padrón gracias a un acuerdo político. El propio Ministerio de Educación de Pullaro mandó mensajes a los docentes que trabajan en programas del gobierno, llamando a votar a Roque Jaime-Baradel.
Hay casos extremos como los de la mesa de Uranga, donde las compañeras fueron a votar y se encontraron que ya lo habían hecho por ellas y donde una compañera que no estaba en el país, votó. A lo que se suma la "desaparición" del sobre urna de la escuela de Bogado, que hasta el día de hoy sigue sin aparecer y donde ganó la "4 de Abril". Allí, las autoridades de mesa fueron una docente del ¡Suteba! y otra ajena a la docencia. Ese sobre fue entregado a la responsable de la "Celeste", que debía llevarlo a la subdelegación y en el camino se perdió y nunca apareció.
Todas esa mesas fueron denunciadas e impugnadas. Pero la Junta Electoral de "Trabajadores de la Educación" desestimó el pedido y dio por ganador..a "Trabajadores de la Educación". Los “ganadores” son Sonia Alesso, Roberto Baradel y parte de la junta ejecutiva de UTE (Capital Federal), que festejaron coreando, "UN minuto de silencio…" y al otro día, apareció la corona fúnebre con los nombres de Gustavo Terés y Gabriela Meglio en la puerta del sindicato. "Elemental mi querido Sherlock".
La burocracia festeja un fraude, con los métodos de la patota
El día posterior al fraude, la patota sindical peronista, fiel a su estilo y con la impunidad que se maneja, dejó a las 12 del mediodía en la puerta de Amsafe Rosario una corona mortuoria con el mensaje “Teres y Meglio. Que en paz descanse"(sic). Las muestras de solidaridad no tardaron en aparecer, repudiando tan terrible hecho. Mientras que eso sucedía, Roque Jaimes, el delegado seccional electo mediante el fraude, instalaba la corona era producto de "una interna del Frente 4 de Abril o un problema personal". Paulo Junco, miembro de la Comisión directiva provincial, declaró abiertamente que fue un autoatentado.
Este hecho fue denunciado ante la justicia, presentando las cámaras que filmaron este hecho oprobioso.
La tarea del momento
Desde Tribuna Docente caracterizamos que la burocracia venía preparando este robo de la seccional desde el comienzo del proceso electoral y ahora insitimos en reservarnos todos los derechos que nos asisten para impugar esta elección fraudulenta. Aquí no hubo una victoria de una lista sobre otra, ni unos cuantos vivos que metieron votos de más, sino una arquitectura montada con tiempo para arrebatarle la seccional a la docencia combativa, un objetivo que beneficia el pacto de ajuste que tiene la burocracia con Pullaro.
El robo golpeó a algunos compañerxs, que plantean que hay que desafiliarse. Desde Tribuna Docente llamamos a no desafiliarse, muy por el contrario, llamamos a toda la docencia a organizarse y participar de nuestra agrupación, para dar pelea en las escuelas y en calle, contra los gobiernos y la burocracia sindical responsables mutuos -y a lo largo de sus gobiernos- de la crisis educativa.
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En tiempo récord y con un guion armado para la impunidad, la Gendarmería Nacional cerró el expediente administrativo por el disparo que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte durante la represión a la marcha de los jubilados del 12 de marzo. El informe, confeccionado en apenas 24 horas, atribuyó el ataque a un “hecho fortuito”, alegando mala visibilidad y culpando a la propia víctima por “ubicarse en la línea de tiro”. La fuerza no solo no sancionó al tirador, el cabo Héctor Guerrero, sino que lo mantiene en funciones, como si nada hubiera pasado.
El cierre del expediente administrativo sin investigación alguna es la confesión de que el accionar criminal que hirió gravemente a Grillo fue armado desde arriba. En la previa a la movilización en apoyo a los jubilados, Bullrich se dedicaba a decir que era una marcha de barrabravas para justificar la represión, y buscaron desalentar la convocatoria intimidando con mensajes en las estaciones de trenes anunciando que iban a reprimir "todo atentado contra la república". La salvaje embestida contra las organizaciones de jubilados, los trabajadores de prensa y los manifestantes en general fue una decisión política del gobierno. Por eso Guerrero apuntó a quemarropa violando todos los protocolos de uso de armas disuasivas.
Patricia Bullrich, al frente del Ministerio de Seguridad, encabezó una campaña pública de mentiras y operaciones desde el primer momento: primero atacó al propio fotógrafo, luego justificó el accionar de Guerrero como “ajustado a reglamento”, cuando las propias imágenes muestran que disparó a la cabeza, en forma horizontal y desde una distancia que descarta cualquier situación de “defensa”.
El relato oficial no resiste el menor análisis. La reconstrucción realizada por el colectivo Mapa de la Policía, a partir de registros periodísticos y filmaciones de drones de medios como TN y A24, demuestra que Guerrero apuntó directamente hacia la movilización. No fue un rebote ni un error. Fue un tiro dirigido, contrario a todo protocolo, con un arma que puede matar.
La investigación administrativa fue un montaje: gendarmes declarando frente a gendarmes, sin ninguna intención de esclarecer lo sucedido. El expediente niega responsabilidades, repite las versiones de los propios uniformados, e ignora todas las pruebas que contradicen sus dichos. Incluso cuando la justicia federal secuestró el arma usada, los cartuchos y el material administrativo, la fuerza volvió a cerrar el sumario con las mismas conclusiones. Una burla a Grillo, su familia y a toda la población.
Mientras tanto, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano todavía no llamaron a indagatoria al agresor. La querella del CELS y la LADH exige que se lo investigue por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero la causa está empantanada.
Este caso no es un hecho aislado. Es el resultado de una política represiva que se profundiza cada día y que se enmarca en una avanzada más general contra las libertades democráticas. Un régimen que avanza con ajuste y saqueo solo puede sostenerse con represión, la represión necesita impunidad para ser llevada adelante, y la impunidad se construye desde el Estado.
Desde el movimiento obrero y las organizaciones de lucha, debemos exigir juicio y castigo a todos los responsables: al cabo Guerrero, a sus mandos, y a la ministra Bullrich, como jefa política de esta represión criminal.
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En la última audiencia presencial en la Secretaría de Trabajo nacional, las patronales han realizado una propuesta que ratifica la realizada el 5 de Mayo, por debajo de la inflación. El ofrecimiento consiste en un 3.3% de aumento en enero y febrero contra un 4.7% de inflación real y para marzo, abril y mayo un 6.7%, sin los retroactivos correspondientes a la inflación de enero y febrero, lo que implica un aumento del 10% entre enero y mayo incluido, cuando la inflación hasta abril incluido es un 11.7%. Frente a esta situación, la dirección del Sutna convocó un plan de lucha con paros escalonados como continuidad de los dos últimos paros generales de 24 horas en las grandes plantas que intervienen en la paritaria.
La asamblea general de todo el gremio realizada recientemente fue contundente en el mandato. Frente a todos los intentos de las patronales de atacar el poder adquisitivo del salario, el Sutna y los trabajadores del neumático, por unanimidad en asamblea, resolvieron tomar todas las medidas que sean necesarias para enfrentar a las patronales en esta ofensiva contra el salario. Las patronales pretenden “tomarse venganza” contra los trabajadores y la dirección del Sutna, que han logrado desde la recuperación del gremio aumentos que superaron la inflación a base de paros, movilizaciones y la huelga general, como en el 2022. Sucede que el salario del neumático contaba con un retraso histórico debido a las sucesivas entregadas de la burocracia sindical violeta. En el marco de una ofensiva sin precedentes contra los trabajadores, y en particular contra los trabajadores del neumático, las patronales pretenden imponer una rebaja salarial e imponer un golpe en este plano al conjunto de la organización obrera.
La decisión del colectivo obrero de defenderse frente a esto se extiende en todo el gremio. En las fábricas crece la bronca contra la patronal, mostrando un salto en el acatamiento en las últimas medidas de lucha en diferentes sectores de las fábricas que aún se mantenían cautelosos o atemorizados luego de las andanadas patronales del último período. Los paros generales han sido un salto de importancia en la confianza y organización obrera con importantes porcentajes de participación en Pirelli y en Bridgestone. En Fate, el paro total ha sido una muestra de fortaleza de esta gran fábrica y su tradición de lucha. Desde la última audiencia a esta parte, las patronales de Bridgestone y Pirelli tomaron nota de esta situación, dando de manera unilateral un seis porciento “a cuenta de futuros aumentos” para intentar paliar un cuadro aumento en la participación en las acciones de lucha convocadas por el gremio. Bridgestone, incluso, adelantó la paga de medio aguinaldo.
El ataque a los trabajadores y sus organizaciones por parte del gobierno y las patronales se desarrolla en todos los planos. El Sutna en particular es uno de los principales objetivos de este ataque, ya que desde la expulsión de la burocracia del gremio se ha ganado una referencia en el movimiento obrero a fuerza de organización, asambleas, paros, luchas y conquistas. La tentativa de relegar el salario es también una tentativa de asfixiar al gremio y la obra social.
Alejandro Crespo, en la asamblea general del gremio, informó una deuda multimillonaria del Estado con la obra social, en concepto de devoluciones de alto costo que el Estado debe devolver por ley. La embestida -que fue respondida mediante paros y movilizaciones contras los arreglos y despidos- con intentos de cambios de regímenes de trabajo de destrucción del convenio colectivo rechazados en los recursos preventivos de crisis, hoy tiene un punto de inflexión con la paritaria. Esta lucha es una prueba de fuerzas entre los trabajadores y la patronal.
Los trabajadores del neumático y el Sutna dan un nuevo paso en la organización y la lucha que los caracteriza en el marco de ataques al conjunto de los trabajadores argentinos. Rodeemos las grandes fábricas del neumático de la mayor solidaridad de clase para reforzar la lucha de los compañeros. Reagrupemos a todos los que luchan en un gran plenario que sea un punto de referencia para todos los trabajadores. Para terminar con cada ataque, para terminar con el gobierno anti obrero de Milei.
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El Sutna y los trabajadores del neumático están siendo objeto de ataques persistentes tanto de las patronales como de quienes gobiernan. Las patronales vienen intentando quebrar el convenio colectivo, congelar el salario y quebrar la organización conquistada por los trabajadores, quienes expulsaron a la burocracia sindical del gremio nacional, las seccionales y los cuerpos de delegados. La ofensiva patronal se desarrolló también con una política de arreglos y despidos que fueron enfrentados con paros, movilizaciones y todo tipo de medidas de lucha definidas en asambleas del conjunto de los trabajadores, defendiendo un cuadro de organización colectiva.
Cabe señalar, que, en este punto, se lograron frenar los aprietes que llevaban a los arreglos en Pirelli, donde la pelea es cotidiana y los compañeros enfrentan el bloqueo al ingreso de la representación gremial a la fábrica. En el anteúltimo paro general realizado hace algunas semanas, un turno entero se convocó en asamblea y definió parar. En Fate, se han enfrentado las ofensivas con decenas de paros y los aprietes patronales en forma constante. En ese choque se inscribe la denuncia judicial persecutoria por parte de la patronal de Fate a Miguel Richarduli de la seccional San Fernando, quien es acusado falsamente en este contexto.
Las asambleas generales de cada turno, y luego una asamblea general de planta, resolvieron un acuerdo de nuevo régimen de trabajo y la reincorporación de siete compañeros despedidos como punto de apoyo para continuar la pelea. En Bridgestone, luego de los despidos y las luchas que se desenvolvieron el año pasado, se retoma con mayor participación las medidas de lucha frente a la ofensiva contra el salario de las patronales. Luego de la asamblea general de todo el gremio, se realizaron dos paros generales de 24 horas y se desarrollan el plan de lucha con paros escalonados por el aumento en la paritaria. Esta ofensiva se da en el terreno económico, donde el gobierno (Superintendencia de Salud) adeuda miles de millones de pesos a la obra social en un marco de aumentos siderales en las prestaciones de salud. Esto fue informado por Alejandro Crespo en la última asamblea general que votó memoria y balance.
En este cuadro ha surgido una ruptura en la Lista Negra de compañeros que hasta el día de ayer formaban parte de la comisión directiva por la Lista Negra. Esta ruptura está encabezada por Maxi Bronzuoli, quien ha integrado la Lista Negra desde su fundación, luego de la división de la Lista Marrón, previa a la recuperación el gremio.
Han anunciado la formación de la lista “azul en algunas publicaciones hechas hasta el momento. El texto inicial publicado por Bronzuoli incurre en una serie de falsedades que vale detenerse a analizar. Bronzuoli señala que “Las decisiones trascendentales para el futuro de los trabajadores se toman sin consulta real, ignorando a los compañeros que formamos parte de la comisión directiva, las seccionales y el cuerpo de delegados”. Bronzuoli hace esta afirmación inmediatamente después de haber participado de dos reuniones de la comisión directiva nacional (constan las actas), asambleas en todas las fábricas y dos asambleas generales del gremio (ordinaria y extraordinaria). Todo esto, sin haber dicho una sola palabra sobre ningún tema. No hay registro alguno de ningún reclamo sobre el funcionamiento de los diferentes métodos de organización y deliberación del gremio.
No pueden ser tomadas en serio afirmaciones de este tipo, donde los trabajadores han permanecido en deliberación permanente. ¿Dónde estaban los críticos en los paros generales de 24 horas en las tres grandes plantas? No sabemos. Lo que sí sabemos es que en cada cambio de turno fueron los compañeros de la Lista Negra los que se plantaron en las puertas de cada fábrica para fortalecer los paros generales.
El solo hecho de retirarse soltando críticas insostenibles, para inmediatamente ausentarse de la lucha, explica que se trata de una deserción que no tiene la pretensión de organizar a los trabajadores y salir a la pelea, como señala Bronzuoli en su texto. Esta actitud ya la habíamos notado en los paros que destrabaron el anterior tramo de la paritaria, donde los autodenominados “independientes” habían actuado deliberadamente en contra de los paros. Los argumentos que utilizan en los pasillos de la fábrica Pirelli para intentar atraer compañeros son esclarecedores. Llaman a los compañeros a sumarse a la tarea de conquistar una seccional “menos de choque y más dialoguista con la patronal”. Casualmente, es la patronal de Pirelli la que encabeza el bloqueo a la resolución de la paritaria, en causa común con los mismos que llaman “al diálogo”.
Siguiendo esta lógica, la dirección del Sutna debería haber “dialogado” con las patronales en los PPC (Procesos Preventivos de Crisis) permitiendo todo tipo de violaciones al Convenio Colectivo de Trabajo y el salario. Eso es exactamente lo que hizo la burocracia sindical en todo el país. Con 38 mil preventivos de crisis pedidos oficialmente por las patronales, la burocracia deshilachó los convenios, dejó pasar despidos masivos y trituró el salario. Hoy, la dirección del Sutna sigue de pie y en lucha sin haber entregado una coma del convenio colectivo, enfrentando todos los embates patronales.
Para todos aquellos que siguen la historia del gremio, saben que quien encabeza la ruptura ha sido siempre un compañero con posiciones conservadoras, y que esas mismas posiciones lo han dejado en franca minoría al interior de la lista Negra. En la lucha histórica de 2022, fue quien intentó sin éxito torpedear desde adentro la huelga general que se alzó triunfante, torciéndole el brazo a las patronales, a la burocracia sindical que le pidió a Alberto Fernández “que haga algo contra el Sutna” y al súper ministro Massa, quien pretendió habilitar importaciones indiscriminadas contra la lucha de los compañeros.
En el mismo sentido, se han mostrado públicamente en actos y reuniones de diferentes corrientes internas del peronismo, en un intento de ocultar su aislamiento, en la última oportunidad en aquella liderada por Kicillof y Correa. No es casual la foto de Bronzuoli con Correa, integrante de la Corriente Federal y ministro del gobierno de Kicillof. Es un gesto que pide sumarse a la burocracia sindical y de parte de Correa un intento de cooptación del sindicato. ¿Recordarán estos compañeros que fueron estos mismos quienes militarizaron Bridgestone con la policía bonaerense contra la lucha obrera? ¿Se olvidaron que fue el propio Correa quien dictó una conciliación obligatoria con los despedidos en la calle?
Por otra parte, Bronzuoli, debería poder mencionar al menos un solo sindicato ligado a la burocracia sindical que actúe como el Sutna. ¿Qué sindicato realiza una asamblea general para fijar una exigencia salarial y un plan de lucha para conquistarlo y luego ratifica los resultados en asambleas de todos los trabajadores antes de firmar una paritaria? Ninguno. El Sutna, si se ha destacado por algo, ha sido por la acción y deliberación colectiva. Cada paso ha sido sometido a la valoración colectiva de los trabajadores, incluso respetando los resultados de asamblea que no han sido como pretendía la dirección del sindicato, como ocurrió en Fate. ¿Qué más democrático que respetar el mandato de los trabajadores más allá de cual fuera el resultado? En realidad, lo que se pretende esconder es la tentativa de aprovechar un contexto de ataques brutales del Estado y las patronales para intentar abrir paso a una orientación ligada a alguna variante de tipo burocrática, haciéndole el caldo gordo a las patronales.
La lista Negra, en tanto reagrupamiento general del activismo que expulsó a la burocracia sindical del gremio, contuvo y contiene compañeros de diferentes extracciones ideológicas. Sin embargo, colectivamente forman una unidad que ha enfrentado a las patronales y a cada gobierno de turno frente a cada ataque, peleando por los intereses de los trabajadores de todo el gremio de frente a cada compañero. Quienes hoy definen dar un paso al costado de la mano de burócratas y patronales, solo le hacen un favor a quienes atacan a los trabajadores. Frente a este cuadro de ataques a todo el movimiento obrero argentino, más que nunca, por más sindicatos clasistas, antiburocráticos y de lucha como el Sutna.
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Julia Mengolini es la última víctima de un ataque sistemático de difamación y hostigamiento digital. A la lista se suman Ángela Lerena y muchas otras comunicadoras que, por el solo hecho de expresar críticas o incomodar al poder, se convierten en blanco del ejército digital que opera en redes para el gobierno de Javier Milei.
El 20 de junio, FerOria –usuaria vinculada al espacio libertario– publicó el primer tuit que inició la difusión de una calumnia brutal: la acusación falsa de incesto contra Mengolini. En cuestión de horas, decenas de cuentas alineadas con el oficialismo, como @ThommyShelby_30 o @altashanta, replicaron el mensaje, amplificándolo hasta que el propio Milei lo compartió, reforzando la operación.
Lejos de ser episodios aislados, estos ataques forman parte de un método: el gobierno y sus operadores políticos coordinan el uso de redes para ejercer violencia organizada, difundiendo rumores y fake news que buscan disciplinar al periodismo crítico.
El concepto de "fake news" se popularizó durante la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, cuando se utilizó para describir la proliferación de noticias falsas en plataformas como Facebook y Twitter, muchas de ellas destinadas a manipular la opinión pública. Estudios del Oxford Internet Institute confirmaron que su uso explotó tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, cuando él mismo empezó a usar el término para deslegitimar informaciones críticas.
Hoy, en 2025, el escenario se ha vuelto más complejo y peligroso: las fake news evolucionaron hacia las deepfakes, producciones falsas creadas con inteligencia artificial que permiten manipular videos, imágenes y audios de forma extremadamente verosímil. Estas tecnologías requieren recolección de datos, entrenamiento de modelos de IA y recursos técnicos avanzados. En este caso, se usó la deepfake para sexualizar y denigrar a Mengolini, reforzando un patrón de disciplinamiento machista que apunta al cuerpo y la moralidad de las mujeres para desacreditarlas.
El involucramiento de figuras oficiales como Lilia Lemoine y el propio presidente Milei no sólo legitima la agresión, sino que la potencia como mecanismo de persecución política y censura indirecta. Este tipo de violencia no busca discutir ideas: busca quebrar emocionalmente, aislar y amedrentar, debilitando el ejercicio del periodismo y el derecho de la sociedad a informarse.
Así, el trollcenter oficialista se convierte en un instrumento de disciplinamiento social, combinando el uso del poder estatal y el ciberpatrullaje con una violencia digital que excede la esfera virtual y produce efectos reales en la vida de las periodistas y en la libertad de expresión.
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El próximo 12 de julio se realizará en el Instituto Superior Joaquín V. González un encuentro político pedagógico para debatir las implicancias de la Reforma BA Aprende, en el contexto de las reformas que impulsan Macri y Milei. Convocado por Ademys y abierto a la comunidad educativa será una instancia para analizar las tendencias generales de estas reformas y, en particular, los últimos cambios en la ciudad de Buenos Aires, promover acciones de lucha concretas y, por qué no, plantear qué escuela necesitamos las y los trabajadores.
La docencia toma la palabra
A la lucha de las escuelas secundarias que están poniendo en cuestión la continuidad de las escuelas para el período 2026 donde se aplique la reforma, se sumaron estudiantes secundarios que entre las reivindicaciones de las tomas de escuelas de las últimas semanas colocaron el rechazo a la reforma. Otros sectores de docentes se vienen reuniendo para coordinar acciones contra la reforma, mientras se va conociendo entre la comunidad educativa el contenido mismo de los cambios que el ministerio se encargó de esconder incluso a las familias.
El encuentro puede ser una instancia donde la docencia, mediante cinco comisiones de debate, tome la palabra y discuta cómo hacemos para profundizar la lucha, uniendo a todos los sectores.
El panel de apertura y las instancias de debate incluyen temáticas como los cambios y controversias en torno a la alfabetización, la tendencia a reemplazar la ESI con la educación pseudo emocional, los cambios en la secundaria y formación docente, educación y derechos humanos. Serán abiertas para docentes y estudiantes de profesorados.
Desde Tribuna Docente planteamos que este encuentro resuelva un marco de acciones distritales para las primeras semanas después del receso y una gran marcha educativa con medidas de fuerza contra la reforma BA Aprende.
Nuestro punto de partida es que hace muchas décadas se viene reformando la educación obligatoria, adaptando sus contenidos, titulaciones y alcances, a las demandas de la crisis capitalista en curso. Un etapa histórica que no requiere una formación de la fuerza de trabajo más o menos calificada para el tipo de trabajo que va a desempeñar, que también tiene su correlato en las condiciones de trabajo docente, cada vez más pauperizadas.
Si bien esto es una tendencia mundial, en la Argentina la caída educativa es presentada como resultados de acciones docentes o de decisiones particulares de alguna política educativa puntual y no como resultado de las reformas constantes, el desfinanciamiento y la crisis social y económica que hunde en la pobreza a miles y miles de niños y trabajadores, cuyo impacto en el acceso a la educación y la cultura es directa.
Esta presentación del tema, que se convierte en una propaganda constante de todos los políticos, desde CFK, Macri, Grabois, ocultan las responsabilidades políticas de los sucesivos gobiernos empobrecedores, de diferentes signos políticos, que aplicaron las reformas del banco mundial y la Ocde y, a su vez, metieron fuertes ajustes en los presupuestos educativos, reduciendo a su mínima expresión el funcionamiento de las escuelas y el salario docente.
Pero si todas las reformas capitalistas en la educación siguen profundizando la degradación educativa ¿Qué tiene de particular la reforma actual BA Aprende? Luego de 20 años cambia el diseño curricular de primaria, a tono con los embates contra el denominado “enfoque constructivista” presente en los diseños, sin un balance ni debate alguno entre la docencia y especialistas. Entre los cambios se encuentra la inclusión de la denominada educación emocional que ya cuenta con una ley jurisdiccional para avanzar contra la ESI. La secundaria desaparecería tal como la conocemos hoy, liquidando materias, su estructura, los enfoques de aprendizajes, cambiando el trabajo docente. Se avanzaría en una virtualización de las carreras docentes en una fuerte proporción y, por si fuera poco, se reduciría la educación especial dejando a la deriva a las infancias y juventudes que necesitan un acompañamiento particular, en una época donde la crisis de salud mental estalla en las aulas.
Analizar de forma específica dicha reforma, que ahora en Consejo Federal de Educación piensa extender en todo el país, nos prepara mejor para la lucha, para ganar a las familias de la escuela pública, a las estudiantes, apuntando a los verdaderos responsables de esta debacle educativa, que en la ciudad sería el macrismo (que está tecleando luego de la derrota electoral) y, por supuesto, contra Milei y su ministra Pettovello que acaban de sacar el 0800 buchón para perseguir ideológicamente a la docencia, montando una campaña de desprestigio y ataque a la educación pública, mientras quieren destruir a la universidad y la ciencia.
La reforma se puede caer, solo si unificamos la lucha de todos los sectores que quieren dar la pelea, superando el rol de la burocracia sindical de UTE, UDA, que vienen apoyando abiertamente estas reformas.
Con estos objetivos hacemos extensiva la invitación al encuentro educativo a toda la comunidad educativa.
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Este domingo 29 de junio, los y las trabajadoras del turno franquero (sábados, domingos y feriados) del Hospital Garrahan pararon nuevamente de 7 a 14 horas, como resolvieron en asamblea. En simultáneo, familias organizadas en apoyo a la lucha y agradecidas profundamente por la atención recibida, convocaron a una bicicleteada que partió desde el Obelisco, pasando por el Ministerio de Salud de la Nación, hasta el hospital, acompañada por una jornada cultural con títeres y conciertos de orquestas infantiles y juveniles de CABA.
El gobierno nacional repite mentiras, se niega a negociar y denigra públicamente a quienes sostienen el principal hospital pediátrico del país. Pero la respuesta del personal del Garrahan se fortalece cada semana, con paros masivos, festivales y un acompañamiento popular creciente.
La audiencia prevista para este lunes 30 en la Secretaría de Trabajo terminó en un nuevo fracaso -el tercero consecutivo-, con la ausencia del gobierno, tanto del Ministerio de Salud como los funcionarios del hospital, dejando planteada como única posibilidad la profundización del conflicto. Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, declaró:
"Hemos tenido más de 20 renuncias en los últimos 40 días. Hay que poner un freno al vaciamiento del principal hospital pediátrico del país, pero el gobierno solo insiste en el congelamiento salarial. Para los únicos que no hay congelamiento es para los funcionarios designados por el gobierno: Jorge Menehem dejó de ser consejero ad honorem para pasar a 6 millones de básico gracias a una resolución de Lugones. Mientras, quienes sostienen el funcionamiento hospitalario no cubren la canasta de pobreza".
Lipcovich subrayó que las mentiras y ataques buscan justificar un desmantelamiento planificado del Garrahan, pero se están topando con una resistencia firme: "Se enfrentan a trabajadores organizados y una comunidad que nos apoya en masa".
Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto, agregó que "no hay dudas de que Milei se quiere llevar puesto al Garrahan, pero se está tomando con un movimiento de resistencia enorme, que agrupa tanto a los trabajadores y trabajadoras del hospital como a la comunidad. Por eso, nuestra asamblea le pondrá fecha a una gran movilización popular en defensa del Garrahan y de los reclamos de sus trabajadores, en primer lugar un salario inicial equivalente al costo de la canasta familiar".
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
El Polo Obrero logró el reconocimiento del primer comedor popular en Alto Comedero, que reúne a más de 150 vecinos del Barrio 8 de Marzo. Este importante —aunque todavía parcial— triunfo es el resultado de años de lucha en las calles y un nuevo paso para enfrentar la catástrofe social que atraviesa la provincia.
A finales de 2021 el Polo Obrero, junto a la unidad piquetera, comenzó un plan de lucha contra el dictador Morales por alimentos para comedores y merenderos populares. Ese plan de lucha, que continuó en 2022, sacudió la provincia con cortes de ruta que no se veían hace años en Jujuy y que desafiaron al gobierno que se jactaba de una trucha paz social.
La respuesta del gobernador fue la represión en varias localidades con detención de 7 compañeros en San Pedro y luego el allanamiento y detención de Sebastián Copello y Juan Chorolque. Morales continuó ordenando allanamientos a decenas de dirigentes y organizaciones sociales buscando generar terror, pero algo ya se había roto. El movimiento piquetero abrió el camino para movilizaciones históricas contra la persecución del gobierno cambiando la relación de fuerzas del pueblo con el gobierno, mostrando un anticipo de lo que vendría en 2023 con el jujeñazo. Este plan de lucha de tantos años colocó al Polo Obrero como una referencia indiscutible en los barrios de Jujuy.
Este importante, pero aún pequeño triunfo, nos da impulso para pelear por más. Las raciones que manda el gobierno no alcanzan y contienen poca variedad nutritiva. La falta de comida en los barrios se muestra en que vecinos de otros sectores de Alto Comedero vienen a buscar su ración hasta el comedor del Polo Obrero. Esto es el resultado del ajuste histórico de Milei, acompañado por gobernadores como Sadir, que recortó alimentos a los comedores, congeló los montos de programas sociales, la moratoria a las jubilaciones y tantos ataques que están generando una catástrofe social en los barrios.
Llamamos a reforzar la organización de cada barrio por sus reclamos y proponemos un plenario de desocupados y organizaciones sociales para impulsar un plan de lucha por todos los reclamos provinciales.
Invitamos a todos los vecinos y compañeros de lucha a la inauguración del nuevo comedor.
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El proyecto deberá ser tratado en Diputados para lograr su sanción definitiva.
La aprobación por parte del Senado bonaerense de una ley que habilita la reelección indefinida de legisladores, concejales y consejeros escolares da cuentas de cuáles son las preocupaciones de los parlamentarios de los partidos patronales.
Sucede que en la Legislatura de los “Chocolate” Rigau, la derecha y el peronismo han bloqueado sistemáticamente el tratamiento de numerosos proyectos presentados por el Frente de Izquierda en defensa de los trabajadores bonaerenses, ya sea por la preservación de la fuente y los puestos de trabajo, de los derechos jubilatorios, el derecho a la tierra y la vivienda o por el impulso de la obra pública para terminar con las inundaciones, entre otros. Esto marca un violento contraste con la reciente aprobación de la “re-re”. El Senado bonaerense nunca trató, por ejemplo, la expropiación del frigorífico Incob de Bahía Blanca ni el proyecto de implementación efectiva de la educación sexual integral en las escuelas, ambos aprobados en la Cámara de Diputados por iniciativa del Frente de Izquierda.
Vale resaltar que la iniciativa re-reeleccionista del peronismo no solo contó con la colaboración de los llamados libertarios “blue”, es decir, de los legisladores ingresados por la listas de la LLA que han formado su propio bloque. También contó con el apoyo solapado de la oposición que votó en contra del proyecto. Pues María Mandagarán del GEN, María Emilia Subiza y Marcelo Leguizamón del PRO garantizaron el quórum para que la sesión se realice y el proyecto pueda aprobarse. La votación tuvo que ser desempatada por la vicegobernadora Verónica Magario que, emitiendo su voto positivo, terminó por imprimirle el sello del oficialismo provincial a la iniciativa re-reeleccionista. El massismo, en boca de Malena Galmarini, aprovechó la impopularidad de la iniciativa para desmarcarse y sumar uno puntos en la interna peronista. Lo hizo sin sonrojarse, a pesar de que Sergio Massa ha sido un saltimbanqui de la política patronal, siempre en función de caer parado en algún cargo como funcionario del Estado.
Ahora, el proyecto deberá ser tratado en diputados para lograr su sanción definitiva. Pero según algunos medios de comunicación el peronismo tiene dificultades para juntar los votos necesarios. Sería la peor de las variantes para el peronismo y los bloques opositores que colaboraron con el proyecto re-reeleccionista: un crimen en grado de tentativa. Es decir, habrán dejado sus huellas en la trama sin lograr el objetivo.
Una eventual aprobación de este proyecto dejaría abierta la posibilidad de avanzar también en la reelección indefinida de los intendentes, por la cual vienen batallando los intendentes alineados con Kicillof. Algunos de los que insisten tenazmente en esta iniciativa pertenecen a la tropa que lideraron la “renovación” de los viejos barones del conurbano. Son los casos de Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas o de Gustavo Menéndez de Merlo, que llegaron para terminar con los “cargos vitalicios” de Jesús Cariglino y Raúl Otacehé respectivamente. Pero la viabilización del proyecto de reelección indefinida de los intendentes está trabada por la interna peronista, con los viejos barones Fernando Espinoza, Mario Ishii, Julio Pereyra, pugnando por su aprobación, La Cámpora rechazándola y Kicillof y Massa condicionándola al alineamientos de los intendentes en la propia interna.
El editorialista de La Nación, Carlos Pagni, hizo un razonamiento elemental cuando señaló que “la casta le hace los deberes a Milei”. Es que la aprobación de la “re-re”, por impulso del peronismo, le ofrece a Milei y los libertarios un ángulo fabuloso contra la “casta” parlamentaria. Como ya nos tiene acostumbrados, Milei realizará su campaña contra la “casta” sin importarle ser el defensor más consecuente de la “casta” empresarial y la “casta” judicial, de negociar con la “casta” sindical e incluso con la propia “casta” parlamentaria cuando la necesitó para la aprobación de sus leyes antiobreras y antinacionales en el Congreso nacional.
En la elección provincial que se aproxima, el Frente de Izquierda deberá integrar en su agitación política una denuncia de la propia Legislatura bonaerense, desenmascarándola como una institución de espaldas a los intereses populares, colocada al servicio de los grandes grupos económicos y de los propios parlamentarios de los partidos patronales. La denuncia deberá integrar al propio mileísmo, que se ha transformado en la encarnación misma de la “casta”.
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El régimen de Gerardo Morales y el de Milei tienen semejanzas muy importantes que colaboran para los desafíos que tenemos los trabajadores. Señalemos algunas.
En 2023 Gerardo Morales quería blindar en una nueva constitución el saqueo capitalista de las riquezas de Jujuy reforzando un aparato represivo y judicial cuasi dictatorial de 8 años de gobierno. Javier Milei en su año y medio de gobierno pretende tomar el mismo rumbo. Un saqueo capitalista de la Argentina de la mano de la Ley Bases, el RIGI, el endeudamiento y un régimen antidemocrático de represión, persecución judicial y ahora también de proscripción.
Gerardo Morales tiene denuncias por espionaje, detenciones ilegales, represión criminal y ahora Javier Milei sacó un decreto que habilita esos mismos métodos para la policía federal.
Ambos construyeron una fortaleza relativa a partir de pactos con la oposición patronal. Morales armó una especie de cogobierno con el PJ, mientras que a Milei lo salvaron en el Congreso, el PRO, la UCR y los gobernadores peronistas. Los dos tuvieron un apoyo electoral por el fracaso de los gobiernos peronistas anteriores, Milei con Alberto Fernandez y Morales con Fellner. La burocracia sindical fue clave en ambos casos para pactos salariales a la baja y la desorganización de los trabajadores.
El knock out a Morales y la lucha contra Milei
El jujeñazo fue un golpe para Gerardo Morales y su régimen. El régimen continuó con Sadir, pero con una debilidad interna muy fuerte.
La primera lección que nos dejó el 2023 es que a un dictadorzuelo se lo frena con la movilización popular y la acción directa. Sin los cortes de ruta y las marchas multitudinarias no hubiéramos podido frenar a Morales. Lo que hizo el pueblo jujeño contrasta con la estrategia del peronismo actualmente en el marco de la proscripción a Cristina Kirchner; tanto la ex Presidenta como el peronismo en su conjunto no llaman a luchar contra el fallo proscriptivo, ni mucho menos a enfrentar a Milei (ni siquiera lo nombran), sino a reconstruirse para las elecciones 2027.
En 2023 el peronismo en Jujuy intentó lo mismo que ahora. En agosto eran las PASO presidenciales y llamaban a derrotar a Gerardo Morales (candidato a Vicepresidente de Larreta) en las urnas. Vino la CTERA a desmovilizar a la docencia y aparecían las figuras a hacer campaña electoral. Lamentablemente una gran parte de los jujeños adoptaron la estrategia peronista, pero no votando a ellos que ya habían fracasado, sino votando a Milei como repudio a Morales y al PJ.
La segunda lección es que las movilizaciones masivas, los cortes de ruta y el plan de lucha no surgieron de las dirigencias sindicales burocráticas. El jujeñazo salió de abajo. De la recuperación del CEDEMS que empujó a la docencia a las calles y de un movimiento piquetero que se reconstruyó desde 2022 en adelante jugando un factor clave en mostrar que se podía cortar rutas y luchar contra Morales.
La CGT de Jujuy solo apareció, cuando el jujeñazo ya había explotado, con un paro aislado y desmovilizador. Lo mismo hace la CGT con Milei que deja pasar todos los ataques y negocia la reforma laboral antiobrera.
Como en el jujeñazo, a un gobierno facho, represor y antiobrero se lo derrota con la movilización popular superando a la burocracia sindical y los partidos patronales. Los límites del jujeñazo fue la falta de una dirección independiente y combativa. Con miles en la calle nunca se desarrollaron instancias de organización que unifique el plan de lucha bajo un programa que unifique a todos los trabajadores jujeños.
Para derrotar hoy a Milei y Sadir avancemos hacia un plenario de trabajadores ocupados y desocupados de Jujuy que se proponga luchar como en 2023 y poner en pie una nueva dirección en el movimiento obrero. Será un gran aporte para sumarse a otros procesos de organización y lucha en el país.
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En el marco de un paro nacional de la docencia universitaria y movilizaciones de la comunidad educativa, se realizó el jueves 26 un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas de la UBA. Trabajadores y trabajadoras del hospital, acompañados por residentes, no docentes de las distintas unidades académicas, docentes, estudiantes y organizaciones gremiales, se congregaron frente al edificio sobre Avenida Córdoba para denunciar el ajuste brutal al sistema de salud y a la universidad pública.
El reclamo central fue el aumento urgente del presupuesto para el hospital, que hoy funciona con insumos mínimos, falta de mantenimiento edilicio y personal que cobra sueldos de miseria. En ese sentido también denunciaron el vaciamiento deliberado de la universidad pública, cuya infraestructura, salarios y becas están en estado crítico.
La situación es grave. El presupuesto para el funcionamiento de los hospitales universitarios no se actualiza hace 13 meses. El deterioro en la capacidad de atención a pacientes es notorio. Trabajadores docentes y no docentes perdieron un 40% del poder adquisitivo de sus salarios.
Guido Marotta, estudiante de medicina, dijo: "Los estudiantes que cursamos acá vemos la falta de docentes, el cierre de comisiones de algunas materias y trabajadores y pacientes del hospital se ven afectados por el cierre de cirugías y servicios. Un ataque brutal no solo a la universidad pública, porque este hospital depende de la UBA, sino un ataque generalizado a la salud pública como vemos con el Garrahan".
"Los estudiantes que cursamos acá vemos la falta de docentes, el cierre de comisiones de algunas materias y trabajadores y pacientes del hospital se ven afectados por el cierre de cirugías y servicios. Un ataque brutal no solo a la universidad pública, porque este hospital… https://t.co/mSra6bIbp1pic.twitter.com/JjCgHLkTZf
De la acción también participaron dirigentes del Partidos Obrero, como Gabriel Solano y Vanina Biasi, diputada por el Frente de Izquierda y trabajadora no docente de la UBA. "Están malversando fondos del gobierno nacional para llevar adelante sus políticas contra las universidades públicas. Acá estamos en lucha, seguimos peleando y exigimos un plan de lucha", sostuvo Biasi.
Marcelo Bornand, delegado general de Apuba Sociales, afirmó: "Con medidas aisladas y descoordinadas no vamos a derrotar el ajuste. Estamos reclamando una asamblea general que vote un plan de lucha con continuidad y en unidad con los gremios docentes para derrotar este ajuste brutal".
"Comenzó el paro de 48h convocado por Conadu y Conaduh en todas las universidades nacionales. Como parte de las acciones que estamos realizando en todo el país, ahora acá estudiantes, docentes y no docentes estamos realizando un abrazo al hospital de Clínicas, un emblema de lo que es la UBA, pero también de como se esta sufriendo el ajuste", sostuvo Ileana Celotto, secretaria general adjunta de AGD UBA.
"Comenzó el paro de 48h convocado por CONADU y CONADUH en todas las universidades nacionales. Como parte de las acciones que estamos realizando en todo el país, ahora acá estudiantes, docentes y no docentes estamos realizando un abrazo al hospital de Clínicas, un emblema de lo… https://t.co/8Tq9PrposPpic.twitter.com/ywiLKCdYp5
Gabriel Solano dijo: "Después de la rebelión universitaria del año pasado, Milei no aumenta el presupuesto y mantiene a docentes y no docentes con niveles salariales de pobreza. Hace falta terminar con esta situación. El camino es lo que hace el Hospital Garrahan, salir a luchar consecuentemente para conquistar el presupuesto y el salario. Hoy es una marcha importante pero hay que seguirla"
Luego del abrazo se realizó una marcha de antorchas. Desde la convocatoria se remarcó que la lucha por el Clínicas es parte de una pelea más general contra el ajuste que impulsa el gobierno nacional y que afecta a todo el sistema universitario. Por eso, se hizo un llamado a continuar con las medidas de lucha, profundizar la organización en cada facultad y hospital, y preparar una pelea unitaria para frenar el desfinanciamiento.
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Mientras Milei ajusta jubilaciones, despide estatales y congela salarios, sus aliados hacen negocios millonarios con el Estado. Uno de los casos más escandalosos es el de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que mientras sortea su sueldo en redes, amasa una fortuna a través de empresas familiares que multiplicaron contratos desde que asumió el gobierno libertario.
Menem fundó la empresa Tech Security con sus hermanos, dedicada a seguridad privada. Al asumir como diputado, "cedió" sus acciones por incompatibilidad, pero la estructura siguió operando. Muchos de sus contratos estatales pasaron a GPS Group, firma manejada por la familia Hazaff, viejos socios del clan Menem. El nexo es Fernando Nicolás Menem, hermano del diputado, y “El Turco” Hazaff, empresario fantasma que figura hasta hace poco como presidente de GPS y que luego delegó el cargo a su hermana Evangelina.
Desde diciembre, GPS Group firmó contratos por casi 3 mil millones de pesos con el Estado: seguridad para el Incucai, Anac, Teatro Cervantes, Enargas y la Agencia Nacional de Discapacidad. Muchos de esos servicios eran antes de Tech Security: el negocio se transfirió sin perder un centavo.
A eso se suma La Bizantina, empresa de limpieza también controlada por los Hazaff, que facturó otros $1.367 millones desde que gobierna Milei. ¿El contrato más jugoso? La limpieza del Congreso por $694 millones, adjudicado por el propio Menem a su entramado familiar-empresarial.
Ambas firmas —GPS y La Bizantina— facturaron juntas $4.324 millones al Estado en poco más de un año. En paralelo, ya registraron el sitio globalhandling.com para meterse en el negocio de cargas aeroportuarias, tras la reciente desregulación oficial. Todo queda en casa.
Mientras el gobierno se llena la boca contra la “casta”, usa el aparato estatal para enriquecer a sus amigos. No hay nada nuevo: es el mismo régimen corrupto de siempre, donde el Estado es una estructura al servicio de los capitalistas. Los mismos que predican “menos Estado” viven de licitaciones, tercerizaciones y privilegios garantizados por ese mismo Estado, mientras vacían y desfinancian la salud, la educación y la ciencia.
Milei no vino a terminar con la casta: vino a gobernar para los capitalistas, y por eso se rodea de delincuentes que mientras imponen la motosierra contra el pueblo se arman negociados para enriquecerse. Es el resultado de una orientación que apunta a que la crisis la paguemos los trabajadores con una enorme transferencia de recursos en beneficio del capital. La única salida es que la clase trabajadora le ponga fin a este sistema de saqueo.
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Este jueves 26, a 23 años de la Masacre de Avellaneda, organizaciones sociales y piqueteras realizaron un gran acto en el Puente Pueyrredón en homenaje a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados por la represión estatal en 2002. La movilización, convocada por el movimiento piquetero, reafirmó la vigencia de las banderas de lucha por las que fueron asesinados Darío y Maxi, en un contexto donde el hambre y la criminalización de la protesta se profundiza bajo el gobierno de Milei.
Con los familiares de Maxi y Darío a la cabeza, avanza la movilización piquetera para realizar el acto en homenaje a los compañeros asesinados hace 23 años, en lo que se conoce como la Masacre de Avellaneda https://t.co/QCMY2MKZw6pic.twitter.com/Ipj7KFtrR0
La jornada fue precedida por una vigilia este miércoles 25 en los alrededores de la Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Previamente se realizó una jornada de charla debate convocada por el Polo Obrero, con la participación de “Chiquito” Belliboni, Alejandro Bodart del MST, Aurora Cividino (presente el 26 de junio de 2002), Daniela Calarco, dirigente del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, Sofia Ballesteros del colectivo de abogados populares La Ciega, Carlos Losa, integrante y cofundador del Archivo para la Memoria, ex detenido desaparecido y sobreviviente de la ESMA, Jeremías Cantero, dirigente del Polo Obrero, y Julian Bouvier, de La Retaguardia, entre otros. El eje fue la lucha contra la persecución judicial y política a la prensa y a las organizaciones que enfrentan el ajuste. Además se llevó adelante un festival del que participó La Delio Valdéz.
De esta forma, las organizaciones vuelven a honrar a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados por la represión estatal del gobierno peronista de Eduardo Duhalde durante el operativo criminal del 26 de junio de 2002, y a reivindicar su lucha.
Dicho operativo fue parte de una estrategia de conjunto para aplastar al movimiento piquetero que emergía como vanguardia de la lucha contra el hambre, la desocupación y la entrega. Aquella orientación hambreadora y represiva se actualiza hoy en el régimen de Javier Milei que, con vetos, decretazos, causas armadas y represión abierta busca imponer un nuevo orden antiobrero. Mientras la CGT pacta la reforma laboral y la justicia protege estafadores y encubre a los principales responsables políticos de la represión, se criminaliza a quienes organizan comedores, marchas y piquetes.
Es por eso que la concentración volvió a la levantar los reclamos históricos del movimiento piquetero, por trabajo genuino, salarios y asistencia social, contra el hambre, contra la criminalización de la protesta y por justicia por Darío y Maxi.
Con respecto a la impunidad que continúa primando en la causa de Darío y Maxi, Alberto Santillán, padre de Darío, afirmó: "23 años que no tenemos una justicia por Darío y Maxi. Hace pocos meses liberaron a uno de los asesinos, el ex cabo de la bonaerense Alejandro Acosta y esto como lógica consecuencia va a traer la liberación del otro asesino, el ex comisario bonaerense Alfredo Fanchiotti"
"23 años que no tenemos una justicia por Darío y Maxi. Hace pocos meses liberaron a uno de los asesinos, el ex cabo de la bonaerense Alejandro Acosta y esto como lógica consecuencia va a traer la liberación del otro asesino, el ex comisario bonaerense Alfredo Fanchiotti" Alberto… https://t.co/mAw6HAyXvNpic.twitter.com/9awhuqTuRc
"Hace 23 años quisieron liquidar al movimiento piquetero con una represión sangrienta que se llevo la vida de nuestros compañeros, 23 años después la clase capitalista tiene el mismo objetivo y por medio de la persecución intenta desarmar a las organizaciones que luchamos contra el hambre y nos organizamos en los barrios más pobres" sostuvo Jeremías Cantero, dirigente del Polo Obrero procesado por organizar a las barriadas más pobres contra el hambre.
"Hace 23 años quisieron liquidar al movimiento piquetero con una represión sangrienta que se llevo la vida de nuestros compañeros, 23 años después la clase capitalista tiene el mismo objetivo y por medio de la persecución intenta desarmar a las organizaciones que luchamos contra… https://t.co/cLoYfErCpepic.twitter.com/M8t6EH41fg
Sandra, del MTL Rebelde, dijo: "Estamos acá porque se cumple un nuevo aniversario de la Masacre del Puente Pueyrredón, donde no solo detuvieron a centeneras de miles de compañeros, sino también por los heridos y el asesinato de nuestros compañeros Darío y Maxi. Nos parece importante sostener la memoria como una forma de lucha".
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Los estudiantes de la Untref se esforzaron durante todo el cuatrimestre por defender la universidad del ajuste de Milei. El rechazo a la motosierra sobre la educación es evidente en los pasillos y aulas, así como la solidaridad con diversas luchas, como las de los jubilados, el Garrahan, el colectivo de discapacidad, entre otras. Pero, a cada paso, se encontraron con las trabas y el boicot del Centro de Estudiantes, conducido por La Cámpora, que son necesarias superar para ir a fondo en defensa de la Untref.
Los docentes en terapia intensiva
La bronca se acumula y sobran los motivos. El golpe a los salarios docentes es brutal. Frente a una inflación acumulada del 197% desde marzo de 2023 hasta hoy, los docentes recibieron aumentos salariales del 68%. Es decir, ¡perdieron 129 puntos porcentuales!, el equivalente a cinco salarios y medio. Encima, avanza la precarización con contratos basura, interinatos o directamente bajo monotributo. En el mismo período, los fondos para ciencia se recortaron un 75% en términos nominales, y los de infraestructura permanecen congelados.
Pero la motosierra cuenta con la complicidad de las autoridades de la Untref, encabezadas durante 25 años por el actual rector “emérito”, Aníbal Y. Jozami, y desde 2023 por su delfín, Martín Kauffman, quienes no mueven un dedo para defender la universidad. Por el contrario, con la experiencia de haberla dirigido durante el menemismo, la Alianza, el kirchnerismo y el macrismo, estas autoridades camaleónicas se adaptan ahora a Milei. No es casualidad que la Untref sea una de las universidades que más precariza a sus docentes y que promueve oferta académica arancelada.
Unión Universitaria secuestró el Centro de Estudiantes
Desde el primer día del cuatrimestre, los estudiantes autoconvocados difundieron la situación de la Untref y promovieron la solidaridad con las luchas populares, convocando cartelazos, reuniones abiertas y clases públicas junto a docentes. Buscaron abrir un proceso de lucha en defensa de la universidad, generando espacios de debate democrático y organización colectiva.
Es justamente lo contrario de lo que hace la conducción del Ceuntref (Unión Universitaria - La Cámpora), que cierra los espacios del Centro de Estudiantes en la sede 1, la fotocopiadora en la sede 2 y privatiza el buffet de Lynch. Mientras tanto, convoca a “asambleas” con menos de 24 horas de anticipación, ¡para un sábado a las 14 hs! ¿Qué se puede esperar de quienes fueron electos por tan solo 70 estudiantes, en una elección con lista única y sin difusión el año pasado, y que recién convocan elecciones para 2026?
Que el Centro de Estudiantes conducido por La Cámpora actúe como una burocracia se corresponde con el hecho de que no tiene como objetivo derrotar a Milei mediante la intervención masiva de la comunidad educativa en un plan de lucha hasta ganar. El Ceuntref está atado al rumbo institucional, a la espera de que Milei “se caiga solo” o en las elecciones de 2027. Pero, ¿quién dice que se va a caer si avanza golpe tras golpe? Y, al ritmo que viene el ajuste ¿llegan los docentes y la universidad a fines de 2027?
Es una orientación para no hacer nada hoy, dejando pasar la motosierra, cuando habría que organizar cada reclamo dentro de la universidad y levantarnos junto a la comunidad docente, no docente y al resto de las universidades. Es exactamente lo que no hicieron el peronismo y el radicalismo, que terminaron levantando la “tercera marcha nacional universitaria”, priorizando la rosca parlamentaria y convocando acciones este 26 en medio de parciales y del cierre del cuatrimestre.
Sucede que la defensa incondicional de la universidad —y de los reclamos populares en general— implica quebrar el plan motosierra de Milei, que exigen y respaldan los grandes grupos económicos y el FMI. Por eso la “oposición” nos saca los pies del plato. En el Congreso blindan los vetos a la universidad y a los jubilados. La CGT aísla las luchas y va estos días a participar del Consejo de Mayo para pactar la reforma laboral. La propia CFK, incluso cuando avanzan sobre ella y sobre las libertades democráticas, rechaza enfrentarlos con la irrupción popular. Las federaciones estudiantiles directamente se borraron este año. En fin, los grandes intereses económicos ordenan la política de arriba hacia abajo.
Marchemos el 26 y reforcemos la organización independiente
Hay que tomar nota de los compromisos de las conducciones peronistas. Si se ponen a la cabeza de algún movimiento de lucha, es para que no lo sobrepase y poder domarlo, como sucedió el año pasado cuando los estudiantes iniciamos la histórica toma de nuestra universidad y el Centro la boicoteó constantemente. Pero este cuatrimestre, ni eso: su entrega fue total. Hay que decirlo abiertamente: el Centro no existe.
Los estudiantes necesitamos organizarnos de forma independiente de estos bloques políticos y de sus expresiones dentro de la universidad y del Centro de Estudiantes. Para defender la Untref, los estudiantes y activistas tenemos que superar las trabas que impone el Centro. Debemos reunirnos, agruparnos, convocar permanentemente acciones de difusión y lucha, y preparar un segundo cuatrimestre de combate en la universidad.
La bronca estalla constantemente en distintos sectores: la docencia bonaerense, las comunidades educativas de Catamarca, el Garrahan, el Conicet, el colectivo de discapacidad, los jubilados, los choferes de la UTA, Tierra del Fuego y tantos otros. La universidad no va a ser ajena. Hay que colaborar para que irrumpa y forjar una dirección que se empeñe en ganar la lucha.
Hoy la tarea es difundir, organizar y superar las trabas del Centro, reagrupando al activismo. En esta dirección, movilicémonos el próximo jueves 26 y reforcemos la organización independiente para poner a la Untref en pie de lucha.
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El pasado miércoles 18 de junio una docente de la E.P. Nº21 de José C. Paz fue brutalmente golpeada a la salida de la escuela por una madre cuyo hijo asistía a la misma. Frente al hecho, les docentes de la institución sacaron un comunicado contando lo que había sucedido y, enfrentando intimidaciones de la burocracia celeste del Suteba, quienes aducían que como los docentes no participaban de las movilizaciones “no valía la pena llamar a una medida de fuerza”, sumando violencia a la situación ya sufrida por la compañera, lograron arrancarles un paro distrital con movilización para el día martes 24/06.
El paro y la movilización se hicieron efectivos teniendo una gran acogida entre docentes de la zona, quienes llenaron la plaza Belgrano en solidaridad con las compañeras de la 21 sumando reclamos propios, como la falta de calefacción en muchas de las escuelas, hecho que se hizo evidente con la ola polar y la caída de aguanieve esa misma semana en el distrito.
Durante el acto efectuado, la celeste se desligó de toda la responsabilidad frente a la situación, cuando son ellxs quienes no paran de hablar de “estar en la escuela en vez de hacer paro” frente al ajuste en educación, que se cristaliza en el último mísero aumento salarial, o la crisis de infraestructura de las escuelas, todo frente a lo cual responden que “hay que cuidar a Kicillof”. Aunque trataron de bloquear la participación de otras voces, finalmente se logró la realización de una radio abierta, en la cual participaron docentes de la 21, así como también familias de la propia institución, docentes independientes y de agrupaciones de la multicolor que pusieron de manifiesto cómo el accionar tanto de la celeste como de la secretaría de inspección dejan a les docentes sin resguardo frente a situaciones de violencia similares a la vivida. Incluso participó una compañera de Suteba Tigre que contó sobre la persecución política y sindical que efectúa la inspectora contra los dirigentes multicolores del sindicato.
Sin embargo esta situación de violencia no se da de manera aislada, también a fines del año pasado hubo una situación de violencia contra una docente de inicial en el distrito de Malvinas Argentinas, o el caso de Marcos Paz en el cual un grupo de madres atacó a una docente a la salida de la escuela, sin mencionar tantos otros casos que la docencia vive día a día sin que se mediaticen. La responsabilidad la tienen los distintos gobiernos y dirigentes políticos que no han hecho más que avalar la violencia contra la docencia desde el gobierno de Milei con sus múltiples ataques a la educación pública, hasta Grabois con su planteo de paredón al docente que hace paro. Al mismo tiempo la inacción de la burocracia sindical, que deja pasar paritarias de hambre, y que pone trabas a las diferentes medidas de lucha que la docencia ha llevado a cabo durante este año avala la continuidad de situaciones de este tipo.
¡Basta de violencia en las escuelas! ¡Que Suteba convoque a un paro provincial contra la violencia y por todas nuestras reivindicaciones!
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La jornada de paro convocada por trabajadores y trabajadoras autoconvocados del Hospital Central tuvo una contundente adhesión, alcanzando en algunos servicios un acatamiento del 90%. Desde temprano, se hicieron presentes cientos de trabajadores en la explanada del hospital, que paralizaron gran parte de la actividad. A la convocatoria se sumaron trabajadores de otros hospitales, como el Hospital Lagomaggiore y el Hospital Notti, y demostró el hartazgo que existe entre quienes sostienen día a día el funcionamiento del sistema de salud, ante el ajuste que aplican tanto Cornejo en la provincia como Milei a nivel nacional.
A pesar de las amenazas y el amedrentamiento por parte de las autoridades hospitalarias, la medida se impuso con fuerza. Desde los servicios denunciaron presiones directas para que no participaran del paro, incluyendo advertencias sobre posibles sanciones. Sin embargo, lejos de retroceder, las y los trabajadores reafirmaron su decisión de luchar, teniendo como reclamo central la urgente necesidad de un aumento salarial acorde al costo de vida, que permita recomponer lo perdido por la inflación y años de ajuste.
Como ya nos tiene acostumbrados el gremio ATE, lejos de estar al frente de esta pelea, se posicionó una vez más del lado del gobierno. La conducción del sindicato no solo se mantuvo ausente durante la jornada, sino que incluso se difundió un audio de su secretaria adjunta donde afirma que no van a defender a quienes participen del paro si el gobierno decide avanzar con represalias. Esta actitud de traición fue repudiada por amplios sectores de trabajadores, que ven en ATE un freno a sus reclamos.
La jornada tuvo un carácter nacional, ya que se realizó en conjunto con trabajadores del Hospital Garrahan, quienes vienen desarrollando una tenaz lucha contra el gobierno nacional con reclamos idénticos: recomposición salarial, fin de la precarización y condiciones dignas de trabajo. La coordinación entre hospitales fortalece la pelea y demuestra que los reclamos son comunes y urgentes en todo el sistema público de salud.
Esta jornada de lucha es apenas el comienzo. La fuerza expresada en el paro del Hospital Central marca un camino: la organización desde abajo, con independencia de los gobiernos y las conducciones sindicales entreguistas. Quedó demostrado que es completamente falso que no hay condiciones para un paro y para luchar por una verdadera recomposición salarial, como sostienen todos los gremios. Para conquistar los salarios y condiciones que nos merecemos, hay que profundizar la organización y la unidad entre sectores. Este paro fue un primer paso firme hacia esa perspectiva.
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La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el 12 de junio la condena a cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 durante un brutal desalojo represivo en Villa Mascardi a comunidades mapuche. Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado. La sentencia confirmó que no hubo ningún “enfrentamiento” ni “legítima defensa”: fue un crimen de Estado, amparado directamente por la entonces ministra Bullrich.
La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la jefa de ese operativo criminal. Blindó públicamente a los prefectos, sostuvo una burda versión de enfrentamiento con armas que nunca existieron, y justificó la brutal represión. Mientras el cuerpo de Rafael caía acribillado por la espalda, Bullrich avalaba el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas federales en defensa de la propiedad privada usurpada por magnates extranjeros como Lewis y Benetton.
Esa línea represiva se profundiza hoy, con Bullrich nuevamente al frente del Ministerio de Seguridad. El operativo que mató a Rafael es un hito en el reforzamiento de un Estado policial que busca consolidar el gobierno de Milei, ampliando “discrecionalmente” las facultades represivas de la Policía Federal, con un protocolo antipiquete ilegal, dando carta blanca al gatillo fácil, y disponiendo el espionaje y la persecución a luchadores y opositores políticos.
No habrá justicia total mientras Bullrich y todo su aparato represivo sigan impunes, es el combustible para que sigan habiendo más Rafael Nahuel, más gatillo fácil, más represión contra los que luchan.
Hoy, como ayer, el camino es la organización y la lucha. Exigimos justicia completa: cárcel para todos los responsables, materiales y políticos. Basta de represión, fuera Bullrich.
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A 23 años de la Masacre de Avellaneda, continúa la persecución al movimiento piquetero
Miércoles 25/6 a las 15.30 hs Charla Debate contra la persecución, luego vigilia, y jueves 26/6 a las 10 horas acto, ambos en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Este 26 de junio se cumplen 23 años de la Masacre de Avellaneda, donde la represión policial ordenada por el gobierno peronista de la época terminó con la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
La Masacre de Avellaneda se trató de un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado con carta blanca para matar. En las calles se vivía un clima de lucha desde la rebelión del 19 y 20 de diciembre del 2001, a partir de la cual se desarrolló un gran proceso de movilización popular en un contexto de crisis capitalista, que mostraba que un sector de la clase obrera ocupada y desocupada estaba dispuesta a combatir a los responsables y cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones y la destrucción de la salud y la educación públicas.
La represión en el puente Pueyrredón intentó ser un escarmiento contra el movimiento piquetero y contra este proceso de lucha, encabezado por el sector más combativo del movimiento piquetero que no pudo ser cooptado por el gobierno de Eduardo Duhalde. En ese entonces, Aníbal Fernández declaró ante los medios de comunicación que desde el Estado seguían la actividad de las organizaciones piqueteras, particularmente de aquellos sectores combativos como el Bloque Piquetero Nacional que había convocado la segunda ANT en el Gatica (Avellaneda), donde se votó un plan de lucha que comenzaba el 26 de junio. A estos les atribuyó la planificación de una supuesta “lucha armada” y la ejecución de un “cronograma de hostilidades”, entre otras cosas.
La orientación política con la que preparó la represión criminal en el Puente Pueyrredón el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde, junto a su secretario Aníbal Fernández y el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá, es la misma que la que tiene el actual gobierno de Javier Milei: acabar con el movimiento piquetero. Desde junio del 2002, y sus antecedentes, a la actualidad los gobiernos capitalistas han perseguido un mismo objetivo: sacar a los trabajadores que luchan de las calles, estigmatizando, criminalizando y reprimiendo a los piqueteros.
Hoy, 23 años después de la Masacre de Avellaneda, la clase obrera ocupada y desocupada enfrenta una nueva ofensiva. El gobierno de Milei representa la entrega, el hambre, el ataque a los derechos laborales, la educación y la salud pública y a todas las conquistas de la clase trabajadora. El gobierno intenta avanzar en una alteración del diseño de la democracia con vetos (al presupuesto universitario y al aumento a los jubilados), represión a toda movilización, decreto contra el derecho a huelga, decreto anti migrantes y proscripción de opositores. Un régimen que se sostiene con una fuerte complicidad de la oposición. La CGT pacta acuerdos salariales a la baja y negocia una reforma laboral, y en el Congreso pasaron todos los vetos y leyes del gobierno.
El gobierno apuntaló su esquema represivo con una insistente persecución contra el movimiento piquetero. Con cientos de allanamientos, detenciones y protocolo antipiquetes, pretende borrar de la calle al gran movimiento de lucha que organiza a miles de familias de los barrios más pobres y que viene siendo protagonista de todas las luchas populares contra todos los gobiernos. Quince militantes y dirigentes del Polo Obrero y dos compañeras de Barrios de Pie serán enviados a juicio en una causa armada por los jueces y fiscales de Comodoro Py, que persiguen a las organizaciones mientras son cómplices de la criptoestafa de Milei, de los curros con la deuda de Sturzenegger y Caputo y de la estafa de Macri con el correo.
Pero la represión y la persecución han sido incapaces de frenar las grandes movilizaciones contra el ajuste del gobierno. El último 10 de junio más de 30 organizaciones llevamos adelante una jornada de lucha nacional en el Puente Pueyrredón y en 17 provincias en defensa del trabajo y el salario. El pasado 9 de mayo más de 40 organizaciones nos movilizamos en todo el país reclamando la devolución de los alimentos a los comedores populares. Una gran demostración de fuerza de un movimiento atacado por todos los gobiernos y que está lejos de ser derrotado. También hubo grandes movilizaciones universitarias, de jubilados y del movimiento de mujeres y disidencias. Sólo la lucha popular, del movimiento obrero, piquetero, los jubilados. los estudiantes, las mujeres es capaz de derrotar a este gobierno anti obrero.
Este 26 de junio volvemos al Puente Pueyrredón levantando bien alto las banderas de la lucha del movimiento piquetero que están más vigentes que nunca. Por nuestros compañeros que fueron asesinados por luchar por los derechos que todavía hoy seguimos defendiendo: Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Mariano Ferreyra, entre otros. Por la memoria de Cristina Mena, dirigente histórica del MTR 12 de Abril recientemente fallecida.
En el marco del aniversario de la Masacre de Avellaneda, el miércoles 25, el Polo Obrero organiza una jornada de charla debate previa a la vigilia, con oradores como “Chiquito” Belliboni, Alejandro Bodart del MST, Aurora Cividino (participante del 26 de junio de 2002) y Daniela Calarco dirigente del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, sobre la lucha contra la persecución y criminalización de la protesta. El jueves 26 nos movilizamos con las consignas acordadas por el conjunto de las organizaciones piqueteras: basta de persecución a quienes luchan. Cierre de todas las causas por luchar. Abajo el juicio contra el Polo Obrero. Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy. ¡Justicia por Darío y Maxi!
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Detrás de la critpoestafa de Milei, se destapa toda una red de espionaje ilegal
La causa investiga la recopilación clandestina de información y el armado de causas judiciales con fines políticos, en la que participaron espacios vinculados al propio mandatario.
Una nueva presentación judicial vinculada al “caso Libra” reveló elementos que comprometen directamente al presidente Javier Milei. La causa investiga la existencia de una estructura de inteligencia ilegal dedicada al espionaje, la recopilación clandestina de información y el armado de causas judiciales con fines políticos, en la que participaron actores ligados al oficialismo y a espacios vinculados al propio mandatario.
Un grupo de peritos informáticos independientes accedió al contenido de los teléfonos incautados a Hernán Carrol —referente del grupo violento Nueva Centro Derecha, vinculado a Karina Milei y al aparato libertario— y encontró pruebas que complican seriamente al oficialismo.
Entre los chats recuperados figuran conversaciones con altos funcionarios del gobierno, audios de operadores judiciales y materiales de inteligencia ilegal recolectados por una red que responde a la “mesa judicial” libertaria. Los dispositivos estaban encriptados, pero los peritos lograron desbloquear parte del contenido. La justicia, sin embargo, lleva meses sin actuar y la causa permanece virtualmente frenada.
Mientras Milei se llena la boca hablando contra la "casta" y haciendo shows mediáticos para atacar a la oposición con causas armadas, su propio entorno aparece involucrado en actividades delictivas graves: extorsión, espionaje político, amenazas y armado de causas. Todo esto con la participación de ex policías, operadores judiciales y hasta periodistas.
Mientras tanto, el juez federal Ariel Lijo, propuesto por Milei para la Corte Suprema, es quien está a cargo de esta causa. ¿Puede alguien creer que avanzará contra los intereses del mismo gobierno que quiere convertirlo en ministro del máximo tribunal? La impunidad está garantizada por los mismos que prometieron “barrer con la corrupción”.
No es la primera vez que se denuncia la existencia de una estructura de inteligencia paralela bajo el mando de Carrol y compañía. En plena campaña electoral ya había trascendido el uso de “carpetazos” contra dirigentes y sindicalistas. Ahora se confirma que ese aparato no solo existe, sino que funciona con complicidad judicial y amparo político.
Mientras los verdaderos corruptos garantizan su impunidad con roscas y blindaje institucional, la oposición y los que se organizan en las calles para enfrentar el hambre y la pobreza son criminalizados y llevados a juicio, como es el caso del Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras. La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, amén de su responsabilidad personal en la corrupción bajo sus gobiernos, refuerza a un régimen de ataques a las libertades democráticos que tiene una de sus armas en las operaciones judiciales, mientras se garantiza su impunidad.
El caso Libra expone el verdadero carácter del régimen. Los mismos que se llenan la boca hablando de corrupción usan al Estado para operar en favor de sus intereses de clase. Mientras se persigue con espionaje y causas armadas a sindicalistas, militantes y opositores, Milei se reúne en Nueva York con lo más concentrado del capital financiero mundial —como reveló el periodista Julián Macías Tovar— para garantizarles “seguridad jurídica”, ajuste perpetuo y entrega de los recursos del país.
La trama se vuelve aún más turbia con la aparición de Julián Peh, CEO de KIP Protocol y cerebro detrás de la tecnología de la criptomoneda $LIBRA. Peh estuvo en Buenos Aires, participó del evento Tech Forum y hasta se sacó una selfie con Milei. Sin embargo, Migraciones no tiene registro oficial de su entrada o salida del país. Otro indicio de que el gobierno también protege a los engranajes internacionales de esta maquinaria.
La foto de Milei en Wall Street, rodeado de fondos buitre, lobbistas de la CIA y CEO’s de petroleras, es la contracara de los carpetazos, las amenazas y la inteligencia ilegal en los barrios y en los sindicatos. El mismo día en que vetó la ley de resarcimiento a los damnificados por la inundación en Bahía Blanca, amplía en 2.000 millones de dólares el presupuesto para pagos de deuda. Gobierna para los capitalistas, y necesita perseguir y disciplinar a los trabajadores.
Desde el Partido Obrero denunciamos este entramado delictivo y exigimos la apertura inmediata del contenido completo de los dispositivos, el apartamiento de los jueces cómplices y la conformación de una comisión investigadora independiente.
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La Coordinadora transfeminista por Palestina - Sandía presentará una proyección de Cine Queer por Palestina (QCP) como parte del programa global de cortometrajes organizado colectivamente "No hay orgullo en el genocidio", la misma tendrá lugar el 26 de Junio a las 20hs en La Tribu Mostra (Lambare 873, CABA).
QCP es un evento cinematográfico mundial co-organizado por la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (Pacbi) y más de 200 colaboradores, desde China hasta Ecuador. Se realizarán 110 proyecciones en 34 países, llevadas a cabo por organizaciones LGBTI+, queer, solidarias, activistas, indígenas y artísticas, teatros independientes, departamentos universitarios, bibliotecas, y festivales de cine.
"Desde la Coordinadora Transfeminista por Palestina entendemos urgente pronunciarnos contra este genocidio, venimos realizando diferentes acciones tanto culturales, como en las calles y en redes sociales, para señalar que la causa palestina es una causa transfeminista, y no debemos mirar para otro lado. En este país donde el gobierno y las principales fuerzas políticas se encuentran aliadas al sionismo y persiguen a quienes denunciamos esta masacre es más necesario que nunca. Por este motivo nos sumamos al QCP", sostuvieron en un comunicado.
La tercera edición de QCP, que se celebra durante el mes del orgullo en muchos países del mundo, busca exponer y combatir el lavado de imagen que Israel realiza sobre sus atrocidades contra la población palestina, incluyendo el genocidio israelí en Gaza, y destacar el creciente número de redes queer y organizaciones del orgullo que están dejando de ser cómplices de los crímenes israelíes. El programa de 90 minutos de este año se centra en el trabajo de artistas queer, palestines y aliades, en la Palestina histórica, en la diáspora y más allá. El programa presenta una mezcla diversa de identidades, duraciones, estilos y géneros (documental híbrido, experimental, ficción y animación) para destacar el papel clave del arte en la resistencia y la lucha por la liberación.
Cine Queer para Palestina surgió como un espacio ético alternativo para cineastas que retiraron o se negaron a exhibir su trabajo en el festival de cine LGBTQ TLVFest, patrocinado por el gobierno israelí. En los últimos seis años, cientes de cineastas han mostrado su solidaridad en respuesta al llamado al boicot de la comunidad palestina, incluyendo organizaciones queer y trans palestinas. Mientras Israel continúa su genocidio en Gaza, la limpieza étnica y el apartheid en Cisjordania y en toda la Palestina histórica, Cine Queer por Palestina condena la violencia colonial israelí y se solidariza con la comunidad indígena palestina.
A través del pinkwashing, Israel instrumentaliza las identidades queer y trans para tratar de justificar su genocidio contra les palestines, incluidos el asesinato, la extorsión y el encarcelamiento de palestines queer y trans. En noviembre de 2023, las cuentas oficiales de Israel en las redes sociales publicaron una foto de un soldado israelí que participaba en el genocidio de Gaza sosteniendo una bandera arcoiris con la leyenda "En nombre del amor" escrita en inglés, árabe y hebreo. Estos actos de flagrante pinkwashing y racismo colonial pretenden borrar a les palestines queer y trans, y sugerir que el genocidio de les palestines indígenas es de alguna manera un camino hacia la liberación queer.
Durante los últimos 20 meses, Israel ha acelerado sus 77 años de limpieza étnica, de colonialismo, y de apartheid en toda la Palestina histórica, culminando en el genocidio actual de la población de Gaza; matando a decenas de miles de palestines y destruyendo gran parte de la cultura de 4.000 años de antigüedad de esa ciudad. En Gaza, Israel ha endurecido su ya devastador asedio de 17 años, impidiendo la entrada de toda ayuda desde el 2 de marzo de 2025: ni alimentos ni agua, ni medicinas, ni refugio temporal. El 20 de mayo de 2025, Naciones Unidas advirtió de que 14.000 bebés podrían morir en 48 horas debido a los más de 70 días de bloqueo de toda ayuda. El 18 de marzo de 2025, Israel rompió unilateralmente el frágil «alto el fuego», masacrando a más de 400 palestinos, entre ellos 130 niños, en una noche de bombardeos indiscriminados. Cada día se intensifican los ataques contra Gaza y se asesina a mujeres, hombres y niñes palestines.
En Cisjordania ocupada, Israel ha seguido invadiendo los campos de refugiades, desplazando a sus residentes y destruyendo viviendas, escuelas, mezquitas, iglesias e infraestructuras esenciales y necesarias para la vida. Los fanáticos colonos israelíes, armados y con apoyo del ejército israelí, siguen perpetrando atroces ataques y desapariciones de niños, mujeres y hombres palestines de sus hogares y comunidades. En toda la Palestina histórica, les palestines han sido criminalizados y maltratados por oponerse al genocidio de su pueblo. Al mismo tiempo, Israel sigue bombardeando Líbano, Siria e Irán, y participa en los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen.
A pesar de las obligaciones legales que emanan de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) según las cuales Israel está cometiendo un genocidio plausible en Gaza y toda su ocupación militar es ilegal, y de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra dirigentes israelíes, Estados, empresas e instituciones de todo el mundo siguen siendo cómplices del genocidio, negándose a promulgar verdaderos embargos de armas de doble sentido o a sancionar a Israel por el apartheid.
Programa (subtitulado en castellano): – Abgad Hawaz · Robin Riad · Canadá (2024) – Fuera de Gaza · Seza Tiyara Selen, Jannis Osterburg · Alemania (2025) – Sangre como el agua · Dima Hamdan · Palestina (2023) – Una red enmarañada ahogándose en miel · Tara Hakim & Hannah Hull · Canadá (2023) – Extranjeres en Beirut · Raghed Charabaty · Líbano, Canadá (2025) – Palcorecore · Dana Dawud · Palestine (2023) – Nunca te prometí un jardín de jazmines · Teyama AlKamli · Canadá (2023) – No me quites la alegría · Omar Gabriel · Líbano (2024)
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En una de las maniobras más escandalosas del gobierno libertario, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezó la entrega de 160 viviendas del predio Sagol, originalmente adjudicadas a familias trabajadoras de Avellaneda, a efectivos de las fuerzas federales. Las casas formaban parte del plan Procrear, desmantelado por Javier Milei semanas atrás, en el marco del brutal ajuste fiscal.
Las viviendas ya habían sido sorteadas y adjudicadas desde noviembre de 2023. Algunas familias incluso recibieron las tarjetas del banco en enero. Pero el proceso fue brutalmente interrumpido "por orden del gobierno", sin explicaciones ni respuestas y directamente se entregaron los departamentos a 25 familias de policías federales, en un acto encabezado con cinismo por Bullrich, mientras en la calle protestaban quienes deberían estar hoy mudándose a su casa propia.
Los verdaderos damnificados —trabajadores de la salud, metalúrgicos, docentes, madres solas— hoy siguen alquilando con salarios que se diluyen entre tarifazos y alquileres dolarizados.
“Somos unos más de los damnificados del plan casa propia/ procrear junto a mi pareja que fue la sorteada. Nos han estafado y quitado el derecho a nuestra casa habiendo cumplido y pasado todas las instancias y requisitos que se nos pidieron. Y no solo que nos quitaron sino que nos enteramos qué se los dieron a otros, pasándonos por arriba como si nunca hubiésemos existido. Somos los dos trabajadores, ella de la salud y yo metalúrgico trabajamos hasta 12 horas al día para poder mantener el alquiler de hace años. No pedimos que nos regalen nada solo poder acceder al crédito y pagar lo que correspondía.”
“Soy una de las damnificadas del predio Sagol. Todos los mails que mandábamos nos empezaron a contestar desde el banco que estaban esperando directivas de Procrear. El mail para ir al banco lo recibí el 11 de enero de 2024. Yo por mi parte sostengo un hogar monomarental. Tengo un hijo de 9 años, soy trabajadora social y tengo más de un laburo para vivir obvio. Hoy en día el alquiler me lleva el 60 por ciento del sueldo.”
Ya son más de 60 familias las que avanzan con acciones judiciales. Este atropello no es un hecho aislado: es parte del programa de Milei, que entrega los bienes públicos a las fuerzas represivas del Estado mientras ajusta con brutalidad al pueblo trabajador y lleva adelante desalojos de familias enteras que no tienen donde vivir, en pos de beneficiar a un puñado de capitalistas que hacen negocios con la especulación inmobiliaria.
Frente al descontento creciente en las filas policiales por el vaciamiento de su obra social, Bullrich decidió “calmar las aguas” con viviendas. Un premio inmobiliario a cambio de represión garantizada para hacer pasar el plan antiobrero oficial, en un contexto donde el programa de gobierno pierde sustento y credibilidad.
La entrega de las viviendas del Procrear a las fuerzas federales no es solo una estafa: es una señal clara de cómo gobierna esta casta. Es fundamental luchar por el derecho a la vivienda del conjunto del pueblo trabajador.
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No fue un 17 de octubre, ni inducido, ni desde abajo. Masiva (con unas discretas 150.000 personas), fue menor a las grandes movilizaciones contra el propio Milei, universidad, 1F contra el discurso de Davos o 24 de marzo, y sin la potencia combativa del 12 o el 19 de marzo en apoyo a los jubilados, el peronismo y Cristina mostraron sus límites, sus contradicciones y su política: “volveremos”. Un planteo ‘nostálgico’, no de lucha y cómplice de quienes quieren llevar a Milei hasta el fin de su mandato lo que significa hasta el fin de su obra contra las masas.
La columna de La Cámpora dominó la movilización con su convocatoria entre la juventud, un sector claro de debate y disputa política para la izquierda revolucionaria. Kicillof llegó, tarde, rodeado de algunos intendentes y unos miles movidos por los aparatos correspondientes; la CGT se borró dando “libertad de acción a los sindicatos” (como si la necesitaran), cosa que ejercieron unos pocos y con poca gente, sólo algunos permisos gremiales a delegados en Foetra, la UOM, las CTAs, La Bancaria y algunos micros en puerta de fábrica del Smata, poco ocupados. En el interior todo fue misérrimo, casi nulo. Toda la movilización expresó la crisis del peronismo que no resuelve ni unifica la proscripción y cárcel domiciliaria de Cristina.
El peronismo no discute el fallo, discute el balcón y la tobillera. Los cuidados ocho minutos del discurso de Cristina marcaron la omisión de toda lucha para voltear el fallo, como lo hicieron medio millón de personas en la calle contra el 2x1 a favor de los genocidas, también de la Corte Suprema. El “volveremos” tiene ese contenido desde el primer día del peregrinaje, pero también proclamar el período de una nueva “resistencia”, dando el changüí a un Milei que está lejos de los recursos de la Fusiladora (así se llamó al golpe de 1955 que derrocó a Perón).
La idea vertida por la oradora es que “se cae” solo, no que el pueblo lo tire. Pero si, como dijo Cristina, lo sostiene el poder económico y la Justicia cómplice, solo podrá voltearlo el pueblo cuando le estallen las bombas de sus contradicciones en las manos al gobierno, algo muy probable. La intervención de la clase obrera en la crisis es la cuestión clave, algo completamente ajeno a Cristina y a todo el peronismo. Las centrales obreras no lucharán contra el fallo y no tienen autoridad para hacerlo porque no luchan contra la ofensiva antiobrera de conjunto. Solo maniobran para frenar mejor ante cada lucha profunda, como el Garrahan y tantas otras sometidas al aislamiento. El peronismo des-ar-ti-cu-la la lucha popular.
Agreguemos la desagradable y repetida omisión de Cristina de mención alguna a los otros presos de la causa, los da por culpables, como cuando no saludó a De Vido y algunos de estos mismos en una de las audiencias en Comodoro Py. Pequeña complicación, serían culpables tantos funcionarios de su gobierno como el testaferro Lázaro Báez, etc. lo que confirma más bien su responsabilidad política en la corrupción de Estado. Como dijo Gabriel Solano en su discurso en el Obelisco: “corrupción que sufrimos nosotros con el crimen de Mariano Ferreyra”.
Hubo una disputa en la burguesía, entre quienes promovían un desenlace de la Corte posterior a la elección, como Milei, y quienes empujaron para hacerlo ahora, antes de la elección de Provincia, como el macrismo. El desarrollo de la lucha de clases y la crisis política y económica les darán la razón a unos o a otros y beneficiará a tal o cual grupo de la derecha y aún del interior del peronismo. O los mandará a todos al basurero de la historia -que es lo que pretende el Partido Obrero-.
La operación "Máximo candidato de la Tercera", tibiamente lanzada por Mayra Mendoza y luego retirada, seguramente hasta que haya orden de arriba, se lanzó cuando todavía Cristina no se calzó la innecesaria pulsera electrónica que le enviaron. Las disputas en el peronismo se siguen expresando en listas separadas en casi todas las provincias, con pocos votos, o peleando penosamente por ganar concejales en Rosario el próximo 29/6, con un centroizquierda a la cabeza, después de sacar un 15% en la elección provincial en la que, como en todos lados, votó la mitad del padrón.
La cuestión candidaturas en la Provincia, la batalla política mayor, será sangrienta en el peronismo, más aún sin Cristina. La intervención de la izquierda revolucionaria tiene que partir de estas premisas, alejadas por completo de cualquier adaptación al kirchnerismo y al peronismo en su conjunto. Lucharemos contra el ajustador Kicillof junto a los docentes y tantos otros afectados, dando expresión política independiente a los trabajadores. El PO, con su acto, su discurso, los carteles, pancartas y cánticos, movilizado a la Plaza de Mayo hasta que comenzó el acto peronista del cual nos retiramos, dio una batalla política consecuente, que expresa las precedentes junto a las luchas de los jubilados, al Garrahan, Universidad, Conicet, Sutna, Discapacidad, INTA, Georgalos y todas las luchas obreras, y expresará las batallas que vienen en la arena de la lucha de clases y de las elecciones dentro de ella.
Sociedad con Netanyahu, FBI criollo, decreto antimigrantes y “dólares de alquiler”
Cuando decimos es Milei o los trabajadores no exageramos un gramo. En medio de semejante crisis política y emergencia de luchas obreras, Milei se tomó ocho días de viajes para meter a Argentina en el ojo de la tormenta de Medio Oriente, asociándose a Netanyahu y al imperialismo yanqui que se realinea, en el mayor salto hacia una conflagración general en Medio Oriente y otro paso en la tendencia hacia una Tercera Guerra Mundial. Justo el día que comenzaba la declaración de guerra a Irán y no sólo la continuidad del genocidio del siglo XXI, el de Gaza. Estas líneas aquí sirven para señalar que la política exterior es siempre una continuidad de la política interior. Milei es Trump y es Netanyahu, sin sus recursos.
Pero para los socialistas del PO la lucha por derrotar a Milei es la mayor contribución internacional contra la guerra imperialista y la ofensiva sionista en Medio Oriente, algo por lo cual hemos impulsado una importante conferencia mundial de izquierdas con estos ejes internacionales, como también la lucha contra la persecución a los migrantes, otro eje en la Argentina ante el decreto nefasto de Milei contra los hermanos latinoamericanos que habitan nuestro suelo.
Es indudable que el gobierno facholibertario intenta edificar un régimen determinado, no solo de entrega nacional y ataque a las masas trabajadoras, sino también capaz de alterar el diseño político de la democracia capitalista. El decreto que da prerrogativas de acción directa a la Policía Federal con independencia de órdenes judiciales, que termina tipificando como delitos las manifestaciones prohibidas por el protocolo de Bullrich, que viola garantías constitucionales elementales e inscriptas en pactos internacionales de DDHH, el llamado FBI criollo, tiene por función profundizar la “democracia de infantería”.
El voto popular es puesto en esta dirección por eso la “defensa de la democracia” planteada por el peronismo confunde. Es la democracia del parlamento cómplice que le vota las leyes a Milei, de la Justicia que proscribe a Cristina discrecionalmente y que además persigue a los luchadores como el Polo Obrero y las organizaciones sociales que luchan contra los regímenes de hambre y corrupción. El PO, cuya estrategia es el gobierno de los trabajadores, lucha por las libertades democráticas, por las reivindicaciones obreras y nacionales, justamente contra estas instituciones y sus partidos políticos que llevaron la Argentina hasta acá.
En su discurso, CFK se refirió astutamente a los inusitados “dólares de alquiler”. Efectivamente, el facho y su ministro fachofinancista apelaron al blanqueo, al crédito del FMI y otros organismos internacionales, a la rebaja de retenciones al capital agrario, ahora se está liquidando de manera excepcional la cosecha gruesa. No obstante, el Banco Central no acumuló un solo dólar en reservas, algo a lo que se comprometió con el FMI en unos U$S 9.000 millones hasta fin de año. Y se viene el semestre difícil, terminada la liquidación del campo. La cuenta corriente de pagos (entrada y salida de dólares por comercio exterior, turismo, etc.) acumuló U$S 13.500 millones de déficit en el último año. Ante este desastre, Caputo apela a colchones que ni se mosquean y pide dólares que, canjeados a pesos, rinden 29,5% de interés con un seguro de cambio a su salida,con lo que piensa agravar el endeudamiento en otro 7 mil millones de dólares después del nuevo crédito del FMI de 20 mil.
Es una bomba explosiva hacia una crisis de deuda y devaluación monetaria que pretenden que no estalle antes de las elecciones para sostener el esquema “antinflacionario” mediante ajuste del ingreso de las masas y dólar barato. Un esquema que está destruyendo el tejido industrial con miles de cierres y despidos en medio de una avalancha importadora de bienes de capital y de consumo: 60,3% de aumento los primeros y 69,1% los segundos solo entre enero y abril de 2025 (Cronista, 18/6). Por otro lado no llegan las inversiones prometidas, solo pocos dólares para la bicicleta del carry trade y a pesar del RIGI se retiraron grandes jugadores como Exxon, Telefónica, Petrona, HSBC, P&G, y están quebrando hasta frigoríficos, lácteas y alimenticias, no solo gráficas. La reproducción del dos por uno menemista que condujo al 2001 tiene destino acelerado de estallido.
Pero la ex vicepresidenta tuvo que apelar a la mentira para autoelogiar parte de sus gestiones (ignoró el gobierno de Alberto, Cristina y Massa que pavimentó el ascenso del facholibertario). Dijo que ella y Néstor “desendeudaron”, lo cual es falso porque dejó su gestión de presidenta con U$S 144 mil millones de deuda y luego sumó con Alberto Fernández y Massa otros U$S 90 mil millones, que se agregaron al endeudamiento macrista. Omitió que su último gobierno legitimó toda la deuda usuraria incluida, la del FMI, con quien armaron un nuevo pacto que se hundió bajo Milei. Los límites del kirchnerismo son insalvables, por eso es implacable la crisis del peronismo. No tienen opción al saqueo de los monopolios imperialistas y al endeudamiento. Por eso los gobernadores replican el ajuste y el RIGI, por eso sus parlamentarios son impotentes y siempre aparecen los votos para que Milei sobreviva, aunque sea con crisis políticas y márgenes estrechos.
La cuestión de la ruptura con el FMI, el repudio a la usuraria deuda, la cuestión de la soberanía bancaria, del comercio exterior y de los recursos estratégicos, es fundamental en la batalla por una salida de los trabajadores a la crisis. Este programa es el que tenemos que meter entre las masas, contra la derecha y el peronismo, las dos variantes centrales de la crisis. Aunque llegan fragmentadas por su enorme responsabilidad en los padecimientos y la defraudación popular expresada en la abstención.
Con todo, en el camino del Plenario Obrero cordobés
Un expresivo grupo de sindicatos combativos -Químicos, Sutna, ATE Río Tercero, Cispren, Judiciales Autoconvocados, UTS, entre otros- con la UEPC Capital a la cabeza, se ha reunido en la histórica sede del Luz y Fuerza cordobés, junto al Polo Obrero y otras organizaciones independientes y organizaciones de jubilados en lucha y con el apoyo de delegaciones juveniles y de la izquierda. Centenares de activistas participaron de la deliberación y votaron sus resoluciones. La mesa expresó ese reagrupamiento. El documento es de enorme importancia porque caracteriza la ofensiva de Milei contra las masas y al mismo tiempo denuncia con pelos y señales la descarga del ajuste del peronismo cordobés, ese que Santoro y Kicillof pretenden unir en la “nueva canción” del peronismo post kirchnerista. El documento le entra de lleno a la conducta de las burocracias de las CGTs y CTA cordobesas, todas las cuales hocican y pactan con el gobierno ajustador contra el que pelean los docentes, los autocovocados judiciales, los químicos, el movimiento piquetero y todos los actores del plenario en distintas instancias del período.
Desde ese lugar no es casual que se haya propuesto y votado, además, impulsar un plenario nacional con todos los sectores combativos de ocupados, desocupados y jubilados. Esto fue planteado y acordado, en términos generales, por distintos sectores que se reunieron en plenario en Buenos Aires en la Morvillo ocupada, en dos ocasiones. Reuniones en las cuales se votó un importante documento y se organizó la columna independiente del 9 de abril, documento que plantea la cuestión del plan de lucha hasta la huelga general para derrotar a Milei. En Córdoba se agregó el Fuera Milei, bienvenido al debate, sin ultimátum.
En base a los antecedentes, hoy podemos autoconvocar a nuevos actores como Adosac de Santa Cruz, a todos los cordobeses y a todos los sindicatos, cuerpos de delegados y organizaciones piqueteras y de jubilados que participaron en Buenos Aires (Sutna, UF Oeste, AGD-UBA, Ademys, Garrahan, Morvillo, GPS, Incaa, etc.). Obviamente a las cinco seccionales neuquinas recuperadas y toda la lista que casi logra la victoria provincial en la combativa docencia de Aten, a los sectores dispuestos de Amsafe, que está votando ahora mismo. Muchos cuerpos de delegados y activismo combativo como Linde Praxair, los de UTA y emergentes de enorme protagonismo como el Garrahan o la Multicolor Bonaerense que hizo dos parazos contra la paritaria de Baradel y Kicillof, tienen que ser convocados.
Y pronto, ahora hay un reguero de luchas, ahora es la crisis política, ahora es cuando, para impulsar con la mayor potencia el plan de lucha hasta la huelga general para derrotar este régimen infame, creando las condiciones para superar el bloqueo de la burocracia sindical.
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Este miércoles 19, al cumplirse 114 días de ocupación de la gráfica Morvillo, que lucha por defender los puestos de trabajo de más de 250 familias, los trabajadores protagonizaron una imponente jornada de lucha en Avellaneda.
La actividad, que tuvo una amplia repercusión mediática, comenzó con una concentración en Plaza Alsina que marchó por avenida Mitre hasta el Puente Pueyrredón, acompañados por delegaciones de diversos sectores en lucha: trabajadores del Hospital Garrahan, el Teresa Vive, telefónicos, ferroviarios, AGD UBA, no docentes de Apuba, el Polo Obrero, el centro de estudiantes de Salud Comunitaria de la UNLa, y el Partido Obrero. También participaron los dirigentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Néstor Pitrola.
Una fuerte presencia policial digitada por Patricia Bullrich buscó amedrentar la movilización de quienes reclaman por trabajo, pero la jornada cerró con un acto frente al puente, donde tomaron la palabra compañeres de Morvillo, despedidos de Shell y Secco, el Polo Obrero, telefónicos, estudiantes, trabajadores de la salud y la docencia universitaria.
Un cordón de la Policía Federal Argentina corta y bloquea el paso de la columna que acompaña a los trabajadores de Morvillo, pretenden impedir que se corte Puente Pueyrredon https://t.co/f2TZ2tT7pApic.twitter.com/2aByB5I8bg
Sebastián Rodríguez, delegado de Morvillo, afirmó: "Hace 60 días tuvimos una primera reunión con funcionarios y ministros del gobierno, hace 20 días atrás tuvimos una segunda y no estamos teniendo respuesta. Por eso en nombre de las 234 familias que quedamos en la calle y sin un peso le estamos planteando al gobierno de Kicillof que intervenga" Sebastián Rodríguez, delegado Morvillo.
"Hace 60 días tuvimos una primera reunión con funcionarios y ministros del gobierno, hace 20 días atrás tuvimos una segunda y no estamos teniendo respuesta. Por eso en nombre de las 234 familias que quedamos en la calle y sin un peso le estamos planteando al gobierno de Kicillof… https://t.co/h7ZeNQi5M0pic.twitter.com/MLVXknyYee
La lucha de Morvillo se da en el marco de una enorme recesión, despidos masivos, suspensiones y cierre de fábricas, impulsado por un gobierno —tanto nacional como provincial— y las patronales que descargan la crisis y el ajuste sobre la clase trabajadora. En este contexto, el reclamo de Morvillo es claro: que el gobierno de Axel Kicillof ponga la plata para reactivar la fábrica bajo control obrero, garantizando así los puestos de trabajo y la producción gráfica: boletas electorales, manuales escolares, revistas, libros.
"Morvillo está en condiciones de abastecer de manuales escolares a los 135 municipios bonaerenses, de realizar las boletas electorales, de imprimir todo tipo de revistas y folletería. Tenemos las máquinas necesarias y el personal capacitado para hacerlo" reclamaron los trabajadores en un comunicado.
Sin embargo, el gobierno provincial se niega a dar una respuesta. En paralelo, la CGT y la Federación Gráfica se mantienen en una completa parálisis, dejando aisladas luchas como la de Morvillo y avalando con su pasividad los ataques patronales.
Esta deserción de las conducciones sindicales es cómplice del ajuste. No hay ninguna perspectiva de frenar el avance sobre los derechos laborales si no se organiza una respuesta colectiva, un plan de lucha nacional que enfrente la ofensiva en curso. La heroica pelea de Morvillo muestra que hay una alternativa: la organización independiente de los trabajadores, con métodos de acción directa y la unidad con otros sectores en lucha.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, sostuvo: "Tenemos que unirnos en una sola lucha, nos está dando la espalda la CGT, la CTA, la burocracia sindical, pero por abajo hay cada vez más lucha. En el Garrahan vamos al paro el próximo miércoles, somos solidarios con los compañeros de Morvillo, tenemos que ir a un plan de lucha general".
Ileana Celotto, secretaria adjunta de AGD UBA, dijo: "La unidad de los trabajadores tiene que apuntar a que nos organicemos para impulsar entre todos los que estamos luchando contra este ajuste, contra las patronales, los gobernadores y el gobierno de Milei, una huelga general para terminar con esta ofensiva".
"La unidad de los trabajadores tiene que apuntar a que nos organicemos para impulsar entre todos los que estamos luchando contra este ajuste, contra las patronales, los gobernadores y el gobierno de Milei, una huelga general para terminar con esta ofensiva"@IleanaCelotto Sec… https://t.co/2TeUDTfXvLpic.twitter.com/pLVEA9gq0k
Este viernes 20, los trabajadores de Morvillo realizarán un lentejazo en la fábrica ocupada, para fortalecer el fondo de lucha y seguir visibilizando esta pelea, que es la de todos. Acompañemos.
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Desde este miércoles 18, el boleto de colectivo sube un 7% en más de cien líneas del AMBA, completando así el segundo tramo del incremento total del 21,52% dispuesto por la Secretaría de Transporte de la Nación. Un nuevo golpe al bolsillo de los laburantes.
El boleto mínimo con SUBE registrada pasará a costar $422,91, mientras que con tarjeta no registrada será de $675,61. Este es el segundo incremento en menos de un mes, y es casi cinco veces mayor que el último índice de inflación oficial (1,5%). Mientras el gobierno le pone techo a las paritarias por debajo de la inflación, las patronales del transporte se benefician con aumentos cinco veces por encima del IPC, sin invertir un solo peso en el servicio.
Además, a partir del 1 de julio, se prevé un nuevo aumento del 3,5% en las líneas de colectivos con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, lo que profundizará aún más el golpe sobre el bolsillo.
De acuerdo con un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y Conicet, en marzo de este año, el 41,0% del gasto total de la canasta de servicios públicos en el AMBA correspondió al transporte, lo que significa que este gasto representa cada vez una mayor parte de los ingresos de los trabajadores.
Esto explica que, mientras Milei festeja una desaceleración en el índice de inflación, continúa una brutal licuación salarial. Hasta febrero, contando desde que asumió Javier Milei el promedio salarial en el sector registrado (Ripte) había perdido un 24% de poder de compra. El cuadro es más grave aún precisamente porque en el cálculo del IPC están subrrepresentados el peso de los servicios públicos, que es lo que más se incrementó e implica un costo creciente dentro de la canasta de consumos de los hogares. Es una transferencia lisa y llana de los bolsillos de los trabajadores a las patronales, avalado por el rumbo oficial.
El boletazo es parte del ataque contra los trabajadores que hay que enfrentar con la movilización popular y los métodos de lucha de la clase obrera: el paro y el plan de lucha. El transporte público debe ser accesible al conjunto de la población, para lo que se requiere la apertura de los libros de las empresas para ver en qué se utilizaron los fondos del Estado, y el control por parte de usuarios y trabajadores.
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En el marco de la movilización contra la proscripción política de Cristina Kirchner, el gobierno de Milei desplegó un operativo nacional de intimidación y control represivo sobre miles de personas que se movilizaron desde distintos puntos del país a una convocatoria masiva.
Las denuncias fueron muchas: micros detenidos, pasajeros bajados a la fuerza, requisas sin orden judicial, listas de militantes fotografiadas, y preguntas tan aberrantes como "¿cuál es tu ideología?", estuvieron a la orden del día. En algunos casos, las detenciones se repitieron hasta diez veces en un mismo trayecto y hasta frenaron, requisaron y filmaron a un micro de estudiantes de primaria que iban al Planetario. En San Luis, Córdoba, Mendoza, Río Gallegos, y en todos los accesos a la Capital Federal, la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ejecutaron un plan sistemático para amedrentar la participación en la movilización.
Esto no fue un "operativo de prevención", como quiere instalar el gobierno en los dichos de Guillermo Francos. Es un ensayo general de estado policial, ejecutado apenas un día después de que el Ejecutivo reformara por decreto el estatuto de la Policía Federal, habilitando inspecciones personales y de vehículos sin orden judicial y al margen de cualquier protocolo legal. Este decreto no es otra cosa que la legalización del atropello, un virtual estado de sitio encubierto.
La gravedad institucional se agrava con las declaraciones del ministro Guillermo Francos, quien admitió la existencia de listas negras de militantes identificados como “agitadores”, que serían objeto de control y vigilancia especial. Es decir, el Estado lleva adelante una política de persecución contra quienes protestan o se manifiestan contra las medidas reaccionarias del gobierno, tildándolas de "peligrosas".
El Partido Obrero realizó un acto propio expresando el rechazo a dicho fallo, que busca apuntalar al gobierno de Milei para que lleve adelante un ataque contra los trabajadores y que viene a fortalecer los aspectos antidemocráticos del régimen actual. Por eso el rechazo incluyó la consigna "Fuera Milei", pero no estableció una solidaridad con el peronismo ni su estrategia política de connivencia con el gobierno. Con este planteo, movilizó luego a Plaza de Mayo.
Lejos de “garantizar el orden”, el gobierno pretende vaciar las calles de protesta social para avanzar con su agenda de entrega, ajuste y represión. Lo vimos con la Ley Bases, lo vemos en cada protesta de jubilados, lo vemos ahora con esta ofensiva libertaria contra los derechos democráticos más elementales.
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Las audiencias serán el 10, 11 y 12 de julio en La Plata.
Será llevado a juicio el cura Raúl Anatoly Sidders, quien durante casi dos décadas abusó, acosó y denigró a adolescentes mientras oficiaba como autoridad religiosa en el colegio San Vicente de Paul de La Plata. Daniela, que tuvo el coraje para llevar su denuncia a la Justicia, no llegó con vida para presenciarlo, pero sí para dar su testimonio y estará presente en la movilización que reclamará justicia. Finalmente, como ella misma concluyó, si se llegó hasta acá "fue por la lucha colectiva".
Cinco años después de presentarse la denuncia, aquel 20 de agosto de 2020 en medio de la pandemia, se va a llevar a cabo el juicio oral a cargo del Tribunal Oral Criminal N°5 de La Plata, presidido por la jueza Carmen Rosa Palacios Arias, con la modalidad de juicio por jurados. Las organizaciones de lucha contra abusos eclesiásticos, agrupaciones de mujeres y organismos de derechos humanos realizarán acciones para difundir el caso y exigir que sea condenado a cárcel común.
Las vejaciones y agresiones que Sidders cometía contra alumnes y docentes del San Vicente se destaparon a partir de la publicación a través de Prensa Obrera de testimonios de exalumnes y madres, hecho a partir del que tomaron estado público una enorme cantidad de situaciones de abuso, acoso y violencia psicológica contra adolescentes que acudían al colegio confesional. La publicación abrió lugar a una viralización de cientos relatos en redes sociales. La preocupación llevó a la organización de la comunidad educativa, el reclamo de que se investigue y el llamado a acercar nuevos testimonios.
En ese marco, fue Daniela quien llevó a cabo con admirable valentía la denuncia penal por las vejaciones que sufrió entre los 11 y los 14 años, cuando acudía al San Vicente de Paul. A pesar del intento de los directivos de la institución por encubrir los hechos y de las presiones del Arzobispado de La Plata hacia quienes nos hicimos eco de las acusaciones, una masiva campaña bajo el lema "Rocío yo sí te creo" (seudónimo para proteger la identidad de Daniela) evitó que el caso fuera cajoneado. El 1 de diciembre de 2020 el cura quedó detenido en la Alcaldía Roberto Pettinato, hasta que seis meses después el juez Agustín Carlos Crispo (del Juzgado de Garantías Nº6 de La Plata) le otorgó injustificadamente el beneficio de prisión domiciliaria del que cual goza hasta la actualidad, a la espera del juicio.
Con apenas 32 años, Daniela falleció en septiembre del año pasado. Fue luego de pelear con una larga enfermedad, según sus palabras como consecuencia del daño psicológico de aquellos abusos y los años que le llevó poder expresarlo; "el silencio de mata por dentro", decía. Ella estará representada en el juicio por su mamá Patricia y su esposo Santiago, patrocinados por las abogadas Pía Garralda (de Apel) y Josefina Rodrigo.
Sidders enfrenta cargos por "delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de su realización, doblemente calificado por resultar un grave daño en salud mental de la víctima y por ser el autor ministro de un culto religioso, en concurso real con corrupción de menores calificada por ser la víctima menor de trece años". Será representado por Marcelo Peña, quien fuera abogado defensor del cura genocida Christian Von Wernich en el juicio en el que fue condenado a prisión perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad. Es además defensor de policías en casos de gatillo fácil y fue candidato a intendente de La Plata junto al excarapintada Gómez Centurión en 2019.
Este juicio fue arrancado con la lucha de las organizaciones políticas, de mujeres y contra los abusos esclesiásticos que acompañaron la valentía de Daniela. Junto con el hecho de que Sidders cumpla arresto desde hace 4 años y medio, es un logro casi inédito frente a la enorme impunidad que gozan los curas abusadores amparados por la iglesia católica y los gobiernos, en particular en la diócesis de La Plata.
También en este caso el arzobispo Víctor "Tucho" Fernández buscó amedrentar a quienes impulsamos el caso y hasta buscó silenciar a Prensa Obrera enviando cartas documento, pero no pudo frenar un proceso de organización que incluyó el pronunciamiento de más de un centenar de miembros de la comunidad educativa del San Vicente de Paul, además de una visible campaña en las calles de la ciudad y acciones callejeras frente a la Fiscalía. Sigamos por ese camino para que se haga justicia.
Las audiencias se llevarán a cabo los días 10, 11 y 12 de julio en los tribunales penales de calle 8 entre 56 y 57, en La Plata, desde las 10:00 a las 18:00. Allí convocamos a manifestarnos y exigir bien fuerte ¡Justicia por Daniela! Basta de impunidad ante los abusos ecleesiásticos.
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Este martes 17, personas migrantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales y políticas llevaron adelante una gran concentración en el Obelisco contra el DNU 366/2025 publicado por el Ejecutivo, el cual representa un ataque brutal contra la comunidad migrante y contra los principios más elementales de los derechos humanos.
Este decreto de corte clasista, xenófobo y represivo, autoriza deportaciones sumarias, restringe el ingreso al país bajo criterios arbitrarios y limita el derecho a la reunificación familiar. Al mismo tiempo, impone nuevos obstáculos para acceder a la residencia permanente, con exigencias económicas que excluyen a los sectores más pobres.
"Estamos rechazando el decreto de la reforma migratoria que implementa este gobierno racista y xenófobo de Milei. Creemos que para nosotros como migrantes es más motivación para movilizarnos y salir a luchar" Jesús Zamora, UJS @PartidoObrerohttps://t.co/wnO93DDzIzpic.twitter.com/HM6bwYpSe8
Pero el ataque va más allá: los trabajadores migrantes sin residencia permanente deberán pagar por la atención médica en hospitales y CESACs, y se abre la puerta a arancelar la educación pública terciaria y universitaria, quedando la decisión en manos de las autoridades de cada institución.
"Este DNU, con sus reformas regresivas y antidemocráticas a la Ley de Migraciones N° 25.871, es un ataque directo al principio de igualdad ante la ley, es profundamente discriminatorio. No se basa en datos objetivos, sino en prejuicios, narrativas falsas, manipuladoras y… https://t.co/mkenA0fWx0pic.twitter.com/LYXUVae4La
Vanina Biasi, diputada nacional por el Partido Obrero en el FIT-U, se hizo presente para apoyar la movilización y afirmó: "vamos a trabajar por la derogación de ese decreto y para que se vaya el gobierno de Milei, porque es un gobierno que nos sumerge en principios reaccionarios, que busca enfrentar a los trabajadores entre si, mientras apoya, como esta ocurriendo en este momento, contiendas guerreristas internacionales".
El gobierno de Milei ataca a la comunidad migrante como parte de su cruzada contra toda organización de la clase trabajadora. No hay detrás de este decreto ningún dato ni justificación seria, solo racismo institucionalizado, demagogia punitivista y una clara intención de criminalizar la pobreza y la extranjería.
Desde las organizaciones migrantes denuncian que este DNU no solo es inconstitucional y violatorio de la Ley de Migraciones N.º 25.871, sino que además perpetúa un modelo de país excluyente, represivo y funcional a los intereses de los grandes grupos económicos.
Ines, mujer migrante de Perú, sostuvo: "soy peruana, habito en este país hace 33 años, vine con ganas de superarme y cada vez me siento más argentina, que casi peruana, es un orgullo estar en este país y las oportunidades que nos da, me parece que este gobierno se agarra con los extranjeros porque no sabe de donde más tener gente bajo su poder".
"Soy peruana, habito en este país hace 33 años, vine con ganas de superarme y cada vez me siento más argentina, que casi peruana, es un orgullo estar en este país y las oportunidades que nos da, me parece que este gobierno se agarra con los extranjeros porque no sabe de donde más… https://t.co/BOlsJyw8MIpic.twitter.com/m950tizalo
La movilización exigió la derogación inmediata del DNU 366/2025; el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de todas las personas migrantes y refugiadas; salud y educación pública, gratuita y universal para todas las personas, sin distinción de nacionalidad y el fin de las deportaciones y la criminalización de migrantes.
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Sin que mediara siquiera consulta a los trabajadores, las cúpulas de los sindicatos de Aerolíneas Argentinas (APA, APTA, Apla, Upsa) han firmado el techo a las paritarias planteado por el gobierno.
El acuerdo consiste en un 1,2% en febrero (cuando hubo una inflación del 2,4%), un 2,5% en marzo (cuando hubo una inflación del 3,7%), 1.3% en abril (cuando hubo una inflación del 2.8%) y un 1,3% para mayo (cuando hubo una inflación del 1,6%). Es decir que para un periodo en que la inflación fue del 10,81% solo se ha recibido un 6,5%. Esta rebaja salarial viene a profundizar la rebaja de más del 40% que se sufrió desde que comenzó el gobierno de Milei.
La pasividad de los sindicatos para aceptar esto es indignante por donde se la mire. Por el lado de Apla (pilotos) han realizado un paro de 8 horas durante la semana, pero su eje no fue puesto en el salario, sino en las condiciones laborales. Ocurre que el gobierno ha decretado un cambio del Código Aeronáutico que es en los hechos una profunda reforma laboral que reduce los descansos y afecta fuertemente la seguridad en los vuelos. Pero ese paro no tuvo continuidad, recién está planteada una asamblea del sindicato para el 26 de junio (20 días después del decreto) donde “se resolverán los pasos a seguir”.
Diferente es la actitud de los trabajadores de tráfico aéreo nucleados en Atepsa que se encuentran a la espera del fin de la conciliación obligatoria para relanzar un nuevo cronograma de medidas si no obtienen respuestas a los reclamos salariales y de reincorporación de despedidos.
Para quebrar la avanzada del gobierno los aeronáuticos debemos ir por el camino del Garrahan, donde los trabajadores están desarrollando un verdadero plan de lucha basado en asambleas unificadas y medidas progresivas hasta obtener sus reivindicaciones.
A su vez tenemos que ir a un gran Encuentro Nacional de Trabajadores para unificar las luchas contra el gobierno y darles un alcance nacional.
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Este jueves, un avión de la aerolínea Air India, modelo Boeing 787-8 Dreamliner que volaba de India a Londres, se estrelló causando conmoción mundial. Hasta el momento confirman que murieron 290 personas. Aún se desconocen las causas exactas, pero el accidente volvió a poner sobre la mesa la situación de la industria de la aviación civil y la falta de seguridad.
Boeing, la compañía yanqui que es el mayor fabricante de aeronaves, arrastra un historial de siniestros y controversias por fallas técnicas, como los dos accidentes mortales de su modelo 737 MAX en 2018 y 2019, que dejaron más de 300 muertos. Estos hechos derivaron en la suspensión global del 737 MAX y en procesos judiciales que obligaron a la compañía a pagar multas multimillonarias para evitar sanciones penales. En enero de 2024, un nuevo accidente de una aeronave de Boeing —en este caso, la explosión en pleno vuelo de una puerta del modelo 737 MAX 9 operado por Alaska Airlines— evidenció que la empresa había infringido los acuerdos de control y supervisión en función de obtener una mayor producción.
La trama detrás de estos siniestros quedo plasmada en el documental "Descenso: el caso contra Boeing", este hecho es el resultado de una orientación capitalista que busca sostener la rentabilidad empresaria a cualquier costo. La empresa, que fue fuertemente golpeada por los aranceles y la guerra comercial impulsada por Estados Unidos, trasladó esa presión económica al conjunto de sus operaciones globales, tercerizando procesos, presionando a los ingenieros para acelerar certificaciones, eliminando controles de calidad, acelerando despidos, recortes y precarización laboral, todo en función de reducir los costos en detrimento de la seguridad.
Esta misma lógica atraviesa hoy al conjunto de la industria aeronáutica, donde las reformas impulsadas por los gobiernos —como la que se busca imponer en Argentina— replican esa receta: bajar los “costos” laborales, flexibilizar condiciones y desregular servicios esenciales, aún a riesgo de la seguridad aérea. El pasado martes los pilotos argentinos realizaron un paro en rechazo a la reforma del código aeronáutico que, entre otras medidas, reduce sus semanas de vacaciones, aumenta la cantidad de vuelos mensuales y amplía la sobrecarga laboral, lo que incrementa la probabilidad de errores humanos y fallas operativas que pueden desencadenar accidentes.
Además, la proliferación de aerolíneas low cost y la desregulación de aeropuertos privatizados han llevado a una reducción de los estándares mínimos de seguridad, con infraestructuras insuficientes y protocolos laxos, como ya se evidenció en incidentes anteriores. En conjunto, estas medidas representan un riesgo directo para la integridad de los vuelos y la vida de pasajeros y trabajadores.
Esto ya está trayendo problemas en Argentina. En diciembre pasado, un accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de San Fernando dejó en evidencia las falencias estructurales del lugar. En declaraciones a medios locales, un piloto explicó que las condiciones del aeropuerto son “insuficientes para la operación de las aeronaves que allí funcionan”, y resaltó la falta de infraestructura adecuada para el tipo y la cantidad de vuelos, agravada por la ubicación del aeropuerto en una zona residencial preexistente. San Fernando es administrado por Aeropuertos Argentina 2000, empresa vinculada al grupo Eurnekian, amigo del oficialismo, que se ha visto enormemente beneficiado por la desregulación de los vuelos pero que no ha invertido un solo peso en garantizar condiciones de seguridad.
Otra tragedia emblemática fue la ocurrida en Aeroparque en 1999, cuando el avión de la empresa Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) se estrelló causando 65 muertos. Se constató que la compañía incumplía normas básicas de seguridad y no capacitaba correctamente a sus pilotos. La supervisión estatal a cargo de la Fuerza Aérea Argentina también fue cuestionada por su falta de control efectivo y efectivos imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público. Sin embargo, empresarios y responsables políticos quedaron completamente impunes.
La tragedia reciente y la avanzada sobre los derechos laborales en la aviación no son hechos aislados: son el resultado directo de un programa de gobierno al servicio del capital, que recorta costos a costa de la vida y la seguridad de trabajadores y usuarios.
La reforma aeronáutica es parte de una ofensiva más amplia contra todas las conquistas obreras, que apunta a flexibilizar, privatizar y desregular en beneficio de los grandes grupos empresarios. Frente a este panorama, la única salida es la organización independiente de los trabajadores para enfrentar este programa antiobrero y anti-popular, con paros, movilizaciones y un plan de lucha que unifique a todos los sectores en defensa de sus condiciones de trabajo, pero también de la seguridad y la vida misma.
La defensa de cada puesto de trabajo y de cada derecho conquistado es inseparable de la pelea por un cambio de rumbo, por una reorganización integral de la aviación bajo control de sus trabajadores.
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El miércoles por la tarde trascendió, a través de medios como Clarín y La Nación, que las nuevas autoridades del Hospital Posadas habían despedido a más de 100 trabajadores, luego de supuestas auditorías que habrían "detectado" ñoquis o personas que no trabajaban. Una acusación infame que parte de un relato oficialista que busca justificar un ajuste brutal en la salud pública.
El vaciamiento del principal hospital nacional de alta complejidad no es nuevo. Lo que sí es novedoso es la forma en que se anuncia: a través de los grandes medios de comunicación, generando incertidumbre y angustia entre los trabajadores.
Estos despidos se suman a los más de 120 que se efectuaron el año pasado y a los 50 ocurridos en mayo de este año. La política de ajuste y achicamiento no se detiene.
El ataque del gobierno de Milei y Lugones a la salud pública es furioso. Lo estamos viendo claramente en el gran conflicto del Hospital Garrahan, donde se difunden mentiras para desprestigiar la lucha de los trabajadores, y lo vimos recientemente en el intento de cerrar el Hospital Bonaparte.
Como hemos señalado en varias oportunidades, estos despidos no son solo un ataque a los trabajadores: son un ataque directo a toda la población, que ve cómo se vacía y desmantela el sistema público de salud.
ATE y UPCN: cómplices del ajuste en el Posadas
No hay dudas de que los ataques que sufrimos los trabajadores del Hospital Posadas por parte del gobierno nacional cuentan con cómplices internos. Las conducciones de gremios como ATE y UPCN han sido, en los hechos, los principales desmovilizadores y desmoralizadores de nuestra lucha. Sostienen discursos como "hay que trabajar, no es momento de parar" o "vamos a ver caso por caso", instalando el miedo, el inmovilismo y la resignación.
Este jueves por la mañana, trabajadores despedidos junto a gremios como Cicop están discutiendo qué medidas tomar para enfrentar este nuevo ataque. No podemos dejar pasar esta ofensiva sin respuesta.
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Las y los trabajadores del Hospital Garrahan se movilizaron este miércoles a Plaza de Mayo, en el marco de un paro de 48 horas que iniciaron el martes 10 y que cuenta con un alto acatamiento. En la plaza, los trabajadores convergieron con otros sectores en lucha, como los jubilados, los Sutebas Multicolor (que también se encontraban en paro este miércoles) y personal de otras áreas del sector salud.
En horas de la tarde, los huelguistas se habían movilizado también a una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo en la que otra vez las autoridades del hospital no se presentaron. Es una provocación más hacia quienes sostienen el principal hospital pediátrico del país. La ausencia confirma que no hay intención de dar respuesta al reclamo urgente por recomposición salarial.
En paralelo, la presidenta del Consejo de Administración del hospital, Soraya El Kik, anunció su retiro del cargo. Lejos de calmar el conflicto, esta salida revela la crisis de conjunto que atraviesa la conducción del hospital. “El gobierno de Milei y el Consejo de Administración volvieron a echar nafta al fuego del grave conflicto que atraviesa el Hospital Garrahan", denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE. "Ni el gobierno ni los directivos del hospital asistieron a la audiencia de negociación convocada en la Secretaría de Trabajo. Como si esto fuera poco, anunció su retiro la presidenta del Consejo de Administración. El gobierno insiste en no hacer propuesta alguna de recomposición salarial para destrabar el grave conflicto. Mientras tanto, se agrava la crisis de sus funcionarios, repudiados por el conjunto del hospital", remarcó.
RCP a la salud pública en Plaza de Mayo. Un gobierno que maltrata así a laburantes de la salud, a docentes, a jubilados, es un gobierno que se tiene que ir https://t.co/LLh4xrcdPApic.twitter.com/vWlaewlPZF
"En el marco de un parazo que hicimos hoy la docencia bonaerense contra el ajuste educativo de Kicillof y contra una dirección provincial como Suteba que carnereo abiertamente el paro, hoy confluimos en Plaza de Mayo con la lucha del Garrahan que también esta de paro y los… https://t.co/FGJARYbvk2pic.twitter.com/QzHt81b6Li
"Estamos haciendo una permanencia en la puerta de la Secretaría de Trabajo porque la semana pasada fracaso una mesa de negociación, el gobierno mando funcionarios de cuarto orden que no podían tomar ninguna decisión y que no estaban anoticiados supuestamente del reclamo, entonces… https://t.co/LW9OK8osMHpic.twitter.com/HDNhAP7dfl
El proceso de vaciamiento del Garrahan no es nuevo, pero bajo el gobierno de Milei se ha acelerado y los trabajadores no están dispuestos a tolerarlo. “No solo El Kik debería irse: Menehem, Dalmazzo y Pérez están llevando al Garrahan al abismo, de la mano de Milei y Lugones. En cualquier caso, la responsabilidad oficial sobre el agravamiento del conflicto es total: ¿cómo podría sostenerse el principal hospital pediátrico del país con enfermeras ganando salarios inferiores a la línea de pobreza?", agregó Lipcovich.
"Policía policía que vergüenza que me das, cuando se enferma tu hijo lo traes al hospital" cantan los trabajadores del Garrahan frente al Ministerio de Trabajo. Adentro los delegados ya están en la audiencia https://t.co/xYKw19TxxTpic.twitter.com/5lczLFKcZo
"La lucha del Garrahan se tiene que extender para todos los trabajadores de la salud y es importante que todos los trabajadores de CABA estemos acá porque también tenemos necesidad de que nos aumenten los salarios y que haya más presupuesto en general para el sistema de salud"… https://t.co/5XexIgN80Bpic.twitter.com/ONkgm2ZTbH
Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto de la Junta Interna, fue tajante: “Vuelven a burlarse de los trabajadores y trabajadoras del Garrahan con este rechazo a cualquier negociación. Pero están a la defensiva, porque la rebelión interna se profundiza y porque el apoyo popular es enorme. Mañana a las 13 realizaremos asamblea para definir la continuidad de nuestro plan de lucha”.
La lucha en el Garrahan es hoy una referencia de la pelea por el salario y en defensa de la salud pública. Enfrenta un ataque directo del gobierno de Milei y de una dirección hospitalaria completamente desacreditada. La respuesta está en la organización desde abajo, en la unidad de trabajadores y pacientes, en el desarrollo de un plan de lucha que prepare el terreno para una gran movilización nacional en defensa de la salud pública.
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encontrarás todos los días la cobertura de las grandes luchas del movimiento obrero, la mujer y la juventud, y el análisis de los principales hechos políticos nacionales e internacionales desde una mirada socialista.
Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
Se va a cumplir un año de la desaparición de Loan Peña, y lo que queda a la vista es un entramado de impunidad absoluta. No solo no hay justicia, sino que nunca se investigó seriamente qué pasó con el niño: desde el inicio, todo el proceso judicial estuvo plagado de encubrimientos, desvíos y pactos de silencio producto de la connivencia estatal.
El caso tuvo una intervención directa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Patricia Bullrich, no solo se alineó con la versión trucha que pretendía cerrar el caso como un accidente –la de que Loan habría sido atropellado y enterrado por su tía Laudelina y su pareja Carlos Pérez–, sino que además salió públicamente a respaldar esta línea de encubrimiento, incluso cuando las pruebas y las denuncias la desmentían de plano.
Esa versión implicaba cerrar toda línea de investigación vinculada a redes de trata, abuso infantil o complicidad estatal, y fue sostenida mediante una campaña de amenazas, hostigamiento y operaciones de prensa, según denunció incluso la propia hija de Laudelina.
Mientras Valdés y Bullrich avalaban esta cortina de humo –ambos difundieron declaraciones y tuits apoyando la versión del "accidente"–, las calles se llenaron de movilizaciones exigiendo la aparición con vida de Loan y el fin de la impunidad. La presión popular y la evidencia acumulada hicieron que el blindaje se rompiera: el comisario Walter Maciel fue detenido por encubrimiento, junto a la concejala del PJ, María Caillava, y el exmarino Carlos Pérez, todos parte del núcleo que debía "buscar" a Loan y terminó implicado en su desaparición.
La situación escaló al punto que el propio gobernador Gustavo Valdés tuvo que remover a toda la cúpula de la Policía de la provincia. Lejos de un hecho aislado, esto demuestra que la desaparición de Loan puso en jaque a todo un esquema de connivencia institucional, donde las fuerzas de seguridad, el aparato judicial y el poder político actuaron para proteger a los responsables. Es una muestra del verdadero rol que cumple el Estado que, lejos de "combatir el delito" como sostiene Patricia Bullrich, protege a las redes de crimen organizado.
La jueza Cristina Sotelo –quien inicialmente tuvo la causa y la paralizó deliberadamente– fue finalmente apartada. Pero el rol de Bullrich fue igual o más nefasto: envió fuerzas federales no para buscar a Loan, sino para reprimir a quienes se movilizaban por él, en una escena que retrata con precisión para quién gobierna esta ministra.
Hoy Bullrich sigue defendiendo públicamente a policías asesinos como el que mató por la espalda a Thiago Correa en Ciudad Evita y hoy está preso por "exceso en la legítima defensa con resultado de muerte", mientras lleva adelante una doctrina de salvaje represión y gatillo fácil para blindar el ajuste y la impunidad. Su política de “mano dura” es en realidad una carta blanca para las fuerzas federales para arremeter contra la población, de la cual las principales víctimas son pibes pobres, mientras protege a redes criminales amparadas por el Estado.
Bullrich no combate el delito. Encubre a los peces gordos del crimen organizado, mientras aplica una política salvajemente represiva funcional al ajuste sobre los sectores más vulnerados, quienes a su vez son las principales víctimas de los negocios espurios. El caso Loan es una muestra brutal de hasta dónde es capaz de llegar un régimen para sostener su aparato de corrupción, represión y encubrimiento. Hoy, el dinero de esos negocios ilícitos cuenta con aval del Estado para ingresar al circuito formal sin ser investigado.
A un año de la desaparición de Loan, para conseguir justicia hay que terminar con el manto de impunidad, investigar las responsabilidades políticas detrás de la desaparición de Loan y el encubrimiento. Solo la movilización popular puede torcer este entramado de silencio y complicidad estatal.
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Pese a la maniobra extorsiva del gobierno para quebrar el conflicto con lxs residentes, los trabajadores del Hospital Garrahan profundizan su plan de lucha y van a una huelga de 48 horas.
“El gobierno pretendió cerrar el conflicto con su extorsión a residentes. Lejos de aplacar los ánimos, el conflicto escaló: los paros del personal de planta, que somos más del 90% de trabajadores que hacemos funcionar al hospital, fueron enormes la semana pasada y vamos a 48 horas esta semana”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el hospital.
La bronca crece al calor de las promesas vacías del Ejecutivo. Primero dijeron que no había fondos. Después, otorgaron un bono a residentes. Entonces, ¿hay plata o no? El gobierno continúa desoyendo el reclamo central —una recomposición real de los salarios básicos de todxs lxs trabajadores—.
“Tienen que recomponer todos los básicos. Por eso, la lucha se va a profundizar si no hay respuestas. Este miércoles nos movilizamos a las 11 al Congreso, donde habrá una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo. El gobierno no puede repetir la burla de la audiencia pasada, en la que ni siquiera envió representantes. Por la tarde, marchamos a Plaza de Mayo”, explicó Lipcovich.
Gerardo Oroz, secretario adjunto, fue contundente: “Con enfermeras ganando $900.000 —ni siquiera el costo de la canasta de pobreza— el hospital es inviable. No funciona sin residentes ni sin el personal de planta, con sus profesiones y oficios diversos. El salario mínimo tiene que partir del costo de la canasta familiar ($1.800.000) y de ahí hacia arriba. El gobierno de Milei es responsable por hacer una propuesta y por el futuro del principal hospital pediátrico del país”.
El miércoles, todxs al Congreso y a Plaza de Mayo. Por salarios igual a la canasta, por la salud pública, por el futuro del Garrahan.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
En el marco del paro de la ConaduH de 48 horas el día miércoles 11 y jueves 12, la AGD UBA organiza una actividad central en Plaza de Mayo para el jueves 12/06. La jornada se desarrollará entre las 11 y las 15 horas, con un panel central del que formarán parte los conflictos de Universidad, Conicet, Inta, jubilados, Garrahan (12 horas) mientras a lo largo de toda la franja se desarrollarán clases públicas, muestras, ferias, etc. Como el año pasado, se suman algunas delegaciones de universidades del Conurbano tal como la Universidad de General Sarmiento con una clase dirigida al presidente Milei :” Terraplanismo libertario o ciencia” a cargo del Prof. Germán Pinazo. En esa misma jornada se realizará una olla popular gestionada por la docencia.
Todas las luchas, todas, así como en el Polo Científico gritamos “nadie se salva solo”. Como el 4J cuando el movimiento de mujeres y diversidades movilizó con jubilados, discapacidad, trabajadores de la salud. Hay que desenvolver todas las instancias de agrupamiento de lxs trabajadores que enfrentan al gobierno y sus cómplices, para organizar a lxs trabajadores, para promover y desembocar en la huelga general por todos nuestros reclamos y derechos.
En lo que va del cuatrimestre, lxs trabajadores de la UBA (docentes y no docentes) venimos demostrando una enorme voluntad de lucha muy a pesar de la barrera de contención que los rectores (CIN) y la mayoría de las federaciones que integran el Frente Sindical Universitario, intentan imprimirle a la misma. La expresión más clara de esa voluntad se dio en la semana nacional de visibilización del conflicto (19 al 23 de mayo), fórmula así consensuada por el FSU pero sin ninguna acción concreta colectiva. Splo la ConaduH, a través de su Plenario de Secretarías Generales, convocó a un paro nacional de 48 horas y a último momento Fatun (no docentes) a uno de 24 horas en otro día de la semana.
En esa misma semana, y luego de escuchar la negativa por parte de casi todas las federaciones universitarias (docentes y no docentes) y sus asociaciones de base en la UBA, de que “los paros no sirven para nada”, se llevaron adelante dos grandes jornadas de paro nacional (19 y 20) con importante acatamiento: una marcha solo de la UBA desde Plaza Houssey hacia Palacio Pizzurno, y un paro de no docentes en todo el país, al que se sumó algún sector de la docencia. La marcha, que fue saludada y acompañada por varios funcionarios de la UBA luego de ser votada en el Consejo Superior, no tenía otro propósito que contener la bronca que se viene desarrollando por abajo tanto para la docencia como para lxs trabajadores no docentes.
El resultado fue una enorme columna de trabajadores y estudiantes de nuestra universidad, destacándose no solo la presencia de trabajadores no docentes sino también la columna de AGD UBA, quien a pesar de no formar parte de la convocatoria original, pero entendiendo que la unidad de acción es sumamente necesaria para profundizar la lucha, se puso a la cabeza de una campaña llamando a todxs a la participación con un pliego propio que pusiera en primer plano el reclamo por la reapertura de paritarias, el aumento salarial y denunciando el vaciamiento de las Uunn por parte del gobierno nacional. La calle desbordó y los medios se hicieron eco de lo que allí sucedía.
La semana cerró con un paro nacional propuesto por Fatun (nodocentes) para el 23, al que se sumaron de manera masiva lxs docentes, aún cuando sus sindicatos no convocaban. En la misma línea se colocó la ConaduH que, frente a la propuesta de la Multicolor de sumarnos a la jornada de paro, se negó con argumentos que lejos de abonar a la unidad en la lucha concreta, muestran un retroceso del FSU.
El conflicto universitario no está cerrado, no está saldado y los problemas se van agudizando: salarios por debajo de la línea de pobreza, obra social en crisis, éxodo de compañerxs que buscan trabajo en lugares con mejor remuneración, desmantelamiento de los equipos de cátedra, pluriempleo, entre otros.
La parlamentarización no es el camino
En paralelo a las acciones llevadas a cabo por lxs trabajadorxs, el CIN (Rectores de las Uunn) junto al FSU (Frente Sindical Universitario) delinearon un nuevo proyecto de financiamiento universitario que ingresaría por estas semanas para ser debatido en comisiones y luego en el pleno. El proyecto de ley sigue los lineamientos generales del pliego de reivindicaciones pero, a diferencia del año anterior (2024), no acompaña un movimiento en alza. Se presenta como la única estrategia posible para reclamar frente al Ejecutivo la resolución de un conflicto que lxs trabajadores tenemos que tomar en nuestras manos y llevar a fondo, porque en ello se juegan nuestras condiciones materiales de existencia, nuestra formación y la de las generaciones futuras. El texto del proyecto se conoció un día antes de su presentación en una audiencia del Congreso Nacional (28/05).
Mientras tanto, Capital Humano anunciaba pocos días antes, la reforma del sistema universitario basada en los 7 puntos del CIN y en las exigencias de los rectores de las Uunn. Una reforma inscripta en la ley de Educación Superior menemista y que viene a desguazar carreras, avanzar en la privatización y mercantilización de la educación superior, degradar la formación pero que se presenta como una forma de flexibilizar las exigencias de las cursadas para estudiantes.
En este punto es necesaria una delimitación dentro de un frente que se presenta como la defensa de la Universidad Pública y de calidad: los rectores son las patronales
No solo porque son artífices de esta reforma en ciernes sino también porque todo el tiempo boicotean iniciativas de lucha como lo hicieron con las tomas de las Uunn el año pasado, o presionando para que las Uunn se mantengan abiertas a costa de nuestra superexplotación.
Llenemos la Plaza de Mayo de clases públicas
Las medidas aisladas fueron el denominador común del cuatrimestre. Llegamos así casi al final del mismo, sin que se haya puesto en pie un plan de lucha progresivo que nos organice y nos dé fuerza a los trabajadores y estudiantes universitarios para pelear por nuestro salario y enfrentar la destrucción que busca este gobierno de la universidad pública. Desde abril se viene hablando de una nueva marcha federal que aún no tiene fecha segura. La responsabilidad no es de lxs docentes y no docentes que se han sumado sin dudar a cada convocatoria, sino del Frente Gremial Universitario adaptado totalmente a la desmovilización que busca imponer el CIN.
Contra esa parálisis es que la asamblea de AGD UBA decidió volver a Plaza de Mayo, una acción que se integra al paro de 48 horas convocado por nuestra federación, AGD UBA. Será la mejor preparación para salir con todo en caso de realizarse una marcha federal o para empezar el segundo cuatrimestre en pie de lucha.
Todxs al paro nacional del miércoles 11 y jueves 12. Todxs a la Plaza de Mayo el jueves 12 de mayo con clases públicas, paneles de debate y con la preparación de una gran olla popular.
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Este sábado 7 de junio, a partir de las 17 horas, se llevó adelante una nueva movilización de trabajadores estatales en la provincia. La marcha salió, una vez más, desde la Plaza de la Estación y avanzó por las calles céntricas de la ciudad, culminando en la Plaza Principal, con una gran cantidad de manifestantes.
La convocatoria de esta semana fue impulsada por trabajadores de la administración pública y docentes, ambos desde la autoconvocatoria. Sin embargo, también se sumaron trabajadores de la salud, del ámbito judicial y municipal. En el caso del Soem, sindicato de trabajadores municipales de la capital, participaron con su dirección gremial.
La convocatoria a la marcha estuvo precedida por manifestaciones estudiantiles y docentes en el interior provincial, quienes reclamaron la cobertura de cargos vacantes y mejoras en los establecimientos. A la movilización en la capital se sumó una concentración en el departamento Belén y una manifestación con importante concurrencia en Andalgalá.
Los reclamos expresados en esta movilización fueron variados. Por parte de los docentes, se hizo énfasis en la regularización de las asambleas y en la oposición a la reforma del Estatuto Docente impulsada por el gobierno de Jalil. En cuanto a los trabajadores estatales provinciales, el reclamo fue más concreto: aumento salarial y el fin de la precarización laboral.
Más allá de todo, entre las bases se va consolidando cada vez más el reclamo por mejoras salariales y en contra del gobierno de Jalil y Milei.
También estuvieron presentes los jubilados autoconvocados de Catamarca, quienes llevaron la bandera de "Fuera Milei" como estandarte. Esto fue bien recibido por la mayoría de los trabajadores, aunque resistido por un pequeño grupo libertario que se mantiene agazapado entre los docentes.
Al finalizar la marcha tomaron la palabra diversos sectores, tanto docentes como estatales. Sin embargo, hubo maniobras para impedir que los jubilados pudieran hablar, ya que la compañera referente pertenece al Partido Obrero. A pesar de esto, en la mayoría de las intervenciones se coincidió en que el reclamo debe ser unificado y que no se debe repetir el error de fragmentar las demandas, como hicieron quienes se arrogan la dirección de autoconvocados en la movilización estatal de la semana pasada, donde decidieron no participar.
Es clave destacar que el reclamo se masifica entre los trabajadores a pesar de los esfuerzos del gobierno de Jalil por hacer retroceder el movimiento. Más allá del retroceso en el decreto de la docencia y del intento de apaciguar las aguas con la propuesta de modificación del estatuto docente mediante un amplio debate, el malestar sigue creciendo.
Por otro lado, Jalil ha suspendido la discusión paritaria de la docencia y de los estatales, una decisión que, de abrirse en este contexto, representaría una verdadera muestra de fuerza: de un lado, los trabajadores en las calles; del otro, la burocracia sindical y el gobierno.
Desde Tribuna Docente participamos con una columna de compañeros y una declaración, que busca organizar la lucha de los trabajadores y convocarlos a conformar una agrupación que defienda sus derechos de manera independiente del Estado, con los métodos de la clase obrera y por un congreso de trabajadores para organizar la lucha y vencer los embates del gobierno nacional y provincial en contra de los derechos de los trabajadores y desocupados.
La lucha continúa en la provincia y sigue siendo más urgente que nunca el armado de cuerpos de delegados mandatados en cada escuela y repartición. Estos delegados deben organizarse para llevar una propuesta concreta de aumento salarial y, a través de ellos, recuperar los sindicatos para la lucha de los trabajadores.
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Jalil intenta desmarcarse del naufragio de Milei. los libertarios buscan provincializar las elecciones para evitar que el colapso nacional los arrastre.
En una maniobra escandalosa, la oposición le cedió al gobierno en la Cámara de Diputados el control de la comisión Libra, la instancia creada para investigar la criptoestafa vinculada al entorno libertario. La presidencia de la comisión quedó en manos de Adrián Pagán, secretario parlamentario del presidente de la Cámara, Martín Menem, es decir, un hombre propuesto por oficialismo que estará al frente de la investigación sobre el propio Milei y su círculo.
Esta entrega se consumó con el aval directo de los bloques de Pichetto, la UCR y el peronista Unión por la Patria. La oposición patronal sostienen al gobierno hasta tal punto que se alinea detrás del objetivo de garantizar la impunidad del régimen político frente al saqueo y la estafa.
La designación de Pagán al frente de la comisión Libra se coló de forma irregular y sin consenso pleno en medio de maniobras que dejaron sin tratamiento temas sensibles para la población. Todo esto preanuncia que la comisión no investigará nada y será usada para limpiar al oficialismo.
Todo ocurrió en el marco de una sesión que trataba temas colocados en la agenda por la movilización popular, como es el caso de la situación de los jubilados o del sector de discapacidad. Además de ellos en el orden de día había proyectos como la ley de financiamiento universitario reclamada por estudiantes y docentes, el pedido de funcionamiento de la Comisión de Libertad de Expresión en un contexto de ataques sistemáticos a periodistas, o la declaración de emergencia pediátrica nacional que incluye explícitamente presupuesto para el Garrahan. En lugar de tratar estos puntos con seriedad se los empujó al final del temario para darle paso a la rosca por la comisión investigadora de la criptoestafa, y a la hora de tratarlos el oficialismo vació de quórum la sesión.
Según reveló La Política Online, el PRO y el bloque de Pichetto negociaron con el oficialismo el reparto de cargos en la comisión a cambio de acuerdos más amplios en el Congreso. Unión por la Patria envió cinco diputados para integrar la comisión Libra, pero ninguno reclamó la presidencia, habilitando la maniobra del oficialismo.
Los diputados del Frente de Izquierda rechazaron este acuerdo y exigieron el funcionamiento cuanto antes de la comisión con una presidencia opositora real y facultades plenas para investigar. Esto se contrapone a este simulacro armado entre gallos y medianoche para encubrir el saqueo del Estado y para garantizar la impunidad del oficialismo y sus funcionarios.
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El martes 9 de septiembre se desarrolló una nueva reunión en la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados en la cual se presentó un nuevo proyecto de ley para el área.
Este jueves 6 de junio, a las 12:30 en Plaza de Mayo, los trabajadores de prensa llevaron adelante una foto colectiva en defensa de la prensa, convocada por Sipreba, Fatpren y Argra, en el marco de un brutal ataque por parte del gobierno nacional y de una realidad crítica de trabajo que incluye desplome salarial, precarización laboral, despidos y pluriempleo.
En la previa a la jornada, Sipreba publicó un informe que revela la precarización en el trabajo de prensa. Es una encuestra en el gremio que arroja que más del 70% de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza. El pluriempleo afecta al 55% y, aún sumando varios ingresos, el 43% sigue sin cubrir el costo de la canasta básica. Solo el 4,8% puede vivir del salario de su empleo principal. A su vez, un 86,3% considera que la libertad de expresión empeoró con la llegada al poder de La Libertad Avanza.
El periodista de Tiempo Argentino e integrante de la Naranja de Prensa, Alfonso Villalobos, afirmó: "Ya no solo hay un avasallamiento a la libertad de expresión sino una represión directa contra el gremio de prensa que esta comprometiendo no solo el ejercicio de la profesión, sino también la vida de los compañeros y compañeras como Pablo Grillo"
"Ya no solo hay un avasallamiento a la libertad de expresión sino una represión directa contra el gremio de prensa que esta comprometiendo no solo el ejercicio de la profesión, sino también la vida de los compañeros y compañeras como Pablo Grillo" cuenta @alfondevil y "Ataques… https://t.co/tuesEhNC4lpic.twitter.com/18fTOjrGx0
A la miseria salarial y la fragmentación laboral —con jornadas extensas, mal pagas y sin descanso— se suma el avance del gobierno contra las los trabajadores de prensa. Más de una cuarta parte del gremio sufrió agresiones en el último año. Un tercio de estos ataques fueron represiones, y uno de cada cinco provino directamente de funcionarios gubernamentales. El impacto no es solo económico: el 27% reportó síntomas de ansiedad, estrés o depresión.
En este contexto, la justicia desestimó la denuncia penal presentada por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad por presuntas calumnias e injurias, al considerar que no se cometió ningún delito y que estaban simplemente ejerciendo su profesión. Esto da cuenta que la arremetida judicial por parte del gobierno contra el periodismo, se trata de un intento por instalar el delito de opinión, con el objetivo de disciplinar a cualquier voz crítica.
Mientras tanto, la situación en los medios públicos —cuyo empleador es directamente el Estado— también se deteriora día a día. Esta semana, los sindicatos del sector (SiPreBA, Satsaid, APJ y Salco) emitieron un comunicado conjunto rechazando la propuesta de la intervención de RTA, que pretende aplicar una paritaria de apenas el 1,3% para mayo, frente a una pérdida salarial acumulada del 40%. Denuncian la continuidad del congelamiento salarial encubierto desde agosto de 2024, la negativa a reconocer las paritarias de actividad y toda política de vaciamiento, como los retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas. Frente a este ninguneo, ratificaron la continuidad del plan de lucha y las medidas de acción directa votadas en asamblea.
En los medios privados la situación no es mejor: en IP Noticias priman los despidos y la patronal desconoció el pago de los salarios de mayo, mientras que en Página/12 se llevaron a cabo tres jornadas de lucha esta semana por aumentos salariales. El mismo reclamo expresaron el mes pasado trabajadores de Clarín y Perfil. Es una situación generalizada. La defensa del periodismo requiere de la lucha contra la dictadura patronal en los medios de comunicación, contra la precarización laboral, por un salario equivalente a la canasta familiar y la defensa de cada puesto de trabajo.
Este cuadro no puede separarse del ataque más general que viene desplegando el gobierno de Javier Milei contra el conjunto de la clase trabajadora. La persecución judicial y los intentos de censura, la estigmatización permanente desde los discursos oficiales y el ajuste en los medios públicos son parte de una ofensiva reaccionaria que busca imponer la reforma laboral y barrer con el derecho a huelga.
"FUERZA PABLO FUERZA" cantan trabajadores de prensa en Plaza de Mayo, en apoyo a Pablo Grillo que recibió recientemente el alta del Hospital Ramos Mejía y continúa su recuperación, tras ser baleado por el gendarme Guerrero durante la represión del 12/3 en Congreso https://t.co/kyoVGdcNiUpic.twitter.com/aDeck9xzCg
El Día del Periodista no es una efeméride decorativa, es una oportunidad para luchar. El sábado 15 en el Teatro Picadero, el sindicato conmemorará el Día del Periodista y sus diez años con un acto abierto por el trabajo en prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información.
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Este miércoles 4J, en una jornada marcada por la movilización contra el ajuste del gobierno de Milei, Diputados trata una serie de proyectos que fueron impuestos en la agenda por la incansable lucha que varios sectores vienen sosteniendo: emergencia en discapacidad, continuidad de la moratoria previsional, recomposición de haberes jubilatorios, presupuesto para el Garrahan, además de resarcimientos a los afectados por inundaciones en la provincia de Buenos Aires.
La declaración de emergencia en discapacidad hasta el 2027 contempla la recomposición de aranceles que perciben los prestadores, una indexación automática y la actualización de pensiones no contributivas y nomencladores. Su tratamiento es e resultado de una pelea que incluye paros nacionales de trabajadores y organizaciones del sector, y la firme movilización junto a las familias frente a los ataques del gobierno.
En el caso de la emergencia para PBA por inundaciones que no tiene dictamen, hay distintos proyectos, por lo que deberían ponerse de acuerdo y reunir dos tercios de los votos.
La restitución por dos años de la moratoria previsional también se debatirá, tras la eliminación de este régimen desde marzo. Junto con esta propuesta, también se discutirán diversos proyectos para establecer una Prestación Proporcional para quienes no llegan a los 30 años de aportes, y un aumento del 6,7% en las jubilaciones mínimas con recomposición del bono (congelado desde marzo de 2024). Una respuesta sumamente limitada e insuficiente frente a la brutal licuación de los haberes bajo el plan motosierra. Estas medidas no hubieran llegado al recinto sin el impulso de las miles de jubiladas y jubilados que vienen reclamando en las calles.
Uno de los puntos más urgentes es el proyecto para declarar la emergencia pediátrica y financiera del Hospital Garrahan, un reclamo que lleva meses creciendo gracias a la lucha de sus trabajadores y trabajadoras. Entre otros puntos se establece "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país".
También, la recomposición inmediata de los salarios del personal; la exención a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias; y la adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos. A pesar de contar con el apoyo de todos los bloques, menos de La Libertad Avanza, el proyecto aún no tiene dictamen de Presupuesto. El presidente de la comisión, José Luis Espert, impide este avance legislativo. Es por eso que desde la izquierda y sectores del peronismo presentaron el emplazamiento inmediato de la Comisión de Presupuesto, para que Espert se vea obligado a habilitar el tratamiento, que es como se lograron también los dictámenes previsionales y de discapacidad.
Este miércoles, lo que está en juego son derechos elementales que el ajuste libertario busca borrar del mapa, sobre todo cuando el gobierno amenaza con vetarlos si se aprueban. Si los arrancamos en las calles, hay que defenderlos en las calles. Cualquier avance solo será fruto de la organización independiente, la movilización popular y la acción directa.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
La semana pasada en el editorial de 14 Toneladas habíamos dicho lo siguiente: "la pelota está en el campo del movimiento obrero". Era la conclusión porque el gobierno había obtenido un módico triunfo electoral, y entendía que le permitía avanzar sobre los trabajadores, sobre los sectores populares, para tratar de afianzarse y fortalecerse en el poder. Pero nuestra conclusión era mucho más compleja: este triunfo módico electoral no le da al gobierno tantos instrumentos como piensa.
Primero, porque no tiene una base económica sólida. Y cuando uno ve lo que pasó esta semana lo corrobora. Es noticia en todos los portales económicos que siguen cayendo las reservas; estamos ya en 36.000 mil millones de dólares, cuando después del acuerdo con el FMI eran 39.000 mil millones de dólares. Muchos entienden que ahora, cuando se efectivice el pago de deuda externa que tiene que hacerse en el mes de julio las reservas van a estar muy cerca de los 30 mil millones de dólares.
También es noticia que permanentemente hay goteo en las reservas del Banco Central, y que a través de la cuenta del turismo Argentina está perdiendo más dólares que lo que gana por Vaca Muerta. Ahora, de acuerdo a una información de Scioli, el nefasto Scioli de todos los gobiernos que hoy es secretario de Turismo de Milei, habrá una modificación en la forma de calcular la balanza de turismo para alterarla y ocultar lo que está sucediendo.
Y es noticia que el gobierno, tratando de conseguir reservas donde no existen, se endeudó colocando mil millones de dólares de deuda. Nuevamente Caputo, lo hizo a una tasa de interés del 30% anual en pesos, que de mantenerse el tipo de cambio congelado pasa a ser 30% en dólares anual. Una tasa de interés que es absolutamente imposible de conseguir en cualquier lugar del mundo y que solamente es propia de un país que está en bancarrota como Argentina. Entonces ya estamos viendo nuevamente un gobierno desesperado por conseguir dólares, porque los bancos dicen 'nadie vino a ninguna sucursal a ver cómo se abre una cuenta en dólares para sacar los colchones'; eso no va a caminar. Entonces el gobierno está emitiendo deuda para tratar de pagar la deuda, pero lo hace a tasas de interés tan altas que prepara una bancarrota.
Es decir, la idea de que es un triunfo módico sin tantos recursos lo demuestra el hecho de que la crisis económica continúa, lejos de haberse superado por lo que el gobierno logró las últimas elecciones de la ciudad y las elecciones provinciales que ya se realizaron. Pero además veíamos que es un triunfo módico porque el gobierno no logra,con estos resultados electorales tener una mayoría aplastante de la población. Lejos de eso, representa una minoría. Es posible que hoy sea la primera minoría, pero no deja de ser una minoría. Y la forma que tiene el gobierno de buscarse una mayoría es a través de ataques al movimiento obrero y de un método de gobierno que se fue elaborando en la Argentina a partir del mileísmo.
¿Cuál es ese método de gobierno? Es el ataque permanente a los sectores populares, el ataque permanente a la población, a la oposición, que incluso en muchas ocasiones adquiere forma de una provocación lisa y llana. Estos días hemos visto provocaciones de todo tipo; quizá la más nefasta de todas sea escuchar el día de ayer al presidente de la nación atacar por los medios de comunicación y por sus redes sociales a un chico con autismo. Es difícil encontrar, no solamente en la historia argentina sino en la historia internacional, a un presidente atacando un chico con autismo. Bueno, lo hizo Milei.
¿Por qué lo hace? ¿Está loco? ¿Es una persona descontrolada? ¿De chico nunca recibió un abrazo, como se dice? Bueno, quizá todo esto sea cierto, pero no es el tema central. Lo central es que es un método de gobierno, de armar crisis para tratar de tener determinados adversarios, derrotarlos y a través de esa crisis permanente lograr una fortaleza política. Esa fortaleza política la tiene que lograr especialmente derrotando al movimiento obrero, y por eso decíamos "la pelota está hoy en el campo del movimiento obrero", que tiene que salir a luchar.
Y lo que vimos esta semana es un crecimiento de las luchas. Es importante verlo. Estuvo la lucha del Garrahan, que sigue planteada y la vamos a analizar con cuidado. Es una lucha que tocó una fibra popular importante porque el Garrahan es el hospital pediátrico más importante de Argentina -e incluso de la región, porque vienen a atenderse pibes de toda América Latina. Pero el gobierno ha lanzado un ataque brutal contra el Garrahan y provocaciones permanentes que también incluyen ataques a las personas con discapacidad y a quienes las atienden, hemos visto una marcha en defensa del Instituto Nacional de Teatro que fue militarizada con fuertes amenazas represivas por parte del gobierno, atacando a los científicos del Conicet y a las universidades.
Todos estos escenarios de lucha que venimos viendo son un cambio en relación a lo que sucedía hace unas semanas atrás. ¿Qué significa como conclusión política? Que el triunfo módico del gobierno no impidió el desarrollo de estas luchas. Es un dato importante porque si el gobierno se hubiese fortalecido lo suficiente ganando las elecciones de la ciudad, obteniendo un triunfo aliado al radicalismo en Chaco, o en las elecciones de la capital salteña, sería difícil que conviva con un fortalecimiento de las luchas. Acá sucede lo contrario. El gobierno obtiene un triunfo módico pero crecen las luchas en el país y eso plantea por lo tanto la necesidad de una generalización, de abarcar a sectores mayoritarios del movimiento obrero y popular para poder derrotar al gobierno; que, insisto, tiene como método político crearse enemigos para buscar derrotarlos y de esa manera fortalecerse. Entonces estamos en una situación en la cual todavía no está claro para dónde se va a inclinar la balanza, si para el lado de gobierno o para el lado de los trabajadores. Hay que dar esta batalla.
Ahora, lo del Garrahan permite sacar una pequeña conclusión que creo que es importante, por lo que sucedió el domingo. La dirección del hospital (de funcionarios mileístas con una minoría puestos por Jorge Macri) emitió un comunicado diciendo "vamos a incrementar el salario a los residentes en $300.000" y se preocupa muy bien en decir que "esto no se debe a la lucha que se dio, sino que se debe a cálculos económicos preexistentes en el cual ya estaba establecido que este aumento se iba a dar". Todo el mundo sabe que esto es mentira, porque si estaba establecido este aumento de antemano lo hubiesen anunciado. Es una conquista obtenida por la lucha, y se puede decir que es un recule del gobierno.
Es decir que el gobierno dice: "ganamos las elecciones, estamos más fuerte que nunca", pero se produce una lucha del Garrahan y tiene que recular. Es el primer recule de Milei luego de su módico triunfo electoral. Hay que anotar esta conclusión. ¿Es un recule en toda la línea? Todavía no, porque es un aumento que solamente alcanza a una parte de los trabajadores del Garrahan. Como bien dijo la Junta Interna de ATE: el 90% de los trabajadores han quedado fuera de este aumento, que aparte no tiene los niveles que se reclamaban. Todo eso es completamente cierto y por eso este conflicto va a continuar: va a haber una marcha de antorchas, una asamblea y seguramente se voten nuevas medidas de acción.
Pero no deja de ser cierto también que es un pequeño recule del gobierno, y por lo tanto para los trabajadores esto es una conclusión muy importante, porque muchas veces lo que desalienta la lucha es pensar que al gobierno no se le puede quitar nada. Es difícil encarar un plan de acción, medidas sindicales o gremiales, si uno piensa que el gobierno no te va a dar nada, que va a hacer oídos sordos o te va a mandar la policía y te va a reprimir.
Pensemos un tema importante, el gobierno venía de sacar -como acá hemos denunciado- el decreto 340/2025 que prácticamente prohibía los paros en Argentina, lo hacía para el conjunto del movimiento obrero pero especialmente para lo que se llaman los sectores más sensibles, por ejemplo para la salud, en el cual se reclamaba un 75% de presentismo; prácticamente un no paro, porque en una medida de acción sindical si el 75% va a trabajar prácticamente no hay ningún paro. Y cuando se declara el paro en el Garrahan el gobierno no se anima a valerse de ese decreto para declararlo ilegal y tomar las medidas correspondientes, por ejemplo despedir a los trabajadores; si no que dicta una conciliación obligatoria, una medida administrativa que la Secretaría de Trabajo tiene dentro de sus instrumentos pero que es lo contrario a declarar un paro ilegal. Incluso más, cuando uno lee en la resolución que convoca a la conciliación obligatoria dice que no se van a tomar ningún tipo de represalias frente a los trabajadores.
Es decir, que no solamente es un recule en relación al salario de los residentes, sino que también hay un recule en relación a la aplicación del decreto 340.
Entonces, ¿cuál es la conclusión de fondo acá? Que al gobierno se lo puede derrotar. Los trabajadores del Garrahan lo hicieron porque se plantaron y están luchando. Obviamente no es un recule total, no es un triunfo total ni mucho menos, y la lucha va a continuar. Pero yo quiero llamar la atención sobre que cuando parecía que al gobierno no se lo podía derrotar y que después de las elecciones estaba más fuerte que nunca, no está sucediendo eso. Creo que tenemos que un gobierno que cuando se plantan sectores se lo puede derrotar.
Ahora bien, esta conclusión no abarca a la dirección de la CGT. También es importante marcar esto. ¿Por qué no abarca a la dirección de la CGT? Porque si uno escucha las declaraciones de Daer, de Acuña o incluso de los sectores sindicales que habitualmente se llaman a sí mismos combativos de parte del moyanismo o de la CTA, están en otra orientación, en el colaboracionismo con el gobierno, en los pactos con la clase capitalista que hace su propia ofensiva contra los trabajadores. Y están en un seguimiento a la interna peronista completamente descompuesta, que tiene como principales actores a Cristina Kirchner y a Kicillof, en la cual convive una especie de desmoralización por su incapacidad de presentar una alternativa frente a Milei.
Es decir que la burocracia sindical que dice "no hay condiciones para una lucha" (la famosa frase de Daer que todo el mundo se está burlando) cuando uno ve lo que pasa de Conicet, cuando uno ve lo que pasa con la discapacidad, lo que pasa en el Garrahan, en las universidades, descubre lo contrario: que las condiciones están. Solo que la burocracia sindical mira para otro lado, porque sus intereses de casta dictan otro tipo de política.
Entonces lo que viene en Argentina ahora tiene que ser una intensificación de la lucha de clases. La pelota está en el campo del movimiento obrero, es la única clase social que puede derrotar a este gobierno. No esperemos nada de los partidos opositores de la burguesía. Hemos visto por redes sociales a sectores que son combativos, progresistas, que están realmente en contra del gobierno de Milei, diciendo lo siguiente: "por favor, pónganse las pilas y armen un frente antifascista. Solo así podemos enfrentar este gobierno". Y la alusión claramente va dirigida a que haya un acuerdo entre el peronismo, la izquierda y los sectores populares para armar un gran frente contra Milei. ¿Qué demuestra la práctica? Que este frente no se da, por los intereses de clase que tienen el peronismo y otras facciones de la burguesía opositora. Pero los que sí puede pararle la chata a Milei son los trabajadores cuando se movilizan.
Entonces, no hay un frente único antifascista con la oposición burguesa, si no un frente de clase; que no es solamente la clase obrera, sino que obviamente abarca el conjunto de los sectores populares que se ven agredidos por la política de gobierno y en el cual la izquierda tiene que ser un amplio promotor. Para el Frente de Izquierda esto es una guía de acción. La mejor campaña electoral hoy del FITU es participar activamente de la lucha de clases, modificar la situación que existe en Argentina, poner a los trabajadores en la ofensiva, y eso cuando lleguen las elecciones también se va a verificar en el resultado electoral.
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En una muestra más del carácter reaccionario del gobierno de Javier Milei, se ha desatado una campaña de ataque y difamación contra Ian Moche, un niño con autismo de 12 años que se convirtió en una referencia del padecimiento de las personas discapacidad.
El presidente Javier Milei compartió en su cuenta de X un mensaje en el que untroll del mundo libertario sostiene que Paulino Rodrígues “llevó a un nene con autismo [a su programa en LN+] para que opere contra Milei”. El usuario anónimo añade: “Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner”. El gobierno y sus voceros lo tildaron de “kirchnerista” en un intento burdo y violento de deslegitimar su militancia y los reclamos del sector, que viene luchando hace meses contra el brutal ajuste oficial.
Después del tuit presidencial, la catarata de odio siguió, al extremo de que en cuentas vinculadas a militantes libertarios publicaron la foto de la casa de Ian y también la foto de la escuela a la que asiste. “Estamos viviendo un hostigamiento que parece irreal. Hoy Ian fue a la escuela, como siempre; la terapeuta nos pidió que tratemos de mantener la rutina, que evitemos mirar las redes sociales y la televisión. Es increíble que esto esté pasando. Hablamos con un abogado y vamos a pedir que el presidente dé de baja ese mensaje, no puede expresarse así ni exponer la imagen de un niño de esa forma. ¡Es un menor!”, dijo la madre.
Ian Moche ha hablado en marchas del colectivo de discapacidad, en la lucha por el aumento del nomenclador y en defensa de los salarios de los prestadores, ha defendido el cupo laboral para personas con discapacidad y ha puesto el cuerpo por el derecho de todas las personas con discapacidad a tener una vida digna.
El ataque de Milei es doblemente grave. Ataca el reclamo de un niños que expresa en carne propia el padecimiento del ajuste en discapacidad, y a la vez impugna que pueda tener actividad política. Como activista que se convirtió en una referencia de los reclamos de niños con autismo, Ian participa de reuniones y actividades con diferentes bloques políticos, incluido con LLA en Rosario. Y tiene todo el derecho de peticionar al Estado, sin que este responda con hostigamiento y persecución ideológica.
Este ataque forma parte de una ofensiva más amplia contra todos los trabajadores y los sectores más vulnerables. Milei ha desfinanciado programas de inclusión, recortado medicamentos, frenado pensiones por discapacidad, y desguazado el sistema de salud pública. Su gobierno le niega la asistencia a quienes más lo necesitan, y luego los criminaliza cuando salen a luchar. Ian representa lo que este gobierno quiere aplastar.
Desde Prensa Obrera, repudiamos enérgicamente la campaña de hostigamiento contra Ian y su familia. Defendemos el derecho de cada persona, sin importar su edad o condición, a organizarse, reclamar y luchar por defender los derechos que este gobierno vulnera sistemáticamente.
Ian no está solo, miles de trabajadores enfrentamos hoy a un gobierno ajustador, negacionista y autoritario: desde los trabajadores del Garrahan y el colectivo de discapacidad, hasta los trabajadores de Secco, la UOM, los choferes de colectivo y los trabajadores de Verónica. La chispa que prende en estos sectores puede encender la mecha de un gran movimiento de lucha obrera y popular contra el ajuste. Cada reclamo que surge fortalece la necesidad de un paro activo nacional y un plan de lucha que unifique todas las peleas.
Si Milei y sus trolls hostigan a un niño con autismo, hostiguemos al gobierno con una gran movilización popular mañana que cope el Congreso, en la cual van a confluir los sectores que están peleando por los reclamos de discapacidad, el Garrahan, la movilización de Ni Una Menos, los jubilados y todas las luchas populares.
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En los últimos días, y luego de la enorme movilización y paro que sostuvieron los trabajadores del Garrahan, el presidente Milei, el vocero presidencial Adorni y la viceministra de Salud, Loccisano lanzaron una campaña mediática para desprestigiar al equipo de salud del hospital, afirmando que en el hospital “hay más administrativos que médicos”. Una mentira flagrante, con un objetivo claro: enfrentar a trabajadores entre sí, instalar la idea de que sobran puestos y justificar despidos y congelamiento salarial.
Frente a estas provocaciones del gobierno, que intentan justificar el ajuste sobre la salud pública con mentiras, los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan salieron a contestar afirmando, en primer lugar, que los datos oficiales del propio hospital lo desmienten.
En declaraciones al programa El amor es más fuerte con Nancy Pazos, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, fue contundente: "el anuario del departamento de estadística del hospital, que tiene la firma de la dirección médica adjunta, desmiente categóricamente lo que ha dicho Adorni y la viceministra de salud. Dijeron que hay más de 900 administrativos. En el tramo administrativo del Garrahan hay 473 personas, es decir, prácticamente la mitad. ¿Cuál era el objetivo de estas declaraciones? Colocar la falsa idea de que en el Garrahan habría un predominio del personal que no cumple tareas asistenciales por sobre quienes están al frente de una tarea asistencial, que para el sentido común lógicamente es el corazón de la tarea hospitalaria".
Esta ofensiva oficial se da en medio de un conflicto creciente. Tras semanas de medidas de fuerza, la dirección del hospital emitió un comunicado este 1 de junio anunciando un incremento salarial “para elevar los ingresos en torno a $1.300.000 a partir del 1 de julio”, pero solo para los residentes. Lejos de cerrar el conflicto, esta decisión agrava la situación: excluye a más del 90% del personal que sostiene el Garrahan todos los días, desde profesionales de planta hasta técnicos, administrativos y personal de mantenimiento.
Ante ese escenario, la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan emitió un comunicado:
ATE GARRAHAN FRENTE AL COMUNICADO DEL HOSPITAL ANUNCIANDO UN AUMENTO PARA RESIDENTES
MÁS DEL 90% DEL PERSONAL DEL GARRAHAN AFUERA DEL ANUNCIO RETROCESO DEL GOBIERNO, PERO EL CONFLICTO SE PROFUNDIZA TODOS A LA ASAMBLEA DEL MARTES 3 A LAS 13 HORAS
Los trabajadores y trabajadoras del Garrahan nos reuniremos en asamblea general el próximo martes a las 13 horas para definir acciones de lucha ante esta gravísima situación, incluidos paros y movilizaciones. Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión.
El Hospital Garrahan emitió un comunicado anunciando un incremento a residentes de la institución “para elevar los ingresos en torno a $1.300.000 a partir del 1 de julio”.
El anuncio excluye a más del 90% de las personas que trabajamos en el hospital, de todas las profesiones y oficios, lo cual lejos de cerrar el conflicto, lo agrava.
Aunque la definición respecto a este incremento corresponde a la asamblea de residentes, porque el monto aún está lejos de su reclamo, es evidente que se trata de un retroceso por parte del gobierno. Hace muy poco, pretendieron ilegalizar por decreto las huelgas. Tan solo unos días después, una huelga indefinida los pone contra las cuerdas y deben anunciar concesiones.
El comunicado pretende descartar al resto de trabajadores y trabajadoras que somos imprescindibles para el funcionamiento del Garrahan.
La conciliación obligatoria, de hecho, fue aplicada respecto de los trabajadores de la planta y el gobierno ya la incumplió, porque no convocó ninguna audiencia de negociación y amenaza con persecución y despidos.
Ya refutamos categóricamente a la viceministra Loccisano, el vocero Adorni y hasta el presidente Milei, quienes mintieron respecto de la cantidad de trabajadores que cumplimos funciones en el hospital —por ejemplo, el doble de administrativos de los que hay realmente—. Pretenden desviar la atención sobre supuestos ñoquis, que si existieran serían de ellos, dado que controlan la gestión del hospital desde diciembre de 2023.
Los trabajadores y trabajadoras del Garrahan nos reuniremos en asamblea general el próximo martes a las 13 horas para definir acciones de lucha ante esta gravísima situación, incluidos paros y movilizaciones. Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión.
Lipcovich aclaró cuál es el objetivo del gobierno con este tipo de provocaciones: "El gobierno quiere dividir el reclamo para debilitar la lucha, presentando que en el hospital solo hay médicos. Si hubiera solo médicos, el hospital no funciona ni 5 minutos. Las tareas que hay que hacer para que un engranaje tan inmenso funcione son inmensas. En cada procedimiento hay una larga cadena de tareas que se acumulan. Un quirófano no puede funcionar si antes no está limpio, por darte un ejemplo."
Y agregó: "Lo que sucede en el hospital es que todos los trabajadores nos estamos uniendo en un mismo reclamo. Nos ha hermanado el vaciamiento salarial a niveles que una enfermera con 10 años de antigüedad gana 900 mil pesos, un administrativo gana menos que eso, un operario gana incluso menos que eso, y el punto más alto de la cadena, que son los especialistas médicos, tampoco llegan a cubrir el costo de una canasta familiar. Y dentro del personal médico hay mucha precarización salarial porque hay muchos que cumplen tareas asistenciales complejas y no llegan al millón de pesos. Es una situación de desangre del personal frente a un vaciamiento que realmente pone en jaque el funcionamiento del hospital como nunca antes".
Para cerrar, desarrolló cómo continuarán las medidas de fuerza: "El conflicto es uno solo pero tiene dos patas: por un lado están los residentes que fueron recibidos ayer por el Ministerio de Salud pero que acaban de anunciar que continuarán con las medidas dado que no hubo una respuesta concreta con respecto al salario. Y por otro lado está el personal de planta, que somos nosotros, que conformamos una asamblea general para confluir en el mismo reclamo porque tenemos la misma situación, y nos han decretado una conciliación pero sin que se concrete la obligación patronal de fijar una audiencia. Por lo tanto, el martes en la asamblea que vamos a tener, dado que no hay ninguna audiencia fija y no hay ninguna propuesta de recomposición salarial, es inevitable que las medidas se extiendan y que el conflicto escale, mucho más cuando el gobierno sale con estas provocaciones".
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En las últimas semanas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó en la mesa de condiciones de trabajo un PowerPoint (que además circula en las escuelas) con datos numéricos que le servirían para afirmar que la crisis educativa en torno a la “inclusión escolar” se puede resolver tan solo a través de la “Reorganización de Recursos y Estrategias”. Se aprestan intensamente a presentar una contrarreforma en la modalidad que comenzaría a implementarse en escuelas pilotos en el segundo cuatrimestre de 2025 y finalmente entraría en vigencia en 2026.
En aquella reunión y a través de su Power Point, el Ministerio de Educación de CABA tuvo que admitir que “el 97 por ciento de las escuelas de los niveles identifica presencia de estudiantes con desafíos para la regulación conductual y trastornos del desarrollo” cuyas datos habrían surgido de una encuesta virtual que realizó a fines de 2024 entre escuelas públicas y privadas de CABA. Es decir, su política de “inclusión Plena” fracasó.
Veamos entonces los demás números que informó y publicó el mismo ministerio para justificar su política de vaciamiento y ataque a la educación especial.
Números, mentiras y realidad de las Escuelas de Educación Especial
En su “diagnóstico” el ministerio distorsiona realidades. Así, dice que niñeces, infancias y juventudes matriculadas en Escuelas de la Modalidad son “4101 estudiantes”. Luego afirma: “Docentes de la modalidad de escalafones B y C (en donde incluye como tales a curriculares, maestros y gabinetes) son 3324”. Siendo así, dan a entender que tenemos 1,2 estudiantes por docente. Es así que justifican la necesidad de redistribuir recursos en lugar de crear cargos.
Pero ¿qué pasa?
Hay que tener en cuenta que los equipos interdisciplinarios (el ministerio los llama “gabinete” a la usanza del Modelo Médico), que serían “839 profesionales” (según informan sus placas), no intervienen en la práctica pedagógica y se dedican a cuestiones prácticamente técnico-administrativas hace ya muchos años (salvo casos muy excepcionales), con el pretexto de que la intervención sistemática de aquellos en dichas prácticas se corresponde con un supuesto “modelo médico”, como si ese carácter lo diera el título y no el enfoque del profesional. Esta orientación del ministerio de evitar que los profesionales tomen tareas directas y sistemáticas en el marco de las prácticas pedagógicas, vacía el rol de los equipos profesionales y es muy criticada en las escuelas especiales por la sobrecarga de trabajo que implica para la docencia.
Luego también hay que agregar (o, mejor, restar) a lxs “587 docentes curriculares” (según informe oficial), ya que estos circulan por los grupos conformados en forma paralela a los docentes y por lo tanto no se les puede adjudicar estudiantes de tiempo completo. Falta ahora agregar las ”512 Maped” y las “781 MAI” que tampoco trabajan en las escuelas de la modalidad sino que desempeñan sus funciones en las escuelas de los niveles. Quedan entonces, de aquellos 3.324 cargos docentes, 605 maestras al frente de 4.101 estudiantes de la modalidad lo que da un promedio de 6,7 estudiantes por docentes, si todo esto fuera lo único a descontar.
Sin embargo, la farsa va aún más a fondo. Sucede también que, por un lado, en su informe, el gobierno no detalla la cantidad de “auxiliares pedagógicas” cuya función también se vuelve cada vez más administrativa desde hace años, ni tampoco menciona a las maestras de apoyo a contraturno o maestras de juegoteca, tareas que llevan adelante las maestras de grupo trabajando con estudiantes que son matrícula de los niveles y no de especial, dentro de la escuela especial.
Por otro lado sucede que, dada la ausencia de cargos de bibliotecarix, profesor de danza, teatro, ciencias o tecnología, etc., que tienen las escuelas de los niveles pero Especial no, en ocasiones, maestras de grupo escolar son designadas en sus escuelas (a dedo, lo que también genera arbitrariedades) a realizar esas tareas, como si fuesen realmente curriculares, contribuyendo así con la tendencia ministerial a conformar grupos escolares cada vez más numerosos que al gobierno hoy le conviene desconocer y silenciar. Pues de lo contrario habría que escuchar a la docencia cuando exige la creación de esos cargos en las escuelas, en contra del Reglamento Escolar que no contempla la existencia de los mismos. Sin colocar números exactos entonces (dada la desidia con la que nos niegan esta información numérica exacta), pero que existen sin lugar a dudas, podríamos decir que hay aproximadamente 3 docentes asignadas a estos cargos o tareas (Aux Ped, biblioteca, tecnología, etc.), por lo menos, por escuela.
Sin ánimos de agotar pero sí de develar a fondo las mentiras del gobierno, hay que decir que todas ellas deben estar contenidas en los números de cargos docentes, que el gobierno anota en su informe vía PowerPoint, de manera silenciosa. Teniendo en cuenta que hablamos aproximadamente de 40 escuelas especiales en CABA, estaríamos hablando de 120 cargos para restarle al número de docentes que es confirmado como “al frente de grupos escolares” subrepticiamente, ya que aunque cumplen tareas muy importantes, no se les puede adjudicar grupos a cargo que disminuyan la totalidad de docentes por estudiante en los grupos escolares.
Con lo cual de aquellos que ya eran 605 descontamos ese total de 160 docentes menos para hacerse cargo de los grupos y tenemos la módica suma de 485 docentes para tomar 4101 estudiantes, quedan entonces 8,4 estudiantes por grupo, promedio. Ahí sí, estamos acercándonos a la realidad que se constituye progresivamente en todos los salones de las escuelas especiales (aunque ya ha sido ampliamente superado en muchos salones), aún más cuando la demanda de matrícula crece en un marco en el que niños jóvenes y adultos con discapacidades que ya no cuentan con obra social para acceder a centros terapéuticos o escuelas especiales privadas, como lo hacían antes, acuden a la escuela pública; a lo que se suma, la cantidad que tendrán que pasar ahora a la modalidad, dado el fracaso estrepitoso de la inclusión, que admiten cuando colocan como objetivo de la contra) reforma en sus placas: “celeridad en los cambios de modalidad”, luego de un 2024 que cerró las puertas de Especial.
En este sentido, queda destacar jerarquizadamente que niñeces, infancias y juventudes que transitan su escolaridad en la modalidad, presentan altísimos desafíos dadas las barreras en la comunicación, la participación y los intereses que imponen sus condiciones en interrelación con el dramático contexto social, familiar y escolar del que estamos hablando.
El gobierno se apoya entonces en esta falacia de una supuesta cantidad desmedida de docentes por estudiante para continuar vaciando la escuela especial y retirar progresiva y definitivamente a las maestras que se encuentran designadas en distintas funciones y a los equipos interdisciplinarios de las mismas para sumarlos a las tareas “técnico- pedagógica” y de “asesoramiento” en las escuelas de nivel en lo que sería una rotundamente falsa inclusión.
Claramente, la necesidad de que existan equipos interdisciplinarios en las escuelas de los niveles, es un reclamo que levanta hace muchos años la docencia y en ese sentido, la (contra) reforma implica un recule del gobierno luego de los reclamos realizados al respecto muy fuertemente en 2024, y antes también.
Sin embargo, como hemos visto más arriba, los recursos existentes y las modalidades de trabajo impuestas por el ministerio distan mucho de ser suficientes para atender las necesidades institucionales, pedagógicas y de fortalecimiento de las trayectorias. Pretender terminar de desmantelar los planteles de las escuelas especiales, en nombre de la “inclusión” será un retroceso en la educación de todas y todos lxs estudiantes.
Si estos recursos en la escuela especial no se aprovechan plenamente, es en buena medida por la orientación del mismo ministerio que deja solas a las docentes sin volcar enteramente a los equipos profesionales al trabajo directo con los estudiantes. Aunque hoy nos digan que pretenden que estos equipos intervengan en las “salas de la calma” para posar de “buen escucha” frente a la demanda, muy lejos estará de garantizar esto el gobierno de Jorge Macri, que es un vaciador serial de la Salud Mental en la Ciudad, cómplice del ataque al Colectivo de Discapacidad por parte del gobierno nacional y del vaciamiento de la Salud Mental que lleva adelante Javier Milei y que se expresa en las luchas del Bonaparte y del Garrahan, concretamente.
Así las cosas, las maestras muchas veces quedamos solas con ellos, sin los recursos pedagógicos necesarios, a lo que se agrega que no hay tiempos para repensar, reflexionar ni intercambiar con colegas, miembros del equipo interdisciplinario ni conducciones, dado que esos espacios se eliminan progresiva y sistemáticamente desde hace años. Es esta situación la que perjudica brutalmente la trayectoria, no solo escolar sino de vida, de las y los pibes y las condiciones de trabajo de las y los docentes. Como ejemplo, en las últimas semanas docentes de los Centes y también de distintas escuelas reclaman la defensa de sus espacios de ateneos o reuniones de equipo.
Hacer de las escuelas “lugares de PAZ” cómo dice la burocracia sindical de UTE que no pelea ni un cargo y milita, negociando con el gobierno, esa pseudo “Inclusión” de ajuste y precarización, no estaría siendo posible. Si algo sostiene a las escuelas y a les pibis, con todas sus dificultades, son las espaldas y la vida de las maestras.
Números, mentiras y realidades de “los proyectos de inclusión”
Volviendo a los 789 docentes que cumplen la función de MAI y lxs 512 Maped (informe del gobierno), que trabajan en los niveles, sumamos 1.293 docentes. Mientras tanto, informan (en sus placas) que en las escuelas de los niveles las trayectorias que cuentan con apoyo a la inclusión (es decir, con docentes que acuden allí desde las escuelas de la modalidad de especial), son 15.806 estudiantes (sumando los niveles que se informan en las placas del ministerio). Esa cuenta da 12,2 estudiantes por docente que la mayoría de las veces están en diferentes niveles, grados y escuelas cada uno. Y esto ya es un despropósito.
Lo que también venimos denunciando las MAI y las Maped en las escuelas, por la sobrecarga que implica, es que vamos de una escuela a la otra sin poder llevar adelante acompañamientos sistemáticos tan necesarios. Es con el objetivo de naturalizar este “como sí de la inclusión” (que el gobierno se jacta de no defender según indica en sus placas), cuando nos atribuye la función de “Fortalecer la gestión escolar con foco en Inclusión con Asesoramiento” a la docencia de los niveles, como si para cada estudiante hubiese un speech que se pueda difundir entre las maestras, en medio de los pasillos o entre clases (dada la falta de tiempos) incluso sin posibilidad para conocer realmente a lxs estudiantes y sus trayectorias.
Pero acerca del informe ministerial y sus números hay más: si el informe diferenciara que además las Maped que trabajan en las escuelas de nivel lo hacen con todos los estudiantes de la escuela, pasando por los grados o cursos, es decir, que no trabajan solo con “estudiantes con apoyo a la inclusión”, la cantidad de estudiantes por docente ya es un exabrupto.
Todo puede ser peor viniendo del Ministerio de Jorge Macri
En el mismo Powerpoint, el ministerio informa que la población con CUD en 2024 fue de casi 7.000 estudiantes. Pero también informa que las necesidades de apoyo superan ampliamente la cantidad de estudiantes con CUD en 2025, por eso contabiliza en “Proyectos de Inclusión” a 15.806 estudiantes afirmando luego que el reclamo más sentido en las escuelas es la “Celeridad en el diagnóstico y respuesta para el cambio de modalidad”. Esto nos debe llevar a pensar (y así se ve en las escuelas) que al menos el doble (quizá el triple) de los estudiantes que se abordan hoy, están requiriendo distintos tipos de acompañamientos.
Es decir, nos fuimos a un cálculo estimado (a la baja) de 30.000 estudiantes para 1293 docentes (MAI Y Maped). Ya serían 23 estudiantes con necesidades de “apoyo a la inclusión”, por docente. Todo un grado.
El plan del gobierno
La “Reorganización de Recursos y Estrategias” del ministerio de Jorge Macri, que avanza con la colaboración de la Celeste de (m)UTE, consiste no ya en crear cargos docentes, equipos interdisciplinarios, curriculares y mucho menos nuevos espacios educativos, ni en dejar de lado las tareas administrativas netamente burocráticas que impone a la docencia, si no tan solo en retirar de las Escuelas de la modalidad a la enorme mayoría del personal (maestras, equipos interdisciplinarios, acdm, etc.), para asignarles nuevamente, otras tareas.
Y aquí se vuelve muy importante tener en cuenta y explicar que las mismas también serán intrascendentes en el porvenir de las infancias y juventudes, en la medida que no se conforman con las perspectivas de alojar y favorecer la apropiación de la cultura, sino más bien, en sostener infinitas reuniones ministeriales que hagan el juego del “como sí” mientras se regimenta a nuestrxs pibas y pibes en los “salones de la calma”.
Bajo la orientación de estos gobiernos, todas esas medidas solo podrán contribuir con las perspectivas de la Inclusión Plena sin recursos que impacta y golpea especialmente en la escuela pública y a los pibes más vulnerables y sus condiciones de posibilidad, deteriorando al máximo y sin escalas la calidad educativa para todos y todas los estudiantes cuya única institución del Estado que los escucha y aloja es la escuela, más particularmente las maestras.
El desmantelamiento de la Educación Especial, su reducción a la mínima expresión y el énfasis que ponen en la fusión de escuelas solo va a golpear más profundamente a las pibas, a los pibes y a las condiciones de trabajo de quienes sostenemos lo que queda. En particular, por ejemplo, las salas de la calma implementadas en la perspectiva de la Educación Emocional (Anti-ESI), medida ampliamente rechazada por la docencia y que además anuncia negociados con los sectores privados (del modelo médico) cuando dice “articular con organismo externos”. Al mismo tiempo, para crearlas eliminan espacios pedagógicos existentes: aulas de música, de ciencias, de plástica, de apoyo, etc., que incluso ya han cerrado durante 2024 y lo que va de 2025 en muchas escuelas.
Una salida
A esta altura, si bien con muchas dificultades y trabas, la docencia se prepara para enfrentar este atropello. Lo reflejó la misma directora de Educación Especial del ministerio cuando en el marco de la Semana de Educación Especial de 2024 dijo: “Hay que acabar con la queja sostenida”.
Lo demostraron las compañeras y compañeros que luchamos contra la fusión de la Escuela Integral Interdisciplinaria N°3 y la Indira a finales del año pasado con diferentes iniciativas para extender el reclamo. Se observa fiel en cada escuela atravesada por mil debates contra la sobrecarga laboral y en defensa de los tiempos y espacios de nuestras infancias y juventudes. Se expresa en el acompañamiento y solidaridad de la docencia con la lucha del Garrahan, el Bonaparte y el Colectivo de Discapacidad.
Nos queda dar un paso más: organizarse y luchar de manera independiente junto a Ademys por todos nuestros reclamos.
Pongamos en pie un espacio de debate de Educación Especial en el próximo Encuentro Educativo votado por Ademys.
Vamos por elecciones de delegadas en cada escuela, campañas de fotos y videos, reuniones abiertas, asambleas, paro y movilización. Mientras levantamos nuestro propio pliego de reivindicaciones:
Basta de tareas administrativas y burocráticas en las escuelas.
Sostenimiento y ampliación de los equipos interdisciplinarios en las Escuelas de Educación Especial con inserción real en las trayectorias.
Creación del cargo de Maestra de Apoyo a la Inclusión. Basta de precarizar nuestro trabajo.
Seguimiento de las trayectorias acorde a las necesidades de lxs estudiantes y las escuelas, no del ministerio.
Creación de cargos de bibliotecarixs, curriculares y/o de Actividades Prácticas en las escuelas especiales.
Rearmado y cumplimiento sostenido de las reuniones de equipos, ateneos, espacios de formación.
Basta de Emis regimentadas por el ministerio, conversión de las mismas en espacios de intercambio sobre las problemáticas reales que atravesamos.
Vinculación real entre familias y maestras. Basta de imponernos barreras para llegar a las familias. Familia y maestras somos equipo.
Espacios de formación y capacitación con temarios que respondan a las problemáticas reales. Basta de formación moral y/o ajena a las necesidades de la docencia y lxs estudiantes.
Equipos interdisciplinarios en las escuelas de nivel.
Pase a Planta Permanente de los APND.
Creación de escuelas de todos los niveles.
No al vaciamiento de la Educación Especial. No al vaciamiento de la educación.
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encontrarás todos los días la cobertura de las grandes luchas del movimiento obrero, la mujer y la juventud, y el análisis de los principales hechos políticos nacionales e internacionales desde una mirada socialista.
La caída del Nuevo MAS -ArteInsurrección en la UNA Audiovisuales- fue descomunal: la semana pasada concluyeron las elecciones a consejos (perdiendo abultadamente 58% a 29%) y al centro de estudiantes (más acotadamente, 46% a 43%), dejando paso al Fulf, un frente compuesto por agrupaciones peronistas ligadas a las autoridades. En esta nota no queremos sólo discutir sobre las elecciones y la derrota del MAS, sino sobre cómo fue la profundización a lo largo de tres años de una política con métodos expulsivos, de violencia con el resto de las agrupaciones y sin delimitación clara con las autoridades, la que nos llevó a este cuadro.
Autoconstrucción y métodos burocráticos
El MAS gana el Ceaa en 2022 luego de la desaparición de La Raymundo, una agrupación autonomista que se funde junto al centro. Ya desde ese momento comienzan los roces con una parte del estudiantado que, tal como en Filo, va a rechazar sus métodos de hostigamiento y la prioridad de autoconstrucción de su aparato a costa de la puesta en pie del movimiento.
En términos políticos, su rol como conducción del centro profundizó este sentido de autoconstrucción. Solamente convocaron cuatro comisiones directivas en tres años de conducción, algunas asambleas muy espaciadas en el tiempo, no armaron ninguna comisión (ni siquiera de género) y mantuvieron un diálogo distante y agresivo con el resto de la izquierda, al cual nos referiremos más adelante. Esto se terminó de verificar con el alza del movimiento estudiantil en 2024, que en defensa de la educación pública tomó más de cien facultades. Si bien Audio no fue la excepción, las tendencias a censurar mociones, cortar el micrófono y el intento de sustituir la ausencia de estudiantes genuinos con su aparato le costaron caras al MAS: una asamblea con casi 300 personas donde ya se había votado la toma concluyó repentinamente cuando militantes y responsables del MAS, para detener la asamblea, se abalanzaron sobre estudiantes independientes que pedían que se voten todas las mociones.
Este modus operandi no sólo se vio en Audio sino por ejemplo en Filo en varias asambleas, incluyendo una masiva de la cual se retiraron a los gritos con estudiantes independientes por… una discusión sobre un mural. También en la asamblea interuniversitaria en Plaza de Mayo, la cual decidieron romper unilateralmente. Todos estos hechos no pasaron desapercibidos en el movimiento estudiantil, en donde fue tomando forma una tendencia anti MAS.
Delimitación política
Su caída no sólo se debe a una tendencia negativa contra sus métodos, sino al avance y reforzamiento de las autoridades en el último tiempo. Este reforzamiento se debe en primer lugar a la lucha universitaria del año pasado, en donde las gestiones y sus agrupaciones estudiantiles intervinieron presentándose como defensoras de la universidad frente al ataque del gobierno. Esa posición la utilizaron luego para clausurar la lucha, en el caso de la UNA ni siquiera con un aumento de gastos de funcionamiento. Esto lo vemos en el retroceso de las condiciones de cursada (ratas y goteras en Salguero), en que una parte de la franja horaria se dedica a cursos pagos y en la amenaza de la puesta de cupos.
En Audiovisuales, esto tuvo un impulso extra con la política del MAS, no solo por sus métodos, lo que le permitió al Fulf crecer en rechazo a eso, posicionándose como la pata estudiantil de la gestión dentro de los consejos -los cuales desde que están compuestos por estas dos fuerzas se volvieron completamente cerrados a les estudiantes.
El MAS no ha llevado a cabo una delimitación sistemática de las autoridades, explicando su rol fundamental en la degradación de nuestra cursada y la necesidad de organizarse de manera independiente y masiva para lograr las reivindicaciones. Todo se trataba de reforzar a su agrupación, la cual “conquistaba” el apoyo de los consejeros de la gestión para aprobar proyectos, que no pasaban de ser papel mojado, ya que como no hay presupuesto y las autoridades avanzan con la privatización, y luego el Centro no llamaba ni a una asamblea para movilizar a les estudiantes, no se aplicaban, como pasó con la Proyectual de Dirección de Arte o las materias intensivas de verano. Esta falta de delimitación en cuestiones clave los llevó a movilizar junto a las autoridades en una de las marchas universitarias, en vez de encolumnar junto al Ceavi y el Cedam para visibilizar un polo de independencia política. En otra ocasión rechazaron movilizar junto a las autoridades… para llevar al Ceaa a la columna de su partido.
Tampoco han explicado el rol del Fulf como una agrupación que busca contener las luchas y embellecer a las autoridades ajustadoras. Este agrupamiento ha boicoteado iniciativas de lucha, y siempre intentó que Audiovisuales se organice detrás de su decano. El MAS, lejos de clarificar de cara a les estudiantes, contribuía a una confusión respecto del problema. En vez de dar la lucha política, defendía su autoconstrucción: las denuncias estaban concentradas en que el Fulf “ataca a la conducción del centro más luchador de la UNA”, o incluso directamente denunciando ridiculeces tales como “ataques fascistas” a que le arranquen carteles o que en un baño haya una pintada contra ellos.
Lógicamente una conducción que no llamaba a asambleas, o que llegó a movilizar con las autoridades, y que nunca estaría dispuesta a aceptar un error, tiene serios límites para entender y explicar el problema de la independencia política, y contraponer los suyos a los métodos de las agrupaciones pro gestión. Por ejemplo, la paralelización del centro de estudiantes que intentó el Fulf y a la que se sumó el PTS tuvo como base la paralización del mismo por parte del MAS.
El hecho de que en la facultad más golpeada presupuestariamente de la UNA, con ratas en los edificios, con una franja horaria entera entregada a los posgrados, y sin siquiera materiales y equipos para una cursada que es carísima, haya crecido en tan poco tiempo agrupaciones pro gestión, tiene que ser explicado a la luz de este derrotero político de parte de la agrupación que dirigió durante tres años el centro de estudiantes.
Todo esto contrasta con la actividad del Ceavi y el Cedam, centros de estudiantes que han siempre dado una lucha por organizar a les estudiantes en defensa de la UNA y también por reivindicaciones clave como la Ley de Danza y la formación del sindicatos de trabajadores de la danza; y lo han hecho sobre la base de una tajante y sistemática delimitación respecto a las autoridades. Esto ha permitido, incluso en estas duras elecciones, revalidar las conducciones y defender centros de estudiantes que serán la punta de lanza para la reactivación de la lucha en defensa de la UNA.
La transición del centro y los desafíos en audiovisuales
La salida del NMAS no fue en términos pacíficos, como último manotazo de ahogado se dedicaron a montar un escándalo mayúsculo interrumpiendo las clases y agrediendo física y verbalmente a estudiantes, docentes y no docentes, con el objetivo de intentar montar una campaña de victimización frente al rechazo de los estudiantes. Esto no hace más que llevar agua al molino del Fulf y las autoridades, despolitizando al estudiantado y proponiéndole discutir las piñas y los carteles en vez de cómo enfrentar el ajuste y los cupos.
Hay que decirlo, hoy en Audiovisuales tenemos una tarea fundamental, una tarea que vamos a tomar en nuestras manos y que vamos a llevar a fondo: organizar la oposición al Fulf, que, cóomo mayoría en el consejo y conducción en el centro, será el garante de que pase el ajuste. Esto se debe a su dependencia política de las autoridades. Por ejemplo, cuando el decano peronista avance en poner cupos o con los posgrados pagos, o cuando la rectora acuerde un presupuesto de miseria, el Fulf va a tener las manos atadas para posicionarse en contra e incluso van a apoyarles como ya han hecho en el consejo con otros temas.
Nuestra campaña contra la implementación de los cupos de las autoridades denunció su complicidad en este sentido y nos dejó una base sólida para continuar esa delimitación. Nosotrxs queremos ocupar el lugar de la izquierda, que como en Visuales y en Movimiento denuncie en cada momento la complicidad de las autoridades con el ajuste de Milei, no para debilitar sino para reforzar políticamente la lucha contra ese mismo gobierno, y que sean les estudiantes y docentes quienes la dirijan hacia su triunfo.
Continuando la perspectiva de nuestra corriente, la UJS, nos ponemos al servicio de la lucha contra el ajuste de las autoridades en audio, por el cine nacional y la educación pública. Solo así defenderemos nuestra universidad.
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En las últimas semanas, el ajuste feroz del gobierno nacional sobre el sector de discapacidad alcanzó un punto de quiebre. Terapias interrumpidas, prestaciones cortadas y profesionales que no cobran desde marzo son la consecuencia del brutal ajuste fiscal que aplica el gobierno sobre el sector y que deja a miles de personas con discapacidad y a sus familias a la deriva.
Jimena, mamá de un nene con autismo, lo dijo con la angustia de quien pelea cada día para que su hijo pueda simplemente ir a la escuela:
"Él necesita terapias porque sino no se puede escolarizar. Si no los apoyamos a los prestadores para que cobren, mis hijos se quedan sin tratamiento. Ahora se lo cortaron porque las chicas no cobran, y ellas son las que atienden a nuestros hijos con mucho amor, pero no viven del amor. Estoy angustiada, con bronca, porque parece que están pidiendo algo que es irreal, cuando no cobran desde marzo o abril. Sin el apoyo de los prestadores no somos nada, estamos exigiendo lo que les corresponde".
Tiziano, un niño entrevistado por C5N durante la marcha por la discapacidad, denunció el no pago a los prestadores y afirmó: "Tengo autismo, si no les pagan a mis terapeutas no voy a poder venir más".
“Tengo autismo, si no les pagan a mis terapeutas no voy a poder venir mas”
Mientras Milei repite que “no hay plata” y beneficia a sus amigos, los funcionarios de su gobierno desprecian abiertamente a las familias. Una mamá, entrevistada en el programa Gelatina, denunció una frase brutal de la funcionaria Spagnuolo:
“Spagnuolo me dijo que si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado.” Una afirmación cargada de crueldad que intenta absolver al Estado de la responsabilidad de garantizar asistencia, trabajo y tratamiento a las personas que lo necesitan.
Ian Moche, activista con discapacidad reconocido por su lucha, también se pronunció frente al al brutal ajuste y el desprecio oficial:
"A nosotros nos costó mucho poder conquistar los derechos adquiridos y Spagnuolo nos hace un cuestionamiento: '¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?' '¿Por qué yo tengo que pagar estacionamiento y ustedes no?' Y mi respuesta fue: ¿cuántas veces vas vos a hacer una terapia?"
También denunció múltiples auditorías vejatorias, donde se obliga a personas con discapacidad motriz a pararse frente a funcionarios para “verificar” si realmente no pueden hacerlo. Una escena de humillación.
Frente a este panorama, crece la organización desde abajo. Familias, profesionales y personas con discapacidad están saliendo a la calle, visibilizando la desesperante situación de del sector, que el gobierno quiere esconder y luchando por preservar los derechos adquiridos. Exigimos que se completen los pagos atrasados, el fin de la precarización aboral de los prestadores y un aumento del nomenclador —la tabla oficial que define los valores que se pagan por cada prestación— el cual está congelado y desactualizado, lo que implica que los montos que se abonan no alcanzan para cubrir ni siquiera los costos mínimos de funcionamiento.
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El ataque al salario docente es el núcleo de la guerra de Milei contra la educación pública. La respuesta de los más de 20.000 docentes autoconvocados que ganaron las calles en Catamarca contra el decretazo anti-educativo del gobernador Jalil, el favorito de Milei, es el ejemplo a seguir en todo el país por docentes, estudiantes, no-docentes y trabajadores de la educación en general.
Surge una pregunta importante: ¿la rebelión docente de Catamarca quedará confinada a esa provincia o es el anticipo de lo que se viene en el país? Desde ya, hacer futurología no es correcto, pero podemos dar certeza de que la tarea es luchar para que ocurra la segunda opción. Existen elementos de donde agarrarnos para dar esa pelea: la semana pasada el mundo universitario estuvo sumamente convulsionado. En la UBA el sindicato AGD convocó a paro lunes, martes y viernes, este último en función de coincidir con el paro y la masiva movilización no-docente convocada por Fatun. La ConaduH convocó a parar lunes y martes en todas las universidades nacionales. En universidades del conurbano, como la UNSAM y la UNGS, se realizaron clases públicas y/o ruidazos. Este miércoles, aunque acotada al “aparato”, hubo una concentración frente al Congreso nacional convocada por los sindicatos y federaciones docentes y no-docentes, la FUA, la Fuba y un abanico de centro de estudiantes. Algunos pocos sindicatos docentes pertenecientes a la Conadu pararon, aunque dicha federación no convoco a parar. El jueves hubo una concentración masiva en defensa del polo científico y más tarde una imponente movilización del Garrahan contra el vaciamiento de Milei. El Garrahan y la UBA están fuertemente conectados, tal es así que decenas de estudiantes, sobre todo de las facultades de Medicina, Psicología y Farmacia y Bioquímica, se movilizaron fuertemente.
Estas acciones dan cuenta que en las universidades crece la preocupación, la bronca y las ganas de organizar la pelea. Ocurre algo muy simple: sin docentes la universidad no puede funcionar, y sin salario los docentes no pueden dar clases.
El estado de efervescencia en la cuestión educativa abarca a la poderosísima y combativa docencia bonaerense, que se rebeló contra la paritaria de hambre de Kicillof-Baradel y protagonizó un parazo con un acatamiento del 95% en las escuelas. Es importante destacar cómo los gobernadores, aún con sus diferencias palpables entre sí y respecto a la relación que cada uno tiene con Milei, promueven un ajuste en la educación publica que tiene como blanco el salario docente y el presupuesto de infraestructura (en un contexto donde la mayoría de los establecimientos educativos se encuentran en un estado calamitoso).
¿Se viene o no se viene la 3era marcha educativa nacional?
Producto de la presión y el malestar que crecen por abajo en cada universidad y facultad, el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) de rectores, en conjunto con los sindicatos docentes y no docentes, y las federaciones estudiantiles burocráticas, anunciaron la convocatoria a una marcha federal educativa para la semana del 23 de junio. La posibilidad de que esa jornada, aun difusa, se concrete, sea exitosa y abra un curso de acción directa y sostenida con la perspectiva de una verdadera huelga general educativa para quebrar la motosierra de Milei-Caputo y el FMI, depende sobre todas las cosas de la capacidad del activismo independiente y de la izquierda de tomarla en sus manos y organizarla en cada lugar de estudio.
Nada podemos esperar de los rectores del CIN, quienes el año pasado fueron los grandes responsables de congelar la lucha luego del veto de Milei y del proceso de ocupaciones de universidades y facultades que se desarrollaron en todo el país, y que, además, acaban de pactar con Capital Humano una contrarreforma universitaria cuyo eje es la privatización y la mercantilización universitaria. Lo mismo vale para los centros y federaciones de estudiantes que, conducidos por radicales o peronistas, actúan sistemáticamente para desorganizar o contener los procesos de lucha. La Fuba y la FUA, ambas conducidas por el radicalismo de Yacobitti, sacan las banderas solo para la foto. El peronismo actúa en la misma sintonía: los centros que dirige La Cámpora en la UBA mantienen una profunda pasividad frente al ajuste, los espacios de organización brillan por su ausencia. Pasa también en el conurbano, como en la Untref, donde la organización de Máximo Kirchner destruyó por completo el centro de estudiantes y lo tiene únicamente como un sello de goma, o en la UNGS donde el centro dirigido por la agrupación del Intendente “Leo” Nardini, aliado a Kirchner, directamente tomó el centro por asalto y se autoextendió el mandato hasta el año que viene, en una asamblea trucha donde solo accedieron militantes del PJ malvinense, lo cual suscitó una potente respuesta de los estudiantes en defensa de la democracia estudiantil.
Organicemos la movilización
El impulso y organización de la tercera marcha educativa nacional tiene que ser la principal preocupación de todo el activismo estudiantil universitario, terciario y secundario. Una verdadera rebelión educativa nacional contra la motosierra de Milei y el ajuste de los gobernadores puede convertirse en un duro golpe al régimen anti-obrero y represivo del gobierno nacional, y además colaborar en abrir un torrente de luchas populares, las cuales se vienen desarrollando dentro del movimiento obrero cada vez de forma más creciente.
Vamos a cada lugar de estudio a organizar esta pelea. Impulsemos pasadas por cursos, petitorios para organizar las reivindicaciones precisas de cada casa de estudios, reuniones abiertas, asambleas interclaustros convocadas por los sindicatos o autoconvocadas desde las bases. Preparemos la jornada de la semana del 23J con acciones locales: ruidazos, semaforazos, movilizaciones a los centros neurálgicos de cada lugar, festivales y acciones culturales que visibilicen el conflicto, etc.
Milei no es ningún emperador ni ha establecido una nueva “hegemonía”. Es un gobierno cuyo esquema económico está repleto de contradicciones. Esta en pie porque, por un lado, el establishment y el FMI lo han rescatado para que la economía no salte por los aires; por otro lado porque la oposición, incluyendo desde los radicales “democráticos” de Lousteau hasta el kirchnerismo, lo han salvado en el Congreso más de una vez, y el peronismo a través de la CGT cumple un rol de gobernabilidad escandaloso a costa de entregar los derechos de los trabajadores.
Podemos derrotar el ajuste del gobierno si desde abajo, junto a los trabajadores que la vienen peleando, abrimos un curso de lucha y movilización contra la motosierra. El cuadro político muestra que hay reservas de lucha.
En honor a un nuevo aniversario del Cordobazo, hagamos carne la unidad obrero-estudiantil para que Milei, los gobernadores y el FMI sientan el verdadero “cagazo”.
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Después de una masiva asamblea de trabajadores de la salud que había votado un paro total en el hospital Garrahan, el gobierno dictó la conciliación obligatoria. Pero se sostuvo la gran movilización convocada para las 13 horas, en la cual confluyó además la movilización por discapacidad que se encontraba congregada en Congreso, y mostró que continúa la disposición a la lucha. Además una enorme asamblea votó continuar con la pelea por salarios y contra el desmantelamiento y vaciamiento que aplica el gobierno sobre el hospital.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan afirmó: "El gobierno planteó la conciliación obligatoria para intentar desarmar y desorganizar la lucha, pero la asamblea masiva votó que va a continuar la lucha y que exigimos que la negociación que se plantea en esa resolución sea implementada en forma inmediata con representantes electos por la asamblea y, si no hay respuestas claras, el martes en una asamblea general vamos a votar medidas de fuerza".
#AHORA Las y los trabajadores del Hospital Garrahan votaron en la asamblea sostener la movilización convocada hacía el Ministerio de Salud. La asamblea resolvió aceptar la Conciliación Obligatoria "con nuestras condiciones: la convocatoria inmediata de una audiencia con lugar y… https://t.co/3Cik1r5Mcopic.twitter.com/WKvxKEA7HT
Durante la movilización, los trabajadores de la salud denunciaron el brutal ataque que hoy sufre el hospital por parte del gobierno nacional. Gerardo "Pino" Oroz, delegado de la Junta Interna de ATE Garrahan, sostuvo: "Estamos participando de esta importante movilización convocada al Ministerio de Salud. Una vez más el gobierno no da respuesta al reclamo que sostenemos los trabajadores de salud, el impulso de reducir los salarios esta impactado directamente en la posibilidad de atención porque muchos profesionales se van y no son reemplazados".
Joaquín, residente del Hospital Garrahan, contó cuál es la situación que hoy mantiene a los residentes en paro por tiempo indeterminado: "Un residente del Garrahan trabaja entre 60 y 70 horas semanales, con 6 guardias mensuales de 24 horas cobrando a fin de mes un sueldo de aproximadamente $790/800 mil pesos, eso te da un calculo aproximado de entre $2800 a $3500 la hora, que no es lo que sale ni un paquete de yerba".
"Un residente del Garrahan trabaja entre 60 y 70 horas semanales, con 6 guardias mensuales de 24h cobrando a fin de mes un sueldo de aproximadamente $790/800mil, eso te da un calculo aproximado de entre $2800 a $3500 la hora, que no es lo que sale ni un paquete de yerba" Joaquín,… https://t.co/ts2RchzaEZpic.twitter.com/IaW8ngKAuQ
Carlos, el famoso jubilado hincha de Chacarita que lucha cada miércoles en el Congreso junto a las organizaciones de jubilados por la recomposición de los haberes previsionales, se hizo presente en la movilización para acompañar la lucha de los residentes: "Me siento en la obligación de apoyar a estos chicos que son los que atienden a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras niñeces y son los primeros que están con los chicos, así que para mi es una obligación venir junto a ellos y a parte el Garrahan a mi me dio mucho, la universidad, la UBA me dio a mi hija como licenciada en enfermería".
"Me siento en la obligación de apoyar a estos chicos que son los que atienden a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras niñeces y son los primeros que están con los chicos, así que para mi es una obligación venir junto a ellos y a parte el Garrahan a mi me dio mucho, la… https://t.co/TIxRSSwA8ppic.twitter.com/6EKc59ZMPI
También acompañaron la movilización dirigentes del Partido Obrero, como Néstor Pitrola, Vanina Biasi y Gabriel Solano, quienes llevaron su solidaridad a la lucha y pusieron a disposición las bancas del Frente de Izquierda en la Legislatura porteña y en el Congreso Nacional.
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Un equipo de profesionales convocado por la multinacional Danone (empresa que fabrica fundamentalmente productos lácteos) alertó sobre el bajo consumo de lácteos, carnes y legumbres en Argentina, asociándolo al auge de dietas vegetarianas, veganas o sin gluten que –según ellos– los padres le "imponen" a sus hijos. Ocultan que detrás de la caída en la ingesta de nutrientes esenciales está la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadores, cuando más de la mitad de la niñez en Argentina vive bajo la línea de pobreza.
Danone reconoce que existen problemas de malnutrición infantil y una dieta basada en harinas refinadas, galletitas, bebidas azucaradas y postres industriales, con escaso consumo de carnes, frutas, verduras y legumbres. Las cifras son alarmantes. Según el relevamiento de Profeni y la Encuesta Alimentaria Nutricional de CABA, el 70% de los niños no consume el calcio necesario y el 95% no llega a cubrir la ingesta mínima de vitamina D. Pero la principal carencia no es el calcio, sino el hierro: la anemia ferropénica afecta hasta al 60% de las infancias en algunas regiones del país, con consecuencias directas sobre su desarrollo físico y cognitivo. Esto se agrava con el desplome del consumo de carne vacuna, que en 2024 alcanzó su nivel más bajo en casi tres décadas producto de la caída estrepitosa del poder adquisitivo, lo que al mismo tiempo impide suplir los nutrientes con otros alimentos.
Esto tiene como telón de fondo, por un lado el ajuste brutal sobre los ingresos populares que impide acceder a una alimentación de calidad, considerando que las harinas son mucho más baratas, por ejemplo, que un pedazo de carne o que un paquete de galletitas probablemente rinde mucho más que una manzana.
Pero a esto se suma el hecho de que los padres tienen que trabajar cada vez más solamente para sostener el nivel de vida, por lo que el tiempo para elaborar una comida es significativamente menor y los productos industriales "resuelven" una comida muchas veces con la apertura de un paquete. Esto significa que la sobreexplotación a la que se ven sometidos los laburantes también afecta la calidad de la alimentación de los niños.
El informe también señala que la alimentación infantil no médica sin gluten no es una tendencia significativa, y que incluso puede cubrirse sin mayores problemas si se consumen otros cereales. Pero lo que Danone esconde es que en realidad lo que sí manifiesta una tendencia es el crecimiento de población celíaca. Esto muchos profesionales se lo atribuye al abaratamiento del costo de producción de los alimentos por parte de las patronales agrarias, lo que tiene como correlato alimentos de menor calidad y llenos de compuestos tóxicos para el organismo. En la práctica, los alimentos sin TACC duplican su costo y son inaccesibles para muchas familias con hijos celíacos. Lo mismo ocurre con los niños con intolerancia a la lactosa, cuyas fuentes alternativas de calcio –como almendras o bebidas vegetales fortificadas– tienen precios prohibitivos.
Mientras tanto, las estadísticas de Unicef y la FIC revelan que más del 35% de las calorías que consumen niños y adolescentes provienen de productos ultraprocesados y azucarados. No es una elección: es lo que permite comprar la AUH, las changas y los sueldos pulverizados por la inflación.
La desnutrición infantil es una consecuencia directa del hambre generalizado que deja el plan motosierra de Milei y el Fondo Monetario. Que una empresa como Danone intente convertir esta catástrofe social en una oportunidad de marketing, responsabilizando a las familias por lo que es absoluta responsabilidad del Estado, es una muestra más del cinismo capitalista. Mientras los pulpos alimentarios como Danone hacen lobby para defender su rentabilidad, cae estrepitosamente la calidad de la alimentación de las infancias.
Mientras los pibes no comen, las patronales agrarias gozan de exenciones impositivas, retenciones casi nulas, dólar preferencial y subsidios, concentrando riquezas a costa del empobrecimiento de las mayorías. De hecho, en el caso de la leche, el consumo interno se desplomó 9,1% el año pasado al compás de la licuadora de salarios y jubilaciones, mientras que las exportaciones crecieron 7%.
Para conquistar una alimentación digna, variada y accesible para todas las infancias es un plan de lucha unificado contra el hambre y el ajuste, y por salarios dignos. Esto es fundamental en un contexto donde los jubilados luchan por la recomposición de los haberes previsionales y donde se están librando luchas salariales importantes para quebrar el techo paritario impuesto por el gobierno.
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La mañana de este jueves 29 de mayo, trabajadores que atienden a personas con discapacidad y familiares de estos últimos se concentraron en el Congreso para denunciar el brutal ajuste que el gobierno de Milei continúa profundizando en el sector. La acción se lleva adelante además en el marco de un paro nacional de todo el sector.
La protesta visibilizó una situación desesperante: profesionales que no cobran hace meses o reciben salarios de miseria, precarización laboral, y prestaciones licuadas y recortadas que no alcanzan para sostener ni siquiera los requerimientos mínimos.
"Muy masiva la concentración de los trabajadores que atienden a personas con discapacidad, de las propias personas con discapacidad y sus familias, que están acá reclamando frente a un gobierno que ha decidido aplicar la motosierra contra ellos. Las denuncias son brutales,… https://t.co/uPf2CQZE0Dpic.twitter.com/xLUToTo4RF
"El ninguneo es total, no esperaban la bronca de quienes sostenemos la atención en los barrios y en los pueblos. Somos de Tres Arroyos, de Reta. La hija de mi compañera está desescolarizada, las infancias con discapacidad no están recibiendo ni siquiera el transporte escolar para ir a las escuelas especiales", afirmaron.
"Reclamamos el aumento del Nomenclador Nacional, que es el pago para los prestadores, sin el cual no podemos sobrevivir; exigimos el fin de la tercerización, de la precarización laboral, y un aumento urgente de las pensiones, porque hoy con eso no se puede ni comer", sostuvo Demian, estudiante de psicología UBA.
"Hoy es la jornada más masiva que hay cortando la zona de Congreso y diciendo: basta. Al gobierno le decimos, las personas con discapacidad, los prestadores, los trabajadores del Hospital Garrahan, los trabajadores de este país, están diciendo basta"@vaninabiasi diputada… https://t.co/PSVD0rV4zPpic.twitter.com/Cogcgpfs0o
La acción además se da en el marco de una nueva acción convocada por los trabajadores del Hospital Garrahan, que en una asamblea masiva votaron parar y movilizar al Ministerio de Salud para reclamar presupuesto, salarios y condiciones dignas. La salud y la discapacidad están siendo arrasadas por un ajuste criminal, es fundamental hermanar estas luchas para quebrar el plan de guerra oficial.
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Una asamblea masiva de trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan marcó un salto en lucha que sostienen desde hace meses contra el vaciamiento que esgrime el gobierno mediante la asfixia presupuestaria y salarial. Votaron un paro total para el jueves 29 y marchar al Ministerio de Salud junto a la jornada de residentes.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, desarrolló durante una entrevista en IP, el cuadro de situación crítico que atraviesa hoy el Hospital Garrahan y las condiciones paupérrimas en las que se encuentran sus trabajadores: "El Garrahan está llegando a un límite que puede no tener retorno. Es el principal hospital pediátrico de nuestro país y lo cierto es que se está produciendo un vaciamiento que no es solo por el recorte presupuestario, considerando que está congelado el presupuesto de 2023, sino que el congelamiento de los salarios ha empujado a muchísimos trabajadores y trabajadoras a retirarse del hospital. Muchos son profesionales altamente calificados de diversas disciplinas que son el corazón del hospital: enfermeras, médicos, trabajadores sociales, es decir un montón de profesiones que no se pueden reemplazar de un día para otro. Como si esto fuera poco, el gobierno no tiene ninguna intención de reemplazar a nadie porque los ingresos de personal están cerrados. Entonces tenemos personal que se va, personal que no entra y los residentes que están de paro por tiempo indefinido porque sus salarios no llegan a los 800 mil pesos".
Gerardo Oroz, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE Garrahan: "Un trabajador profesional del Garrahan tienen una formación en la universidad pública, ese profesional realiza una residencia dentro del hospital, por eso los compañeros residentes hoy están parando, luego adquieren experiencia y se especializa en determinadas tareas. Ese personal es irremplazable y atiende en general a todas aquellas personas que no pueden acceder a este tipo de atención médica en otro lugar por falta de recursos. Ese profesional se va, ese profesional no se reemplaza. Yo soy trabajador de farmacia, de mi sector ya se fueron 7 farmacéuticos a trabajar a privados".
Masiva asamblea en el Garrahan resuelve un paro DE TODO EL PERSONAL para el próximo jueves y sumarse a la movilización hacia el Ministerio de Salud de residentes. Es una pelea a todo o nada porque el gobierno quiere liquidar al principal hospital pediátrico del país pic.twitter.com/gOVtmkDXBx
Y agregó: "El plan del gobierno es la destrucción de la salud pública. Lugones es un tipo que está completamente vinculado al negocio de la salud privada. Este personaje es directamente una declaración de principios del gobierno, que no solo ningunea al hospital, ningunea las posibilidades de atención, es el caso del Bonaparte un hospital que han destruido. Luego del 2020 las patologías de salud mental han crecido y ellos se han encargado de casi cerrar el hospital y con el Garrahan quieren hacer lo mismo. La Ciudad de Buenos Aires ha acompañado esta política de ajuste del gobierno nacional contra el hospital".
También hizo hincapié en que nadie del gobierno los recibió, solamente fueron atendidos alguna vez por una oficina administrativa: "Las pocas reuniones que nos dieron nos hablan de 'los niveles de producción del hospital', como si el hospital fuese una fábrica de tuercas, estamos hablando de niños que tienen patologías específicas, que necesitan tratamientos específicos, medicación específica y por lo tanto es ridículo".
"Esta es otra fase de un plan de privatización de la salud, que es el arancelamiento. Lo que se pueda cobrar se cobrará, lo que ya es una carga y no es un negocio para nadie se cerrará. Ahí está la discusión del Bonaparte, que es un hospital donde se atiende salud mental y adicciones, y la población que se acerca es de bajos recursos. Lo mismo sucede en el Garrahan. El plan que tiene el gobierno es una vuelta de tuerca en la privatización que ya se está replicando en otras provincias".
Sobre la acción del 29 y la campaña que lanzó el gobierno contra la medida apuntó "Nosotros siempre que sostiene una medida de fuerza se atienden las urgencias, no corre riesgo ningún niño ni mucho menos. El gobierno va a hacer una campaña falsa con respecto a esto metiendole miedo a la población con respecto a la medida. La realidad en cambio es que nosotros cada día que pasa sin poder revertir esta situación, se ve afectada la atención médica de todos los días en los que no hay paro. El paro, la medida de fuerza para nosotros más importante, lo hacemos trabajadores muy comprometidos día a día con la atención que damos, pero lo que queremos resaltar es que ese día se generan molestias pero nunca ha pasado que los familiares de los pacientes no nos hayan brindado su solidaridad".
Y cerró: "Luego de la acción del 29 realizaremos una nueva asamblea para continuar el plan de lucha, y los residentes continuarán con el paro por tiempo indeterminado".
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
La reciente aparición de Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand generó polémica al mencionar cómo se encareció el precio de una docena de empanadas. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se sumó al coro de trolls que salieron a intentar desmentirlo y ridiculizarlo, pero la discusión deja en evidencia la caída del poder adquisitivo del salario argentino, que el propio ministro se encarga de hundir con un cepo a las paritarias.
El ejemplo sirve como otra demostración del empobrecimiento de los trabajadores en los últimos años. Es lo que se ve con una simple comparación. Tomamos el índice salarial del Ripte -que promedia las remuneraciones de los asalariados registrados- y la jubilación mínima, y los medimos contra el precio de las empanadas usando un relevamiento hecho por Noticias Argentinas en base al Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA): el resultado es que en los últimos diez años los salarios perdieron un tercio de su poder de compra y los haberes casi la mitad.
En diciembre de 2015 el salario promedio del Ripte era de $13.630 y la jubilación mínima $4.299, y podían comprar unas 93 y 29 docenas de empanadas respectivamente (a $145,58 cada docena).
Ya para diciembre de 2023, al momento de asumir Milei, la capacidad adquisitiva del salario promedio ($596.823) había caído a 76 docenas y a 20 en el caso de la jubilación mínima ($160.713) -contando el precio de la docena a $7.855,86.
Quince meses después, en marzo de 2025, el Ripte ($1.363.510,33) alcanzaba para comprar apenas 62 docenas, mientras que el haber mínimo ($366.481,74 contando el bono) menos de 17 -con una docena a $22.010,64). La caída es brutal.
El cuadro es más grave todavía si se toma un salario testigo. Los residentes del Hospital Garrahan están actualmente de paro denunciando salarios congelados (además de la falta de personal, de insumos y el vaciamiento del sistema sanitario) en $797.061, lo que le permite comprar apenas 36 docenas de empanadas.
Esto vale no solo para las empanadas. Según un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, sobre los precios de bienes durables, indumentaria y calzado Argentina es más cara que Brasil, Estados Unidos, Polonia, Australia, Corea del Sur, Chile, Francia, China y México en un 91% de los casos.
Mientras los trabajadores del país se empobrecen y los jubilados viven con haberes de indigencia, en todos estos años nunca cesó el saqueo propio del pago de una deuda externa fraudulenta y la fuga de capitales. Como en aquella escena de Esperando la carroza en que Antonio Musicardi salía de un almacén de barrio comiendo una empanada y lamentándose cínicamente: “¿Podés creer? Tres empanadas para dos personas”, ante la mirada hambrienta de su hermano Sergio; hoy los funcionarios del gobierno se burlan del pueblo trabajador mientras se llenan los bolsillos con el carry trade y el lavado de plata. "¡Qué miseria, che!"
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Una política inviable con la complicidad de la oposición y la burocracia sindical.
Si tuviéramos que resumir este editorial lo diría del siguiente modo: "la pelota está picando en el campo del movimiento obrero". ¿Por qué esto? Porque es indudable que después de las elecciones, especialmente de la que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires hace unos días atrás, el gobierno de Milei reforzó una ofensiva contra los trabajadores.
Si uno ve lo que hizo el gobierno como medidas más importantes son todos ataques al movimiento obrero. Uno que es de una gravedad inusitada que es el decreto 340, que prácticamente termina aboliendo el derecho a huelga porque, invocando una serie de razones completamente falsas, establece que casi en la totalidad de las actividades económicas que se desarrollan en Argentina tiene que haber en cualquier paro entre el 75 y el 50% de la fuerza de trabajo presente (cuando es claro que si hay un 50% de la fuerza de trabajo presente un paro fracasó, y ni hablar si es el 75%).
Y es tan amplio es el espectro de actividades que pueden ser alcanzadas por este decreto que en uno de sus artículos dice que alcanza a cualquier actividad que afecte la recaudación fiscal. Como prácticamente toda actividad tributa impuestos, entonces quiere decir que cualquier actividad en la Argentina en la cual hay trabajadores no se puede llevar adelante un derecho a la huelga, que es constitucional, porque si no va a ser declarado ilegal al amparo de este decreto. Entonces es una una ofensiva muy fuerte largada por este gobierno.
Luego estuvo lo de Tierra de Fuego: una gran ofensiva también para tratar de avanzar contra los trabajadores fueguinos y aplicar despidos que podrían llegar a los 5.000 o 7000. Y aparte hacer inviables ciudades enteras, porque por ejemplo Río Grande es una ciudad que si se cierran las fábricas metalúrgicas directamente dejaría de existir con la población actual, quedaría desierta porque no hay ninguna actividad alternativa hoy que permita darle fuente de trabajo a esos trabajadores que quedarían despedidos de llevarse adelante la política de gobierno. Es decir, un ataque importante.
Un anuncio que este fin de semana hizo muchísimo ruido y que tiene que ver con las libertades democráticas en Argentina es el de nuevas disposiciones tomadas internamente por la Side para poder aplicar una política de espionaje frente al conjunto de la oposición política de Argentina y también la oposición social, esa memoria obrera, estudiantil, popular en general.
Todo esto se está llevando adelante ahora. A la vez que una profundización del ataque al salario, porque el gobierno sigue empeñado en pisar las paritarias y no permitir que ningún aumento salarial supere el 1% mensual. En el medio tuvimos una represión aún más brutal después de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, que se ejecutó contra los jubilados, en la cual se apuntó especialmente contra los trabajadores de prensa. Algo que ha dado lugar a muchísimas denuncias, todas muy correctas, porque quienes estuvimos ahí pudimos ver de una manera directa cómo el gobierno reprimió a los jubilados en particular con mucha fuerza, pero especialmente con mayor saña a los trabajadores de prensa para tratar de que no se vea en el país esa situación tan grave que ocurren todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso nacional.
Ahora uno tiene que preguntarse lo siguiente: el gobierno, luego de las elecciones de la ciudad, refuerza su ofensiva antiobrera, su ofensiva represiva, el intento de establecer un Estado cada vez más totalitario. ¿Cuáles son las bases para eso? ¿Desde dónde parte? ¿Con qué fuerza? Si uno va estrictamente a medirlo en términos políticos y deduce de ahí el problema de las elecciones tiene que concluir que es una fuerza relativa.
En las elecciones provinciales, si uno saca por un momento la elección de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno no ganó ninguna -salvo la que triunfó en Chaco, pero no lo hizo él sino que lo hizo integrando la lista del gobernador radical de la provincia y, como en su momento señalamos al analizar las cifras, el gobernador había sacado más votos y más porcentaje yendo solo que yendo con Milei; es decir que La Libertad Avanza en principio no le otorgó una votación adicional. En la primera elección en la provincia de Santa Fe había quedado tercero cómodo, con una cifra del 13%. Y ganó la ciudad de Buenos Aires, es cierto, pero ganó con un 30% ante una participación electoral del 53%, lo cual muchos han sacado de la cuenta, y es muy fácil de sacar, que en realidad la fuerza de Milei obtuvo solamente el 16% del total del padrón electoral de la Ciudad de Buenos Aires.
Es decir que si uno tiene en cuenta la fuerza que le dan las elecciones tiene que concluir que es una fuerza relativa, que el gobierno para esta ofensiva antiobrera parte con una fuerza política relativa. Las elecciones no le han dado un respaldo contundente. Pero el gobierno busca lograr ese respaldo con estas acciones contra los trabajadores.
Si uno va a ver la parte económica, también la respuesta es que parte de una base endeble. Tengamos en cuenta que el gobierno logra ganar estas elecciones de CABA con una votación baja y una participación también muy baja gracias al rescate del Fondo Monetario Internacional. Sin esos 20 mil millones de dólares el gobierno no hubiese logrado impedir que la inflación pegue un salto, habíamos tenido de 3,7% en el mes de marzo y amenazaba con pasar el 4% en el mes de abril, y si eso hubiese sucedido con seguridad el gobierno perdía las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Para evitar eso vino un rescate del gobierno: el objetivo político claro del FMI estaba asociado a la cuestión electoral, como expresó la propia titular Georgieva cuando dijo "ojo cómo se vota".
Pero el gobierno después de este acuerdo no está logrando comprar reservas, lo que es un tema muy sensible. Al revés, después del acuerdo con el Fondo Monetario las reservas han empezado a caer nuevamente. Parece imperceptible porque un día caen 50 millones de dólares, otro día caen 100, pero lo cierto es que el gobierno no logra comprar reservas y al no hacerlo está en cuestión si el gobierno va a cumplir el acuerdo con el FMI como se estableció, que es comprar los cuatro mil y pico de millones de dólares para poder pagar los vencimientos del mes de junio. Y la impresión que da es que eso no se va a cumplir, que el gobierno le va a pedir un perdón al organismo y va a tener que pagar los vencimientos de junio utilizando la plata que le dieron.
El gobierno no puede comprar estas reservas y no quiere tampoco. ¿Por qué no quiere? ¿Y por qué no puede? Porque si las comprase el dólar subiría su precio y eso golpearía a los precios, con inflación. Entonces el gobierno decidió no comprar, no intervenir para comprar dólares en el mercado de cambios, a costa de una pérdida sistemática de las reservas. Y como no tiene dólares ha largado esta iniciativa que el otro día anunció el ministro Caputo para sacar los dólares de "abajo del colchón" y remonetizar la economía mediante estos dólares; algo que en general los analistas entienden que no va a prosperar.
Analicemos esta medida. Cuando el gobierno dice saquen los dólares de abajo del colchón, ¿a quién se lo dice? Bueno, solo a los que tienen dólares. Hay una parte muy importante de la población que no tiene un ahorro que podría sacar debajo del colchón sino que no llega a fin de mes. Incluso una parte de los trabajadores que puede tener un pequeño ahorro lo tiene en ese sentido, sabiendo que mañana puede tener una contingencia de salud, familiar, o lo que sea, y tiene un pequeño ahorro para enfrentar una situación excepcional. No va a sacar del colchón para comprarse una heladera su único ahorro para enfrentar una situación adversa, que nadie puede descartar en su vida cotidiana, en su vida familiar.
Caputo se refiere a un sector de la clase media más acomodada y a la clase capitalista, que no lo está haciendo. Hemos tenido ya muchísimos blanqueos. El más grande fue el de Macri, con casi 100 mil millones de dólares. Luego el blanqueo de Milei, de 20 mil millones de dólares, y ahora este blanqueo medio trucho que en realidad ni siquiera es un blanqueo y difícilmente pueda prosperar.
Si el gobierno quiere remonetizar la economía está haciendo lo contrario, porque al pisar el salario de los trabajadores la economía se desmonetiza, no tiene pesos porque al trabajador se le quita una parte de su salario. Ocurre lo mismo con los jubilados, cuando está congelado el bono de $70.000 que es una parte importante de los ingresos jubilatorios. Es decir que el gobierno va en un sentido contrario. Entonces lo que está buscando es una mayor diferenciación social. El que tiene pesos va a tener menos porque no tiene salario, porque no tiene jubilaciones, y trata de que una parte de los sectores más acomodados de la sociedad utilicen sus dólares para determinados gastos, por ejemplo bienes de consumo tipo heladera, moto o un auto.
Pero eso no va a modificar la actividad económica -que si uno la estudia más de cerca marcha con muchísimas dificultades. Hubo un pequeño crecimiento en enero y febrero comparando con dos meses muy malos como fueron los de 2024, pero en marzo cayó. El gobierno festeja los números de Producto Bruto Interno pero si uno los desagrega va a ver que dentro de eso crece mucho lo que se llama "intermediación financiera", es decir los bancos, pero no crece la industria ni la construcción. Detrás del número del PBI se esconden realidades sociales muy distintas que hay que tratar de desarmar para poner en evidencia qué es lo que está pasando.
Entonces, desde el punto de vista del gobierno, no logra comprar reservas ni sacar la economía adelante, mientras está atacando el salario, y por lo tanto su fortaleza es muy relativa para llevar adelante este plan contra los trabajadores.
¿De dónde saca su fortaleza? Primero, de la complicidad de la oposición. Este es un punto clave. La oposición es cómplice. Lo mostró la lucha en Catamarca contra el gobernador peronista alineado al Partido Justicialista: los docentes salieron contra este gobernador porque lleva adelante en Catamarca la política de Milei.
Esta complicidad de la oposición incluye a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es importante marcarlo porque muchas veces se dice que "está el cuco del kirchnerismo", pero Cristina dio un discurso el 25 de mayo en un barrio de la ciudad de Buenos Aires y su discurso fue claramente derechista. Fue una capitulación en lo que ellos llaman la batalla cultural contra los libertarios. Se expresó a favor de una reforma laboral: dijo claramente "queremos una modernización laboral", que no es otra forma de decir una reforma laboral como Milei firmó con el Fondo Monetario Internacional.
También dijo, frase textual: "Con la motosierra se identificaba el tipo que fue a una oficina a buscar una solución. Lo boludearon 30 horas y se fue puteando; el que fue al hospital a pedir un turno y no lo atendieron o se lo dieron para dentro de tres meses; o el que no puede pagarle la cuota al colegio privado de su hijo, lo manda el público y no tiene clases cada dos por tres". Este es el discurso de la derecha, de Milei. Cristina Kirchner no se preguntó si el pibe no tiene clases cada dos por tres en la escuela pública porque en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Cruz los salarios de los docentes son salarios golpeados y tienen que hacer paros para recuperarlo. O si no pasa lo mismo en los trabajos de la salud, que tienen todo tipo de déficit presupuestario, de personal y por lo tanto la atención en el hospital público es deficitaria no por culpa de los trabajadores sino por culpa de los gobiernos.
Este discurso derechista a favor de la reforma laboral, de ataque a los trabajadores del Estado, de la salud, y de la educación es lo que indudablemente une a la oposición con el oficialismo. Es la "nueva música" que quería tocar Kicillof, y que también le toca a Cristina. Por más que estén peleado como perros y gatos uno ve que los acuerdos entre ellos son más fuertes de lo que parece.
Para el movimiento obrero, y por eso está la pelota picando en su campo, es importante partir de la conclusión de que no tenemos un gobierno en sí mismo fuerte por su armado político, ni por su solvencia económica, sino que su fortaleza viene fundamentalmente por la complicidad de la oposición y de las direcciones del movimiento obrero.
El otro día tuvo mucha repercusión en las redes sociales un reportaje que se le hace al titular de la CGT, Daer, que fue a la Casa Rosada a entrevistarse con el jefe de gabinete el día después que se conociera ese decreto nefasto de prohibición del derecho a huelga. Los medios le preguntaban: "¿hablaron de ese decreto?", y él dijo "no, yo este tema no lo toqué".
El titular de la CGT va a la Casa Rosada, se reúne con el jefe de gabinete y no repudia el decreto antihuelga. Dice "vamos a ir a la Justicia", nada más. Y cuando le preguntan si van a hacer un paro dice: "No, no hay clima". Ahora, si le preguntás al trabajador de Tierra del Fuego diría que hay clima. Si le preguntás al docente de la provincia de Buenos Aires, diría lo mismo. Si le preguntás al docente de Catamarca diría que hay clima. El clima no lo tiene la CGT.
Entonces, si los trabajadores salen a luchar a este gobierno se lo puede derrotar. No es un gobierno fuerte en sí mismo. Su fortaleza relativa deriva de la complicidad de la oposición capitalista y de las direcciones burocráticas. Y nuestro llamado, por lo tanto, es a superar esta situación mediante una gran acción de los trabajadores. Lo que hemos visto incluso en la UTA, donde también la dirección de Roberto Fernández y la burocracia de la UTA hace un acuerdo con las patronales y con el gobierno traicionando el mandato de las asambleas, y este jueves hubo una reunión de 35 cuerpos de delegados para discutir cómo seguir la lucha contra el gobierno, contra las patronales y contra la dirección de la UTA.
El problema fundamental es organizarse y salir a pelear, porque ahí va a estar la salida para el país. La política de Milei es una política inviable que nos lleva a una catástrofe. La oposición es cómplice y la burocracia sindical es un lastre para el movimiento obrero. Hay que ponerse de pie y derrotar al gobierno de Milei.
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Trascendió que el gobierno de Milei aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional que da total libertad de acción a la Side para montar un gran aparato de persecución política, con la habilitación del espionaje estatal sobre todo aquel que cuestione a los funcionarios, se organice por sus reclamos o denuncie la represión. "Es propio de un gobierno fascista", destacó Gabriel Solano.
La Side dispondrá de la facultad de “recabar información” sobre quienes “erosionen la confianza de la opinión pública” en el gobierno. Una figura deliberadamente abstracta, de parte de un presidente que se dedica a reprimir la protesta, denunciar a periodistas, armar causas judiciales contra los luchadores, insultar a los economistas que hagan una mínima crítica; todo lo cual ahora puede ser espiado como “amenaza a la seguridad nacional”.
Esto lo confirma el ataque que está sufriendo el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, quien dio a conocer el polémico Plan de Inteligencia Nacional, y que ahora está siendo objeto de hostigamiento y amedrentamiento. Además, denuncia que es víctima de ciberataques, una clara señal de que el plan de inteligencia ya está en marcha.
Un gobierno de liber-espías
El Plan de Inteligencia Nacional que acaba de elaborar la SIDE es propio de un gobierno fascista. Ordena hacer espionaje sobre todos aquellos que cuestionen las medidas económicas del gobierno, cuestionen a los funcionarios o critiquen la acción…
La Side también apunta sus cañones contra quienes generen una “pérdida de confianza en las políticas económicas del gobierno” o manipulen la “opinión pública” durante procesos electorales. Pero no se ofrecen precisiones ni criterios objetivos: se trata de una carta blanca para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica y acallar las voces opositoras.
El documento también alude como foco de interés de los analistas y agentes de la Side a los “fenómenos” derivados de la pobreza y la desigualdad, como también de las migraciones internas que “puedan constituir un riesgo” para lo que define como el “desarrollo integral” de la Nación, sin tampoco aportar más precisiones. Es decir que criminaliza a los migrantes y abre la puerta para espiar a las organizaciones piqueteras que organizan a los más pobres.
Otro punto grave es que en el marco de lo que cataloga como lucha contra el terrorismo se incluye el “de raigambre anarquista”, que permite encuadrar ahí cualquier acción de lucha de trabajadores e incluso la militancia y activismo en organizaciones piqueteras, lugares de trabajo, partidos de izquierda, asambleas vecinales, etc.
La denuncia de La Nación sobre el Plan de Inteligencia Nacional de la Side, es verosímil y el gobierno lo niega. Sin embargo incrementó fuertemente el presupuesto en investigación y de 80mm, 13 son reservados para uso discrecional de Santiago Caputo que es un funcionario clave… https://t.co/SUAVFNlcbz
En línea con la presunta "defensa de los recursos del país" el documento también establece como foco de la SIDE a quienes impulsen evasión o lavado de activos, una clara contradicción con las últimas medidas del Ministerio de Economía, quien impulsó recientemente un blanqueo de capitales con mínimos controles, y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quien desmanteló mecanismos de fiscalización para grandes contribuyentes. Quienes saquean los recursos del país están en el gobierno.
El show también incluye una supuesta “lucha” contra las operaciones sospechosas de criptoactivos que ya cifraba meses antes del estallido del caso $Libra. Sin embargo, nadie investiga a los funcionarios que armaron y se beneficiaron con esta gran estafa, el propio Milei eliminó de un plumazo la unidad investigadora del caso. Los estafadores también están en el gobierno.
Este plan se trata de una ofensiva represiva sin precedentes desde la reapertura democrática. Recordemos además que el gobierno acaba de incrementar el presupuesto de la Side en 25.000 millones de pesos, de los cuales 8.000 millones son “gastos reservados”: caja negra para el espionaje político. Esto se combina con un ataque sistemático a las libertades democráticas: persecución a medios críticos, nuevas restricciones al acceso de periodistas a Casa Rosada, aplicación de un protocolo represivo inconstitucional contra la protesta social (con principal ensañamiento contra periodistas y jubilados) y la prohibición por decreto del derecho a huelga.
Están construyendo un régimen de espionaje político, censura y represión que tiene a la Side como brazo operativo. Es un salto en calidad en un régimen de servicios que es usado contra el pueblo; desde el Proyecto X con que Gendarmería espiaba a organizaciones populares durante el gobierno de Cristina Kirchner, hasta los intentos de Gestapo sindical en tiempos de Macri. Milei pretende llevar a un nuevo escalón el poder represivo del Estado. El objetivo es claro: aplastar cualquier forma de oposición al ajuste y el saqueo.
Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda denunciamos este nuevo avance represivo y llamamos a todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos a rechazar de manera inmediata este plan de persecución y movilizarnos en defensa de las libertades democráticas y la organización popular.
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Desviaron millones de dólares asignados a obra hídrica.
Las inundaciones en el Gran Buenos Aires son otra postal brutal de quiénes pagamos las consecuencias de la motosierra que impone el gobierno nacional para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. No se trata de un fenómeno natural, sino de una consecuencia directa del ajuste fiscal en obra pública, de la promoción del agronegocio y de una política que prioriza el pago de la deuda por encima de las condiciones de vida de la población.
Un ejemplo de esto es el desvío del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica que por asignación específica debería financiar obras que eviten inundaciones. Durante el primer año del gobierno de Milei el fideicomiso recaudó 98.538 millones de pesos -provenientes principalmente de una tasa sobre los combustibles que pagamos los trabajadores- y sin embargo para fines de 2024 todavía tenía 85.129 millones de pesos sin ejecutar: es decir, se subejecutó en un 86%.
Pasando en limpio: Milei tenía unos 75 millones de dólares asignados a obras que decidió no hacer. Estos fondos son manejados por el gobierno a discreción, sin rendir cuentas, y claramente sin realizar las obras para las que fueron concebidos. Creado en 2001 después de una desastrosa inundación en la cuenca del Río Salado, ya en 2006 el gobierno de Kirchner amplió por ley las áreas que podían financiarse con ese fondo y desde 2018 bajo la presidencia de Macri que dejó de publicarse su utilización.
Así es como el Plan Maestro de la Cuenca del Salado que lleva 30 años sin concluirse, a pesar del sucesivo endeudamiento externo de los gobiernos nacionales y bonaerenses con ese pretexto. Este río atraviesa la provincia de Buenos Aires desde Santa Fe hasta la Bahía de Samborombón, y fue nuevamente centro del desastre que dejó a miles de familias trabajadoras evacuadas, gracias a que ni siquiera se continúa el dragado en amplias zonas.
Milei y Caputo anunciaron su voluntad de liquidar los fondos fiduciarios, pero vemos que los siguen usando como cajas negras igual todos los gobiernos anteriores. Eliminar este Fondo Hídrico quitaría la excusa para seguir extrayendo dinero mediante la tasa extra que se cobra sobre impuestos a los combustibles.
Mientras se roba los recursos destinados a financiar obras públicas necesarias, el gobierno de Milei beneficia a las grandes patronales agrarias con rebajas en retenciones y Kicillof perpetúa un esquema impositivo a medida de los grandes terratenientes que pagan chirolas por el inmobiliario rural. Así promueven la expansión de los agronegocios y en particular del cultivo de soja, que impermeabiliza los suelos reduciendo la capacidad de absorción del agua; sumado a los canales clandestinos en los campos que terminan ocasionando el desborde de canales, arroyos y ríos, agravando las inundaciones.
Lo que se vivió otra vez en el Gran Buenos Aires no es una tragedia derivada un fenómeno climático. Es una consecuencia directa del ajuste pactado con el FMI y de la orientación de todos los que desde hace décadas gobiernan para los grandes terratenientes, los bancos y los especuladores.
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El gobierno oficializó los nuevos criterios obligatorios para la acreditación de medios y periodistas en la Casa Rosada. Estos establecen nuevas restricciones a lo que pueden hacer los periodistas Casa de Gobierno y limitaciones para acceder a las acreditaciones y conservarlas. Así, el gobierno continúa avanzando contra las libertades democráticas y los derechos laborales.
Por ejemplo, la nueva reglamentación fija un sistema de puntos para acceder a las acreditaciones y conservarlas, y dice, por ejemplo, que “incurrir en dos faltas graves puede provocar la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada” a los periodistas, pero no precisa qué significa “falta grave”, e incluso el gobierno podrá disponer qué periodista hace las preguntas, lo que supone una arbitrariedad absoluta.
La mayoría de los acreditados sostienen que las nuevas reglas limitan no solo a la pluralidad de medios que pueden ingresar a Balcarce 50 sino también a la dinámica periodística diaria. La limitación de la capacidad de la sala de periodistas a 25 personas dejaría sin acreditación a más de la mitad de los cronistas actuales, ya que hay oficialmente 88 acreditados y más de 50 que asisten de forma permanente en distintos turnos (La Nación, 23/5)
Esta medida se enmarca en un contexto de creciente represión y hostigamiento contra trabajadores y trabajadores de prensa. Este miércoles, la brutal represión contra los periodistas que cubrían la movilización de jubilados demostró el ensañamiento del aparato estatal contra quienes ejercen su derecho a informar. La policía de Bullrich actuó con violencia para impedir que se registre la protesta de jubilados. 5 trabajadores de prensa fueron detenidos.
Estos ataques también tienen su correlato patronal, por lo que los conflictos laborales se multiplican en los medios de comunicación. Esta semana se sucedieron numerosas asambleas y ceses de actividades por parte de los trabajadores de prensa en distintas redacciones, incluyendo medios opositores, que se vienen levantando contra las condiciones precarias, los despidos y la censura patronal.
Para derrotar esta ofensiva tenemos que quebrar toda la política represiva y ajustadora del gobierno, y apoyar los reclamos y la organización de las y los compañeros de prensa. La defensa de la libertad de expresión y de opinión irá de la mano es inseparable de la del derecho a organizarse y luchar.
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El estudiantado de la UNGS atraviesa una conmoción. El intento de la conducción de Ceungs, encabezado por la agrupación del municipio, El Puente, de reformar el estatuto de forma fraudulenta, volcó a cientos de estudiantes a repudiar la maniobra y movilizarse para defender la democracia de nuestro centro. Este proceso dio lugar a que se autoconvocara una asamblea estudiantil para el martes 20 de mayo para desconocer la maniobra de la burocracia del centro. Ese mismo día, cuando en los pasillos de la universidad todo el mundo hablaba del tema y se avizoraba lo que iba a ser una asamblea muy numerosa, aconteció un hecho muy particular.
Unas 2 horas antes de la asamblea cayó a la Uungs un grupo de personas con banners, banderas y remeras con el nombre de su agrupación Crear + Libertad, agrupación de la Libertad Avanza en el municipio de Malvinas Argentinas. Este hecho es muy llamativo porque en todo este tiempo nunca esta agrupación piso la universidad. Las razones son obvias: militar para este gobierno es reproducir los discursos de odio contra los que estudiamos en la universidad, es reproducir el relato de que la universidad son centros de adoctrinamiento donde un sector del estudiantado se enriquecería, es militar la política xenofóbica de expulsión de estudiantes extranjeros de la universidad y la salud, entre otras cosas.
El hecho de que horas antes de una asamblea, donde les estudiantes deliberaran por defender la democracia de su herramienta gremial, aparezcan estos personajes constituye en sí un acto de provocación para el colectivo estudiantil agredido sistemáticamente por estos grupos. Fue así como muchos estudiantes de la universidad se empezaron a organizar y, entre medio de gritos y cánticos (“Fuera fachos, fuera!”), decenas de estudiantes expulsaron a este grupo ajeno a la Ungs del campus.
Pero si este grupo no tiene vínculo con la universidad (no hay estudiantes de la UNGS en Crear+Libertad) ¿cómo eligió justo ese día para asistir? La respuesta está en el otro hecho particular de la jornada. Por primera vez en el año, el Centro de Estudiantes gestionado por El Puente cerró sus puertas minutos antes de que el grupo libertario llegara. Y ninguno de sus militantes estuvo en la universidad. De hecho, atestiguan compañerxs, se fueron antes de sus respectivas cursadas. Acto seguido, luego de que la noticia de lo sucedido circulara por los grupos de la universidad, los libertarios recibieron la defensa incondicional de los militantes de… El Puente. Si, de El Puente. Sus referentes en los grupos se dedicaron a denostar a lxs estudiantes que decidieron colectivamente evitar la presencia de estos fachos de la Ungs, sin decir una sola palabra sobre la violencia sistemática de los libertarios contra nosotros. También en el Consejo Superior, sus consejeros intervinieron señalando la violencia de les estudiantes contra los liberfachos y presentaron un proyecto de repudio contra les estudiantes tildándolos de violentos.
Sería inocente pensar que es casualidad. Es sabido que el PJ bonaerense, con los intendentes a la cabeza, les armaron las agrupaciones y las listas a LLA en cada municipio para quitarles votos por derecha a sus oposiciones. Nardini hizo lo propio en Malvinas. ¿Sería loco pensar que El Puente mandó a esta agrupación a provocar para correr el foco del estatrucho que quieren validar? Para responder esta pregunta señalemos un hecho contundente: miembros de la Crear+Libertad participaron de reuniones y actividades de El Puente afuera y dentro de la universidad.
Hoy podríamos decir por muchos motivos que El Puente colabora de forma loable con los objetivos libertarios. En primer lugar, porque con el fraude actúa como Milei quiere que se vea al conjunto de la universidad pública: una cueva de burócratas que quieren sacar provecho para sus propios intereses. Y en segundo lugar por los miembros de Crear+Libertad han desplegado una campaña mediática victimizándose de su expulsión de la universidad, llegando a ser invitado al programa del ensobrado de Trebucq. En ese programa y en las redes se escracha personalmente a estudiantes y a las propias autoridades de la Ungs.
Una burocracia en el centro de estudiantes hace un inmenso daño a los estudiantes y a la universidad pública por mantener en la parálisis la herramienta gremial que tiene que organizarnos como colectivo y luchar por defender nuestro derecho. Una burocracia buscando encubrir su enquistamiento completamente fraudulento en la cara de todos, es directamente un enemigo. Y como enemigo, hay que derrotarlo. Despleguemos una inmensa campaña por el desconocimiento del estatrucho, conquistemos las elecciones en septiembre y recuperemos el Ceungs para defender la universidad de la motosierra de Milei.
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Volvamos a poner de pie la UNGS para derrotar el plan de guerra de Milei y compañia contra la comunidad educativa, lxs artistas independientes, lxs trabajadorxs y jubiladxs.
El miércoles 21 los trabajadores de Morvillo, que ocuparon la fábrica hace 84 días contra el cierre patronal, se movilizaron a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en reclamo de una intervención estatal que garantice la continuidad productiva de la planta y/o los saldos indemnizatorios correspondientes. Acompañaron este planteo con el pedido de ayuda al ministerio de Desarrollo Social para los 234 trabajadores afectados por la quiebra fraudulenta.
La Comisión Interna ya había elevado el mismo planteo al gobierno provincial en una reunión anterior con los ministros de Trabajo y de Producción, Walter Correa y Augusto Costa respectivamente, que tuvo lugar hace 50 días atrás pero no obtuvieron respuesta alguna. Por eso resolvieron movilizarse.
Movilización de los trabajadores de Morvillo a la Gobernación en La Plata, donde una delegación ingresó a una reunión. Reclaman la intervención estatal para garantizar la continuidad productiva y pedirán respuestas a lo planteado hace 50 días con respecto a una ayuda de… pic.twitter.com/Kbyzq4dqN0
Fueron acompañados por delegaciones representativas de las organizaciones que apoyan la lucha desde el primer día. Entre ellas los docentes de la Multicolor, que vienen de protagonizar un paro extraordinario contra la paritaria de pobreza de Baradel-Kicillof, los docentes universitarios de AGD-UBA en lucha en defensa de la universidad pública, obreros de Secco, gráficos de Cooperativa El Zócalo, estatales, estudiantes, una destacada presencia del Partido Obrero, del Polo Obrero y de la CSC-PO. También participaron los compañeros de ANCLA-MST y ¡A Luchar!-IS.
Los trabajadores fueron recibidos por una delegación de funcionarios de los ministerios de Trabajo, Producción y de la Dirección Técnica y Social. Presentaron sus planteos por escrito y se fueron con el compromiso de la apertura de un expediente para darle un curso de acción al reclamo de intervención estatal, además de la promesa de una reunión con Desarrollo Social para abordar el pedido de ayuda económica. Como dejó en claro el delegado de Morvillo, Enrique Andina, tras la reunión, los trabajadores saben que deben defender cada compromiso con la movilización y con acciones de lucha.
"Ya es un triunfo de esta movilización que tengamos esta primera reunión" Las palabras de Sebastián Rodríguez, Sec. Gral. Comisión Interna de Morvillo, antes de ingresar a la Gobernación https://t.co/8hgLyhVVabpic.twitter.com/ArNPTy3zb5
Tras el encuentro se realizó un acto de apoyo a la lucha de los gráficos. Sebastián Rodríguez, secretario general de la comisión interna de Morvillo, destacó la importancia de la ocupación y la movilización como método de lucha frente a los cierres y los despidos, y denunció que la Federación Gráfica Bonaerense se opone a todo planteo de continuidad productiva para proponer, en su lugar y explícitamente, el abandono de la lucha. Lo hizo citando a un vocero de la burocracia “no queremos asados, festivales, ni nada, solo hay que esperar que alguien venga la compre y nos llevemos la indemnización” .
“Chiquito” Belliboni, dirigente del Polo Obrero, señaló que “acá se defienden los puestos de trabajo. Mientras la política del gobierno nacional y del gobierno provincial es ignorar los cierres y la falta de trabajo, Morvillo se planta y por eso estamos apoyando acá”.
Ileana Celotto, secretaria adjunta de la AGD-UBA, remarcó la diferencia entre el método de la ocupación y ganar las calles por los puestos de trabajo que expresa la lucha de Morvillo, con la parálisis de la burocracia sindical que deja pasar el ataque a los trabajadores. Explicó que los docentes universitarios vienen de un paro de 48 horas y el viernes pararán junto a los trabajadores No Docentes. Previamente, el jueves movilizarán en defensa de la universidad pública.
Néstor Pitrola, dirigente histórico de la Lista Naranja Gráfica y del Partido Obrero, señaló que “Morvillo marcó el camino, la primera ocupación de fábrica bajo el gobierno de Milei”. Destacó el proceso de ocupaciones de metalúrgicas en Tierra del Fuego en defensa de los puestos de trabajo y la rebelión de la UTA como claros síntomas de los nuevos aires que recorren al movimiento obrero. Se pronunció por un encuentro nacional de todos los sectores combativos y clasistas, ocupados y desocupados, para luchar por una nueva dirección en el movimiento obrero y derrotar el ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI.
También tomaron la palabra para manifestar su apoyo a la lucha de los gráficos Federico Novofoti, delegado docente de Suteba, Sofia, secretaria de coordinación de la FULP, Flor Stevani, delegada de ATE Ministerio de Desarrollo Agrario; Gaby Cruz, delegada Suteba; Juan Batet, de la cooperativa gráfica “El zócalo”.
La exitosa jornada insufló de energía a los compañeros gráficos que vienen sosteniendo esta lucha heroica contra el cierre en defensa de la fuente laboral, los puestos de trabajo y todos los derechos adquiridos.
¡Viva la lucha de Morvillo!
¡Viva la lucha de la clase obrera y los trabajadores!
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Este 22 de mayo, estudiantes y docentes de todo el país se movilizan masivamente contra el plan de ajuste brutal del gobierno de Milei contra la educación pública y en defensa de los salarios. Dentro de esta ofensiva oficial se incluye el recorte del programa de becas Progresar, una política que ataca directamente el derecho a estudiar de miles de jóvenes.
El gobierno libertario ha profundizado el vaciamiento de esta herramienta clave que permite a cientos de miles de jóvenes sostener sus estudios terciarios y universitarios. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que asumió Milei, el programa sufrió una caída del 27,3% en la cantidad de beneficiarios: medio millón de jóvenes perdieron su ingreso.
"Acompañando este paro convocado por los sindicatos combativos por la caída del salario muy por debajo de la inflación. Vinimos a denunciar el decreto que saco el gobierno nacional atacando a la huelga, declarando esencial a la educación para que los docentes no podamos luchar"… https://t.co/7OXNwJ7SmLpic.twitter.com/Dirjm0rpO4
A su vez, el monto nominal de las becas estuvo congelado en $20.000 durante gran parte de 2024, y recién en septiembre se actualizó a $35.000; un aumento de apenas 75% mientras los precios treparon un 236%. En esa cifra sigue anclado hasta hoy. El poder adquisitivo cayó un 50%, reduciendo las becas a migajas que no alcanzan ni para bancar el boleto del colectivo de todo el mes. Este recorte no es un hecho aislado: se inscribe en una ofensiva más amplia contra el acceso popular a la educación.
Al reducirse la cantidad de beneficiarios y el monto efectivo de la ayuda, muchos jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios por no poder cubrir gastos básicos como transporte, material de estudio o incluso la alimentación, lo que excluye a la juventud trabajadora del derecho a educarse.
"Es urgente que haya un aumento presupuestario para las universidades, porque sin docentes en las aulas y sin no docentes es imposible el funcionamiento de la universidad" Alhué, presidenta del Centro de Estudiantes de Movimiento - UNA. https://t.co/cqf8GLdVjPpic.twitter.com/FS4wvlniXP
El ajuste también se refleja en el presupuesto: en 2024, el recorte real fue del 65% respecto al año anterior, y para 2025 se proyecta una baja adicional del 18%. Todo indica que el ataque continuará, con nuevas reducciones, tanto en el monto como en el universo de beneficiarios. Esto sucede mientras se destinan millones al pago de la deuda y a la represión. Mientras tanto, los y las estudiantes de todo el país ven cómo se dinamita su posibilidad de estudiar, de ingresar a una carrera terciaria o universitaria. El vaciamiento de las becas Progresar no es sólo un recorte presupuestario: es una declaración de guerra contra la juventud trabajadora.
El recorte en las becas Progresar es parte de un ataque mucho más amplio y sistemático contra todo el sistema educativo público. Desde que asumió, Milei avanzó con una política de desfinanciamiento sin precedentes: paralizó las transferencias a las universidades nacionales, suspendió obras de infraestructura educativa, eliminó programas de apoyo a estudiantes y docentes, y pretende avanzar con una reforma regresiva y privatista del sistema educativo. Ahora además firmó un decreto donde ataca el derecho a huelga, declarando esencial a la educación para que la docencia no pueda luchar.
"Reclamar por el salario y el presupuesto, a días de que @JMilei haya decretado que no existe más el derecho a huelga. ¿Cómo le vamos a responder desde la universidad? Haciendo huelga, movilizaciones, acá se prende la mecha. Milei, no te vas a poder meter con nosotros" @tatious_… https://t.co/gps2AsuLOypic.twitter.com/oGt9tTSCKR
Este ajuste es replicado por los gobernadores en sus provincias, con la misma premisa del ajuste fiscal, que repercute sobre los terciarios en condiciones de infraestructura deficiente, cierres de cursos y ni hablar del ataque al salario y las condiciones de trabajo de la docencia.
Esta ofensiva tiene un objetivo claro: desmantelar la educación pública, transformar el derecho a educarse en un privilegio para unos pocos y arremeter contra los trabajadores de la educación, en el marco de un ataque más general contra el conjunto de los trabajadores.
Por eso, la jornada de lucha de hoy no es un hecho aislado. Es parte de un proceso de organización y resistencia que crece desde abajo, en cada facultad, en cada terciario, en cada barrio. Para defender la universidad pública, la ciencia, las becas y el derecho de estudiar, hay que ganar las calles y discutir en asambleas un plan de lucha nacional que enfrente el ajuste de Milei y sus cómplices en las gobernaciones y en el Congreso.
Frente a un gobierno que ajusta al pueblo mientras paga la deuda al FMI, la salida está en nuestras manos: unidad obrero-estudiantil para defender el derecho a estudiar y el futuro de toda una generación. Vamos por un monto de $250.000 para la Beca Progresar con indexación por IPC.
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Los responsables políticos por los incendios e inundaciones buscan una ley que "persigue luchadores y ampara empresarios"
Vanina Biasi intervino en la Comisión de Legislación Penal sobre el proyecto del gobierno que propone aumentar las penas contra quienes provoquen incendios o inundaciones, entre otras.
"Una fantochada". Así calificó Vanina Biasi, diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que propone aumentar las penas contra quienes provoquen incendios, explosiones o inundaciones, mientras promueve una política que favorece los negocios capitalistas detrás de esos eventos y ajusta en las áreas que deberían prevenirlos y responder ante ellos.
El proyecto oficial fue tratado en una reunión informativa de la Comisión de Legislación Penal. Biasi, que participó del intercambio, fue categórica: "Mientras ocurrían los incendios veíamos el accionar retardado por parte del gobierno nacional. Ahora vemos los problemas que se derivan de esa intervención: hace una semana la población de Rawson se movilizó porque de la plata que bajó el gobierno nacional para el primer foco de incendio en Epuyen solamente se ejecutó el 30%. La gente en Epuyen no ha podido volver a sus casas. Acá no hay registro de estas cuestiones".
Sobre el texto, la diputada del FIT-U afirmó que "este Congreso está cayendo en un planteo falaz: que elevando penas se pueden resolver problemas. Hemos tenido detenciones: en El Bolsón hubo seis detenciones el 5 de febrero, de las cuales cinco fueron liberados inmediatamente demostrando que nada tenían que ver con los incendios. Nicolás Heredia quedó 22 días detenido, ¡era brigadista voluntario y estaba combatiendo el incendio! Pero necesitaban presos y fueron a agarrarlo. En Chubut hubo tres detenciones supuestamente 'en flagrancia', que fueron liberados una semana después porque no habían hecho absolutamente nada. Victoria Fernández fue acusada de realizar 'atentados' en la Estancia Amancay, cuando sus abogados demostraron que el auto por el cual la acusan estaba entonces a 80 kilómetros de la estancia y ella estaba en una reunión con amigos".
"Hoy, con 70 mil hectáreas quemadas, no hay nadie detenido que sea realmente culpable. Las personas que viven ahí se la pasan denunciando que los empresarios mandan sicarios a quemar las tierras, pero ese aspecto no está investigado en absoluto y ni siquiera está colocado en el proyecto", enfatizó Vanina.
Así, denunció que "no vamos a resolver nada si no vamos a buscar a aquellos que están interesados en que esas tierras se quemen. Tampoco vamos a resolver mucho en materia penal; cuando llegás a lo penal es porque fracasaste en el resto de las áreas. Por ejemplo, ¿por qué no estamos discutiendo un proyecto para ver qué pasa con las plantaciones de especies exóticas en el sur? El gobierno está echando a los brigadistas de parque nacionales, está cerrando los dispositivos y está permitiendo plantar especies exóticas que revientan los ecosistemas, que son las que explican la extensión de los incendios en la Patagonia".
Para finalizar sentenció: "este proyecto es una fantochada en términos políticos, porque se utiliza el Código Penal para perseguir gente inocente y absolver a los verdaderos responsables de este tipo de situaciones que se viven en las diferentes provincias. Esto viene acompañado de otros proyectos de aumento de la punibilidad. Con esta fórmula nunca van a ir a buscar a Techint, y Campana hoy está en gran medida inundada por culpa de Techint, una cuestión que en términos ambientales se viene denunciando hace un montón de tiempo, pero ahí tenemos a Techint cerrando un arroyo entero y provocando inundaciones. Pero ¿ustedes piensan que por la aplicación del Código Penal alguien de Techint va a ir preso? Es mentira, no quieren perseguir a quienes provocan incendios o inundaciones".
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Un balance sobre la charla que dio la dirigente del Partido Obrero en la Facultad de Derecho y los desafíos para continuar con la lucha en defensa del pueblo palestino.
Este mes de mayo marca el inicio de una nueva campaña financiera de invierno del Partido Obrero, un esfuerzo colectivo y militante que no solo permite sostener nuestra organización, sino que también constituye una herramienta política fundamental frente al brutal ajuste del gobierno de Milei y los gobernadores.
Bajo la consigna “¡Fuera Milei! Abajo la persecución a las luchas obreras y populares”, el Partido Obrero y la izquierda han jugado un papel clave frente a los ataques a los trabajadores, enfrentándose con organización y lucha, levantando un programa de independencia de clase frente al ajuste y la represión; acompañando a los jubilados todos los miércoles, a las grandes marchas de la juventud y a la docencia universitaria -con la AGD a la cabeza- en defensa de la educación pública; las luchas obreras en defensa de los puestos de trabajo, el salario, como en el Sutna y la ocupación de Morvillo que ya lleva más de 80 días; la rebelión de los choferes de UTA contra la dirección traidora de Fernández y la huelga metalúrgica de Tierra del Fuego.
Los recursos recaudados a través de esta campaña estarán destinados tambien a financiar la defensa del Polo Obrero, que enfrenta un juicio armado con el objetivo de criminalizar la protesta social y castigar la organización independiente de los trabajadores desocupados.
Al mismo tiempo, esta campaña busca reunir los medios necesarios para intervenir políticamente en las elecciones en todo el país, llevando las banderas del Partido Obrero y el Frente de Izquierda a cada rincón, y ofreciendo una alternativa real frente a los partidos del régimen.
La campaña de este año se lanza en un contexto donde el gobierno nacional aparece triunfando en la ciudad de Buenos Aires, en las provincias donde los gobernadores acompañan las políticas de ajuste. La represión a los que luchan, el protocolo antipiquete, la criminalización de dirigentes y activistas, y la ofensiva contra el salario y las condiciones de vida del pueblo trabajador. En este cuadro es más que necesario fortalecer las finanzas partidarias y la campaña financiera es fundamental para poder conquistar los aportes y el compromiso con el Partido Obrero.
Fin de semana del 25 de mayo: jornadas financieras en todo el país
La campaña arranca con todo: durante el fin de semana del 25 de mayo, se desarrollarán actividades financieras en todo el país. Habrá colectas, bingos, peñas y eventos culturales, donde se combinará la recaudación con la organización política. Cada actividad será una oportunidad para redoblar la convocatoria a organizarse contra el ajuste y para sumar a nuevas compañeras y compañeros a la campaña. El Partido Obrero se sostiene con el esfuerzo militante, sin publicidad empresarial ni subsidios del Estado. Cada aporte económico es también un acto de compromiso para la construcción de una alternativa política de los trabajadores.
Sumar fuerzas, multiplicar la voz de los que luchan
Convocamos a toda la militancia, a simpatizante y trabajadores en lucha a ser parte activa de esta campaña. Es momento de reforzar nuestra presencia, con el mismo espíritu con el que enfrentamos el ajuste en las calles, en los lugares de trabajo y en cada espacio de organización popular.
La campaña financiera no es solo una colecta: es una intervención política, se basa en obtener los recursos materiales para organizar la respuesta a estos ataques y al mismo tiempo organizar las fuerzas obreras y populares para construir una organización que esté a la altura de las circunstancias en el enfrentamiento contra las políticas de ajuste de Milei y los gobernadores bajo las exigencias del FMI.
Esta campaña va en paralelo a un plan ambicioso de suscripción a la prensa obrera digital que cuyo objetivo será reforzar la necesidad de dar voz y organización a esas luchas.Sumate a colaborar , que hoy es imprescindible preparar las condiciones para una salida de los trabajadores a la crisis.Sumate a la campaña financiera de invierno 2025.
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Por la independencia política de los trabajadores, y con la perspectiva de recuperar el sindicato, en defensa de la educación, el salario y las jubilaciones.
Un paro provincial con movilizaciones sacudió a la provincia de Tierra del Fuego este miércoles 21, en el marco de la huelga indefinida iniciada el miércoles 14 por la UOM contra las rebajas arancelarias de Milei a la importación de celulares, que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. Los trabajadores metalúrgicos vienen realizando acampes en las plantas Mirgor y BGH en Río Grande.
En Río Grande, precisamente, se efectuó una de las manifestaciones más numerosas de los últimos años, según el portal local Minuto Fueguino. Fue frente a la planta de Mirgor, en el Parque Industrial. Allí se hizo también un acto en que tomaron la palabra referentes sindicales de metalúrgicos, docentes, petroleros, camioneros y empleados de comercio, además de veteranos de Malvinas y estudiantes universitarios. También habló Miguel del Plá, secretario gremial de Adosac (docentes de Santa Cruz), quien señaló que "esta lucha retumba en toda la Patagonia (...) los laburantes no tenemos ningún privilegio y no disfrutamos de ningún curro, y no hacemos esta lucha para apoyar a ningún patrón corrupto ni a ningún político corrupto, lo hacemos por la clase obrera y por el pueblo de la Patagonia y de Tierra del Fuego. Qué importante que sea la clase obrera la que se ponga (al frente) en defensa de una provincia y que todo el pueblo la esté acompañando. Ese es el camino. Así vamos a echar a los que están hundiendo el país, a Milei y a toda la clase explotadora", dijo. También estuvo Rubén "Pollo" Sobrero, de la Unión Ferroviaria seccional Oeste-Haedo, quien viajó desde Buenos Aires.
En Ushuaia también se llevó a cabo una movilización.
Desde los piquetes de fábrica en Río Grande, algunos de los protagonistas hablaron con Prensa Obrera en horas de la mañana. "En todas las familias de los fueguinos hay un empleado metalúrgico, un hijo, un padre, un hermano, un vecino. Somos todos muy cercanos. El acompañamiento de la comunidad es total", sostuvo Mauro Krum, delegado de Mirgor (UOM).
La apertura a compras del exterior promete ser un fuerte golpe a la industria tecnológica fueguina, donde representa un 35% de todo el producto bruto y el año pasado suprimió unos 4.000 puestos laborales. El propio Sturzenegger, quien defendió la medida con un posteo en X, confesó cínicamente que "habíamos hecho una estimación y la pérdida neta de empleos por el régimen de la isla para el total del país era de unos 60.000 empleos".
Las empresas afirman que con este fomento a las importaciones es difícil seguir fabricando celulares en Argentina, lo que significa que van a acelerar su conversión en importadoras y vaticina que intentarán imponer una mayor explotación a sus trabajadores. En esa dirección vienen avanzando patronales como Mirgor, firma de la familia Caputo, que controla más de la mitad de la fabricación de celulares. Krum denunció que las empresas pidieron una conciliación obligatoria contra la huelga fueguina.
Desde Tierra del Fuego los trabajadores paran contra las medidas arancelarias de Milei que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. Las patronales apagan las máquinas y se reciclan importando. Los trabajadores (desarraigados de sus lugares de origen por promesas laborales del… pic.twitter.com/jIC55kqX7x
Es por este motivo que los metalúrgicos están en riesgo y por lo que han salido a una huelga por tiempo indeterminado (ya lleva 7 días), con piquetes en cada fábrica y con dos marchas masivas en Ushuaia y Río Grande. Los trabajadores le exigen a la UOM un paro nacional para continuar la lucha y quebrar el plan del gobierno y el FMI.
Las patronales se adaptan a las importaciones, pero los trabajadores se quedan sin el principal sustento para mantener a sus familias. Es fundamental rodear de solidaridad la lucha de los metalúrgicos y los trabajadores fueguinos para quebrar el plan de guerra oficial.
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Este miércoles 21 de mayo a las 12 horas, en las puertas del Garrahan se llevará adelante una nueva concentración y movilización por parte de los profesionales de la salud del hospital contra el brutal ajuste fiscal que aplica el gobierno sobre la salud pública en general y sobre el hospital en particular que no cesa. La acción es convocada en forma conjunta por la Junta Interna de ATE y la asociación de profesionales, el reclamo es por el salario, por las condiciones de trabajo y en defensa de la salud pública.
La acción fue votada en asamblea general, sin distinción de afiliación, profesión o sector. Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan afirmó: "causó particular impacto, bronca y asco las declaraciones de Milei cuando afirmó que va a realizar una obra de teatro a beneficio del Garrahan, como si el hospital necesitara de una especie de caridad y no del presupuesto público del Estado que él dirige. En ese contexto, llevaremos como principal bandera la necesidad de recomponer los salarios, reclamando un piso que permita que los trabajadores a trabajadoras del hospital vivir. Por eso el piso que se reclama es el equivalente al costo de la canasta básica familiar, que ya está en $1.800.000 según ATE Indec. También para defender al propio hospital que está sufriendo una sangría de renuncias de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, que se retiran por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. En la planta, ya tuvimos 79 renuncias en menos de un año, sin que ingrese una sola persona, por eso también se debate la necesidad de convocar a las familias a sumarse a esta lucha y a la población trabajadora en general".
Luego de que esta medida fuera votada, los residentes del hospital, quienes también están padeciendo la destrucción de la salud por parte de Milei y Lugones, han resuelto un paro de 72 horas que comenzó el martes 20. "Hoy, un residente de primer año no llega a los $800.000 del salario. Esta situación de ingresos de pobreza para jóvenes profesionales que cumplen jornadas laborales de hasta 60 horas semanales ha tocado un límite, sin dejar de mencionar que el año pasado también hubo conflictos con residentes y hubo promesas de mínimas recomposiciones que no se cumplieron".
Sobre el punto, Lipcovich afirmó: "por eso no es casual que ahora estalle con un nuevo paro al cual por supuesto que los trabajadores y trabajadoras de la planta damos todo nuestro apoyo y planteamos desde la Junta Interna del Garrahan la necesidad de confluir en un plan de acción único, común, para enfrentar todos juntos al mismo enemigo que es el gobierno y las autoridades que le responden. Por el salario, las condiciones de trabajo y la defensa de la salud pública".
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Candidato a Secretario General por la Lista Granate Blanca
Corresponsal.
El jueves 15/05 se realizaron las elecciones generales de Foetra, el Sindicato de las Telecomunicaciones de Buenos Aires con un padrón habilitado para votar de 6.350 trabajadoras/es afiliados de Telefónica, Telecom, Arsat y Claro, y 476 jubilados que votaron la secretaria de jubilados. La Lista Azul y Blanca, que llevó como secretario general a Claudio Marín, logró retener la dirección del Sindicato con 2.619 votos, cayendo 930 votos en relación a la elección anterior, bajando del 78% al 69%, casi un 10% menos y con una caída del padrón de 1700 afiliados.
La Lista Granate Blanca integrada por la Agrupación Clasista Naranja Telefónica, Telefónicos de Pie/Lista Negra, Agrupación Violeta Telecomunicaciones, Agrupación Roja, Agrupación Verde Negra y Trabajadores Independientes obtuvo 945 votos, aumentando del 22% al 25%. Un crecimiento que se produjo a pesar de una ruptura divisionista de una agrupación que obtuvo 205 votos, muchos de los cuales fueron por la confusión generada al usurpar el color Naranja, que permitió la Junta Electoral con mayoría azul y blanca, en una clara maniobra del oficialismo para tratar de debilitar a la Lista de Unidad antiburocrática Granate Blanca.
La oposición tomada de conjunto pasó del 22% en el año 2021 al 31% en esta elección, que obviamente no alcanzaron para ganar, que era el objetivo para recuperar Foetra, pero marcaron una cantidad creciente de votos de la oposición en todas las zonas de CABA y el Gran Buenos Aires. La votación más alta de la Granate se dio en el Edificio Vernet donde votaron 321 trabajadores de toda la zona sur de CABA. Allí la azul y blanca obtuvo 168 votos, la granate blanca 128 y la “naranja” 20; sumado los porcentajes serían 53% para la AyB y 47% para la oposición, muy parejo. En la zona norte de CABA la Granate registró una votación del 30% en el edificio Golf y 27% en el Ed. Forest. En el Edificio Paseo Colón, plagado de sanciones arbitrarias para forzar los retiros “voluntarios”, la Granate obtuvo el 34%. En la zona Oeste de CABA, el 35,9% en Lugano y el 27% en Liniers. En el Sur del Gran Buenos Aires también se registraron votaciones importantes en Lomas de Zamora con urnas que llegaron al 37%. En Solano el voto opositor estuvo arriba del 40% y también hay buenas votaciones de la Granate en Sarandí y Lanús, que reflejaron el descontento general.
En el Oeste también se produjeron votaciones importantes: en Ramos Mejía la Granate llegó al 30% y en San Justo al 29%. En la zona norte la votación más alta se dio en el Edificio Benavidez de Arsat, donde la Granate pasó del 4% en la elección anterior al 31% ahora con una lista del activismo combativo y antiburocrático, que propone desarrollar una lucha en serio y de todo el gremio para quebrar el ahogo salarial y el vaciamiento del gobierno.
En Edificios corporativos como Defensa o República de Telefónica, donde se concentran trabajadores por el vaciamiento que acompañó la azul y blanca, se dio una participación bastante baja, con urnas donde votaron apenas entre el 20% y el 38% del padrón, reflejando una desorganización sindical que viene de la mano del crecimiento de la precarización de trabajadores “fuera de convenio”, contratados, tercerizados, combinados con una alta tasa de Teletrabajo.
Superando las maniobras, una campaña a pata y pulmón
La Lista Granate Blanca logró desplegar una amplia campaña, unitaria y de lucha. Enfrentando y superando muchas de las maniobras de la azul y blanca, que comenzaron con el adelantamiento electoral publicado el 20 de febrero, para una elección que debía realizarse en noviembre de 2025. La Junta Electoral, si bien fue compartida, tuvo una mayoría azul y blanca que intervino votando la usurpación del color Naranja e impidió que 18 trabajadores, entre ellos Hernán Fiori, delegado del Ed. Ramos Mejía, pudieran incorporarse como candidatos de la Granate, luego de romper con la lista divisionista. También pretendieron impedir y luego demorar que ingresemos a los edificios, pero logramos romper ese bloqueo, realizamos asambleas y recorridas en más de 70 edificios, donde se expresaba la bronca y los reclamos frente al avance patronal sobre las condiciones de trabajo, las diferencias de convenios y categorías en un mismo sector y la falta de respuestas sindicales, por ejemplo, en temas tan sensibles como la salud y las condiciones de trabajo.
Así lo denunciaron decenas de compañeras y compañeros de las oficinas comerciales y de los sectores de atención telefónica. Lo mismo la bronca por la geolocalización y el excesivo control para regimentar los sectores técnicos. Ni hablar del atraso salarial con los “pagos únicos” que agudizó la crisis de la obra social, en plena campaña, cuando anunciaron el cobro de un arancel extra por integrante familiar para hacer frente a una deuda que jamás se informó. Reclamamos que se abran las cuentas de Ospetelco, denunciando la política de privatización y usurpación de fondos de Milei, que nos afecta de lleno, en una situación que debe ser puesta a consideración del plenario de delegados y la asamblea general.
Otra maniobra fue la desinformación de los lugares de votación, o los cambios arbitrarios, que llevaron a muchos afiliados a no poder votar, algo que favoreció a la azul y blanca para asegurar sus votos, incluso con remises pagados con los fondos sindicales, mientras a nuestro apoderado se le negó el padrón definitivo hasta horas antes de la elección (incumpliendo el estatuto de Foetra) y también el padrón por urna. Las maniobras llegaron al colmo de no entregarnos las boletas para nuestros fiscales, ni siquiera el día de la elección. Lo que llevó a reforzar un operativo de movilización y fiscalización en todos los lugares de votación. Estas maniobras nos restaron votos, aunque no sea en proporción de cambiar el resultado, pero sí de alterar los porcentajes.
¿Cómo la seguimos?
La Agrupación Clasista Naranja Telefónica intervino en todas las luchas previas organizando reclamos, con la salida de boletines y en plenarios de delegados y asambleas, desarrollando una política de independencia de clase que llevó a impulsar una vez más la Lista de Unidad Granate Blanca para recuperar Foetra. Durante la campaña realizamos una presentación de candidatos de la Granate y un cierre con una peña donde se acercaron decenas de compañeras/os y activistas buscando un canal para organizarse e intervenir. El resultado obtenido adquiere aún más relevancia ante la ofensiva de ajuste de las empresas y el gobierno, que cuentan con el apoyo y acompañamiento de todos los gobernadores y la burocracia sindical.
Por eso consideramos fundamental darle continuidad a una intervención unitaria y combativa de la Granate Blanca, que logró consagrar a 3 integrantes (vocalías) en la comisión directiva de Foetra y a 25 congresales, entre titulares y suplentes, a la federación nacional (Fatel) y otros tantos al Consejo de Representantes de Foetra, que serán puestos de lucha, para organizar y defender al conjunto de las trabajadoras/es, algo fundamental de cara a situación en Arsat y la necesidad de salir a defender el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones.
La compra de Telefónica por Telecom plantea una nueva reestructuración de este monopolio del grupo Clarín, que todavía debe sortear trabas legales, pero que ya está avanzando de hecho. Frente a eso es fundamental organizarse desde ahora y exigir que se convoquen, o llegado el caso autoconvocar de ser necesario, las reuniones abiertas de cada especialidad y grupo laboral para los reclamos y la intervención de los trabajadores de Telefónica y Telecom, buscando la unidad también con los compañeros de Telecom encuadrados en Satsaid. Hay que exigir que las empresas realicen las inversiones para mejorar y ampliar la red y los servicios a toda la población, en lugar flexibilizar, desinvertir y achicar los puestos de trabajo. El resultado obtenido nos permite encarar esta nueva etapa con más fuerza. Convocamos a todas las trabajadoras/es a sumarse a la organización independiente para poner en pie una fuerte alternativa antiburocrática y clasista en el gremio.
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Olla popular del Polo Obrero para asistir a los inundados.
Ante las inundaciones que volvieron a afectar a decenas de distritos del Gran Buenos Aires, el Polo Obrero volvió a estar en la primera línea de lucha organizando la solidaridad para miles de hogares en los barrios populares. Un contraste brutal con los gobiernos, que son responsables de la situación y no brindan ninguna asistencia a las familias afectadas por el temporal, se tiran la pelota sin dar respuestas.
En el Río Lujan las familias quedaron bajo el agua, junto con uno de los comedores del Polo Obrero. Los compañeros fueron a tratar de sacar gente de las casas, dado que no podían porque estas quedaron tapadas por el agua.
"Llamamos también a defensa civil y a Edenor para que corten la luz porque muchas partes del barrio donde hay cables también quedaron bajo el agua y había mucha gente que no se quería ir por miedo a que les roben. Después estuvimos en el barrio asistiendo a la gente inundada, repartimos la poquita mercadería que teníamos, ese mismo día nos pusimos en campaña para juntar donaciones de ropa y todo lo que pudimos juntar lo fuimos repartiendo según las necesidades de cada familia. Trasladamos familias a los barrios aledaños como pudimos porque no hay centro de evacuados todavía habilitado en el distrito", afirman los compañeros del Polo.
#URGENTE Pilar. Las familias comienzan a autoevacuarse nuevamente en casas de vecinos ante la crecida del Río Luján y la amenaza de nuevas inundaciones. Durante el fin de semana la zona estuvo arrasada. El municipio sigue sin abrir ni poner a disposición centros de evacuación… https://t.co/vkfMURYKA9pic.twitter.com/OC6Gj4Q8rH
Y denunciaron "Desde ayer y hoy seguimos recorriendo y tratando de ayudar como podemos, hoy el rio creció asique hay nuevos evacuados, si bien está defensa civil y un sector del municipio, siguen sin abrir un centro de evacuación y cada vez va a haber más familias que no tengan a donde ir".
También revalsó el arroyo Catonas, en Moreno, lugar donde el Polo Obrero tiene dos comedores populares, y las familias al día de hoy continúan bajo el agua. "No resolvemos ningún problema pero tratamos de que la gente por lo menos pueda recibir un alimento ante la desidia del municipio, del gobierno provincial y nacional. Estamos haciendo ollas desde el día de la inundación, estamos comprando elementos de limpieza para ayudar a los vecinos a limpiar, entregamos la poca mercadería que tenemos en los comedores para poder darles un poco de comida y algo calentito a la gente", sostuvieron los compañeros del Polo obrero de Moreno.
El Polo Obrero junto a vecinos se organiza para asistir a las familias inundadas. Por ejemplo, en Moreno barrio Cascallares, destaparon los canales tapados de basura y mugre de los arroyos, mientras organizaban una olla popular. En Laferrere barrio Luján-la 70 se organizan… https://t.co/B3r8lrDsSXpic.twitter.com/hOB8pH5dEi
Lo mismo sucedió con el río Matanza-Riachuelo en La Matanza. "Mientras los vecinos se ayudaron entre sí, apenas se pudo recomponer el estado de los comedores, es decir en el momento en que el agua bajó, los compañeros del Polo Obrero se pusieron a cocinar lo que había al alcance de la mano, a leña y descalzos en muchos lugares, ollas populares o mate cocido para brindar algo caliente en un momento trágico para cientos de familias que lo han perdido todo", afirmaron los compañeros de La Matanza.
Además, afirman que el Polo Obrero va alquilar un bote para asistir a vecinos del km 36 de Virrey del Pino, comedor aledaño al río Matanza. La organización popular es lo único que está llevando asistencia en este momento a todas las familias anegadas.
También revalsó el arroyo Morales, y en la zona sur los arroyos San Francisco y Santo Domingo, donde hasta hoy los vecinos del barrio km 13 permanecen bajo el agua. También fue el caso de localidades como Exaltación de la Cruz o Campana, afectado por la crecida del Arroyo de la Cruz.
Desde el primer momento, compañeras y compañeros del Polo pusieron el cuerpo para asistir a quienes lo perdieron todo. En muchos casos, los comedores populares fueron el único refugio para las familias evacuadas. Allí se brindó comida caliente, abrigo y contención, demostrando que la organización independiente de los trabajadores es la que da respuestas concretas frente a la desidia estatal.
Estos comedores existen a pesar del desabastecimiento criminal que sostiene Pettovello desde hace casi dos años, que dejó a los comedores populares sin un solo kilo de comida. Funcionan a pulmón, con el esfuerzo de las compañeras y compañeros que sostienen la olla todos los días, y gracias a las conquistas arrancadas con lucha en cada distrito. Son fruto de la organización de los barrios, frente a la desidia estatal.
Además de la asistencia inmediata, el Polo Obrero lanzó campañas de colecta de ropa, colchones, alimentos no perecederos, pañales y artículos de higiene, en un esfuerzo militante que se multiplicó en todo el país. Mientras los funcionarios hacen declaraciones vacías y el gobierno ajusta los presupuestos sociales en nombre del FMI, el Polo Obrero da la pelea cotidiana para que las familias más vulnerables no queden abandonadas.
Hoy se están organizando asambleas vecinales para luchar en delegaciones y municipios por asistencia integral y resarcimiento a quienes sufrieron pérdidas materiales.
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La campaña electoral porteña dejó de todo. Desde los primeros días, Vanina Biasi y la militancia del FIT-U salieron a las calles, a los lugares de trabajo y estudio, a las villas y barrios, planteando claramente que tenemos que organizarnos para la lucha y fortalecer a la izquierda para que la crisis no la sigamos pagando les trabajadores. Un contraste con la competencia derechista de los candidatos de todos los partidos patronales: Jorge Macri gobierna la Ciudad imitando la motosierra del gobierno nacional y la represión a la protesta social, con la complicidad del peronismo y los radicales en la Legislatura; Milei y Adorni cerraron su campaña con un acto muy pobre a pesar del aparato de punteros, y se dedicaron a promover medidas reaccionarias como la reforma migratoria xenófoba.
Los candidatos y militantes del FIT-U participaron de cada marcha de jubilados reclamando jubilaciones dignas, la restitución de los medicamentos, contra el vaciamiento del Pami y contra la represión de Milei y Bullrich.
También se hicieron eco de los reclamos docentes y estudiantiles con la organización de un encuentro educativo. Allí se denunció la precarización laboral, el recorte de presupuesto educativo y los chanchullos del peronismo, el radicalismo y el PRO con las cajas de las universidades mientras avanza la privatización y miles de estudiantes se quedan sin cursar. Vanina fue contundente al señalar que el primer objetivo es tirar abajo la reforma antieducativa que hoy aplica Jorge Macri que, entre otras cosas, ya cerró 150 cursos de escuelas nocturnas y el postítulo de ESI.
También defendió a la población migrante que hoy padece todo tipo de flagelos en la ciudad. En cada feria, en cada obra, en cada centro de salud, les migrantes sostienen gran parte del funcionamiento cotidiano de la Ciudad; sufriendo la precarización laboral y la persecución. Mientras los gobiernos hacen la vista gorda a la semiesclavitud en los talleres textiles, y otros como el peronista Alejandro Kim directamente son lobbistas de las empresas clandestinas, Vanina Biasi se puso siempre del lado de las trabajadoras.
Además denunció al gobierno porteño por los desalojos en barrios populares, trabas al acceso a la salud y la educación, y discriminación en los registros laborales y habitacionales. Frente al discurso xenófobo, el Frente de Izquierda Unidad defendió el derecho al trabajo, la vivienda y la regularización migratoria para todas las personas que viven y trabajan en nuestro país. Y se hizo eco de la denuncia a la inseguridad que afecta a los trabajadores y es el resultado de los negociados turbios del Estado y su policía con el gran delito.
También se destacó la lucha que se encuentran llevando adelante los profesionales de la salud contra el vaciamiento y el ahogo presupuestario: las asambleas en el Hospital Ramos Mejía, las acciones de lucha del Garrahan, los cortes del Durand, las movilizaciones del Hospital Bonaparte y el reclamo de residentes y concurrentes por salarios dignos. Frente al ajuste de Milei y Macri, la campaña del Frente de Izquierda Unidad puso en el centro la necesidad de luchar por un sistema de salud único, con presupuesto, con salario igual a la canasta familiar y bajo control de sus trabajadores y usuarios.
En una campaña marcada por las promesas vacías y el servilismo a los intereses del gran capital, la lista del Frente de Izquierda Unidad fue la única que defendió sin doble discurso los intereses de la clase trabajadora. Mientras los candidatos patronales discuten cómo profundizar el ajuste, Vanina Biasi y el FIT-U levantaron un programa de salida de los trabajadores a la crisis, en oposición a los gobiernos capitalistas y el FMI. Porque la única alternativa real para les trabajadores, las mujeres y la juventud es organizarse con la izquierda que no se vende.
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Un balance sobre la charla que dio la dirigente del Partido Obrero en la Facultad de Derecho y los desafíos para continuar con la lucha en defensa del pueblo palestino.
Luego de un pago parcial de las dos quincenas adeudadas y quedando pendientes las demandas de falta de aportes al Anses y al fondo de desempleo, los 350 trabajadores levantaron el paro. Estos obreros construyen el parque solar a 3.750 metros de altura con temperaturas bajo cero, trabajando 21 días corridos con solo 7 de descanso, en las cercanías del yacimiento Mariana de Ganfeng, la empresa minera más grande de China.
Los incumplimientos patronales vienen de al menos un año atrás en el que se han producido protestas y despidos. Lo mismo había ocurrido con los trabajadores de otra contratista de la obra de este yacimiento, Moncho S.A, cuyos trabajadores hicieron varios paros por incumplimiento del convenio, falta de ropa de trabajo para las temperaturas extremas. La Uocra seccional Puna aparece cuando los obreros ya no dan más y lanzan medidas sin aval del gremio. Son “bomberos” de esas luchas. Se vienen negando a elegir delegados por empresa impidiendo de esta forma que los trabajadores tengan su propia representación y una organización fuerte en cada empresa. Las contratistas se valen de esta situación para despedir a los voceros de los compañeros en lucha.
Las mineras acaban de recibir de parte del gobierno de Sáenz un beneficio adicional a los que ya acumulan con un pago miserable del 3% de regalas y los que agregó el RIGI, ahora les bajaron a la mitad las tasas que deben pagar por derechos de exploración y otros conceptos. Esto no ha impedido que se multipliquen los despidos por abandono o ralentización de los proyectos .Sin embargo, el negocio sigue siendo muy rentable ya que el costo de producción por tonelada esta en unos 4.000 dólares pero, aún habiendo caído, el precio actual es más del doble de ese costo, unos 10.000 dólares por tonelada.
Resulta indispensable reforzar la organización obrera independiente, exigir a los gremios la elección de delegados por empresa, tender lazos con las comunidades originarias en cada zona para hacer causa común contra los atropellos de las mineras y sus contratistas.
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Recién ahora, investigarán el patromonio de Milei, su hermana y los criptoestafadores
La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de los bienes y activos financieros de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
Pasados tres meses de la estafa millonaria con la criptomoneda $Libra promocionada por el presidente Javier Milei, la jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de los bienes y activos financieros de los principales implicados. Estos son Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, empresarios criptos organizadores de Tech Forum, con acceso a la Casa Rosada, y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores. Al mismo tiempo, bajo secreto de sumario dispuso la investigación del patrimonio de Milei y su hermana.
La jueza también congeló los bienes y activos de María Pía Novelli y María Alicia Rafaele, hermana y madre de Mauricio Novelli, quienes aparecen en grabaciones del Banco Galicia, vaciando dos cajas de seguridad que tenía el empresario tres días después del tuit que publicó Milei y que desató el escándalo con la criptomoneda $Libra. Recién un mes después de esa situación, la jueza dispuso allanar ambas cajas de seguridad, pero ya estaban vacías. Y también allanó una caja de seguridad de la madre de Novelli, pero tampoco había nada.
Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy quedaron en el centro de la escena tras revelarse que, además de ser organizadores del Tech Forum (celebrado con apoyo oficial y presencia de funcionarios, y del cual participaron empresas e influencers cripto señalados por "malas prácticas"), habían mantenido reuniones en la Casa Rosada poco antes del $Libra-gate con el propio presidente Javier Milei y otros altos funcionarios donde se habría tramado la estafa. Sergio Morales, actuaba como nexo entre operadores cripto privados y el Estado, facilitando acceso y visibilidad a empresas con trayectorias poco transparentes.
Este conforma un avance judicial tibio y tardío, cuando el negocio de estos empresarios y funcionarios parásitos del Estado ya hicieron su negocio y se llenaron los bolsillos. En cambio, por tres llamados anónimos y ninguna prueba, las organizaciones piqueteras fueron víctimas de allanamientos ilegales en sus comedores, del procesamiento de los principales dirigentes y hasta de una elevación a juicio en tiempo récord, violentando incluso el derecho a la defensa.
Al mismo tiempo, Servini también dispuso avanzar “en reserva” sobre el patrimonio del propio Milei y de su hermana Karina, actual secretaria general de la Presidencia cuando esta en juego la posible responsabilidad del jefe de Estado en una estafa pública. Este sigilo tampoco se aplicó al Polo Obrero, al contrario, desde la Justicia filtraban elementos de la causa a la que a los abogados de la defensa no le daban acceso, para armar una operación mediática brutal contra la organización.
La doble vara es escandalosa: mientras el presidente promociona criptomonedas truchas, sus amigos hacen caja, y su entorno vacía cajas fuertes con total impunidad, a las organizaciones piqueteras que luchan por comida para los comedores populares las persiguen con causas armadas. En el caso de $Libra, hubo fraude, hubo vaciamiento, hubo fuga y todavía están viendo si abren o no una causa contra Milei.
Esta no es la primera vez que prima el encubrimiento de la responsabilidad política sobre el caso. Luego del fracaso de la comisión investigadora en el Senado la Cámara de Diputados tiene empantanada la constitución de una comisión análoga y llevó adelante una interpelación muy devaluada, a la que sólo asistió el jefe de gabinete, Guillermo Francos, para no dar explicaciones de absolutamente nada de lo que importa que respondan sobre el caso. A su vez, los proyectos de juicio político a Milei, como el que presentó Vanina Biasi, diputada por el Partido Obrero en el FIT-U, con el respaldo de Mónica Schlottahuer (Izquierda Socialista), fueron debidamente archivados.
El fraude de la criptoestafa es un nuevo capítulo del saqueo capitalista del Estado, en este caso encarnado por un gobierno de banqueros y estafadores financieros. Mientras reprimen la protesta social, le pegan a los jubilados que luchan por cobrar una jubilación digna y recortan la comida de los comedores al grito de "no hay plata", arman negocios millonarios saqueando las arcas fiscales con total impunidad.
Esta runfla de estafadores y coimeros no puede seguir gobernando. Fuera Milei, juicio político ya.
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18 de diciembre: Macri fija un "Día de la Policía" para reivindicar la represión a los trabajadores
En homenaje a la represión del 18 de diciembre de 2017 que llevó adelante la policía contra los manifestantes que luchaban en defensa de las jubilaciones.
El gobierno porteño estableció que el 18 de diciembre será el día de la Policía de la Ciudad, en "homenaje a los efectivos que, en 2017, defendieron el Congreso". Este es un acto de la reivindicación abierta de la represión contra quienes luchan.
El 18 de diciembre de 2017 miles de trabajadores y trabajadoras salieron a las calles para rechazar la reforma previsional impulsada por el entonces gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, que fue aprobada gracias a los votos prestados por el peronismo. La respuesta fue una brutal represión en la Plaza Congreso, con balas de goma, gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias.
Aquel 18D se reprimió a quienes luchaban contra una reforma que, en apenas dos años, redujo en un 20% el poder adquisitivo de las jubilaciones. Para diciembre de 2019, según datos del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), los haberes mínimos habían perdido casi una quinta parte de su valor real.
El decreto de Jorge Macri se inscribe en un contexto de creciente criminalización de la protesta. Una política encabezada a nivel nacional por la ministra Patricia Bullrich, quien aplica un protocolo antipiquetes ilegal para la represión directa en manifestaciones y da carta blanca a los milicos en la frontera. En la Ciudad, el gobierno porteño replica la política de mano dura contra manteros, migrantes e indigentes. Una carrera derechista que domina la campaña electoral de la Ciudad.
Cada protesta contra el ajuste de Milei —sea por despidos, tarifazos, por jubilaciones o por el desmantelamiento de la salud y la educación públicas— encuentra como respuesta a la policía del 18D, esa que ahora tiene su día de "celebración". Como en su momento baleaban a la cara a los manifestantes, logrando que muchos perdieran un ojo o tuvieran contusiones graves, ahora una de las víctimas es Pablo Grillo, el fotoreportero que participó de la movilización de jubilados y a quien la gendarmería baleó en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno. Con esta medida, el gobierno de Jorge Macri busca borrar la legitimidad de las luchas populares y blindar a las fuerzas represivas.
Este homenaje a la represión policial tiene como contexto una nueva ofensiva a los jubilados, cuando el FMI reclama acelerar la reforma previsional. Es un rumbo que han emprendido en estos años todos los gobiernos capitalistas, con la consecuencia de haberes de indigencia. Apoyemos la lucha de los jubilados y preparemos nuevas jornadas de movilización masiva de la clase obrera para derrotar a los ajustadores.
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En Cerrillos gana la Libertad Avanza colocando 2 concejales, duplicando a las corrientes peronistas que le siguen en el podio, que llevaban como candidatos a punteros del intendente Borelli o a concejales que están hoy en ejercicio. Se completa así, con los libertarios, un Concejo totalmente ajeno a los enormes reclamos de los vecinos de Cerrillos, y que son solo una escribanía del gobierno de este intendente.
Pero Cerrillos tiene una enorme desinversión en infraestructura urbana, ya que es el municipio con mayor crecimiento poblacional de la provincia. Entre un censo y otro, en 10 años, pasó de 35.000 a 56.000 habitantes. La población se ha extendido sobre la ruta 68, la 21, la 23 y la 26, sin ningún tipo de planificación por parte de los municipios. Miles de familias han comprado lotes sobre la Ruta 26 en Santa Rita I, II y III, Los Algarrobos, Los Píndaros, Terranova, Las Estufas, Cielos del Sur y Las Palmas, y sobre la Ruta 21 hasta San Agustín, en loteos privados como Vallecito de San Agustín, La Lomita, La Jacinta y La Gringa.
La particularidad de estas tierras, es su vecindad con la capital, es que fueron aprovechadas en los últimos 10 años por productores tabacaleros que se reconvirtieron a especuladores inmobiliarios, sin respetar muchos de ellos la Ley de Loteos que exige la entrega de los lotes con servicios y regularización dominial. Todo esto bajo la mirada cómplice de la provincia y el municipio. Las familias, víctimas de la necesidad de un lote, desalentadas de comprar en la ciudad de Salta por la sobrevaluación especulativa de la tierra urbana, se ven obligadas a comprar en los municipios vecinos a la capital, transformándose en ciudades dormitorios, ya que la mayoría trabaja en la ciudad.
Peor aún, la provincia misma instaló 1.300 familias a través del IPV sobre la ruta 26, en Los Paraísos, con solo el servicio de agua y luz, sin cloacas, sin iluminación, sin desagües pluviales o cordón cuneta, obligándolas a sufrir inundaciones cuando llueve o el colapso de los pozos ciegos, con un deficiente servicio de transporte, sin escuela ni centro de salud. Y, como se niega a pagar la expropiación de esas tierras, tampoco tienen regularización dominial. Ni que decir de los trabajadores municipales que cobran salarios cercanos a la canasta de indigencia.
La nueva composición del Concejo será como hasta ahora, ajena a resolver esta enorme desinversión urbana, en un contexto de motosierra de Milei, con la complicidad de Sáenz. Prueba de ello es que el candidato mileisista que ganó la elección se pronunció públicamente por ir al municipio a aplicar el ajuste.
Está claro que la población cerrillana, como también sucedió en la capital, ha elegido un mileísmo tardío por el hartazgo de esperar durante años una mejor calidad de vida, adjudicándole a la casta peronista, que gobierna hace 40 años el municipio, la catástrofe en la que vive. Pero ni bien comiencen a andar, vamos a ver cómo la motosierra libertaria se asociará rápidamente a la falta de recursos presupuestarios para resolver estos enormes problemas.
La presentación de nuestra lista en esta elección ha dejado planteado un programa y la necesidad de la organización del Partido Obrero en Cerrillos, es decir un partido independiente de los poderes de turno, para luchar por esta agenda, para organizar a los vecinos por la planificación y urbanización integral de los barrios y la conquista de los servicios, con asambleas para confeccionar el pliego de reclamos y la organización de la lucha para conquistarlos.
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Vanina Biasi, candidata a legisladora por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad fue entrevistada por Pedro Rosemblat en el programa Industria Nacional del streaming Gelatina. Allí Biasi hizo un repaso por la gestión de Jorge Macri, se despachó contra la derecha y el peronismo y desarrolló las propuestas del FIT-U en la ciudad.
La candidata comenzó hablando sobre cuál es el cuadro de situación en el que se dan estas elecciones: "Dos años después de que ganara Milei vemos la decepción y la frustración en la Ciudad. Es una campaña muy focalizada, al menos en el Frente de Izquierda, en cuestiones que tienen que ver con la salud, que fue un tema bastante importante: el cierre del Bonaparte, los ataques al Garrahan, que son instituciones de Nación pero que están en la Ciudad de Buenos Aires y que gravitan fuerte acá, nos hicieron acercar a la lucha de los profesionales de la salud por salarios, por el presupuesto, por el pase a la carrera profesional de enfermería. Otro aspecto es la nacionalización de la elección".
Y agregó: "La Ciudad de Buenos Aires es un experimento derechista que de alguna manera anticipa también el objetivo de Milei. En definitiva han cogobernado La Libertad Avanza con el PRO durante este año y medio, trabajaron en espejo: reprimieron como loco en la Ciudad porque Macri hizo una campaña recontra derechista contra los pobres de todo tipo, por ejemplo. Mientras avanzaba el gobierno de Milei y su impronta, Jorge Macri iba tratando de parecérsele para arrebatar ese voto derechista en la ciudad, y para ese trabajo ahora puso colectoras, que es Marra, Yamil Santoro, las colectoras de Macri que tratan de derechizarse al máximo para ver si le sacan un poquito de votos a Adorni".
También habló sobre la atomización de los partidos patronales y lo contrastó con la conformación del FIT-U: "Con respecto a la atomización, yo quiero reivindicar la unidad del Frente de Izquierda, somos 4 partidos que tenemos bastante diferencias, militamos en distintos ámbitos y sin embargo acá estamos desde el 2011 que se conformó el FIT. Empezamos siendo 3 partidos, ahora somos 4 partidos en el FIT-U y acá estamos nuevamente, y ayer protagonizamos elecciones muy importantes en Salta y Jujuy, asique creo que es un valor que vale la pena reinvidicar. Acá esta la izquierda, que tiene diferencias entre si, pero que priorizar unirse para poder golpear mejor a toda la política mileísta y macrista".
A su vez, se despachó contra la gestión de Jorge Macri e hizo hincapié también sobre el rol cómplice del peronismo durante la gestión del macrismo: "Hay que votar legisladores que luego tienen que ir a la Legislatura a demostrar que son opositores al macrismo. El macrismo, que lleva 18 años de gestión en la Ciudad, no estuvo solo. Para combatir bien a la derecha tenemos que hacer las cosas bien nosotros. Y eso es un aspecto que le ha entregado la ciudad al macrismo durante todos estos años y que tuvo que ver con que esta ciudad es un desquicio al servicio de negociados, por eso es una ciudad anárquica en sus iniciativas: vienen un día, hacen campaña, dicen que van a hacer un subte, el subte nunca aparece, dicen que van a elevar el ferrocarril sarmiento y terminan haciendo pasos bajo nivel, todo es antojadizo porque depende de los negociados. No hay ninguna planificación. Para eso la colaboración del bloque del PJ fue fundamental".
Para cerrar, Biasi afirmó: "Lo que tenemos que definir es una oposición en la Ciudad y la izquierda ha demostrado que puede ser una oposición para ir a fondo contra esos negociados de IRSA, de las 6 empresas de limpieza que mantienen recontra sucia a esta Ciudad, contra esos negociados que tienen parquímetros en lugares absurdos. Esta es la personalidad que tenemos que definir en esta elección, una oposición en serio, y esa posición en serio tiene que estar dispuesta a ir a decirle a los comerciantes de Flores Norte que se acabó hacerse de ese espacio público en la ciudad de Buenos Aires para hacer sus negocios mientras los vecinos de Flores Norte están padeciendo todo tipo de situaciones que son terribles: convertir todo el barrio en un gran depósito de telas, ver cómo entran camiones de porte aduanero en frente de Flores Norte, por citar un ejemplo. La lista de Leandro Santoro no es una opción para enfrentar esa política macrista".
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El gobierno publicó un nuevo esquema de actualización mensual de las tarifas de electricidad a partir del 1 de junio, en función de "recomponer" la rentabilidad de las empresas distribuidoras. Una nueva transferencia de recursos de los trabajadores a los capitalistas, mientras el Estado interviene para quebrar toda negociación salarial que supere los topes oficiales a la baja.
La fórmula de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) indexa en un 37% por IPC (Índice de Precios al Consumidor) y el 63% restante al índice de precios mayoristas, que es el primero que refleja el traslado de los saltos en la cotización del dólar porque registra los precios de las importaciones y de la industria con insumos del exterior. Esto significa que Edenor y Edesur quedarán cubiertos ante las eventuales devaluaciones del peso.
La "compensación" llega después de un 2024 en que la electricidad se encareció un 430% para los usuarios residenciales del Gran Buenos Aires, casi triplicando la inflación general. Vale recordar que la fórmula del IPC subestima el impacto de las tarifas de servicios públicos dentro de la canasta de consumo de los hogares.
Ya en mayo las facturas promedio subirán 2,4% para energía eléctrica en el AMBA, y a partir de junio se aplicará un esquema de 30 subas mensuales consecutivas. Las beneficiarias Edesur y Edenor son las responsables de los cortes de luz sistemáticos por la falta de inversión en el servicio. Como frutilla del postre, el gobierno les ofrendó a cambio una virtual condonación de las deudas multimillonarias que acumulan con la mayorista Cammesa por no pagarle los despachos de energía.
El gobierno además definirá además antes de fin de año un nuevo esquema de precios para las generadoras de electricidad, con el objetivo de cumplir con el recorte de subsidios que exige el FMI para garantizar la "sostenibilidad" del superávit fiscal. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles de ingresos por una única tarifa general y que la subvención sea destinada exclusivamente a hogares vulnerables que sean beneficiarios de asistencial social.
Mientras indexa las tarifas para que las privatizadas no pierdan con la devaluación, el gobierno quiebralas paritarias y no homologa los acuerdos salariales que fueron cerrados por encima del tope oficial. Un ejemplo es lo que sucedió con la paritaria de comercio, donde el gobierno incentivó a las patronales a que desconozcan el aumento pactado del 1,9% más una suma no remunerativa, después del IPC de marzo de 3,7%. A su vez decretó el mismo cepo al salario mínimo, que quedó en $308.200 para mayo cuando se calcula que se necesitan $1.800.000 por mes para vivir.
La única ancla del gobierno para contener la inflación es atacar el poder adquisitivo de los trabajadores, deprimiendo el consumo y destruyendo la actividad económica. Se trata del recrudecimiento de una ofensiva general contra los trabajadores.
Rechazamos los tarifazos y reclamamos la apertura de los libros de las privatizadas al control obrero y de los usuarios, que permita establecer los costos reales del sistema energético y fijar tarifas acordes a los ingresos de las familias, lo cual va de la mano con un salario inicial de $1.800.000 como estima la canasta familiar la Junta Interna de ATE Indec y si indexación a la inflación. Un control popular demostraría el parasitismo capitalista del servicio eléctrico, con años de vaciamiento mientras embolsaban subsidios millonarios, y por lo tanto la necesidad de una nacionalización integral bajo la dirección de los trabajadores.
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Dejó al descubierto cómo el crecimiento del sector hidrocarburífero se sostiene sobre tarifazos, fugas de capitales y riesgos ambientales que recaen sobre la población.
