La semana pasada, una nutrida delegación de trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se hizo presente en el Congreso Nacional para rechazar el intento del gobierno de privatizar la empresa estatal que opera y construye las centrales nucleares argentinas.
Aunque Nucleoeléctrica funciona bajo la forma jurídica de sociedad anónima, el 100% de su capital accionario pertenece al Estado argentino, distribuido entre el Ministerio de Economía y la CNEA.
Se trata de una compañía superavitaria que ahora se pretende entregar al capital privado por apenas 1.100 millones de dólares, la suma que el gobierno quema en una sola jornada para sostener el tipo de cambio, mientras sigue habilitando la especulación financiera.
Un golpe a los trabajadores y al pueblo
Nucleoeléctrica no es una empresa cualquiera. Es el resultado de 75 años de inversión pública que dio origen a un entramado de conocimiento único en la región: patentes y capacidad de diseño, construcción, operación y mantenimiento de centrales nucleares.
La privatización atenta directamente contra la soberanía y la seguridad nacional. Una eventual gestión privada, orientada a la maximización de la ganancia, es incompatible con la seguridad nuclear y puede traducirse en una reducción de costos en mantenimiento, capacitación, personal, o de medidas de seguridad, poniendo en riesgo la vida de millones.
La privatización no sólo apunta a liquidar cualquier posibilidad de soberanía tecnológica: es también un ataque directo a los derechos laborales y a los convenios colectivos. Las operadoras nucleares privadas en el mundo tienen en promedio 1,3 trabajadores por cada megavatio de potencia. Si se aplicara ese criterio en Nucleoeléctrica, implicaría el despido de entre 700 y 1.300 trabajadores. El gobierno busca disfrazar el negocio ofreciendo a los trabajadores un supuesto 5% de participación accionaria, que no es más que un anzuelo para dividir y hacerlos partícipes de la entrega.
Nasa no solo opera las centrales: también presta servicios de mantenimiento a otras centrales nucleares y a sus propias plantas. Es una empresa estratégico-tecnológica que opera, mantiene, repara, diseña y construye. Si se privatiza, se achicarán estas áreas vitales. Destruir estas capacidades es fácil, pero reconstruirlas lleva décadas.
En la zona de Zárate-Campana, donde se concentran los complejos nucleares, los despidos tendrían un impacto social demoledor sobre miles de familias trabajadoras.
Hoy a Nasa se le paga por su producción menos que el valor promedio de la energía: apenas 57 dólares el MWh, mientras que se importa energía a 106 dólares. Es decir, el Estado paga más caro a los privados extranjeros que a su propia empresa. Si se reconociera a Nasa el valor real de su producción, el superávit de la empresa sería aún mayor.
En paralelo, los trabajadores de Nasa cobran apenas un tercio de lo que se paga en el sector privado. Por esta política de salarios a la baja, en lo que va del año ya renunciaron 322 trabajadores, en su mayoría profesionales altamente calificados que el Estado formó durante años. Y el vaciamiento no es nuevo: durante el macrismo en 2018 fueron despedidos más de 300 compañeros, y hoy muchos sectores de la empresa funcionan con menos personal que el staff mínimo requerido.
Si no se producen cortes masivos de energía es porque la economía argentina tiene un 50% de capacidad industrial ociosa, en el marco de un plan de desindustrialización más amplio, del que forma parte también el vaciamiento del sector energético.
La fuerza de los trabajadores
Tras el Cabildo Abierto por la Soberanía Energética convocado por las CTAs en la sede de Luz y Fuerza de Zárate, y luego de numerosas reuniones con distintos bloques legislativos, se presentaron proyectos de ley para frenar la privatización. El bloque de Fuerza Patria propuso derogar el decreto 695/2025, que habilita la venta parcial de las acciones de la empresa. Por su parte, el Frente de Izquierda planteó un proyecto para declarar la nulidad del decreto. La diferencia no es menor: derogar significa dejarlo sin efecto hacia adelante, mientras que anularlo implica reconocer que nunca debió tener validez. Es fundamental, para lograr la nulidad, apelar a la organización y movilización.
Por ello resulta imprescindible organizar un plan de lucha del sector energético, junto con otros sectores que están peleando. Un plan de lucha que sea capaz de enfrentar esta privatización y también la avanzada sobre las centrales hidroeléctricas y nucleares, y el sistema científico y tecnológico en su totalidad.
En esa línea, los trabajadores convocan a movilizar el 7 de octubre desde la rotonda de acceso a las centrales nucleares hasta la Rotonda de la Dignidad Obrera, en la intersección de la ruta 12 y ruta 6, próxima al Puente Zárate-Brazo Largo. Será una jornada clave para unificar fuerzas en defensa de la soberanía energética.
Defendamos Nucleoeléctrica y los derechos laborales conquistados.
¡Bajemos la térmica, frenemos la entrega, organicemos la lucha por un plan energético bajo control de lxs trabajadores y al servicio del pueblo!
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Rodolfo Aguiar de ATE Nacional ha propagandizando una reunión que mantuvo con Sergio Massa en la que coincidieron en "convocar un debate sobre una nueva estatalidad”. La reunión fue antesala del encuentro convocado por ATE para el próximo 14/10 bajo el lema "El Estado que viene para reconstruir la Patria" del que Massa formará parte.
El contenido de la reunión -la "nueva estatalidad"- es una señal de alarma para los estatales. En primer lugar, contrasta brutalmente con la catástrofe que se vive en las dependencias públicas, en medio de una tendencia mega devaluacionista y de rescate de deuda pública. La motosierra de Milei y los gobernadores en todo el país deja un tendal de desguace de centenares de dependencias, más de 50.000 despidos, pases a disponibilidad masivos y una feroz campaña política de desprestigio que continúa facilitando un histórico recorte salarial con paritarias de 1% que consagran un recorte de más del 40% desde diciembre de 2023.
Esto con el infame beneplácito de Andrés Rodríguez de UPCN, quien, tras rubricar a Milei cada robo salarial y apoyar la Ley Bases, que ataca a la estabilidad laboral y los convenios colectivos en el empleo público, consigue gubernamental para confiscar el bolsillo de los estatales mediante el cobro de copagos en la obra social UP. A espaldas de los trabajadores, nada de esto fue materia de discusión.
Vale decir que la política de Aguiar no tiene nada de original. Expresa un claro encolumnamiento detrás de la convocatoria lanzada por CFK para competir por derecha contra Milei llamando a deponer la bandera del "Estado presente” por la del “Estado eficaz” y en apoyo abierto a la reforma laboral.
En un desesperado y burdo intento por encubrir este allanamiento a la agenda derechista contra los estatales, Aguiar acotó que “el Estado que viene no puede concebirse si no es con trabajadores con estabilidad y salarios dignos”, como si la concesión derechista le diera mejores condiciones para discutir reivindicaciones. Un bochorno.
Más aún, resulta significativo que la reunión se diera a publicidad el jueves 2/10, mientras una gran movilización de los trabajadores del Garrahan que se movilizaron con la Junta Interna de aTR y la Asociación de Profesionales para arrancar el rechazo definitivo al veto de Milei, tras lo cual, y como fruto de la enorme lucha, acaban de conquistar un bono de $450.000 que reclaman sea incorporado de permanente al salario. El contraste de métodos frente a la política de Aguiar no podría ser más brutal: la directiva verde de ATE , que limitó su intervención a un apoyo testimonial en el Garrahan, rehusándose a organizar un paro real en todo el Estado por su triunfo, fue también superada en otros sectores de estatales que de manera autoconvocada se alzaron contra la política de desguace de organismos como lo fueron la multsectorial del Inti, y la pelea del Inta y Vialidad.
Frente a este cuadro de luchas en el Estado y la seguidilla de derrotas políticas de un Milei golpeado por casos de corrupción, la maniobra de Aguiar frente a Massa es más obscena aún. Planteando que “al 26 de octubre hay una nueva oportunidad para encauzar el creciente descontento social hacia Milei” y que “con el voto hay que seguir quitándole poder a este gobierno y se debe construir una representación parlamentaria aun mejor que la que hemos tenido hasta ahora”, la burocracia de ATE desenvuelve en el Estado el operativo político al que está volcada hasta los tuétanos el conjunto de la burocracia sindical: el de sujetar la acción gremial a la promoción de un relevo político dentro de 2 años, o sea, dejar correr la motosierra hoy.
Pero Aguiar no juega solo. Desde las listas de Fuerza Patria, Catalano (Verde y Blanca de ATE Capital) e Isasi (Verde de ATE PBA), le compiten por quién muestra a ATE más integrado al Estado.
Sin distinción de color, la burocracia sindical de ATE lleva agua al molino de la patronal kirchnerista, archiconocida conocida entre los estatales por su política fondomonetarista de defensa del negocio del fraude y la precarización laboral durante 20 años en el Estado. La misma que ya había facilitado la masacre de despido de Macri y que, sumado con el congelamiento de la planta permanente en 2023 que decretó Massa, allanó la motosierra de Mieli.
Superemos las maniobras de Aguiar y las de todas las variantes burocráticas de ATE. El triunfo de los trabajadores del Garrahan, la multisectorial del Inti, del Inta, Vialidad y la universidad representan un insumo de enorme valor para abrir un debate en todas las dependencias públicas para organizar un verdadero paro nacional y un plan de lucha, que debe ser hoy, por un salario igual a la canasta de consumos mínimos de $1.939.698 (ATE Indec, septiembre 2025), contra los despidos y por el pase a planta.
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Reclaman sanción urgente y aplicación efectiva de la emergencia pediátrica, implementando un aumento salarial. Y participarán del plenario sindical de este 16 de agosto.
El narcoescándalo que eyectó a José Luis Espert de la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en La Libertad Avanza abrió paso a otra figura igual de podrida: Diego Santilli. Si la Justicia Electoral lo avala, quedaría como cabeza de lista el exministro de Seguridad porteño, denunciado por tener una decena de sociedades en paraísos fiscales junto a su familia. Cambiaron al narco por el evasor.
Según reveló el portal Diagonales, Santilli figura en los registros de la ex AFIP como monotributista mientras el grupo familiar Santilli-Forchieri posee al menos 14 empresas locales y dos offshore. Una de ellas, South Tourin LLC, fue registrada en Florida en 2014 y está dedicada al alquiler de propiedades, compartiendo dirección con otras sociedades fantasma creadas por intermediarios especializados en evadir impuestos y lavar dinero.
No es la primera vez que el ex ministro de Seguridad porteño aparece involucrado en este tipo de maniobras. En 2021 su nombre figuró en los Pandora Papers, la investigación internacional que expuso a políticos y empresarios que ocultan sus fortunas en paraísos fiscales. El método es conocido: ocultar activos, fugar capitales y evadir impuestos mientras se llenan la boca hablando de “transparencia” y “Ficha Limpia”.
Paradójicamente, el propio Javier Milei, cuando competía contra Larreta en 2023, definió a Santilli como “el candidato del boludeo, que vive de sus negocios y del curro político”. En redes sociales llegó a afirmar: “No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya”. Hoy, ese mismo personaje encabeza la lista del oficialismo libertario.
El represor de siempre
El prontuario de Santilli no se limita al plano económico. Fue ministro de Seguridad porteño y uno de los principales responsables de la represión al movimiento piquetero y a los trabajadores que se movilizaban contra el ajuste. Bajo su gestión, la Policía de la Ciudad atacó con balas de goma y gases a docentes, enfermeros y manifestantes frente al Congreso.
En 2021 viajó a Tel Aviv para reunirse con Ayelet Shaked, la “Dama de Hierro” del régimen sionista y una de las impulsoras de la política genocida contra el pueblo palestino. Desde allí reclamó más presupuesto para la Bonaerense y el envío de 15 mil efectivos a los “centros calientes” del conurbano. Su receta: más policía, más represión y más subordinación al aparato de seguridad israelí, el mismo que entrena fuerzas de ocupación y asesina civiles en Gaza. La “mano dura” es el otro rostro del saqueo económico.
Una alianza de narcos, evasores, represores y entreguistas
El frente político que integran Milei, Bullrich y Santilli condensa lo peor del régimen: narcos, evasores, represores y entreguistas. Consolidan un Estado al servicio del capital financiero, la fuga de divisas y la represión al movimiento obrero, mientras la miseria crece en los barrios y las fuerzas de seguridad descargan palos sobre quienes luchan por un plato de comida.
Frente a la corrupción, la evasión y la represión, la única salida es por abajo: una salida obrera y socialista, independiente de todos los bloques del capital.
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El próximo sábado 11 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro Armenia (Armenia 1366, Palermo), la obra Tita y Rodhesia alcanzará un hito importante: 100 funciones de humor con perspectiva de género.
Protagonizada por Laura Azcurra y Valeria Stilman, esta dupla ha recorrido durante los últimos años escenarios de todo el país y del exterior llevando una propuesta que combina humor, música, improvisación y reflexión política.
Lejos del entretenimiento vacío, Tita y Rodhesia utiliza la risa como herramienta crítica para poner en escena debates sobre los feminismos, los vínculos, la desigualdad y la educación sexual integral (ESI). En tiempos donde los discursos de odio y las políticas reaccionarias intentan retroceder sobre derechos conquistados, la obra se afirma como una trinchera artística y pedagógica, donde el humor y el juego se convierten en actos de resistencia.
El espectáculo invita al público a participar activamente: a jugar, a reírse, a reconocerse en las contradicciones propias y colectivas. Porque jugar también es político: es desafiar los mandatos, abrir preguntas y permitirnos imaginar otros modos posibles de vincularnos.
Tita y Rodhesia celebra no solo un recorrido artístico, sino también la persistencia de un proyecto cultural feminista y autogestivo, que sigue apostando por la construcción colectiva y por el derecho a reírnos de lo que duele, para poder transformarlo.
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Este domingo 5 de octubre se realizó el festival Jazz x Gaza organizado por Músicxs Organizadxs en el CAFF. Un festival donde la concurrencia superó las más de 100 personas que fueron desfilando durante la jornada.
El alto nivel artístico de los grupos, mostrando lo potente de la escena de jazz de Buenos Aires y Argentina, fue lo que hizo del deleite de lxs asistentes. La apertura del trío de Alfre Storti, por momentos cuarteto cuando se sumaba la hermosa voz de Catu Hardoy, fue un gran comienzo con sus canciones, que fueron grabadas en diferentes discos.
La experimentada cantante Ludmila Fernández con un potente cuarteto armado para la ocasión nos deleito con standards como Bye Bye Blackbird y But not for me entre otros que iban calentando la noche a puro swing. La trompetista Jeanette Nenezian nos trajo sus composiciones con un gran cuarteto en clave de jazz contemporáneo y abrió su historia familiar al público mostrando su enorme compromiso con la causa que nos convocaba.
El flamante trío de René Gatica alternó los discursos de Salvador Allende y Gustavo Petro de fuerte denuncia del genocidio en Palestina con su exquisita música, que produjeron un fuerte impacto en el público. El final, con el quinteto de Roque Monsalve a puro jazz manouche, nos hizo vibrar muy fuerte y el cierre con un himno de las luchas de lxs esplotadxs del mundo como Bella Ciao fue el momento más festejado de la noche.
A días de que el Estado genocida de Israel detuviera y secuestrara a lxs compañerxs de la flotilla humanitaria Sumud Global, el escenario del CAFF fue un grito de repudió contra este brutal genocidio que se está sucediendo en Palestina.
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"La única garantía para que estas conquistas se hagan realidad es la movilización de los trabajadores, superando la parálisis de la CGT y la CTA"
Desde el Congreso, los trabajadores del Garrahan, la comunidad universitaria y discapacidad llamaron a una lucha común por la aplicación de las leyes presupuestarias.
Tras el rechazo definitivo de los vetos de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica, las y los trabajadores de la discapacidad, las universidades y el Garrahan señalaron durante la movilización de ayer al Congreso, que la pelea continúa y denunciaron la complicidad de las centrales sindicales en el ajuste oficial.
Rocío, de Prestadores Precarizados, remarcó que la experiencia de la ley de discapacidad muestra que las conquistas parlamentarias no alcanzan si no hay movilización y aseveró que es fundamental la unidad de todos los sectores en esta pelea: “El Parlamento le dio lugar a la ley de Emergencia en Discapacidad, pero el Ejecutivo rechazó su aplicación. Nosotros organizamos la lucha desde abajo, arrancamos la ley al Congreso y la vamos a defender en la calle con todos los sectores en lucha. No confiamos ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, ni en las centrales obreras que son unos traidores. ¿Dónde está la CGT? Negociando. Necesitamos un plan de lucha como clase trabajadora para impulsar un gran paro general”.
"Nuestros reclamos los vamos a llevar adelante en la calle, con movilización popular y desde abajo porque no confiamos ni en el Congreso, ni en el Poder Ejecutivo, ni en las centrales obreras que son unos traidores ¿Dónde está la CGT? Negociando está" Rocío, Prestadores… https://t.co/Q4lAWTOb9upic.twitter.com/MnG3SJhdZM
En la misma línea, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, recordó que la fuerza que arrancó la Ley de Emergencia Pediátrica nació de las medidas de lucha: “Cuando empezó la pelea no había ninguna ley. Lo hicimos con paros, movilizaciones y unidad de los trabajadores, no recorriendo los pasillos parlamentarios. Hoy obtuvimos un paso más, pero esta plaza no está llena y hay una responsabilidad: la complicidad de las centrales sindicales, en primer lugar la CGT, pero también la CTA, que no convocan a parar ni a movilizar. Lo vamos a tener que superar por abajo, porque la recomposición del Garrahan, la universidad y la discapacidad las vamos a conseguir en las calles”.
"Acá hay una complicidad y las centrales sindicales, en primer lugar la CGT, pero también nuestra central que es la CTA, no están convocando a parar, a movilizar y lo vamos a tener que superar por abajo, por el costado, por donde podamos, porque la ley del Garrahan para conseguir… https://t.co/wuMgq6Rptbpic.twitter.com/Qra2NVy36s
Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, advirtió que el gobierno ya dio señales de que buscará no aplicar las leyes aprobadas, como ocurrió con discapacidad y afirmó que hay una convocatoria para discutir cómo continuar la pelea: “Si finalmente deciden no aplicarlas, vamos a tener que salir a luchar por el presupuesto. Ya tenemos una cita clave para reunirnos los sectores de discapacidad, la universidad y la salud para organizar cómo seguir esta pelea. La única garantía de que estas conquistas se hagan realidad será la movilización independiente de todos los sectores, superando la parálisis de la burocracia sindical y avanzando en la unidad de la clase trabajadora".
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"Tras este nuevo triunfo tenemos más fuerzas para redoblar la lucha por los fondos para el Garrahan"
Los trabajadores del hospital llaman a organizar un frente común con el sector de discapacidad y las universidades, para garantizar la aplicación de las leyes conquistadas.
Los trabajadores del Garrahan celebraron la caída de los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica lo que constituye una conquista popular frente al gobierno de Milei. Los trabajadores advirtieron, sin embargo, que la pelea continúa y que es necesario garantizar la inmediata implementación de la norma, empezando por la recomposición salarial en el hospital.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna, declaró que “la caída de los vetos es una evidente conquista popular. La contundente votación deja de lado cualquier debate sobre su aplicación, que debe ser urgente. Son inaceptables las excusas del gobierno para postergar su ejecución reclamando ‘de dónde saldrá el dinero’, cuando acaban de dilapidar 1.500 millones de dólares en un negociado con las cerealeras o mientras se patinan reservas para contener el tipo de cambio. No se nos escapa que Milei y su camarilla pretenderán dilatar la aplicación, pero tras este nuevo triunfo tenemos más fuerzas para redoblar la lucha y exigir los fondos de forma urgente. Antes que nada, deben recomponer los salarios del Garrahan, lo cual sería un primer paso para frenar el vaciamiento que continúa. Plata hay, incluso dentro del hospital, porque los funcionarios nombrados por Milei y Lugones retienen indebidamente 40 mil millones de pesos en un fondo de inversión. Que saquen el dinero de ahí”.
"¿Por qué hoy no hay una movilización multitudinaria de todos los sindicatos? Porque la CGT y la CTA siguen colaborando con el gobierno para que no haya una respuesta general, no quieren que haya una agitación sistemática, movilizaciones cotidianas, tenemos que quebrar esa… https://t.co/jnbySv8vO0pic.twitter.com/biFsVU84CV
Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto, subrayó que “el bono de $350.000 y $450.000 que conquistamos no resolvió el problema, porque es solo por cuatro meses. Ahora, se acabaron las excusas: la recomposición salarial a los niveles de noviembre de 2023 es un mandato legal. Y si el gobierno quiere rebelarse ante una ley que beneficia a los trabajadores, los trabajadores tenemos fuerza para redoblar la lucha y ponerlo contra las cuerdas. Es un gobierno debilitado ante la población, que viene de una derrota electoral y que pasa de un escándalo a otro. No vamos a aceptar que el presupuesto del Garrahan lo digite un narcodiputado como Espert. Es criminal que las centrales sindicales sigan sin convocatorias generales para avanzar en estos y tantos reclamos urgentes de la clase trabajadora”.
La Junta Interna de ATE Garrahan adelantó que impulsará la coordinación con el colectivo de discapacidad y con los trabajadores universitarios para organizar un frente común que pelee por la efectiva aplicación de todas las leyes conquistadas. “La caída de los vetos fortalece nuestra lucha. Ahora, con más fuerzas, vamos por los fondos para el Garrahan y por la salud pública que necesita el pueblo trabajador”, concluyeron.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
Celebraron los trabajadores del Hospital Garrahan, docentes universitarios, estudiantes y organizaciones sindicales que este jueves 2 de octubre movilizaron al Congreso de la Nación, cuando el Senado votó por aplastante mayoría el rechazo definitivo al veto de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario.
La convocatoria se suma a la larga lucha contra el vaciamiento de la salud y la educación pública, denunciar el ajuste del gobierno y reclamar que se apliquen ambas leyes. Los trabajadores del Garrahan vienen luchando contra la falta de recursos golpea de lleno la atención pediátrica y por la recomposición salarial de sus trabajadores. Llevaron adelante paros, festivales, movilizaciones y un tendal de acciones para visibilizar el conflicto y defender el hospital.
En tanto, las universidades se mantienen en pie de lucha contra el presupuesto de miseria que amenaza con paralizar su funcionamiento y en defensa de los salarios docentes e investigadores. Incluso protagonizaron ocupaciones de universidades contra el ajuste de Milei además de la enorme marcha universitaria que ganó las calles con un amplio apoyo popular.
"Acaban de caer los dos vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica y Financiamiento universitario. Fundamental la caída de estos vetos porque ahora son leyes. No resuelven todos los problemas pero dan una señal, el que se organiza y lucha contra el gobierno de Milei y sus cómplices… https://t.co/oNGWUBhsHTpic.twitter.com/p2vBAYFS0y
Karina, madre un paciente del Hospital Garrahan, leyó una carta de las familias del hospital que sostiene: "Padecemos la precarización de la vida a la que nos somete el gobierno tanto en nuestros hogares como en el hospital".
"Padecemos la precarización de la vida a la que nos somete el gobierno tanto en nuestros hogares como en el hospital" Karina, madre de un paciente del Hospital Garrahan lee una carta de las familias del hospital https://t.co/SYXCd8KQRDpic.twitter.com/RnHPGQCNw6
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, realizó declaraciones respecto a la aplicación de dicha ley y al bono temporal que consiguieron los trabajadores del Garrahan gracias a la denodada lucha que se encuentran llevando adelante por recomposición salarial: "El conflicto está lejos de resolverse, porque el bono es una conquista pero transitoria, no frena el vaciamiento ni recompone los salarios. Encima, las autoridades que retienen indebidamente 40 mil millones de pesos acaban de aplicar descuentos en los salarios por ejercer el derecho a huelga. Exigimos la anulación de estos descuentos y la implementación inmediata de la emergencia pediátrica".
Y denunció: "¿Por qué hoy no hay una movilización multitudinaria de todos los sindicatos? Porque la CGT y la CTA siguen colaborando con el gobierno para que no haya una respuesta general, no quieren que haya una agitación sistemática, movilizaciones cotidianas, tenemos que quebrar esa parálisis con un plan de lucha impuesto por abajo".
"¿Por qué hoy no hay una movilización multitudinaria de todos los sindicatos? Porque la CGT y la CTA siguen colaborando con el gobierno para que no haya una respuesta general, no quieren que haya una agitación sistemática, movilizaciones cotidianas, tenemos que quebrar esa… https://t.co/jnbySv8vO0pic.twitter.com/biFsVU84CV
En la misma línea Gerardo "Pino" Oroz sostuvo: "En esta plaza debería estar la CGT, debería haber un gran paro general, no lo hay, los trabajadores estamos organizados con los compañeros de AGD y los estudiantes porque entendemos que tienen que caer ambos vetos. El gobierno esta muy debilitado, necesitamos una huelga general para terminar con la política de este gobierno".
Pronto se conocerá la sanción para el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, afirmó: "Nos quedamos hasta que se vote, sabemos también, porque tenemos el antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que esta no es la última posta sino que seguramente vamos a tener que seguir peleando por la implementación de la ley que entre otras cosas trae para los trabajadores de las universidades una recomposición salarial".
"Nos quedamos hasta que se vote, sabemos también, porque tenemos el antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que esta no es la última posta sino que seguramente vamos a tener que seguir peleando por la implementación de la ley que entre otras cosas trae para los… https://t.co/brs04AqLm0pic.twitter.com/SX8lUVFIaQ
"Los trabajadores no docentes vinimos a derrotar los vetos de Milei en el Senado, el 17 logramos un triunfazo en la calle, dando vuelta el voto de los diputados que habían votado el año pasado en contra de la universidad, lo que demuestra que en la calle se logran los triunfos", sostuvo Marcelo Bornand, delegado General de Apuba Sociales.
"Los trabajadores no docentes vinimos a derrotar los vetos de Milei en el Senado, el 17 logramos un triunfazo en la calle, dando vuelta el voto de los diputados que habían votado el año pasado en contra de la universidad, lo que demuestra que en la calle se logran los triunfos"… https://t.co/uuqoBXZwA0pic.twitter.com/LbNfN1jLkU
También estuvo presente Vanina Biasi, legisladora electa y trabajadora no docente de la UBA: "A Milei se le gana solamente con la gente en las calles como hemos demostrado hasta acá. Mucha fuerza hoy vamos a ganar, se van a rechazar los vetos contra los trabajadores del Garrahan y universitarios, ahora a pelear fuertemente por su implementación", afirmó.
"A Milei se le gana solamente con la gente en las calles como hemos demostrado hasta acá. Mucha fuerza hoy vamos a ganar, se van a rechazar los vetos contra los trabajadores del Garrahan y universitarios, ahora a pelear fuertemente por su implementación" @vaninabiasi trabajadora… https://t.co/ZGoLFORJawpic.twitter.com/Kq6YVgF4Gd
Tatiana Fernández Martí, secretaria general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, dijo: "El Garrahan ya ganó en el Senado, se volteó el veto de Milei y ahora los estudiantes de la universidad venimos por el salario y el financiamiento de las universidades nacionales".
"Para que se apliquen estas leyes, discapacidad con una enorme movilización ayer, Garrahan, universidad, aumento de jubilados, necesitamos un paro nacional de 36h activo, con el pueblo en la calle contra este narco gobierno de corruptos y ajustadores", aseveró Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad.
"Para que se apliquen estas leyes, discapacidad con una enorme movilización ayer, Garrahan, universidad, aumento de jubilados, necesitamos un paro nacional de 36h activo, con el pueblo en la calle contra este narco gobierno de corruptos y ajustadores" @nestorpitrola candidato a… https://t.co/zFsvyrp4rqpic.twitter.com/f7xKed876c
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
Los jubilados volvieron a movilizarse este miércoles al Congreso de la Nación para reclamar la recomposición de sus haberes, que hoy están por debajo de la línea de indigencia, la entrega gratuita de medicamentos y el acceso pleno a la salud.
La respuesta del gobierno fue otra vez la represión. La saña de la Policía Federal y la Gendarmería quedó registrada en fotos y videos: jubilados con dificultades para abrir los ojos por los gases, otros asistidos por equipos de emergencia, y hasta un detenido, Víctor Vargas, quien denunció haber sido arrastrado y pateado por cuatro gendarmes sin explicación alguna.
El mismo gobierno que hambrea a los jubilados con haberes de miseria, también les manda a la Federal y a la Gendarmería para golpearlos cuando salen a reclamar. Descargan palos y gases contra quienes trabajaron toda su vida y hoy no pueden comer ni comprar medicamentos.
Mientras el país se conmueve por femicidios y el avance del narcotráfico, Bullrich manda a sus fuerzas a golpear a los jubilados. “Cuidar las fronteras, no; pegar a jubilados, sí”, resumió con ironía un manifestante. Además, el gobierno viene de premiar con alrededor de 1500 millones de dólares a cinco multinacionales cerealeras con la baja de retenciones mientras a los jubilados les veta hasta una ley con una recomposición mínima en los haberes. Cada palazo contra los jubilados es un intento de disciplinar a todo el pueblo trabajador que enfrenta el ajuste.
El único camino para enfrentar a este gobierno hambreador es ganar la calle. Solo con la movilización y la unidad de todos los sectores en lucha se puede frenar el ajuste y derrotar a este gobierno que gobierna para el FMI y los capitalistas, y descarga todo el peso de la crisis sobre los trabajadores y los jubilados.
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Estudiante de Edición UBA - Creadora de contenido/Estudiante de antropología - Redactora de Resistencia Online
Comunicación digital.
El surgimiento de internet y las plataformas digitales fue celebrado, en sus inicios, como una oportunidad de democratización informativa, capaz de desafiar a los grandes monopolios mediáticos. Sin embargo, las promesas de horizontalidad y acceso universal hoy chocan con nuevos monopolios, desigualdades y jerarquías: desde el control de magnates como Elon Musk hasta la lógica de los algoritmos, que filtran, sesgan y jerarquizan contenidos según intereses. La sobreinformación, la fragmentación de audiencias y la dificultad para discernir entre datos confiables y fake news son parte de este escenario.
En Argentina, las redes sociales se han convertido en un campo de disputa política permanente. El actual gobierno libertario montó un aparato comunicacional dirigido por Santiago Caputo para hostigar opositores y amplificar mensajes de odio. Las campañas de estigmatización contra el movimiento piquetero —con la colaboración de influencers y operadores mediáticos como Manu Jove— mostraron cómo una fake news puede saltar de Twitter a la televisión y tener efectos materiales. Más recientemente, los ataques con deepfakes, como el caso contra Julia Mengolini, confirman que tenemos que estar muy preparados para intervenir en este terreno.
Pero las redes no son un territorio exclusivo de las nuevas derechas. En Argentina, la cooperación colectiva de medios independientes, como Prensa Obrera, y otros usuarios lograron plasmar la agenda callejera siendo una herramienta de maximización de llegada y convocatoria. Además, la reconstrucción de archivo de manifestaciones fue clave para repudiar el avance represivo de Milei-Bullrich y dar con las pruebas y registros de los autores materiales de las brutalidades del brazo armado del Estado, como fue el caso de Pablo Grillo o de la niña gaseada en la movilización de jubilados, donde las redes sociales fueron garantes de la condena social de los efectivos policiales protagonistas de estas barbaries.
A nivel internacional, movimientos juveniles convirtieron las redes en herramientas de organización y masividad. Las recientes rebeliones en Nepal y Francia, coordinadas a través de Telegram y otras plataformas, demuestran la capacidad de la juventud para apropiarse de las tecnologías y convertirlas en motores de movilización. La causa palestina, a su vez, ha roto el cerco mediático internacional gracias a una comunicación militante y descentralizada que multiplica voces, testimonios y denuncias.
Este panorama, que combina teoría crítica y experiencia militante, nos plantea un desafío central: construir una comunicación de otra clase, capaz de enfrentar el troll center, el ciberpatrullaje y la desinformación; de disputar los algoritmos y, al mismo tiempo, de innovar en lenguajes, formatos y narrativas.
La Comisión de Comunicación del Congreso de la UJS convoca a estudiantes de comunicación social, periodismo, editores, investigadores, divulgadores y referentes de nuevos medios a pensar juntos estrategias que articulen práctica política, creatividad y rigor académico. Porque comunicar no es solo difundir: es organizar, movilizar y transformar.
Sumate a la Comisión de Comunicación del Congreso anual de la UJS: un espacio abierto a comunicadores, divulgadores, estudiantes y referentes de los nuevos medios para debatir y construir otra comunicación política posible.
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encontrarás todos los días la cobertura de las grandes luchas del movimiento obrero, la mujer y la juventud, y el análisis de los principales hechos políticos nacionales e internacionales desde una mirada socialista.
Sumate este jueves 4 de septiembre a la primera reunión del Comité Editorial. Esta actividad se da en el marco de la campaña de la UJS contra el genocidio.
Expusieron como oradores Vanina Biasi, (dirigente del PO y legisladora porteña electa), Ismael Jalil (abogado y miembro del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino) y Abdallah El Tibi (residente palestino en Argentina).
Los trabajadores del Hospital Garrahan preparan una nueva movilización al Congreso, junto a la docencia universitaria, para el próximo jueves 2 de octubre. Ese día, el Senado debería tratar los vetos presidenciales a la emergencia en salud pediátrica y el financiamiento universitario.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, señaló: “El jueves 2 nos movilizaremos al Congreso, porque ese día tendría que sesionar el Senado para derrotar definitivamente los vetos a la emergencia en salud pediátrica y financiamiento universitario. Esta unidad con la docencia universitaria y el movimiento estudiantil es fundamental: una gran presencia popular en las calles es la garantía no solo para que el Senado derribe estos vetos, sino también para continuar la lucha inmediatamente después. Sabemos que Milei intentará incumplir la ley como ya lo hizo con discapacidad. Para lograr la efectiva implementación no queda otro camino que el de una fuerte lucha popular. Este gobierno puede ser derrotado: ya tuvo que largar una primera concesión en el Garrahan ($450.000 por cuatro meses según el tramo), y podemos arrinconarlo para que deje de dañar la salud, la educación, el salario y las jubilaciones. Llamamos a todas las organizaciones de trabajadores a sumarse; es criminal que la CGT siga garantizando la gobernabilidad mientras abajo pagamos con salarios de miseria y despidos. Hay que salir a la calle”.
Este jueves, salgamos a las calles contra los vetos al Garrahan y las universidades.
Martes a las 12 horas en Combate de los Pozos 1881, conferencia de prensa junto a la Asociación Gremial Docente de la UBA y otros sectores solidarios pic.twitter.com/dxNr3KkgAt
Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan, informó que la movilización se enmarca en una nueva jornada de paro en el hospital: “El paro arranca el miércoles 1 a las 21 horas y culmina el viernes 3 a las 7 de la mañana. Será una primera respuesta contra los descuentos de salario que empiezan a aplicar Milei y las autoridades del Garrahan. Es una inmoralidad: funcionarios millonarios le descuentan a enfermeras que no cubren la línea de pobreza. Quieren frenar una huelga que se fortaleció en los últimos días, porque todo el hospital sabe que los $450.000 fueron una conquista, pero no resuelven nada: no pasan al básico y en cuatro meses se terminan. Es apenas una parte de los 40 mil millones que retienen en un fondo de inversión. La lucha se profundiza: hace falta una verdadera solución salarial y poner un primer freno al vaciamiento del hospital. Lugones y sus funcionarios se tienen que ir”.
Los trabajadores del Garrahan y la docencia universitaria llaman a todos los sectores en lucha a movilizarse masivamente este jueves al Congreso para derrotar los vetos de Milei.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
Continuando con las reseñas de grandes huelgas y rebeliones en la historia, dedicaremos este artículo a la "Secessio Plebis" o retirada de la plebe de la ciudad de Roma en el año 494 a.C durante la República romana. A esta secesión de los plebeyos -en pugna con la clase acomodada y dominante de los patricios- se la conoce como la primera huelga general de la historia.
Carlos Marx, fundador del socialismo moderno, escribió en el Manifiesto Comunista que la historia de las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas entre las clases. Partiendo de la concepción materialista de la historia, Marx estudió los distintos regímenes sociales, sus modos de producción y la dialéctica de las tensiones y choques entre las clases antagónicas. En esta lucha se enfrentaron en la Antigüedad hombres libres y esclavos, aristócratas y el pueblo, y patricios y plebeyos.
Patricios y Plebeyos
La expulsión del rey Tarquino el Soberbio alumbró el surgimiento de la República (509 a.C - 27 a.C) en la Antigua Roma. El poder pasó a manos del Senado, una institución integrada por 300 miembros pertenecientes a la aristocracia y presidido por dos Cónsules de la clase patricia. Los patricios eran la clase dirigente que se identificaba como descendiente de las familias fundadoras de Roma, los "patres” o padres. Estos familias, según el mito originario, estaban emparentadas con los gemelos Rómulo y Remo hijos de Marte, el dios romano de la guerra. La referencia a la genealogía "divina" de la clase patricia tenía un claro componente de dominación ideológico y religioso sobre la masa de la población constituida por la plebe de trabajadores libres. Los plebeyos no eran un grupo social homogéneo y agrupaban a una mayoría campesina pobre junto a artesanos y comerciantes. Los unía su condición de “pueblo común” marginado de los derechos ciudadanos que tenían los patricios, la clase dominante.
En la base de la estructura económica de la Antigua Roma estaban los esclavos que carecían de derechos. Según algunos historiadores, los esclavos superaron los dos millones en la máxima expansión de Roma. Volveremos sobre este punto a propósito de la gran rebelión de Espartaco a finales de la República.
Los plebeyos, pese a su condición de población mayoritaria de Roma, estaban privados de ocupar cargos públicos y religiosos y de acceder al reparto de nuevas tierras del "Ager Publicus". Este dominio estatal de la tierra se fue incrementando con las conquistas militares. El usufructo del "Ager Publicus" era un privilegio exclusivo de los patricios aristócratas. La lucha por el acceso a la tierra en un régimen donde la riqueza provenía de la explotación latifundista marcó los conflictos sociales durante todo el período republicano. Los hermanos Graco, tribunos de la plebe del Siglo II a.C, se destacarían como defensores de la redistribución de la tierra para favorecer a los campesinos. Estos dirigentes plebeyos, que murieron asesinados, son merecidamente recordados por su prédica y lucha contra los privilegios aristocráticos.
Cuando hablamos de las luchas sociales en la república romana nos referimos a los choques y enfrentamientos entre hombres libres. Esta división de clases entre patricios y plebeyos comenzó con la Monarquía (753 a.C a 509 a.C) y siguió durante la república hasta que los plebeyos conquistaron la igualdad de derechos. Esta desigualdad de derechos ciudadanos se fue haciendo cada vez más insostenible a medida que avanzaba la diferenciación social también entre la clase plebeya. Algunos plebeyos llegaron a ser muy ricos exigiendo la participación directa en el poder y el reconocimiento de los derechos políticos negados por la clase patricia.
El régimen de producción y apropiación del trabajo ajeno en la Antigua Roma se basaba en la explotación latifundista de los campos, y el trabajo forzado de los esclavos en la agricultura, las minas, y los servicios. Los esclavos, como se señaló, no eran hombres libres sino meros instrumentos de trabajo y producción de sus amos. A lo largo de su historia, el régimen esclavista en Roma sometió a esclavitud a cientos de miles de personas capturadas como prisioneros de guerra y también a ciudadanos romanos que perdieron su condición de hombres libres, esclavizados por las deudas que no podían pagar. La esclavitud por deudas en Roma fue uno de los detonantes de "la huelga general" plebeya del siglo V antes de nuestra era, episodio que concentra el propósito de este artículo.
La república romana fue sacudida también en sus postrimerías por grandes rebeliones de esclavos. La más conocida fue la del gladiador Espartaco que llegó a reunir cien mil esclavos combatientes en un ejército que mantuvo en vilo a Roma hasta la derrota y muerte del líder de la rebelión. Espartaco pasó a la historia como ejemplo de lucha y resistencia de los oprimidos contra los opresores y como tal debe ser reivindicado.
Crisis, esclavitud por deudas y huelga
La Roma patricia debió aliarse con pueblos vecinos para conjurar el peligro de una restauración monárquica sellando alianzas militares transitorias. Una vez que Tarquino el Soberbio dejó de ser una amenaza para el Senado romano, las alianzas precarias se rompieron y se retomaron las guerras contra los pueblos vecinos que habitaban en el Lacio y que rivalizaban con Roma. Las victorias militares fueron asentando el poder de Roma en la península itálica y a la vez demandaron grandes gastos y recursos para afrontarlas.
En los comienzos de la república, las legiones del Ejército se formaban mayoritariamente con campesinos que iban al combate y dejaban transitoriamente sus parcelas y cultivos por largos períodos. Los mandos militares correspondían a la clase patricia. Esto alimentó el negocio de la usura y se convirtió en una fuente de riqueza parasitaria de los patricios prestamistas. Las víctimas de estos usureros eran fundamentalmente campesinos arruinados que no podían pagar sus deudas cuando regresaban de las campañas militares. En ausencia de los campesinos, las parcelas eran devastadas por las sequías o apropiadas ilegítimamente por patricios. La ruina económica, el hambre y la imposibilidad de retomar los trabajos agrícolas llevaron a estos ciudadanos libres a contraer préstamos para subsistir interponiendo su persona y libertad como garantía de pago.
Si la deuda no se pagaba, el "lobby" de los prestamistas, amparado por el Senado, podía someter al deudor a la condición de esclavo o ejecutarlo. Un episodio sin comprobación histórica fehaciente narra, como disparador de una rebelión espontánea de los plebeyos, la reacción popular que se produjo por la esclavización de un soldado veterano de guerra que había servido con honores en el Ejército luchando contra los Sabinos. La derogación de este sistema odioso fue la gran bandera reivindicativa de los plebeyos, especialmente de los campesinos endeudados y amenazados de terminar como esclavos.
Antes de la Secesión de la Plebe -que vació la ciudad de Roma- los "soldados campesinos" se habían negado a combatir a los amenazantes pueblos sabinos, volcos y equos exigiendo la condonación de las deudas contraídas para volver a las legiones. Frente al peligro exterior, la dirigencia patricia maniobraba y hacía concesiones transitorias para volver más tarde a las detenciones de plebeyos por morosidad en el pago de las deudas.
La huelga de masas de los plebeyos
La huelga de la clase plebeya de Roma fue una huelga reivindicativa (reclamo de condonación de deudas) pero también política por las reformas que promovió y provocó. La Secesión de la Plebe del año 494 a.C no fue la única e inició una serie de otras huelgas similares que, a su turno, impusieron importantes conquistas y leyes plebeyas. Tengamos en cuenta que la Secesión de la Plebe o "Conflicto de las Órdenes" consistió básicamente en el éxodo masivo de la plebe a las afueras de Roma dejando la ciudad paralizada, sin comercio, sin funcionamiento de los talleres y sin protección militar.
Los plebeyos que integraban las legiones militares se dirigieron al Monte Sacro donde acamparon y levantaron un foso y empalizada de protección. Encendida la chispa, miles de otros plebeyos pobres subieron al Monte Sacro sumándose a la huelga general. Fue una huelga de masas que llegó a considerar la fundación de una nueva ciudad sin la clase patricia. En este cuadro de crisis general, el miedo a una unión de los esclavos con los plebeyos aumentó los temores de una sublevación general. Esa unión no se dio y tampoco fue promovida por los plebeyos ricos con expectativas de un progreso social. El pliego reivindicativo y las demandas políticas que negociaron los dirigentes plebeyos con los representantes patricios dice mucho de un conflicto de intereses que databa desde la monarquía.
Entre estos representantes patricios estuvo Menenio Agripa, quien invocó el peligro de una caída de Roma (indefensa frente a los pueblos vecinos) si se mantenía el acampe de los soldados y la huelga proseguía desabasteciendo a la ciudad. Las negociaciones fueron rubricadas con reformas políticas que beneficiaron a la clase plebeya. En el "partido" del Senado la fracción mayoritaria rechazó de plano la derogación del régimen de esclavitud por deudas. Este sistema, que ataba el deudor al prestamista, continuó y fue parte de las Doce Tablas que introdujeron la legislación escrita en Roma. En las Tablas se mantuvo también la prohibición de matrimonios entre patricios y plebeyos y pasará un largo tiempo hasta que esta legislación se modifique al calor de la lucha de clases. En los momentos más álgidos, el Senado se vio obligado a condenaciones temporarias que luego incumplía cuando los soldados regresaban a las campañas militares.
El desenlace de la huelga general
El temor a la rebelión convenció a la mayoría de los senadores patricios a ceder en algunos reclamos a los plebeyos. No prosperó la política del ala más dura del Senado que pedía una represión abierta para la cual no había condiciones. Los patricios, con Roma paralizada, eran una clase dirigente sin "dirigidos", una clase asustada y temerosa de una guerra civil que terminara barriendo sus privilegios y propiedades.
Los plebeyos arrancaron con la huelga general y la acción directa dos conquistas fundamentales. Por un lado, se reconocieron a los Tribunos de la Plebe encargados de la defensa del pueblo común. Junto a estos tribunos se constituyó la Asamblea o Concilio de la Plebe que elegía a los tribunos y legislaba las iniciativas plebeyas llamadas plebiscitos. También surgieron los ediles que actuaban como alcaldes y policía propia de la plebe. La Asamblea de la Plebe se constituyó en una suerte de "doble poder" que rivalizaba con el Senado. Inicialmente las resoluciones de la Asamblea de la Plebe eran obligatorias sólo para los plebeyos, pero esto cambiaría más adelante con nuevas secesiones plebeyas y reformas políticas. Los Tribunos de la Plebe tenían derecho a veto para impedir la aprobación de leyes perjudiciales para el pueblo y gozaban de inmunidad. Esta inmunidad de los tribunos plebeyos no impidió, como señalamos, que en el Siglo II a.C un grupo de patricios asesinaran a Tiberio y a Cayo Graco en un acto de sangre que retrató los violentos antagonismos sociales en la República romana. El asesinato de los Gracos tuvo como telón de fondo el rechazo de los terratenientes a la distribución de tierras que impulsaban los hermanos con su proyecto de reforma agraria.
Qué dejó la Secesión de la Plebe
Los derechos plebeyos impuestos en el año 494 a.C prepararon el camino para nuevas conquistas políticas que consolidaron a la clase plebeya, especialmente a sus fracciones más pudientes y poderosas. Entre estas reformas posteriores sobresalieron las Doce Tablas (450 a.C) que codificaron derechos y obligaciones. Estas Tablas debían limitar las interpretaciones arbitrarias de los usos y costumbres “legales” que siempre habían favorecido a la aristocracia patricia. No han quedado rastros materiales de estas Doce Tablas que dieron base al Derecho Romano.
Luciano Sicinio Velluto, uno de los máximos dirigentes de la huelga general del 494 a.C, fue elegido cónsul cuando la nueva legislación concedió este derecho a los plebeyos. Otra reforma importante le reconoció a la Asamblea de la Plebe el derecho a legislar para todos los ciudadanos de Roma. De esta forma, los plebiscitos adquirieron fuerza de ley para todos los ciudadanos. A estas leyes le siguieron otras como el reconocimiento legal de los matrimonios entre miembros de la clase patricia y plebeya. La última secesión plebeya impuso en el 287 a.C la validez legal del sistema plebiscitos (Lex Hortensia).
Los conflictos sociales hacia el final de la República (509 a.C - 27 a.C) derivaron en los enfrentamientos entre el partido de los "optimates" y los "populares". Los optimates eran los ciudadanos ricos a los que se habían incorporado los plebeyos adinerados. El matrimonio entre patricios y plebeyos (445 a.C) fortaleció el ascenso social de los plebeyos poderosos. La riqueza fue suplantando al linaje. Un plebeyo (Craso) con inversiones inmobiliarias y negocios usureros llegó a acumular la mayor fortuna de toda Roma.
Con respecto a los esclavos, sus rebeliones tuvieron el límite de la falta de una perspectiva histórica y de un régimen social y económico superador. Espartaco y los suyos luchaban por su libertad pero nunca se plantearon una organización política o estatal como pudo haber sido una República de esclavos liberados.
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El pasado 25 de septiembre nuevamente se movilizó en Florencio Varela, esta vez por el centro comercial, previa asamblea donde se discutieron los pasos y acciones a seguir por el pedido de justicia por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena y por todas las violencias ejercidas hacia la mujer y las diversidades.
La jornada hizo eje sobre todo en la cuestión de que el distrito es zona liberada para las bandas narcos y la trata. Por esa razón se recalcó la total impunidad y la cantidad de casos sin esclarecer como el triple femicidio de Senzabello y otros femicidios. La complicidad y la participación de funcionarios del municipio en las redes de trata llevó a la asamblea a decidir acciones locales para el día 2 de octubre, día en que sesionará el Concejo Deliberante, para denunciar la complicidad del Estado con las redes y llevando el reclamo sobre la falta de políticas públicas para resguardar la vida e integridad de les vecines y sobre todo hacia las mujeres, diversidades y juventudes.
La asamblea se desarrolló con una fuerte decisión de seguir organizadas y reavivó de algún modo el frente antifascista surgido en la gran asamblea de Parque Lezama, luego del discurso de Milei en Davos, que en Florencio Varela tomó la denominación de transfeminista y antirracista. También contó con la presencia de la mamá de Roxana, desaparecida en el año 2018 y por la que aún reclamamos su aparición con vida, quien recalcó que la movilización en las calles es la vía de acción para visibilizar y conseguir justicia.
Se determinó finalmente la participación en la marcha del sábado 27, por pedido de justicia de Brenda, Lara y Morena, convocada por el Ni una Menos desde Plaza de Mayo a Congreso, y la necesidad de volver a salir a las calles.
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Con este artículo iniciamos una reseña de grandes huelgas que fueron parte de las luchas y rebeliones de los oprimidos en distintos períodos históricos. Algunas de estas huelgas son ampliamente conocidas y otras no tanto, pero todas aportaron a su turno a la organización y conciencia de los explotados. En épocas de "batalla cultural" está más vigente que nunca el hilo conductor de la historia humana, que es la lucha de clases.
En tiempos de Ramsés III
Para poner en contexto cómo surgió la primera huelga de trabajadores registrada en la historia tenemos que remontarnos al reinado del Faraón Ramsés III, hacia finales del Reino Nuevo del Antiguo Egipto. La huelga de los constructores de Tumbas Reales en el Valle de los Reyes está documentada en el llamado "Papiro de la Huelga", que se encuentra en el Museo Egipcio de Turín en Italia. Por este documento se puede reconstruir el origen de la huelga, su fecha aproximada, los reclamos de los obreros a las autoridades, las acciones emprendidas y hasta los salarios en especies que cobraban estos trabajadores asalariados de la XX Dinastía.
La huelga transcurrió alrededor del 1152 A.C. En verdad fueron tres huelgas en pocos meses, que se sucedieron ante el retraso de salarios que debía pagar el Estado a los constructores, decoradores y encargados del mantenimiento y protección de la tumba del Faraón que comenzaba en vida del soberano. Es importante detenerse en la sociedad jerárquica del Antiguo Egipto, en cuya cúspide reinaba el Faraón, quien reclamaba para sí un origen divino o de intermediario con los dioses según distintos momentos históricos. Si bien los trabajadores que fueron a la huelga no cuestionaban la autoridad del Faraón —a quien le dirigían sus peticiones por intermedio de los escribas que dominaban la escritura jeroglífica— no deja de sorprender el alcance de las medidas de acción directa que interrumpieron la construcción de la Tumba de Ramsés III, considerado por sus súbditos como una divinidad. En plena huelga, los trabajadores se sentaron de espaldas al Templo para hacer sentir la protesta.
Las clases sociales en el Antiguo Egipto
Quienes pasaron a la Historia como los primeros huelguistas —posiblemente hubo otras protestas similares no registradas— no eran esclavos sino trabajadores asalariados que recibían sus pagas en cereales, pan, cerveza, dátiles y frutos indispensables para su alimentación. Para los obreros que vivían en la aldea de la actual Deir-el-Medina, la interrupción del pago traía consigo la hambruna generalizada. Esta capa de trabajadores no era homogénea, lo que realza la trascendencia de la huelga, ya que en distintos momentos las autoridades fracasaron en quebrar la unidad de los trabajadores del “interior” y del “exterior”.
Los constructores de Tumbas Reales se dividían entre dos grupos que trabajaban en cuadrillas a cargo de capataces: por un lado los del interior de las tumbas, formados por canteros, escultores, dibujantes y pintores, y por el otro el de apoyo exterior, menos calificados, que hacían los servicios auxiliares organizados en cuadrillas de alfareros, cortadores de leña, yeseros, repartidores de dátiles y agua, entre otras tareas. Este grupo, que trabajaba fuera de las tumbas, era el Semeder, que incluía también a los porteros de las tumbas y a la “policía” que custodiaba las construcciones funerarias reales y los tesoros enterrados. Un signo de la decadencia que fue marcando el final del reinado de Ramsés III fue precisamente el saqueo de las tumbas imperiales.
Los constructores tenían salarios distintos según las funciones que cumplían, pero siempre en especies. Esto les permitió a los más especializados —y difíciles de sustituir— acumular ciertos excedentes más allá del consumo familiar. Los capataces y jefes de cuadrillas de trabajo eran, junto a los escribas que registraban todos los movimientos contables, progresos y conflictos de la “Institución Tumba”, los mejores pagos. Sin embargo, con el correr de la huelga, éstos también se sumarían a la protesta colectiva, reforzando un reclamo que los involucraba directamente: los atrasos en los pagos se repetían y duraban de ocho a veinte días. Según consta en el Papiro de la Huelga, no solo se discontinuaban los pagos, sino que se modificaron los productos que recibían los trabajadores a modo de salario en especies, sustituyéndolos por otros de menor calidad. El “desayuno” que abría el día era frugal y consistía en agua del Nilo que se dejaba reposar y pan de trigo o cebada cocido. En tiempos normales, esta alimentación era el “combustible” para iniciar las largas jornadas de diez horas partidas en dos. Estos trabajadores trabajaban diez días seguidos por uno de descanso, si no había fiestas religiosas que también eran días no laborables.
Importa señalar que por debajo de la autoridad del Faraón creció una burocracia encargada de la administración del imperio y recaudación de impuestos en especies y trabajo, con los privilegios propios de su posición social. A medida que el ejército se fue profesionalizando y crecía como organización permanente, los altos mandos recaían en la nobleza y familiares del Faraón. El Visir era una figura muy importante en la dirección del Estado y el responsable de la ejecución de las obras en las Tumbas Reales en el Valle de los Reyes. Otra clase privilegiada era la sacerdotal, que fue ganando poder a medida que se debilitaba el poder centralizado del faraón, característica del reinado de Ramsés III. La masa campesina era mayoritaria y alcanzaba al 80% de la población, dedicándose principalmente a los cultivos de trigo y cebada. No eran esclavos y pagaban impuestos con el fruto de las cosechas y con trabajo en las grandes construcciones hidráulicas y de infraestructura civil y religiosa.
El río Nilo, la "autopista" del Antiguo Egipto, era vital para la agricultura, el comercio, la comunicación, el comercio vía trueque y el transporte fluvial desde el sur al Delta. La fertilidad de las tierras cercanas al río, producto de los desbordes y depósitos de limo, era el “motor” de una economía basada en la agricultura. Las aguas del Nilo fueron aprovechadas magistralmente mediante grandes obras centralizadas por el Estado, cuyo aparato dirigía las obras de riego imprescindibles en una geografía mayormente desértica con temperaturas extremas. A este modo de producción se lo conoce como despotismo asiático o despotismo tributario. El excedente de los cultivos era apropiado como tributo y se invertía en las obras que hoy conocemos como "faraónicas": las construcciones de templos, pirámides y tumbas destinados a realizar la grandeza del Faraón. Este plusvalor también servía para llenar los graneros del Estado y para financiar los gastos militares, del ejército y el funcionamiento de las instituciones estatales.
Bajo este régimen despótico, el Antiguo Egipto mantuvo una regularidad en la organización de las tareas y distribución de los recursos que se extendió por más de tres milenios, dando lugar a una concepción de la vida, la cultura y el lugar sagrado que ocupaban los dioses. Los faraones eran la representación de estas deidades que conformaban el politeísmo religioso. Esta orden y “armonía”, propia de las sociedades agrarias, transcurría entre las crecidas e inundaciones del Nilo y las labores agrícolas que marcaban los tiempos y el calendario egipcio. La “rutina” de los imperios Antiguo, Medio y Nuevo fue sacudida por los llamados “períodos intermedios”, que fueron de crisis, decadencia, fluctuaciones de precios, invasiones, sequías, luchas palaciegas y revoluciones religiosas asociadas a las disputas de poder y sucesorias. A la “regularidad” le siguieron épocas de profunda inestabilidad política. El propio Ramsés III murió asesinado por una conspiración urdida por su esposa secundaria y su hijo mayor. Esta decadencia afectó también a sus sucesores pertenecientes a la Dinastía de los ramésidas.
Los esclavos no eran la mayoría trabajadora del Antiguo Egipto, sino prisioneros de guerra que eran repartidos como botín, una diferencia que distinguió a esta civilización de la Antigüedad con el sistema esclavista de producción de Grecia y Roma. Algunos especialistas consideran que los esclavos no superaban el 5% de la población total y se dedicaban a los servicios en los palacios y casas de la nobleza y jefes militares. En la base explotada estaban los campesinos, que entregaban la cosecha como tributo al Estado, y una capa minoritaria de obreros especializados encargados de la construcción de tumbas reales, quienes percibían salarios para su manutención diaria. Otra capa de trabajadores eran los artesanos a medida que avanzaba la diferenciación del trabajo.
Será en la zona cercana al Valle de los Reyes donde se fueron construyendo los trabajos reales – incluida la del Faraón Ramsés III – donde tendrá lugar la huelga que motiva esta reseña. Diferente era la situación de los miles de trabajadores empleados en la construcción de las Grandes Pirámides de Giza durante el Imperio Antiguo. Estos debían cumplir con esta carga estatal por la que percibían una remuneración en especies. Eran trabajadores mayormente “estacionales”, reclutados fuera del tiempo de las cosechas.
Estas colosales pirámides demandaron gastos enormes que no pudieron repetirse en los Reinos Medio y Nuevo. Los constructores de Tumbas Reales tenían, por el contrario, una continuidad de trabajo, formaban una comunidad estable y eran muy considerados por la labor que realizaban. Vivían en asentamientos de obreros y casas de adobe con sus familias en lo que hoy conocemos como Deir-el-Medina, a poca distancia de la capital Tebas y en las cercanías de la Necrópolis donde estaban las Tumbas de la realeza. Esta calificación del trabajo que realizaban fue determinante a la hora de la huelga, que terminó uniendo a los obreros del interior con los que hacían los servicios de apoyo e incluso con la “policía” que custodiaba las tumbas. La vanguardia de las protestas parece haber sido el sector que agrupaba a los obreros del “exterior”, quienes fueron los primeros en reaccionar cuando se cortaron los pagos de sus salarios.
Tenemos hambre y sed
El Papiro de la Huelga, obra de un escriba que participó de las protestas en Deir-el-Medina y los fragmentos de cerámicos encontrados, permiten reconstruir la vida cotidiana y los pormenores del conflicto. El grito que unificó la huelga fue “Tenemos hambre y sed”, un testimonio de la situación desesperante de esta capa de trabajadores libres. El retraso de los pagos puso en evidencia la decadencia creciente del Reino Nuevo y sus crisis de finanzas. Varios factores contribuyeron a “secar” las arcas de Ramsés III, y en primer lugar los enormes gastos destinados a combatir la invasión de los “Pueblos del Mar”, que amenazaron con ocupar Egipto e instalarse en las zonas fértiles adyacentes al Nilo. El Faraón salió victorioso en dos grandes batallas, una en tierra y otra naval en el Delta del Nilo, expulsando a los invasores. La crisis de las finanzas fue también el resultado de los gastos monumentales destinados a celebrar el “jubileo” o festejo de los 30 años de reinado del Faraón, que procuró emular la gloria de Ramsés II el Grande. Este desangre de las cuentas se agravó con la corrupción administrativa y los reclamos de la clase sacerdotal de Amón, que fue beneficiada con más tierras.
La sucesión de huelgas en Deir-el-Medina puso en evidencia los incumplimientos de las autoridades y del Visir, que una y otra vez volvían a retrasar el pago de los salarios. Los métodos empleados por los huelguistas son indicativos del progreso de la conciencia y organización de los constructores de tumbas. La paralización del trabajo fue acompañada con marchas al Valle de los Reyes, asambleas y sentadas frente a las casas de los funcionarios e incluso con la ocupación transitoria de la tumba de Ramsés III. Un dato interesante es que, habiendo nacido como una huelga reivindicativa, su desarrollo llevó a cuestionar la corrupción del Visir y otros funcionarios reales que retenían los pagos en especies y no garantizaban el sostenimiento de los trabajadores y sus familias.
Huelga histórica
Como dijimos, la de Deir-el-Medina fue la primera huelga documentada. La existencia de “tribunales” especiales para mediar y arbitrar en las demandas confirma que esta huelga no fue el primer conflicto laboral. Estos antecedentes seguramente incidieron en el temor de las autoridades a ordenar la represión a los huelguistas. También pesaron las denuncias de corrupción que comprometían directamente al Visir de turno. La evolución a un plano más "político" —responsabilizando al Visir por la hambruna generada— le dio a esta primera huelga una mayor significación histórica.
Con Ramsés IV y otros faraones ramésidas siguieron los conflictos laborales y reclamos reivindicativos. Como se señaló, al incumplimiento de los pagos en especies se sumó la entrega de productos de menor calidad a cambio de la prestación del trabajo diario, lo que hoy llamaríamos “ajuste” para que “cierren las cuentas”, una forma de confiscación salarial. Los constructores de Tumbas Reales fueron, además de huelguistas, los primeros "piqueteros" de la historia.
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La presentación del nuevo libro de Javier Milei, La construcción del milagro, prevista para el 6 de octubre en el Movistar Arena, ya está atravesada por un nuevo escándalo de corrupción. El alquiler del estadio, que supera los 100 mil dólares, será financiado por Eduardo Kovalivker, accionista principal de la droguería Suizo Argentina, empresa investigada en la causa de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Mientras las personas con discapacidad sufren recortes en las prestaciones y los jubilados padecen la licuación de sus haberes por la inflación, los Kovalivker multiplican contratos con el Estado bajo el gobierno libertario. Solo en 2025 pasaron de contratos por $3.898 millones a $108.299 millones.
Los audios filtrados del exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, revelaron un sistema de retornos ilegales de entre el 3% y el 8% en los contratos de medicamentos. Allí se menciona reiteradamente a la droguería Suizo Argentina junto a Karina Milei y los Menem. Además, el directivo Emmanuel Kovalivker fue interceptado con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, otro dato que desnuda la magnitud de las maniobras corruptas.
La Suizo Argentina se transformó en un engranaje central de los negociados del mileísmo: firmó contratos con Pami, los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa, y hasta la obra social intervenida de Uatre (Osprera). A la par, Jonathan Kovalivker —hijo de Eduardo y presidente de la firma— fue recaudador de fondos para la campaña de La Libertad Avanza en 2023. Los negocios empresariales se combinan directamente con el financiamiento político-electoral.
La red de complicidades llega también al plano editorial. Eduardo Kovalivker publicó varios libros en Hojas del Sur, la editorial de Andrés Mego, responsable de organizar la “Derecha Fest” y de difundir a referentes reaccionarios como Agustín Laje y Nicolás Márquez. La misma editorial es la que ahora edita el libro de Milei.
El gobierno de Milei se apoya sobre dólares frescos de empresarios imputados, contratos públicos amañados y un esquema de corrupción que atraviesa todas las áreas del Estado. Así es como los capitalistas se cobran el vuelto de financiar a los partidos patronales: beneficiándose de corruptelas y del desfalco sistemático del erario público, vía contratos con sobreprecios y favores oficiales que terminan en sus bolsillos; mientras descargan la motosierra sobre jubilados, personas con discapacidad y trabajadores.
Este nuevo escándalo del gobierno de coimeros es la mejor ilustración de los únicos que ganan con el “milagro”: un régimen de corrupción y saqueo al servicio de los capitalistas amigos del poder y del capital financiero internacional. Tenemos que ganar las calles para echar a esta banda de ajustadores y ladrones.
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El raid de Milei en Nueva York con motivo de la asamblea anual de la ONU lo lleva a un sitial en la galería colonial de la entrega nacional. El nivel de sumisión al imperialismo ha llegado a extremos estéticos que solo escenifican la desesperación de un gobierno en caída libre. Como el momento de exhibir el cuadro con el tuit de Trump, que casi sin mirarlo apoyó “su reelección como presidente”, desinformado que el presidente argentino está mendigando más deuda -de la peor- para llegar a una elección de medio término en cuatro semanas. Ya habíamos tenido el episodio de Kristalina Georgieva del FMI llamando a votarlo a Milei, del cual tuvo que desmentirse para cuidar las formas que ahora Trump violentó abierta y deliberadamente, como lo hizo en favor de la libertad de Bolsonaro, contra toda independencia nacional de Brasil.
Al mismo tiempo sus consejos a la ONU para que recupere “su rol esencial en favor de la paz mundial” resultaron insultantes en tanto se deshizo en loas a la política imperialista de Trump, sostén fundamental del genocidio palestino, que hasta la propia ONU ha confirmado. En ese cuadro, mencionar nuestra soberanía en Malvinas fue una formalidad absurda cuando avala el exterminio de un pueblo de millones para la apropiación de toda la Palestina y los bombardeos a media docena de países de Asia Occidental. Pero también cuando los Estados Unidos han desplegado una flota de guerra frente a Venezuela hasta hundiendo embarcaciones de esa bandera. Ni hablar de la entrevista con Netanyahu que enloda al país.
El broche de la vergonzosa intervención de Milei ante Naciones Unidas fue la apología de la brutal cacería y deportación de inmigrantes de Trump, lo que debe abrir los ojos de todo el movimiento popular y de los inmigrantes en particular, porque la expulsión de hermanos latinoamericanos ha crecido también en la Argentina. Un motivo más para terminar cuanto antes con este régimen. Mientras Trump y Milei hablaron en la ONU, la flotilla humanitaria donde participan compañeros argentinos del Frente de Izquierda era atacada otra vez con drones.
Un salvataje electoral desembozado
Repasaremos el carácter leonino del tipo de “ayuda” que el secretario Scott Bessent prometió en abril y reafirmó ahora, y de los límites insalvables que tendrá. Pero digamos ante todo que se trata del salvataje electoral desembozado de Milei que después de ampliar la deuda con el FMI en abril en la friolera de U$S 20.000 millones, no pudo llegar hasta las elecciones de octubre. La espiral de endeudamiento a tasas siderales en pesos, como la rebaja de retenciones que anunció en la Rural en julio, los miles de millones de dólares a futuro que ya costaron 900 mil millones de pesos a julio o los renovados esfuerzos de mantener la bicicleta financiera del carry trade, no pudieron evitar la fuga de capitales y el fracaso estrepitoso de quien prometió “perforar el piso de la banda cambiaria” de $1.000. La balanza comercial se ha derrumbado, la avalancha de importaciones y de turismo al extranjero, sumada a la fuga de capitales, mantuvieron las reservas del Banco Central en rojo y todo el castillo se terminó de derrumbar cuando recibieron la paliza en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.
A la corrida cambiaria que se devoró U$S 1.100 millones en tres días le podía seguir una corrida bancaria. Entonces el único aliado de Trump en un país con cierto peso en el “patio trasero” empezó su cuenta regresiva y había que rescatarlo en resguardo de los “intereses estratégicos de los EEUU de América”. Las masas, sus luchas, sus manifestaciones masivas, y sus votaciones, empezaron a poner en peligro un régimen que mostró su podredumbre por dentro en el Karinagate y demás desastres de corrupción que nada tienen para envidiarle a los gobiernos anteriores. Y al compás de ese giro en el humor popular, asentado en el derrumbe que vivimos los trabajadores en nuestras condiciones de vida, vinieron las derrotas parlamentarias que transformaron las elecciones próximas en cuestión de Estado para la gobernabilidad de la burguesía y para los intereses del imperialismo. Difícilmente el rescate conduzca a una victoria de LLA pero pretenden una elección que al menos permita pensar a la burguesía en sostener a Milei dos años más. Aunque en discretas reuniones del círculo rojo en lujosos hoteles se hable de un recambio vía Schiaretti o salidas semejantes ante posibles desmadres.
Las “reformas”, el saqueo, los negociados y el rumbo de default
Por estas horas se va conociendo el rescate. Otros U$S 20.000 millones acentuando el alineamiento y el control de la economía por el imperialismo norteamericano. Hasta donde se sabe, más deuda vía swap y/o un crédito stand by cuya tasa desconocemos pero es presumiblemente superior a la del FMI, un posible canje de pesos por dólares que al momento de la devolución deben tener la misma cotización cambiaria que al momento del canje y la posible compra de bonos argentinos por parte de la Reserva Federal, tal vez vía la Reserva de Nueva York, que requerirían una nueva emisión de deuda con el objetivo de reducir el riesgo país e intentar, lo que Milei y Caputo han fracasado por completo, que es volver a Argentina al mercado internacional de deuda.
Este rescate vía el EFS (Fondo de Estabilización Cambiaria) tiene condiciones extremas. Ante todo habrá con seguridad una cláusula confidencial para devaluar después de las elecciones, algo que la ex segunda del FMI, Gita Gopinach, ya señaló: “celebro el apoyo pero con mayor flexibilidad cambiaria”. El golpe devaluatorio a las masas es pedido por el FMI y por toda la burguesía, de otro modo no pueden licuar deuda en pesos ni acumular reservas. Por otro lado, Bessent ya exigió reponer las retenciones, un reclamo también del FMI para el repago a los acreedores -por el agujero fiscal de dos mil palos verdes que implica la medida-. Tal vez eso llevó a los exportadores a liquidar en un día, el miércoles 24, el tope de U$S 7.000 millones, terrible negociado de las cerealeras que ya les compraron el grano a los productores agrarios con retenciones a un precio muy inferior. Se acabó la rebaja de retenciones. Y, de inmediato, las cerealeras y aquellos que dispongan de granos para liquidar se pasan al dólar, con lo cual lo que entra por una ventanilla se va por otra y habrá que ver cuánto de reservas netas se acumula.
Pero habrá mucho más en prioridad para las empresas norteamericanas, en exigencias contra la penetración china que es un socio comercial de Argentina mucho mayor que EEUU. Entra en discusión hasta el propio swap chino, aunque deshacerlo volvería el riesgo país a las nubes por su implicancia en las reservas brutas. Posible base militar yanqui, veto a la base china, a la represa Cepernic que nunca arranca, exclusividad en tierras raras, garantías para sus negocios en Vaca Muerta y el litio. Todo lo cual augura, crisis y choques. Y, hay que descontar, el compromiso de las temibles “reformas estructurales”.
La realidad es que toda esta nueva ingeniería eleva de manera exponencial el endeudamiento y, por lo tanto, a cierto plazo, agrava su incobrabilidad que está en la base de la actual crisis. Bessent y el FMI están bajo los dictados del autócrata norteamericano, pero el capital financiero celebra el rescate para reforzar el régimen de ofensiva contra los trabajadores que hoy luce completamente averiado, simplemente pateando el default para adelante.
Como se ve, Kicillof, “cambian” pero para peor
La recordada propuesta de Kicillof el 7 de septiembre a Milei para que “cambie” se ha confirmado, pero para peor. Hemos llegado al extremo de que saque un decreto completamente anticonstitucional de incumplimiento de la ley de discapacidad hasta que el Congreso indique cómo financiarla, en tanto le hizo el regalo de las retenciones a los exportadores sin preguntarse cómo financiarlo, y vuelve a tomar nueva deuda sin pasar por el Congreso, otra inconstitucionalidad manifiesta, lo que hará inviable cualquier debate del Presupuesto 2027.
Pero hay un “cambio” que terminará haciendo Milei, con Caputo o sin él, que será el de la devaluación. Y en eso está toda la burguesía, y por supuesto todo los opositores que rugen republicanismo en el Congreso después de ser sus cómplices dos años seguidos, incluido el peronismo en sus distintas alas. Todos son partidarios también de honrar el negociado de la deuda con los bonistas, el FMI, los organismos y ahora el Tesoro norteamericano. Como el número uno de la lista del PJ en CABA, Itaí Hagman, o Yasky, de la lista bonaerense que se abstuvieron ante el pacto con el FMI de Guzmán. Desde distintas y fragmentadas posturas, los políticos más o menos opositores de la burguesía son partidarios también de las reformas laboral, previsional e impositiva, aunque disputen ferozmente por los ATN para las provincias y manifiesten diferencias en cómo llevar esas reforma adelante. Por eso mismo la burocracia sindical brilla por su ausencia en el escenario político, ponen todo en el voto al peronismo mientras contiene la ira popular y aísla los conflictos.
Las elecciones y la huelga general
Con las actuales tasas de interés para evitar el pasaje de los pesos a dólares, la economía se sigue hundiendo en la recesión y con ella los trabajadores cada vez con más despidos y cierres de empresas que suman más de 15.000, con un consumo en niveles de subsuelo.
La burocracia sindical ya pactó su “unidad total” para reorganizar la CGT el 5 de noviembre, tras las elecciones. Y, mientras los trabajadores de Ilva y KTM bloqueaban los accesos al parque industrial de Pilar, ellos se sacaban fotos con Kicillof y hacían gárgaras sobre “el derecho al futuro”. Pero lo que no hay es derecho a parar la olla ahora, con paritarias al 1% o al 0% según el caso, cuando te echan o te aprietan para agarrar una indemnización ahora porque “mañana no se sabe si estará”, o te declaran la quiebra y te roban hasta la indemnización como en Morvillo. O lo que no hay es comida en los comedores como reclamó el Frente de Lucha Piquetero que volvió a ganar la calle. Una calle que Bullrich y sus tropas han perdido.
El camino lo muestra el Garrahan que acaba de arrancar un bono de entre 350 y 450 mil pesos para los trabajadores, que es un paliativo relevante en el cuadro actual, pero respondieron volviendo a parar 48 horas, preparando con todo la movilización del 2 de octubre ante el Senado para voltear definitivamente el veto, en la continuidad de la lucha por un salario mínimo de $1.800.000. Lo muestran la movilización y los paros universitarios, donde la AGD, el clasismo y la UJS impulsan la rebelión universitaria con el método de la huelga general. Es que la cuestión del paro activo y el plan de lucha hasta la huelga general para derrotar al gobierno, que fue debatida y levantada en el Plenario Combativo de Trabajadores ocupados, desocupados y jubilados, está planteada en primer plano de la intervención de la izquierda obrera y socialista.
Nuestro programa antimperialista dirigido por la clase obrera, que expresa el Frente de Izquierda, tiene que ser explicado también para reforzar el horizonte de una salida de los trabajadores a esta catástrofe social y nacional. Al servicio de esa perspectiva llamamos a votar al Frente de Izquierda con la consigna “Siempre con los trabajadores, nunca con los corruptos, los ajustadores y el FMI”.
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Natalia López, docente universitaria y luchadora en defensa de la Universidad Pública de la UNJu.
Las elecciones de octubre están marcadas por la lucha del pueblo argentino contra el gobierno de Milei. En los últimos días el gobierno anunció que no va a ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad y se espera que suceda lo mismo con la Ley de Financiamiento Universitario, mientras le quita retenciones al agro y se endeuda en un pacto colonial con Estados Unidos. Para reforzar la lucha contra Milei es que llamamos a apoyar las listas del Frente de Izquierda y a la candidatura de Natalia López como parte de la docencia universitaria que enfrenta el ajuste y el vaciamiento de la universidad. También es fundamental defender la banca de la izquierda en el Congreso con Alejandro Vilca.
En el marco de campaña también se pone en evidencia la estafa del resto de los candidatos que hoy se quieren diferenciar de Milei pero acompañaron el ajuste y lo siguen ejecutando en la provincia. El candidato del radicalismo, Mario Pizarro, y el del peronismo de Rivarola, Pedro Pascuttini, fueron recibidos por el Rector de la UNJu Mario Bonillo. Pizarro, actual Secretario de Energía fue quien estuvo al frente de la privatización de la energía en los años 90', responsable de los tarifazos y mentor del proyecto Cauchari con el que endeudó a los jujeños. Pascuttini representa a los tabacaleros, el sector más explotador de la provincia con el que la UNJu a través de la FCA mantiene convenios. El apoyo a estas candidaturas refuerza la orientación empresarial y mercantilista de nuestra universidad.
El encuentro con la UCR y el PJ muestra abiertamente la integración de las autoridades de la UNJu al régimen político que gobierna Jujuy desde hace décadas. Alinear a la UNJu detrás de los partidos que gobiernan Jujuy, mediante el ajuste y negocios con las arcas del Estado, alimenta el discurso hipócrita de los libertarios que pretenden liquidar definitivamente la universidad. El apoyo de las autoridades a los candidatos del ajuste en Jujuy es una burla para los miles de docentes que sostenemos las cursadas en un cuadro de crisis histórica de nuestro salario y que defendemos la universidad pública con el cuerpo en cada lucha frente a los ataques de este gobierno con el que esos sectores políticos colaboraron y aún hoy sostienen. No nos olvidamos que los diputados radicales votaron la Ley Bases, la restitución del impuesto a las ganancias y las facultades delegadas al presidente. Fue la UCR quien al día siguiente de la histórica marcha federal universitaria, no dio quórum para que se trate el proyecto de Financiamiento en 2024.
Por el polo opuesto están las candidaturas del Frente de Izquierda que llevan en sus listas a trabajadores que apoyan y son parte de la lucha universitaria. En la UNJu tendremos el orgullo de que Natalia López, docente de la facultad de Humanidades integre la lista del FIT-U.
La defensa de la universidad solo puede venir de la propia organización de sus trabajadores y estudiantes, únicos interesados en una universidad pública y científica al servicio de las mayorías populares. Por eso la lucha contra los vetos de Milei y el ajuste deben llevarse a fondo. El voto al Frente de Izquierda refuerza esta perspectiva y llamamos a reforzar una gran campaña en la universidad para recolectar apoyo a la candidatura de Natalia López y el FIT-U.
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El pasado 24 de septiembre, luego de del hallazgo macabro en el distrito de Florencio Varela de las tres jóvenes (Morena, Brenda y Lara) que se encontraban desaparecidas desde el viernes pasado, el colectivo de mujeres reaccionó ante este hecho aberrante y se realizó una autoconvocatoria en las inmediaciones del lugar donde fueron encontrados los cuerpos.
Mientras se estaba realizando una marcha en Bajo Flores y piquetes en La Tablada, en Florencio Varela se realizó una concentración significativa donde acudieron mujeres, familiares de víctimas de femicidio y vecinos de la zona. Se prendieron velas, se hicieron pegatinas y finalmente se realizó una asamblea para discutir las acciones a seguir con el latente mensaje de "Ni Una Menos" entre los asistentes.
Del debate surgieron nuevamente los nombres de Roxana Villalba, desaparecida en el distrito hace más de cinco años y las chicas de la masacre de Senzabello, casos nunca esclarecidos en un distrito golpeado nuevamente por femicidios escalofriantes. Cabe destacar que todavía sigue en proceso judicial la implicancia en las redes de tratas sexuales de mujeres menores y mayores de funcionarios municipales y dirigentes sindicales, en el que Zisuela y su hermano fueron los únicos juzgados.
En la asamblea sonó fuertemente la necesidad de salir a las calles nuevamente por el pedido de justicia de Morena, Brenda y Lara, y organizarse para luchar en contra de las violencias hacia las mujeres. Por eso se concluyó en una nueva convocatoria para el día 25 de septiembre en el anfiteatro de la avenida Perón.
Desde el Plenario de Trabajadoras de Florencio Varela, apoyamos todas las medidas de acciones directas que se decidan en asambleas e instamos a la participación de la movilización del el 27 de septiembre en CABA, de Plaza de Mayo a Congreso, en el centro mismo del poder político gubernamental responsables de esta masacre. El Estado es responsable.
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En diferentes puntos del país se desarrollaron distintas marchas y cortes en repudio al triple femicidio que ocurrió este fin de semana en Florencio Varela y que tuvo como víctimas a Lara, de quince años, y a Morena y Brenda de 20 años.
Estos cortes fueron muy convocantes principalmente en la Rotonda de Tablada, donde sus familiares y amigos realizaron un corte total desde las primeras horas de la mañana, hasta el final de la jornada. Es necesario remarcar que los diferentes cortes que se vienen realizando desde el pasado fin de semana, son uno de los factores de presión hacia el gobierno provincial de Kicillof y el municipio de Espinoza para agilizar la investigación e ir en busca de datos sobre lo que desencadenó este brutal triple femicidio.
En lugares como la Plaza Flores en CABA, lugar que incluso fue escenario de una cacería por parte de la policía durante la finalización de la actividad, también se convocó a decenas de personas que reclaman justicia por las tres víctimas y denuncian que el número de femicidios sigue en aumento. Mientras tanto, del otro lado hay un gobierno nacional que pretende quitar la carátula de femicidio, que niega la violencia hacia las mujeres y diversidades, al mismo tiempo desfinancia los organismos que deben dar respuesta a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
Al mismo tiempo se desarrollaron concentraciones en el centro de Mar del Plata, Tigre, Zona Sur, Olavarría, Córdoba donde desde el Plenario de Trabajadoras y diferentes sectores del activismo dentro del movimiento de mujeres y diversidades, denunciaron la responsabilidad del Estado y su complicidad con el narcotráfico en los barrios y de las redes de trata, que se valen principalmente de los sectores más empobrecidos con fines de explotación sexual, y de los femicidios, que según La casa del Encuentro contabilizó 164 víctimas en lo que va del 2025.
"No las buscaron como corresponde, protegiendo seguramente a redes que cuentan con la complicidad policial, política y judicial. Las familias reclaman justicia, justicia porque Brenda, Lara y Morena pueden ser cualquieras otras chicas a las que les puede pasar lo mismo. No nos… https://t.co/J3gd15JeXDpic.twitter.com/tZ6Vl1vC6p
En el marco de un gobierno nacional que niega la violencia hacia las mujeres y diversidades, que pretende arremeter a fondo contra las conquistas históricas del movimiento que han sido ganadas en la calle con una lucha enorme, con una oposición que pretende esperar a las elecciones y en el mientras tanto garantizan que se vulneren nuestros derechos, debemos irrumpir nuevamente en las calles, levantando esa gran ola verde que supo conquistar el aborto legal hace unos años.
Desde el Plenario de Trabajadoras y la 1969 planteamos la necesidad de una gran movilización a Plaza de Mayo por el pedido de justicia por Brenda, Morena y Lara, denunciando la responsabilidad del Estado frente a los femicidios, la connivencia con el narcotráfico y las redes de trata.
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El Polo Obrero de Córdoba, además de ser un factor de organización en las barriadas, representa un elemento central en la perspectiva de fortalecer la unidad del movimiento de trabajadores ocupados y desocupados para enfrentar el plan de guerra de Milei y su colaboracionista Llaryora.
En un marco donde el gobierno nacional eliminó la asistencia a los comedores populares, en Córdoba, los gobiernos locales ejecutan su propia motosierra contra los que menos tienen. Sin embargo desde el Polo, con movilizaciones discutidas en los barrios, logramos no solo mantener la entrega de alimentos a las familias que lo necesitan, sino que logramos incorporar a vecinos desocupados a programas laborales locales.
Sin perder de vista que la lucha contra el ajuste es una lucha en común del conjunto de los trabajadores, hemos acompañado las luchas obreras más importantes de la provincia e impulsado el plenario de trabajadores ocupados y desocupados, los jubilados y la juventud.
Así las cosas, el Polo Obrero apoyó el paro del Sutna y participó activamente del acampe realizado en las puertas de la recapadora Ruíz y Compañía, que logró la reincorporación de 21 despedidos. Así mismo, estuvo presente en los piquetes realizados en las puertas de Petroquímica Río Tercero, y acompaña incondicionalmente la lucha de sus trabajadores que pelean contra el vaciamiento y en defensa de 125 puestos de trabajo.
Con todo esto, la acción del Polo Obrero en unidad con los sindicatos combativos demuestra que sólo los métodos de acción directa de la clase obrera, pueden defender los derechos de los trabajadores y una salida frente a los ataques del facho Milei, cuando la burocracia sindical de la CGT y la CTA, atrás de las cuales depositan su confianza las organizaciones de la Utep, entregan todos los reclamos obreros y se niegan a convocar un plan de lucha contra la motosierra del gobierno nacional y provincial. Mientras la inflación en Córdoba el mes de agosto fue del 2,2% y septiembre viene con aumentos de servicios, cae estrepitosamente el consumo, el 50,4% de las familias debe eliminar una comida como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo y las patronales descargan la crisis sobre los trabajadores pretendiendo avanzar en despidos, la organización independiente y la unidad del movimiento obrero tiene un carácter estratégico para poner en pie un plan de lucha nacional en la perspectiva de la huelga general para echar a Milei y sus colaboradores.
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El supuesto superávit fiscal se basa en retenciones de fondos provinciales de la Caja de Jubilaciones, transferencias de ATN, entre otros fondos que recortó.
Será a partir de las 10 horas, habrá cortes y manifestación frente a Legislatura, se espera una fuerte movilización de sindicatos combativos y organizaciones piqueteras.
Durante las últimos meses, y como producto de la incansable lucha y movilización del Polo Obrero, se concretó el ingreso de tres trabajadores desocupados al municipio local, con el compromiso de incorporar hasta diez trabajadores más en las próximas semanas. Este logro se suma al ingreso ya concretado de 30 trabajadores al Preacom y el compromiso de incorporar 30 trabajadores más en el próximo mes a este programa.
Además de estas conquistas, queda pendiente la concreción de ingresar 22 trabajadores a un turno nuevo que se abre en una planta pesquera el próximo 15 de septiembre; y vamos a seguir insistiendo con la contratación de un cupo de 30 trabajadores a la obra pública anunciada por el gobierno provincial.
La organización nos refuerza
103 viandas de guiso de lentejas entregadas el pasado viernes en el Barrio Bontempo, 93 en Barrio Ceferino, 90 en Barrio Malvinas y 76 en Zona de Chacras muestran el compromiso y la lucha de los comedores del Polo para enfrentar el hambre que crece día a día con las políticas de ajuste de Milei y los gobernadores. La pelea ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia por los insumos para los comedores y merenderos donde asisten mas de 600 niñxs, nos ha reforzado en las barriadas populares con una fuerte presencia y el acompañamiento solidario de los vecinos y pequeños comerciantes
Septiembre también es de las infancias
El sábado 30 de agosto se llevó a cabo el Festejo del Día del Niño en el Polo Obrero de Río Gallegos y simultáneamente en el Comedor Semillas del Futuro de la zona de chacras de Caleta Olivia. El domingo siguiente fue el turno del merendero “Conquistando Sonrisas”, en la sede de la Unión Vecinal 8 de Julio, donde funciona habitualmente. A comienzos de agosto, los festejos los organizó el merendero “Manos a la Obra” del barrio Bontempo; comenzamos septiembre con los festejos en Merenderos “Urkupiña”, “Mariano Ferreyra”, “Granito de Arena”; y “Hoy por ti y mañana por mi”. De esta manera, “estiramos” el mes de las infancias, para que no quede ningún pibe de las barriadas sin una sonrisa, una chocolatada o un regalito.
Nos seguimos organizando, el 12 de septiembre participamos de la jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo, para reclamar un plan de lucha nacional hasta la huelga general.
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Frente a la situación de crisis y emergencia en la que se encuentra el sector de discapacidad, y como consecuencia de años de lucha en el área, es que como militantes y activistas del Partido Obrero y del Polo Obrero dimos inicio a este espacio de lucha, integrado por personas con discapacidad, familiares y trabajadores del área para hacerle frente a la motosierra de Milei y todos sus cómplices.
Desde el 2015 empezamos a organizar a los APNDs (integradores escolares) en CABA, presentamos la Ley Nacional por la Regulación del Acompañamiento Terapéutico en el Congreso de la Nación, la cual dio paso a otras leyes nacionales, representativas del área. En 2022 fuimos partícipes importantes de la carpa blanca en Plaza de mayo, durante 11 días, que paralizó el país por el corte de la cadena de pagos a los prestadores, logrando su restitución.
Siempre entendimos, reforzamos y fortalecemos que el plan de lucha debe contemplar a las personas con discapacidad como sujetos políticos y de derecho, somos uno de los sectores sociales más vulnerados históricamente.
Se puede observar que la situación dentro del colectivo de discapacidad es de un total abandono, que no empezó bajo este gobierno, viene de hace muchísimo tiempo atrás. Ningún gobierno nos ha dado respuestas serias para la totalidad de nuestras problemáticas. La situación llega a un límite insostenible, los tratamientos corren un riesgo real, se hace imposible sostenerlos por los trabajadores, insostenible para las familias que ven sus vidas completamente perjudicada por las dificultades en los trámites y se hace insostenible para las personas con discapacidad que están siendo empujados a una vida de miseria.
La Ley de Emergencia es un puntapié para algunos reclamos del área: el rechazo al vaciamiento de la Andis, el freno a las bajas de miles de pensiones y certificados, que las prestaciones en cantidad de horas, profesionales e instituciones sea de acuerdo a la demanda de tratamientos y el rechazo a las nuevas reformas que quieren imponer en CABA en las escuelas especiales.
Las personas con discapacidad, familiares y trabajadores nos organizamos dentro de Tribuna Disca para luchar contra el ajuste de este gobierno de corruptos que se roba los fondos del presupuesto para discapacidad mientras ajustan las prestaciones para nuestras familias.
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El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, reconoció públicamente que nunca existió la auditoría con la que justificó el recorte de alimentos a los comedores populares. La supuesta auditoría había sido mencionada por el entonces jefe de gabinete Nicolás Posse en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados en mayo del año pasado. Ahora, 15 meses después, Capital Humano reconoció que nunca existió.
Esta revelación deja al desnudo una política deliberada: usar un relato falsificado para legitimar el ajuste y criminalizar a las organizaciones sociales. De esta forma, el gobierno de Milei, apenas asumido, recortó todo tipo de envío de alimentos a los comedores populares y avanzó en una política de persecución contra los comedores y las organizaciones sociales, particularmente contra el Polo Obrero.
Pettovello y Milei montaron un show mediático de denuncias con el fin de disciplinar y fracturar la solidaridad social. La maniobra se derrumba cuando un pedido de informe de la Cámara de Diputados acaba de exponer que la auditoría del gobierno a los comedores populares, con la que se “justificó” el desabastecimiento de alimentos a las familias pobres, resultó ser totalmente inexistente y otra de las operaciones del gobierno y sus operadores mediáticos.
Recordemos que la ministra Pettovello está imputada por el desvío de una millonaria suma de dinero que debía asignarse a la compra de alimentos. La investigación se inicio luego de la resolución firmada por Pettovello el 8 de febrero de 2024, donde autorizaba la transferencia de $14.000 millones al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta partida debía asignarse para la compra de alimentos, como arroz, fideos y leche en polvo, pero los alimentos nunca fueron adquiridos ni distribuidos. El ajuste no solo se expresa en cifras millonarias: significa ollas vacías, comedores cerrados y miles de familias sin su plato de comida diario.
Frente a este cuadro, la respuesta obrera y piquetera no puede ser defensiva sino ofensiva. Las “auditorías fantasma” de Pettovello confirma lo que las organizaciones veníamos sosteniendo: hay un plan consciente de destrucción de derechos y desfinanciamiento de políticas sociales para reforzar el ajuste fondomonetarista.
Pero el gobierno de Milei viene de sufrir varios golpes en sus políticas ajustadoras. Con la enorme movilización de los estudiantes y trabajadores de la universidad publica y de toda la comunidad de familiares de pacientes y trabajadores del Garrahan, fueron rechazados los vetos a los presupuestos en la Cámara de Diputados.
Es en este cuadro que el Polo Obrero, junto con el Frente de Lucha piquetero y otras organizaciones independientes, exige la restitución inmediata de los alimentos a los comedores populares y la apertura de los programas sociales. Además, llama a preparar una gran jornada nacional de lucha, uniendo a precarizados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores ocupados y desocupados.
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Este año, el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades se realiza en Corrientes, del 22 al 24 de noviembre. Nos encuentra en un país empobrecido, golpeado por un ajuste brutal, con mujeres y disidencias de los barrios populares, migrantes, jóvenes y trabajadoras sufriendo las consecuencias más graves: hambre, precarización, violencia, represión, abandono.
Pero también llegamos con una bronca acumulada que empieza a expresarse en las calles y tuvo su expresión también en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Milei fue duramente castigado por millones de personas que dijeron basta.
El Encuentro de este año tiene que canalizar esa bronca, esa rabia, esa angustia, en organización real, desde abajo, sin tutelajes ni aparatos del Estado.
No es casual que este Encuentro se haga en Corrientes. Es una de las provincias con mayores índices de pobreza, falta de vivienda y violencia a las mujeres. Las redes de trata actúan con total impunidad, de la mano de jueces, comisarios y políticos. El caso Loan lo dejó en evidencia: un entramado mafioso e institucional donde un niño desaparece y los responsables son protegidos por el poder. Las mujeres correntinas enfrentan desocupación, falta de acceso a derechos básicos, violencia y abusos. Por eso, el Encuentro tiene que ser una tribuna para denunciar la responsabilidad del Estado y unir las luchas.
Mientras tanto, el gobierno nacional le quitó la obra social a miles de madres monotributistas, muchas de ellas sostén de hogar, muchas con hijes con discapacidad. También eliminó pensiones y acompañamientos esenciales, condenando a esas familias a la desprotección total.
Karina Milei, por su parte, arma redes de punteros, pastores y operadores en los barrios, como lo vimos hace unos meses en el Chaco. Reparten cargos y favores a cambio de sumisión política, pero se destapan los escándalos de coimas y corrupción.
Las mujeres de las barriadas sabemos bien cómo se manejan esos tejes. Ya no queremos ser víctimas de ese entramado que nos explota y nos calla. Este Encuentro tiene que levantar una tribuna de rebelión contra esas redes. Que las compañeras que cuidan, que sostienen, que son discriminadas y precarizadas, tomen la palabra con fuerza.
¿Un Encuentro de ficción o un Encuentro que nos organice?
Hay sectores que quieren vaciar el Encuentro de contenido, que no se discuta cómo enfrentar al gobierno, que no se hable del ajuste, que sea solo un evento cultural o institucional. Nosotras decimos no. El Encuentro tiene que ser un espacio de debate político, con talleres abiertos y participativos, donde las mujeres y disidencias que luchan —las piqueteras, docentes, migrantes, trabajadoras, estudiantes— tomen la palabra.
Tenemos que llevar al Encuentro un programa de acción nacional, que organice a todas las que estamos enfrentando despidos, tarifazos, recortes en comedores, represión en las marchas, y violencia en nuestros barrios. No queremos más promesas de los gobiernos: queremos respuestas y organización.
La caída de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires mostró que la bronca contra Milei crece. No porque haya una alternativa real en los partidos que gobernaron hace décadas, sino porque el pueblo trabajador empieza a decir basta.
Pero no alcanza con votar. Los que gobernaron antes también ajustaron, endeudaron y reprimieron. El movimiento de mujeres no puede confiar en ellos. Por eso, es fundamental levantar una alternativa propia, con independencia política, que no responda ni a Milei, ni al PJ, ni a las iglesias, ni a las burocracias sindicales.
Queremos un Encuentro que reagrupe a las compañeras que luchan en todo el país, que impulse asambleas y plenarios en cada barrio y en cada provincia, que plantee un plan de lucha nacional y la huelga general para derrotar a Milei.
Vamos a Corrientes a levantar las banderas de las ocupadas y desocupadas, de las que siguen reclamando justicia contra los femicidios, de las que siguen peleando, y de las que no quieren resignarse. Y para decir basta de perseguir a las que luchamos. Nos vemos en Corrientes.
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encontrarás todos los días la cobertura de las grandes luchas del movimiento obrero, la mujer y la juventud, y el análisis de los principales hechos políticos nacionales e internacionales desde una mirada socialista.
La deliberación reflejó una tensión de fondo: entre una estrategia de adaptación a los gobiernos ajustadores y una orientación independiente, combativa y ligada a la clase trabajadora.
La semana pasada se llevó a cabo una reunión en el local central del Partido Obrero en la que participaron Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, Natividad Obeso, referente de Amumra, Jorge Olivera, militante uruguayo por los Derechos Humanos y otros activistas por el derechos de los migrantes, junto con Nadia Paola Arismendi, la esposa de Juan Pedro Martínez Piedraita, el trabajador uruguayo injustamente deportado, y Zulema Montero, abogada de la familia.
Recordemos que Pedro fue expulsado del país de manera ilegal e intempestiva a mediados de julio, cuando quiso renovar su DNI. Fue en ese momento cuando el personal de Migraciones ls derivó a un módulo especial destinado a casos de extranjeros con antecedentes judiciales, donde lo hicieron esperar varias horas hasta que la Prefectura separó a Pedro de su esposa. Pedro, un trabajador que tenía una vida instalada en Argentina, fue tratado como un “delincuente”, estuvo incomunicado durante cinco días y no pudo recibir la medicación para tratar su hipertensión, según contó Paola en la reunión.
Zulema Montero, la abogada de la familia, agregó que la decisión tomada por el juzgado de turno fue totalmente ilegal desde cualquier ángulo que se la analice. Pedro tiene una condena menor, además cuenta con el derecho a la reunificación familiar, que también fue violado.
Paola ademas contó las dificultades que esta teniendo para llevar adelante la vida cotidiana luego de la deportación de su esposo. Pedro es sostén de familia, por lo que sus hijos y Paola quedaron sin recursos materiales. Además, el gobierno decidió darle de baja a la Asignación por Hijo con la que Paola contaba para sostenerse económicamente, por el simple hecho de que Paola viajó a Uruguay junto a sus hijos para visitar a Pedro. Una situación que pinta de cuerpo entero la crueldad del gobierno.
Zulema Montero, junto con el consulado uruguayo, el Cels y otras organizaciones presentarán un recurso legal ante migraciones para solicitar el retorno de Pedro. El Polo Obrero se compromete a movilizar en apoyo a la presentación de este recurso y ampliar la convocatoria al conjunto de las organizaciones piqueteras, según dijo Eduardo Belliboni.
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Luego del resultado electoral de la Provincia de Buenos Aires, que fue enormemente negativo para Milei (un verdadero vendaval de votos en contra), el loco de la casa Rosada anunció la profundización de su plan de ajuste brutal y, pasando de las palabras a los hechos, vetó las leyes que financian al Garrahan y a las Universidades.
Es decir que un gobierno repudiado en las urnas y con un proceso creciente de movilizaciones decide declararle la guerra al pueblo, a los trabajadores del Garrahan, a los docentes, a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los comedores populares, a los estatales, etc, etc, etc. Este gobierno no puede ser soportado 2 años más sin que en esto les vaya la vida a miles de personas.
Como si fuera poco, en poco más de un año y medio, la corrupción desborda por todos los rincones del gobierno a un ritmo que deja chico a los gobiernos anteriores, lo que no es poco decir. Desde su inicio, la super ministra Pettovello recibió más de 8 denuncias judiciales por esconder los alimentos de los comedores populares. La ministra dejó chiquita a la hermana del presidente con su 3%, ya que fue denunciada y luego imputada por no poder explicar el destino de una compra multimillonaria mediante una resolución del 8 de febrero de 2024 para “transferir 14.000 millones de pesos al programa de compras de alimentos de su cartera, que no se habría concretado, por un monto mayor al habilitado” (Diario Perfil, 24/04/25).
Por si fuera poco, la ministra tuvo que confesar ante la justicia que no hizo ni una sola auditoría en ningún comedor popular, es decir, mintió para robarle la comida a los trabajadores mas pobres, una chorra y alta coimera como Karina. Deberían estar presos, sin embrago, no son allanados ni se los expone en los medios.
A esto le debemos sumar la estafa Libra, las valijas del avión negro en Ezeiza, el escándalo con el fentanilo con más de 100 muertos, las coimas en discapacidad que puso en evidencia a Karina Milei y su 3%, las denuncias de coimas en el Pami, los sobreprecios en remedios y siguen los casos de corrupción con compras de cargos políticos.
Milei no pudo haber llegado tan lejos sin la colaboración de los diputados que aportó la oposición, con la honrosa excepción del Frente de Izquierda. Ahora vuelve a apelar a los pactos con los gobernadores y la colaboración traidora de la CGT para impulsar los vetos a las leyes para salud y la educación.
De manera que debemos llamar a la acción directa, sin un "tantito” así de confianza en el Parlamento, que pacta con el gobierno. Como el camino que abrió el Plenario del Sindicalismo Combativo con los jubilados y las organizaciones piqueteras combativas, que el 12 de septiembre pasado copó la totalidad de Avenida de Mayo, reventando el protocolo de Bullrich, marchando a Plaza de Mayo. Como en la lucha contra los vetos, impulsando un plan de lucha hasta la huelga general.
Podemos y debemos derrotar a Milei
El próximo 23 de septiembre, el movimiento piquetero marcha al Ministerio de Desarrollo Social por sus reivindicaciones. Marchamos y acumulamos fuerza para golpear todos juntos, con un solo puño, hasta terminar con este gobierno corrupto y hambreador.
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"Vinimos a la Cancillería a decir que Milei no tiene mandato para un acuerdo colonial con Trump"
Los dirigentes del Partido Obrero, Gabriel Solano, Vanina Biasi y Néstor Pitrola, rechazaron el pacto colonial de Milei con Trump.
Foto: Federico Imas @ojoobrerofotografía
Mientras en Nueva York el gobierno de Milei se apresta a cerrar un acuerdo colonial y espurio con Trump, dirigentes del Partido Obrero se presentaron en la Cancillería para rechazar esta nueva entrega. Entregaron una nota formal dirigida al gobierno nacional en la que le exigen que se abstenga de contraer un préstamo con el Tesoro de Estados Unidos, en el marco de las negociaciones que Javier Milei mantiene con Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El rechazo al acuerdo se basa en su carácter profundamente colonial, usurario e inconstitucional: implica la entrega de recursos estratégicos, el refuerzo del alineamiento geopolítico con el imperialismo yanqui y un nuevo ciclo de endeudamiento sin pasar por el Congreso. La presentación fue realizada por Gabriel Solano, Vanina Biasi y Néstor Pitrola, dirigentes del PO en el Frente de Izquierda Unidad.
La intervención del Partido Obrero se produce mientras Milei busca desesperadamente un salvavidas financiero que le permita llegar a las elecciones de octubre sin un colapso económico. El préstamo que negocia con la administración Trump, estimado entre 10 y 20 mil millones de dólares, provendría del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro norteamericano, y tendría como contrapartida la imposición de condiciones económicas, políticas y geoestratégicas que agravarían el sometimiento colonial de Argentina.
“No somos una colonia norteamericana, por eso vinimos acá a entregar una nota muy clara y decirle al gobierno argentino que no tiene mandato para un acuerdo colonial con Trump. Cualquier acuerdo de deuda debe pasar por el Congreso, sino es nulo”, declaró Gabriel Solano.
"Hemos venido a denunciar el carácter ilegal, no solo ilegitimo, colonial de este acuerdo que están tejiendo con el Tesoro norteamericano para rescatar un gobierno inrescatable, completamente ahogado, con más deuda que tendremos que pagar los trabajadores", afirmó Néstor Pitrola.
"Hemos venido a denunciar el carácter ilegal, no solo ilegitimo, colonial de este acuerdo que están tejiendo con el Tesoro norteamericano para rescatar un gobierno inrescatable, completamente ahogado, con más deuda que tendremos que pagar los trabajadores" @nestorpitrola… https://t.co/SEAQb89QIPpic.twitter.com/0mPmCryZOB
La carta presentada advierte sobre el carácter inconstitucional e ilegítimo de este nuevo endeudamiento, que se negocia completamente a espaldas del Congreso. Señala además que el gobierno norteamericano no solo impone condiciones económicas, sino también una orientación en política exterior e interior. Uno de los párrafos más significativos denuncia que el país “corre el riesgo de hipotecar garantías y condicionar su política exterior, en forma claramente inconstitucional”, a cambio de mantener el tipo de cambio en plena campaña electoral.
Este nuevo pacto colonial, impulsado por Milei con el aval de Trump, no hará más que profundizar el ajuste, la entrega de los recursos estratégicos y el sometimiento del país al imperialismo norteamericano. Desde el Partido Obrero se reclama el repudio a este acuerdo usurario, la apertura inmediata de toda la negociación al escrutinio público, y el rechazo a cualquier endeudamiento sin aprobación parlamentaria. La deuda es con el pueblo trabajador, no con el capital financiero ni con sus socios locales.
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La sesión preparatoria exhibió la fortaleza parlamentaria del gobierno y la complicidad de la oposición patronal. El FIT-U arruinó la fiesta con sus juramentos e impulsó la lucha en todos los terrenos.
Un mes después de que se difundieran los audios que comprometen al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, el presidente Javier Milei, desde Córdoba, declaró que se trata de “audios de peluquería, hechos con inteligencia artificial”. En paralelo, en otro medio, justificó su desplazamiento de la Andis porque “no denunció la corrupción”. Las versiones se pisan entre sí.
Las coartadas oficiales se derrumban porque los contenidos de esos audios fueron confirmados por testigos que declararon ante la justicia: el empresario Fernando Cerimedo y el productor Agustín Rodríguez ratificaron que Spagnuolo describía un circuito de coimas en la Andis con el protagonismo de Eduardo “Lule” Menem y un porcentaje del retorno destinado a la Casa Rosada. Es decir, Milei pretende cubrir un escándalo de corrupción mayúsculo con la muletilla de la “IA”, pero lo único que logra es exponer la complicidad y el encubrimiento de su propio gobierno.
Este cuadro de impunidad se combina con un nuevo atropello: la reglamentación trucha de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Tras haber sufrido la derrota en el Congreso, donde se le impuso la sanción de la ley por amplias mayorías, el Ejecutivo dictó una reglamentación que suspende su aplicación hasta que se definan “fuentes de financiamiento”. Es una maniobra ilegal que desconoce la voluntad del Parlamento y bloquea el acceso a pensiones, prestaciones y programas vitales para miles de personas con discapacidad.
En paralelo, el mismo día en que se postergaba la implementación de la ley, el gobierno anunciaba la eliminación de las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre, privando al Estado de una fuente de recaudación clave.
La impostura oficial expresa la orientación de un régimen que se apoya en el ajuste y la corrupción para beneficiar a los grandes empresarios. No es una cuestión de “falta de fondos”: mientras se liberan recursos para la timba financiera y se sostienen regímenes fiscales especiales para monopolios, se niega lo indispensable a quienes más lo necesitan.
El gobierno de Milei no solo está hundido en un lodazal de corruptelas, sino que avanza en un ataque sistemático contra las condiciones de vida de la población más vulnerable. Frente a este cuadro, la respuesta pasa por reforzar la movilización del colectivo de discapacidad, junto a los sectores en lucha y la población en su conjunto, contra un gobierno de delincuentes que gobierna para los capitalistas y en contra del pueblo.
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El miércoles, la lucha universitaria, al igual que la del Garrahan, logró arrancar de la Cámara de Diputados los votos necesarios para tirar abajo el veto presidencial.
Con una inmensa marcha que no solo ocupó la zona del Congreso sino que se extendió cuadras y cuadras por Avenida de Mayo, la movilización se impuso a los acuerdos y compra/venta entre el gobierno y los gobernadores. Pero no fue sólo en Buenos Aires donde aportaron gruesa convocatoria, también lo hicieron Luján y otras universidades del Conurbano, más de cien mil personas marcharon en Córdoba, en Jujuy unas compactas 6 cuadras con muy importante presencia docente, también muy grandes en Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, que además de llegar al Congreso tuvo su movilización en su propia ciudad. Una foto que se replicó en 80 puntos de todo el país desde Oran a Ushuaia, en una jornada acompañada con un paro convocado por la Conadu Histórica y Conadu.
Confluyendo con el Garrahan, con quienes venimos coordinando acciones, con el apoyo de amplios sectores de la población y acompañados por los jubilados que cada miércoles llevan su reclamo, la plaza estuvo copada por trabajadores docentes, no docentes y estudiantes que formaron parte de esta gran y nueva convocatoria, resultado de toda una movilización y preparación previa.
En la UBA, una columna que partió de Houssay con todas las facultades de la zona se unió a la concentración en Congreso junto a nutridas columnas de estudiantes docentes y no docentes de Sociales, Filo, Ingeniería, Agro, Vete, Psico, Derecho y sedes del CBC que partieron de sus edificios. La combativa concentración de AGD UBA siguió nutriéndose de compañeros que se fueron uniendo con el correr de las horas a dónde llegaron los compañeros del Buenos Aires y del Pellegrini. Fadu y Exactas, también muy importantes numéricamente, quedaron alejadas dada la imposibilidad de llegar al punto de encuentro.
Cerca, nuestros estudiantes con sus centros y agrupaciones y una importante concentración de trabajadores No docentes de la Facultad de Sociales y Exactas y de la Agrupación Bordó con quienes venimos acordando medidas en los días previos ante la pasividad de Apuba.
Al grito de “ganamos” fue recibida la primera votación a favor del Garrahan demostrando una vez más lo arraigado que está en la docencia que lucha la importancia de la unidad de las y los trabajadores. Minutos después ya festejábamos haber derrotado el veto también a la Ley de Financiamiento Universitario
Una gran concentración resultado de la movilización previa
En el caso de AGD UBA, al igual que desde la Naranja Nacional, en cada asociación donde participamos de la Conadu y Conadu H, impulsamos y llevamos a nuestras federaciones mandatos para generar la mayor movilización posible de toda la comunidad académica: paros activos, clases públicas cortes, tomas, asambleas intergremiales e interclaustros. Lo hicimos convencidos que para esta batalla, contra un gobierno que tiene el mandato de destruir a la universidad pública, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Enfrentamos así a las direcciones de las federaciones que junto al CIN y todas las autoridades universitarias solo anunciaban una marcha el día que se trate el veto, defendiendo mientras tanto mantener una normalidad en la cursada, en lugar de preparar luchando, debatiendo y movilizando, la gran tercera marcha federal.
Pero ¿cómo sostener cualquier normalidad con diez mil docentes que dejan sus puestos en la universidad? Con compañeros no docentes y docentes que no pueden seguir con estos sueldos. Con un pluriempleo que nos saca de la dedicación necesaria a nuestras tareas universitarias mientras nos destruye nuestra calidad de vida. Con un presupuesto que no alcanza para mantener las tareas de docencia investigación y extensión que brindan nuestras facultades colegios y hospitales.
Por esto, la Naranja propuso en asambleas de AGD UBA, una nueva jornada de clases públicas en Plaza de Mayo y la participación en la movilización del 12/9 junto al sindicalismo combativo, propuesta que se aprobó además de realizar paros activos y toda acción que permita, en unidad docente no docente estudiantil, generar la mayor movilización posible.
Esta línea se impuso. Por primera vez logramos arrastrar a otro gremio docente, Feduba (Conadu), a la Plaza de Mayo y hasta el sindicato patronal Aduba convocó a clases públicas.
La marcha del 12 también fue fundamental. Junto al Garrahan encabezamos la columna a Plaza de Mayo tras un cartel "no al veto". Fue la primera movilización luego del rechazo de los trabajadores de provincia de Buenos Aires a la política de ajuste y motosierra del gobierno, y post anuncio del presidente de los vetos. De gran repercusión, allí confluimos con las organizaciones combativas de desocupados y jubilados, además de sindicatos y cuerpos de delegados antiburocráticos y sectores en lucha como Morvillo, Secco, etc.
La semana siguiente seguimos con acciones en todas las unidades académicas. Clases públicas, cortes, semaforazos, asambleas conjuntas con estudiantes y no docentes, banderazos, etc. Logramos así volver a instalar la necesidad de salir a la calle para tirar abajo al veto y lograr que se aplique la ley de financiamiento. Reinstalamos en la universidad la movilización que las autoridades habían aplastado.
Por esto, la movilización del miércoles 17 fue el resultado de un método que logró vencer el inmovilismo de las burocracias sindicales adaptadas a la política de los rectores.
Luego del senado ¿la lucha termina?
Por el contrario, arrancada la ley deberemos reforzar la organización y movilización. Porque el gobierno ya anunció que no aplicará ni la Ley de Financiamiento Universitario ni la Ley de Emergencia Pediátrica. Incluso al no reglamentar la Ley de Discapacidad da largas también a su cumplimiento. Por otro lado, ya vimos el presupuesto 2026 que, analizado, profundiza el ajuste contra la universidad pública. El presupuesto es una mentira absurda e inviable, pero es indicativo de un gobierno que no gira. El cumplimiento de la ley, aún cuando el Senado la reafirme, algo que parece muy posible, será arrancado únicamente con la continuidad y profundización de nuestra lucha.
Si bien el gobierno hoy está en una crisis mayúscula, casi en estado terminal, cuenta para sostenerse con el apoyo del FMI y de todo el sector capitalista que apunta a una devaluación contra los bolsillos de los trabajadores y al pago estricto de la deuda externa. Por otro lado, todas las corrientes políticas de la burguesía hacen gárgaras de garantías de gobernabilidad no solo en torno a la devaluación, sino también en torno a las llamadas “reformas estructurales” que, como sabemos, nos pegarían de lleno.
Por eso, más que nunca, después del Senado, reclamemos un congreso a cada federación para discutir las medidas necesarias, en las aulas, calles y con un plan de lucha de conjunto de docentes estudiantes y no docentes, para obligar al gobierno a la aplicación del aumento establecido en este año, antes que termine el ciclo lectivo. La rebelión universitaria está a la orden del día ¡A impulsarla!
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En una sesión de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, escuelas primarias y secundarias presentaron el reclamo ante el gobierno del PRO, por estar promoviendo un cierre generalizado de grados de escuelas primarias, de cursos en escuelas secundarias, y hasta el cierre completo de escuelas, por ejemplo, la 16 D.E. 14 del barrio de La Paternal.
Las familias, los docentes y también el legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, expusieron con claridad todos los reclamos y las medidas que deben ser tomadas urgentes para revertir esta reducción de la educación pública a su mínima expresión. Medidas como la defensa del presupuesto, incrementándolo, sacando paulatinamente el subsidio a la educación privada; la transparencia y el control de la inscripción online; la creación de salas maternales de cuarenta y cinco días a dos años; el pase de los CPI a la órbita de educación; la derogación de las reformas educativas como el BA Aprende; la readecuación de la oferta académica de las escuelas con infraestructura adecuada para poder ofrecer a las familias en las jornadas educativas, deportes, artes y todo lo que tiene que ver con una oferta de diversidad curricular que hoy las escuelas públicas no tienen, en su mayoría, porque en la Ciudad de Buenos Aires el presupuesto se orienta a la educación privada de forma consciente y hace ya varias décadas se viene profundizando esa línea.
El resultado es que hoy tenemos, utilizando la excusa de una baja de matrícula, familias que reclaman la continuidad de sus hijas y sus hijos en las escuelas, y el cierre de grados con el consiguiente hacinamiento de los niños en otros grados y salas. De conjunto, estamos ante un ajuste presupuestario, pero más en general, frente a una política inédita de reducción de la escuela pública.
El Frente de Izquierda ha presentado medidas para poder revertir esta situación y está acompañando a las familias y a los docentes para frenar los cierres. Pensamos que esto se puede lograr con acciones y protestas unificadas en los distritos, articulando con Ademys, como sindicato docente, que está yendo a todas esas iniciativas y plantea la unificación de las acciones.
Desde el FIT-PO hemos apoyado la realización de una reunión urgente, antes de la inscripción on-line, con las autoridades del Ministerio de Educación, para que den explicaciones y retrotraigan el plan de cierres. Rechazamos la motosierra de Macri-Milei a la educación.
La perspectiva entonces es que las familias, los docentes y estudiantes nos unamos. Hacemos un llamado a poner en pie una coordinadora por la defensa de la educación pública.
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En los últimos días se vieron muchas Lauras Carboni. La que participó de una asamblea de la Facultad de Exactas de la UBA, la que se hizo presente en el CBC Paternal, en Veterinaria, en Medicina, la que dice que se olvidó todo lo que hizo porque “hubo mil cosas”, la que canta con un megáfono en la columna de la movilización del miércoles mientras afilia gente a su sindicato, la que habla e inspira estudiantes, la que espera nerviosa, la que festeja que ganó porque se rechazó el veto de Milei a la Ley de Financiamiento. La entrevista que sigue fue hecha a esta última.
Hay una sola Laura Carboni. Es Secretaria General de la AGD-UBA, uno de los sindicatos docentes más importantes de la universidad. Milita en el Partido Obrero y en la agrupación Naranja de Docentes Universitarios. Es profesora de Introducción al Pensamiento Científico en el CBC desde hace 28 años. Es docente de Filosofía y Formación Ética y Ciudadana en el colegio Carlos Pellegrini y da clases en el Instituto Terciario Joaquín V. González. “Me gusta decir -indica- que soy formadora de formadores”.
¿Cuáles son las primeras conclusiones que sacas del rechazo al veto sobre la Ley de Financiamiento Universitario?
Lo primero es que la organización, la sistematicidad y la continuidad de las acciones y medidas de fuerza son las que colocaron este reclamo en primer plano en toda la comunidad universitaria y generaron, como el año pasado, movilizaciones masivas en todo el país. Y esas movilizaciones masivas de la comunidad universitaria, desde ya rebelada frente al veto, el ninguneo y el vaciamiento de este gobierno con la universidad pública colocaron el reclamo en las calles pero también frente a los ojos de diputados y diputadas que el año pasado no tuvieron ningún problema en brindarle el veto a Milei.
Este año, el gobierno va perdiendo apoyo popular y, producto de no tener ese apoyo, no puede seguir aplicando la “motosierra” como se le cante. Y el otro elemento que se suma acá, que también es una conclusión, es que en la calle ya no estuvo solamente la universidad, también se hicieron presentes muchos trabajadores y trabajadoras, empezando por el Garrahan: también se votaba la ley de Emergencia Pediátrica y sus trabajadores vienen luchando en contra del ajuste del hospital, por salarios, igual que nosotros. Esa unidad y esa coordinación permitió que ayer estuviéramos en la calle estos dos sectores fuertemente, pero que nos acompañara un porcentaje importante de la sociedad que quiere defender la salud pública y la educación pública sobre todo de carácter superior. La universidad es una de las cosas más apreciadas en nuestro país, en el sentido de que sigue siendo gratuita, de calidad, con ingreso para todo el mundo. Con condicionamientos obviamente, tampoco vamos a decir que todos ingresan como sí nada, pero sí le permite a muchos sectores de la clase obrera ingresar y ser la primera generación con título universitario, con formación, tener una profesión y en el caso de que así lo quieran hacer, desarrollar investigación científica, porque en la universidad, más allá del Conicet y de otros organismos muy importantes para nuestro país también se produce conocimiento, el 60% de la investigación de Argentina se produce ahí.
¿Qué papel tuvieron los bloques políticos en el Congreso y qué rol jugaron los paros, las clases públicas, las ocupaciones de las facultades?
Los bloques legislativos obviamente evalúan esta situación que te indiqué antes y eso tiene su impacto en los debates que hay en el Congreso. Quiero decir, no porque genuinamente recojan el reclamo popular sino porque todo el mundo claramente intenta despegarse de un gobierno que viene en retroceso y además se da en el marco de la campaña electoral hacia las elecciones de octubre. Entonces yo creo que el movimiento logró colarse en esa coyuntura, porque el año pasado también hicimos movilizaciones masivas. En ese sentido, las clases públicas, los paros, las ocupaciones mantuvieron el conflicto abierto en la escena política y, desde ya, profundizaron la conciencia de lo que está pasando. No hubiera sido igual si esto no se daba a lo largo y a lo ancho del país. Esto lógicamente fue algo que nosotros promovimos en la Universidad de Buenos Aires por nuestro sindicato AGD-UBA y también lo hizo un sector muy grande de la docencia que se siente conmovida. Lo mismo ocurre con el movimiento estudiantil, que empezó como el año pasado a aparecer en este segundo cuatrimestre de manera más firme.
¿Cómo sigue esta situación de cara a la votación en el Senado del 2 de octubre?
Nosotros ahora estamos volviendo a las aulas para compartir esta alegría con todos y todas. Tenemos también que seguir reforzando para que la movilización cuando se trate en Senado efectivamente sea tan grande como la de hoy. No se le escapa a nadie que hay otros números. En Diputados era más complejo y, de hecho, el año pasado nosotros perdimos en Diputados. Pero también es real que no queremos confiarnos porque no confiamos en los sectores que son representantes de los partidos patronales. Entonces vamos a movilizar fuertemente y vamos a seguir con acciones a partir de la semana próxima, que sería la previa al tratamiento. Hay que seguir luchando para que la ley finalmente se ponga en vigencia porque una vez que tenes la ley, hay que reglamentarla: este gobierno ya anunció que la va a judicializar y por lo tanto tenemos muchas etapas más por delante.
Como dirigente sindical, ¿Cómo ves la situación general de los trabajadores y la continuidad del gobierno de Milei?
La situación es gravísima, en una situación de crisis, hay despidos, hay familias que se quedan sin sus sustentos porque las fábricas cierran, las patronales desaparecen sin dar ningún tipo de explicación. Hay una fábrica como la gráfica Morvillo (en Avellaneda) que hace ocho meses que está ocupada por sus trabajadores, mientras las patronales no dan ningún tipo de respuesta, pero tampoco la da el gobierno de la provincia de Buenos Aires ni el gobierno nacional ni nadie. En este momento hay en Pilar una fábrica que está atravesando la misma situación y veo que hay 300 familias en la calle que están haciendo un corte para protestar por los puestos de trabajo. En el sector público ya se vio que cuando este gobierno asumió arrasó con con casi todos los organismos, desmanteló los sectores de Derechos Humanos, y de Ciencia y Técnica,.
En algunos casos se pudo frenar donde hubo, por ejemplo, asambleas multisectoriales, como en el caso del Inti, pero en otros hay gremiales o sindicatos que no estuvieron a la cabeza de esas luchas y permitieron que los despidos avancen con el argumento de que este gobierno tiene mucho apoyo popular y por lo tanto no había forma de hacerle frente. Ahora se demuestra que cuando uno tiene una continuidad en la lucha, el mismo gobierno que estaba en unos porcentajes altísimos de popularidad el año pasado es el mismo que este año está saliendo a decir que va a ser una autocrítica que en realidad nunca sucedió. No puedo hacer futurología, no sé si el gobierno va a continuar, está muy débil, eso se ve a las claras. No puede negociar con los sectores que le eran afines completamente y tiene la calle ocupada. Nosotros además de las movilizaciones por universidad específicamente participamos de la movilización que se hizo el 12 de septiembre organizada por el Plenario Nacional que organizaron los sindicatos combativos, el movimiento piquetero, y las agrupaciones de jubilados y jubiladas. Fue una marcha muy grande y hay muchos sectores que se sumaron porque necesitan canalizar la bronca, la indignación y su lucha contra este gobierno hambreador.
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Rodeado de trabajadores del turno mañana y organizaciones solidarias, Ale reingresó a Georgalos. Se trata de un gran triunfo de la incansable lucha por la reincorporación de los cinco despedidos, tres de los cuales esperan la notificación judicial para poder reingresar a planta, mientras que uno apelará un fallo desfavorable, absolutamente injusto.
Alejandro y sus compañeros resistieron ser el blanco del ataque patronal, cuyo objetivo era imponer la flexibilización laboral en la empresa. Buscando quebrar al activismo del sector Chocolate, la patronal intentó aleccionar al resto de los trabajadores para aumentar los ritmos de producción, recortar categorías y bonos, aprovechando la ofensiva general de las patronales en toda la industria de la alimentación, marcada por cierres de empresas, despidos y precarización.
Para llevar adelante este ajuste, contaban con la absoluta complicidad del Sindicato de la Alimentación y del gobierno de Milei, así como con la pasividad del Ministerio de Trabajo de la Provincia, que dictó la conciliación obligatoria dejando a los despedidos fuera desde el inicio del conflicto.
La lucha debió abrirse paso ante estos obstáculos y logró recoger una importante solidaridad popular. Esta primera reincorporación es un gran paso del colectivo obrero de Georgalos, que debe continuar hasta lograr la reincorporación definitiva de los cuatro despedidos restantes.
Al ingresar esta madrugada a su puesto de trabajo, Ale fue citado a las oficinas de Recursos Humanos, quienes deben reincorporarlo de inmediato a sus tareas habituales y pagar los salarios adeudados.
¡Vamos por la reincorporación de los cuatro despedidos restantes!
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Tras una jornada de paro y movilización histórica, los trabajadores del Hospital Garrahan celebraron la votación de Diputados contra el veto de Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica convocando a una nueva asamblea general para organizar los próximos pasos hasta arrancar el rechazo definitivo en el Senado y la aplicación efectiva, recomponer los salarios y derrotar el vaciamiento del hospital.
“Estamos celebrando con lucha, como hicimos hasta acá. No hubiéramos conseguido nada si no era con paros, movilizaciones y con pelea. Hoy mismo seguimos de paro porque queremos que se deroguen definitivamente esos vetos pero sobre todo que esas leyes se implementen, es decir, que se recompongan en primer lugar los salarios para frenar este vaciamiento”, declaró Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan.
En ese sentido, Gerardo “Pino” Oroz, delegado de la misma Junta Interna, señaló: “La misma falta de respuesta que tenemos puertas afuera del hospital la tenemos puertas adentro. Hay 40 mil millones de pesos que tienen que ser distribuidos entre los trabajadores, es por eso que lo que se impone es un plan de lucha más profundo para conseguir un verdadero aumento salarial. Tenemos que ir con todo a la asamblea del viernes”.
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La sesión preparatoria exhibió la fortaleza parlamentaria del gobierno y la complicidad de la oposición patronal. El FIT-U arruinó la fiesta con sus juramentos e impulsó la lucha en todos los terrenos.
Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
En su discurso de este lunes, Javier Milei afirmó que el país estaría en camino hacia el crecimiento. La realidad que sufren millones de trabajadores muestra exactamente lo contrario: no solo el ajuste recae brutalmente sobre la clase trabajadora, sino que además es falso que sirva para estimular el empleo privado. El propio informe del Instituto de Estadística y Censos porteño revela que casi uno de cada cinco trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires está desocupado o subocupado: 18,1% de la fuerza laboral (308.500 personas).
El cuadro es devastador. En estos 18 meses de gestión de Milei, la desocupación saltó del 4,6% al 7,8%, lo que implica 56.500 desempleados más. A eso se suman 176.500 subocupados, trabajadores obligados a aceptar jornadas reducidas e ingresos de miseria. Las mujeres y los barrios del sur son los más castigados: allí la desocupación supera el 10%. La precarización también se extiende con un 28,4% de asalariados sin aportes jubilatorios, un avance en la precarización y, por ende, un retroceso en los derechos laborales elementales.
Que más de un cuarto de los asalariados no cuente con aportes es una desmentida al gobierno, que ajusta a los jubilados y elimina la moratoria diciendo que es insostenible el sistema previsional cuando es la evasión capitalista la que genera el problema. El pase a planta permanente de todos los trabajadores y la formalización de la actividad laboral va a permitir mejorar las jubilaciones y la caja previsional.
La política del gobierno no solo aumenta el desempleo y la subocupación, sino que apunta a degradar derechos laborales históricos y a abrir el camino para la reforma laboral que tiene en agenda. El ataque a las condiciones de trabajo, los despidos masivos, la ausencia de aportes jubilatorios y la flexibilización de las normas de seguridad son parte de un proyecto que busca abaratar la mano de obra, avanzar en la precarización y favorecer a las patronales a costa de la clase trabajadora.
Mientras la situación social se degrada, Milei y Caputo profundizan un plan que hunde salarios, jubilaciones y condiciones de vida para garantizar los negocios de la deuda, de los bancos y de las patronales. El fracaso electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires ya expresó un rechazo creciente.
La derrota electoral se combinó con el veto presidencial a leyes votadas masivamente en el Congreso, como la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica, ambas con un fuerte respaldo popular. El repudio fue inmediato: trabajadores de la salud, docentes y sectores en lucha del movimiento obrero se unificaron el 12 de septiembre en una sola movilización, convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo, para defender la ley de emergencia pediátrica y el presupuesto universitario.
La perspectiva que se abrió con la movilización del 12 es decisiva, traza el camino de una intervención independiente de los trabajadores, jubilados, piqueteros y estudiantes para derrotar el ajuste. Es por eso que este miércoles 17, en una nueva convocatoria frente al parlamento para defender la salud pública y las universidades, en fundamental ganar las calles. No se puede confiar en una oposición parlamentaria que viene de convalidar el veto a las jubilaciones y que ya prometió sostener a Milei hasta 2027. El rechazo al veto tiene que ganarse en las calles.
Milei quiso presentar la caída del consumo, la recesión y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo como la antesala de un futuro de prosperidad. Pero los datos muestran que su plan no estabiliza ni promueve crecimiento alguno: lo único que crece es el desempleo, la pobreza y la desorganización social. La verdadera salida no vendrá de un gobierno que gobierna para los bancos y el FMI, ni de una oposición cómplice, sino de la irrupción de la clase trabajadora con sus métodos de lucha.
El 12 de septiembre marcó un punto de apoyo fundamental. La continuidad de esa intervención independiente es la clave para derrotar a Milei y su ajuste, y abrir paso a una salida obrera y popular a la crisis.
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El Frente de Lucha Piquetero realizó hoy una conferencia de prensa frente a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social para denunciar la política de desabastecimiento y persecución que el gobierno de Javier Milei, con la ministra Sandra Pettovello a la cabeza, viene aplicando contra las organizaciones sociales y los comedores populares y anunciaron una nueva jornada nacional de lucha el 23 de septiembre.
Las organizaciones reclamaron la devolución inmediata de los alimentos que el Estado dejó de entregar a las familias más necesitadas, una decisión que el oficialismo justificó en una supuesta "auditoría" que, según reconocimientos judiciales citados por los piqueteros, nunca existió. "Pettovello está hoy enjuiciada por haberle robado la comida a la gente más necesitada", afirmaron los referentes del Frente.
Eduardo "Chiquito" Belliboni, dirigente del Polo Obrero, afirmó: "Pettovello esta hoy enjuiciada y perseguida judicialmente por haberle robado la comida a la gente más necesitada. Eliminó comedores populares mediante una resolución que decía que había hecho auditorías y que el 50% de los comedores no funcionaba y hace unas semanas reconoció ante la justicia que no hizo ninguna auditoría".
"Pettovello esta hoy enjuiciada y perseguida judicialmente por haberle robado la comida a la gente más necesitada. Elimino comedores populares mediante una resolución que decía que había hecho auditorías y que el 50% de los comedores no funcionaba y hace unas semanas reconoció… https://t.co/bnIq0uXXqbpic.twitter.com/8lWWNLQylB
El comunicado del Frente de Lucha Piquetero denuncia un saqueo sistemático: "Ahorrándose 7 millones y medio de kilos por mes de alimentos, estimándose en $3.000 el kilo, se embolsaron $22.500 millones. Multiplicado por los 18 meses en los que no se han entregado alimentos, la cifra alcanza la friolera de $405.000 millones". Con esos números, las organizaciones subrayan que la interna decisión de cortar la entrega de mercadería no solo dejó sin comida a miles de familias sino que además habría implicado un desvío de fondos de enorme magnitud.
En el mismo texto se acusa a la ministra Pettovello de haber impulsado una maniobra irregular en la compra de alimentos: "La Ministra habría firmado una resolución para transferir $14 mil millones al programa de compras de alimentos y esta no se habría concretado. El traspaso de dinero se habría hecho a un programa de Naciones Unidas para la compra de arroz, fideos y leche en polvo, entre otros".
Además, señalan ‘‘el pago de una comisión por parte del Estado de un 3% por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante por la adquisición de un millón de unidades de cada producto’’. Las organizaciones reclaman que estas denuncias sean investigadas a fondo y que se sancione a quienes resulten responsables.
Desde la tribuna, las agrupaciones no se limitaron a señalar a Pettovello, relacionaron las irregularidades con un entramado de coimas que, según dijeron, incluye a figuras cercanas al gobierno y a grupos de poder económico. Los ataques contra los comedores y la criminalización de las organizaciones sociales son, para ellos, una pieza más de la ofensiva contra toda la clase trabajadora. Los piqueteros recordaron además que desde el inicio de la gestión hubo una campaña de persecución judicial contra dirigentes populares y una política deliberada de desabastecimiento en comedores.
Como respuesta, el Frente de Lucha Piquetero anunció una jornada nacional de lucha para el 23 de septiembre y convocó a participar masivamente de las actividades. También instaron a confluir en las movilizaciones de esta semana: mencionaron la marcha en defensa de la universidad pública como otra oportunidad para enfrentar el ajuste y sumar a la pelea por la comida, la educación y el salario.
"Exigimos que en forma inmediata se devuelvan los alimentos a los comedores registrados, que el Estado garantice la alimentación de las familias que la necesiten y se castigue a los responsables de haberle sacado la comida a millones de personas", concluyeron.
La conferencia dejó clara la disposición de las organizaciones sociales a dar la pelea en la calle: frente al ajuste y el robo a los programas de asistencia, las organizaciones piqueteras apuestan a empujar una respuesta unificada de los barrios, las escuelas y las fábricas. "Al gobierno que le roba a las familias que menos tienen lo vamos a derrotar en las calles", cerraron.
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El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el secuestro del celular de Nélida Agustina Bisio, titular de la Anmat, en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que ya se cobró más de un centenar de vidas. La medida incluyó allanamientos en domicilios particulares de funcionarios, en el Iname y en las sedes centrales de la Anmat. Entre las apuntadas está también la desplazada Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Iname, quien ocultó información clave sobre las irregularidades de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Pero la responsabilidad de los funcionarios no es individual, sino las responsabilidad política de un gobierno que para colmo tiene como Ministro de Salud a un lobbista de los grandes laboratorios.
El operativo judicial confirma lo que venimos denunciando: la masacre sanitaria no fue un accidente sino el resultado de una cadena de responsabilidades políticas, empresariales y estatales. La Anmat detectó en diciembre de 2024 fallas críticas en las plantas de Ramallo que comprometían directamente la calidad y seguridad de los medicamentos, pero no se clausuró de inmediato ni se retiraron los lotes del mercado. El veneno siguió circulando hasta mayo de 2025, cuando ya se contaban decenas de muertos.
La complicidad del Estado con los laboratorios es evidente. Mientras el ministro Mario Lugones sigue respaldando a Bisio, las familias de las víctimas deben peregrinar hospital por hospital para reconstruir el listado de fallecidos, porque el sistema de reporte es voluntario y cada clínica privada decide si informa o no las muertes vinculadas al fentanilo. En otras palabras: si un hospital no reporta, la muerte no existe para el Ministerio de Salud. El régimen de privatización y desregulación de la salud convierte la vida de los pacientes en una variable de negocio.
El encubrimiento es una suerte de política de Estado. Desde 2018 los inspectores del Iname registraban falencias en HLB Pharma y Ramallo. Pero el kirchnerismo, lejos de investigar, encubrió: sus diputados rechazaron una comisión parlamentaria para esclarecer las responsabilidades políticas. Así se protege a García Furfaro y a toda una red empresarial que creció gracias a licitaciones millonarias, con la complicidad de intendentes, burócratas sindicales y funcionarios de turno.
La red de impunidad involucra además al narcotráfico. El desvío de fentanilo al mercado ilegal ya fue señalado por la fiscalía, esto mientras el gobierno de Milei blanquea capitales, habilita la importación sin controles y destruye al organismo que fiscaliza la producción de medicamentos.
Nada de esto se resuelve si como propuso el ministro provocador Sturzenegger directamente cerraran la Anmat. El plan motosierra que vacía hospitales y programas de salud pública no va a traer ningún beneficio sanitario. El "desregulador" simplemente actúa como comisionista de los pulpos farmacéuticos multinacionales que quieren copar el mercado argentino desplazando a los laboratorios "nacionales", que tienen en Lugones a su espada dentro del gobierno.
Frente a esta masacre, los familiares de las víctimas ya se están organizando. Su denuncia es clara: clínicas, laboratorios y Estado son responsables. La justicia solo puede lograrse a través de la lucha popular, contra un régimen que nos condena a morir por falta de controles, por la rapiña empresarial y por los ajustes criminales. La salida es poner fin al negocio capitalista con la salud y avanzar en el control de los trabajadores sobre el sistema de salud y la producción de medicamentos.
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Las elecciones del domingo 7 de septiembre en San Miguel dejaron al descubierto la crisis de los bloques patronales y una derrota contundente para La Libertad Avanza, a pesar de haber contado con todo el aparato nacional, el armado directo de Karina Milei y la presencia del clan Romo en el distrito.
A nivel provincial, la lista de fuerza patria se coloca primera en la elección con el 48,25% de los votos, derrotando al oficialismo por 10 puntos. Esto deja ver que la campaña a nivel provincial de la lista corta del clan de los De La Torre fue para el PJ, lo que se hizo notorio también en un acto en el que aparecieron juntos a mediados de agosto de este año. El peronismo no se muestra como una alternativa al gobierno municipal, sino que se prepara para seguir cogobernando en San Miguel como vienen demostrándolo en el concejo deliberante.
El oficialismo local, con Primero San Miguel, ligado al intendente ajustador Jaime Méndez y el aparato histórico de los De la Torre, alcanzó el 39,4% de los votos. De esta manera retuvo sus bancas en el Concejo Deliberante, apuntalado por un régimen de poder basado en el control territorial.
Muy lejos quedó La Libertad Avanza, con Agustín Tomás Puiggari encabezando, que sintió el fuerte rechazo de los vecinos de San Miguel. El armado de listas estuvo digitado por Karina Milei, priorizando el reparto de cargos entre funcionarios. El clan Romo, que buscaba proyectarse localmente, quedó relegado. La derrota libertaria confirma que su proyecto no tiene arraigo en el conurbano. Ni siquiera les sirvió el acto fascistoide del gordo Dan del año pasado en la Sociedad Italiana de San Miguel. Este intento de mostrar “fuerza” reaccionaria se estrelló ahora contra una realidad electoral que lo dejó sin base de apoyo.
El contraste es claro: mientras los bloques patronales se disputan el control del municipio, el Frente de Izquierda-Unidad, que alcanzó el 3,44%, desarrolló una campaña militante, acompañando todas las luchas en San Miguel: de los trabajadores municipales precarizados, de los comedores populares, de los barrios que pelean por agua y servicios básicos. Esa intervención muestra que la izquierda está donde se organiza la resistencia de los trabajadores.
Ni el vecinalismo de los De la Torre, ni el reciclaje del PJ, ni el mileísmo -que sufrió un verdadero cachetazo- representan una salida para las masas. El gobierno de Milei no cuenta con el respaldo político necesario para sostener su motosierra contra el pueblo trabajador.
La conclusión es clara: la única salida real la puede impulsar la clase obrera con su organización independiente. Es necesario salir a la calle, desarrollar un paro activo nacional y un plan de lucha que unifique a ocupados, desocupados, estatales y docentes contra el ajuste. Solo con un programa de los trabajadores podemos derrotar este régimen de hambre y abrir paso a una alternativa política propia.
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El día miércoles 10 de septiembre se dio a conocer el fallo, dictado en dos juzgados distintos, el Juzgado Nacional del Trabajo 77 y el 46, que ordena la reincorporación inmediata de Alejandro Martínez y Maximiliano Montero, dos de los cinco despedidos de Georgalos, a sus puestos de trabajo, con el pago íntegro de los salarios caídos desde junio.
Los trabajadores, que hace más de 3 meses se vienen organizando ante estos ataques antisindicales que la patronal propinó a compañeros con más de 20 años de antigüedad y con legajos intachables, esperan por las resoluciones de las causas de Elizabeth González, Diego Ciani y Miguel Maciel que, como parte de la estrategia judicial, concursan en diferentes tribunales. Choriceadas, acampes, cortes de ruta en panamericana ramal Tigre, movilizaciones, entre otras acciones, fueron los garantes de hacer sentir la fuerza de la unidad de los trabajadores de Georgalos con los diferentes sectores que se acercaron a brindar su apoyo incondicional a esta lucha.
Cabe destacar que este primer triunfo parcial ha sido posible por la enorme batería de actividades e instancias de organización, movilización y lucha que desplegaron con tenacidad los trabajadores despedidos. Esto a pesar de la actitud del Sindicato Trabajadores de la Industria del Alimento, dirigido por Daer, que fue la de un mero apoyo testimonial ya que en estos tres meses no intervino, no convocó instancias de deliberación y lucha, ni tampoco una medida del gremio en su conjunto como un paro, siendo que los despidos a estos activistas se realizaron con la acusación (por parte de la patronal) de “sabotaje” al participar de una medida de fuerza gremial.
Al mismo tiempo, es importante remarcar que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que encabeza Walter Correa, se cuidó de pedirle a la patronal que acate las conciliaciones obligatorias dictadas en su momento por el mismo ministerio. Lo cual refleja que el “escudo” que dicen ser Kicillof y su gabinete es un colador de la motosierra de Milei en la provincia.
Pese a esto, Mariano Candal, quien tiene a cargo el Juzgado Nacional del Trabajo N°77 observó en su fallo que Martínez fue despedido por participar de “una medida de fuerza que la empresa encontró ‘deliberada’ e ‘ilegal’”, pasando por arriba un derecho “fundamental”: la libertad sindical, amparados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y por convenios internacionales. Por su parte, María Elvira Rosón, encargada del juzgado N°46, resolvió la reincorporación inmediata de Montero, con pago de salarios adeudados desde el día del despido y bajo apercibimiento de aplicar multas de cincuenta mil pesos diarios en caso de la patronal incumpla nuevamente, así como lo hizo con las conciliaciones obligatorias. En conjunto con esto, mandó a que se notifique a la Junta Interna de STIA para garantizar su participación electoral el próximo 27 del corriente mes.
La lucha de Georgalos debe tomar nuevo impulso apoyado en estos primeros pasos cosechados por una ardua lucha en todos los sentidos. Ante las inminentes resoluciones judiciales de los tres casos de los compañeros que faltan, reforzar la organización con nuevas medidas y acciones de lucha es la clave para conseguir la tan ansiadas reincorporaciones, lo que será un triunfo definitivo frente a la patronal, que todavia tiene las instancias de apelación a su suerte.
En ese sentido, como parte de las resoluciones del plenario nacional realizado en FSOC del cual lxs trabajadorxs de Georgalos fueron convocantes junto a sindicatos combativos, organizaciones de trabajadores, el movimiento piquetero y las luchas en curso (Garrahan, Universidades, INTI, etc) , este viernes 12 convocan a movilizarse de Congreso a Plaza de Mayo a las 15:30hs.
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Algo inédito está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones del país, se están cerrando en todos los barrios porteños grados, cursos y directamente escuelas públicas. La excusa es la baja de matrícula, una forma que encontró Macri para aplicar la motosierra mileísta a la educación.
Según un informe de la Legislatura en el año 2024 en el nivel inicial se cerraron 77 salas y se fusionaron otras en 21 jardines de la ciudad. En primaria pasaron de jornada simple a completa 18 establecimientos, con el consiguiente problema laboral para docentes. Para el mismo período en secundaria se cerraron 117 cursos y se reconvirtieron 34 cursos en el año 2025. Se estima que para el ciclo 2026 el gobierno pretende cerrar casi 200 grados en distintos barrios y otros tantos cursos de secundaria.
Esto está generando muchas acciones en los distritos escolares, con cortes, caravanas, semaforazos, entre docentes y familias, para tratar de frenar esta avanzada contra la escuela pública.
Se trata de un ajuste presupuestario importante. Hay que tener en cuenta que en CABA la mayoría de la matrícula (50,4%) se concentra en la educación privada, mientras un 49,6% lo hace en la pública (datos relevamiento nacional 2022). Si sumamos los recursos de la ayuda escolar para cubrir una parte de la cuota a las escuelas subvencionadas que lanzó el gobierno porteño y el voucher nacional, ambas compatibles, estamos ante una política consciente de avanzar en una mayor privatización de la educación y como contrapartida dejar reducida a una mínima expresión a la escuela pública.
De esto se desprende que el primer punto para recuperar la escuela pública es la defensa del presupuesto. El gobierno se quiere valer de la baja de natalidad para achicar el sistema público de educación. En contraposición, planteamos la defensa del presupuesto para las escuelas públicas y su incremento a partir de la eliminación paulatina de los subsidios a las privadas, para que no colapse el sistema. De esta forma, se puede fortalecer la oferta académica, los recursos, la infraestructura y los salarios que ofrece la escuela pública, medidas necesarias para reforzar la educación.
El segundo punto es retomar el control de la inscripción escolar a cargo de supervisiones y escuelas, y la apertura de salas de 45 días a 2 años de nivel inicial en todos los barrios. Pase de los Centros de Primera Infancia a la órbita del Ministerio de Educación para que sean jardines infantiles con todos los recursos y derechos para docentes. El propio ministerio, a través de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad Educativa y Equidad Educativa (2024) indica que, si bien hay una baja de natalidad, esta “tiene su impacto en las salas de 4, 5, pero que aún así se registra una demanda en maternales”, demanda que no se cubre y que obliga a las familias a llevar a sus hijxs a la privada.
Además, dicho informe señala que “puede ser una oportunidad para fortalecer el acceso desde edades más tempranas y de nuevas metodologías y formas de trabajo docente mediante la reducción de cantidad de niñxs por docente, lo que permite un trabajo más individualizado”. Este ejemplo vale para lo que se puede aplicar en el nivel primario, menos cantidad de matrícula para una dedicación exclusiva del docente, incluso con parejas pedagógicas, dado el cuadro de problemas sociales y de salud mental que complejizan la tarea pedagógica. Ligado a esto más equipos interdisciplinarios para atender a las infancias.
El tercer punto es mejorar la oferta académica en las escuelas. En el citado informe de la Legislatura se indica que en el año 2025 se intensificaron solo seis escuelas primarias, en artes, idiomas, etc. Esto suena a poco y nada, cuando ofrecer una diversidad curricular a las familias puede ser un factor para dinamizar la matrícula. Vale también para las secundarias. La NES, la secundaria del Futuro y el Ba Aprende ofrecen una escuela básica, con dos o tres materias y sin perspectiva para la juventud.
El cuarto punto es dotar de recursos a las escuelas públicas para la práctica de deportes. En la mayoría de los casos las escuelas no cuentan con natatorios propios o polideportivos y cuando lo tienen están en muy malas condiciones por la falta de mantenimiento y muchas veces fuera de funcionamiento, como denunció recientemente la comunidad de la primaria Álvarez Thomas del distrito 16.
El quinto punto es asistir con comedores escolares a todos los niveles educativos, de calidad y nutritivos, bajo supervisión de docentes, familias, cooperadoras, eliminando el negociado de las tercerizadas, para dar respuesta a una demanda que se extendió hasta el nivel secundario incluso, dada la miseria creciente.
Todas estas medidas urgentes deben ser acompañadas con un debate entre la docencia, las familias y lxs estudiantes sobre qué escuela queremos, sobre la base de derogar las leyes educativas vigentes que fueron vaciando de contenidos académicos a la escuela. Esta es una disputa abierta con todos los gobiernos, que hace décadas vienen reduciendo la educación a una preparación elemental para el precarizado mercado laboral, que en esta etapa histórica no necesita de una mano de obra relativamente calificada para el tipo de trabajo que van a realizar y, por ende, considera un gasto innecesario mantener a la escuela pública y sus trabajadores, por eso el salario y la tarea docente está cada vez más devaluada.
La educación pública, en tanto conquista de la clase trabajadora bajo el capitalismo está permanentemente amenazada, las grandes luchas educativas justamente le ponen un límite a estos ataques. Junto a la lucha de las universidades y la ciencia planteamos estas propuestas urgentes para defender la escuela pública de las garras de los Macri y Milei.
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El conflicto de los trabajadores de las 50 contratistas de Ternium Siderar se ha cerrado, al menos por ahora, con alrededor de 350 despidos y desafectaciones.
Casi un mes de medidas de lucha impuestas contra las maniobras de la burocracia y de los ministerios de trabajo nacional y provincial de Milei y Kicillof mostraron la convicción de ir a fondo para conquistar reivindicaciones centrales que venían siendo postergadas, y agravaban día a día las condiciones de vida de los obreros. Por un lado reclamaban el aumento salarial ya que ni siquiera se cumple la paritaria metalúrgica, cobran entre 300.000 y 350.000 pesos la quincena o sea la mitad de lo que cobran los obreros de planta permanente.
Por otra parte, querían poner fin a condiciones de trabajo penosas, insalubres y peligrosas colocando a debate medidas de seguridad, higiene y salubridad. Son trabajadores expuestos a calores intensos, limpieza y acondicionamiento de máquinas que acumulan sustancias contaminantes, a tareas en lugares o entre máquinas sin las medidas de seguridad correspondientes.
La mayoría de estos trabajadores sobrepasan los 10 años de antigüedad y estan hartos de pagar los costos de ser tercerizados en empresas que son propiedad de la burocracia de Brunelli o de Paolo Rocca con otros nombres.
La burocracia trabajó para quebrar la resistencia obrera
Desde el inicio del conflicto, Brunelli, que hacía años que no pisaba la fábrica, estuvo tratando de asustar a los trabajadores. Que Rocca va a apagar el horno, que hay que acatar la conciliación obligatoria (que no se sabía quien había decretado), que volvieran a trabajar y negociaran, que del paro por tiempo indeterminado se sabe cuando se entra pero no cuando se sale, etc., etc.
También se cuidaron muy bien de generalizar el conflicto, evitando unir en un plan de lucha común a todos los obreros contra una patronal como es Paolo Rocca, que sostiene y le dicta la política a Milei de arrasar con los convenios, con las paritarias, con el derecho de huelga y el derecho de indemnización.
Tampoco unieron a los metalúrgicos en un plan de lucha cuando las paritarias son miserables, sigue pendiente la paritaria de la siderurgia, hay despidos y suspensiones en Acindar, Vassalli, Siderca, KTM o se ha vaciado SKF por nombrar algunas fábricas donde las patronales descargan la crisis sobre los trabajadores.
Arreglaron los despidos para quebrar la huelga
Brunelli, experto en traicionar obreros, como lo viene haciendo desde que entregó Somisa a la privatización, hizo lo que sabe como burócrata que es. Para mantener sus negocios y los de Paolo Rocca hizo causa común con él usando el conflicto como presión hacia el gobierno de Milei.
Paolo Rocca en persona ha chocado con Milei y su equipo económico porque en este momento lo afectan las importaciones de acero, el parate en la fabricación de autos, de línea blanca, de la producción agraria. También aprovechó la volada para insistir en el reclamo de las grandes patronales de una devaluación que les agigante sus ganancias.
Como comentan muchos trabajadores, es seguro que hubo un arreglo entre la patronal de Ternium y la burocracia. Brunelli, Sánchez y Furlán impusieron de hecho el levantamiento del paro promoviendo que entraran a trabajar los que eran admitidos y que quedaran en el portón varios cientos.
De esos, 240 son de Loberaz, la empresa que en todo San Nicolás y Ramallo se dice que es de Brunelli. De golpe, Techint desafecta o cancela el contrato. De las otras hay decenas de despedidos, sin indemnización.
La burocracia impulsó el ingreso de los trabajadores, la quiebra del paro en el momento en que estaba afectada toda la producción y Paolo Rocca ya no lo podía aguantar.
A una semana de la movilización en las calles de San Nicolás, sin paro e impulsando el ingreso de lo huelguistas para arreglar la reincorporación de algunos, los trabajadores denuncian una nueva traición de la UOM. Muchos, ni siquiera harán los juicios por indemnización con el sindicato.
Es la dirección sindical, boludo
Para los obreros de Siderar, para los tercerizados, para el conjunto de la población de San Nicolás y Ramallo queda otra vez bien claro: no es cierto que la clase obrera no quiera luchar. Lo único cierto es que la burocracia sindical es quien impide la lucha.
La enorme lucha de Siderar, impulsada desde abajo, es parte de una nueva etapa del movimiento obrero que busca abrirse paso; mostró la potencialidad de los trabajadores y, sobre todo, la necesidad de expulsar a la burocracia de la UOM y poner en su lugar una dirección consecuente. Los reclamos siguen planteados y, por lo tanto, tarde o temprano el conflicto volverá a emerger.
Necesitamos un plan de lucha de la UOM impuesto por asambleas en todas las fábricas. Que la crisis la paguen los patrones. Que se abran los libros y se repartan las horas de trabajo sin afectar los salarios. Aumento general de sueldos, indexados automáticamente. Paritarias sin piso ni techo. Reincorporación de todos los despedidos.
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En la primera reunión de la mesa de negociación entre la Eana (Empresa Argentina de Navegación Aérea) y Atepsa se conquistó la reincorporación de 3 trabajadores despedidos en abril.
El compromiso alcanzado en su momento para levantar las medidas de fuerza fue un aumento del 15% y una mesa de negociación para discutir los despedidos de abril y mejoras en el convenio colectivo.
Las 3 reincorporaciones conseguidas están siendo festejadas por el conjunto de los trabajadores de la Eana.
El método de la democracia sindical, los paritarios electos por la base, las reuniones del cuerpo de delegados y la convocatoria a asambleas generales resolutivas para aceptar o rechazar las ofertas del gobierno han sido la clave para defender posiciones ante la brutal ofensiva del gobierno.
Si bien desde que asumió Milei los trabajadores de la Eana han tenido un retroceso importante en materia salarial, este ha sido mucho menor al del conjunto de los trabajadores del Estado nacional y del resto de los trabajadores aeronáuticos. Además, mientras los trabajadores de Aerolíneas Argentinas han sufrido una reforma laboral regresiva en sus convenios y reglamentos de trabajo, los trabajadores de la Eana están discutiendo mejoras en los convenios colectivos.
En las semanas venideras continuarán las reuniones de la mesa de negociación entre la empresa y el sindicato. Hay que mantener el estado de alerta hasta que se garantice la reincorporación de todos los despedidos y se concreten las mejoras comprometidas.
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La dirección del hospital difunde cifras infladas y datos falsos.
En un hecho escandaloso, mientras lxs trabajadorxs del Hospital Garrahan realizaban una conferencia de prensa para visibilizar la crisis del hospital y sus reclamos, las autoridades salieron a repartir entre periodistas un texto “en off” (sic) donde difunden cifras infladas y datos falsos, con el objetivo de deslegitimar la lucha y encubrir el vaciamiento que atraviesa el hospital pediátrico de referencia en el país.
El papel asegura que el Garrahan “no está en emergencia”, que cuenta con “un presupuesto garantizado de 228 mil millones de pesos” y que sus médicos cobran “no menos de 2,4 millones” en mano. Todo esto contrasta brutalmente con la realidad: guardias saturadas, insumos faltantes, salarios de miseria y un régimen de explotación para residentes y concurrentes que obliga a jornadas interminables, sin descanso y con sueldos que en muchos casos no llegan a cubrir la canasta básica.
ASÍ OPERAN LAS AUTORIDADES DEL GARRAHAN. Este texto impreso "en off" (sic) distribuía la jefa de prensa designada por el Consejo de Administración para difundir fake news entre los periodistas que se acercaron a cubrir la conferencia de lxs laburantes del Hospital. pic.twitter.com/k7Ktc4I74s
La maniobra de las autoridades apunta a enfrentar a la población con lxs trabajadorxs, presentando un cuadro de supuesta abundancia presupuestaria y negando la necesidad de la ley de emergencia reclamada desde adentro del hospital. En paralelo, el texto acusa a la lucha de ser “política” y de estar dirigida por los gremios, intentando estigmatizar la organización sindical cuando son justamente los paros y movilizaciones los que vienen defendiendo la salud pública frente al ajuste del gobierno nacional.
Mientras el Consejo de Administración se dedica a repartir fake news, lxs trabajadorxs siguen enfrentando condiciones de sobrecarga laboral, bajos salarios y precarización. La verdadera “emergencia” es la que viven miles de familias trabajadoras que acuden al Garrahan y se encuentran con servicios desbordados.
Desde Prensa Obrera revelamos este operativo de desinformación y llamamos a rodear de solidaridad la lucha de lxs trabajadorxs del Garrahan. La defensa del hospital y de la salud pública depende de la organización desde abajo contra el ajuste del gobierno y sus voceros en la dirección del hospital.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
Este miércoles al mediodía se realizó en Plaza de Mayo una conferencia de prensa de sindicatos combativos, movimientos piqueteros independientes y organizaciones de jubilados para anunciar una gran jornada nacional de lucha. Este viernes llevarán adelante una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y un acto unificado, en reclamo de un paro general de 36 horas y un plan de lucha para derrotar el ajuste de Milei, los gobernadores y el FMI.
La medida fue votada en el plenario nacional realizado el pasado 16 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales, que reunió a centenares de luchadores obreros, piqueteros y jubilados. La jornada se desarrollará en el marco de la peor crisis política y económica del gobierno de Milei desde su asunción, luego de su derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires, en medio de denuncias de corrupción que alcanzan al propio presidente y su círculo íntimo, la suba del dólar, el endeudamiento creciente y el derrumbe del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato del Neumático, dijo: "La conferencia de prensa para llamar a la marcha de este día viernes, a una jornada nacional de lucha, ahora toma otro color, toma mayor fuerza, hay que aprovechar para unificar las luchas de los compañeros de la salud, del Garrahan, los ferroviarios, los petroquímicos de Río Tercero, de las universidades, de docentes, estudiantes, jubilados. Estamos en momentos donde ya no hay excusa ¿Ahora la CGT va a decir que no ve condiciones?".
La convocatoria apunta a unificar todas las causas populares: contra los vetos al Garrahan y la Universidad, contra el cepo a las paritarias, por un aumento de emergencia para los jubilados, contra el cierre de empresas producto de la crisis industrial y la avalancha de importaciones. Será también un pronunciamiento de apoyo a todos los que hoy enfrentan en las calles la motosierra y la licuadora de un gobierno antiobrero y represivo.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero: "La movilización del viernes tiene un objetivo, impulsar el paro de 36h y en nuestro entender, en un camino hacia la huelga general porque hay que derrotarlo a Milei, Milei sigue gobernando, acá no cambio nada, a pesar del contundente golpe que ha recibido el gobierno".
"La movilización del viernes tiene un objetivo, impulsar el paro de 36h y en nuestro entender, en un camino hacia la huelga general porque hay que derrotarlo a Milei, Milei sigue gobernando, acá no cambio nada, a pesar del contundente golpe que ha recibido el gobierno"… https://t.co/ZrjdvDgcdYpic.twitter.com/7AIxdpc2EH
Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA agregó: "los sindicatos que dirige el clasismo están haciendo lo que hay que hacer que es estar en la lucha, estar en la calle, estar en las plazas, como en este momento y nos sentimos muy orgullosos de recibir esta conferencia de prensa en el marco de una acción que fue votada dentro de nuestras asambleas como es las clases públicas"
"Milei sigue gobernando y más importante aún siguen las leyes y los decretos antiobreros y antipopulares, sigue la Ley Bases vigente y el DNU 7023, claramente lo que se expreso el domingo es que la enorme mayoría esta completamente en contra de esa perspectiva" sostuvo Martín Prat de GPS, Tercerizados Aerolíneas.
"Milei sigue gobernando y más importante aún siguen las leyes y los decretos antiobreros y antipopulares, sigue la Ley Bases vigente y el DNU 7023, claramente lo que se expreso el domingo es que la enorme mayoría esta completamente en contra de esa perspectiva" Martín Prat, GPS,… https://t.co/u7qE4a5iljpic.twitter.com/OcEQLNP3fS
Alejandro Lipcovich, secretario general de la junta interna de ATE Garrahan, sostuvo: "la burocracia sindical decía que no se podía enfrentar al gobierno porque tenía apoyo popular y el gobierno ha sido derrotado en forma categórica y no tiene ningún apoyo popular para destruir el salario, las jubilaciones, las universidades y el hospital Garrahan".
"La burocracia sindical decía que no se podía enfrentar al gobierno porque tenía apoyo popular y el gobierno ha sido derrotado en forma categórica y no tiene ningún apoyo popular para destruir el salario, las jubilaciones, las universidades y el hospital Garrahan"@Aleplipco Sec… https://t.co/OYnDsK9sgspic.twitter.com/JdOIzd2J4u
Mientras tanto, la CGT sigue borrada del mapa, negociando con el gobierno, y las CTAs limitadas a discursos sin acción, dejando pasar el ajuste. Frente a esa parálisis, el sindicalismo combativo y los movimientos de lucha avanzan en organizar una respuesta desde abajo.
"La burocracia sindical decía que no se podía enfrentar al gobierno porque tenía apoyo popular y el gobierno ha sido derrotado en forma categórica y no tiene ningún apoyo popular para destruir el salario, las jubilaciones, las universidades y el hospital Garrahan"
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Fuerza Patria se impuso en la desdoblada elección bonaerense por una diferencia de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA). La derrota política fue reconocida por el propio Javier Milei en el despoblado bunker libertario, desmintiendo un tuit de Sebastián Pareja que posteó -ya con los comicios cerrados- que La Libertad Avanza "había crecido". En su discurso en el bunker el "karinista" matizó el derrumbe con el argumento -retomado luego por Javier Milei- de que el 37% es el piso para octubre y no el techo. Este análisis no se sostiene, LLA no pudo concretar en votos la absorción del PRO y puede caer más en el marco de la desconfianza de los mercados pero por sobre todo producto del repudio popular.
El escenario de una derrota limitada de La Libertad Avanza, planteado entre otros por la banca JP Morgan como un "triunfo estratégico" de cara al 26 de octubre, resultó un fiasco al igual que el supuesto empate técnico que anticipó Javier Milei en el fallido acto de cierre en Moreno. El establishment se las veía venir y en la previa a la votación del domingo el gobierno salió a vender 500 millones de dólares para contener otro salto de la divisa. Los ruidos electorales que temía el FMI van a ser la música de fondo de cara a las elecciones nacionales de "medio término" del 26 de octubre.
Los libertarios perdieron en seis de las ocho secciones electorales incluida la Primera Sección, donde Milei y Valenzuela pensaban hacer una diferencia favorable y terminaron cayendo por 10 puntos frente al peronismo que le sacó, además, 25 puntos de diferencia en la Tercera. Ambas secciones del Gran Buenos Aires concentran el grueso del padrón electoral bonaerense. El 63% de participación de este domingo confirmó una suba de la cantidad de votantes que fue creciendo conforme se hizo evidente que las coimas del gobierno nacional, y en particular de Karina Milei y los negociados de los Menem, iban a tener un grueso impacto electoral acelerando la caída de la imagen presidencial por la defensa cerrada que hizo Milei de su hermana.
La magnitud de la derrota del gobierno nacional -en una elección que el propio Milei se encargó de nacionalizar- activó de inmediato los mensajes críticos hacia el gobierno por parte de los gobernadores, que son parte u orbitan en torno a Provincias Unidas. Estos mismos gobernadores, que fueron un pilar de la gobernabilidad y que le votaron la Ley Bases a Javier Milei convalidando vetos y ajustes, completaron su pase a la "oposición" al gobierno que "no escucha a las provincias". Un adelanto de lo que se venía fue la elección correntina donde el gobernador se despegó de La Libertad Avanza y presentó su propia lista, relegando a los "libertarios" a una votación del 10%. Kicillof recogió los centros de Pullaro y Vidal y se presentó en el bunker de La Plata como un vocero de los reclamos de las provincias. Lo hizo desde su rol de ganador de la elección y para reafirmar sus pretensiones presidenciales frente a los otros gobernadores rivales agrupados en Provincias Unidas.
Fuerza Patria no ganó por "sumar fuerzas" sino por el creciente y acelerado repudio popular a Milei que es mucho más que un cambio de humor popular, y se va asemejando a un fin de época para el gobierno ultraderechista. El resultado lo sorprendió, el peronismo no pudo hacer una campaña unificada como se vio con los ataques de Máximo Kirchner -es decir de Cristina- a Axel Kicillof. El hijo de la exvicepresidenta eligió permanecer junto a su madre en lugar de viajar al bunker platense de Fuerza Patria copado por el kicillofismo al grito de "para Axel la conducción". Máximo, hasta hoy presidente del PJ bonaerense, tiene los días contados como titular del justicialismo bonaerense. La interna sigue abierta con el kirchnerismo derrotado en dos secciones que encabezó.
Los presentes en el escenario de La Libertad Avanza en La Plata delataron el impacto sufrido por el gobierno que marcha a una crisis de gabinete inminente. La ausencia del Toto Caputo fue interpretada por varios como un indicador de que el operador financiero podría dejar en breve el Ministerio de Economía.. Pretender contener la magnitud de la derrota electoral con Sturzenegger y Santiago Caputo es echar más leña al fuego. Las bravuconadas de Milei chocan con las votaciones adversas que viene afrontando el oficialismo en el Congreso. Los vetos en cadena de Milei se han ido agotando como forma de un gobierno. En el estrado tampoco estuvo José Espert, candidato a primer diputado nacional por LLA, ni el jefe de gabinete Guillermo Francos. La "dependencia psicológica" del presidente no le impidió a Milei preparar el despido de Sebastián Pareja, mano derecha de la alta coimera.
Es de suponer que la participación electoral para el 26 de octubre crezca al calor de la crisis política del gobierno nacional y por lo tanto de las avanzadas para armar un recambio burgués, si Milei se hunde en forma acelerada. El propio Kicillof coquetea con Provincias Unidas, de la que pretende ser el primus inter pares. La palabra final la tendrán los "mercados" es decir los capitalistas y el FMI, y de cómo actúen frente a un Milei herido de muerte en sus pretensiones de un gobierno y régimen por decreto. El lunes post electoral arrancó con mayores presiones devaluatorias agravando el vendaval financiero. Al gobierno se le va a hacer difícil seguir quemando dólares para llegar a octubre.
Kicillof se subió al podio a caballo de la bronca popular. La insistencias en que las "urnas hablaron" y en que el gobierno debe reflexionar están dirigidas a la burguesía. Como Cristina cuando dijo "ya me van a venir a buscar", el peronismo de Kicillof le habla a los capitalistas. No se propone alentar la lucha para echarlo a Milei sino ofrecerse como un instrumento del recambio en el 2027. El "giro" de Massa hacia Kicillof después de haber actuado como aliado de la Cámpora define el rumbo del "sumar fuerzas". El abrazo con Sergio Massa es una línea política derechista y de desmovilización popular. La presencia de las burocracias sindicales en el escenario -las mismas que son cómplices del ajuste provincial- forma parte de esta misma política que consiste en atacar toda acción popular como funcional a la derecha.
La descomunal derrota politica del gobierno plantea el Fuera Milei pero también ls lucha política contra el recambio burgués en marcha sobre todo si en octubre el peronismo se impone en la provincia de Buenos Aires y el heterogéneo frente de los gobernadores relega a La Libertad Avanza en sus respectivas provincias. Una nueva caída electoral de LLA a nivel nacional avivará la contradicción entre un gobierno en derrumbe y un peronismo que se postula como garante de la institucionalidad, que incluye los compromisos con el FMI. Es de preveer que si Milei pierde fuerte en octubre, su derrota trascienda las fronteras (Chile).
El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco fue tajante cuando declaró que Kicillof tiene por delante dos años de gobierno. El próximo paso será el pedido de aprobación del presupuesto provincial con el endeudamiento de mil millones de dólares incluido para pagar los próximos vencimientos de la deuda externa provincial. Con la carta ganadora de ayer, Kicillof reflotará su Rigi bonaerense con la mentada zanahoria de la lucha contra el industricidio. Otro tanto en dirección al "campo" acoplando al Estado presente el rescate y los subsidios a las patronales industriales y agrarias.
La elección confirmó la derrota del gobierno de la motosierra y la miseria. También confirmó que existe un campo propicio para el desarrollo de la izquierda revolucionaria, en sintonía con el giro político en las masas, y esto vale para el Fuera Milei. La pérdida de autoridad política de Milei -quien invocaba el apoyo popular para su ajuste criminal- incidirá en la subjetividad de las masas y en la disposición a enfrentar cada agravio, despido, o ataque del gobierno libertario. Ubicado en el podio de los presidenciables y con un gobierno nacional en demolición, Kicillof deberá ser más claro aún en cuánto a la reforma laboral y jubilatoria que exigen los capitalistas y con respecto al "atraso del dólar" y la devaluación.
El FIT-U no alcanzó los guarismos que indicaban las encuestas previas pero defendió y retuvo las dos bancas en juego en la Legislatura e hizo una gran elección en La Matanza con importantes votaciones en el sur del GBA. El Frente de Izquierda Unidad quedó tercero en la Tercera Sección electoral y con un porcentaje provincial que lo acerca a la conquista de diputados nacionales en octubre. El resultado electoral refuerza al Partido Obrero, al Frente de Izquierda y a todo el movimiento popular que lucha a brazo partido en toda la Argentina, un resultado con alcance nacional. En la Primera que encabezó Romina, el FIT U hizo una elección importante en la sección y en varios municipios de ese cordón. En la Octava (La Plata) el Frente de Izquierda salió tercero.
La dinámica de la crisis pone las elecciones de octubre en el centro del escenario político. Una votación destacada del Frente de Izquierda colocaría a la izquierda disputando en el terreno político a una franja del movimiento popular que se ha desplazado hacia la oposición al gobierno. En consecuencia debemos prepararnos política, organizativa y nacionalmente para una gran batalla política en octubre.
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Esta agenda de actividades ya incluyó la celebración del Día de las Infancias en Soldati donde los compañeros de Medicina, Exactas y Farmacia y Bioquímica realizaron una “Feria de Ciencias”, los compañeros de Psicología, Sociales y los terciarios realizaron talleres lúdicos para niños, y otras actividades.
Al día siguiente realizamos un torneo de fútbol en Veterinaria UBA, donde contamos con la participación de compañeros del movimiento obrero, un saludo por parte de la fábrica Morvillo que continúa en lucha y de los dirigentes Gabriel Solano, Néstor Pitrola e Ileana Celotto.
El 29/08 en la Facultad de Agronomía proyectamos la película El Agrónomo, una historia que refleja problemáticas reales de nuestro país con respecto al uso de agroquímicos. Participaron de la proyección el director de la película, docentes e investigadores del Conicet y Fauba
En Psicología de la UBA realizamos un gran conversatorio con Laura Perla y Laura Font, ambas integrantes de la Red de Psicólogos Feministas de CABA, sobre las problemáticas de género y desigualdad.
En la Facultad de Medicina impulsamos la charla sobre el futuro de la salud pública y la ciencia en la Argentina libertaria, con Alejandro Lipcovich, Gabriel Scicolone, Emilce Correa Lauzao y Rocío Rodríguez.
Las clases públicas del miércoles en Plaza de Mayo, impulsadas por las gremiales docentes como AGD-UBA, a las que ya se sumó Feduba, serán un punto central en la agenda de lucha esta semana. El jueves habrá asamblea en varias universidades donde la UJS irá a plantear la necesidad de ocupar las facultad frente al veto de Milei, e impulsaremos cortes de calle con las facultades de Houssay y Psicología.
El cuadro de la situación política empalma de lleno con el Congreso de la UJS, con un gobierno debilitado y que sufre varios golpes es momento de pasar a la ofensiva. Para eso, es fundamental organizarnos; el congreso de la ujs está al servicio de la construcción de una gran juventud socialista para derrotar al gobierno libertario.
¿Cómo sigue la agenda?
FSOC: Martes 16/09 Violencia, medios y relatos: “Tratamiento de la versión oficial en la crónica y el comentario de hechos de represión: El caso del intento de homicidio de Pablo Grillo.
Además, los compañeros de sociología realizarán encuentros de lectura de investigación de PRAXIS sobre las derechas en América Latina y las nuevas derechas.
DERECHO: El 18/09 realizaremos una charla sobre trata y prostitución con Juliana Cabrera.
PSICO UBA: El 24/09 realizaremos un conversatorio sobre psicología comunitaria y dispositivos alternativos al modelo médico hegemónico
FILO UBA: Seminario sobre Geopolítica: Palestina, el Sahel y América Latina
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Sumate este jueves 4 de septiembre a la primera reunión del Comité Editorial. Esta actividad se da en el marco de la campaña de la UJS contra el genocidio.
Expusieron como oradores Vanina Biasi, (dirigente del PO y legisladora porteña electa), Ismael Jalil (abogado y miembro del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino) y Abdallah El Tibi (residente palestino en Argentina).
La abandonada obra millonaria del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Cuando faltan semanas para el inicio del juicio oral de la llamada Causa de los Cuadernos, los empresarios imputados por pagar coimas para quedarse con los contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas –entre ellos Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y una larga lista de contratistas que siguieron haciendo negocios con el Estado– buscan zafar de los tribunales ofreciendo pagar una indemnización. Este mecanismo de “reparación integral” sería un vuelto comparado con los contratos que embolsaron estos años, una suerte de coima legal con la cual pretenden evadir los cargos y obtener un sobreseimiento definitivo. El juicio quedaría entonces reducido a juzgar a los funcionarios, en primer lugar Cristina Kirchner, como si no fueran los capitalistas los beneficiarios de estas tramas de corrupción. Estamos ante todo un régimen de coimeros.
Los cuadernos en cuestión son como los actuales audios de Spagnuolo, pero referidos a las coimas pagadas a cambio de sobreprecios y direccionamiento en la asignación de la obra pública durante el kirchnerismo. El que tomaba nota de lo chanchullos era Oscar Centeno, chofer de la mano derecha del condenado De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. Entre los negociados con esas concesiones figuraban Calcaterra y la brasileña Odebrecht con el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, o Electroingeniería a cargo de la construcción con capitales chinos de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz; obras faraónicas que nunca se terminaron, pero que insumieron millones de dólares y endeudamiento externo.
Según las versiones periodísticas, ahora decenas de empresarios imputados negocian con la Justicia pagar una suma a cambio del sobreseimiento, sin reconocer los delitos y quedando limpios de antecedentes para seguir currando con el Estado. Como vemos por la continuidad de los negociados, los que se apropian ilegalmente de fondos públicos son los capitalistas, y las coimas son una suerte de distribución de dividendos con los funcionarios estatales.
Como se ve claramente con la Agencia Nacional de Discapacidad y sus contratos con la droguería Suizo Argentina, o en el Pami con las compras de insumos oftalmológicos, todos estos negociados los paga el pueblo trabajador con ajuste y también en sus consecuencias más brutales. Así lo demostraron años atrás las víctimas de la masacre de Once en el caso del tren Sarmiento, y hoy se expresa en la salud de los jubilados y las personas con discapacidad.
Es esta asociación delictiva entre el Estado y los capitalistas es lo que se prepara para dejar impune la Justicia. Solo la lucha de los trabajadores puede imponer que la crisis la paguen los capitalistas, terminar con las corruptelas a costa del pueblo y echar a todas estas camarillas de ladrones.
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Liberaron a Thiago Florentín, militante del MTR Votamos Luchar, que había sido detenido por participar de una protesta contra la caravana de Javier Milei y José Luis Espert en Lomas de Zamora y trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz. Su detención fue parte de una nueva ofensiva represiva del gobierno para criminalizar la protesta y perseguir a quienes luchan.
Hoy, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas realizaron una conferencia de prensa en el Serpaj para denunciar su detención arbitraria y exigir su libertad inmediata. “No es casual que lo hayan detenido, no agarraron a alguien al voleo, agarraron a un militante del MTR Votamos Luchar, que tiene a Daniela que estuvo detenida 3 meses como rehén político también”, señaló Eduardo Belliboni dirigente del Polo Obrero.
"No es casual que lo hayan detenido, no agarraron a alguien al voleo, agarraron a un militante del MTR Votamos luchar, que tiene a Daniela que estuvo detenida 3 meses como rehén político también" denunciaba @EBelliboni Polo Obrero https://t.co/I6yvmBo3gtpic.twitter.com/9nhuCdi05N
“La clase trabajadora en todo el país está luchando muy fuerte, hay un principio de agotamiento con este gobierno. Hay que unir cada una de las luchas que se están dando, por diferentes problemáticas, con la libertad, contra la persecución, es una gran parte para poder sacar a Thiago”, dijo Daniel Ruiz del PSTU. Ana Paredes, concejal del FIT-U, agregó: “Los que tendrían que estar en Marcos Paz son Karina Milei y todo el gobierno de corruptos, no los compañeros que salen a repudiar las medidas antipopulares”.
"La clase trabajadora en todo el país esta luchando muy fuerte, hay un principio de agotamiento con este gobierno, hay que unir cada una de las luchas que se están dando, por diferentes problemáticas, con la libertad, contra la persecución, es una gran parte para poder sacar a… https://t.co/sbLC0aZM5bpic.twitter.com/TjjaDw3TWc
“Desde el 20/12/23 el gobierno eligió un primer enemigo y fuimos el movimiento piquetero, que no abandonó la calle, que siempre estuvo cortando, reclamando, el que no se casó con nadie. Thiago es una víctima más de esta persecución que venimos sufriendo”, denunció Mecha, dirigente de Cuba-MTR.
"Desde el 20/12/23 el gobierno eligió un primer enemigo y fuimos el movimiento piquetero, que no abandono la calle, que siempre estuvo cortando, reclamando, el que no se caso con nadie, el que dijo por acá es el camino. Thiago es un víctima más de esta persecución que venimos… https://t.co/nanlc1apcxpic.twitter.com/84C6Hj81Qi
La libertad de Thiago es un triunfo arrancado por la denuncia pública y la movilización. Pero la política represiva de Bullrich y Milei sigue en pie. Frente a un gobierno que descarga un ajuste brutal y persigue a los luchadores, la tarea es redoblar la organización y la unidad en las calles. Manifestarse no es delito, basta de perseguir a quienes luchan.
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El peritaje de la división balística de la Policía de la Ciudad sobre la brutal represión del 12 de marzo confirmó lo que denunciamos desde el primer día: el cabo de Gendarmería, Héctor Guerrero, disparó de forma ilegal contra los manifestantes, hiriendo gravemente a Pablo Grillo.
El informe, ya en manos de la jueza Servini, descarta que se haya tratado de un “accidente”. Según el manual de uso del arma aportado por la propia Gendarmería, las granadas deben dispararse en ángulo ascendente de 45° o descendente entre 30° y 45°. Guerrero, en cambio, disparó en forma horizontal y directamente hacia los manifestantes que se encontraban en Hipólito Yrigoyen, lo que explica que el proyectil terminara impactando en la cabeza de Pablo.
La reconstrucción pericial demuestra que:
El disparo salió desde el cordón de gendarmes donde estaba Guerrero.
No se siguieron los protocolos de seguridad establecidos en el manual.
La trayectoria del proyectil confirma un disparo directo contra los manifestantes.
Este resultado pulveriza la defensa que montó Patricia Bullrich, quien salió a blindar al gendarme asegurando que había actuado “según los manuales”. Las cámaras de los alrededores del Congreso ya habían mostrado lo contrario desde las horas posteriores a la represión, y ahora la pericia oficial lo corrobora: el accionar de Guerrero constituye un caso claro de tentativa de homicidio agravado.
Mientras tanto, Pablo Grillo sigue internado en el Hospital Ramos Mejía, atravesando cirugías y con una prótesis craneal, por las heridas ocasionadas en una jornada donde el gobierno de Milei y Bullrich desató una verdadera cacería sobre jubiladxs y manifestantes.
La responsabilidad política es ineludible: Bullrich y Milei son los jefes de una política represiva que busca criminalizar la protesta y aleccionar a quienes se movilizan contra el ajuste y las reformas antiobreras. El ataque contra Pablo no fue un “exceso”, fue parte de una estrategia de terror para desmovilizar.
Desde el movimiento obrero y las organizaciones populares tenemos la tarea de transformar esta causa en una bandera de lucha. Fuera Bullrich. Basta de represión. Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del ataque contra Pablo Grillo.
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El escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sigue destapando un entramado de corrupción que involucra directamente al gobierno de Milei y a la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. Ahora salió a la luz un eslabón clave: Luis Oscar Ricardo, quien hasta junio de 2024 se desempeñó como Director de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, y apenas un mes después pasó a ocupar un cargo en la Suizo Argentina, una de las principales proveedoras de medicamentos del Estado.
En el Estado, Ricardo tenía a su cargo la coordinación del plan anual de adquisiciones, la elaboración de pliegos y los llamados a licitación de bienes y servicios. Hoy, en la empresa privada, cumple exactamente la función inversa: “planificación de compras”, “análisis de demanda futura” y “garantizar abastecimiento de productos críticos”, según él mismo describía en su Linkedin antes de cerrarlo. Es decir, del lado de la mesa de licitaciones primero, y del lado de los contratistas después.
La irregularidad es evidente. Más aún cuando se trata de un rubro marcado por sobreprecios, coimas, compras directas y un esquema de competencia cerrada de apenas 18 empresas para los llamados Pacbi (prestaciones y medicamentos de alto costo).
La Suizo Argentina, que multiplicó contratos desde la llegada de Milei, es hoy el epicentro del escándalo judicial por sobreprecios de hasta el 27% en medicamentos, coimas, un circuito de beneficios irregulares y direccionamiento de fondos públicos. Sus directivos fueron sorprendidos huyendo de allanamientos, con cajas de seguridad abiertas y sobres repletos de dólares. Pese a su promesa pública de colaborar con la Justicia, la empresa obstaculizó la entrega de correos electrónicos, y sus servidores tuvieron que ser incautados por la fuerza.
Un gobierno de ladrones al servicio de los capitalistas
El pase de Ricardo de la función pública a la privada es la expresión de cómo se entrelazan el Estado y los capitalistas para saquear las arcas públicas. Los capitalistas se llenan los bolsillos a costa de los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad, mientras el gobierno recorta prestaciones y ajusta a los sectores más vulnerables.
Milei se presentó como el campeón de la “lucha contra la casta” y de la motosierra contra el gasto público, pero en los hechos se revela como el garante de un nuevo festival de curros. Lejos de ser una anomalía, este modus operandi es idéntico al de los gobiernos anteriores: Báez y los negocios de obra pública con Cristina, el clan Macri y sus contratos estatales, y ahora los Kovalivker con los Milei. Todos los gobiernos capitalistas son socios de la misma trama de corrupción.
La motosierra se descarga sobre salarios, jubilaciones y prestaciones sociales, mientras que los sobreprecios de los medicamentos, las coimas y la fuga de divisas quedan en manos de una camarilla que hace del Estado su caja privada.
La salida de los trabajadores
La complicidad de toda la oposición patronal, desde el peronismo hasta los radicales, y la parálisis de la burocracia sindical, son parte del problema. Los trabajadores no podemos esperar nada de quienes están integrados a este régimen de saqueo.
El desmantelamiento de esta mafia confiscatoria solo puede encararse con un gobierno de los trabajadores, que rompa con el FMI, desconozca la deuda usuraria y ponga los recursos nacionales al servicio de las necesidades sociales más urgentes.
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Bajo la consigna “¡El Pami es nuestro, basta de saqueo!”, organizaciones de jubiladas y jubilados se concentraron este miércoles al mediodía en las puertas del Pami central, para denunciar el nuevo escándalo de corrupción que involucra a la obra social y exigir el fin del vaciamiento sistemático. La jornada de lucha continuará por la tarde, con una radio abierta en Plaza Congreso.
El acto fue convocado por los jubilados que se movilizan cada miércoles, nucleados en el Plenario de Trabajadores Jubilados y otras organizaciones. La protesta se enmarca en el escándalo por la compra de lentes intraoculares a precios seis veces superiores al valor de mercado por parte del Pami en la provincia de Río Negro. El negociado, impulsado bajo la denominada “Campaña Visión”, permitió que ópticas vinculadas al oficialismo se beneficiaran con contratos millonarios, mientras los afiliados eran derivados a profesionales del espacio libertario que llegaron a triplicar sus facturaciones. Todo esto, a costa de la salud de los adultos mayores que deben operarse de cataratas con insumos de menor calidad.
“A los jubilados nos robaron el Pami hace 50 años, lo han usado los distintos gobiernos como su caja, y ahora el Pami nos roba a los jubilados”, denunció Eduardo Martínez, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, durante la conferencia de prensa.
La licitación fraudulenta denunciada, por más de $80 mil millones, involucra a las ópticas Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad. Según advierten los propios oftalmólogos prestadores del Pami, los productos adquiridos ya provocaron afecciones graves en miles de jubilados intervenidos por ser de muy baja calidad. A esto se suma que, desde el 1º de agosto, las autoridades del organismo resolvieron centralizar las compras de estos insumos, decisión que lejos de apuntar a reducir costos, parece haber buscado facilitar el circuito de coimas.
“La corrupción se profundiza con los más débiles: acá en Pami con los jubilados, en Andis con la comunidad de discapacidad. Eso es terrible, demuestra que a este gobierno y sus aliados no les importa nada”, declaró Silvia, también del Plenario de Trabajadores Jubilados.
Los manifestantes responsabilizan directamente al titular del Pami, Esteban Leguizamón, al ministro de Salud, Mario Lugones, a quienes exigen la renuncia inmediata, y al propio gobierno. Sostienen que no se trata de casos aislados, sino de un régimen de saqueo que atraviesa gobiernos y partidos, y que utiliza el Pami como botín político.
“Cada recorte y cada negocio fraudulento se traduce en muertes evitables y en la degradación de nuestras condiciones de vida”, señalaron desde el micrófono abierto, donde también se escucharon reclamos por la restitución de medicamentos con cobertura total, el acceso a audífonos, sillas de ruedas, y atención domiciliaria, todos derechos que vienen siendo barridos bajo la excusa oficial de que “no hay plata”.
Sin embargo, como denuncian las organizaciones, sí hay plata, pero va a parar a los bolsillos de empresarios amigos y funcionarios corruptos. Por eso, exigen la apertura de los libros del Pami, y un control directo por parte de trabajadores y jubilados, para terminar con el saqueo y recuperar la obra social para quienes la sostienen con sus aportes.
“Este Pami no nos cuida, nos roba y nos mata. Tiene que volver a manos de sus verdaderos dueños: los trabajadores y los jubilados”, cerraron.
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Alejandro Freeland, el abogado de la Suizo Argentina, es un especialista en defender corruptos y persigue luchadores
Fue defensor de la patota de Pedraza que asesinó a Mariano Ferreyra, y denunció por sedición a Myriam Bregman y Nicolás del Caño tras el robo jubilatorio de 2017.
Alejandro Freeland en el juicio por Mariano Ferreyra.
La droguería Suizo Argentina envuelta en el escándalo por las coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad y otros organismo del Estado, tiene como abogado defensor a Alejandro Freeland, especialista en amparar negocios sucios con fondos públicos: fue abogado de la patota de Pedraza responsable del asesinato de Mariano Ferreyra en una protesta de trabajadores ferroviarios tercerizados víctimas, víctimas de las cooperativas truchas del gobierno kirchnerista, la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria y las privatizadas. También denunció por “sedición” a Myriam Bregman y Nicolás del Caño por las protestas de diciembre de 2017 en el Congreso contra el saqueo a los jubilados.
Esa historia resume la política de Freeland: proteger a los capitalistas que se enriquecen con coimas y contratos amañados a costa de la salud y la vida de los discapacitados, jubilados, pensionados, y perseguir a quienes enfrentan el saqueo y defienden los derechos de los trabajadores. Mientras los responsables de negocios millonarios con el Estado quedan resguardados por abogados como él, los luchadores son criminalizados por levantar la voz contra la corrupción y el vaciamiento de los fondos públicos.
Alejandro Freeland, abogado de la Suizo Argentina hace mucho que eligió su lugar de abogado de las mafias. Antes de los asesinos de Mariano Ferreyra, ahora de la empresa que paga coimas. Aquí https://t.co/9BB57dYAFO la abogada Claudia Ferrero lo contaba en 2020. "El abogado de…
Esta forma de operar no es un caso aislado ni propio de un gobierno en particular: la defensa de los capitalistas que se enriquecen mediante el erario público y la persecución de quienes luchan contra el saqueo es una orientación política que se repite generación tras generación, con variaciones de nombres y partidos, pero con la misma lógica de proteger los intereses de los poderosos a costa de los laburantes.
La investigación judicial sigue su curso. La fiscalía trabaja en reconstruir la posible ruta de sobornos, que involucra a la droguería y a funcionarios de la Andis, y solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los hermanos Kovalivker y del exfuncionario Diego Spagnuolo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas analiza facturas, contratos y compras que podrían incluir sobreprecios de hasta el 27% en medicamentos, consolidando la sospecha de un circuito de beneficios irregulares y direccionamiento de fondos públicos.
El gobierno de Javier Milei y su hermana Karina respondieron al escándalo de las coimas en Discapacidad con censura y persecución: intentaron silenciar periodistas, abogados y plataformas digitales para impedir la difusión de los audios que involucran a Karina Milei y revelan la corrupción en la Andis. Las denuncias penal y civil presentadas alegan un supuesto complot de kirchneristas, rusos, venezolanos y hasta de la AFA, mientras omiten por completo las coimas, los contratos irregulares y los pagos que involucran directamente a Karina Milei. Con la complicidad del juez Alejandro Maraniello, que rápidamente dictó cautelares prohibiendo la difusión de los audios, el gobierno busca tapar la corrupción, controlar la información y perseguir a quienes investigan y denuncian los negocios sucios con fondos públicos.
Los allanamientos permitieron el secuestro de correos electrónicos, documentación y contratos de compras de medicamentos. La causa apunta a determinar si los pagos multimillonarios a la droguería Suizo Argentina fueron parte de un esquema de corrupción que afectó directamente a los fondos públicos destinados a jubilados y personas con discapacidad. Mientras el Estado y sus burócratas facilitan los negocios de los capitalistas, los discapacitados, en este caso, siguen pagando el pato.
Frente a la corrupción, la impunidad y la persecución, la única salida es la organización y la lucha.
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Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
En septiembre de 2024, una investigación periodística basada en informes de auditorías dio cuenta de la existencia de 53 millones que habían sido transferidos a nuestro país por el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial (Diario Ar, 30/09/24) a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I), pero que no habían sido ejecutados.
En febrero, más de 2000 científicos se sumaron a la denuncia de lo que definían como “manejo irregular” (ídem, 19/02/25). En abril, la organización de Becarixs de Agencia presentó 20 preguntas al jefe de gabinete, Guillermo Francos, en ocasión de su informe (n° 142) al Congreso. Según sus propias declaraciones, se puede estimar que el gobierno habría recibido 46 millones de dólares, y que incluso podría acceder a otros 196 millones ya asignados, destinados solo para la Agencia I+D+I. Pero los fondos siguen sin aparecer.
Cabe aclarar que este organismo estatal, supuestamente autárquico, fue intervenido convenientemente de facto por Sturzenegger (decreto 447/2025), mediante la eliminación del directorio, la colocación de una dirección afín al gobierno y la quita de representación federal. Además de la denuncia pública a estos hechos de todo el sector, la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) ha intimado al gobierno judicialmente a dar cuenta de la ejecución de dichos fondos y del destino que se le dio a los ya devengados. Si bien el fallo judicial favorece al pedido hecho por los trabajadores, el gobierno busca apelar la sentencia, mostrando una vez más su reticencia a la transparencia.
Esta grave denuncia y sus pormenores de la ejecución del desguace de la Agencia I+D+I se reactualiza en el cuadro de otras tantas denuncias de desvíos de fondos, intervenciones convenientes en otras instituciones, sobreprecios y coimas por parte del gobierno de los Milei y los Menem, que supuestamente venían a combatir la corrupción.
Se agrava todavía más frente al avance del desmantelamiento de Ciencia y Técnica: convocatorias fantasmas para la presentación de proyectos, recorte de 400 puestos en las convocatorias de CIC 2023, cierre de la carrera de personal técnico en Conicet, salarios de becarixs de ggencia congelados desde mayo del año pasado y a quienes ni siquiera les entregan sus recibos de haberes.
Desde la Agrupación Naranja reclamamos que el gobierno explique dónde están esos fondos y que se vuelquen de inmediato al sistema científico. Llamamos a seguir avanzando en nuestra organización y lucha contra el ajuste y el desmantelamiento de CyT.
Necesitamos un encuentro de a todxs lxs trabajadorxs del sector para impulsar y organizar un plan de lucha escalonado que logre revertir el cierre de la Carrera de Investigador Científico y Personal de Apoyo Técnico en el Conicet, el congelamiento y desfalco de la Agencia I+D+i y los salarios de pobreza en los CIC del GBA y en las universidades nacionales.
El gobierno de Milei es un enemigo de la ciencia y del pueblo trabajador. Su único plan es desarticularnos para entregar nuestros recursos. Para enfrentarlo, debemos duplicar y fortalecer la lucha de manera coordinada con todos los sectores en lucha.
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Distintas Unidades Ejecutoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se organizan en asambleas de base para buscar soluciones al conflicto universitario.
Este miércoles 3 de septiembre, a las 12 horas, en la puerta del Pami Central (Corrientes 655), los jubilados que luchan cada miércoles en Congreso realizarán una conferencia de prensa para denunciar el saqueo sistemático de la obra social y la corrupción que existe detrás del organismo. A las 15 horas continuarán con una radio abierta en el Congreso.
El Pami es, desde hace décadas, una fuente de negociados entre los gobiernos de turno, los prestadores y los proveedores. Las consecuencias las sufren directamente los jubilados y pensionados: se les arrebatan los medicamentos al 100% de descuento, se restringen los tratamientos, desaparecen insumos básicos como audífonos, anteojos, sillas de ruedas y pañales, y se deja sin cobertura la atención profesional, las internaciones y las cuidadoras. Cada recorte y cada negocio fraudulento se traduce en muertes evitables y en la degradación de la calidad de vida de quienes trabajaron toda una vida.
En los últimos días estalló un nuevo escándalo de sobreprecios en el área oftalmológica, que se suma a las denuncias previas de funcionarios designados por La Libertad Avanza, acusados de exigir pagos a cambio de cargos, y al reparto de decenas de puestos millonarios para familiares y amigos. Se trata de un régimen de saqueo consolidado en 45 años de intervención, que mantiene al Pami como botín político y caja de corrupción.
Desde los jubilados de los miércoles denuncian que el PAMI debe ser devuelto a sus verdaderos dueños: los trabajadores y jubilados que todos los meses realizan sus aportes. Reclaman la apertura de los libros y un control directo de trabajadores y jubilados para poner fin al vaciamiento y a los negociados que les cuestan la salud y la vida. Exigen juicio y castigo a todos los responsables del robo sistemático en el organismo.
Convocamos a los jubilados, a los trabajadores y a todas las organizaciones a acompañar esta lucha y a hacerse presentes en las acciones de este miércoles.
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Por el Día de la Soberanía, los jubilados de los miércoles marcharán junto a organizaciones piqueteras, trabajadores en lucha y la izquierda en repudio a la entrega del país al imperialismo. A partir de las 16:00 horas.
La única forma de defender la universidad es derrotando a Milei.
El panel de movimiento estudiantil de la FUA contó con la participación de todas las agrupaciones políticas del peronismo, del reformismo y un sector de la izquierda. Las intervenciones giraron en torno a dos ejes: la tercer marcha federal y la implementación del nuevo sistema de créditos impulsado por el CIN y el CRUP.
En relación al debate de la marcha, no se discutió una continuidad de la lucha luego del veto. Discutir la tercera marcha, inscripta en un plan de lucha más extenso, urge partiendo de la experiencia que ya hemos atravesado.
En 2024 el gobierno veta la Ley de Financiamiento Universitario y desde UJS planteamos “si hay veto hay tomas”, se tomaron 100 facultades del país. Luego de eso, las autoridades peronistas y radicales pactaron con el gobierno alguna partida presupuestaria y clausuraron la lucha. Como el gobierno es muy claro y honesto en su intención ideológica con la universidad, cuando plantea que busca aplastarla, ese acuerdo tiene el límite de la agudización de las condiciones económicas y sociales, y ahora están de nuevo planteando la necesidad de una marcha a secas porque tampoco van a ir a fondo.
No se puede negar también que es consecuencia exclusiva de la presión de las bases que no aguanta más. El peronismo, por su parte, siguió el rumbo del reformismo: no convocó asambleas ni acciones para discutir el problema a pesar de los paros intermitentes durante el cuatrimestre y todo el año. En su expresión docente tuvieron una política de carnerear los paros cuando la situación docente es el elemento central del problema presupuestario y muchos docentes vienen sufriendo hostigamientos y amenazas por llevar adelante las medidas de fuerza, como denuncia AGD. La política de desmovilización queda expuesta cuando votan en sintonía con el reformismo en el superior y boicotean la realización de asambleas estudiantiles, entre otras. Es importante tener en claro el devenir de los sucesos a la hora de hacer acuerdos programáticos en pos de defender la universidad.
La tercera marcha se enmarca en el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la ley pediátrica, que se calcula para la tercer semana de septiembre. Para preparar la marcha hay que poner de pie asambleas estudiantiles en todos los lugares de estudio. La clave es la continuidad: el gobierno ya dijo de forma certera que va a vetar, y las expresiones políticas estudiantes de las autoridades no plantean una continuidad. Tenemos que ir a fondo y romper la contención.
En segundo orden surgió el debate del sistema de créditos (Sacau), un intento de utilizar la educación como instrumento de cooptación de mano de obra no especializada más barata. El manto de “innovación” o “ventajas” en la duración de la carrera oculta que el verdadero perjuicio tiene que ver con la falta de especialización, producto del recorte de contenidos. Quieren recortar las carreras a cuatro años, lo cual implica además un recorte de incumbencias para ejercer, porque es evidente que si tenemos menos formación en el ciclo final de la carrera no puede certificarse ese conocimiento, algo que ahora las autoridades universitarias van a trasladar a los posgrados pagos con un apoyo del peronismo y los radicales.
Estos dos ejes son los que marcan la intención del gobierno de reordenar la educación profundizando la orientación social hacia la mercantilización, y en concreto vaciando de forma presupuestaria para desmembrar la universidad y tener la excusa para privatizarla como agitó Milei con su programa desde el primer día. La lucha política que demos ahora es esencial para torcer el rumbo.
La FUA, pata estudiantil del CIN
Otro elemento que cabe observar es la integración total del CIN y la FUA. La estatización de las federaciones para operar como correa de transmisión de las autoridades de la UBA no es novedad: es un proceso de larga data que sirvió como método para poder clausurar la lucha universitaria en el momento que las autoridades eligieron ir a un pacto con el gobierno, y sus agrupaciones lo garantizaron. No es algo que nos sorprenda, las facultades que dirige Nuevo Espacio y el kirchnerismo funcionan como un apéndice más de sus gestiones: es el caso de medicina UBA donde directamente dejó de existir la “secretaría de extensión”, o como la conducción en la Facultad de Sociales que utilizan los recursos de la UBA para hacer campaña política de “voluntariado”. Una FUA de estas características no puede ponerse al servicio del movimiento estudiantil y su independencia política porque vela por los intereses de los rectores que son antagónicos a los de los estudiantes y los trabajadores de la universidad.
Contra el veto: marcha educativa y asambleas en todos lados. No al pacto de los rectores radicales y peronistas con Milei.
Milei ya anunció que va avanzar en vetar la Ley de Financiamiento Universitario, de la misma forma que anunció que lo hará con la ley pediátrica. En ese marco, el movimiento estudiantil tiene una tarea: organizarse para derrotar el veto. Para eso es importante discutir un método. Luego de la experiencia del año pasado estamos en un cuadro similar, donde estas agrupaciones boicotearon los atisbos de acciones con perspectiva de reactivar la lucha estudiantil y de igual forma los paros en el sector docente y no docente. Teniendo esto muy claro tenemos que abogar por desarrollar la lucha lo más a fondo que se pueda siempre que haya un acuerdo programático claro: si hay veto tiene que haber piquetes, tomas, una movilización y hay que actuar de forma inmediata. Para preparar la movilización: asambleas en todos los lugares de estudio que voten acciones de visibilización del conflicto para empezar a darle forma. Alertamos al activismo de la experiencia que ya hemos atravesado para sacar conclusiones distintas y poder ir a fondo.
En ese marco impulsamos el congreso de la UJS, con el objetivo de poner en pie una juventud revolucionaria que enfrente al gobierno libertario. Para discutir en detalle el conflicto educativo, la Sacau, el problema presupuestario y votar un plan de lucha donde tendrá lugar la comisión de la lucha educativa, para que sirva como un canal para poder tener un debate con todo el activismo. La única forma de defender la universidad es derrotando a Milei.
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Este jueves 28 de agosto se desarrollaron las elecciones del sindicato docente Unter, seccional El Bolsón. Los resultados reflejan un ajustado margen por el cual la dirección celeste continúa en la conducción con 272 votos, el Frente de Lucha Docente con 209 votos y 153 para la lista Naranja y Violeta.
La votación alcanzó a más del 60% del padrón, representando un salto en la cantidad de compañeros/as que asistieron a votar.
Los resultados ajustados, por el cual la celeste revalida la conducción, pone de manifesto importantes conclusiones. Por un lado, el voto opositor a la celeste crece al punto que ambas listas superan a la conducción. Es decir, refleja que existe un mandato de lucha en la mayoría de la base docente. Ocurre que la dirección celeste, junto a la Azul-Arancibia a nivel provincial, han sido los impulsores de la tregua con el gobierno dejando salarios de pobreza, un ataque al régimen de licencia y una obra social crítica. Entonces, el voto opositor refleja un rechazo a la política celeste.
En segundo término, se evidenció el terrible error de la lista Naranja y Violeta, quienes dividieron a la oposición. Si ambos sectores se hubieran unificado en una lista común, el destino del sindicato y la celeste sería otro. Así, el rechazo expreso de la Naranja y Violeta a unificar la oposición deja grandes lecciones de que el sectarismo se paga caro.
Por otra parte, la elección del Frente de Lucha Docente reflejó una gran campaña militante llegando a todas las escuelas de la zona, tanto del Manso, Ñorquincó, escuelas rurales y urbanas. Nuestra campaña se concentró en recuperar la herramienta sindical para la organización de la lucha por el salario, por la derogación de las auditorías médicas, el funcionamiento de las asambleas como ámbito de decisión, un poderoso cuerpo de delegadas/os y una batería de iniciativas en ese sentido. Por ello, fue una campaña activa donde se desplegaron recorridas, actividades sociales y reuniones periódicas.
El gran saldo de esta campaña y su elección, es el gran reagrupamiento que deja el Frente de Lucha Docente. Son numerosos/as las y los compañeros que se sumaron a la campaña y que existe la voluntad de seguirla. Es que continúa, más que nunca, la pelea por el salario y todos nuestros reclamos.
La gran tarea es continuar con la organización del frente, la lucha por el salario y la campaña por la recuperación provincial llamando y organizando a votar a la única lista de oposición a la burocracia de la Azul- Arancibia- Celeste el próximo 16 de octubre.
A esa perspectiva y desafío, Tribuna Docente se la juega por entero.
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El legislador porteño y candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, pidió la inmediata destitución del vocero presidencial Manuel Adorni, luego de que quedara expuesto que mintió deliberadamente en cadena nacional sobre el otorgamiento de pensiones por discapacidad.
Solano señaló que “el vocero presidencial debería ser echado de su cargo de inmediato por haber mentido deliberadamente a la población en cadena nacional. El propio Spagnuolo confirmó que le avisó a Adorni que no se había otorgado ninguna pensión a quien presentó una radiografía de un perro. Aun así, Adorni en una conferencia de prensa aseguró que sí se había otorgado, difamando y ensuciando a las personas con discapacidad, tratándolas de estafadoras. Y todo esto con el único propósito de justificar el ajuste sobre la discapacidad. Se tiene que ir de forma urgente”.
El dirigente del Partido Obrero agregó que el gobierno de Milei no solo avanza con un brutal ajuste contra las personas con discapacidad, sino que además las estigmatiza para legitimar ese atropello.
En relación con el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Solano advirtió: “un gobierno que le roba, le quita derechos y encima difama a las personas con discapacidad no puede seguir. Las coimas en Andis superan ampliamente a Spagnuolo o Kovalivker. La Justicia tiene que actuar de inmediato y allanar a Karina y Javier Milei y a Lule Menem. De no ser así, todo quedará en la impunidad”.
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En el día de ayer, en José C. Paz, una protesta de trabajadores de reparto terminó en una represión conjunta entre la policía y los punteros municipales, con personas detenidas de manera arbitraria por grabar el accionar bochornoso.
El hecho ocurrió en horas del mediodía y la tarde, cuando una caravana de motos de trabajadores de Rappi se concentró a las puertas de la municipalidad de José C. Paz exigiendo seguridad para ejercer su trabajo por demás precarizado. Cuando la policía extrae el celular a uno de los trabajadores que grababa, y lo detiene de forma violenta, los trabajadores comienzan a arrojar piedras contra la policía. En respuesta, punteros que se encontraban al interior del municipio salieron para intercambiar piedrazos contra los manifestantes en una acción conjunta con la policía. Natalia Bello, que no participaba de la manifestación, fue detenida al grabar a estos mismos punteros, que la señalaron al verse interceptados por la cámara.
Habiendo ocurrido estos hechos alrededor de las dos de la tarde, Natalia fue liberada en horas tardías de la noche gracias a la permanencia y manifestación de sus compañeros a las puertas de la comisaría primera del distrito. Nos relató que al interior del patrullero mismo mantuvo un forcejeo con la policía para que no le fuera extraído el celular, y que al interior de la comisaría la mantuvieron esposada en un pasillo sin movilidad.
El reclamo de los trabajadores de Rappi se une indefectiblemente al reclamo por trabajo genuino. Es uno de los pocos trabajos a los que tienen acceso los jóvenes y es de los más precarizados, con la patronal escondida detrás de una pantalla. Sin obra social, ni días por enfermedad y a merced de las inclemencias climáticas, los trabajadores quedan expuestos a múltiples factores. Son a su vez víctimas de la inseguridad, cuya responsabilidad recae enteramente en el entramado de la policía, el municipio, y las organizaciones delictivas que actúan en común acuerdo, no olvidemos el video de Ishii afirmando que le cuidaba a las ambulancias municipales el negocio de la venta de cocaína.
Por eso desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda llamamos a organizar la lucha por trabajo genuino como venimos haciendo en cada uno de los barrios, a repudiar el accionar violento por parte de la policía y los punteros de Ishii en José C. Paz, que además son los armadores del delito del que los sectores populares son víctimas todos los días.
Este 7 de septiembre votá por el FIT-U y defendamos bancas al servicio de los trabajadores, contra la precarización laboral, por trabajo y contra el entramado mafioso de la bonaerense y el municipio.
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El gobierno celebró este miércoles haber logrado la renovación de deuda en pesos del Tesoro, a la fuerza y a un precio delirante: para lograr la licitación, el Tesoro debió convalidar tasas profundamente usurarias de hasta el 86%, incluso después de subir los encajes que nos bancos deben dejar inmovilizados en el Banco Central (y que solo pueden invertir en títulos públicos).
El Ministerio de Economía colocó casi $7,7 billones (frente a vencimientos por $6,7 billones) alcanzando un “rollover” del 114,6%, después de licitaciones en las que no pudo cubrir vencimientos. La renovación solo fue posible por la medida del Banco Central para forzar a los bancos a demandar estos títulos. Un mecanismo compulsivo de endeudamiento que aún así es sostenido con un negocio fenomenal, a costa de hundir la actividad económica y el consumo producto del incremento de tasas.
Los bonos ajustados por la tasa TAMAR –utilizados por los bancos para encajes– alcanzaron una tasa efectiva anual del 86,8%. Las Lecaps llegaron a rozar el 76%. Es decir, el gobierno de Milei paga tasas que cuadruplican el techo salarial de las paritarias y que multiplica en intereses lo que implican la ley de emergencia en discapacidad que vetó. Mientras se ajusta a jubilados, estatales y personas con discapacidad, el Tesoro garantiza ganancias fabulosas a los bancos y fondos de inversión.
La magnitud del negocio financiero corre paralela al ajuste criminal que descargan sobre el pueblo. Ya antes de esta licitación en que el Tesoro convalidó casi 5% mensual, el costo adicional en concepto de aumento de intereses desde julio implicó un costo fiscal equivalente a la ley de emergencia por discapacidad, según consultoras como Equilibra (2,7 billones de pesos). Lo que Milei le recorta a 200 mil personas con discapacidad y trabajadores del sector, lo destina a engordar un festival financiero insostenible.
El resultado no expresa una “confianza del mercado” en el rumbo económico, sino una hipoteca creciente sobre las cuentas públicas. La supuesta “disciplina fiscal” del gobierno es una farsa: el superávit que muestra Caputo es contable, porque esconde que los intereses de deuda se capitalizan y se acumulan en una bola que llevará a una nueva crisis.
Para garantizar la especulación financiera, el gobierno no escatima recursos; para garantizar los derechos elementales de la población trabajadora, veta leyes y profundiza el ajuste. Milei y Caputo pueden maquillar con contabilidad el “ordenamiento” de las cuentas, pero la realidad es que el Estado se endeuda a un ritmo insostenible mientras se profundizan las penurias sobre el pueblo trabajador. La crisis de deuda que se prepara demuestra que no hay “equilibrio fiscal” posible mientras se multiplica el festival financiero.
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Una asamblea nacional virtual de más de 800 trabajadores (la más grande en su historia) convocada por la conducción multicolor del sindicato votó por un 60% a favor y un 40% en contra aceptar la oferta del gobierno y suspender el paro del sábado 30 de agosto.
El acuerdo consiste en un 15% de aumento al básico, que incluye la pauta estatal de junio a noviembre, más un 7% que compensa los aumentos no percibidos en la primera mitad del año. Además, el gobierno se comprometió a una mesa de negociación la semana que viene para tratar los despidos de abril y mejoras en el convenio. El sindicato continuará con el reclamo judicial por el incumplimiento de la paritaria 2023-2024.
A este acuerdo parcial se llegó luego de un plan de lucha que frenó todos los despegues de todos los aeropuertos del país durante 6 horas el viernes, el domingo y el martes. Un golpe terrible para el gobierno que asumió diciendo que no iba a haber más huelgas o cortes de calle en el país.
Después de intentar pasar la esencialidad del servicio del 45% al 75%, de dictar dos conciliaciones obligatorias, de amenazar con multas a los trabajadores que hacían paro, tuvieron que aceptar el el hecho de que los trabajadores de la Eana (ente dependiente del Estado) les frenaran miles de vuelos en los 54 aeropuertos de todo el país. Una escena que pinta la debilidad en la que está el gobierno de Milei, acorralado por la crisis económica y los escándalos de corrupción. Pero la también la fortaleza que pueden tener los trabajadores cuando tienen una conducción sindical basada en asambleas resolutivas, paritarios electos por la base y plenarios de delegados.
Otro aspecto que hay que poner sobre la mesa es el aislamiento en que se desarrolló el conflicto con la CGT en un tregua infernal con el gobierno, con UPCN dejando pasar miles de despidos y paritarias a la baja y con el resto de los sindicatos aeronáuticos que venían de firmar la paritaria de Aerolíneas Argentinas sin chistar. Todo lo cual fue denunciado por el plenario combativo que se desarrolló hace semanas con sindicatos y sectores en lucha que denunciaron la tregua de las centrales sindicales y definieron una movilización para el 12 de septiembre.
La votación en la masiva asamblea muestra que un sector de los trabajadores estaba dispuesto a ir por más, mientras otro sector mayoritario ponderó que prefería aceptar y preservar al colectivo de los trabajadores unido frente a la amenaza por parte del gobierno de avanzar con sanciones y multas económicas.
A futuro habrá que ir midiendo los avances de la mesa de negociación, ya que es de vital importancia conquistar la reincorporación de los despedidos y alcanzar mejoras convencionales.
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La agrupación sindical del PTS –el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC)– fue en un principio contraria a la realización del gran Plenario del Sindicalismo Combativo, el Movimiento Piquetero Independiente y los Jubilados en Lucha. El crecimiento de los convocantes (que incluyó, por supuesto, a las principales luchas obreras en curso) y la masividad de la concurrencia obligó al MAC a participar, aunque en sus intervenciones criticó al programa que, sin embargo, firmó en su condición de convocante, y señaló que lo que importaba era poner en pie un Partido de Trabajadores amplio, que una a los trabajadores y a los pobres, abierto a los sectores sindicales del peronismo críticos de la CGT.
Al revés, la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero reivindica por entero el gran programa elaborado y votado por más de 40 organizaciones obreras y miles de compañeras y compañeros, votado a mano alzada por unanimidad. Un programa que, entre muchas otras cuestiones, plantea: “No al pago de la deuda externa. Ruptura con el FMI. Por un plan económico de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas, basado en la deliberación colectiva de los propios trabajadores. Por una nueva dirección del movimiento obrero. Por la independencia política de las y los trabajadores. Contra todos los políticos y partidos patronales. Por una salida de fondo de los que nunca gobernaron, la clase trabajadora”, y que se definió tajantemente por el apoyo al heroico pueblo palestino y contra el genocidio del Estado sionista de Israel.
Pero el propósito de estas líneas es aportar claridad acerca de la propuesta del PT del MAC-PTS, claramente contraria a la independencia política de la clase obrera defendida por el plenario del movimiento obrero ocupado y desocupado combativo que se constituyó el pasado 16 de agosto.
Un partido planteado sobre una caracterización falsa
El artículo de Izquierda Diario (LID, 26/07) en el que se despliega ampliamente la propuesta de partido que promueve el PTS señala que la oportunidad de su formación la dicta que “nuestros enemigos no la tienen fácil”, por las guerras y enfrentamientos económicos inter-imperialistas, cuando ello lo que expresa es una etapa de ofensiva reaccionaria imperialista contra las masas en toda la línea. Asimismo, sería el momento porque en Argentina “el régimen político sigue atravesando una profunda crisis”, porque el gobierno de Milei “no logra extender su base de apoyo a los sectores que fueron opositores desde el comienzo”, en una clara alusión al peronismo, cuando diputados y senadores del PJ y toda la burocracia sindical han sido garantes desde el inicio de la gobernabilidad del liber-facho.
El PTS, aunque plantea críticas al peronismo (“CFK viene haciendo anuncios de ‘moderación’ hacia la derecha (necesidad de reforma laboral, austeridad fiscal) pero a su vez dejó trascender que está elaborando un plan para renegociar con el FMI desconociendo dos tercios de la deuda con ese organismo. Tira anuncios a derecha e izquierda que expresan la crisis”), diferencia al PJ de “la gran burguesía y el capital financiero internacional que apoyan la gesta antiobrera y entreguista del gobierno de Milei”.
Bajo esta caracterización, el PTS propone una alianza amplia de los trabajadores con los sectores más críticos dentro de un peronismo que, mal que bien, más confundido que certero, es “opositor” a Milei.
Un PT amplio hasta Cachorro Godoy y Hugo Yasky
El panorama que describe el PTS destaca que “en los sindicatos emergieron divisiones como el sector agrupado en el ‘Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios’, que organizó una marcha contra Sturzenegger, critica el colaboracionismo de la CGT y al menos anuncia mayor disposición a la lucha, encabezado por Schmid (de la Catt), Yofra (de Aceiteros), las dos CTA (Cachorro Godoy y Hugo Yasky, alineado con Kicillof), la UOM, Aeronavegantes y otros gremios”, en el que existen integrantes con los que hay que tender puentes.
Según el PTS, la dinámica que estaría emergiendo plantea que, para derrotar a sus enemigos, los trabajadores deben abordar los siguientes pasos. Primero, pugnar “por generalizar y profundizar las luchas a la vez que construimos una fuerza política propia de los trabajadores que busque la alianza con el pueblo pobre y no con unos supuestos ‘empresarios buenos’, que no existen”. Para ello, “en la clase trabajadora y en sectores en lucha, promovemos el frente único con las direcciones reales que quieran enfrentar al gobierno” y denunciar el colaboracionismo (solo) de la CGT.
Segundo, “a los sectores críticos de las centrales sindicales como el ‘Frente de Lucha por la Soberanía…’ les exigimos rodear de solidaridad efectiva cada conflicto e impulsar planes de lucha que convoquen a las bases de los sindicatos colaboracionistas para que se rebelen contra sus dirigentes”, es decir, que los que entregan a la docencia y a los estatales se coloquen a la cabeza de todas las luchas, a las que llevarán inevitablemente a la derrota.
¿Y qué papel le dan al activismo que nutre las luchas en curso, como Georgalos, Secco, Morvillo, Inti, etc.? El de que “organicen el activismo para crear condiciones que impongan en los sindicatos un cambio de rumbo”, lo que, según dicen, fue el principal objetivo del encuentro que realizaron el pasado 1 de mayo (cuando rechazaron un gran acto clasista del Frente de Izquierda).
El planteo del tan machacado PT del PTS es el viejo plato recalentado de convertir al activismo en un grupo de presión sobre la burocracia sindical, que no desplace a los burócratas de la dirección del sindicato, sino que les imponga un “cambio de rumbo”. Un planteo contrario al programa del Plenario del 16, que es el de poner en pie una nueva dirección de la clase obrera.
El PTS propone una política que establezca un puente para converger con “otros sindicalismos”, como el sindicato de aceiteros de Yofra, el ATE-Rosario, “las organizaciones sociales que están dentro del armado peronista pero no adhieren al PJ, como la UTEP que integra Patria Grande dentro del armado de Juan Grabois, si se propusieran avanzar en este camino”, si rompen “los bloques y alianzas que tienen hoy con el PJ”, es decir, un partido de trabajadores basado en sectores de la burocracia sindical peronista y de la centroizquierda, un partido de conciliación de clases.
Para el PTS, “es necesario construir un Partido de Trabajadores para que los sindicatos y el conjunto de los explotados puedan hacer valer su peso en la vida política nacional”, tesis publicada en ID que en ningún lugar plantea ni el gobierno obrero ni mucho menos la lucha por el socialismo. Ese “hacer valer su peso en la vida política nacional” es la obsesión de la burocracia sindical, que utiliza nuestras organizaciones históricas al servicio de defender y justificar su papel “en la vida política nacional”, que no es otra que la política de la burguesía.
Es por esa razón que el PTS reivindica viejos programas que hoy añora. “En el movimiento obrero argentino hubo programas defendidos por los sindicatos peronistas que eran infinitamente más antiimperialistas y proobreros que la adaptación total que muestran hoy la mayoría de los sindicatos al dominio del gran capital y del FMI. Los programas de La Falda (1957) y Huerta Grande (1962) contenían reivindicaciones como el monopolio del comercio exterior, la nacionalización de los bancos y de las fuentes naturales de energía, el control obrero de la producción y el desconocimiento de los compromisos financieros ‘firmados a espaldas del pueblo’”.
El PTS oculta que ese programa planteaba el “fortalecimiento del Estado nacional popular”, el mismo Estado explotador que condujo a la desazón de la mayoría popular que votó a Milei, la alianza de clases del proletariado con la burguesía nacional, corazón del planteo nacionalista del peronismo, y la estrategia de la conciliación de clases.
Por el contrario, el programa clasista votado el 16 de agosto, que plantea la lucha por una nueva dirección del movimiento obrero, un método de lucha, “el del paro general de 36 horas y un plan de lucha nacional en la perspectiva de la huelga general para derrotar al gobierno de Milei, de los gobernadores y del FMI”, no sólo es el camino para llevar al triunfo a todas las luchas, sino además para generar las condiciones que permitan a la clase trabajadora poner en pie un gran partido obrero revolucionario para que lleguen al poder los que nunca gobernaron: los trabajadores.
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Convocada por sindicatos combativos como UEPC Capital, químicos; y el Polo Obrero. “Fuera Milei, abajo el ajuste de Llaryora, paro, plan de lucha”, entre las consignas de la marcha.
El cierre de listas en Mendoza rumbo a las elecciones de octubre dejó definiciones claras. El oficialismo de Alfredo Cornejo, que selló un frente con La Libertad Avanza, terminó cargando con un verdadero chaleco de plomo. La candidatura de Luis Petri como primer diputado nacional, bajo su afiliación libertaria, mostró crudamente la subordinación del radicalismo a Milei y el retroceso de Cornejo en el armado de listas.
La llegada de Petri al Congreso responde a la orientación nacional de Milei de reforzar su bloque con figuras de choque, debido al plan de ataque a los trabajadores que planea luego de las elecciones con la reforma laboral, impositiva y previsional.
El gobernador intenta disimular esta situación, pero la realidad es que se anticipa un verdadero cocoliche en los próximos bloques oficialistas. Tanto el petrismo como los libertarios conquistaron lugares expectables en todas las categorías, lo que deja en evidencia que Cornejo ha parido un armado inestable, resultado de su retroceso frente a sus socios circunstanciales y de su alineamiento político con Milei, con el cual acuerda un ajuste contra salarios, salud, educación, persecución a opositores, etc. Por eso, dicho por el propio gobernador, tienen “acuerdo programático”.
La “falsa oposición” dispersa
Mientras tanto, se suman otras 7 alianzas con sus candidatos, que se presentan como “opositoras” al eje Milei-Cornejo: el peronismo bajo el sello Fuerza Justicialista Mendoza, el Frente Verde (aliado de Libres del Sur y exfuncionarios radicales), la ex Unión Mendocina ahora devenida Provincias Unidas junto al PRO, el Partido de los Jubilados, el armado Creer en Mendoza de Ramon y el radical Orozco, y el armado del Frente Libertario-Demócrata.
Sin embargo, lejos de ofrecer una salida, estas fuerzas se han mostrado cómplices: votando vetos de Milei, presupuestos de Cornejo o incluso, como el caso del Partido Verde, avalando el Código Minero del oficialismo.
En definitiva, una oposición dispersa y funcional al régimen, repartida entre proyectos personalistas, intentos de reciclar viejas estructuras y armados de coyuntura, todos ellos igualmente alejados de los intereses de los trabajadores.
El desafío y la tarea de la Izquierda
En este cuadro, el Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza que levanta un programa de independencia política para enfrentar a Milei, Cornejo y superar la falsa oposición.
Está claro que no alcanza con “renovaciones de figuras” ni slogans vacíos: la tarea es organizar cada reclamo popular y ligarlo a una perspectiva política que tenga como objetivo que se imponga una agenda obrera.
Es por ello, que, a diferencia de todas las fuerzas, las listas del FIT-U expresan a quienes luchan día a día contra el ataque a la salud, la educación, la pérdida de ingresos y el crecimiento del desempleo, por ello está conformada por trabajadores de la salud, mujeres y jóvenes perseguidos por Cornejo, delegados sindicales y referentes barriales.
La lista de candidatos a diputados nacionales está encabezada por Micaela Mignoli del PTS. El Partido Obrero lleva en las listas del FIT-U a Nicolás Cortez (candidato a diputado nacional, médico e impulsor de la lucha de los trabajadores de la salud), Lorena Torres (candidata a diputada provincial, perseguida por Cornejo y referente de los barrios populares y del movimiento de mujeres), Martín Rodríguez (candidato a senador por la Segunda Sección, delegado sindical en Guaymallén, también perseguido por Cornejo y referente del Polo Obrero), Maximiliano Villarreal (dirigente del Partido Obrero, militante de derechos humanos y abogado defensor frente a la persecución de Cornejo) y Federico Telera (candidato a concejal en Guaymallén, quien encabezó la denuncia contra la corrupción de Luis Lobos y ha defendido cada reclamo obrero en la Municipalidad).
Frente al ataque de Milei y Cornejo, y al seguidismo del peronismo, la izquierda se planta como la única alternativa real para que los trabajadores tengan voz propia en el Congreso, en la Legislatura y en los concejos deliberantes.
Con esta perspectiva, apostamos a desarrollar la campaña del Frente de Izquierda Unidad en hospitales, colegios, concentraciones obreras y barrios.
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El fallido de Milei en el acto de La Libertad Avanza, asegurando que "están molestos porque les afanamos los choreos", da cuenta no solo de un acto digno del psicoanálisis. Es que a la par que los coimeros ajustaban en la Agencia Nacional de Discapacidad, ocurre lo mismo con los jubilados: les vetan aumentos ínfimos en los haberes de pobreza mientras se siguen destapando ollas de corruptelas en Anses y Pami.
De movida, la obra social de los jubilados está hasta las manos de negocios con la droguería Suizo Argentina, con la que en menos de 20 meses firmó 28 contratos, la mayoría por compulsa abreviada, algunos por compras superiores a los 250 millones de pesos. A los adultos mayores, mientras tanto, le recortaban la cobertura en medicamentos.
A la par, siguen saliendo a la luz denuncias sobre los aportes forzosos de empleados y funcionarios de Anses y Pami a los armadores políticos de La Libertad Avanza en diferentes provincias, con acusaciones directas a "Lule" Menem.
Hubieron recientemente allanamientos en Chaco, donde dos médicos denunciaron ante la Justicia Federal al delegado regional de Anses, Alfredo "Capi" Rodríguez, y el coordinador administrativo del Pami local, Alfredo Moreno, presidente y tesorero de LLA chaqueña, les exigían coimas para mantenerlos dentro de la nómina de prestadores del organismo. La investigación detectó un esquema de extorsión a trabajadores y prestadores, y un operativo de afiliaciones compulsivas de adultos mayores y sectores vulnerables.
Los casos se multiplican en Salta, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Chubut, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y abarcan desde afiliaciones truchas y coimas en Anses y Pami, hasta extorsión a militantes (Salta), estafas millonarias (Santa Fe), falsificación de firmas para apropiarse de herencias (Corrientes), venta irregular de terrenos (Río Negro), amenazas y hostigamiento (Chubut), manejo irregular de fondos públicos (Buenos Aires).
La exdirectora del Pami de Santiago del Estero, Marcela Coronel, denunció que decía girar el 25% de su sueldo al titular de Anses y candidato a gobernador por LLA, Ítalo Cioccolani, bajo supervisión del secretario de "Lule" Menem, Diego Vartabedian. Otro que señala al riojano a cargo directamente de esta red de extorsiones es el empresario agrícola misionero Samuel Doichele, quien junto a otros 20 dirigentes libertarios de Misiones denunciaron que Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en la provincia, cobraba el 10% de los sueldos de los funcionarios en ambos organismos.
Viviana Aguirre, extitular del Pami en La Plata, hizo una presentación por amenazas ante la Justicia Federal, luego de haber sido desplazada por acusar este esquema de coimas. Otro eyectado es Sergio Torres, removido de la sede del Pami de Caleta Olivia por Jairo Guzmán, titular de la obra social en Santa Cruz, tras denunciar que le exigían aportar el 10% de su salario.
La contracara de estas extorsiones y desvíos de fondos es el ajuste a los haberes jubilatorios y en las prestaciones médicas de millones de adultos mayores, que aportaron ingresos durante toda su vida laboral y siguen aportando de su jubilación.
Mientras tanto, el gobierno y sus operadores judiciales montan una persecución contra el movimiento piquetero, acusando al Polo Obrero de “financiarse por extorsión” para justificar la persecución a los que luchan contra el hambre y la desocupación.
Desde el peronismo con la estatización de las AFJP, pasando por el kirchnerismo y el macrismo, hasta llegar al mileísmo, los recursos de los jubilados fueron usados para financiar deuda, sostener campañas y consolidar estructuras políticas. Es una cuestión de clase. Finalmente, buscan dotarse de un armado político capaz de imponer una agenda de ajuste fondomonetarista sobre jubilados, pensionados y el conjunto de los trabajadores.
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Este jueves 28 de agosto los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro en reclamo de la aplicación inmediata de la recientemente sancionada Ley de Emergencia Pediátrica —conocida como “Ley Garrahan”—, que establece un aumento salarial de como mínimo el 70%. La conquista de esta ley fue el resultado de una dura y prolongada lucha encabezada por los trabajadores del hospital, pero mientras tanto los salarios se siguen pulverizando y el vaciamiento del centro de salud continúa. Cada semana renuncian enfermeros, médicos y técnicos de distintos turnos y servicios, lo que agrava aún más la crisis.
La Junta Interna de ATE Garrahan denunció que, mientras el hospital se hunde en la falta de personal y recursos, las autoridades designadas por Milei mantienen congelados los llamados “recursos genuinos”, un ítem salarial derivado de la facturación a obras sociales y prepagas. Ese monto permanece en $200.000 desde hace más de un año, cuando ajustado por inflación debería superar los $540.000. La diferencia, denuncian los trabajadores, queda bajo el manejo discrecional de la burocracia hospitalaria, en un marco de absoluta opacidad y escándalos de corrupción.
El señalamiento de los trabajadores alcanza a Jorge Menehem, integrante del Consejo de Administración del Garrahan, vinculado al clan Menem y con décadas de manejo de la Fundación Garrahan, un verdadero pulpo recaudador. “El hospital tiene recursos, pero son desviados en lugar de ir a los salarios y a fortalecer la atención pediátrica”, señaló Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan. Y agregó: "es un tema muy serio al ver la completa opacidad del manejo presupuestario de este gobierno, enchastrado por escándalos de corrupción especialmente en salud"
Gerardo Oroz, secretario adjunto de la Junta Interna, advirtió que “probablemente Milei vete la ley. Si lo hace vamos a profundizar la huelga. La fuerza de los trabajadores es lo que nos permitió que se sancione y la fuerza de los trabajadores es lo que permitirá su aplicación. Nos uniremos con los sectores universitarios en caso de que quieran vetar ambas leyes”.
De concretarse el veto, el conflicto escalará y podría desembocar en una gran movilización popular en defensa de la salud y la educación públicas. "Si ellos quieren desconocer un reclamo que adquirió un enorme apoyo popular, trabajaremos para poner esa fuerza del pueblo en la calle. Las centrales sindicales deberían ponerse a la cabeza de esta pelea, pero esta lucha les viene pasando por el costado. Nos preparamos para rodear al Congreso de la Nación con una multitud en defensa de la salud y la educación públicas”, agregó Oroz.
Mientras tanto, los trabajadores del Garrahan convocan al paro de este jueves 28 y a una nueva jornada de lucha el sábado 30 desde las 7 de la mañana, cuando se sumará el turno franquero. En el Garrahan se pone de manifiesto un reclamo que recorre todo el país: basta de vaciamiento y corrupción, aumento inmediato de salarios y presupuesto para la salud pública.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
Acto obrero en la puerta del frigorífico Rioplatense.
El pasado 25/08 se cumplieron tres meses del asesinato laboral en el frigorífico de los Constantini en Gral. Pacheco, lugar donde cada vez se respetan menos los derechos laborales, apalancados por la política nacional de Milei que protege a los empresarios poderosos en desmedro de los trabajadores.
Protegidos por el comando especial de la policía de la provincia de Buenos Aires, comandada por el gobernador Axel Kicillof, el clan Costantini cuenta también con la complicidad del intendente de Tigre, Julio Zamora, quien permite una contaminación constante por parte de distintas industrias, especialmente por el frigorífico, sobre los arroyos y ríos de la zona, afectando la salud de todos los vecinos del partido. Y desde luego potencia los negociados inmobiliarios, permitiendo edificaciones monumentales como reserva de valor, elevando los precios de alquiler y haciendo imposible el acceso a una vivienda digna para los trabajadores, todo esto se realiza sobre humedales naturales provocando inundaciones en todos los barrios obreros.
Este fue el grito que retumbó en el acto obrero, organizado por la familia de Alan, amigos y organizaciones solidarias en la puerta del frigorífico Rioplatense. Luego de tres meses de constantes encuentros, actos y denuncias por lo sucedido aquel fatídico 25 de mayo, los familiares y quienes acompañamos desde el primer día seguimos esperando y exigiendo que algún responsable de la muerte de Alan sea condenado penal y socialmente para que se resguarde la vida de los trabajadores, se respeten los derechos laborales y que no haya ni una muerte obrera más.
En el acto quedó demostrado que las malas condiciones de trabajo nos afectan a todos los obreros, sin importar el rubro u oficio. Con testimonios de trabajadores de distintos gremios se evidenció la avanzada de las patronales, agigantando sus ganancias a costa de mayor precarización laboral.
Enfrentemos los despidos y los aprietes patronales
En los últimos meses, la patronal del frigorífico, envalentonada por la coyuntura política- judicial y ante la complicidad por acción u omisión del gremio de la carne, despidió a dos testigos de la muerte de Alan y continuó con la presión sistemática para que las y los compañeros realicen tareas en condiciones sumamente precarias, causando varios accidentes.
Ante los reclamos obreros la empresa decidió despedir a Cristian Serrano, un compañero comprometido con la defensa de sus pares y partícipe activo de las asambleas. Simultáneamente suspendió a trabajadores de otros sectores por “cometer errores”, los cuales son forzados por el aumento de los ritmos productivos. A su vez, bajo amenaza de despido con causa por generar pérdidas económicas al establecimiento, aprieta a los trabajadores para que acepten un despido encubierto, denominado “retiro voluntario”.
Evidentemente la patronal busca meter miedo en los trabajadores para poder implementar una mayor flexibilización laboral, aumentando la productividad y bajando los salarios. Ante esta situación, la única forma de pararle la mano es reforzando la organización gremial, haciendo asambleas por sector, discutiendo acciones que manifiesten la bronca obrera y superen a la burocracia sindical que brilla por su ausencia.
Desde la Coordinadora Sindical Clasista apoyamos toda medida de fuerza tomada en asambleas de base obrera, que garantice la defensa de los puestos de trabajo y la reincorporación inmediata de los compañeros que sufren despidos persecutorios.
Basta de persecución patronal. Reincorporación ya de los despedidos. Basta de muertes obreras. Justicia por Alan Paz.
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Después de varios meses y audiencias en el juicio por el “Chubutazo”, en la que se armó toda una causa trucha al servicio del poder político, con una gran colaboración mediática y con el claro objetivo de disciplinar las acciones de lucha que lograron dar vuelta la ley de zonificación minera en 2021, se conoció la sentencia en primera instancia del juez Allende donde se considera penalmente responsables a 6 de las 8 personas que fueron llevadas a juicio en esta causa.
Los abogados defensores impugnarán esta sentencia y ya se encuentran preparando las instancias de apelación para conseguir la absolución de los 5 vecinos que fueron injustamente condenados en un proceso plagado de irregularidades, sin pruebas, con el accionar nefasto de la fiscalía a cargo de Florencia Gómez, con un ensañamiento manifiesto hacia los acusados, con una mayoría de testigos pertenecientes a la misma fuerza policial, con el guiño permisivo de los distintos jueces y juezas intervinientes y la presión patotera del gobernador Torres y de las demás fuerzas políticas en la Legislatura provincial.
En diciembre de 2021, luego de que se aprobara “entre gallos y medianoche” la ley del arcionismo que habilitaba la megaminería en la provincia, tras casi 20 años de lucha implacable en defensa del agua y del territorio, transcurrieron 6 días de masivas movilizaciones y un gran despliegue represivo, que se vivió con mucha intensidad en la ciudad de Rawson, como centro neurálgico del poder. El triunfo de esa lucha derivó en la obligatoria derogación de la ley de zonificación minera que tuvieron que aprobar los mismos diputados y diputadas el 21 de diciembre de ese mismo año.
En ese contexto de brutal represión, balas de goma, gases y cacería llevada a cabo por las fuerzas policiales, se presentaron decenas de denuncias por violencia institucional y policial, las cuales fueron rápidamente archivadas quedando vecinos y vecinas que fueron heridos, algunos con mucha gravedad al punto de haber perdido la visión de un ojo o partes de sus piernas, completamente desprotegidos ante un Estado violento y con secuelas no solamente físicas sino también socioeconómicas y psicológicas, que persisten hasta hoy en día.
El 21 de agosto se conoció la sentencia dictada por el juez Allende, basada en el fallo de la jueza Ponce, donde se considera penalmente responsables a 6 de las 8 personas que fueron llevadas a juicio en esta causa, dos de ellas fueron absueltas. Lo que se supo al día siguiente es que uno de ellos, Lautaro Martínez, se había quitado la vida, en un contexto de extrema vulnerabilidad, con un Estado que además lo persiguió. Lautaro había estado detenido durante parte del proceso. Luego de que no se diera lugar a la impugnación, presentada por detectarse varios vicios en este fallo, entre ellos la falta de justificación de la fiscalía de los agravantes y por tanto de los pedidos de pena, no se concedieron las penas pedidas por Gómez, pero tampoco se concedieron las mínimas legales. Rápidamente, los medios hegemónicos difundieron una gacetilla de prensa oficial, cuya información falseaba las penas impuestas con una clara bajada del gobierno de Torres para amedrentar a activistas y luchadores, y a una población que no quiere megaminería en su territorio.
Hay una imperiosa necesidad del gobierno de Ignacio Torres de señalar culpables y lanzar el titular disciplinador para criminalizar a las asambleas y al activismo ambiental, a las organizaciones que luchan, a los pueblos originarios, a las fuerzas políticas de izquierda y a cualquier vecino de a pie que pretenda hacer uso de sus derechos constitucionales a la protesta y a la defensa de los bienes comunes como el agua y el territorio.
Esto se da en el marco del reciente anuncio sobre el avance en las negociaciones con YPF Nuclear de avanzar en la explotación de uranio en Cerro Solo, lo que despertó un repudio generalizado luego de que se advirtiera desde el año anterior acerca del otorgamiento de 13 permisos de exploración en yacimientos de uranio.
Como se viene diciendo, cuando se trata de extractivismo y saqueo no existe grieta ni oposición de los partidos tradicionales que valga. El peronismo provincial es un actor fundamental en este sentido, no solo porque son los primeros responsables de la iniciativa de la zonificación minera, de su tratamiento express e ilegal, del rechazo de la iniciativa popular, la represión y la judicialización en todas estas instancias, de la mano del ex gobernador Mariano Arcioni, sino también porque son manifiestos garantes de todos los negociados extractivistas que se cocinan gobierno tras gobierno y que benefician a los mismos grupos económicos de siempre, en detrimento de las necesidades populares cada vez más descubiertas.
Y es que mientras levantan la bandera de la soberanía energética y lanzan la empresa de energía con carguitos creados para todos, las tarifas son cada vez más altas y más familias pierden acceso a los servicios básicos; se firman acuerdos de “paz social” con bombos y platillos con las empresas y los sindicatos petroleros mientras crecen los despidos y el desempleo indirecto por la caída de la actividad, pero habilitan el fracking y bajan las regalías; hacen campaña en defensa de la educación y de la salud, mientras los docentes están bajo la línea de la pobreza a fuerza de medidas extorsivas, las escuelas se caen a pedazos y reprimen a trabajadores de la salud.
Ante esta nueva embestida de criminalización de la protesta social y las condenas injustas a 5 vecinos y vecinas tras una causa armada al servicio de Torres, las mineras y de todo el arco político, organicemos masivas movilizaciones y un fuerte acompañamiento para exigir la absolución en la Causa del Chubutazo. Nuevamente decimos: ¡no es no! ¡Absolución ya! Lautaro presente.
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Una compañera fiscal general por el Partido Obrero en el FIT-U no pudo culminar la tarea que llevaba adelante ante diferentes situaciones de hostilidad transodiante.
El gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires acaba de reforzar una política brutal contra las familias trabajadoras empujadas a la calle por la crisis. Con el protocolo “Cero niños en calle”, la administración porteña no ofrece vivienda ni trabajo, sino la amenaza de separar a los hijos de sus padres bajo la figura de “medidas excepcionales”. Lejos de garantizar derechos, el macrismo avanza en la criminalización de la pobreza.
El relato oficial habla de una supuesta reducción “casi total” de niños en situación de calle, pero la realidad es otra: en cada plaza, en cada estación de tren o en las veredas de los barrios porteños, crece el número de familias enteras sin techo. Un relevamiento de Unicef señaló que 1,8 millones de niños y niñas están en situación de calle en la Argentina. El contraste con la propaganda de la Ciudad muestra lo que verdaderamente ocurre: no hay una política de vivienda ni de trabajo real, sino un ajuste feroz que descarga la crisis sobre los más pobres.
Mientras los fondos públicos se destinan a negocios inmobiliarios y contratos con empresas amigas, los 47 Centros de Inclusión Familiar que el gobierno exhibe como solución no cuentan con recursos ni vacantes suficientes. El resultado es que miles de familias quedan libradas a la intemperie, y frente a esa desprotección, el Estado responde con la amenaza de desmembrar familias y judicializar la pobreza.
La orientación reaccionaria de Jorge Macri se conecta con la política nacional del gobierno de Milei: ajuste sobre jubilados, discapacitados y trabajadores. El ensañamiento es sistemático. Un ejemplo brutal se vio en los últimos días, cuando la Policía de la Ciudad fue filmada arrancándole las muletas y empujando a un vendedor ambulante discapacitado, esto luego de que el Senado aprobara el veto de Milei al aumento en los haberes previsionales y a días de que se conociera la corruptela de coimas y sobreprecios en las licitaciones para la adquisición de fármacos destinados a personas con discapacidad. No se trata solo de un gobierno ajustador y corrupto, sino de una camada de dirigentes que disfrutan ejercer la crueldad contra los más indefensos.
Es un régimen de guerra contra los sectores más vulnerables. Los gobiernos que se sucedieron en la Ciudad, del PRO al actual macrismo, han utilizado la pobreza como rehén para justificar negocios, recortes y políticas represivas. Desde la venta de tierras públicas a grandes desarrolladores inmobiliarios con el presunto objetivo de financiar vivienda o infraestructura social, hasta el desvío de fondos destinados a comedores comunitarios a través de ONG’s ligadas al oficialismo, todo se hace en nombre de la “emergencia social” pero termina alimentando negociados privados. Nada de lo prometido en materia de urbanización o asistencia se cumplió, al contrario, al ajuste profundizó la emergencia. Hoy, Jorge Macri redobla la apuesta con un protocolo que castiga a los pobres en vez de resolver las causas estructurales de la situación de calle.
"Los policías de la Ciudad ejecutan la crueldad que promueven sus jefes políticos de turno. Esto es responsabilidad directa de Jorge Macri y su política de perseguir a los pobres y vulnerables mientras les da negocios millonarios a sus amigos", sostuvo Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero.
Los policías de la Ciudad ejecutan la crueldad que promueven sus jefes políticos de turno. Esto es responsabilidad directa de @jorgemacri y su política de perseguir a los pobres y vulnerables mientras les da negocios millonarios a sus amigos. https://t.co/JzLUtH29HP
Frente a este panorama, la única salida real es la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados, de las familias sin techo y de los movimientos piqueteros, para enfrentar el ajuste de Milei y Macri, y luchar por trabajo genuino, vivienda y un plan de emergencia financiado con los recursos que hoy se destinan al pago de la deuda y a la especulación capitalista.
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Distintas encuestas indican un crecimiento de la intención de voto al Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con las reservas que merecen las encuestas, el Frente de Izquierda Unidad es señalado como tercera fuerza con más del 6% provincial, y porcentajes en ascenso en las secciones electorales más populosas y en las grandes ciudades bonaerenses con picos del 6%, del 7,5% y del 10%.
Más allá de las encuestas, se registra un mayor clima de oposición política al gobierno de Milei, que crece como consecuencia de la miseria y la descomposición del gobierno. Karina Milei, cabeza del “coimagate” y desfalco a las discapacidades, es la responsable del armado de las listas legislativas para septiembre y octubre. Las candidaturas de La Libertad Avanza son un aguantadero de delincuentes y lúmpenes. La fuerza de choque digital y fascista de los Santiago Caputo, Agustín Laje y el Gordo Dan se está cobrando – carpetazo tras carpetazo- el haber quedado afuera de las listas para legisladores bonaerenses y diputados nacionales.
La nacionalización de la campaña electoral puede terminar siendo el abrazo del oso de un gobierno nacional que acumula derrotas parlamentarias y acusaciones de corrupción que apuntan directamente al presidente, su hermana y el círculo íntimo de los Milei. La consigna Fuera Milei ordena la campaña electoral y entronca con el repudio popular creciente a los atropellos y curros “libertarios”. De aquí al 7 de septiembre el Partido Obrero redoblará la agitación callejera en una provincia de Buenos Aires castigada por la desocupación, la indigencia y la miseria. Las encuestas conocidas dan cuenta de la mayor preocupación de la población que pasa hoy por los bajos salarios y la imposibilidad de llegar a fin de mes. La situación económica y financiera (cada vez más complicada), echa más leña al fuego de la desconfianza popular.
Está por verse si se repetirán los guarismos de ausentismo electoral que se dieron en otras provincias o si se va confirmando un desplazamiento electoral en detrimento de La Libertad Avanza. Otro factor que incide en las tendencias a un crecimiento del voto al Frente de Izquierda Unidad es la brutal crisis del peronismo que no se limita a las pujas de aparato entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. La lista de diputados nacionales de Fuerza Patria para el 26 de octubre con el “equidistante” Jorge Taiana a la cabeza retrata a un peronismo de “buenas maneras” adaptado a las exigencias de la burguesía y el capital financiero que apoya a Milei.
Si algo distingue a Fuerza Patria es la deserción consiente de toda lucha obrera y popular. El rol que juega el Frente de Izquierda Unidad en la lucha sin cuartel contra la derecha de los ajustadores es su mayor capital político y una distinción fundamental de todas las fracciones peronistas, incluida la Patria Grande del carrerista Juan Grabois, subsumido por el pacto precario de kicillofistas, kirchneristas y massistas. Esta implosión del peronismo tiene un epicentro en los intendentes del PJ bonaerense que amenazan con no mover un dedo en las elecciones de octubre responsabilizando al acuerdo entre la Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y al Frente Renovador por dejarlos afuera de la lista de diputados nacionales.
Unidas -como han quedado las elecciones desdobladas del 7 de setiembre con las del 26 de octubre-, la “feudalización” de los jefes comunales agrava la crisis y desmoralización que corroe a un peronismo a la defensiva. El resultado de la elección provincial gana cada vez más trascendencia a pesar de que la Legislatura es una cáscara vacía que ni siquiera se reúne. Emerge como un test político para Milei en la provincia con mayor caudal electoral del país. El escenario abierto provoca lo que el FMI calificó de “ruidos electorales” y que es, en última instancia, la capacidad o no que tenga el gobierno derechista para avanzar en su plan de guerra contra los trabajadores.
El rechazo a los vetos criminales del liberfacho va impregnando la previa a las elecciones. Para el Partido Obrero, este principio de desplazamiento hacia la izquierda, fundamentalmente en el empobrecido conurbano y en el gran La Plata, refuerza la agitación contra la motosierra derechista y contra el ajuste de Kicillof. El gobierno de Unión por la Patria reivindica un superávit amasado a costa de los salarios de hambre de estatales, docentes y trabajadores de la salud. En la mira ajustadora de Kicillof- pagador de la fraudulenta deuda externa bonaerense- está el Astillero Río Santiago.
La campaña electoral confirma el derrumbe de la “tercera vía” que no es otra cosa que un rejunte de desplazados de la derecha y el peronismo. Estos fracasos deben servir para realzar al Frente de Izquierda Unidad como la única oposición política consecuente y en defensa de los trabajadores. El voto útil al FIT-U asoma como una necesidad en un escenario político que pretenden polarizar una derecha (dividida) con un peronismo (dividido). Un voto útil para reagrupar políticamente a la vanguardia, para moralizar a los luchadores que ponen el cuerpo, para agitar “Fuera Milei y el FMI” y para denunciar el colaboracionismo de todas las alas de la burocracia sindical y al pelotón de gobernadores del ajuste que integra Axel Kicillof. Un voto de utilidad para conquistar legisladores provinciales y concejales en los municipios donde se hace sentir el ajuste de los intendentes a los salarios municipales y los impuestazos de las tasas comunales.
La lucha parlamentaria para llevar al Frente de Izquierda Unidad a la Legislatura bonaerense y a los Concejos Deliberantes tiene como propósito estratégico para el Partido Obrero que la clase obrera y los explotados irrumpan políticamente como una alternativa al régimen fondomonetarista y capitalista.
Las dos semanas que restan hasta el 7 de septiembre estarán cruzada por el “estado de shock” del gobierno reaccionario y corrupto pero también por la inacción de Fuerza Patria y los frentes burgueses que no quieren que Milei se vaya y están subordinados a las exigencias y reformas que quiere el FMI. Un resultado positivo para el Frente de Izquierda en septiembre abona el camino para la elección de diputados en octubre.
El Partido Obrero está repartiendo miles de volantes llamando a votar al Frente de Izquierda Unidad (FIT-U). En las fábricas, barriadas, lugares de trabajo, hospitales y en el movimiento estudiantil. Los Encuentros Educativos que organizan Tribuna Docente y la Unión de Juventudes por el Socialismo son parte del reagrupamiento de la vanguardia y de disputa política en un campo tan sensible y golpeado como lo es la educación pública. La lucha por el voto en las escuelas es también un capitulo central de la “batalla cultural” contra la derecha oscurantista, los privatistas, y el negacionismo de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.
Una tarea central es la conquista de miles de fiscales para defender el voto al FIT-U y para extender la campaña electoral a la intervención activa de nuevos compañeros y compañeras.
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El miércoles 13 de agosto se realizó una audiencia pública en la Legislatura porteña, convocada por la banca de Gabriel Solano y con la presencia de Vanina Biasi, sobre la situación de los Centros de Salud (CeSACs) de la ciudad.
Trabajadores y usuarixs de diversos CeSACs nos reunimos para poner sobre la mesa las distintas problemáticas que atraviesan al primer nivel de atención. Los salarios a la baja de trabajadores, el personal reducido, la falta de acceso a turnos para lxs usuarixs y la reducción de presupuesto para medicación, fueron los temas más tratados. Quedó en evidencia que la supuesta “prioridad de la atención primaria” no se condice con el presupuesto asignado.
Las renuncias de profesionales y la consecuente falta de turnos con especialistas, desde pediatras, generalistas, psicólogxs, psiquiatras, por los bajos salarios, que vienen desde hace años pero que perdieron un 28% frente a la inflación desde la asunción de Macri y Milei, es uno de los ejes del ajuste en salud, tanto en las salitas como en los hospitales, como lo vienen explicando los trabajadores del Garrahan.
La precarización de lxs promotorxs de salud en los barrios también apareció en la audiencia. Siendo en muchos casos la única atención frente al Covid-19 y otras enfermedades en los barrios, cobran salarios de $700 mil y se encuentran como monotributistas. De primera línea en la pandemia a primera línea frente a posibles recortes y despidos.
Por parte de lxs usuarixs se comentó la situación frente a la atención a migrantes, que a partir de una resolución del Gobierno de la Ciudad pone trabas para poder ser atendidxs, a pesar de que el propio GCBA reconoció que lxs migrantes sin DNI representan solo el 0,03% de quienes allí se atienden. Quedó explicitado cómo es gracias a quienes trabajan en las salitas que se sostiene la atención a la comunidad, y que los responsables de que no haya turnos por falta de personal o insumos básicos como anticonceptivos o test de embarazo son los gobiernos que ajustan en las necesidades de la población.
Situación similar con la posibilidad de brindar medicamentos a la comunidad proviene de la provincia de Buenos Aires. En CeSACs que se encuentran cerca de los límites con PBA, como los dependientes del Santojanni, es común que se atienda gente que vive en provincia pero trabaja o lleva a sus hijxs a escuelas del barrio. El ministerio de Quirós, con el fin de justificar el recorte de presupuesto para medicamentos, sacó una resolución que limita que se dispensen medicamentos para quienes no viven en el barrio que le “corresponde” atender a la salita. Frente a estas situaciones ya se estuvieron realizando reuniones e impulsando asambleas, junto con las mesas de salud en los barrios, para organizarse y pelear contra estos recortes.
Un caso ejemplar de la situación de las salitas es el del CeSAC 15 en San Telmo. Hace años que vienen peleando por un edificio nuevo dadas las deficiencias de donde deben atender actualmente. A pesar de que hace tiempo que deberían haberse mudado según las promesas del Ejecutivo, hace tan solo unas semanas un incendio en la planta baja hizo que trabajadores y usuarixs deban evacuar el lugar. Ahora el gobierno dice que la inauguración del nuevo edificio será a principios de septiembre. A pesar de que Macri y Quirós querrán usarlo para hacer campaña, será un nuevo punto de reagrupamiento para seguir con la organización y poder plantear los reclamos de las salitas. Por su parte, lxs trabajadores y la comunidad harán un festival el 20/9 para celebrar que la lucha por el nuevo edificio dio sus frutos.
En la audiencia se acordó llevar adelante una serie de resoluciones. Un relevamiento de las condiciones laborales, de insumos y presupuesto de los centros de toda la ciudad, para trabajar en conjunto en un pedido al gobierno de Macri y Quirós, impulsar la organización en los barrios y las mesas de salud y la propuesta de llevar los reclamos de las salitas cuando Macri y Quirós vayan a la reinauguración del CeSAC 15.
Lo fundamental de la jornada fue el trabajo conjunto entre usuarixs, vecinxs y trabajadores porque organizarnos y luchar por mejores condiciones laborales es también luchar por mejores condiciones de atención.
Para continuar con la organización en defensa de la salud pública, el próximo sábado 6/9 a las 17 horas se estará realizando un encuentro organizado por Tribuna de Salud, del que participarán Alejandro Lipcovich, delegado general de ATE Garrahan, y Gabriel Solano, legislador porteño por el FIT-U. En el camino de lo resuelto por el plenario de trabajadores que se reunió en la Facultad de Sociales de la UBA, vamos por la unidad de todas las luchas para derrotar a los gobiernos de Macri y Milei y que se abran paso los reclamos de lxs trabajadores.
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Este sábado 23 se cumplió un mes sin Gonzalo Tamame y su familia convocó a una marcha por Justicia que recorrió desde el palacio municipal hasta la Comisaría Primera de Olavarría.
El miércoles 23 de julio, la ciudad de Olavarría había amanecido con la noticia de que un jóven de 29 años había muerto en esa comisaría. Se llamaba Gonzalo Ezequiel Tamame y había sido detenido en la madrugada ante una denuncia de violencia de género. El relato policial fue que se había ahorcado en el calabozo, mientras la custodia no lo vigilaba. Con las horas, la versión del suicidio empezó a desmoronarse a partir de la denuncia de su familia, amigos y su actual pareja que reside en la cercana ciudad de Azul y cursa un embarazo.
Durante ese mismo día aparecieron videos que mostraban la realidad de la brutalidad policial: había sido detenido por efectivos del Comando de Patrullas a los que se ve y escucha golpeando a Gonzalo ya reducido, tirado en la calle, y amedrentando a los testigos para que no observen ni filmen; también apareció un video filmado desde la calle de la comisaría, en la que se escuchan los gritos de Gonzalo pidiendo ayuda porque no podía respirar. Aparentemente lo tenían en el patio del Comando, lugar donde “casualmente” no hay cámaras de seguridad.
Como es de manual en estos casos, el encubrimiento de las responsabilidades policiales empezó desde el minuto cero, partiendo del relato ficticio del suicidio. El mismo libreto siguieron los policías implicados en las muertes de Daiana Abregú, en la comisaría de Laprida hace tres años, o de Sofía Fernández, en Pilar en 2023.
De los diez policías implicados, tres fueron separados preventivamente de sus funciones —Claudia Campos, Daiana Astrada y Juan Bortoloti— pero permanecían en libertad mientras efectivos de civil se presentaban en las casas de los vecinos que filmaron la detención para amedrentarlos y borrar las evidencias. Los tres fueron imputados por vejaciones, apremios ilegales e incumplimiento de deberes de funcionario público. Como acostumbra a hacer su abogado, César García, el mismo que defendió a los asesinos de Daiana Abregú, salió a los medios a reforzar el relato encubridor. Habló incluso de que vio las cámaras de seguridad de la Comisaría, que sin embargo aún no fueron aportadas como prueba en la causa por parte del Ministerio de Seguridad. Juan Alberto García, el subcomisario titular de la Comisaría Primera y a cargo de los tres policías, también estaría implicado en la causa, aunque tiene el patrocinio de otro abogado, Alexander Aquila, quien se presenta como candidato a concejal por la fuerza Integrar.
La Policía Federal intervino para hacer los peritajes y la autopsia del cuerpo. Todo el relato fantasioso se desmorona con los resultados forenses que han trascendido públicamente. Está constatado que Gonzalo tenía 39 lesiones por todo el cuerpo y que su muerte fue por ahorcamiento, dentro de la comisaría. Estos datos, ligados a los videos y testimonios, probarían que se trató de un homicidio.
La policía de Olavarría, y especialmente la de la comisaría primera, tiene un prontuario de denuncias de torturas e incluso condenas a policías por eso y por casos de corrupción (horas Polad, protección a cambio de pago). La gota que rebalsó el vaso fue la muerte de Gonzalo, pero en los meses previos hubo numerosos casos de detenciones arbitrarias, maltratos y golpizas. Una mención especial merece la Utoi, que lleva solo un año presente en la ciudad y ya ha despertado el repudio de jóvenes, motomandados y vecinos de los barrios por su accionar de verdugueo y violencia.
Si faltaban pruebas del accionar policial violento y arbitrario, se sumó la represión de la marcha por Justicia del jueves 24 de julio. Al finalizar esa movilización, cuando ya nos estábamos retirando, la policía salió a la caza. Allí fuimos detenidos Lautaro Méndez y Agustín Mestralet, ambos militantes y candidatos por el Frente de Izquierda. Nuestro reconocimiento público garantizó que no se nos tratara como es moneda corriente con los detenidos. Aún así, no se cumplieron las garantías del caso: se nos incomunicó permanentemente y se nos negó conocer las razones de la aprehensión. Un rato antes, habían capturado a Caterina Pereyra, contra quién sí se ejerció violencia verbal y física, al ser una piba laburante de barrio que no estaba organizada. De hecho, se supo de su detención unas horas después porque la policía no lo había comunicado.
La violencia policial y la represión en Olavarría son la expresión local de una política general contra el pueblo trabajador. La responsabilidad política es directa. Enmarcado dentro de la política represiva que Milei y Bullrich promueven ante cada manifestación popular, Axel Kicillof encubre y fortalece a esta policía asesina y reprime y persigue a quienes nos oponemos. El gobierno provincial usa a la Bonaerense —y a su brazo de elite, la Utoi— para regimentar los barrios, ocupar comedores, perseguir a la juventud y establecer la prisión preventiva como norma. Es el accionar sistemático de una fuerza podrida hasta la médula, responsable de regentear el delito organizado —narcotráfico, trata, zonas liberadas— y que, al mismo tiempo, se ensaña contra jóvenes, trabajadores y pobres. Mientras tanto, el gobierno les garantiza impunidad, les paga la defensa a los efectivos involucrados, e incluso reincorpora a las fuerzas a los policías responsables de crímenes como el de Daiana.
Desde la intendencia del camporista Maximiliano Wesner, a pesar de que ya pasó un mes de la muerte de Gonzalo, no se oyó a ningún funcionario local ni a sus candidatos a concejales emitir opinión sobre lo sucedido. Ni siquiera un tímido pedido de justicia. Este silencio no debe interpretarse como la reacción impotente ante las fuerzas represivas, sino como una activa y consciente colaboración con el operativo de encubrimiento.
Siguiendo la bajada de la intendencia, organizaciones y militantes del peronismo dejaron de participar de las movilizaciones. Durante la represión, el gobierno local se reunió y coordinó con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, cuyo funcionario Andrés Escudero declaró que el operativo había sido “impecable”, avalando el accionar policial antes, durante y después de la detención y muerte de Gonzalo. Como vocero tanto del gobierno provincial como del municipal, este funcionario mintió descaradamente: acusó a quienes estábamos detenidos de promover disturbios y violencia y dijo que estaban en contacto y asistiendo a la familia de Gonzalo.
La desmentida de su madre fue categórica: Wesner “no nos dio nunca una respuesta de nada”. Por el contrario, en lugar de acercarse a la familia, el intendente entregó nuevos móviles a los policías, reforzando sus recursos represivos, y les pidió que cuiden los patrulleros. En ese acto de campaña electoral no dijo ni una palabra sobre cuidar a la población, víctima por doble vía de la inseguridad y de la violencia policial.
Un mes fue tiempo suficiente para que las fuerzas políticas de la ciudad, las de gobierno y las de oposición, tuvieran oportunidad de expresar sus posiciones respecto al accionar policial. Su silencio e inacción por el esclarecimiento del asesinato de Gonzalo Tamame los hace cómplices. De la mano de estos políticos crece la impunidad y se convalida la violencia policial. Solo la movilización popular puede romper los tejidos de encubrimiento que el Estado garantiza sistemáticamente a los policías asesinos. Por eso, desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda estuvimos y vamos a seguir acompañando a la familia de Gonzalo en su reclamo de Justicia y exigiendo el desmantelamiento de toda la maldita policía bonaerense.
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La elección provincial del 7 de septiembre tendrá lugar en el marco de un retroceso social municipal de características históricas. Todos los que han gobernado la ciudad de La Plata por lo menos los últimos 30 años (Alak, Bruera, Garro y nuevamente Alak) son los responsables de llevarnos a esta grave situación que sufren principalmente las familias trabajadoras. El 80% de los barrios no tienen cloacas, el transporte público (cuya concesión se encuentra monopolizada y al servicio de intereses privados) es completamente ineficiente, casi no hay recolección de residuos y es total la falta de urbanización en la periferia. Por eso, es una burla que el intendente peronista Julio Alak utilice como slogan de campaña presentarse a sí mismo como un gobierno de “obras y gestión”.
Lejos de dar respuesta a estos problemas que afectan a las grandes mayorías de la región, este gobierno municipal ha consumado, mediante la renovación de las plazas céntricas de la ciudad y otras obras cosméticas, un enorme negociado con la constructora Insa S.A, empresa que comenzó a operar bajo la dictadura militar y que en la actualidad es adjudicataria de casi la totalidad de las obras municipales. En este caso, se trata de cifras millonarias: 289 millones de pesos para el nuevo osario en el Cementerio Municipal, 4500 millones para la renovación de plaza San Martín y más de 1.000 millones para Plaza Rocha entre otras.
Además, este negociado vino de la mano de una “limpieza”, con desalojos y persecución, a trabajadores feriantes que buscan a través de esa actividad un sustento para hacer frente a la situación de pobreza en la que se encuentran por las políticas de ajuste de los gobiernos nacional, provincial y municipal.
Pero el Alak no está solo. Para la concreción de este proyecto millonario ha sido necesaria la colaboración política de los concejales de la derecha como el PRO y los radicales. Todos han votado por unanimidad (y a pedido del Ejecutivo) la modificación de una ordenanza que protegía el patrimonio histórico e identitario de la ciudad, y que era incompatible con parte de las obras planteadas. Estos mismos sectores que votan con el peronismo en el Concejo Deliberante son los que formaron parte del gobierno macrista de Julio Garro durante 8 años y hoy están siendo investigados por la corrupción vinculada al otorgamiento de permisos ilegales para la construcción de barrios privados.
Uno de los principales operadores de este negociado es el actual secretario de Planeamiento del municipio y primer candidato a concejal por Fuerza Patria, Sergio Resa. Quien ya había ocupado el mismo cargo durante los 16 años del gobierno de Alak entre 1991 y 2007. No es casual, ya que Resa es un arquitecto fuertemente vinculado a los negocios inmobiliarios y de la construcción.
Resulta raro pensar que el primer candidato a diputado por la sección capital y presidente del PJ local, Archanco, desconozca o se encuentre al margen de esta operatoria liderada por Alak, Resa y la constructora INSA S.A.
Todo esto pone a la luz los intereses sociales para los cuales gobierna el peronismo. No se trata de una política de “recuperación del espacio público” en abstracto. Sino de toda una orientación social capitalista al servicio de la patria contratista y de la valorización del suelo para la especulación inmobiliaria, que de ninguna manera contempla el acceso de las familias trabajadoras al hábitat y los espacios públicos, sino todo lo contrario, las expulsa para llevar a cabo sus negocios inmobiliarios.
La campaña del Frente de Izquierda Unidad en la región está en ascenso y a un paso de ingresar al Concejo Deliberante con una bancada de concejales. Recorriendo las fábricas, escuelas, hospitales y barrios con un programa para los trabajadores. Llamándolos a organizarse, luchar y votar por la izquierda. Este es el único voto útil para reforzar la pelea por terminar con la motosierra Milei, el ajuste de Kicillof y los negociados del municipio. El 7 de septiembre hay que pegar con la izquierda en La Plata y en toda la provincia por una salida de los trabajadores.
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A horas de que el Congreso ratificara leyes que protegían a organismos estratégicos del vaciamiento oficial, el gobierno nacional de Javier Milei pasó a disponibilidad a más de 460 trabajadores estatales. La medida afectó a empleados de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y de los institutos de Tecnología Agropecuaria (Inta), de Semillas (Inase) y de Vitivinicultura (INV), que habían quedado bajo protección de la legislación sancionada por el Senado.
La decisión fue formalizada mediante las resoluciones 1240 y 1217/2025 y la disposición 1/2025, publicadas en el Boletín Oficial por el ministro de Economía Luis Caputo. Según el texto oficial, 367 técnicos y profesionales de los institutos y 97 trabajadores de la ANSV quedaron en situación de disponibilidad, un paso previo al despido masivo. Además, las resoluciones limitan incluso el otorgamiento de licencias sin goce de haberes, dificultando que los trabajadores protejan sus puestos.
El hecho es aún más grave porque estas decisiones se apoyan en decretos delegados 461 y 462, que habían sido rechazados por el Congreso apenas un día antes y habían recibido revés judicial en julio pasado, cuando el Juzgado Federal de San Martín ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de realizar cambios en los organismos estatales por seis meses. Con estas resoluciones, el gobierno busca aleccionar a los trabajadores que vienen luchando para defender la Ley de Protección de los Organismos Autárquicos Estratégicos, que protege al Inta, Inase, INV y ANSV del vaciamiento y que gracias a su organización y movilización lograron conquistar el rechazo al veto presidencial.
Para el gobierno de Milei, las leyes y las sentencias judiciales no representan un freno. La publicación de estas resoluciones demuestra que su plan de vaciamiento del Estado sigue en marcha, con la intención de avanzar sobre los trabajadores y sus derechos más elementales. Quedó claro que la única forma de enfrentar este plan de guerra es en las calles.
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Se realizaron 14 allanamientos vinculados al escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), incluyendo la sede del organismo, la vivienda de Diego Spagnuolo (ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad) y la droguería Suizo-Argentina. En el operativo se detuvo al propietario del laboratorio con más de 200 mil dólares en sobres, pero el despliegue se detuvo allí: la justicia no avanzó sobre los demás implicados señalados en los audios, entre ellos Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem.
"En la denuncia que presentamos ayer ante la Justicia pedimos el allanamiento de Spagnuolo y del propietario de la Droguería Suizo-Argentina. Los allanamientos son un golpe a este entramado corrupto cuya cabeza son los Milei y Menem. Por eso, deben ser allanados con urgencia tal cual mencionamos en el escrito. Porque si la justicia actúa con lentitud con ellos podrían borrarse pruebas clave. Por otro lado, es necesario avanzar en la apertura del secreto bancario y fiscal de todos los involucrados en esta estafa", afirmó Solano.
Los audios de Spagnuolo revelan la existencia de una red de coimas millonarias por la compra de medicamentos en la Andis. Según las grabaciones, los retornos alcanzaban entre medio millón y 800 mil dólares mensuales, equivalentes al 8% del precio de los fármacos, y se distribuían entre funcionarios del más alto nivel. En esa división, Karina Milei habría recibido un 3% mensual, y el propio Spagnuolo aseguró que informó a Javier Milei sobre el negociado.
La denuncia presentada por Solano en el juzgado de Sebastián Casanello exige allanamientos a todos los implicados, secuestro de celulares, apertura del secreto bancario y fiscal y rastreo de transferencias. De lo contrario, la justicia corre el riesgo de encubrir pruebas clave. Sin embargo, hasta ahora el único “gesto” del gobierno fue la eyección de Spagnuolo, un intento de clausurar el escándalo y preservar a los Milei y Menem.
En ese sentido, Solano denunció: “desde el despido de Spagnuolo, está en marcha un operativo de impunidad para contener los alcances de la crisis e intentar preservar a Karina Milei y Martín Menem. La impunidad con la que se manejan para robar y estafar es total. Ya lo vimos con el caso $Libra, las valijas de Ezeiza, el caso Kueider, el Pami. Venían a terminar con la casta pero son la peor casta corrupta y chorra. El pueblo no tiene por qué aguantar que mientras quitan derechos, pensiones, ingresos, vetan aumentos jubilatorios, presupuesto en salud y educación porque 'no hay plata' se la reparten entre funcionarios y empresarios."
Mientras se reparten fortunas en coimas, el gobierno veta leyes y recorta derechos básicos. La misma semana en que estalló este caso, Milei intentó ratificar en el Congreso el veto contra la ley de emergencia en discapacidad, dejando a miles de personas sin protección.
Asimismo, Solano agregó: “a esta Justicia no le tembló el pulso para realizar masivamente allanamientos y abrir el secreto bancario y fiscal cuando se trató de investigar a los delgados del Polo Obrero del Bajo Flores o el barrio La Carbonilla, pero no mueve un dedo cuando se trata de investigar al poder. La corrupción siempre repudiable es aun más grave cuando al mismo tiempo el gobierno lleva adelante un ajuste brutal contra la discapacidad al punto que vetó la ley que ampara derechos de las personas y amenaza en ir a la Justicia si finalmente el Congreso rechaza el veto”, concluyó Solano.
Los audios de Spagnuolo confirman que estamos ante un gobierno de coimeros corruptos que gobierna al servicio de los negociados capitalistas. Por eso, como señaló Solano, es imprescindible ir hasta el final: que se allane y se investigue a los Milei, a los Menem y a todos los responsables de esta estafa contra el pueblo.
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Romina del Plá y Néstor Pitrola, candidates a senadores por la primera sección en la lista del FIT-U
Las elecciones del 7 de septiembre encontrarán al país sumergido en una crisis económica y una mayor ofensiva de Milei contra la salud, la educación y los derechos de trabajadores y jubilados. Lejos de ser lo que dice el kirchnerismo, Kicillof no es un “escudo” o alternativa al plan de empobrecimiento generalizado que lleva adelante Milei. El gobernador de la provincia de Buenos Aires traslada a la provincia el ajuste nacional transformando la motosierra en guadaña nac&pop. Las paritarias de miseria para estatales o la falta de presupuesto en educación y salud provinciales son un escándalo que redunda en la profundización de la crisis entre los trabajadores bonaerenses.
En Escobar, Sujarchuk atraviesa su tercer mandato como intendente, pero no ha dado salida a los problemas estructurales que afectan al grueso de los escobarenses. Su deseo de “llevar a Escobar al futuro” (2023) dan por tierra cuando en nuestros barrios nos seguimos inundando cuando llueve, no hay acceso al agua, cloacas o el gas natural, situando al distrito entre los peores en cuanto al acceso a servicios esenciales entre los municipios de la provincia. El intendente se jacta de la municipalización de la educación y la salud, pero esto se mantiene en base a la precarización laboral de sus trabajadores y la falta de presupuesto, situación que coexiste a su vez con un hospital como el Erill, que se encuentra en constante reclamo por la falta de profesionales y vaciamiento.
¿Cuál es la “oposición” a la demagogia del intendente?
La lista mileísta en Escobar es encabezada por Eduardo Gianfrancesco y se presenta como la alternativa y recambio –ajustándose al clima nacional– al kirchnerismo local. La lista “libertaria” se adjudica como la lista contra la “casta escobarense”, pero esto está lejos de ser cierto ya que son parte de los vividores seriales de la teta del Estado.
Gianfrancesco –exconcejal por el macrismo y reconocido saltimbanqui político que ha desfilado en innumerables espacios políticos buscando su tajada y acomodarse– defiende el ajuste de Milei “porque se gasta más de lo que se recauda” y eso genera “un estancamiento económico”. Pero parece que ese ajuste solo es necesario para los trabajadores, porque defiende a capa y espada la baja de retenciones a los terratenientes del campo o la bicicleta financiera para los especuladores que la vienen levantando en pala con Milei.
Gianfrancesco pretende erigirse como la oposición al descalabro de Suajrchuk y al kirchnerismo, pero lo unen a este la defensa de los que más tienen. En el Concejo Deliberante, el y su espacio, han votado toda la política fiscal del intendente que generó aumentos de tasas para los vecinos y exenciones para countries, barrios privados y empresas locales. Mientras el ajuste lo pagamos nosotros, Gianfrancesco y Suajrchuk favorecen a los ricos. Un ejemplo reciente de esto es que todos votaron unánimemente la creación del Bingo en Maschwitz, barriendo con la legislación provincial y protestas de los vecinos.
Claramente, Gianfrancesco y su lista, integrada con por ejemplo un hombre denunciado por abuso sexual y grooming, no son la alternativa a la casta local, porque ellos son la casta que viene parasitando a los escobarenses desde hace décadas.
De lado de los intereses de la juventud y los trabajadores, está la lista del Frente de Izquierda.
Contraria a las listas patronales –como la de Sujarchuk y Gianfrancesco–, nuestra lista está encabezada por Romina Del Plá, docente y referente de grandes luchas, y por vecinos y trabajadores de nuestro distrito que defendemos los intereses del pueblo laborioso. Compuesta por docentes, auxiliares, desocupados, changarines, estudiantes, se planta contra el ajuste de Milei que defiende Gianfrancesco y contra las tijeras de Kicillof, de la cual Suajrchuk es tributario replicándola en Escobar.
Las protestas de jubilados, médicos, enfermeros, personas con discapacidad y sus familias, así como las de miles de trabajadores que defienden su salario, expresan el descontento generalizado contra el ajuste nacional y hay que fortalecerlas. De la mano de los candidatos del peronismo, esto no será posible ya que, desde el Congreso y las gobernaciones, le ha garantizado a Milei la ejecución de su plan de guerra contra la población. Solo el FIT-U plantea el fuera Milei, fuera el FMI.
Por todo esto, votemos en defensa propia y salgamos a la ofensiva.
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En el día de ayer comenzó el juicio por las coimas pagadas en el caso Mariano Ferreyra por parte de José Pedraza, para evitar el avance de la investigación contra el mismo Pedraza y para levantar las prisiones preventivas contra los responsables materiales del asesinato de nuestro compañero. Impulsa el juicio la querella de Pablo Ferreyra y Beatriz Rial, representada por el Cels.
En noviembre de 2010, luego de las enormes movilizaciones por el asesinato de Mariano, la justicia encarceló a gran parte de la patota que actuó el 20 de octubre, y fundamentalmente a Favale y Sanchez, quien eran ya señalados como autores materiales del asesinato de Mariano y las graves heridas a Elsa Rodríguez y otros compañeros.
En enero, Pedraza comenzó un operativo de impunidad para direccionar el sorteo de la sala de Casación, que iba a resolver sobre las prisiones preventivas a la sala 3, para poder influir sobre los jueces de esa sala (Riggi, Mitchell y Catucchi) y así garantizar un fallo de impunidad que excarcelara a los asesinos y le pusiera límites a la investigación del plan criminal que derivó en el asesinato y que tenía a Pedraza como principal responsable.
Los nexos de este operativo fueron el agente de la Side, Juan José Riquelme, y el ex Juez Araoz de Lamadrid, que tenía contacto directo con Riggi. Pedraza pagó 50.000 dólares al ex juez y una suma menor a Riquelme, como primeros pagos, para garantizar el operativo de impunidad. Así, organizaron el arreglo del sorteo de la apelación para que le tocara a la sala 3. Quien garantizó este sorteo fraudulento fue Luis Ameghino Escobar durante el mes de enero de 2011. Mientras tanto, el juez Mitchell se encargaba de denegar el tratamiento del caso por parte de la sala de feria, para garantizar que lo tomara la sala 3. El objetivo final del operativo era influir sobre Riggi y Mitchell, y no pudo haberse llevado adelante sin su conocimiento. Sin embargo, Riggi nunca fue investigado y fue sobreseído por Norberto Oyarbide, y Mitchell ni siquiera fue imputado.
Mientras el juez Mitchell renunció poco tiempo después a la Cámara de Casación, en medio de una denuncia por sus vínculos con la dictadura militar, el Juez Riggi se jubiló en el cargo, en 2023, al alcanzar los 75 años, sin ser importunado por su involucramiento en este operativo de coimas.
De manera tal que el juicio tiene una particularidad: los dos principales responsables de todo el operativo no están en el banquillo de los acusados. En el caso de Pedraza, falleció preso durante los 14 largos años pasados entre los hechos y el juicio. En el caso de los jueces Riggi y Michell, el primero fue sobreseído y el segundo nunca fue imputado. En el medio, la causa sufrió demoras solo explicables teniendo en cuenta cómo los jueces de Comodoro Py protegen, en primer lugar, al resto de los jueces de Comodoro Py. El juicio tiene el valor de que irá mostrando las distintas facetas de esta corruptela judicial para garantizar la impunidad de Pedraza, pero sin avanzar en condenar a los verdaderos responsables tras bambalinas: uno muerto, el otro jubilado.
Las maniobras de impunidad de Pedraza con la justicia y el gobierno
Lo que desbarató el operativo fueron las escuchas ordenadas en su momento por la jueza Wilma López, que permitieron ver en vivo cómo se organizaba la coima. Esto llevó al allanamiento del estudio de Octavio Aráoz de Lamadrid en donde se encontraron los 50.000 dólares, que habían sido pagados por Angel Stafforini y Susana Rita Planas, directivos del Belgrano Cargas y de la Cooperativa Unión del Mercosur. Justamente, la cooperativa recibía fondos estatales para contratar trabajadores tercerizados de la línea Roca. Quienes intervinieron en la coima eran los mismos garantes, junto a Pedraza, del negociado de la tercerización, el que, justamente, cuestionaba la movilización de trabajadores tercerizados que fue atacada por la patota que terminó matando a Mariano.
Por el mismo mes de enero, Pedraza conspiraba contra el ingreso de trabajadores tercerizados a distintas líneas de Ferrocarril, nada menos que con el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Las escuchas desataron un escándalo público porque pusieron de relieve los enormes vínculos políticos de Pedraza con el kirchnerismo, que hizo valer después del asesinato para garantizarse la impunidad.
La derrota de todas estas maniobras fue producto de una enorme y masiva participación popular en la lucha por justicia, una batalla que el Partido Obrero dio a fondo y que logró llevar a la cárcel a Pedraza. Este proceso puso en el banquillo de los acusados a un aparato de corrupción e impunidad de la burocracia sindical, los empresarios y el Estado, en todos sus niveles, a costa de la precarización laboral, una estructura que sin embargo nunca fue desmantelada. Los negocios de la burocracia sindical empresaria, que en su momento representaba Pedraza y su “sindicalismo ejemplar” (como dijo en su momento Cristina), hoy son fundamentales para entender por qué la burocracia pacta con Milei, con quien tiene, además de todo, un pacto de impunidad.
El desmantelamiento de esta costra mafiosa del capitalismo argentino sigue siendo una gran tarea planteada para la clase trabajadora.
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La detención de los dueños del laboratorio de donde salió el fentanilo contaminado marca un nuevo capítulo en la masacre sanitaria que ya se cobró más de un centenar de vidas. Por orden del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, fueron apresados Ariel García Furfaro —propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo—, sus hermanos Diego y Damián, su madre Nilda Furfaro y otros directivos y técnicos de la empresa.
Lejos de ser un accidente aislado, las muertes por fentanilo contaminado son el resultado de una cadena de responsabilidades políticas y empresariales. El informe del Instituto Malbrán fue contundente: los procesos de producción presentaban “graves falencias estructurales” que derivaron en la salida al mercado de lotes contaminados con bacterias mortales, a lo que se suma el desvío de cantidades hacia el mercado ilegal. Las irregularidades en HLB Pharma y Laboratorio Ramallo fueron constatadas por el Instituto Nacional de Medicamentos de la Anmat desde 2018. Semanas antes de la puesta en circulación del fentanilo mortal, en noviembre de 2024, una inspección detectó "deficiencias críticas y mayores en todos los niveles de control, que comprometían directamente la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados". La responsabilidad política alcanza así funcionarios de Milei y de los gobiernos anteriores.
El gobierno se vio obligado a apartar a la directora del Iname, Gabriela Mantecón Fumado, luego de revelarse que había recibido en marzo un informe demoledor sobre los incumplimientos de HLB y Ramallo, sin haber tomado ninguna medida preventiva. Es decir, el Estado conocía las irregularidades, pero dejó que el veneno siguiera circulando. Lejos de un descuido, la acción deliberada del gobierno en favor de estos laboratorios permitió que decenas de miles de ampollas contaminadas circularan por hospitales de todo el país, garantizando a su vez el negocio del narcotráfico.
Vale recordar además que el kirchnerismo actuó como garante del encubrimiento. El bloque rechazó la conformación de una comisión investigadora en el Congreso, propuesta para esclarecer la cadena de responsabilidades detrás de las muertes. La negativa dejó en evidencia la protección política, de quienes se disfrazan de opositores, a García Furfaro y a las empresas que durante años hicieron millonarios negocios con licitaciones públicas, en connivencia con intendentes, barones del conurbano y obras sociales sindicales. Como todos los gobiernos, actúan como servidores de los intereses capitalistas.
La crisis del fentanilo contaminado desnuda un régimen donde laboratorios y clínicas privadas lucran bajo el amparo del Estado y la población paga con su salud y su vida. El Ministerio de Salud, que debería dar explicaciones, pretende aparecer como querellante. La lucha de los familiares de las víctimas, que ya se han movilizado en La Plata y otras ciudades, fue fundamental para que avanzara la investigación y se pusiera tras las rejas a varios de los responsables. Ahora es un punto de apoyo fundamental para quebrar la impunidad política.
Seguiremos luchando por justicia por los fallecidos, por cárcel a los responsables empresarios y políticos, trazabilidad completa de los medicamentos y el fin de la privatización de la salud que aplica el gobierno y de todo el plan de guerra oficial.
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Intentos de cierre de escuelas en el Distrito 14 de CABA
No al desalojo de la EEM 2 (escuela AAAJ) ni al cierre de la escuela primaria 16. Apoyamos el festival que este sábado 23/08 realizarán en defensa de sus escuelas.
El gobierno de Jorge Macri ha dispuesto el traslado de la secundaria EEM 2, ubicada debajo de la tribuna del estadio de AAAJ en el barrio de la paternal, al edificio de la escuela primaria 16 del distrito 14, cerrando esta escuela primaria. En un primer momento había planteado mudarla al barrio de Mataderos pero luego de una rápida reacción de los docentes, estudiantes y familias que asisten, realizaron un acto en repudio a esta mudanza. El gobierno decidió mantenerla en el distrito pero a costa del cierre de toda una escuela primaria, la 16 del DE 14.
El sábado 23 de agosto en la plaza de Pappo (J.B. Justo y Boyacá) la comunidad educativa realizará un festival para defender la permanencia de la EEM 2, que desde Tribuna Docente y el Partido Obrero del barrio de la Paternal participaremos con la perspectiva de unir la lucha de esta escuela con la lucha contra el cierre de la primaria 14 del DE 16.
Esto último representa una atrocidad pedagógica y un ataque laboral que impacta de lleno contra la comunidad educativa. El gobierno viene realizando una serie de maniobras para intentar que no se unifiquen el reclamos de las comunidades educativas de ambos establecimientos. Son los responsables de una batería de iniciativas que plantea la destrucción pública con cierres de cursos, reformas como BA Aprende en nivel secundario, reformas que destruyen la especificidad de la educación especial, y algo que no tiene antecedente en la historia reciente de la CABA que es la fusión o directamente cierre de escuelas primarias.
En este contexto, la escuela 16 se ve seriamente afectada. Los propios docentes, en un comunicado reciente, afirmaron este es un ataque a una escuela "histórica en el barrio por sus capacidad de alojar a los estudiantes. Nuestra escuela es de jornada simple, contempla y trabaja históricamente con las neuro-diversidades, es una de las pocas escuelas que queda en todo el distrito 14 de jornada simple". En el testimonio de los propios afectados se ve a las claras la intencionalidad del Ministerio de Educación de CABA. ¿Dónde irán esos niños y niñas? ¿Dónde irán esas maestras? estos son interrogantes que se abren para cientos de estudiantes, familias y trabajadores.
Un párrafo aparte merece la actuación del sindicato UTE que, lejos de organizar una lucha conjunta de ambas escuelas y sus integrantes, ha oficiado de portavoz no oficial del ministerio y publicó un flyer donde plantea que la EEM 2 no se cierra. La realidad es que no existe ninguna resolución, acta formal ni legal del ministerio que plantee tal cosa. Esto es justamente lo que se exige desde la EEM 2, que el traslado sea en condiciones, a un edificio pertinente en el barrio de La Paternal y que no sea en detrimento de otra institución educativa.
Apoyamos todas las medidas de lucha implementada por las comunidades educativas en defensa de las instituciones, las condiciones laborales y educativas. Con la idea de unir la lucha de ambas escuelas y dar una respuesta contundente y unificada al ministerio y el intento oficial de atacar a las escuelas y por ende, la educación pública.
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La campaña de Frente de izquierda Unidad ha comenzado en Mar del Plata, con recorridas en las escuelas y hospitales, lugares de estudio, de trabajo y en los barrios planteando un programa de salida de los trabajadores, impulsando el voto a la izquierda para el próximo 7 de septiembre.
Las elecciones provinciales encuentran a Mar del Plata detonada: a nivel de su infraestructura, y en términos sociales y económicos. La crisis económica tiene su expresión en nuestra ciudad, donde el 28,9% de los hogares está por debajo de la línea de pobreza. En cuanto a los datos, diferentes estadísticas e investigaciones del Conicet introducen la proliferación de una “pobreza multidimensional” para decir que una de cada tres familias es pobre. Además, en base al Indec hoy los números de la pobreza son superiores a la pre-pandemia.
El crecimiento de los countrys y edificios de lujo contrasta con la multiplicación de asentamientos ultra-precarios y el estado calamitoso de los barrios. Un último estudio del Renabapcontabiliza más de 70 asentamientos en todo el partido de General Pueyrredón. En dicha materia, el distrito presenta esta problemática de manera muy similar a las regiones metropolitanas del AMBA, en cuanto al crecimiento de los barrios populares que están completamente des-urbanizados y atraviesan la falta de servicios básicos, como las cloacas y el agua potable, desde hace décadas.
En medio de la campaña electoral, las variantes políticas tradicionales que se presentan como salida en la ciudad, ni hablan siquiera de los problemas reales que desnudan la espina medular de un distrito de más de cerca del millón de habitantes, hoy sumido en la pobreza y la desocupación. No pueden hacerlo, porque son co-responsables de esta situación.
El intendente que, así como vino, se va. En lugar de resolver los problemas reales de los trabajadores, como el hambre, la pobreza y la desocupación, el intendente Montenegro – hoy candidato a senador provincial y una de las “estrellas electorales” de Milei- organizó una patota para perseguir y amedrentar a las personas en situación de calle y a los cuidacoches. Barrió ferias populares y le quitó la asistencia alimentaria a más de 50 mil familias. Los dispositivos de salud y CAPS se encuentran totalmente desmantelados empezando por la falta de profesionales y siguiendo por la carencia absoluta de insumos. Entregó la ciudad a los negociados privados con capitales de dudosa procedencia y le garantizó al grupo mafioso Inza uno de los boletos de colectivo más caro del país. Gobernó 6 años la ciudad para irse en pocos días con los bolsillos llenos, integrado completamente a LLA.
El peronismo, que cerró listas dividido, jugó de oposición en el Concejo Deliberante dejando pasar cada una de las ordenanzas planteadas por el Ejecutivo, como las facultades para aumentar el boleto de colectivo, y la entrega de playas y espacios públicos a concesiones privadas que pagan cannones irrisorios mientras se roban la ciudad. Peronistas, kirchneristas y libertarios han gobernado en defensa de los mismos intereses capitalistas. El pasaje de Scioli al gabinete de Milei es la prueba irrefutable. La campaña electoral de Fuerza Patria se centra en la falta de semáforos y la poda de árboles, mientras vehiculizan el ajuste nacional en un distrito más de la provincia gobernada por Axel Kicillof.
La crisis en materia de “inseguridad” desnudó a la mafia de la bonaerense, que va por la tercera remoción de su cúpula, vinculados todos al delito organizado, el narcotráfico -que reina en los barrios- y la corrupción. En los últimos tres años, han aumentado los casos de gatillo fácil, como el de Brandon Romero, Matías Paredes, Nahuel Olmos y Emmanuel Márquez, este último trabajador del basural de la ciudad que fue asesinado a quemarropa dentro del predio. Todos crímenes de la bonaerense, respaldados abiertamente por Montenegro y bajo el silencio absoluto del peronismo, que posa para la foto cuando el gobernador viene de visita a destinar patrulleros y motos para reforzar la policía.
Ni Axel con Raverta, ni Pulti, viejo conocido, pueden ser escudo contra la motosierra, cuando aplican el ajuste en la provincia y dejan pasar la ofensiva de Montenegro en el Concejo Deliberante.
En defensa de los trabajadores, hay que pegar con la izquierda.
Todos los que han gobernado la ciudad son responsables de la grave crisis social en Mar del Plata, donde miles de familias trabajan en condiciones de absoluta precariedad, principalmente en la industria del pescado y el cordón fruti-hortícola, donde reina la súper explotación en complicidad con las patronales y la burocracia sindical. La población espera las temporadas de verano para hacer un mango más, mientras durante el año lo que queda es un ejército de desocupados y trabajo precario. Hoy, miles de ellos se refugian en el ultra precarizado trabajo en plataformas, incluso muchos lo utilizan como segunda o tercera actividad.
El voto al Frente de Izquierda Unidad, representa el verdadero cambio en favor de las mayorías populares y sus necesidades. Al mismo tiempo, el pronunciamiento por la izquierda en estas elecciones, se traduce en un reforzamiento en la lucha para echar al gobierno antiobrero y reaccionario de Milei y todos los ajustadores.
Por la apertura de todos los libros del municipio y el aumento de salario equivalente a la canasta familiar para todos los trabajadores, por un banco de tierras para la elaboración de un loteo y la creación de viviendas populares. Por el pase a planta de todos los trabajadores precarizados y el reparto de las horas de trabajo; la apertura de los libros contables del grupo Inza y el control del transporte en manos de sus trabajadores y usuarios. Por la recuperación y la defensa de todas las playas y espacios públicos; la ampliación y cobertura de cargos profesionales y equipamiento en salud junto con la creación de dispositivos de asistencia en salud mental y para víctimas de violencia de género en cada uno de los barrios, el 7 de septiembre, hay que votar al Frente de Izquierda Unidad.
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Con 172 votos, la Cámara de Diputados rechazó este miércoles 20 el veto del gobierno de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad que había sido aprobada por el Congreso. De todos modos, la caída del veto aún requiere del rechazo por parte del Senado, lo que plantea mantener la organización y movilización.
Frente al Congreso Nacional, personas con discapacidad, familiares, prestadores y organizaciones de izquierda se movilizaron este miércoles en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad y en rechazo a los recortes presupuestarios que afectan a miles de familias. La acción empalmó con la ronda de jubilados que se hizo presente en la plaza como cada miércoles para en defensa de sus haberes.
“Esta gestión de gobierno y la gente que los apoya lo que no entienden es que cuando mi hija pierda todo yo ya no tengo nada por perder. Lo que ellos no terminan de entender es que para nosotros la lucha no termina acá porque lo que estamos defendiendo es lo que más amamos en nuestra vida y somos capaces de hacer cualquier cosa por defender sus derechos”, expresó una madre movilizada, reflejando la desesperación de las familias.
"Esta gestión de gobierno y la gente que los apoya lo que no entienden es que cuando mi hija pierda todo yo ya no tengo nada por perder. Lo que ellos no terminan de entender es que para nosotros la lucha no termina acá porque lo que estamos defendiendo es lo que más amamos en… https://t.co/dgs4N3VuKepic.twitter.com/OiQN2o1i8l
"En nuestra cara dicen que esta ley viene a desequilibrar el equilibrio financiero que supuestamente tienen, digo supuestamente porque es falso, le deben plata a medio mundo y nada es un beneficio para nosotros, el déficit fiscal lo estamos sosteniendo a costa de nuestras vidas y de las coimas que reciben los Milei. Exigimos la renuncia de Spagnolo, se tiene que ir, es un bochorno".
"En nuestra cara dicen que esta ley viene a desequilibrar el equilibrio financiero que supuestamente tienen, digo supuestamente porque es falso, le deben plata a medio mundo y nada es un beneficio para nosotros, el déficit fiscal lo estamos sosteniendo a costa de nuestras vidas y… https://t.co/jxLJUV5oqIpic.twitter.com/Xc0K2Sp4VT
Prestadores del sector denunciaron la grave situación que atraviesan: “El espacio no se puede sostener más, no tenemos con qué pagar las cuentas, estamos endeudados y no podemos seguir. Las personas con discapacidad se están quedando sin servicios, esto no tiene retorno, hay mucha gente que no toma conciencia hasta donde hemos llegado, hoy es un momento límite”, alertó una trabajadora. Guillermo, otro prestador precarizado, agregó: “La lucha por la Ley de Emergencia en Discapacidad es el puntapié para el resto de las luchas, no resuelve solo la ley, estamos peleando contra el veto de Milei en las 2 Cámaras para que se aplique la ley”.
"La lucha por la Ley de Emergencia en Discapacidad es el puntapié para el resto de las luchas, no resuelve solo la ley, estamos peleando contra el veto de Milei en las 2 Cámaras para que se aplique la ley" Guillermo, prestadores precarizadxs https://t.co/0XbnOKRltipic.twitter.com/73JYAPd4Ss
Los testimonios también pusieron el foco en la protección de los derechos de niños y mayores: “Nosotros tenemos centro de días, un hogar en Soldati con 45 residentes, muchos sin padres. Todo padre que tiene un hijo discapacitado no puede dormir a la noche pensando qué será de mi hijo cuando yo no esté”, señaló un referente del sector. Además, se denunció la complicidad de Kicillof en los recortes: “Las personas con discapacidad que necesitan llegar a una escuela especial hoy no tienen transporte para llegar. La provincia de Buenos Aires quitó la plata para el transporte en los municipios”, señaló un participante.
"Nosotros tenemos centro de días, un hogar en Soldati en el cual tenemos 45 residentes, les quiero contar que gran parte no tienen padres. Esto es muy importante estamos hablando de los niños, pero les digo de los mayores, todo padre que tiene un hijo discapacitado no puede… https://t.co/VmsMPn2iC5pic.twitter.com/8iLdQjoIcH
"Las personas con discapacidad que viven en las localidades de Buenos Aires y necesitan llegar a una escuela especial hoy no tienen transporte para llegar. La provincia de Buenos Aires quito la plata para el transporte en los municipios" https://t.co/qtua6adrkypic.twitter.com/UW0WenAtze
“El presupuesto que mandó Milei el año pasado para este año tenía 100 mil pensiones menos. Hoy Adorni anuncia que el financiamiento de la supuesta mejora en lo que recibe la discapacidad va a salir de esas pensiones. Ha sido una metodología para quitar a esas 100 mil o 110 mil personas sus derechos”, sostuvo una de lasa jubiladas manifestantes.
"El presupuesto que mando Milei el año pasado para este año tenía 100mil pensiones menos, hoy Adorni anuncia que el financiamiento de la supuesta mejora en lo que recibe la discapacidad va a salir de esas pensiones, ha sido una metodología para quitar a esas 100mil o 110mil… https://t.co/OP8pS9yFPSpic.twitter.com/wxh4NBlVXR
Entre los presentes también estuvieron Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y candidato a diputado nacional por el FIT-U, y Jeremías Cantero, del Polo Obrero. Cantero afirmó: "Los reclamos del colectivo de discapacidad y de los jubilados son nuestros reclamos y los de toda la población trabajadora. A nuestros comedores vienen muchísimas familias que tienen integrantes con discapacidad, muchísimos jubilados que el gobierno le esta negando el aumento miserable y le niega el derecho a jubilarse con la eliminación de la moratoria"
Gabriel Solano agregó: “Adorni está maniobrando diciendo que el gobierno está estudiando dar un aumento presupuestario, lo hace para salir a comprar senadores y que no volteen el veto. No hay que caer en la trampa, luchemos para que caiga el veto”.
"Los reclamos del colectivo de discapacidad y de los jubilados son nuestros reclamos y los de toda la población trabajadora. A nuestros comedores vienen muchísimas familias que tienen integrantes con discapacidad, muchísimos jubilados que el gobierno le esta negando el aumento… https://t.co/aypa863fq1pic.twitter.com/xUAm656MtL
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Homo Argentum, la película de Guillermo Francella que fascinó a Milei, recibió 150 millones de pesos del tesoro porteño mediante un “cash rebate”. El gobierno festejó que la producción no hubiera recibido dinero del INCAA, pero ocultó que fue la Ciudad de Buenos Aires la que financió a Pampa Films con plata de los contribuyentes.
Carlos Pirovano, vaciador del INCAA y candidato a diputado del oficialismo, no encontró mejor defensa que alabar la película sin haberla visto, repitiendo estereotipos reaccionarios y xenófobos en la televisión. "El estereotipo es algo con lo cual el ser humano se maneja. El santiagueño perezoso, el cordobés contador de chistes, el tucumano... No voy a decir qué, porque todos sabemos. Lo sabe Argentina", dijo el titular del INCAA y candidato a diputado en la Provincia.
Mientras tanto, el organismo que dirige acumuló un superávit de 7 mil millones de pesos –más de 40 millones de dólares- gracias al vaciamiento absoluto de la industria del cine nacional. Bajo la excusa de “terminar con el choreo” liquidaron la posibilidad de filmar 200 producciones independientes para entregar subsidios millonarios a las grandes productoras amigas.
En tanto, el programa “Buenos Aires Producción Internacional”, promocionado por Jorge Macri como un supuesto incentivo para atraer inversiones extranjeras al cine porteño, prometiendo rebajas fiscales y devolución de hasta el 40% de los gastos de producción, y mediante el cual el Tesoro Porteño le financió el 12% de la película a Pampa Films, solo funciona como un mecanismo de concentración de recursos: la mayor parte del dinero termina en manos de las grandes productoras, muchas de ellas multinacionales. Esta dinámica desplaza a los cineastas locales, precariza el trabajo de técnicos y artistas y refuerza un modelo de industria donde el lucro privado prima sobre la producción cultural propia.
Hacen pelota la industria nacional del cine mientras le financian el negocio a las grandes productoras, que además legitiman el discurso reaccionario oficial. Es en ese sentido que los trabajadores de la cultura vienen dando una batalla denodada contra este plan de guerra oficial. Desde movilizaciones y acciones de visibilización contra los despidos y el vaciamiento del INCAA hasta festivales, como el último Festival Entrá contra el decreto 345, con el que Milei pretende desfinanciar y quitar su sistema autárquico al Instituto Nacional de Teatro. De esta manera, lograron que la Cámara de Diputados rechazara el decreto que disolvía varios de los organismos históricos del área de cultura.
Lo que está en juego es la defensa de la cultura frente al ajuste. La clase trabajadora, la juventud, los artistas y técnicos de la industria audiovisual deben organizarse contra este saqueo. Que la plata del cine vaya al cine nacional e independiente, no a engordar los bolsillos de las multinacionales.
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La definición de los candidatos a diputados nacionales terminó de sepultar la pretensión de Axel Kicillof de "provincializar" la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. El gobernador deberá lidiar de aquí en más con la fragmentada campaña para la Legislatura y la nacionales para el Congreso. Kicillof es uno de los grandes perdedores en absoluta minoría frente a La Cámpora y con menos candidatos a diputados que el Frente Renovador de Sergio Massa.
También quedaron afuera los "territoriales" del peronismo, lo que abre una incógnita sobre qué harán y hasta dónde se empeñarán los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof el 26 de octubre. Lejos de una discusión sobre "la gestión provincial", como pretendía el gobernador, la tendencia es cada vez más pronunciada hacia una nacionalización de la campaña electoral. Que los bonaerenses tengan que ir a las urnas en dos oportunidades en menos de tres meses aviva la crisis política, pero funciona también como un operativo funcional a todo el régimen capitalista para desviar las luchas que enfrentan la motosierra de Milei y de los gobernadores.
Para el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad hay una oportunidad para reforzar la agitación por el Fuera Milei y el FMI, y para denunciar el ajuste de Kicillof al servicio de los parásitos de la fraudulenta deuda externa bonaerense.
El acto de La Libertad Avanza en La Plata dejó en ridículo a quienes fantaseaban con un Milei más prolijo y sin insultos. La catarata de provocaciones de Milei y su pandilla son la forma que corresponde al contenido de un plan de guerra contra los trabajadores. La ratificación del "cárcel o bala" de José Espert es la encarnación de esta política de ofensiva contra los trabajadores y los derechos humanos. El "kirchnerismo nunca más" que agita La Libertad Avanza, apunta a polarizar con Fuerza Patria, explotando el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.
Milei va a las elecciones legislativas y municipales con una mayoría de candidatos desconocidos y tránsfugas que transitaron distintos partidos de la casta capitalista. La construcción "violeta" de Karina Milei y su armador Pareja amontona carreristas, lúmpenes y delincuentes varios. La incógnita sobre el resultado de septiembre en varias secciones de la provincia de Buenos Aires, junto a los heridos que emigraron a otras fuerzas y alianzas derechistas, deja abierto el escenario electoral. Es parte del "ruido electoral" que preocupa al FMI en medio de la crisis económica y financiera.
Si bien Milei aparece como el principal interesado, la nacionalización del proceso electoral es también un peligro para el gobierno liberfacho. Caputo tuvo que aumentar los encajes bancarios y está pagando tasas siderales para evitar una nueva corrida hacia el dólar que empuje una mayor inflación antes de las elecciones de octubre. El "corralón" mileísta tiene olor a quebranto. Un resultado adverso o disputado en septiembre, en una provincia con más del 9% de desocupación y un conurbano todavía más empobrecido, agitará aún más las olas devaluatorias hacia octubre. El alto porcentaje de ausentismo electoral, del que dan cuenta las encuestas y las elecciones provinciales en lo que va del año, desnuda la desconfianza popular en una democracia completamente desprestigiada.
Las candidaturas de Fuerza Patria para octubre evidencian, incluso con mayor explosividad, la crisis del peronismo bonaerense, que es el epicentro de la crisis nacional de un PJ sin conducción. Ni Máximo Kirchner ni Sergio Massa van como candidatos al Congreso, y la presencia ultrarestringida del Movimiento Derecho al Futuro en las listas de candidatos nacionales es un claro golpe a las aspiraciones presidenciales de Kicillof. Cristina Kirchner tuvo que apelar a una figura gris como Jorge Taiana para que Fuerza Patria no vuele por los aires. Taiana va a encabezar la "lista de unidad" no por su peso en la provincia de Buenos Aires sino por su intrascendencia frente a los tres bloques en pugna: La Cámpora, el massismo y el kicillofismo.
El exministro de Defensa del fracasado gobierno de Alberto Fernández es blanco fácil de los liberfachos y un candidato de cuerpo flojo para enfrentar a Espert y la mugre "libertaria". La designación de Taiana como cabeza de lista repite como farsa el "hay 2019" que impuso a Alberto Fernández como candidato con el dedo de Cristina. La candidatura del "respetado” Jorge Taiana es otra adaptación del kirchnerismo a los embates de Milei y La Libertad Avanza, una candidatura de crisis y no de unidad del peronismo.
La integración de Grabois como tercer candidato de Fuerza Patria retrata al carrerista pequeñoburgués y es una lección política para los izquierdistas que creían haber encontrado en el dirigente de Patria Grande una "vía popular del peronismo" y hasta un atajo en la construcción de un partido independiente del peronismo. Grabois, quien trinaba contra el copamiento de Fuerza Patria por la derecha peronista de Massa, no tuvo inconvenientes en acomodar su osamenta detrás del "equidistante" Taiana y de la massista Jimena López, que va como segunda candidata a diputada nacional. Las bravatas de Juan Grabois duraron el breve lapso que le llevó negociar su candidatura y la de Itaí Hagman como cabeza testimonial de lista en CABA. Itaí fue uno de los diputados – junto a Palazzo y Yasky – que se abstuvo y no votó en contra del acuerdo de Guzmán con el FMI en 2022.
El barquinazo de Kicillof se mide por el desplazamiento que le impusieron Cristina y Máximo y los apenas dos candidatos propios que pudo colar en la lista de Fuerza Patria. El premio consuelo fue la decisión de la presidenta del PJ nacional de "bendecirlo" a Jorge Taiana, habida cuenta de la resistencia que provoca su hijo en el peronismo bonaerense. En la lista de candidatos nacionales de Fuerza Patria, el peronismo renueva quince diputados; el kicillofista Hugo Yasky va en el decimotercer lugar y al límite de quedar afuera. Cristina priorizó a los dipusindicales propios y mandó al bombo a la CTAs.
El otro gran fiasco fue el sapo de la tercera vía, que se deglutió al radicalismo bonaerense cuyos candidatos irán repartidos en distintas listas, con Facundo Manes migrando a CABA. "Provincias Unidas", sin la UCR y con Randazzo como candidato a primer diputado, quedó reducida a una lista del "peronismo no k" que aspira a captar el voto de la larga lista de heridos que dejó el cierre de Fuerza Patria, principalmente entre los intendentes del PJ.
El Frente de Izquierda Unidad planta bandera contra la derecha y todos los ajustadores con un programa político de la clase obrera y por el gobierno de los trabajadores. La lista perdedora de Fuerza Patria confirma la incapacidad del peronismo para derrotar a Milei. El voto útil por el Frente de Izquierda Unidad es una referencia para todos los luchadores y para el movimiento popular que le pone el cuerpo a la reacción "libertaria". Esta lista es la que encabezan Nicolás del Caño y Romina del Plá, y que integran reconocidos dirigentes obreros como Néstor Pitrola.
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