El 12 de setiembre pasado, en el auditorio Néstor Kirchner, colmado de funcionarios, rectores y ex rectores universitarios, con la presencia del Ministro de Educación de la Nación y sindicalistas de Ctera y otros gremios docentes integrados al gobierno, Sergio Massa presentó el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, que elevaría la inversión en educación del 6% del PBI (prácticamente nunca cumplido) al 8%, a lo largo de 7 años, distribuido en 6,5% para la educación no universitaria y 1,5% para la educación universitaria. O sea que para la educación obligatoria y terciaria el aumento sería, al cabo de 7 años, solo del 0,5% del PIB.
En esa puesta en escena, Massa señaló que era la contracara de la política de la derecha, la cual propugna la reducción del gasto público, al mismo tiempo que proclamó que la educación es clave para sacar a la población de la pobreza. En esa ocasión, recomendó un psiquiatra para los Bullrich y Milei. A menos de dos meses de aquella presentación, después de algunas reuniones con invitados en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos/Unión por la Patria firmó de manera intempestiva un dictamen unificado con Juntos por el Cambio. Para sorpresa de nadie, el proyecto original fue modificado con un ajuste a las metas establecidas en el proyecto inicial.
De un plumazo (¿o con motosierra?) desapareció el límite de alumnos por curso/sección que establecía como guía el artículo destinado a generar un plan de infraestructura escolar. El motivo de esa poda fue el rechazo de gobernadores y ministros de Economía de un lado y otro de la grieta, porque ello obligaba a construir las escuelas necesarias para erradicar la sobrepoblación estudiantil, y nombrar los cargos docentes requeridos para el funcionamiento adecuado de las instituciones. De igual manera, se extiende a 9 años el plazo para cumplir la elevación de la inversión en la educación universitaria al 1.5% del PBI, contra los 7 años previstos originalmente. Todavía no se había puesto en debate en el recinto, y el financiamiento de Massa ya era un ajuste anti-educativo.
Tanto el proyecto como este recorte fue dura y profundamente denunciado por nuestra diputada Romina Del Plá en la Comisión de Educación, debate cerrado apenas comenzó. El incumplimiento de la ley vigente en forma sistemática, ya que solo fue cumplido dos años el 6% de inversión educativa, y los objetivos planteados en el proyecto y el ajuste antes que sea aprobado, fueron el motivo para que el Frente de Izquierda y los Trabajadores presentara su propio dictamen en disidencia, y una extensa modificación al articulado para el momento que se trate en el recinto.
Lavada de cara de los vaciadores de la educación en los últimos 40 años
En los fundamentos de la LFE presentada por el Poder Ejecutivo se señala que la ley que se plantea “no es para saldar una deuda de la democracia con la educación, sino para reforzar su deber con ella”, algo totalmente falso cuando se observa que proliferan escuelas con graves problemas de infraestructura, edificios faltantes, salarios docentes de pobreza que obligan al pluriempleo, y una comunidad educativa completamente pauperizada.
Esta afirmación también esconde que el porcentaje de aumento del presupuesto educativo atado al PBI resulta completamente insuficiente respecto del grado de destrucción al que han llevado a la educación pública en todos sus niveles las fuerzas políticas que han gobernado el país, desde el año 1983, agudizando la herencia de la dictadura militar, producto justamente del desfinanciamiento sistemático.
En el dictamen de disidencia del FIT-U se rechaza este criterio de conformación del aumento del financiamiento : “…fijar un porcentaje respecto de un monto variable -como es el PBI- demuestra una perspectiva equivocada acerca de cómo encarar y resolver los problemas educativos, más allá del incumplimiento permanente respecto de lo que dicta la ley. Proponemos la realización de un relevamiento de las necesidades de infraestructura y edilicias, de becas para estudiantes y la necesidad urgente de la recomposición salarial para las y los trabajadores de la educación, y fijar un presupuesto educativo que contemple atender todas esas necesidades con independencia de qué porcentaje represente del PBI…”.
En casos como los de la última década, donde el PBI se encuentra estancado, incluso si se cumpliera la ley, el 6% o el 8% de un PBI frenado no significaría un crecimiento de la inversión educativa sino un recorte. Efectivamente, es lo que señala el artículo 32 del dictamen del FdT-JxC, una crónica de un recorte anunciado que establece que “en los ejercicios fiscales en donde no haya incremento en el Producto Interno Bruto (PBI) o cuando la variación del mismo no genere el incremento en la recaudación exigible para alcanzar las metas financieras previstas, la meta anual deberá adecuarse proporcionalmente al incremento de la recaudación”.
De ahí que el criterio planteado por el FIT-U sea exactamente el contrario, es decir, establecer todas las prioridades y a partir de ellas solventar el costo de su resolución, que seguramente superará los porcentajes establecidos por el planteo de la mayoría. La educación no debe ser una variable de ajuste. Sin embargo los datos son lapidarios en el sentido contrario.
En los últimos 17 años, 12 provincias redujeron su presupuesto educativo, con Mendoza y Córdoba a la cabeza. Las provincias que menos gastan en educación son CABA (17%) y Santa Cruz (18%), mientras que, en la provincia de Buenos Aires, Scioli redujo el presupuesto educativo en un 3%; Vidal un 8,2%; Kicillof un 19,8% en 2021, y se calcula que en el 2022 la caída fue del 22,4%, según ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública).
Del lado de la comunidad educativa, con una pobreza del 41% de la población, más del 64% de las niñas, niños y adolescentes son pobres; la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en su origen cubría el 80% de sus necesidades básicas, hoy no garantiza ni el 20%; los salarios de la docencia en todo el país son también de pobreza (desde el 2015 cayeron entre el 45% Santa Cruz y casi el 9% en Buenos Aires). Esta situación obliga al pluriempleo a las y los docentes: doble o triple cargo, superposición de funciones (cargos directivos y de base en una misma persona) sin dedicación exclusiva, dispersión institucional, perjudicando las condiciones de trabajo y por tanto las condiciones de aprendizaje y enseñanza.
Una educación al servicio de los requerimientos del capital
El aumento de los recursos no garantiza la educación de calidad que tanto se pregona, sino su focalización.
El achicamiento de los contenidos se fijan especialmente en el ciclo primario para garantizar algo que hoy no se logra, la alfabetización y el manejo de la lecto-escritura (artículo 6, inciso “g”) y, en la educación secundaria, las necesidades requeridas por los empresarios al finalizar nivel.
De acuerdo al dictamen del FdT-JxC los recursos deben ser utilizados especialmente para “incorporar espacios curriculares específicos en el secundario relacionados con el mundo del trabajo que fortalezcan la vinculación de las y los estudiantes con el sector socioproductivo y los campos ocupacionales”, incluso mediante educación precaria, como tutorías y pasantías. El tercer foco es “incorporar el dictado de robótica y programación como asignaturas obligatorias en el segundo ciclo del nivel secundario” (incisos “r” y “n”, respectivamente), algo necesario pero no suficiente para una educación integral de las y los niñes y jóvenes.
Massa insistió en estos limitados objetivos en el reciente debate presidencial de cara al balotaje, y en la citada presentación en el Centro Cultural Kirchner lo ejemplificó con la alegoría del excelso pulido de la bujía que le habría rememorado un supuesto obrero con 40 años de labor en la Ford en una reciente visita a la fábrica, mientras un joven trabajador recién ingresado le hablaba de la programación aplicada a la línea de producción.
Por otro lado, la implementación de la Educación Sexual Integral está mencionada como objetivo, pero manteniendo los obstáculos que tiene la actual normativa de la ESI para su plena aplicación, especialmente en su artículo 5° al someter su dictado al ideario institucional de cada establecimiento. A esto se suma que al no ser una ley de orden público, su aplicación en las provincias estuvo y estará sujeta a la adhesión de las mismas.
En el plano de la educación superior y universitaria se plantea “adecuar” y achicar las carreras adaptándolas a las dificultades del alumnado, en lugar de resolver los inconvenientes y necesidades que alargan la culminación de las carreras por las dificultades materiales y sociales que sufren las y los estudiantes.
El progreso de una educación integral y al servicio de las necesidades de las masas solo podrá alcanzarse con el control de la educación en manos de la comunidad educativa, y exige la nacionalización del sistema educativo.
Con la reforma laboral bajo el brazo
Los fundamentos de la LFE infieren la responsabilidad de la decadencia de la educación en las y los educadores, cuando vincula la aplicación del presente financiamiento a la firma de un “nuevo Convenio Colectivo de Trabajo marco para la actividad docente” que, contrapuesto a los existentes Estatutos del Docente provinciales, pueda ser el canal para profundizar y legalizar la precarización laboral educativa que hoy agobia a la docencia argentina, mediante planes y programas educativos completamente flexibles, precarios y a término, que no hacen más que profundizar la desformalización educativa (Fines, Atr, Forte, etc.). Este fue un objetivo ya presente en LFE vigente desde el 2006, y que sigue latente en la vinculación entre financiamiento y reforma laboral, en base a pautas que deberán ser acordadas con la patronal y los gremios de representación nacional en cuanto a condiciones laborales, calendario educativo (que se eleva a 190 días de piso), salario mínimo docente y carrera docente (artículo 23).
La educación por la que luchamos
Desde la izquierda, por el contrario, promovemos una educación integral que forme a nuestros jóvenes en todos los aspectos más avanzados de la ciencia y la cultura, y dotar a la educación de todos los recursos necesarios para ello. Una educación puesta al servicio de la transformación del país en función de las necesidades sociales, económicas y culturales de la clase obrera.
Maniobras parlamentarias impuestas por la Comisión de Educación impidieron la aceptación de un dictamen propio, lo que obligó a realizar un dictamen en disidencia parcial. Este proyecto agitado y utilizado para la campaña electoral del FDT/Unión por la Patria, no pasa de una enorme demagogia, ya que no tienen intención alguna de cumplirlo, aún si la ley fuera aprobada. Los objetivos que presentan, ya están vigentes a partir de los acuerdos en el Consejo Federal de Educación.
Defendemos la necesidad del incremento presupuestario arrancado a cada paso por la lucha, como cada conquista educativa que hemos obtenido, y convocamos a la comunidad educativa a redoblar la lucha en defensa de la educación pública.
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https://prensaobrera.com/politicas/al-final-massa-y-milei-eran-viejos-conocidos
