La planta de Mondelez en Pacheco —ubicada en Tigre y con una dotación de 2.300 trabajadores— anunció que detendrá su producción durante veintiún días en un contexto marcado por la recesión y la fuerte caída del consumo, profundizados por el programa económico del gobierno de Milei. La medida, inédita en la historia reciente de la multinacional, es la respuesta patronal al sobrestock generado por el derrumbe de las ventas, un impacto que las empresas descargan sobre los trabajadores.
Aunque la empresa intenta presentar la paralización como una “planificación operativa”, los propios delegados señalan que es la consecuencia directa de un consumo desplomado. Según Scentia, tras la caída del 13% en 2024, el consumo de la canasta básica apenas creció 2,4% este año, y rubros como galletitas y productos de desayuno apenas 1,6%. La empresa pactó con el STIA vacaciones adelantadas y licencias pagas para más de 1.300 trabajadores, aunque la incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de enero es total.
La caída del consumo es aún más profunda si se observa el conjunto del mercado interno. Con salarios por debajo de la canasta básica, inflación persistente y un costo de vida que sube mes a mes, el consumo masivo sigue por debajo incluso de 2024. En los autoservicios de todo el país, Scanntech registró en octubre una baja interanual del 2,3%, luego de un derrumbe del 7,8% en septiembre. La suba del 12,5% intermensual en octubre no compensa la pérdida previa y refleja apenas un rebote estadístico. En paralelo, cadenas de supermercados recortan personal, mayoristas lanzan ofertas desesperadas y alimenticias como Molinos y Arcor informan caídas de ventas del 10% y desplomes de facturación superiores al 22%. El deterioro del consumo no es un dato aislado: es la consecuencia directa del hundimiento salarial y del encarecimiento del costo de vida.
Esta situación forma parte de una tendencia más general. En diversos sectores se multiplica una oleada de despidos, suspensiones y cierres de plantas, mientras la recesión —profundizada por la caída del consumo y la apertura de importaciones— se utiliza como argumento para avanzar sobre los puestos de trabajo. Esta dinámica ya deja a miles de hogares en situación crítica y anticipa un escenario aún más grave.
La patronal asegura que no habrá suspensiones individuales, pero los trabajadores advierten que el verdadero test será marzo, cuando el plantel vuelva completo y el mercado siga paralizado. La experiencia de Georgalos, donde la patronal ya avanzó con 600 suspensiones, o Tía Maruca y otras alimenticias que iniciaron sus crisis con paradas “temporales” alimenta el temor de que esta maniobra derive en suspensiones o despidos. Lo que hoy se presenta como un reordenamiento interno es, en realidad, la señal de una crisis más profunda que se intenta descargar sobre la fuerza laboral.
Para los trabajadores, la situación no es sorpresiva: ya en mayo y septiembre los delegados advertían que seis de las siete categorías salariales estaban por debajo de la canasta básica y que la pérdida del poder adquisitivo estaba hundiendo tanto el consumo como al sector. Pero la burocracia sindical se dedica a firmar paritarias a la baja y rechaza cualquier deliberación para discutir cómo actuar. La situación actual refuta el argumento de las conducciones sindicales que justifican esa complicidad con el deterioro salarial avanzara como forma de evitar la pérdida de puestos de trabajo.
La paralización en Mondelez es otra expresión del rumbo económico del gobierno por el cual los salarios, el consumo, la producción y el empleo se hunden y los capitalistas descargan la crisis sobre los laburantes. La organización obrera independiente es una necesidad urgente para dar una respuesta.
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El gobierno de Javier Milei hizo circular, de la mano del secretario de Educación Carlos Torrendel, un primer borrador de su reforma educativa bajo el pomposo título de “Ley de Libertad Educativa”. El nombre, sin embargo, encubre una avanzada que pone en cuestión pilares elementales del derecho social a la educación y del sistema escolar público.
En una serie de videos difundidos en sus redes sociales, la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, docente, diputada electa por el FIT-U y referente histórica de las luchas educativas, desmonta punto por punto el verdadero contenido del borrador. Lejos de ampliar libertades, la propuesta equipara el financiamiento entre escuelas privadas y públicas, impulsando que el Estado destine aún más fondos a las escuelas privadas —incluso a las que cobran cuotas— equiparándolas en financiamiento con las escuelas públicas.
Pero la reforma va mucho más allá. El borrador habilita una proliferación de dispositivos paralelos —homeschooling, certificaciones privadas, formatos híbridos improvisados que desmantelan el concepto de educación básica obligatoria y la formación integral, científica y laica.
Del Plá alerta también sobre otro aspecto clave: la apertura para que cada institución defina contenidos de acuerdo a su “ideario”, algo que habilita desde la intromisión religiosa en las escuelas públicas hasta la injerencia directa de grandes patronales —como Techint— en la formación escolar. El resultado es una fragmentación educativa que abre paso al sometimiento ideológico dentro de la escuela, del hogar y al retroceso pedagógico más profundo en generaciones. El proyecto es, en definitiva, un ataque en regla a la escuela pública y un retroceso histórico que nos lleva dos siglos atrás.
Los videos completos aportan un análisis detallado y una denuncia categórica frente a este intento de disolver la educación pública argentina bajo el pretexto de “libertad”, sometiendo a las niñas, niños y jóvenes a formatos educativos fragmentados, arbitrarios y sin garantías de formación integral.
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La sesión preparatoria exhibió la fortaleza parlamentaria del gobierno y la complicidad de la oposición patronal. El FIT-U arruinó la fiesta con sus juramentos e impulsó la lucha en todos los terrenos.
Las organizaciones piqueteras convocan para este lunes 9 de diciembre a una jornada nacional de lucha unitaria, con acciones en todo el país, ante el ajuste feroz del gobierno y la ofensiva contra los derechos de los trabajadores ocupados y desocupados.
La convocatoria tiene como eje central la denuncia del ataque del gobierno contra millones de familias que dependen de programas sociales y políticas públicas que hoy están siendo desmanteladas. Frente a esta situación, el movimiento piquetero sale nuevamente a las calles para exigir:
Devolución inmediata de los alimentos a los comedores populares, hoy paralizados por la política criminal del gobierno que deja a miles de familias sin asistencia.
Trabajo genuino, basado en obra pública y construcción de viviendas populares que respondan a la emergencia habitacional.
Aumento y continuidad del Salario Social Complementario, que el gobierno amenaza con eliminar en abril.
Actualización automática de la AUH, frente al intento oficial de desacoplarla para recortar ingresos de las familias.
Bono de fin de año para quienes viven de programas sociales, para los trabajadores de la Economía Popular y para los trabajadores informales, los sectores más golpeados por la inflación y el ajuste.
Obras urgentes para los barrios populares, donde el abandono estatal se profundiza día a día.
La jornada nacional tendrá epicentro en las principales ciudades, con movilizaciones, cortes y actos que expresarán una vez más la organización independiente del movimiento piquetero frente al ataque del gobierno contra los derechos laborales y sociales.
En un país atravesado por la pobreza creciente, la recesión y la desocupación, el movimiento piquetero advierte que seguirá en las calles hasta conquistar todas estas reivindicaciones urgentes. En ese sentido, la jornada será también una denuncia contundente contra la reforma laboral de esclavitud que impulsa Milei, que pretende legalizar la superexplotación, eliminar derechos históricos y profundizar el régimen de flexibilización que reclaman las patronales.
El 9 de diciembre, en cada provincia, el movimiento piquetero vuelve a ponerse de pie para enfrentar el ajuste y defender las condiciones de vida de millones. La lucha es ahora.
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El nuevo Congreso: Milei primera minoría en Diputados, las juras rebeldes de la izquierda y los desafíos ante las reformas antiobreras
La sesión preparatoria exhibió la fortaleza parlamentaria del gobierno y la complicidad de la oposición patronal. El FIT-U arruinó la fiesta con sus juramentos e impulsó la lucha en todos los terrenos.
Jura de los diputados Romina Del Plá y Néstor Pitrola.
Con la presencia del propio Milei junto a su hermana Karina y el jefe de gabinete Manuel Adorni en los palcos, la sesión preparatoria de este 3 de diciembre, donde juraron 127 diputados ingresantes, estuvo marcada por un clima de festejo por parte del gobierno.
Habiendo obtenido un bloque de 80 diputados como resultado del voto popular, pasó a 95. Es un récord de borocotización en la política argentina. Es el resultado preliminar y provisional de las transacciones con los gobernadores entre otras maniobras con los fondos que le privan a las universidades, a la discapacidad, a la pediatría y sobre todo a los jubilados, en el futuro presupuesto. Así ratificaron Martín Menem como presidente del cuerpo con el apoyo del PRO, la UCR y los gobernadores; el reparto de las vicepresidencias le es favorable, con Cecilia Moreau por el kirchnerismo y Luis Petri por el oficialismo, y un tercer lugar aún en disputa entre el PRO y Provincias Unidas, a definir en la próxima sesión. Resta elegir las autoridades y la distribución de los diferentes bloques en las comisiones parlamentarias, y por el apoyo confeso de la mayoría de los bloques opositores al criterio propuesto por el oficialismo, todo se encamina a que sea la presidencia de Menem la que domine esa composición.
Los juramentos y las intervenciones del Frente de Izquierda-Unidad
El bloque político más determinado en arruinar la fiesta oficial en el Congreso fue el Frente de Izquierda-Unidad, ratificando en los hechos lo señalado en los balances tras las elecciones de octubre: las bancas del Frente de Izquierda-Unidad son una línea de resistencia frente a una elección marcada por el triunfo del chantaje de Trump y su avance imperialista, y también frente a la agenda antiobrera que el gobierno de Milei y el FMI buscarán imponer, con las denominadas “reformas estructurales” como primer objetivo.
Fue en este escenario que Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño y Myriam Bregman prestaron juramento como parlamentarios electos, y las fórmulas de la jura, lejos de respetar las formalidades, fueron gritos rebeldes que han recogido una importante simpatía en los lugares de trabajo y en las redes sociales.
“Por los derechos de los trabajadores, contra la reforma laboral, por los jubilados, contra la persecución a los que luchan, por la educación pública, gratuita, científica y laica, contra la reforma que pretende destruirla. Por los derechos de las mujeres, de las diversidades, contra los feminicidios y travesticidios. Por el derecho del pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar. Porque frente a esta barbarie, los trabajadores tenemos que gobernar, por el socialismo en Argentina y en el mundo, sí juro", juró Romina Del Plá, que a su vez denunció la censura por parte de la transmisión oficial, que no enfocó de frente el momento de su jura ni la de Nicolás Del Caño. “Se ve que no les gustó mi remera [con una sandía, símbolo de la lucha del pueblo palastino], y por eso no salgo en el video”, dijo Romina.
Cabe señalar que la censura tuvo una réplica más tarde, con un comunicado de la Daia que sostiene: “Expresamos nuestro más enérgico repudio a las declaraciones antisemitas de Romina Del Plá y Ariel Moreno, quienes pronunciaron en sus respectivos juramentos para la asunción de cargos públicos la frase ‘del río al mar’”.
Horas más tarde, Vanina Biasi, diputada del PO-FITU mandato cumplido, defensora de la causa Palestina y procesada por el lobby sionista, respondió: “Una vez más la Daia banaliza el antisemitismo y lo usa, no para combatirlo, como muestran su apoyo a Fargosi, un antisemita confeso, su apoyo a Rodolfo Barra, que incendiaba sinagogas, su silencio ante la integración de los Bonacci a LLA, fanático de Hitler, o su silencio ante la militancia oficialista de admiradores de Eichmann, como es el caso de Palazzo (por mencionar algunas complicidades), sino para evitar el posicionamiento y la crítica al Estado de Israel, un Estado genocida, supremacista y colonialista”.
“Por la derrota de la reforma laboral y de todo el paquete antiobrero y represivo de Milei y el FMI. Fuera Trump de Argentina y América Latina. Por el gobierno de los trabajadores. Por el fin del genocidio sionista y una Palestina libre en un mundo socialista”, juró Néstor Pitrola, que también tuvo que enfrentar las agresiones de Lila Lemoine, constantemente “ponchada” por la transmisión oficial, una vez más guionada por el criterio arbitrario y fascistizante del gobierno. Pitrola mando a callar a Lemoine con el dedo índice sobre su boca.
El nuevo escenario en Diputados
Una vez más, la fortaleza del gobierno de Milei en el Congreso tiene como una de sus principales explicaciones la complicidad de la falsa oposición. Más allá de su mayoría propia, el oficialismo podría contar además con el circunstancial apoyo de “Provincias Unidas” (con 22 escaños), el PRO+UCR y aliados (22), “Innovación Federal”, con diputados de Misiones y Salta (7), Independencia, del cambiante gobernador tucumano Osvaldo Jaldo (3), “Coherencia”, desprendimiento de LLA (3), “Elijo Catamarca”, desprendimiento del bloque peronista (3), “Producción y Trabajo”, de San Juan (2) “Defendamos Córdoba” (1), “La Neuquinidad” (1) y “Partido Justicialista”, del “Gato” Fernández, por San Luis.
El tono componedor y dialoguista de la segunda minoría, Unión por la Patria (93), fue obsceno y anticipa el rol que jugará como bloque político, más allá de expresiones aisladas de algunos legisladores que en sus juras hicieron referencia a CFK, o del sector de Grabois, que una vez más tendrá como objetivo contener desplazamientos hacia la izquierda. De todos modos, las intervenciones en el recinto del jefe de bloque Germán Martinez y de Cecilia Moreau, segunda vicepresidenta del cuerpo, refrendaron la claudicación política del peronismo ante Milei, que ahora ni en lo discursivo ensaya ademanes opositores al programa de fondo de Milei y las reformas que tienen en agenda, al margen de algunos señalamientos críticos que sostuvo Martínez en relación a los métodos de Menem y su presidencia. Una crisis política y una colaboración que se ha clarificado con la ruptura de los diputados peronistas de Catamarca, que ya habían jugado un rol clave en la aprobación de la Ley Bases durante 2024.
Los desafíos políticos que vienen
En el punto de la designación de autoridades, la intervención de Pitrola en el recinto fue tajante: “Desde el Partido Obrero en el bloque del Frente de Izquierda, queremos marcar los motivos por los cuales nos abstenemos en esta votación de autoridades. Porque rechazamos completamente la agenda antiobrera y colonial del presidente Milei. Es bueno que lo escuche, ya que está acá presente. Dentro de 48 horas se va a firmar el acuerdo más colonial de la historia argentina y cada miércoles, como hoy, se reprime a los jubilados. Y decirles que vamos a seguir luchando contra la impunidad, cuando han puesto de nuevo a un militar en actividad al frente del Ministerio de Defensa, hijo de un genocida. Son 30.000 los desaparecidos en la República Argentina. No formamos parte de la rosca con la que se han repartido las autoridades que ustedes están votando aquí”.
En diálogo con los medios presentes, Del Plá y Pitrola dejaron planteados los desafíos que vienen:
“Las bancas del Frente de Izquierda impulsarán la defensa incondicional de los derechos de los trabajadores, frente a las reformas reaccionarias que el gobierno de Milei y el FMI pretende imponer al pueblo argentino. En los sindicatos, en los lugares de estudio, en las calles y en el recinto impulsaremos la lucha para derribar todo este paquete”, sostuvo Del Plá.
Pitrola, por su parte, afirmó: “La tentativa del gobierno liberfacho, por orden del imperialismo yanqui, es avanzar con una reestructuración económica y social de características históricas contra los trabajadores. Así se ve en el Presupuesto 2026 que vamos a rechazar; en la reforma laboral que constituye un ataque directo a las conquistas históricas del movimiento obrero; en la reforma del Código Penal que busca ampliar el aparato represivo para limitar la protesta y las luchas populares; y en la reforma tributaria que de prosperar reforzará la carga del peso impositivo sobre trabajadores y consumidores mientras favorece a los grandes capitalistas”.
Juré como diputado por la derrota de la reforma laboral y de todo el paquete antiobrero y represivo de Milei y el FMI. Por el gobierno de los trabajadores. Fuera Trump de Argentina y América Latina. Por el fin del genocidio sionista y una Palestina libre en un mundo socialista. pic.twitter.com/5DKPUwahSN
Las reformas solo podrán ser derrotadas con una irrupción de los trabajadores. ¿Cómo hacerlo? Siguiendo el camino que marcó la lucha del Hospital Garrahan: discusión colectiva, asambleas, paro y movilización.
Por eso desde el Partido Obrero promovemos la organización independiente de la clase trabajadora para derrotar esta nueva ofensiva, que tiene como principal objetivo la reforma laboral. Ya lanzamos materiales de difusión, un folleto explicativo y un programa especial de Prensa Obrera, para debatir al interior del movimiento obrero sobre el alcance de la reforma esclavista. Ante el colaboracionismo de la CGT somos impulsores de la movilización contra la reforma laboral por paro activo y plan de lucha hasta la huelga general que convoca el Plenario del Sindicalismo Combativo, los Movimientos Piqueteros y de Jubilados en Lucha 19 y 20 de diciembre. Y ahora, el sábado 13 de diciembre, convocamos a asambleas partidarias abiertas en todo el país para dar un salto en la campaña para enfrentar la ofensiva de Milei y sus aliados.
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En la sesión de la Cámara de Diputados en que asumieron los legisladores electos, juraron los representantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Como expresaron cuando se les tomó juramento, con la asunción de estas bancas, el FIT-U reafirma su lucha contra los intentos de avanzar sobre los derechos laborales, sociales y democráticos de la clase trabajadora.
Las y los diputados asumieron dejando en claro que sus bancas estarán al servicio de las y los trabajadores, de la juventud y de todos los sectores populares que enfrentan las consecuencias del ajuste. Se trata de una intervención parlamentaria que no se limita al recinto: es una herramienta para fortalecer cada lucha y cada organización independiente del poder económico y político que intenta descargar la crisis sobre el pueblo.
"Por los derechos de los trabajadores, contra la reforma laboral, por los jubilados, contra la persecución a los que luchan, por la educación pública, gratuita, científica y laica, contra la reforma que pretende destruirla. Por los derechos de las mujeres, de las diversidades, contra los feminicidios y travesticidios. Por el derecho del pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar. Porque frente a esta barbarie, los trabajadores tenemos que gobernar, por el socialismo en Argentina y en el mundo, sí juro", sostuvo Romina Del Plá.
Además denunció: “El gobierno censuró mi jura en la transmisión oficial y Lemoine me atacó por pronunciarme contra el genocidio hacia el pueblo palestino. Se ve que no les gustó mi remera, y por eso no salgo en el video”. La diputada Lemoine se encontraba cerca del estrado abucheando durante el momento de la jura.
"Por la derrota de la reforma laboral y de todo el paquete antiobrero y represivo de Milei y el FMI. Fuera Trump de Argentina y América Latina. Por el gobierno de los trabajadores. Por el fin del genocidio sionista y una Palestina libre en un mundo socialista. Si juro." afirmó Néstor Pitrola.
Juré como diputado por la derrota de la reforma laboral y de todo el paquete antiobrero y represivo de Milei y el FMI. Por el gobierno de los trabajadores. Fuera Trump de Argentina y América Latina. Por el fin del genocidio sionista y una Palestina libre en un mundo socialista. pic.twitter.com/5DKPUwahSN
“Por nuestras jubiladas y jubilados, que enfrentan a este gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y de la salud y su valiente lucha. Por las niñas y niños masacrados en Gaza, y una Palestina libre, fuera Trump de Venezuela y de América Latina, por la clase trabajadora de Argentina y el mundo y por el socialismo, sí juro”, dijo Nicolás del Caño.
"Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras; por los 30 mil detenidos desaparecidos; contra el negacionismo ni un paso atrás; por la lucha antiimperialista, fuera yanquis de Venezuela y de América Latina; por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales; por el socialismo; contra el genocidio en Palestina, sí juro", aseveró Myriam Bregman.
En esta nueva etapa, el bloque del FIT-U tendrá por delante el desafío de enfrentar la reforma laboral, educativa y todas las medidas con las que el gobierno busca profundizar el ajuste. Desde las calles y desde el Congreso, sus bancas serán un punto de apoyo para la lucha y la organización contra este ataque a los derechos conquistados.
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La sesión preparatoria exhibió la fortaleza parlamentaria del gobierno y la complicidad de la oposición patronal. El FIT-U arruinó la fiesta con sus juramentos e impulsó la lucha en todos los terrenos.
El día jueves 20 de noviembre desapareció Xiomara Portillo, una adolescente de dieciséis años que vivía en la capital de Formosa. Su desaparición alertó rápidamente a la familia y amigos, quienes se convocaron en diversas ocasiones para manifestarse por su pronta aparición. La primera de ellas fue el domingo 23 en lo que se conoce como la Cruz del Norte, un espacio público de la ciudad, donde el caso logró tener mayor resonancia. Se replicó el lunes 24 frente al Departamento de Informaciones de la Policía, y finalmente la tercera manifestación fue llevada adelante el 25 de noviembre, el día de la lucha contra la violencia hacia la mujer, una fecha en la que todos los años el movimiento de mujeres sale a las calles en todo el país. La familia, tras ser invitada a participar, se hizo presente posicionándose delante de la columna para dar la centralidad que el caso merecía, con la consigna de “Xiomara ¡Aparición ya!”.
El día miércoles 26 en el transcurso de la mañana, surge la noticia del descubrimiento de un cuerpo femenino y violentado en descomposición, en un descampado de la ciudad, las alarmas se encienden esperando la identificación, pero las autoridades exigen 48 hs de espera para realizar todas las pruebas. Al día siguiente, se informa que el cuerpo es de la franja etaria de Xiomara, pero aún no se confirma la identificación de la persona, y la policía anuncia la continuación del proceso de búsqueda.
El jueves 27, frente a la conmoción del cuerpo hallado y la sensibilidad de la situación, desde el Plenario de Trabajadoras participamos de la movilización convocada por el Colectivo Transfeminista, que finalizó en el reloj municipal con una realización de la asamblea.
Los días transcurrieron con mucho dolor e incertidumbre, hasta que el primero de diciembre, se confirma que el cuerpo hallado pertenece a Xiomara. La información que se tiene del caso es que nunca se activó la Alerta Sofía, importante para la aceleración de la investigación. Además se detallan 11 allanamientos y la detención de dos personas, uno mayor de edad y otro menor, esto realizado posterior al descubrimiento del cuerpo. La sociedad se encuentra conmocionada por lo terrible de la realidad y las denuncias empiezan a aparecer.
Una cosa es certera, las mujeres y las pibas continuamos siendo desaparecidas y asesinadas. Pasan los años, pasan los gobiernos, y el Estado sigue siendo responsable, porque siguen manteniendo instituciones que no responden a nuestras demandas, porque vacían los presupuestos para tratar las problemáticas que nos competen, y porque no se aplican políticas que cambien estructuralmente la violencia en la que vivimos.
Ahora nos queda luchar. El miércoles 3 la familia realiza un homenaje para despedir a Xiomara, y el jueves 4 una concentración frente al Poder Judicial. Frente a este escenario, el movimiento de mujeres y diversidades debe tomar acción y dar la pelea para reclamar Justicia por Xiomara y juicio y castigo a los responsables.
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Como trabajadores y sindicalistas que nos reunimos por encima de toda frontera, nos unimos al Sindicato de Profesores y Empleados de la Universidad de Birzeit de la Palestina ocupada para denunciar el llamado "plan de paz" respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas [UN-SC 2803] como un nuevo proyecto colonial.
Durante más de dos años, Palestina se ha enfrentado a una guerra genocida implacable en todas las zonas geográficas de la Palestina histórica y más allá: asesinatos en masa, asedio y hambruna en Gaza; aceleración de la violencia de los colonos en Cisjordania y Jerusalén; encarcelamiento masivo de presos políticos; ataques a campos de refugiados en toda la región; y ataques sionistas en el Líbano, Siria, Irak, Irán, Yemen y Qatar.
La "autoridad de transición", la "fuerza internacional de estabilización" y el "programa de reformas" propuestos son instrumentos descarados para afianzar el colonialismo sionista, fragmentar al pueblo palestino y desarmar a la resistencia bajo el pretexto de la "paz".
Rechazamos toda forma de tutela internacional, mandato o custodia sobre Gaza y Palestina, y afirmamos el derecho del pueblo palestino a resistir la dominación colonial, a regresar a su tierra y a ejercer la plena autodeterminación en toda la Palestina histórica.
La lucha por una Palestina libre es una cuestión sindical fundamental. La guerra imperialista, el militarismo, la austeridad y el racismo están intensificando la explotación de la clase trabajadora, la represión sindical y el autoritarismo en todas partes. Los activistas son objeto de la legislación antiterrorista, se les prohíbe el acceso a los campus universitarios, se les amenaza con la deportación o se les criminaliza por participar en piquetes, acciones directas y bloqueos.
Rechazamos la falsa división entre luchas "económicas" y "políticas", y reconocemos que nuestra tarea no es solo hacer campaña, sino organizar acciones sindicales que respondan al llamamiento de los sindicatos palestinos para que se les brinde solidaridad material en su resistencia.
En todo el mundo, las huelgas y los bloqueos en apoyo a Palestina han demostrado que los trabajadores tienen el poder de bloquear la economía de la guerra y el genocidio: desde los puertos hasta los centros logísticos, pasando por las universidades, los hospitales, los ferrocarriles y los servicios públicos. Las huelgas en Italia, Grecia, España y otros países demuestran que los trabajadores organizados pueden interrumpir las cadenas de suministro del genocidio y desafiar el mismo sistema imperial que sostiene el proyecto sionista e impulsa la explotación y la represión de los trabajadores en todas partes.
Como insisten los trabajadores de la Universidad de Birzeit: el poder que no defiende los derechos no puede abolirlos.
La reunión de esta noche reúne a sindicalistas de Palestina, Italia, Grecia, España, Irlanda, Reino Unido, Egipto, Nigeria, Corea del Sur, Argentina, Australia, Noruega y otros países para profundizar en la coordinación.
Esta reunión reafirma:
Nuestro compromiso con la derrota del sionismo como proyecto racista y colonialista respaldado por las potencias imperiales y el capitalismo global.
Nuestra solidaridad con la lucha palestina por la liberación y la unidad de los refugiados, los presos, los trabajadores y los jóvenes de todas las geografías.
Nuestro rechazo al nuevo régimen de tutela sobre Gaza y al nuevo mandato sobre Palestina.
Nuestra convicción de que la clase obrera internacional tiene el poder de hacer frente al militarismo, al imperialismo y a sus sistemas globales de explotación.
Nos comprometemos a:
organizar acciones internacionales de los trabajadores para hacer frente al militarismo, el imperialismo y la represión, en solidaridad con la resistencia palestina;
apoyar campañas de boicot y desinversión contra las instituciones y empresas cómplices del genocidio;
promover un embargo popular, liderado por los trabajadores, económico, militar, logístico, académico y cultural, contra el Estado sionista y todas las instituciones cómplices del genocidio;
defender a los trabajadores y estudiantes que se enfrentan a represalias por su solidaridad con Palestina;
preparar nuevas acciones y huelgas internacionales coordinadas en los lugares de trabajo, como parte del movimiento internacional emergente para bloquear todo lo que alimenta el genocidio.
Hacemos un llamamiento a los sindicatos, las organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales de todo el mundo para que respalden esta declaración, intensifiquen la movilización y adopten medidas concretas para involucrar a sectores más amplios del movimiento obrero en esta lucha.
No a la tutela sobre Gaza. No a un nuevo mandato sobre Palestina.
¡Bloquear todo, en todas partes!
¡Viva la resistencia palestina!
¡Libertad para Palestina, desde el río hasta el mar!
Trabajadores universitarios y de institutos por Palestina (Reino Unido)
Sindicato de Profesores y Empleados de la Universidad de Birzeit (Palestina ocupada)
Si Cobas (Italia)
Jovenes Palestinos de Italia
AGD-UBA, Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Movimiento de Solidaridad con Egipto
Argyri Erotokritou, Junta Directiva del Sindicato Nacional de Médicos de Hospitales Públicos (Grecia)
Sujin Cho, miembro del cogobierno de Profesores en Solidaridad con los Palestinos (Corea del Sur)
Padraic Gibson, consejero nacional del Sindicato Nacional de Educación Terciaria (Australia)
Sindicato Andaluz de Trabajador*s (Andalucía, Estado Español)
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior ANDES-SN (Brasil)
Teachers and School Staff for Palestine (New South Wales, Australia)
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Por cuarta vez consecutiva, la gestión de Filosofía y Letras levanta la sesión del Consejo Directivo: se niegan a pronunciarse sobre el cierre de cátedras
¿Qué pasó en la última sesión del Consejo Directivo de Filosofía y Letras?
De Puño y Letra (La Izquierda al Frente, minoría estudiantil en la Junta)
Corresponsal.
El intento de cierre de la Cátedra C de Gramática por parte de la Junta de Letras le abrió una crisis a la gestión de Manetti y Morgade.
Sucede que la decisión de Letras Vuelve (agrupación ligada a la Vice Decana Morgade) de avanzar contra las condiciones laborales del colectivo de Gramática C y avasallar la libertad de Cátedra no cayó como un rayo en cielo sereno; ya van 4 sesiones del Consejo Directivo que la gestión se ve obligada a levantar para evitar quedar pegados a la votación del departamento de Letras.
En esta oportunidad el pasado martes 25/11 hubo una nueva movilización estudiantil al Consejo Directivo en defensa de las cátedras paralelas de Gramática C de Letras y Epistemología de Antropología. A pedido de la minoría estudiantil (sostenida por la Izquierda al Frente) se presentó una moción de orden para tratar, como primer punto, el cierre de Gramática C anunciado en la Junta Departamental de Letras hace unas semanas. La gestión votó en contra y dió inicio al tratamiento de las cuestiones rutinarias de la facultad. Frente a los reclamos de los estudiantes y docentes que movilizamos, las autoridades desoyeron cualquier tipo de discusión posible y, en lo que fue probablemente la sesión más fugaz del año -tan solo de 20 minutos-, las autoridades, y sus representaciones en el claustro de profesores y graduados, se levantaron de sus asientos y se fueron del recinto comandados por el decano, Ricardo Manetti.
Crónica de una sesión levantada
Es la cuarta vez consecutiva que la gestión se niega a tratar el reclamo estudiantil por la continuidad de Gramática C y Epistemología y decide levantar la sesión. La vicedecana Morgade se ve obligada a retirarse de la sesión para no hacerse cargo de que son responsables directos de este ataque ajustador. Deciden no enunciar desde su propia boca la justificación de ‘reorganización’ que hace la gestión de Letras únicamente para no quedar pegados. Hacen esto después de que el lunes 17 los estudiantes y docentes se movilizaron y tomaron el Departamento de Letras, haciendo recular a la gestión, donde firmó un acta compromiso para convocar a una mesa de diálogo entre las docentes de Gramática C, las otras dos cátedras, las representaciones gremiales y abierta a los estudiantes, para llegar a un acuerdo. El lunes 1/12 sería la fecha de la reunión.
El Colectivo nos lleva a la derrota
La mayoría estudiantil (ocupada por el Colectivo, Mella-Cámpora-Movimiento Evita) volvió a demostrar que son los empleados de Manetti y Morgade:. Solamente hablaron para solicitar que se traten primero sus propios proyectos presentados sobre tablas antes que lo de Gramática, para luego recular de forma demagógica, presionados por la movilización, y pedir que se trate antes el proyecto sobre el cierre de la cátedra.
La semana pasada el CEFyL emitió un comunicado en Instagram repudiando “los hechos de violencia” contra docentes y no docentes ocurridos durante la última Junta de Letras. Es decir, se pronunciaron contra la movilización estudiantil y se subieron al relato de la gestión de Letras. En ningún momento señalaron el intento de fraude de las autoridades de la carrera (como explicamos en esta nota, Insertar link) y, directamente, decidieron alinearse con ellas a tal punto de posicionarse por la conversión de la cátedra en un seminario, lo cual cambia totalmente sus condiciones laborales -con revalidación cada dos años, sin adscritos a cargo, una cursada con modalidad virtual y con menor matrícula estudiantil-. No hay ninguna voluntad por parte del Colectivo de defender la continuidad de Gramática C ni de dar la lucha por la existencia de las cátedras paralelas. Muy por el contrario, son los agentes de la gestión en el movimiento estudiantil.
Dos caminos
Gracias al Colectivo las autoridades en la sesión del Consejo Directivo pueden salvarse y evitar posicionarse sobre el cierre de la cátedra, actúan de conjunto, cada uno en su rol, para accionar según su conveniencia.
Mientras que con la organización estudiantil de los estudiantes de la carrera de Letras, el activismo y la izquierda logramos quebrar el intento de maniobras fraudulentas en la Junta: la gestión del departamento tuvo que firmar un acta de acuerdo y comprometerse a conceder una reunión a la cátedra para buscar una solución.
El camino para derrotar esta ofensiva contra Gramática C es el de la organización independiente a la gestión y el status quo funcional a Milei.
La lucha sigue: pongamos de pie una gran campaña de pronunciamientos
Cuatro sesiones levantadas y ninguna respuesta. La gestión vuelve a huir de los reclamos ante su política de ajuste y El Colectivo acompaña esa retirada con sus declaraciones. Sin dudas la movilización estudiantil está dando un golpe a la gestión kirchnerista y a su relato ‘’progresista’’. Se cae la máscara, porque mientras atacan discursivamente a Milei, aplican su ajuste y su lógica de reforma laboral puertas adentro de Puan 480. Los estudiantes vamos a seguir organizándonos y movilizándonos para defender la continuidad de nuestras materias y declarar nuestro rechazo a este ajuste, como puntapié para abrir curso a una pelea más general contra la reforma laboral y educativa del gobierno de Milei en la universidad pública.
Desde Puño y Letra proponemos iniciar una campaña de pronunciamientos a los docentes y personalidades de la facultad contra el cierre de la cátedra, e ir a todas las juntas departamentales y asambleas por carrera a llevar esta discusión y visibilizar esta lucha en todos los espacios.
El próximo martes 16 de diciembre, en la última sesión del Consejo Directivo del año, volveremos a movilizar para derrotar el cierre de Gramática C y el ataque a las docentes.
En PrensaObrera.com
encontrarás todos los días la cobertura de las grandes luchas del movimiento obrero, la mujer y la juventud, y el análisis de los principales hechos políticos nacionales e internacionales desde una mirada socialista.
Sumate este jueves 4 de septiembre a la primera reunión del Comité Editorial. Esta actividad se da en el marco de la campaña de la UJS contra el genocidio.
Expusieron como oradores Vanina Biasi, (dirigente del PO y legisladora porteña electa), Ismael Jalil (abogado y miembro del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino) y Abdallah El Tibi (residente palestino en Argentina).
La UJS-Partido Obrero pone su banca dentro de la minoría estudiantil al servicio de la defensa de la Universidad y de lxs estudiantes, para enfrentar el ajuste de Milei y la gestión de Filo.
En apenas seis semanas, los casos de tos convulsa (coqueluche) en la Argentina se duplicaron, alcanzando ya más de 600 confirmados en 19 provincias, frente a los 137 que se registraban a la misma altura del año pasado. Siete menores de dos años fallecieron, entre ellos tres recién nacidos. Todos los fallecidos que estaban en edad de vacunación no tenían ninguna dosis registrada, y en los bebés más pequeños no había registro de vacunación materna, una medida clave para protegerlos en los primeros meses de vida. La responsabilidad del gobierno es total, con su ajuste a la salud justificado con campañas antivacunas, que llevaron la inmunización a niveles alarmantes que favorecen rebrotes de enfermades.
El cuadro es crítico. El brote que comenzó en Tierra del Fuego se extendió rápidamente al centro y sur del país, con un salto de consultas en Córdoba, Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Mendoza y CABA. Del total de infecciones, el 40% corresponde a menores de 1 año, la población más vulnerable. La vacunación materna y el esquema infantil —que incluye tres dosis en el primer semestre de vida— son esenciales para evitar cuadros graves y muertes.
La expansión del brote recuerda a la situación de 2019, el último año previo a la pandemia, cuando se confirmaron 953 casos en casi todo el país. Como entonces, el factor determinante es la caída de las coberturas de vacunación, que están muy por debajo del 95% recomendado para frenar la circulación de enfermedades altamente contagiosas.
A este cuadro se suma ahora la alerta epidemiológica del Ministerio de Salud de Chile emitida por un caso de sarampión importado desde la Argentina. El sarampión es una enfermedad que estaba controlada en la región, pero cuya reaparición —como advierte la Organización Panamericana de la Salud— está directamente ligada a la pérdida de inmunidad colectiva por la caída de la vacunación. Según recopila la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) con los datos de 2024 la inmunización cayó por debajo de 50%, favoreciendo la transmisión.
Un gobierno que avala el negacionismo y ajusta la salud
Lejos de reforzar las campañas sanitarias y recuperar las coberturas, el gobierno nacional viene promoviendo un clima político funcional al avance de discursos anticientíficos y antivacunas. El caso más grotesco ocurrió hace pocos días, cuando la diputada del PRO Marilú Quiroz organizó un evento antivacunas en el Congreso, con paneles contra el calendario obligatorio, falsedades sobre autismo, y hasta la presentación de un supuesto “hombre imán” como “prueba” de los efectos de las vacunas. Todo un circo montado en el edificio legislativo mientras avanzan brotes prevenibles y mueren niños por falta de inmunización.
Esta operación política no es anecdótica: es el marco del ajuste en la salud pública. El ataque al calendario obligatorio y la promoción de la “libertad de no vacunarse” buscan justificar el recorte de fondos, la paralización de campañas, la reducción de personal y la desinversión en prevención y vigilancia epidemiológica. La desinformación se potencia sobre un sistema donde la producción de vacunas está concentrada en manos de monopolios farmacéuticos con lógicas de lucro, alimentando la desconfianza social.
Los rebrotes de coqueluche y sarampión son parte de un marco de reaparición de enfermedades que estaba controladas, mostrando que la vacunación es un mecanismo de salud pública a nivel social. Cuando cae la inmunización no solo se enferman quienes dejan de vacunarse, sino que favorece la transmisión de patógenos, especialmente en sectores de riesgo como bebés, inmunosuprimidos y vulnerables en general que dependen de la inmunidad comunitaria.
Los siete niños muertos por tos convulsa en lo que va del año son la expresión más dramática de una política criminal que desfinancia la salud y alienta discursos que ponen en riesgo a toda la población.
Enfrentar al gobierno y defender la salud pública
Es imprescindible terminar con el negacionismo, desmontar su trasfondo privatista y de ajuste, y poner en pie una campaña sanitaria masiva que recupere las coberturas de vacunación, refuerce la vigilancia epidemiológica y garantice el acceso universal a la salud.
Esto choca de frente con el presupuesto de ajuste del gobierno de Milei. Defender la salud pública requiere más recursos, más personal, campañas activas y producción pública de vacunas, no menos. En este contexto, el vaciamiento del Garrahan y el ataque sistemático a sus trabajadores se vuelven aún más criminales. Mientras el gobierno utiliza organismos clave para maniobras oscuras y favores empresariales, responde con ajuste, persecución y recorte a quienes sostienen la salud pública y se organizan para defenderla.
Frente a un gobierno que promueve la desinformación y recorta servicios esenciales, es necesario organizar una respuesta independiente de los trabajadores, las familias y las organizaciones sociales para enfrentar este rumbo y defender el derecho a la salud de toda la población.
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Cientos de trabajadores y jóvenes de todo el país debatiremos y nos organizaremos en asambleas abiertas para enfrentar la reforma laboral esclavista de Milei. El gobierno apuesta todo a su aprobación, presionado por la fragilidad económica y el temor a un nuevo clima de lucha popular. Tirar abajo la reforma es nuestra prioridad.
La reforma reúne al conjunto de la clase capitalista: desde las multinacionales petroleras y los ingenios azucareros hasta las ensambladoras de Tierra del Fuego y las pequeñas textiles del conurbano bonaerense. Todas reclaman la alineación de la oposición patronal y de la burocracia sindical. Los gobernadores tejen acuerdos, el peronismo arma su propia versión de la reforma y la CGT entrega de pies y manos, habilitando cierres y miles de despidos para infundir terror entre los trabajadores, mientras bombardean por todos los medios la idea de que la reforma sería “necesaria y beneficiosa”.
La reforma solo podrá derrotarse con una irrupción desde las bases obreras y populares. ¿Cómo lograrlo? Como lo hizo el Garrahan: debate, asamblea, paro y movilización. Necesitamos impulsar una gran campaña que denuncie cada punto de la reforma esclavista, impulsando la lucha desde las bases en los lugares de trabajo, estudio y en los barrios, al mismo tiempo que se exige a las direcciones gremiales que convoquen asambleas, plenarios de delegados y medidas de conjunto.
Desde el Partido Obrero impulsamos la organización independiente de la clase trabajadora quebrar esta reforma antiobrera. Informamos al movimiento obrero sobre la reforma con un folleto explicativo y un programa especial de Prensa Obrera, preparamos las primeras acciones callejeras con la jornada de lucha del 19 y 20 de diciembre y ahora convocamos asambleas abiertas en todo el país para dar un salto en la campaña contra la reforma esclavista.
Cronograma de asambleas del AMBA
Provincia de Buenos Aires
Zona Norte:
Malvinas Argentinas, Sábado 13, 18:00 con Gabriel Solano.
Zona Oeste
Merlo, Sábado 13, 12:00 con Romina Del Plá.
Morón, Sábado 13, 17:00 con Pablo Giachello y Nora Biaggio.
La Plata
Sábado 13, 17:00 con Franco Rapanelli.
Matanza
Sábado 13, 17:00 con Juan Romero.
Zona Sur
Lomas de Zamora, Sábado 13, 12:00 con Pablo Giachello.
Florencio Varela, Sábado 13, 16:00 con Emiliano Bonfiglio.
Avellaneda, Sábado 13, 17:00 con Romina Del Plá y Sebastián Rodríguez.
IPBA
Mar del Plata, Sábado 13, 10:00 con Alejandro Martínez.
Bahía Blanca, Sábado 13, 17:00 con Daniel Sierra.
Mercedes, Sábado 13, 17:00 con Juan Pablo Rodríguez.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
Bartolomé Mitre 2162, Jueves 11, 19:00 con Romina Del Plá y Gabriel Solano.
Carabobo 35 (Flores), Viernes 12, 18:00 con Gabriel Solano y Emilce Correa.
Piedras 1676 (Club Paraguayo), Sábado 13, 15:30 con Vanina Biasi y Alejandro Lipcovich.
Constitución 3519 (Boedo), Sábado 13, 18:00 con Néstor Pitrola y Emilce Correa.
Nicasio Oroño 1899, Sábado 13, 18:00 con Vanina Biasi y Gerardo Oroz.
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Será a partir de las 10 horas, habrá cortes y manifestación frente a Legislatura, se espera una fuerte movilización de sindicatos combativos y organizaciones piqueteras.
La Audiencia pública en el Congreso organizada por varias organizaciones de jubilados se convocó para denunciar el uso por parte del gobierno del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para sus necesidades de tapar la crisis económica, y de ninguna manera para sostener a los jubilados.
La convocatoria ya lo planteaba:
"El FGS está conformado por una gigantesca masa de dinero en forma de instrumentos financieros (Letras, Bonos, Acciones, etc.) que alcanzan una suma superior a los 60.000 millones de dólares. La inversión es propiedad de jubilados/as y trabajadores/as que fueron año a año depositando un ahorro para asegurar su futuro. Sin embargo, somos excluidos de su administración y control.
El gobierno de Milei no cumple con objetivos claramente establecidos por la legislación vigente cuando destina la totalidad del FGS a 'rolear' en la bicicleta financiera con el fin de mantener un supuesto déficit fiscal equilibrado y un dólar subvaluado en beneficio de los especuladores de los EE. UU."
En las intervenciones, Adela Hutin, de Jubilados de Encuentro de Asambleas detalló cómo el FGS está formado por "papelitos", que es lo que son los diferentes bonos que los gobiernos le encajaron a cambio del los dólares existentes y que advirtió que las acciones de 42 empresas implican una propiedad que pertenece a los jubilados. Monica Rela denunció cómo no existe información pública acerca de los movimientos en el FGS que deberían ser "públicos".
Alberto Berti, de Jubilados Portuarios, intervino defendiendo la pertenencia del Fondo a los jubilados y la necesidad de que se establezcan los mecanismos para evitar su vaciamiento gravemente implementado por el gobierno de Milei.
Hablaron diputados como Julia Strada (UP) reconociendo el valor de las movilizaciones de jubilados al punto de haber logrado que se quiten del DNU 70 y de la Ley de Bases los artículos que establecían la venta de las acciones que posee el FGS a las empresas (a precio vil). Reivindicó la propuesta kirchnerista de control de las empresas estatales, incluyendo en eso al FGS, por parte de funcionarios, a diferencia de lo que plantearon otros participantes en el debate, como Néstor Pitrola, de que tiene que ser controlado por jubilados y trabajadores electos.
La intervenciones de integrantes de las agrupaciones de jubilados como Marta Rosendo y Hugo Gambina de la Mesa de Jubilados y Pensionados abundaron en detalles acerca de las maniobras de uso ilegal, en sostenimiento de las necesidades del gobierno del Fondo.
La intervención de Néstor Pitrola, diputado electo del Partido Obrero en el FIT-U colocó la cuestión del vaciamiento de FGS en una política llevada adelante por todos los gobiernos, desde su creación con las estatización de las AFJP hasta la fecha. Involucró tanto al kirchnerismo como a Macri y señaló la brutal maniobra de pesificación de los bonos en abril del 2023 por parte de Massa para intervenir con la corrida cambiaria y la fuga de capitales con los fondos de los jubilados.
Nora Biaggio del PTJ se dirigió a los sindicalistas presentes (portuarios, subte, Ctera) planteado que el FGS, las leyes conquistadas y las jubilaciones se defienden con un paro nacional y un plan de lucha de todo el movimiento obrero. Esa es la verdadera unidad, porque los jubilados no pueden derrotar a Trump y a Milei solos.
Se invitó a participar en la marcha del 19 de diciembre convocada por el sindicalismo combativo.
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Por el Día de la Soberanía, los jubilados de los miércoles marcharán junto a organizaciones piqueteras, trabajadores en lucha y la izquierda en repudio a la entrega del país al imperialismo. A partir de las 16:00 horas.
El caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue escalando y continúa exponiendo una trama cada vez más extensa que involucra empresarios, funcionarios, organismos de control y áreas sensibles del Estado, evidenciando que el robo a pacientes con discapacidad era una verdadera política del gobierno de Milei. En las últimas horas se conocieron dos hechos que agravan el cuadro: la maniobra para evitar la incautación del celular de Sergio Mastropietro —empresario clave en la red comandada por Miguel Ángel Calvete— y la intervención de un funcionario de la Oficina Anticorrupción como virtual abogado del jefe paraestatal del organismo en pleno allanamiento.
¿Posta que el abogado de Calvete, que manejaba las coimas de la Agencia de Discapacidad, es funcionario de la Oficina Anticorrupción? Los libertarios son ladrones profesionales.
Sergio Mastropietro, empresario aeronáutico señalado por el fiscal Franco Picardi como pieza central en el circuito de lavado del dinero desviado de la Andis, regresó al país el 15 de noviembre procedente de Estados Unidos. A pesar de que había una orden judicial para incautar su teléfono, pasó Migraciones sin que esta se ejecutara. Incluso su plan de vuelo había sido modificado a último momento, con una parada inesperada en Tucumán y una misteriosa llamada desde esa provincia.
Cuando el juzgado consultó por la requisa, Migraciones informó que “no se había concretado”. Recién entonces salieron a buscar al empresario, que ya había abandonado la terminal. Según la versión oficial, Mastropietro “aceptó volver” y declaró que había perdido el celular dentro del aeropuerto. Sin embargo, los registros técnicos indican que la última señal del aparato fue en las inmediaciones de la Floralis Genérica, lejos de Aeroparque.
Ahora se evalúa abrir una causa específica para determinar responsabilidades administrativas y penales en Migraciones y la PSA. La maniobra favoreció a un hombre al que el fiscal vincula directamente con las retornos ilícitos desde firmas proveedoras, como Profarma S.A., hacia empresas asociadas a Calvete a través de Baires Fly S.A.
Un abogado de la Oficina Anticorrupción en el corazón del búnker
El otro dato explosivo salió a la luz tras los allanamientos del 9 de octubre en la casa de Defensa al 1400, donde operaba Miguel Ángel Calvete, sindicado como jefe de la asociación ilícita dentro de la Andis. En la cocina del búnker los investigadores encontraron un papel con instrucciones claras para manejar emergencias judiciales: qué decir, a quién llamar y —lo más llamativo— dos números de abogados de confianza.
Uno de ellos era el Dr. Camilo Cordero Fabbri, funcionario activo de la Oficina Anticorrupción, coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias, es decir, la persona que recibe y clasifica las denuncias por irregularidades en el Estado.
Durante el operativo, quien recibió a los policías respetó al pie de la letra las instrucciones del papel: Cordero Fabbri apareció en la escena, preguntó “qué estaba pasando” y luego se retiró. No se presentó como abogado en esa causa —está inhibido de intervenir en procesos de corrupción— pero sí defiende a Calvete en su condena por explotación sexual.
El funcionario integra además el llamado “círculo Tuco”, listado hallado en los cuadernos del propio Calvete con nombres de contactos estratégicos. Su declaración jurada, que incluye 18 armas de fuego registradas, alimenta aún más las preguntas sobre su rol. La OA y el Ministerio de Justicia evitaron pronunciarse.
El caso Andis involucra a exfuncionarios del organismo, directivos de empresas proveedoras, figuras políticas y familiares directos del principal acusado. La hija de Calvete, Ornella, renunció a su cargo en el Ministerio de Economía tras revelarse que en su casa se secuestraron 700 mil dólares durante los allanamientos. Su pareja también dejó su puesto en el gobierno.
Mientras tanto, siguen apareciendo vínculos societarios y visitas personales entre Mastropietro, Calvete y el exdirector de la Andis Diego Spagnuolo, todos parte de una red que manejó millones de pesos en contrataciones direccionadas de insumos médicos y medicamentos.
Ajuste, impunidad y negocios privados con fondos públicos
El escándalo en la Andis es la exposición brutal de cómo el ajuste convive con el saqueo de recursos destinados a los sectores más vulnerables. Mientras miles de personas con discapacidad ven recortadas prestaciones, servicios cortados o demoras interminables, un grupo reducido de funcionarios y empresarios organizó una verdadera estructura paraestatal dentro del organismo para enriquecerse.
La responsabilidad política escala a los organismos de control, a Migraciones, a la PSA, al Ministerio de Seguridad y al propio Ministerio de Justicia, que mantiene en funciones a un hombre que asistió personalmente al principal acusado en un allanamiento.
La causa sigue avanzando con indagatorias programadas hasta diciembre, pero cada nueva revelación confirma que estamos ante un régimen de corrupción sistémica y de complicidades que atraviesan al Estado. Es por eso que este miércoles 3 de diciembre tenemos que acompañar la lucha de los prestadores y familiares de personas con discapacidad que se movilizarán al Congreso junto con los jubilados.
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La cámara de diputados mendocina dio media sanción a tres leyes: la aprobación del Proyecto San Jorge (PSJ) en Uspallata, la ampliación de Malargüe Distrito Minero Occidental y la creación de un fondo para “compensar los desastres ambientales”. Este paquete otorga “seguridad jurídica” a las empresas extractivistas, ya promovidas por el RIGI, régimen de incentivo a inversiones superiores a los 200 millones de dólares, surgido del gobierno libertario nacional.
Proyecto San Jorge
Este proyecto se ubica a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza, en las nacientes del Río Mendoza. En el 2010 había sido rechazado por la comunidad en una gran audiencia pública donde el 70% de los participantes votó en contra. Y finalmente, en agosto de 2011, mediante votación unánime, la Legislatura rechazó la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge, previamente aprobada por el Ejecutivo provincial, cancelando de este modo la explotación del proyecto minero.
No obstante, el año pasado la empresa se reformuló con nuevos inversores y comenzó nuevamente el procedimiento institucional requerido por las leyes de impacto ambiental. La empresa presentó un IIA (Informe de impacto ambiental) remozado, con datos del anterior proyecto, que fue cuestionado por los técnicos del Conicet Mendoza, por la Asamblea de Uspallata y por las asambleas por el agua. Pero el trámite siguió su curso realizándose la Audiencia Pública oficial en octubre pasado en un predio propiedad de la minera en el sitio a explotar. Simultáneamente, el pueblo de Uspallata expresó su rechazo concurriendo a una audiencia paralela multitudinaria en la propia localidad.
Unos meses antes, en febrero de este año el gobierno comenzó a intimidar y a criminalizar la protesta. Esta política tuvo su punto culminante con la privación de libertad de Federico Soria y Mauricio Cornejo, referentes de la lucha ambiental y autores del Proyecto Área Natural Protegida Uspallata, alternativo al proyecto de megaminería, que tiene en cuenta la protección de la naturaleza y las necesidades sociales y productivas de la población. En unos días ambos fueron liberados gracias a la movilización de los mendocinos y la campaña nacional.
A posteriori, en el mes de agosto de este año luego de la audiencia pública oficial no vinculante, el Ejecutivo otorgó la DIA para el nuevo proyecto PSJ Cobre Mendocino y fue enviado a la Legislatura para su sanción definitiva. Así es que, el 26 de este mes, con el voto favorable de casi todos los diputados, se otorgó media sanción y se remitió al Senado, donde sería aprobada en la sesión del 9 de diciembre.
Las objeciones del Conicet Mendoza y su censura
El Conicet Mendoza realizó un análisis crítico del IIA presentado por la empresa que fue posteriormente censurado por el gobierno. Enumeramos y resumimos algunas de las objeciones:
El impacto sobre el recurso hídrico toma valores de caudal del Rio Tigre de otra época, previa a la sequía que afecta a la zona desde 2010. La solicitud de caudal pedido por la empresa supera el caudal del arroyo durante gran parte del año; cabe aclarar que El Tigre es la única fuente de agua prevista por la empresa. Por otra parte, la modelación y riesgo de contaminación de agua subterránea tienen errores en particular sobre las infiltraciones posibles del depósito de colas. No está aprobada la desconexión entre las cuencas de Yalguaraz y Uspallata; y existe un potencial riesgo de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del río Mendoza.
El impacto sobre el suelo minimiza el DAM (drenaje ácido minero). Utiliza en su mayor parte datos de un informe previo del año 2006 y realiza solamente cuatro muestras de suelo, insuficientes para evaluar este indicador.
Con respecto al impacto sobre la biodiversidad, se carece de acciones concretas para la protección, restauración de la flora, y la gestión de las vegas. La fauna está mal caracterizada y los monitoreos propuestos son poco específicos.
El impacto socioeconómico y patrimonial está subestimado. Los datos de estructura y dinámica de la población en términos cuantitativos están desactualizados (datan de más de 15 años) y restringidos a la localidad de Uspallata, lo cual es limitado por la ubicación del proyecto próximo al corredor binacional. Tampoco hay datos fundados sobre la incidencia del emprendimiento en las condiciones generales de vida de la población, en términos de disponibilidad de vivienda y habitabilidad, la provisión eléctrica, el aumento de flujo vehicular, impactos en la salud y otros asociados a problemas sociales que se desprenden del desbalance de población masculina.
La explotación minera afectaría de manera directa bienes arqueológicos no renovables. El valle de Uspallata posee una historia que se remonta a unos 8.000 años y concentra un patrimonio arqueológico e histórico excepcional. El tramo del Camino del Inca y la Ciénaga de Yalguaraz fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2014 como Itinerario Cultural Transnacional. Los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias Huarpe. La afectación de sitios ancestrales vulnera sus derechos colectivos y su vínculo histórico con el territorio, y contraviene principios como la consulta previa, libre e informada.
En síntesis, el análisis de los especialistas dice "la empresa no respondió a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados, tales como el Dictamen Técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (Func); el informe sectorial del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza), el del Departamento General de Irrigación (DGI), o el Informe de la Facultad de Ciencias Médicas (solicitado por el Rectorado de la Uncuyo sobre riesgos de la salud), por citar algunos".
La ley nacional de presupuestos mínimos de protección de glaciares
En este momento hay un interés del gobierno nacional de modificar la Ley 26.639, que impide la actividad minera en área de glaciares, y transferir a las provincias la caracterización y el inventario de glaciares. Dado que la constitución nacional ordena realizar las leyes de presupuestos mínimos, no quedaría a criterio de las provincias disminuir las exigencias ambientales de este tipo de leyes. Por esta razón la Cámara Minera solicita seguridad jurídica. Es decir, el sector minero requiere además de la aprobación de la DIA por parte de la provincia, la modificación de la ley por parte del Congreso Nacional, donde estaría próxima a tratarse.
Cabe aclarar que estos cuerpos de agua son vulnerables debido no solo al uso de las aguas y su contaminación, sino también a las explosiones realizadas permanentemente en la excavación a cielo abierto. El polvo (material particulado) y su dispersión por el viento luego precipita y quita la capacidad de los glaciares de reflejar los rayos solares, aumentando su derretimiento.
Conclusiones y plan de lucha
La gestión del agua superficial y subterránea debe estar subordinada a comités integrados por las comunidades que habitan las cuencas involucradas, teniendo en cuenta las actividades productivas y culturales necesarias para preservar su calidad de vida.
Apoyamos las luchas de las asambleas comunitarias y defensoras del agua de Mendoza que están en alerta y convocan para el próximo lunes a concurrir a la puerta de la Legislatura.
El día 4 de diciembre se harán actividades en todo el país para expresar la oposición a la modificación a la Ley de Glaciares, organizadas desde la Campaña por la preservación de la Ley de Glaciares.
No a la minera San Jorge, sí al Área Protegida Uspallata Polvaredas.
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Después de un largo cuarto intermedio y durante la noche del miércoles 26, la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y a la Ley Fiscal. Más tarde el Senado votó ambas leyes, sancionándolas en la Legislatura. Afuera quedó por ahora la toma de nueva deuda, a pedido de Kicillof que postergó su tratamiento porque la "ley de financiamiento" requiere los dos tercios de los votos para su aprobación.
Los "tiempos muertos" de la sesión en Diputados estuvieron destinados a las negociaciones del gobierno provincial con la Cámpora y la oposición derechista en una repartija que incluye puestos en el directorio de Banco Provincia, cargos en la Corte y otras prebendas. Kicillof no pudo rematar la Ley de endeudamiento - "financiamiento"- por 3035 millones de dólares que se pateó para el viernes 28.
Estos tres mil millones de dólares son el corazón del paquete para afrontar los vencimientos de la deuda externa bonaerense "restructurada". La indefinición en torno a esta votación clave se explica por la disputa de rapiña y los desacuerdos entre el Ejecutivo y los intendentes -la mayoría peronistas- sobre el control y reparto de los fondos destinados a los municipios. La toma de deuda la pagarán los trabajadores bonaerenses con un mayor ajuste salarial, en salud y educación, mientras la ley fiscal congela el impuesto inmobiliario a las grandes patronales agrarias e industriales. El gobernador Kicillof insiste con que el fondo para los municipios esté atado al endeudamiento que retrotrae la magnitud de la deuda externa de la provincia de Buenos Aires al nivel dejado por María Eugenia Vidal. Los intendentes, por su parte, exigen que esos fondos o parte de estos estén garantizados más allá de los vaivenes del endeudamiento.
El "alboroto" que pronostica el diario Clarín por el impuesto del 9% a los bancos que compren títulos públicos es de por sí muy limitado. El mismo diario aclara que este impuesto -al que define como quirúrgico- no alcanza a las obligaciones negociables de las compañías que salgan al mercado en busca de financiamiento y "solo aplica a los papeles que emita el Tesoro, el Ministerio de Economía, el BCRA, la Anses u otro organismo nacional". En el Senado se destacó el "Fondo de Recupero" de las deudas que Milei mantiene con la provincia. La "viabilidad" de este recupero está puesta en el accionar judicial, es decir que es puro palabrerío para encubrir un presupuesto de ajuste.
Marcha y acto
Durante el acto de cierre de la masiva manifestación hicieron uso de la palabra, y enviaron su adhesión, compañeras y compañeros de las seccionales de Suteba Multicolor de Tigre y de Marcos Paz, trabajadores de distintos sectores estatales, los partidos que integran el FIT Unidad, la OST, agrupaciones docentes, entre estas La Raíz, y las y los diputados provinciales del Frente de Izquierda Unidad. Pablo Giachello (diputado electo por el Partido Obrero ) destacó el mérito de esta movilización que "rechaza el chantaje de Kicillof y cuestiona la orientación social capitalista y patronal del presupuesto del gobernador".
La marcha a la Legislatura convocada conjuntamente por la izquierda y la Multicolor docente se transformó en un canal de movilización, sobre todo para la docencia bonaerense, contra las paritarias condicionadas a la toma de deuda. Los oradores del acto frente a la Legislativa reclamaron un urgente aumento salarial que cubra el costo de la canasta familiar y rechazaron la extorsión del gobierno provincial y de las burocracias sindicales de la CGT y las CTAs que se hacen eco del endeudamiento. Más de 500 docentes respondieron al llamado de las Multicolores de La Plata y Ensenada. La movilización y las crisis que rodearon al tratamiento del paquete borraron a las burocracias de la escena, que prometían movilizarse en apoyo al "financiamiento". Los 3065 millones de dólares de nueva deuda equivalen al 30% del total de la deuda externa actual.
Esta marcha de unidad de la izquierda y el sindicalismo combativo fue también un fuerte pronunciamiento político de apoyo a los trabajadores autoconvocados del Astillero Río Santiago (ARS) que se encuentran en conflicto y retención de tareas dentro de la fábrica mientras crece el descontento contra la burocracia de ATE Ensenada, que mejicaneó en beneficio propio una cantidad de recategorizaciones distribuyéndola de manera discrecional entre los suyos. El Presupuesto 2026 no contempla la reactivación de ARS -señal de que las construcciones navales seguirán siendo desviadas a los astilleros privados- y apenas cubre el pago de los devaluados salarios de sus trabajadores. El congresal de Suteba y militante de Tribuna Docente, Daniel Rapanelli, denunció la campaña derechista para cerrar o privatizar el Astillero, y el vaciamiento y asfixia salarial de Kicillof.
El chantaje a los salarios y al pago del aguinaldo extrema el colaboracionismo de las direcciones sindicales. Fuera la burocracia sindical que paraliza los sindicatos y boicotea la lucha de los trabajadores por salario y condiciones de trabajo. Las reformas laboral y educativa reaccionarias que impulsa el gobierno de Milei, como así también el ajuste que está llevando Kicillof en la provincia de Buenos Aires pone a la orden del día la lucha por la recuperación de los sindicatos, para que dejen de ser escribanías de los gobiernos y se pongan de pie contra esta ofensiva antiobrera de características históricas.
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Vamos a analizar la experiencia de Bolivia y de Chile, dos países muy cercanos a Argentina donde hubo elecciones recientes. En Bolivia ganó la derecha, asumió un presidente de derecha y el partido histórico de lo que puede llamarse el "progresismo" -el nacionalismo burgués utilizaríamos nosotros como concepto más científico- que es el MAS, ha sufrido una derrota muy fuerte, categórica. Directamente se dividió el MÁS, Evo Morales no se presentó a elecciones y la lista que patrocinaba el gobierno anterior del MÄS, sacó una cifra realmente marginal. El triunfo de la derecha ha tenido un impacto importante en América Latina indudablemente, esto en un cuadro donde además hay una fuerte presión de Estados Unidos por alinear a todos los gobiernos de la región detrás de una política imperialista que busca, por un lado, combatir la influencia de China pero hacer nuevamente de América Latina el patio trasero de Estados Unidos. Y Bolivia en este punto ha sido un triunfo de la oligarquía de derecha y un triunfo también de la presión norteamericana.
Más recientemente hubo elecciones en Chile. Y si bien todavía acá tenemos por delante la segunda vuelta, a diferencia de Bolivia donde ya la derecha ganó, en el caso de Chile todavía eso no sucedió, pero el resultado de la primera vuelta arrojó para la derecha un triunfo político. Si bien quien salió primera en la elección es la candidata del Partido Comunista, que representa la continuidad del actual oficialismo, el triunfo que tuvo fue por muy poco margen, solamente dos puntos sobre el candidato de derecha que entra al balotaje; de acuerdo al resultado general de la elección, todo hace prever que la derecha va a ganar las elecciones de Chile y que lo puede hacer por un amplio margen.
Acá uno tiene que acá hacerse también una pregunta ¿qué es lo que ha sucedido en el caso de Bolivia y qué es lo que ha sucedido en el caso de Chile para que dos experiencias que se reclamaban a sí mismas de izquierda, que se reclamaban a sí misma progresistas, terminen en fracasos políticos y que allanen estos fracasos políticos la llegada al gobierno de la derecha, el sector más reaccionaria, porque en el caso de Chile ya no se trata de la derecha que gobernó antes que el actual presidente Boric, que era el gobierno de Piñera, una especie de Macri chileno, sino que quien está ahora en el balotaje con amplísima posibilidad de convertirse en nuevo presidente es alguien que uno puede asimilar más a Javier Milei, es decir, un tipo de la ultraderecha?
Lo que tienen en común estos procesos en Bolivia y en Chile es una amplia desilusión de los pueblos con las experiencias que se han realizado porque, tanto en el caso boliviano como en el caso chileno, estas fuerzas políticas de izquierda, progresistas (cuando digo de izquierda no hablo de una izquierda que defiende al socialismo, sino de izquierda con planteamientos capitalistas) llegan al gobierno como resultado de rebeliones populares muy fuertes en sus países. Esto ocurrió en el caso chileno, y también ocurrió en el caso boliviano. Y esas rebeliones populares eran motivadas por aspiraciones muy fuertes de los pueblos. La aspiración en algunos casos de la tierra, en otros casos del trabajo, de terminar con las jubilaciones privadas, de la privatización del sistema educativo, de la privatización del sistema sanitario; cuestiones que son fundamentales de estos pueblos que fueron el origen de las rebeliones y que consideraban que a través de los gobiernos que ganaban las elecciones embanderados con esos reclamos, las rebeliones iban a poder lograr finalmente esas aspiraciones populares tan importantes. Y en general lo que sucedió -en el caso chileno una experiencia mucho más corta, mucho más breve, más acelerada- es que finalmente no hubo una transformación de esos países, no hubo una transformación de las economías de esos países, siguieron primando los monopolios capitalistas, siguió primando la presión del imperialismo -a diferencia quizás del pasado no solo el imperialismo norteamericano, también una influencia de China muy importante- pero para los pueblos la resultante fue que continúa el atraso, continúa la miseria, continúan todo tipo de postergaciones, y eso terminó allanando en un contexto internacional de crecimiento de la derecha la posibilidad de una reversión de tendencia en países importantes. No ha pasado por el momento lo mismo en Brasil, hay elecciones el año que viene, todavía el tema está abierto, pero sí hubo un triunfo de la derecha hace poco tiempo en Ecuador. Pero llamativamente, eso también hay que decirlo, en el caso ecuatoriano, la derecha que llega al gobierno se envalentonó, convocó a un plebiscito sobre temas importantes -uno de ellos era nada más y nada menos que la vuelta de las bases militares norteamericanas a Ecuador- y el pueblo votó en contra. Es decir que allí donde la derecha llega al gobierno no es que fácilmente domina la situación, sino que incluso tiene una derrota importante; en el caso ecuatoriano muy fuerte, nada más y nada menos que con las bases militares. En el caso argentino uno puede decir "bueno, Javier Milei ganó las elecciones intermedias", pero también agreguemos acá que gana las elecciones, pero como resultado de un intervencionismo norteamericano muy fuerte, y de dos salvatajes: primero del Fondo Monetario en el mes de marzo, abril de este año y luego del Tesoro norteamericano para poder revertir una tendencia que en si es muy fuerte para la experiencia Argentina y que todavía está abierta.
Acá queremos concentrarnos especialmente en este debate sobre la estrategia de la izquierda. Porque las experiencias de Bolivia y Chile muestran los límites insuperables de una izquierda capitalista, cuya estrategia es la conciliación de clases y que solamente llegan al gobierno para tratar de pilotear rebeliones populares y llevarlas al fracaso. Producen desilusiones muy fuertes en los pueblos y la desilusión es una categoría política también. Hay un texto muy interesante de Trotsky, que se puede consultar, que se llama "Tesis sobre revolución y contrarrevolución", es un texto muy breve y él lo aplicaba para la experiencia soviética, pero a su modo sirve para una experiencia como la chilena o como la boliviana, y él decía que los pueblos, cuando producen rebeliones populares tan fuertes, tienen la aspiración de concretar los reclamos por los cuales luchan y, en tanto eso no suceda, se produce una reversión de tendencias. A su modo pasó también en la experiencia soviética, pero en los casos de Chile y Bolivia esto fue muy pronunciado.
Entonces esa estrategia de la izquierda de colaboración de clase concluye en fracasos. Y para nosotros esto es importante porque nosotros no somos solamente una fuerza de izquierda en Argentina, sino que tenemos una incidencia internacional sobre el desarrollo de la lucha de clases y sobre la necesidad de que América Latina toda pueda evolucionar con planteamientos socialistas y de izquierda, por eso tenemos que sacar un balance de esta situación.
Si uno va a la experiencia argentina, a la luz de la experiencia boliviana y chilena, siempre hemos valorado muchísimo al Frente de Izquierda de Argentina y ¿por qué hemos valorado al Frente de Izquierda en Argentina? porque vimos que a diferencia de lo que pasaba en el resto de América Latina, el Frente de Izquierda en Argentina tiene un programa claro de independencia de clase que plantea como estrategia el gobierno a los trabajadores y eso no solo no lo tenía el gobierno de Evo Morales en Bolivia o de otras experiencias del MAS con Arce, ni el gobierno chileno de Boric, pero tampoco otras fuerzas políticas menores que de una u otra manera terminaban siendo tributarias de los gobiernos nacionalistas burgueses que se reclaman de izquierda. Entonces al carecer de una estrategia política independiente, se en estos grupos se transformaban solamente en un factor de presión de los gobiernos nacionalistas y trataban de incorporarse de una u otra manera a ellos. También desde una aspiración muchas veces de carrerismo electoral de tratar de meter parlamentarios, de tratar de conseguir puestos en el Estado. Es una izquierda, por tanto, que se asimila al régimen político.
En cambio, el Frente de Izquierda en Argentina tiene una estrategia distinta. Por este motivo hemos polemizado muchísimas veces contra la izquierda latinoamericana y también hemos sufrido críticas de muchos sectores en Argentina que nos decían lo siguiente: si ustedes quieren llegar al gobierno hagan lo de Lula en Brasil, hagan lo de Evo Morales en Bolivia, hagan lo de Boric en Chile. A la luz de la experiencia, creo que estas experiencias no han sido fructíferas y por lo tanto podemos valorar al Frente de Izquierda como una estrategia de construcción mucho más sólida.
A la luz de esto, también, significa que el Frente de Izquierda tiene que progresar, porque nosotros no consideramos que el Frente de Izquierda, en su etapa actual, reúne la fuerza necesaria para llevar adelante una transformación general de Argentina. Somos todavía dentro del Frente de Izquierda el conjunto de los partidos que lo integran, partidos relativamente pequeños que podemos tener en un caso mejor resultado electoral, en otro caso distintos, hay coyunturas que pueden determinar alzas y bajas, pero más allá de eso, la gran tarea que tienen el Frente de Izquierda en tanto coalición política y los partidos que lo integran es conquistar a una mayoría de la clase obrera, de la juventud, es conquistar a la mayoría de los explotados, para poder llevar adelante la transformación revolucionaria de la Argentina. Esa es la gran tarea.
Y el Partido Obrero, en función de esta estrategia, ha propuesto en diferentes momentos la necesidad de hacer un congreso del Frente de Izquierda, de impulsar por lo tanto iniciativas de lucha y de agrupamiento político que vayan más allá del calendario electoral. ¿Por qué esto es importante? Porque uno puede tener un programa que plantee independencia de clase, que plantee la lucha de clases, que plantee el gobierno de los trabajadores. Pero en tanto el Frente de izquierda como tal se limita a una intervención meramente electoral, hay una distorsión entre los objetivos programáticos que se proclaman y los métodos que se utilizan, porque no vamos a llegar a un gobierno de trabajadores en Argentina mediante el proceso electoral. Entonces es necesario no solamente tener una intervención electoral, que es importante, pero por sobre todas las cosas, si uno tiene un bloque político que se gane a la mayoría de los explotados, una intervención permanente, sistemática, de agrupamiento político de una vanguardia con ideas socialistas detrás del Frente de Izquierda. Y nuestras propuestas, que insisto lo hicimos en varias oportunidades -que no lo estamos haciendo exactamente ahora, pero está vigente porque para nosotros esa tarea tiene que llevarse adelante- no han sido acompañadas por los partidos del Frente de Izquierda.
Esto es importante marcarlo. Hemos tenido la polémica política al interior del Frente de Izquierda. Esta propuesta que hemos hecho no ha recibido al momento una respuesta positiva. ¿Qué han propuesto otros partidos del Frente de Izquierda? En el caso de los compañeros del PTS han propuesto últimamente, y digo últimamente porque lo han hecho en el pasado, luego lo retiraron y ahora vuelve a aparecer, un planteo de convocatoria a un partido de los trabajadores. Suena bien. Ellos lo plantean ¿de qué modo? lo han planteado diciendo que es un partido mucho más amplio y mucho más grande que el Frente de Izquierda y la amplitud a la que invocan no tiene que ver con las fuerzas que se agrupan -es decir, pasamos a agrupar una mayoría de obreros, una mayoría de explotados, de jóvenes, de mujeres-, sino amplitud porque abarca otras fuerzas políticas que van más allá del Frente de Izquierda. En eso consiste para ellos la ventaja de esa propuesta. Mientras para nosotros la amplitud del Frente de Izquierda no es programática, es decir, no es abrirnos a pactos con la pequeña burguesía, pactos con sectores capitalistas sino ir a la conquista de una mayoría obrera y una mayoría popular para el programa del socialismo.
Acá se presenta la amplitud en términos de ir a otros sectores políticos de diferente tipo, justificado en nombre de que la crisis argentina evoluciona muy rápido y que el crecimiento de los partidos del Frente de Izquierda evoluciona más lento. Entonces hay una especie de tijera entre la evolución de la crisis y la evolución de los partidos de izquierda y como esa tijera no se puede cerrar construyendo partidos revolucionarios tenemos que buscar un atajo que es plantear un partido de los trabajadores; ¿a quien? a sectores de la burocracia sindical. Y eso no es que uno lo dice acá como un ataque, sino que está puesto en los documentos de los compañeros del PTS, que lo dicen claramente.
Por ejemplo, se convoca a un frente que se llama "por la soberanía del movimiento sindical", que agrupa a la CATT-la Confederación de Transporte-, a la CTAs, a la UOM, a Aceiteros, diciendo "ellos son distintos a la dirección de la CGT, han planteado la necesidad de luchar y con ellos queremos discutir el tema del partido de los trabajadores". Y el programa del partido de los trabajadores no es un programa de independencia de clase y de lucha por el gobierno de los trabajadores, sino que plantean que sea un programa capaz de dar vuelta el curso de decadencia nacional, de saqueo y sumisión al capital financiero internacional y las grandes empresas.
Aparece en principio como un programa de tipo nacionalista porque es dar vuelta el curso de decadencia nacional, de saqueo, sumisión al capital financiero internacional y las grandes empresas. Me quiero quedar con las grandes empresas por un momento porque no estoy haciendo un problema semántico de agarrar una frase, sino que si uno muchos textos de los compañeros del PTS de manera prácticamente permanente hablan de las grandes empresas hay un tema de fondo porque quien conozca a la izquierda argentina en diferentes momentos va a ver que todo el tiempo hablar de grandes empresas y no del capital plantea una distorsión programática peligrosa. Porque de hecho en Argentina tenemos que la mayoría de los trabajadores no trabaja en grandes empresas, trabaja en las llamadas pymes y la reforma laboral que se quiere implementar ahora se la hace especialmente hablando de las pymes, "que las pymes no pueden pagar el mismo salario que una gran empresa", "que las pymes no pueden tener el mismo convenio colectivo que una gran empresa", entonces el problema de las pymes, incluso dentro de otra izquierda que existía en el pasado tipo CTA, que había armado una serie de frentes políticos de otro tipo como el Frenapo, las pymes estaban adentro. Es la idea de un convenio laboral específico y un frente único entre sindicatos y las pymes. Entonces uno se pregunta lo siguiente: el 80% de la fuerza de trabajo de Argentina que trabaja la pyme, ¿cómo concilia su interés de la fuerza de trabajo con su patrón cuando hoy las pymes son las que más reclaman la reforma laboral? Entonces el tema permanente de hablar de las grandes empresas omite un planteamiento anticapitalista y lo reemplaza por una lucha contra monopolios. Insisto, no es un tema para nada menor, porque es permanente ese tipo de posición.
Y luego se habla que con un partido de trabajadores, en el caso de que se forme, la clase obrera pesaría de una manera distinta en la vida nacional, pesaría más fuerte en la vida nacional. Pero acá también estamos en un lenguaje muy preciso, porque de hecho la clase obrera pesa sobre la vida nacional ¡cómo no va a pesar si es la clase que produce la riqueza del país! Pero plantear que la estrategia de una fuerza política es que la clase obrera pese es reducir a una fuerza de presión para una serie de conquistas sindicales o para colocar temas de agenda. Está omitido el programa revolucionario en nombre de que no tendríamos hoy la vía de construcción de un partido a través del crecimiento de los partidos que se reclaman revolucionarios, sino de un partido formado a través de los sindicatos, en este caso la CATT, la UOM, las CTAs. Y si bien vamos a estudiar después otras experiencias que ha habido es evidente que un partido, a diferencia de un sindicato, la base de su reclutamiento se da sobre la base del programa. Para que se entienda bien: si uno es metalúrgico está en la UOM, y vos podes ser peronista, radical, trotskista, cristiano o lo que sea, y sos de la UOM porque sos metalúrgico; si sos mecánico estás en el Smata y si trabajas en el neumático sos del Sutna, es decir, la organización de los trabajadores es de acuerdo de la industria para la cual trabaja. En un partido revolucionario no ocurre lo mismo. La base para estar en un partido es una decisión programática, de estrategia política. Entonces, presentar como el modelo a seguir la construcción de un partido revolucionario basado en los sindicatos son experiencias históricas muy, pero muy limitadas, que en general no terminaron bien porque tampoco son los partidos de los sindicatos, sino que son los partidos de la burocracia sindical, de los dirigentes sindicales, y la base de ese sindicato no participa de la vida de ese partido.
Los propios compañeros el PTS cuando quieren decir de qué modo piensan llevar adelante esta campaña, ven que no hay mucha fuerza para agarrarlo. No hay muchas experiencias vivas que permita pensar que se va a poder avanzar de este modo. Entonces acá se abre otro peligro, que es un periodo que advertimos que es el siguiente: si yo pienso que lo que tengo que hacer es una construcción que no pasa por el reclutamiento, un programa revolucionario, sino un programa mucho más amplio, ya que hay una especie de sindicato de este tipo con un programa de tipo medio nacionalista y no tengo a nadie que lo haga, se corre el riesgo de que el partido que proclama eso quiera convertirse él mismo en ese tipo de partido y entonces que su discurso se vaya adaptando a lo que sería un discurso de un partido de trabajadores basado en los sindicatos, con dirigentes de la burocracia sindical. Entonces no lo vemos como la vía adecuada. Más cuando se invoca ese tipo de posición para rechazar un congreso del Frente de Izquierda para avanzar en la lucha concreta para amar un bloque político independiente de clase.
Por otro lado, hay una propuesta de los compañeros del MST que en diferentes ocasiones también ha planteado que se construya un partido único de la izquierda con libertad de tendencias. Eso presenta modelos internacionales, se e habla del PSOL, en el caso de Brasil, se habla del Partido Anticapitalista, el NPA en el caso francés y diferentes tipos de versiones de ese tipo. ¿Qué serían las tendencias? Los partidos actuantes actualmente. Es como que si el Frente de Izquierda pasase a ser un partido y los partidos del Frente de Izquierda pasasen a ser tendencias de ese partido. Así dicho, parece algo que no cambia mucho porque bastaría con que le cambiamos el nombre a las cosas y sigue todo más o menos parecido. Pero cuidado, cuando los compañeros explican a dónde pretenden llegar es algo parecido la propuesta de los compañeros de PTS, es decir algo más amplio, y lo programático queda diluido. Por lo tanto se busca un compromiso por esa vía con sectores también de la burocracia sindical. Y eso nos lleva finalmente a que la lucha por un partido revolucionario es distorsionada sobre la base de la presión de clases sociales distintas de los trabajadores, y el impacto negativo sobre el propio Frente de Izquierda porque en vez de desenvolver al Frente de izquierda con toda su potencialidad, yendo mucho más allá del proceso electoral tomado como tal, siempre tiene una distorsión en un caso de un partido de trabajadores, en otro caso de un partido de tendencias -que tomando las experiencias de Brasil, las experiencias de Francia que se muestran como ejemplo han terminado en todos los casos con una fuerte colaboración de clase y un giro hacia centro izquierda-, nos alejan de la construcción revolucionaria en Argentina. Y visto las experiencias de Chile y de Bolivia, le quita por lo tanto al Frente de Izquierda la posibilidad de superar esas diferencias.
Entonces acá lo que nosotros estamos planteando -y es el debate dentro del Frente de Izquierda, y es un debate más general en la izquierda internacional- es que nuevamente se pone sobre la mesa la necesidad de la construcción de partidos revolucionarios sobre la base de un programa revolucionario y la independencia de clase no puede ser presentada formalmente, porque para que haya independencia de clase de verdad tiene que haber un programa de lucha contra el Estado. De otro modo, se ha corroborado que sin un programa de lucha contra el Estado, lo que termina primando es la cooptación. Entonces, ese tipo de programa y la construcción revolucionaria es nuestro eje, y las propuestas que se han hecho en Argentina, y es el problema que estamos discutiendo, es la responsabilidad de bloquear el desarrollo del Frente de Izquierda y eso nosotros estamos planteando ahora hacia donde construir al Frente de Izquierda, sobre una base revolucionaria que no es solamente el programa, sino también la metodología que no puede ser exclusivamente electoral.
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En la tarde de este miércoles 26 se realizó un multitudinario abrazo al Hospital Garrahan, impulsado por la Junta Interna de ATE, la Apyt y los espacios autoconvocados, como parte del plan de lucha frente a la avanzada persecutoria del gobierno y de las autoridades. La actividad, que dio continuidad a la conferencia de prensa y a la asamblea general realizadas días atrás, reunió a trabajadores, familias de pacientes, organizaciones sindicales y referentes de la izquierda, en defensa de quienes encabezaron la histórica pelea que conquistó el 61% al básico y que hoy enfrentan 44 sumarios internos y una denuncia penal.
Durante el acto, los trabajadores denunciaron que las autoridades buscan castigar a quienes lideraron una lucha que fortaleció a todo el hospital. "Lo que esta ocurriendo en el hospital es un castigo colectivo a una lucha que fue colectiva, porque este gobierno, las autoridades que nombraron a dedo, el Ministro Lugones, el Interventor Pirozzo y compañía, están procediendo en un acto de revanchismo porque lo que no quieren que pase es que se extienda el ejemplo de lo que sucedió en el Garrahan", sostuvo Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan.
"Lo que esta ocurriendo en el hospital es un ataque colectivo, un castigo colectivo a una lucha que fue colectiva, porque este gobierno, las autoridades que nombraron a dedo, el Ministro Lugones, el Interventor Pirozzo y compañía, están procediendo en un acto de revanchismo… https://t.co/s7mj9zCccNpic.twitter.com/eLddLisOXc
Emilce Correa Louzao, técnica de laboratorio y delegada ATE dijo: "Soy una de las más de 40 sumariadas, este es un golpe a nuestra organización a la lucha, ellos quieren aplacar nuestra lucha, saben que tuvimos una gran victoria y nos quieren apagar con eso, pero no vamos a separar nuestra victoria de la lucha y no nos van a parar estos sumarios injustos".
"El triunfo del Garrahan es la primer batalla que ganamos frente a la reforma laboral porque la capitalizamos todas las y los trabajadores que peleamos por el salario, por las leyes, que quebramos el veto pero el gobierno se niega a aplicar, que peleamos contra los despidos y… https://t.co/Rd20x9Nlp2pic.twitter.com/sUsk5glzmY
También se hicieron presentes otros sectores en lucha y sindicatos combativos para llevar su solidaridad. Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA dijo: "El triunfo del Garrahan es la primer batalla que ganamos frente a la reforma laboral porque la capitalizamos todas las y los trabajadores que peleamos por el salario, por las leyes, que quebramos el veto pero el gobierno se niega a aplicar, que peleamos contra los despidos y suspensiones y contra todas las persecuciones, como la del movimiento piquetero".
El abrazo constituyó una nueva medida en el marco del plan de lucha general que vienen llevando adelante los trabajadores del Garrahan, en defensa del hospital, de los salarios y contra el vaciamiento que aplica el gobierno. Además lanzaron un petitorio para convocar toda la solidaridad posible de la población. “Vamos a enfrentar esta ofensiva con la misma metodología que permitió conquistar el aumento”, subrayaron los trabajadores: unidad dentro del hospital, asambleas masivas y apoyo popular. El masivo acompañamiento dejó planteado que la persecución del gobierno de Milei y de las autoridades no pasará sin resistencia.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
Desde el Hospital Garrahan se está desarrollando una ofensiva antisindical y persecutoria sin precedentes: 44 trabajadoras y trabajadores están siendo sometidos a sumarios impulsados por el Ministerio de Salud y las autoridades del hospital. Se trata de una respuesta represiva contra quienes fueron parte del enorme movimiento de lucha que conquistó el 61% al básico, una victoria histórica que fortaleció no sólo al personal del Garrahan sino también la defensa de este hospital, verdadero patrimonio de las infancias y de nuestro pueblo.
Las autoridades buscan disciplinar y acallar la organización de quienes todos los días sostienen la salud pública frente al ajuste. Esta persecución no puede pasar. Por eso, impulsaron una declaración pública, en el marco del plan de lucha que continúa junto a la solidaridad de las familias de los pacientes, para exigir el cierre inmediato de todos los sumarios y causas, y defender el derecho elemental de las y los trabajadores a organizarse y luchar.
Invitamos a firmar el siguiente formulario para multiplicar la solidaridad y enfrentar este atropello:
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En el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia por Motivos de Género, este lunes 25 de noviembre habrá una movilización nacional con consignas que denuncian la escalada de femicidios, el ajuste del gobierno de Javier Milei sobre todas las políticas de protección y el ataque generalizado a los derechos de las mujeres y diversidades. En CABA, la marcha irá desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a la Plaza de Mayo.
La convocatoria reúne a organizaciones feministas, del movimiento de mujeres y diversidades, estudiantiles, sindicales y territoriales, que advierten que “sin las calles, avanza la reacción derechista contra nuestros derechos”, como señala la declaración nacional del Plenario de Trabajadoras, difundida de cara a la jornada.
Un país atravesado por la violenciade género
Los datos vuelven a golpear con fuerza. Según el Observatorio Lucía Pérez, al 13 de noviembre se registraban 232 femicidios y travesticidios en lo que va del año, con picos estremecedores: 9 femicidios en 5 días, entre ellos el doble femicidio de Luna y Mariel. La Casa del Encuentro contabilizó 210 víctimas fatales solo en los primeros diez meses, y el Observatorio de la Corte Suprema muestra que la tasa de femicidios directo por cada 100 mil mujeres viene en un amesetamiento alto desde hace años.
La vivienda sigue siendo el lugar más inseguro: en el 54% de los casos, el femicida es la pareja o expareja. Así, 190 niños y niñas quedaron sin madre este año. Mientras tanto, España —un país con población similar— contabilizó 58 femicidios íntimos en 2023. Argentina más que duplica esa cifra.
Un gobierno que desfinancia y niega
La violencia extrema convive con una política oficial que desmantela los programas de prevención y asistencia. El proyecto de Presupuesto 2026 elimina la partida del Programa Acompañar, reduce a cero su población objetivo y también suprime los fondos específicos destinados a políticas de género, reemplazándolos por una categoría vaga de “Protección de Víctimas de Violencia”, con un recorte del 89% respecto de 2023.
La Línea 144 sufrió una caída del 48,7% en sus intervenciones y un achicamiento del 41,7% del plantel de trabajadoras. Su meta de cobertura para 2026 desciende de 180.000 a 60.000 mujeres, señal de un vaciamiento deliberado. El Estado nacional, según advierten ELA y ACIJ, “se retira como ente rector”, trasladando responsabilidades a provincias con capacidades desiguales.
Al mismo tiempo, el gobierno de Milei impulsa una “batalla cultural” anti-derechos, de corte trumpista, que niega la existencia misma de la violencia de género, ataca a las víctimas y busca reinstalar mandatos de sumisión.
Las provocaciones públicas, los discursos de odio y los ataques a la ESI forman parte del mismo eje de degradación. La escalada de femicidios se alimenta también del crecimiento del narcotráfico y la trata, en connivencia con sectores del Estado, y del vaciamiento de comedores y programas sociales.
La ministra Patricia Bullrich “protege y premia al negocio narco”, manipula estadísticas y responsabiliza a las mujeres por su propia muerte, justificando a los agresores.
El gobierno avanza simultáneamente con una reforma laboral regresiva, la eliminación de la moratoria jubilatoria, recortes en discapacidad, vaciamiento de la ESI, y un presupuesto que consolida la destrucción de salud y educación públicas.
Las mujeres, sobrerrepresentadas en trabajos informales y mal remunerados, son quienes más sufren la precarización y la pérdida de derechos. “Ninguna reforma de este tipo disminuyó la informalidad; al contrario, degrada condiciones laborales”, advierten en la declaración del Plenario de Trabajadoras.
Las organizaciones convocantes señalan que la desmovilización solo fortalece al gobierno. Recuerdan que el movimiento de mujeres fue protagonista de los grandes levantamientos de la última década: el Ni Una Menos, la ola verde, las luchas por aborto legal y contra la represión estatal.
“Nuestra fuerza en las calles es lo que frena a los verdugos del pueblo”, señala el Plenario. Y llaman a copar las calles este 25N, con una convocatoria amplia que involucre a todos los colectivos de lucha.
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A ocho meses de la represión que casi le cuesta la vida a Pablo Grillo, su padre, Fabián Grillo, habló en el programa sindical Ey, Digamos Todo, transmitido por el canal de Youtube de Prensa Obrera y dirigido por compañeros trabajadores de la Naranja de Prensa. Allí dejó una de las entrevistas más claras y contundentes sobre el caso. Su testimonio combina la emoción de acompañar la recuperación de Pablo con una denuncia política firme y necesaria.
Fabián contó que Pablo está mucho mejor, con una evolución "muy buena" y a un paso de comenzar la etapa de rehabilitación. Después de meses devastadores, Pablo está de buen ánimo y más proactivo, lo cual renovó las energías de su entorno. "Nosotros estamos cansados y expectantes de esta nueva etapa", reconoció Fabián.
Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando relató que, apenas despertó, Pablo pedía ver el video de la agresión. Lo vio y “lo tomó bien”. Necesitaba entender qué le hicieron. Fabián remarcó que lo ocurrido aquel 12 de junio no fue un hecho aislado sino parte de un operativo preparado para impedir una movilización masiva: "Esa movilización iba a ser masiva y esa era una imagen que no tenía que pasar. Ese día fue particularmente violento por eso".
La indiferencia del gobierno se volvió otro punto central. Fabián relató cómo fueron a la escuela donde votó Patricia Bullrich: “Fuimos a donde votó Bullrich porque ellos nunca se comunicaron con nosotros. La vi y yo solo quería que me mire a la cara. Es lo único que pretendo hoy. Nadie del gobierno se ha comunicado, aún hoy.” La escena expone el abandono total hacia una familia que enfrenta sola las consecuencias de un operativo estatal criminal.
Pero la entrevista también dejó definiciones claves sobre la causa judicial. Fabián explicó que ya existen pruebas sólidas que comprometen al agente Guerrero: "Guerrero disparó cinco o seis veces de manera criminal e ilegal". Y ese dato no solo confirma el intento de homicidio, sino que abre la puerta para avanzar sobre la cadena de mando. "Eso nos permite ir a buscar a los que están más arriba", dijo Fabián. Además, señaló que se probó que este tipo de accionar responde a prácticas propias también de otras fuerzas, lo que agrava la responsabilidad política.
Pero quizá lo más importante de lo que dijo Fabián, y lo que marca la importancia política de este proceso, es que si esta causa avanza es solo gracias a la lucha popular, gracias a la movilización, la presión y la organización que rodearon al caso desde el primer día.
La entrevista completa es imprescindible: muestra cómo está Pablo hoy, denuncia el abandono estatal e ilumina un punto clave del momento judicial, donde por primera vez aparecen elementos concretos para escalar la imputación hacia los responsables políticos.
Una conversación necesaria, humana y profundamente política, que vale ver y difundir.
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Justo cuando familias, docentes y especialistas alertan que los pibes están hundidos en las apuestas online, quemando sus ahorros y el ingreso familiar en plataformas que operan prácticamente sin control, el gobierno habilita a los adolescentes desde los 13 años a invertir en fondos comunes de inversión, ampliando el universo de instrumentos de especulación disponibles.
La medida constituye una promoción de un nuevo curro financiero a costa de los sectores más vulnerables. Es una señal clara: este es un gobierno de los negocios financieros, que gobierna para los especuladores a costa de la población.
Tal es así que la medida de la CNV sale justo cuando toda la comunidad educativa viene alertando que los pibes están atrapados en la maquinaria de las apuestas online. Directivos y docentes de colegios denuncian que hay estudiantes que “no están comiendo porque se jugaron la plata”, que llegan a clase endeudados, con crisis de ansiedad o problemas de conducta. Las redes escolares bloquean miles de intentos diarios de ingreso a casas de apuestas. Un director de la Red de Colegios Maristas relató que descubrieron “muchos más casos de los que imaginábamos” (La Nación, 20/11). Es decir, mientras los docentes intentan frenar una epidemia de ludopatía adolescente, el gobierno decide empujar a esos mismos pibes al mercado financiero.
Según la última encuesta Kids Online de Unicef y Unesco, 1 de cada 4 adolescentes (24%) ya apostó en línea, lo que equivale a más de medio millón de chicos. El fenómeno golpea especialmente a los varones (32%). Y el 47% de niños y adolescentes reconoce nombres de sitios de apuestas: una penetración que viene impulsada por el bombardeo publicitario en redes sociales, TV, estadios de fútbol y hasta camisetas de primera división. Psicólogos y orientadores escolares describen los celulares de los estudiantes como “casinos en miniatura” (ídem).
Incluso profesionales que trabajan con jugadores compulsivos advierten que caen en esa situación dos de cada diez chicos que “juegan por jugar”. Las plataformas ilegales, que representan el 70% del mercado según la Asociación de Loterías Estatales, ni siquiera cumplen con la restricción de ingreso a menores. Mientras tanto el oficialismo vota en contra hasta de un proyecto de ley para restringir la publicidad de las casas de apuestas en eventos deportivos y regular el uso de billeteras virtuales.
Un mercado para chicos de 13 años
La CNV ya había habilitado en 2023 la entrada de adolescentes a los fondos de money market (FCI de tipo plazo fijo). Ahora extiende el permiso a todos los fondos comunes de inversión abiertos, incluyendo renta fija, variable, mixta y mercado monetario.
El organismo justifica la reforma diciendo que se observó “un crecimiento sostenido” de menores que ya invierten y que es necesario “promover herramientas que faciliten el acceso de los jóvenes al sistema financiero”. Pero en realidad tiene por objetivo la búsqueda de nuevos clientes para sostener el negocio financiero en un país devastado por la recesión y la fuga de capitales que el propio gobierno fomenta.
El gobierno llama “participación” a lo que es, en los hechos, la captación de ahorro familiar para financiar a bancos, fondos y administradoras privadas, mientras el crédito productivo está por el piso y la juventud enfrenta la peor crisis educativa, laboral y habitacional en décadas.
De la ludopatía digital al mercado de capitales
El contraste es brutal. La misma semana en que crece la preocupación por los adolescentes atrapados en las plataformas de apuestas —un negocio multimillonario montado sobre el endeudamiento compulsivo, el enganche psicológico y el vaciamiento de las billeteras familiares— el gobierno decide profundizar la financiarización de la vida juvenil.
En vez de restringir el acceso a los mecanismos que ya están destrozando la salud mental y económica de miles de pibes, les abren la puerta a otro casino, esta vez con traje de institución pública. La CNV celebra que la medida “promueve la autonomía económica” y “fomenta hábitos responsables”, cuando lo que habilita es que chicos de 13 años pasen a interactuar con instrumentos financieros que ni siquiera comprenden la mayoría de los adultos y que ponen en riesgo los ingresos del conjunto de las familias.
Un negocio disfrazado de educación
La resolución obliga a los agentes colocadores a brindar “educación financiera”, pero esa formación será provista por las mismas entidades interesadas en colocar sus productos. Los bancos y fondos darán la clase, y luego cobrarán la comisión.
Mientras el salario real se derrumba y la mitad de los pibes es pobre, el gobierno pretende que metan sus pocos pesos en el mercado de capitales. No hay política de ingresos, ni de empleo, ni de vivienda, ni de educación.
Un gobierno de los especuladores
El gobierno repite que busca “modernizar” el mercado y acercarlo a las nuevas generaciones. Pero lo que en realidad modernizan es la captación del ahorro popular para sostener un régimen económico basado en la timba, la fuga y el endeudamiento perpetuo que hunde al país y a costa de los ingresos de la población.
Mientras tanto, la juventud lucha contra la deserción escolar, precarización laboral, violencia policial, alquileres imposibles, salud mental devastada y un sistema educativo colapsado por el ajuste.
Este nuevo paso de la CNV confirma la orientación general del oficialismo: un gobierno para los especuladores. La juventud necesita trabajo, estudio, vivienda, salud y perspectiva de futuro.
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El superávit que el gobierno festeja lo está pagando la población con hambre mientras los especuladores y el capital financiero internacional engordan sus bolsillos.
minoría estudiantil en la Junta de Letras (La izquierda al Frente).
Corresponsal.
La contundente movilización estudiantil a la Junta y la toma del departamento impidieron el fraude de las autoridades de Letras y demostraron que hay fuerza para ganar la continuidad de la Cátedra C de Gramática. La serie de mentiras y maniobras de las autoridades y El Colectivo ponen de manifiesto que el cierre de la Cátedra es un objetivo político.
A continuación explicamos uno por uno los hechos de la Junta del 17/11.
El claustro de profesores reconoce el verdadero motivo del cierre de la cátedra
Al iniciarse el tratamiento del punto sobre Gramática C, la minoría estudiantil pidió la palabra para las docentes afectadas. Ellas presentaron un documento extenso en el que repasaron normativa, antecedentes de votaciones e incluso la plataforma electoral de Letras Vuelve. Todo con un objetivo: demostrar que no existe ningún fundamento técnico o reglamentario que justifique el cierre de la cátedra.
Uno de los puntos centrales del documento fue la referencia al Reglamento para la Provisión de Cargos. En el Artículo 71 establece que “La designación de los profesores titulares, asociados y adjuntos resultante de los concursos no implica la consolidación de la asignación de dichos nombramientos en la unidad pedagógica concursada. La asignación mencionada dependerá de eventuales modificaciones de los planes de estudios, reorganización de la unidad académica u otras razones que decida la Universidad.”
Las docentes plantearon entonces una pregunta clave: si no hay fundamento reglamentario, ¿Qué hay detrás de la disolución de una cátedra con diecisiete años de trabajo sólido, con una perspectiva propia y consolidada? ¿Por qué eliminar una línea de formación que enriquece la oferta académica?
Esta intervención desarmó por completo el argumento que la gestión venía utilizando: que el cierre era una consecuencia “natural” del resultado del concurso de adjuntos para la materia Gramática.
Frente a la solidez del planteo docente, Letras Vuelve tuvo que sincerarse. El representante del claustro de profesores admitió que el cierre de Gramática C se inscribe dentro de una propuesta de “reorganización del Departamento”. Es decir: no es un efecto administrativo, no es un problema técnico, no es un desenlace obligatorio por concursos, sino una decisión política de la gestión.
Además, no se trata solo de una cuestión académica. Tal como planteó Laura Carboni, Secretaria General de AGD UBA, el cierre tiene efectos laborales concretos sobre las docentes: si son relegadas a dictar seminarios, quedan expuestas a la aprobación o no de esas propuestas, lo cual es especialmente grave en un contexto de falta de presupuesto. En otras palabras: la gestión se arroga la capacidad de degradar derechos laborales, exactamente igual que las patronales privadas.
Este punto es fundamental para entender por qué el conflicto trasciende a una sola cátedra. Si se acepta que una Junta puede reorganizar cátedras a voluntad, sin justificar, sin debatir y dejando docentes en precariedad, se sienta un precedente peligroso para toda la facultad.
Después de las exposiciones, vino el episodio que detonó la toma. Un consejero de la gestión se acercó a la secretaria que labraba el acta y le pidió que incluyera que la votación de cierre había sido “ratificada”. Pero esa votación no existió. El acta registraría un hecho falso.
Cuando les estudiantes detectaron la maniobra, respondieron de inmediato: tomaron el Departamento de Letras y exigieron la corrección del acta. Gracias a esa acción directa, se lograron dos cosas claves: la gestión tuvo que firmar un documento oficial reconociendo que no hubo votación y comprometiéndose a eliminar cualquier referencia a ella, y se comprometió a abrir una mesa de diálogo entre el Departamento, las docentes de la cátedra, las gremiales docentes y les estudiantes.
Las autoridades iniciaron posteriormente un intento de instalar un relato difundiendo un mail por los canales de la carrera, diciendo que “estudiantes de izquierda” actuaron violentamente, en una estrategia que repite el discurso de Milei para demonizar la protesta estudiantil. Su relato es poco creíble, todos los hechos están registrados y ellos reconocieron el fraude firmando el acta de compromiso.
El Colectivo: silencio, alineamiento y repudio estudiantil
Mientras los estudiantes impedimos el fraude de la junta, la mayoría estudiantil (El Colectivo, Mella-Cámpora) no actuó en ningún momento. Después de semanas sin sacar un comunicado del Centro de Estudiantes contra el cierre, ni firmar el petitorio que cuenta con 1.500 firmas, en la Junta la representante de La Cámpora se alineó con la propuesta de la gestión de reducir la cátedra a un seminario, expresando que acuerdan con el recorte.
El Colectivo demostró que a la hora de posicionarse en un campo siempre defenderán los intereses de la gestión. Pero no se la llevaron gratis; rápidamente el movimiento estudiantil les hizo sentir el repudio. La asamblea de Letras en su declaración después de la junta los expuso de forma contundente.
El ataque a las cátedras paralelas en Filo (Epistemología y Gramática) está avanzando en toda la UBA: se repite en Económicas, con la Cátedra de Estructuras, y en Sociales con las reformas de planes de estudio. Las gestiones de diferentes signos políticos refuerzan a sus camarillas propias atropellando el derecho a las cátedras paralelas conquistado por el movimiento estudiantil, contra la libertad de cátedra, contra la pluralidad de enfoques. Las gestiones universitaria peronista y radical le hacen el trabajo a Milei, ellos empezaron la Reforma Laboral: degradan las condiciones de trabajo de los docentes, modifican sus derechos laborales, o despiden.
Los centros de estudiantes y representaciones cooptadas a las camarillas universitarias demuestran su inutilidad para defender la universidad pública: con ellos vamos a la derrota. La tarea de recuperar nuestras herramientas de organización gremial está a la orden del día. En este sentido, desde Puño y Letra convocamos a una reunión abierta, este viernes a las 16 horass, para seguir organizándonos para continuar un gran plan de lucha.
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Reproducimos el comunicado emitido este mes por un núcleo de compañeros que han roto con Revolución Socialista, tendencia del PSOL y sección de la Liga Internacional Socialista junto al MST de Argentina. Lo hacemos con independencia de que no compartimos la totalidad de las posiciones volcadas allí, que por ejemplo suponen que el PSOL tuvo en sus orígenes un carácter de “partido combativo, con independencia de clase y una estrategia contra el sistema capitalista”, cosa que a nuestros ojos es un embellecimiento con esa experiencia, con la que los propios compañeros están rompiendo. Este núcleo ha constituido una nueva organización, cuyas posiciones y perspectiva se verán con el tiempo. Por lo inmediato, entendemos valioso tomar nota de la crítica a la desnaturalización del carácter y la vida política de las organizaciones que, reclamándose revolucionarias, se integran no solo a partidos amplios electorales, sino a fuerzas que sostienen un gobierno de frente popular y colaboración de clases.
¡ROMPEMOS CON EL PSOL Y LA TENDENCIA "REVOLUCIÓN SOCIALISTA" PARA IMPULSAR UNA ESTRATEGIA SOCIALISTA COHERENTE SIN BUROCRACIA!
Nota de militantes comunistas del norte de Brasil
Nosotros, militantes que participamos en la fundación de la tendencia Revolución Socialista —la sección brasileña de la Liga Socialista Internacional (LIS)— y que hemos militado durante años en el PSOL, declaramos públicamente nuestra decisión de romper con esta tendencia y partido. Fueron años de luchas de la clase trabajadora en las calles, en conflictos sindicales y estudiantiles, en elecciones, en la lucha contra los gobiernos capitalistas, contra las traiciones de las burocracias y los ataques de la derecha. Sin embargo, nuestra unidad se ha visto erosionada por crecientes diferencias políticas, metodológicas, programáticas y estratégicas que eliminan cualquier posibilidad de construir una organización socialista verdaderamente independiente y combativa a través del PSOL y la RS, debido al carácter burocratizado, persecutorio y degenerado de la dirección mayoritaria de estas dos organizaciones. Próximamente publicaremos una Carta Pública con todas las explicaciones detalladas de la crisis en estas dos organizaciones, para informar a la vanguardia combativa sobre nuestra evaluación respecto al agotamiento político, la falta de democracia y las persecuciones que hemos sufrido en los últimos 3 años bajo estas dirigencias en las que ya no confiamos y, por lo tanto, con las que hemos roto relaciones.
El hecho es que el PSOL ya no es un partido combativo, con independencia de clase y una estrategia contra el sistema capitalista. Ahora forma parte de las burocracias del Frente Amplio del gobierno de Lula-Alckmin, bajo la dirección de los ministros Guilherme Boulos y Sonia Guajajara. A su vez, RS se ha convertido en un pequeño grupo dirigido por una camarilla que conforma una mayoría ínfima liderada por Douglas Diniz y Silvia Letícia para aniquilar la democracia interna ya en su Primer Congreso Nacional, expulsando a militantes críticos antes del evento e incluso ignorando las decisiones votadas por los delegados, en ambos casos utilizando métodos de falsificación, traición a los acuerdos y boicot contra los militantes honestos, para mantenerse en el poder. Hacemos un llamado a los militantes honestos y combativos que permanecen en la base de RS y PSOL para que no sigan alimentando ni sosteniendo proyectos que han fracasado ante nuestros ojos durante años, adaptándose al régimen burgués y frustrando el crecimiento de la militancia socialista con su propia autodestrucción. Las diversas rupturas —individuales o colectivas— de sus fundadores son prueba del fracaso de estas dirigencias en lo que se propusieron. ¡Debemos superarlas para avanzar!
Es necesaria una reagrupación de revolucionarios para construir un proyecto estratégico, un proyecto que no pierda el tiempo con partidos serviles al capitalismo como PSOL. ¡Tampoco podemos aceptar que nuestro régimen político sea de centralismo burocrático y persecución! Son vestigios del estalinismo, enemigo de la democracia obrera, ¡y debemos combatirlos! Buscamos un camino de lucha, democracia y verdadera construcción revolucionaria.
Eduardo Rodrigues, exlíder de la Dirección Municipal del PSOL en Ananindeua-Pará, del Comité Regional de Pará en la Revolución Socialista y de la célula metropolitana;
Erick Santos, maestro de escuela pública, de la célula metropolitana, exmiembro del PSOL;
Luan Campos, obrero de la construcción, de la célula metropolitana, exmiembro del PSOL;
Nilmara de Melo, periodista y estudiante de la UFPA, de la célula metropolitana, exmiembro del PSOL;
Rodrigo Gomes, maestro de escuela pública, de la célula metropolitana, exmiembro del PSOL;
Paulo Samuel, enfermero del sistema público de salud, de la célula metropolitana, exmiembro del PSOL;
Además de otros compañeros que abandonan colectivamente el PSOL
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La Legislatura provincial de Santa Fe aprobó los pliegos de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar vacantes. A pesar de las objeciones de los colectivos LGBTINBQ y de mujeres de toda la provincia, Marcelo Gelcich fue designado como juez en lo Civil y Comercial de Rafaela.
La Legislatura de la Provincia de Santa Fe designó con los ojos cerrados a los jueces y fiscales enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro para renovar y ocupar nuevos cargos del poder judicial.
Se trata de un ingreso récord que incluye 36 jueces comunitarios; 18 jueces penales; 19 fiscales, entre titulares y adjuntos para el Ministerio Público Fiscal; y otros 6 pliegos para la justicia civil, comercial y laboral. Entre las nuevas titularidades está Marcelo Gelcich, designado al fuero civil y comercial de Rafaela, que fue impugnado anteriormente para distintos cargos en las ciudades de Santa Fe y Rosario por sus expresiones públicas contrarias a derechos establecidos, en contra de leyes vigentes que involucran a los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTINBQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales, No binaries y Queer).
Marcelo Gelcich es un abogado vinculado al Opus Dei, conocido por manifestarse en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y por sus posiciones reaccionarias en materias de derechos del colectivo de la diversidad.
En su momento, el colectivo feminista registró las declaraciones del letrado vertidas en ámbitos públicos y profesionales, donde consideró la anticoncepción y el aborto de "carácter inmoral", que "las mujeres se creen Dios" y que "solo él tiene en sus manos la decisión de la vida".
Asimismo, realizó declaraciones estigmatizantes contra la comunidad LGBTINBQ: "Alimentan el consumo de sexo, corrompen la dignidad de las personas y ponen en peligro la salud en su concepto integral", ya que concibe a las mismas como "faltas al pudor y una explícita promoción de la sexualidad reducida al hedonismo", llegó a decir.
A finales de 2017 el gobernador Miguel Lifchitz debió retirar su nombre del pliego original por generar rechazos de distintos sectores que van de comités de especialistas constitucionales, sindicales, colectivos de derechos humanos de las mujeres y de la disidencia sexual. Tan solo meses después, en 2018, fue impugnado para ocupar la titularidad del Tribunal Colegiado Extracontractual N°6 de Rosario frente a la notoriedad pública y las alarmas que encendieron la difusión del caso. Unos años después, el ex Ministro de Seguridad de Lifschitz, el ahora gobernador Maximiliano Pullaro, arremete con su designación.
Impugnado por la sociedad civil
En esta oportunidad, todas las objeciones legales fueron desestimadas por la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe a cargo de la diputada del Partido Socialista, Lionela Cattalini, en el marco de la subordinación completa del "progresismo" al gobierno clerical de Pullaro.
El gobierno que logró copar el conjunto de los poderes del Estado, con el apoyo del PJ del interior, desestimó todos los rechazos de las organizaciones y sindicatos contra la postulación de Gelcich.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe lo objetó "por ser de público conocimiento sus opiniones e intervenciones contrarias al colectivo representado por las mujeres, al reconocimiento internacional de los derechos humanos sexuales y no reproductivos y a la comunidad LGBTINBQ". También lo hicieron las Asambleas feministas de Rosario y Santa Fe, la Campaña por el Derecho al Aborto local, así como Revuelo Disidencia de Rafaela.
Estas organizaciones señalaron que un juez no puede ser contrario a las leyes vigentes y que esta designación forma parte de un alineamiento con el poder de turno, en un contexto de incremento y de institucionalización del odio contra los colectivos LGBTINBQ y de las mujeres, abiertamente en contra de los derechos que debe garantizar.
Para la Asociación Civil Revuelo Disidencia esta designación es incompatible con principios constitucionales básicos, como los principios de imparcialidad, igualdad ante la ley y supremacía constitucional, que incluye el cumplimiento de tratados internacionales. Para la organización, la designación de este juez favorece un perfil institucional hostil para mujeres y diversidades.
Ganemos las calles
Frente a este copamiento reaccionario, el movimiento de mujeres y diversidades tiene que volver a ganar las calles de Rafaela, Santa Fe y toda la Argentina, como lo hicimos masivamente el 1F antifacista luego del discurso de Milei en Davos y cada 8 de marzo.
De inmediato, tenemos que marchar el próximo 25 de noviembre en el Día Internacional de Lucha contra todas las formas de Violencia hacia las Mujeres, cuando el Poder Judicial es uno de los principales responsables de ejercer y perpetuar la violencia de género, como se ve de forma recurrente en los casos de femicidios con denuncias previas.
¡Fuera los jueces y políticos enemigos de las mujeres y diversidades!
Solo nuestra lucha puede garantizar derechos, con independencia política de todos los que gobernaron y gobiernan.
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Les deben a los obreros el sueldo de julio, agosto, el aguinaldo, los retroactivos de los aumentos desde abril y los aportes jubilatorios y de la mutual del año.
"Un solo latido" se presentó en la 20° edición del Festival de Cine Latinoamericano (Fesaalp) en la ciudad de La Plata. Este excelente trabajo de investigación documental del director Pedro Benito es una valiente denuncia sobre la CNU, el grupo de ultraderecha peronista responsable de por al menos 88 asesinatos de militantes de la Juventud Peronista, de la Izquierda y de activistas obreros y antiburocráticos.
La Concentración Nacional Universitaria (CNU) fue parte de la Alianza Anticomunista Argentina (3 AAA) y del aparato parapolicial terrorista y fascista armado y financiado por el Ministerio de Bienestar Social de López Rega con el aval y la protección de la policía y el gobierno de Isabel Perón. Después del golpe genocida, la CNU se integró a los grupos de tareas de la dictadura. Con este trasfondo histórico, el documental narra cómo la CNU montaba su accionar criminal contra las huelgas obreras y asambleas estudiantiles y contra las organizaciones sindicales combativas de los trabajadores, a la par que actuaba como patota y custodia de los "kioskos" de recaudación mafiosa de Victorio Calabró. El Hipódromo de La Plata -donde trabajaba y activaba Luis Córica- fue una caja negra fundamental de Calabró, el burócrata de la UOM qué asumió la gobernación después del golpe de Perón contra Bidegain en la provincia de Buenos Aires.
El director narra el secuestro y asesinato de Luisa Córica, militante de la JTP de La Plata y de una agrupación universitaria de la JUP platense. La denuncia judicial sobre el secuestro y fusilamiento de la compañera ejecutado en 1975 lleva años frenada a pesar de la denuncia presentada por su hijo que compromete con nombre y apellido a los miembros de la Concentración Nacional Universitario (CNU). El hilo conductor del relato lo enhebra Andrea Suárez Córica, su hija y activista de los derechos humanos y ambientales quien rescató la historia militante y personal de su madre. Los poemas recopilados y publicados por Andrea en un libro dan cuenta de la sensibilidad de Luisa que escribía en los recortados tiempos libres que le dejaba el trabajo, el estudio, la militancia sindical y la atención de sus tres hijos. Uno de estos poemas le da su nombre al documental "Un solo latido".
Especialmente conmovedoras son las entrevistas a excompañeros y excompañeras de militancia de la compañera asesinada. Una postal de la lucha de la juventud de la época contra la burocracia, las patotas de la UOM y la impunidad que les brindó el tercer gobierno de Perón y el de su sucesora María Estela Martínez, más conocida como Isabel Perón. El film es un reconocimiento a Luisa Córica extendido a toda una generación de luchadores combativos y clasistas de los '70 que enfrentaban a la burocracia sindical y sus sicarios. A lo largo del documental, y con el invalorable aporte de Daniel Cecchini que investigó y escribió un libro sobre la CNU y el terrorismo de derecha que prologó al golpe de 1976, se denuncia sin medias tintas a Carlos Disandro, profesor de la Universidad de La Plata y mentor ideológico del grupo que formó la Concentración Nacional Universitaria. Disandro se reunió con Perón en Madrid durante la dictadura de Onganía para interesarlo en sus escritos sobre la "sinarquía internacional", como denominaba al fantasmagórico complot del liberalismo, el comunismo, la iglesia posconciliar y la democracia. Perón instruyó a los suyos para darle la máxima importancia a la difusión de los ensayos del reaccionario Disandro que desarrollaba su versión fascista de la “Tercera Posición” .
“Un solo latido” pone el dedo en la llaga del presente cuando denuncia los vínculos de José Ignacio Rucci con la cúpula de la CNU, que fue parte activa de la Masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973, como se ve en las fotos que muestran a Felix Navazzo disparando contra los manifestantes. Rucci apadrinó el lanzamiento de la CNU en Mar del Plata en 1971 donde la banda asesinó a la estudiante Silvia Filler y se cobró la vida de numerosas víctimas.
Los remanentes de la CNU que conformaban los grupos de tareas junto a loa milicos participaron del secuestro en Mar del Plata de once abogados y sus familiares en la "Noche de las Corbatas". El film acierta cuando denuncia a la Concentración Nacional Universitaria (CNU) como una patota paraestatal responsable de asesinatos brutales como la Masacre de La Plata donde fueron fusilados ocho militantes del PST. Nombres particularmente siniestros de esta banda fueron los de Alejandro Giovenco, quien murió al explotarle una bomba que llevaba, los de Felix Navazzo y Martín Sala, muertos por Montoneros en represalia por sus crímenes contra la militancia, y de Carlos "Indio" Castillo y José "Pipi" Pomares que se reciclaron y fueron parte de los “sótanos de la democracia". Más tarde Pomares se desempeñaría en Acción Social del municipio en uno de los mandatos del intendente platense Julio Alak. Es absurdo creer que el actual jefe comunal de La Plata -Julio Alak- desconociera la procedencia de Pomares, una de los elementos más conocidos de la CNU. Alak fue intendente en los períodos que van desde 1991 (gobierno de Menem) al 2007 (gobierno de los Kirchner). Volvería a la intendencia en el 2023 con el segundo mandato de Axel Kicillof.
La responsabilidad de Perón con las 3 AAA aparece con mucha claridad en el documental a través del "documento reservado" que dio lugar a la fuerza paraestatal para combatir y exterminar a la “infiltración marxista”. Estas instrucciones fueron presentadas por Perón al Consejo Superior Peronista y a los gobernadores como parte de un plan de represión paralela a escala nacional. El “ Somaten” declaró el estado de guerra interno contra los “zurdos” confeccionando listas de objetivos para ser asesinados. A fines de 1974 fueron acribillados los dirigentes sindicales de la fábrica Miluz y de Política Obrera, Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano. Las 3 AAA que sembraron el terror lopezreguista estaban integradas por los culatas de la burocracia de la UOM y de la Juventud Sindical de Rucci, por el Comando de Organización de Brito Lima y la Concentración Nacional Universitaria. En el film se lo ve a Perón -en una conferencia de prensa- instruir a su edecán para que radique una denuncia penal contra una periodista del diario El Mundo que le había preguntado por el accionar impune de los grupos parapoliciales y de la derecha.
Esto es parte de la memoria histórica que kirchneristas y kicillofistas se empeñan en ocultar. La reivindicación de Luisa Córica como militante activa y consciente contra la burocracia sindical es altamente educadora porque denuncia a los ejecutores de la CNU pero desprende también la responsabilidad intelectual de Perón en la formación de las 3 AAA. Por su actualidad, el documental oficial de hecho como un desagravio militante al acto que realizaron Kicillof y la CGT regional platense en homenaje a Rucci. Por iniciativa del gobernador, el ministro de la "Comunidad", Cuervo Larroque, y el intendente platense Julio Alak, se le dio el nombre de José Rucci a un tramo de una calle platense. Un revisionismo derechista y vergonzoso. Valiente y clarificador, el documental denuncia del papel que jugó Perón hasta su muerte y que muchos jóvenes peronistas de hoy desconocen.
El equipo de "Un solo latido" se puso su documental a disposición de los sindicatos, comisiones internas, centros de estudiantes y organizaciones políticas y populares que quieran promover su proyección y debate. Una gran iniciativa que merece ser replicada en otros ámbitos de La Plata, la provincia de Buenos Aires y en todo la Argentina
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En una charla convocada por los grupos latinoamericanos de la red Global Jews for Palestine, el director Eric Axelman habló de “Israelism” y la experiencia de organización antisionista en Estados Unidos.
El 26, todos al Garrahan a apoyar a los trabajadores contra las sanciones del gobierno
Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
En el Hospital Garrahan se llevó adelante este miércoles una conferencia de prensa convocada por la Junta Interna de ATE, la Apyt y los espacios autoconvocados, como continuidad de la asamblea general realizada anteriormente en el hospital. La actividad expresó una respuesta colectiva frente a la ofensiva del gobierno y de las autoridades, que buscan castigar a quienes encabezaron la lucha que conquistó un aumento histórico del 61% al básico, arrancado contra la voluntad oficial.
"La docencia con el Garrahan, estamos en el hospital en la conferencia de prensa que organizaron los trabajadores porque denuncian que luego de la conquista lograda con una enorme lucha, el gobierno quiere descargar sumarios masivos para disciplinar, para meter miedo contra los… https://t.co/7DxC7YtehWpic.twitter.com/OKi3mfswL6
Allí, los trabajadores anunciaron una campaña nacional contra este intento de sanciones y causas que será encabezada por un petitorio común y que tendrá como primera instancia un abrazo al hospital el día 26 de noviembre a las 13 horas como parte de un plan de lucha para enfrentar la persecución.
Conferencia de prensa de trabajadores del Hospital Garrahan anuncia campaña nacional contra el intento de sanciones y causas "El 26 los convocamos a llenar las calles acá en torno al hospital, sabemos que tenemos como hemos tenido en toda esta lucha el apoyo de las familias, de… pic.twitter.com/UOyl7FfKbD
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, denunció que las autoridades pretenden quebrarlos mediante 44 sumarios internos y la radicación de una denuncia penal contra representantes y activistas. “Nos la quieren cobrar —afirmó— a quienes estuvimos al frente de una pelea que fortaleció al conjunto de las y los trabajadores del Garrahan" y agregó: "El 26 los convocamos a llenar las calles acá en torno al hospital, sabemos que tenemos como hemos tenido en toda esta lucha el apoyo de las familias, de las madres que se han organizado, el apoyo de la clase trabajadora argentina".
Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. El 26 todxs a bancar a las y los trabajadores del Hospital Garrahan. Abajo las sanciones!! https://t.co/Os2ubV36Hjpic.twitter.com/d0LMTcLCiC
Lipcovich apuntó además contra la dirección del hospital: “Es el mundo del revés: quien debería estar en el banquillo de los acusados es Lugones, responsable del fentanilo, de la destrucción de programas fundamentales de la salud pública nacional y de daños gravísimos a las principales instituciones sanitarias del país, incluido el Garrahan”. “Para seguir atornillados a sus cargos y preparar nuevos ataques —señaló— montan estas causas truchas, pretendiendo aleccionar y controlar a los trabajadores de un hospital que los puso en jaque”.
Karina, madre de paciente del hospital Garrahan, dijo: "Necesitamos que este gobierno de una vez por todas le de lo que merecen estos trabajadores, así que acá estamos todas las familias unidas para acompañarlos y siempre presentes, el pueblo tiene que salir a seguir acompañando".
Amanda Martín, secretaria adjunta de Ademys, también se hizo presente en la conferencia para llevar el apoyo de la docencia y apuntó: "La docencia con el Garrahan, estamos en el hospital en la conferencia de prensa que organizaron los trabajadores porque denuncian que luego de la conquista lograda con una enorme lucha, el gobierno quiere descargar sumarios masivos para disciplinar, para meter miedo contra los trabajadores que quieran organizarse y luchar como lo hace el Garrahan".
Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero en el FIT-U, dijo: "Vinimos a apoyar a los trabajadores del Garrahan que anunciaron un nuevo abrazo al hospital para rechazar las sanciones que el gobierno de Milei quiere aplicar sobre todos los que estuvieron a la cabeza de la lucha".
Los trabajadores reafirmaron que enfrentarán esta ofensiva con la misma metodología que les permitió arrancar el aumento histórico: unidad dentro del hospital, asambleas masivas y apoyo popular de las familias, organizaciones y la clase trabajadora.
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François Babeuf y Alexandre Darthé fueron detenidos y condenados a la pena capital en 1797, acusados de conjurarse para derrocar al Directorio. A Babeuf se le adjudicó la responsabilidad principal por la Conjura de los Iguales como se conocería al movimiento revolucionario. Darthé, por su parte, fue condenado a la guillotina como presunto firmante de una orden secreta para ejecutar a los cinco directores una vez que resultase triunfante la insurrección. Otros líderes de la Sociedad de los Iguales, como Felipe Buonarrotti, fueron desterrados y muchos otros detenidos y perseguidos. Delatada la Conspiración por un confidente policial, el Directorio emitió 255 órdenes de arresto para desmantelar a la organización revolucionaria. Un caso paradigmático fue la detención de un miembro del Consejo de los 500 del Directorio, que había jugado un papel fundamental en el arresto de Luis XVI, y era miembro de la tendencia babeuvista.
Las fases de la Revolución Francesa
El Directorio se constituyó a fines de 1795 y fue el emergente del golpe contrarrevolucionario de Termidor que derrocó a Robespierre y persiguió a los jacobinos, sans- culottes y a los rabiosos. Robespierre fue ejecutado en la guillotina el 28 de julio de 1794. En el corto tiempo que duró la dictadura jacobina -apenas un año- "el terrible martillo borró como por encanto de la faz de Francia todas las ruinas feudales", diría Marx, agregando que "la burguesía, con su temor y su prudencia, no hubiera realizado esa labor en el trascurso de varios decenios".
El Terror Blanco que siguió al golpe termidoriano liberó los precios de los granos desatando una enorme especulación y carestía. La contraofensiva conservadora fue poniendo fin a un ciclo de oleadas revolucionarias que habían empujado la revolución hacia adelante, y forzado a la burguesía a ir más allá de lo que esta pretendía en un inicio, que no era el derrocamiento revolucionario de la Monarquía sino su control parlamentario. A diferencia de la "Revolución Gloriosa" de 1688 en Inglaterra que dio comienzo a la era de una monarquía constitucional, la Revolución Francesa le costó la cabeza a Luis XVI y proclamó la República. Esta misma burguesía actuó bajo la presión de las luchas campesinas en la Francia rural, y de las capas urbanas de artesanos, tenderos, trabajadores, y del pueblo pobre identificadas con los sans-culottes. Distintos autores coinciden en señalar que la Revolución Francesa propiamente dicha se cerró con el Termidor y el Directorio que fueron consolidando a la burguesía como clase.
En estas fases se distinguen el periodo de la Asamblea Nacional y de los pactos entre la burguesía y la aristocracia para redimir e indemnizar a los señores. Esto marcaría el contraste entre la letra de la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos y la realidad de una “feudalidad encubierta” que dio lugar a una guerra civil en el campo hasta 1793. Los Girondinos impusieron su mayoría en la Asamblea Nacional y gobernaron hasta ser expulsados por una acción revolucionaria de las “Secciones de Paris” bajo la influencia y organización de los sans-culottes y hebertistas que representaban un ala izquierda de la Montaña. Como señala Albert Soubol “ a rivalidad entre la Gironda y la Montaña, pese a su común pertenencia burguesa, reviste, como consecuencia de las opciones políticas, un innegable carácter de clase. Brissot, líder de los girondinos escribió en octubre de 1792 que los “desorganizados eran aquellos que querían nivelarlo todo, propiedades, bienestar, precio de los productos, y diversos servicios a prestar a la ”sociedad”. Los intereses que defendían los girondinos eran los de la burguesía más rica de fabricantes y comerciantes.
Los sans – culottes y los hebertistas representaban a la masa popular urbana y fueron el pilar de las Secciones parisinas. Cada sección de París contaba con su propio gobierno municipal, armamento y comités revolucionarios. La alianza de la burguesía media con los barrios más revolucionarios de París encumbró a los jacobinos al poder. Maximiliano Robespierre fue el principal dirigente del Club de los Jacobinos conformado por sectores burgueses medios y de la intelectualidad liberal que proveyó de cuadros políticos a la fase más radical de la Revolución. Dirigiéndose contra los girondinos, Robespierre denunció a los falsos patriotas que quieren una República para sí mismos y que pretenden gobernar para los ricos (Carta a sus comitentes de setiembre de 1792). En diciembre afirmó que de todos los derechos “la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir, todas las demás están subordinadas a esta”.
La suerte de los girondinos quedó atada a la de Luis XVI que intentó escapar de Francia a fines de 1791 para fomentar la contrarrevolución y unirse a las tropas austríacas. María Antonieta estaba emparentada con los Habsburgos de Austria. Antes de huir, el rey dejó firmada la anulación de todo lo actuado por la Asamblea Nacional y la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Descubierto, Luis XVI fue detenido y puesto a disposición de la Asamblea Nacional. Los debates sobre qué hacer con el rey y el gobierno de Francia enfrentó a la “Montaña” (alianza de jacobinos y sans culottes) con los girondinos que pugnaban por mantener al monarca al frente del gobierno si éste aceptaba jurar la Constitución. En el extremo opuesto y bajo la presión de los barrios revolucionarios de París, los diputados jacobinos empujaron el juzgamiento del rey la reina y posteriormente su ejecución en la guillotina.
Los sans culottes y los hebertistas inclinaron la balanza y decidieron la suerte del rey y también de los diputados girondinos. Las jornadas revolucionarias del 31 de mayo al 2 de junio de 1793 –protagonizada por las secciones de París y la masa popular urbana- eliminaron a los girondinos. Los restos de la Gironda que no fueron detenidos y ejecutados se refugiaron en Burdeos, Marsella y Lyon donde se reagrupaban los partidarios del Antiguo Régimen y de un acuerdo traicionero con la intervención extranjera. A esta reacción contrarrevolucionaria se la conoció como las “revueltas federalistas”. Con la caída de los girondinos se desarrolló el periodo más revolucionario de la Revolución Francesa.
La dictadura jacobina y el Terror defendieron a un París exhausto y amenazado. En 1793 se decretó el “Maximun” para los granos, dirigido a armonizar el precio del pan con los salarios. Más lejos que lo que deseaban los jacobinos – quienes consideraban la propiedad privada como un derecho natural- los sans culottes le exigieron a la Convención otro “maximun” para que nadie pudiese tener más de una tienda o un taller. La vanguardia revolucionaria que fueron los barrios de París no la formaba un proletariado de fábrica -que era incipiente- sino una coalición de pequeños patrones y obreros. Soboul destaca en su libro La Revolución Francesa que de esta coalición se derivaron las características y contradicciones del movimiento popular. “El mundo del trabajo está caracterizado en su conjunto por laa mentalidad de la pequeño burguesía artesanal y cómo esta participa de la mentalidad de la burguesía”. Y agrega al respecto que los trabajadores no constituyeron ni por su pensamiento (programa) ni por su acción (marcharon detrás de los jacobinos y los más radicalizados sans culottes) un elemento independiente.
Ninguna de las fracciones de la Montaña cuestionaba a la propiedad privada como sí lo harán más tarde Babeuf y la Sociedad de los Iguales. Completa Soboul cuando señala que no había una relación directa entre el valor del trabajo y el nivel del salario “que se fijaba de acuerdo a los precios de las subsistencias”. Se identifica la dictadura jacobina con el Terror, que fue un medio de defensa nacional de la Revolución frente al complot de la aristocracia y los intentos de asesinatos de dirigentes jacobinos, entre ellos Robespierre. Los atentados se convirtieron en una contrarrevolución armada abierta. Soboul aporta un dato interesante cuando señala que el 71% de las ejecuciones se realizaron en las dos principales zonas de la guerra civil. Solo el 15% de las condenas a la pena capital se consumaron en París.
Durante 1793 el dirigismo económico del gobierno revolucionario se impuso bajo la presión popular y como necesidad de la defensa para alimentar al pueblo y aprovisionar las ciudades. Francia estaba prácticamente bloqueada y su comercio exterior paralizado. Entre las medidas que limitaron la libertad de empresa se destacaron las requisas, la tasación que impuso topes de beneficios, la nacionalización de la fabricación y producción de armamentos y la abolición definitiva y sin indemnización de todos los derechos señoriales, una reivindicación campesina que se arrastraba desde 1789.
Los jacobinos, partidarios del liberalismo económico no apoyaron jamás una reforma agraria ni la división de las grandes explotaciones en el campo. El historiador Georges Lefebvre escribió a propósito del Terror que este fue ante todo una manifestación colectiva y popular apoyada en los comités de vigilancia y los tribunales revolucionarios que dictaban las sentencias y elaboraban las listas de los enemigos de la Revolución y de quienes conspiraban aliados a las monarquías extranjeras con las que Francia estaba en guerra. En sus palabras 1793 fue el apogeo de la guerra civil.
Babeuf apoyó la represión contra los elementos contrarrevolucionarios pero criticó las ejecuciones de dirigentes como Hebert -a la izquierda de Robespierre- en las que veía una forma sumaria y brutal de zanjar diferencias internas, desmoralizando al pueblo.
François "Graco" Babeuf, fundador de la Sociedad de los Iguales, fue el representante de la tendencia más radical de la Revolución Francesa que dejó su sello en posteriores movimientos revolucionarios. Lo hizo en términos de programa y por la importancia que le asignó a la construcción de una organización revolucionaria, militante y centralizada. Los Jacobinos tuvieron sus clubes pero no una organización única. Lenin estudió a la Sociedad de los Iguales de François Babeuf -a través de Blanqui- y muy probablemente fue una inspiración para el Partido Bolchevique. La estructura clandestina que adoptó la Sociedad de los Iguales fue la respuesta a la persecución del Directorio. En la cúspide actuaba un Comité encargado de la Insurrección. Había una militancia activa que estaba organizada y recordaba a las logias masónicas secretas, y una periferia más amplia que colaboraba con los revolucionarios. El partido de Babeuf tuvo su centro en París con ramificaciones en varias ciudades de Francia y dentro de sectores del Ejército.
La Conjura no se propuso un golpe de mano sino desatar una insurrección nacional para consumar lo que llamaba Babeuf "la segunda Revolución Francesa". En sus discursos, en sus textos y en el Manifiesto de los Plebeyos, denunció el estrangulamiento de la Gran Revolución a manos de la burguesía y de todos los conciliadores que buscaban un compromiso con la aristocracia y que defendían la propiedad privada como un "bien sagrado”. El líder de los Iguales cuestionó el régimen de propiedad privada, la herencia y los privilegios de las clases adineradas. Veía en todo esto una contradicción entre la igualdad jurídica establecida por la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos y la falta de igualdad efectiva de los ciudadanos en la República. El dirigente revolucionario francés no se limitó a la crítica ética de las desigualdades sociales y se empeñó en organizar y profundizar la Revolución.
Si bien François Babeuf se dirigió a los Plebeyos, también puso en evidencia la diferenciación clasista en el seno del pueblo. La “dicha común”, bandera jacobina, era para los Iguales de Babeuf incompatible con la propiedad privada de la tierra y de la naciente industria. En el balance histórico entra la plena conciencia que tuvo François Babeuf sobre la necesidad de la construcción de una organización revolucionaria. La tarea planteada por Babeuf era el derrocamiento revolucionario de la reacción termidoriana y de su gobierno, el Directorio. Formado en la cuestión campesina, el publicista, político y militante revolucionario fue también un hombre de acción, varias veces encarcelado por su lucha. Fue en el rigor de la cárcel donde empezó a construir la organización clandestina de La Sociedad de los Iguales y a seleccionar los cuadros dirigentes que tendrían a su cargo el Comité Insurreccional. La tendencia babeuvista representó la variante más radical del socialismo utópico, tanto por su programa -la comunidad de bienes y de trabajo- como por su intervención directa en la lucha de clases.
El utopismo de François Babeuf no radicó en la construcción imaginaria de una sociedad ideal. Su pensamiento estuvo condicionado por el modo de producción y el proceso histórico en el que le tocó actuar, entre la caída del Antiguo Régimen absolutista y un capitalismo en vías de formación. La clase obrera, numéricamente reducida por el incipiente desarrollo capitalista, no jugó un papel preponderante en la Revolución como sí lo hicieron la pequeña burguesía urbana y el campesinado. Llamado el "primer comunista", Babeuf careció sin embargo de un análisis materialista dialéctico y de clase de la historia, que es la base del socialismo científico. Babeuf no entendía al Estado como una fase transitoria para reorganizar la sociedad en el camino de la extinción de las clases sociales sino como la estación terminal de la República igualitaria.
El Estado para Carlos Marx apareció históricamente con la propiedad privada y como un instrumento de coacción de las clases propietarias para asegurar el dominio y la explotación del trabajo ajeno. Con el advenimiento del capitalismo, el Estado burgués será la fuerza y la violencia organizada para la apropiación de la fuerza trabajo comprada por el capitalista como una mercancía. La extinción del Estado como organismo de coacción será la consecuencia de la extinción de las clases antagónicas en las que está dividida la sociedad. El mérito de Babeuf fue el de unir la lucha por la igualdad con la lucha por la abolición de la propiedad privada y una planificación estatal de la distribución de los bienes. Esta era la función que los Iguales le daban al Estado.
La reacción Termidoriana y la Conspiración de los Iguales
El golpe de Estado del mes de Termidor (onceavo en calendario republicano) y el Terror Blanco reaccionario (persecución de las organizaciones revolucionarias) fue cerrando la ola revolucionaria abierta el 14 de julio de 1789. La crisis se agudizó al final del invierno del año II cuando el gobierno jacobino se empeñó en someter a la democracia popular de los Sans Culottes y a las "secciones" de los barrios de París. Las dificultades para abastecer a la población agitaron el malestar social y dieron lugar a una doble oposición al gobierno fruto de la división de la Montaña. Por derecha se ubicaron los llamados "indulgentes" y por izquierda "los hebertistas". Se quebró de esta forma la alianza de los jacobinos con los Sans Culottes. El ejécito revolucionario fue licenciado en marzo de 1794, los comisariados encargados de combatir los acaparamientos, suprimidos, y desde el gobierno escaló una ofensiva contra las sociedades seccionarias que habían jugado un papel decisivo en los momentos más críticos de la Revolución y en la propia ejecución del rey, precipitando la República.
La descomposición del gobierno jacobino dividió a la Convención. Danton, líder de la fracción conciliadora, fue ejecutado. Antes, la represión se había dirigido haca los hebertistas. Golpeando a izquierda y a derecha, los jacobinos se desembarazaron de esta doble oposición. Hebert fue guillotinado acusado de debilitar a la Revolución por su campaña de “descristianización”.
La crisis gubernamental enfrentó al Comité de Salvación Pública con el Comité de Seguridad General, que en su mayoría era hostil a Robespierre. El "Incorruptible" cayó y con él se desmoronó el gobierno revolucionario. La pasividad de las Secciones de París -que habían sido el baluarte popular de la Revolución- fue una consecuencia de la propia desmovilización que habían impuesto los jacobinos cuando se volvieron contra el “movimiento seccionario”. El golpe termidoriano avanzó a caballo de esta desmoralización y confusión que iba poniendo a las masas en retirada. Consumado el golpe y guillotinados Robespierre y Saint Just, el Termidor disolvió el Club de los Jacobinos en noviembre de 1794 y abandonó la política del Terror. En su defecto aplicaría el Terror Blanco contrarrevolucionario para desmantelar las medidas que limitaban los beneficios de la burguesía más rica. Un último intento de los Sans Culottes, que se levantaron en abril de 1794, fracasó, y "el fabourg de Saint Antoine, columna de la Revolución de 1789, captuló sin combate" (Soboul).
En este complejo proceso -que recorrió distintas fases en pocos años- tuvo lugar la insurrección espontánea del 20 y 21 de mayo de 1795. Esta insurrección fracasada fue uno de los últimos estertores de resistencia al curso reaccionario. La insurrección volcó al pueblo de París a las calles agobiado por el hambre, la desorganización económica, la especulación, el desabastecimiento y la devaluación imparable de la moneda que llevó prácticamente a la desaparición del papel moneda. La carestía y la suba de los precios fue consecuencia de la inestabilidad económica, de la abolición de la ley de "máximun general" -que ponía un tope a los aumentos- y de la supresión de los precios subsidiados del pan y otros alimentos. El Directorio reprimió brutalmente el levantamiento.
No es correcto identificar el utopismo de Babeuf con el aventurerismo. La llamada Conjuración de los Iguales -fracasada, delatada y desmantelada por la policía- se propuso darle continuidad a la insurrección de 1795. Babeuf no era un desconocido sino un publicista reconocido y respetado por su compromiso y la persecución que sufrió durante la Revolución Francesa. Una de las conclusiones que sacó Babeuf de la insurrección de 1795 fue la de poner en pie una sólida organización revolucionaria. En esto trabajó Babeuf en prisión, y más tarde cuando fue liberado con una amnistía. La "Conspiración" no giró en el vacío pero también puso en evidencia el cambio negativo que se había producido en el ánimo popular. La derrota de la insurrección agravó el retroceso del movimiento popular.
Con el golpe del 18 Brumario de 1799, el poder pasó a manos de Napoleón Bonaparte quien se proclamó emperador cinco años más tarde. Napoleón había ganado un gran prestigio como general. El ciclo revolucionario se reabriría en condiciones históricas diferentes con las revoluciones de 1830, de 1848 y con la Comuna de París de 1871. La aparición del proletariado como actor revolucionario extremará el conservadurismo de la burguesía y su hostilidad al papel independiente de la clase obrera. Así fue en la Revolución de 1848 en Francia y en el resto de Europa. Marx acuñó la célebre frase inicial del Manifiesto Comunista "un fantasma recorre el mundo y es el fantasma del comunismo". Con la Comuna de 1871 -la forma hallada, según Marx- se superaba la división de poderes propia del liberalismo burgués poniendo en pie un organismo que legislaba y gobernaba al mismo tiempo con delegados electos, revocables, y un salario promedio de los funcionarios igual al de un obrero. Este organismo daba por tierra con el charlatanerismo de las asambleas y parlamentos burgueses y junto al armamento popular sentó las bases de la dictadura proletaria. La corta vida de la Comuna masacrada por la reacción solo le permitió a los revolucionarios comuneros dar los primeros pasos en la dirección buscada del gobierno obrero.
La tendencia socialista utópica que representó Francisco Emilio Babeuf fue reconocida por Carlos Marx y Rosa Luxemburgo como fuente teórica para la elaboración crítica del socialismo científico y el comunismo. Babeuf entendía imprescindible una dictadura revolucionaria para llevar adelante lo que el historiador Lefebvre llamó "el comunismo de bienes y reparto", base del igualitarismo baveuvista. Esta dictadura debía actuar para suprimir toda amenaza contrarrevolucionaria interna y externa y para organizar la distribución de los medios de vida a partir del trabajo colectivo. El "comunismo de subsistencia” de Baveuf se correspondía con la situación de un París hambriento y desabastecido pero reflejó también los límites de una economía fundamentalmente campesina.
Manifiesto de los plebeyos
El igualitarismo de Babeuf consideraba al trabajo como una obligación en una sociedad "sin parásitos ni haraganes" donde estuviese prohibida la explotación del trabajo ajeno. En esto se asentaba el comunismo de François Babeuf, un comunismo cuya necesidad no surgía de la producción industrial masiva -como la que avanzaba en Inglaterra con la Revolución Industrial- sino de la desesperación por el reparto de subsistencias para darle de comer al pueblo hambriento. Las crisis económicas recurrentes aumentaron el número de personas que debían ser asistidas para poder comer. La necesidad de un poder fuerte para defender la revolución fue también la conclusión que sacó Babeuf de la reacción termidoriana que extendió la represión contra todo el movimiento popular respondiendo a la voz de orden de la burguesía que reclamaba estabilidad económica y política para poner fin a la revolución y hacer progresar sus negocios.
El Manifiesto de los Plebeyos del 30 de noviembre de 1795 ofició como programa de los Iguales que se proponían abolir la propiedad privada. En este plano, François Babeuf se delimitó de Robespierre y los Sans-Culottes cuyo horizonte era la extensión del derecho de propiedad a todo el pueblo, y la regulación de la propiedad privada para evitar abusos y concentración de patrimonios. Para el jacobinismo el derecho de propiedad era un derecho natural, siguiendo el pensamiento de Rousseau. Sus medidas dirigistas apuntaban a la defensa y la extensión de la pequeña propiedad. Babeuf cuestionó toda ley agraria que se limitara a una generalización del reparto de tierras para asegurar la pequeña propiedad campesina. El Manifiesto de los plebeyos concluía que una generalización de la pequeña propiedad conducía en un tiempo breve a nuevas desigualdades sociales y al enriquecimiento de los más beneficiados dando lugar a nuevas concentraciones de la propiedad.
La lucha de los campesinos fue un gran acicate para el estallido revolucionario de 1789 y estuvo presente activamente en el período más álgido de la Revolución Francesa con motines y levantamientos hasta 1793. Esta lucha de clases en el campo fue virulenta contra los restos de la feudalidad y los compromisos de la burguesía con la aristocracia. Con la Asamblea Constituyente de agosto de 1789 se abolió la feudalidad institucional pero se mantuvo como realidad económica en los primeros años de la Revolución Francesa. Los derechos feudales que la Asamblea consideraba redimibles y sujetos a indemnización obligaban a los campesinos a pagar la liberación de las tierras. El decreto de marzo de 1790 distinguió entre la feudalidad dominante -usurpada por la violencia- de la feudalidad contratante con derecho a indemnización que fue convertida en propiedad privada para la redención de las rentas inmobiliarias. Las indemnizaciones eran impagables para el campesinado pobre. Las revueltas campesinas de agosto de 1789 pasaron a la Historia de la Revolución Francesa con el "Gran Miedo", un levantamiento campesino que atacó castillos, destruyó documentos feudales y tuvo como combustible la escasez de alimentos y los rumores de una conspiración aristocrática.
Lefevbre escribió que la abolición de la feudalidad fue una amarga decepción para los pequeños campesinos, granjeros y colonos porque se realizaba bajo la forma de un compromiso con la aristocracia. En el Manifiesto de los Plebeyos publicado en el periódico Tribuna del Pueblo, François " Graco" Babeuf defendió la abolición de la propiedad privada y una dictadura revolucionaria que garantizara la abolición. Sobre la cuestión campesina, dirá " ¿Es la ley agraria lo que queréis? No, es más que esto. Conocemos el argumento invencible que podrían oponernos. Se nos diría, y con razón, que la ley agraria no puede durar más que un día; que desde el día siguiente de su establecimiento, la desigualdad volvería a aparecer".
En otro párrafo señala lo siguiente: "Probaremos que la tierra no es de nadie, pero que es de todos. Probaremos que el pretendido derecho de alienabilidad es un atentado infame y criminal contra el pueblo. Probaremos que la herencia por familia es otro horror no menos grande; que aísla a todos los miembros de la asociación, y hace de cada hogar una pequeña república, que no puede dejar de conspirar contra la grande, y consagrar la desigualdad". Extendiendo su cuestionamiento más allá de la propiedad agraria señalará también que “producción de la industria y del genio devenga en propiedad de todos, dominio de la asociación entera, desde el momento mismo en que los inventores y los trabajadores les han dado vida; porque no son más que una compensación de las precedentes invenciones del genio y de la industria, de las cuales estos inventores y estos trabajadores nuevos se han aprovechado en la vida social, y que les han ayudado en sus descubrimientos“ … y “que ya que los conocimientos adquiridos son del dominio de todos, deben, pues, ser igualmente repartidos entre todos”. Y remata señalando que “el único medio de llegar a tal punto es establecer la administración común: suprimir la propiedad particular; vincular a cada hombre al talento, a la industria que conoce, obligarle a depositar el fruto en especies en el almacén común; y establecer una simple administración de distribución, una administración de subsistencias, que lleve el registro de todos los individuos y de todas las cosas".
François Graco Babeuf tomó su nombre político en honor al tribuno de la plebe y activo participante de las luchas sociales contra los Patrcios en la antigua República Romana. De origen humilde pudo educarse e indagar con su trabajo en los abusos que sufrían los campesinos. Como aprendiz de notario se fue especializando en derecho feudal y estudió los Cuadernos de Quejas donde los campesinos dejaban testimonios de sus denuncias y reclamos para llevar a los Estados Generales. Diría Babeuf que durante su estadía en la Región de Picerdía -donde trabajaba- descubrió en el polvo de los archivos señoriales "los misterios de la usurpación de la casta noble". En el Discurso preliminar al Discurso del Catastro Perpetuo, Babeuf desarrolló su cuerpo de ideas -prohibición al propietario de vender sus bienes y obligación de devolverlos a la comunidad a su muerte- que más tarde profundizó en el Manifiesto de los Plebeyos. No se trataba de limitar la gran propiedad sino de suprimir la propiedad privada misma estableciendo una comunidad de bienes y de trabajo.
La delimitación programática con los jacobinos y Sans Culottes no le impidieron a Babeuf defender a Robespierre y a otros revolucionarios jacobinos frente a la reacción termidoriana. Denunció y combatió a los girondinos cuando estaban en el poder, y desde 1794 al golpe de Estado al interior de la Convención. De este golpe nació el Directorio que lo condenó a la guillotina en 1797. La Revolución Francesa pasó a la Historia como un modelo de Revolución Burguesa pero tuvo como característica distintiva su componente popular y de luchas de clases y partidos que la distinguió de otras revoluciones burguesas de la época. Esto explica tanto su radicalización inicial hasta 1794 como la brutalidad de la reacción contrarrevolucionaria. Felipe Buonarrotti, compañero de lucha e integrante del Comité Insurreccional de los Iguales, desenvolvió el plan político de Babeuf y sus fundamentos en su libro “Conspiración en nombre de la Igualdad“ publicado en 1828.
Para finalizar citamos un extracto de la última carta de François Graco Babeuf a su familia, poco tiempo antes de ser ejecutado por el Directorio, que confirma su compromiso político y su integridad personal. Escribió "Decidles cómo he muerto e intentad hacedles comprender, a esas buenas gentes, que una muerte así es gloriosa, lejos de ser deshonrosa. Adiós para siempre; me envuelvo en el seno de un sueño virtuoso". La reivindicación de Graco Babeuf como "el primer comunista" es válida si se pone en el contexto de su tiempo. Marx y Engels se refirieron elogiosamente a la Sociedad de los Iguales como el primer partido “verdaderamente comunista”. León Trotsky inscribió a Babeuf entre los grandes mártires revolucionarios asesinados por la reacción a la altura de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht.
La Sociedad de los Iguales de Babeuf representó el ala más revolucionaria de la Revolución Francesa. Su incidencia efectiva en el proceso revolucionario fue muy limitado por el desmantelamiento represivo y por el retroceso de la iniciativa popular a partir del golpe contrarrevolucionario que derrocó a los jacobinos, pero su legado introdujo al “pensamiento comunista en la política” (Soboul).
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El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza con nuevas indagatorias y profundiza la descomposición del gobierno y el entramado de negocios que une a funcionarios, operadores para-estatales y las grandes droguerías del país. Lo que empezó con los audios del exdirector Diego Spagnuolo –donde hablaba sin tapujos de “choreo”, direccionamientos y aprietes internos– terminó destapando un verdadero sistema organizado para saquear fondos destinados a personas con discapacidad.
Este martes declaró en Comodoro Py Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los principales articuladores del circuito ilícito. No era funcionario, pero actuaba como un “director para-estatal” del organismo: impartía órdenes a trabajadores de Andis, definía pagos, direccionaba compulsas y funcionaba como nexo directo con las droguerías que monopolizaban las licitaciones. Tenía influencia sobre áreas clave como Pacbi –las prestaciones de alto costo– y recibía información interna en tiempo real de parte de gente que le respondía, como Lorena Di Giorno y el director Eduardo Nelio González.
Calvete llegó al juzgado trasladado en un camión celular, ya detenido por otra causa: en 2019 fue condenado por explotación económica de la prostitución, y su defensa agotó este año el último intento ante la Corte Suprema. Durante los allanamientos en su empresa Indecomm SRL, la Justicia secuestró 700 mil dólares, parte de los cuales estaban en el domicilio de su hija, Ornella Calvete, que renunció hoy a su cargo en el Ministerio de Economía. Lejos de ser una figura periférica, los chats revelan que participaba de gestiones con empresarios del sector ortopédico, preguntaba por “cash blanco” y articulaba reuniones cuyo resultado prometía festejar “con una lambo, una granja, lo que quieras”.
Los mensajes incorporados al expediente también muestran cómo, ante el avance de los allanamientos, Di Giorno –funcionaria de ANDIS– le informa a Calvete que ya estaba “borrando todo”.
Un mecanismo aceitado entre el Estado y las empresas
La investigación del fiscal Franco Picardi confirma lo que los trabajadores de la salud denuncian hace años: la corrupción es un sistema de negocios consolidado entre el Estado y un puñado de grandes proveedores. Las compulsas de precios eran manipuladas para restringir la competencia y beneficiar a siempre las mismas firmas: Profarma, Génesis, New Farma, Floresta, entre otras.
Entre 2024 y 2025, estas droguerías se repartieron casi 50.000 millones de pesos en compras direccionadas. Una vez asegurado el monopolio de proveedores, las empresas aumentaban sostenidamente los precios. Los cuadernos de Calvete detallaban los montos, las diferencias entre costos reales y precios inflados, y la distribución de esos excedentes. Un verdadero manual de funcionamiento del negociado.
El fiscal lo definió sin eufemismos: ANDIS se convirtió en una agencia “estructurada para la arbitrariedad”, donde el sistema informático Siipfis era usado para simular transparencia mientras se garantizaba la continuidad del saqueo.
El caso ANDIS vuelve a poner sobre la mesa cómo el capitalismo de la salud opera a costa de las necesidades de los sectores más vulnerables. Medicamentos biológicos, audífonos, implantes cocleares, insumos quirúrgicos: todo convertido en fuente de renta para las mismas empresas que llevan décadas amasando fortunas con sobreprecios, retornos y tráfico de influencias.
El gobierno intenta despegarse con renuncias aisladas y distancia discursiva, pero la evidencia demuestra que la red operaba dentro del Ministerio de Economía y con vínculos políticos directos. La corrupción no es una desviación: es el modo de gestión estructural del Estado puesto al servicio de los capitalistas.
Este esquema no se va a desarmar mientras siga en manos de un Estado que actúa para las droguerías y empresas que se enriquecen con fondos públicos destinados a personas con discapacidad.
La única salida real pasa por poner bajo control de trabajadores, pacientes y comités electos democráticamente la gestión de las compras, auditorías y prestaciones, expulsando a la burocracia política y cortando los negocios de las droguerías. La salud y los insumos de alto costo no pueden seguir siendo una caja negra del Estado y un botín para los capitalistas.
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El gobierno de Javier Milei acaba de dictar un decreto que autoriza a AySA a cortar el servicio de agua potable por falta de pago, una medida abiertamente inconstitucional y violatoria de la jurisprudencia vigente, que reconoce al acceso al agua como un derecho humano esencial. Esta resolución, que ya fue denunciada judicialmente, forma parte del plan de privatización de AySA, la empresa que abastece a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano.
La medida busca disciplinar a los usuarios y aumentar la cobrabilidad de cara a la venta de la empresa, para hacerla más “atractiva” a los inversores privados. Es el mismo camino que recorrieron Menem y el FMI en los '90, cuando entregaron Obras Sanitarias a manos del consorcio Aguas Argentinas S.A., encabezado por Suez, con tarifazos, despidos, desinversión y corrupción. Aquella experiencia terminó en una catástrofe sanitaria y económica que obligó a su reestatización parcial en 2006, aunque bajo la forma de una sociedad anónima, dejando abierta la puerta para un nuevo vaciamiento.
Una privatización a medida del FMI y del gran capital
El decreto que habilita los cortes de agua se inscribe en el paquete de medidas de desregulación y privatización impulsadas por el DNU 70/23 y los decretos 493 y 494/2025, que autorizaron la venta del 90% del paquete accionario de AySA y modificaron su marco regulatorio, eliminando los requisitos de expansión, calidad y universalidad del servicio. También habilitaron el aumento ilimitado de tarifas y redujeron las exigencias de control estatal.
El objetivo es entregar el agua al capital privado como parte de las negociaciones con el FMI. Entre los posibles compradores figuran empresarios locales como Mauricio Filiberti (Transclor) y Daniel Sielecki, así como la compañía de aguas de San Pablo. Pero también deschavó que Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel, tiene injerencia en la empresa estatal.
Mekorot, cómplice del genocidio y del saqueo hídrico
Mekorot asesora actualmente a AySA en virtud de un contrato firmado en noviembre de 2024 durante la gestión de Malena Galmarini y Wado de Pedro, el mismo equipo que impulsó convenios similares en diez provincias. Esta empresa —denunciada por organismos internacionales y de derechos humanos— roba el agua al pueblo palestino, impone un régimen de apartheid hídrico en Cisjordania y usa el agua como arma de exterminio en Gaza.
En Argentina, su “asesoramiento” apunta a poner los recursos hídricos al servicio del extractivismo: la megaminería, el agronegocio y los emprendimientos inmobiliarios de lujo, en detrimento del abastecimiento popular. En ese sentido, firmó convenios confidenciales con la mitad de las provincias del país, especialmente las zonas de estrés hídrico, por lo cual incide sobre gran parte de la política hidráulica nacional. En la zona de cobertura de AySA los desarrollos inmobiliarios de los grandes grupos, como IRSA en La Boca, tienen prioridad de conexión, mientras que el 25% de los hogares del conurbano sigue sin acceso al agua potable y el 42% carece de red cloacal.
El derecho al agua en peligro
La nueva resolución que habilita el corte del servicio viola la Ley Nacional 26.221 y los principios reconocidos por la ONU, que establecen que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano básico que no puede ser suspendido por razones económicas. Numerosos fallos judiciales en el país ratificaron este principio, incluso en causas contra empresas privadas de servicios públicos.
Sin embargo, el gobierno pretende eliminar este derecho esencial para entregar los recursos hídricos al gran capital, mientras paraliza las obras, despide trabajadores, elimina subsidios y reduce la inversión pública. Solo entre 2021 y 2022, las transferencias de capital a AySA cayeron más de 50% en términos reales, lo que agravó el déficit de infraestructura y acceso al agua en los barrios populares.
Frente a este ataque, la Campaña contra la Privatización de AySA —integrada por organizaciones sociales, ambientales y sindicales— viene impulsando actos, declaraciones y concentraciones frente al Palacio de Aguas de Córdoba y Riobamba, en defensa del agua como derecho humano y bien común.
El agua no es un negocio ni una mercancía: es un derecho humano y un bien común. Enfrentemos la entrega de AySA, el ajuste del FMI y la injerencia colonial de Mekorot. Organicémonos por el derecho del pueblo al agua.
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La lucha de la familia Villalba contra la persecución política, la represión y la impunidad
Nos sumamos a la convocatoria frente a la Embajada de Paraguay del próximo 28 de noviembre a las 11 horas para denunciar al Estado paraguayo.
Campaña Internacional en Solidaridad con la Familia Villalba.
Días atrás, las presas políticas Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino tomaron la drástica decisión de iniciar una huelga de hambre en protesta por el trato vejatorio e inhumano que reciben en la cárcel donde se encuentran injustamente privadas de su libertad. El maltrato al que se encuentran sometidas se tornó particularmente gravoso desde su traslado al penal de máxima seguridad “Martín Mendoza de Emboscada”, donde se encuentran recluidas hace más de un año soportando todo tipo de vejámenes violatorios de la normativa del propio Estado paraguayo y tratados internacionales que ha suscripto.
La medida de fuerza extrema fue tomada para denunciar la tortura lisa y llana que soportan a diario ya que las mantienen en completo aislamiento, en celdas de diminutas dimensiones y sin poder acceder, al menos, a material de lectura para seguir estudiando. Luego de una semana en huelga de hambre en reclamo por mejoras en las condiciones carcelarias, la salud de las compañeras se vió visiblemente desmejorada y levantaron la medida. La solidaridad con las compañeras presas políticas llegó desde las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos de distintos países que vienen acompañando a la familia Villalba y denunciando al Estado Paraguayo como responsable de la persecución que sufren hace décadas.
Recordemos que Carmen cumplió una pena de 18 años en el año 2021 y sigue presa por una causa armada para impedir que recupere su libertad. Laura fue detenida meses después del asesinato de las niñas y recientemente fue condenada a 26 años de prisión, en un simulacro de juicio, siendo la única sentada en el banquillo de los acusados por este crimen, donde como pruebas se valieron de los testimonios de integrantes de las Fuerzas de Tarea Conjunta que participaron de la masacre.
¿Dónde está Lichita?
Entre las razones que motivaron la huelga de hambre por parte de las compañeras Carmen, Laura y Francisca se encuentra la desaparición forzada de “Lichita” Villalba, de la que el próximo 30 de noviembre se cumplen 5 años sin que se haya verificado avance alguno en la causa iniciada por ello. Nada se hizo por saber sobre el paradero de Lichita, las circunstancias de su desaparición y los responsables de la misma luego del 30 de noviembre del año 2020, cuando fue herida mientras escapaba del sanguinario operativo de las Fuerzas de Tareas Conjuntas donde resultaron asesinadas las niñas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba. No es casual, no es desidia, es encubrimiento de un crimen de Estado contra niñas inocentes. Es impunidad.
En el plenario piquetero llevado a cabo recientemente en el Parque Lezama por las organizaciones que integramos el Frente de Lucha Piquetero para organizar un plan de lucha para enfrentar al gobierno que pretende profundizar su ataque contra la clase obrera tras el triunfo electoral, Myrian Villalba -que también fue perseguida por el gobierno de Milei que le retiró a ella y su familia el estatus de refugiados políticos- hizo llegar su saludo los presentes, una actualización de la situación de las compañeras presas por la persecución estatal y un pedido de acompañamiento en su lucha contra las violencias de las que son víctimas. El plenario expresó su solidaridad con la familia Villalba y el compromiso de seguir acompañando la lucha por justicia por las niñas asesinadas, la aparición de Lichita y la libertad de Carmen, Laura y Francisca, rehenes del Estado paraguayo por levantar la voz contra las injusticias cometidas por los poderosos.
A 5 años de la desaparición forzada de Lichita Villalba, desde el Polo Obrero nos sumamos a la convocatoria frente a la Embajada de Paraguay del próximo 28 de noviembre a las 11 horas, para denunciar al Estado paraguayo infanticida y reclamar respuestas inmediatas sobre su paradero.
¡Eran niñas! ¡aparición con vida de Lichita! ¡libertad a las presas políticas! ¡el Estado paraguayo es responsable!
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Más de 2.000 delegados y delegadas del Frente de Lucha Piquetero deliberamos el 6 de noviembre en Parque Lezama para enfrentar la ofensiva antiobrera y antipopular de Milei, que con su reforma laboral busca destruir conquistas históricas y profundizar el hambre y la desocupación.
El plenario del Frente de Lucha Piquetero resolvió un plan de lucha escalonado para enfrentar el ajuste, la reforma laboral y la avanzada represiva del gobierno. La primera cita será el 13 de noviembre, con una concentración en el Obelisco para rechazar la criminalización de quienes se organizan y luchan. La continuidad llegará el 19 de noviembre, con una movilización desde el Congreso a Plaza de Mayo junto a jubilados y otros sectores, bajo las consignas “Fuera Milei, Trump y el FMI”.
La agenda seguirá en la primera semana de diciembre, con una jornada de lucha unitaria del movimiento piquetero contra el hambre y la desocupación, exigiendo la restitución de los alimentos a los comedores y el fin del ataque a los programas sociales. El cierre será el 20 de diciembre, con una gran marcha a Plaza de Mayo para enfrentar la reforma laboral y el plan de ajuste en su conjunto. El plenario llamó a fortalecer la unidad entre ocupados y desocupados y a poner en pie un plan de lucha nacional de toda la clase obrera.
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Uno de los debates que se dará en las sesiones extraordinarias en los próximos meses tiene que ver con el Presupuesto 2026. El gobierno de Javier Milei ya esta tejiendo lazos con los gobernadores de todo tinte y color para lograr su aprobación.
En el presupuesto se prepara un nuevo ataque a los sectores mas vulnerables que de, aprobarse, será avalado por todas las fuerzas políticas. En principio, el gobierno de Javier Milei se dispone a eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, hasta ahora atada a la movilidad jubilatoria, que toma como guía a la inflación. Lo mismo quiere hacer con las asignaciones familiares que cobran los hijos de los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Se trata de una de las promesas que Caputo le hizo al FMI para aprobar la primera revisión del acuerdo con el Fondo.
Si se concreta, implicará que el monto de la AUH, en vez de actualizarse de manera automática todos los meses de acuerdo al índice de inflación, pasará a depender de lo que considere apropiado el Ministerio de Capital Humano. Esto sería un enorme retroceso en el reconocimiento de los derechos de la infancia. Especialmente de aquellas niñeces a las que les tocó nacer en ámbitos social y económicamente vulnerables.
Cabe destacar que, por otro lado, el Ministerio de Capital Humano planea una profunda transformación en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, que dejarán de pagarse como subsidios directos para convertirse en vouchers de capacitación laboral.
La medida afectará a quienes actualmente perciben los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, creados tras la disolución del plan Potenciar Trabajo. En este nuevo esquema, los beneficiarios dejarán de recibir transferencias mensuales y pasarán a canjear vouchers por “cursos” o “capacitaciones en instituciones y empresas registradas”. Empresas como Arcos Dorados (McDonald’s) y Sinteplast, manifestaron su interés en sumarse a este esquema.
De esta forma, el gobierno dejaría de asistir de manera directa a los sectores mas vulnerables para darles un beneficio a las empresas privadas que contarían con estos fondos para efectuar esos “cursos” o “capacitaciones”. El gobierno apela al mismo recurso que apelaron todos los gobiernos que lo precedieron para avanzar en la eliminación del programa. Instala la idea de que el problema de la desocupación tiene que ver con la “falta de capacitación” de los trabajadores, cuando estamos asistiendo al problema inverso, cada vez hay mas trabajadores que están sobre capacitados para los trabajos que realizan. Por otra parte, durante el gobierno de Milei, se perdieron mas de 200 mil puestos de trabajo formales y una cifra no registrada que puede ser mayor en el ámbito informal. El problema de la desocupación tiene que ver con el ajuste y la desindustrialización de las fuerzas productivas a las que nos llevaron todos los gobiernos.
El movimiento de desocupados se prepara para enfrentar este ataque. El Plenario Piquetero, con mas de 2.000 delegados de todo el AMBA y del interior de la provincia de Buenos Aires, votó un plan de lucha que pondrá a miles en las calles para frenar a Milei.
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La reforma laboral es también enemiga de los desocupados que changuean, cartonean, tienen un laburo en negro o, en el mejor de los casos, son obligados a ser monotributistas.
Por varios motivos. Porque la reforma propone hacer trabajar más a los que tienen trabajo, sea por mayor jornada, por menos descansos y vacaciones o por mayor explotación y productividad en sus trabajos. Por otro lado propone hacer gratis o insignificante el despido. A esto sumemos la elevación de la edad jubilatoria a 70 años que pretenden en la reforma previsional. Son todos factores que crean más desocupación y por lo tanto mayor competencia para conseguir el sustento para quienes ya estamos desocupados.
Esto ya ocurrió con las reformas laborales de la dictadura, la de los años ’90 que llevó los desocupados al 18% de la población activa y con la Ley Banelco de De la Rúa que terminó en el desastre del 2001/2002 con millones de trabajadores que fueron a la calle, sin trabajo. Y, bien mirado, está ocurriendo ahora con la Ley Bases de Milei y con la recesión que nos castiga con este gobierno.
Pero nos dicen que los “privilegios” de los que trabajan en blanco y tienen al menos un convenio colectivo y una obra social, aguinaldo y vacaciones, son el motivo que impide crear empleo. O sea que con menos derechos habría más empleo. Sin embargo, los tres gremios con más trabajo en negro son los que menos derechos tienen: empleo doméstico, trabajo rural y construcción.
Mienten. Solo pretenden una mayor explotación de los que trabajan para ampliar el beneficio capitalista y patronal. Esto, a su turno, deprime el mercado interno. Lo que crea trabajo es la reactivación económica, la obra pública, la construcción de viviendas, la apertura de industrias, el movimiento comercial, todo lo contrario de lo que ocurre ahora.
Los salarios de hambre que ganan la abrumadora mayoría de los trabajadores deprimen el mercado interno y como consecuencia hay despidos y menos trabajo para todos. Incluso para los desocupados que changueamos.
Desde el movimiento piquetero combativo rechazamos todo esto, nos asociamos al reclamo de mejores salarios, a luchas como la del Garrahan, no solo porque allí se atienden nuestros hijos, sino también porque con mejores salarios y movimiento económico habrá más puestos genuinos de trabajo por los que luchamos. Lo mismo que un plan de obras públicas y de un millón de viviendas populares para crear puestos de trabajo. Milei es cero obra pública y cero vivienda.
Ellos proponen llevar los que están en blanco a la situación de los que están en negro. Y es mentira que eso termina con el trabajo en negro, porque las patronales negreras de La Salada o del puerto de Mar del Plata, o de la construcción, o del campo, facturan en negro para evadir impuestos y de allí pagan los salarios en negro.
Igual viene un debate. ¿Qué hacemos con cartoneros, monotributistas y precarizados? Luchamos por su convenio, por el pase a planta. Un cartonero trabaja para la industria del papel que gana fortunas. El barrendero con un plan debería ser municipal. El tercerizado tiene que pasar al convenio principal de la actividad. Y así de corrido.
Tampoco podemos aceptar que no haya más “impuestos al trabajo”, el verso para terminar con las obras sociales y con la jubilación. Es el esclavismo. Nos quieren volver al siglo diecinueve en el siglo veintiuno. Vamos contra la reforma laboral junto a toda la clase obrera. Vamos por puestos genuinos de trabajo. Por un salario equivalente a la canasta familiar. Por el reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos. Vamos por la unidad de ocupados y desocupados. Paro activo y plan de lucha hasta la huelga general para derrotar a Milei.
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Será a partir de las 10 horas, habrá cortes y manifestación frente a Legislatura, se espera una fuerte movilización de sindicatos combativos y organizaciones piqueteras.
En un plenario colmado de organizaciones del Frente de Lucha Piquetero y de delegaciones obreras de las principales luchas del país, referentes de distintos gremios y sectores en conflicto expusieron la necesidad urgente de una acción común frente al ajuste y la ofensiva del gobierno. Desde el Garrahan hasta los telefónicos, pasando por docentes universitarios, gráficos y jubilados, las intervenciones coincidieron en que la unidad entre trabajadores ocupados, desocupados y jubilados es el camino para enfrentar la motosierra, derrotar la reforma laboral y preparar una gran jornada de movilización en las calles. A continuación, algunas de las principales intervenciones.
Ileana Celloto – Secretaria Adjunta de AGD UBA, dijo: “Acá acabamos de escuchar la propuesta de un 20 de diciembre, una medida que corresponde, que tenemos que trabajar de conjunto. Vamos a un 20 de diciembre de masas para demostrarle a este gobierno que seguimos peleando y que seguimos peleando en unidad, en unidad de trabajadores ocupados y desocupados, por eso hoy estamos aquí”.
Gerardo Oroz – Junta Interna de ATE Garrahan afirmó: “Los compañeros del Garrahan llegamos al plenario celebrando una "enorme conquista" lograda esta semana, que constituye un primer antecedente de victoria de la clase obrera frente a las políticas del gobierno. Consideramos este triunfo como el primer paso para poner un freno a la política de "motosierra" de Javier Milei. El Garrahan demostró que sí se puede enfrentar la política del gobierno y que sí le podemos ganar al gobierno de Milei. Agradecemos la solidaridad y el acompañamiento del movimiento piquetero en las movilizaciones".
Pablo Eibuzick, delegado de La Naranja Telefónica y parte de la minoría en Foetra sostuvo: “Llamamos a buscar la unidad de todos los trabajadores (ocupados, desocupados y precarizados) para salir a la calle y derrotar la reforma laboral. Impulsemos un paro activo nacional y un plan de lucha para derrotar al gobierno de Milei, los yankees y todos sus aliados y cómplices en el país.”
Sebastián Rodríguez, delegado de La Naranja Gráfica y miembro de la comisión Interna de la gráfica Morvillo dijo: “traigo el saludo de los compañeros que llevan más de ocho meses ocupando la fábrica, resistiendo el cierre patronal y defendiendo la continuidad productiva y cada puesto de trabajo. Agradecemos a todas las organizaciones presentes por el apoyo incondicional que han brindado desde el primer día de la ocupación. Este plenario es un ejemplo de la necesidad de unidad entre trabajadores ocupados y desocupados”.
Nora Biaggio, del Plenario de Trabajadores Jubilados, afirmó: “estar en este plenario es un honor, ya que reúne a quienes están en las calles, enfrentando la política de todos los gobiernos, ya sean desocupados, jubilados o trabajadores. Proponemos que el plenario resuelva una gran marcha para el 19 de noviembre con las consignas: "Fuera Trump, que es el que está gobernando la Argentina", "Fuera Milei, fuera el Fondo Monetario Internacional", "Abajo la reforma laboral anti-obrera".
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Los trabajadores del Hospital Garrahan convocan a un cabildo abierto este jueves 13 de noviembre a las 16 horas, en las puertas del hospital (Combate de los Pozos 1881), para rechazar la persecución judicial y los sumarios internos contra 45 trabajadores, entre ellos dirigentes sindicales de la Junta Interna de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT).
La medida surge como respuesta a una ofensiva del gobierno y la dirección del hospital, que buscan disciplinar a los protagonistas de una de las luchas más importantes del año, aquella que arrancó un aumento histórico del 61%, rompiendo el techo salarial que el gobierno intentaba imponer en todo el Estado.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, denunció que “la persecución montada por el gobierno mediante 45 sumarios internos y una causa penal es un atentado a las libertades democráticas. Es un claro caso de revanchismo, dado que fue derrotado por nuestra lucha, mediante la cual conseguimos un incremento histórico del 61% al que se resistieron durante meses. Ahora, Lugones y la dirección del hospital, desautorizados por la conquista, nos la quieren cobrar a los representantes más activos de una lucha que conmovió al país”.
Lipcovich agregó: “es el mundo del revés: quien debería estar en el banquillo de los acusados es Lugones, responsable del escándalo del fentanilo, del vaciamiento de programas fundamentales de salud pública y de daños gravísimos a las instituciones sanitarias nacionales, incluido el Garrahan. Para seguir atornillados a sus cargos y preparar nuevos ataques, montan estas causas truchas, pretendiendo aleccionar y controlar a los trabajadores de un hospital que los puso en jaque”.
Por su parte, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE y también sumariado, sostuvo que “estos sumarios truchos muestran el grado de impotencia del gobierno. Sabe que el triunfo del Garrahan es un antecedente para todo el movimiento obrero. Rompe con la parálisis de las centrales sindicales y marca un camino: asambleas, paros y movilizaciones para conquistar derechos. La reforma laboral antiobrera no puede pasar si nos levantamos como lo hicimos en el hospital. Enfrentaremos esta persecución con la misma metodología que nos dio el triunfo: unidad adentro, acciones masivas y apoyo popular afuera. No pasarán”.
La Junta Interna de ATE Garrahan convoca a todas las organizaciones sindicales, políticas y sociales a acompañar el reclamo. La lucha en defensa de los trabajadores del Garrahan es una causa de todo el movimiento obrero.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
El Frigorífico Euro, que se encuentra en la ciudad obrera de Villa Gobernador Gálvez, fue tomado por sus trabajadores frente a un brutal vaciamiento por parte de la patronal, con deudas salariales, despidos y la decisión de la empresa de desaparecer en medio de este cuadro de crisis.
Villa Gobernador Gálvez es conocida como la capital nacional de la carne, porque es un gran polo de la industria frigorífica. En ella se concentran los grandes monstruos de la industria como Swift, Paladini, Sugarosa, y la tripería Euro, entre otras.
"Acá junto a mis compañeros de trabajo de hace más de 20 años, hemos decidido tomar la empresa por falta de pago, la situación es muy difícil, la venimos remando desde enero con falta de pagos, despidos, retiros voluntarios, no nos quedo otra que tomar la empresa" Hugo, delegado… pic.twitter.com/HYSHRK2jIG
El frigorífico Euro viene de años de vaciamiento. La pelea entre empresarios, solo para defender sus ganancias, ha llevado a la histórica tripería al filo del cierre total. La firma pertenecía a la familia Lequio. Hace 3 años aproximadamente, un grupo inversor a cargo de Guillermo Salimei y Néstor González entre otros, se hizo cargo del frigorífico por una deuda que la Familia Lequio no pagó. Estos empresarios marplatenses llevaron a que hoy el frigorífico esté parado totalmente, con más de 47 despidos, con desconocimiento de las conciliaciones obligatorias y deuda salariales con los trabajadores. Una estafa con todas las letras, donde en medio de los negociados, están en juego 160 familias obreras.
Los trabajadores, algunos con hasta 20 años de antigüedad, están ocupando la fábrica para defender los puestos de trabajo. Una situación de crisis total que empezó en el mes de enero del 2025 con retiros voluntarios incumplidos por la patronal, con despidos y deudas en el pago de los salarios.
"Han despedido a 46 trabajadores en el marco de un largo proceso de vaciamiento, aquí había 400 obreros de la carne y los empresarios fueron cerrando sectores y a poco provocando un vaciamiento de la empresa" @DeianaCarla desde la ocupación del frigorífico Euro https://t.co/xM1IOvmdiFpic.twitter.com/pqUy7KdArV
Lo llamativo es que en la fábrica, al día de hoy, hay producción lista para comercializar y con ese dinero resolver la angustiante situación. Nada de eso pasa. Resuena otra vez el nombre de la familia Lequio como posible compradora. La cual nunca dejó de utilizar a la tripería para la producción de sus otras firmas. ¿Raro? Claro que no. Son las típicas maniobras de los capitalistas, para salvar sus ganancias a costa de sus trabajadores.
La ocupación como método de defensa
El Ministerio de Trabajo y el gobierno de Pullaro no han hecho nada para impedir este atropello patronal y defender los puestos de trabajo. Son verdaderos cómplices de los empresarios y, más allá de alguna mediación formal, se lavan las manos y miran para otro lado. Lo mismo que hicieron en numerosos conflictos obreros por despidos y suspensiones, como en la Láctea Verónica, la línea blanca (Briket), Algodonera Avellaneda y muchas otras fábricas de la provincia
Por eso, en el marco de una enorme crisis industrial en Santa Fe, tomar la fábrica es la respuesta más acertada por parte de los trabajadores. Se organizan en turnos y las familias acompañan. Tenemos que rodear de solidaridad esta lucha y por eso es necesaria una movilización de todos los trabajadores de la carne, para que el conflicto triunfe. Estamos a disposición de los trabajadores para apoyarlos en todas las medidas de lucha que decidan llevar adelante.
Viva la ocupación de los trabajadores de Euro. Reincorporación de todos los despedidos. Pago inmediato de las deudas salariales.
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A medida que se agravan la crisis y la descomposición social, escala la violencia en las escuelas. En Mar del Plata, en las últimas semanas se dieron a conocer situaciones de violencia casi diarias que desbordaron el 11 de noviembre en la primaria 21. Ante una denuncia de abuso de parte de un niño de quinto grado a dos niñas de primero, las familias se concentraron frente al establecimiento provocando roturas e increpando al personal. La situación continuó con el incendio de la precaria vivienda del niño.
El frente gremial docente, que hasta el momento no había tomado ninguna medida frente a la violencia, debió convocar a un paro distrital, al que se plegaron los docentes municipales (STM) y auxiliares (ATE). El paro fue casi total y se realizó una enorme movilización. La adhesión a ambas medidas muestra el estado de preocupación y alarma de la docencia y el reclamo de medidas concretas.
El caso de la primaria 21 muestra con claridad la responsabilidad de los gobiernos municipal, provincial y nacional frente a la violencia en las escuelas. La violencia se expresó ante la sensación de desprotección y falta de respuestas de las familias de barrios vulnerados que no tienen solución frente a ninguna de sus problemáticas.
Por su parte, la escuela, como todas, no tiene las condiciones para llevar adelante las tareas de educación, cuidado y atención al padecimiento subjetivo de las infancias, víctimas de la violencia y el ajuste.
Necesitamos un política real de cuidado de la infancia y la juventud, con fortalecimiento y ampliación de los equipos de orientación escolar que tienen mucha más tarea en el cuadro de crisis social para atender las situaciones particulares. Creación de cargos directivos, de preceptores/as, parejas pedagógicas y desdoblamiento donde sean necesarios; comedores escolares en todas las escuelas y condiciones edilicias adecuadas. A su vez, necesitamos políticas de cuidado de la docencia: salarios acordes a la canasta familiar por cargo, desconexión digital, aplicación efectiva del acuerdo paritario de prevención, reparación y resguardo, y funcionamiento pleno de Ioma para cuidar nuestra salud física y mental.
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Este miércoles 12 de noviembre casi dos mil trabajadores de prensa escrita, radial y televisiva podrán votar en las elecciones del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Habrá 25 mesas que exhiben la enorme representación que se ha ganado el sindicato en sus más de diez años de existencia.
Se trata de la primera elección de Comisión Directiva que se realiza con el pleno reconocimiento del SiPreBA que, en febrero de 2023, doblegó a la burocracia de la Utpba en la compulsa que se realizó, con diez años de demora, en el Ministerio de Trabajo.
Esos diez años de transición resultaron muy costosos para los trabajadores. Desde abril de 2016 a septiembre de 2025 la categoría testigo de redactor en prensa escrita, por ejemplo, perdió un 62% de su poder adquisitivo con relación a la evolución de la Canasta Básica Total (CBT) que mide la pobreza. Ese retroceso no toma en cuenta, además, las distorsiones metodológicas en la medición de la inflación que sostiene el Indec que subestiman la pérdida de casi diez puntos adicionales.
Dicho de otra forma, mientras que en aquel momento el haber se ubicaba un 17% por encima de la línea de pobreza, hoy está un 56% por debajo. Es que, de sostenerse los salarios contra los que se peleaba en 2016 y que en gran parte motivaron la creación del SiPreBA en 2015, los $513.863 que se percibían en septiembre de 2025 deberían ser $1.376.916.
La pandemia en 2020-2021, acompañada del teletrabajo masivo y la atomización aprovechada por la Utpba, en contraste con las comisiones internas y el SiPreBA, impedido de negociar paritarias, resultaron el vehículo para avanzar en una mayor baja de los salarios y viabilizar el pluriempleo que impusieron. En los hechos, una reforma laboral que vulneró el convenio en general y la jornada de trabajo en particular.
Las empresas, por su parte, aprovecharon para reducir costos y trasladarlos al bolsillo de los trabajadores a los que además le impusieron la precarización laboral a través de las colaboraciones en medios, revistas y programas de radio.
La realidad en prensa radial no es mejor. Los salarios de convenio se encuentran por el piso ($560 mil netos el redactor en agosto 2025) aunque, en rigor, prima la precarización y el monotributismo con todavía menos derechos. Prensa televisada pudo sostener relativamente sus salarios gracias a las representaciones por empresa que, finalmente, consiguieron avanzar en la paritaria por rama dinamitada por las empresas que decidieron fracturar la cámara.
Un gremio de pie
A pesar de los magros salarios de convenio, las empresas de medios incumplen recurrentemente los convenios y el pago de los haberes en término. Del otro lado, los trabajadores siguen dando muestras de resistencia y lucha, como se verificó nuevamente en Télam. La segunda enorme lucha en la última década con acampes y movilizaciones acompañadas por todo el gremio logró preservar los puestos de trabajo de quienes decidieron defender hasta el final su puestos de trabajo. El SiPreBA incluso pudo imponer el pase a planta de medio centenar de contratados que acompañaron la lucha hasta el final. La misma voluntad de lucha exhibieron los trabajadores de Editorial Perfil, Página/12 y los medios públicos en general defendiendo sus salarios y puestos de trabajo.
Así las cosas, el SiPreBA tiene un inmenso desafío por delante. Habiendo ratificado en forma irrefutable la representación del gremio y habiéndose ganado un lugar inequívoco en la lucha contra los ataques del gobierno a la libertad de expresión y en la organización gremial, política y hasta social de los trabajadores de prensa tiene por delante la tarea de recuperar lo perdido durante una larga década.
Unidad
Un voto masivo a la lista Unidad Pluricolor que integra La Naranja de Prensa con tres compañeros de Tiempo Argentino, El Cronista y Diario Bae, reforzará ante las empresas y los propios trabajadores su poderío que, en definitiva, deberá plasmarse en la lucha de clases a través de paros unificados y movilizaciones.
A diferencia de la primera elección en la que un sector del kirchnerismo (agrupado en la extinta Gremial de Prensa) presentó una lista alternativa luego de rechazar la realización del plebiscito fundacional y la propia creación del SiPreBA, en esta oportunidad la elección tendrá una sola lista tal como ocurrió en 2021. El voto tiene el sentido de respaldar una conducción y una construcción que ya acumula una década de luchas.
La lista Unidad Pluricolor agrupa un creciente número de comisiones internas de cada vez más medios de prensa, sumando en particular nuevas representaciones en prensa televisada y medios recuperados y autogestivos. El desafío es avanzar todavía más en la precarizada rama radial.
Las diferencias que existen en el interior de la comisión directiva alrededor del posicionamiento con relación al peronismo y la burocracia sindical, y que se manifiestan en forma recurrente con plena libertad sindical, no cancelan su historia y presente como herramienta de lucha de los trabajadores de prensa. Tampoco han sido un obstáculo para que el sindicato se pronuncie contra el ajuste oficial, los planes de reforma laboral, la persecución y judicialización contra el movimiento piquetero y hasta el genocidio sionista en Gaza.
La historia plasmará en el terreno de la lucha de clases cuál es la estrategia más adecuada para que el gremio de prensa, que sigue de pie, recupere sus conquistas.
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El aporte consciente y sacrificado de los trabajadores a la construcción de su propio multimedio, como es Prensa Obrera, contrasta brutalmente con el dominio capitalista sobre los medios de comunicación. En un país donde la información es monopolizada por grandes grupos económicos, levantar una prensa obrera e independiente es, en sí misma, una batalla política.
Uno de los principales dueños de medios de comunicación de la Argentina, José Luis Manzano, encarna con claridad esa obscena concentración del poder económico y mediático. Su yate de superlujo, el Sea Lady II, de 41 metros de eslora y 40 de altura, construido en Inglaterra y amarrado en las costas de Saint-Tropez (Francia), se incendió el jueves pasado, reduciendo a cenizas cerca de 100 millones de euros. El empresario alquilaba la embarcación por 90.000 euros semanales (unos 135 millones de pesos). Si esas fortunas se destinan solo a un paseo en barco por Europa, resulta evidente cuánto capital se invierte para moldear la “realidad” —o las mentiras— que los capitalistas y sus gobiernos quieren imponer.
Mientras ellos gastan fortunas en sus lujos, el engaño y la manipulación, nosotros en Prensa Obrera hacemos periodismo de otra clase. Mostramos la realidad que los grandes medios ocultan: la lucha incansable de los jubilados que reclaman aumentos frente a los miserables 403.151 pesos de la mínima; la de los docentes universitarios con cargos simples que cobran 259.000 pesos; la de los desocupados que arrancaron un programa social de apenas 78.000; la del joven que pedalea para Rappi y sigue bajo la línea de pobreza; o la de los trabajadores del Hospital Garrahan, que conquistaron reivindicaciones gracias a la organización colectiva, las asambleas y la lucha. Mostramos la realidad de los explotados por los “José Luis Manzano” de todos los días.
Pero no se trata solo de una cuestión económica. El control de los medios es una herramienta de poder político. Los capitalistas no solo acumulan riquezas: acaparan la palabra, definen qué se dice y qué se oculta. Y utilizan el Estado para garantizar ese dominio.
Manzano es un ejemplo paradigmático. Pasó de ser diputado nacional en 1983 y jefe del bloque justicialista, a traicionar a Cafiero y liderar el bloque privatista de Menem. En el debate interno del PJ por la privatización del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, dejó una frase que resume la esencia del régimen político argentino:
“Solo tengo una cosa que decir: yo robo para la Corona. ¿Les quedó claro? ¿O alguien necesita alguna explicación adicional?”.
En 1991 fue designado ministro del Interior, hasta que estalló el escándalo Al Kassar, al descubrirse que un traficante de armas sirio contaba con un pasaporte argentino confeccionado en la propia Casa Rosada. Tras su renuncia, se refugió en Estados Unidos, estudió en universidades privadas como San Diego y Oxford, fundó la consultora Integra Capital y multiplicó su imperio económico. Hoy participa en empresas de minería, petróleo, energía (como Edenor), litio, y además controla el principal multimedio del país: el Grupo América.
La expansión de su emporio tuvo un boom durante los gobiernos kirchneristas. Manzano mantuvo vínculos directos con los Kirchner y con figuras clave del oficialismo de entonces, beneficiándose de políticas que favorecieron la diversificación empresaria en sectores estratégicos. Durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, con el Frente de Todos, su grupo empresarial concretó la compra de Edenor, consolidando su presencia en el negocio energético y ampliando su influencia sobre áreas neurálgicas de la economía nacional.
Este grupo domina América TV, el canal de cable A24, Canal 6 de San Rafael, Canal 7 de Mendoza, Canal 8 de San Juan, Canal 10 de Junín; los diarios El Cronista y La Capital (de Rosario); y las radios La Red, Nihuil, Blue 100.7, FM Una (Mendoza) y La Dos (Córdoba). Casta, capitalista y dueño de medios: los que impulsan la reforma laboral esclavista, tienen su personal político y los medios para manipular la opinión pública.
Frente a ellos, Prensa Obrera representa una alternativa histórica: un periodismo de clase trabajadora, independiente del Estado, de los partidos patronales y de las corporaciones. No se trata solo de contar lo que los grandes medios callan, sino de hacerlo desde otro lugar social: el de los explotados que luchan por transformar la realidad.
Nuestra prensa se sostiene por el esfuerzo colectivo. Con decenas de colaboradores en todo el país que producen notas, envían videos y difunden contenidos, Prensa Obrera se financia con el aporte económico de jóvenes, mujeres y trabajadores. No hay pauta empresarial ni favores estatales: hay compromiso militante.
Por eso, cada suscripción vale oro. Peso a peso, construimos la herramienta que le da voz a los de abajo, a quienes enfrentan el ajuste, la represión y la entrega nacional. Cada suscripción es un paso más en la organización colectiva de nuestra clase.
Frente al periodismo del lujo, el cinismo y la corrupción capitalista, levantamos el periodismo de la conciencia, la lucha y la verdad obrera. Prensa Obrera no se vende, no miente y no calla: se construye colectivamente como parte de la pelea por una sociedad sin explotadores ni explotados.
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encontrarás todos los días la cobertura de las grandes luchas del movimiento obrero, la mujer y la juventud, y el análisis de los principales hechos políticos nacionales e internacionales desde una mirada socialista.
Mientras la ciudad atraviesa una nueva ola de femicidios, las familias denuncian impunidad y desidia judicial. Dos de los casos están a cargo del mismo fiscal, y el de Melani Ponce fue caratulado como suicidio pese a múltiples indicios de violencia machista.
El caso de María Florencia Morello: 20 años sin justicia
María Florencia Morello fue asesinada en la ciudad de Santa Fe en 2005. Tras casi dos décadas de impunidad, la causa fue recientemente reabierta. Su familia viene denunciando desde hace años las irregularidades en la investigación inicial, las pruebas perdidas y el encubrimiento sistemático de los responsables. El caso de Florencia simboliza la desidia de una justicia que no actúa mientras las familias deben sostener la lucha solas, con sus propios recursos, en busca de verdad y justicia.
Marta Culasso: una muerte que intentaron reducir a “suicidio”
Marta Estela Culasso Arbore, de 52 años, fue hallada muerta en su casa de calle Pueyrredón, con un profundo corte en el cuello. Las primeras versiones oficiales buscaron instalar la hipótesis del suicidio, pese a las evidencias de violencia. El silencio institucional fue inmediato: ni el municipio, ni el área de género, ni la justicia dieron explicaciones. Su muerte es otro ejemplo del desinterés estatal por esclarecer los crímenes que tienen a mujeres como víctimas.
Melani Ponce: una madre que denuncia la verdad
El caso de Melani Ponce, de 22 años, conmocionó a toda Rafaela. Fue encontrada muerta en su casa, y rápidamente el hecho fue caratulado como “suicidio”. Sin embargo, su familia denuncia que Melani sufría violencia por parte de su pareja.
También señalan irregularidades graves en el accionar policial y judicial: manipulación de la escena del crimen, falta de autopsia completa y desinterés en investigar los antecedentes de amenazas previas.
La madre de Melani Ponce, entrevistada por Rafaela Noticias, denuncia que nunca fue escuchada: “Desde el primer día supe que había cosas que estaban mal, cosas raras. Pero nadie me llamó, nadie me explicó nada del caso de Melani. Me dijeron que fue suicidio, pero no es así.” Melani fue hallada sin vida el 22 de agosto en su casa del barrio Güemes.
Su habitación tenía un boquete en la pared, por donde “cualquiera podía entrar”, según la madre. Los documentos de la joven desaparecieron: no encontraron su DNI, tarjetas ni pertenencias, y casi fue registrada como NN.
El celular de Melani fue entregado a la justicia para peritaje, pero meses después informaron que “no podían acceder porque tenía contraseña”. En su desesperación, la madre ofreció desbloquearlo por su cuenta, pero le negaron esa posibilidad. Sabía que su hija sufría hostigamiento y violencia por parte de su exnovio, quien la perseguía, la esperaba en el trabajo y la golpeaba públicamente. “Mi hija fue golpeada, le quitaron la plata. La jefa de Melani sabía lo que pasaba y nunca la llamaron a declarar. Cuando lo pedí, me dijeron que eso no servía como evidencia”, relató.
“Nunca vi la cara del fiscal”, agregó, denunciando el abandono de las autoridades. El ex novio de Melani ya tenía denuncias previas por violencia de género de otras chicas, pero ninguna fue tenida en cuenta. Para ingresar a la vivienda donde murió Melani, la familia tuvo que romper la pared ante la falta de acción judicial.
Un Estado al servicio de la impunidad
Los casos de Marta, Florencia y Melani revelan un entramado común: un aparato judicial sin perspectiva de género, cómplice del encubrimiento y la impunidad. Las muertes se repiten, las pruebas desaparecen, las denuncias no se escuchan. En cada expediente se reproduce la misma violencia institucional que debería erradicarse. Pero esta impunidad no es un accidente: es el reflejo de un Estado al servicio de los poderosos, que ajusta presupuestos, desmantela áreas de género y criminaliza la pobreza mientras deja a las mujeres expuestas a la violencia patriarcal. El sistema judicial no es “ineficiente”: es parte del mismo orden social que produce y sostiene la opresión de las mujeres.
Justicia para las tres
Exigimos justicia por María Florencia Morello, Marta Estela Culasso Arbore y Melani Ponce. Basta de encubrimientos, basta de fiscales y jueces cómplices. La única salida es la organización independiente del movimiento de mujeres, de los trabajadores y de la juventud, para enfrentar a un Estado que nos da la espalda y construir una respuesta colectiva frente a la violencia machista y la impunidad.
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Los trabajadores del Hospital Garrahan denuncian sumarios en masa y persecución sindical por parte de las autoridades del Consejo de Administración. La ofensiva del gobierno busca amedrentar a quienes protagonizaron la lucha que conquistó importantes mejoras salariales y laborales en el hospital.
Decenas de trabajadores recibieron notificaciones de apertura de sumarios, en un intento de disciplinar al conjunto del personal y desarticular la organización. Desde la Junta Interna de ATE Garrahan denunciaron que se trata de una represalia directa contra quienes participaron en las movilizaciones y paros que permitieron lograr el histórico aumento del 61% al básico. “El Consejo de Administración intenta castigar a los que luchan y sembrar el miedo entre los compañeros. No lo vamos a permitir”, señalaron en un comunicado.
Gerardo Pino Oroz, delegado de la Junta Interna de ATE Garrahan, dijo: "El gobierno no quiere reconocer que ha sido derrotado sino que quiere atacar a los organizadores de la lucha del hospital Garrahan, que incluye a la junta interna de ATE, Apyt y muchos activistas que han sido parte de la pelea, por eso nos han enviado sumarios"
"Tuvimos una reunión con abogados y gente que nos asesoro sobre esta persecución que estamos sufriendo los trabajadores que no hicimos otra cosa en estos 6 meses que reclamar lo que nos corresponde, que es un salario digno", sostuvo Sabrina, delegada ATE jardín y trabajadora del jardín maternal del Hospital Garrahan.
La conferencia de prensa contó con la presencia de delegados de distintos sectores, organizaciones sindicales y políticas solidarias. Los trabajadores llamaron a rodear de apoyo esta pelea, en defensa de las libertades democráticas y del derecho a organizarse y luchar por salarios y condiciones dignas.
"El gobierno no quiere reconocer que ha sido derrotado sino que quiere atacar a los organizadores de la lucha del hospital Garrahan, que incluye a la junta interna de ATE, Apyt y muchos activistas que han sido parte de la pelea, por eso nos han enviado sumarios" Gerardo Oroz,… pic.twitter.com/6NRXzhkszB
El ataque a los trabajadores del Garrahan forma parte de una política general de ajuste y disciplinamiento en todo el sector público, en línea con los recortes en salud y la precarización laboral impulsados por el gobierno.
La defensa de los compañeros sumariados es la defensa de todos los trabajadores. Fuera los sumarios y la persecución en el Garrahan. Viva la organización y la lucha obrera.
"Tenemos compañeros que fueron sumariados para un poco quebrarnos por este gran logro que tuvimos y estamos ahora acompañando en esta nueva lucha que nos toca seguir" Jaquelin, servicio de resonancia magnética del hospital Garrahan, delegada ATE https://t.co/7ogYLQGn0npic.twitter.com/fjhrCCcsAd
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
El ajuste en salud pública ya muestra sus consecuencias más graves: los casos de VIH vuelven a crecer en la Argentina. El último informe oficial —diciembre de 2024— registró un aumento del 21% de nuevos casos respecto de los años anteriores, con 6.400 nuevos infectados y 140.000 personas viviendo con el virus. Los especialistas alertan que el 98% de las infecciones se produce por transmisión sexual y que la falta de campañas de prevención, de acceso a testeos y de educación sexual explica buena parte del repunte.
El repunte del VIH no es un fenómeno aislado: las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) registran picos históricos en el país. En 2023, los casos de sífilis aumentaron un 22% respecto del año anterior y la gonorrea alcanzó su tasa más alta desde que existen registros. La franja más afectada son jóvenes de entre 20 y 24 años, lo que refleja una caída en el uso del preservativo y la falta de campañas de prevención sostenidas.
Mientras tanto, la política oficial se orienta en el sentido opuesto a las necesidades sanitarias. El gobierno de Milei no solo profundiza el ajuste sobre el sistema público de salud, vaciando los hospitales y discontinuando programas de prevención, sino que además le otorga protagonismo político a las iglesias evangélicas nucleadas en Aciera, que hacen campaña contra la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos. Mientras crecen los contagios de enfermedades de transmisión sexual, el Estado promueve el oscurantismo.
Los especialistas advierten que la lucha contra el VIH requiere campañas sostenidas de prevención, distribución gratuita de preservativos, acceso al testeo y políticas de salud sexual integrales. Pero en la Argentina de Milei, el Estado recorta programas, se persigue a los promotores de salud y se desmontan las estrategias territoriales de prevención.
A comienzos de año, el Ministerio de Salud despidió al 40% del personal técnico de la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis, desmantelando áreas clave que garantizaban la compra y distribución de medicamentos y la asistencia técnica a las provincias.
Varios programas de atención sanitaria y prevención directamente se ejecutaron a cero, incluyendo partidas destinadas al control de enfermedades transmisibles. La entrega de preservativos cayó a su nivel más bajo en una década: de 55 millones en 2018 a apenas 4,8 millones en 2024. El cierre del Plan ENIA —dedicado a la prevención del embarazo adolescente— y los despidos en el área de salud sexual agravaron la situación. En algunos hospitales y centros de salud directamente se interrumpió la distribución gratuita de profilácticos.
En paralelo, el 45% de los nuevos diagnósticos de VIH son tardíos, y al menos el 13% de las personas que viven con el virus desconoce su condición. Sin campañas de testeo y con programas territoriales desmantelados, el Estado profundiza una crisis sanitaria que podría haberse evitado.
A esto se suma la avanzada clerical: la presencia de sectores antiderechos dentro del Estado, que cuestionan la educación sexual integral y la distribución de métodos anticonceptivos, bloquea toda perspectiva de una política sanitaria basada en la ciencia y en la autonomía de las personas.
La lucha contra el ajuste sanitario, la privatización y el avance de los pulpos farmacéuticos es inseparable de la defensa de la salud sexual y reproductiva. Mientras el gobierno entrega la política sanitaria a los grupos religiosos y a las corporaciones, los trabajadores de la salud —como los del Garrahan y tantos hospitales del país— muestran que la única salida realista pasa por organizarse desde abajo para defender el derecho social a la salud y a la educación sexual integral.
Enfrentar el VIH en serio implica enfrentar al ajuste, al oscurantismo y al lucro privado con la salud pública.
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En una nueva provocación, las autoridades del Hospital Garrahan y el ministro de Salud, Mario Lugones, anunciaron su “renuncia” al aumento salarial del 61% conseguido por los trabajadores tras meses de lucha. Una farsa que fue desmentida como tal por los trabajadores del hospital, quienes denunciaron que la medida busca deslegitimar esta enorme victoria y presentar ante la opinión pública un falso discurso de “austeridad” cuando mantienen intactos sus privilegios millonarios.
Desde la Junta Interna de ATE Garrahan calificaron el anuncio como “una farsa”. Su secretario general, Alejandro Lipcovich, afirmó que “el anuncio del ministro Lugones junto al Consejo de Administración del Hospital Garrahan respecto de su ‘renuncia’ al aumento obtenido es un engaño a la población de la peor calaña. Lejos de cualquier ‘austeridad’, estos consejeros son funcionarios nombrados a dedo que perciben 6 millones de pesos por una tarea parasitaria. Jorge Menehem, por ejemplo, ingresó a esta función ‘ad honorem’, pero gracias a su amistad personal con el ministro pasó a cobrar 6 millones en junio, mientras renunciaban decenas de profesionales y había trabajadoras esenciales endeudadas sin poder pagar su alquiler. El representante por CABA, Oscar Pérez, está atornillado a ese cargo hace años sin que nadie sepa bien qué hace; recientemente, pasó vergüenza ante la comisión de Salud de la Legislatura porteña porque, siendo autoridad del Garrahan, no sabía la escala salarial ni había leído el texto de la ley de emergencia, que no superaba las dos carillas”.
Son unos payasos pero nos salen muy caro: 6 millones cada uno por ser funcionarios a dedo para perseguir al personal, descontar sueldo a enfermeras endeudadas y nombrar amigos como asesores. La demagogia barata no cambiará que los trabajadores del Garrahan aborrecen a esta gente https://t.co/nS877teENh
Lipcovich agregó que “los privilegios de esta gente son totales, con lo cual jactarse de que no cobrarán un aumento que intentaron impedir durante meses sin éxito es una farsa. También es falso que al gobierno le interese la transparencia: si no había conflicto, nadie se enteraba de que había 40 mil millones de pesos de fondos del Garrahan retenidos en un fondo de inversión. El anterior presidente del Consejo, Kambourian —nombrado por uno de los partidos oficialistas (PRO)—, tuvo que devolver millones al Estado para evitar una condena por malversación de fondos del hospital. Este personaje siguió junto a Patricia Bullrich sin que a Lugones o Menehem se les mueva un pelo”.
Por su parte, el secretario adjunto de ATE Garrahan, Gerardo Oroz, denunció que “como si todo esto fuera poco, el director Mariano Pirozzo acaba de nombrar a dos amigos como ‘asesores’ para una incierta tarea de ‘modernización’ del Garrahan. Sus sueldos son de 3 millones y medio de pesos mensuales, todo decidido en forma discrecional, mientras una enfermera profesional que ingresó por concurso, incluso después del aumento histórico, va a cobrar la mitad que estos acomodados”.
Oroz concluyó: “En el Garrahan nadie se cree el verso de esta ‘austeridad’ trucha. Los consejeros son repudiados en todos los sectores, por acomodarse ellos y a sus amigos, por haber sido enemigos de los reclamos que conmovieron al país durante meses y por aplicar descuentos salvajes a trabajadoras y trabajadores. El aumento es una victoria de la lucha y nada podrá disimularlo. Sobre esa base, nos preparamos para exigir la aplicación integral de la ley, la devolución de los descuentos, el pase a planta y la anulación de las causas persecutorias”.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
El congreso de la CGT, del que participaron 2.100 delegados de 210 sindicatos, eligió un nuevo triunvirato, integrado por Jorge Sola (Seguro), candidato de Los Gordos, Cristian Jerónimo (Vidrio), en representación de Los Independientes y Octavio Argüello (Camioneros) por el moyanismo. La fórmula, que se consensuó, luego de numerosas reuniones, materializa un precario equilibrio que por momentos pareció imposible de alcanzar; tanto que se barajó la alternativa de prorrogar los mandatos de los co-secretario salientes.
El congreso arrancó con la exigencia de Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad) de someter a la decisión de los congresales la moción de volver al esquema de un único secretario general; esa propuesta fue rechazada por amplia mayoría. Finalmente, la lista Celeste y Blanca se alzó con 1604 votos, 500 menos de los inscriptos, y 35 votos en blanco.
Los une el espanto
El resto de los 50 sillones del Consejo Directivo serán ocupados por Andrés Rodríguez (UPCN), que continúa en la poderosa secretaría Adjunta; Gerardo Martínez (Uocra) mantiene la de Relaciones Internacionales; José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) en Acción Social; Sergio Sassia (UF) en Vivienda; Rodolfo Daer (Alimentación) en Industria y Horacio Arreceygor (Televisión) en reemplazo de Sola en la Secretaría de Prensa, entre otros. Entre las novedades hay que mencionar el retorno de Uatre a la dirección de la central tras ocho años de ausencia, con José Voytenco en la secretaría de Protección de la Niñez. O sea que la vieja “mesa chica” de los gordos permanece entera y será la que maneje los destinos de la central en la misma orientación entreguista mantenida hasta ahora.
El resultado de la rosca de los bloques que manejan la central dejó en la banquina al sindicalismo kirchnerista a tal punto que ni Palazzo ni Furlán en persona integran las secretarías que les dieron, pero sus gremios sí se asimilaron. Agreguemos que la pomposa sigla del “Frente por la Soberanía” que se pretendió el reagrupamiento de la resistencia frente a Milei, fue absorbido con más pena que gloria y no ha producido ruptura alguna.
Los gremios que apoyaron a Jerónimo (entre ellos, Aeronavegantes, Canillitas y Gráficos) también esperaban mayor representación y muchos terminaron en lugares menores, como es el caso de Omar Plaini, quien solo se quedó con una vocalía. Lo mismo le tocó a Pignanelli del Smata, que descendió hasta ese lugar desde la Secretaría Gremial. El malestar es tal que algunos amenazan con no asumir.
Fernández auguró que “con tres secretarios fracasamos” y retiró a los congresales de la UTA en señal de protesta; no está claro cómo seguirá su relación con la central. Hay que recordar que la carnereada del último paro dispuesto por la CGT, el llamado “poder de fuego de la UTA”, será usado como poder de carnereaje para negociar posiciones desde afuera de la CGT.
Barrionuevo y Maturano negociaron lugares en el Consejo y finalmente se quedaron. Maturano logró que su hijo Sebastián conservara la secretaría de Juventud y Barrionuevo se conformó con colocar a Carlos Acuña en Turismo, después de perder contra Moyano la permanencia en el triunvirato.
El gastronómico también amenazó con romper y relanzar la central alternativa que encabezó entre 2008 y 2016 pero nadie lo tomó en serio; su poder de fuego está muy debilitado y hoy atraviesa una crisis en su gremio, con las elecciones postergadas por la Justicia en medio de una diputa a muerte con su ex cuñado y ex líder del sindicato de Capital, Dante Camaño.
Hugo Moyano, por su parte, está lidiando con la implosión de Camioneros; acaba de desplazar de la directiva a varios históricos ligados a Pablo, y enfrenta la rebelión de algunas seccionales, como Santa Fe y San Luis. A eso se suma la crisis profunda de la Obra Social (Ooschoca) por denuncias de fraude, irregularidades contables y problemas financieros que involucran a su esposa, Liliana Zulet. La necesidad de mantenerse bajo el paraguas protector de la cúpula cegetista lo ha acercado estrechamente a sus antiguos rivales.
Cosa de hombres
Muy lejos de sus expectativas, las mujeres que militan en la central obtuvieron una representación marginal. Una dirigenta que sonó insistentemente como candidata al triunvirato, Maia Volcovinsky (Judiciales), seguirá secundando a Julio Piumato en la Secretaría de Derechos Humano; otra que quedó en la banquina fue Graciela Aleñá, la secretaria general de Vialidad que, al finalizar el congreso, declaró: “la de las mujeres es otra lucha que se tendrá que dar. Deberíamos unirnos todas las mujeres de la CGT para exigir un lugar como corresponde. La única promoción fue para Marina Jaureguiberry (Sadop) que pasó a la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Se refuerza el colaboracionismo
La nueva dirección, no cabe duda, refuerza la orientación colaboracionista de la CGT. Jorge Sola, uno de los flamantes co-secretarios, fue hasta ahora el vocero de la CGT; algunos sectores lo critican “por ser excesivamente moderado”, lo que viniendo del interior de la CGT no es poca cosa. Cristian Jerónimo, la cara menos conocida, es un ex moyanista hoy convertido en peón de Gerardo Martínez. El “canciller”, como se lo llama al secretario general de la Uocra por ser prácticamente el propietario del sillón en la OIT en Ginebra, es también el miembro de la central participante de la mesa del Pacto de Mayo. Allí, hace rato que sindicalistas, empresarios y funcionarios, vienen trabajando sobre un borrador de reforma laboral.
Esa línea de entendimiento fue favorecida por el debilitamiento ostensible de Milei los meses previos a la elección de octubre. Incluso el ministro de Salud, Mario Lugones (otro viejo amigo de los burócratas cegetistas) había prometido liberar unos 60 mil millones de pesos, en tres tramos, del Fondo de Solidario de Redistribución para paliar la crisis que enfrenta la inmensa mayoría de las obras sociales (esa caja sigue siendo el fiel de la balanza en la relación entre el poder y los sindicatos).
Pero los cambios en el escenario político que produjo el resultado electoral han dejado todo en suspenso. Por ahora no hay noticias del desembolso del FSR, y el desplazamiento de Guillermo Francos de la jefatura de gabinete más el congelamiento del ascenso de Santiago Caputo -los dos hombres que mejor relación habían logrado tejer con los popes sindicales- encendieron las alertas.
¿Vienen por todo?
Aunque la Casa Rosada se refirió al nuevo triunvirato como "gente muy capaz” que encarnaba “una renovación muy reclamada" y dejó trascender que habría una inminente convocatoria para continuar con "la misma línea que antes" las declaraciones de Federico Sturzenegger en un foro empresarial en España cayeron como una bomba. Según dl ministro de Desregulación, el objetivo de la reforma laboral es “desarticular la estructura de los gremios” priorizando “los convenios por empresa por encima de los acuerdos sectoriales”; y pronosticó una nueva etapa de tensión con el movimiento sindical; “vamos a tener que bailar con los sindicatos”. Se supo además que Sturzenegger tiene una pulseada con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, hombre de Techint por la autoría del proyecto que el Ejecutivo enviaría al Parlamento.
La reforma la quiere hacer la burocracia
Todo esto estuvo muy presente en la cocina de la nueva conducción de la CGT. En su discurso, al cierre del congreso, Sola fue categórico: “hay un sector de la política que pretende que se debilite el movimiento obrero… creen que los representantes de los trabajadores somos adversarios políticos, se equivocan. Somos socios estratégicos”. “No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal que son los Convenios Colectivos de Trabajo”. Es una imperdible definición de la burocracia sindical de sí misma, como socia estratégica de clase de la burguesía.
La intervención de Jerónimo fue calcada: “hoy hay un compañero, Gerardo Martínez, sentado en la Mesa de Mayo. Eso dice que estamos dispuestos a hablar… hay actividades que requieren modernización y adecuación… pero la modificación tiene que ser a través de los convenios colectivos”.
El mensaje de la burocracia es inequívoco: el proyecto de ley que llegue el Congreso, consensuado, no debe afectar el monopolio de la negociación que ostentan los sindicatos ni los intereses fundamentales de su casta dirigente; la moneda de cambio es que todas las modificaciones se llevarán adelante, sector por sector, por la vía de la discusión convencional. O sea, la línea que se ha seguido hasta ahora. A cambio, pueden caer en cascada conquistas históricas de la clase obrera.
Una de las primeras medidas anunciadas por la CGT es reunirse con los gobernadores. Ya los peronistas triunfadores como Jaldo y Jalil se pronunciaron en favor de la reforma laboral, lo mismo que los de Provincias Unidas. No hay duda a dónde conduce esta línea. Como tampoco hay duda de que lo que la CGT – y desde ya la CTA- defiende no tiene nada que ver con los intereses de la clase obrera.
Para los trabajadores las conclusiones también son evidentes: derrotar la reforma laboral de Milei y sus cómplices requiere una intervención independiente de la burocracia sindical. Hay que impulsar asambleas y plenarios de delegados en todos los sindicatos y lugares de trabajo para motorizar un gran movimiento de lucha hasta la huelga general. Los trabajadores del Garrahan demostraron que es posible. En esta línea, la Coordinadora Sindical Clasista inicia una campaña política contra la reforma laboral y lo propio le propondremos al Plenario Combativo de Trabajadores.
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Será a partir de las 10 horas, habrá cortes y manifestación frente a Legislatura, se espera una fuerte movilización de sindicatos combativos y organizaciones piqueteras.
Candidato a Prosecretario por ContraCorriente - UJS PO
Corresponsal
Después de 6 años de parálisis y de un centro acéfalo, se volverá a elegir una conducción del centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Durante todo este tiempo, la agrupación oficialista “Juntos”, ligada al Rectorado, se adueñó del centro -incluido el buffet-, sin convocar a elecciones, sin rendir cuentas y bloqueando cualquier instancia democrática dentro de la facultad.
Este proceso electoral no cayó del cielo: es fruto de la organización y la lucha que protagonizamos durante estos últimos años, especialmente en 2024, cuando miles de estudiantes, docentes y trabajadores salimos a las calles contra el ajuste de Milei y el recorte brutal a la universidad pública.
Fue esa lucha la que despertó al movimiento estudiantil jujeño y generó una nueva camada de activistas que empujan por un centro de estudiantes distinto: independiente, de lucha y al servicio de la defensa de la educación pública.
ContraCorriente: una alternativa independiente y de lucha
Entre las cinco listas que se presentan, “ContraCorriente” se planta como la única expresión verdaderamente independiente de los gobiernos y las autoridades.
Es la lista de la izquierda y del activismo que viene estando en cada lucha universitaria, que participó en la toma de la facultad, que acompañó la pelea docente y que no se calla ante el desmantelamiento de la universidad.
La encabeza Bianca Flores, compañera de la Juventud del MST en el FIT Unidad. La UJS participará de esta lista con el objetivo de explicarle a los estudiantes la importancia de un centro de estudiantes independiente y de lucha que sirva para defender la universidad, contrario a los centros de las agrupaciones de la gestión que solo transmiten información de las autoridades, hacen negocios y callan ante el derrumbe universitario.
Un centro que defienda de verdad el derecho a estudiar, las becas, el comedor, la ampliación edilicia y la continuidad de la universidad pública, que enfrente el ajuste con organización y con lucha.
Una elección empujada desde abajo
Estas elecciones no nacen por iniciativa de las autoridades, sino por la presión y el consenso de los propios estudiantes, que dijimos basta a cinco años de un centro paralizado, sin balances, sin rendición de cuentas ni defensa de nuestras condiciones de cursada.
Queremos recuperar una herramienta que sea de todos y todas, que nos sirva para organizarnos, no para hacer negocios, ni intercambios de favores entre camarillas.
Aun así, la elección llega de manera improvisada y apurada, producto de la desesperación de las agrupaciones burocráticas que buscan conservar sus espacios ante un estudiantado cada vez más consciente y crítico.
No es casualidad: Milei, con la colaboración de los gobernadores vienen por todo, quieren profundizar el vaciamiento educativo y con especial énfasis en las ciencias sociales.
Lo que está en juego
Las elecciones serán una expresión en miniatura del régimen político jujeño. En las urnas estarán la Franja Morada (UCR de Gerardo Morales y Sadir) junto con la agrupación del decano (U21); la lista del peronismo de Rubén Rivarola, con “Confluir” y “UE”; la lista de La Cámpora de la mano de la CEPA, la Leal y SUR y los libertarios pagos de Milei y Quintar. Todas ellas tienen algo en común: ser voceras de las autoridades, administrar el centro como una oficina de trámites y callar ante el derrumbe universitario.
ContraCorriente propone otra cosa, un centro de estudiantes que sirva para luchar por becas universales, comedores accesibles, condiciones dignas para cursar, democratización de los planes de estudio y unidad con los docentes. Porque sin docentes no hay universidad, y sin organización estudiantil no hay defensa posible.
Desde ContraCorriente acompañamos y defendemos la pelea de Adiunju y los docentes de la Multicolor, que buscan transformar el sindicato en una herramienta democrática y de lucha, no en una oficina de la patronal universitaria.
La próxima semana, los docentes universitarios se encuentran de paro por 72 horas los días 12, 13 y 14 de noviembre, enfrentando el ajuste salarial y presupuestario del gobierno por el financiamiento universitario.
Creemos que los estudiantes debemos unirnos activamente a esa lucha, porque su reclamo es también el nuestro: la defensa de una universidad pública con salarios que cubran la canasta familiar, las condiciones adecuadas para enseñar y aprender, y presupuestos que garanticen el derecho a la educación.
Cuando los docentes pelean por su salario, también pelean por nuestra formación. Por eso, los estudiantes tenemos que entender su lucha como parte de la nuestra, y construir juntos una fuerza común para derrotar el ajuste del gobierno y las autoridades universitarias.
Por eso, más que nunca, necesitamos centros de estudiantes que se planten, que organicen, que sean la voz de quienes no se resignan. Vienen por la reforma laboral que desplazará a una mayor explotación de la juventud que trabaja e intenta estudiar al mismo tiempo.
El 20 de noviembre, en la FHyCS, tenemos una oportunidad histórica de patear el tablero en la Unju.
Votar a ContraCorriente es votar por un centro independiente, democrático y de lucha, un centro que defienda la universidad pública, los derechos de los estudiantes y las ciencias sociales frente al ataque de Milei, Sadir y las autoridades universitarias. Un centro que camine junto a los docentes, que defienda su salario y nuestra educación.
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Sin información sobre la cantidad de empresas, deudas contraídas por el Estado provincial, inversión o balances, el proyecto habilita al Ejecutivo a su privatización.
Este 3 de noviembre ingresó al Consejo Deliberante de Hurlingham un proyecto de modificaciones del COU de la mano del intendente camporista Damián Selci. En dicho proyecto se expresa la voluntad del Ejecutivo de ampliar las zonas y los metros permitidos para construcciones en el centro y lo mismo para zonas industriales " linderas" del municipio.
Como bien se denunció en notas anteriores, en el COU 2019 acordado y votado en total conformidad entre el PJ local (camporistas y zabaletistas), junto a lo que alguna vez se conoció como la Alianza Cambiemos con Lucas Delfino como referente, para votar a favor del negociado inmobiliario, no existió grieta. Pasado más de 5 años (tiempo establecido para modificaciones y actualizaciones) queda más que comprobado que la vigente organización urbanística benefició exclusivamente al negocio inmobiliario, entre los cuáles se encuentran las firmas Russo ,Guarnieri, Grupo Clamaco, Plaza y Grupo Mitre como destacadas.
Desde que fue aprobado el nuevo código los vecinos de Hurlingham vienen experimentando una transformación y alteración inédita tanto por la velocidad como por la falta de condiciones para obras de estas envergaduras. Más de 20 proyectos de torres de los cuáles varios superan los metros permitidos según la zonificación establecida. Grandes construcciones de decenas de departamentos en cuadras que no cuentan con redes de agua corriente o cloacas.
Extractivismo Urbano y Gentrificación
Esta transformación en la fisionomía y dinámica de la urbe puede catalogarse como lo que se denomina extractivismo urbano de gentrificación, en la medida en que un bien como el suelo (limitado y escaso) es primordialmente destinado a emprendimiento privados y dolarizados, totalmente fuera del alcance del los jóvenes trabajadores precarizados que Selci dice querer ayudar.
Gentrificación en Geografía Urbana se denomina al proceso social mediante el cual, por medio de políticas privatistas, modificación de zonificaciones y revalorización del mercado de inmuebles, parte de la población original es desplazada por sectores de medios y altos recursos. Este proceso no solo modifica estética sino dinámicas sociales y culturales que formaban porte del patrimonio histórico de dicho espacio.
Un COU para pocos
Es interesante observar como ni en el COU del 2019 ni las nuevas modificaciones se contempla áreas en todo el Distrito a tierras destinadas a viviendas populares para las familias trabajadoras. Mientras en ciudades del mundo como Berlín, Barcelona, París se discute que regulaciones y que cumple los estados en políticas para la promoción de viviendas publicas y regulación de alquileres en Argentina y en este caso particular Hurlingham se carece de toda política pública de viviendas. Es el mercado inmobiliario quien dictamina quien "accede al derecho de una vivienda digna" .
Otro de los puntos en el proyecto de modificación del COU es la ampliación de zonas industriales. En este punto es necesario aclarar que el vigente COU ya contempla zonas industriales y semi industriales ubicadas en zonas "linderas", como es el parque Industrial sobre el Buen Ayre y las que se encuentran en cercanías al Arroyo Morón respectivamente. De esta forma se busca favorecer a empresarios en detrimento de espacios destinados a viviendas residenciales como a áreas de protección ambiental como pueden ser las riberas y humedales del Río Reconquista.
Este proyecto de modificación del Código Urbano de Hurlingham postula una mayor concentración del negociado y especulación inmobiliaria (como ya se está observando) y un empeoramiento de las condiciones de vida de los vecinos del distrito en el mediano y largo plazo.
Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero en el FITU expresamos nuestro rechazo al COU 2019 y a estas modificaciones presentadas por Selci. Queremos un Código Urbano que contemple y respete el derecho a una vivienda digna para todas las familias y a un ambiente sano y sostenible.
Derogación del COU 2019
Por un Código Urbano elaborado por los trabajadores y para los trabajadores.
Freno de proyectos de grandes Torres en el municipio. Basta de especulación inmobiliaria
Creación y ampliación de zonas destinadas a viviendas populares en las 3 localidades del distrito.
Creación y ampliación de áreas destinadas a la protección Ambiental.
Creación de Reservas Naturales en Río Reconquista y Arroyo Morón.
Declaración del corredor Cañuelas como área de protección ambiental, deportiva y cultural.
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La avanzada de los gobiernos sobre las comunidades se da a lo largo y ancho del país y bajo distintas formas: persecución judicial, mediática, gubernamental, reformas de leyes, represión, etc. Detrás, los diferentes intereses capitalistas sobre los territorios y la necesidad de los gobiernos de fomentar el racismo para intentar dividir a la población trabajadora.
Como parte del apoyo a la resistencia de las comunidades, desde Prensa Obrera realizamos una entrevista a Yamila Liempichun, de la comunidad Tehuelche Sacamata Liempichun, ubicada en el actual territorio de Chubut.
1. ¿Cómo es tu nombre y a qué comunidad perteneces?
Mi nombre es Yamila Liempichun, pertenezco a la comunidad Tehuelche Sacamata-Liempichun del paraje Payaniyeo, mejor conocido como Yasayke, y estamos a 15km de la localidad de Alto Río Senguer, al sudeste de la provincia del Chubut.
2. ¿Cómo fue el proceso y la importancia de la recuperación territorial y cuáles son las dificultades que están enfrentando?
Nosotros somos descendientes del lonco Teutrif Liempichun y de su hermano Juan Sacamata. Dos hermanos que se dispersaban desde los valles de Tecka (Chubut) hasta el Cañadón del Río Pinturas (Sta. Cruz) y, tras la avanzada de lo que fue la colonización, ellos ya frecuentaban la ruta de Yasayke -así le llamaban los antiguos Kewkko- y deciden quedarse en la parte de Payaniyeo donde estamos ahora.
En el año 1925 al lonco Juan Sacamata, bajo decreto nacional, se le otorgan 10.000 hectáreas con el fin de crear una reserva (así le llamaban en ese entonces) para que pueda hacer su vida junto a la familia, Sacamata-Liempichun.
Tras la llegada de comerciantes y estancieros a la zona, el lonco Sacamata fue desalojado y toda la gente prácticamente corrida del territorio.
En el año 1989 acá en la provincia se conforma la Comisión del Aborigen. Esa comisión justamente se dedicaba a elevar informes y a recorrer la provincia, donde había comunidades. Y se encuentran con que vienen al territorio y no había ningún Liempichun ni un Sacamata. Había terratenientes.
Es por eso que la provincia del Chubut dictamina una medida de no innovar en los territorios y de echar atrás todo tipo de venta que se haya efectuado. Ese dictamen estuvo vigente hasta el año 1995. La municipalidad del Alto Río Senguer nunca cumplió con ese dictamen, y el terrateniente Nesib Alí hace mensura sobre el territorio.
La última resistencia la hace mi bisabuela Cristina con mi abuela Juana, en el año 1976. Ellas estaban en el territorio, donde nació mi papá también. Las últimas 365 hectáreas de las 10.000 que le habían dado a la familia, es de donde ahora nos quieren desalojar. Nosotros tomamos el reclamo. Mi abuela fue despojada por un grupo de terratenientes, los hermanos Alí. En realidad uno solo, que era Nesib Mohamed Alí, sacó a mis abuelas con chicos y un hombre discapacitado de la peor forma.
Un familiar que era un criado, no era hijo de Cristina Liempichun, fue quien cambió el campo por dos damajuanas de vino y un saco gamulán de la época. Esa venta, mi bisabuela se rehusó a firmarla. Se niegan a firmar y supuestamente en esa venta de territorio firma una persona en lugar de ellos. Un vecino.
Ya para el año 1976 dentro de nuestra provincia existían leyes que decían que mientras una parte de los vendedores sea aborigen, las ventas no se debían llevar a cabo. Se violó ahí el derecho y a partir de ahí fue cuando mi papá comienza a reclamar el territorio. Mi viejo desde el año que en se vendió, hasta los 90 estuvo haciendo sus reclamos.
La municipalidad ignora todo tipo de reclamo organizado por la familia. Le da luz verde a este terrateniente para que haga la mensura y nosotros al no tener respuesta a todos los reclamos que vino haciendo la familia durante años, nos volvimos a conformar como comunidad en el año 2010 y hacer el proceso de recuperación territorial pública y pacífica.
Cuando nosotros ingresamos al territorio, los terratenientes nos inician una demanda por usurpación, que luego cae porque son territorios fiscales.
3. ¿Cuál sería la solución y quiénes son los responsables?
La solución que podríamos darle es que el juez o los jueces no pueden desoír el derecho indígena.
Tenemos derechos. Tanto en la Constitución provincial como en la nacional y en tratados internacionales que justamente protegen y resguardan los territorios y a las comunidades completas.
Nosotros, tanto la defensa pública de Comodoro Rivadavia como la abogada defensores de comunidad, hicieron sus distintas presentaciones y estamos a la espera de una resolución jurídica que pueda poner un freno a esta sentencia tan arrasante que tenemos sobre nosotros.
4. ¿Cómo sigue la lucha y de qué forma se puede apoyarlos?
La lucha sigue. Yo como responsable legal de mi comunidad sigo firmemente con la idea de nuevamente -a pesar de que ya hayan habido reclamos que inició mi familia, tanto mi padre como mis hermanos-vuelvo a hacer mi reclamo ante la municipalidad de Alto Río Senguer, ya que somos pertenecientes al ejido, y ya que son ellos los que tienen que hacer una reparación histórica a la familia, porque esta familia es la que le da renombre a la localidad por los caballos Gato y Mancha, que son los caballos que salieron del territorio de mi bisabuelo (justamente del territorio que pretende ser desalojado), e hicieron el raid más grande del mundo uniendo mi comunidad con la estancia El Cardal, y la estancia El Cardal con Nueva York en el año 1919.
Es la municipalidad la que tiene una deuda histórica, porque fue la municipalidad en otros años quien también fue cómplice del arrebato de territorio y el despojo de muchísimas familias Sacamata-Liempichun.
Una de las formas de apoyar la lucha es haciendo visible nuestra causa. Porque una vez más somos víctimas. Víctimas de este atropello. Víctimas de ser mal defendidos por un abogado del 2011 al 2018. Víctimas de una justicia que vulneró todos nuestros derechos, que nos tomó como si fuéramos intrusos, y no como personas de derechos.
Y una de las formas que estamos logrando, es que nuestras voces sea escuchada, sea visibilizada. Una vez más me decimos a la municipalidad de Alto Río Senguer, y que se entere el mundo si es necesario, que son ellos los encargados de dar una respuesta. La justicia no dice nada acerca de la municipalidad, no los obliga a ellos a responderle a los terratenientes, sino que ellos dicen que se debe iniciar el reclamo.
Los jueces de cámara dicen que lo que se debe hacer es volver a iniciar el reclamo. Reclamo que justamente hice yo. Así que una de las formas en que todos pueden colaborar hasta el momento, es visibilizando la causa.
Una de las cosas que quiero recalcar es que más allá de tener nuestros espacios ceremoniales dentro del territorio, tener nuestros usos y costumbres, está la presencia de mi sobrina que es menor de edad. Una niña como tantos otros de la comunidad que se criaron en el territorio.
Ella vive ahí, está ahí, su casita está ahí, y todas las pertenencias de los niños de comunidad, desde la ancestralidad, de cuando vivieron al mundo, ahí en el territorio están sus placentas, sus cordones umbilicales y la relación de los niños de la comunidad con el territorio no debe ser cortada.
Ahí está mi sobrina, mi hermano, mi cuñado... Está parte de mi familia ahí. Y también descansan los restos de mi hermano. Un hermano que falleció en el 2015 y pidió ser sepultado en el territorio.
De parte de los terratenientes en el pueblo se han escuchado amenazas, como decir que van a vender el campo con nosotros adentro. O que a mí hermano que se llamaba Elvio Liempichun, más de una vez han amenazado con que lo van a desenterrar y lo van a dejar ahí en el callejón del campo.
Quiero resaltar eso, que en el territorio actualmente vive una niña, que ahí están sus cosas, están la vida de mi sobrinita está ahí muy arraigada
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Una compañera fiscal general por el Partido Obrero en el FIT-U no pudo culminar la tarea que llevaba adelante ante diferentes situaciones de hostilidad transodiante.
En estas semanas en distintos distritos las autoridades e inspectores han anunciado a equipos directivos de inicial el cierre de secciones. Una amenaza que lleva meses, atribuida a la baja de la natalidad y a la reducción de matrícula en las instituciones.
Luego de todo un año de exigencias de planillas, clases abiertas, pintar frentes, etc. les informan que para no desperdiciar “insumos” (docentes), se aplicara cierre de secciones, que en algunas instituciones llega a reducirse la mitad.
El cierre de secciones no solo implica reducción de maestras, sino también de preceptores, de cargos en equipos directivos (como el cargo de vicedirectora o secretaria) y el achique de cargos de artística. Este anuncio se realiza previo al periodo de inscripción, que comienza en estas semanas. Las inscripciones de niños en la mayoría de las instituciones no terminan hasta abril o más.
¿Sobran docentes en los jardines de la provincia?
Lo cierto es que en los jardines de infantes siempre faltan recursos y personal. Las necesidades de los niñxs y la complejidad que viven las familias implican una enorme cantidad de tiempo de cada docente para: abordar reuniones con familias, la preparación de clases, planificación de proyectos y salidas, redacción de informes, atención personalizada para abordar pedagógicamente a cada niñe, etc.
Este año se ha incrementado considerablemente las exigencias a las docentes, con la presión de subir la matricula a través del esfuerzo de ellas, sin propiciar un solo recurso. Quien crea que sobran docentes en las instituciones no ha pisado ni ha transitado el nivel inicial.
La misma provincia no designa los cargos faltantes que por ley deberían cubrirse, cómo bibliotecarios o pareja pedagógica en las salas de 2 años. Las preceptoras se encargan de varias secciones a la vez. Esto implica una sobre carga absoluta, yendo de una sala a la otra. Las docentes necesitan tener un preceptor por sección.
Esto es un ajuste en regla, que nada tiene que ver con las necesidades pedagógicas. A todo, se suma el salario de indigencia que cobran las docentes, que lleva a trabajar doble o triple cargo y algún trabajo extra al docente.
Es el gobierno el que incumple la ley para no agregar cargos, pero para quitar quieren justificarlo en base a los resultados de sus políticas de ajuste y sus fracasados planes (anti)pedagógicos.
Recordemos que hace pocos años pasamos una pandemia en donde la educación solo pudo sostenerse gracias al esfuerzo de la docencia, ya que este mismo gobierno no pudo facilitar ni un solo recurso.
Milei no construye ningún jardín, y kicillof reduce y cierra secciones. El ajuste es brutal.
¿Y Suteba?
Suteba no hace nada, hace semanas se realizó un encuentro clandestino (que la docencia solo se enteró por las redes) sobre el nivel inicial. En las resoluciones no se menciona el rechazo a los cierres de secciones, una amenaza que recorre toda la provincia desde hace meses. No menciona la sobrecarga ni los salarios de indigencia.
Son una oficina más del gobierno de turno. Como conducción, le dan espalda a las bases y continúan su plan de apoyo electoral al gobernador. Necesitamos una respuesta masiva de la docencia. Que organice asambleas, campañas de visibilización, movilizaciones con la comunidad educativa y un plan de lucha integral para defender cada puesto de trabajo y cada institución.
Está visto que el ajuste de Kicillof debemos enfrentarlo con lucha, con paros y pasando por arriba a la burocracia de Baradel. Solo así pueden revertirse los cierres.
En este sentido, el miércoles 12 de noviembre se realizará las asambleas ordinarias de Balance y Memoria del Suteba. Impulsamos ir masivamente con Tribuna Docente en la Multicolor. Usemos estas asambleas para rechazar la entrega de la burocracia, el ajuste del gobierno y para desarrollar un plan de acción en defensa de la educación, con la exigencia firme de que en los jardines y en las escuelas no sobra nadie.
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Con relación a la reforma laboral antiobrera que prepara el gobierno, se encuentran en discusión distintos proyectos, todos salidos del Decreto 70/23. Este hoy se encuentra suspendido provisoriamente por la Justicia del Trabajo con razón de su “invalidez constitucional”, y actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo tratamiento viene dilatando para favorecer al gobierno, dándole tiempo para que reúna los recursos políticos y así poder avanzar con la aprobación de las leyes de reforma laboral.
Dentro de estos proyectos, uno que ha sido reflotado en los últimos días es el de la diputada oficialista Romina Diez, llamado “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”. Las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) se encuentran en el Capítulo I del referido proyecto, bajo el título “Modernización Laboral” y consta de 17 artículos que modifican de forma totalmente regresiva la actual ley vigente (ya reformada ampliamente mediante la “Ley Bases”, aprobada en junio del 2024).
Los ejes de este proyecto de reforma laboral son:
Modificación de elementos esenciales del contrato de trabajo (flexibilización laboral)
Los elementos esenciales del contrato de trabajo son: el salario, la duración de la jornada de trabajo, el convenio colectivo de trabajo aplicable y la categoría profesional. Las tareas del trabajador pueden modificarse, pero siempre dentro de las que corresponden a su categoría profesional. Los turnos de trabajo no son elementos esenciales y el lugar de trabajo, solo parcialmente.
El actual art. 66 de la LCT establece, como uno de los límites a las facultades de la patronal, que estos elementos esenciales puedan ser modificados de forma individual (si pueden ser modificados en una negociación colectiva, para todos los trabajadores de un establecimiento o una sección, por ejemplo).
El art. 1 del proyecto mileísta habilita una vía para que la patronal pueda modificar las condiciones esenciales del contrato de trabajo de forma individual, mediante un acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo o ante un juez laboral, modificaciones que la actual ley no permite: “El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”
No sin intencionalidad dicha modificación fue introducida como un “agregado” al actual artículo 12 de la LCT, que aunque no modifica la redacción en lo referido al “principio de irrenunciabilidad”, que establece que “será nulo y sin valor”, todo acuerdo que “elimine o suprima” derechos establecidos en las leyes, convenios colectivos de trabajo o del contrato individual de trabajo, introduce una clara ambigüedad. Es un inicio de cuestionamiento a este principio y en definitiva buscan habilitar algún mecanismo que finalmente permita la realización de modificaciones de los contratos de trabajo “a la baja” (ya sea por medio de convenios de empresa frente al convenio de actividad en los cuales se pacten menores derechos que el convenio para la actividad, u otra variante).
En la misma línea, el art. 2 del proyecto de ley de la diputada Diez elimina del art. 66 de la LCT, en su actual redacción, la posibilidad de que ante una modificación de los elementos esenciales del contrato de trabajo, el trabajador pueda recurrir por la vía de la “acción de amparo” para que sean restituidos, prohibiendo a la patronal aplicar dichos cambios durante el proceso judicial. Si prospera la reforma laboral, frente a los cambios de las condiciones de trabajo, la única “opción” que reconocería la LCT al trabajador sería la de “considerarse despedido” (aunque no puede negarle los principios de tutela judicial efectiva ni de acceso a la justicia para discutir dichas modificaciones, si remueve un tipo de protección “especial”).
En resumen, con relación a la modificación de los elementos esenciales de la relación de trabajo, la reforma laboral otorga a la patronal una vía para implementarlas mediante la homologación de acuerdos individuales ante la Secretaría de Trabajo o ante un juez laboral a la vez que le quita al trabajador las herramientas para oponerse a dichos cambios establecidos en la LCT, pudiendo el trabajador “considerarse despedido” o pudiendo realizar un juicio laboral para que se restituyan sus condiciones de trabajo, pero sin que durante la tramitación del mismo la patronal se encuentre obligada a mantener las condiciones de trabajo que pretende alterar.
Extensión de la jornada de trabajo diaria -el banco de horas-
El proyecto de reforma laboral reflota el art. 197 bis del DNU 70/23 que avanza sobre la jornada máxima legal de 8 horas diarias (7 horas nocturnas) y 48 horas semanales (35 horas nocturnas) que representa el régimen general. Obviamente, dentro de este régimen, las patronales ya pueden extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias pagando horas extras, que desde lo estrictamente legal son optativas para el trabajador (aunque en los hechos muchas veces son obligatorias).
El 197 bis define, incorporando a la normativa, que el mecanismo para modificar el régimen de jornada general habilitando jornadas diarias de hasta 12 horas, se da a través de la reforma de los Convenios Colectivos de Trabajo (lo cual ya es así en los hechos), otorgándole la tan mentada “seguridad jurídica” a la patronal.
En rigor, la actual LCT admite la prolongación de la jornada de trabajo, aunque lo establece como excepción, de acuerdo a las características de cada actividad (por ejemplo, la jornada de 14 x 14 días y 12 horas diarias en minería), aunque también por razones de conveniencia económica de los empleadores, siempre que esa variación sea tomando un promedio de horas trabajadas en un lapso de tiempo que debe ser superior a tres semanas (Ley 11.544) no exceda las 8 horas diarias.
Sin embargo, con la reforma laboral, la flexibilización de la jornada de trabajo es total. Se admiten todo tipo de regímenes de prolongación de la jornada, pudiendo estar sujetos al pago de horas extras, “adicionales” o directamente sin incremento alguno.
Dentro de estos regímenes, la incorporación del llamado banco de horas introduce la modalidad más flexible, ya que permite la variación de jornada laboral diaria sometiendo al trabajador al total arbitrio de la patronal de acuerdo a sus necesidades de producción, pudiendo extenderse hasta 12 horas diarias y reducirse al momento en que la producción disminuye, sin pago de horas extras.
Licencia por enfermedad
El actual régimen de enfermedades inculpables de la actual LCT establece dos obligaciones al trabajador para acceder al pago de la licencia por enfermedad, es decir de dar aviso inmediato al empleador de la enfermedad en curso y someterse al control médico patronal. Este control es una facultad que el empleador puede ejercer o no. Si opta por no ejercerlo no podrá luego desconocer la patología del trabajador ni rechazar al pago de la licencia médica, aún en los casos en que el trabajador no acredite su patología mediante un certificado médico.
El proyecto de reforma laboral modifica el art. 208 de la LCT, y establece que para cobrar la licencia médica “el trabajador deberá presentar certificado médico que justifique su inasistencia si el empleador no ejerció la opción del artículo 210”, es decir, si el empleador decidiera no hacer uso de su facultad de controlar la patología del trabajador, este último se encuentra obligado de todas formas a acreditar su patología mediante un certificado de su médico. Es decir, coloca en el trabajador la carga de acreditar su estado de salud para el cobro de la licencia médica, aún en los casos en que la patronal no ejerza su facultad de control de la patología del trabajador, con lo cual dificulta el cobro de su remuneración y fuerza en muchos casos al trabajador a prestar tareas estando enfermo.
Vacaciones
El proyecto de reforma laboral habilita el fraccionamiento de las vacaciones en periodos semanales y alterna su otorgamiento; teóricamente un año puede otorgarse en cualquier época del mismo y al siguiente en periodo de verano, salvo que el trabajador “opte” por otra fecha (lo que en la práctica va a suceder es que facilita a la patronal a definir ella la fecha de otorgamiento en todos los periodos de acuerdo a sus necesidades). Se modifica así el art. 154 de la LCT, que actualmente obliga al empleador a otorgarla en forma continuada en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, con la obligación (no es “opcional”) de otorgar cada 3 años un periodo de vacaciones en verano. Además, la notificación del periodo vacacional que debía hacerse con una anticipación mínima de 45 días para que el trabajador pudiera programar sus vacaciones pasa a 21 días.
Exclusión de la remuneración de determinados rubros que son parte del salario
El proyecto de reforma laboral busca modificar el art 103 bis y 105 de la LCT. El primero de los artículos se refiere a los llamados “beneficios sociales”, que son prestaciones no dinerarias ni sustituibles en dinero y que no se consideran una contraprestación por el trabajo realizado, por ejemplo, la ropa de trabajo o el comedor dentro de la empresa. Por su parte, el art. 105 de la LCT establece las prestaciones llamadas complementarias, que son “no remunerativas”, es decir, no son consideradas para el pago de las cargas sociales ni como base de cálculo salarial para el aguinaldo ni para el pago de las indemnizaciones.
La modificación consiste en colocar dentro de alguna de estas categorías rubros que por criterio judicial son considerados salariales (remuneración en especie). En este orden se busca incorporar como beneficios sociales los gastos de telefonía celular e internet y con carácter no remunerativos las sumas otorgadas como “viáticos” y el uso del automóvil que componen el salario, en tanto se considera que dan otorgan una mejora patrimonial al trabajador.
Pago de las indemnizaciones y demás créditos laborales en 12 cuotas en en empresas de hasta 200 empleados
La modificación del art. 277 de la LCT habilita el pago de los créditos laborales, por ejemplo una indemnización por despido en 12 cuotas, en empresa de hasta 200 trabajadores.
No es “modernización laboral”, es un ataque para barrer con los pocos derechos que le quedan a la clase obrera, arrasados por los sucesivos gobiernos y por la entrega de la burocracia sindical. No “quita” derechos laborales de unos para que “otros” los tengan, sino que elimina todos los derechos. ¡Abajo la reforma laboral!
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Será a partir de las 10 horas, habrá cortes y manifestación frente a Legislatura, se espera una fuerte movilización de sindicatos combativos y organizaciones piqueteras.
Niveladores y Cavadores fueron los movimientos más radicalizados de la Revolución Burguesa de mediados del Siglo XVII en Inglaterra. Si bien tuvieron una vida efímera dejaron una honda huella en el pensamiento revolucionario. El contexto histórico estuvo marcado por el enfrentamiento y guerras del Parlamento burgués contra el rey Carlos I, confrontando los intereses divergentes entre la burguesía en ascenso y la Corona, apoyada por la vieja nobleza terrateniente y su aliada la Iglesia Anglicana.
A comienzos del Siglo XVI Inglaterra era todavía un pequeño Estado con apenas tres millones de habitantes, una población sustancialmente inferior a la de España o Francia. El desarrollo de la ganadería ovina hizo de Inglaterra un país exportador de lanas. Más tarde el eje económico se desplazó de la ganadería a la fabricación de paños y telas, esta manufactura se llevaba a cabo en los gremios de maestros y artesanos que residían en las ciudades, pero también en las aldeas rurales donde se combinaban las tareas agrícolas con el hilado y tejido de la lana. El afán por quedarse con la materia prima para su posterior exportación como producto manufacturado dio lugar al enriquecimiento de los acaparadores.
La necesidad cada vez mayor de tierras y de mano de obra para la industria textil originó los “cercamientos” de las tierras comunales a los que se refiere Carlos Marx en el capítulo sobre la acumulación originaria del capital. La sustracción de las tierras comunales benefició a los terratenientes de la vieja y nueva nobleza que adquirieron los terrenos a precio vil, y a la naciente burguesía que necesitaba trabajadores libres y mano de obra para la industria. Los campesinos liberados de las cargas feudales fueron desprovistos de sus medios de producción y forzados a proletarizarse.
Los Cavadores y el “socialismo utópico”
Los Cavadores (Diggers) se propusieron establecer un nuevo régimen social. Si bien en un principio limitaron sus reclamos a la recuperación de las tierras comunales, más adelante se trazaron un plan de reorganización social más amplio donde no imperara la “maldición“ de la propiedad privada que "había dividido a los hombres entre ricos y pobres y subordinado unos a otros". Su líder, Gerrard Winstanley llamó a continuar la ocupación pacífica de tierras porque la revolución - como escribió- no le había dado absolutamente nada a la gente sencilla, "no obstante haberse hecho gracias a ella".
El modelo comuna rural que entroncaba con la tradición de las aldeas medievales, pretendía terminar con las desigualdades sociales. Los Cavadores fundamentaron su reclamo al libre acceso a la tierra comunal en el “orden natural” y en los antecedentes históricos de Inglaterra, remontándose a los tiempos en que el rey normando, Guillermo "El Conquistador" había invadido la Isla en el 1066, derrotando a los anglosajones y repartiendo las tierras entre la nobleza feudal normanda. Con esta denuncia, los Cavadores ponían el acento en la apropiación violenta de la tierra por un " poder extranjero" que incautó las tierras comunales inglesas, transmitiéndolas por herencia a las distintas dinastías gobernantes.
Derrocada la Corona e instaurada la República en 1649, los Cavadores reafirmaron su derecho a arar, roturar y sembrar las tierras comunales y se lanzaron a ocuparlas organizadamente en distintas aldeas de Inglaterra. Pasando de las palabras a los hechos, comenzaron a ocupar tierras abandonadas para trabajarlas en comunidad. A diferencia de los Niveladores -el otro gran movimiento crítico- los "Diggers" se declararon contrarios a todo tipo de violencia, reivindicando como únicas armas sus herramientas de labranza. Su utopismo estaba imbuido de un profundo misticismo y prédica igualitaria que llegó a cuestionar directamente la propiedad privada.
Las ocupaciones de tierras fueron desalojadas por orden de Cromwell sin que los “Diggers” opusieran resistencia armada, poniendo fin a estos precursores del socialismo utópico. Los Cavadores, que se presentaron como los auténticos Niveladores, surgieron del cisma y la ruptura del partido de los "Levellers". Su utopismo – en el cuadro más general que dejó la Reforma de Lutero y los fuertes cuestionamientos a la opulencia y corrupción de la Iglesia Católica y el Papado- recuerda a las sociedades sin clases que imaginaron Tomás Moro en su libro “Utopía” y Tommaso Campanella en la “Ciudad del Sol”, una suerte de “comunismo teocrático”. Mucho antes que los socialistas utópicos franceses y el Manifiesto Comunista de Carlos Marx , estos filósofos, políticos y pensadores abogaron por una sociedad donde todos trabajasen según su capacidad y recibiesen lo necesario para vivir. El Estado que imaginó Tomás Moro propiciaba el bien común y el trabajo colectivo en una sociedad donde no existiría el dinero.
El límite de estos reformadores sociales fue el insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas y de una clase social proletaria capaz de imponer la transformación y reorganización revolucionaria. A propósito del utopismo, y más directamente de la crítica revolucionaria a los socialistas utópicos franceses, Federico Engels escribió "Del socialismo utópico al socialismo científico".
Los soldados de la Revolución
Los Niveladores fueron soldados veteranos que habían peleado contra el Rey Carlos I bajo la jefatura y las órdenes de Oliverio Cromwell. La mayoría de los Niveladores eran puritanos convencidos de que provenían de los “flancos de hierro” del Ejército Parlamentario. Estos soldados llamados “cabezas redondas” por el corte de pelo que los identificaba como adherentes a la fe puritana, se habían destacado como combatientes decididos y cohesionados en la guerra contra las tropas realistas. El lema en batalla de los duros y fogueados soldados de Cromwell era "confía en Dios y mantén tu pólvora“.
Encarnizados defensores de la República, la influencia de los Niveladores fue determinante para decidir a Cromwell y a sus seguidores a “purificar” el Parlamento de sus elementos más conciliadores, agrupados en el partido calvinista de los Presbiterianos, que querían un entendimiento con el rey. Esta influencia política en el Ejército ejercería una gran presión para que Carlos I fuese juzgado por alta traición. Oliver Cromwell y su partido de los Independientes en el Parlamento se enfrentaron a los Presbiterianos conciliadores.
Mientras Cromwell buscaba limitar el alcance de la Revolución a la caída de la Monarquía, los Niveladores llamaron a profundizarla con mayores reformas políticas y sociales en beneficio del pueblo pobre. El Nuevo Ejército que construyó Cromwell -para derrotar a los realistas- había incorporado a sus filas a una masa de campesinos y artesanos que le dieron a esta organización militar –reformada- su cariz popular y combativo. Los motines en el Ejército comenzaron cuando Cromwell se negó a reconocer el “Acta del Pueblo” que oficiaba como programa de los Niveladores y de los agitadores, como se llamaba a los representantes de los soldados que hicieron estos planteos ante los “grandes” , la alta oficialidad que respondía a Cromwell y al partido de los Independientes. En su plataforma, los Niveladores exigieron el sufragio universal para los varones mayores de 20 años, el fin del voto censatario basado en el linaje y la riqueza, la disolución de la Cámara de los Lores, terminar con la Monarquía imponiendo una República con elección y renovación del Parlamento cada dos años y la libertad de culto, con la excepción de la Iglesia Católica a la que veían como aliada de la reacción. En el Acta del Pueblo reclamaron una reforma judicial, la igualdad frente a la ley y el fin del servicio militar obligatorio.
Carlos I pertenecía a la Iglesia Anglicana que era uno de sus principales sostenes. Esta Iglesia surgió con la ruptura de Enrique VIII con el Papado para afirmar su poder como monarca absolutista. El anglicanismo se presentó como una Iglesia nacional pero copió los ritos y la opulencia de la Iglesia Católica, así como su “cadena de mandos”, al frente de la cual estaba el rey como jefe político, militar y espiritual de la nación. Durante la Segunda Guerra Civil, el rey pactó con los calvinistas del partido Presbiteriano para enfrentar a Oliverio Cromwell.
La crisis con los Niveladores
Cromwell tenía en claro que la victoria militar sobre el rey había fortalecido al Ejército Nuevo Modelo y desprestigiado al Parlamento, dirigido por los presbiterianos. El Ejército, fuertemente influido en su base por la propaganda a favor de una democracia radical, se convirtió en un actor político preponderante que ponía en cuestión la autoridad de Oliver Cromwell. Recordemos que el Parlamento estaba dividido en las facciones de los Presbiterianos y los Independientes. Los presbiterianos conciliadores con la Monarquía tuvieron mayoría parlamentaria hasta la “depuración de Pride”. Este coronel, fiel a Cromwell, rodeó en 1648 al Parlamento y expulsó a un centenar de diputados presbiterianos acusados de convivencia con los realistas. Este episodio purificó al Parlamento de los elementos contrarrevolucionarios.
Dos hechos detonaron el enfrentamiento de los Niveladores con Cromwell, por un lado el atraso y suspensión de la paga a los soldados, por el otro, y con consecuencias políticas más graves, se constituyó un movimiento de soldados y oficiales provenientes del pueblo que formaron los Consejos de Representantes en el Ejército. La agitación en las filas militares crecía con la influencia política de los Niveladores. Esto decidió a Oliver Cromwell a cortar de raíz este “doble poder,” persiguiendo y encarcelando a los dirigentes de los Niveladores, a quienes acusaba de ser elementos disolventes. El programa de los Niveladores fue el de una democracia radical que no cuestionaba la propiedad privada como sí lo hicieron los Cavadores. En el “Acuerdo del Pueblo", los Niveladores exigían el fin de la Cámara Alta de los Lores para que la soberanía residiese en el pueblo. Con completa conciencia de clase burguesa, los partidarios de Cromwell rechazaron el sufragio universal porque afirmaban que llevaría a que aquellos que nada o poco tienen "voten por iguales como ellos”. Cromwell rechazó también firmemente a los Consejos de Representantes atacándolos por romper la disciplina del Ejército. Para maniobrar, contrapuso un Consejo General dominado por la alta oficialidad partidaria de los Independientes. Entre los Niveladores y los “Grandes” se abrió una grieta sin retorno.
Federico Engels desarrolló una aguda observación política que bien le cuadra a los Niveladores y a su ala izquierda de los Cavadores. Refiriéndose a la etapa de ascenso revolucionario de la burguesía en su lucha contra la nobleza y el poder feudal, escribió: “Si en términos generales la burguesía podía arrogarse el derecho a representar en sus luchas contra la nobleza , además de sus intereses los de las diferentes clases trabajadoras de la época, al lado de todo gran movimiento burgués que se desataba estallaban movimientos independientes de aquella clase que eran el precedente más o menos desarrollado del proletariado moderno". Dialécticamente de estas necesidades revolucionarias se desprendieron otras prioridades para la burguesía que eran las de asegurar el dominio de clase, controlando y refrenando los movimientos revolucionarios que pudiesen amenazar su estatus de clase dirigente.
La vigencia de la burguesía inglesa era la de la clase capitalista que se había enriquecido con la elaboración y comercialización de la lana, sentando las bases de la industria textil que sería el motor económico del llamado "taller del mundo". Más adelante en el tiempo, Inglaterra devendría en la mayor potencia colonial del planeta.
Cromwell
La Revolución Inglesa del Siglo XVII precedió en más de un siglo a la Revolución jacobina en Francia. El jefe político y militar indiscutido de la Guerra Civil victoriosa fue Oliver Cromwell, del partido de los independientes. Las tensiones políticas que llevaron a la confrontación militar venían escalando desde mucho tiempo atrás cuando Carlos I quiso afianzar un régimen absolutista y licenció (cerró) el Parlamento durante once años. En 1637 el rey se vio forzado a convocarlo por la falta de fondos para afrontar la guerra con los escoceses, que habían invadido el norte de Inglaterra.
La amenaza escocesa fue aprovechada para imponerle la prohibición al rey de dictar nuevos impuestos y tributos sin la autorización del Parlamento. En este "Parlamento Largo" rivalizaban el partido de los Presbiteranos calvinistas y el de los Independientes puritanos comandando por Cromwell que enfrentaron juntos a Carlos I en la primera guerra civil. En agosto de 1642, el Rey declaró la guerra al Parlamento comenzando la primera guerra civil inglesa. Carlos I había intentado sacar provecho de una serie de disturbios campesinos que alarmaron a los diputados propietarios de tierras. El rey aprovechó la crisis para intentar detener a los diputados opositores en la Cámara de los Comunes. Fracasada la provocación, Carlos I marchó al norte del país donde se sentía más fuerte y desde allí inició la guerra contra el Parlamento.
Cromwell salvó a la Revolución con su espíritu de combate que lo distinguió de los indolentes generales presbiterianos que vacilaban ante cada acción. La razón de fondo radicaba en que los presbiterianos no peleaban para derrocar la monarquía sino para apurar una negociación que reconociera la fuerza del Parlamento. El relevo de los generales conciliadores, las reformas militares que permitieron el acceso al cuerpo de oficiales de campesinos y artesanos, y la comandancia directa de Cromwell en las acciones militares provocaron un giro en la primera guerra civil. De las derrotas iniciales el Ejército del Modelo Nuevo pasó a la ofensiva y aplastó a las fuerzas realistas tomando miles de soldados prisioneros y al propio Carlos I que fue enviado a Londres para responder por sus actos.
La segunda guerra civil volvería a enfrentar a Cromwell con los realistas pero en un marco distinto porque el Parlamento se escindió en torno a qué hacer con el rey y cuál debía ser la forma de gobierno. Esta vez el desencadenante fue la fuga de Carlos I con la complicidad de los diputados conciliadores, hostiles a la radicalización política que temían. La depuración y expulsión de los diputados presbiterianos consolidó la autoridad de Cromwell y del partido de los Independientes, que pasó a tener la mayoría en el Parlamento.
Fortalecido, Oliver Cromwell golpeó a derecha e izquierda, derrotó la intentona contrarrevolucionaria y avanzó en la otra depuración -la del Ejército- para terminar con los Niveladores. Las ocupaciones de tierras fueron suprimidas sin violencia por la falta de resistencia de los Cavadores. Cromwell actuaba a cuenta de una burguesía que quería firmeza y "orden" para la continuidad de sus negocios en la industria textil y mantener la primacía sobre sus rivales. En Los Países Bajos también se había producido una revolución burguesa que tomó la forma de una guerra nacional contra Felipe II y el imperio español. La guerra de los 80 años conducida por los calvinistas impuso la independencia de las ricas provincias del norte que constituyeron las Provincias Unidas. El sur de los Países Bajos continuó bajo el dominio español.
La suerte del rey, y de la contrarrevolución, quedó definitivamente sellada cuando los escoceses entregaron a Carlos I al Parlamento inglés a cambio de una jugosa suma de dinero. El descendiente de los Estuardo se había refugiado en Escocia para rearmar un Ejército realista con el auxilio de sus anteriores enemigos y con el apoyo de los católicos irlandeses y galeses. Devuelto a Inglaterra, y bajo la presión y agitación popular, el rey fue juzgado por alta traición, declarado infame y condenado a muerte. Cromwell y los Independientes apoyaron la ejecución del rey que puso fin -transitoriamente- a la Monarquía. En 1649, y cuatro meses después de que Carlos I fuese decapitado, se proclamó la República con Cromwell como el hombre fuerte del nuevo régimen.
El "regicidio" impactó en todas las Coronas de Europa, como sucedería posteriormente en Francia cuando Luis XVI y la reina María Antonieta fueron guillotinados durante el período más revolucionario y jacobino de la Gran Revolución Francesa de 1789.
De la República a la restauración de la Monarquía
En 1653 Cromwell fue nombrado Lord Protector con amplios poderes. Sin eliminar la República impuso una dictadura personal y militar de hecho, con el concurso de sus generales que pasaron a controlar las regiones de Inglaterra y sin el funcionamiento del Parlamento. Como Lord Protector, y para conjurar nuevos golpes contrarrevolucionarios, organizó expediciones punitivas y de represalias en Gales e Irlanda. La invasión a Irlanda dio lugar a una represión brutal y sangrienta que devastó poblaciones enteras asesinando "ejemplarmente" a miles de familias irlandeses. Al día de hoy, Cromwell es para los irlandeses un símbolo de la tiranía y la guerra de conquista que llevó adelante Inglaterra contra la "Isla Esmeralda" . El Lord Protector se adueñó de vastas tierras y las repartió entre los ingleses para su colonización.
Muerto Cromwell en 1658, Inglaterra atravesó un nuevo período de inestabilidad política que reavivó la discusión sobre el régimen de gobierno, incluido el retorno a la monarquía, con el Parlamento gobernando y dictando las leyes. La República de mano dura había cumplido su cometido y la burguesía inglesa quería la paz para consolidarse como clase dominante. Carlos II, también de la dinastía de los Estuardo, fue coronado rey jurando respetar al Parlamento. La restauración volvió pero bajo las nuevas formas impuestas por la Revolución y las guerras civiles que habían terminado con las aspiraciones absolutistas.
Curiosidades pero no tantas
Al día de hoy, el infame Carlos I tiene su estatua ecuestre en una emblemática calle londinense a pesar de haber sido ejecutado por traidor en 1648. La escultura fue seriamente dañada durante las guerra civiles y posteriormente restaurada cuando Carlos II fue coronado rey y los Estuardos volvieron al trono. El tercer Carlos en la historia de Inglaterra sería Carlos III quien asumió a la muerte de Isabel II en el año 2022 como integrante de la dinastía Windsor. Los funerales de Estado de Isabel II -quien reinó en Inglaterra durante setenta años- sacaron a la luz el patrimonio multimillonario de la familia real.
La monarquía británica no es una figura decorativa, tiene un enorme peso en la política nacional e internacional y es dueña de una gigantesca fortuna acumulada a costa de parasitar a toda la sociedad inglesa. El patrimonio privado de "The Firm" reúne todos los negocios inmobiliarios, e inversiones especulativas y bursátiles de la familia real que asciend a 28 mil millones de dólares. Esta enorme riqueza no incluye la fortuna personal atesorada por los distintos miembros de la Dinastía. Carlos III posee bienes propios por dos mil millones de dólares y su hijo, el Príncipe heredero Williams, integra el ranking de los super ricos. Entre los bienes que maneja "The Firm" hay yates, tierras, palacios, castillos y obras de arte invaluables. Según la Revista Forbes, la suma total de la fortuna de los miembros de la familia real podría alcanzar los 88.000 millones de dólares.
Todos los gobiernos de Inglaterra, conservadores y laboristas, han defendido a lo largo de la Historia la continuidad de la monarquía como símbolo de la unidad del Imperio. La abolición de la monarquía es una tarea democrática que solo la puede resolver la Revolución Socialista con la clase obrera en el poder y terminando con el régimen capitalista.
Una "curiosidad" más, en la década del '60, y en plena guerra de Vietnam, un movimiento pacifista adoptó el nombre de los Diggers o Cavadores. Los nuevos Diggers emparentados con la cultura hippie reivindicaban las comunas donde "todo era de todos", recogiendo los ideales utópicos de los viejos Cavadores del Siglo XVII.
Para finalizar, la Revolución Inglesa y los movimientos populares a la izquierda de Cromwell son material de estudio y formación para los socialistas revolucionarios del Siglo XXI.
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Con el 50% de los sufragios, más de un millón de votos, Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York, la capital financiera de Estados Unidos. Un triunfo enorme por parte de un candidato que se ha pronunciado públicamente en apoyo a Palestina y que es miembro de los Demócratas Socialistas de América (DSA), la tendencia interna del Partido Demócrata que reivindica una pertenencia socialista (reformista) y la necesidad de una política hacia los trabajadores.
La campaña de Mamdani, quien era un completo desconocido para el gran público tan solo un año atrás, se basó en propagandizar importantes medidas sociales para hacer “costeable” la vida en la gran ciudad: congelar el precio de los alquileres y plantarse a los rentistas abusivos, jardines maternales gratuitos, transporte urbano gratuito, la promesa de un aumento salarial, entre otros.
A pesar de lo (adrede) disruptivo de sus videos y gráficas en redes sociales, el punto decisivo fue su tónica militante. Pateó la calle y logró conectar, desde un ángulo por la positiva, con las generaciones más jóvenes, quienes afluyeron a las urnas. La participación electoral fue la más alta desde 1969. Juntó millones de dólares provenientes de pequeños aportes, a la par que 90 mil voluntarios se sumaron a la campaña con volanteadas y recorridas masivas. El grupo local de DSA creció, según sus estimativos, a 11.300 adherentes (Jacobin, 4/11).
La elección, en especial durante su tramo final, se “nacionalizó”. El presidente Donald Trump, cuya base histórica es la ciudad de Nueva York, se involucró directamente en la campaña. Marcó como “su candidato” al exgobernador Andrew Cuomo, un demócrata muy reaccionario que se presentó por fuera del partido sobre quien pesan denuncias por abuso sexual y corrupción. Cuomo recibió el respaldo (endorsement) del actual alcalde Eric Adams, también demócrata. Según trascendidos, Trump le habría ofrecido, a cambio de su apoyo, un puesto en la administración nacional (NYT, 23/10). Solo una pequeña muestra de las injerencias desde Washington.
Igual de importante que los realineamientos políticos fue la presión y chantaje sobre la población. Emulando lo sucedido en Argentina, Trump amenazó con cortar los fondos federales (una especie de coparticipación) a la ciudad de Nueva York si ganaba Mamdani. También existen indicios de que podría desplegar el ejército u otra fuerza represiva nacional sobre Nueva York para garantizar la operatividad de la unidad antimigrantes, algo que ya ha realizado en todas las grandes ciudades gobernadas por la oposición.
El gran capital, mayormente asociado a los republicanos, al establishment demócrata y al lobby sionista, jugó fuerte, incluso a nivel de los individuos. Una investigación sobre los aportistas oficiales conducida por Forbes (27/10) informa que 26 millonarios locales donaron 22 millones de dólares a grupos o plataformas “independientes” que hicieron campaña anti Mamdani. Los mercados amanecieron con prudencia (FT, 5/11).
La retórica trumpista de tildar a Mamdani de “comunista” no logró los resultados esperados. Debe decirse que Trump fue incluso más allá y asoció la cara de Mamdani a los candidatos demócratas en otros Estados donde también hubo elecciones, haciendo campaña sucia sobre el “peligro rojo”. Los republicanos fueron derrotados en todos aquellos lugares en disputa.
Así las cosas, debe señalarse que Cuomo obtiene una importante remontada que lo ubica en el 41%, y que gana con holgura en los barrios de los multimillonarios. Sin embargo, queda muy lejos de Mamdani en la general. Trump, y todo su bloque ultraderechista, recibió un duro golpe este martes.
La nacionalización de la campaña vale también para el lado favorable a Mamdani. Aunque su estilo comunicacional ponderó su figura personal, difuminando logos o pertenencias partidarias, el aparato se metió en la campaña. Los apoyos de Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez confluyeron con los llamados telefónicos del expresidente Obama, que desempeña el rol central en la vida del Partido Demócrata, además del respaldo de la gobernadora del Estado, la demócrata derechista Kathy Hochul, entre muchos otros.
El apoyo del aparato partidario mayoritario no fue gratuito. Mamdani moderó aquellas propuestas que podían representar una confrontación menos velada con el gran capital. Tras la oposición de la gobernadora a aumentar los impuestos a los multimillonarios, que Mamdani publicitaba como la principal fuente de financiamiento para sus reformas sociales, el actual alcalde dijo que él tenía un “plan B”, y que cubriría ese monto con ahorro fiscal en otras áreas (NYT, 6/10). Una formulación aún más difusa que los números originales. El planteo de aumento salarial generalizado, que ya tenía un esquema flexible en el periodo anterior, perdió jerarquía dentro de los ejes agitativos centrales del último tramo.
Mamdani acotó su discurso a temáticas de la ciudad, evitando nuevas referencias o pronunciamientos por Palestina o por otros sucesos de importancia, por ejemplo la ofensiva de Trump contra Venezuela y Colombia. Esto se extiende, además, a un mutismo en relación a las amenazas más grandes que se ciernen sobre la ciudad, como la posibilidad de deportaciones y redadas contra migrantes.
La victoria de Mamdani está siendo vivenciada con entusiasmo por una amplia mayoría de los trabajadores de Nueva York y de otros importantes centros de Estados Unidos. Es vista como la demostración de que es posible pararle la mano a Trump y, más aún, que puede ser logrado con una línea “izquierdista” o redistributiva, distinta a la conducción histórica del Partido Demócrata que ahondó la crisis económica bajo Joe Biden y Kamala Harris.
Esto conlleva un gran debate, porque es evidente que la dirección del Partido Demócrata está tomando nota de los fenómenos políticos que se manifiestan en la victoria de Mamdani y en las movilizaciones sociales y sindicales que atraviesan la totalidad del país. En la misma elección triunfo una modificación de los distritos electorales impulsada por el gobernador de California Gavin Newsom, quien se perfila, como el representante en la elección presidencial del aparato demócrata tradicional vinculado al gran capital, como antes sus compañeras de pago chico Kamala Harris y Nancy Pelosi.
El Partido Demócrata interviene en estos procesos populares con alcance de masas, pero no para impulsarlos, sino para confiscarlos políticamente, evitar las rupturas y cualquier atisbo de independencia de clase, y llevarlos hacia un nuevo apoyo a una de las líneas dominantes del imperialismo. Estamos hablando del Partido Demócrata, el mismo que impulsó la guerra en Ucrania, el genocidio en Palestina, las masacres en África -solo para nombrar algunos ejemplos recientes.
Es una victoria que refuerza al ala interna de DSA que busca una disputa hacia el interior del Partido Demócrata, bajo la perspectiva de que puede ser reformado total o parcialmente, reorientándose hacia una variante que definen como “populista”. El eje, borrando todo elemento programático, sería enfrentar a los “candidatos del sistema” con figuras desde abajo. La preeminencia de esta corriente política introduce una confusión entre los trabajadores que los desvía de las tareas históricas de la clase, y que debe ser enfrentada.
La dirección de DSA no ha planteado una diferenciación estratégica con el Partido Demócrata, sino que se ha subordinado a su línea del mismo modo que se subordinó a la candidatura sentidamente antiobrera de Kamala Harris. El editorial de Eric Blanc, uno de sus máximos teóricos, va muy lejos en esta dirección y plantea que se trata de “hacer costeable Nueva York [el lema de Mamdani] vía la acción gubernamental, y no los incentivos de mercado” (Jacobin, 4/11), lo cual acentúa la expectativa en las medidas fiscales acordadas por arriba, a la vez que borra la importancia elemental de una intervención popular que defienda cualquier conquista. Un retroceso ideológico enorme.
Tras el triunfo de Mamdani, el movimiento popular que lo apoyó y militó su campaña será objeto de todo tipo de presiones y hasta “chantajes”, aunque esta vez desde el Partido Demócrata. La tendencia al carrerismo político y a ocupar posiciones en el Estado como un fin en sí mismo está en la orden del día. Las corrientes más críticas de la izquierda de DSA tuvieron un peso menor al esperado en su convención de este año, producto de los acomodamientos tras el triunfo de Mamdani en la primaria demócrata. Cubrir la administración de una de las ciudades más grandes del mundo, sumado a la expectativa de repetir la proeza en otras elecciones, reforzará esta presión. De igual manera operará la tendencia a circunscribir la presencia callejera al respaldo de tipo electoral o simbólico.
El entusiasmo de un millón de neoyorquinos con una plataforma que se autodeclara socialista, y la hostilidad del gobierno nacional de Trump, en plena ofensiva militarizadora y fascistizante, plantea choques de masas. Los revolucionarios deben intervenir en la crisis política y en estos choques. Un punto fundamental será la lucha por la imposición de las reivindicaciones populares que levanta Mamdani, incluyendo el aumento salarial inmediato. Tampoco puede quedar confinado a la casa del municipio la pelea con Trump por los derechos migrantes. Son tareas a impulsar con campañas en los sindicatos por la huelga general. La contribución militante para que irrumpa una tendencia de independencia obrera será el camino para construir un partido de la clase, dejando atrás la sumisión histórica al imperialista y patronal Partido Demócrata.
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Eduardo Feinmann salió a atacar con infamias a los trabajadores del Hospital Garrahan que acaban de quebrar la intransigencia ajustadora del gobierno con una larga lucha, librada en base a asambleas conjuntas y la organización común de todos los sectores, y el recurso a la movilización popular. El periodista oficialista sangra por la herida porque constituye un importante triunfo contra Milei.
Feinmann no tolera que los trabajadores organizados del hospital hayan conquistado un triunfo histórico frente al gobierno de Milei, que tuvo que ceder ante la fuerza de la movilización. Durante la entrevista se dedicó a agredir y a desplegar un discurso macartista contra una delegada que además es militante del Frente de Izquierda, como si participar de la vida política fuera un delito.
Feinmann llegó a decir que los trabajadores “usaron a los chicos”, una canallada absoluta. En el conflicto del Garrahan, fueron las familias de los pacientes las que acompañaron la lucha desde el primer día: apoyaron los reclamos, participaron de las movilizaciones, organizaron festivales y colectas para sostener a los trabajadores que venían enfrentando sueldos de miseria y condiciones insoportables en el principal hospital pediátrico del país. Nadie puede hablar de ellos sin reconocer la enorme solidaridad social que rodeó esa pelea.
En ese sentido, Gerardo "Pino" Oroz, delegado de la Junta Interna de ATE Garrahan, dijo: "el primer balance es que es un gran triunfo de los trabajadores que demuestra que por medio de la lucha y la organización, y el acompañamiento de las familias, dio sus frutos y que sí se puede enfrentar la política del gobierno. Hemos conseguido este incremento que va al básico, que se suma también al bono, que el gobierno anunció que es de carácter fijo. Es un gran incremento salarial y es un gran paso en el marco de esta lucha. Puertas afuera tenemos que explicar al resto de los trabajadores que sí se puede enfrentar la política del gobierno, lejos de la parálisis y la desmovilización que plantea la CGT, creemos que la lucha da sus frutos, es lo que nos prepara para enfrentar la reforma laboral, es por este camino".
El periodista, vocero del gobierno y de los capitalistas de la salud, no soporta que haya triunfado la organización de los trabajadores. Por eso recurre al método más viejo de la reacción: el macartismo, la persecución ideológica, la difamación contra quienes se plantan frente al ajuste del gobierno nacional.
El episodio es más que una anécdota televisiva. Es la expresión de una campaña sistemática del gobierno y sus voceros para demonizar la protesta social y la organización contra la masacre social. Los trabajadores del Garrahan demostraron que la organización y la lucha arrancan conquistas. Y también que, frente al odio de los voceros del régimen, lo que más molesta es que una mujer trabajadora, profesional, electa por sus compañeros, respetada por su trabajo y militante de izquierda haya encabezado una victoria obrera.
El triunfo del Garrahan no solo mejora las condiciones de quienes allí trabajan: muestra el camino a todo el movimiento obrero frente al ajuste y la represión del gobierno libertario. Frente a los Feinmann y los Milei, más que nunca, la salida está en la lucha y en la organización independiente de los trabajadores.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
Tras la renuncia de Cecilia Loccisano, ligada al ahora desplazado Guillermo Francos, asumió en el viceministerio de Salud Guido Giana. Alineado con el ministro Mario Lugones y también con Santiago Caputo, su prontuario anticipa la profundización del ataque a la salud pública y a los trabajadores del sector.
Del ajuste macrista al negocio mileísta
Giana es un viejo conocido del macrismo. Fue gerente económico-financiero del Pami durante el gobierno de Cambiemos, donde participó de los recortes en la atención a jubilados y la renegociación de convenios con los laboratorios, que implicaron un retroceso brutal en la provisión de medicamentos. Luego pasó al sector privado como director del Sanatorio Güemes (propiedad de Mario Lugones, hoy ministro de Salud y cabeza del vaciamiento del área) un centro donde hubo numerosos reclamos sindicales por la superexplotación de trabajadores, sobre todo durante la pandemia. Desde allí tejió sus vínculos con Santiago Caputo.
Su trayectoria resume la fusión entre negocio privado y gestión pública: funcionarios que van y vienen entre el Estado y las empresas para garantizar el lucro de las corporaciones farmacéuticas y las clínicas privadas a costa del sistema público y la atención de millones.
En el centro de un nuevo escándalo de corrupción en el PAMI
Giana además es señalado como el “cerebro” detrás del nuevo escándalo de corrupción que salpica a la gestión de La Libertad Avanza en el Pami. El organismo adjudicó una licitación de más de 80.000 millones de pesos para la compra de lentes intraoculares a precios hasta diez veces superiores al valor de mercado, con contratos de $230.000 por unidad frente a un costo habitual de $35.000. La corruptela tuvo como consecuencia el deterioro de la salud oftalmológica de miles de jubilados que usaron estos insumos de pésima calidad.
Según fuentes gremiales del sector, el entramado fue diseñado por Giana, en coordinación con Lugones y Caputo. La operación replica viejos esquemas de su paso por el Pami macrista, donde ya había sido investigado por retornos ilegales y estafas multimillonarias.
Un terrateniente contra los trabajadores y las familias sin techo
Pero Giana no solo representa a los pulpos privados de la salud. También es terrateniente y defensor de los intereses más reaccionarios de la clase propietaria. En 2020, en plena pandemia, fue uno de los denunciantes y voceros mediáticos contra la toma de tierras de Guernica, donde más de 2.500 familias sin vivienda reclamaban un techo en medio de la crisis sanitaria y económica.
Atrincherado en su campo junto a la Bonaerense, Giana llegó a declarar que “en Presidente Perón no hay déficit habitacional” y que los ocupantes “eran mafias organizadas”, reproduciendo el discurso criminalizador que luego legitimó el brutal desalojo ordenado por Kicillof y ejecutado por Berni. Su participación activa en esa campaña lo proyectó dentro del PRO como un “defensor de la propiedad privada”, y desde allí dio el salto al armado libertario, donde hoy pretende reciclarse como adalid de la “libertad” empresarial y del derecho de los patrones a hacer negocios con la salud y la tierra.
Salud y negocios: un mismo proyecto de clase
La llegada de Giana al viceministerio es la confirmación de la orientación del vaciamiento del sistema de salud público, transferencia de recursos al sector privado y persecución a los trabajadores. Bajo la gestión de Lugones y Caputo, la salud se transforma en un campo de negocios y corrupción, donde los fondos del Estado sirven para enriquecer a las clínicas y consultoras amigas.
Los despidos en hospitales, el desfinanciamiento del Garrahan y el Posadas, y las licitaciones truchas en el Pami son distintas caras de una misma política: un gobierno que utiliza el Estado para ajustar, reprimir y robarle a la población.
Frente a esta ofensiva, los trabajadores de la salud deben organizarse en defensa de la salud pública, gratuita y universal, y por una salida obrera frente al saqueo capitalista. Fuera Milei, Giana y todo el gabinete del ajuste.
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Triunfazo en el Garrahan: aumento de 61% al básico tras una lucha ejemplar
El gobierno se vio obligado a comenzar a aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica. Una victoria histórica conquistada con asambleas, paros y la organización de base.
La larga y tenaz lucha de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan logró un aumento del 61% sobre la asignación básica, que incluye el salario básico y la dedicación funcional, además de un pago retroactivo correspondiente a octubre. Según informó la dirección del hospital, el bono mensual continuará vigente.
El incremento implica el comienzo de la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por el Congreso tras la enorme presión generada por el conflicto. Aunque el gobierno evita admitirlo, se trata de una derrota directa para la gestión de Javier Milei, la presidenta del Consejo de Administración, Patricia Lugones, y la conducción del hospital, que durante meses intentaron quebrar la huelga con descuentos, amenazas y persecución.
TRIUNFAZO DE LA LUCHA DEL GARRAHAN: empiezan a cumplir la ley con un 61% al básico pic.twitter.com/tTClMNhRTS
En un país donde las paritarias oficiales se mueven en torno al 1% mensual, la huelga del Garrahan rompió el techo salarial a fuerza de organización y democracia sindical. Asambleas generales sin distinción de afiliación, paros, festivales y movilizaciones fueron las herramientas con las que los trabajadores enfrentaron el ajuste y la intransigencia patronal.
“Nadie nos regaló nada: lo arrancamos organizados, peleando, con los métodos propios de nuestra clase trabajadora, unida sin distinción de tarea o sector”, afirmaron desde la dirección de ATE Garrahan al anunciar el triunfo.
La conquista marca un contraste tajante con la política de la burocracia sindical, que viene entregando salarios a la baja y aceptando despidos en otros sectores. El Garrahan demostró que la unidad en la asamblea general y los sindicatos combativos pueden torcer el brazo al gobierno y a las patronales.
Pese al logro, los trabajadores denuncian que persisten los descuentos por huelga y las causas judiciales impulsadas por la jefa de Recursos Humanos, Verónica Pirozzo, contra delegados y organizaciones gremiales. ATE Garrahan exige su inmediata anulación y advierte que seguirá luchando por mejorar las condiciones laborales y frenar la ofensiva de la reforma laboral que busca precarizar aún más la salud pública.
El triunfo del Garrahan es una bocanada de aire fresco para todo el movimiento obrero en medio del ajuste de Milei y su guerra contra los trabajadores. Una victoria que confirma, una vez más, que la organización y la lucha colectiva son el único camino para conquistar derechos.
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Las y los trabajadores del Hospital Garrahan tomaron este viernes la Dirección Médica del establecimiento en repudio a los descuentos salvajes aplicados por las autoridades contra enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal. Los recortes, que alcanzan los 300, 400 y hasta 500 mil pesos, fueron impuestos por el Consejo de Administración y la directora ejecutiva, Mariano Pirozzo, en represalia por el ejercicio del derecho a huelga.
La medida de fuerza responde a un ataque directo al salario y a las condiciones de vida de trabajadoras que no llegan a fin de mes, muchas de ellas madres solteras que sostienen sus hogares con sueldos de miseria. Mientras tanto, los directivos se autoasignan ingresos millonarios y nombran asesores con sueldos de más de 3,4 millones de pesos, profundizando el contraste entre la casta gerencial y el personal que sostiene el hospital público con su trabajo cotidiano.
“El Garrahan atraviesa una crisis que no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan.
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El gobierno de Javier Milei pretende avanzar con su reforma laboral esclavista, que busca liquidar derechos conquistados durante décadas de lucha y precarizar aún más las condiciones laborales. Pero en todo el país crece la campaña política y militante impulsada por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad para derrotarla con la movilización obrera.
A través de diferentes videos, referentes del Partido Obrero denuncian el verso del gobierno sobre que la reforma reaccionaria vaya a fomentar la creación de empleo o mejorar las condiciones de quienes hoy no están registrados y por lo tanto carecen de los derechos laborales que les corresponden. Es el inicio de una campaña que va a recorrer fábricas, lugares de trabajo y barrios de todo el país para llamar a los trabajadores a combatir lo que es una orientación de Estado, hacia la que apuntaron de todos los gobiernos capitalistas —del menemismo al kirchnerismo y el macrismo—, que cuenta con el apoyo del peronismo y la burocracia sindical entreguista, y por lo tanto solo puede ser enfrentada por una clase trabajadora organizada de manera independiente.
A través de una serie de videos, los principales referentes del Partido Obrero intervinieron en esta pelea.
Néstor Pitrola, diputado electo y dirigente del Partido Obrero afirmó que con esta reforma las relaciones laborales vuelven al siglo XIX y agregó: "otro punto importante es terminar con los Convenios Colectivos de Trabajo. Hoy existe algo que se llama ultraactividad, significa que si un trabajador no consigue un nuevo convenio colectivo, se mantiene el anterior. Milei quiere eliminar todos los CCT y su división por gremio para que sean por empresa, pero por empresa el trabajador tiene menos fuerza que si se unifica con todo un gremio, lo que favorece a la patronal".
"También quiere hacer algo que se considera ilegal, que es volver a incorporar en el salario los ticket canasta, sobre este ítem el patrón no paga ningún aporte patronal, de esta manera reduce el costo y maximiza su propio beneficio. Además incorpora la idea de salario dinámico, significa que queda atado a la productividad, el destajo, que es lo que regía cuando no había ningún derecho laboral. También quiere hacer un Rigi para las empresas, que consiste en reducir los impuestos, de manera tal que el sistema impositivo dependa ya solamente de los impuestos al consumo y al salario y no de los impuestos al capital".
Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero y legislador porteño, explicó punto por punto en qué consiste la reforma laboral que pregona el gobierno: "Milei y los empresarios alegan que como hay nuevas tecnologías no se puede seguir con las viejas relaciones laborales. Ahora bien, si hay nuevas tecnologías se supone que hay que laburar menos. La jornada laboral que propone Milei se extiende de 8 horas a 12 horas diarias. ¿Quién se lleva ese beneficio? el patrón".
"Además quiere armar un banco de horas anual, por lo tanto no importa, si al patrón le conviene un día trabajas 4 horas, otro día compensas y trabajas más horas, al final tu vida depende de lo que manda el patrón y se eliminan las horas extras. Otro tema es que cambia el sentido de las paritarias. Hoy establecen un piso salarial por actividad, eso lo quieren eliminar y quieren que la paritaria establezca el techo no el piso. También plantea golpear las vacaciones: se puede fraccionar las vacaciones de acuerdo a lo que quiera el patrón, y también te quieren despedir pero fraccionando hasta en 12 meses la indemnización por despido, de esta manera se facilita el despido porque para el patrón es más barato echarte del trabajo".
Cintia Frencia concejal electa del FIT-U en Córdoba, echó por tierra las mentiras con las que el gobierno defiende esta reforma esclavista: "Nos quieren vender que la reforma laboral es una solución mágica, pero detrás del discurso modernizador hay tres mentiras que esconden un ajuste brutal contra los trabajadores. La primera es que 'la reforma laboral promueve el trabajo formal', algo que ya escuchamos en los 90' pero el resultado fue más precarización, más despidos y más pobreza. Los empleadores no blanquean por amor a la ley, sino cuando la tasa de explotación les da mayor ganancia y esta reforma apunta justamente a eso".
"La segunda es que 'no te afecta si tenés trabajo registrado', otro verso, alegan la libertad de elegir los términos de tu contratación pero destruyen las negociaciones colectivas sometiendo a los trabajadores a condiciones extorsivas de contratación. Además cuando una ley facilita los despidos y abarata las indemnizaciones, lo que se viene después es una oleada de despidos masivos. Las patronales echan para recontratar con nuevos convenios basura y listo".
"La tercera mentira es que 'va a generar más puestos de trabajo', esto en medio de una recesión, en donde no hay consumo ni inversión, ninguna reforma crea trabajo, lo único que crea son nuevos nichos de superexplotación".
En cada provincia se están desarrollando asambleas, reuniones abiertas, volanteadas y actos para organizar la resistencia. El objetivo es impulsar una gran movilización nacional para derrotar la reforma laboral y todos los ataques del gobierno.
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Será a partir de las 10 horas, habrá cortes y manifestación frente a Legislatura, se espera una fuerte movilización de sindicatos combativos y organizaciones piqueteras.
Astillero está que arde y con razón. Hace unos días salió a la luz que la gerencia de la empresa, en connivencia con la conducción gremial de ATE Ensenada (Lista blanca), otorgaron y se otorgaron categorías con métodos y criterios desconocidos, a personal superior e integrantes de la propia conducción gremial. Vale aclarar que también personal de convenio se hizo acreedor a ese derecho y reconocimiento, pero la indignación cundió por la manera desmedida en que se repartieron esas categorías.
Es necesario recordar que en paritarias de abril y subsiguientes la conducción gremial trató estos reclamos con las autoridades de gobierno, pero si se logró el aumento en cantidad de categorías para toda la planta fue por las asambleas autoconvocadas del mes de julio que obligaron a Francisco Banegas y Lorena Benaglia -secretario general y adjunta de ATE Ensenada respectivamente- a dar la asamblea general después de tres años. El número de categorías dadas por el gobernador Kicillof resultaron escasas, máxime si se tiene en cuenta que el objetivo de la Asamblea y el reclamo era el aumento salarial. En síntesis la conducción gremial repartió a su conveniencia las categorías.
¿Qué hay detrás de este reclamo? La desgraciada situación salarial que atraviesan los trabajadores, al igual que el resto de los estatales bonaerenses. Tanto el presupuesto para el ARS, como la cuestión de los sueldos vienen a la baja desde 2019 cuando asumió Axel Kicillof como gobernador, cuatro años antes de la llegada de Milei. Un gobierno provincial que en 2024 y 2025 declaró tener superávit fiscal.
El "no hay plata" del gobernador "amigo" está flojo de papeles. El próximo round será el Presupuesto 2026 y un nuevo endeudamiento por mil millones de dólares que las direcciones de ATE apoyan a pesar de que son para pagar la deuda externa a los acreedores buitres.
Tanto para la conducción gremial y el resto de la fábrica cabe aclarar que si ATE Ensenada rompe la más elemental democracia sindical aceptando, a espaldas de los trabajadores, las paritarias a la baja, es porque existe un Kicillof que decide ajustar salarios y deja correr la parálisis laboral del querido Astillero Río Santiago.
El movimiento de rechazo al reparto desmedido de las categorías en beneficio para pocos debe servir para concretar una asamblea general que le exija al gobernador Kicillof una urgente recomposición salarial.
La fábrica en su conjunto debe debatir cómo enfrentar y rechazar el ataque a las condiciones laborales que se aprestan desde el gobierno nacional frente a las amenazas de reforma laboral y previsional y la "nueva estatalidad" (reformas en las condiciones de trabajo para los trabajadores del Estado) que convalida ATE en un momento de contraofensiva de Milei y la lacra gobernante.
Asamblea ya para unir la lucha por el salario. Que los dirigentes de ATE den la cara.
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La Corte Suprema, con una composición especial, resolvió revocar la prórroga de la prisión preventiva del genocida Carlos “Indio” Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Plata y Mar del Plata. El tribunal dispuso que los jueces inferiores deberán ofrecer una justificación “minuciosa” y con “indicios concretos” para mantener detenidos a los criminales de la dictadura que no tienen condena firme, abriendo así la posibilidad de que decenas de represores reclamen su libertad.
Con este fallo, la Corte acaba de dar una señal de impunidad celebrada por los sectores más reaccionarios del régimen: los defensores del terrorismo de Estado, los cómplices civiles de la dictadura y los impulsores de la “reconciliación nacional” que desde hace años reclaman la liberación de los genocidas.
Lejos de ser un “acto de justicia”, el fallo constituye un paso más en la ofensiva negacionista que impulsa el gobierno de Milei, alentada por personajes como Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y el propio obispo castrense Santiago Olivera, quien celebró públicamente la resolución de los supremos y agradeció “la valentía” de los jueces que liberan genocidas. Olivera es un activo lobista de los represores, cercano a Villarruel y al Papa, que ya había pedido públicamente al gobierno “salde la deuda pendiente con los presos políticos” de la dictadura.
Un fallo hecho a medida
El fallo fue firmado por Rosatti y Rosenkrantz, los mismos jueces que en 2017 habían intentado aplicar el 2x1 a los genocidas, junto a los conjueces Alejandro Tazza (Mar del Plata) y Abel Sánchez (Córdoba), ya que no hubo acuerdo entre los miembros del tribunal.
Con este pronunciamiento, los cortesanos reinterpretan su propia jurisprudencia y cuestionan los fundamentos con los que se mantuvieron detenidos a los responsables del genocidio. Afirman que “un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse en sí mismo”, repitiendo casi textualmente los argumentos de los defensores de los represores, entre ellos el propio Olivera.
La Corte sostiene ahora que la prisión preventiva sólo puede extenderse con “indicios concretos” de riesgo procesal o entorpecimiento de la causa, minimizando los elementos que durante años se consideraron determinantes en los crímenes de lesa humanidad: la gravedad de los delitos, la red de complicidades que aún los protege, y la demora deliberada de la propia Corte en confirmar las condenas.
El fallo llega en un momento clave. Mientras el gobierno de Milei y los capitalistas avanzan con la reforma laboral, el saqueo jubilatorio y la represión a la protesta social, el mismo poder judicial que persigue a las organizaciones piqueteras que organizan a los más pobres, se dispone a liberar a los genocidas que perpetraron el terrorismo de Estado.
Los crímenes de la CNU y la lucha de las querellas
La CNU fue una organización paraestatal de la derecha peronista que actuó en La Plata y Mar del Plata desde 1974, antes del golpe, amparada por el gobierno de Isabel Perón, la burocracia sindical y el aparato represivo del Estado. Su función fue exterminar a la vanguardia obrera, estudiantil y popular que se desarrollaba al calor del ascenso revolucionario.
Desde Justicia Ya! La Plata, Apel y otras organizaciones populares que integran las querellas en los juicios contra la CNU, denunciaron desde el primer momento la responsabilidad del tercer gobierno peronista en la gestación del terrorismo de Estado y el papel de los organismos represivos parapoliciales como la CNU, la Triple A y las patotas sindicales. El propio Castillo fue condenado a perpetua en 2017, mientras su socio Juan José “Pipi” Pomares, asesor del PJ en la Legislatura bonaerense, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en una muestra de impunidad política. Tras el reclamo de las querellas, Casación anuló esa absolución, pero el mismo tribunal volvió a dejarlo libre, desoyendo las pruebas y testimonios de las víctimas.
Esa trama de protección judicial, política y eclesiástica es la que hoy vuelve a activarse con este fallo de la Corte. Quienes siguen ocultando el destino de miles de compañeras y compañeros desaparecidos, quienes se amparan en la impunidad del poder, pueden volver a reclamar libertad. La Corte los habilita, mientras mantiene cajoneadas las condenas firmes de represores como Jaime Smart, ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura. No son ex represores, siguen cometiendo los delitos por los que se los acusa, porque no dicen qué hicieron con sus víctimas.
Frente a este nuevo intento de retroceso, reafirmamos que la única justicia es la que conquistan los trabajadores y el pueblo en las calles, como lo hicieron durante décadas para que hoy gran parte de los genocidas esté tras las rejas. Ni perdón, ni olvido, ni reconciliación: juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices civiles, políticos y eclesiásticos.
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Lo lógico sería que el dato principal de las elecciones jujeñas fuera el triunfo de La Libertad Avanza, pero la provincia atraviesa un proceso político más profundo que trasciende los resultados coyunturales. Se trata del derrumbe del régimen político que gobierna Jujuy desde hace una década. El cogobierno UCR-PJ que comenzó en 2015 quedó nocaut con el jujeñazo del 2023 y continúa en caída libre. La UCR de Gerardo Morales y Sadir, antes “Cambia Jujuy”, hoy “Jujuy Crece”, quedó segundo con apenas el 20% (81 mil votos) cuando en mayo, unos meses atrás, había salido primero con el 38%. El derrumbe es más brutal si se lo compara con la legislativa de 2021 que había logrado el 48% (192 mil votos).
Los trabajadores jujeños detectan -y con justa razón- al gobierno radical como el responsable de un retroceso permanente en las condiciones de vida con la contracara de un festival de negocios con los recursos de la provincia -llámese litio, el pongo o energía solar-. A esto se le suma un Estado cada vez más descompuesto con causas de corrupción, denuncias cruzadas y nepotismo que brota por todos lados.
El triunfo electoral de La Libertad Avanza -con similares números al 2023- contiene factores nacionales como la polarización nacional y la extorsión al pueblo con la crisis económica realizada por Trump, pero también porque logra de manera cínica posar como opositor al desastre radical. A tal punto llega el cinismo que critican los salarios bajos de la provincia cuando el gobierno nacional no homologa paritarias por encima del 1% y congeló la jubilación mínima. Es indudable que muchos trabajadores utilizaron la boleta de Milei para castigar a los radicales en la provincia, dejando en segundo plano el ajuste nacional.
Por el lado del peronismo, las dos listas juntas crecieron en votos (15% cada una) por la polarización nacional con Milei, pero se desangran en la crisis interna por haber acompañado a Gerardo Morales una década y haber sido parte del fracaso nacional de Alberto Fernández. La división entre Rivarola y la Cámpora, luego de que en mayo fueran juntos, se muestra artificial siendo un capítulo más del panquequeo constante por el control del aparato del PJ. Carolina Moisés, que en mayo había ido por separado de Rivarola, ahora llamó a votar a la lista de el socio de Morales y del ex vicegobernador de Morales Haquim.
Los trabajadores y el Frente de Izquierda
Las elecciones contrario a ser un momento donde se elige libremente son un campo de extorsión y atomización para la clase obrera. Por un lado el gobierno nacional y los yankees agitaron el caos económico y la posible vuelta de los que ya fracasaron (“riesgo kuka”). Por el otro, el peronismo, la fuerza predominante en los sindicatos y universidades, promovió la desorganización y la pasividad llamando a castigar a Milei solamente con el voto cuando el gobierno nacional más débil estaba y continuaba vetando leyes fundamentales para la población.
La gran responsable de este panorama confuso fue la burocracia sindical que no organiza ninguna lucha y pacta con todos los gobiernos y patronales, por ejemplo un sector de la CGT Jujuy “La Saul Ubaldini” que contiene a Judiciales; la Uocra directamente hizo campaña por el fracasado gobierno de Sadir. Por el otro, la CTA de Yasky y de Santiago Hamud apoyó a la lista de Rubén Rivarola que llevaba como candidato a Pascuttini, un patrón del tabaco.
En este marco los trabajadores no llegaron en un alza de las luchas y eso fortaleció a la demagogia de las fuerzas del régimen. Aún así el casi 10% del Frente de Izquierda (aumentó 10 mil votos respecto a mayo), con muy buenas votaciones en Alto Comedero, comunidades de la Puna y la Quebrada representan una base de apoyo político muy importante para dar un salto.
No se ha podido renovar la banca de diputado nacional que se había conquistado hace 4 años explotando favorablemente la crisis de los partidos tradicionales, pero se conserva un apoyo en este terreno que debe ser la base para un desarrollo efectivo en las organizaciones de los trabajadores, en la disputa por expulsar a la burocracia de los sindicatos y por poner en pie un movimiento estudiantil independiente que todavía es incipiente.
En definitiva, el desafío de la izquierda esta en si avanza hacia una política de fusión con la clase obrera para lograr una fuerza social capaz de enfrentar y derrotar el ajuste capitalista en la provincia o si persisten los límites de una relación meramente electoral
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A cinco años de la conquista sobre la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, un derecho por el que pusimos en pie un verdadero tsunami de lucha y movilización, el gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires saca un protocolo llamado de “Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad (con problemas de salud, físicos, psicológicos, de edad, económicos, laborales, sociales, familiares)” con el único objetivo de reponer lo peor del oscurantismo en el sistema de salud y vulnerar los derechos de las mujeres y diversidades.
Esto ocurre en el marco de un gobierno nacional como el de Javier Milei que desde el día uno amenaza con volver a instituir la clandestinidad del aborto, mientras promueve una “batalla cultural” que consiste en negar y atacar nuestros derechos, demandas y reivindicaciones contra la violencia, la discrminación y el sometimiento.
El protocolo en manos de la iglesia
Detrás de este protocolo, presentado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, hoy dirigido por el ministro Mraida (¡un pastor!), se ve el brutal empoderamiento de la Iglesia Evangélica dentro del Estado, a quien se pone a cargo de las líneas de asistencia, de “acompañar a la embarazada” a través de su personal “capacitado” en prejuicios religiosos, ajenos a todo criterio científico.
Durante este año se registra que en distintos centros de salud empezaron a aparecer puestos con personas que se manifiestan en contra de los derechos sexuales y reproductivos, queriendo conversar con los usuarios del sistema de salud y convencerlos de sus posturas. Este protocolo, que puede ser aplicado por el Ministerio de Desarollo Social aleatoriamente, busca puentear a los trabajadores formados de los centros de atención primaria de la salud (CeSAC) que tiene una mirada comunitaria del abordaje de la salud y son quienes vienen manifestándose contra el mismo y alertando que ya se conocen experiencias en otros municipios como el de San Isidro, donde se comprobó que estos espacios funcionan dilatando el acceso, produciendo sufrimiento psíquico, por ejemplo haciendo escuchar los latidos en las ecografías. (La Retaguardia, 18/10/25).
Hablamos de un protocolo sumido en el discurso de falsa defensa de “las dos vidas”- el slogan de una campaña fascista contra nuestros derechos-, negando el derecho a las mujeres y diversidades a decidir sobre su propio cuerpo y empujándolas a una única opción entre seguir forzadamente con un embarazo no deseado o tener que recurrir a la inseguridad extrema de la clandestinidad, negando la aplicación de un derechos conquistado como es la IVE.
Esto es más de lo que ya vemos que ocurre en los centros de inserción social para gente en situación de calle, o en los establecimientos de salud mental, entre otros, que son, por impulso del Estado y los gobiernos, totalmente copados por la iglesia y sus prácticas oscurantistas, anti científicas y anti derechos. Por esta vía elevan al nivel de “política de Estado” el abuso de menores que conlleva a embarazos en las infancias, la violencia, la discriminación y la vulneración de derechos que conquistamos con una enorme movilización popular.
La ley de los 1.000 días y una falsa salida para las mujeres más vulnerables
A primera vista este protocolo plantea una salida meramente de acompañamiento y asistencia basándose en la ya aprobada Ley 27.611 , que rige desde el 2020 y plantea la “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia", conocida como 1.000 días. Esta ley se limita a la incorporación de una Asignación por Cuidado Integral, que percibe un monto igual a la Asistencia Universal por hijo y es asignada solo durante los primeros 3 años de vida.
La ley de los 1.000 días que el gobierno de Alberto Fernández hizo aprobar en paralelo al derecho al aborto legal, con el argumento de facilitar una maternidad deseada a quienes atraviesan penurias económicas, no plantea una salida real de la situación de pobreza, abandono y desempleo que vive un sector enorme de la población trabajadora y mayormente las mujeres, sobre quienes recae más fuertemente la precarización laboral y la desocupación.
Estamos hablando de una asignación por 3 años equivalente a la AUH que en octubre de este año apenas llega a los $93.783 pesos. ¿Alguien cree que con ese dinero se puede sostener a las infancias? Ya es costumbre de los gobiernos, y no prerrogativa exclusiva de los más derechistas, presentar medidas meramente paliativas frente a la pobreza, y ni tanto, como “garantía de derechos”. Pero para combatir los embarazos no deseados lo que verdaderamente necesitamos es educación sexual laica y científica, trabajo genuino, salarios acordes y plenos derechos, sin discriminación ni violencia para las trabajadoras. Reemplazar esta carencia con un subsidio que no llega a la mitad de la canasta básica alimentaria (medida en septiembre en $166.798 para una sola persona), es una estafa de proporciones, y solo la excusa para una avanzada reaccionaria contra nuestros derechos y nuestra autonomía, buscando restaurar la tutela estatal sobre las mujeres y una concepción de minusvalía jurídica, política y social.
Sin salud pública no hay solución
El gobierno nacional hoy se encuentra vaciando de trabajadores sus líneas de asistencia, como es la 144, dependiente de la ex subsecretaria de protección contra la violencia de género que atravesó el despido del 80% de su personal a mediados del año pasado, que provee información y acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas embarazadas, madres con sus hijos y mujeres con consumo problemático.
Además, avanza con el cierre de hospitales como son el Bonaparte, que se encargaba principalmente de la asistencia a las personas con consumo problemático de drogas, un sector directamente pasado por alto en este mismo protocolo. Son las mujeres uno de los sectores más afectados por el consumo problemático, muchas veces víctimas además de abuso sexual, de explotación sexual y de trata de personas bajo el mismo narcotráfico, culminando en hechos como el triple narcofemicidio de Lara, Brenda y Morena.
El gobierno de la Ciudad y el avance contra nuestros derechos
Sin duda este protocolo, lejos de buscar una solución para las personas que atraviesan un embarazo en situación de vulnerabilidad, tiene por único objetivo negar el acceso a la IVE. Se valen para ello del discurso eclesiástico y la intervención directa de las iglesias, que fuerzan a las mujeres -que en nuestra sociedad constituyen un colectivo sometido a múltiples situaciones de violencia y precariedad- a llevar a término un embarazo no deseado, incluso obligando a niñas y personas con discapacidad a continuar con embarazos producto de violaciones.
No sorprende del mismo gobierno de la ciudad que avanza con reformas en los secundarios, aplicando la recientemente aprobada Ley de “Bienestar escolar y educación emocional" (votada por el gobierno y toda la oposición, incluyendo el peronismo) para reemplazar a la ESI por una educación sin fundamento científico, como si el problema del abuso sexual en las infancias y adolescencias fuese un problema de “gestión de las emociones”. Otra ley ligada al discurso de la iglesia y que avanza contra un derecho indispensable para educar en principios de libertad, respeto y no discriminación, y por ejemplo, detectar el abuso en las infancias.
La necesidad de un movimiento de lucha independiente, laico y de las trabajadoras
Frente a la necesidad de una salida real, que plantee la defensa del salario, el trabajo genuino, el derecho a la vivienda para las familias trabajadoras, replanteamos nuevamente que la ola verde (mandada a guardar tras la candidatura de Alberto Fernández y una promesa inconclusa por el avance de nuestros derechos) y el movimiento de mujeres que hizo historia, vuelva a las calles por la implementación real de la IVE y la ESI y por todos nuestros derechos, con el objetivo claro de echar a este gobierno misógino que avanza contra nuestras conquistas.
Les esperamos el viernes 7/11 a las 18 horas en la Facultad de Medicina para debatir y profundizar sobre estos ataques junto a profesionales de la salud pública y militantes de los derechos de las mujeres.
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Este sábado 1 de noviembre se realizará en Buenos Aires, como todos los años, la Marcha del Orgullo, en un clima post electoral donde La Libertad Avanza consagró su victoria y el presidente prometió avanzar con una serie de reformas estructurales que anticipan un ataque más profundo hacia los derechos de les trabajadores y un ajuste aún mayor. Claramente la forma de frenar a este gobierno no es en las urnas sino con la movilización popular.
¿A dónde quedamos las diversidades sexuales y de género?
Lesbianas, bisexuales, gays, trans, travestis, no binaries y cualquier persona que se salga de la hetero-cis-norma hemos sido blanco de ataque por parte de este gobierno, que se ha planteado una guerra contra la supuesta “ideología de género” en un ataque férreo a los derechos que hemos conquistado.
En respuesta a este ataque el 1F movilizamos a Plaza de Mayo en contra de los dichos de Milei en Davos, donde fuimos miles a lo largo y a lo ancho del país quienes salimos a las calles a dejarle claro a este gobierno que vamos a enfrentarlo. Sin embargo, el gobierno continuó en su ataque hacia nuestros derechos, al ritmo de la profundización del ajuste en áreas importantes como salud y educación, con una inflación que día a día devalúa los salarios de les trabajadores. Tenemos que volver a copar las calles.
El ajuste pasa sobre nuestres muertes
El pacto Milei-Trump no nos depara un mejor destino, el ataque hacia mujeres y LGBTI+ es parte de la sumisión a las políticas imperialistas. Trump ataca a migrantes, mujeres y LGBTI+ y Milei intenta replicarlo para ser el alumno perfecto de la derecha internacional a cambio de intervencionismo, entrega y falsa estabilidad.
Estos ataques no son gratuitos, en medio de la profundización de la crisis son una herramienta de división entre la clase trabajadora. Con una descomposición social creciente no podemos ignorar el impacto que tiene para la cotidianidad de nuestras existencias: cada día que pasa crecen los ataques y crímenes de odio, con el impulso y el aval de los propios voceros del gobierno.
Esta situación, que no es nueva pero se profundiza en este contexto, refleja el rol del Estado en la regimentación y persecución hacia mujeres y LGBTI+, mientras avanza en la protección hacia los violentos y abusadores.
Esto se evidenció en el crimen del triple lesbicidio de barracas, no solo en el hecho de que haya sucedido sino también en el rol de la justicia capitalista como agente del gobierno y garante de mantener la impunidad, desestimando la carátula de lesbicidio; o en el travesticidio de Sofía Fernández, con el mismo Kicillof que intenta plantearse como una oposición a este gobierno, garantizando la impunidad de los policías que la asesinaron.
La escalada de violencia no se da aislada, sino bajo un aumento de la represión y reforzamiento de las fuerzas represivas por parte del gobierno para poder llevar adelante sus políticas antiobreras y antiLGBTI+, con Bullrich a la cabeza revictimizando a las víctimas de violencia de género, y encubriendo la avanzada de las bandas narcos en los barrios que recientemente se llevaron la vida de Lara, Brenda y Morena.
Hay que frenarlo en las calles
El gobierno se ha propuesto liquidar los derechos que hemos conquistado luchando en las calles. Las limitaciones que le impuso a la Ley de Identidad de Género en el alcance a su aplicación implica la vulneración de las infancias y adolescencias trans en un intento de regimentar nuestras identidades ya desde temprana edad. Esto se da en conjunto con un ataque a la educación, sobre todo a los postítulos ESI y la desinformación sobre la ley de identidad de género que apunta a la exclusión y la marginación de las identidades no hetero-cis.
El ajuste en salud implica menos financiamiento destinado a proveer a la población travesti, trans y no binaria de hormonas, con una crisis de acceso que no para de agravarse. De la misma forma, la Ley de Cupo Laboral Trans se encuentra prácticamente sin aplicación por los despidos que barrieron con gran parte de les trabajadores que habían ingresado por este medio.
Este ajuste no podría haber sido llevado adelante sin la complicidad del kirchnerismo y el peronismo, quienes les dieron gobernabilidad a Milei y que se han caracterizado por su ausencia en la lucha callejera, con una CGT y un CTA que no movieron ni un pelo y se dedicaron a transar con el gobierno.
La FALGBT, compuesta en mayoría por organizaciones de este signo político, ha tomado la misma actitud pasiva durante todo el gobierno de Milei, estuvieron ausentes en todas las luchas que enfrentó nuestro movimiento y solo se limitaron a realizar algunas acciones judiciales, además de llevar adelante la organización de la marcha como todos los años, sin ningún planteo de enfrentar a este gobierno.
La contención al interior de nuestro movimiento no solo lo realiza la federación sino también el peronismo y el kirchnerismo que intervino en las experiencias de asambleas independientes que sucedieron a lo largo de este tiempo desarticulando, poniendo frenos y llevando a la desmovilización y a la paralización de lo que fue el gran movimiento que apenas empezaba a asomar la cabeza el 1F.
La marcha del orgullo fue perdiendo año tras año su caracter de lucha para devenir en pinkwashing de los gobiernos, los partidos patronales y las empresas, incluso llegando a ser financiados por la embajada estadounidense en pleno genocidio hacia el pueblo palestino.
Para poder hacerle frente a este gobierno necesitamos recuperar la bandera de la independencia política. Por eso vamos a una columna independiente que denuncie las complicidades políticas, contra el ajuste, la represión y la impunidad, por el fuera Milei. ¡Basta de crímenes de odio! ¡Derrotemos al gobierno en las calles!
-14:30 horas nos sumamos al banderazo frente a la embajada de Israel convocado por la Coordinadora transfeminista por Palestina Sandía-
-16 horas Marchamos en una columna independiente desde Plaza de Mayo hasta Congreso-
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Denuncia de prácticas transodiantes en Esquel, en el marco de las elecciones
Una compañera fiscal general por el Partido Obrero en el FIT-U no pudo culminar la tarea que llevaba adelante ante diferentes situaciones de hostilidad transodiante.
El domingo pasado, en el acto eleccionario en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, una compañera fiscal general por el Partido Obrero en el FIT-U no pudo culminar la tarea que llevaba adelante ante diferentes situaciones de hostilidad transodiante. Esta situación no es un hecho aislado, sino que es promovido desde distintos sectores de los gobiernos de turno.
Responsabilizamos políticamente al gobierno nacional que impulsa en forma permanente, mediante el uso de los medios de comunicación y redes sociales, mensajes violentos, misóginos y de odio hacia el colectivo LGBTTINQ+, agrediendo, menospreciando, discriminando y, en consecuencia, negando derechos adquiridos a dichas personas. En Chubut, Torres, pretendió negar y hacer campaña contra tratamientos necesarios a quienes solicitan cobertura para reasignación de género, generando discursos transodiantes promoviendo desde el poder político prácticas de discriminación.
La crueldad que en particular algunxs representantes de la justicia electoral y votantes (al menos tres sin identificar) con intervenciones odiantes, ignorando y reforzando con respuestas sostenidas, la identidad de la compañera, utilizando un pronombre inadecuado, no respetando las leyes vigentes, son un verdadero retroceso en materia de derechos humanos.
En nuestro país y provincia existen normativas conquistadas que sostienen el derecho al reconocimiento de la identidad de género de cada persona, a ser tratada de acuerdo a su identidad y a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.
No se puede minimizar que una delegada de la justicia electoral, al hablar con una persona que se presenta ante ella, acreditando identidad, sea reiteradas veces llamada con un pronombre no correspondiente al de su género. No es un hecho aislado, no es un accidente ni un acto de ignorancia, es discriminación y violencia. Como parte del Partido Obrero en el FIT-U repudiamos enérgicamente estas prácticas odiantes manifestadas por parte de la comunidad y funcionarios/as que al asumir una tarea tienen la obligación de hacerlo desde una perspectiva de cuidado, de género y de derechos. No es nuevo en esta provincia. La comunidad LGBTTINQ+ viene siendo desamparada tanto por los gobiernos nacionales como provinciales. Ya lo estamos viviendo con el desamparo que viven ante la desprotección en materia de salud pública, atención primaria y ahora en respeto de los derechos ciudadanos.
Nuestra compañera no fue la única, en otras escuelas de Esquel, y del país, ocurrió que personas con identidad de género diferente a la consignada en su DNI tuvieron que acercarse a la mesa que se les asignó para la votación con dicha identidad muerta, ya que pese a haber realizado los cambios correspondientes en su DNI y contar con los mismos actualizados desde hace más de 3 años, no figuran como debe ser en los padrones electorales. Hace muy poco también sucedió con nuestro compañero de Comodoro en la Universidad.
Estas formas de accionar son violentas, de maltrato expreso hacia personas trans, no binarias y otrxs. Estas prácticas nefastas dejan en evidencia el avasallamiento a los derechos de colectivos LGBTTINQ+. Aunque parezca que ya ha pasado mucho tiempo, este mismo presidente de la nación fue quien en Davos arremetió contra las diversidades sexo genéricas y todo un país se levantó para decirle que estas prácticas fascistas y racistas no se van a instalar más en nuestro pueblo.
Reclamamos y exigimos el respeto a todas las diversidades, en cumplimiento de todas las normativas conquistadas que garanticen los derechos de los y las ciudadanas chubutenses.
Planteamos la necesidad de profundizar la organización y la lucha ante esta grave situación.
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Clorinda atraviesa días de conmoción tras la aparición de múltiples denuncias por abuso sexual infantil. Entre los alarmantes e indignantes casos, se encuentran el de una niña de seis años que, tras ingresar al hospital por un dolor abdominal, por la gravedad de la situación tuvo que ser trasladada hacia la capital de Formosa. Sin embargo, sin siquiera poder llegar al destino, fue declarada fallecida.
En la autopsia, finalmente, se detectó signos de abuso sexual, por lo cual se procedió a la detención de un hombre de treinta y un años reconocido como el padrastro. Otro de los casos que conmocionó a la sociedad cloridense fue el de otra niña de catorce años, quien entró al centro de salud por cólicos estomacales y terminó por dar a luz en el baño de la institución. Afortunadamente este último caso no tuvo que lamentar pérdidas ni de la niña, ni del bebé.
Frente a estos atroces acontecimientos, es inevitable poner un tema sobre la mesa, el de la educación sexual integral (ESI). La Ley Nacional 26.150, que cumplió diecinueve años, se conoce por ser una herramienta vital para reconocer abusos en las infancias, para descubrimiento y construcción de las identidades, para trabajar los vínculos entre adolescencias, entre otros beneficios. Prueba de ello son los estudios del Ministerio Público Tutelar del 2019, que identificaron que el 80% de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas o testigos de abuso, pudieron reconocerlo gracias a las herramientas que les brindó su implementación en las escuelas. No obstante, la denuncia por una mejor ejecución siempre está presente.
Refiriéndonos específicamente a Formosa, no solo lo vemos por los casos que mencionamos al inicio, sino por los propios datos registrados oficialmente. El Ministerio de la Salud de la Nación publicó en 2.024 lo recogido del año 2.023, sobre maternidad infantil, y resulta que Formosa es una de las provincias en liderar esta categoría, registrando un 9,4% de nacimientos de madres menores de quince años por cada mil nacidos vivos, una cifra cuatro veces más que la media del país. Los números que arrojan una dura realidad se encrudecen sabiendo de donde provienen. En ese sentido, el Programa “Víctimas contra las Violencias” reveló que el 89% de los abusos sexuales infantiles son cometidos en entornos familiares tradicionales, escenario que rompe con la idea derechista de que la ESI debe ser tratada en la familia y no en las instituciones, lo que no es una posibilidad para muchos y muchas.
A este punto, debemos denunciar fuertemente al gobierno nacional que no solo atenta constantemente contra la ESI y la cuestión de género, elevando los discursos de odio hacia las diversidades y las mujeres, sino que también lo hace de forma presupuestaria, recortando la ley hasta secarla. Por otro lado, cabe mencionar que el gobierno provincial de Insfrán presenta un abordaje de la ESI bastante limitante y escaso, sumado a la falta de capacitación masiva a los docentes para impartirla, además de que Formosa no cuenta con ley provincial de ESI, solo adhiere a la nacional, lo que le quita aún más peso para brindarla.
Para lograr que la ESI se de en todas las instituciones, de forma sistemática y correcta, es necesaria la presión popular sobre los gobiernos y las autoridades. En un contexto de avanzada sobre nuestros derechos, el movimiento de mujeres y diversidades debe tomar esta reivindicación, sumarla al abanico de demandas que hoy se nos presentan y con más fuerza que nunca llevarlas al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades a realizarse en el mes de noviembre en Corrientes. Por las infancias y las adolescencias, defendamos la educación sexual integral.
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El miércoles 29 de octubre tendrá lugar una nueva movilización de los jubilados combativos. La convocatoria se desarrolla tras el triunfo de Milei, en plena extorsión del imperialismo, que es tomada por e gobierno y los capitalistas como el respaldo para ir a fondo con un paquete de ataque a las conquistas obreras. La reforma laboral y previsional, con rebaja de aportes patronales, desfinanciamiento del Pami y del Anses aumento de la edad jubilatoria y liquidación de los haberes, es la hoja de ruta que anuncian. Nuevamente cobra importancia salir a las calles a apoyar a los jubilados.
Mientras el gobierno relanza su orientación ajustadora, la convocatoria de las organizaciones de jubilados vuelve dejar en off side a la CGT. La burocracia sindical peronista entregaron el salario, abandona el reclamo por la movilidad jubilatoria y se niega a organizar un plan de lucha frente a los despidos y al empobrecimiento. Le dan la espalda a los trabajadores activos y pasivos.
Los jubilados, lejos de aceptar el destino de ser la variable de ajuste, están tomando la posta. El miércoles de los jubilados será la primera acción organizada contra el nuevo ataque que preparan el gobierno y los capitalistas. Las organizaciones convocantes plantean una cita abierta para sindicatos, estudiantes, asambleas barriales y todo sector que quiera ponerse de pie contra un gobierno que no logra resolver su propia crisis. Ya confirmaron su participación el MTR Votamos Luchar, el Polo Obrero y trabajadores del PAMI en lucha.
Milei no ha conquistado ninguna mayoría social: perdió millones de votos en relación a 2023, en un cuadro donde el 60% votó en contra o directamente decidió no concurrir a las urnas. La legitimidad del ajuste es nula, por eso necesitan profundizar la represión y la regimentación laboral.
La salida pasa por unir las fuerzas de los que se organizan desde abajo. La lucha de los jubilados se enlaza directamente con la pelea de la clase trabajadora contra los despidos, con la defensa del salario y con la derrota integral del plan de reforma laboral y previsional. Mientras las bancas que conquistó el Frente de Izquierda van a estar ahi, como hicieron siempre, representando la voz de los trabajadores, de las luchas, llamando a movilizar y derrotar al gobierno, los legisladores de Patria Grande van a hacer como hicieron hasta ahora, como el caso de Itaí Hagman que votó todas las reformas jubilatorias del Frente de Todos y se abstuvo cuando se votó el acuerdo con el FMI.
Fuera el imperialismo de Argentina. No a la reforma laboral y previsional. Aumento ya de salarios y jubilaciones. Ningún despido. La fuerza para frenar el ajuste se está poniendo en marcha y los jubilados abren el camino.
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Por el Día de la Soberanía, los jubilados de los miércoles marcharán junto a organizaciones piqueteras, trabajadores en lucha y la izquierda en repudio a la entrega del país al imperialismo. A partir de las 16:00 horas.
A días de las elecciones en el Garrahan, estalló un nuevo escándalo que pinta de cuerpo entero el rumbo del gobierno nacional y su interventor Lugones en el principal hospital pediátrico del país. El Director Médico Ejecutivo, Mariano Pirozzo, designó a dos asesores políticos con un salario mensual de $3.473.696,70 que tendrían como presunto objetivo “modernizar” el hospital, lo cual no es otra cosa que un justificativo para abrir la puerta al amiguismo y los negociados.
Además, la propia resolución firmada por los consejeros Mariel Sánchez, Jorge Menehem y César Avellaneda confiesa que están violando el decreto que prohíbe incorporar personal, mientras aplican el ajuste al personal asistencial, que es quien sostiene el hospital y que se encuentra renunciando de forma masiva producto de la miseria salarial.
Mientras una enfermera apenas llega a un tercio del salario que le pagan a los funcionarios puestos a dedo, el gobierno se dedica a castigar al personal que enfrenta el vaciamiento. Descontaron los días de huelga a los trabajadores que menos ganan, los mismos que llevan meses denunciando la falta de insumos, de recursos humanos y de condiciones dignas para atender a miles de familias.
Escándalo en el Garrahan: los funcionarios nombrados por Lugones designan "asesores" con salarios de $3.6 millones. El ingreso de personal está congelado, salvo para sus amigos. Los salarios no cubren la canasta familiar, salvo para sus amigos. ¡Se tienen que ir!
La indignación se multiplica. “El vaciamiento sigue y los funcionarios nombrados por Lugones designan a dedo a sus amigos mientras el personal del Garrahan renuncia”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan. También remarcó que “usan los recursos del hospital para acomodar gente, mientras quienes realmente lo sostienen trabajan cada vez peor”.
Gerardo Oroz, secretario adjunto, fue categórico: “Los funcionarios nombrados por Milei y Lugones tienen que irse ya mismo. Dan la espalda a los reclamos elementales de los trabajadores y de las familias que se atienden, mientras se llenan los bolsillos con recursos que niegan para los salarios”.
En el Garrahan crece un reclamo que une a las y los trabajadores con miles de familias: devolución de los días descontados, fin de las designaciones a dedo, renuncia de todos los directivos del gobierno y puesta en marcha inmediata de la ley de emergencia pediátrica que la gestión de Milei cajonea de manera anticonstitucional.
La pelea por un Garrahan al servicio de la salud pública y no de los negocios va a expresarse de lleno en las elecciones del hospital. La bronca está haciendo historia y la organización desde abajo puede transformar esa fuerza en una victoria para quienes sostienen la vida todos los días.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
Alejandro Bercovich presentó su libro "El país que quieren los dueños" en la ciudad de La Plata. A pocos días de las elecciones del 26 de octubre, el evento tuvo como invitados al intendente Julio Alak, a Jorge Taiana, quien encabeza la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, y al gobernador bonaerense, quien se vio en la obligación de aclarar que la presentación del libro no era un acto de campaña.
Axel Kicillof cerró el panel con una larga intervención de más de una hora. Volverá a hablar el lunes 20 cuando sea parte del homenaje al burócrata José Ignacio Rucci, en un acto organizado por la CGT de La Plata, Berisso y Ensenada, conmemorando con retraso el 17 de octubre. Ese mismo día, el Partido Obrero recordará a Mariano Ferreyra, asesinado por la burocracia empresarial y corrupta de José Pedraza, a la que Cristina —con la gorrita puesta— alabó en su momento como un ejemplo de sindicalismo.
Importa menos lo que contó Kicillof en la hora y veinte llena de anécdotas universitarias y autoreferenciales, que lo que omitió decir. A lo largo de su extensa exposición no hubo ni una referencia a los 20.000 millones de dólares del swap norteamericano y a las condiciones coloniales del "rescate" del Tío Scott, que de paso benefició a sus traders amigos. Quienes esperaban un "Braden o Perón" o una vehemente denuncia de Trump y de la injerencia del imperialismo yankee en la política argentina se llevaron el chasco de su vida.
Nada de eso ocurrió. La moderación de Kicillof y de todo el peronismo tiene un costado político y otro oportunista que retrata su condición de clase burguesa. Para Cristina Kirchner y Axel Kicillof, Trump es un proteccionista al que le interesa la defensa de la clase obrera norteamericana, en contraposición al liberal Milei. Cristina Kirchner llegó a decir del verdugo de Palestina y principal sostén del Estado genocida de Israel, que es nacionalista y peronista, poniendo un signo igual entre el nacionalismo opresor del imperialismo y el nacionalismo defensivo de los países atrasados. El "Patria sí, Colonia no" te lo debo.
Con la vista puesta en el 2027, de la boca del presidenciable no salió una sola mención de condena a Donald Trump y a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y mucho menos a la política criminal del imperialismo norteamericano en Palestina y Medio Oriente. Trump es el principal sostén del Estado genocida sionista. Kicillof se acercó a Sergio Massa en busca de un interlocutor potable para el gobierno republicano que aleje el fantasma del "soviético".
Kicillof tampoco se refirió a la deuda externa que asfixia por entero a la Argentina. Fue el conductor de Pasaron Cosas el que destacó —y no lo hizo Kicillof— los curros financieros y especulativos de los fondos de inversión extranjeros y del país que son acreedores del Estado. La soga al cuello se cierra con los intereses leoninos y las imposiciones conexas que favorecen a las empresas norteamericanas. El mismo que repite que la deuda es impagable esconde que todos los gobiernos desde la dictadura a la fecha han pagado la deuda externa, como lo hizo Néstor Kirchner, gatillando al contado 10.000 millones de dólares.
El presidenciable Kicillof nunca investigó la deuda externa bonaerense y reivindica los pagos al Comité de Acreedores como una muestra de gestión y del orden fiscal. Nada dice del ajuste a los salarios de los docentes bonaerenses, que están entre los cuatro salarios más bajos del país, ni del pedido de autorización a la Legislatura para tomar nueva deuda por mil millones de dólares extras para pagar los vencimientos de la "reestructurada" deuda externa bonaerense o de la emisión regular de Letras de Tesorería en pesos para financiarse, ajustados al valor del dólar.
El antiimperialismo trucho de Kicillof se redujo en el evento platense al impotente pedido de un gravamen —acordado entre los presidentes del mundo— a los capitalistas que evaden impuestos radicando sus capitales en el exterior. Sobre el final, el gobernador llamó a los capitalistas que están perdiendo plata por la caída del consumo y el industricidio a que "sean argentinos", una vaguedad en línea con el discurso de Cristina, cuando dijo en obvia referencia a los empresarios que "ya nos van a pedir a buscar".
El gobernador invitado no fue al Coloquio de IDEA, pero tampoco se refirió a este cónclave patronal, donde los capitalistas reclamaron acelerar la reforma laboral y otras "reformas estructurales" que están en la agenda y en los condicionamientos que exige Trump. No es la negación de la "argentinidad" lo que mantiene el apoyo del capital a Milei, sino el aumento de la tasa de ganancia, flexibilizando las condiciones de trabajo, pactando la destrucción de los convenios colectivos con las burocracias sindicales y ajustando paritarias y salarios. Los "dueños" valoran la ofensiva libertaria para barrer con las indemnizaciones por despidos y las jubilaciones.
El peronismo se cotiza frente a las patronales con las entregas y traiciones de la burocracia sindical que dejan pasar todos los ataques. Cristina Kirchner atizó la reforma laboral para los trabajadores estatales en nombre de una "nueva estatalidad" que no se pase tres pueblos, en suma, el aval a la quita de derechos y conquistas sindicales. Si Kicillof habla poco a la hora de las definiciones, es porque como toda la burguesía, apoya la corrección del tipo de cambio, es decir, la devaluación del peso, que castiga en primer lugar a los trabajadores con la licuación de los salarios y el impacto inflacionario sobre la canasta familiar.
Yendo al grano, Taiana priorizó la respuesta política y el llamado a construir una fuerza social y política, en obvia referencia a los capitalistas, porque con "el peronismo solo no alcanza". El evento debía ser la presentación de "El país que quieren los dueños", pero pasaron cosas.
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En un salto represivo sin precedentes desde el retorno de la democracia, distintas personas de la Comunidad Lafken Winkul Mapu y de otras comunidades mapuche fueron incluidas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia. Ante esta situación, se llevó adelante una conferencia de prensa para denunciar la medida y sus efectos sobre las comunidades.
Esta medida —tomada en septiembre— los coloca oficialmente como “terroristas”, provocando el bloqueo de sus cuentas bancarias, la cancelación de billeteras virtuales, la suspensión de la Asignación Universal por Hijo e incluso la pérdida de una pensión por discapacidad.
Conferencia de prensa contra la calificación de terrorista contra integrantes de la comunidad mapuche. "Las fuerzas de seguridad agarraron a la machi de los pelos, le pusieron la cara contra el piso y le dijeron "querés tierra? comé tierra!" cuenta Blanca Barreiro de la gremial… pic.twitter.com/RJu5kE6oob
Se trata de una política de apartheid financiero y persecución racial que busca quebrar la resistencia de los pueblos originarios y preparar el terreno para el saqueo de sus territorios.
No es un hecho aislado. Es la continuidad del andamiaje represivo que el propio kirchnerismo institucionalizó con la sanción de la Ley Antiterrorista en 2011, bajo el argumento de “adaptar” la legislación a los parámetros del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional). Esa ley, votada por el oficialismo de entonces, habilita a los gobiernos a calificar como terrorismo cualquier forma de protesta social o acción directa que “intente obligar a las autoridades a realizar o dejar de realizar un acto”. Hoy ese instrumento se utiliza contra el pueblo mapuche; mañana será aplicado contra el conjunto del movimiento obrero y popular.
El caso del Lonko Facundo Jones Huala, detenido bajo la acusación de pertenecer a la llamada “RAM”, lo demuestra: se lo persigue por sus palabras, por su identidad y por su defensa de las tierras ancestrales. El Estado argentino criminaliza la lucha anticolonial y popular bajo el sello del terrorismo.
La hipocresía del régimen alcanza niveles obscenos: el gobierno de Milei no persigue al narcotráfico ni al capital financiero; los premia. Mientras los pueblos originarios son tildados de terroristas por defender la tierra, figuras como José Luis Espert se codean con personajes vinculados a escándalos de narcotráfico y lavado, como Fred Machado, que blanqueó millones bajo la “Ley de Blanqueo”.
El Estado que persigue a comunidades pobres por plantar una bandera o una huerta es el mismo que legaliza el lavado del dinero narco, protege a los evasores y le entrega el país a las multinacionales. Esta ofensiva represiva se articula con la criminalización del movimiento piquetero. El Polo Obrero enfrenta un juicio armado con acusaciones gravísimas, cuyo objetivo es disciplinar a los sectores que enfrentan el ajuste.
La compañera Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero, fue imputada por solidarizarse con la causa palestina, en un contexto donde el genocidio del pueblo palestino cuenta con la complicidad abierta del imperialismo y sus socios locales. El Estado que mira para otro lado ante los crímenes del capital y del sionismo encarcela a quienes luchan contra el hambre, la ocupación y la opresión.
Pero los pueblos no se resignan. En Villa Río Bermejito (Chaco), la semana pasada, una pueblada protagonizada por desocupados, originarios y jubilados enfrentó la represión, echó a la policía de la ruta y conquistó un operativo de ANSES para actualizar las pensiones recortadas. Ese triunfo es una muestra de la potencia popular cuando el pueblo se planta ante el atropello.
La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina convocó este viernes 17 de octubre a las 10 hs, en la sede de la CTA Autónoma (Bartolomé Mitre 744, CABA), a una conferencia de prensa para denunciar esta escalada represiva y dar a conocer las acciones legales que se impulsarán, de las que hemos participado junto a Vanina Biasi, Eduardo Bellinoni y compañeros de la Mesa Nacional del Polo Obrero.
Es indispensable que las organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas, de pueblos originarios y sociales planteemos la necesidad de una huelga general contra este gobierno represor, hambreador y de narcos.
Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda-Unidad declaramos:
Abajo la Ley Antiterrorista. No a la incorporación de las comunidades mapuche al Re.PET. Libertad al Lonko Facundo Jones Huala. Cese de la persecución judicial al Polo Obrero y a Vanina Biasi. Fuera Milei. Basta de represión: lxs trabajadorxs tienen derecho a luchar.
El gobierno de Milei, al igual que sus predecesores, utiliza el Estado para garantizar los negocios del capital y criminalizar la protesta de los oprimidos. Frente a su represión selectiva, levantamos una bandera, la solidaridad de clase, la unidad de los trabajadores y los pueblos contra el Estado del saqueo, del lavado y de la entrega.
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En el último tercio del siglo XIV, los obreros de la lana lideraron una revolución en la República de Florencia y gobernaron por un breve y tumultuoso período. Fue la primera insurrección obrera en Europa. Estos proletarios florentinos, conocidos como Ciompi, cardaban la lana cruda que se importaba de España, Inglaterra y Sicilia para la industria manufacturera textil. Los cardadores fueron la vanguardia del pueblo pobre en la insurrección popular de 1378.
La particularidad de esta rebelión radicó en que trascendió los choques y disputas entre la rica oligarquía mercantil y financiera y los nobles. En el verano de 1378, un nuevo sujeto social, el proletariado textil florentino, entró en escena sacudiendo la política de la ciudad-estado desde la raíz. Los Ciompi llegarán al gobierno peleando por la dirección obrera del "pueblo". Estos obreros, que eran los grandes marginados de la vida política, evolucionaron con rapidez desde los reclamos reivindicativos, laborales y sindicales a la lucha por el poder.
Sobre la revolución de los Ciompi hay una abundante documentación escrita, cartas y crónicas de la época. Un siglo después de los hechos, Nicolás Maquiavelo escribió su visión política de los antecedentes y consecuencias de la insurrección de los Ciompi. El propósito de las "historias florentinas" era presentar a la poderosa familia de los Medici —que gobernaría más de 300 años la Toscana— como la restauradora del orden frente al caos.
La ciudad-estado mercantil
Una de las consecuencias de la caída del Imperio Romano de Occidente fue la aparición de las ciudades-estado durante los siglos X y XI en el norte de una Italia fragmentada. Así surgieron las ciudades-estado de Génova, Venecia, Pisa y Florencia, entre otras. A partir del siglo XII, Florencia fue evolucionando como un gran centro comercial y lanero exportador, y más tarde financiero de Europa. Florencia sería la cuna del Renacimiento. El progreso económico se asentó en los prósperos negocios de los mercaderes y comerciantes, algunos de los cuales se convirtieron —como los Medici— en poderosos banqueros. Los ricos banqueros operaban con la Corte Papal y los soberanos de toda Europa. Como banqueros del Papa, las grandes familias florentinas eran guelfas y contrarias a los gibelinos, que se oponían a los privilegios de la Iglesia y apoyaban al emperador.
Los fabricantes y banqueros, junto a médicos y juristas, controlaban los siete gremios patronales más importantes, llamados “Artes Mayores”. Era el popolo grasso (“pueblo gordo”), llamado así por su riqueza, que controlaba los gremios y corporaciones con mayor peso económico. Por oposición, los artesanos y pequeños patrones constituían el popolo piccolo (“pueblo pequeño”), y sus gremios y oficios eran considerados como las “Artes Menores”. Los obreros textiles eran el último eslabón de la industria textil —la más lucrativa—. No podían formar gremios por su condición de trabajadores asalariados y se los llamaba el popolo magro, una descripción más que literal de las desigualdades sociales existentes y de la pobreza de los Ciompi, en su mayoría migrantes que venían del campo y de comarcas vecinas.
A fines del siglo XIII, las clases “emprendedoras” mercantiles desplazaron a la nobleza y pasaron a gobernar Florencia. En la ciudad-estado fue creciendo una floreciente industria textil manufacturera que elaboraba los paños y los exportaba a toda Europa. Miles de artesanos y trabajadores asalariados intervenían en la manufactura de la lana, que era importada como materia prima cruda. Estos obreros y artesanos eran lavadores, secadores y peinadores de lana. Los paños preparados eran entregados a los artesanos y campesinos de las aldeas para ser hilados a cambio de una suma de dinero.
Los gremios y corporaciones por actividad y oficio nacieron con los burgos medievales y consolidaron el dominio político y la influencia económica de la burguesía en formación. Las guildas reunían a los fabricantes, comerciantes y cambistas, pero también a los artesanos de los gremios menores. El “Arte de la Lana” era el motor económico de Florencia. Otra corporación muy rica era la que representaba a los grandes patrones de la seda. Los cambistas o banqueros tenían su propio gremio —los Medici fundaron su primer banco a fines del siglo XIV—, así como los médicos y juristas, que también eran parte de las Artes Mayores. Cada gremio tenía su Casa (sede) y su estandarte que lo identificaba según el oficio, y estaban armados.
En la República Florentina, el gobierno se elegía cada dos meses, pero siempre recaía en los ricos mercaderes y banqueros del popolo grasso. Las Artes Menores eran los gremios que representaban distintos oficios menos calificados, como carniceros, herreros, constructores, zapateros, tenderos, panaderos, barrileros y el artesanado de los pequeños patrones. A estos estamentos tan diferentes entre sí los unía el rechazo a la nobleza terrateniente, a la que consideraban una clase ociosa y no trabajadora. Una muestra del poder económico que alcanzó la República Florentina fue la acuñación de su propia moneda de oro, el florín, que llegó a ser durante largo tiempo la moneda patrón y de cambio en las transacciones europeas.
República Oligárquica
Carlos Marx estudió la acumulación originaria del capital y la violenta expropiación de las tierras y medios de producción de los campesinos y artesanos. Sobre esta acumulación primitiva se levantaron las relaciones de producción capitalistas y el trabajo asalariado. El fundador del socialismo moderno ubicó los orígenes del capitalismo a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI, impulsado por los grandes viajes de navegación que extendieron el mercado mundial, y por la conquista europea del “Nuevo Mundo”, que arrasó con los pueblos y civilizaciones originarias a sangre y fuego. Marx también analizó el temprano desarrollo de una clase obrera en el centro y norte de Italia, muy distinta al proletariado moderno de la gran industria que se desarrolló con la Revolución Industrial en Inglaterra. Los obreros de Florencia eran asalariados que trabajaban a domicilio. Esta fue una de las primeras formas que adoptó la industria en tránsito hacia el capitalismo.
Cada gremio defendía a los miembros de su corporación y regulaba los salarios, limitando la competencia. Formaban a los aprendices y les exigían a los maestros y oficiales complejos exámenes y trabajos que acreditaran su calificación. La República Florentina nació en 1115 y fue un producto de la disgregación del Sacro Imperio Romano Germánico. El fundamento de las “clases emprendedoras” no era el linaje de sangre ni la renta agraria, sino el comercio, la producción lanera y, más tarde, las operaciones financieras.
Para afirmar el poder del pueblo, la República dictó una serie de órdenes que limitaban el acceso de los nobles a los cargos públicos y les prohibía ejercer la Magistratura de Justicia (Confaloniero), que era la máxima autoridad de Florencia. Aunque desalojados del poder, los nobles y aristócratas siguieron dirigiendo al importante Partido Guelfo. El temor al retorno de los nobles agitaba el ánimo del popolo.
La nobleza, que vivía en los palacios y era propietaria de tierras, amenazaba con “bajar a la ciudad” con sus caballeros armados y mercenarios contratados. Con la República, las familias ricas de Florencia fueron consolidándose socialmente y se emparentaron con miembros de la nobleza, adoptando una lujosa vida palaciega. El gobierno republicano era el gobierno de los ricos, y así lo denunciarían los Ciompi, cuyo adversario inmediato era la patronal del “Arte de la Lana”, la corporación de sus patrones.
El popolo no era una clase homogénea y estaba escindido entre una minoría oligárquica (los grassi) y una mayoría del pueblo pobre. La riqueza y el dinero fueron determinando las jerarquías sociales y la formación de dinastías de familias de fortuna. La República estaba en manos de las cien familias más ricas, entre las cuales sobresalían los Medici, los Pazzi y los Strozzi. Los Medici fueron los banqueros de Europa y así prepararon su ascenso al poder, que pondría fin a la República en el siglo XVI. En los tres siglos que gobernaron Florencia —con pequeñas interrupciones—, cuatro papas de la familia Medici ejercieron la máxima autoridad pontificia de la Iglesia.
Esta oligarquía mercantil y financiera controlaba el Consejo de la Signoria, que era presidido por el Confaloniero, cuyo mandato duraba dos meses. Era acompañado por ocho priores designados por los gremios “mayores”. El Consejo de la Signoria funcionaba como órgano ejecutivo, y otros consejos —como el del Pueblo, integrado por 300 consejeros de todos los gremios— asesoraban a la Signoria en distintas cuestiones atinentes a la República.
La conflictividad social y política fue creciendo en el siglo XIV. A la disputa entre guelfos y gibelinos se sumó la intervención en escena del popolo magro (los Ciompi). Estos obreros textiles venían protagonizando protestas por salarios y contra la presión fiscal que recaía sobre el pueblo pobre. Los impuestos aumentaron cuando estalló la Peste Negra que asoló Europa y para financiar las costosas guerras que libró la República Florentina. El proletariado textil veía en la marginación política a la que estaba sometido la fuente del poder y el abuso de la corporación lanera. Paulatinamente, los Ciompi —vanguardia del pueblo pobre— tomaron conciencia de que la derrota definitiva de los aristócratas y el fin de los privilegios eran imposibles sin un gobierno donde los obreros tuviesen la mayoría en la Signoria. Las componendas de la oligarquía gobernante con la aristocracia fueron decisivas para la organización de los Ciompi.
El proletariado florentino en el Siglo XIV
Los Ciompi dependían para su trabajo de las cuotas de producción fijadas por la Corporación. Las entregas de los obreros laneros eran supervisadas por los inspectores patronales, que evaluaban el trabajo para decidir el pago final. Esta “policía del trabajo” ejecutaba los descuentos arbitrarios. Los Ciompi, además, tenían que pagar impuestos por el pan, lo que reducía aún más el poder de compra de los salarios. Fue la cuadruplicación del canon que pagaban como aprendices del oficio lanero la chispa que sacó a los obreros a la calle, sumándolos a la movilización popular.
La Peste Negra —que causó la muerte del 40% de la población de Florencia y del norte de Italia— tuvo consecuencias económicas directas a mediados del siglo XIV. La falta de brazos para el trabajo y la recesión provocaron la parálisis de los talleres y los quebrantos financieros. Para los Ciompi, la gran crisis trajo desempleo y miseria y, a la vez, una oportunidad para hacer valer sus reclamos salariales. Fue con la intención de evitar que la caída de la oferta laboral subiera el precio de la fuerza de trabajo que las corporaciones se coaligaron para tener a raya a los trabajadores y artesanos. El gobierno obligó a los talleres de artesanos a seguir trabajando a pérdida durante la Peste Negra, apelando a tropas mercenarias.
El movimiento de los Ciompi tuvo que sobreponerse a todas estas dificultades para pelear por la sindicalización y los derechos políticos de los que carecían. Aunque los artesanos tenían el derecho a constituir sus gremios y a ser “sorteados” —parte de los cargos se elegían y otros eran sometidos a sorteo—, las responsabilidades principales estaban siempre en manos de la oligarquía, que manipulaba los padrones y las votaciones. La corrupción y la compra de cargos, junto a la presión fiscal insostenible, fueron atizando el clima de rebelión popular. La República era el mascarón de proa del gobierno de ricos que vivían con los lujos de la nobleza.
La revolución obrera de 1378
Hacia 1370, las penurias del pueblo piccolo y del pueblo magro se acentuaron. Antes de la Rebelión de 1378 hubo un intento fracasado por poner en pie un gremio propio de los Ciompi. Para los obreros florentinos había llegado la hora de actuar y se pusieron a la cabeza de todo el pueblo pobre. La palabra Ciompi adquirió una significación social y política más profunda que la del oficio mismo, y fue asimilándose a la rebelión de los que no tenían nada que perder. El levantamiento comenzó en junio de 1378, cuando los Ciompi respondieron al llamado del Confaloniero de Justicia, Salvestro de Medici, quien acusó a los priores de poner a la República en peligro.
Este Medici, que no tenía entonces el estatus que iría adquiriendo la familia con el tiempo, convocó al Popolo a manifestarse frente al Palacio Viejo. El llamado contó con el apoyo del Consejo de los 300, donde tenían mayoría los gremios de artesanos. Una anécdota cuenta que, mientras deliberaban para discutir el endurecimiento de la ley contra la nobleza —rechazada por los priores y el Partido Guelfo—, un zapatero tomó del cuello al riquísimo banquero Strozzi, lo empujó contra la pared y le habría dicho: “La fiesta terminó y esto no saldrá como lo imaginas”. Esa misma tarde cerraron los negocios y el popolo concurrió a las sedes de los gremios, preparándose para movilizar al día siguiente.
Todas las corporaciones se hicieron presentes con sus miembros armados y estandartes; sin embargo, la gran novedad fue la movilización de los Ciompi, que llegaron al grito de “¡Somos el pueblo!”. Pese a la masiva movilización de los obreros, éstos fueron vistos por los gremios mayores con desconfianza y como potenciales enemigos. El único gremio que no movilizó al Palacio Viejo fue el arte de la lana, la patronal de los Ciompi. La concentración se disolvió cuando los priores aceptaron tratar los reclamos presentados, sin mayores compromisos. Esa noche, grupos de Ciompi disconformes salieron a la calle y atacaron los palacios de los ricos. Durante varias semanas, los comercios atendieron con las puertas cerradas, reflejando la inestabilidad política del momento.
En julio se reavivó la revuelta cuando el gobierno detuvo y torturó a cuatro Ciompi, denunciando una inminente insurrección de los obreros para el 20 de ese mes. Exigiendo la libertad de los Ciompi, el proletariado y el artesanado pobre se dirigieron al Palacio Viejo, acusando al gobierno de contrarrevolucionario. Esta vez, los estandartes de las artes mayores brillaron por su ausencia. El gobierno oligárquico se atrincheró dentro del palacio a la espera de que los Ciompi se retiraran por cansancio y de que los grassi (el pueblo rico) acudieran en su auxilio, lo que no ocurrió. El Confaloniero de Justicia, que había asumido poco tiempo antes, huyó del Palacio cuando los insurrectos amenazaron con quemarlo. Ante el pedido de clemencia, los Ciompi dejaron ir a los priores y liberaron a los cuatro presos que estaban en el Palacio Viejo.
En su marcha, los Ciompi fueron liberando a los presos de toda la ciudad, mientras amenazaban con ejecutar a quien cometiera saqueos. Los objetivos eran el gobierno y las residencias de los grandes comerciantes y banqueros. Caído el Consejo de la Signoria, los Ciompi y los artesanos tomaron el poder el 22 de julio de 1378. En las jornadas revolucionarias de julio dominaron la ciudad, quemando los palacios de los burgueses ricos y los conventos donde éstos escondían joyas y otras riquezas. La rebelión de los Ciompi ejecutó al odiado verdugo oficial —apodado el carnicero— que había prometido colgar a los insurrectos. Los planes del gobierno quedaron al descubierto cuando los revolucionarios tomaron el palacio.
La acción enérgica de los obreros, que denunciaron la complicidad del gobierno oligárquico con la nobleza, impuso un nuevo Consejo presidido por el peinador de lana Michelle di Lando, que emergió como líder de la revuelta. Los Ciompi formaron un gobierno de coalición con la pequeña burguesía de los gremios menores. La legalización de tres gremios obreros, en el contexto inédito de un gobierno dirigido por los Ciompi, satisfizo una vieja reivindicación del proletariado textil. Junto al gremio de los cardadores, se autorizó la formación de los gremios de sastres y de tintoreros. El triunfo de la insurrección fue festejado haciendo sonar las campanas.
Desde el mismo momento en que los Ciompi llegaron al poder, la burguesía mercantil y bancaria comenzó a planificar su derrocamiento. Esto se concretaría en agosto de 1378. Antes todavía, la oligarquía tuvo que ganarse el apoyo del artesanado para aislar a los Ciompi. A tal fin, los grassi recurrieron a la paralización económica y al desabastecimiento de la ciudad, culpando al nuevo gobierno por el caos. A la par, los siete gremios más poderosos sembraron la confusión, acusando a los Ciompi de debilitar a la República en connivencia con la nobleza. El desmoronamiento del gobierno revolucionario se debió también a factores políticos: la alianza de los proletarios con el artesanado pobre entró en crisis y dejó sin respuestas al gobierno.
La crisis enfrentó a un sector más radicalizado contra Miguel di Lando, que no quería chocar con los pequeños patrones. La fracción disconforme exigía una reforma fiscal y medidas audaces contra el boicot de los grassi y las artes mayores. Debilitado, el gobierno empezó a desintegrarse y se derrumbó cuando los grandes gremios ganaron el apoyo de las artes menores e iniciaron el movimiento contrarrevolucionario de la oligarquía para tumbar al gobierno.
Michelle di Lando se retiró del gobierno, profundizando la crisis política. Su nombre quedó asociado a la traición. Después de abandonar la responsabilidad de Confaloniero de Justicia, se unió al ejército. Hoy, Lando tiene su estatua en Florencia. El derrumbe de los Ciompi dio lugar a una represión feroz y a la ejecución de los dirigentes y activistas sospechados de encabezar el movimiento. El paso siguiente fue la proscripción del gremio de los cardadores.
El lugar de los Ciompi en la historia
La derrota de los Ciompi no cuestiona la importancia que tuvo este movimiento de la clase obrera en su edad temprana. Los Ciompi no llegaron a constituirse en un partido obrero y actuaron como el ala radical del pueblo. La inmadurez política no solo es atribuible a la falta de experiencias anteriores —fue la primera insurrección obrera en Europa—, sino también a la juventud de un proletariado en formación, muy distinto al que se desarrollaría siglos después con el capitalismo moderno. El trabajo a domicilio obstaculizaba la cohesión de este incipiente proletariado, que recurría a la pequeña burguesía artesana para compensar su debilidad.
La caída de los Ciompi abrió el revanchismo de la burguesía, que reprimió y asesinó a los líderes y activistas más reconocidos. El Arte de la Lana confeccionó listas negras y muchos jornaleros debieron emigrar o volver a las zonas rurales. Después de la proscripción del gremio de los cardadores de lana, le llegó el turno a los otros dos gremios que habían sido reconocidos al calor de la revolución y que, en los momentos decisivos, rompieron con los Ciompi y se unieron a la contrarrevolución.
Pese a la derrota, la insurgencia fue un aviso para la República. La oligarquía comercial y financiera temía más las rebeliones obreras que el retorno de los nobles al poder, con quienes ya estaban unidos por casamientos y múltiples lazos. Queda presente la frase que siglos después diría Saint-Just, el jacobino de la Revolución Francesa, cuando sentenció camino a su ejecución que una revolución a medias está condenada al fracaso y a la muerte de sus dirigentes.
Nada empaña la heroica gesta de los Ciompi, que hicieron escuela en la lucha de clases.
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Faltando días para las elecciones, la suerte parece estar echada. La pretensión de pintar de violeta el país ya fue abandonada hace mucho y Milei pretende –como dijo en el reportaje con Feinmann- “remontar” el derrumbe de la campaña en la provincia de Buenos Aires, algo que suena casi imposible. La reconfiguración del gobierno tras el domingo 26 es lo que está en curso, en el marco del cimbronazo (o terremoto dependiendo del ritmo y los alcances) que provocará la devaluación que absolutamente todos los “analistas” descuentan, y que es el tema central del debate en los pasillos del deslucido Coloquio de Idea en Mar del Plata.
Para impedir que esto suceda y mantener controlado el dólar y la inflación; para poder seguir metiendo motosierra contra la salud, las jubilaciones, los salarios, la educación, las obras públicas e igualmente erigirse como un Bonaparte con el apoyo de las urnas; Milei se patinó los dólares del blanqueo, de las exportaciones, los que le prestó el FMI cuando salió a salvarlo en abril, los 2.200 millones que le dejó el negociado de la cerealeras, etcétera. Mientras, los especuladores la juntaron en pala, la fuga de capitales (y de inversores extranjeros) vivió su auge. El resultado es un default asomando, las reservas agotadas, la recesión potenciada, las penurias de la población avanzando; es decir, un cuadro de profunda inestabilidad y precariedad, y un descontento generalizado que tuvo su expresión en las elecciones de este año –vía el crecimiento de la ausentismo y de los escasos votos de La Libertad Avanza- y en particular las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y que aceleraron la crisis del gobierno.
Argentina colonia
Ante las evidencias que la crisis se lo podía llevar puesto, Milei apeló al rescate de Estados Unidos. Pero fracasó. El apoyo del secretario del Tesoro, Scott Bessent y las promesas de Trump no alcanzaron y terminaron mostrando más agudamente la fragilidad del gobierno y acentuando su propia crisis. El episodio de la reunión en la Casa Blanca mostró la obscenidad de un acto de sometimiento colonial explícito: se vio al “león libertario” usado como felpudo por el facho yanqui. Las declaraciones de Trump al finalizar la reunión condicionando la "ayuda" al resultado electoral fue una amenaza no solo al electorado argentino, es también una advertencia a la oposición y a los gobernadores para que se sumen al compromiso colonial, a su vez terminó desencadenando una nueva crisis con los mercados y en el seno de la camarilla gobernante.
La asistencia de Bessent no alcanzó para disipar las dudas; el secretario habló de valorizar el peso, pero sonó a maniobra para proteger a los fondos amigos porque la devaluación es inevitable. Incluso intervino en el mercado cambiario criollo para sumar oferta de dólares y descomprimir la presión, pero el peso igual se desvaloriza. El anuncio de los nuevos 20.000 millones de dólares parece un cuento para disipar la crisis que abrieron las declaraciones de Trump, ya que no está claro de dónde saldrían; lo único que parece sostenerse es el swap. Milei y su gobierno buscaron con la evocación de la colonización genocida de América hace 533 años darle “sustento cultural” a su sometimiento al imperio.
Bajo la presión de Estados Unidos y el FMI, Milei ha dado señales de que está dispuesto a hacer lo que no quería hacer: llegar a acuerdos. En el reportaje de A24, donde fue acorralado por Eduardo Feinmann, adelantó que después del 10 de diciembre trabajará en el Congreso con Provincias Unidas, lo cual indica que los acercamientos a Macri no alcanzan -por último, una derrota electoral sería del acuerdo de LLA y el PRO. En el acto de Sidersa, donde además de quitarle las retenciones a Rocca (y a Madanes) se concentró en el objetivo de la reforma laboral antiobrera, señaló que está necesitaba de “la negociación y el vínculo entre la parte empleadora y la parte sindical”, blanqueando la colaboración que la burocracia sindical peronista le está prestando. De un régimen autoritario montado sobre DNUs y vetos, Milei pretende pasar a concertar con la oposición y la burocracia sindical una colaboración.
La reconfiguración del gobierno ha sido entregada a la administración de Trump por varias vías. El manejo de la moneda quedó en manos del secretario del Tesoro, de sus tuits y por lo tanto de los fondos buitre amigos de Bessent; las negociaciones con la oposición las lleva a cabo Barry Bennett, un asesor personal de Trump; y cuando aterrice en Buenos Aires el nuevo embajador yanqui en Argentina, Peter Lamelas, emprenderá su promesa de ir a discutir gobernador por gobernador la política minera, fundamentalmente.
Los objetivos son asegurar las necesidades del imperialismo yanqui que son principalmente desplazar a China de la región, tomar el control de los llamados minerales críticos y las tierras raras, construir bases militares de Estados Unidos en el sur, entre otras. Además en la entregada y la desesperación para ser salvado, Milei acentuó su defensa del genocidio sionista y el apoyo a los ataques yanquis a Venezuela. Pero el operativo “salvataje” de Milei –como lo aclaró Trump- ha hecho que Argentina y su gobierno tallen en la política interna norteamericana porque el gobierno yanqui vive su propia crisis: cerrado administrativamente (shutdown) y con una amenaza sobre los seguros de salud, han puesto a los demócratas e incluso a algunos republicanos en campaña rechazando la ayuda prometida a Milei. Todos ven que Trump pretende con fondos públicos aparecer como el salvador de Estados Unidos sin que en realidad haya frenado su retroceso, cuando incluso el acuerdo del cese del fuego en Gaza muestra una precariedad enorme. También alertan que su secretario del Tesoro está usando fondos del Estado para salvar a sus amigos, los fondos buitre, que se llenaron de bonos argentinos, en un “carry trade” desenfrenado.
Crisis potenciada
En síntesis, lo que se abre es un período de mayores crisis, que el sometimiento colonial potenciará. De ahí la importancia que revisten estas elecciones de medio término, en la que todos buscan conseguir los votos que les permitan terciar en los episodios venideros, sin que aún se pueda prever el desarrollo de la crisis, ya que en gran parte depende del alcance de la devaluación, del choque de intereses entre los distintos grupos capitalistas –que la intervención yanqui acicateará, porque se trata de un competidor de Argentina en negocios clave como la exportación de soja y cereales y que ya provocó una crisis con el capital agrario- y de la reacción e intervención de los trabajadores.
Para los capitalistas y sus partidos hay un acuerdo en que la reconfiguración del gobierno debe estar al servicio de profundizar el ajuste fiscal, es decir más motosierra, que debe avanzarse en las “reformas estructurales”; en lo laboral ir a fondo fábrica por fábrica, gremio por gremio en producir las modificaciones que aumenten la productividad (o sea explotación) sin inversión de capital, modificar por ley el régimen de despidos y la vigencia de los convenios colectivos; en el caso de las jubilaciones aumentar la edad y privatizar el sistema –AFJP-, y en lo fiscal aumentar la presión sobre los consumidores. Es decir, en conseguir la “gobernabilidad” que asegure un plan de guerra contra los trabajadores.
La oposición “dialoguista” no tuvo problemas en sentarse a escuchar a Bennett, llevados de la mano de Santiago Caputo. La burocracia sindical peronista, la misma que apoya Kicillof, no falta al Consejo de Mayo para discutir la reforma laboral, pero el servicio más grande lo hace no haciendo nada, es decir, manteniendo al movimiento obrero paralizado mientras se derrumban los salarios y crecen los despidos, y cuando sin medias tintas queda claro que Milei es el Braden de Trump, una inacción no tan disparatada, ya que el peronismo con CFK a la cabeza y el propio Kicillof han elogiado la visión nacionalista de Trump ocultando que el nacionalismo en un país imperialista es a costa de la miseria, la pobreza y el atraso de países como el nuestro. Por otro lado, los gobernadores peronistas que hacen campaña anti Milei en sus provincias dialogan mientras tanto con los funcionarios del oficialismo y frenan leyes como la que limita los DNU, eje central de la política de Milei.
Lejos de un “ordenamiento” después del 26 primarán los choques (sobre todo en el oficialismo), lejos de la “estabilización” vendrá el terremoto de la devaluación y sus consecuencias sobre los bolsillos y las condiciones de vida de los trabajadores, como vivimos en el Rodrigazo. Lejos del despegue que agita Milei se profundizará el atraso y retroceso. Esto es lo que arrojan los acontecimientos de estos últimos meses.
A fondo con la campaña por el voto al FIT-U
Para los trabajadores el objetivo no puede ser salvar a Milei y su gobierno, todo lo contrario, los esfuerzos tienen que estar en preparar la huelga general para su derrota, la de él y la de todo el plan de guerra que negocian los opositores. En estos días que quedan hay que profundizar la campaña para que los trabajadores voten al FIT-U, para fortalecer una salida a la entrega de Milei, que esa salida no es el peronismo y la oposición dialoguista que apoyan los ataques a los trabajadores, que la salida es la lucha por nuestros reclamos y el fortalecimiento de un programa que parta de romper con el imperialismo, con Trump, con el FMI, con la deuda usuraria y los usureros, que a través del control de los recursos que los trabajadores producimos podamos establecer una salida que responda a los intereses de la población trabajadora.
Fuera Milei, fuera Trump, fuera el FMI. Votemos al FIT-U y al PO en todo el país.
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La semana pasada se realizó una importante movilización de los trabajadores del fuero penal de la justicia nacional al cuarto piso del Palacio de Justicia, lugar donde tiene su sede la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El reclamo versó sobre la necesidad de terminar con la precariedad laboral que reina en los juzgados vacantes del fuero penal, es decir los que no tienen juez, dado que la Corte impide los nombramientos efectivos de personal en esos tribunales.
Los juzgados afectados por este tema son 28 sobre un total de 71, ampliándose continuamente este contingente dado que varios magistrados cuentan con la edad para jubilarse o están próximos a a alcanzarla.
La movilización, lejos de ser un acto de reclamo espontáneo, fue la conclusión de una profusa campaña de la Comisión Interna Penal UEJN (dirigida por Frente Azul-Bermellón), una lista opositora a la dirección nacional encabezada por Julio Piumato de la Lista Marrón.
Lucha política
A mediados de año, a propósito de la campaña del oficialismo acerca de un inminente traspaso de la justicia nacional a la CABA, la conducción nacional de Piumato convocó a asambleas en los fueros sin coordinarlas previamente con las comisiones Internas opositoras. Sin embargo, como se ve, desde aquellas asambleas hasta hoy nada se movió en torno al traspaso. Se trató de un clásico Piumatista, que suele actuar según el cuento de "Juanito y el Lobo", descartando la existencia de otras reivindicaciones que puedan movilizar a las compañeras/os, empezando por el salario que se depreció más de un 30% desde que asumió Milei.
Así, cuando tocó el turno de penal, la Comisión Interna de Penal intervino y señaló que el problema del traspaso tenía una arista general para el gremio y otra particular para penal. La general fue la del salario, porque siempre el traspaso a CABA tuvo como límite que la Justicia Nacional registraba salarios un 30% por encima que la justicia porteña. Sin embargo, esa ecuación se revirtió en estos últimos años, porque mientras en la Ciudad los salarios acompañaron la inflación, la conducción de Piumato no logró quebrar el techo salarial de la Corte y Milei.
Por ello, los miembros de la CI Penal señalaron que una forma de aventar el traspaso era recuperar el salario perdido en los últimos años. La cuestión de índole particular señalada por la CI Penal fue la de la precarización laboral en los juzgados vacantes, ya que afrontar un proceso de traspaso en esas condiciones haría peligrar decenas de puestos de trabajo y cientos de compañeros podrían bajar de categorías.
En ese sentido, los miembros de la CI Penal definieron la necesidad de encarar un proceso de lucha para que la Corte habilitara la efectivización de todo el personal interino. La respuesta al planteo de la CI Penal vino de la secretaría Adjunta de la UEJN, Maia Volcowitzky, piumatista que es mencionada por la prensa gremial como una de las posibles triunviras en una "renovación" de la CGT. Allí, Volcowitzky acusó a la CI Penal de ser funcional a la Cámara del Crimen, dado que, según ella, el reclamo debía dirigirse a ese sector de la patronal y no a la Corte. La CI Penal sostuvo lo contrario, dado que en oportunidades anteriores se cursó ese reclamo a la Cámara y, tras pedirle esta autorización a la Corte, los cortesanos lo rechazaron, por lo que la que terminaba resolviendo en última instancia era la Corte.
Por ello, tras esa asamblea, la CI Penal comenzó a recoger firmas para un petitorio dirigido a la Corte, que fue suscrito por la mayoría de los empleados y funcionarios de los 28 juzgados vacantes (aproximadamente 300). Y, luego de su presentación la CI Penal, UEJN convocó a una asamblea de los juzgados vacantes donde se resolvió, entre otras cuestiones, exigir a Piumato que realice una presentación de igual tenor en la Corte Suprema.
Se abrió camino el reclamo de la CI Penal
El 30/9, después de una vasta campaña de la CI Penal UEJN, el presidente de la Cámara del Crimen elevó un pedido formal a la Corte para efectivizar a todo el personal de los juzgados vacantes.
Tras ello, Piumato pegó un giro de 180 grados y salió a celebrar la decisión de la Cámara. La CI Penal hizo notar a los trabajadores de que el debate había finalizado puesto que, quienes decían que el reclamo había que dirigirlo a la Cámara y no a la Corte, ahora celebraron que la Cámara giró el pedido y señalaron que en lo próximo se estaría empezando a preparar una movilización a la Corte.
A continuación, pasadas 48 horas hábiles del pedido de la Cámara, y sin consultarlo con ningún trabajador del fuero, Piumato lanzó la convocatoria a un banderazo a la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia, por la efectivización de los interinos de los juzgados vacantes de Penal. La CI Penal tomó como propia la movilización y convocó a los judiciales mediante comunicados, reuniones de juzgados y todo tipo de cartelería, concentrando en el 5to piso del Palacios, para bajar todos juntos como fuero a la movilización en el cuarto piso.
Cómo seguimos
La movilización fue un rotundo éxito. Aproximadamente 100 compañeros de los juzgados vacantes junto a miembros de la CI Penal se dieron cita en el quinto piso, mientras en el cuarto se encontraban Piumato con la Comisión Directiva y delegados de otros fueros.
Cuando los trabajadores de Penal bajaron, se puso de manifiesto que la CI Penal movilizó a la masa de trabajadores, lo que obligó a Piumato a tomar la palabra y dar un discurso de “unidad” del gremio, pero también dijo que de la Corte le advirtieron que el reclamo tendría pronta y favorable respuesta.
También, Piumato tuvo que blanquear otros ámbitos de la Justicia donde se vive el mismo problema y que, pese a estar bajo la representación de base de su lista, hasta el momento no dijo nada ni organizó ningún reclamo.
Perspectivas
Así las cosas, queda claro que los trabajadores de Penal no debemos bajar la guardia y tenemos que estar activos hasta que la Corte ponga fin a la precarizacion laboral de los juzgados vacantes.
Asimismo, la movilización de Penal debe ser caracterizada como una importante bocanada de aire fresco para el gremio cuya conducción convoca paros domingueros frente a una gran indiferencia de los trabajadores, mientras que la rebaja salarial se consolida mes a mes. Lo ocurrido en Penal refuerza la idea de que el método de la movilización y la organización mostró su superioridad y que hay seguir hasta conseguir los objetivos trazados con la participación de los judiciales en la lucha.
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El mismo día en que el Indec confirmó un repunte del alza de precios a pesar de la parálisis económica inducida por el gobierno, anunció que desde enero de 2026 comenzará a aplicarse una nueva fórmula para medir la inflación. La novedad es que esa fórmula no es nueva: estaba lista hace más de un año, pero el gobierno decidió postergar su implementación para poder mostrar como “éxito” lo que en realidad fue un congelamiento estadístico.
El nuevo índice de precios al consumidor (IPC) actualizará las ponderaciones de la canasta según la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017-2018, que reemplaza a la de 2004. Es decir, la base técnica y los datos ya existían: el cálculo estaba hecho, el índice listo y su aplicación solo dependía de una decisión política. Esa decisión fue demorarla, para venderle a la población el relato de que se había “domado la inflación”, cuando en realidad se trataba de un maquillaje temporal a costa de paralizar la economía, las tarifas, el dólar y los salarios.
La canasta vigente —que define cuánto pesa cada rubro en el cálculo del IPC— le asigna un 26,9% a los alimentos y bebidas no alcohólicas, pero ese peso caerá al 22,7% con la nueva metodología. En cambio, el gasto en vivienda, electricidad, gas y otros combustibles subirá del 9,4% al 14,5%. También aumentan transporte (de 11% a 14,3%) y comunicación (de 2,8% a 5,1%). En los hechos, esto refleja que una porción creciente del salario se destina a pagar alquileres, tarifas y servicios, es decir, gastos inelásticos que no pueden recortarse aun cuando el consumo de alimentos se derrumba.
El subítem de “electricidad, gas y otros combustibles” —que forma parte del rubro de vivienda— es uno de los que más presión ejerció sobre el costo de vida real. Los aumentos de tarifas se movieron en línea con el dólar y fueron apenas contenidos por congelamientos parciales, que no evitaron el deterioro del poder adquisitivo. A pesar de esto, su impacto estuvo subrepresentado en el IPC actual, por el simple hecho de que la fórmula usada es de 2004, cuando los servicios públicos pesaban mucho menos en el gasto de los hogares. Recién ahora, con la actualización metodológica, ese peso se ajustará a la realidad.
El último informe del Indec confirma la tendencia: el rubro “alquiler de vivienda” fue el que más subió en el índice general, con aumentos anuales que van del 56% en el Gran Buenos Aires al 100% en la Patagonia. Lo mismo ocurre con los servicios de electricidad y gas, que se mueven automáticamente con el dólar y cuyos aumentos fueron apenas disimulados por los congelamientos parciales. En conjunto, estos rubros explican el deterioro brutal de las condiciones de vida de los trabajadores, cuya canasta real de gastos se disparó mientras los ingresos quedaron planchados.
La supuesta “baja” de la inflación no expresa una mejora económica sino una distorsión estadística. Los precios de lo que la población ya no puede comprar suben menos, mientras los costos de lo que no se puede dejar de pagar —alquiler, luz, gas, transporte— siguen escalando sin freno. Así, el gobierno exhibe un número de inflación más bajo a costa de una recesión profunda y un empobrecimiento generalizado.
El ajuste de Milei —avalado por el FMI y los gobernadores— no solo licúa salarios y jubilaciones, sino que también manipula la medición de la inflación para justificar su política de hambre. La postergación deliberada de la nueva fórmula fue parte de ese engaño: un intento de sostener el verso de la estabilidad mientras el país se hunde en una de las peores caídas del poder adquisitivo en décadas.
Ningún maquillaje estadístico puede tapar la realidad. Los trabajadores destinan cada vez más parte de su ingreso a sobrevivir, mientras la economía se paraliza. La única salida frente a este fraude político y económico es la organización independiente de la clase trabajadora, por una recomposición salarial inmediata y un salario mínimo igual a la canasta básica. Hay que tirar abajo el plan fondomonetarista que destruye los ingresos y hunde al país en una recesión histórica.
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Al cumplirse 10 años del último lanzamiento y puesta en órbita de los satélites geoestacionarios (Arsat I y Arsat ll) construidos por Invap, que permitieron brindar servicios de telefonía, datos, televisión e internet en todo el País, incluyendo la Antártida, las Malvinas y prácticamente todo el continente americano. La Consitel, que integra las Federaciones de las Telecomunicaciones como Foetra/Fatel y Foeesitra, realizará una “jornada de debate y reflexión” este martes 14/10, con el eje puesto en promover un proyecto de Ley que modifica el estatuto social de la empresa, tratando de involucrar a las provincias para “federalizar” el paquete accionario de Arsat. Cuando el vaciamiento que promueve el gobierno nacional no se resuelve con los gobernadores de las distintas fuerzas políticas, incluyendo los del peronismo, que vienen acompañando el ajuste nacional y aplicándolo en sus provincias.
El gobierno no ha abandonado su objetivo de privatizar Arsat. Por un lado, busca formar unidades de negocios, tiene su interés en la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), que brinda servicios de transmisión de datos, internet, TV digital y el Data Center, que es uno de los más importantes de la región, utilizado tanto por el Estado como por empresas privadas. Busca entregarle las órbitas satelitales, sobre la base desinvertir en la construcción del Arsat III, dejándolas vacantes, siendo funcionales a los intereses privados o de otros países que las ocuparían al quedar obsoletos los satélites I y II.
La otra joya de la abuela para vende, es el espectro de 100 MHz que el Estado Nacional reservó a Arsat para comunicaciones móviles y que nunca fue utilizado, además de los 50 MHz en manos del ente regulador, el Enacom. Estos pretenden ser cedidos o utilizados por Empresas como Telecom y otras sin costo o licitación alguna para los negocios incipientes del 5G, con proyectos de acceso fijo inalámbrico sobre las frecuencias de Arsat en nombre de la “competencia”, cuando Telecom acaba de comprar Telefónica/Movistar, consolidando un monopolio sin precedentes.
Si bien el gobierno hasta ahora no pudo avanzar con la privatización de la compañía por la restricción legal (Ley 26.092), quedando Arsat fuera de la Ley Bases, recientemente aprobó el presupuesto de la empresa para el año 2025, con la intención de cotizar en la Bolsa una parte del paquete accionario de Arsat (acciones Clase B y C). Aprovechando que es una empresa rentable, este año obtuvo un superávit del orden de los $4.374 millones de pesos, a pesar del vaciamiento y la desinversión, abandonando el mantenimiento de los activos y la capacidad tecnológica instalada. Y a pesar de ese superávit, se sostiene el recorte brutal de los salarios desde noviembre de 2023, achicando la planta permanente por los retiros “voluntarios”, forzados por el ahogo salarial.
En la misma Resolución N°1285/25 que aprueba el presupuesto, se incluye una “optimización de personal”, cuando ya se fueron un 30% de los trabajadores. O sea que el gobierno se prepara para redoblar la ofensiva. Recordemos que acaban de liquidar el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa) para la realización de ensayos satelitales y otras industrias, que era una asociación entre Arsat e Invap, poniendo en riesgo el derecho orbital y la soberanía satelital de Argentina, que podría pasar a manos de otro país, en caso de no utilizarse.
Necesitamos retomar la lucha por el salario y la defensa de Arsat
Luego de casi 2 años de medidas aisladas, sin continuidad, y de un expediente judicial que aún no tuvo un fallo de primera instancia, no quedan dudas que, a partir de los paros escalonados de 24, 48 y 72 horas de fines de agosto se logró un primer paso. Estos paros fueron precedidos por los paros de los controladores aéreos de Atepsa, que paralizaron durante varios días el tráfico aéreo y obtuvieron un 15% de aumento junto a otros reclamos, quebrando el cepo salarial del gobierno, una semana antes, mostrando el camino para romper el congelamiento, que la azul y blanca se negaba a convocar y luego se apuró a firmar con ese 15% en 4 cuotas acumulativas: 10,99% en agosto, 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y un 1,1% en noviembre.
Esta propuesta, lamentablemente no fue puesta a consideración y votación de las y los trabajadores, que venían llevando adelante las medidas de fuerza. Si bien se rompió el congelamiento que llevaba un año, este método inconsulto y sin discusión, que se viene aplicando en paritarias y otros acuerdos y actas que no favorecen a los trabajadores, claramente debilitan la organización y la participación gremial.
Como venimos planteando, la vía legal y el reclamo judicial o parlamentario por sí solos son insuficientes. Es necesario preparar un plan de lucha escalonado como vienen impulsando las trabajadoras/es del Hospital Garrahan que lograron un aumento de casi el 50%, superando las políticas de contención, aislamiento y desmovilización de la burocracia sindical.
Las telecomunicaciones son un recurso estratégico fundamental, no podemos permitir que vacíen empresas como Arsat, que han demostrado todo su potencial para impulsar un desarrollo tecnológico y de la conectividad en Argentina. Brindando diversos servicios donde las multinacionales o monopolios como el grupo Telecom-Clarín o Telefónica dejaron de invertir desde siempre.
A 10 años del último lanzamiento satelital y para abrir paso a un nuevo desarrollo de las telecomunicaciones es necesario defender Arsat y retomar el camino de la nacionalización integral de las telecomunicaciones bajo control de los trabajadores. Derrotando el ajuste del gobierno nacional y los gobernadores, e imponiendo el financiamiento y los recursos necesarios para impulsar los proyectos, despliegues y desarrollos, junto con el pago de la deuda contraída con los trabajadores y una real recomposición salarial.
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Los concejales de Fuerza Patria presentaron en el Concejo Deliberante de La Plata un proyecto de ordenanza para que se le ponga el nombre de José Ignacio Rucci a la calle donde está el edificio de la CGT de La Plata, Berisso y Ensenada. Detrás de esta iniciativa están el intendente kicillofista Julio Alak, de reconocido pasado menemista, y el gobernador Axel Kicillof, que bajó la orden de apurar la votación para que se apruebe la ordenanza antes del lunes 20 de octubre, día en que tiene previsto un acto de campaña electoral con la CGT platense. El "soviético" no quiere ir al acto con la burocracia con las manos vacías y lleva como presente la "reparación histórica" de Rucci.
En los fundamentos del homenaje al exsecretario de la CGT -asesinado por un comando de Montoneros- se lee que José Rucci (furioso antimarxista) "es un emblema del movimiento obrero". No se dice que prometió limpiar los sindicatos y fábricas de los “bichos colorados”, descalificativo que usaba contra la izquierda y el clasismo. Como toda la burocracia sindical peronista, Rucci no se quedó en las palabras, buchoneando y marcando activistas. Las listas negras, los despidos de obreros combativos en contubernio con las patronales, los fraudes, trabas y prohibición de listas opositoras y el matonaje físico fueron la prenda de lealtad de Rucci y de la burocracia de la CGT al Pacto Social de Perón, Gelbard y Rucci.
Kicillof y el primer candidato a diputado nacional Jorge Taiana —preso largos años hasta el fin de la dictadura por su militancia en la JP y Montoneros— llegaron tarde a la reivindicación de José Rucci. El 25 de septiembre pasado, Santiago Cúneo, un facho que llama patriotas a Rico y Seineldín, lanzó su candidatura a diputado en el cementerio de Chacarita con un encendido discurso laudatorio del "hijo de Perón" y "mártir de la clase obrera" en el 52° aniversario de la muerte de Rucci. Otro fervoroso "ruccista" es Sergio Berni, quien se autodefine como un hombre de derecha. El revisionismo burocrático de Kicillof no es de ahora, pero pega un salto con su esmerado despegue de todo pasado izquierdista.
El "Kici" no solo busca aliados para sus aspiraciones presidenciales y liderazgo del PJ, sino que fundamentalmente busca hacer buena letra frente a la burguesía y el imperialismo si llega la hora del recambio. Es de suponer que tanto Kicillof como Walter Correa, de la Corriente Federal de Palazzo y gestor de los contactos con la CGT desde su rol de ministro de Trabajo bonaerense, hayan visto Los traidores, el film de Raymundo Gleyser rodado clandestinamente por el cineasta bajo la dictadura de Lanusse. La película ficcionaliza a un dirigente sindical que, habiendo pasado por la resistencia peronista, se burocratiza y convierte en un traidor a su clase. Las referencias a Rucci en el film son casi explícitas, donde se ve al protagonista rodeado de los culatas de la UOM.
Los traidores, el film de Gleyser —secuestrado y asesinado por la dictadura genocida en mayo del 76'— tuvo una amplia difusión en los sindicatos combativos, universidades y entre las organizaciones de derechos humanos. No se sabe si el candidato Juan Grabois participará del acto del 20/10 en La Plata, pero sí que el "patriagrandista" reivindica la trayectoria política de su padre, exdirigente de la izquierda nacional en los 60', que terminó apoyando a Isabel y López en la misma época en que Néstor y Cristina militaban en “La Lealtad” y se quedaban en Plaza de Mayo vivando a Perón, que acusaba a la JP de "infiltrada marxista".
El revisionismo reaccionario va más allá de la figura de Rucci. Días atrás, el gobernador peronista Gildo Insfrán y el presidente del bloque de senadores, el "cristinista" José Mayans, homenajearon junto a Victoria Villarruel a los soldados muertos en el intento de copamiento de un regimiento catamarqueño por la guerrilla en 1975. El ejército masacró a los militantes montoneros que fueron capturados o se rindieron con vida. Esta provocación está destinada a dar vuelta la página de la amnistía y a blanquear el Operativo Independencia, que militarizó Tucumán, y al Decreto de Aniquilamiento como instrumentos de defensa del gobierno de Isabel agredido por la "subversión".
Estos hitos represivos le abrieron las puertas a la intervención activa de las FFAA, cuyo principal objetivo era aplastar el ascenso obrero expresado en las jornadas revolucionarias y la Huelga General de junio y julio. El golpe genocida tuvo como blanco principal al amplio activismo obrero, clasista y antiburocrático que rompía con el peronismo y giraba hacia la izquierda. Ladinamente, "el viejo adversario" de Perón y líder del radicalismo, Ricardo Balbín, calificaría a este activismo de "guerrilla fabril" para justificar los secuestros, asesinatos de delegados y comisiones internas, y la intervención a los sindicatos clasistas.
No puede soslayarse que Claudia Rucci, hija de José Ignacio Rucci, sea la principal operadora de la "nacionalista" vice de Milei, Victoria Villarruel. Guillermo Moreno, otro peronista de derecha sumado a Fuerza Patria y a la "unidad del peronismo", quiere a Villarruel adentro del peronismo y del “proyecto nacional”. Claudia Rucci es una punta fundamental entre Villarruel —que hizo carrera política como vocera de la libertad de los genocidas presos, el fin de los juicios por lesa humanidad y reivindicando la guerra antisubversiva de las FFAA— y los contactos con Pichetto, los gobernadores peronistas y la burocracia de la CGT. Se supone que Claudia Rucci será parte de los homenajes a su padre en la ciudad de La Plata.
En una apretada síntesis sobre la vida de Rucci, importa señalar algunos hitos que justifican el título de la película de Gleyser y que después se popularizaría en los cantos contra la traidora CGT. Rucci, ya secretario de la CGT, a la que llegó de la mano de Lorenzo Miguel y con chapa de incondicional de Perón, participó del acto de lanzamiento de Concentración Nacional Universitaria (CNU) junto al siniestro profesor Carlos Disandro, su fundador. Disandro era un "teórico" de la tercera posición y la Conspiración Sinárquica Internacional, un antisemita confeso, ultracatólico preconciliar y admirador de un Estado fascista. Décadas antes que Milei, el latinista y helenista Disandro hablaba de la infiltración comunista en el Vaticano y de Juan XXIII como un "papa rojo". Poco después del acto con Rucci, la CNU asesinó a la estudiante de arquitectura Silvia Filler en Mar del Plata.
En su juventud, como militante de la Juventud Sindical fundada por Rucci como grupo de choque contra el clasismo y la izquierda peronista y no peronista, Hugo Moyano tuvo estrechos contactos con la CNU. A esta banda fascista se le atribuyen unos cien asesinatos durante el tercer gobierno de Perón. Con la llegada de Videla y la dictadura, la CNU y el Comando de Organización (CDO) se reciclaron en los grupos de tareas y como servicios del Batallón 601.
José Rucci tuvo un rol destacado en el golpe que "renunció" a Héctor Cámpora después de poco más de un mes de haber asumido como presidente. Rucci agitó la infiltración marxista en el gobierno del Tío para exigir su renuncia. También fue un protagonista de la Masacre de Ezeiza, que dejó un centenar de muertos en las columnas de la JP que habían ido a recibir a Perón, vuelto del exilio madrileño.
El operativo de "seguridad", a cargo de López Rega y Osinde, contó entre sus miembros a la Juventud Sindical del secretario general de la CGT. Entre los denunciados por torturar y tirotear a los manifestantes estuvieron laderos de Rucci que ocuparon el palco del acto, que finalmente no se hizo porque Perón no bajó en Ezeiza. Sus primeras palabras, una vez bajado del avión, fueron para pedir el escarmiento contra los violentos e infiltrados, como llamó a la JP y la Tendencia promontonera. Las víctimas de la masacre pasaron a ser victimarios.
Los Kicillof, Taiana y Cía fundamentan la “reparación histórica” de Rucci y la burocracia sindical en su lealtad. Esto derrumba el relato encubridor de la izquierda peronista y de los Yasky y Cachorro Godoy de los 70, que justificaban el curso derechista del Viejo por el cerco del brujovandorismo (López Rega y Rucci) que “separaba a Perón de su pueblo”.
Una frase atribuida a José Ignacio Rucci retrata el contenido reaccionario de su lealtad cuando dijo que si Perón iba a la izquierda, él iba a la izquierda, y si Perón iba a la derecha, él se iba a la derecha. La vuelta de Perón —llamado por la burguesía para desviar el ascenso revolucionario abierto con el Cordobazo— lo llevó siempre a la derecha acompañado del leal Rucci. En su tercer gobierno, Perón declaró el estado de guerra interno, convocando a comisarios retirados, patotas de la burocracia, a la derecha peronista y lúmpenes a sueldo para formar las 3A. En pocos meses, Perón llevó adelante la reforma del Código Penal que endureció penas y condenas, volteó a los gobernadores afines a la JP, avaló el Navarrazo y congeló las paritarias con el Pacto Social. El Rodrigazo, muerto ya Perón, desató una inflación galopante que desencadenó la Huelga General, que nunca convocó la CGT. El leal Rucci fue un puntal del Pacto Social, comprometiendo a la burocracia en su apoyo. Rucci amenazó con intervenir las organizaciones sindicales que rompieran el Pacto Social. El Smata cordobés, dirigido por René Salamanca, sería víctima de la intervención burocrática.
La “ejecución” de Rucci, dos días después del triunfo electoral de Perón en setiembre del 73, fue una acción de aparato en el marco de la disputa interna por el liderazgo del peronismo. El foquismo no acelera la conciencia política de la clase obrera, sino que la retrasa y desorganiza cuando, además, los explotadores utilizan estas acciones “justicieras” —al margen de las masas— para justificar la represión. La lucha contra la burocracia no progresó por la vía de los atentados de comando, sino recuperando comisiones internas, sindicatos, poniendo en pie los plenarios clasistas y las coordinadoras que fueron protagonistas en junio y julio de 1975.
Mucho se habló de la polémica televisiva entre Rucci y Tosco a principios del 73. El programa Las dos campanas batió récord de audiencia, reflejando el interés que despertó el contrapunto de Rucci con el líder clasista de la seccional cordobesa de Luz y Fuerza y dirigente de la CGT de Córdoba. Agustín Tosco no votó la boleta nacional del Frejuli, pero sí al Frejuli cordobés, en línea con sus acuerdos con los sindicalistas peronistas de la CGT de Córdoba enfrentados a Rucci y al Secretariado Nacional. Tosco rechazó, en las dos elecciones del 73, encabezar una candidatura presidencial de la izquierda y el clasismo “para no romper el campo popular”.
En la polémica, José Ignacio Rucci ratificó la primacía de los “cuerpos orgánicos” de la CGT por encima de las asambleas y la democracia sindical, mientras arengaba que el peronismo había nacionalizado los sindicatos frente a las “ideologías foráneas”. Tosco se declaró socialista y defensor de un sindicalismo basado en la democracia sindical. El dirigente cordobés moriría de cáncer dos años después que Rucci, en la clandestinidad, obligado por las amenazas y sentencias de muerte de las 3A y la represión del gobierno de Isabel. Su funeral, en las duras condiciones represivas de fines del 75', fue acompañado por una multitud.
De Rucci nos queda el film de Raymundo Gleyser Los traidores.
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El gobierno eliminó la gratuidad de la vacuna contra la fiebre amarilla.
Mientras la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta sobre una posible epidemia de fiebre amarilla en Sudamérica, luego de que se registrar cientos de casos y alta mortalidad en Brasil, Perú y Bolivia, el gobierno de Milei agrava la situación. El gobierno anunció que “prepara un plan de acción”, pero en realidad sigue ajustando a la salud, al punto de quitar la gratuidad de la vacuna, e incluso fue cuestionado por expertos que se reunieron con el Ministerio de Salud de la Nación y advirtieron que las medidas son insuficientes frente al riesgo de expansión del virus.
Sucede que, mientras la amenaza crece, el gobierno argentino decidió eliminar la gratuidad de la vacuna contra la fiebre amarilla para la mayoría de la población. Solo se mantendrá gratuita en algunas provincias del norte —Formosa, Misiones, Corrientes y partes de Chaco, Jujuy y Salta—, dejando afuera a millones de personas que viajan o trabajan en zonas de riesgo.
La medida fue repudiada por todas las sociedades científicas del país —infectología, virología, microbiología, vacunología y medicina general—, que advirtieron que la restricción de la vacunación gratuita aumenta el riesgo de un brote urbano y pone en peligro al conjunto de la población. Cuando la inmunización no alcanza a la mayoría, no solo queda desprotegido quien no puede pagar una dosis, sino que se rompe el escudo colectivo que impide la propagación del virus. En otras palabras: el ajuste sanitario es un ataque directo a la salud pública de todo el pueblo trabajador.
El carácter criminal de esta política se agrava si se considera el cuadro general del sistema de salud: cierres de programas de prevención, despidos en hospitales, congelamiento de salarios del personal y una ejecución presupuestaria en caída libre. Expresión de esto es el desfinanciamiento del Hospital Garrahan, la suspensión de vacunas en campañas nacionales, la falta de insumos y medicamentos en hospitales públicos y el vaciamiento del Malbrán.
Según un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto real ejecutado en los principales organismos de salud se desplomó en los últimos dos años. El Instituto Nacional del Cáncer sufrió una caída del 58%, la Superintendencia de Servicios de Salud del 70%, el Hospital Posadas del 29%, y el Malbrán —clave para la vigilancia epidemiológica— del 22%. Los programas sanitarios también fueron arrasados: la prevención de enfermedades endémicas cayó 74%, la de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles 89%, y la atención sanitaria en el territorio directamente desapareció, con una reducción del 100%. En un contexto de amenaza epidémica, estos números reflejan el desmantelamiento deliberado del sistema de salud pública bajo el gobierno de Milei, que está transformando derechos elementales en privilegios de clase.
Las consecuencias de la fiebre amarilla recae con más fuerza sobre quienes no pueden pagar una vacuna, una consulta o un traslado. La única salida a esta política de barbarie es la organización independiente de trabajadores y profesionales de la salud junto a la población. Hace falta un plan nacional de vacunación gratuito, universal y urgente, bajo control de los trabajadores de la salud, junto con la reposición inmediata del presupuesto sanitario recortado y el cese de los despidos y cierres de programas.
La defensa de la vida del pueblo trabajador exige romper con el ajuste dictado por el FMI y aplicado por Milei. Frente a la fiebre amarilla y al vaciamiento sanitario, la respuesta es más organización, más lucha y más control popular sobre los recursos de la salud.
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"Vinimos a rechazar el pacto colonial por el que Milei le entrega el gobierno a Trump"
Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, habló en acto del FIT-U en el Ministerio de Economía.
El Partido Obrero en el Frente de Izquierda movilizó al Ministerio de Economía para repudiar la reunión de Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca y denunciar el nuevo pacto colonial para someter a la Argentina al imperialismo norteamericano, en el cuadro de la crisis capitalistas y la guerra comercial.
Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, legislador y candidato a diputado nacional por el FIT-U dijo: “Donald Trump aprovecha la extrema debilidad de Milei para hacerse del gobierno de la Argentina a bajo costo. Sucede que el fracaso del gobierno libertario dejó a Milei al borde de la caída. En pocos meses su gestión se patinó la plata del blanqueo, de la cosecha y de los fondos del FMI. Nada impidió que siga la fuga de capitales y que el país quede en estado de virtual default. Aprovechando esa situación Trump pasa a controlar de modo directo la política monetaria y financiera de nuestro país, que retrocede formalmente al estatus de colonia. Como confirmó el titular del Tesoro yanqui Scott Bessent con la intervención EEUU aspira a monopolizar la explotación de los recursos naturales de la Argentina, entre ellos el uranio, el litio y el cobre. Así nuestro país pasa a ser un peón de los EEUU en su disputa con China".
"No hay una intervención solamente económica, acá hay una intervención política, porque lo que hizo Milei para salvarse el mismo es entregar el gobierno económica y políticamente a Donald Trump" @Solanopo legislador y candidato a diputado @FdeIzquierdahttps://t.co/vnvOvWLtpkpic.twitter.com/xBuiDs7fw7
Este es el decimotercer viaje del presidente a Estados Unidos, acompañado por su hermana Karina, Patricia Bullrich y Luis “Toto” Caputo. El encuentro se produce en el marco de una crisis económica sin precedentes, con el Tesoro argentino sin reservas y una corrida cambiaria que solo pudo contenerse gracias a la intervención directa del Tesoro norteamericano en el mercado argentino, mediante los bancos Santander, Citi y JP Morgan. Esta operación, que consistió en la venta de dólares —o la “compra de pesos”— por parte de los Estados Unidos, es un hecho sin antecedentes en la historia nacional.
De esta forma, el tipo de cambio argentino quedó en manos de un Estado extranjero, lo que implica la renuncia completa a la soberanía monetaria. La operación, impulsada por Scott Bessent, titular del Tesoro norteamericano y ex socio del magnate George Soros, tuvo como objetivo principal salvar los negocios de los grandes fondos de inversión —BlackRock, Fidelity, Pimco— que vienen especulando con los bonos argentinos y garantizar la estabilidad política de Milei, su aliado en América Latina.
El “rescate” que Milei busca obtener de Trump no tiene otro contenido que profundizar la entrega nacional. Estados Unidos pretende imponer un paquete de condiciones: la ruptura del vínculo con China, el traspaso del control de recursos estratégicos como el litio, el cobre y el uranio a empresas norteamericanas, la construcción de una base militar en Ushuaia y el control de la hidrovía. En términos económicos, el acuerdo prevé un swap con el Tesoro estadounidense por hasta 20.000 millones de dólares, a cambio de un sometimiento completo de la política económica argentina a los designios de Washington.
Milei busca sostener con este pacto un esquema económico inviable, mientras el gobierno de Trump lo utiliza para reforzar su dominio sobre América Latina en medio de la guerra comercial con China. Pero ni la intervención del Tesoro ni un eventual préstamo evitarán la devaluación ni la profundización de la crisis social. El gobierno de Milei es sostenido por el imperialismo y los partidos patronales porque impulsa las reformas estructurales antiobreras que reclama el FMI: reducción de salarios, de jubilaciones, flexibilización laboral y desmantelamiento de la industria nacional. Sin embargo, su viabilidad política pende de un hilo.
El imperialismo yanqui no interviene para “salvar” a la Argentina, sino para salvar a sus propios capitales y preparar un nuevo ataque contra los trabajadores. Mientras Milei entrega la soberanía nacional y compromete los recursos estratégicos del país, la burocracia peronista y los gobernadores del PJ colaboran en el Congreso para garantizar la gobernabilidad de este régimen de entrega.
Solano agregó: "Por más que lo oculte, la intervención yanqui tiene como condición una gran devaluación luego del 26 de octubre. Por eso y ante la certeza de que Milei sufrirá una dura derrota electoral, EEUU pasa a manejar también el armado político de nuestro país, forzando una coalición política que busque darle fuerza a un gobierno arruinado. Solo con apoyo de la oposición pro-yanqui es posible que el gobierno pueda intentar avanzar con las reformas reaccionarias que reclama el FMI".
Vanina Biasi afirmó: "Nadie puede sentirse asombrado de que Toto Caputo haga de Toto Caputo, pero esta vez dio un salto y se fue a vivir prácticamente a EEUU, para que fueran funcionarios de EEUU los que dictaminarán cuales van a ser las políticas económicas ahora frente al proceso electoral".
Frente a esta ofensiva colonial, el Frente de Izquierda Unidad llama a organizar una respuesta política y de masas que enfrente al imperialismo y a los capitalistas locales. Solo un programa de independencia de clase —que plantee el desconocimiento soberano de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores, y la defensa de los recursos naturales— puede sacar al país de la crisis.
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En una maniobra cínica y electoralista, el Ministerio de Salud de la Nación colocó una placa en el Hospital Garrahan denunciando una deuda de más de $5.700 millones del IOMA —obra social de la Provincia de Buenos Aires— con el hospital. La movida busca tirarle la pelota a la gestión de Axel Kicillof y desviar la atención del vaciamiento del sistema público de salud nacional llevado adelante por el propio gobierno de Milei.
El hecho fue repudiado por los trabajadores del hospital. “La utilización electorera de los recursos del Garrahan por parte del ministro de Salud, Mario Lugones, y su lacayo Pirozzo, es repugnante. En esa sala de espera deberían pasarse contenidos para niñas y niños, no insumos de campaña de un gobierno en descomposición”, denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan.
El ghobierno nacional, que viene ajustando brutalmente el presupuesto de salud, pretende ahora posar de denunciante de las deudas provinciales, mientras mantiene congelados los salarios de los trabajadores y paralizadas obras esenciales dentro del hospital. El propio Lipcovich advirtió que “el Garrahan debe financiarse en primer lugar por recursos del Estado nacional. Idealmente, no tendría por qué existir una facturación propia; el presupuesto central debería garantizar todas las necesidades. Por supuesto, mientras existan esos recursos propios, lucharemos para que vayan a salarios y obras (no a fondos de inversión, como hacen Lugones y Milei)”.
La deuda de IOMA —como la de otras obras sociales— existe, pero no es responsabilidad de los trabajadores ni de las familias que esperan ser atendidas. En lugar de garantizar los recursos, el gobierno nacional y el provincial se sirven del Garrahan como campo de disputa electoral, usando la salud pública como vidriera de sus internas mientras los hospitales se caen a pedazos.
Los trabajadores no entran en ese juego. “No se nos escapa que IOMA es responsabilidad de Kicillof, y esa realidad la padecen trabajadores de la Provincia de Buenos Aires con salarios de hambre y prestaciones decadentes. No entramos en chicanas electorales. Reclamamos con independencia del gobierno de turno”, sostuvo Lipcovich.
La crisis sanitaria es producto directo del ajuste de todos los gobiernos, nacionales y provinciales, que descargan el costo sobre los trabajadores y los pacientes. El Garrahan no puede ser usado como herramienta de propaganda. La única salida es la organización independiente de los trabajadores de la salud y de la población, para imponer un presupuesto integral y nacionalizado que garantice atención, infraestructura y salarios dignos, financiado con los recursos que hoy se van a los especuladores y a los fondos de inversión.
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Movilizan en rechazo a los 44 sumarios y la denuncia penal contra representantes gremiales y activistas de la gran lucha que rompió el trecho salarial.
Toto Caputo, Luis Espert, Javier Milei, Manuel Adorni.
Es muy claro que la caída del narcocandidato Espert no se agota allí. Cayó también el diputado que presidía la Comisión de Presupuesto (del ajuste), aunque maniobre con un pedido de licencia para mantener fueros, malhabidos en este caso, que igual se agotan el 10 de diciembre cuando termina su mandato. El “profe” de “cárcel o bala” contra todo pobre que luche, debería terminar entre rejas. Profesor de cachiporras y consultor de narcotraficantes, será Justicia si la boleta se mantiene con el narco en la foto, porque representará el verdadero carácter de la lista frente al votante. Milei mintió, se desdice, y sigue mintiendo.
Pero es solo la punta del iceberg, porque se conocen y se conocerán más evidencias y más implicados que llegan al propio Milei, empezando por el abogado en común con Fred Machado que Milei tiene defendiéndolo en siete causas, Francisco Oneto. Este, recordemos, fue candidato a vicegobernador de Carolina Píparo, la fórmula bonaerense de Milei en 2023. Gastón Alberdi, cofundador de LLA, dice que Milei le confesó que “asesoró narcos” (por lo cual el descendiente del prócer ya mismo debería ser llamado a testimoniar), lo cual involucra una vez más al presidente mismo, cosa que ya pasa en la criptoestafa y en las coimas de Karina. El ministro de Justicia, Cúneo Libarona, es defensor de narcos. La actual diputada Lorena Villaverde, y candidata a senadora por LLA en Río Negro, es una narco que fue detenida con 400g de cocaína en Florida en 2002 y está estrechamente vinculada a Claudio Ciccarelli, primo de Fred Machado.
Para qué seguir. En la lista sigue Diego Santilli que, ahora sabemos, recibió U$S 32.500 del estafador “piramidal” preso Leonardo Cositorto. Y Sebastián Pareja, el “armador” de Karina, que llenó la lista de funcionarios a los que les vendió los cargos y que armó el acto en Moreno con barrabravas diversos. Es la lista lumpen-burguesa de un régimen en descomposición. Por todo esto es que Milei dijo “no eché ni hubiera echado a Espert”, aún después de la renuncia. Lo banca para tratar de evitar que el propio Espert, en su áspero futuro, despechado, lo arrastre. Es una trama política, económica y de poder. Solo aceptó la renuncia cuando recibió encuestas que dan cuenta de un derrumbe electoral en puerta.
Cualquiera sea el previsible mal resultado electoral de octubre emergerá un gobierno aún más debilitado de lo que está. Han quedado solo harapos del sueño del gobierno autocrático, plebiscitario, basado en el apoyo de una fracción de las masas, capaz de pasar por arriba a las propias instituciones de la dominación capitalista y controlar las calles mediante la infantería de Bullrich y las causas de criminalización de la lucha popular de la siempre dispuesta Justicia. Por supuesto, la capacidad de daño es todavía inmensa.
Después de arruinar el rock de Charlie, del Indio Solari, los Ratones Paranoicos o alguna canción de Sandro, Milei declaró que gira hacia un “gobierno de coalición”. ¿Con quién? Con Macri, sería la respuesta. Es obvio que en la prolongada reunión en Olivos trataron un loteo del gabinete post octubre. Pero el macrismo es parte de este barco que se hunde y sus parlamentarios podrían no alcanzar el tercio. Por eso la desesperada negociación con los gobernadores del ajuste, que ya en la sesión del 8/10, la primera tras el escándalo, restaron sus diputados para el quórum como los de Torres de Chubut, Pullaro de Santa Fe, Sáenz de Salta, Passalacqua de Misiones y Weretilneck de Río Negro. No pudo evitar el tratamiento de la ley que habilita la “sanción ficta” de los DNU, pero justamente ese artículo se modificó y la ley vuelve al Senado dando oxígeno al gobierno. El preciado mecanismo de los DNU para gobernar por decreto está en el centro de las negociaciones de los gobernadores de “Provincias Unidas” para transar.
Y señalemos que la Corte Suprema durmió cuatro años la extradición de Machado y la dispuso ahora cuando estalló la bomba. De ahí para abajo ¿de qué Justicia podemos hablar? El régimen político entero se retuerce. La fragmentada oposición capitalista y su frente devaluacionista no tiene tampoco un eje claro de reagrupamiento y menos aún de recambio. Por eso prenden velas al rescate yanqui. Por eso hacen gárgaras de “gobernabilidad”.
Colonia sí, hacia el precipicio
El ministro de Economía hace cinco días que vive en Washington, junto al presidente del Banco Central argentino. El asombro no alcanza. Discuten herméticamente otro salto en la dependencia colonial argentina, pero tal vez sin encontrar el camino. Mientras Caputo y Bausilli están allá, acá quedan solo U$S 300 millones de los exiguos U$S 2.200 millones que se compraron con la liquidación adelantada sin retenciones (Infobae). Eso tiene que cubrir, al menos, las once ruedas que restan hasta el 26 de octubre. Y solo el miércoles 8 de octubre se vendieron U$S 426 millones. Ya no es la frazada corta, la Argentina duerme a la intemperie.
Por otro lado, el Central “siguió regalando cobertura” en dólares futuros ya en casi U$S 15.000 millones (Clarín, 8/10), cuyos precios para fin de diciembre alcanzan los $1.677 por dólar. Para contener la corrida, las tasas de interés se volvieron a ir a las nubes, agravando la recesión en la que estamos hundidos. Los economistas se dividen entre los que dicen que no pueden tocar las reservas aportadas por el FMI que son para el repago de la deuda, y los que dicen que podrían disponer U$S 3.000 millones de esas reservas prestadas.
No llegan. Dependen de Bessent y las condiciones leoninas que ponga el Tesoro norteamericano. País donde la polémica por el vidrioso rescate de Milei crece todos los días. Se habla de un swap, de un crédito repo (con garantía), pero las condiciones serían de un entreguismo pocas veces conocido, con un agregado: la devaluación, que en estas condiciones encontraría su propio techo fuera de todo control, por eso piden “flotación libre”. Esto puede terminar en Rodrigazo. Con las consecuencias inflacionarias inevitables, en un contexto de recesión económica aguda. Ya el índice de septiembre en CABA saltó al 2,2%. Argentina camina hacia el abismo, cuya profundidad exacta desconocemos.
La “gobernabilidad” peronista o nuestro “Fuera Milei”
La cuestión de la gobernabilidad de Milei es todo un tema nacional e internacional, por supuesto. Y no solo para Trump sino para los mercados financieros. La caída en default de Argentina y el posible estallido de una crisis social que replantee un 2001 es una cuestión de Estado para toda la burguesía.
Y ahí se acaba de anotar el peronismo con un nuevo capítulo profundamente reaccionario. El homenaje de Gildo Insfrán, junto a Victoria Villarruel, el domingo 5 de octubre en Formosa a soldados que cayeron combatiendo contra el ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería del Monte 29 cincuenta años atrás. Del acto participó el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans. El acto en sí mismo es profundamente reaccionario. Está en la línea de Villarruel de impunidad de los genocidas, porque reivindicó a los miembros del Ejército como héroes frente a una guerrilla que respondía así al inicio del criminal Operativo Independencia en la selva tucumana.
Pero más allá de esto. Es otro capítulo del accionar peronista en función de la gobernabilidad del régimen antiobrero de Milei en medio de su enorme crisis y en este caso poniendo una ficha en el recambio para el que podría anotarse la vicepresidenta en una salida de transición si Milei no logra sostenerse con las maniobras políticas y el precario rescate norteamericano.
Este nuevo capítulo horroroso de un ala no menor del peronismo se suma a los planteos de gobernabilidad de Cristina y Kicillof, ni bien se produjo la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires. Ahora están a punto de votar a otro facholibertario para presidir la Comisión de Presupuesto, la que revienta al Garrahan, a los jubilados, a las universidades o los discapacitados, cuando deberían hacerse cargo ellos de la presidencia para bloquear todos esos ajustes. Pero tal vez la mayor contribución en este plano la esté haciendo la CGT, con una borrada que no tiene precedentes, cuando vivimos una ofensiva contra los trabajadores que incluye despidos, cierres y ataque al salario y los convenios con pocos precedentes. Daer, Moyano padre y el candidato “Huguito”, por toda iniciativa se sacaron una foto con el gobernador para “sumarse a la campaña política”.
Nuestro “Fuera Milei y el ajuste de los gobernadores” tiene un contenido político y estratégico muy definido. Es el de proyectar todas las luchas populares hacia una irrupción de conjunto con el método de la huelga general. Para que Milei se vaya como resultado de una iniciativa de las masas y no de un recambio de la burguesía devaluacionista. A la gobernabilidad de Milei oponemos la gobernabilidad de las familias trabajadoras. Y eso significa poner a los trabajadores a la cabeza de la lucha popular. Y ese significado tiene el voto al Frente de Izquierda el 26 de octubre. Por más diputados que hagan flamear las banderas de la clase obrera en el parlamento cómplice. Y, en este momento, las banderas contra el genocidio palestino que nos unen a los trabajadores de todo el mundo.
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Los diferentes frentes de cultura, intelectualidad, universidad, arte, periodismo y demás en los que interviene el Partido Obrero se encuentran realizando un Encuentro el próximo 18 de octubre en apoyo a la campaña del Frente de Izquierda-Unidad y a las listas que encabezan Myriam Bregman y Gabriel Solano, en CABA, y Nicolás del Caño y Romina del Plá, en PBA.
Esta campaña será el punto final de un enorme aporte que estos sectores hacen a la campaña del Frente de Izquierda. Se ve en el pronunciamiento, firmado por personalidades de peso en el campo, como los escritores Dolores Reyes, Fabián Casas, Daniel Mecca; los músicos Hernán Cabra de Vega y Germán "Pecho" Anzoategui (Las Manos de Filippi), Patricia Barone y Javier González; las actrices y actores Laura Azcurra, Ivan Moschner, Andrés Mangone; los docentes universitarios Laura Carboni (Secretaria General de AGD-UBA), Ileana Celotto (Secretaria Adjunta de AGD-UBA), Antonio Roselló (Secretario de Organización de CONADUH), Pablo Leona y Susana Aime; los periodistas Alejandro Wall, Nahuel Prado, Emanuel Herrera, Claudia Korol y Alí Mustafa; los psicoanalistas Enrique Carpintero, Alejandro Vainer (Revista Topia) y Lidia Deutsch; el Dr Bernardo Bokser (Anestesista); la Doctora en Letras, Susana Campos; el cineasta Alejandro Rath.
Las elecciones a diputados y senadores del próximo 26 de octubre se desarrollarán en un escenario convulsivo. El funesto gobierno de Milei ha recibido duros golpes, gestados en la esforzada movilización popular de jubilados, trabajadores, mujeres y diversidades. Todo en un cuadro de aguda crisis económica, con un único “plan” de mendigar dólares en la Casa Rosada y postergar una (segura) devaluación y una crisis política peor aún, atravesada por un profundo descontento popular y un Ejecutivo enraizado en casos de corrupción de los más rancios. El último, el affair Espert-Machado, le costó al primero la cabeza de lista de la provincia.
Los políticos capitalistas del sistema han prestado -y continúan brindando- inestimables servicios de gobernabilidad a Milei. Lo hemos visto con los legisladores “ensobrados”, con los avales al blanqueo de capitales, con los gobernadores cómplices -de todos los colores políticos-, con los pactos de la burocracia sindical y con el autoajuste que aprovecharon varios en este contexto. No introducen ninguna ruptura con los aspectos centrales de la política de Milei y Caputo al servicio del empresariado y del imperialismo. Todos son pagadores seriales de la deuda, que es incompatible con las aspiraciones populares.
En ese sentido, lejos de un voto que “le duele a MIlei”, Fuerza Patria refuerza no solamente al sector político que ha colaborado con leyes importantes como la Ley Bases, el blanqueo (votado por unanimidad), el que no sale a la calle con las excusas de las CGT, la que saca de sus listas a los Kueider o los Scioli, los que replican el ajuste en sus provincias, los que gobernaron con Alberto Fernández. Sino que también es la pelea por una salida. En ese sentido, aparecen importantes debates de cara al futuro. Un caso: sin terminar con el pago de la deuda no hay viabilidad para nuestras demandas. Tampoco con la entrega de nuestros recursos estratégicos, desde el litio o Vaca Muerta a la red petrolera en la costa atlántica o el sistema nuclear. Ni con la reforma laboral y previsional. Todas exigencias de la agenda imperialista, atadas a los préstamos impagables que contrajo este gobierno y que se suman a los anteriores.
El rechazo a los vetos sobre el financiamiento universitario, emergencia pediátrica y en discapacidad -todas conquistas arrancadas con la movilización y lucha desde abajo- muestra que no tiene ningún mandato para su motosierra contra el pueblo.
El encuentro discutirá todas estas cuestiones, con la certeza de que solo el Frente de Izquierda Unidad es consecuente con la defensa de la universidad, el sistema científico, los institutos de la cultura, la salud pública. No solo de palabra, sino también con la organización cotidiana en los lugares de trabajo y producción cultural. Lejos de esperar al 2027, resulta necesario reforzar la campaña por el Fuera Milei. El voto a la única fuerza política que levanta esa bandera, entonces tiene ese valor.
A su vez, la actividad discutirá acciones tomando en cuenta que el arte y la cultura tienen hoy un rol fundamental en denunciar el genocidio a cielo abierto que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza y sus ramificaciones sobre Cisjordania y defender al pueblo palestino y su resistencia es imperativo. Es una ofensa para la humanidad y un plan al servicio de los intereses imperialistas y su guerra comercial.
Partirá del lema que hizo propio el PO-FITU, para diagramar los caminos a seguir: “Siempre con los trabajadores, nunca con los ajustadores, los corruptos y el FMI.”
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A dos años del recrudecimiento del genocidio al pueblo palestino por parte del Estado de Israel, el Frente Patria Grande sacó un pronunciamiento vergonzoso que justifica la masacre que sufre el pueblo en Gaza y Cisjordania. Atacan a la Resistencia Palestina usando las acusaciones de terrorismo en el levantamiento del 7 de octubre del 2023, hechas por el sionismo/imperialismo y defienden la existencia de Estado de Israel. Se colocan así en el campo de la representación del sionismo en Argentina.
Con esta declaración buscan legitimar y salvar al Estado de Israel al endilgarle el carácter de genocida únicamente al gobierno de Netanyahu, cuando la creación toda del Estado de Israel desde su imposición en 1948 (y antes) es un proyecto colonial, supremacista, racista, con masacres y desplazamientos forzados, robos de tierras, apropiación de todos los recursos vitales y el control absoluto de la circulación de la población.
En su declaración colonialista dicen condenar ‘’todos los actos de terrorismo sin matices’’ pero ignoran la Nakba, lo que marcó el inicio de la histórica catástrofe con la que el 15 de mayo de 1948 se instaló el Estado de Israel, con el apoyo del imperialismo, y dividió en dos el territorio Palestino. Forzando a un millones de palestinos a abandonar sus hogares, perseguidos por la represión y la masacre masiva. Aún generaciones enteras conservan la llave de sus viviendas para poder regresar.
No son 56, son 77 años de colonización y exterminio
Patria Grande reconoce sólo la ocupación desde 1972 en adelante -’’56 años de ocupación’’ afirman- lo que niega la Guerra Árabe-Israelí y la sangre derramada. Citan el incumplimiento de la Resolución de la ONU, lo que legitima la ocupación de los territorios sobre los cuales avanzó Israel en la Guerra de los Seis Días (1967), donde Israel avanzó en su proyecto expansionista y colonialista sobre todo Medio Oriente, ocupando territorio de Palestina, Siria, Egipto y Jordania, al punto de que hasta el día de hoy permanecen ocupados Franja de Gaza, Jerusalén, Cisjordania y gran parte del territorio de los Altos del Golán (Siria). Un plan digitado y financiado por el imperialismo hasta el día de hoy, en momentos donde Israel no sólo ataca a la población palestina y árabe en Gaza y Cisjordania, sino además en Irán, Líbano, Siria y Yemen.
Lo que ellos llaman Israel, es en realidad, Palestina ocupada
Patria Grande defiende la teoría de los dos demonios cuando se trata de Palestina, al equiparar la resistencia de un pueblo condenado a la desaparición, a las bombas de última tecnología financiadas por EEUU y las potencias europeas. Es curioso que lo haga cuando la rechaza en la Argentina, cuando refiere a los actos de tortura, secuestro y desaparición llevados adelante por el “Terrorismo de Estado”, del Golpe Cívico-Militar del 76-83
Si van a polemizar sobre el 7 de octubre, ¿no califica como ‘’terrorista’’ la Directiva Aníbal, el protocolo usado por las Fuerzas de Defensa Israelí, creada en 1986, para evitar bajo toda circunstancia la captura de israelíes, a tal punto de matarlos si es necesario? ¿Ignoran las denuncias de los ‘’rehenes’’ devueltos por Hamás en la primera negociación de diciembre del 2023 que declaran haber sido atacados por francotiradores del Estado de Israel mientras los estaban llevando a Gaza?
El único terrorista es el Estado de Israel
Tanto que leyeron a Rodolfo Walsh ¿olvidaron sus escritos en ‘’La Revolución Palestina’’ (1974), cuando dice ‘’Si en el balance del terror en Medio Oriente, Israel lleva una ventaja sobre todos sus adversarios’’ e incluso, ‘’en la resistencia armada el pueblo palestino encontró al fin su identidad negada por la ocupación’’?
En momentos donde Israel trabaja por la anexión de Cisjordania a su territorio, donde la expulsión de 2 millones palestinos de Gaza hacia el sur se organiza con la mayor hambruna planificada desde la Segunda Guerra Mundial, mientras Netanyahu habla de la “Solución Final” para los palestinos y luego de que Donald Trump quiere organizar una ‘’paz’’, desarmando a la resistencia palestina y poniendo Gaza bajo control del imperialismo yankee, este comunicado muestra la posición prosionista de Patria Grande. No existe la “humanidad” en un genocidio. No existe la ‘’humanidad’’ en la creación imperialista de un Estado, que tiene como fin el cambio geopolítico de Medio Oriente para poner sus recursos y población a disposición de las necesidades de las potencias imperialistas, en el marco de una guerra comercial, que se está dirimiendo con tensiones bélicas en todo el mundo.
Para enfrentar el genocidio hay que condenar al sionismo, que desde sus orígenes es un movimiento colonialista y supremacista, financiado por las burguesías de los Estados imperialistas de Gran Bretaña, Alemania, EEUU, desde fines del siglo XIX, con el objetivo de desplazar y exterminar a las poblaciones árabes y musulmanas de Palestina.
El movimiento popular de Argentina, por su historia y su tradición de lucha, por haber enfrentado las atrocidades de la Dictadura Militar, que el sionismo apoyo, igual que el imperialismo yankee, tiene que estar del lado de una Palestina libre, con un Estado único, laico y socialista, donde todos sus habitantes puedan vivir en paz. Del Río Jordán al Mar Mediterráneo, viva la lucha palestina.
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Patria Grande no fue parte de la gran movilización por Palestina libre que se realizó este martes, la mayor en la Argentina hasta la fecha. Decir "Patria Grande" es decir Juan Grabois, uno de los candidatos cristinistas de Fuerza Patria para la elección del 26/10, esto vale también para el primer candidato a diputado nacional del peronismo porteño, Itaí Hagman.
El líder de Patria Grande bajó línea en un comunicado que comienza acusando a Hamás de haber atacado a Israel el 7 de octubre del 2023 y de haber asesinado a cientos de civiles para agregar después que “el horror“ (de Hamas) no justifica lo que viene haciendo Israel desde el 7 de octubre del 2023. Los nacionalistas criollos son vulgares chupamedias del Estado sionista y de su protector Donald Trump. Esta inmundicia proimperialista –golpear a los que resisten bombardeos, atentados y la ocupación de Palestina con las armas en la mano- se desparramó en las redes después de que el patético gorilón de Javier Milei desafinara en el Movistar Arena sus vivas a Israel y sus repetidos ataques a los zurdos.
Los de Grabois piden la liberación urgente de los rehenes de Hamas en línea con el plan de "paz" de Netanyahu y Trump que exige apartar a Hamas de todo futuro gobierno de Gaza. La “paz imperialista” no es para pacificar a Palestina -ocupada, arrasada, bombardeada y masacrada por el fascismo sionista- sino para ultimar el desarme de la resistencia militar gazatí para imponer una colonización completa y solución final. Esto incluye a Cisjordania, una cárcel a cielo abierto con la complicidad de la colaboracionista autoridad Palestina.
En el comunicado de Patria Grande está ausente el reclamo que moviliza a millones en todo el mundo -“Palestina será libre desde el Río hasta el Mar”- porque los sionistas vergonzantes defienden el "derecho a existir" de la entidad racista, teocrática y reaccionaria que es un Estado tapón del imperialismo y gendarme de la contrarrevolución en Medio Oriente. En esto radica la reaccionaria e inviable resolución de los dos Estados. Los PG hacen causa común con la derecha mundial y con los Estados árabes, cómplices del sionismo y entregadores del pueblo gazatí.
Un comunicado que arranca atacando a la resistencia palestina confirma la degradación del nacionalismo burgués y de sus satélites que presumen de "nacionalistas revolucionarios" y se comportan como miserables carneros funcionales al sionismo. El resto del comunicado es apenas una coartada. A la “fuerza en movimiento” no se la ha visto una sola vez en las marchas por Palestina ni por la liberación de la flotilla humanitaria, secuestrada junto a las delegaciones que viajaban a Gaza por el sionismo ocupante bajo la venia de Trump. Todo roza en Patria Grande el proimperialista discurso del derecho de Israel a su defensa, y en todo caso las críticas son por las “acciones desmedidas“.
Para Patria Grande las víctimas de la larga ocupación sionista de Palestina son los victimarios y responsables del “horror”. Cualquier comunicado que no haga referencia expresa a la defensa incondicional de la resistencia militar palestina y al derecho del pueblo gazatí a enfrentar a los invasores con los métodos que considere necesarios, es una puñalada por la espalda a los palestinos y a la solidaridad de la clase obrera y los pueblos del mundo. Fuerza Patria es una quintacolumna del sionismo.
La militancia de Patria Grande debe repudiar esta traición que enloda la lucha por la liberación nacional. Corresponde a los socialistas, partidarios de una Palestina libre, laica y unida, unir la lucha por la expulsión del invasor con la causa del proletariado palestino y mundial.
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El gobierno de Milei protagoniza un nuevo escándalo político y financiero: La Libertad Avanza (LLA) no solo informó al juez electoral Alejo Ramos Padilla la renuncia de su principal candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, en el marco de un narcoescándalo, sino que pidió reemplazarlo por el referente del PRO, Diego Santilli, y volver a imprimir entre 15 y 18 millones de boletas con la nueva foto. El costo de semejante operación ronda entre 1.000 y 1.200 pesos por boleta, es decir unos 18.000 millones de pesos.
Esto quiere decir que el gobierno pretende pagar con la nuestra el costo de que haya elegido como principal candidato a uno financiado por un narco, mientras le niega fondos al Garrahan, a las universidades, y al sector de discapacidad.
El pedido libertario fue elevado al juez Ramos Padilla y derivó en una audiencia convocada por la Junta Electoral bonaerense para este miércoles. El propio juez solicitó al ministro del Interior, Lisandro Catalán, que informe si existe una partida presupuestaria habilitada para semejante reimpresión. O sea, el gobierno ya puso en marcha el operativo para ver si puede hacerlo, pese a que los plazos legales y logísticos lo hacen prácticamente imposible. Las imprentas llevan más de la mitad de las boletas impresas y distribuidas, y el material debe estar completo el 15 de octubre.
El carácter del pedido, sin embargo, expone una lógica de impunidad total. Los mismos que destrozaron salarios, que congelaron las jubilaciones y eliminaron programas sociales, pretenden ahora gastar 18.000 millones de pesos para tapar el rostro de Espert en la boleta. Equivale al pago de 37.845 jubilaciones mínimas, a 10.000 salarios docentes, al presupuesto necesario para construir dos campus universitarios o para garantizar 20.000 tratamientos anuales de personas con discapacidad. Es decir, el dinero que Milei no pone para los trabajadores, jubilados o estudiantes, sí estaría dispuesto a destinarlo para borrar la cara del candidato narco de su propia lista con tal de que no eche más leña al fuego de su fracaso electoral.
La operación de LLA busca tapar el escándalo del narco Espert con la plata del pueblo, y el gobierno ya está dispuesto a intervenir para habilitarla. Sucede que todo el gobierno está metido en el narcoescándalo, sin ir más lejos Milei comparte abogado con el propio Fred Machado, el financista narco que estuvo detrás de Espert. El hilo llega hasta la Casa Rosada.
A días de las elecciones, el intento de reimprimir boletas es una maniobra política y judicial para lavar la cara de un régimen corrupto hasta el hueso, que se financia con los narcos y pretende que los trabajadores paguemos la cuenta. No se puede permitir.
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